EE.UU. expulsa a 35 diplomáticos rusos y cierra dos supuestos complejos de Inteligencia
Publicado: 29 dic 2016 19:18 GMT | Última actualización: 29 dic 2016 21:26 GMT - GT - RT
Washington acusa a Rusia de acosar a sus
diplomáticos estadounidenses en Moscú y de usar instalaciones de
Inteligencia en Maryland y Nueva York para lanzar ciberataques.
La Embajada de Rusia en Washington, EE.UU.Shawn ThewAFP
Una nota de prensa publicada por la Casa Blanca, justifica esta medida por los supuestos ciberataques rusos sufridos por el país durante la campaña electoral y las elecciones presidenciales.
"Esta decisión fue tomada como medida de respuesta frente al acoso de Rusia sobre los diplomáticos estadounidenses y por las acciones de sus homólogos rusos, que hemos considerado incompatibles con la práctica diplomática", declaró este viernes un alto funcionario de EE.UU. bajo condición de anonimato.
Asimismo, los diplomáticos sancionados por Washington tienen 72 horas para abandonar EE.UU., mientras que el acceso a los dos supuestos complejos de Inteligencia rusa, desde donde -según la Casa Blanca- se realizaban acciones de ciberespionaje por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Departamento Central de Inteligencia (GRU), estará prohibido para todos los funcionarios rusos a partir de la tarde de este viernes.
"Seguiremos dando pasos de diversa índole cuándo y dónde decidamos, algunos de los cuales no serán dados a conocer públicamente. Estados Unidos y nuestros amigos y aliados en todo el mundo debemos trabajar conjuntamente para oponernos a los esfuerzos de Rusia para socavar las normas internacionales de comportamiento y para interferir en los gobiernos democráticos", reza la nota de prensa de la Casa Blanca.
La reacción de Moscú
Por su parte, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que estas nuevas sanciones son "contraproducentes", porque van a "dificultar el restablecimiento de las relaciones bilaterales" entre ambos países.Acusaciones sin fundamento
El pasado mes de octubre, la CIA presentó un análisis en el que acusa a Rusia de intervenir con ayuda de piratas informáticos en el curso de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar. Sin embargo, la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) no respalda dicha información y asegura queno cuentan con pruebas que confirmen las acusaciones.Según el informe de la CIA, los supuestos 'hackers' rusos vulneraron cuentas de correo tanto de del Partido Demócrata de Hillary Clinton., como del Republicano de Donald Trump. Por su parte, el Kremlin declara que Washington debe presentar pruebas fehacientes de los supuestos ciberataques por parte de Rusia durante la campaña electoral estadounidense o, de lo contrario, dejar de lanzar acusaciones.
Obama autoriza nuevas sanciones contra Rusia
Publicado: 29 dic 2016 19:00 GMT | Última actualización: 29 dic 2016 20:13 GMT - RT
El presidente de Estados Unidos ha firmado un decreto que establece nuevas sanciones contra Rusia.
Kevin LamarqueReuters
Estas nuevas medidas punitivas afectarán a seis personas y tres empresas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense. Además, las nuevas sanciones afectarán dos agencias de inteligencia rusas: el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Departamento Central de Inteligencia (GRU).
¿Quién sufrirá las nuevas medidas de castigo?
- Dos agencias de inteligencia rusas (FSB y GRU).
- Cuatro integrantes del GRU.
- Tres empresas "que suministraron apoyo material a las operaciones cibernéticas del GRU", según el comunicado oficial.
- 35 diplomáticos rusos han sido declaradas personas 'non grata' y deben abandonar el país en 72 horas.
- Además, el Tesoro de EE.UU. designa a otras dos personas rusas a los que acusa de usar medios cibernéticos para apropiarse de fondos e información personal de otras personas.
El Departamento de Estado y la Oficina Federal de Investigación también se comprometieron a revelar información técnica desclasificada sobre "la ciberactividad de los servicios de Inteligencia civil y militar de Russia".
"Vamos a continuar a dando pasos cuándo y dónde decidamos, y algunos de ellos no serán anunciadas públicamente", advierte el anuncio de la Casa Blanca, que aclaró que presentará un reporte al Congreso al respecto.
"Las sanciones de EE.UU. contra Rusia son una decisión agónica de los cadáveres políticos de Obama"
Publicado: 29 dic 2016 20:03 GMT | Última actualización: 29 dic 2016 22:42 GMT - RT
Las sanciones de Estados Unidos contra los
diplomáticos y jefes rusos de Inteligencia son fruto de la "decisión
agónica" de los "cadáveres políticos del Gobierno saliente de Obama",
asegura un político ruso.
El presidente estadounidense, Barack Obama, participa en su última rueda de prensa del año en la Casa Blanca antes de iniciar sus vacaciones navideñas anuales, en Washington, Estados Unidos, 16 de diciembre de 2016.Jonathan ErnstReuters
"Es necesario sopesar las medidas de respuesta de Rusia a las sanciones estadounidenses teniendo en cuenta las circunstancias del periodo de transición y las posibles reacciones del presidente electo de Estados Unidos", dijo Kosachev.
Este jueves, Washington impuso nuevas sanciones contra Rusia por la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones norteamericanas. Estas nuevas medidas punitivas afectarán a seis personas y tres empresas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense. Además, las nuevas sanciones afectarán dos agencias de inteligencia rusas: el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Departamento Central de Inteligencia (GRU).
¿Quién sufrirá las nuevas medidas de castigo?
- Dos agencias de inteligencia rusas (FSB y GRU).
- Cuatro integrantes del GRU.
- Tres empresas "que suministraron apoyo material a las operaciones cibernéticas del GRU", según el comunicado oficial.
- 35 diplomáticos rusos han sido declaradas como personas 'non grata'.
- Además, el Tesoro de EE.UU. designa a otras dos personas rusas a los que acusa de usar medios cibernéticos para apropiarse de fondos e información personal de otras personas.
¿Por qué la prensa de EE.UU. no se fía de las acusaciones de Obama contra Rusia?
Publicado: 31 dic 2016 04:51 GMT - RT
Periodistas estadounidenses cuestionan las
acusaciones de Washington contra Rusia para no caer en errores como el
de las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak que justificaron
la invasión del país en 2003.
Vladímir Putin y Barack Obama durante su encuentro en China el pasado mes de septiembre.Reuters
La falacia de Irak y el cambio de retórica
Según el periodista, por lo que a él respecta "no tendría ningún problema en creer que Vladímir Putin ha tratado de influir en las elecciones estadounidenses", sacando los trapos sucios del Partido Demócrata con la ayuda de piratas informáticos para favorecer al candidato republicano Donald Trump, posibilidad que califica de "probable".Sin embargo, "estamos quemados de historias como esta que nos han llevado a un resultado desastroso", apunta Taibbi, que recuerda la difusión por parte del Pentágono de una información sobre supuestas armas de destrucción masiva ocultas en Irak que, aunque al final resultó que no existían, sirvió como catalizador para que la prensa apoyara la invasión de Irak y la consiguiente guerra en 2003.
El columnista de 'Rolling Stone' sostiene que la prensa estadounidense y, prácticamente, la de todo el mundo, no volverá a creer a pies juntillas las palabras de alguien como Barack Obama, prefiriendo modificar la enunciación de sus noticias para limitarse a citarlo, pasando de decir que "Rusia organizó un complot de ciberataques para influir en las elecciones estadounidenses" a decir que "Obama acusa a Rusia de los ciberataques".
Informando con 'ojos vendados'
Este cambio de postura se debe a que muchos periodistas y medios comprenden que no pueden fiarse de la superficial escasez de datos que las agencias de Inteligencia de EE.UU. han publicado sobre el asunto de los 'hackers', dejando lo importante bajo secreto, puesto que con los datos disponibles en la mesa solo se pueden trazar conjeturas."La prensa ahora va a ciegas", opina Matt Taibbi. Para el periodista existen varias hipótesis y escenarios. Por un lado, es posible que Rusia fuera responsable de todo, aunque también existe la posibilidad de que se trate de "un golpe de Estado virtual ideado por Trump y Putin". O bien "podría tratarse de una simple y cínica campaña de cobertura", una cortina de humo "ingeniada por el Partido Demócrata para desviar la atención de sus propios fallos y errores durante la campaña electoral".
Asimismo, tampoco se puede descartar la posibilidad de que "los demócratas hayan sobreinterpretado un informe de Inteligencia para deslegitimar a la Administración entrante de Trump y colocarlo en una embarazosa situación política" con Moscú.
A fin de cuentas, el periodista admite que "no se sabe cuál es problema", razón por la que Taibbi prefiere no dar credibilidad a las acusaciones del Gobierno si no están basadas en pruebas fehacientes y fuentes fiables.
Trump califica a Putin de "inteligente" por no responder a Obama con la misma moneda
Publicado: 30 dic 2016 19:56 GMT | Última actualización: 30 dic 2016 20:31 GMT - RT
El presidente electo de EE.UU. considera
inteligente que el presidente ruso no se haya rebajado al mismo nivel
que Obama con una respuesta simétrica tras la expulsión de 35
diplomáticos rusos.
REUTERS/Lucas Jackson
"Un gran movimiento postergado por V. Putin. ¡Siempre supe que era muy inteligente!", expresa Trump en su mensaje.
Previamente, y tras conocer el anuncio de las sanciones antirrusas por la Casa Blanca, Trump manifestó que su país debe "seguir adelante" y prometió reunirse con los jefes de la Inteligencia estadounidense.
Por su parte, este viernes se esperaba la reacción por parte del Kremlin a la decisión de Washington. A pesar de que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, había propuesto sancionar de forma simétrica a los diplomáticos estadounidenses presentes en Rusia, Putin anunció públicamente que "Rusia no va a expulsar a nadie en respuesta a las acciones de EE.UU.", que calificó de "una diplomacia 'de cocina'".
Barack Obama anunció el pasado jueves un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, país al que acusa de influir y manipular en las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado noviembre con ataques de piratas informáticos contra servidores y entidades del Partido Demócrata.
La sanción va dirigida contra 35 funcionarios rusos de las misiones diplomáticas de Rusia en EE.UU., a los que se les dio 72 horas para abandonar territorio estadounidense. Asimismo fueron cerrados dos edificios supuestamente usados por estos diplomáticos para realizar los ciberataques.
Trump sobre las sanciones a Rusia: "Es hora de moverse hacia asuntos mejores y más importantes"
Publicado: 29 dic 2016 23:18 GMT | Última actualización: 29 dic 2016 23:47 GMT - RT
El presidente electo de EE.UU. anuncia que
se reunirá la semana que viene con los jefes de Inteligencia de su país
para ponerse al corriente de la situación.
El presidente electo de EE.UU., Dondald TrumpJonathan Ernst Reuters
"Es hora de que nuestro país se mueva hacia asuntos mejores y más importantes", declaró Trump. "Sin embargo, por el interés de nuestra nación y su pueblo, me reuniré la semana que viene con los líderes de la comunidad de Inteligencia para ponerme al día sobre los hechos que nos han llevado a esta situación", apuntó.
Este viernes, la Casa Blanca anunció la imposición de nuevas e inmediatas sanciones contra diplomáticos rusos en EE.UU., así como el cierre de dos complejos supuestamente utilizados por la Inteligencia rusa para lanzar ciberataques en territorio estadounidense. La sanción conlleva la expulsión de 35 funcionarios de la diplomática rusa en EE.UU.
Paralelamente, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. publicaron un informe conjunto que pretende vincular al Gobierno ruso con supuestos ataques de piratas informáticos contra varias organizaciones del Partido Demócrata.
Hace dos semanas, Trump tachó de "ridículo" el análisis de la CIA sobre la supuesta injerencia de Rusia en el resultado de las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. Asimismo, apuntó que se trata de una "excusa más" de los demócratas para justificar su derrota en las urnas.
Desfile militar en homenaje a Fidel y a la juventud (+Video)
https://youtu.be/9nt3inU6nT8
La profecía de Fidel
Por:
Ricardo Alarcón de Quesada
Fidel
y Raúl Castro Ruz rememoran 30 después su reencuentro en el paraje
serrano de Cinco Palmas, Media Luna, en la provincia de Granma. Fuente:
Sitio “Fidel Soldado de las Ideas”.
(Apocalipsis 2, 10)
“Muere Fidel”. Con diez letras cubrían sus portadas los diarios batistianos al reportar el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. El dato, obviamente falso, ponía al desnudo, al mismo tiempo, una clara amenaza. Casi todos los asaltantes capturados después del combate habían sido asesinados a sangre fría y a él estaba reservado igual destino sólo frustrado por la conducta valerosa de un oficial honorable que advirtió a sus soldados: “Las ideas no se matan”.
“Muere Fidel”. La frase ocupó nuevamente los grandes titulares en diciembre de 1956. Solo que ya no la ocultaba el anonimato sino que era fruto de una operación mediática de gran envergadura fabricada por la United Press International (UPI), entonces uno de los principales instrumentos de la poderosa maquinaria de propaganda del imperialismo. Para muchísimos, en todas partes, que nunca habían oído hablar de él, se trababa de un joven desconocido, descubierto apenas cuando terminaba su vida. La inventada noticia se convirtió en verdad demostrada, repetida incesantemente por los medios que en aquellos tiempos no tenían alternativa y eran dueños absolutos de la información.
En Cuba, hace sesenta años, la angustia y la incertidumbre invadieron los hogares. Aquella fue una Navidad triste y sombría. Concluyó el año, pasó enero y buena parte del siguiente mes. Poco a poco, trabajosamente, se iba conociendo la verdad entre los luchadores clandestinos. Fidel y un puñado de sobrevivientes habían logrado internarse en la Sierra Maestra resistiendo largas jornadas de hambre, frío y lluvias y la persecución de miles de soldados, fuertemente armados, equipados, entrenados y asesorados por el mismo Imperio que propalaba por todas partes la mentira. Hasta que en febrero de 1957, Herbert Mathews, rara avis del periodismo estadounidense, lo entrevistó para The New York Times y reveló con fotos y detalles el surgimiento del foco guerrillero. Allá en la montaña el núcleo revolucionario comenzaba a crecer con la incorporación de campesinos y combatientes del llano.
Fidel
durante su discurso en el acto de conmemoración al 50 Aniversario del
Asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de
Cuba (26/07/2003). Foto: Estudios Revolución/ Fidel Soldado de las
Ideas.
Había derrotado a quienes quisieron matarlo. A los que trataron de aniquilarlo con bombas y metralla y a los otros que se afanaron en sepultarlo en el descreimiento y el olvido. Llegaba vencedor, invicto, frente a la muerte, el dogma y la mentira. Pero sabía y así lo advirtió en su primer discurso en la capital liberada, que en lo adelante nada sería fácil y habría que encarar los mismos demonios.
La historia nuevamente le dio la razón. Durante más de medio siglo la Revolución conducida por él ha tenido que enfrentar una agresión ininterrumpida en la que el Imperio ha echado mano a cuanto pudo. Sabedor que Fidel y su pueblo eran uno y lo mismo impuso a los cubanos un genocidio que aún perdura mientras que contra el líder de la Revolución concibieron y planearon centenares de atentados. Fidel tuvo que sortear más intentos de asesinato que nadie.
Sus enemigos, los que no fueron capaces de matarlo nunca, no se cansaron de anunciar su muerte y los medios la divulgaron, como un hecho, una y otra vez. Tanto que el propio Fidel en alguna ocasión, sonriendo, dijo que el día que el muriese muchos no lo iban a creer.
Así ha sido y será. La profecía se hace realidad. Ahora con Martí, nos asegura:
Mi verso crecerá bajo la yerba
Yo también creceré
Estado español
MEMORIA
"El día que mataron a Juanín era miércoles, el 24 de abril de 1957..."
Durante todo el año 2017,
'eldiariocantabria' conmemorará junto a Isidro Cicero el 40º aniversario
de la publicación de su histórico libro 'Los que se echaron al monte', así como el 100º aniversario del nacimiento y el 60º de la muerte de Juanín.
'Los que se echaron al monte' es la primera obra sobre los guerrilleros antifranquistas cántabros Machado, Gildo, Bedoya... y el más legendario de todos ellos: Juanín, nacido en Potes en 1917 y abatido en el pueblo lebaniego de La Vega hace sesenta años.
'Los que se echaron al monte' es la primera obra sobre los guerrilleros antifranquistas cántabros Machado, Gildo, Bedoya... y el más legendario de todos ellos: Juanín, nacido en Potes en 1917 y abatido en el pueblo lebaniego de La Vega hace sesenta años.
27 de Diciembre de 2016 (17:28 h.)
Javier Lezaola
"El día que mataron a Juanín era miércoles, el 24 de abril de 1957.
Dos días antes, como todos los lunes del año, había mercado en Potes.
Como todos los lunes del año, sólo que éste era el lunes de Pascua. Un
mercado muy importante para los lebaniegos, que presentaban corderos de
los Picos de Europa, becerros de Peña Sagra, recentales de las
estribaciones de Peña Labra".
Así comienza 'Los que se echaron al
monte', el histórico primer libro del escritor y periodista lebaniego
Isidro Cicero. Publicado en 1977 –hace cuarenta años–, es la primera
obra sobre los guerrilleros antifranquistas cántabros Ceferino Roiz 'Machado', Gildo Campo, Paco Bedoya... y el más legendario de todos ellos: Juanín,
nacido en Potes en 1917, hace cien años, y abatido en el pueblo
lebaniego de La Vega hace sesenta. La primera obra, la más vendida
(125.000 ejemplares en 11 ediciones), la más leída y la más recordada.
Durante todo el año 2017,
'eldiariocantabria' repasará junto a Cicero el apasionante proceso de
creación de un libro que gozó de una cálida acogida popular (6.000
ejemplares vendidos en los primeros 12 días), abordará su trascendencia
–porque ya ha logrado trascender– y recordará a sus inolvidables
protagonistas, empezando por Juan Fernández Ayala, héroe de la resistencia antifranquista
al que todos –quienes lo admiraron, quienes lo temieron, quienes lo
recuerdan y hasta quienes lo persiguieron por los montes durante más de
15 años– conocían y siguen conociendo como Juanín.
Han pasado cuarenta años desde que
Cicero escribió 'Los que se echaron al monte'. Entonces, habían pasado
otros cuarenta desde que en 1937 los franquistas tomaran la entonces
Provincia de Santander. Cicero recuerda que "aquel verano de 1977, la victoria de las tropas estaba aún muy viva en la memoria de los vencedores,
que seguían celebrando como toda la vida el 18 de julio, el 26 de
agosto, el 1 de octubre, el 20 de noviembre y todo el almanaque que
alimentaba su memoria de vencedores, y los derrotados no celebraban
nada, sólo la ventura de seguir viviendo después de tantos años de
miseria". No obstante, el escritor y periodista lebaniego ya llevaba
cuatro años "recordando" junto a parte de esos vencidos de la Cantabria
occidental.
Desde que Cicero publicara 'Los que se
echaron al monte', han sido muchos los nuevos datos cuya revelación ha
permitido profundizar en las figuras de los maquis de la Cantabria
occidental (cabe destacar los libros de Antonio Brevers 'Juanín y
Bedoya, los últimos guerrilleros' y 'La Brigada Machado', publicados en
2008 y en 2010, respectivamente) y en sus circunstancias históricas,
pero el libro de Cicero sigue ocupando un lugar muy especial en la
memoria colectiva. Los mayores que lo releen saben a ciencia cierta y
los jóvenes que se acercan por primera vez a sus páginas pueden imaginar
que 'Los que se echaron al monte' no es un libro más y que no fue fácil escribirlo ni publicarlo después de cuarenta largos años de silencio impuesto.
Recordar 'Los que se echaron al monte'
en el 40º aniversario de su publicación, recordar a Juanín –cuya
"peripecia vital" es para Cicero "un hilo conductor de la biografía de
Cantabria y de España"– en el 100º aniversario de su nacimiento y en el
60º de su muerte y recordar a sus compañeros es un honor, y hacerlo
junto a Isidro Cicero, un lujo. Pero nunca un lujo innecesario ni un
lujo que exponer en un museo, porque la obra que el escritor y periodista lebaniego publicó en 1977 sigue viva, como vivos siguen Juanín, Machado, Gildo, Bedoya... en la memoria de tantos.
España abrió sus puertas a la Policía Secreta de Pinochet
La Audiencia Nacional guarda un informe del ex fiscal de Columbia, Ernest Lawrence Barcella, quien denunció las actuaciones de la temible DINA para “cazar enemigos” de la dictadura chilena en Europa. Uno de los agentes involucrados, Michael Townley, vive hoy bajo protección especial en algún lugar de EEUU.
DANILO ALBIN - Público - Publicado: 27.12.2016 23:36
@danialri
BILBAO.- Las dictaduras latinoamericanas no tuvieron demasiados amigos a este lado del Océano Atlántico. A fuerza de torturar, violar y lanzar gente viva al mar, sus crímenes se volvieron inocultables. Sin embargo, hubo un país que abrió sus puertas a regímenes tan siniestros como el de Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. Cuando alguno de ellos pretendía exportar el horror contra los exiliados que habían huido a Europa, la España de la transición no tuvo ningún inconveniente en “dejarles hacer”. En otras palabras, estaban como en casa.
Según ha podido confirmar Público,
la Audiencia Nacional guarda pruebas muy valiosas de aquellos años. Así
lo atestiguan los documentos generados durante el proceso -inconcluso-
que llevó adelante el exjuez Baltasar Garzón contra los militares
argentinos a finales de los años noventa. En aquel contexto, el
magistrado recibió la declaración del ex fiscal del distrito de Columbia
(EEUU), Ernest Lawrence Barcella –ya fallecido-, quien en su momento investigó el asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores chileno, Orlando Letelier, ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C. En aquel atentado también murió su secretaria, Ronni Karpen Moffitt. BILBAO.- Las dictaduras latinoamericanas no tuvieron demasiados amigos a este lado del Océano Atlántico. A fuerza de torturar, violar y lanzar gente viva al mar, sus crímenes se volvieron inocultables. Sin embargo, hubo un país que abrió sus puertas a regímenes tan siniestros como el de Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. Cuando alguno de ellos pretendía exportar el horror contra los exiliados que habían huido a Europa, la España de la transición no tuvo ningún inconveniente en “dejarles hacer”. En otras palabras, estaban como en casa.
A lo largo de sus averiguaciones, Barcella
había recabado distintas informaciones que señalaban directamente a
Madrid. “La DINA (siglas bajo la que actuaba la sangrienta Policía Secreta de Pinochet)
realizó algunas operaciones en España”, afirmó de manera categórica.
“Sus investigaciones demostraron que agentes de la DINA venían con
frecuencia a España, sobre todo a Madrid, con la intención de localizar a
exiliados chilenos que estaban viviendo en España o estaban en España
de viaje (sic)”, puede leerse en otro párrafo.
En su informe, el exfiscal citó concretamente el caso de Michael Townley,
un mercenario estadounidense que trabajó para ese temido cuerpo de
seguridad chileno. En su currículum figuran varios asesinatos,
incluyendo el de Letelier en EEUU. De hecho, una de sus especialidades
eran las operaciones en el extranjero: el 30 de septiembre de 1974, se
encargó de activar el explosivo que acabó con la vida del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert,
quienes habían huido a Buenos Aires en busca de refugio. Además,
participó en el fallido atentado contra el ex ministro chileno Bernardo Leighton en Roma, donde contaba con el apoyo de fascistas locales. El agente también es señalado como uno de los responsables del asesinato del diplomático español Carmelo Luis Soria, quien fue secuestrado en Santiago de Chile en julio de 1976. Sin embargo, Townley vive hoy plácidamente en algún lugar de EEUU, bajo un programa especial de protección de testigos. En 2014, la Audiencia Nacional pidió al gobierno de Barack Obama que fuera extraditado a España para ser juzgado por el caso de Soria. No hubo suerte.
Un asesino en Barajas
Según consta en los documentos, este mercenario fue enviado a España en diciembre de 1976 por el entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras, y su número dos, Pedro Espinoza,
“para cazar enemigos de la junta chilena”. Junto a él viajó otro hombre
que no pudo ser identificado. El objetivo de ambos –según determinó el
exfiscal Barcella- era “intentar matar” al ex secretario general del
Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, a quien “estuvieron siguiendo pero finalmente no consiguieron matarlo”.
Altamirano relató este caso al historiador Gabriel Salazar,
autor de un libro sobre sus memorias. “A esta ciudad (en alusión a
Madrid) fui invitado a un acto político e iba saliendo del aeropuerto de
Barajas por uno de esos larguísimos corredores, cuando siento que, de
repente, alguien me llama por detrás: ¡Carlos!.... Extrañado, me volví
bruscamente y al hacerlo, choqué con alguien que venía muy cerca detrás
de mí. Era un tipo más corpulento y más alto que yo. Al atropellarlo, se
le cayó el maletín que traía en su mano. No sé por qué razón, pero me
quedé mirando el maletín, como que lo encontré muy pesado”, contó
Altamirano. Según pudo comprobar unos meses después, el hombre con el
que se había cruzado era nada más y nada menos que Michael Townley. Terror sin límites
En el documento elaborado por Barcella también aparece el nombre de Pinochet. En noviembre de 1975, el dictador chileno había aprovechado su asistencia al funeral de su amigo Francisco Franco para mantener un encuentro con el ultraderechista italiano Stefano Delle Chiae, quien unos meses más tarde participaría en el asesinato de dos militantes carlistas en el monte navarro de Montejurra. Del mismo modo, Delle Chiae actuó como un fiel colaborador del régimen pinochetista en Italia, donde tenía la misión de “intentar localizar a exiliados chilenos que estaban o viviendo” en ese país.Según las investigaciones del ex fiscal de Columbia, la DINA “también entabló relaciones con otras organizaciones terroristas y delictivas que operaban en Francia” e incluso “realizaron operaciones conjuntamente”. Asimismo, la Policía Secreta hizo seguimientos y fotografió “determinados lugares” en el Reino Unido. De hecho, Barcella asegura que Pinochet “estaba molesto con los británicos por las críticas que hacían en contra de su gobierno y de las condiciones en las cárceles chilenas”. Por ello, el dictador “ordenó a la DINA que recabara información sobre el funcionamiento de las cárceles en Irlanda del Norte controladas por los británicos con el fin de utilizar esta información en contra de Gran Bretaña”. En cambio, España era un lugar agradable para sus agentes.
Joan Coma reivindica en la Audiencia Nacional la desobediencia civil como "instrumento de cambio"
El concejal de Capgirem Vic se ha convertido en el primer cargo electo en cuatro décadas investigado por "incitación a la sedición". En su declaración ha manifestado que no reconoce a los tribunales españoles ni franceses.
PÚBLICO / AGENCIAS - Publicado: 28.12.2016 10:46
MADRID. El concejal de Vic, Joan
Coma, judicialmente 'investigado' por 'incitación a la sedición', ha
declarado ante la Audiencia Nacional que reivindica la desobediencia
civil como instrumento de cambio.
Su abogado, el diputado de la
CUP, Benet Salellas, ha explicado al finalizar el interrogatorio que
Coma ha afirmado durante su declaración -que ha durado aproximadamente
una hora- que no reconoce a ningún tribunal que "no respete los derechos
políticos de los pueblos", "ni españoles ni franceses".
El arresto se produjo
una vez que el magistrado recibió informes solicitados a la Guardia
Civil, la Policía y los Mossos d'Esquadra sobre las llamadas a la
desobediencia efectuadas por Coma, después de que no atendiera la
citación para declarar como imputado.
Coma se ha convertido en el primer cargo electo investigado por el delito de incitar a la sedición en cuatro décadas.
Amigos
de Joan Coma, familiares, compañeros de corporación y representantes de
organizaciones políticas catalanas han manifestado frente la Audiencia
Nacional su apoyo al concejal.Apoyo frente a la Audiencia
Representantes políticos de Esquerra Republicana y de
la CUP han denunciado que la investigación que ha traído a Coma hasta
el tribunal partió de la denuncia de la formación de ultraderecha
Plataforma Por Cataluña. El senador de ERC Bernat Picornell ha destacado
que el arresto de Coma es un "paso más" en la voluntad del Estado de
judicializar el proceso catalán. "Estamos con la libertad, con la
democracia y por eso hemos venido aquí a acompañarle", ha indicado.
El
diputado Joan Capdevila ha recordado, por su parte, que su formación
siempre está "al lado de la democracia y la libertad de expresión" y que
los hechos por los que se ha procedido en contra del concejal son a su
entender "perfectamente normales". "Como no estamos de acuerdo vamos a
construir en los próximos meses otra democracia y otro marco legal", ha
agregado. "Esto no va a parar al pueblo catalán, seguiremos dando
nuestro apoyo a lo que nos une, que es el referéndum de 2017", ha
defendido el vicesecretario general de ERC, Isaac Peraire.Legislación franquista
El abogado del concejal y diputado de la CUP Benet
Salellas ha indicado que el auto del magistrado imputa a Joan Coma
delitos 'contra la forma de Gobierno' recogidos en el Código Penal de
1973 y que fueron derogados. "Podemos afirmar sin ninguna duda que la
ley que se quiere aplicar hoy y que ha servido para privar de libertad a
Joan Coma es franquista", ha precisado y ha defendido que Coma ejerció
sus derechos democráticos mínimos, hablando en un Pleno de lo que él
quiso. "Se trata de la defensa del propio régimen democrático en su
conjunto", ha agregado.
Defensa con la palabra
Antes de su arresto, el concejal pidió que en caso de fueran a detenerlo no se produjeran gestos de violencia ni insultos hacia los policías. "Nos defenderemos siempre con la palabra y por medios pacíficos", aseguró.La citación que Coma no atendió se produjo a instancias de la Fiscalía que, en un escrito presentado al juez Moreno, señalaba que de la documentación remitida por los Mossos sobre lo sucedido en el Pleno municipal investigado se deducen "indicios de criminalidad" en la conducta del concejal, por lo que procedía recibirle declaración en concepto de investigado.
Además de llamar a la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, el concejal se pronunció a favor de la independencia en varias ocasiones. Esos pronunciamientos, para el fiscal, "en modo alguno pueden calificarse como espontáneos o individuales" y cumplen los requisitos del delito de sedición.
Otras miradas
Democracia y sedición
Con la detención esta mañana de Joan Coma, concejal de Capgirem-CUP Vic, se da otro paso más en la judicialización del proceso soberanista que se vive en Catalunya. El mes pasado detuvieron a la alcaldesa de Berga, investigada por negarse a retirar la estelada del consistorio. Y hace dos semanas les tocó el turno a cinco jóvenes independentistas, investigados por la quema de fotos del rey. La ofensiva, con toda seguridad, no va a frenarse. Son centenares los cargos electos hasta ahora imputados-investigados sobre los que pende igual amenaza por actos vinculados a su ideario independentista.
Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, de hecho, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, del fiscal y del juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que “para hacer la tortilla será necesario romper los huevos”. O cuando conminó a los asistentes a tomarse “muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento”. La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, bajo su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra de él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado, Ismael Moreno, que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro. La asociación de Jueces por la Democracia, en duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.
En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria gran concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.
Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en verdad, un conato de sedición contra la propia democracia.
El PSOE veta a un diputado de Unidos Podemos por tener dos placas solares
Los socialistas se oponen a la solicitud de 37 diputados de todos los grupos para poder compatibilizar la labor parlamentaria con otras actividades.
PÚBLICO/ AGENCIAS - Publicado: 28.12.2016 11:20
MADRID. -Los diputados que quieren compatibilizar su actividad parlamentaria con otras actividades privadas, como la participación en programas de televisión, la docencia o la abogacía deben solicitar el visto bueno de la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso.
Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es bastante restrictiva con el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, en la práctica, decenas de ellos ejercen actividades fuera del Congreso con la autorización de la Cámara.
Pero
el pasado viernes, y en una postura contraria a la mantenida el pasado
junio, el Partido Socialista vetó la solicitud de cerca de 37 diputados
al considerar su portavoz en la Comisión del Estatuto, Carlos
Sahuquillo, que se hacía una lectura excesivamente flexible. Entre los diputados vetados por el PSOE figura Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos, por ser “propietario de central solar fotovoltaica”.Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es bastante restrictiva con el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, en la práctica, decenas de ellos ejercen actividades fuera del Congreso con la autorización de la Cámara.
En un comunicado, el coportavoz de Equo ha aclarado que no se trata de una central, sino de "2 placas solares de 9 piezas cada una, instaladas en 2003 destinada al autoconsumo y conectadas a la red". La formación explica que la instalación ha generado beneficios por valor de 946 euros en 2016.
Tal y como está redactada la legislación de energías renovables en España, se hace necesario que para dar de alta este tipo de instalaciones se registre como actividad económica, incluso aunque el destino final sea el autoconsumo.
“Me parece una hipocresía por parte del PSOE pretender que 2,5 kw de placas solares es incompatible con ser diputado, mientras ellos han alimentado las puertas giratorias y sus exministros se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas. Este hecho demuestra una vez más las dificultades para ser autoconsumir energía solar, mientras las energías sucias tienen campo libre”.
El PSOE también vetó al diputado de Unidos Podemos por participar en la actividad de medios de comunicación privados, aunque López de Uralde asegura que "no ha cobrado nunca por asistir o colaborar cuando se le ha invitado". Asimismo, también vetó a la diputada Rosa Martínez, también de Unidos Podemos y coportavoz de Equo por “conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada”, a lo que el partido ha respondido argumentando que se trata de una actividad "docente" por la que tampoco se ha percibido compensación.
La posición del PSOE contrasta con la mantenida el pasado mes de junio, cuando aprobó junto al resto de partidos en el pleno del Congreso un informe de compatibilidades prácticamente idéntico al rechazado ahora.
En particular, la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la Función Pública y con el desempeño de cualquier otro puesto de las Administraciones Públicas o empresas con participación pública directa o indirecta. No obstante, la ley electoral sí permite que los parlamentarios puedan colaborar en actividades docentes o de investigación de carácter extraordinario, pudiendo sólo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas.
Sin embargo, el Gobierno tiene por costumbre autorizar el ejercicio de otras actividades privadas declaradas con la reserva de que no deben afectar al trabajo parlamentario ordinario ni mantener relación mercantil con las administraciones públicas.
En los primeros meses de cada legislatura, la comisión -que se reúne a puerta cerrada- debe emitir un informe sobre las actividades compatibles de los diputados que después se eleva al pleno para su aprobación definitiva.
La pasada legislatura ese informe se aprobó el 28 de abril. Ese día el Congreso dio luz verde, por ejemplo, al trabajo como actor del diputado de Ciudadanos Toni Cantó o de presentador de un programa de televisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Lo mismo sucede con el ejercicio de la abogacía, caso del portavoz del PP, Rafael Hernando, o la judicatura, como el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes, actual juez en excedencia.
Alianzas, recuperando poder de clase
Eguneratua 2016/06/14 12:03
por Rafa Díez Usabiaga Ex secretario general de LAB desde la prisión de El Dueso
No es fácil abordar un tema de semejante
profundidad en un artículo de esta dimensión, pero intentaré, al menos,
situar claves en el diagnóstico y algunas referencias básicas en la
necesaria adaptación del sindicalismo en la cambiante confrontación
capital-trabajo.
Diagnóstico
En relación al diagnóstico hay una frase de Zizek que resume a grandes rasgos las tendencias de los últimos años: «La lucha de clases es una batalla por la plusvalía, y el neoliberalismo está anulando todos los instrumentos de los trabajadores para luchar por la misma».
La caída del bloque socialista soviético acentúa la ofensiva neoliberal con un progresivo saqueo al ‘contrato social’ establecido tras la Segunda Guerra Mundial ante el empuje y la lucha de las organizaciones sindicales y políticas. Desaparecido el modelo alternativo como referencia ideológica y empírica, el sistema capitalista desarrolla, desde la instrumentalización del poder político, una estrategia para debilitar y anular la capacidad contractual de la ‘fuerza de trabajo’ y el sujeto de organización colectiva, el sindicalismo. Son medidas barnizadas con hipócritas referencias a necesarias ‘reformas estructurales’, que van aumentando el poder de clase de la Patronal rompiendo los equilibrios (derechos) conquistados y regulados en la arquitectura jurídica del Estado del Bienestar en el terreno sociolaboral. Tres líneas de actuación caracterizan ese proceso de reformas:
a) Fragmentación del sujeto de clase. La atomización del sujeto de clase persigue debilitar la fuerza reivindicativa del colectivo intentando enfrentar intereses en el marco de un mismo ámbito (empresa, sector). La precariedad contractual y salarial, la externalización de actividades, la privatización de servicios… dificulta la acción colectiva del sindicalismo favoreciendo la devaluación de la fuerza de trabajo y aumentando el poder contractual de la Patronal.
b) Las sucesivas modificaciones legislativas por el ‘turnismo’ político en el Estado español han supuesto una gran transferencia de poder contractual a la Patronal, tanto en la contratación como en la organización del trabajo y extinción de la actividad laboral. Es decir, la Patronal dispone de un ‘bazar’ legislativo para contratar, tiene una capacidad arbitraria para modificar cuestiones sustanciales en la organización del trabajo (flexibilidad, sistemas de trabajo…) y finalmente le han proporcionado herramientas legales múltiples para despidos individuales y colectivos sin prácticamente entorpecimiento administrativo.
Es decir, mientras a la Patronal le conceden poder para condicionar las relaciones laborales (devaluar fuerza de trabajo aumentando la plusvalía) a los trabajadores y sindicalismo nos quitan derechos e instrumentos para luchar por un empleo de calidad en derechos y salarios. La Reforma de la Negociación Colectiva ha sido el último golpe para condicionar la acción sindical y permite a la Patronal la imposición de sus políticas laborales y salariales con la ayuda del sindicalismo de concertación.
c) Los recortes sociales, privatizaciones o el modelo de fiscalidad han ido aumentando el desequilibrio en el reparto de la riqueza y dimensionando un espectro social en pobreza y exclusión. Tenemos que tener muy claro que una determinada política fiscal o una reducción de servicios sociales afectan a nuestro poder adquisitivo con el Gobierno de turno haciendo de ‘Patronal’. Por eso, la unión del sindicalismo de clase no puede quedarse encerrada en el marco de la empresa, comunidad básica de confrontación capital-trabajo, sino que tiene que asumir un protagonismo activo en torno a las medidas económicas y sociales exigiendo interlocución y planteando alternativas.
Esta triple orientación ha sido desarrollada e ideológicamente avalada tanto por la derecha clásica como por una socialdemocracia convertida en alternativa ‘light’ del neoliberalismo. Ha sido pues la acción de los diferentes gobiernos del Estado en ausencia de un Marco Vasco de Relaciones Laborales la que ha ido modificando las ‘reglas de juego’ dando a la Patronal una enorme capacidad de condicionamiento arbitrario de las relaciones laborales y, paralelamente, socavando la acción del sindicalismo en defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras/es.
Este escenario ha ido consolidándose, así mismo, con la colaboración de un sindicalismo de concertación que, además de ‘desarmar’ ideológicamente a los trabajadores, ha ido convirtiéndose en una parte más del sistema institucional (financiación), perdiendo autonomía e incidencia como agente social. Una financiación e institucionalización que le ha llevado a situaciones de corrupción convertidas en filón mediático contra el sindicalismo en su globalidad.
¿Hacia dónde?
Esta es la pregunta que nos hacemos desde el sindicalismo, conscientes de la profundidad y dimensión de los cambios que nos están afectando. Hay que remarcar, eso sí, que no hay recetas milagrosas y que lo fundamental es ensamblar adecuadamente una estrategia de recuperación de poder de clase tanto en la empresa como en las correlaciones político-económicas, cuestión básica para reconducir la degradación de las condiciones y derechos del conjunto de la clase trabajadora.
En el marco de la empresa, desde la organización y el impulso de la fuerza colectiva, la disputa de rentas, derechos y condiciones laborales tiene que integrar a todos los trabajadores con independencia de su situación contractual, evitando corporativismo reivindicativos o confrontación de intereses. Una acción sindical planificada, trabajada con participación de los propios trabajadores, definida en objetivos e impulsada por un motor imprescindible de lucha y confrontación. Esta intervención básica debe complementarse con la presencia en la sociedad con propuestas económicas, fiscales y socioeconómicas que le sitúen como un agente activo y determinante para una transformación social en beneficio de la mayoría social trabajadora. La lucha sindical, pues, tiene que integrarse en la lucha por un cambio social, en el marco de una estrategia de construcción nacional.
Es decir, un sindicalismo como referencia de todos los colectivos que conforman el sujeto de clase, respondiendo en el centro de trabajo y en la sociedad a sus reivindicaciones e intereses y presentando alternativas por el cambio político y social indefectiblemente ligado a la evolución de las correlaciones de fuerzas institucionales y sociales. En este sentido, el sindicalismo no puede resignarse a una posición de ‘contraponer’ permanente, sino que tiene que ser copartícipe, con autonomía propia, de un espacio político y social comprometido por una recuperación de poder político y económico, como elemento indispensable para avanzar en modelo económico donde los derechos sociolaborales y el reparto de la riqueza sean garantizados.
El sindicalismo no puede, pues, ser un agente ‘neutral’, aunque eso no conlleve en absoluto una concepción de ‘correa de transmisión’ clásica. Desde la autonomía organizativa tiene que articular alianzas sociales y políticas sobre propuestas básicas para esa recuperación de poder político y derechos sociolaborales.
En coherencia con el enorme reto al que nos enfrentamos, ese sindicalismo de clase comprometido por la transformación del modelo económico y sociolaboral debe afianzar en su seno alianzas sólidas que refuercen la posición reivindicativa y de lucha tanto en las empresas como en la sociedad. En nuestro caso, y en el contexto político relevante en el que nos encontramos, la articulación de una alianza de carácter estratégico entre ELA y LAB, soportada en un plan de acción sindical, una propuesta socioeconómica (Carta Social) encarnada en una estrategia soberanista e instrumentos de gestión conjuntos, daría al sindicalismo abertzale una gran fuerza contractual en las empresas y mayor influencia en sus propuestas económicas y sociolaborales.
Así son, pues, tiempos de acumulación de fuerzas en torno a objetivos económicos y sociolaborales que, integrados en una estrategia soberanista para Euskal Herria, permitan revertir las tendencias que el neoliberalismo viene desarrollando.
Diagnóstico
En relación al diagnóstico hay una frase de Zizek que resume a grandes rasgos las tendencias de los últimos años: «La lucha de clases es una batalla por la plusvalía, y el neoliberalismo está anulando todos los instrumentos de los trabajadores para luchar por la misma».
La caída del bloque socialista soviético acentúa la ofensiva neoliberal con un progresivo saqueo al ‘contrato social’ establecido tras la Segunda Guerra Mundial ante el empuje y la lucha de las organizaciones sindicales y políticas. Desaparecido el modelo alternativo como referencia ideológica y empírica, el sistema capitalista desarrolla, desde la instrumentalización del poder político, una estrategia para debilitar y anular la capacidad contractual de la ‘fuerza de trabajo’ y el sujeto de organización colectiva, el sindicalismo. Son medidas barnizadas con hipócritas referencias a necesarias ‘reformas estructurales’, que van aumentando el poder de clase de la Patronal rompiendo los equilibrios (derechos) conquistados y regulados en la arquitectura jurídica del Estado del Bienestar en el terreno sociolaboral. Tres líneas de actuación caracterizan ese proceso de reformas:
a) Fragmentación del sujeto de clase. La atomización del sujeto de clase persigue debilitar la fuerza reivindicativa del colectivo intentando enfrentar intereses en el marco de un mismo ámbito (empresa, sector). La precariedad contractual y salarial, la externalización de actividades, la privatización de servicios… dificulta la acción colectiva del sindicalismo favoreciendo la devaluación de la fuerza de trabajo y aumentando el poder contractual de la Patronal.
b) Las sucesivas modificaciones legislativas por el ‘turnismo’ político en el Estado español han supuesto una gran transferencia de poder contractual a la Patronal, tanto en la contratación como en la organización del trabajo y extinción de la actividad laboral. Es decir, la Patronal dispone de un ‘bazar’ legislativo para contratar, tiene una capacidad arbitraria para modificar cuestiones sustanciales en la organización del trabajo (flexibilidad, sistemas de trabajo…) y finalmente le han proporcionado herramientas legales múltiples para despidos individuales y colectivos sin prácticamente entorpecimiento administrativo.
Es decir, mientras a la Patronal le conceden poder para condicionar las relaciones laborales (devaluar fuerza de trabajo aumentando la plusvalía) a los trabajadores y sindicalismo nos quitan derechos e instrumentos para luchar por un empleo de calidad en derechos y salarios. La Reforma de la Negociación Colectiva ha sido el último golpe para condicionar la acción sindical y permite a la Patronal la imposición de sus políticas laborales y salariales con la ayuda del sindicalismo de concertación.
c) Los recortes sociales, privatizaciones o el modelo de fiscalidad han ido aumentando el desequilibrio en el reparto de la riqueza y dimensionando un espectro social en pobreza y exclusión. Tenemos que tener muy claro que una determinada política fiscal o una reducción de servicios sociales afectan a nuestro poder adquisitivo con el Gobierno de turno haciendo de ‘Patronal’. Por eso, la unión del sindicalismo de clase no puede quedarse encerrada en el marco de la empresa, comunidad básica de confrontación capital-trabajo, sino que tiene que asumir un protagonismo activo en torno a las medidas económicas y sociales exigiendo interlocución y planteando alternativas.
Esta triple orientación ha sido desarrollada e ideológicamente avalada tanto por la derecha clásica como por una socialdemocracia convertida en alternativa ‘light’ del neoliberalismo. Ha sido pues la acción de los diferentes gobiernos del Estado en ausencia de un Marco Vasco de Relaciones Laborales la que ha ido modificando las ‘reglas de juego’ dando a la Patronal una enorme capacidad de condicionamiento arbitrario de las relaciones laborales y, paralelamente, socavando la acción del sindicalismo en defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras/es.
Este escenario ha ido consolidándose, así mismo, con la colaboración de un sindicalismo de concertación que, además de ‘desarmar’ ideológicamente a los trabajadores, ha ido convirtiéndose en una parte más del sistema institucional (financiación), perdiendo autonomía e incidencia como agente social. Una financiación e institucionalización que le ha llevado a situaciones de corrupción convertidas en filón mediático contra el sindicalismo en su globalidad.
¿Hacia dónde?
Esta es la pregunta que nos hacemos desde el sindicalismo, conscientes de la profundidad y dimensión de los cambios que nos están afectando. Hay que remarcar, eso sí, que no hay recetas milagrosas y que lo fundamental es ensamblar adecuadamente una estrategia de recuperación de poder de clase tanto en la empresa como en las correlaciones político-económicas, cuestión básica para reconducir la degradación de las condiciones y derechos del conjunto de la clase trabajadora.
En el marco de la empresa, desde la organización y el impulso de la fuerza colectiva, la disputa de rentas, derechos y condiciones laborales tiene que integrar a todos los trabajadores con independencia de su situación contractual, evitando corporativismo reivindicativos o confrontación de intereses. Una acción sindical planificada, trabajada con participación de los propios trabajadores, definida en objetivos e impulsada por un motor imprescindible de lucha y confrontación. Esta intervención básica debe complementarse con la presencia en la sociedad con propuestas económicas, fiscales y socioeconómicas que le sitúen como un agente activo y determinante para una transformación social en beneficio de la mayoría social trabajadora. La lucha sindical, pues, tiene que integrarse en la lucha por un cambio social, en el marco de una estrategia de construcción nacional.
Es decir, un sindicalismo como referencia de todos los colectivos que conforman el sujeto de clase, respondiendo en el centro de trabajo y en la sociedad a sus reivindicaciones e intereses y presentando alternativas por el cambio político y social indefectiblemente ligado a la evolución de las correlaciones de fuerzas institucionales y sociales. En este sentido, el sindicalismo no puede resignarse a una posición de ‘contraponer’ permanente, sino que tiene que ser copartícipe, con autonomía propia, de un espacio político y social comprometido por una recuperación de poder político y económico, como elemento indispensable para avanzar en modelo económico donde los derechos sociolaborales y el reparto de la riqueza sean garantizados.
El sindicalismo no puede, pues, ser un agente ‘neutral’, aunque eso no conlleve en absoluto una concepción de ‘correa de transmisión’ clásica. Desde la autonomía organizativa tiene que articular alianzas sociales y políticas sobre propuestas básicas para esa recuperación de poder político y derechos sociolaborales.
En coherencia con el enorme reto al que nos enfrentamos, ese sindicalismo de clase comprometido por la transformación del modelo económico y sociolaboral debe afianzar en su seno alianzas sólidas que refuercen la posición reivindicativa y de lucha tanto en las empresas como en la sociedad. En nuestro caso, y en el contexto político relevante en el que nos encontramos, la articulación de una alianza de carácter estratégico entre ELA y LAB, soportada en un plan de acción sindical, una propuesta socioeconómica (Carta Social) encarnada en una estrategia soberanista e instrumentos de gestión conjuntos, daría al sindicalismo abertzale una gran fuerza contractual en las empresas y mayor influencia en sus propuestas económicas y sociolaborales.
Así son, pues, tiempos de acumulación de fuerzas en torno a objetivos económicos y sociolaborales que, integrados en una estrategia soberanista para Euskal Herria, permitan revertir las tendencias que el neoliberalismo viene desarrollando.
Portuarios podrían comenzar movilizaciones por no pago de pensiones, pese a compromiso del gobierno
De Resumen de Chile (Concepción)
28 diciembre 2016
Enorme preocupación existe al
interior de la Unión Portuaria de Chile ante la dilatación que ha hecho
el Gobierno para el pago de pensiones para trabajadores del sector, en
todo el país, compromiso pactado entre ambas partes y que, en teoría,
quedaría saldado antes del fin de este año. La polémica fue tratada en
el encuentro regional de dirigentes del Biobío, realizado este martes en
el terminal de San Vicente, cita en la que participaron cerca de 40
representantes.
De acuerdo al vocero de la Unión Portuaria de Chile,
Pedro Riquelme, “una vez más el Gobierno está rompiendo un acuerdo con
el mundo portuario. Quedó claramente establecido que las pensiones
destinadas a este sector, quedarían aprobadas y canceladas antes del fin
de este año 2016, lo que a la fecha ni siquiera está cerca de
concretarse. Esto, debido a que la comisión que se encargaría de revisar
las carpetas de los postulantes a este beneficio, ni siquiera se ha
establecido, ni menos reunido para tal fin. Eso sin contar que muchos de
los antecedentes se han perdido en el camino, teniendo que reponer
varios documentos ya presentados”.
Ante esta situación, los dirigentes portuarios
determinaron realizar una reunión el próximo miércoles 4 de enero, en
conjunto con representantes de todo el país, con el fin de determinar
los pasos a seguir, en el caso que no se cumpla finalmente con este
compromiso, a sólo 3 días de finalizar el presente año.
“No vamos a descansar hasta que el Gobierno cumpla
con su palabra. Los trabajadores portuarios, y de todo el país, estamos
hartos ya de los abusos y de la falta de transparencia de las
autoridades, al momento de pactar acuerdos. Ya no más. Por ello, no
descartamos que, una vez finalizado el 2016 y no cumpliéndose el pago de
las pensiones, analicemos iniciar otras acciones”, sentenció Riquelme.
Queman maquinaria forestal en predio de Mininco en ruta que une el Gran Concepción con Santa Juana
De Resumen de Chile (Concepción)
28 diciembre 2016
28 diciembre 2016
[resumen.cl] Durante la madrugada de hoy
miercoles 28 de diciembre, desconocidos quemaron maquinaria forestal
instalada en el Predio Pinares de Forestal Mininco, ubicado en la ruta
de la Madera, carretera que une el Gran Concepción con Santa Juana.
Hasta el momento ninguna organización se ha atribuido la acción, solo la presencia de panfletos y lienzos alusivos a la causa mapuche. En portales como Kizugünewtun Independencia
se adjudica el sabotaje a la maquinaria forestal a una acción de la
resistencia mapuche contra las empresas forestales. La Ruta de la Madera
es uno de las principales vías de extracción de madera de pinos y
eucaliptus de los peces gordos de la industria, las familias Matte y Angelini.
La acción -que terminó con un trineumático y una
torre de madereo- llamó la atención por su cercanía con la capital de la
Región del Bío Bío, pues el fundo se ubica en el KM 12 de la Ruta de la
Madera. Santa Juana es una de las comunas de la Región con gran presencia de plantaciones forestales, monocultivos que han llevado hasta límites inauditos la escasez hídrica y también, los incendios forestales.
En desarrollo…
Cinco nuevos comuneros mapuches se suman a huelga de hambre
P. Campos y G. Castillo |Miércoles 28 de diciembre 2016 11:48 hrs.
En
La Araucanía se intensifican las protestas por la prisión preventiva a
la que está sometida la machi Francisca Linconao. Según la última
información recogida, cinco comuneros se sumaron a la huelga de hambre
para condenar la medida cautelar que recae sobre la mujer.
La información dada a conocer por el medio Mapuexpress consigna que desde la Cárcel de Hombres de Temuco, y en apoyo a las demandas por la libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapan, es que este martes 27 de diciembre, se suman a la huelga de hambre: Alfredo Tralcal, José Tralcal, Benito Trongol, Luis Tralcal y Nicolás Railaf.
La medida, busca desesperadamente que se tomen acciones por la salud de la líder religiosa del pueblo mapuche investigada por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, que se encuentra internada en el hospital zonal aquejada de una fuerte gastritis. La petición es que pueda esperar el juicio en libertad.
La situación de Linconao, además de los episodios de violencia policial contra diferentes comuneros ha activado duras críticas contra el accionar del Gobierno en la zona.
Por ejemplo, agrupaciones mapuche criticaron el despliegue policial durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía. Por su parte, el nuevo intendente de la zona, José Miguel Hernández, aseguró que la militarización de la zona, “no ha funcionado”.
En entrevista de prensa, la autoridades local dijo que “el camino es el del dialogo político” y no el aumento policial.
Branislav Marelic: “No se puede normalizar la violencia en La Araucanía”
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y los últimos sucesos de violencia policial que se han verificado, con el disparo por la espalda al joven de 17 años Brandon Hernández Huentecol y el baleo a dos comuneros en Tirúa, ambos casos por efectivos de Carabineros.
Marelic expresó su preocupación por estos hechos de sangre registrados en el marco del conflicto, y aseguró que no se puede normalizar este tipo de agresiones por parte de efectivos policiales por lo que llamó a establecer los canales de diálogo pertinentes ya que, a su juicio este es un conflicto intercultural que no se soluciona con más medidas policiales o penales.
Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra en huelga de hambre por su prisión preventiva en el marco del caso Luchsinger-Mackay, el abogado expresó su preocupación por la aplicación en el caso de la machi de la Ley Antiterrorista, bajo la cual la Corte de Apelaciones de Temuco ha decretado la medida cautelar con contra de la autoridad religiosa mapuche.
¿Existe preocupación en el INDH por la seguidilla de casos de baleos a comuneros mapuche por parte de Carabineros?
Por supuesto que existe preocupación de parte del INDH por la situación en La Araucanía. No puede ser habitual, no puede ser normalizado que existan comuneros heridos en La Araucanía, no puede ser común que la violencia en La Araucanía hacia toda la población sea un tema recurrente y normalizado, eso es grave. Nosotros queremos y deseamos que el Gobierno habla los canales de diálogo, y eso se abre con mesa de trabajo, relaciones con las comunidades indígenas, que las comunidades también tengan la voluntad de conversar de establecer canales representativos, porque acá el problema, el conflicto intercultural en La Araucanía no se soluciona con más medidas policiales o más persecución penal. Eso es importante, por cierto, cuando se comete un delito, pero acá lo importante es abordar el problema de fondo como un problema que es un choque cultural entre el pueblo mapuche y poblaciones no mapuche que necesita ser abordado con harta altura de miras. Hay experiencias como la mesa de diálogo, esta mesa que se constituyó a instancias del Gobierno, presidida por un representante de la iglesia católica, son instancias positivas. Se tiene que avanzar hacia eso.
Nosotros no queremos y tememos que todos estos hechos de violencia lejos de avanzar en algún camino, están cerrando puertas y está existiendo un retroceso.
La comisión asesora presidencial ha sido criticada por algunas organizaciones mapuche por no ser representativa o no habérseles convocado a ella, pero también podría terminar siendo un contrasentido que en paralelo al trabajo de esta instancia, continúe la represión y la violencia hacia comunidades mapuche.
En ese punto, nosotros tomamos en cuenta las críticas realizadas por comunidades indígenas en cuanto a la representatividad de la mesa. Acá es importante que esta mesa constituye un primer avance, sin embargo este avance todavía faltan todas las personas que deberían estar sentadas ahí discutiendo. Acá es importante construir espacios donde todos los actores relevantes sean convocados y sean escuchados, por tanto si esta primera instancia de la comisión asesora puede lograr resultados, sería importante que esos resultados fueran seguidos con otras instancias más representativas. Acá es muy importante también que si se va a sentar a dialogar a todas las partes interesadas, obviamente esto tiene que venir acompañado con señales de todas las partes, señales y gestos de diálogo, no puede ser que por un lado exista una voluntad de diálogo, pero sigan registrándose hechos de violencia, eso obviamente le quita efectividad a las instancias de diálogo.
Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien está en huelga de hambre, ¿el INDH está monitoreando su estado?
Sí, nuestra sede regional ha mantenido contacto permanente con la machi y también con personal de Gendarmería para ver la situación de salud. A nosotros nos preocupa el uso de la legislación antiterrorista que es una legislación de excepción aplicada al pueblo mapuche, también nos preocupa que el estándar de prueba rendido sea complejo, sea débil, porque tenemos que recordar que esta es la cuarta vez que el Juzgado de Garantía de Temuco cambia la medida cautelar por arresto domiciliario total, tampoco acá podemos decir que se dio la libertad, pero esto es revertido por la Corte de Apelaciones de Temuco utilizando una situación de excepción, una legislación que no resiste un análisis de debido proceso, por tanto eso es preocupante. Ahora, acá lo importante también es separar las dos discusiones: la situación de la machi en cuanto a las medidas cautelares es una situación que no prejuzga la investigación final, acá lo importante es que las medidas cautelares sean coherentes con la situación personal de la machi, pero también con el éxito de la investigación y eso se tiene que evaluar en el marco del debido proceso. Pero también como parte del Estado, en realidad como institución estatal es importante que la investigación en el asesinato del caso Luchsinger-Mackay continúe, y continúe y sea esclarecido en su totalidad, independiente o no que la personas imputadas sean condenadas o no lo importante es que este proceso avance, porque también da paz y también da certeza a la comunidad de La Araucanía que casos como estos sean completamente investigados y tengamos certeza de que las personas culpables son culpables y las personas inocente imputadas sean declaradas inocentes.
La información dada a conocer por el medio Mapuexpress consigna que desde la Cárcel de Hombres de Temuco, y en apoyo a las demandas por la libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapan, es que este martes 27 de diciembre, se suman a la huelga de hambre: Alfredo Tralcal, José Tralcal, Benito Trongol, Luis Tralcal y Nicolás Railaf.
La medida, busca desesperadamente que se tomen acciones por la salud de la líder religiosa del pueblo mapuche investigada por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, que se encuentra internada en el hospital zonal aquejada de una fuerte gastritis. La petición es que pueda esperar el juicio en libertad.
La situación de Linconao, además de los episodios de violencia policial contra diferentes comuneros ha activado duras críticas contra el accionar del Gobierno en la zona.
Por ejemplo, agrupaciones mapuche criticaron el despliegue policial durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía. Por su parte, el nuevo intendente de la zona, José Miguel Hernández, aseguró que la militarización de la zona, “no ha funcionado”.
En entrevista de prensa, la autoridades local dijo que “el camino es el del dialogo político” y no el aumento policial.
Branislav Marelic: “No se puede normalizar la violencia en La Araucanía”
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y los últimos sucesos de violencia policial que se han verificado, con el disparo por la espalda al joven de 17 años Brandon Hernández Huentecol y el baleo a dos comuneros en Tirúa, ambos casos por efectivos de Carabineros.
Marelic expresó su preocupación por estos hechos de sangre registrados en el marco del conflicto, y aseguró que no se puede normalizar este tipo de agresiones por parte de efectivos policiales por lo que llamó a establecer los canales de diálogo pertinentes ya que, a su juicio este es un conflicto intercultural que no se soluciona con más medidas policiales o penales.
Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra en huelga de hambre por su prisión preventiva en el marco del caso Luchsinger-Mackay, el abogado expresó su preocupación por la aplicación en el caso de la machi de la Ley Antiterrorista, bajo la cual la Corte de Apelaciones de Temuco ha decretado la medida cautelar con contra de la autoridad religiosa mapuche.
¿Existe preocupación en el INDH por la seguidilla de casos de baleos a comuneros mapuche por parte de Carabineros?
Por supuesto que existe preocupación de parte del INDH por la situación en La Araucanía. No puede ser habitual, no puede ser normalizado que existan comuneros heridos en La Araucanía, no puede ser común que la violencia en La Araucanía hacia toda la población sea un tema recurrente y normalizado, eso es grave. Nosotros queremos y deseamos que el Gobierno habla los canales de diálogo, y eso se abre con mesa de trabajo, relaciones con las comunidades indígenas, que las comunidades también tengan la voluntad de conversar de establecer canales representativos, porque acá el problema, el conflicto intercultural en La Araucanía no se soluciona con más medidas policiales o más persecución penal. Eso es importante, por cierto, cuando se comete un delito, pero acá lo importante es abordar el problema de fondo como un problema que es un choque cultural entre el pueblo mapuche y poblaciones no mapuche que necesita ser abordado con harta altura de miras. Hay experiencias como la mesa de diálogo, esta mesa que se constituyó a instancias del Gobierno, presidida por un representante de la iglesia católica, son instancias positivas. Se tiene que avanzar hacia eso.
Nosotros no queremos y tememos que todos estos hechos de violencia lejos de avanzar en algún camino, están cerrando puertas y está existiendo un retroceso.
La comisión asesora presidencial ha sido criticada por algunas organizaciones mapuche por no ser representativa o no habérseles convocado a ella, pero también podría terminar siendo un contrasentido que en paralelo al trabajo de esta instancia, continúe la represión y la violencia hacia comunidades mapuche.
En ese punto, nosotros tomamos en cuenta las críticas realizadas por comunidades indígenas en cuanto a la representatividad de la mesa. Acá es importante que esta mesa constituye un primer avance, sin embargo este avance todavía faltan todas las personas que deberían estar sentadas ahí discutiendo. Acá es importante construir espacios donde todos los actores relevantes sean convocados y sean escuchados, por tanto si esta primera instancia de la comisión asesora puede lograr resultados, sería importante que esos resultados fueran seguidos con otras instancias más representativas. Acá es muy importante también que si se va a sentar a dialogar a todas las partes interesadas, obviamente esto tiene que venir acompañado con señales de todas las partes, señales y gestos de diálogo, no puede ser que por un lado exista una voluntad de diálogo, pero sigan registrándose hechos de violencia, eso obviamente le quita efectividad a las instancias de diálogo.
Respecto de la situación de la machi Francisca Linconao, quien está en huelga de hambre, ¿el INDH está monitoreando su estado?
Sí, nuestra sede regional ha mantenido contacto permanente con la machi y también con personal de Gendarmería para ver la situación de salud. A nosotros nos preocupa el uso de la legislación antiterrorista que es una legislación de excepción aplicada al pueblo mapuche, también nos preocupa que el estándar de prueba rendido sea complejo, sea débil, porque tenemos que recordar que esta es la cuarta vez que el Juzgado de Garantía de Temuco cambia la medida cautelar por arresto domiciliario total, tampoco acá podemos decir que se dio la libertad, pero esto es revertido por la Corte de Apelaciones de Temuco utilizando una situación de excepción, una legislación que no resiste un análisis de debido proceso, por tanto eso es preocupante. Ahora, acá lo importante también es separar las dos discusiones: la situación de la machi en cuanto a las medidas cautelares es una situación que no prejuzga la investigación final, acá lo importante es que las medidas cautelares sean coherentes con la situación personal de la machi, pero también con el éxito de la investigación y eso se tiene que evaluar en el marco del debido proceso. Pero también como parte del Estado, en realidad como institución estatal es importante que la investigación en el asesinato del caso Luchsinger-Mackay continúe, y continúe y sea esclarecido en su totalidad, independiente o no que la personas imputadas sean condenadas o no lo importante es que este proceso avance, porque también da paz y también da certeza a la comunidad de La Araucanía que casos como estos sean completamente investigados y tengamos certeza de que las personas culpables son culpables y las personas inocente imputadas sean declaradas inocentes.
Dos comuneros mapuche fueron heridos a bala por carabineros del GOPE en Tranaquepe
De Resumen de Chile (Concepción)
26 diciembre 2016
26 diciembre 2016
[resumen.cl] Dos comuneros mapuche
fueron heridos a bala por efectivos del GOPE de Carabineros durante
madrugada de este lunes mientras se trasladaban en un vehículo en la
localidad de Tranaquepe, comuna de Tirúa.
Familiares de los heridos denunciaron abuso policial y
declaran que el incidente se produjo cuando ambos regresaban a sus
casas después de participar en una convivencia familiar. Carabineros que
se trasladaban en un vehículo blindado por la ruta P-70 abrieron fuego
contra la camioneta en la que viajaban los dos comuneros. Los
uniformados habrían disparado 6 veces contra la camioneta, y 3 disparos
impactaron en dos comuneros.
Según señala ConectaTV,
los dos comuneros fueron identificados como Renato Lincopan Cona de 46
años y Jorge Colil Alarcón de 36. Ambos fueron trasladados inicialmente
al Cesfam de Tirúa, luego al Hospital de Cañete, evaluando un eventual
traslado al Hospital Regional de Concepción.
Colil recibió dos impactos de bala calibre 9 mm en su
glúteo y zona abdominal, mientras que Lincopan recibió un impacto de
bala del mismo calibre en su brazo derecho.
Inicialmente, el Mayor de carabineros Cristian Malinowski, de la Tercera Comisaría de Cañete, señaló a Arauco TV
que los carabineros dispararon al vehículo porque este no habría
obedecido una orden de control carretero. “El vehículo no se detuvo,
ante eso, estos carabineros sacaron sus armas y dispararon, hiriendo a
dos personas”, señaló Malinowski. Sin embargo, familiares de los heridos
señalaron a Radio Villa Francia,
que los carabineros que efectuaron los disparos se retiraron
rápidamente del lugar y luego llegó otro contingente policial que se
encontró con los comuneros heridos, constatando que estos se encontraban
desarmados. Isaac Neculqueo, familiar y presidente de la comunidad
Krallhue de Tranaquepe, declaró que: “nunca existió tal control policial
y que los carabineros dispararon desde su vehículo andando y luego
escaparon del lugar“.
Comunero mapuche herido en Tranaquepe, Tirúa. Fuente: ConectaTV
Comunero mapuche herido en Tranaquepe, Tirúa. Fuente: ConectaTV
La Fiscalía confirmó que ordenó la detención de ambos
efectivos de carabineros. El Ministerio Público ordenó una
investigación que está a cargo de la Brigada de Investigaciones
Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Concepción.
Alejandro Navarro: “Si un minero muere en Curanilahue La Moneda será responsable”
Claudio Medrano |Miércoles 28 de diciembre 2016 12:58 hrs.
El
conflicto de los mineros de Curanilahue empeoró luego que el gobierno, a
través del subsecretario del Interior descartara buscar una solución al
afirmar que se trata de un conflicto entre privados. El senador
Alejandro Navarro criticó a La Moneda y afirmó que serán responsables si
algo grave le ocurre a los trabajadores que permanecen en la mina.
Lejos
de llegar a una solución se encuentra el conflicto que enfrenta a los
mineros del pique Santa Ana de Curanilahue con el gobierno, luego que el
subsecretario del Interior Mahmud Aleuy descartara mediar para alcanzar
un arreglo señalando que se trata de “un conflicto entre privados”.
Esto provocó la indignación de los trabajadores que ya habían cerrado previamente el acceso al pique. Luego de las palabras del subsecretario decidieron cortar todo contacto con el exterior por lo cual ahora no hay certeza respecto del estado de salud de los movilizados.
Durante esta mañana los mineros recibieron nuevamente la visita del senador Alejandro Navarro quien comentó con Radio y Diario Universidad de Chile los alcances de la reunión, junto con criticar el rol que ha desempeñado el gobierno.
En esa línea el parlamentario afirmó que el Ejecutivo comete un error al desligarse del conflicto y afirma que será responsable en caso que ocurra una desgracia “Aleuy se equivoca una vez más, no han aprendido nada en La Moneda. Decir que este es un problema entre privados es un error y una estrategia equivocada y el gobierno será responsable si es que a los mineros les pasa algo porque ha dado una señal que le importa un comino lo que les pase porque es un conflicto entre privados”, señaló.
El senador por la región del Bíobio agregó que La Moneda debe entender que este problema requiere de la intervención del gobierno junto con criticar al Intendente Regional por entregar información “distorsionada” al gobierno central “es un tema político y la derecha parece entender mucho mejor que la Nueva Mayoría la política. Además puedo afirmar que La Moneda ha recibido información distorsionada desde el gobierno regional”, declaró.
Respecto de la solución a este conflicto, Navarro afirmó que el gobierno “se farreó” la oportunidad de encontrar una solución durante la tramitación de la ley de presupuesto 2017. En ese sentido afirmó que Corfo debe generar los recursos necesarios para echar a andar de nuevo la mina “Paul Fontaine, Rodrigo Danus recibieron más de mil millones de pesos de subsidio para comprar la mina y se los pasó Corfo, ellos tienen los instrumentos y si no los crea, lo que no puede hacer Corfo y el gobierno es decir que este es un problema entre privados”, señaló.
Recordemos que los mineros de Curanilahue decidieron hace tres semanas descender al fondo del pique Santa Ana, a 600 metros de profundidad, para exigir al gobierno que cumpla con el compromiso de inyectar de recursos a la mina para que pueda volver a funcionar.
Se calcula que son 500 millones de pesos los que se necesitan para que vuelva a operar el pique, los cuales incluso han sido solicitados formalmente por el Parlamento a través de la cámara de Diputados y el Senado quienes apoyaron sendos proyectos de acuerdo solicitando al gobierno que destine estos recursos para los mineros de Curanilahue.
Durante la jornada de este martes además el grupo de mineros que se encontraba en huelga de hambre decidió suspender dicha medida de presión debido al empeoramiento en las condiciones de salud de los trabajadores.
Esto provocó la indignación de los trabajadores que ya habían cerrado previamente el acceso al pique. Luego de las palabras del subsecretario decidieron cortar todo contacto con el exterior por lo cual ahora no hay certeza respecto del estado de salud de los movilizados.
Durante esta mañana los mineros recibieron nuevamente la visita del senador Alejandro Navarro quien comentó con Radio y Diario Universidad de Chile los alcances de la reunión, junto con criticar el rol que ha desempeñado el gobierno.
En esa línea el parlamentario afirmó que el Ejecutivo comete un error al desligarse del conflicto y afirma que será responsable en caso que ocurra una desgracia “Aleuy se equivoca una vez más, no han aprendido nada en La Moneda. Decir que este es un problema entre privados es un error y una estrategia equivocada y el gobierno será responsable si es que a los mineros les pasa algo porque ha dado una señal que le importa un comino lo que les pase porque es un conflicto entre privados”, señaló.
El senador por la región del Bíobio agregó que La Moneda debe entender que este problema requiere de la intervención del gobierno junto con criticar al Intendente Regional por entregar información “distorsionada” al gobierno central “es un tema político y la derecha parece entender mucho mejor que la Nueva Mayoría la política. Además puedo afirmar que La Moneda ha recibido información distorsionada desde el gobierno regional”, declaró.
Respecto de la solución a este conflicto, Navarro afirmó que el gobierno “se farreó” la oportunidad de encontrar una solución durante la tramitación de la ley de presupuesto 2017. En ese sentido afirmó que Corfo debe generar los recursos necesarios para echar a andar de nuevo la mina “Paul Fontaine, Rodrigo Danus recibieron más de mil millones de pesos de subsidio para comprar la mina y se los pasó Corfo, ellos tienen los instrumentos y si no los crea, lo que no puede hacer Corfo y el gobierno es decir que este es un problema entre privados”, señaló.
Recordemos que los mineros de Curanilahue decidieron hace tres semanas descender al fondo del pique Santa Ana, a 600 metros de profundidad, para exigir al gobierno que cumpla con el compromiso de inyectar de recursos a la mina para que pueda volver a funcionar.
Se calcula que son 500 millones de pesos los que se necesitan para que vuelva a operar el pique, los cuales incluso han sido solicitados formalmente por el Parlamento a través de la cámara de Diputados y el Senado quienes apoyaron sendos proyectos de acuerdo solicitando al gobierno que destine estos recursos para los mineros de Curanilahue.
Durante la jornada de este martes además el grupo de mineros que se encontraba en huelga de hambre decidió suspender dicha medida de presión debido al empeoramiento en las condiciones de salud de los trabajadores.
Comentario de J.P.Cárdenas: “La crisis terminal del Gobierno”
Diario Uchile |Miércoles 28 de diciembre 2016 8:53 hrs.
Reproducimos a continuación el último comentario radial Juan Pablo Cárdenas:
“El fantasma que recorre a la Nueva Mayoría y al oficialismo en general es la sensación de que el gobierno de Michelle Bachelet ya llegó a su final. Qué la Presidenta solo empata el tiempo para irse ojalá que con el menor descrédito posible. Que ya no hay proyectos fundamentales que vayan a consolidarse y que, en esta actitud de tedio y falta de liderazgo de la Jefa de Estado, todos sus partidos son los que van a pagar los platos rotos de un posible descalabro electoral. Conversando ayer con algunos observadores de la política se me comentaba que la Presidenta no muestra interés en repuntar, el lucirse con algunas iniciativas que le significarían recuperar tanto su imagen como la de su conglomerado político.
Una Presidenta que cuando parece más grata o relajada es en el extranjero, viajando de un lado para otro, mientras que en Chile sus desplazamientos se han hecho cada vez más ingratos con las miles de demandas que se le hacen en todas partes, cercada por sus servicios de seguridad y teniendo que saludar y reunirse con políticos, empresarios o dirigentes sociales que ostensiblemente la fastidian y de los cuales percibe mucho cinismo y lisonjas poco sinceras y, a veces, hasta descomedidas. A ella, se dice, solo le gusta estar con su conocido círculo de amigas, cuando incluso algunos de sus ministros le resultan desagradables. Alguien me dice –además- que con cada encuesta la Presidenta demuda, por más que diga que sigue recibiendo el cariño de la gente en las calles.
Se anota el hecho de que es una gobernante que parece no tener posiciones ni voluntad de expresarlas. Que ante los despropósitos de su ministro de Justicia, por ejemplo, no atina a destituirlo de forma ejemplar y, con ello, llenarse de verdadera gloria. Que tampoco resolvió destituir a su secretario de Economía ante la bochornosa actitud que asumiera cuando le regalaran una muñeca erótica tan ofensiva para la dignidad de las mujeres. Que todavía no toma posición alguna, tampoco, frente a la demanda por un nuevo sistema previsional y que todo lo resuelve con comisiones y mesas de trabajo que lo que más hacen es dilatar las soluciones y desencantar a los millones de trabajadores y pensionados que esperan sueldos y pensiones dignas.
Una Presidenta, estimados auditores, que viaja tardíamente a la Araucanía, cuando ya no es posible visualizar que durante su gobierno pueda alcanzarse una solución a un conflicto cada día más fuera de control. Cuando la represión de Carabineros ya se ha descontrolado y los mapuches ya no tienen mayor voluntad de volver marcha atrás. Cada vez más convencidos de que el epílogo de este ancestral conflicto con el Estado chileno puede ser su completa autonomía y autogobierno, la soberana recuperación de sus territorios. Que ya está pasando la hora de una armoniosa y justa convivencia bajo los dictados de la Constitución y las leyes actuales que ni siquiera la nación chilena considera legítimas.
Muchos piensan que la Presidenta jamás debió repostularse. Que en Nueva York se le ofrecía una brillante carrera internacional y no el valle de lágrimas de este segundo gobierno. Es vox populi decir que el caso Caval y la acción de su nuera e hijo la devastaron. Que sus parientes más cercanos le han hecho más daño a su imagen que toda la oposición o las negligencias o desafecciones de quienes la ungieron como candidata hace tres años, movidos nada más que por su propia conveniencia. Por la necesidad de volver a La Moneda en sus ancas. Nada más que por la empatía que solo ella mantenía con la población y que, ya se ve, hoy no gozan los ex mandatarios empeñados en repetirse también el plato.
Lo peor de todo es que ya no tendremos nueva Constitución ni, menos, Asamblea Constituyente. Que queda en evidencia su nula voluntad de consolidar una genuina democracia, mientras arrecia la corrupción de la política y la clase empresarial, que todos los días nos ofrecen más y más casos de colusiones en desmedro de los consumidores del país, cohechos y sobornos. Y un desencanto social que, hasta aquí, solo promete seguir elevando las cifras de abstención ciudadana.
Todo esto en un país descalabrado por la rabia, la delincuencia común y el paulatino desquiciamiento de las propias fuerzas del orden, también penetradas por la corrupción y, de nuevo, favorecidas por la impunidad. Mientras la propia Presidenta parece incapaz de emitir siquiera un juicio sobre el enorme lobby de sectores de las FFAA y de la propia Iglesia empeñados en que el país se compadezca de los más feroces criminales recluidos en una cárcel de lujo, sin siquiera estos hayan reconocido sus crímenes terroristas y de lesa humanidad, cuanto colaborar con la justicia que todavía no sabe del paradero de miles de detenidos desaparecidos. Mientras empiezan a morirse sus familiares y otras víctimas de sus sistemáticas torturas físicas y psicológicas y que, por cierto, no han recibido justa reparación.
Lo peor, sin embargo, estimados auditores, es la amenaza que se cierne sobre su administración empinada a convertirse en el gobierno que más víctimas haya cobrado de la confrontación policial contra nuestro pueblo originario; con esos comuneros asesinados y baleados por la espalda; por la oprobiosa forma en que se maltrató a una mujer mapuche que diera a luz en un hospital público. Por la forma en que algunos fiscales pagan por testimonios falsos a fin de imputar a nuestra etnia principal. Fiscales y jueces influidos y presionados, también, por los poderosos empresarios forestales y ganaderos de esta zona que el Estado Chileno, en los albores de la República, reconoció como propia de los araucanos, de una nación con la cual debíamos lindar y no ocupar militar y criminalmente.
Todo esto sin contar el baldón que deberá cargar la administración actual de haber permitido que bajo instituciones del estado se le haya dado tortura, cometido abusos sexuales y muerte a esos centenares de niños del Sename. Cuando también aquí la Presidenta de la República desahució la oportunidad histórica de intervenir con fuerza en este escándalo y consentir con los cambios y recursos que el propio Congreso Nacional le sugirió para hacer frente a este horror. Solo comparable y, hasta peor, que los más graves crímenes cometidos por la Dictadura de Pinochet.
Una presidenta que llegó a La Moneda por segunda vez como una abanderada socialista y de izquierda, después que sus antecesores hayan caído rendidos ante en modelo neoliberal, las adulaciones empresariales y las bravatas de nuestros “valientes soldados”, colmados de privilegios infamantes enfrente dela realidad de la población civil. Para caer, posteriormente, ella misma en el encantamiento con los más poderosos.
Ni qué decir que su propia reforma emblemática, la educacional, ya no tiene el más mínimos respaldo social. Cuando los estudiantes ya rompieran toda forma de diálogo con las autoridades; cuando los profesores destituyeran de sus cargos directivos a aquellos dirigentes coludidos con La Moneda; cuando los rectores están cada día más decepcionados y el ministerio del ramo sufre todos los avatares de la improvisación y la inconsistencia. Cuando los únicos ganadores, hasta aquí, son los que patrocinan la educación elitista y lucrativa.
En el Día de los Inocentes, ¡vaya qué inocente actitud es la que manifiestan los millones de chilenos que aún no se desencantan y rebelan ante la figura de una gobernante completamente abatida! “. A la que parece quedarle ”como poncho” el cargo que todavía ostenta.
URUGUAY“El fantasma que recorre a la Nueva Mayoría y al oficialismo en general es la sensación de que el gobierno de Michelle Bachelet ya llegó a su final. Qué la Presidenta solo empata el tiempo para irse ojalá que con el menor descrédito posible. Que ya no hay proyectos fundamentales que vayan a consolidarse y que, en esta actitud de tedio y falta de liderazgo de la Jefa de Estado, todos sus partidos son los que van a pagar los platos rotos de un posible descalabro electoral. Conversando ayer con algunos observadores de la política se me comentaba que la Presidenta no muestra interés en repuntar, el lucirse con algunas iniciativas que le significarían recuperar tanto su imagen como la de su conglomerado político.
Una Presidenta que cuando parece más grata o relajada es en el extranjero, viajando de un lado para otro, mientras que en Chile sus desplazamientos se han hecho cada vez más ingratos con las miles de demandas que se le hacen en todas partes, cercada por sus servicios de seguridad y teniendo que saludar y reunirse con políticos, empresarios o dirigentes sociales que ostensiblemente la fastidian y de los cuales percibe mucho cinismo y lisonjas poco sinceras y, a veces, hasta descomedidas. A ella, se dice, solo le gusta estar con su conocido círculo de amigas, cuando incluso algunos de sus ministros le resultan desagradables. Alguien me dice –además- que con cada encuesta la Presidenta demuda, por más que diga que sigue recibiendo el cariño de la gente en las calles.
Se anota el hecho de que es una gobernante que parece no tener posiciones ni voluntad de expresarlas. Que ante los despropósitos de su ministro de Justicia, por ejemplo, no atina a destituirlo de forma ejemplar y, con ello, llenarse de verdadera gloria. Que tampoco resolvió destituir a su secretario de Economía ante la bochornosa actitud que asumiera cuando le regalaran una muñeca erótica tan ofensiva para la dignidad de las mujeres. Que todavía no toma posición alguna, tampoco, frente a la demanda por un nuevo sistema previsional y que todo lo resuelve con comisiones y mesas de trabajo que lo que más hacen es dilatar las soluciones y desencantar a los millones de trabajadores y pensionados que esperan sueldos y pensiones dignas.
Una Presidenta, estimados auditores, que viaja tardíamente a la Araucanía, cuando ya no es posible visualizar que durante su gobierno pueda alcanzarse una solución a un conflicto cada día más fuera de control. Cuando la represión de Carabineros ya se ha descontrolado y los mapuches ya no tienen mayor voluntad de volver marcha atrás. Cada vez más convencidos de que el epílogo de este ancestral conflicto con el Estado chileno puede ser su completa autonomía y autogobierno, la soberana recuperación de sus territorios. Que ya está pasando la hora de una armoniosa y justa convivencia bajo los dictados de la Constitución y las leyes actuales que ni siquiera la nación chilena considera legítimas.
Muchos piensan que la Presidenta jamás debió repostularse. Que en Nueva York se le ofrecía una brillante carrera internacional y no el valle de lágrimas de este segundo gobierno. Es vox populi decir que el caso Caval y la acción de su nuera e hijo la devastaron. Que sus parientes más cercanos le han hecho más daño a su imagen que toda la oposición o las negligencias o desafecciones de quienes la ungieron como candidata hace tres años, movidos nada más que por su propia conveniencia. Por la necesidad de volver a La Moneda en sus ancas. Nada más que por la empatía que solo ella mantenía con la población y que, ya se ve, hoy no gozan los ex mandatarios empeñados en repetirse también el plato.
Lo peor de todo es que ya no tendremos nueva Constitución ni, menos, Asamblea Constituyente. Que queda en evidencia su nula voluntad de consolidar una genuina democracia, mientras arrecia la corrupción de la política y la clase empresarial, que todos los días nos ofrecen más y más casos de colusiones en desmedro de los consumidores del país, cohechos y sobornos. Y un desencanto social que, hasta aquí, solo promete seguir elevando las cifras de abstención ciudadana.
Todo esto en un país descalabrado por la rabia, la delincuencia común y el paulatino desquiciamiento de las propias fuerzas del orden, también penetradas por la corrupción y, de nuevo, favorecidas por la impunidad. Mientras la propia Presidenta parece incapaz de emitir siquiera un juicio sobre el enorme lobby de sectores de las FFAA y de la propia Iglesia empeñados en que el país se compadezca de los más feroces criminales recluidos en una cárcel de lujo, sin siquiera estos hayan reconocido sus crímenes terroristas y de lesa humanidad, cuanto colaborar con la justicia que todavía no sabe del paradero de miles de detenidos desaparecidos. Mientras empiezan a morirse sus familiares y otras víctimas de sus sistemáticas torturas físicas y psicológicas y que, por cierto, no han recibido justa reparación.
Lo peor, sin embargo, estimados auditores, es la amenaza que se cierne sobre su administración empinada a convertirse en el gobierno que más víctimas haya cobrado de la confrontación policial contra nuestro pueblo originario; con esos comuneros asesinados y baleados por la espalda; por la oprobiosa forma en que se maltrató a una mujer mapuche que diera a luz en un hospital público. Por la forma en que algunos fiscales pagan por testimonios falsos a fin de imputar a nuestra etnia principal. Fiscales y jueces influidos y presionados, también, por los poderosos empresarios forestales y ganaderos de esta zona que el Estado Chileno, en los albores de la República, reconoció como propia de los araucanos, de una nación con la cual debíamos lindar y no ocupar militar y criminalmente.
Todo esto sin contar el baldón que deberá cargar la administración actual de haber permitido que bajo instituciones del estado se le haya dado tortura, cometido abusos sexuales y muerte a esos centenares de niños del Sename. Cuando también aquí la Presidenta de la República desahució la oportunidad histórica de intervenir con fuerza en este escándalo y consentir con los cambios y recursos que el propio Congreso Nacional le sugirió para hacer frente a este horror. Solo comparable y, hasta peor, que los más graves crímenes cometidos por la Dictadura de Pinochet.
Una presidenta que llegó a La Moneda por segunda vez como una abanderada socialista y de izquierda, después que sus antecesores hayan caído rendidos ante en modelo neoliberal, las adulaciones empresariales y las bravatas de nuestros “valientes soldados”, colmados de privilegios infamantes enfrente dela realidad de la población civil. Para caer, posteriormente, ella misma en el encantamiento con los más poderosos.
Ni qué decir que su propia reforma emblemática, la educacional, ya no tiene el más mínimos respaldo social. Cuando los estudiantes ya rompieran toda forma de diálogo con las autoridades; cuando los profesores destituyeran de sus cargos directivos a aquellos dirigentes coludidos con La Moneda; cuando los rectores están cada día más decepcionados y el ministerio del ramo sufre todos los avatares de la improvisación y la inconsistencia. Cuando los únicos ganadores, hasta aquí, son los que patrocinan la educación elitista y lucrativa.
En el Día de los Inocentes, ¡vaya qué inocente actitud es la que manifiestan los millones de chilenos que aún no se desencantan y rebelan ante la figura de una gobernante completamente abatida! “. A la que parece quedarle ”como poncho” el cargo que todavía ostenta.
28 DE DICIEMBRE (día de los santos inocentes) MURIÓ EL GOYO ÁLVAREZ: VAMOS A FESTEJARLO COMO DICE MARIO BENEDETTI - Jorge Zabalza
Montevideo,
28 de Diciembre de 2016
In Memoriam: Gregorio Conrado Alvarez Armelino ( 1926-2016)
In Memoriam: Gregorio Conrado Alvarez Armelino ( 1926-2016)
Vamos a festejarloMARIO BENEDETTI
vengan todos
los inocentes
los damnificados los que gritan de noche
los que sueñan de día
los que sufren el cuerpo
los que alojan fantasmas
los que pisan descalzos
los que blasfeman y arden
los pobres congelados
los que quieren a alguien
los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda
Ni santo ni inocente - Murió el autor de "la primera orden"Autopsia de un dictador
Un repaso de su trayectoria, su rápido ascenso hacia la cúpula golpista, permite echar luz sobre un oscuro capítulo de nuestra historia que, lamentablemente, aun no se cierra. Quedan, tras su muerte, muchísimas heridas abiertas. Y muchos secretos que el dictador se lleva a la tumba. Ni un santo ni un inocente.
Retirado de la escena pública en 1985, tras haber ejercido el poder absoluto, Alvarez, el dictador, mantuvo un muy bajo perfil durante 22 años, hasta que, en 2007, la justicia lo envió a la cárcel tras comprobar su responsabilidad en diversos crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), de la que fue uno de sus principales arquitectos. Sobre sus espaldas, el autor de la “primera orden” cargó con la responsabilidad de decenas de crímenes de lesa humanidad.
En 1945 fueron 36 los oficiales egresados de la Escuela Militar en la promoción “disciplina en la libertad”. Muchos, tuvieron un papel significativo en los años de plomo: Amauri Prantl, llegó a general, y dirigió la inteligencia militar (Servicio de Información de Defensa, SID); Jorge Borad, fue brigadier general, y presidió la empresa pública Ancap, a la que defendió de los embates privatistas de los círculos neoliberales de su época; Luis V Queirolo, comandó al Ejército (1979-1982), y el teniente general Manuel Buadas, a la Fuerza Aérea (1982-1985). Sin embargo, fue Alvarez el de trayectoria más impactante: mayor a los 33 años; coronel, a los 39; general, a los 45.
En 1972, los mandos que no confiaban en sus credenciales democráticas y lo habían tenido durante largo tiempo sin destino (en la bolsa, según el lenguaje castrense), le asignaron al flamante general (grado al que accedió por concurso en 1971) una oficina recién creada (el Estado Mayor Conjunto, Esmaco), cuando las Fuerzas Armadas (FFAA), asumieron la centralidad en el combate a la guerrilla.
El entonces comandante del Ejército Alcides Tamiel (constitucionalista), le dijo a uno de sus asistentes, al firmar la resolución: “que se entrevere entre los papeles”.
En pocos meses, el Esmaco se convirtió en un comando interarmas y en usina planificadora del nuevo rol de los militares en esta zona del mundo durante la Guerra Fría: el de gendarmes politizados que daban “seguridad para el desarrollo (de un capitalismo cada día más dependiente, con ministros de Economía de la talla de Alejandro Vegh Villegas)”.
El Esmaco fue para Alvarez, un dispositivo institucional que lo catapultó a posiciones de poder cada vez mayores. En esa oficina, se prepararon los planes golpistas (febrero-junio de 1973) y toda la estrategia de acorralamiento de las instituciones democráticas (el objetivo último, era “inocuizar” al estado de la “sedición y la subversión”, que concluyó en la instauración de una dictadura de 12 años). Alvarez, después de la crisis de febrero de 1973, ocupó la secretaria del recién creado Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), abriendo el ciclo de pocos meses de tutela militar.
En junio, se produjo el golpe. El gobierno pasó a ser cívicomilitar, aunque en última instancia, quienes decidían eran los generales reunidos en una junta. Lo terminaría comprobando el primer titular de aquél régimen, Juan María Bordaberry, en la crisis de 1976.
En este esquema de poder militar colegiado (las cuatro divisiones, con un poder de fuego equiparable, y la Reserva General, o sea la quinta división, dependiendo directamente del jefe del Ejército), Alvarez asumió la jefatura de la division IV (sede Minas), que fue su “feudo” (1974-1978). Ocupó, asimismo, la presidencia de la Comisión Política Militar (Comaspo), de las FF.AA. que diseñó un plan de apertura a una democracia controlada, aprobado por la cima castrense en el cónclave de Santa Teresa (1977).
El paso siguiente, tras vencer resistencias internas, fue el comandante del Ejército (1978-1979). Por el camino quedó su excompañero de la Escuela Militar, Prantl, responsable de una publicación clandestina contraria a Alvarez (El Talero), que fue purgado, cuando estaba al frente de la inteligencia militar. Según las memorias de José Gavazzo, eran en realidad cuatro los generales que conspiraron para derrocar a Alvarez (“Jose Nino Gavazzo. Mi testimonio”, Artemisa, 634 páginas, 2012).
Estando al frente del Ejército, dio a conocer la orden de servicio 7777 en que asumió personalmente toda responsabilidad, por lo ocurrido en los años anteriores. “Este comando general(…) no permitirá ninguna forma de revisionismo de los actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden(…) en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto”, afirmaba concluyente.
Cuando en febrero de 1979 debió pasar a retiro por razones reglamentarias, Alvarez ya era líder de toda una corriente militar. En 1980, el plebiscito echó por tierra las bases de la salida concebidas por los militares y el régimen debatió intensamente acerca de los pasos a seguir. Finalmente, fue aprobado otro cronograma.
El dictador nombrado después de la caída de Bordaberry (1976), era Aparicio Mendez (un exministro de Salud Pública de los gobiernos colegiados blancos, entre 1962 y 1964), quien culminaba su ciclo de cinco años en setiembre de 1981. ¿su sucesor –se interrogaban los cuadros dirigentes de la dictadura-, debía ser un civil o un militar?.
En el verano de 1981, dos poderosos enemigos de Alvarez, los generales Manuel Nuñez (ministro del Interior) y Oscar Ballestrino (director de la Escuela de Armas y Servicios) junto a una decena de jefes policiales, que eran coroneles influyentes, pasaron a retiro.
Todos aparecían implicados en la enigmática desaparición del cambista Américo Soca. La solución hallada fue su jubilación. Para los goyistas, aquella realidad abría el camino para que Alvarez accediera al sillón presidencial. Durante tres días debatíó la Junta de Oficiales Generales.
En primer término se decidió que el presidente sería un militar, pero quien?. Era necesario llegar a los 2/3. En un momento, el general Abdón Raimúndez –comandante de la división IV, y amigo de Alvarez-, salió primero, pero le faltó un voto. Hasta que, la Fuerza Aérea tomó distancia, y el Ejército solo, fue quién decidió.
El presidente por el período 1981 a 1985, seria Gregorio Álvarez. El general Iván Paulós, al que habían nombrado comandante de la División II, se retiró molesto. Los tenientes de Artigas, una corriente secreta del Ejército, siempre rechazó a Alvarez y su “peligroso populismo”.
Alvarez creó enormes expectativas. El 1 de agosto de 1981, junto a su mujer y su pequeña hija, concurrió a Plaza Independencia, y depositó ante el monumento al prócer Jose Artigas dos claveles: uno era blanco y el otro rojo. El candidato a dictador (asumió un mes después), soñaba con permanecer muchos años en el gobierno, con el respaldo de las corrientes políticas tradicionales (blancos y colorados).
Pero la realidad política y la económica, jugaron en su contra, y el goyismo, se desplomó. La Comaspo elaboro un estatuto de los partidos politicos, que resultó aprobado y fijaba para 1982 internas entre los tres partidos a los que reconocía el régimen (blancos, colorados y cívicos).
La izquierda, estaba al margen y era objeto de fuerte control y represión. “Tenemos que saber quienes son nuestros interlocutores válidos (de los partidos) para negociar una salida”, argumentaban los voceros dictatoriales. Confiaban en que “el pueblo sano”, tras ocho años de ejercicio del gobierno, les daría su apoyo (votando por el pachequismo, o a los blancos de Alberto Gallinal Heber).
Pero una vez mas se equivocaron (como en 1980). La elección, precedida por el quiebre de la tablita cambiaria (que desató una gigantesca crisis económica y social), implicó una arrolladora victoria de la oposición (el wilsonismo entre los blancos; los batllistas, en el Partido Colorado; y un significativo voto en blanco, indicativo de que la izquierda existía y no podía expresarse).
En 1983, Alvarez planteó dos veces la posibilidad de crear un “partido del proceso” (en febrero en Libertad, y en marzo en Acegúa), pero no tuvo el apoyo interno que esperaba. Existieron negociaciones entre la dictadura y los partidos, controlados por la oposición, que fracasaron (Parque Hotel).
El acto del Obelisco (27 de noviembre), fue un golpe fuerte para el régimen, al igual que la creciente movilización popular (caceroleos, acciones cívicas de protesta, reactivación del movimiento sindical y estudiantil).
Alvarez dijo la concentración del Obelisco había sido “un cambalache”. En 1984, Alvarez fue apartado de toda negociación. El 12 de febrero, renunció a la presidencia. Marginado por sus pares, se dedicó a la actividad agropecuaria, en un campo de 230 hectáreas que poseía en Lavalleja, se jubiló como expresidentes y patrón de pastoreo, y prometió escribir sus memorias, a quien lo visitara, en su casa del parque Batlle, muy cerca de la residencia del embajador norteamericano, cosa que nunca hizo.
Transcurrieron 22 años, hasta que acusado por la desaparición de muchos uruguayos, en diciembre de 2007, el juez Luis Charles lo envió a prisión.
FOTOGALERÍA
Murió el exdictador Gregorio Álvarez esta madrugada en el Hospital Militar
Álvarez y el rey Juan Carlos de Borbón en 1983. Foto: Archivo El País.
Los dictadores Gregorio Álvarez y Augusto Pinochet (Chile). Foto: Archivo El País.
Álvarez anota matrículas de vehículos de la prensa estacionados frente a su casa, 2006. Foto: Archivo El País.
Álvarez sale esposado del juzgado de la calle Misiones en 2007. Foto: Darwin Borrelli / Archivo El País.
Auto con la frase "por fin preso Goyo asesino" paza cerca de la Plaza Libertad, en 2007. Foto: Archivo El País.
Murió el exdictador Gregorio Álvarez esta madrugada en el Hospital Militar
El expresidente de facto dejó de existir
hoy en el Hospital Militar. Tenía 91 años. En 1981 fue elegido
presidente por el Consejo de la Nación de la dictadura cívico-militar y
se mantuvo en el cargo hasta 1985.
A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba recluido en la Cárcel de Domingo Arena, donde permaneció tres meses.
En octubre de este año, la Fiscalía de Roma pidió que Álvarez y otros 29 exjefes de Estado y miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay entre 1970 y 1980 fueran condenados a prisión, por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano dentro del llamado Plan Cóndor, una estrategia de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas para perseguir, detener, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a personas consideradas subversivas por los regímenes.
El proceso judicial se lleva a cabo en los tribunales de la tercera sala del Fuero Penal.
mié dic 28 2016 09:35 - El País uy
Hoy falleció el dictador uruguayo Gregorio
Álvarez, último presidente de facto del gobierno cívico militar que dio
un golpe de Estado en 1973. El retirado teniente general del Ejército
tenía 91 años y se encontraba internado en el Hospital Militar desde el
pasado 14 de diciembre.
Álvarez fue presidente de facto en 1981 y es
considerado uno de los principales artífices del golpe de Estado
(1973-1985). Durante su gestión al frente del gobierno continuó con la
represión hasta que finalmente, forzado por el avance de los sectores
políticos opositores en las elecciones internas de los partidos
políticos de 1982 y, tras haber perdido gran parte del apoyo de las
Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, accedió a
negociar un cronograma electoral, que finalizó con las elecciones
legislativas y presidenciales de noviembre de 1984.
Resueltas las elecciones en favor de Julio María Sanguinetti, el candidato del Partido Colorado, Álvarez dimitió el 12 de febrero de 1985, cediendo el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego.
Álvarez inició su carrera militar en 1940 y se graduó
como oficial del Regimiento de Caballería en 1946, integrándolo hasta
1959. Fue jefe de Operaciones de Caballería en la Escuela de Instrucción
Militar y de la Guardia Republicana de Montevideo.Resueltas las elecciones en favor de Julio María Sanguinetti, el candidato del Partido Colorado, Álvarez dimitió el 12 de febrero de 1985, cediendo el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego.
En 1970 recibió la venia del Senado de la República
para ser ascendido a general, cargo que comenzó a ostentar en 1971. Ese
mismo año, fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas (Esmaco), organismo a cargo de la coordinación y planificación
de las acciones contra la guerrilla.
El 23 de febrero de 1973, meses antes del golpe de
Estado, Álvarez fue designado secretario permanente del recién
creado Consejo de Seguridad Nacional creado tras el acuerdo de Boiso
Lanza, que asesoraba al entonces presidente Juan María Bordaberry
(1928-2011).
Al producirse el golpe de Estado del 27 de junio, fue
uno de los militares que ingresó en el Palacio Legislativo, junto al
general Esteban Cristi, a los coroneles Alberto Ballestrino y Hugo
Arregui y al teniente coronel Julio Barrabino.
En 1974 asumió como comandante de la 4ª División del
Ejército, trasladándose a Minas. En 1975 fue tomó el cargo de presidente
de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas y en 1978
fue designado Comandante en Jefe del Ejército.
En 1979 pasó a retiro y en 1981 forzó al Consejo de la
Nación a que lo designara presidente. Asumió el cargo el 1° de
septiembre de 1981. Un año atrás se había celebrado el Plebiscito
constitucional, en el que el 57% de la ciudadanía rechazó la propuesta
de crear un régimen constitucional que legitimara a la dictadura
cívico-militar.
Álvarez fue acusado de hacer todo lo posible
durante su gestión para obstaculizar la salida democrática, que el
sector encabezado desde 1984 por el teniente general Hugo Medina
(1929-1998) pretendía llevar a cabo.
El 18 de diciembre de 2007, 23 años después de haber
dejado la Presidencia de facto, fue detenido por pedido de la fiscal
Mirtha Guianze y orden del juez Luis Charles, acusado de torturas,
asesinatos y desapariciones de personas durante la dictadura militar.
Su
prisión marcó un giro esencial en la aplicación de la ley de caducidad,
de acuerdo a la interpretación que de su artículo 4º hizo el presidente
Tabaré Vázquez. En octubre de 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión
por homicidio muy especialmente agravado de 37 desaparecidos.A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba recluido en la Cárcel de Domingo Arena, donde permaneció tres meses.
En octubre de este año, la Fiscalía de Roma pidió que Álvarez y otros 29 exjefes de Estado y miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay entre 1970 y 1980 fueran condenados a prisión, por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano dentro del llamado Plan Cóndor, una estrategia de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas para perseguir, detener, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a personas consideradas subversivas por los regímenes.
El proceso judicial se lleva a cabo en los tribunales de la tercera sala del Fuero Penal.
Arbilla y El País alabaron condiciones del Goyo como gobernante
La llegada de Álvarez al poder motivó la alegría de algunos “defensores de la libertad”.
Gregorio Conrado Álvarez
asumió la presidencia de facto, convirtiéndose en el único militar en
ocupar el cargo -los anteriores fueron civiles vinculados al Partido
Nacional-, hecho que motivó felicitaciones y aplausos desde algunos
sectores.
Entre quienes se congratularon por el Goyo
estaba Danilo Arbilla, fundador del semanario liberal Búsqueda. Arbilla,
quién había sido funcionario de la Dirección de Relaciones Públicas
(Dinarp), verdadero ministerio de propaganda de la dictadura, escribió
en el número 32, de 1981, de la desaparecida revista Hoy: “Es nuestra
opinión que en el presidente Álvarez se conjugan excelentes condiciones
ciudadanas y de soldado, a las que se suman las de un nato estratega y
hábil negociador. Pero por sobre estas condiciones priman una profunda
convicción de civismo y un acendrado amor a la Patria”. Así se expresaba
este defensor a ultranza de la loibertad de prensa, expresidente de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quién desde la contratapa de
Búsqueda sigue dictando cátedra sobre libertad.
Pero no es el único. El País, “primero
siempre”, editorializó sobre la llegada del Goyo a la presidencia
alabando las condiciones del dictador. Habría que ver cuál va a ser
ahora el editorial.
Jueves 29 • Diciembre • 2016
No se acabó la rabia
Murió ayer el dictador Gregorio Álvarez, más conocido por el apodo de Goyo.
Tenía 91 años y cumplía una condena de 25 años de prisión, dictada en
octubre de 2009, por el delito de homicidio especialmente agravado de 37
personas y un delito de lesa humanidad. Había sido procesado en
diciembre de 2007, acusado de reiterados delitos de desaparición forzada
y traslados clandestinos de detenidos. La Fiscalía de Roma, en el marco
del juicio que se realiza en Italia por la desaparición y muerte de
ciudadanos italouruguayos a partir de la ejecución del Plan Cóndor,
había pedido una condena de cadena perpetua para él y otros militares.
General del arma de Caballería y presidente de facto entre 1981 y 1985 (para evitar que le entregara el mando al presidente electo Julio María Sanguinetti el 1º de marzo, Álvarez le dejó el cargo el 12 de febrero al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno), estuvo preso en la cárcel de Domingo Arena hasta que, a mediados del año pasado, sufrió un accidente cerebro-vascular que le dejó un brazo inmovilizado y fue internado en el Hospital Militar. Luego pidió prisión domiciliaria, y hace dos semanas sufrió un infarto y debió volver a ser internado, circunstancia que llevó a que algunos medios informaran que había muerto.
Antes de asumir como presidente de facto, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional y comandante en jefe del Ejército, hasta su pase a retiro en 1979.
Álvarez fue sepultado en el cementerio privado Parque Martinelli, acompañado por su familia y por militares retirados y en actividad.
Según consignaron varios medios, en el entierro de Álvarez se vieron autos con matrícula oficial. El presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre este tema en la inauguración de los Rondamomo 2017 y dijo que el gobierno no rindió ningún tipo de honra fúnebre al ex militar y que “no correspondía” la presencia de un automóvil con chapa oficial que fue identificado. “Se detectó un auto del Poder Ejecutivo y por el número de matrícula pertenece al jefe de la Casa Militar [general Alfredo Erramún], que concurrió a título personal; ni pidió permiso ni fue enviado por el Ejecutivo ni por Presidencia. Nosotros se lo preguntaremos al general Erramún”.
General del arma de Caballería y presidente de facto entre 1981 y 1985 (para evitar que le entregara el mando al presidente electo Julio María Sanguinetti el 1º de marzo, Álvarez le dejó el cargo el 12 de febrero al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno), estuvo preso en la cárcel de Domingo Arena hasta que, a mediados del año pasado, sufrió un accidente cerebro-vascular que le dejó un brazo inmovilizado y fue internado en el Hospital Militar. Luego pidió prisión domiciliaria, y hace dos semanas sufrió un infarto y debió volver a ser internado, circunstancia que llevó a que algunos medios informaran que había muerto.
Antes de asumir como presidente de facto, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional y comandante en jefe del Ejército, hasta su pase a retiro en 1979.
Álvarez fue sepultado en el cementerio privado Parque Martinelli, acompañado por su familia y por militares retirados y en actividad.
Según consignaron varios medios, en el entierro de Álvarez se vieron autos con matrícula oficial. El presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre este tema en la inauguración de los Rondamomo 2017 y dijo que el gobierno no rindió ningún tipo de honra fúnebre al ex militar y que “no correspondía” la presencia de un automóvil con chapa oficial que fue identificado. “Se detectó un auto del Poder Ejecutivo y por el número de matrícula pertenece al jefe de la Casa Militar [general Alfredo Erramún], que concurrió a título personal; ni pidió permiso ni fue enviado por el Ejecutivo ni por Presidencia. Nosotros se lo preguntaremos al general Erramún”.
Lunes 26 • Diciembre • 2016
Dirección de FANCAP considera que Astori es el mayor y más poderoso enemigo de las empresas públicas
La dirigencia de la Federación ANCAP (FANCAP) cambió en junio
de este año, y desde entonces el sindicato comenzó a construir un relato
con el que pretende “llegar a la sociedad” mediante otros puntos de
vista. “Hay una mala gestión de ANCAP en los últimos años”, reconoció,
en diálogo con la diaria, el secretario general de FANCAP,
Gerardo Rodríguez, quien entiende, además, que detrás de las malas
decisiones está el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“La deuda de ANCAP superó los 800.000.000 de dólares; en ese momento se realizó un canje de deuda, que se terminó saldando con poco más de 600.000.000 que puso el MEF... La intervención estaba en marcha. ¿Qué indicaba la lógica? Después de adquirir una deuda de tal envergadura parecía razonable rever la estrategia y no seguir endeudándose, pero no fue así: ANCAP nuevamente transitó el camino de endeudarse por medio de la compra de crudo, y nuevamente se adquirió otra deuda de 400.000.000 de dólares, que se canceló con 270.000.000 que volvieron a salir de las arcas del MEF. Cualquier ser racional podía visualizar el final”, explicó Rodríguez.
Astori había explicado esta semana, según publicó El Espectador, que el gobierno debe tener en cuenta la situación de las empresas públicas para evitar que ingresen en “situaciones de debilidad y fragilidad”. Pero también señalaba la necesidad de tener en cuenta, para la suba de los combustibles (y de otras tarifas), a “la población en su conjunto” y el resultado fiscal. Recordó que ANCAP no ajustó tarifas al alza “durante mucho tiempo”, que los precios del petróleo crudo están empezando a aumentar nuevamente, y que la cotización del dólar también está comenzando a subir. Agregó que la refinería de La Teja deberá detenerse este año, como ocurre una vez por quinquenio, para obras de mantenimiento, con un costo de 80.000.000 de dólares. Sin embargo, Rodríguez expresó que “en el trasfondo de toda esta discusión está en disputa el rol que deben tener las empresas públicas”. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, había dicho, en diálogo con la diaria, que cuando las empresas públicas atraviesan momentos financieros que no son buenos, no se puede tener en cuenta sólo la rentabilidad. El secretario general de FANCAP, por su parte, dijo sobre Astori: “Se puede decir que es el enemigo con mayor capacidad política, intelectual, respaldo de una estructura partidaria y mayor poder que tienen las empresas públicas”.
A partir del 1º de enero de 2017, como ya lo anunció la semana pasada el MEF, el precio de los combustibles aumentará 8%. El litro de nafta Super 95E 30-S pasará de costar 42,50 a 45,90 pesos. Y aunque en diálogo con la diaria Gerardo Rodríguez dijo que no consideran que el aumento sea “un tarifazo”, aclaró que “en este caso no se justificaba que hubiese un reajuste de 8%”.
Fusión
Dos empresas público-privadas en las que ANCAP tiene más de 50% de las acciones fusionaron sus actividades. Se trata de Alcoholes del Uruguay (Alur) y la Compañía ANCAP de Bebidas y Alcoholes (CABA). El ente ya no vende bebidas alcohólicas (producidas o distribuidas por ANCAP) ni otros productos de cuidado personal y ferretería. “Alur tiene las capacidades necesarias para integrar el negocio industrial de CABA a sus operaciones”, se explicó. Entonces, se reducen las operaciones de CABA y esta se integra, de forma “gradual”, al montaje de Alur.
El presidente de FANCAP, Edwin Villero, había dicho a la diaria que el sindicato “siempre” ha estado en contra de estas empresas vinculadas, porque “fueron creadas dentro del derecho privado, para vulnerar los controles”.
“La deuda de ANCAP superó los 800.000.000 de dólares; en ese momento se realizó un canje de deuda, que se terminó saldando con poco más de 600.000.000 que puso el MEF... La intervención estaba en marcha. ¿Qué indicaba la lógica? Después de adquirir una deuda de tal envergadura parecía razonable rever la estrategia y no seguir endeudándose, pero no fue así: ANCAP nuevamente transitó el camino de endeudarse por medio de la compra de crudo, y nuevamente se adquirió otra deuda de 400.000.000 de dólares, que se canceló con 270.000.000 que volvieron a salir de las arcas del MEF. Cualquier ser racional podía visualizar el final”, explicó Rodríguez.
Astori había explicado esta semana, según publicó El Espectador, que el gobierno debe tener en cuenta la situación de las empresas públicas para evitar que ingresen en “situaciones de debilidad y fragilidad”. Pero también señalaba la necesidad de tener en cuenta, para la suba de los combustibles (y de otras tarifas), a “la población en su conjunto” y el resultado fiscal. Recordó que ANCAP no ajustó tarifas al alza “durante mucho tiempo”, que los precios del petróleo crudo están empezando a aumentar nuevamente, y que la cotización del dólar también está comenzando a subir. Agregó que la refinería de La Teja deberá detenerse este año, como ocurre una vez por quinquenio, para obras de mantenimiento, con un costo de 80.000.000 de dólares. Sin embargo, Rodríguez expresó que “en el trasfondo de toda esta discusión está en disputa el rol que deben tener las empresas públicas”. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, había dicho, en diálogo con la diaria, que cuando las empresas públicas atraviesan momentos financieros que no son buenos, no se puede tener en cuenta sólo la rentabilidad. El secretario general de FANCAP, por su parte, dijo sobre Astori: “Se puede decir que es el enemigo con mayor capacidad política, intelectual, respaldo de una estructura partidaria y mayor poder que tienen las empresas públicas”.
A partir del 1º de enero de 2017, como ya lo anunció la semana pasada el MEF, el precio de los combustibles aumentará 8%. El litro de nafta Super 95E 30-S pasará de costar 42,50 a 45,90 pesos. Y aunque en diálogo con la diaria Gerardo Rodríguez dijo que no consideran que el aumento sea “un tarifazo”, aclaró que “en este caso no se justificaba que hubiese un reajuste de 8%”.
Fusión
Dos empresas público-privadas en las que ANCAP tiene más de 50% de las acciones fusionaron sus actividades. Se trata de Alcoholes del Uruguay (Alur) y la Compañía ANCAP de Bebidas y Alcoholes (CABA). El ente ya no vende bebidas alcohólicas (producidas o distribuidas por ANCAP) ni otros productos de cuidado personal y ferretería. “Alur tiene las capacidades necesarias para integrar el negocio industrial de CABA a sus operaciones”, se explicó. Entonces, se reducen las operaciones de CABA y esta se integra, de forma “gradual”, al montaje de Alur.
El presidente de FANCAP, Edwin Villero, había dicho a la diaria que el sindicato “siempre” ha estado en contra de estas empresas vinculadas, porque “fueron creadas dentro del derecho privado, para vulnerar los controles”.
Martes 27 • Diciembre • 2016
Diputado estadounidense asegura que Uruguay es un “refugio para terroristas”
El diputado estadounidense Ed Royce, que pertenece al Partido Republicano, publicó ayer una columna en The Wall Street Journal en la que manifiesta que Uruguay es un “refugio para terroristas”.
Según este político, bajo la presidencia de Barack Obama se envió a los reclusos de Guantánamo a países “mal equipados” e incapaces de manejar a los “peligrosos yihadistas”.
El legislador observó que el gobierno de Obama había prometido ante el Congreso que sólo iba a transferir reclusos una vez que se hubiera asegurado que los países que los iban a recibir reducirían la amenaza que implicaba alojarlos. También recordó que al gobierno del ex presidente José Mujica se le había dicho que ninguno de los detenidos “había estado involucrado o había facilitado actividades terroristas”. Pero para Royce, “tanto el Congreso como Uruguay fueron engañados”.
En ese marco, el diputado, que preside la comisión de asuntos internacionales de la cámara baja, dijo que “Uruguay demostró ser un refugio para terroristas”, en la medida en que los ex reclusos adquirieron un estatus de refugiados, lo que impidió al gobierno vigilarlos o imponerles restricciones de viajes. En ese contexto, Royce también hizo referencia indirecta a Jihad Diyab, argumentando que “uno de estos individuos –un entrenado falsificador de documentos de Al Qaeda- desapareció y huyó al extranjero”.
El diputado aseguró que la Casa Blanca liberó presos a países que no tenían ni la capacidad ni la voluntad para asegurarse de que estos individuos no volvieran a caer en el terrorismo.
Según este político, bajo la presidencia de Barack Obama se envió a los reclusos de Guantánamo a países “mal equipados” e incapaces de manejar a los “peligrosos yihadistas”.
El legislador observó que el gobierno de Obama había prometido ante el Congreso que sólo iba a transferir reclusos una vez que se hubiera asegurado que los países que los iban a recibir reducirían la amenaza que implicaba alojarlos. También recordó que al gobierno del ex presidente José Mujica se le había dicho que ninguno de los detenidos “había estado involucrado o había facilitado actividades terroristas”. Pero para Royce, “tanto el Congreso como Uruguay fueron engañados”.
En ese marco, el diputado, que preside la comisión de asuntos internacionales de la cámara baja, dijo que “Uruguay demostró ser un refugio para terroristas”, en la medida en que los ex reclusos adquirieron un estatus de refugiados, lo que impidió al gobierno vigilarlos o imponerles restricciones de viajes. En ese contexto, Royce también hizo referencia indirecta a Jihad Diyab, argumentando que “uno de estos individuos –un entrenado falsificador de documentos de Al Qaeda- desapareció y huyó al extranjero”.
El diputado aseguró que la Casa Blanca liberó presos a países que no tenían ni la capacidad ni la voluntad para asegurarse de que estos individuos no volvieran a caer en el terrorismo.