Dirigente sindical brasileño: El gobierno de Temer se acabó // Brasil: un dictador está al frente de Planalto // Inaudito: Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar // El Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años // EE.UU.: El club de millonarios del Gobierno Trump acumula una fortuna de 4.500 millones de dólares // Keiser Report en español: "O darán un golpe contra Trump, o están planeando su asesinato" // Argentina: En 2016 se duplicaron las huelgas y los despidos se multiplicaron por siete // Jujuy: Represión a diputados antes de la sentencia a Milagro Sala // Uruguay: PIT-CNT no comparte aumento de tarifas y toma distancia de quienes apuestan a las privatizaciones // Historia de las empresas recuperadas en Uruguay
Dirigente sindical brasileño: El gobierno de Temer se acabó
| CUBADEBATE
Michel Temer, presidente interino de Brasil. Foto: AFP.
“El gobierno de Temer
se acabó”, sostiene el secretario de Relaciones Internacionales de la
Central Única de los Trabajadores, Antonio Lisboa, entrevistado por el
diario argentina Página 12. El dirigente gremial agregó que “La derecha
está fragmentada y busca un líder, porque Temer perdió la poca autoridad
que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. Las protestas van a
seguir ya que la población está percibiendo que esta gente vino a
robar.” –Si se acabó Temer, ¿quién gobierna? –Temer asumió después del golpe contra Dilma sin popularidad y
teniendo el respaldo condicionado de sus socios, y ahora ese apoyo se
desintegró porque la derecha está fragmentada. Está buscando un líder
porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega
su propio juego. El PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña)
figura como partido de la coalición pero está con un pie afuera del
gobierno, y lo mismo pasa con otros partidos que apoyaron a Temer sólo
para sacar al PT del gobierno. ¿Quién va a apoyar a un presidente sin
votos que tiene el 63 por ciento de la opinión pública pidiendo que
renuncie y llame a elecciones como dice una encuesta del domingo pasado?
¿Quién va a acompañar a un presidente que en siete meses de gobierno,
con todo el apoyo mediático, ya tiene peor imagen que Dilma antes de
caer y cuando ella era masacrada por los medios?. Y esa impopularidad de
Temer seguramente es más alta porque la encuesta de Datafolha se hizo
antes de que se sepa que recibió 10 millones de reales (2,9 millones de
dólares) de dinero sucio en 2014. –¿Si Temer no termina el mandato, quién lo sucederá? – Comenzaría por decir que estamos frente a un cuadro de descalabro
general, que este gobierno se hundió mucho antes de lo que nosotros, en
la CUT, esperábamos, y lo que esperaban las fuerzas de izquierda y los
movimientos sociales. Creo que las protestas va a seguir creciendo
porque la población está percibiendo que esta gente vino para robar y
para obedecer a los banqueros. Y como estamos viendo a más protestas
más represión, y están aplicando la ley de seguridad nacional contra los
manifestantes. Nosotros como CUT exigimos elecciones directas y la
convocatoria a una asamblea constituyente que tenga como punto principal
la reforma política, pero la verdad es que no creo que logremos las
directas porque para que eso pase la ley establece que Temer tendría que
renunciar hasta el 31 de diciembre, y eso no sucederá. Lo probable es
que haya elecciones indirectas a lo largo de 2017 y en ese escenario el
candidato favorito es Fernando Henrique Cardoso (del PSDB), un político
muy bien visto en las elites locales y por Washington, él es el nombre
más confiable para el capital transnacional. –Ningún golpe es nacional. –Por su puesto, este golpe tiene una motivación estratégica desde el
punto de vista global porque Brasil es un actor de peso en la región y
Estados Unidos estuvo involucrado en la caída de Dilma. Acá hubo temas que pesaron mucho como el petróleo, las reservas
gigantes que quedaron en manos de Petrobras durante los gobiernos de
Lula y Dilma, contrariando a las multinacionales. Y por supuesto hubo
un apoyo decisivo de las elites brasileñas que quieren conservar sus
intereses, y sus privilegios. Mientras hubo crecimiento las cosas
estaban relativamente tranquilas. En 2010, el último año del gobierno de
Lula se creció más del 7 %, luego y luego se siguió creciendo pero a
tasas mucho más bajas hasta 2012. Pero en la medida en que la crisis se
agravó se acabó la tolerancia de las elites con la distribución y las
políticas sociales. Este año la economía va a caer cerca del 3,5 % y el
año pasado cayó el 3,8%. Cuando hay recesión el capital no acepta perder
su tasa de ganancia y lo primero que hace es echar al trabajador, y si
ahora tentemos 12 millones de desocupados ese número va a seguir
creciendo con la complicidad de este gobierno que ya avisó que sus
prioridades son las reformas previsional y laboral. Este es el golpe de
la concentración de riqueza y para garantizar que este país siga siendo
injusto como siempre lo fue. La reforma laboral viene para retirar los
mínimos derechos que tiene la clase trabajadora brasileña.
Golpe dentro del golpe.
El bloque de diputados del PT deploró ayer por la noche a la
“dictadura judicial” encarnada en los fiscales que, horas antes,
presentaron una nueva denuncia contra Luiz Inácio Lula da Silva en la
causa sobre el Petrolao. “Estos fiscales y juez Sergio Moro (a cargo del proceso) perdieron el
sentido de lo razonable con acusaciones inverosímiles, ellos utilizan
las denuncias y las sentencias selectivamente para hacer política contra
Lula y el PT” denunciaron los legisladores. Antonio Lisboa comparte el cuestionamiento formulado por el PT a lo
que añade “este golpe tuvo una componente judicial muy evidente, hay un
grupo de fiscales y jueces que participaron de manera militante contra
el gobierno democrático, y especialmente contra Lula, que es el mayor
líder popular que tuvo este país. En una encuesta que hicimos hace unos
meses Lula fue considerado el mejor presidente de la historia por el 50 %
y Fernando Henrique Cardoso fue elegido por el 9 %”. “El golpe no terminó con la caída de Dilma, tenemos ese grupo de
fiscales y el juez Moro que se dedican a perseguir a Lula a partir de
cargos irrisorios como el de acusarlo de el dueño de un departamento
donde los mismos fiscales reconocen que él nunca estuvo”. “Esa persecución no es inocente, ellos tienen una demostrada
intención de impedirle a Lula que sea candidato en las elecciones de
2018, y este empecinamiento contribuye a aumentar el descalabro
político porque ya hay sectores de la propia derecha que se distanciaron
de Moro, que algunos piensan que quiere ser candidato presidencial”,
sostiene Lisboa. El dirigente de la mayor entidad sindical latinoamericana vuelve a la
idea del “descalabro” para referir a las peleas públicas entre
políticos oficialistas y jueces, a los que les reprochan una fiebre
justiciera que alimenta la desestabilización. Son disputas que alimentan
“intentos de golpe dentro del golpe”, plantea. –¿Hasta donde pueden llegar esos golpes intestinos, tienen
algún peso aquellos grupos extremistas que insinúan una salida militar? –Para el capital transnacional, que es sobre todo el capital
financiero, no es muy conveniente tener a los militares gobernando. Hoy
los militares son vistos como factor de inseguridad para los inversores
extranjeros. El problema es que en Brasil todo está volviéndose muy
imprevisible y este fin de semana el comandante del Ejército, general Villas Boas, declaró al diario Estado de San Pablo que las
posibilidades de intervención militar son cero. Ahora es preciso
entender por que un diario entrevistó al general justo cuando la crisis
está en su peor momento. Una posible respuesta es que el diario Estado
representa a los sectores de las elites que desde hace algún tiempo está
señalando que la salida militar no está totalmente descartada. Pero en
definitiva me parece que estamos hablando de una posibilidad remota
porque los propios militares saben que ellos quedaron muy
desprestigiados después del golpe y los 21 años de dictadura
(1964-1985). (Tomado de Página 12)
CAÍDA LIBRE
Brasil: un dictador está al frente de Planalto
Michel
Temer es presidente por medio de un golpe parlamentario. Limita el
gasto público, la Policía reprime y los gobiernos de la región callan.
Por Isabel Prieto Fernández
Viernes 16 de diciembre de 2016 - CARAS Y CARETAS
El 31 de agosto, Michel Temer llegó al cargo
más alto al que puede aspirar un político: la Presidencia de la
República. No lo hizo por elecciones sino por medio de un golpe
parlamentario, desplazando hacia un costado a la presidenta electa Dilma
Rousseff y ocupando su lugar. Mucho se discutió sobre si la forma de
actuar representó un golpe o no. El tiempo se encarga siempre de
dilucidar esos dilemas, y este caso no fue distinto. A tres meses de asumir la presidencia, Temer ya justificó su
estancia en el Palacio de Planalto. La justificó ante quienes
reclamaban determinado tipo de cambios en el devenir económico que un
gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) no estaba dispuesto a dar.
Ojo, no porque los petistas no hayan cedido un ápice en el proyecto de
país que prometieron, sino porque ya no podían ceder más sin que su masa
de electores se les tirara en contra. Una demostración de eso es lo que
sucedió el año pasado en la enseñanza, con una huelga docente de
proporciones considerables, tanto en acatamiento como en extensión de
tiempo. Escuchamos la disconformidad de la gente en el Mundial de Fútbol
de 2014. No sólo adentro del estadio, sino afuera también, estando los
manifestantes “anti Dilma” claramente divididos entre los que reclamaban
que el PT rencauzara la política hacia el progresismo porque
consideraban que se estaba desnivelando hacia la derecha, y quienes
exigían que Rousseff abandonara el gobierno para ser ocupado por la
derecha lisa y llana. Entre ambos grupos también hubo enfrentamientos,
pero aquellas manifestaciones tuvieron una particularidad: mientras la
Policía reprimía las marchas populares, los activistas del ‘Tchau
querida’ se sacaban fotos con los uniformados. Al salvataje del gran capital Dilma Rousseff tenía un deber con el
pueblo que la votó, y se podrá discutir hasta el hartazgo si lo cumplía o
no. Evidentemente algo falló, porque hubo 54 millones de votos que no
estuvieron dispuestos a salir de sus casas para defender su estancia al
frente del Ejecutivo. Un porcentaje pequeño se manifestó, pero con eso
no alcanzaba cuando en la mayoría reinaba la indiferencia. ¿Se les puede
culpar por esto que están viviendo ahora? Por supuesto que no. La gente
vota con ilusiones, con esperanza, hasta con alegría, y si después
siente que no se le cumple, muchas veces cae en el descreimiento y no
mueven un dedo, o salen a la calle y que sea lo que Dios quiera. Lo que
sí que las consecuencias de la decisión de entonces, están a la vista:
cayeron Rousseff, su gabinete y las políticas sociales que, por más
‘magrinhas’ que estuvieran quedando, era mejor que ahora, que ni
siquiera existen. En aquel momento, cuando el famoso impeachment, nos
preguntábamos a dónde iría todo esto. Parece mentira que, en tan poquito
tiempo, ya lo sepamos: a poner de rodillas a la masa de trabajadores
que había logrado levantar su mira -un poco, aunque más no fuera- a años
de frustración en el país con mayor desigualdad socioeconómica del
continente. Para una persona honesta, carecería de sentido querer que
los desposeídos se sumerjan. Algo así como una maldad innecesaria. Pero
en Brasil, concomitantemente con la mejoría económica de los
trabajadores, la Justicia investiga un enorme andamiaje de corrupción,
que involucra a los sectores dominantes, tanto a nivel político como
empresarial. Entonces, dentro de esa realidad, la ecuación no cierra. El
sistema no está confeccionado para que actúe de esa forma, con pobres
libres y ricos tras las rejas. Años de burguesía quemándose las
pestañas, discutiendo, creando códigos morales y penales que contemplara
a los poderosos y castigara a los desvalidos, para que un día llegue un
obrero metalúrgico al gobierno -que ni siquiera al poder-, coincida con
un juez que se pone a investigar y todo se va al garete. Porque acá es bueno recordar un punto: todas estas
investigaciones que se dan en la Operación Lava Jato tienen su
antecedente en el 2004, a un año y medio de haber llegado Lula Da Silva a
la presidencia. Fue entonces que la revista Veja publicó lo que sería
un adelanto del “esquema de mensualidades” -o ‘mensalao’, como se le
conocería después- mediante el cual se suponía que el Poder Ejecutivo
compraba los votos de la oposición para los proyectos que enviaba al
Legislativo. Otros medios se encargaron de investigar con mayor
profundidad y en el 2005, los principales líderes del PT estaban bajo la
lupa de la Justicia. Muchos de ellos debieron dejar sus cargos, siendo
el más sonado el caso de José Dirceu, por ser el principal ministro del
gabinete de Lula. Sin embargo, la Justicia no logró probar que Lula o el
PT como institución estuvieran directamente involucrados en el asunto.
La cosa que, como dice el dicho, “aquellos polvos trajeron estos lodos” y
lo que no pudieron prever es que al juez Sergio Moro se le dio bien eso
de andar escarbando donde había olor desagradable. Así fue como entre
investigación un día sí y otro también, sale a luz la Operación Lava
Jato. El resultado es que lo que se había pretendido que fuera para
derrocar al PT (el ‘mensalao’) terminó demostrando que el
relacionamiento político-empresarial estaba altamente corrompido por un
sistema de corrupción sistemática -y naturalizada- donde la regla era
que los empresarios pagaran a cambio de ser favorecidos en obras
públicas. Conclusión: mientras personas nacidas para llevar adelante
grandes empresas u ocupar altos cargos, gozar de playas paradisíacas o
esquiar en Los Alpes, según les venga en gana, están tras las rejas;
otras, llegadas a este mundo para ser analfabetas y servirles coco a los
notables, tienen un oficio o están terminando una profesión. El dictador Basta mirar para el costado para darse cuenta que este
sistema no se creó para que la cosa fuera así. Para colmo de males, este
cambio se produjo en el país más grande del continente suramericano,
“propietario” de buena parte de uno de los ecosistemas más codiciados en
el mundo entero: la Amazonia, y del principal puerto de la región, el
de Santos. Por todos los medios era necesario no perder la joya de la
corona. Involucrar al PT no dio resultado. Luego del mensalao, ese
partido siguió llegando al gobierno en tres elecciones consecutivas. Al
poder real se le hizo necesario subvertir la subversión. Así fue como
llegaron al juicio político de Rousseff y, sin pruebas -confirmado
porque no pudieron cesarla por ocho años de todo cargo público, como lo
marca la Constitución-, la destituyeron. En su lugar dejaron al vicepresidente Michel Temer, que
también cuenta con solicitudes de juicio político en su contra, pero que
están dejando quieto hasta que cumpla con la misión que tiene
encomendada: que los pobres sigan pensando en cosas de pobres (qué comer
mañana, cómo conseguir un empleo en casa de ricos, que el acceso a la
salud no es para ellos, que es un lujo que sus hijos estudien…) y se
dejen de cuestionar la riqueza de los ricos. Para eso, a poco de asumir, elevó al Congreso, la propuesta
de enmienda constitucional (PEC), mediante la cual se congela el gasto
público por 20 años, ya que por ese período de tiempo el aumento anual
se limitará a la tasa de inflación del año anterior. Durante los
primeros diez años de implementada la normativa, no podrá modificarse.
Esto impactará directamente sobre la inversión en salud, educación y
vivienda. Si la reacción del relator especial de la ONU para la
extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alson, fue de crítica dura y
negativa hacia la PEC, es fácil imaginar cómo actuó la masa de
trabajadores directamente involucrada: salieron a la calle a protestar. El gobierno respondió como lo hacen las dictaduras: sacando
el aparato represivo sin el más mínimo pudor, ni la más mínima vergüenza
por ocupar un lugar para el que no fue electo. Palos, gases
lacrimógenos, balas de goma y toda esa parafernalia creada para acallar
disconformidades, fue puesta en marcha. A modo de ejemplo se dirá lo sucedido en el Estado de San
Pablo, lugar simbólico si los hay. Allí se consolidó la dictadura, bajo
el refugio del llamado ABC Paulista, región industrial de ese Estado.
Pero ahí también nació la Central Única de Trabajadores (CUT), de donde
salió Lula a la vida pública. Fue ahí, en San Pablo, que hubo dos
concentraciones este martes 13. Una, en la Plaza del Ciclista; otra, en
el Parque Don Pedro II. En un punto se unieron y marcharon juntas hacia
la Federación de Industrias (Fiesp), para acusar a los empresarios de
haber apoyado el golpe de Estado de 1964 y este parlamentario de 2016,
así como de ser los patrocinadores de la PEC. Los manifestantes fueron
brutalmente reprimidos. Lo lamentable es que no resulte extraño que los gobiernos de
la región, tan prestos para hablar de la situación de Venezuela, no
digan una palabra de todos estos atropellos. Ni siquiera un mísero
comunicado salió de un escritorio de alguna cancillería, ni a nadie le
interesó que el Mercosur se reuniera de manera urgente para analizar si
era necesario tomar una medida contra Brasil. Para algunos parece que
ese gobierno vale mucho, o ese pueblo no vale nada. Durante el impeachment a Dilma Rousseff, la Fiesp instaló
una pantalla gigante para que el pueblo pudiera festejar la destitución.
Antes, se habían encargado de pregonar a los cuatro vientos que la
situación del país iba a mejorar con la salida del PT del gobierno y que
Temer era una garantía a la hora de invertir. Mientras Michel es ejecutivo en el Ejecutivo, los pedidos de
impeachment esperan en un cajón. Si de tiempo se trata, él sabe que las
agujas del reloj no retroceden jamás. Y que sus minutos ya fueron
contados.
Inaudito: Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar
|CUBADEBATE
La
idea de este señor para mejorar la economía de los comedores sociales
brasileños es subir un 150% el precio de los menús y que los pobres
coman con menos frecuencia.
Sí, el titular es correcto, un político brasileño ha tenido
una “brillante” idea para ahorrar en costes y asegurar la supervivencia
de los comedores sociales de Río de Janeiro: que los pobres coman cada
dos días. Este tipo de comedores tiene serias dificultades para mantener sus
tarifas mínimas con el objetivo de atender a los más necesitados. El
espíritu con el que se crearon era alimentar diariamente a quienes menos
recursos tengan, como los sintecho. Pues bien, el presidente de la
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Pedro Fernandes,
opina que la mejor solución para sus problemas económicos es subir los precios un 150% y que los pobres se alimenten con menos frecuencia, concretamente cada dos días. Las críticas no se han hecho esperar ante semejante idea del
político, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que insiste no ver una solución mejor que incrementar el precio de los menús, que pasarían de 2 a 5 reales brasileños. Pese a lo seguro que estaba de sus palabras, en cuanto le llovieron
las críticas reculó diciendo que su idea podría ser “desafortunada”,
aunque se defendió recordando las dificultades que entraña mantener
estos servicios. (Con información de Viruji)
El Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años
La Cámara Alta aprueba el polémico
proyecto del Gobierno de Temer, que podrá imponer severos recortes en
áreas que necesitan la presencia del Estado, como Salud o Educación.
El presidente de Brasil, Michel Temer. - REUTERS
AGENCIAS - PÙBLICO - Publicado: 13.12.2016 18:37
MADRID.- El Senado brasileño ha
aprobado este martes de forma definitiva el polémico proyecto de ley
presentado por el Gobierno de Michel Temer que limitará el aumento del gasto público durante los próximos 20 años. La norma ha salido adelante por 53 votos a favor frente a 16 en contra.
El
proyecto fue tramitado con carácter de enmienda constitucional, por lo
que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara Alta,
que este martes dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la
oposición, que llegó a calificar la propuesta de "crimen de lesa patria".
Según varios expertos, el límite impondrá severos recortes del gasto
público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país
requiere de una ingente presencia del Estado, como son la salud, la
educación y la atención a los más empobrecidos.
La oposición fracasó en sus intentos de
frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de
inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.
La
enmienda constitucional dice que el aumento del gasto público anual
estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación
del ejercicio anterior y que ese techo sólo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.
Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la
deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB), lo que
considera "indispensable" para recuperar el equilibrio fiscal. Los
datos oficiales dicen que, entre 1997 y 2015, el gasto público en
Brasil creció a una media del 6% por encima de la inflación del año
anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de "insostenible".
El Gobierno argumenta que, entre 2008 y 2015, ese proceso se acentuó,
el gasto aumentó hasta un 50% respecto a la inflación y esa diferencia
fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas
públicas y en toda la actividad económica del país, que está desde hace
dos años en una profunda recesión. La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), que pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno "sólo
quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero
sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros". Según Bezerra, se trata de un "delito de lesa patria" que ya "ha sido condenado por la mayoría de la población". La
senadora del PT citó una encuesta publicada por el instituto Datafolha,
según la cual al menos el 60% de los brasileños está en contra de
imponer ese límite al gasto, que sólo cuenta con el apoyo del 24% de la sociedad.
Sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de
protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la
presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.
BRASIL 15 de diciembre de 2016, 13:12hs - LR21
Asesor de Temer renuncia tras escándalo de corrupción
José
Yunes, asesor especial de la Presidencia de Michel Temer fue acusado
de recibir poco más de dos millones de dólares en efectivo, que Temer le
había pedido al empresario Odebrecht para financiar campañas del PMBD.
Asesor de Temer renuncia tras escándalo de corrupción.
El asesor especial de la presidencia de Brasil, José Yunes presentó
este miércoles su renuncia después de ser acusado de recibir dinero
irregular de la empresa Odebrecht. Según el comunicado difundido por el gobierno de Brasil, el
colaborador, abogado y amigo personal de Michel Temer negó las
acusaciones, pero indicó que no podía permanecer como su asesor especial
para así “preservar” su “dignidad” y “mantener encendida la llama
cívica” que le hace “creer en los inmensos potenciales del país”. Yunes fue acusado de recibir poco más de dos millones de dólares en
efectivo (cerca de seis millones de reales), en su oficina por parte de
un ex ejecutivo de la empresa de ingeniería Odebrecht, gigante de la
construcción brasileña que aparece como la principal involucrada en el
escándalo del Petrolao. En la carta entregada al gobierno explicó “Renuncio porque no puedo
ver mi nombre manchado por irresponsables denuncias de personajes
menores con quien nunca tuve contacto directo o de terceros”.
Cooperación judicial
Este caso involucra directamente al presidente brasileño, quien fue
denunciado de pedir unos tres millones de dólares al titular del grupo
empresarial, Marcelo Odebrecht, para financiar campañas de su fuerza, el
Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). Yunes fue acusado de recibir una millonaria suma en efectivo en su
oficina, producto del pedido de Temer. La acusación la realizó el
delator Claudio Melo Filho, un ex ejecutivo de Odebrecht quien declaró
el marco de un proceso de cooperación judicial en el que un grupo de 77
antiguos directores de la empresa Odebrecht prometen confesar haber
corrompido a funcionarios y haber donado ilegalmente dinero para cubrir
gastos de campaña, a cambio de buscar negocios con todos los estamentos
del Estado, con el objetivo de obtener una reducción de pena. En su declaración Melo Filho también involucró al secretario a cargo
del plan de privatizaciones del gobierno, Wellington Moreira Franco,
quien ante la posibilidad de una renuncia informó que está dedicado a
sus tareas habituales en el gobierno y aseguró “no abandono las luchas
cuando creo en ellas”. Según el diario “Folha de Sao Paulo”la versión que involucra a Temer
fue confirmada en sede judicial por Marcelo Odebrecht a los fiscales de
la Operación Lava Jato, que investigan hechos de corrupción entre
empresas y políticos a partir del escándalo de sobornos en Petrobras.
Denuncian encubrimiento de Temer a Macri por cuentas off shore
| CUBADEBATE
Desde Brasil denuncian que Temer busca encubrir a Macri. Foto: Reuters.
Un senador de la oposición al gobierno de Michel Temer
presentó un pedido de informes ante el Parlamento para que se inste al
Ministerio de Justicia local a explicar por qué retrasa la entrega de
información solicitada por un juez argentino sobre la posible existencia
de vínculos entre empresas que operan en Brasil y el presidente Mauricio Macri, en el marco de los Panamá Papers. El requerimiento fue presentado por el legislador Roberto Requião,
quien se hizo eco del exhorto enviado al Palacio Planalto por el juez
federal Sebastián Casanello, que investiga los vínculos de Macri con
empresas off shore. El magistrado había remitido al ministro de Justicia y Ciudadanía,
Alexandre de Moraes (ex abogado de Eduardo Cunha, el destituido diputado
y arquitecto político del golpe contra Dilma Rousseff) un pedido de
datos sobre Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil
Participações. El objetivo es determinar si existe una relación
comercial entre ellas y el jefe de Estado argentino. La respuesta había
sido un mero “no”, a lo que Casanello envió otro pedido de cooperación
con más detalles. Nunca hubo respuesta. Por su parte, el senador Requião había presentado el 14 de diciembre
también un pedido de informes para que se explique en qué empresas
brasileras tenía participación Mauricio Macri. Ante el continuo silencio
del gobierno de Temer, el legislador elevó una queja ante el Senado
Federal, que ahora deberá resolver si insta a De Moraes para que dé una
respuesta. El legislador opositor no solo pidió saber “cuál es el contenido
exacto de la solicitud de cooperación internacional” hecho por Casanello
sino también sobre los requerimientos que “involucren” a Macri, a su
padre Franco, a sus hermanos Mariano y Gianfranco, o a funcionarios del
Grupo Macri. Hace días, los hermanos del titular de la Casa Rosada pidieron al
banco alemán UBS Deutschland AG que cierre la cuenta de su sociedad
offshore BF Corporation abierta en esa entidad, y que también destruya
“toda la correspondencia” que tuviera en sus manos. Luego de este
pedido, los apoderados de esa compañía se negaron a responder sobre
operaciones por varios millones de dólares y pidieron que se transfiera
los fondos de esa firma a la entidad suiza J Safra Sarasin. En tanto, el senador Requião también pregunta “cuáles son los pedidos
de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a
los Panamá Papers” y “cuál es la fecha y el contenido de esas
solicitudes”. En otro de los puntos del planteo llevado al Parlamento
pide que se precise si Macri “figuraba como uno de los socios o
accionistas” de Fleg Trading (“creada –según el texto- para instalar el
sistema de cobranzas Pago Fácil” en Brasil a través de Global
Collection) y Global Colection Owner do Brasil Participações, y si Socma
“habría realizado aportes” en ellas. (Tomado de Página 12)
Crisis institucional
La oposición trabaja por las elecciones directas para presidente en Brasil
Delante de la posible salida de Temer, legisladores de la oposición aceleran medida que evitaría la elección indirecta
Cristiane Sampaio
Brasil de Fato I Brasília (DF) ,
El
gobierno precisa de 22 firmas para colocar la enmienda constitucional
en la pauta del día / Leonardo Prado / Cámara de Diputados
Parlamentarios
de la oposición están movilizándose en la Cámara Federal para intentar
acelerar la pauta en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) para
la apreciación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC)
227/2016, que prevé elecciones directas en el caso de quedar vacante el
cargo de presidente de la República, excepto en los últimos seis meses
de mandato.
Para los lideres de la oposición, la PEC sería una forma
de evitar que, en caso de eventual renuncia de Michel Temer, el
Congreso Nacional tenga que elegir indirectamente un nuevo ocupante del
cargo, conforme determina actualmente la Constitución Federal de 1988.
La legislación prevé la elección indirecta cuando la
vacancia se da durante la segunda mitad del mandato. Con la caída de la
popularidad del Temer, cercado de acusaciones resultantes de las
denuncias premiadas, la oposición cree que el país correría el riesgo de
sufrir una elección indirecta delante de una posible renuncia.
La PEC fue presentada el 1º de junio de este año, pero
está estancada en la Comisión de Constitución y Justicia desde el día 7
del mismo mes, cuando el relator de la propuesta, el diputado Esperidião
Amin (PP-SC), presentó su parecer por su admisión.
Articulación
Mirando al calendario electoral, serían necesarias las
firmas de 22 parlamentarios para que la presidencia del colegiado
adicionase la PEC a los ítems de la pauta del día. El número equivalente
a un tercio del número total de diputados que componen la CCJ, la mayor
comisión de la Cámara. Sim embargo, la oposición consiguió algo más de
10 firmas.
“Como la discusión de la Comisión ya comenzó, resolvimos dejar para
mañana, porque algunos lideres aún no llegaron a Brasília y nosotros
teníamos límite de horario para la presentación. Entonces, mañana vamos a
exigir del presidente que él paute la materia, porque es un derecho
constitucional que compete a los lideres colocarla en votación”, dijo al
Brasil de Fato el líder interino de la minoría, el diputado José Guimarães (PT-CE), autor del requerimiento. Propuesta
Para el diputado Miro Teixeira (Rede-RJ), la medida
sería más adecuada en relación a lo que prevé la norma constitucional.
“Ella fue presentada en una fecha ya distante de algunos acontecimientos
actuales, pero está muy presente en la cabeza de los brasileños. Brasil
no admite más elecciones indirectas en caso de vacancia. La base del
gobierno está entendiendo que ella está hecha para debilitar a Temer y
al PMDB, pero no estoy pensando en ellos, y son el Brasil, así como
varios otros diputados. Aunque no hubiese una serie de revelaciones que
están surgiendo, aún así hacen falta motivos para una elección
indirecta”, defendió el legislador.
Congreso y popularidad
Teixeira acrecentó que una eventual elección indirecta
traería perjuicios para el país. “No es posible que aún haya personas
con la cabeza volcada para elecciones indirectas realizadas por el
Congreso Nacional. Sería un retroceso delante de todo el movimiento
social que el país vio organizarse en los últimos tiempos. El pueblo no
entenderá, y Brasil va a hundirse en el caos”, piensa el diputado.
Para el líder de la Rede entre los diputados, Alessandro
Molon (RJ), el gobierno estaría deshidratándose delante del actual
contexto de denuncias que afectan a la cúpula del Ejecutivo. “El
gobierno Temer acabó. Las denuncias del [empresario] Odebrecht afectan
al corazón del gobierno, comenzando por el propio Temer. No hay
condiciones políticas en el país para seguir así hasta el 2018. Brasil
precisa de elecciones directas ya, sino el mismo Congreso que eligió a
Cunha y a Renan va a elegir el próximo presidente de la República. Vamos
a batallar por las directas”, garantiza Molon.
Gobierno
Mientras la oposición se articula para agilizar la PEC
227, la base oficialista continúa defendiendo que no hay motivos para
renunciar ni para elección directas.
“Existe un régimen constitucional y yo entiendo que la Constitución
Federal debe ser cumplida. Pienso también que, en momentos de crisis –
como estamos viviendo, es verdad –, querer alterar la Constitución es
una maniobra ambiciosa. Entonces, somos contrarios a eso y entendemos
que las soluciones deberán ser buscadas dentro de la Constitución
vigente”, argumentó uno de los lideres del PMDB en la Cámara, el
diputado Carlos Marum (PMDB-MS).
El correligionario de Temer, dijo discordar de las
críticas de la oposición de que no habría sintonía entre el Legislativo
Federal y las desmandas de la sociedad. “El Parlamento está conectado a
la sociedad, sí. Lo que existe a veces es una primera reacción que puede
ser contraria al Legislativo, pero, cuando ella para de observar lo que
estamos haciendo, lo que viene a continuación es la aprobación. No hay
posibilidad de una elección directa ni indirecta”, afirmó Marun,
rechazando la idea de la renuncia de Temer.
Traducción: María Julia Giménez
Miércoles 14 • Diciembre • 2016
Enfrentamiento entre policías y manifestantes frente al Congreso Nacional, en Brasilia. Foto: Andressa Anholete, Afp
Está que arde
El gobierno de Michel Temer obtuvo ayer la aprobación en
el Congreso de una de las reformas que considera fundamentales para
mejorar los resultados de la economía brasileña y, sobre todo, reducir
el déficit fiscal. La PEC 55, sucesora de la PEC 241 que se aprobó en
Diputados, fue votada ayer por segunda vez en el Senado. Fue aprobada,
aunque con menos votos que en la instancia anterior, lo que demuestra
una caída en el respaldo parlamentario al gobierno.
El 60% de los brasileños está en contra de la Propuesta de
Enmienda Constitucional 55 (PEC 55), que fue aprobada ayer en el Senado y
que se prevé que sea promulgada mañana por el Congreso. La norma limita
el crecimiento del gasto público por los próximos 20 años, y establece
que cada año sólo puede aumentar lo mismo que la inflación del año
anterior. Según la opinión de 62% de los brasileños, este congelamiento
del gasto público causará más problemas que soluciones, sobre todo en la
educación (51%) y el transporte público (47%). El gobierno argumenta que los recursos destinados a los servicios
públicos y a programas sociales son suficientes pero están mal
distribuidos, aunque tampoco impulsa proyectos dirigidos a asegurar otra
distribución. Sostiene, además, que el congelamiento del gasto impide
que este se dispare por encima de la inflación, como pasó durante los
gobiernos de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva, que, en
épocas de bonanza económica, apostaron a los servicios públicos y los
programas sociales. El proyecto fue votado en las dos cámaras del Congreso dos veces, la
última de ellas ayer, y las votaciones siempre fueron acompañadas por
movilizaciones en contra de la iniciativa. Ayer miles de personas
protestaron en una docena de ciudades contra la PEC 55. En Brasilia,
cerca del Congreso, cientos de manifestantes se enfrentaron con la
Policía, que los reprimió con gases lacrimógenos. Otros intentaron
entrar a la sede de la conservadora Federación de Industrias del Estado
de San Pablo, protegida por policías, y rompieron a pedradas parte de la
fachada. Los críticos con la propuesta aseguran que los miles de millones de
reales que dejarán de invertirse en el sector público por la reforma
repercutirán sobre todo en las personas con menos recursos, que contarán
con peores servicios públicos y planes sociales. En la segunda votación en el Senado la reforma constitucional recibió
menos votos a favor que en la primera, 53 a 61. Varios senadores que
antes habían respaldado la iniciativa ayer se ausentaron de la sesión y
uno cambió su voto. Un asesor de Temer dijo a Folha de São Paulo,
bajo la condición de que no se lo identificara, que el gobierno va a
averiguar si estos senadores se ausentaron por diferencias con el
proyecto y que va a aprovechar el receso parlamentario del verano para
reunificar su base aliada. En las dos votaciones hubo senadores del
Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer,
que votaron en contra del proyecto. Estos senadores, entre los cuales
están Kátia Abreu y Roberto Requião, respaldaron a Rousseff durante el
juicio político y suelen votar en contra de las iniciativas del gobierno
de Temer. Un refuerzo La aprobación de la PEC es un respiro para el gobierno de Temer, que
atraviesa dificultades por las sospechas de que integrantes de su
equipo, e incluso él mismo, están involucrados en actos de corrupción. Son varias las noticias que se sucedieron en este sentido en las
últimas semanas, varias de ellas después de que el domingo 4 salieran a
las calles miles de brasileños a protestar contra la corrupción. El
presidente del Senado, Renan Calheiros, será investigado por un presunto
caso de corrupción cometido en 2007, y el lunes fue denunciado por la
Procuraduría General por su supuesto involucramiento en el esquema de
corrupción de Petrobras. Uno de los ex ejecutivos de Odebrecht, que
acordó decir todo lo que sabe a cambio de una reducción de la pena, dijo
que Temer pidió al menos un soborno al ex presidente de esa empresa,
Marcelo Odebrecht, y mencionó como intermediarios al ministro de
Presidencia, Eliseu Padilha, y al senador Romero Jucá, muy cercano a
Temer. Estas denuncias se suman a otra que surgió dentro del propio
gabinete: el ex ministro de Cultura Marcelo Calero dijo que Temer,
Padilha y Geddel Vieira Lima -quien tuvo que renunciar a su cargo de
secretario de Gobierno por esta denuncia- lo habían presionado para que
modificara una decisión de uno de los organismos dependientes del
ministerio. Con este escenario de fondo, el presidente dedicó la jornada del
lunes a reunirse con sus aliados. Después de los encuentros no hubo
declaraciones oficiales, pero los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo
informaron acerca de la posición que llevó al encuentro el Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB) a partir de testimonios de
integrantes del partido, que integra la alianza de gobierno. Los
representantes del PSDB dijeron que no van a dejar de apoyar al gobierno
porque quieren colaborar con la “refundación” del país, pero dejaron
claro que consideran necesario que algunos de los principales aliados de
Temer dejen el Ejecutivo como un gesto de “grandeza” que traería de
vuelta la “calma” política. Quien fue un poco más allá ayer, en la sesión del Senado, fue el jefe
de la bancada oficialista, Ronaldo Caiado, de Demócratas, otro de los
partidos que respaldan al gobierno. Sugirió que Temer tiene que
renunciar y se deben convocar elecciones anticipadas. “Podemos llegar a
esta última instancia para perseverar en la democracia, es un gesto
mayor para demostrar que nadie gobierna sin apoyo popular. En este
momento no podemos tener miedo a una anticipación del proceso electoral,
de ninguna manera”, dijo Caiado en la sesión. Agregó que no está
pidiendo expresamente la renuncia de Temer, pero sí que “tenga la
sensibilidad que no tuvo Dilma” Rousseff, su antecesora: “No hay que
provocar a las calles e insistir con una posición que no va a
sobrevivir”, indicó. Caiado aclaró que hablaba a título personal y no anticipando una
decisión de su partido, aunque en Demócratas hay divisiones sobre si se
debe seguir respaldando al Ejecutivo de Temer. También las hay en el
Partido Socialista Brasileño (PSB), que atraviesa problemas internos
desde la muerte de su líder, Eduardo Campos, durante la campaña
electoral de 2014. Un sector, liderado por su presidente, Carlos
Siqueira, considera que el partido debe permanecer en el gobierno, donde
incluso ocupa cargos. Otro, encabezado por el ex candidato a
vicepresidente por el partido, Beto Albuquerque, considera que “es la
hora de salir” del gobierno. El partido, que fue aliado de Rousseff y
defendió ideas más cercanas a la izquierda, considera que las propuestas
económicas de Temer son demasiado derechistas. El PSB no pidió la renuncia de Temer, pero sí lo hizo la oposición.
Debería dimitir “por la falta de condiciones para gobernar”, según dijo
el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto
Costa. Otra dirigente del PT, Fátima Bezerra, dijo que tiene que
renunciar ahora mismo, ya que si lo hace antes de fin de año se harán
nuevas elecciones, mientras que si lo hace en 2017 el nuevo mandatario
será elegido por el Congreso. “No podemos permitir que el Congreso elija
al nuevo presidente”, dijo Bezerra, recordando que más de la mitad de
los senadores y diputados están siendo investigados por la Justicia.
Andrea Martínez
Brasil presenta la mayor cifra de muertes en conflictos agrarios
15
dic. Por Brasil de Fato* – Entre enero y noviembre de 2016 se
registraron 54 homicidios provocados por disputas de tierras en Brasil,
superando los 50 muertos en el 2015, según el levantamiento realizado
por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Con este índice el año 2016
es el más violento desde el 2003, cuando fueron registradas 71 muertes
en el campo.
El estado más violento, Rondônia, situado en el Norte de Brasil, sumó
17 homicidios. Maranhão, estado del Nordeste, quedó en el segundo lugar
del ranking, con 12 muertes, seguido de Pará, también del Norte, con
seis. Rúben Siqueira, de la coordinación nacional de la CPT, indicó que
desde hace cuatro años ya se verifica el incremento de homicidios, y que
estos se concentran en la región Amazónica, “la niña de los ojos del
mercado mundial”. Según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, o sea,
la valorización de las tierras como activo económico, y la creación del
programa Tierra Legal, creado por el gobierno federal para regularizar
tierras en la Amazonía, son determinantes para entender la
intensificación de los conflictos. “Hay una corrida por obtener esas
tierras como futuras inversiones o como una posibilidad de conseguir su
legalización a precios muy bajos”, dijo. Para la defensora Ilemara Sesquin Lopes, del Núcleo de Conflictos
Agrarios de la Defensoría Pública del Estado de Rondônia, el crecimiento
de la violencia en el campo en el estado (que continua en entre los más
violentos) está relacionado a los retrocesos de las políticas públicas
del gobierno federal, ya que la mayoría de los conflictos está en áreas
de la Unión y que le compete al Instituto de Colonización y Reforma
Agraria (Incra). Según la defensora, el Estado intervino de forma más incisiva en la
región después de los grandes conflictos en el 2003, a través de la
creación de la Defensoría Agraria, que fue extinta el 25 de noviembre. “Hubo muchos cambios en el directorio del Incra. Algunos programas
que estaban evolucionando, de repente, retrocedieron. Desde hace algún
tiempo que ya no hay tanta participación del gobierno federal en las
cuestiones agrarias del Estado. Es natural que, con eso, la situación
vuelva a ser lo que era en el pasado”, analizó. Siqueira observa con preocupación la “desinstitucionalización del
país”. Según afirmó, la disolución de secretarías ligadas a la reforma
agraria y a la agricultura familiar en la Casa Civil y la extinción de
la Defensoría Agraria, el día 25 de noviembre, sólo agravan el cuadro de
violencia. Falta de protección Entre los homicidios contabilizados por la CPT en Rondônia, está el
asesinato del matrimonio Edilene Mateus Porto, de 32 años, e Isaque Dias
Ferrira, de 34, en septiembre de este año. La muerte de los líderes de
la Liga Campesina fueron anunciadas unos años antes de lo ocurrido,
cuando ella registró una denuncia informando a la Policía Militar que
había hombres armados rodeando el Campamento 10 de Mayo, donde vivían. Ilemara Sesquin Lopes reiteró la falta de programas específicos para
la protección de víctimas y testigos de violencia y defensores de
derechos humanos en el Estado. “La mayoría de las muertes son
anunciadas. Las personas son amenazadas por grandes propietarios rurales
y otras personas que tienen intereses en la situación, sólo que
poquísimas cosas son hechas en este ámbito”, dijo. A finales de agosto, el gobierno del estado creó, a través de la Ley
n°3889, el Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados
del Estado de Rondônia (Provitas-RO), que busca dar protección a las
personas que están siendo coaccionadas o expuestas a graves amenazas, lo
que están colaborando con investigaciones o procesos criminales. Brasil de Fato cuestionó, por correo electrónico, al Consejo del
Estado de Defensa de los Derechos Humanos sobre la cantidad de personas
que ya integran el Provita-RO, pero hasta el cierre de esta nota no se
obtuvo respuestas. Siqueira afirmó que medidas paliativas son pensadas cuando las
muertes son notificadas fuera del estado, inclusive internacionalmente.
“Ninguna medida es estructural, en sentido de atacar las causas de la
situación. Lo que tiene que ser realizada es una reforma agraria
verdadera y sacar a los ilegítimos pretendientes”, dijo. Impunidad La impunidad complementa el “caldo de cultivo” del aumento de los
conflictos. “Casos que no van a juicio señalizan que la tierra no tiene
ley, ni dueño”, declaró Siqueira. Otro levantamiento realizado por la CPT, del año 2015, apunta que, en
los últimos 30 años, apenas el 10% de los casos que fueron a la
Justicia fueron juzgados. De los 1.270 casos de homicidio registrados en
este periodo, apenas 108 tuvieron una conclusión en el Poder Judicial y
solamente 28 autores intelectuales y 86 ejecutores fueron condenados
por los crímenes cometidos. Sesquin afirma que la situación es resultado de una policía sometida
al poder político de los latifundistas de la región. Además, “no hay
estructura para enfrentarlos”. “El contingente es pequeño. Las
comisarías no tienen estructura para investigar, y los crímenes, tan
graves, se miden con la misma vara que los otros”, evaluó la defensora. La Defensoría cumple el papel de intermediación de ocupantes de
tierras y los supuestos dueños de las áreas, y está al frente de las
negociaciones con los gobiernos locales y federales. Sin embargo,
Sesquin alega que la atención de los órganos es “bien limitada”. En
Rondônia, son apenas dos defensores públicos agrarios, lo que es poco
para el tamaño del estado, según ella. “Conseguimos atender poquísima gente. Pero actuamos intentando hacer
la mediación de los conflictos, generalmente para evitar que haya
intervenciones de la policía de forma agresiva en las reintegraciones de
pose”, afirmó. Repercusión En una nota, movimientos populares y entidades repudian las graves
violaciones de derechos humanos en conflictos por la tierra ocurridos en
el estado. “En el último período, la criminalización y el exterminio se
tornaran regla, colocando al estado [Rondônia] como el primero del país
en asesinatos a líderes de movimientos sociales campesinos de lucha por
el derecho a la tierra”, dice un trecho del texto. En el año 2015, de los 50 asesinatos ocurridos en conflictos
agrarios, 47 fueron en la Amazonia; Rondônia es el estado con más casos:
fueron 20 personas asesinadas entre indígenas, quilombolas, ocupantes,
sin-tierra, ambientalistas, trabajadores rurales, y líderes. La región contó con 30 de los 59 intentos de asesinato, 93 de las 144
amenazas de muerte, 66 de los 80 campesinos presos y 20.000.853 de los
21.374.544 hectáreas en conflicto. Entre los principales conflictos están aquellos vividos por las
comunidades afectadas por diques e hidroeléctricas; la tensión con los
terratenientes, oriunda del problema de la propiedad de las tierras
públicas; conflictos provenientes de la inexistencia de implementación
de las Reservas; y los que afectan pueblos indígenas y quilombolas, que
sufren con el desguace del Incra. El Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH)
encaminó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 24 de
octubre, un pedido de acción urgente para que el gobierno de Brasil y,
específicamente, el gobierno del estado de Rondônia, tome medidas
inmediatas para el cese de la violencia en curso y que impida que nuevas
violaciones sucedan. BdF DM/15/11/16/7:00 *Brasil de Fato -BdF-es un portal de
noticias orientado a cubrir procesos políticos, sociales, económicos y
culturales, a partir de una visión popular de Brasil y del mundo. Nota
original: https://www.brasildefato.com.br/2016/12/08/el-numero-de-muertes-en-conflictos-agrarios-en-brasil-es-el-mayor-en-13-anos/
EE.UU.: El club de millonarios del Gobierno Trump acumula una fortuna de 4.500 millones de dólares
El cálculo, realizado por la revista 'Forbes', no incluye el patrimonio del presidente, que se estima en 3.700 millones
El
presidente electo de EEUU, Donald Trump, junto a su jefa de campaña,
Kellyanne Conway, en Manhattan (Nueva York), en una imagen de archivo.
EFE -PÚBLICO - Publicado: 22.12.2016 17:52
NUEVA YORK.- Los miembros del Gabinete nombrados hasta el momento por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, acumulan una fortuna de unos 4.500 millones de dólares, según un cálculo publicado este jueves por la revista Forbes.
Esa
cantidad no incluye ni el patrimonio del propio Trump, que la
publicación estima en 3.700 millones de dólares, ni el de otros de sus
nombramientos al margen del Gabinete, entre los que hay multimillonarios
como el próximo secretario del Ejército, Vincent Viola, o el
subsecretario de Comercio, Todd Ricketts.
La riqueza del equipo de Trump es un 60% superior a la del actual Gabinete de Barack Obama
Según Forbes, dentro del equipo de Gobierno de Trump el más rico es el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con una fortuna de unos 2.500 millones de dólares
tras una carrera especializada en el rescate de empresas en quiebra del
sector manufacturero. Tras él figura la secretaria de Educación, Betsy
DeVos, parte de la familia propietaria de la multinacional Amway y que
dispone de unos 1.250 millones de dólares.
El próximo secretario
de Estado, el petrolero Rex Tillerson, tienen una fortuna de 325
millones de dólares; mientras que la del que será secretario del Tesoro,
Steve Mnuchin, es de unos 300 millones, siempre según Forbes. La
revista estima que sólo dos miembros del Gabinete, el vicepresidente
Mike Pence y el responsable de Interior Ryan Zinke, tienen un patrimonio
inferior al millón de dólares, aunque están muy cerca de esa cifra con
800.000 dólares. En conjunto, la riqueza del equipo de Trump es
un 60% superior a la del actual Gabinete de Barack Obama, a pesar de que
aún quedan dos puestos por designar. Los componentes del Gobierno de Obama acumulan un patrimonio de unos 2.750 millones, gracias principalmente a la secretaria de Comercio y heredera de los hoteles Hyatt, Penny Pritzker, y sus 2.500 millones de dólares. Según
cálculos de algunos medios, en conjunto, los altos cargos nombrados
hasta ahora por Trump, dentro y fuera de su Gabinete, acumulan una
fortuna de más de 10.000 millones de dólares.
Keiser Report en español: "O darán un golpe contra Trump, o están planeando su asesinato"
En este episodio de Keiser Report desde
Pensacola, en Florida, Max y Stacy hablan de cómo florecen en los medios
la xenofobia y las teorías de la conspiración de Keith Olbermann.
Además, comentan las últimas adquisiciones de oro de Rusia. En la
segunda parte Max entrevista al exasesor del secretario del Tesoro de
Reagan, Paul Craig Roberts, sobre el intento de golpe de Estado contra
Trump en el colegio electoral y las diferencias entre la Guerra Fría de
antaño y la de hogaño.
Diversos
analistas de "los medios dominantes, los medios del cinturón
industrial, los demócratas y los liberales" definen a los rusos como
"escoria". A partir de esto Max y Stacey analizaron las teorías
conspirativas que se han elaborado sobre Rusia y la victoria de Donald Trump. "Se
llama xenofobia. Cuando alguien está en contra de una nacionalidad
concreta, se dice que es un xenófobo", apuntó Stacey. Asimismo "esa guerra de los memescontra
Rusia en la que se han embarcado algunos personajes de lo que en su
momento fueron los medios dominantes es una vergüenza", completó Max. Para Stacey si Putin "era consciente de que hackear los
correos electrónicos del partido demócrata supondría la derrota en las
elecciones de una de las candidatas más chifladas de la historia de la
democracia estadounidense, entonces me quito el sombrero ante él". Pero
al mismo tiempo señaló que cuando la NBC dio esa supuesta información
"nada más soltar la bomba, pasaron a la siguiente noticia, como si lo
que acababan de decir no tuviera la más mínima relevancia". Lo que les
pasa es que, "como están obsesionados con las noticias falsas,
ellos mismos han acabado publicando una. Pero con su comportamiento han
demostrado que ni ellos mismos se creen su propia mentira".
El oro de Moscú
Por otra parte los conductores de Keiser Report analizaron la compra de oro que acaba de hacer Rusia, que es la más grande desde 1998. "Si Rusia está comprando tanto oro, es porque está segura de que el sistema de las divisas fiat acabará por desplomarse",
explicó Max. Sin embargo "Occidente, Estados Unidos y Wall Street
siguen inundando el mercado de contratos de papel moneda ficticios, con
el objetivo de suprimirlo", añadió. "Ahí es donde se está librando
la batalla en este momento; en la trinchera de los metales preciosos y
las divisas fiat", puntualizó.
¿Golpe de Estado a Trump?
En la segunda parte del programa Max entrevistó a Paul Craig Roberts,
exasesor del secretario del Tesoro de Ronald Reagan y titular de uno de
los medios online de la llamada "derecha alternativa" que apoyó a
Donald Trump en las elecciones. "Creo que lo que intentan algunos es
acabar con la independencia de los medios online para seguir controlando
las explicaciones que se le dan a la opinión pública", disparó Roberts.
Pero aclaró que "contra quien está dirigida la campaña" no es contra
esos medios, "sino contra Trump". Desde su perspectiva, detrás de
todo esto están "la oligarquía que gobierna Estados Unidos, los seis
poderosos grupos de interés privado, el complejo militar y de seguridad,
Wall Street, los grandes bancos y el lobby israelí". Ahora "lo
importante" para el complejo militar-industrial es "tener un gran
enemigo: primero, durante la Guerra Fría, fue la Unión Soviética. El
problema es que cuando Reagan y Gorbachov pusieron fin a la Guerra Fría y
se produjo el desmembramiento de la Unión Soviética, el complejo se
quedó sin enemigo; por eso tuvo que crear la amenaza islámica". Sin embargo, con la "caída" de la amenaza musulmán tras la muerte de Bin Laden "han tenido que recrear la amenaza rusa",
señaló Roberts. Es que "el poder se ha dado cuenta de que, si no puede
controlar la mente de la ciudadanía, no puede sacar adelante sus
planes". Por eso "el objetivo principal del poder es Trump, a quien
intentan impedir que llegue a la presidencia". Finalmente opinó
que "en ningún país de Occidente hay democracia como tal" y que los
grandes poderes "van muy en serio; o están convencidos del éxito del
golpe contra Trump, o es que están planeando su asesinato".
Trump escoge a militar ligado a la Escuela de las Américas a cargo de construcción del muro con México
John Kelly será el nuevo secretario de Seguridad Nacional de
Estados Unidos. Ex jefe del Comando Sur, desde donde tuvo un importante
puesto en la escuela formadora de militares de donde egresó Manuel
Contreras, tendrá la misión de construir el muro con México y frenar la
inmigración ilegal. Por eldesconcierto.cl@eldesconcierto
/ wikimedia
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump avanza en un gabinete cada vez más militarizado. Su último nombramiento es el general en retiro John Kelly
para el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
que se suman a Michael Flynn como asesor en seguridad nacional y James
Mattis en la conducción del Departamento de Defensa.
“Las décadas de servicio militar del general John Kelly y su profundo
compromiso con la lucha contra la amenaza del terrorismo dentro de
nuestras fronteras lo convierte en la opción ideal para servir como
nuestro secretario del Departamento de Seguridad Interior”, dijo Trump
en un comunicado. La principal misión de Kelly será “la urgente misión de frenar la inmigración ilegal” y garantizar la seguridad de las fronteras. Desde este puesto tendrá la misión de la construcción del muro en la frontera con México y la deportación masiva de inmigrantes no regularizados. Calificado como “dogmático” y “testarudo”, Kelly estuvo hasta enero
pasado al frente del Mando Sur estadounidense, que supervisa las
operaciones militares en América Central y Sudamérica. Desde ese puesto
fue jefe de la base de Guantánamo. Esta misma cárcel fue defendida a
ultranza por Kelly, opositor a la promesa de Barack Obama de cerrar la
base. “No hay inocentes ahí”, dijo el ex marine, a favor de aplicar
métodos de tortura a presos y en contra de la inclusión de mujeres en
las Fuerzas Armadas. En 2010 lideró la invasión estadounidense a Irak y en 2014, acusó a
que grupos usan traficantes de seres humanos “con la intención de causar
grave daño a los ciudadanos o incluso traer armas de destrucción masiva
en Estados Unidos. Pero otra parte polémica de su historial es ser parte de la Escuela de las Américas,
la institución con que Estados Unidos formó a cientos de militares de
América Latina. Los chilenos y ex jefes de la DINA Manuel Contreras y
Raúl Iturriaga Neumann y el ex dictador argentino Jorge Videla aparecen
entre sus egresados. Desde su cargo en el Comando Sur, John Kelly fue parte de un consejo
especial, encargado de revisar el currículum y regulaciones legales de
la Escuela de las Américas. En 2014, Kelly dio su testimonio ante el Congreso en
que dio cuenta cómo Estados Unidos forma a militares colombianos para
que estos instruyan a los de otros países y así evitan las restricciones
de la Ley Leahy, que prohíbe la asistencia de Estados Unidos a unidades
involucradas en violaciones de derechos humanos. “Pedimos al ejército
colombiano a ir a otro lugar y entrenar a los mexicanos, los hondureños,
los guatemaltecos, los panameños (…) Lo lindo de tener Colombia, son
tan buenos socios especialmente en el ámbito militar,… en el lado
militar, yo estoy restringido para trabajar con muchos de estos países
por las limitaciones que realmente son basadas en pecados del pasado”,
dijo. Al ser nombrado por Trump, dijo que el “pueblo estadounidense votó en
esta elección para detener el terrorismo, recuperar la soberanía sobre
nuestras fronteras y poner fin a la corrección política que durante
demasiado tiempo ha dictado nuestro enfoque de seguridad nacional. Yo
haré frente a esos problemas con seriedad de propósito y un profundo
respeto por nuestras leyes y Constitución”.
El legado desastroso que deja Obama a Donald Trump
Por: Vicky Peláez | | APORREA
Poco antes del día de las elecciones, las palabras del hoy
electo presidente Donald Trump declarando que al futuro presidente le
espera una titánica tarea para hacer una "América Grande como antes", y
"restaurar sobre todo la honestidad y responsabilidad en Washington",
muestra claramente el estado deplorable económico y político del país
que deja Barack Obama después de ocho años de Presidencia. La guerra significa prosperidad y la paz significa la pobreza y el estancamiento económico
(Tyler Cowen, economista norteamericano)
La presunción de Obama de "haber salvado la economía global y nacional
de la Gran Depresión, lo que ha sido bastante bueno y de lo que me
siento orgulloso", no ha impresionado hasta ahora a ningún economista.
Según el reportero político y económico norteamericano, Edmund Kozak,
"en términos de crecimiento económico, Barack Obama ha sido uno de los
peores presidentes de Estados Unidos". Inclusive el mediocre crecimiento
ha dependido de los altos precios del petróleo. El crecimiento
económico nunca ha excedido un 2,5%. En los primeros tres meses de 2016,
el Producto Interno Bruto (PIB) registró un 0,5% y para el primero de
octubre alcanzó apenas el 1,2%.
Declarar en estas condiciones, como lo hizo hace poco Obama en la
Universidad de Howard, que "nuestra economía se recuperó de la crisis
mucho mejor y con mayor solidez que el resto de las economías en el
mundo", es no ver la realidad que está atravesando su país actualmente.
De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics, el índice de la
Participación Laboral en 2008 era del 66% mientras que en el 2016 bajó
al 62,8%. Esto significa, como divulgó US-CNS, que de la mano de obra
disponible total de 251 millones de personas, solamente 157 millones
tienen trabajo, mientras que más de 94 millones están desocupados y un
40% de ellos no está laborando desde hace más de dos años.
El número de norteamericanos que sobrevive gracias a los cupones de
comida aumentó en los ocho años de la presidencia de Obama de 33 a 46
millones de personas, lo que significa un incremento del 39,5%, de
acuerdo con el Buró de las Estadísticas de Análisis Económico. Sin
embargo, un informe de CNSNEWS eleva este número a los 101 millones de
dependientes El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el año
pasado que un 25% de las familias estadounidenses recibe alguna ayuda
federal, mientras que en los últimos años de la Presidencia de George W.
Bush (2001-2009) había solamente un 6% de este tipo de familias. El
número de pobres se incrementó también durante la Presidencia de Obama
un 3,8% hasta los 45 millones de habitantes. Pero, "la pobreza", como
escribió el columnista de The New York Times, David Brooks, "es problema
de los pobres, que no poseen la virtud normal de la clase media ni un
código moral decente".
Sin embargo, los norteamericanos también están acostumbrándose a decir
adiós a la clase media de la cual estaban orgullosos en el siglo XX,
especialmente en los años del 'boom económico' después de la Segunda
Guerra Mundial. Se calcula que una familia de cuatro miembros necesita
tener unos ingresos de no menos de 40.000 dólares al año para estar en
esta categoría. Según el Buró del Censo de la Parece que Barack Obama y
sus asesores no quieren ver estos problemas, el presidente se atrevió a
declarar el pasado 5 de febrero durante una conferencia de prensa en la
Casa Blanca, que Estados Unidos puede estar orgulloso de su economía
debido al crecimiento de los ingresos, de los puestos de trabajo, al
precio más bajo del petróleo y al mejoramiento del sistema del Seguro
Médico. La misma estadística oficial está desmintiendo al líder saliente
del país. Resulta que el ingreso familiar disminuyó en estos ocho años
un 3,8%. El único empleo que aumentó es en el sector gubernamental,
donde actualmente laboran más de 22 millones de norteamericanos,
mientras que el sector industrial decreció notablemente a 12 millones de
trabajadores. El porcentaje de familias donde nadie trabaja aumentó
también del 17,8 en 2008 al 19,7% al final del 2015.
Respecto al estado del sistema de salud, lo más relevante sería la
situación de los veteranos militares, cuyo número llega a más de 22
millones. Se calcula que unos dos millones de militares rotaron durante
las guerras en Irak y Afganistán, y de ellos unos 600.000 sufren del
Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD). Según el Departamento de
Veteranos, la lista de espera para ser atendidos en los hospitales del
departamento para pacientes con el PTSD es de seis meses y para los ex
militares en general es de 30 días. Si a los defensores de la patria los
atienden de esta manera entonces, ni qué hablar de los ciudadanos
corrientes.
En realidad, Estados Unidos está en un proceso de desmantelamiento de un
estado de bienestar y la formación de un estado policial, donde cada
ciudadano está en la mira de la Agencia de Seguridad Nacional (ANS) de
lo que tanto ha informado WikiLeaks. Todo esto se está realizando bajo
la consigna de Obama que reza: "No se puede tener el cien por cien de
privacidad y el cien por cien de seguridad simultáneamente". Los
pretextos para crear un ambiente de inseguridad si no existen, se
inventan, también se crean permanentemente todo tipo de situaciones para
desviar la atención pública de los acontecimientos reales. Barack Obama
en este contexto ha sido muy prolífico debido a sus asesores
neoliberales 'iluminados'. Como decía el escritor y filósofo británico
Aldous Huxley (1894-1963), "la ignorancia es un arma política y el
placer es una forma de control".
El 1% de los más ricos y poderosos encargó la tarea de 'zombificar' a
los norteamericanos a las seis corporaciones de medios de comunicación
cuyos 282 ejecutivos están determinando lo que el 92% norteamericanos
deben saber para mantenerlos desinformados y que no perturben la agenda
nacional e internacional de las élites, quienes realmente gobiernan
Estados Unidos. Al presidente se le designa el rol de ejecutor de la
voluntad del 1%. Barack Obama no ha defraudado las esperanzas de los más
ricos y poderosos y no cabe duda de que al expirar su mandato tendrá
una suculenta recompensa financiera, tal y como están disfrutando
actualmente Bill y Hillary Clinton, ellos disponen de 2.000 millones de
dólares de la Fundación Clinton. Bill recibió un millón de dólares de
regalo de Qatar en el día de su cumpleaños, entre otros muchos
obsequios.
A los ricos y poderosos no les preocupan las declaraciones de muchos
estudiosos de tendencia alternativa indicando que Norteamérica está en
un proceso de decadencia y posible desintegración al estilo de la Unión
Soviética, pues los dueños de Norteamérica saben que el mundo está bajo
el dominio del dólar. Mientras el 80% del comercio mundial se realiza en
dólares, el 40% de los pagos internacionales se efectúa también en
dólares y el 65% de las reservas de divisas a nivel mundial utilizan la
moneda norteamericana, la hegemonía de Washington seguirá prácticamente
intacta.
A la élite tampoco le preocupa el crecimiento de la deuda nacional, que
en los ocho años de Presidencia de Obama aumentó de 10,6 a 19,8 millones
de millones de dólares. Lo equivalente al 77,2% del Producto Interno
Bruto (PIB) y en 10 años alcanzará el 85,8% del PIB. La deuda
correspondiente al 2016 está superando todo el valor físico combinado de
todas las divisas del mundo, que asciende a 5.000.000 de millones de
dólares, sumando el valor del oro del mundo, que es de 7.700.000 de
millones de dólares y la plata valorada en 20.000 millones de dólares.
Pero mientras la máquina de imprimir dólares está en Estados Unidos y
bien aceitada, Washington está moviendo su agenda de dominio global sin
ninguna preocupación
Europa se ha convertido en su seguro servidor y atenta a cada gesto de
su patrón, lo que la está debilitando día a día con la anuencia de su
población también 'zombificada'. América Latina está retornando
paulatinamente a su ya histórico lugar en el 'patio trasero' por
voluntad de sus habitantes. Al igual que los norteamericanos, están
perdiendo el sentido colectivo, que es reemplazado, sin que los
habitantes del planeta se den cuenta, por los intereses individuales.
Los habitantes de Estados Unidos pueden tener 300 millones de armas,
pero para qué sirven si sus dueños están preparados para defender no sus
derechos e intereses colectivos sino sus derechos individuales, y
después ni saben qué hacer con su armamento.
Washington dispone de toda la información a través de sus 17 agencias de
inteligencia para neutralizar cualquier brote de descontento o rebelión
con anticipación. A la vez, permite los brotes de descontento por el
asesinato frecuente de algún afroamericano, esto es como un desfogue
racial después del cual, en pocos días, la calma retorna a su lugar. Tan
rápido como aparecen los líderes que tienen la capacidad de mover a la
multitud descontenta, también ellos 'desaparecen', a una velocidad
inclusive más rápida. El sistema del 1% sabe protegerse y utilizar
cualquier descontento para sus intereses con la ayuda de los medios de
comunicación a su disposición.
A nivel internacional, Obama está dejando al próximo presidente Donald
Trump siete guerras, el caos en el Oriente Próximo y África,
confrontación verbal con Rusia y el aumento de tensiones con China. Todo
esto tendrá que resolver Donald Trump, que en su primera invocación a
los norteamericanos después de ser elegido como el nuevo líder de EEUU
para los próximos años afirmó que: "Estamos a favor de la cooperación y
no de los conflictos. Vamos a poner en primer lugar los intereses de
Estados Unidos, vamos a ser honestos con todo el mundo, con todos los
pueblos y naciones". También prometió a sus ciudadanos que "los hombres
olvidados jamás volverán a ser olvidados. Nos uniremos como nunca lo
hemos estado antes".
Las promesas de Trump dan una esperanza tanto a los estadounidenses como
a todos los pobladores de nuestro planeta que están cansados de guerras
y conflictos desatados por EEUU en todos los rincones del mundo y están
anhelando la paz. Sin embargo, no hay que olvidar que Trump fue apoyado
también por una parte de la élite globalizada para que siga su agenda
de expansión del Imperio norteamericano. El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, ya mandó su mensaje a Donald Trump haciéndole
recordar que "una OTAN fuerte es buena para Estados Unidos y buena para
Europa". Eso quiere decir que los militares, tanto norteamericanos como
europeos, están insinuándole que la política agresiva contra Rusia
tendría que seguir su curso y que Rusia debería ser considerada como un
país 'enemigo' de Occidente.
Lo que pasa es que los miembros de la OTAN están preocupados por el
recorte de la aportación de Norteamérica a su presupuesto, que llega al
72%. Si Trump decide cumplir su promesa de hacer las paces con Rusia y
cooperar en la tarea común de destruir el Estado Islámico y otras
organizaciones terroristas afines, no se necesitaría una OTAN
fuertemente armada, pues el único 'enemigo' de la Unión Europea,
artificialmente creado por los globalizadores 'iluminados', se
convertiría en su aliado. Para hacer cumplir su promesa de dejar las
guerras y tomar el camino de la cooperación, Donald Trump tendría que
enfrentarse al complejo militar-industrial, al financiero, al energético
y al mediático, o lograr compromisos con ellos, además de con Israel.
Este país dio apoyo al candidato republicano en su campaña electoral y
habrá que ver cómo evolucionan las relaciones de Norteamérica con Irán
teniendo en cuenta que Israel considera al país persa su enemigo.
Por el momento nadie sabe si Donald Trump logrará imponer su Contrato
con los Votantes Norteamericanos a las élites, ni que sea parcialmente.
Hay dudas, pero al mismo tiempo hay esperanza. Decía el líder
afroamericano Martin Luther King que "Si supiera que el mundo se acaba
mañana, yo, todavía plantaría un árbol".
Más: https://mundo.sputniknews.com/firmas/201611101064733185-lo-que-deja-obama-a-trump/
ARGENTINA
En 2016 se duplicaron las huelgas y los despidos se multiplicaron por siete
La conflictividad laboral, aunque dispersa, logró ponerle un freno
al ajuste que pregonó el gobierno. Los paros pudieron perforar el techo
del 25% de aumento que estipuló el Ejecutivo. Igual se perdió casi un
10% de poder adquisitivo.
Alfonso de Villalobos > @alfondevil
Sábado 17 de Diciembre de 2016
El año que termina se destacó por una fuerte conflictividad en
el mercado laboral. Así lo demuestra, entre otros estudios, el
relevamiento que en forma sistemática realiza la consultora Tendencias
Económicas desde 1986. En lo que se refiere a las huelgas, o a los
obreros involucrados en las mismas, que es lo que mide el índice que
releva la consultora, se duplicaron con relación al promedio mensual del
año 2015. Así, hasta noviembre 2,5 millones de trabajadores pararon
mensualmente cuando en 2015 habían sido 1,2 millones y, en 2014, 1,6
millones. El año que en la serie mostró el promedio más alto de
huelguistas fue 2001 cuando por mes pararon, al menos un día, 5 millones
de trabajadores. Aquel año, claro, las centrales sindicales organizaron
cinco huelgas generales contra el gobierno de De la Rúa mientras que,
durante 2016, a pesar de varios amagues, las centrales no convocaron
medida alguna con ese alcance. Según José Luis Blanco, director de
Tendencias Económicas y Financieras, “los paros y medidas de fuerza que
se tomaron durante el año se explican más por reclamos salariales que
por despidos a pesar de que estos superaron los 185 mil”. El motivo,
según el analista, es “porque, con excepciones, no hubo cesantías
masivas sino muchos despidos puntuales. Eso no generó medidas de fuerza
colectivas, de hecho, en general, los despidos no se pudieron revertir
con acciones gremiales mientras que las huelgas sí sirvieron para
modificar los acuerdos salariales”. Del mismo informe surge que el
promedio mensual de despidos fue 7,1 veces más alto que durante 2015,
llegando a 17 mil con un pico de 66 mil en el mes de febrero y 41 mil en
enero. El promedio mensual de 2015 había sido de 2650 y en 2014 poco
más de 3000. El único año que lo superó en promedio fue 2002 con 40 mil
cesantías por mes. Las suspensiones mensuales, sin embargo,
crecieron solo un 65% con relación al promedio del año anterior ya que
alcanzaron a 13 mil obreros por mes contra 7,7 mil en 2015. Sin embargo,
en lo que se refiere a la comparación con el promedio base de 1986 la
diferencia es más pronunciada incluso que la de los despidos. Es que, en
2015, las suspensiones también fueron un mecanismo del que se valieron
las empresas para desestimular cesantías con el aval del gobierno que,
en un contexto electoral, intervino directamente ofreciendo paliativos
como los Repro. El año con mayor número de empleados suspendidos por mes
que muestra la serie es 2001 con poco más de 19 mil. Para Luis
Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma,
“lo principal no fue el aumento de los conflictos sino de su intensidad
y duración. En el sector público provincial hubo conflictos que duraron
todo el año como en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la provincia de
Buenos Aires”. Sobre el contenido de los mismos opinó que “en el
sector público se notó un fuerte componente salarial pero en el privado
los motivos están asociados a situaciones de crisis como cierres,
quiebras o despidos masivos. Hay que aclarar que, con una inflación del
40% y paritarias del 30%, el conflicto no es por aumento salarial sino
para evitar una caída. Eso refleja que, en el fondo, también se trata de
una situación de crisis”. Para Blanco, “los cálculos de la
pérdida salarial se quedan cortos. Los precios subieron un 39% y el
salario un 33%. Pero a ese 6% hay que agregarle un montón de gente que
estuvo suspendida, cobrando el 75% del salario”. Para Campos, “la
conflictividad le puso un límite al ajuste que pretendía imponer el
gobierno. Es cierto que hubo una pérdida del poder adquisitivo de
alrededor del 8% pero el gobierno buscaba que las paritarias se acotaran
al 25% y no pudieron hacerlo, en gran medida, por la respuesta
sindical. Algunos gremios terminaron cerrando por más del 40 por ciento. La contracara: más persecución gremial y judicial Según
el Observatorio del Derecho Social de CTA, un elemento que también se
destaca de este año son las crecientes "prácticas anti sindicales"
provenientes del poder político y judicial y de las propias patronales.
Sólo durante el tercer trimestre del año se registraron más de dos
decenas de detenciones de dirigentes sindicales y activistas con
epicentro en los Ingenios azucareros de Jujuy y Salta, de dirigentes de
UTA también en Salta (que ya llevan tres meses de prisión) y en la línea
60 de CABA, de UPCN en Neuquén y de ATE en Río Negro que se suman a los
procesos contra los dirigentes docentes y estatales de Tierra del
Fuego. Además han registrado fuertes represiones de las fuerzas de
seguridad a las protestas así como ataques de "grupos represivos
anónimos" entre los que incluyen la patota que atacó la redacción de
este diario. Además, registraron una serie de multas a los sindicatos
derivadas de acciones gremiales, confecciones de listas negras,
desafueros, despidos de activistas y delegados sindicales. También han
crecido las tendencias de las patronales a no acatar fallos de
reinstalación de delegados y activistas. Según Luis Campos, del
Observatorio, "no es algo nuevo pero destacamos la existencia de
numerosos hechos de represión y criminalización de la protesta social
ligada a hechos sindicales y, en particular, la apertura de causas. No
parece haber una directriz nacional, pero el año empezó con el protocolo
anti piquete y con el fallo Orellano de la Corte que busca limitar el
derecho a huelga. Son señales claras. Un dirigente de Salta nos dijo "no
es la primera vez que la policía nos vienen a reprimir pero ahora
vienen con una sonrisa", ejemplificó.
'El Argentinazo' de 2001: RT analiza la crisis que cambiaría a Argentina 15 años después
La crisis del 19 y 20 de diciembre en el
país suramericano precipitó el fracaso del modelo económico de ese
entonces y abrió paso al nacimiento de una nueva forma de manifestación
popular.
Este
mes se cumplen 15 años desde que en Argentina estallase la crisis del
2001, conocida como 'el Argentinazo' y que cambiaría por completo el
rumbo del país. Nuestro corresponsal Ricardo Romero analizó el antes y
el después de aquellas jornadas que reflejaron el agotamiento de una
forma de gobernar.
'El Argentinazo' de 2001: RT analiza la crisis que cambiaría a Argentina 15 años después
https://youtu.be/YPQMYXYh-Qc
El fracaso de un modelo económico
La
crisis de aquel 19 y 20 de diciembre fue la consecuencia de una serie de
medidas tomadas por el gobierno de Fernando De la Rúa que llevaron a
confiscar los depósitos bancarios y a limitar las extracciones en las
terminales automáticas. Esto precipitó el fracaso de un modelo de
economía dolarizada de principios de la década de 1990 y potenció una
revuelta popular en Buenos Aires y otras ciudades del país. Al
respecto, Walter Isaia, autor del libro '2001. Relatos de la crisis que
cambió a la Argentina', asegura que aquello marcó el "quiebre del orden neoliberal
establecido hasta ese momento". Por su parte, Raúl Dellatorre,
periodista económico, afirma que el fenómeno hizo que Argentina "se
descolocara absolutamente" y provocara mayor desempleo y un
endeudamiento explosivo que "estalló" en todo el sistema financiero.
El pueblo se levanta
En los días previos, se registraron saqueos a supermercados
y todas las clases sociales de Argentina sufrieron en mayor o menor
medida una pérdida del poder adquisitivo, comenzaron las protestas y fue
declarado el estado de sitio. "La gente respondió saliendo a la calle,
un desafío claro a la autoridad del Gobierno", expresa un ciudadano
argentino que aún recuerda lo sucedido.
Dolorosas consecuencias
La
respuesta de la Policía Federal a las concentraciones en las calles fue
feroz. De acuerdo a las investigaciones de la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional argentina (CORREPI), 38 personas murieron, nueve
de ellas menores de edad. Pese a que ocho policías y un exsecretario de
Estado fueron condenados por los homicidios, ninguno se encuentra
actualmente en la cárcel. La consecuencia política fue la renuncia
del presidente De la Rúa y la sucesión de cuatro jefes de Estado. La
consecuencia social es el recuerdo en todos los rincones del país de 48
horas que terminaron con una gestión de gobierno pero principalmente
significó para el país el final de un modelo liberal y el nacimiento de
una nueva forma de manifestación popular.
21 de diciembre de 2016 Pagina12 | El país | Persecución a Milagro Sala Un grupo de legisladores y dirigentes quiso ingresar a la audiencia y la policía lo impidió violentamente Represión a diputados antes de la sentencia a Milagro Sala
La diputada Mayra Mendoza fue golpeada y tomada por el cuello por un policía. (Imagen: Télam) En
el cierre del primer juicio impulsado por el gobernador Gerardo Morales
contra la dirigente social Milagro Sala, la policía impidió
violentamente el ingreso de un grupo de diputados y dirigentes que
habían presentado un pedido para presenciar la audiencia.
La diputada Mendoza, tras ser agredida.
(Imagen: Télam)
Entre
los agredidos por la policía jujeña estuvieron la diputada nacional del
Frente para la Victoria Mayra Mendoza, el legislador porteño Carlos
Tomada, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y el metrodelegado Néstor
Segovia, entre otros. Martín Rodríguez, presidente del Concejo
Deliberante de Hurlingham, estuvo más de dos horas detenido.
Senadores y diputados del Frente para la Victoria (FpV) manifestaron su
repudio a la represión que sufrieron legisladores nacionales en Jujuy
cuando intentaban ingresar a la audiencia pública para escuchar la
sentencia en el juicio que afronta Milagro Sala por el escrache a
Gerardo Morales.
Durante la sesión de hoy en el Senado en la que se aprobaron los
cambios en Ganancias, la jujeña Liliana Fellner planteó una cuestión de
privilegio y denunció: "En mi provincia hay represión: hay un concejal
detenido y diputadas nacionales golpeadas en este momento". Por su
parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti también planteó una
cuestión de privilegio contra el gobernador Gerardo Morales, "ante los
graves hechos de represión ocurridos" durante el juicio contra Sala. La santafesina María de los Angeles Sacnun se sumó a los planteos y
manifestó en el recinto que "este gobernador de Jujuy se está arrogando
la suma del poder público: queremos una Navidad sin presos políticos".
"Se está reprimiendo no sólo a legisladores nacionales, lo que no es
solamente repudiable, sino que también al pueblo que se manifiesta",
expresó la legisladora, quien pidió el "pleno funcionamiento de las
instituciones". En defensa de Morales salió la senadora radical por Jujuy Silvia
Giacoppo, quien destacó "el valor y el coraje de iniciar la lucha contra
la corrupción en este país". Sostuvo que los diputados "quisieron
entrar al recinto" donde se desarrollaba el juicio y los acusó de estar
"protegiendo a una mujer corrupta". En tanto, el bloque de diputados nacionales por el FPV-PJ repudió
enérgicamente la represión. "La policía de Jujuy golpeó salvaje y
cobardemente a la diputada nacional Mayra Mendoza, quien junto a otros
compañeros viajó a la provincia que gobierna Gerardo Morales, y detuvo a
Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham",
expresaron en un comunicado.
El final del juicio por los huevazos
Hoy se conocerá la sentencia en la causa por un escrache a Morales en
2009, cuando era senador. A pesar de que está demostrado que la líder
de la Tupac Amaru no estuvo presente cuando el ahora gobernador fue
atacado a huevazos, el Tribunal la considera la organizadora del
escrache y la juzga bajo la figura de amenazas coactivas, con una pena
duplicada de cuatro años. El jueves pasado Sala declaró por esa causa y afirmó que es “víctima
de una persecución política". Ratificó que no participó de esa
manifestación contra el ahora gobernador y que tampoco fue quien la
organizó: “Si la hubiera organizado habría estado al frente”, aseguró.
Represión en Jujuy
La policía provincial le impidió el ingreso a tribunales a la
comitiva que fue en apoyo a la líder de la Tupac Amaru antes de la
sentencia. Mayra Mendoza fue arrojada al piso y Martín Rodríguez estuvo
detenido.
Pablo Roesler, desde Jujuy - Jueves 22 de Diciembre de 2016
Eduardo Sarapura
En la previa a la lectura del veredicto en el juicio contra
Milagro Sala hubo una violenta represión en la puerta de los tribunales.
La policía provincial impidió el ingreso de la comitiva de
legisladores nacionales, provinciales y referentes sindicales y de
Derechos Humanos que había llegado a San Salvador de Jujuy para
participar de la última jornada de audiencias, y frente a la queja
reaccionó de la peor manera: golpeando con palos y escudos. En ese
contexto, la diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV),
Mayra Mendoza, fue tomada del cuello y arrojada al piso. En
tanto, el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín
Rodríguez, fue detenido y trasladado a una comisaría cercana. Luego
de la represión, la diputada Mendoza denunció ante las cámaras de los
medios que se encontraban en el lugar que con la violencia policial “se
violan todas las garantías” para llevar adelante el proceso judicial
contra Sala, y cuestionó la ilegal detención de Rodríguez. La
abogada de la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, Elizabeth
Gómez Alcorta, también se encontraba entre las personas a las que se les
prohibió el ingreso al tribunal y fueron golpeadas por los efectivos
policiales que formaban un cordón detrás del vallado en la calle. El
premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel acompañó a la comitiva de
dirigentes nacionales. En tanto, el diputado provincial jujeño Juan
Manuel Esquivel hizo responsable de la represión al ministro de
Seguridad de la provincia Ekel Meyer. El ex ministro de trabajo y actual
jefe del bloque de FPV en la legislatura porteña, Carlos Tomada, se
quejó de las “restricciones absurdas” a las que fueron sometidos. En
ese sentido, Tomada destacó que antes de la represión habían sido
obligados a esperar “dos horas bajo el rayo del sol a más de una cuadra
de los tribunales”. Finalmente, los jueces autorizaron el
ingreso de los integrantes de la comitiva, quienes podrán escuchar el
veredicto del juicio contra Sala por el "escrache" a Gerardo Morales,
ocurrido en 2009.
URUGUAY
Miércoles 21 • Diciembre • 2016
Abogado defensor de Tróccoli dijo a la Corte que son "historias de hace 40 años" que "ocurrieron en un país lejano"
“Lo que estamos celebrando acá es un juicio que no tenía que
empezar, porque excede las normas de la competencia territorial, viola
las leyes de nuestro proceso penal y tiene fundamento en una lectura
distorsionada de nuestro ordenamiento jurídico. Es un juicio que vuelve a
procesar la historia de manera subrepticia e inapropiada”. En la última
audiencia de debates del juicio sobre el Plan Cóndor en Roma, el
abogado Carlo Zaccagnini, que defiende a los imputados José Nino
Gavazzo, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Juan
Carlos Larcebeau y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su
defensa en torno al concepto de error judicial, y expuso sus
motivaciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma. El jurista argumentó que el lema “la ley es igual para todos”, que
está en la base del ordenamiento jurídico italiano, no fue respetado en
este juicio, porque hubo un impedimento sustancial de contacto entre el
imputado y su defensa a causa de la distancia que separa a Italia de
Uruguay. Zaccagnini utilizó una porción importante del tiempo del que
disponía para confrontar en torno al tema de la ciudadanía de las
víctimas, y analizó la legislación sobre la atribución de la
nacionalidad haciendo referencia a las leyes italianas y uruguayas.
Disertó largamente acerca de esa cuestión y llegó a decir que en la
instrucción del juicio hubo un error fundamental: que las víctimas no
eran italianas, porque las leyes vigentes en la época de los hechos
dicen que “la inscripción en los listados del consulado italiano no
constituye prueba de ciudadanía”. El abogado buscó rebatir también otras
cuestiones jurídicas citando el ne bis in idem, es decir, el
principio jurídico -al que Italia adhiere- por el cual un juez no puede
procesar dos veces al mismo individuo por los mismos hechos. Francesco Guzzo, abogado de Jorge Néstor Tróccoli, tomó la palabra
alrededor del mediodía y habló por un lapso de más de tres horas. Volvió
a trazar la historia de emigración y de regreso a Italia de la familia
de Tróccoli y la figura de su bisabuelo, que atravesó el océano en una
goleta y fue recibido por el entonces rey de Italia. Buscaba subrayar
que Tróccoli es “a todos los efectos, un italiano desde su nacimiento”. Toda la parte más estrictamente defensiva de su alegato final se
centró en la sentencia del Tribunal de Revisión italiano que liberó a
Tróccoli en 2008, tras 22 días de cárcel: “Ese fallo afirma que todo el
material probatorio utilizado para pedir la detención de Tróccoli lo
exculpa, porque nunca el imputado es reconocido como responsable de la
actividad represiva de la que fue acusado. El tribunal de revisión, al
revés de lo que dijo el abogado [Fabio Maria]Galiani [defensor de la
República Oriental del Uruguay y de la parte civil Soledad Dossetti],
hizo una actividad de investigación importante con una retroalimentación
puntual, y puso en libertad a Tróccoli sin medidas restrictivas; él
tiene todavía su pasaporte. [...] El presente juicio no ha añadido nada a
las tesis del Tribunal de Revisión”. Guzzo habló de una construcción, por parte de la Fiscalía y de las
partes civiles, de una estructura que tenía como objetivo crear un
monstruo, un verdugo, cuando en realidad el ex marino no era otra cosa
que “un modesto funcionario de rango inferior que hoy es un jubilado y
vive en una provincia del sur de Italia, lejos de sus hijos y de sus
nietos, sin tener la posibilidad de gozar del afecto de sus seres
queridos”. “Los medios de comunicación han creado un monstruo,
clavándose en su vida privada y personal sin restricción, con el único
objetivo de llevarlo a la picota”, continuó. El abogado se propuso pintar un Tróccoli víctima más que represor, y
demostrar el rol marginal del imputado, que, en sus palabras ante la
Corte, se transformó en apenas “un militar al servicio de su país, que
sirvió a su patria como cualquier otro militar, porque hizo un juramento
sobre la Constitución y la bandera. Que combatió a los subversivos,
pero que no secuestró, torturó o mató a nadie”. El rol marginal de
Tróccoli, según Guzzo, es confirmado por el hecho de que en los años en
cuestión él era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna
decisión en forma autónoma, porque tenía siete grados de mandos
superiores a él: “La Justicia tendría que castigar a los verdaderos
responsables”, dijo. Todo el juicio de Roma, en las palabras de Guzzo, fue inútil y sólo
logró hacer gastar al Estado italiano un cúmulo de dinero en perjuicio
de los contribuyentes. La responsabilidad de ese desgaste sería
imputable, según él, a la “sed de venganza de las varias asociaciones”, y
al gobierno que se estableció en Uruguay en 2005: “Un gobierno de
matriz democrática que a lo mejor no tenía aspiraciones democráticas y
no quiso respetar la ley de amnistía de 1986 ni el éxito del plebiscito
de 1989. [...] Tróccoli no quiso aguantar ese abuso de poder y se fue
del país. [...] no logrando llevarlo a juicio allí, Uruguay pidió a
Italia que lo procesara... Pero acá estamos en Italia, y la ley no es
aplicada por los gobiernos o los partidos políticos, sino por los
tribunales. Si la matriz de ese juicio es claramente política, ¿por qué
no fue celebrado en el Parlamento uruguayo? Esta es una represalia que
se quiere tomar después de 40 años; Tróccoli es un perseguido político,
aunque siguió sirviendo a su país aun luego del regreso de la
democracia. ¿Es una búsqueda de justicia o una venganza política
póstuma?”, preguntó Guzzo a la Corte. La disertación del abogado fue interrumpida en varias ocasiones por
comentarios de los abogados y del público presente (algo que no está
permitido, por lo que la presidenta, Evelina Canale, debió intervenir
para censurar esas intervenciones). Luego Guzzo se dirigió frontalmente a
los principales acusadores de Tróccoli en el juicio: “Han pasado 40
años de los hechos. ¿Qué hizo Rosa Barreix, que ahora acusa a Tróccoli,
durante ese tiempo? ¿Por qué llega hoy a molestar a Italia si antes no
habló? [...] ¿De dónde sale esa gente que luego de 40 años se acuerda de
haber sido torturada y llega acá a apuntar con el dedo?”. La tesis del defensor de Tróccoli fue siempre una, y la persiguió
hasta el final: Tróccoli no es responsable, ya que fue militar y
obedeció órdenes de sus superiores; los verdaderos responsables de esos
hechos no están siendo juzgados, y se quiere imputar toda la carga a
oficiales de rango inferior que no podían hacer otra cosa que obedecer;
la voluntad de llegar a hacer justicia no es otra cosa que un espíritu
de venganza que construyó ingeniosamente una castillo de acusaciones sin
distinguir quién fue el responsable y quién sólo un chivo expiatorio.
Sobre todo, Guzzo buscó convencer al jurado popular de que “son
historias de hace 40 años y ocurrieron en un país lejano; son historias
que no nos interesan”. Este juicio, sostuvo, no debió haberse celebrado
en Italia. Al final de la audiencia, y dado que la Fiscalía renunció a replicar,
la Corte dio por concluido el juicio y se retiró para deliberar. La
próxima audiencia está fijada para el 17 de enero, día en el que se
espera la lectura del fallo.
Nadia Angelucci
desde Roma, Italia
PIT-CNT no comparte aumento de tarifas y toma distancia de quienes apuestan a las privatizaciones
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió en su reunión del
martes emitir una declaración en la cual se señala que no se comparte el
aumento de tarifas públicas ya que “deprime los ingresos de las grandes
mayorías de nuestro pueblo”. En el mismo también sostiene que
“deslindamos posiciones de todos aquellos que hoy critican el aumento de
tarifas pero que en su momento estuvieron dispuestos a privatizarlas
como en el año 1992 y 2001”. Con la firma de Fernando Pereira (Presidente de la central sindical) y
de Lucía Gándara (Presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras
Domésticas - STUD) también se resolvió repudiar la agresión sufrida
recientemente por una doméstica en el barrio Punta Carretas.
Declaración del Secretariado Ejecutivo
Montevideo, 20 de Diciembre de 2016
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT reunido el Martes 20 y ante el aumento de las tarifas públicas declara:
1) No compartimos el aumento de tarifas públicas anunciado durante la
semana pasada, en función de su impacto en deprimir los ingresos de las
grandes mayorías de nuestro pueblo. 2) Reconocemos que el ajuste de las tarifas públicas anunciado, es
diferente que las del año anterior. Preferiríamos una política
diferencial que beneficie más a los sectores de más bajos ingresos. 3) Deslindamos posiciones de todos aquellos que hoy critican el
aumento de tarifas pero que en su momento estuvieron dispuestos a
privatizarlas como en el año 1992 y 2001. 4) Las Empresas Públicas no se pueden tomar ni ver de un punto
solamente economicista su papel y su rol es muy distinto, es inversión
pública, desarrolló de la industria nacional, fomento del trabajo,
acortar la brecha social tecnológica existente, defender la soberanía y
el patrimonio de los uruguayos. Justamente las defendimos de los embates privatizadores para
colocarlas al servicio del pueblo y no regalarlas al capital financiero
internacional- Secretariado ejecutivo.
Repudio a agresión
En el comunicado del SUTD se manifiesta la "absoluta solidaridad con
la compañera que fuera víctima de agresión el pasado 18 de diciembre del
presente año en el barrio Punta Carretas por un vecino del lugar. Del mismo modo, repudiamos enérgicamente todo acto de intolerancia,
discriminación y violencia dirigida hacia cualquier ciudadano, sin
importar la causa".
Gabriel Soto (AUTE): "Hay condiciones para que la tarifa de UTE pueda bajar"
El Presidente de la Agrupación UTE (AUTE) Gabriel Soto le afirmó
al Portal del PIT-CNT que "hay condiciones para que la tarifa de UTE
pueda bajar", que el organismo "debe brindar un servicio" pero se
enfrenta al criterio recaudador que lleva adelante la política
económica. Subrayó, además, que los trabajadores "no se suman a ningún
discurso político partidario que habla de un tarifazo. Si UTE hubiese
empleado otro camino, hoy estaríamos discutiendo cual es el porcentaje
de rebaja de las tarifas y no cual es el aumento de las mismas". Para el dirigente sindical el aumento del servicio eléctrico "podría
evitarse si UTE hubiese tomado otro tipo de camino. Hoy nos encontramos
con que se abarató la forma de generar energía y en lugar de rebajar las
tarifas se opta por darles mayores ganancias a los generadores
privados. Esta posición de los trabajadores no surge ahora con el ajuste
sino que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que el negocio se
realiza para que los privados obtengan mayores ganancias". Recordó Soto que AUTE ya realizó dos informes en los últimos meses.
En el primero de ellos se señala que "existen condiciones para que la
tarifa eléctrica pueda bajar. Al PIT-CNT le presentamos una propuesta a
través de la cual el pago del IVA se distribuye por franjas y esto
beneficiaría a los hogares más humildes ya podrían tener una rebaja de
la tarifa de cerca de un 16%. El resto de los usuarios de forma
escalonada también tendría un porcentaje de rebaja y esta propuesta
afecta muy poco a las finanzas de la empresa UTE". El presidente de AUTE sostuvo que la discusión no pasa por si el
ajuste del 7.5% es mucho o poco. "No no sumamos a ningún discurso
político partidario que habla de tarifazo. Lo que decimos es que en el
organismo el proceso grosero de privatización de la energía que se viene
registrando significa la creación de negocios sumamente abusivos para
la población. Si UTE hubiese empleado otro camino hoy estaríamos
discutiendo cual es el porcentaje de rebaja de las tarifas y no cual es
el aumento de las mismas".
Acuerdo multipartidario
Soto fue categórico al momento de reiterar que "no nos subimos al
carro de los partidos de oposición que hacen su trabajo político cuando
hablan de tarifazo y le pegan al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). Debemos tener claro que la política energética es producto de un
acuerdo multipartidario. Todos los partidos políticos estuvieron de
acuerdo en el 2008 con lo que está pasando hoy en UTE. Por lo que
quejarse ahora no tiene otro fin que la especulación político partidaria
y no forma parte de la discusión que los trabajadores queremos dar". El dirigente de AUTE insistió también en la propuesta que realizó el
sindicato y que habla de la rebaja de las tarifas. "Este documento fue
presentado en el último congreso del PIT-CNT y aún está pendiente su
discusión de fondo. En tanto, además, hemos presentado una propuesta
intermedia que está siendo analizada por un grupo de trabajo del
Instituto Cuesta-Duarte de la central sindical". "Las tarifas son un tema urgente a tratar porque afecta a casi el
100% de la población, por lo que se convierte en un potencial enorme de
distribución de la riqueza. También es cierto que tiene un efecto
recaudador enorme. El ajuste de las tarifas no pasa por un problema de
costos sino que pasa por las necesidades que hoy tiene el MEF. Para
nosotros la UTE debe brindar un servicio y nos encontramos con que el
MEF le asigna un rol recaudador"; destacó Soto.
La Mesa Política del Frente Amplio manifestó su oposición a excluir a Venezuela del MERCOSUR
La
Mesa Política Nacional del Frente Amplio expresó, por mayoría, su
oposición a excluir a Venezuela del MERCOSUR, decisión que calificó como
parte de una ofensiva dirigida a golpear al Gobierno venezolano y a
debilitar la integración regional y otras instancias de integración como
UNASUR y CELAC.
Foto: Google Maps - LR21
El órgano de conducción frenteamplista se pronunció este viernes 9 de
diciembre sobre la decisión de Argentina, Brasil y Paraguay de
suspender a Venezuela en el MERCOSUR. Uruguay, por su parte, entiende que Venezuela tiene derecho a seguir
participando en el MERCOSUR con voz y sin voto, al haber sido suspendido
por incumplir el protocolo de adhesión al acuerdo regional. Asimismo, el Gobierno uruguayo aseguró que el país caribeño “tiene
derecho a pedir que se active el mecanismo de resolución de
controversias del bloque para encontrar una salida negociada al
conflicto” La Mesa Política Nacional del Frente Amplio, entretanto, manifestó su oposición a la decisión excluir a Venezuela del MERCOSUR. Denunció una ofensiva liderada por la derecha en la región, al
servicio de intereses imperialistas, que va dirigida a afectar los
mecanismos de integración regional, y respaldó la actitud del presidente
Tabaré Vázquez aceptar una entrevista con su par venezolano, Nicolás
Maduro.
La declaración
He aquí el texto íntegro de la declaración del Frente Amplio: “La Mesa Política ante la comunicación formulada a Venezuela, el
pasado 2 de diciembre, con relación a la suspensión de sus derechos como
Estado parte del MERCOSUR. Sobre la incorporación por parte de Venezuela del marco normativo
vigente a que refiere el artículo 3º del protocolo de adhesión de dicho
país al MERCOSUR, cabe mencionar que: En el MERCOSUR se encuentran vigentes 1.227 normas para los
Estados partes, de las cuales 68 no requieren adopción o incorporación
por parte de Venezuela por tratarse de normas relativas a un Estado
parte o por ser normas sólo derogatorias, por lo cual totalizan 1.159
normas vigentes. De tal cantidad, Venezuela notificó la adopción y o incorporación de 931 normas, restando por adoptar o incorporar 228 normas. La República Bolivariana de Venezuela comunicó su disposición de
avanzar en la adhesión al Acuerdo de Complementariedad Económica N°18,
para el cual informó que se encontraba desarrollando consultas internas.
Dicho acuerdo rige las relaciones comerciales y económicas entre
las naciones que integran MERCOSUR, y principalmente ratifica el
compromiso que mantiene el país con el bloque comercial. Está compuesto
por normas económicas y comerciales, que regulan el funcionamiento de
este esquema de integración. Los hechos que se han sucedido: El 29 de julio Uruguay manifestó su voluntad de poner fin a su
tiempo en la presidencia pro témpore del MERCOSUR y trasladar la misma a
Venezuela, en cumplimiento del artículo 12 del Tratado de Asunción; del
artículo 5 del protocolo de Ouro Preto, y del artículo 3º del
Reglamento Interno del Consejo Mercado Común, que determinan que “la
presidencia del Consejo Mercado Común será ejercida por rotación de los
Estados partes en orden alfabético por un período de seis meses”. Esto fue impedido por el resto de los países (Brasil, Paraguay y
Argentina) que invocando motivos políticos, sin ningún sustento
jurídico, pasaron por encima de las normas que rigen al MERCOSUR e
impidieron la transferencia de la presidencia pro témpore a Venezuela
como hubiera correspondido. El 23 de agosto de 2016, los negociadores de Brasil y Paraguay, a
los que se sumó Argentina, propusieron excluir a Venezuela del
MERCOSUR, invocando disposiciones de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados y desconociendo los mecanismos previstos de
negociación entre las partes contenidas en las disposiciones normativas
del MERCOSUR. Llegando a poner en cuestión la propia continuidad del
MERCOSUR. Ante la negativa de Uruguay, se planteó un impasse y los tres
países dispuestos a excluir a Venezuela aumentaron la presión sobre
Uruguay. La situación derivó en la resolución del 13 de setiembre que
determinó una extensión del plazo para la incorporación de las normas
que restaban por parte de Venezuela hasta el 1º de diciembre. Resulta claro que el cambio de las correlación de fuerzas al
interior de los países del MERCOSUR ha llevado a los que antes
criticaban un supuesto “pacto ideológico”, ahora utilicen sus afinidades
ideológicas para afectar la integración. Particularmente con el desplazamiento de la presidenta, Dilma
Rousseff, y la llegada de un Gobierno contrario a la integración
regional, se instala en el MERCOSUR y en la región una ofensiva
conservadora y reaccionaria que pretende revertir los avances que en los
últimos 15 años se dieron a nivel regional en materia de integración,
lo que permitió avances en materia de soberanía y autonomía respecto a
centros de decisión global. La invocación de aspectos jurídicos vinculados a normas generales
sobre los tratados surgidos de la Convención de Viena, no puede pasar
por encima de las normas que regulan al MERCOSUR y que obligan a la
negociación entre las partes para la búsqueda de soluciones ante
controversias que puedan surgir, y que están contenidas en el Protocolo
de Olivos. El objetivo político de excluir a Venezuela del MERCOSUR es parte
de una ofensiva dirigida a golpear al Gobierno de Venezuela y a
debilitar la integración regional no sólo a nivel del MERCOSUR, sino muy
probablemente a otras instancias de integración como UNASUR y CELAC. Resistir esos intentos de afectar la integración regional es un
imperativo para quienes consideramos que la integración regional y su
ampliación es la mejor alternativa para lograr la inserción en un mundo
globalizado. Ante ello: la Mesa Política Nacional del Frente Amplio manifiesta: Su oposición a excluir a Venezuela del MERCOSUR. Denuncia que la ofensiva liderada por la derecha en la región, al
servicio de intereses imperialistas, va dirigida a afectar los
mecanismos de integración regional, construidos en los últimos 15 años
en América Latina y el Caribe, que se llevó adelante sin exclusión de
países por diferencias políticas o ideológicas. Respalda la actitud del presidente Tabaré Vázquez de responder
afirmativamente a la entrevista que le solicitara el presidente Nicolás
Maduro y la voluntad del Gobierno nacional de encontrar los mecanismos
de superación de las controversias a nivel del dialogo entre las partes
en el marco de los mecanismos contenidos en las disposiciones del
MERCOSUR, particularmente en el Protocolo de Olivos. Aprobada por mayoría. Montevideo, 09 de diciembre de 2016”.
ÓMNIBUS
Trabajadores negocian y advierten posible paro de interdepartamentales
Un trabajador de una empresa de ómnibus
interdepartamental fue despedido y sus compañeros negocian esta mañana.
Advierten que si no es reintegrado inmediatamente podrían tomar medidas.
Foto: Archivo El País
jue dic 22 2016 09:15 - El País uy
Los trabajadores nucleados en la Coordinadora
del Interdepartamental anunciaron que esta mañana mantienen una reunión
en el Ministerio de Trabajo.
El motivo es reclamar el reintegro inmediato de uno de los trabajadores que recientemente fue despedido de la empresa Cita.
Se trata del presidente del sindicato y según informó radio Sarandí, el
hombre se sintió mal durante su horario de trabajo por lo que se sentó
para recuperarse y se quedó dormido. Luego del episodio, lo
despidieron, según cuentan sus compañeros.
La reunión es esta
mañana y los trabajadores advierten que si la empresa no reintegra
inmediatamente al hombre podrían tomar medidas.
Sostienen que es un despido injusto y piden una explicación.
Jueves 22 • Diciembre • 2016
Historia de las empresas recuperadas en Uruguay
En los últimos tiempos ha estado en la agenda política la
gestión de una de las innovaciones del gobierno de José Mujica. Desde
distintos sectores se ha criticado la actuación del Fondo para el
Desarrollo (Fondes) y también, desde otros sectores, se ha defendido,
cuando no su gestión, sí su pertinencia. El Fondes fue impulsado por
Mujica como “una banca alternativa puesta al servicio de los
emprendimientos autogestionados”. Para Mujica, los emprendimientos que
surgen de la recuperación de la empresa anterior que entra en crisis,
llamadas comúnmente “empresas recuperadas”, constituyen “una velita
prendida al socialismo”. Un observador incauto podría pensar entonces
que la experiencia de las empresas recuperadas se origina en el gobierno
de Mujica. Sin embargo, recientes estudios de historia económica
muestran que la recuperación de empresas bajo la forma cooperativa no es
una novedad en la historia económica de Uruguay. Indagando la historia de las cooperativas de producción nos
encontramos con que existen antecedentes que se remontan, por lo menos, a
mediados del siglo XX. Proponemos una periodización en tres etapas. La primera etapa se enmarca en la crisis del modelo de
industrialización por sustitución de importaciones. El primer registro
de una empresa recuperada por los trabajadores es de transportes y
continúa en actividad. Se trata de la Cooperativa de Transportes
Colectivos de Pasajeros (Copay). Fue fundada en 1953, cuando la
Municipalidad de Paysandú traspasa a los trabajadores las unidades de
transporte que utilizaba la Empresa Renacimiento SA , que, desde 1948 y
hasta poco tiempo antes, realizaba el servicio de transporte de
pasajeros en Paysandú. También de esta etapa son otras experiencias que
no funcionan actualmente, pero que tuvieron su época de prosperidad,
como la cooperativa Coodarvi, la Cooperativa Obrera Molinera Maragata
Manuel Artigas , la Cooperativa de Producción del Termo y la
Cooperativa de Artesanos Joyeros. La segunda etapa histórica en la recuperación de empresas la
vinculamos al proceso de apertura y liberalización de la economía
nacional que dio como resultado la desindustrialización. El proceso de
apertura y la entrada de productos importados con un dólar subvaluado,
más la pérdida de salario real de los trabajadores durante la dictadura
militar y la concentración del ingreso, hace que muchas empresas
medianas o pequeñas que dirigían su producción al mercado interno
pierdan competitividad y entren en quiebra. Un trabajo de Pablo Guerra de 1997, titulado “Crisis y empresas
alternativas en Uruguay: el caso de las cooperativas de producción como
emergentes de un sector solidario de la economía”, presentaba a algunas
empresas recuperadas que surgieron entre fines de la década de 1980 y
comienzos de la de 1990: Barraca Cooperativa Sergio Zeballos, Librería
Cooperativa del Cordón, Cooperativa Radio Taxi del Cerro y Cooperativa
UCAR. También encontramos en esta etapa otras experiencias que tuvieron
corta duración. Algunas vinculadas a la industria textil -que sufrió
fuertemente el proceso de apertura comercial- como la Cooperativa Textil
La Aurora o la cooperativa COEPI, constituida por trabajadores de la
textil PHUASA (Primera Hilandería Uruguaya de Algodón SA) en 1993. Otras
fábricas recuperadas de la época son la de Industrias Torino, que se
dedicaba a la producción de jabón de lavar y de tocador, y la
Cooperativa Maderera del Norte (Comanor), constituida en 1993 por ex
trabajadores de Industria Maderera del Norte SA (Imanosa) en el
departamento de Artigas. En la mayoría de estos casos, el principal
acreedor era el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), y los
trabajadores recibieron poco respaldo de sus autoridades. La tercera etapa la relacionamos con la quiebra del modelo
neoliberal. A partir de 1998 la economía uruguaya ingresó decisivamente
en una fase recesiva y en 2002 se produjo una crisis de proporciones que
golpeó sobre toda la economía nacional. En este marco de recesión y
crisis, asistimos a una buena cantidad de procesos de recuperación. La socióloga Anabel Rieiro muestra que entre 1997 y 2004 fueron
recuperadas, bajo la modalidad de cooperativa, una veintena de unidades
productivas quebradas. Entre otras experiencias se destacan: Uruven
(1997); Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa, Profuncoop y
Urutransfor (1998); Cooperativa Niboplast (1999); Cofuesa, Envidrio,
Coopima (2000); Coopdy, Codes, Cooperativa Copraica (2001); 7 de
Setiembre, Funsacoop, Cofatex, Cooperativa Creazioni, Ingraco (2002);
Cooperativa Victoria (2004). Esta última etapa presenta algunas particularidades. En primer lugar,
la recuperación tiene lugar en un marco de creciente desempleo que
acecha a los trabajadores. En segundo lugar, las recuperaciones de
empresas, tanto a nivel nacional como regional, tuvieron una importante
presencia en los medios de comunicación. También en términos de las políticas públicas se producen cambios y
se diseñan algunas herramientas diferenciadas, dirigidas a las empresas
recuperadas. En 2004 se promulgó la Ley Nº 17.794 sobre Cooperativas de
Trabajo, que prevé la posibilidad de que los trabajadores recuperen la
empresa quebrada. Finalmente, la política pública más importante del
gobierno de Mujica fue la creación del Fondes. El Decreto 341/011, de
2011, estableció que sería financiado por las utilidades del BROU y que
su prioridad sería el apoyo a emprendimientos económicos con
participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las
empresas. El accionar del Fondes, que otorgó más de 50 millones de
dólares a empresas autogestionadas, tuvo un fuerte impacto en la
recuperación de empresas, aunque no aseguró su éxito. Este rápido repaso histórico nos muestra que la recuperación de
empresas por los trabajadores, antes que una novedad, es una constante
histórica del surgimiento de cooperativas. Es posible que la
recuperación de empresas sea “una velita prendida al socialismo”, pero
lleva prendida un buen tiempo ya. Juan Pablo Martí
Sobre el autor
Martí es profesor adjunto en el Programa de Historia Económica y Social y coordinador del Ciclo Inicial.
Paula Penacca
