La fiscal de la Corte Penal Internacional pide juzgar a EE.UU. por crímenes de guerra: ¿Quién es?
Publicado: 3 dic 2016 11:21 GMT - RT
Fatou Bensouda ha denunciado en un informe
que las fuerzas armadas estadounidenses y la CIA habrían cometido
crímenes de guerra en Afganistán en 2003-2004.
Soldados estadounidense durante un desfile de las tropas afganas en Kabul (enero de 2003)Reuters
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Cuatro años después, en una entrevista concedida a 'El Confidencial', la fiscal jefe del CPI se muestra "totalmente convencida" de lo que hace y subraya que ejerce su trabajo "siempre con independencia, sin miedos o favores": "Mi máxima es la justicia", subraya.
Soldados estadounidenses en las inmediaciones de la base de Bagram, en el norte de Kabul (diciembre de 2003)
Reuters
No obstante, se trata de un documento que recoge los exámenes preliminares, la etapa previa al inicio de una investigación que podría concluir en un proceso judicial. "Primero debemos concluir los estudios para determinar qué tipos de crímenes fueron cometidos, la gravedad de los mismos, el interés que tiene eso para la justicia y si está en beneficio de las víctimas", explica al citado medio.
De momento, lo que ha anunciado el CPI es que "existe una base razonable que permite creer que, durante el interrogatorio de estos detenidos, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA, recurrieron a métodos constitutivos de crímenes de guerra" durante los años 2003 y 2004, cuando George W. Bush era el presidente de EE.UU.
Soldados estadounidenses en la base aérea de Kandahar (mayo de 2003)Reuters
Nacida en Banjul, capital de Gambia, en el seno de una familia musulmana y cuyo padre ejercía la poligamia, Bensouda, de 55 años, tiene una dilatada carrera en lucha contra las injusticias sociales. Después de estudiar derecho en Nigeria regresó a su país para trabajar como abogada y fiscal, y más tarde como asistente de la ONU en Derecho Marítimo. Pero, sobre todo, destaca su cargo como fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado en 1994 para juzgar el genocidio de la etnia tutsi por parte del Gobierno hutu.
Pero Bensouda también tiene un pasado oscuro: fue asesora legal y ministra de Justicia durante los primeros años de mandato de Yahya Jammeh, actual presidente de Gambia, quien dio un golpe de Estado a mediados de la década de los 90 y que constantemente es denunciado por violaciones de derechos humanos en su país.
Despedida en el año 2000, Bensouda entró a formar parte de la CPI en el 2004 como segunda fiscal, por lo que ya conocía a fondo la institución cuando fue elegida por consenso en 2011 por la Asamblea de los 121 Estados miembros de la Corte para ocupar el cargo de fiscal jefe.
Sin embargo, el informe llega en un momento en el que la institución atraviesa una crisis de credibilidad y necesita demostrar a sus Estados miembros que se trata de un tribunal imparcial en sus decisiones. En los últimos meses, Sudáfrica, Burundi, Gambia y Rusia se han retirado del CPI al considerar que el tribunal tiene una visión sesgada y que solo ha servido para procesar a los líderes africanos, ignorando los crímenes cometidos por otros Estados occidentales.
Pequeños Guantánamos en EEUU: Son prisiones secretas llamadas “Unidades de Gestión de Comunicación”
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
09 diciembre 2016
Proyecto Censurado / Traducción de Ernesto Carmona / Mapocho Press
En marzo de 2016, los reclusos de dos
prisiones estadounidenses altamente secretas, conocidas como Unidades de
Gestión de la Comunicación (CMUs, en inglés), apelaron contra un fallo
sumario anterior del gobierno, en su caso contra la Oficina Federal de
Prisiones. En marzo de 2015, la Corte Federal para el Distrito de
Columbia había fallado en contra de los prisioneros, afirmando que la
CMU no violó los derechos de los internos porque las restricciones eran
“de naturaleza limitada” en comparación con las unidades de prisiones
ordinarias y mucho mejor que el régimen de aislamiento.
En su apelación, los abogados del Centro
para los Derechos Constitucionales argumentaron que las CMUs
representan una “alteración fundamental” para los derechos y las
libertades de los presos. Las CMUs tienen regulaciones estrictas contra
la comunicación con el exterior. Los presos están aislados del resto de
la población penal y sus horas de visitas se limitan a cuatro al mes,
sin que ninguna de ellas permita contacto directo, y tres llamadas por
teléfono al mes (para un total de cuarenta y cinco minutos), que deben
ser realizadas en Inglés.
Los abogados que representan a los
internos CMU argumentaron que el tiempo típico pasado en un CMU es de
tres a cinco años, cincuenta y cinco veces más que el promedio de tiempo
en detención administrativa.
A partir de 2006, la Oficina Federal de
Prisiones creó los CMUs sin ningún tipo de condiciones o procedimiento
escrito. En primer lugar, los prisioneros reciben muy poca información
sobre por qué se les transfiere a la unidad. Están habilitados para
apelar su transferencia, pero nunca se ha publicado que ni un solo
prisionero haya ganado el proceso de apelación. La ausencia de reglas
escritas sugiere que estas transferencias se llevan a cabo sobre la base
de la discriminación.
En enero de 2015, la Oficina Federal de
Prisiones finalizó las reglas respecto a quién puede ser transferido a
las CMUs y cómo deben funcionar las instalaciones, pero como informó
Christie Thompson, del Proyecto Marshall, los defensores de prisioneros
reclaman que las nuevas normas imponen “incluso límites más estrictos al
contacto sin proporcionar una razón legítima para que los internos
apelen cuando se les coloca bajo tales restricciones”.
Alrededor de 178 presos permanecen en
las CMUs. Casi el 60 por ciento de ellos son musulmanes, según los
abogados del Centro para los Derechos Constitucionales que representan a
los prisioneros. El periodista Will Potter, quien visitó un CMU, dijo a
la Real News Network que las CMUs son efectivamente “prisiones
políticas para presos políticos”. “La gente se envía a la CMU a causa de
su raza, de su religión y sus creencias políticas”, en lugar de los
crímenes que hayan cometido, dijo Potter.
En enero 2015, en el programa TED Talk
en las CMU, Potter señaló que los guardias llaman presos
“equilibradores” a los no musulmanes, lo que significa que “ayudan a
equilibrar los números raciales, con la esperanza de desviar la atención
de la ley”. Muchos de estos “equilibradores” son defensores de los
derechos de los animales y activistas ambientales. Los periodistas no
son permitidos en las CMUs, pero Potter logró visitar “como un amigo” a
Daniel McGowan, un activista del medio ambiente en prisión.
Hay dos CMUs conocidas en Estados
Unidos, una en Marion, Illinois, y la otra en Terre Haute, Indiana.
Ambas operan dentro de cárceles federales más grandes.
En marzo de 2011, NPR publicó en dos
partes un informe de investigación y The Nation difundió un artículo
detallado sobre las CMUs. En 2011 y 2013, el Huffington Post publicó
reportajes de Daniel McGowan, el primero de ellos escrito mientras
estaba encarcelado en la CMU de la prisión Marion, Illinois. El
Huffington Post ha publicado consistentemente artículos de abogados del
Centro de Derechos Constitucionales (CCR, sigla en inglés) sobre los
esfuerzos del CCR por defender los derechos de los presos a un debido
proceso y para exigir que las políticas de las CMUs estén en línea con
las normas constitucionales. De otra manera, la cobertura de las CMUs en
la prensa popular se limitaría a reportajes como el informe “Los
terroristas en prisiones de Estados Unidos”, del New York Times de abril
de 2016, que mencionó brevemente las CMUs y a sus internos
predominantemente musulmanes, pero no discutió los desafíos de la CMU a
la constitucionalidad.
Foto:
La Penitenciaría de Estados Unidos en
Terre Haute, Indiana, alberga una Unidad de Gestión de las
Comunicaciones (CMU su sigla en inglés), que suscitó polémica por
tratarse de una prisión política para personas acusadas de terrorismo
internacional y otras personas que las autoridades quieren controlar.
Foto: Michael Conroy / AP
Fuentes:
Will Potter, “The Secret US Prisons You’ve Never Heard of Before, “ TED video, filmed January 2015, https://www.ted.com/talks/will
Will Potter, interview by Sharmini
Peries, “‘Little Guantanamos’ in the US,” Real News Network, broadcast
October 20, 2015, transcript, http://therealnews.com/t2/inde
Carrie Johnson, “Inmates Try to Revive Lawsuit over Secretive Prison Units,” NPR, March 15, 2016, http://www.npr.org/2016/03/15/
Chip Gibbons,
“Circuit Court Weighs Appeals in ‘Communication Management Units’
Prison Case,” Bill of Rights Defense Committee, March 17, 2016, http://bordc.org/news/circuit-
Estudiante investigadora: Allison Bamford (University of Regina)
Evaluadora: Patricia W. Elliott (University of Regina)
EEUU ocultan información sobre sus presos políticos
Breno Altman
03/08/2016
Opinión
Cartel en el Estado del sur, Alabama, llama la población a votar y remite a los orígenes de los Panteras Negras. Foto: Bob Fletcher/Smithsonian Museum
Entre los 54 condenados identificados por organizaciones de derechos civiles, la mayoría pertenece a minorías raciales y está encarcelada desde hace más de 40 años
El diplomático Andrew Jackson Young fue una figura destacada cuando Jimmy Carter gobernaba los Estados Unidos, entre 1977 y 1980. Nacido en Nueva Orleans, negro y demócrata, estaba por cumplir 45 años cuando asumió el puesto de embajador de las Naciones Unidas.
Este era su cargo cuando, en julio de 1978, dio una famosa entrevista al diario francés Le Matin. El tema fue la represión contra los disidentes en la Unión Soviética. Él no vaciló, sin embargo, en tocar en las heridas nacionales.
"Todavía tenemos cientos de personas en nuestras cárceles que podrían ser clasificadas como presos políticos", dijo Young, respecto de activistas que habían sido encarcelados en los años 60 y 70.
Se vino el mundo encima.
Young sufrió un proceso de impugnación en la Cámara de Representantes, salvando su mandato por 293-82 votos. El propio presidente Carter se refirió a sus palabras como una "infeliz declaración". El hecho es que el diplomático sincero, jamás volvería a desempeñar ningún papel significativo en la política de su país.
Tras casi cuatro décadas de la rotunda confesión, poco ha cambiado, a pesar del fin de la Guerra Fría.
Los Estados Unidos siguen ocultando que mantienen presos políticos, porque no queda bien para la imagen de una nación que se autodefine como líder del mundo libre y democrático. Que, de hecho, explica la acción de sus tanques y aviones al rededor planeta como la exportación de la libertad.
El reportaje de Opera Mundi, después de entrevistar a varios dirigentes de grupos humanitarios e investigar su documentación, pudo consolidar una lista de al menos 54 condenados por razones políticas.
La relación incluye sólo los activistas que hayan sido juzgados por supuestos crímenes cometidos en el territorio norteamericano. Están fuera de este cálculo, por ejemplo, los desterrados de Guantánamo.
La mayoría de los presos está formada por minorías raciales o nacionales.
El contingente más expresivo proviene del antiguo grupo de los Panteras Negras y sus ramificaciones.
Varios de estos reclusos están tras las rejas hace más de 40 años, cuando Young aún no había reconocido el drama político y humano que mancharía cualquier nación.
El presidente Barack Obama, en el funeral de Nelson Mandela, en 2014, quiso recordar el martirio de Madiba, que pasó más de 28 años encerrado por el régimen del apartheid, cumpliendo sentencia por conspiración y resistencia armada.
Si fuera tocado por la misma compasión con relación a compatriotas suyos, encontraría 37 presos que ya han superado, algunos hace mucho, el periodo de prisión del líder sudafricano. Todos igualmente condenados por conspiración o resistencia armada.
Otros países occidentales que vivieron procesos de conflicto interno, como Italia y Alemania, dieron vuelta a la página de los años de plomo. Los militantes de la insurgencia — como los afiliados a las Brigadas Rojas o al grupo Baader-Meinhof — recuperaron gradualmente su ciudadanía.
Al sur del río Grande, las naciones de América Latina también superaron la mácula de los presos políticos, heredada de las dictaduras que contaban con la simpatía geopolítica de la Casa Blanca.
Presión interna
Ramsey Clark, 88, antiguo fiscal general de los EE.UU.
Los Estados Unidos, sin embargo, prefieren mantener abiertas estas heridas. No dudan en blandir reclamos sobre derechos humanos en otros patios, pero se niegan a limpiar al suyo propio.
La contradicción entre el discurso y la realidad parece profunda hasta el punto de provocar deserciones en el centro del poder. El abogado Ramsey Clark, hoy con 88 años, es quizás el máximo exponente de este disenso palaciego.
Como fiscal general, estuvo al frente del Departamento de Justicia entre 1967 y 1969, durante el gobierno del demócrata Lyndon Johnson, cuando se aprobaron las principales leyes contra la segregación. Sus disgustos aumentaron, sin embargo, con la escalada represiva dirigida por el FBI (la policía federal de los EE.UU.), en aquel momento bajo el mando de John Edgar Hoover, cuyos blancos principales eran las organizaciones que luchaban contra el racismo y la guerra de Vietnam.
Después de distanciarse, gradualmente asumió causas públicas y judiciales contra el sistema.
"Los presos políticos no tienen reconocimiento legal, son tratados como enemigos del Estado", dice, en voz baja y pausada, traicionada a cada sílaba por el acento texano. "El objetivo es que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones, estableciendo el precio que se debe pagar si recurren a la rebelión y a la insubordinación".
Muchos de los condenados, de hecho, se consideran prisioneros de guerra, víctimas de una ofensiva militar que tuvo la intención de someter el pueblo negra y preservar un régimen de supremacía blanca. Esa era la razón en la cual encontraron legitimidad para sus acciones de autodefensa y ataques armados
Irregularidades en los procesos
"Hay muchas condenas fabricadas, con presión sobre los testigos y supresión de evidencias a favor de los acusados", dijo el abogado Robert Boyle, de 61 años, que desde su graduación en la universidad se dedica a la defensa de presos políticos. "Un acuerdo tácito, que ata el poder judicial y la policía, determina las reglas especiales de represión contra miembros de grupos revolucionarios, a menudo violando el debido proceso legal".
Robert Boyle, 61, abogado de presos políticos
Incluso Amnistía Internacional, que normalmente ignora casos de lucha armada, corrobora la tesis de Boyle.
Son ilustrativas las situaciones de Ed Poindexter y Mondo We Langa (nombre africano de David Rice), líderes de los Panteras Negras en Omaha, en el Estado de Nebraska. Poindexter está encarcelado hace 45 años, cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de un policía. Langa, después de pasar el mismo periodo detenido, murió el 11 de marzo de 2016.
La única evidencia condenatoria fue el testimonio de un adolescente torturado y amenazado con la silla eléctrica si no culpaba a los dos militantes. La gravedad del episodio llevó a los líderes de la más famosa entidad humanitaria del planeta a clasificarlos como presos de conciencia.
Abundantes, las denuncias de ilegalidades compiten con críticas a las normas procesales y su ejecución.
"Los presos políticos casi nunca reciben el beneficio de la libertad condicional que les toca", dice Boyle, con una amarga sonrisa de quien se ve a sí mismo pidiendo peras al olmo. "Además de la mala voluntad de las mesas de evaluación, es enorme la presión de las asociaciones de policías para impedir la liberación de los que son acusados de la muerte de algún compañero".
A menudo las condenas se basaron en un dispositivo nunca usado en delitos comunes. Se trata de la ley establecida en 1861, que creó el delito de conspiración sediciosa, para castigar a los gobiernos estatales que se levantaban en contra a la Unión.
Se volvió a utilizar en la persecución de comunistas y anarquistas durante las dos primeras décadas del siglo pasado, antes de hacerla parte del menú represivo de la Guerra Fría.
"La conspiración sediciosa es un instrumento de criminalización de la contestación popular", explica el abogado Bret Grote, director del Centro Legal Abolicionista, de Pittsburgh, en Pennsylvania, organización dedicada a presionar por cambios en los códigos penales. "Esta regla deniega prueba material del crimen y lleva a la cárcel quien comete el delito de intención."
Marcha del Movimiento Jericho reunió una multitud en marzo de 1998 que pedía amnistía para los presos políticos de los EE.UU.
Esta ley es responsable por la condena a 55 años de prisión, del líder comunitario Oscar López Rivera, encarcelado desde 1981. El crimen más importante por el que fue juzgado es de haber integrado las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, grupo independentista de Puerto Rico, su país de nacimiento, por muchos historiadores considerado una especie de colonia norteamericana, aunque disfrute de la condición de Estado autónomo.
Héroe en Vietnam, condecorado con la Estrella de Bronce, Rivera no pudo ser vinculado efectivamente a ningún delito probado, pero su pertenencia a un partido separatista fue suficiente para hacerle languidecer tras las rejas.
EEUU después del 11 de setiembre
Pocos de los 54 presos políticos todavía tienen derechos de apelación, a pesar de que muchos plantean, año tras año, las solicitudes de libertad condicional, que acostumbran ser negadas.
Aquellos condenados por los jueces estatales, también estarían aptos al indulto de los respectivos gobernadores. Los presos federales dependen de la buena voluntad del presidente de la República, que no puede interferir en las decisiones de los estados.
Pero una cortina de hierro oculta la saga de estos hombres y mujeres.
Miembro de los Panteras Negras, el dibujante Emory Douglas producía ilustraciones publicadas en los periódicos del movimiento.
Todo empeoró después de los atentados de 2001 y de la declaración de la "guerra contra el terror", con la aprobación de la Ley Patriota, debilitando aún más las salvaguardias legales para los sospechosos de actuar contra el Estado.
Nuevas olas de prisioneros, en su mayoría de origen musulmán, se añadieron a los antiguos combatientes encarcelados.
Los principales vehículos de imprenta, normalmente con ganas de denunciar los atropellos humanitarios en otras fronteras, raramente cuentan o investigan esta tragedia norteamericana.
El Departamento de Justicia, insistentemente contactado por Opera Mundi, se comprometió a dar su versión de los hechos, pero prefirió el silencio y dijo, a través de su portavoz, que no había interés en tratar del asunto.
De hecho, “nada que declarar” siempre ha sido una de las respuestas preferidas de los gobiernos que desean ocultar la brutalidad de la violencia que practican o encubren.
Nueva York - 02/08/2016
http://operamundi.uol.com.br/c
SIN CAMBIOS 16 de noviembre de 2016, 12:11hs - LR21
Mientras Trump planea deportar 3 millones de inmigrantes, Obama ya casi alcanza esa cifra
El gobierno de Barack Obama deportó al menos a 2,7 millones de inmigrantes indocumentados durante su administración, una cifra cercana a la que anunció su sucesor Donald Trump
Mientras Trump planea deportar 3 millones de inmigrantes, Obama ya casi alcanza esa cifra.
Sin embargo a pesar del impacto del anuncio de Trump las cifras del Departamento de Inmigración señalan que la promesa del republicano no se encuentra tan alejada de la cifra alcanzada en la gestión del presidente Barack Obama, que ha deportado 2 millones 571 mil 860 personas durante sus mandatos hasta julio de 2016.
El portal especializado en estadística FiveThirtyEight analizó las cifras anunciadas por Trump sobre los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y reveló que son falsas y que “no está claro de dónde sacó los números Trump”. Aunque aseguran que la acción podría llevarse a cabo sin problemas ya que es algo que Obama ya venía haciendo.
El propio Trump durante el último debate presidencial con Hillary Clinton se había referido al plan de deportaciones del Gobierno de Obama expresando: “Nadie lo sabe, nadie lo habla, pero bajo Obama, millones de personas han sido expulsadas de este país, han sido deportadas”.
Las cifras
De acuerdo al Departamento de Seguridad Interna hay 1,9 millones de inmigrantes que fueron condenados por distintos delitos y serían plausibles de la deportación. Pero esa cifra incluye también a quienes sin tener la ciudadanía estadounidense, son migrantes legales.Por su parte el Instituto de Políticas Migratorias sostiene que hay alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y dentro de ellos hay aproximadamente 820 mil con antecedentes penales, mientras que unos cuantos ya se encuentran en prisión. “
Ben Casselman expresa en un artículo de FiveThirtyEight que un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso estimó que a fines de 2013 había más de 140 mil inmigrantes sin ciudadanía en cárceles locales, estatales y federales, mientras que explica que dentro de ese número también se encuentran inmigrantes legales, que no están sujetos a posibles deportaciones.
A su vez el artículo destaca que más allá de las cifras en sí, el anuncio del magnate, tan cuestionado en el mundo entero, es similar a lo que hizo Obama durante su primer mandato. En su llegada al poder el primer presidente afrodescendiente de EE.UU. priorizó deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes, en algunos casos incluso por haber cometido delitos menores como hurto de comercios o infracciones de tránsito, informó Randy Capps del Instituto de Políticas Migratorias. Mientras que en su segundo Gobierno se focalizó en aquellos inmigrantes que habían cometido delitos más graves o habían reincidido.
Las cifras de sus ocho años de gobierno convierten a Barack Obama en el presidente con mayor número de deportaciones. Incluso advierten que bajo su mandato se deportó un 40% más de personas que durante el gobierno de George Bush hijo.
Lo que viene
Capps explicó también que Trump puede perfectamente cumplir con su promesa ya que el Departamento de Seguridad Interior tiene los mismos recursos que en el primer gobierno de Obama y le daría para deportar a medio millón de personas por año.Mientras que advierten que a diferencia de Obama Trump también planea deportar a los inmigrantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos. La idea del magnate es derribar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ofrece una legalidad temporal a personas que entraron a Estados Unidos siendo niños o niñas.
Durante la campaña, Trump dijo que cerrará el programa, aunque no especificó cómo lo hará, “si lo cerrará para futuros aplicantes, o también para las 250 mil personas que tiene estatus legal gracias a DACA”.
Tras la victoria del magnate en las elecciones Obama aseguró que tiene algunas preocupaciones sobre su mandato y anunció que exhortará a su sucesor a no poner en peligro el estatus migratorio de extranjeros traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños. El actual mandatario dijo que instará a Trump a “pensar larga y duramente antes de poner en peligro el estatus” de esos inmigrantes, a quienes él considera estadounidenses “a todos los efectos prácticos” y que están protegidos de la deportación por su programa DACA.
Libia: el Irak de la administración Obama
El
Parlamento británico reconoce que la intervención de la OTAN se basó en
un andamiaje de mentiras que hicieron pasar como humanitarios intereses
económicos y geopolíticos; en Occidente muy pocos gritaron “No a la
guerra”.
Por Manuel González Ayestarán
Conforme pasan los años, se hacen visibles una
mayor cantidad de datos turbios acerca de la invasión de Libia a cargo
de las potencias de la OTAN, lideradas por la administración Obama.
Desde el mismo inicio de la guerra, en marzo de 2011, varios analistas e
intelectuales criticaron la manipulación de la información y la campaña
mediática que estaba teniendo lugar contra la figura del entonces
mandatario Muamar Gadafi. Mediante esta estrategia propagandística se
justificó, conforme a máximas humanitarias ligadas a la protección de la
población civil, lo que en realidad fue una suerte de guerra de rapiña,
al más puro estilo de la campaña que la administración Bush llevó a
cabo en Irak en 2003.
Actualmente, cuando el crimen masivo ya se ha
efectuado, las voces críticas se están viendo sustentadas por fuentes
institucionales. A mediados del pasado setiembre se hizo público un
informe del Parlamento británico que parte de una investigación
realizada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los
Comunes del del Reino Unido en el que se reconoce que la guerra de Libia
se basó en un andamiaje de manipulaciones y mentiras, y que su objetivo
distó mucho de ser humanitario. “La estrategia del Reino Unido estuvo
basada en preceptos erróneos y en un entendimiento incompleto de las
pruebas”, señala este texto. En este sentido, en el documento se afirma
que la amenaza contra la población civil libia, que
fue denunciada entonces por Occidente, fue sobredimensionada y que las
fuerzas rebeldes apoyadas por la OTAN incluían un “elemento islamista
significativo”.
El texto, titulado Libia: Examen
de la intervención, colapso y las futuras opciones políticas del Reino
Unido, afirma que el levantamiento contra el gobierno de Muamar Gadafi
se caracterizó desde sus inicios por su carácter violento, y no hubiera
tenido éxito de no haber sido por la intervención militar y la ayuda
extranjera. El informe también denuncia que medios de comunicación como
Al Jazeera de Qatar y Al Arabiya de Arabia Saudita difundieron rumores
sin fundamento sobre Gadafi y su gobierno que fueron reproducidos por el
establishment mediático occidental en su campaña de demonización del
líder libio. Entre estos rumores está la amenaza que supuestamente lanzó
Gadafi contra el grueso de la población civil de la ciudad de Bengasi,
cuando sus tropas lanzaron una contraofensiva en marzo de 2011 contra
los grupos alzados que se habían hecho con varios sectores en las
afueras de la ciudad.
“A pesar de su retórica, el
supuesto de que Muamar Gadafi había ordenado la masacre de civiles en
Bengasi no fue sustentado en pruebas disponibles”, reza el documento
oficial del Parlamento británico. “Aunque –sin duda– Muamar Gadafi
amenazó con violencia contra las personas que tomaron las armas contra
su gobierno, esto no se traduce necesariamente en una amenaza para todo
el mundo en Bengasi”.
“En pocas palabras, la magnitud de
la amenaza para los civiles se presentó con una certeza injustificada”,
se añade. Por otro lado, esta investigación denuncia que la amplia
presencia que el extremismo islámico tenía en los grupos rebeldes
apoyados por la OTAN fue ignorada. Estas facciones de yihadistas fueron
beneficiadas por la intervención de la OTAN, haciendo que se
convirtiesen en una amenaza mayor, proporcionando al Estado Islámico una
base de operaciones en el norte de África.
El documento oficial también se
refiere a una serie de acciones de Gadafi que evidencian que su
intención nunca fue atacar deliberadamente a la población civil. Este es
el caso de la toma de la ciudad de Ajdabiya por las tropas
gubernamentales, las cuales nunca atacaron deliberadamente a los
civiles. A su vez, Gadafi “también trató de apaciguar a los
manifestantes en Bengasi con una oferta de ayuda al desarrollo antes de
que las tropas finalmente se desplegaran”, añade el informe.
En este sentido, también se cita
el ejemplo de la toma de la ciudad de Misrata a cargo del ejército
libio. Del total de víctimas a cargo de los ataques gubernamentales en
la citada localidad, uno por ciento fueron mujeres o niños. “La
disparidad entre las bajas de ambos sexos sugirió que los ataques del
gobierno de Gadafi estuvieron dirigidos a los hombres combatientes en el
marco de una guerra civil y no atacaron indiscriminadamente a civiles”,
dicen los autores del informe.
Libia antes y después de la OTAN
Por otro lado, el texto reconoce que Libia,
antes de la guerra, tenía un ingreso per cápita promedio de
aproximadamente 12.250 dólares, lo que lo situaba en la renta media de
algunos países europeos. El Informe sobre Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas 2010 situaba a Libia como el 53º país con mayor
desarrollo humano del mundo, y el país más avanzado del continente
africano.
En esta época, Libia había logrado procurarse
un alto nivel de independencia económica de los organismos financieros
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Además, el país disponía de recursos acuíferos y petroleros
propios, así como de sus propias reservas de oro y un banco estatal. El
sistema de socialismo árabe que instauró el partido que lideraba Gadafi,
tras haber derrocado a la monarquía de el-Senussi, logró garantizar
educación y atención médica gratuita para toda la población. A su vez,
la vivienda era considerada como un derecho humano básico. Por otro
lado, con su proyecto conocido como Gran Río Artificial, el gobierno
gadafista creó el sistema de irrigación más grande del mundo, mediante
el cual transportaba agua desde el desierto hasta las ciudades y las
localidades situadas en las zonas costeras del país. Este modelo
pretendía ser exportado por el líder libio al conjunto de países
africanos.
En este sentido, el texto
señala que la intervención de la OTAN supuso un desastre humanitario sin
precedentes en el país, provocando la muerte de miles de personas y el
desplazamiento cientos de miles más. El propio Banco Mundial
alertó recientemente que la economía libia se encuentra devastada. La
explotación de los recursos petroleros del país se ve impedida por el
elevado número de conflictos militares y políticos que prácticamente
mantienen a esta nación en una suerte de estado fallido. Actualmente,
sus yacimientos sólo producen la quinta parte de su capacidad, esto
supone un promedio de 335.000 barriles por día en el primer semestre del
año, según informó Librered. De esta forma, según declaró el director
de la Compañía Nacional del Petróleo (NOC), Mustafá Sanalla, el país ha
registrado una pérdida acumulada de más de 100.000 millones de dólares,
en lo que al sector petrolero se refiere. Así, en los primeros siete
meses de 2016, los ingresos derivados de este sector tuvieron su nivel
histórico más bajo. Por otro lado, los alimentos han aumentado su precio
31 por ciento durante el primer semestre del año, según cifras del
Banco Mundial.
La injerencia sobre Libia supuso además uno de
los principales detonantes de la que se entiende como la mayor crisis de
refugiados que ha visto el mundo desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial. Esto se debe a que, anteriormente, la prosperidad económica del
país le permitía absorber a una parte importante de los migrantes que
partían desde África subsahariana hacia Europa, y bloquear el paso del
resto de ellos. En este sentido, la crisis del Mediterráneo fue
pronosticada por el propio Gadafi en una entrevista concedida a Rusia
Today en marzo de 2011, días después de que las potencias occidentales
instaurasen la zona de exclusión sobre el territorio libio. “En Libia, a
los largo de 2.000 kilómetros de costa mediterránea, todo está estable.
Además, somos una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones
de africanos tratan de ingresar a Europa. En este caso, cooperamos con
los países europeos. Si la situación se vuelve inestable, entonces […]
Libia se transformará en un segundo Afganistán: millones de inmigrantes
se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del
Mediterráneo”, afirmó entonces el líder libio.
Correos de Hillary Clinton
Otro proyecto de Muamar Gadafi que estaba en
marcha antes de su derrocamiento era la creación de un patrón oro
panafricano con el fin de lograr manejar una moneda fuerte que brindase
independencia a los países del continente más maltratado del planeta.
Así, varios países africanos debatieron la posibilidad de emplear el
dinar libio y el dirham de plata como las únicas monedas posibles para
comprar petróleo africano. De tal modo, Gadafi se encontraba financiando
un proyecto de unificación de los Estados del continente conforme a una
moneda común basada en el patrón oro. En 2004 el Parlamento Panafricano
diseñó un plan mediante el cual se crearía una Comunidad Económica
Africana, que de cara a 2023 manejaría una única moneda-oro. Con esto,
los Estados africanos pretendían abandonar el petrodólar y exigir que su
petróleo y su gas fueran pagados en oro.
En 2015 fueron publicados por Wikileaks
alrededor de 3.000 correos electrónicos pertenecientes a la entonces
secretaria de Estado, Hillary Clinton. Un tercio de ellos fue enviado
por su asesor de confianza, Sidney Blumenthal. En uno de ellos, fechado
el 2 de abril de 2011, expresaba que “el gobierno de Gadafi guarda 143
toneladas de oro y una cantidad similar de plata […] Este oro fue
acumulado con anterioridad a la rebelión en curso y pensaba utilizarse
para establecer una moneda panafricana basada en el dinar libio. El plan
tenía como objetivo proporcionar a los países africanos francófonos una
alternativa al franco CFA”.
Más adelante, en el correo, Blumenthal reconoce
que “según algunos expertos, estas cantidades de oro y plata están
valoradas en más de 7.000 millones de dólares. Agentes de inteligencia
franceses descubrieron este plan poco después de que se iniciara al
actual levantamiento, y ese fue uno de los factores que influyeron en la
decisión del presidente francés Nicolás Sarkozy de involucrar a Francia
en el ataque a Libia. Según estos expertos, los planes de Sarkozy
estaban motivados por el deseo de conseguir una cuota mayor de la
producción petrolera libia, aumentar la influencia francesa en el norte
de África, mejorar la situación política interna en Francia,
proporcionar al ejército francés la oportunidad de reafirmar su posición
en el mundo y abordar las preocupaciones de sus asesores sobre los
planes de Gadafi de suplantar a Francia como potencia dominante en el
África francófona.”
EE.UU. no puede garantizar que sus armas no terminen en manos del EI
Publicado: 10 dic 2016 05:18 GMT - RT
Lo ha comunicado el portavoz del
Departamento de Estado después de que Washington anunciara que levanta
la prohibición de suministrar armamento a sus aliados en Siria.
Las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Al Kherbeh, Alepo, Siria, el 24 de octubre de 2016.Khalil AshawiReuters
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Sin embargo –añadió– EE.UU. presta ayuda a los rebeldes sirios "bajo supervisión atenta". Pero el portavoz no hizo ningún comento sobre quién recibirá la ayuda de Washington tras el levantamiento de las restricciones. Tampoco concretó cuál será el destino de las armas letales después de la derrota del Estado Islámico.
Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado en una rueda de prensa que si armas como los sistemas de defensa aérea portátil "cayeran en manos de los terroristas" en Oriente Medio estaríamos ante el peor desenlace de la decisión estadounidense, y que esta posibilidad supondría "una amenaza" para la región y el mundo.
- Este jueves, el presidente de EE.UU., Barack Obama, informó en un comunicado oficial dirigido al Ministerio de Defensa el levantamiento de las restricciones al suministro de armas, municiones y equipos militares a sus aliados en la lucha contra el terrorismo en Siria.
- De acuerdo con el documento la decisión incluye el "suministro de bienes y servicios a las fuerzas extranjeras, grupos e individuos que participan en las operaciones de apoyo" en conjunto con EE.UU. para "facilitar las operaciones militares" encaminadas a combatir el terrorismo en Siria.
- El comunicado explica que la medida es "esencial para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos".
"Esta locura debe terminar": Presentan en EE.UU. un proyecto de ley para no armar a terroristas
Publicado: 9 dic 2016 14:54 GMT - RT
Si un particular entregara dinero y armas a
terroristas terminaría "en la cárcel", pero "el Ejecutivo de EE.UU. ha
quebrantado la ley durante años", sostiene una congresista promotora de
la iniciativa.
Alex WongReuters
El documento, denominado Ley para Dejar de Armar a Terroristas (SATA, por sus siglas en inglés), pretende ilegalizar que cualquier agencia gubernamental estadounidense respalde a grupos extremistas de manera directa o indirecta, ya sea con la venta de armas, entrenamiento militar o con asistencia sobre inteligencia.
Si EE.UU. aprueba esta legislación, fruto de un esfuerzo conjunto de dos representantes demócratas y otros dos republicanos, tanto los países como las personas jurídicas que patrocinan el terrorismo quedarían privados de toda financiación norteamericana.
Gabbard ha recordado que al apoyar "tranquilamente" a aliados y socios de esos dos grupos terroristas, del Frente Fateh al Sham —el antiguo Frente Al Nusra— y otros colectivos de tendencia similar "con dinero, armas y datos de inteligencia en su lucha por derrocar al Gobierno sirio".
Respetar las leyes
Más aún, esta representante del Partido Demócrata de EE.UU. ha acusado directamente a la CIA de proporcionar armas y dinero a los terroristas de todo el mundo a través de operaciones conjuntas con Arabia Saudita, Turquía y Catar, entre otros países. Para fundamentar estas afirmaciones, hizo referencias a artículos publicados en 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.Para finalizar, la congresista ha concluido que "esta locura debe terminar" y su Gobierno debe "poner fin a esta hipocresía y respetar las mismas leyes que se aplican a los ciudadanos", porque las guerras "contraproducentes" para forzar cambios de régimen en las que participa EE.UU. ocasionan estragos y "solo terminan fortaleciendo al enemigo".
Tulsi Gabbard es conocida en EE.UU. por tener una postura muy crítica ante la política exterior del todavía presidente norteamericano, Barack Obama, que califica de neoconservadora. En esta iniciativa ha recibido el apoyo del grupo Demócratas Progresistas de América (PDA, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Paz estadounidense.
ESTADOS UNIDOS
Trump nombrará a presidente de petrolera como secretario de Estado
El presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, se apresta a nombrar al jefe de la petrolera Exxon Mobil
como principal diplomático del país, reportó el sábado NBC News.
WASHINGTONEFEsáb dic 10 2016 16:34 - EL PAÍS UY
El veterano empresario Rex W. Tillerson,
principal ejecutivo de la empresa ExxonMobil y con estrechas relaciones
con el gobierno ruso, es el elegido por el presidente electo Donald
Trump para hacerse cargo de la secretaría de Estado de EE.UU., según
aseguran varios medios estadounidenses.
El nombre de Tillerson, de 64 años, fue el último en sumarse a una larga lista de candidatos barajados por Trump y que incluía al excandidato republicano a la presidencia en 2012, Mitt Romney, y al exembajador estadounidense ante la ONU, John Bolton, que según algunos medios podría convertirse en subsecretario de Estado.
En una entrevista hoy con la cadena de televisión Fox News, Trump evitó confirmar que Tillerson sea su elegido para la secretaría de Estado, pero se deshizo en alabanzas al directivo.
"Él es mucho más que un ejecutivo de negocios. Él juega a escala global. Está a cargo de la que supongo que es la mayor compañía del mundo, está a cargo de una compañía petrolera que tiene prácticamente el doble del tamaño de su competidor más cercano, y que se ha gestionado increíblemente bien", aseguró Trump.
"Para mí, una gran ventaja es que conoce a muchos de los jugadores (del escenario global) y los conoce bien. Hace acuerdos a escala masiva en Rusia, y hace esos acuerdos para la compañía, no para él", agregó el presidente electo en el extracto de la entrevista adelantado por Fox, que emitirá el resto este domingo.
El portavoz del equipo de transición de Trump, Jason Miller, tampoco confirmó la información adelantada por la cadena NBC News y los diarios The New York Times y Washington Post, y se limitó a indicar que el anuncio oficial no se hará hasta la próxima semana.
No obstante, según The New York Times, Tillerson sostuvo una reunión hoy con Trump, la segunda después del pasado martes, y que se extendió por más de dos horas.
Tillerson, que comenzó con la Exxon como ingeniero de producción en 1975 y que desde 2006 es su máximo responsable, cuenta con el apoyo de asesores claves del equipo de Trump: su principal estratega, Stephen K. Bannon, y su yerno, Jared Kushner, quien le ha dicho que el empresario "es de otra liga" cuando se compara con el resto de las opciones para el cargo, señala además The New York Times.
Horas antes, varios medios de comunicación habían indicado que Tillerson era el favorito para el cargo, y que el equipo de Trump consideraba que aportaría a su papel como diplomático su vasta experiencia como empresario y sus relaciones con líderes de otros países, entre ellos con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El ejecutivo de la Exxon conoce a Putin desde que estuvo al frente de las operaciones de esa empresa en Rusia en la década de 1990, una larga relación que beneficiaría la intención de Trump de estrechar relaciones con ese país.
En 2011, Tillerson logró un acuerdo que permitía a Exxon acceder a los valiosos recursos del Ártico en Rusia, además de posibilitar a la petrolera estatal rusa, Rosneft, invertir en concesiones de Exxon en todo el mundo. En 2013, Putin le condecoró con la Orden de la Amistad, uno de los más altos honores de Rusia para los extranjeros.
El nombre de Tillerson ha surgido en momentos en que el directivo estaba cerca de acogerse el próximo año a su retiro de la Exxon.
El nombramiento de secretario de Estado debe ser confirmado por el Senado y, de ser elegido por Trump, se uniría a otros empresarios que ya han sido nominados para conformar su gabinete cuando jure al cargo el próximo 20 de enero.
El nombre de Tillerson, de 64 años, fue el último en sumarse a una larga lista de candidatos barajados por Trump y que incluía al excandidato republicano a la presidencia en 2012, Mitt Romney, y al exembajador estadounidense ante la ONU, John Bolton, que según algunos medios podría convertirse en subsecretario de Estado.
En una entrevista hoy con la cadena de televisión Fox News, Trump evitó confirmar que Tillerson sea su elegido para la secretaría de Estado, pero se deshizo en alabanzas al directivo.
"Él es mucho más que un ejecutivo de negocios. Él juega a escala global. Está a cargo de la que supongo que es la mayor compañía del mundo, está a cargo de una compañía petrolera que tiene prácticamente el doble del tamaño de su competidor más cercano, y que se ha gestionado increíblemente bien", aseguró Trump.
"Para mí, una gran ventaja es que conoce a muchos de los jugadores (del escenario global) y los conoce bien. Hace acuerdos a escala masiva en Rusia, y hace esos acuerdos para la compañía, no para él", agregó el presidente electo en el extracto de la entrevista adelantado por Fox, que emitirá el resto este domingo.
El portavoz del equipo de transición de Trump, Jason Miller, tampoco confirmó la información adelantada por la cadena NBC News y los diarios The New York Times y Washington Post, y se limitó a indicar que el anuncio oficial no se hará hasta la próxima semana.
No obstante, según The New York Times, Tillerson sostuvo una reunión hoy con Trump, la segunda después del pasado martes, y que se extendió por más de dos horas.
Tillerson, que comenzó con la Exxon como ingeniero de producción en 1975 y que desde 2006 es su máximo responsable, cuenta con el apoyo de asesores claves del equipo de Trump: su principal estratega, Stephen K. Bannon, y su yerno, Jared Kushner, quien le ha dicho que el empresario "es de otra liga" cuando se compara con el resto de las opciones para el cargo, señala además The New York Times.
Horas antes, varios medios de comunicación habían indicado que Tillerson era el favorito para el cargo, y que el equipo de Trump consideraba que aportaría a su papel como diplomático su vasta experiencia como empresario y sus relaciones con líderes de otros países, entre ellos con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El ejecutivo de la Exxon conoce a Putin desde que estuvo al frente de las operaciones de esa empresa en Rusia en la década de 1990, una larga relación que beneficiaría la intención de Trump de estrechar relaciones con ese país.
En 2011, Tillerson logró un acuerdo que permitía a Exxon acceder a los valiosos recursos del Ártico en Rusia, además de posibilitar a la petrolera estatal rusa, Rosneft, invertir en concesiones de Exxon en todo el mundo. En 2013, Putin le condecoró con la Orden de la Amistad, uno de los más altos honores de Rusia para los extranjeros.
El nombre de Tillerson ha surgido en momentos en que el directivo estaba cerca de acogerse el próximo año a su retiro de la Exxon.
El nombramiento de secretario de Estado debe ser confirmado por el Senado y, de ser elegido por Trump, se uniría a otros empresarios que ya han sido nominados para conformar su gabinete cuando jure al cargo el próximo 20 de enero.
Trump forma un gabinete de millonarios
Las fortunas de los hombres y mujeres designados por el presidente electo de EEUU para formar su gobierno superan los 11.000 millones de dólares
Jairo Mejía / EFE - PÚBLICO - Publicado: 06.12.2016 21:04
WASHINGTON.- El presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, que se considera a sí mismo la voz de los
"olvidados" y el adalid de la clase media, está creando un gabinete de
multimillonarios cuyas fortunas superan ya los 11.000 millones de
dólares.
Trump, al que Forbes estima una fortuna de 3.700 millones de dólares, que él asegura que es tres veces superior, tendrá en su gabinete de gobierno a la heredera de una gigantesca fortuna, a un especulador, un exdirectivo de Goldman Sachs y a varios exfuncionarios con holgadas cuentas corrientes.
Además, las quinielas mantienen abierta la posibilidad de que otros multimillonarios se sumen al equipo de Trump, cuya fortuna combinada podría superar el Producto Interior Bruto (PIB) de varios países pequeños y cuyos intereses privados podrían chocar con su servicio público.
Donald Trump con Betsy DeVos, designada como secretaria de Educación. REUTERS/Mike Segar
Hasta el momento, la fortuna más grande es la de
Betsy DeVos, nominada a secretaria de Educación, y esposa del hijo de
Richard DeVos, fundador de Amway, una empresa de mercadotecnia
multinivel presente en todo el mundo y que procuró una gigantesca
fortuna a toda la familia. DeVos es la presidenta de American Federation
for Children, una organización que promueve la escuela concertada y
privada, además de ser una de las mayores donantes del Partido
Republicano en el estado de Michigan.
En el ránking de los altos
funcionarios más ricos del equipo de Trump está Wilbur Ross, elegido
para ser el secretario de Comercio, un banquero y especulador
especializado en comprar empresas al borde de la quiebra para
reestructurarlas y vender sus activos con beneficios.Ross es un experto en bancarrota que ayudó a Trump en los 90 con el concurso de acreedores de su casino Taj Mahal, y que compró varias acerías en capa caída para venderlas por 4.500 millones de dólares en lo que en parte es ahora ArcelorMittal.
El
inversor multimillonario Wilbur Ross en la Trump Tower para reunirse
con el presidente electo de EEUU Donald Trump. REUTERS/Mike Segar
El que podría ser confirmado secretario de Comercio
ha tenido intereses en los sectores de carbón y el acero, que Trump
quiere reactivar, mientras que mantiene importantes cargos en banca,
como el caso del Banco de Chipre, y empresas de todo el mundo.
Elaine
Chao, nominada a la cartera de Transporte, de origen taiwanés y casada
con el líder republicano del Senado, Mitch McConell, es hija de un rico
armador y según el Center for Responsive Politics, su fortuna asciende a
los 17 millones de dólares.Chao ya fue secretaria de Trabajo con George W. Bush y es ejemplo de lo habituales que son los matrimonios que aúnan fortuna e influencia política en los círculos de poder de Washington, tanto en el lado republicano como en el demócrata.
El
próximo secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a su llegada a su
reunión con el presidente electo estadounidense, Donald Trump, en la
Trump Tower de Nueva York, Estados Unidos. EFE/Albin Lohr-Jones
Trump,
que llegará a la Casa Blanca en enero tras hacer una campaña contra las
élites económicas y políticas, que según él solo aspiran a trabajar en
redes corruptas, no se saldrá de lo que ya parece una tradición: colocar
al frente del Tesoro a ejecutivos de Wall Street.
Al
frente del Departamento del Tesoro, Trump quiere que el Senado, que debe
aprobar todos los nombramientos del gabinete con cargo ministerial,
confirme a Steven Mnuchin, un exdirectivo de la banca de inversión que
pasó más de 20 años en Goldman Sachs antes de crear su propio fondo.Esta semana el grupo progresista Americans for Financial Reform aseguró en un comunicado que Mnuchin "se hizo enormemente rico al aprovecharse del colapso financiero" de 2008, que eventualmente le llevó a dejar Wall Street por Hollywood, donde financió películas como "Gravity" o "Suicide Squad".
Harold Hamm, fundador y presidente ejecutivo de la petrolera Continental Resources. REUTERS/Steve Sisney
Trump,
que ha dicho que la semana próxima puede tener casi totalmente cerrado
su equipo, aún podría poner en el Gobierno a más millonarios, como el
exgobernador de Massachusetts Mitt Romney, el neurocirujano Ben Carson o
el ejecutivo petrolero Harold Hamm.
Hamm, que podría ser
elegido para el puesto de secretario de Energía, podría romper todos los
récords, ya que Forbes estima que su fortuna se acerca a los 17.000
millones, obtenidos por su trabajo en un sector que debería regular si
es finalmente postulado para el cargo.Comparativamente, Trump, autodenominado la "voz de los olvidados", tendría un gabinete mucho más elitista y millonario que el de Obama, cuyas fortunas combinadas se estima que no superan los 3.000 millones de dólares, la mayoría pertenecientes a la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, con unos activos de 2.400 millones de dólares obtenidos en el sector inmobiliario.
Anulan juicio de homicidio contra policía blanco que le disparó por la espalda a Walter Scott
Titulares06 Dic. 2016
En
Charleston, Carolina del Sur, un juez declaró nulo el juicio de
homicidio contra el exoficial de policía Michael Slager, quien fue
filmado en abril de 2015 cuando le disparó por la espalda a Walter
Scott, un hombre afroestadounidense de 50 años de edad, mientras este
intentaba escapar. El oficial Slager había detenido a Scott porque la
luz posterior de su automóvil estaba rota. Después de que Scott saliera
corriendo del auto, el video capturado por un testigo muestra al oficial
Slager dispararle en la espalda a menos de cinco metros de distancia. A
pesar de la distancia y de que Scott estaba desarmado, el oficial
Slager sostuvo durante el juicio que “temió” por su vida. El jurado,
integrado por 11 miembros blancos y uno negro, no alcanzó un acuerdo
tras cuatro días de deliberaciones.El juez Clifton Newman declaró: “Tengo los apuntes finales del jurado en los que sostiene: ‘como jurado lamentamos informar al tribunal que, a pesar de que todos los miembros hemos hecho todo lo posible, no hemos podido llegar a una decisión unánime en el caso de ‘Carolina del Sur contra Michael Slager’. De modo que convocaré al jurado y declararé el juicio nulo”.El asesinato de Walter Scott, en 2015, provocó protestas en todo Estados Unidos. Los fiscales afirman que solicitarán que se inicie un nuevo juicio.
La madre de Walter Scott, Judy Scott, declaró: “Creo en Dios. Tengo esperanzas porque sé que Dios lo puede todo. Él obtendrá su justa recompensa, y aún queda un juicio federal y otro juicio. Estoy esperando por el Señor, confío en él. No me importa lo que diga un hombre, no me interesa lo que parezca, esto no se ha terminado. ¿Está claro? No se termina hasta que Dios diga que se ha terminado”.Los 11 miembros blancos y el miembro negro del jurado provenían de la ciudad de North Charleston, donde casi la mitad de la población es negra. La anulación de este juicio tuvo lugar después de que el jurado no llegara a un acuerdo en otro caso de homicidio policial de alto perfil: la muerte por arma de fuego del afroestadounidense Samuel DuBose, perpetrada por Ray Tensing, un exoficial de policía blanco de la Universidad de Cincinnati, en Ohio, en 2015.
CHILE
En Concepción: Clínica Bío Bío, del grupo Penta, se encuentra en huelga a partir de este viernes
09 diciembre 2016
RESUMEN DE CHILE (Concepción)
[resumen.cl] A partir de
hoy viernes 9 de diciembre, el sindicato de trabajadoras y trabajadores
de la Clínica Bío Bío, del Holding Banmédica cuyo controlador es el
grupo Penta, declararon la huelga legal y se encuentran apostados en las
afueras del recinto, protestando por mejores salarios.
El Sindicato de Trabajadoras de la Clínica Bío Bío agrupa a 201
funcionarios, lo que representa alrededor del 90% del personal del
recinto. En conversación con Resumen, Mónica Rodríguez, presidenta del
sindicato, asevera que el sueldo promedio de los funcionarios de la
Clínica es de $280 mil y que piden que sus salarios base se eleven 20
mil pesos, demanda que no fue acogida por la institución privada de
salud.
La Clínica Bío Bío es una de las cuatro
clínicas que maneja el grupo Penta. La dirigente explica que la empresa
se negó constantemente a subir los sueldos bases, arrinconándolos, por
lo que se vieron obligados a irse a huelga. Desde primeras horas de la
mañana, los funcionarios del recinto se encuentran protestando en las
entradas de la Clínica.
El Holding Banmédica se embolsó el año 2015 $45.767 millones en utilidades.
Boris Figueroa, nuevo dirigente del Colegio de Profesores, región del Bío Bío: Aquí las bases son las que toman las decisiones
[resumen.cl] La jornada de este jueves concluyó con más del 70% de las mesas escrutadas,
luego de las votaciones para las directivas comunales, regionales y
nacional del Colegio de Profesores. En todas las comunas del país ha
quedado de manifiesto el contundente rechazo a la directiva funcional a
los partidos políticos de Gobierno, encabezada por Jaime Gajardo. En su
reemplazo se ha posicionado un conjunto de candidatos agrupados en la
llamada “lista disidente”, nombre que evoca las históricas
paralizaciones de fines del 2014 y de 2015, cuando a los pocos
directivos nacionales que transmitían los planteamientos de los
profesores movilizados fueron catalogados como disidentes de la
oficialidad.
Gajardo, Bárbara Figueroa y consortes
han quedado con una débil presencia en la organización, lo cual genera
bastantes expectativas en el profesorado que ha sufrido un progresivo
proceso de precarización laboral y ha sido objeto de la culpabilización
por los objetivos incumplidos del sistema escolar que, en vez de
transformarse radicalmente, recibe reformas que acentúan sus efectos
atróficos y empobrecedores, tanto como para estudiantes, profesores y la
sociedad chilena en general.
Lo que sigue es la grabación y
transcripción de una conversación telefónica con Boris Figueroa,
presidente del provincial Bío Bío del Colegio de Profesores y, ahora, el
candidato a presidir la sección regional de éste que ha reunido la
mayor cantidad de votos en la región del Bío Bío.
-Con el 77% de las mesas escrutadas, cuál es la composición de la directiva nacional y regional del Colegio de Profesores.
En cuanto a la directiva nacional, en
estos momentos habrían sido elegidos [un] mínimo 8 de 11 [dirigentes de
la lista disidente] y a nivel regional, tendríamos 6 de 9.
-De acuerdo a tu opinión, qué representa la respuesta del profesorado en las presentes elecciones.
Representa un rechazo a la conducción de
la Nueva Mayoría dentro del Colegio de Profesores… a no respetar la
opinión de las bases y no hacer lo que las bases realmente querían… Esta
directiva que está terminado a nivel nacional y también parte del
directorio regional que está terminando, tenían un discurso de acuerdo a
lo que su línea política le dictaminaba y nosotros… como dirigentes
vamos con la voz de las bases. O sea, aquí las bases son las que toman
las decisiones y uno tiene que ser respetuoso y a la vez muy
transparente… y esa es la posición que a nosotros, como dirigentes, se
nos mandata a defender.
-Durante las movilizaciones del
2014 y sobre todo en el paro del 2015, hizo falta la participación del
profesorado de establecimientos particular subvencionados que
actualmente tienen una matricula mucho mayor que los establecimientos
municipales. ¿Cuál es la estrategia para lograr la unidad entre estos
dos sectores, hasta ahora, disociados?
Lamentablemente, en los colegios
particulares [subvencionados] los profesores son mucho más amedrentados
de lo que somos los que trabajamos en el sector municipalizado. Ahora
bien, cuando la ley [de carrera docente] se aplique… los profesores
vamos a quedar todos en igualdad de condiciones y esperamos que, de una
vez por todas, los profesores del sistema particular subvencionado
pierdan el miedo… se unan con nosotros, y luchemos todos juntos.
[En cuanto al proceso de desmunicipalización…]
El próximo año quieren echar [a
funcionar], como piloto, el primer Servicio Local de Educación de la
octava región, donde está la comuna de Hualqui, Chiguayante, Concepción y
Florida. Ya, en una comuna chuiquita, la SEREMI [de Educación] les
pidió ajustar las plantas… que ciento noventa y tantas personas de ese
sistema educativo, entre profesores y no docentes, deben hacer abandono.
O sea, de alguna manera tienen que deshacerse de esas personas para que
pasen las plantas lo más acotadas posible a estos nuevos Servicios
Locales de Educación…. Con esto demuestran una vez más que a todos los
Gobiernos y a toda la clase política, la educación en este país, es lo
menos que le importa. Lo único que les importa es como ellos hacen ganar
plata a los empresarios…
-En 2015, el Gobierno y la clase
política, a pesar de masiva oposición del profesorado, aprobó la ley de
carrera docente. ¿Cuáles son las medidas que debieran tomar los
profesores para revertir las nefastas repercusiones de esta ley?
Los nuevos dirigentes [nacionales],
espero que pronto llamen a una asamblea para poder determinar algunas
directrices y hacer un nuevo planteamiento al Gobierno… [para conseguir]
una carrera docente consensuada entre el Gobierno y los profesores, no
que sea de forma unilateral donde el Gobierno impone… y aprueban algo a
imagen y semejanza de sus propias necesidades…
-Concretamente. ¿Crees que la ley de carrera docente debe ser anulada?
No tanto como anulada, pero sí tiene que ser mejorada, tiene que ser consensuada con los profesores…
-Pero, en la práctica, cómo pretendes que la ley se transforme, por que ésta ya está aprobada.
Bueno, una ley se saca con otra ley.
Aquí no se trata de eliminar la ley por completo, sino que la mejoremos y
la arreglemos de acuerdo a lo que realmente se necesita para mejorar la
educación en Chile.
-¿Cuáles son las cualidades que
debiera tener una organización de profesores que bregue por las
exigencias ya históricas del profesorado, tales como el “50/50”, el fin
al agobio laboral y el fin al estatus que se le ha otorgado al profesor
como chivo expiatorio para justificar todos los objetivos que no ha
cumplido el sistema escolar?
Primero, el Estado trata de justificar
lo injustificable…. Ahora, qué queremos de nuestra organización:
Primero, transparencia. Segundo, necesitamos una organización que
trabaje para la defensa de los profesores. Son cosas fundamentales. Y
darle más democracia al Colegio, darle más participación a los
profesores. Tener la posibilidad que vuelvan a lo que hacían antes:
Hacer investigaciones pedagógicas, que sean un aporte a la sociedad
desde la educación. Pero con esta leyes que nos tienen tan presionados,
difícilmente podemos lograr hacer cosas que vayan en beneficio de la
sociedad.
Foto: diariolatribuna.cl
En Talcahuano profesores críticos se presentan para quedarse con el Gremio comunal
[resumen.cl] En muchas comunas del
país, profesores críticos y miembros de la “disidencia” a la conducción
de la Nueva Mayoría y Jaime Gajardo en el gremio de los docentes, han
levantado listas donde han convergido proyectos de profesores que han
estado presentes en las últimas grandes movilizaciones del sector. En
Talcahuano, bajo el alero del Colectivo Docente Talcahuano, profesores
lograron conformar la lista S, compuesta por Melissa Henríquez,
Educadora de Párvulos de la Escuela F490 Cerro Cornou, Gisela Merino,
Profesora de Educación General Básica de la Escuela Centinela, Francisco
Castillo, Profesor de Historia y Coordinador de Decreto 170, Paulo
Busto, Profesor de Historia del Liceo Industrial A23 y Yerko Otárola,
Profesor de Educación General Básica de la Escuela D-475 Diego Portales.
En conversación con Resumen, Yerko Otárola y
Francisco Castillo, los docentes plantearon los principales puntos de
sus propuestas.
¿Cómo nació la necesidad de postularse al colegio de profesores?
Y.O.: La necesidad nace como
Colectivo Docente Talcahuano y desde sus integrantes quienes hacemos una
critica al funcionamiento de nuestra organización a nivel nacional,
regional y local, cómo este hace participe al profesorado, da forma a su
identidad y atiende a la diversidad de sus necesidades, que muchas
veces solo se ajustan al plano económico, obviando el rol político,
social y cultural que tienen los y las trabajadoras de la educación.
Asímismo, somos conscientes que como profesores y profesoras somos
también responsables de permitir que los intereses partidarios de
nuestros dirigentes primen por sobre las resoluciones y acuerdos de los y
las docentes de base. Por ende, es sumamente necesario que los
profesores y profesoras recuperemos nuestra organización, la
democraticemos y hagamos de esta una organización activa socialmente.
F.C. : Como Colectivo Docente de
Talcahuano llevamos unos 4 años desarrollando actividades de distinta
índole, entre ellas editando un pequeño boletín llamado “El Recreo”.
Siempre tuvimos una mirada bastante crítica respecto a la manera en que
se lleva a cabo el trabajo en el Profesores, en todos sus niveles. Nunca
nos sentimos muy representados por las figuras del Directorio Nacional,
ya que para nosotros representaban una forma de hacer sindicalismo con
la que no estábamos de acuerdo, la considerábamos entre otros aspectos,
excesivamente verticalista, con poco interés en propiciar la
participación y la democracia y además, muy subordinada a las ordenes
partidarias, anteponiendo esos intereses a los intereses de las bases.
Pese a todo ese diagnostico, creíamos que no podíamos
seguir dejando en manos de ese tipo de dirigentes a una organización
que tiene, a nivel nacional, más de 55 mil colegiados, y que en nuestra
comuna cuenta con más de 760 profesores y profesoras.
Con todo eso, surge la necesidad de hacernos cargo de
nuestras críticas y pasar al plano de la propuesta, para lo cual era
clave presentarnos como una alternativa para disputar las elecciones a
nivel comunal este año.
¿Qué diagnóstico hacen de la situación del profesorado y la actual directiva del gremio?
YO: Por un lado en el profesorado
existe una desmotivación por participar de la organización docente, una
desconfianza hacia las dirigencias actuales, hacia sus prácticas poco
democráticas y decisiones poco favorables a los intereses de los y las
profesoras, una utilización de la estructura gremial como acceso a
mejores puesto de trabajo. Muchas veces priman los intereses partidarios
por sobre los intereses y necesidades del profesorado, ocurre lo mismo
en la CUT, un vicio de sus dirigentes por la re-elección para continuar
reproduciendo las mismas formas de democracia interna. Lo que lleva hoy
en día a tener a un profesorado pasivo socialmente, actitud permeada de
la pasividad de nuestra dirigencia actual y tradicional. Por otro lado,
los y las profesores continúan reconociendo al Colegio de Profesores de
Chile como la organización que los representa y que debiera defender sus
intereses, dirigir sus acciones y plantear sus acuerdos y resoluciones.
En cuanto a muchas de las actuales directivas y/o
dirigentes, en todo nivel, comunal, regional y nacional, ha sido más que
evidente que a través de nuestro gremio, representan y responden a los
intereses que mandata el partido, por sobre las decisiones de las bases
de profesores y profesoras. He ahí la necesidad de recuperar y
transformar nuestra organización docente.
FC: Hoy día el ejercicio de la
profesión docente se encuentra, francamente en crisis. La profundización
de las medidas neoliberales en Educación requería desacreditar y
reducir al mínimo la Educación Publica. Y para eso también se requería
desacreditar y poner en tela de juicio las capacidades de los docentes. Y
para ello se valieron de diversos instrumentos: el SIMCE, la Evaluación
Docente, el creciente financiamiento por la vía de la subvenciona los
establecimientos particulares subvencionados, entre otros aspectos.
Todo eso hoy día tiene a los y las profes en un marco
de constante cuestionamiento y desconfianza respecto a sus prácticas,
reproduciendo un modelo que se basa en la competencia y en el
individualismo, y en donde se cuestiona a quien no responda a ese
paradigma. Con una alta carga de trabajo administrativo que impide poner
el foco en lo que importa, que es el trabajo en el aula. Y la guinda de
la torta a todo esto es la aprobación de la Carrera Docente del MINEDUC
el pasado 2015.
Y ahí es donde las actuales dirigencias del Colegio
han sido, por decirlo de alguna manera, extremadamente tibias a la hora
de alzar la voz ante el avance de estas políticas. Ese comportamiento de
estas dirigencias hizo crisis en los conflictos de la Agenda Corta el
2014 y de la Carrera Docente el 2015, donde en un inicio amagaron una
posición crítica, pero finalmente terminaron valorando decisiones
gubernamentales que estaban muy lejos de lo que los profesores exigían.
Terminaron alineándose con el Gobierno y dándole la espalda a sus bases.
¿En qué consiste su proyecto?
YO: El programa se articula en
cuatro eje planteados en forma de preguntas, el primero es 1 ¿Qué
condiciones de trabajo necesitamos? Que apunta a visibilizar las
diversas problemáticas que conlleva la realidad y trabajo de los
profesionales de la educación. Velar el cumplimiento de la legislación
vigente, siendo oportunos al momento de defender los derechos del
profesorado. Trabajar en el plano formativo con respecto a la
legislación que rige el trabajo docente y avanzar hacia condiciones de
trabajo efectivamente óptimas y que superen la condiciones establecidas
por la actual Carrera Profesional Docente.
El segundo Eje plantea ¿Cómo debe ser nuestra
Organización? Aquí se apunta fortalecer la identidad y convivencia entre
los profesores y profesoras a través de actividades recreativas,
deportivas, culturales, entre otras. También generar espacios que nos
permitan socializar entre profesores en ejercicio y con aquellos que ya
no son activos. Sumarse a la tarea de trabajar por un congreso
estatutario que democratice nuestra Organización y avanzar hacia espacio
de convergencia con aquellos profesionales de la educación de
establecimientos particulares subvencionados.
En el Tercer eje planteamos ¿Qué Pedagogía queremos?
En donde apuntamos a trabajar por la convocatoria a un Congreso
Pedagógico que nos permita reflexionar críticamente sobre los paradigmas
y modelos educativos necesario para nuestro quehacer.
Y en el cuarto eje bordeamos ¿Qué Sociedad queremos?
Entendiendo el rol social y cultural que cumple el docente, éste no
puede marginarse de las problemáticas sociales, medioambientales y
políticas de nuestra sociedad, ya sean nacionales o locales. Teniendo
claridad de esto, es que surge también como necesidad la articulación
entre los distintos profesionales de la educación y con el conjunto de
los actores sociales, en luchas que ya sean medioambientales,
previsionales, estructurales, entre otras.
En cuanto a la proyección del programa, en todo
momento se plantea de manera flexible y con la finalidad de avanzar en
los ámbitos o ejes propuestos: como lista S y colectivos no queremos ni
podemos plantear conquistas a ciegas. El programa plantea y propone las
necesidades básicas que tenemos como organización, tareas próximas de
todos y todas las docentes. Pero, al mismo tiempo, es una invitación
para que como profesores y profesoras superemos nuestras propias
contradicciones, nos hagamos participes y responsables de nuestra labor
gremial.
En fin, su proyección se visibilizará y extenderá si
logramos una articulación de las bases a nivel nacional y un cambio de
dirigencia a nivel nacional y general una nueva forma de relacionar como
gremio.
FC: Nosotros hoy día nos planteamos
desde la urgencia de transformar nuestra organización, de darle un mayor
dinamismo, de hacerla atractiva para los y las profesoras de
Talcahuano. Y dividimos nuestra propuesta en los cuatro grandes ejes de
trabajo que menciona Yerko. Ahora, para muchas de esas tareas creemos
que es importante que propuesta como la nuestra en Talcahuano, pero
también como la que desarrollan los colegas de la Lista S en Penco, o
las lista C en Chiguayante, Concepción, Hualpén y Tomé, entre otras
comunas, puedan obtener triunfos que nos permitan una nueva correlación
de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional.
¿Cuál su opinión respecto a la actual movilización de los trabajadores públicos.?
YO: Por un lado nos encontramos los y
las trabajadoras públicos clarito con nuestras reivindicaciones y por
el otro un Gobierno tozudo que no escucha a los y las trabajadoras,
pactando a puertas cerradas con los partidos políticos para conseguir
los votos los parlamentarios correspondientes y así aprobar el nefasto
reajuste hacia los y las trabajadoras públicos, creyendo que el problema
fundamental radica en las bonificaciones, que se entregan por única vez
y no el reajuste real que incide en el salario mensual de cada
trabajador y trabajadora.
FC: Independiente de cómo se
resuelvió el conflicto, creo que hoy los trabajadores públicos hemos
dado una señal potente de dignidad. La propuesta de Hacienda es
simplemente impresentable, ya que es un reajuste mínimo por sobre el
IPC. Pero aquí finalmente lo que ha primado es la prepotencia de un
gobierno que pese a la desaprobación con la que cuenta parece tener un
afán por desacreditarse aun más ante la ciudadanía.
Esperamos que los trabajadores públicos, y dentro de ellos los y las profesoras no se olviden fácilmente de esto.
¿Qué más desean expresar a los docentes que lean esta publicación?
YO: A los Profesores de Talcahuano
que este 23 de noviembre invitarlos a votar por la lista S. A nivel
regional y nacional votar por la lista C.
FC: Primero que nada agradecerles a
ustedes como medio, el espacio para poder dar a conocer nuestras
propuestas. Agradecer además el compromiso que siempre han mantenido con
los movimientos sociales de la zona y además de eso invitar a los
profesores y profesoras colegiadas a votar este 23 de noviembre, por
cualquiera de los candidatos de la Lista S en Talcahuano.
Confech exige participar en mesa de diálogo por reforma a la educación superior
Natalia Figueroa |Domingo 4 de diciembre 2016 21:03 hrs.
La
Ministra de Educación aseguró que extender becas Bicentenario a
universidades privadas busca “romper con la línea de diferenciaciación”
que históricamente ha privilegiado a las instituciones del CRUCh. Los
estudiantes rechazaron los dichos anunciando la presentación de ocho
indicaciones que esperan sean revisadas en la mesa tripartita.
En una entrevista concedida durante el fin de semana, la titular del Mineduc también valoró el acuerdo al que se llegó con la derecha para aprobar el presupuesto de la cartera: aseguró que la extensión de becas a las instituciones privadas busca “romper con una línea de diferenciación que históricamente ha existido”.
Sin embargo, la entrega de 3 mil 500 becas bicentenario al sector privado generó un nuevo quiebre entre las partes. Por ello, desde el Ministerio, se comprometieron a establecer una mesa tripartita de diálogo para poder destrabar el conflicto: Rectores, parlamentarios y Ejecutivo están llamados a sentarse a conversar, sin embargo, los estudiantes exigen ser parte de la instancia.
Así lo confirmó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Patricio Medina, quien informó que durante la reunión de la Confech que se desarrolló este fin de semana, hubo acuerdo general en participar de esta instancia y presentar ocho indicaciones que deberían considerarse previo a la aprobación general del proyecto:“Tenemos las indicaciones y las propuestas, por lo tanto, exigimos ser parte de esta mesa del Gobierno. Es fundamental que el Mineduc no sólo haga un check list de la Reforma sino aplique las medidas concretamente”
En este escenario, en el Parlamento no ven con buenos ojos que el Gobierno quiera acelerar la votación en general de la reforma. Para el diputado radical y presidente de la comisión de Educación, Alberto Robles, es muy difícil aprobarla tal como está. Por lo mismo, citaron para el próximo martes 13 de diciembre a los rectores y al Mineduc, con el fin de evaluar la urgencia del proyecto. “Estamos esperando novedad de acuerdo para avanzar en este tema, pero es el Gobierno el que tiene la manija de las urgencias. Para conocer las indicaciones no es necesario votar en general porque se pueden conocer si quisieran ahora mismo”.
Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards, anunció votos de rechazo si se insiste en aprobar la idea de legislar sin antes conocer las modificaciones a la iniciativa.
Las universidades tampoco están contentas con el curso que ha tomado el debate. Desde el G9 dijeron que se vieron perjudicados porque las universidades estatales no optaron por reponer el Aporte Fiscal Directo. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo de Rectores, el rector de la universidad de Valparaíso, Aldo Valle, llamó a zanjar estas diferencias y unirse en los planteamientos de la Reforma.
El evidente retraso en este trámite ha entrampado la revisión de puntos particulares a pesar que desde el Mineduc han hecho algunos anuncios respecto a la sustitución del Crédito con Aval del Estado (CAE) en un proyecto paralelo a la Reforma.
Respecto a esto, el ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre, reconoció en entrevista con La Tercera que hubo errores. “Sería de una hipocresía sin nombre que yo deslindara responsabilidad, porque yo estaba en el diseño del sistema”, dijo el ahora ministro de la Segpres. Se preguntó: “¿Se podría haber hecho mejor? Sí. ¿Era mejor que lo que había? También. Mira después de la batalla son todos generales”.
PS busca poner fin al CAE
Los senadores del Partido Socialista buscarán poner fin al CAE y a los aportes directos e indirectos que se le entregan a las universidades privadas. Así lo anunció Alfonso de Urresti, quien dijo que se busca que los aportes al Crédito con Aval del Estado se destinen directamente a la gratuidad.
La noticia no fue bienvenida en la UDI. La senadora Ena von Baer sentenció que la izquierda tendrá que dar explicaciones a los jóvenes de clase media que no podrán estudiar.
De esta forma, se abre un nuevo foco de conflicto en el debate por educación. Mientras, desde el Ministerio insisten que lo mejor es votar en general la reforma, para luego ingresar las indicaciones y mejoras.
#CerroALaIzquierda: Públicos o privados, trabajadores explotados
![[AUDIO] #CerroALaIzquierda: Públicos o privados, trabajadores explotados](http://resumen.cl/wp-content/uploads/2016/11/sodimac-4-770x515-e1479681113491-760x410.jpg)
Partimos este programa conversando con Lautaro Painemal y Francisco Carrasco, estudiantes de la Universidad Andrés Bello sede Concepción y quienes se encuentran en proceso de sumario tras las movilizaciones realizadas este año donde denunciaron el lucro de la casa de estudios y persecución. Posteriormente, conversamos con Jimena Aguirre, parte de la disidencia a la conducción oficialista de la Mesa Nacional los trabajadores del Sector público
aglutinados en la ANEF. La entrevistada narró sus impresiones sobre la
derrota en las negociaciones con el gobierno, los problemas existentes
más allá del reajuste salarial, el show mediático del oficialismo para
desmovilizar a los trabajadores y la complicidad de la dirigencia que
milita en los partidos de la Nueva Mayoría, luego hablamos de la
movilización de los trabajadores de SODIMAC y de los trabajadores del
supermercado Unico de Mulchén. Finalmente nos acompañó Natalia Vera, quien nos contó sobre los pormenores de la movilización en denuncia del atropello vejatorio sufrido por Lorenza Cayuhan,
mujer mapuche obligada a dar a luz de forma humillante, engrillada y
escoltada por gendarmes, en lo que es considerado un acto de racismo,
machismo y violación a los Derechos Humanos.
Recuerde participar en nuestro programa comentando con el hashtag #CerroALaIzquierda en redes sociales, además nos puede encontrar como Cerro A La Izquierda en Facebook y @cerroaizquierda en Twitter. Escúchenos en vivo y en directo todos los viernes a eso de las 17:30 horas por el 107.7FM para todo Concepción y alrededores por Radio Voz de la Mujer
y a través de nuestra señal online para todo Chile y el mundo (con
repetición los días martes a eso de las 17:30 horas), en transmisión
simultánea con Radio Resumen en http://resumen.cl/resumen-r
*Fotografía espectadordigital.
URUGUAY
Lunes 12 • Diciembre • 2016
Informe anual de Serpaj advierte que el Parlamento sigue “sancionando leyes de corte represivo”
El Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) presentará hoy su
informe anual. La organización de derechos humanos advierte en la
introducción del documento que, si bien en los últimos años bajó la
pobreza, la brecha entre los barrios más ricos de Montevideo y los más
pobres ha aumentado, fundamentalmente en materia educativa. Recuerda que
casi 50% de los niños viven en los hogares más pobres y que la
desigualdad “sigue siendo una de las cuestiones más difíciles de
revertir, en todas sus dimensiones”. El informe agrega que la
preocupación fundamental de casi 60% de los uruguayos desde hace más de
diez años es la seguridad, y que respecto de este tema, el sistema
político “continúa sin dar una discusión profunda e integral” y sigue
ejecutando “medidas cortoplacistas” que no han logrado ser efectivas ni
en términos de disminución de los delitos ni en materia de opinión
pública.
“Nuestro parlamento continúa sancionando leyes de corte represivo, que implican un retroceso en materia de Derechos Humanos, optando nuevamente por el endurecimiento de penas y el encarcelamiento como única solución posible a los conflictos que se desarrollan en nuestra sociedad. El sistema carcelario se encuentra en una situación crítica, donde salvo alguna excepción sólo ofrece encierro y hacinamiento”, sostiene la organización en su informe. Recuerda que este año se registraron 32 muertes en el sistema carcelario.
El informe contiene artículos de distintos autores sobre temas también diversos: inclusión social, economía, salud mental, acceso a la información, cuidados, aborto, violencia policial, justicia y verdad en relación a los crímenes de la dictadura.
Un artículo de la socióloga Lucía Vernazza, denominado “Populismo punitivo en Uruguay: discursos y políticas de los gobiernos de izquierda 2005-2014” concluye que hubo un “viraje drástico” entre el primer y el segundo gobierno del Frente Amplio (FA). Por ejemplo, Vernazza sostiene que cambió la concepción sobre los efectos del aumento de penas. Mientras que en el primer gobierno hubo sólo un proyecto de ley destinado a aumentar penas (ley sobre violencia en el deporte, N° 17.951), en el segundo período hubo por lo menos cinco: agravantes en las penas para los funcionarios públicos, y para el tráfico de pasta base y cocaína (Ley N° 19.000); la modificación de los artículos 72 y 76 del Código de la Niñez y Adolescencia que establecen una pena mínima de un año para delitos gravísimos (Ley N° 19.055); la ley de faltas en espacios públicos (Ley N° 19.120); la ley que tipifica como delito la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas (Ley N° 19.205) y la tipificación del delito de tráfico de armas (Ley N° 19.247).
Hay también giros discursivos en este campo: mientras que la ley de humanización carcelaria de 2005 se refiere a la ley de seguridad ciudadana de 1995 “como un ejemplo de inflación legislativa ineficaz y propone derogar algunas de sus disposiciones penales”, la ley de emergencia carcelaria de 2010 menciona esta misma ley como un intento de encontrar “paliativos” a la emergencia carcelaria, advierte Vernazza. Al mismo tiempo, mientras en el primer período del FA hay referencias a la necesidad de una reforma en materia carcelaria por un tema de respeto a los derechos humanos, en el segundo período de gobierno se considera que la reforma carcelaria es necesaria por una cuestión de seguridad pública.
Durante el segundo período, a diferencia del primero, las autoridades del Ministerio del Interior no registran “referencias a los pobres como motor de las políticas o como víctimas de una política criminal equivocada”. Y también a diferencia del primero, los adolescentes empiezan a ocupar un lugar recurrente en los discursos. “Durante el primer gobierno del FA, sólo pueden encontrarse unas pocas menciones al tema, mientras en el segundo gobierno, el tema de los adolescentes infractores cobra absoluto protagonismo, y es el propio ministro [Eduardo Bonomi] quien lo coloca constantemente en los medios”, señala Vernazza. En el segundo período, en línea con esta concepción, se propone el endurecimiento de la legislación punitiva para los adolescentes -el registro de antecedentes, la pena mínima de un año para los delitos considerados gravísimos y la posibilidad de un juicio abreviado- que “violentan los tratados de DDHH de la infancia y especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño”, advierte Vernazza.
La autora concluye que mientras la gestión de José Díaz al frente del Ministerio del Interior (2005-2007) se caracterizó por su “énfasis en la rehabilitación, por su idea de reservar y acotar la cuestión penal, por su creencia en el conocimiento empírico como guía para la acción, por su referencia a las ‘raíces sociales’ como causa principal del delito y por su constante alusión al Estado como garante de la seguridad y el castigo”, la gestión encabezada por Eduardo Bonomi “presenta características relacionadas al ‘neoliberalismo penal’” y se caracteriza por “la pérdida del conocimiento experto en la definición de la política, por la politización de los argumentos, por el aumento de la punitividad, por las referencias a un enemigo común y por sus señales a una opinión pública que reclama más seguridad”. Sin embargo, pese a este “viraje drástico” de las políticas y los discursos, no hubo mejoras ni en términos de indicadores de delitos ni en términos de hacinamiento carcelario, y tampoco respecto de la percepción de la opinión pública, indica la autora.
Todavía esperamos
Otros artículos del informe refieren a la persistencia de la impunidad de los delitos cometidos por la dictadura. Por ejemplo, un artículo firmado por el periodista Roger Rodríguez recuerda que en 30 años desde el retorno a la democracia, sólo se han judicializado 304 causas y “apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión” (ver recuadro).
En un artículo firmado por la licenciada en Ciencia Política Manuela Abrahan se analiza la actuación del Poder Judicial en dictadura. Se señala que en esta etapa “el Poder Judicial fue desplazado en varias ocasiones por la Justicia Militar” y luego “fue mediado por el Poder Ejecutivo creando un Ministerio de Justicia”, todo esto “sin desmantelar la estructura preexistente”. Algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron destituidos pero otros permanecieron en sus cargos durante la dictadura.
Abrahan menciona una acordada de la SCJ de 1975 que establece que “la liberación de aquellas personas presas en establecimientos militares con anterioridad a abril de 1972 -que por lo tanto habían tenido actuación de la justicia ordinaria- debía ser avalada por la Junta de Comandantes en Jefe”.
En cuanto al avance de las causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, la investigadora concluye, en la misma línea que Rodríguez, que “parece haberse pasado de una impunidad legal, representada por la vigencia de la ley de caducidad hasta 2011, a una impunidad fáctica por los obstáculos presentes para el avance de las causas, que arroja como resultado que de hecho no se avance en justicia”.
En otro artículo, firmado por Abrahan y Mariana Risso, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las autoras se preguntan si es válido que la Universidad de la República (Udelar) siga colaborando con el Poder Ejecutivo en materia de información y búsqueda de los desaparecidos, cuando “hay elementos para concluir que es limitada la voluntad política para profundizar acciones en materia de verdad, justicia y reparación”. “Es importante ser conscientes de que la Udelar en los últimos diez años, al acompañar las diferentes acciones, impulsos y frenos de los sucesivos gobiernos, no solamente realiza una colaboración técnica, sino que legitima procesos, expectativas y resultados”, advierten. Y sostienen que la política del gobierno en la materia es “insuficiente y restrictiva en el acceso a la información”.
“Nuestro parlamento continúa sancionando leyes de corte represivo, que implican un retroceso en materia de Derechos Humanos, optando nuevamente por el endurecimiento de penas y el encarcelamiento como única solución posible a los conflictos que se desarrollan en nuestra sociedad. El sistema carcelario se encuentra en una situación crítica, donde salvo alguna excepción sólo ofrece encierro y hacinamiento”, sostiene la organización en su informe. Recuerda que este año se registraron 32 muertes en el sistema carcelario.
El informe contiene artículos de distintos autores sobre temas también diversos: inclusión social, economía, salud mental, acceso a la información, cuidados, aborto, violencia policial, justicia y verdad en relación a los crímenes de la dictadura.
Un artículo de la socióloga Lucía Vernazza, denominado “Populismo punitivo en Uruguay: discursos y políticas de los gobiernos de izquierda 2005-2014” concluye que hubo un “viraje drástico” entre el primer y el segundo gobierno del Frente Amplio (FA). Por ejemplo, Vernazza sostiene que cambió la concepción sobre los efectos del aumento de penas. Mientras que en el primer gobierno hubo sólo un proyecto de ley destinado a aumentar penas (ley sobre violencia en el deporte, N° 17.951), en el segundo período hubo por lo menos cinco: agravantes en las penas para los funcionarios públicos, y para el tráfico de pasta base y cocaína (Ley N° 19.000); la modificación de los artículos 72 y 76 del Código de la Niñez y Adolescencia que establecen una pena mínima de un año para delitos gravísimos (Ley N° 19.055); la ley de faltas en espacios públicos (Ley N° 19.120); la ley que tipifica como delito la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas (Ley N° 19.205) y la tipificación del delito de tráfico de armas (Ley N° 19.247).
Hay también giros discursivos en este campo: mientras que la ley de humanización carcelaria de 2005 se refiere a la ley de seguridad ciudadana de 1995 “como un ejemplo de inflación legislativa ineficaz y propone derogar algunas de sus disposiciones penales”, la ley de emergencia carcelaria de 2010 menciona esta misma ley como un intento de encontrar “paliativos” a la emergencia carcelaria, advierte Vernazza. Al mismo tiempo, mientras en el primer período del FA hay referencias a la necesidad de una reforma en materia carcelaria por un tema de respeto a los derechos humanos, en el segundo período de gobierno se considera que la reforma carcelaria es necesaria por una cuestión de seguridad pública.
Durante el segundo período, a diferencia del primero, las autoridades del Ministerio del Interior no registran “referencias a los pobres como motor de las políticas o como víctimas de una política criminal equivocada”. Y también a diferencia del primero, los adolescentes empiezan a ocupar un lugar recurrente en los discursos. “Durante el primer gobierno del FA, sólo pueden encontrarse unas pocas menciones al tema, mientras en el segundo gobierno, el tema de los adolescentes infractores cobra absoluto protagonismo, y es el propio ministro [Eduardo Bonomi] quien lo coloca constantemente en los medios”, señala Vernazza. En el segundo período, en línea con esta concepción, se propone el endurecimiento de la legislación punitiva para los adolescentes -el registro de antecedentes, la pena mínima de un año para los delitos considerados gravísimos y la posibilidad de un juicio abreviado- que “violentan los tratados de DDHH de la infancia y especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño”, advierte Vernazza.
La autora concluye que mientras la gestión de José Díaz al frente del Ministerio del Interior (2005-2007) se caracterizó por su “énfasis en la rehabilitación, por su idea de reservar y acotar la cuestión penal, por su creencia en el conocimiento empírico como guía para la acción, por su referencia a las ‘raíces sociales’ como causa principal del delito y por su constante alusión al Estado como garante de la seguridad y el castigo”, la gestión encabezada por Eduardo Bonomi “presenta características relacionadas al ‘neoliberalismo penal’” y se caracteriza por “la pérdida del conocimiento experto en la definición de la política, por la politización de los argumentos, por el aumento de la punitividad, por las referencias a un enemigo común y por sus señales a una opinión pública que reclama más seguridad”. Sin embargo, pese a este “viraje drástico” de las políticas y los discursos, no hubo mejoras ni en términos de indicadores de delitos ni en términos de hacinamiento carcelario, y tampoco respecto de la percepción de la opinión pública, indica la autora.
Todavía esperamos
Otros artículos del informe refieren a la persistencia de la impunidad de los delitos cometidos por la dictadura. Por ejemplo, un artículo firmado por el periodista Roger Rodríguez recuerda que en 30 años desde el retorno a la democracia, sólo se han judicializado 304 causas y “apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión” (ver recuadro).
En un artículo firmado por la licenciada en Ciencia Política Manuela Abrahan se analiza la actuación del Poder Judicial en dictadura. Se señala que en esta etapa “el Poder Judicial fue desplazado en varias ocasiones por la Justicia Militar” y luego “fue mediado por el Poder Ejecutivo creando un Ministerio de Justicia”, todo esto “sin desmantelar la estructura preexistente”. Algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron destituidos pero otros permanecieron en sus cargos durante la dictadura.
Abrahan menciona una acordada de la SCJ de 1975 que establece que “la liberación de aquellas personas presas en establecimientos militares con anterioridad a abril de 1972 -que por lo tanto habían tenido actuación de la justicia ordinaria- debía ser avalada por la Junta de Comandantes en Jefe”.
En cuanto al avance de las causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, la investigadora concluye, en la misma línea que Rodríguez, que “parece haberse pasado de una impunidad legal, representada por la vigencia de la ley de caducidad hasta 2011, a una impunidad fáctica por los obstáculos presentes para el avance de las causas, que arroja como resultado que de hecho no se avance en justicia”.
En otro artículo, firmado por Abrahan y Mariana Risso, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las autoras se preguntan si es válido que la Universidad de la República (Udelar) siga colaborando con el Poder Ejecutivo en materia de información y búsqueda de los desaparecidos, cuando “hay elementos para concluir que es limitada la voluntad política para profundizar acciones en materia de verdad, justicia y reparación”. “Es importante ser conscientes de que la Udelar en los últimos diez años, al acompañar las diferentes acciones, impulsos y frenos de los sucesivos gobiernos, no solamente realiza una colaboración técnica, sino que legitima procesos, expectativas y resultados”, advierten. Y sostienen que la política del gobierno en la materia es “insuficiente y restrictiva en el acceso a la información”.
Impunidad judicial
De los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura que se
judicializaron en los últimos 30 años, 63% no pasó de la etapa del
presumario. Solamente 30% llegó a algún tipo de definición, y 80,5% de
esas decisiones judiciales consistieron en archivar la causa. Sólo 2% de
los procesos alcanzaron una sentencia de primera instancia.
Investigadora por espionaje citará a Wschebor y Rico
La
Comisión Investigadora por espionaje militar en democracia definió el
régimen y la metodología de trabajo; el grueso de las citaciones tendrán
lugar tras el receso parlamentario.
La Comisión Investigadora sobre espionaje
militar en democracia decidió, este jueves, convocar a los historiadores
Isabel Wschebor y Álvaro Rico para brindar detalles de los informes
presentados ante la Justicia sobre el archivo encontrado en la casa del
coronel (r) Elmar Castiglioni, ex jefe de División I de la Dirección
Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), hoy fallecido.
Wschebor -extitular de la Secretaría de Derechos para el Pasado Reciente- y Rico -decano de la Facultad de Humanidades- fueron los responsables de analizar las 65 cajas con documentos, por disposición de la jueza Beatriz Larrieu (hoy jueza Especializada en Crimen Organizado). Sus informes fueron determinantes para conocer detalles sobre los trabajos de inteligencia militar en el período postdictadura.
En este sentido, Wschebor valoró en su informe que “el archivo de Castiglioni constituye un testimonio único en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”.
En este sentido, la Comisión -que tuvo este jueves su primera sesión- consideró importante recabar el testimonio de Wschebor y Rico. La idea es que ambos historiadores comparezcan el próximo jueves, en la última sesión que tendrá la Comisión previo al receso parlamentario, de forma de comenzar a profundizar sobre los documentos en poder de Castiglioni, según explicó el diputado Luis Gallo (Frente Amplio) a Caras y Caretas Portal. De no ser posible, la citación de ambos quedará para febrero. El resto de los convocados se definirá en la próxima sesión.
La Comisión está integrada por nueve diputados (cinco del FA y cuatro de la oposición). En esta primera sesión se designó como presidente al diputado Gerardo Nuñez. Los demás representantes del oficialismo serán los diputados Carlos Rodríguez, Luis Gallo, Darcy De Los Santos y Felipe Carballo. En tanto, cada partido de oposición tendrá un representante: Jaime Trobo (Partido Nacional), Tabaré Viera (Partido Colorado), Eduardo Rubio (Unidad Popular) e Iván Posada (Partido Independiente).
Esta comisión tendrá, como principales objetivos, investigar el accionar de los servicios de inteligencia militar y policial, establecer la relación de los archivos encontrados y las prácticas que de su análisis se desprenden e identificar la metodología utilizada y eventualmente a los responsables de recolectar esa información. Esto con la premisa de preservar la privacidad de las personas y organizaciones que fueron víctimas de espionaje y vigilancia.
Wschebor -extitular de la Secretaría de Derechos para el Pasado Reciente- y Rico -decano de la Facultad de Humanidades- fueron los responsables de analizar las 65 cajas con documentos, por disposición de la jueza Beatriz Larrieu (hoy jueza Especializada en Crimen Organizado). Sus informes fueron determinantes para conocer detalles sobre los trabajos de inteligencia militar en el período postdictadura.
En este sentido, Wschebor valoró en su informe que “el archivo de Castiglioni constituye un testimonio único en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”.
En este sentido, la Comisión -que tuvo este jueves su primera sesión- consideró importante recabar el testimonio de Wschebor y Rico. La idea es que ambos historiadores comparezcan el próximo jueves, en la última sesión que tendrá la Comisión previo al receso parlamentario, de forma de comenzar a profundizar sobre los documentos en poder de Castiglioni, según explicó el diputado Luis Gallo (Frente Amplio) a Caras y Caretas Portal. De no ser posible, la citación de ambos quedará para febrero. El resto de los convocados se definirá en la próxima sesión.
La Comisión está integrada por nueve diputados (cinco del FA y cuatro de la oposición). En esta primera sesión se designó como presidente al diputado Gerardo Nuñez. Los demás representantes del oficialismo serán los diputados Carlos Rodríguez, Luis Gallo, Darcy De Los Santos y Felipe Carballo. En tanto, cada partido de oposición tendrá un representante: Jaime Trobo (Partido Nacional), Tabaré Viera (Partido Colorado), Eduardo Rubio (Unidad Popular) e Iván Posada (Partido Independiente).
Esta comisión tendrá, como principales objetivos, investigar el accionar de los servicios de inteligencia militar y policial, establecer la relación de los archivos encontrados y las prácticas que de su análisis se desprenden e identificar la metodología utilizada y eventualmente a los responsables de recolectar esa información. Esto con la premisa de preservar la privacidad de las personas y organizaciones que fueron víctimas de espionaje y vigilancia.
MERCOSUR
PCU critica posición del gobierno sobre Venezuela
Rumbo de la política exterior divide a la bancada del FA.
VALERIA GIL24 nov 2016 - EL PAÍS UY
El Partido Comunista planteó al canciller
Rodolfo Nin Novoa que no comparte la política adoptada por Uruguay con
respecto a Venezuela, que el 2 de diciembre quedará con voz pero sin
voto en el Mercosur.
La posición se hizo pública ayer en una reunión de
bancada con Nin Novoa, donde quedaron en evidencia las diferentes
posturas que existen dentro de la coalición de izquierda sobre la
política exterior.
Tanto Vázquez como el canciller dejaron en claro
públicamente que Venezuela seguirá después del próximo 2 de diciembre
como miembro del Mercosur con voz, pero sin voto, debido a que no
internalizó las normas que se exigieron por el resto de los socios del
bloque.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció
tanto a Uruguay como a Paraguay por supuestamente haber lanzado
"amenazas inadmisibles".
El diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El País que
su sector "no comparte el posicionamiento de Uruguay en relación al
Mercosur (...) Pensamos que la posición asumida de dejar a Venezuela sin
voto no tiene sustento jurídico, porque además tiene un cumplimiento de
casi el 80% de las normativas. Es un argumento totalmente rebuscado y
político para dejar fuera del Mercosur a Venezuela", subrayó.
Por otro lado, la bancada del Frente Amplio tiene
diferencias respecto a una minuta de comunicación para solicitarle al
Poder Ejecutivo que Uruguay cese su vinculación con el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi),
dijeron a El País fuentes parlamentarias.
De todos modos, Núñez aseguró que ayer "se acordó
transitar un proceso, como establece el programa del Frente Amplio, para
no firmar tratados que tengan como espacio de solución de diferendos el
Ciadi".
Además del tema Venezuela, Nin Novoa defendió el
proyecto de ley remitido por el gobierno al Parlamento para prorrogar la
permanencia de tropas militares en Haití, algo que es objetado por
varios sectores de la coalición. En tanto, el diputado del Partido por
la Victoria del Pueblo Luis Puig recordó en la reunión que hay una
resolución de la Mesa Política que establece la necesidad del retiro de
tropas.
Martes, 06 Diciembre 2016 00:00
Informe de Coyuntura: Balance y perspectivas de los primeros 18 meses del actual gobierno
La economía uruguaya viene de un proceso de crecimiento
ininterrumpido desde 2004, con picos muy altos en 2008 y 2010 (7,2% y
7,8% anual respectivamente). Pero a partir de 2015 comienza una
reducción sensible del ritmo de crecimiento del producto y la economía
se expande solamente 1%. Los datos más recientes publicados indican que
en el segundo trimestre de 2016 la actividad económica se mantuvo
prácticamente en el mismo nivel que había alcanzado en el trimestre
anterior
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(TODO EL INFORME) Informe de Coyuntura: Balance y perspectivas de los primeros 18 meses del actual gobierno
La economía uruguaya viene de un proceso de crecimiento
ininterrumpido desde 2004, con picos muy altos en 2008 y 2010 (7,2% y
7,8% anual respectivamente). Pero a partir de 2015 comienza una
reducción sensible del ritmo de crecimiento del producto y la economía
se expande solamente 1%. Los datos más recientes publicados indican que
en el segundo trimestre de 2016 la actividad económica se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que había alcanzado en el trimestre anterior[1].
La sucesión de trimestres de escaso y casi nulo crecimiento han mellado en el mercado de trabajo donde los principales indicadores laborales sufrieron un leve deterioro. Disminuyó el empleo y aumentó el desempleo medio, pero la situación no es homogénea entre sectores. La Construcción ha sido el sector más afectado en términos relativos desde que comenzó el deterioro en el mercado de trabajo y es también donde el proceso tiene más larga data. En este sector, el deterioro se trasladó también a las condiciones de trabajo, con un pasaje de trabajadores a la informalidad. Le sigue en importancia la Industria manufacturera donde la situación también es diversa entre ramas.
En materia de salarios, la evolución de los últimos meses estuvo afectada fundamentalmente por el cambio en los lineamientos para la negociación colectiva y una inflación que por varios meses se ubicó por encima del 10%, aumentando su distancia con las metas de inflación esperada para los ajustes salariales y también con los porcentajes de ajustes nominales propuestos para la ronda de negociación.
Asimismo, se ha verificado un estancamiento o retroceso de algunos indicadores sociales como síntesis de las evoluciones anteriores. Entre ellos, en 2015 por primera vez desde 2005 se detuvo la caída dela pobreza, manteniéndose constante el porcentaje de personas pobres respecto a 2014 y es factible que en 2016 tampoco se den mejoras en este plano. Por su parte, el Índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos personalesse encuentra estable desde 2012, mostrando un estancamiento preocupante en los últimos tres años, que posiblemente se mantenga en 2016. Finalmente, como resultado conjunto de la evolución de los salarios y el empleo, en 2015 se redujo en valor absoluto la masa salarial, que como proporción del producto se mantiene prácticamente estable desde 2011.
En adelante, las perspectivas parecen ser de al menos seis meses más relativamente similares en materia de crecimiento, más allá de que se espera una buena temporada turística, lo que seguramente afectará positivamente la actividad. Por el momento, la única señal que se avizora en el mediano plazo para romper con el estancamiento parece ser la inversión extranjera, y en concreto la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM. Si bien hubiera sido deseable que la reactivación económica viniera no sólo de la inversión extranjera, hoy parece ser el único camino viable para la actual conducción económica.
Es indudable el impacto de una inversión del porte de UPM en una economía de la magnitud de la nuestra, particularmente en las primeras etapas de instalación y trabajos de construcción, tanto por el empleo directo que generan como el que se crea entorno a éste. Sin embargo, no por ser de menor magnitud deja de tener importancia la inversión pública, en particular aquella más estratégica y alineada con metas de desarrollo de mediano plazo. En este sentido es fundamental dar impulso al plan de inversiones que planteó el gobierno para este quinquenio hace más de un año y del cual todavía no se ha visto mucho.
El año que viene se dará un nuevo debate presupuestal y es probable que se reediten algunos de los dilemas vividos en la rendición pasada: ¿será posible cumplir con los compromisos asumidos en materia de educación, cuidados, vivienda e inversión y a la vez alcanzar las metas de déficit fiscal propuestas con los actuales recursos? A nuestro juicio será muy difícil alcanzar dichos objetivos sin reasignaciones o postergaciones, si no se analiza la posibilidad de incrementar la actual carga tributaria, lo que abre el debate sobre la estructura tributaria que tiene el país: cuán justa es y cómo se adapta a los objetivos de desarrollo de mediano plazo.
I. Contexto internacional
En el plano internacional no se verificaron cambios a nivel económico trascendentes en los últimos trimestres. Las economías más avanzadas siguieron creciendo aunque no lograron alcanzar en el primer semestre de 2016 el ritmo de expansión que se proyectaba y siguen siendo las economías menos avanzadas las más dinámicas, más allá de las dificultades que enfrentan algunas de ellas.
A nivel regional, el contexto económico es bastante complejo: las principales economías de la región se encuentran en recesión y con grandes dificultades como para pensar que puedan salir rápidamente de la crisis. Esto delinea un contexto externo adverso para la economía uruguaya, que pese a la disminución que tuvo el intercambio de bienes con Argentina en los últimos años, sigue teniendo en la región a sus principales socios comerciales.
La economía brasileña dejó de crecer en 2014 y entró en recesión en 2015, año en que la actividad se contrajo 3,8%. La dura situación política que enfrenta este país con la destitución de la presidenta electa Dilma Rouseff agrava el ya complejo escenario económico y se espera que en 2016 la actividad vuelva a sufrir una caída. Argentina por su parte, también se encuentra en recesión. En este contexto, el gobierno de Macri ha optado por reducir la inflación y el déficit fiscal frente a apuntalar el crecimiento, adoptando medidas de gran impacto recesivo como la suba de las tarifas y fuertes recortes del gasto público.
Con ambos países Uruguay ha mejorado su competitividad de corto plazo debido a la mayor devaluación del peso uruguayo. Esto podría impactar positivamente en el plano comercial en el caso de Brasil, que sigue siendo-ahora junto a China-el primer destino de las exportaciones uruguayas y en el turismo en el caso de Argentina. Sin embargo, la crisis económica que atraviesan ambas economías condiciona sus posibilidades de demanda y juega en contra de alcanzar mayores ingresos a partir del intercambio en la región por lo que no es claro que la demanda proveniente de estas economías contribuya positivamente al crecimiento de nuestro país en el corto plazo.
Las elecciones presidenciales y la posibilidad de una suba en las tasas de interés de referencia en Estados Unidos ha incidido en la evolución del dólar y varias monedas a nivel mundial se valorizaron frente al dólar a partir del segundo trimestre de este año. Entre ellas se encuentra el peso uruguayo, cuya mayor valorización relativa mejoró la competitividad de corto plazo con nuestros vecinos regionales. La tendencia al descenso del tipo de cambio fue frenada en parte en el mercado local por importantes intervenciones de compra de divisas que realizó el Banco Central, aunque la tendencia a la depreciación moderada continuó y actualmente se espera que a fin de año el dólar siga ubicándose por debajo de los 30 pesos.
II. Actividad Económica
La economía uruguaya viene de un proceso de crecimiento ininterrumpido desde 2005, con picos muy altos en 2008 y 2010 cuando creció 7,2% y 7,8% respectivamente. Este proceso fue generado tanto por la demanda interna de consumo e inversión como por la demanda externa, a partir de las exportaciones, aunque fueron los factores de demanda interna quienes tuvieron un rol mas preponderante en este dinamismo.
En 2015, como mencionamos en Informes anteriores[2], se da una reducción sensible del ritmo de crecimiento del producto y la economía se expandió solamente 1%. Nuevamente el freno vino de la mano de la demanda interna a partir del estancamiento del consumo y caídas en la inversión, tanto pública como privada. En el segundo trimestre de 2016 la economía permaneció estancada respecto a igual trimestre del año anterior en términos desestacionalizados y creció 1,4% respecto a igual período del año previo.
A nivel sectorial el crecimiento se explica por las contribuciones positivas de los sectores de Suministro de Electricidad Gas y Agua, donde aumentó de manera importante la actividad de generación de energías renovables en este trimestre respecto a igual período del año anterior, y de Transporte y Comunicaciones, que igual que en trimestres previos mantiene un importante dinamismo. En el primer caso, el crecimiento fue de 145% respecto al mismo trimestre del año anterior y la contribución al crecimiento medio fue de 1,6 puntos. En el caso de Transporte y Comunicaciones, la actividad se expandió 6,1% pero por su mayor peso relativo, contribuyó en 1,1 puntos al crecimiento interanual medio.
En contraposición, la Construcción, el Agro y las Industrias Manufactureras presentaron caídas interanuales en el segundo trimestre del año. El agro se contrajo 5,5% debido a las caídas en la lechería, ganadería y la menor producción de algunos cultivos de relevancia como la soja y el trigo. Entre las distintas ramas industriales, las principales caídas se dieron en la fabricación de vehículos y equipos de transporte y en la industria láctea. También se registró una caída en la producción de pulpa de celulosa por el cierre por mantenimiento en una de las plantas. En el caso de la construcción, la actividad del sector se vio afectada negativamente tanto por la finalización de algunas obras de relevancia que no fueron sustituidas por otras de igual dimensión como por la mayor cantidad de días de lluvia, que afecta los días de trabajo en el sector.
Desde la perspectiva de la demanda, a diferencia de lo sucedido en los trimestres previos, durante este trimestre fue la demanda interna la que impulsó el crecimiento mientras que la demanda externa contribuyó negativamente. A nivel interno, crecieron tanto el consumo como la inversión, y en relación al sector externo, cayeron las exportaciones en volumen y crecieron las importaciones, determinando un saldo externo negativo. Destaca internamente el crecimiento de la inversión fija de 16,7%, la que se explica básicamente por un aumento en la inversión en maquinarias y equipos importados, tanto por parte del sector público como del privado, y una caída en las obras de construcción. Buena parte de esta inversión en maquinarias y equipos se dirigió a la instalación de parques eólicos.
En lo que resta de 2016, en materia de actividad se espera que la economía atraviese un segundo semestre similar al primero, alternando trimestres de estancamiento y bajo crecimiento, pudiendo registrarse un repunte a comienzos del año próximo como consecuencia del impacto positivo del turismo. Sin embargo, para lograr una reactivación más duradera para el año entrante es necesario reactivar la inversión pública, poniendo en marcha el plan de inversiones propuesto por el gobierno. La nueva rendición de cuentas es otra herramienta central para apuntalar los compromisos en materia de inversión social, que además de estratégica, en general es intensiva en empleo.
III. Mercado de trabajo
En lo que va de 2016, el mercado de trabajo ha venido mostrado signos de un deterioro moderado, previsible luego de alcanzar niveles récord entre 2011 y 2014, y ante un escenario de estancamiento económico como el ya comentado. En los primeros 9 meses de 2016 la tasa de desempleo promedio se ubicó en 8%, cifra mayor al 7,4% registrado en igual período del año anterior. Esto determinó que el número de desocupados trepara a 142.700, unos 11.400 más que los observados entre enero y setiembre de 2015.
En relación al empleo, la pérdida de puestos de trabajo en lo que va del año es muy moderada, alcanzando los 4.600 puestos de trabajo respecto a enero-setiembre de 2015. Esta caída, que representa un 0,3% de los 1.643.000 ocupados actuales, se vuelve más pronunciada al mirar dos años hacia atrás[3] ya que la mayor caída del empleo se dio en 2015 mientras que en 2016 la caída se moderó, tendencia que continuaría en lo que resta del año y durante 2017.
El deterioro del empleo no fue igual en todos los sectores sino que se concentra claramente en algunos de ellos. El sector más afectado en términos de empleo en el último año fue el de la Construcción con una caída acumulada en dos años de algo más de 13.000 ocupados. Los otros sectores con caídas relevantes son la Industria manufacturera y el Sector primario, que en ambos casos registraron una disminución de puestos de trabajo cercana a los 10.000 y fuertemente concentrada entre 2014 y 2015.
Además de la evolución de la cantidad de trabajadores recién analizada, es necesario poner también el foco en la calidad del empleo, que continúa siendo uno de los grandes desafíos del mercado laboral uruguayo. El no registro a la seguridad social en lo que va de 2016 se ubicó en 25,3%, cifra algo superior al 24,7% alcanzado en igual período del año pasado. Esta situación de informalidad y desprotección afecta a más de 415.000 ocupados, que no sólo no están volcando sus aportes para la jubilación sino que carecen de cobertura ante desempleo, enfermedad, maternidad, accidentes laborales y derechos como el FONASA.
Por su parte, el subempleo relacionado a la baja carga horaria no deseada, alcanzó al 8,2% de los ocupados. Producto de la desaceleración económica, este guarismo ha venido incrementándose desde hace 2 años luego de que en 2014 se ubicara en 6,7%.
Otro de los temas preocupantes siguen siendo las mayores tasas de desempleo de las mujeres y fundamentalmente de los jóvenes. Mientras la desocupación en las mujeres es de 9,5% (guarismo superior a la tasa masculina de 6,7%), la tasa de desempleo para los menores de 25 años supera el 24%. Esto último significa que 1 de cada 4 jóvenes que busca trabajo no lo encuentra y quienes lo obtienen generalmente se desempeñan en condiciones muy precarias de informalidad y muy bajos salarios. Teniendo en cuenta la incidencia que tiene el primer empleo en la trayectoria de un trabajador, parece acertado profundizar en políticas públicas focalizadas en los jóvenes, que lejos de verse como un costo deberían asociarse a una inversión en términos de una inserción laboral dinámica que tiene efectos relevantes a largo plazo.
La duración promedio del desempleo se ubica en 8 semanas. A su vez, un 63% de quienes enfrentan esta condición no plantean condición alguna para aceptar un trabajo mientras que un 21% exige un empleo acorde a sus conocimientos o experiencia. Sólo un 1,8% de los desocupados plantea condicionamientos de carácter salarial.
Ante el leve deterioro de los indicadores del mercado de trabajo comentado, cabe preguntarse si lo peor ya pasó o si dicha tendencia podría profundizarse. Para el cierre de 2016 se espera un desempleo en el entorno del 8% con cierta estabilidad en el empleo. De confirmarse estos datos, es factible que el mercado de trabajo se mantenga relativamente estable durante 2017.
IV. Indicadores de Distribución del Ingreso
En 2015 se muestran datos que preocupan respecto a la posibilidad de una reversión de algunas tendencias distributivas positivas que se generaron desde 2005 a 2014 aunque un análisis más minucioso revela que el estancamiento en estos planos data de hace al menos un par de años.
La pobreza medida por el método del ingreso afectó al 9,7% de las personas en 2015. Esta cifra, idéntica a la del año anterior, supuso un freno a la pronunciada caída registrada en los 10 años anteriores. Si bien es esperable que el ritmo de descenso de la pobreza pueda enlentecerse a medida que nos aproximamos al núcleo más duro de la misma, es necesario continuar avanzando sobre este indicador que afecta con mayor intensidad a los niños menores de 6 años para quienes la pobreza supera el 20% (mientras que sólo afecta al 2% de los mayores de 65 años).
En materia distributiva resulta útil analizar dos indicadores complementarios: la distribución personal y la distribución funcional del ingreso, es decir, aquella que da cuenta del total del ingreso apropiado por los trabajadores, las rentas del capital y otros componentes.
En relación a la desigualdad de ingresos de las personas, la medida comúnmente utilizada para medirla es el Índice de Gini, un indicador que varía entre 0 y 1 y cuyo valor se hace más pequeño a medida que desciende la desigualdad. Mientras entre 2007 y 2012 se produjo una muy fuerte reducción en la desigualdad de ingresos asociada a diversos factores (políticas sociales, reforma de la salud, reforma tributaria, política salarial, etc), a partir de 2012 este indicador se mantuvo incambiado mostrando un estancamiento en esta dimensión. En 2015 el Índice de Gini crece levemente mostrando un empeoramiento en cuanto a la distribución personal de los ingresos, y aunque dicho aumento se encuentra dentro de los límites del error estadístico, en todo caso está reafirmando el freno en las mejoras en este plano.De acuerdo a los datos de 2015, mientras el 20% de menores ingresos de la población retiene un 7% del ingreso total, el 20% más rico se apropia del 43%.
Cabe recordar que en 2012 se produce el último ajuste importante del Salario Mínimo Nacional (SMN), que al igual que en 2011 permitió un crecimiento real de los salarios sumergidos muy superior al del promedio de la economía. Este proceso permitió avances muy importantes en términos distributivos y su interrupción en 2012 tiene una directa asociación con el freno encontrado para seguir profundizando los avances en el combate a la desigualdad de ingresos.
En relación a la distribución funcional del ingreso, el análisis se centra en la evolución de la masa salarial y fundamentalmente de su peso relativo en el producto. En 2015, la masa salarial, compuesta tanto por la cantidad de asalariados como por los salarios cobrados, registró una leve caída respecto al valor de 2014. Esta situación, que no se registraba desde 2004, se explica porque la caída del empleo asalariado (2,2%) fue algo superior al aumento del salario real de 1,6%.
Esta contracción de la masa salarial en una economía que creció 1% determinó un retroceso distributivo: en 2015 el peso de la masa salarial en el PBI representó 32,2% cuando en 2014 se había ubicado en 32,8%. Sin embargo, al mirar un período más extenso, se observa que luego de una importante recuperación de la relación masa salarial-PBI que permitió pasar de 27,1% en 2003 a 32,4% en 2011, a partir de dicho año el peso relativo se estabilizó y tendió a oscilar entre 32% y 33% del PBI, aún por debajo del 34% vigente en 1998 previo al inicio de la crisis pasada.
En síntesis, mientras la caída de la pobreza se frenó en 2015, el estancamiento en términos distributivos ya lleva entre 3 y 4 años. La perspectiva para este año y el que viene no parece muy alentadora en ninguno de los indicadores analizados. Lejos de jugar un rol protagónico, tanto las políticas sociales como la política salarial, de fuerte incidencia en estas dimensiones, aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y la situación fiscal, que si bien son importantes deberían articularse equilibradamente para no sólo no retroceder sino revertir el estancamiento alcanzado en materia social.
V. Inflación
Los precios al consumo mostraron una tendencia a la aceleración durante todo el año 2015 (la variación anualizada del IPC se redujo únicamente en los meses de setiembre y diciembre, mientras que en todos los otros meses aumentó) cerrando el año en 9,44%. En los primeros meses de2016 prosiguió la escalada inflacionaria superando el 10% anual y manteniéndose por encima de ese umbral durante 6 meses, con un máximo de 11% anualizado en el mes de mayo. Tras este pico máximo se produjo una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, que desde agosto volvió a ubicarse por debajo del 10% en términos anualizados y se ubicó en 8,45% anualizado a octubre de este año.
Esta evolución responde a algunos factores que detallamos a continuación. En primera instancia, a la evolución del tipo de cambio. En el primer año de gobierno de la actual administración se registró una fuerte devaluación de la moneda local y el precio del dólar en la plaza local creció cerca de 30% en sólo 12 meses. Así los meses de mayor aceleración de la inflación se corresponden con la llegada del tipo de cambio a valores de entre 31 y 32 pesos por dólar promedio (hasta abril-mayo de 2016). Posteriormente, la caída del tipo de cambio tuvo un importante efecto en la reducción del ritmo de crecimiento de los precios al consumo a nivel interno.
En segundo término, la trayectoria inflacionaria está fuertemente ligada a la política de tarifas llevada adelante por el gobierno. Ante el acotado margen fiscal que enfrenta, a comienzos de 2016 el gobierno resolvió priorizar el frente fiscal por sobre el objetivo inflacionario, fijando aumentos de algunos precios administrados por encima de lo que venían ajustando en años anteriores. El rubro de mayor impacto fue sin dudas el de la tarifa eléctrica, con un incremento de alrededor de 10% sobre el precio promedio vigente en el año anterior.
En tercer lugar, se produjeron situaciones coyunturales vinculadas a cuestiones climáticas o a medidas específicas, que incidieron fuertemente en algunos rubros de elevada incidencia en el Índice de Precios al Consumo. Ejemplo de esto fueron los incrementos registrados en el precio de las frutas y las verduras durante el primer semestre de 2016 así como un importante aumento en el precio del tabaco en febrero, debido a cambios en las condiciones impositivas de dicho producto. Si bien estos elementos no explican la tendencia de la inflación, contribuyeron a profundizar el alza registrada en los meses referidos.
En cuarto lugar, es evidente que en Uruguay, el tema de la formación de precios está vinculado a las condiciones de creciente oligopolización de los mercados tanto industriales como comerciales así como en la propia importación, es decir a lo largo de toda la cadena de valor; y cuanto mayor sea el grado de monopolio en el sector, mayor es la capacidad de imponer determinados porcentajes de ganancias sobre sus costos. Por otra parte, en condiciones de menor dinamismo económico se evidencia un mayor uso de esta condición casi monopólica.
Durante todo este tiempo el objetivo gubernamental en materia inflacionaria se mantuvo incambiado en el rango de 3% a 7%, ubicándose la meta puntual en 5%. Pese al menor ritmo de crecimiento de los precios al consumo en el último trimestre, la inflación sigue ubicándose por encima del rango meta. Sin embargo, el hecho de que la inflación haya comenzado a ceder y se ubicara por debajo del 10% en los últimos meses, ha “aliviado” al gobierno, quien es posible que, con una inflación en este entorno, centre sus esfuerzos de política macroeconómica fundamentalmente en reducir el déficit fiscal, en lugar de centrarla en controlar la inflación, aun cuando varias de las fuentes de crecimiento estructural de los precios siga latente.
Si no se vuelven a registrar eventos extraordinarios sobre los precios más volátiles como los registrados en relación al precio de frutas y verduras en los primeros trimestres, es probable que la inflación cierre el año en niveles levemente inferiores a los del año pasado (9%), reduciéndose algo más el año próximo (entre 8,5% y 9%). El descenso del tipo de cambio, que ha jugado un rol importante en la disminución de la inflación, ya comenzó a revertirse luego de finalizada la contienda electoral en Estados Unidos. El resultado final dependerá de la aplicación del plan UTE, sobre el cual el gobierno ya anunció que se realizará y abarcará a un porcentaje importante de usuarios aunque el impacto final dependerá del descuento promedio recibido por los usuarios.
VI. Salarios
Tras una década de expansión a tasas muy importantes (4,25% promedio anual), en 2015 el salario real medio siguió creciendo pero a un ritmo considerablemente más moderado. El poder de compra de los trabajadores se incrementó tan sólo 1,56% en 2015 con respecto al año anterior, fruto del crecimiento de 1,92% en los salarios del sector privado y 0,92% en los públicos. En los primeros meses de 2016 el ritmo de crecimiento del salario real se siguió desacelerando, pero sin alcanzar en ningún mes tasas de variación interanuales negativas y estabilizándose recientemente en un ritmo de crecimiento de entre 0,5% y 1% en la comparación interanual.[4]
Un primer elemento que permite explicar esa evolución es la aceleración de la inflación que se dio en el segundo semestre de 2015 y primeros meses de 2016, que erosiona el poder de compra del salario en la medida en que se registran cada vez períodos más prolongados en que el salario real se encuentra por debajo de su nivel de partida. Si bien los convenios firmados hasta 2015 tenían correctivos anuales, la mayor distancia entre la inflación proyectada y la efectiva provoca una mayor brecha entre la evolución de los salarios y la del costo de vida, que si bien se corrigen pasado cierto período, en medio puede provocar caídas puntuales del salario real.
En segundo lugar, la desaceleración de la economía impactó negativamente sobre el mercado de trabajo, lo que además de reflejarse en la pérdida de puestos de trabajo, también dejó a los trabajadores ocupados en peores condiciones para negociar, contribuyendo negativamente a la desaceleración en la evolución general de los salarios.
Finalmente, los cambios en la orientación de la política salarial son un elemento a tener en cuenta para explicar la evolución de los salarios en este período. El criterio de semestralización de los ajustes conduce a diferir una parte del ajuste salarial durante 6 meses, contribuyendo a reducir el monto salarial promedio anual. Por su parte, la ausencia de correctivos de inflación anuales, en el caso de los convenios que se firmaron a mediados de 2015, ya resulta en un perjuicio para los trabajadores de estos sectores a mediados del corriente año.
En 2016 el salario mínimo nacional aumentó 10%. En 2017 aumentará 9,5% y en 2018 lo hará otro 9%, permaneciendo en todos los casos prácticamente constante en términos reales o con aumentos del entorno del 1%, si la inflación se comporta como es esperable. El salario mínimo nacional es el salario sumergido por excelencia y pese a la reinstalación de los Consejos de Salarios, donde se fijan salarios mínimos por categoría laboral para las distintas ramas de actividad, sigue siendo el salario de referencia para los miles de trabajadores desprotegidos y en condiciones de informalidad que todavía hay en el país.
La relevancia del salario mínimo nacional en el marco de una política salarial que apunte a mejorar los ingresos de los trabajadores peor remunerados y por esta vía afecte positivamente la distribución del ingreso en la sociedad, es crucial. Como se mencionó antes, no es casual que los años de mayor crecimiento del salario mínimo nacional en términos reales, fueron años también de importantes avances en materia distributiva, tanto en lo que hace a la distribución funcional como personal de los ingresos. El aumento del salario mínimo nacional arrastra directamente los salarios de las categorías laborales más bajas, valorizando el trabajo en estas actividades y generando una política salarial que empuja los salarios desde la base de la pirámide, mejorando así las situaciones más precarias salarialmente.
Los incrementos de salario mínimo nacional propuestos para los próximos años son sumamente moderados e implican postergar por tres años más el crecimiento en el poder de compra de situaciones que no admiten postergación.
VII. Cuentas públicas
A pesar de la reducción alcanzada en el gasto público, el déficit fiscal se ha mantenido en el correr del año en términos interanuales en prácticamente los mismos niveles que en el año 2015 (en el entorno del 3,5% del producto), no lográndose por el momento el objetivo de ir reduciendo el déficit fiscal en el correr del año. El escaso crecimiento de la economía, que condiciona los ingresos del Estado, conjuntamente con un mayor peso de los intereses de deuda pública y las transferencias a la seguridad social, hizo que aunque el resultado primario mejoró levemente, el déficit fiscal empeoró.
El próximo año se discutirá una nueva rendición de cuentas, la que actualizará gastos para el trienio 2018 – 2020 ya que tras la pasada discusión presupuestal fueron aprobados los gastos e ingresos correspondientes hasta el año 2017.
Actualmente, el gasto propuesto en todos los rubros de la asignación presupuestal quedó congelado en sus valores de 2017 por lo que la rendición de cuentas será la encargada de votar los incrementos presupuestales que presente el gobierno. En la medida en que los aumentos dispuestos para cumplir con los compromisos sociales en 2016 y 2017 fueron muy bajos (estaban muy lejos de los dos quintos que representaría una distribución lineal a lo largo del quinquenio), los aumentos de los tres años restantes deben ser sensiblemente más importantes. Así por ejemplo, el gasto en educación debería aumentar casi tres veces más en los últimos tres años que lo que aumentó entre 2016 y 2017 para cumplir con el compromiso de alcanzar el 6% del producto para la educación.
El cumplimiento de estos compromisos más el crecimiento inercial del gasto comparado con un producto que suponemos crecerá de acuerdo a las estimaciones gubernamentales, nos deja un déficit adicional similar al actual, es decir algo por encima de 3 puntos del producto. De esta manera, reducir el déficit fiscal, como espera hacer el gobierno requerirá a nuestro juicio, o bien resignar algunos de los compromisos sociales pactados o bien realizar un nuevo ajuste en las cuentas públicas, el que deberá realizarse por el lado de los ingresos, dado el escaso margen que hay para ajustar gastos.
PERSPECTIVAS PARA 2017
Para lo que resta de este año y el próximo, se espera que la actividad económica presente pocos cambios: sin un rápido ascenso ni tampoco caída. Como se mencionó antes, en el segundo semestre de 2016 la actividad económica tendría un comportamiento similar al del primer semestre, registrando trimestres de nulo o muy escaso crecimiento y cerrando el año con una expansión del entorno del 0,5%. Tanto la dinámica externa como la interna convalidarían este comportamiento.
A nivel externo se espera que las economías regionales sigan presentando problemas en el corto plazo por lo que la demanda de estos países seguiría viéndose afectada a la vez que no se avizoran cambios relevantes en la economía mundial, ni por la vía de los precios a los que colocamos nuestros productos ni a partir de los volúmenes exportados. A nivel interno por su parte, si la masa salarial permanece prácticamente constante y continúan las restricciones al gasto público, no se puede esperar un repunte significativo sobre el consumo interno. El efecto sobre la inversión es más incierto, en particular para el año entrante, ya que está bastante ligado al comienzo de la inversión de la nueva planta de UPM, la que tendrá un impacto significativo en este rubro. En este contexto, en 2017 la economía crecería algo más que en 2016 pero sin evidenciar un gran salto.
En este marco, el mercado laboral no presentaría grandes cambios y en 2017 se mantendrían niveles de empleo y desempleo similares al piso alcanzado en 2016. Si bien esto puede ser una buena noticia a nivel agregado, es complicado en aquellos sectores que vienen acarreando problemas de empleo desde hace más tiempo y donde, aunque no empeorarían, tampoco no se verían mejoras en el corto plazo, si no se aplican políticas sectoriales de promoción y defensa del empleo a partir de políticas activas de empleo y capacitación.
Para el cierre de 2016 y en 2017, la evolución de los salarios reales comenzará a estar más estrechamente ligada a los nuevos lineamientos salariales, lo que dadas sus características (semestralización de los ajustes, alargamiento de los plazos en que se realizan los correctivos y ajustes nominales por todo concepto, entre otros) provocará una nueva desaceleración del salario real en los próximos años, dificultando las posibilidades de crecimiento del consumo interno.
En materia inflacionaria, si bien la inflación cedió en los últimos meses y se espera que esta situación se mantenga, no es esperable que se alinee con la meta inflacionaria en los próximos años. Además, es preocupante la heterogeneidad que se registra en la evolución de los distintos precios y en particular el hecho de que varios precios que componen la canasta básica de alimentos se vienen ubicando sistemáticamente por encima del crecimiento medio de los precios.
El otro componente de la demanda interna que puede aportar a revertir este proceso de magro crecimiento y estancamiento es la inversión pública. En la ley presupuestal se anunció una inversión pública para el quinquenio de 12.400 millones de dólares (8 mil con recursos presupuestales y 4.400 por asociaciones con privados). Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado la parte de inversión pública propiamente y se asume como enlentecidas las que se harían por asociación con privados.
En las perspectivas de 2017 hay que tener en cuenta el dilema presupuestal que se presentará ya que de no mediar cambios tributarios, no parece viable cumplir con todos los compromisos programáticos asumidos en inversión pública y gasto social, y alcanzar además la meta propuesta en materia de déficit fiscal.
Diciembre 2016
[1]. Se trata de la comparación trimestral desestacionalizada.
[2]. Ver últimos Informes de coyuntura, Instituto Cuesta Duarte, PIT.CNT. http://www.cuestaduarte.org.uy
[3].Cabe aclarar que la caída del empleo en los primeros 9 meses de 2016 respecto a la situación de 2014 alcanza a 30.000 puestos, cifra que se ubica próxima al 2% del total, más allá de que se han mencionado diferentes cifras al respecto, no todas ellas metodológicamente correctas al no considerar en la comparación de diferentes períodos aspectos como la estacionalidad que presentan los datos relativos al empleo.
[4].Se entiende por medición interanual a la comparación entre el salario real promedio de los últimos 12 meses hasta un determinado mes respecto al salario medio de los últimos 12 meses del año anterior.
La sucesión de trimestres de escaso y casi nulo crecimiento han mellado en el mercado de trabajo donde los principales indicadores laborales sufrieron un leve deterioro. Disminuyó el empleo y aumentó el desempleo medio, pero la situación no es homogénea entre sectores. La Construcción ha sido el sector más afectado en términos relativos desde que comenzó el deterioro en el mercado de trabajo y es también donde el proceso tiene más larga data. En este sector, el deterioro se trasladó también a las condiciones de trabajo, con un pasaje de trabajadores a la informalidad. Le sigue en importancia la Industria manufacturera donde la situación también es diversa entre ramas.
En materia de salarios, la evolución de los últimos meses estuvo afectada fundamentalmente por el cambio en los lineamientos para la negociación colectiva y una inflación que por varios meses se ubicó por encima del 10%, aumentando su distancia con las metas de inflación esperada para los ajustes salariales y también con los porcentajes de ajustes nominales propuestos para la ronda de negociación.
Asimismo, se ha verificado un estancamiento o retroceso de algunos indicadores sociales como síntesis de las evoluciones anteriores. Entre ellos, en 2015 por primera vez desde 2005 se detuvo la caída dela pobreza, manteniéndose constante el porcentaje de personas pobres respecto a 2014 y es factible que en 2016 tampoco se den mejoras en este plano. Por su parte, el Índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos personalesse encuentra estable desde 2012, mostrando un estancamiento preocupante en los últimos tres años, que posiblemente se mantenga en 2016. Finalmente, como resultado conjunto de la evolución de los salarios y el empleo, en 2015 se redujo en valor absoluto la masa salarial, que como proporción del producto se mantiene prácticamente estable desde 2011.
En adelante, las perspectivas parecen ser de al menos seis meses más relativamente similares en materia de crecimiento, más allá de que se espera una buena temporada turística, lo que seguramente afectará positivamente la actividad. Por el momento, la única señal que se avizora en el mediano plazo para romper con el estancamiento parece ser la inversión extranjera, y en concreto la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM. Si bien hubiera sido deseable que la reactivación económica viniera no sólo de la inversión extranjera, hoy parece ser el único camino viable para la actual conducción económica.
Es indudable el impacto de una inversión del porte de UPM en una economía de la magnitud de la nuestra, particularmente en las primeras etapas de instalación y trabajos de construcción, tanto por el empleo directo que generan como el que se crea entorno a éste. Sin embargo, no por ser de menor magnitud deja de tener importancia la inversión pública, en particular aquella más estratégica y alineada con metas de desarrollo de mediano plazo. En este sentido es fundamental dar impulso al plan de inversiones que planteó el gobierno para este quinquenio hace más de un año y del cual todavía no se ha visto mucho.
El año que viene se dará un nuevo debate presupuestal y es probable que se reediten algunos de los dilemas vividos en la rendición pasada: ¿será posible cumplir con los compromisos asumidos en materia de educación, cuidados, vivienda e inversión y a la vez alcanzar las metas de déficit fiscal propuestas con los actuales recursos? A nuestro juicio será muy difícil alcanzar dichos objetivos sin reasignaciones o postergaciones, si no se analiza la posibilidad de incrementar la actual carga tributaria, lo que abre el debate sobre la estructura tributaria que tiene el país: cuán justa es y cómo se adapta a los objetivos de desarrollo de mediano plazo.
I. Contexto internacional
En el plano internacional no se verificaron cambios a nivel económico trascendentes en los últimos trimestres. Las economías más avanzadas siguieron creciendo aunque no lograron alcanzar en el primer semestre de 2016 el ritmo de expansión que se proyectaba y siguen siendo las economías menos avanzadas las más dinámicas, más allá de las dificultades que enfrentan algunas de ellas.
A nivel regional, el contexto económico es bastante complejo: las principales economías de la región se encuentran en recesión y con grandes dificultades como para pensar que puedan salir rápidamente de la crisis. Esto delinea un contexto externo adverso para la economía uruguaya, que pese a la disminución que tuvo el intercambio de bienes con Argentina en los últimos años, sigue teniendo en la región a sus principales socios comerciales.
La economía brasileña dejó de crecer en 2014 y entró en recesión en 2015, año en que la actividad se contrajo 3,8%. La dura situación política que enfrenta este país con la destitución de la presidenta electa Dilma Rouseff agrava el ya complejo escenario económico y se espera que en 2016 la actividad vuelva a sufrir una caída. Argentina por su parte, también se encuentra en recesión. En este contexto, el gobierno de Macri ha optado por reducir la inflación y el déficit fiscal frente a apuntalar el crecimiento, adoptando medidas de gran impacto recesivo como la suba de las tarifas y fuertes recortes del gasto público.
Con ambos países Uruguay ha mejorado su competitividad de corto plazo debido a la mayor devaluación del peso uruguayo. Esto podría impactar positivamente en el plano comercial en el caso de Brasil, que sigue siendo-ahora junto a China-el primer destino de las exportaciones uruguayas y en el turismo en el caso de Argentina. Sin embargo, la crisis económica que atraviesan ambas economías condiciona sus posibilidades de demanda y juega en contra de alcanzar mayores ingresos a partir del intercambio en la región por lo que no es claro que la demanda proveniente de estas economías contribuya positivamente al crecimiento de nuestro país en el corto plazo.
Las elecciones presidenciales y la posibilidad de una suba en las tasas de interés de referencia en Estados Unidos ha incidido en la evolución del dólar y varias monedas a nivel mundial se valorizaron frente al dólar a partir del segundo trimestre de este año. Entre ellas se encuentra el peso uruguayo, cuya mayor valorización relativa mejoró la competitividad de corto plazo con nuestros vecinos regionales. La tendencia al descenso del tipo de cambio fue frenada en parte en el mercado local por importantes intervenciones de compra de divisas que realizó el Banco Central, aunque la tendencia a la depreciación moderada continuó y actualmente se espera que a fin de año el dólar siga ubicándose por debajo de los 30 pesos.
II. Actividad Económica
La economía uruguaya viene de un proceso de crecimiento ininterrumpido desde 2005, con picos muy altos en 2008 y 2010 cuando creció 7,2% y 7,8% respectivamente. Este proceso fue generado tanto por la demanda interna de consumo e inversión como por la demanda externa, a partir de las exportaciones, aunque fueron los factores de demanda interna quienes tuvieron un rol mas preponderante en este dinamismo.
En 2015, como mencionamos en Informes anteriores[2], se da una reducción sensible del ritmo de crecimiento del producto y la economía se expandió solamente 1%. Nuevamente el freno vino de la mano de la demanda interna a partir del estancamiento del consumo y caídas en la inversión, tanto pública como privada. En el segundo trimestre de 2016 la economía permaneció estancada respecto a igual trimestre del año anterior en términos desestacionalizados y creció 1,4% respecto a igual período del año previo.
A nivel sectorial el crecimiento se explica por las contribuciones positivas de los sectores de Suministro de Electricidad Gas y Agua, donde aumentó de manera importante la actividad de generación de energías renovables en este trimestre respecto a igual período del año anterior, y de Transporte y Comunicaciones, que igual que en trimestres previos mantiene un importante dinamismo. En el primer caso, el crecimiento fue de 145% respecto al mismo trimestre del año anterior y la contribución al crecimiento medio fue de 1,6 puntos. En el caso de Transporte y Comunicaciones, la actividad se expandió 6,1% pero por su mayor peso relativo, contribuyó en 1,1 puntos al crecimiento interanual medio.
En contraposición, la Construcción, el Agro y las Industrias Manufactureras presentaron caídas interanuales en el segundo trimestre del año. El agro se contrajo 5,5% debido a las caídas en la lechería, ganadería y la menor producción de algunos cultivos de relevancia como la soja y el trigo. Entre las distintas ramas industriales, las principales caídas se dieron en la fabricación de vehículos y equipos de transporte y en la industria láctea. También se registró una caída en la producción de pulpa de celulosa por el cierre por mantenimiento en una de las plantas. En el caso de la construcción, la actividad del sector se vio afectada negativamente tanto por la finalización de algunas obras de relevancia que no fueron sustituidas por otras de igual dimensión como por la mayor cantidad de días de lluvia, que afecta los días de trabajo en el sector.
Desde la perspectiva de la demanda, a diferencia de lo sucedido en los trimestres previos, durante este trimestre fue la demanda interna la que impulsó el crecimiento mientras que la demanda externa contribuyó negativamente. A nivel interno, crecieron tanto el consumo como la inversión, y en relación al sector externo, cayeron las exportaciones en volumen y crecieron las importaciones, determinando un saldo externo negativo. Destaca internamente el crecimiento de la inversión fija de 16,7%, la que se explica básicamente por un aumento en la inversión en maquinarias y equipos importados, tanto por parte del sector público como del privado, y una caída en las obras de construcción. Buena parte de esta inversión en maquinarias y equipos se dirigió a la instalación de parques eólicos.
En lo que resta de 2016, en materia de actividad se espera que la economía atraviese un segundo semestre similar al primero, alternando trimestres de estancamiento y bajo crecimiento, pudiendo registrarse un repunte a comienzos del año próximo como consecuencia del impacto positivo del turismo. Sin embargo, para lograr una reactivación más duradera para el año entrante es necesario reactivar la inversión pública, poniendo en marcha el plan de inversiones propuesto por el gobierno. La nueva rendición de cuentas es otra herramienta central para apuntalar los compromisos en materia de inversión social, que además de estratégica, en general es intensiva en empleo.
III. Mercado de trabajo
En lo que va de 2016, el mercado de trabajo ha venido mostrado signos de un deterioro moderado, previsible luego de alcanzar niveles récord entre 2011 y 2014, y ante un escenario de estancamiento económico como el ya comentado. En los primeros 9 meses de 2016 la tasa de desempleo promedio se ubicó en 8%, cifra mayor al 7,4% registrado en igual período del año anterior. Esto determinó que el número de desocupados trepara a 142.700, unos 11.400 más que los observados entre enero y setiembre de 2015.
En relación al empleo, la pérdida de puestos de trabajo en lo que va del año es muy moderada, alcanzando los 4.600 puestos de trabajo respecto a enero-setiembre de 2015. Esta caída, que representa un 0,3% de los 1.643.000 ocupados actuales, se vuelve más pronunciada al mirar dos años hacia atrás[3] ya que la mayor caída del empleo se dio en 2015 mientras que en 2016 la caída se moderó, tendencia que continuaría en lo que resta del año y durante 2017.
El deterioro del empleo no fue igual en todos los sectores sino que se concentra claramente en algunos de ellos. El sector más afectado en términos de empleo en el último año fue el de la Construcción con una caída acumulada en dos años de algo más de 13.000 ocupados. Los otros sectores con caídas relevantes son la Industria manufacturera y el Sector primario, que en ambos casos registraron una disminución de puestos de trabajo cercana a los 10.000 y fuertemente concentrada entre 2014 y 2015.
Además de la evolución de la cantidad de trabajadores recién analizada, es necesario poner también el foco en la calidad del empleo, que continúa siendo uno de los grandes desafíos del mercado laboral uruguayo. El no registro a la seguridad social en lo que va de 2016 se ubicó en 25,3%, cifra algo superior al 24,7% alcanzado en igual período del año pasado. Esta situación de informalidad y desprotección afecta a más de 415.000 ocupados, que no sólo no están volcando sus aportes para la jubilación sino que carecen de cobertura ante desempleo, enfermedad, maternidad, accidentes laborales y derechos como el FONASA.
Por su parte, el subempleo relacionado a la baja carga horaria no deseada, alcanzó al 8,2% de los ocupados. Producto de la desaceleración económica, este guarismo ha venido incrementándose desde hace 2 años luego de que en 2014 se ubicara en 6,7%.
Otro de los temas preocupantes siguen siendo las mayores tasas de desempleo de las mujeres y fundamentalmente de los jóvenes. Mientras la desocupación en las mujeres es de 9,5% (guarismo superior a la tasa masculina de 6,7%), la tasa de desempleo para los menores de 25 años supera el 24%. Esto último significa que 1 de cada 4 jóvenes que busca trabajo no lo encuentra y quienes lo obtienen generalmente se desempeñan en condiciones muy precarias de informalidad y muy bajos salarios. Teniendo en cuenta la incidencia que tiene el primer empleo en la trayectoria de un trabajador, parece acertado profundizar en políticas públicas focalizadas en los jóvenes, que lejos de verse como un costo deberían asociarse a una inversión en términos de una inserción laboral dinámica que tiene efectos relevantes a largo plazo.
La duración promedio del desempleo se ubica en 8 semanas. A su vez, un 63% de quienes enfrentan esta condición no plantean condición alguna para aceptar un trabajo mientras que un 21% exige un empleo acorde a sus conocimientos o experiencia. Sólo un 1,8% de los desocupados plantea condicionamientos de carácter salarial.
Ante el leve deterioro de los indicadores del mercado de trabajo comentado, cabe preguntarse si lo peor ya pasó o si dicha tendencia podría profundizarse. Para el cierre de 2016 se espera un desempleo en el entorno del 8% con cierta estabilidad en el empleo. De confirmarse estos datos, es factible que el mercado de trabajo se mantenga relativamente estable durante 2017.
IV. Indicadores de Distribución del Ingreso
En 2015 se muestran datos que preocupan respecto a la posibilidad de una reversión de algunas tendencias distributivas positivas que se generaron desde 2005 a 2014 aunque un análisis más minucioso revela que el estancamiento en estos planos data de hace al menos un par de años.
La pobreza medida por el método del ingreso afectó al 9,7% de las personas en 2015. Esta cifra, idéntica a la del año anterior, supuso un freno a la pronunciada caída registrada en los 10 años anteriores. Si bien es esperable que el ritmo de descenso de la pobreza pueda enlentecerse a medida que nos aproximamos al núcleo más duro de la misma, es necesario continuar avanzando sobre este indicador que afecta con mayor intensidad a los niños menores de 6 años para quienes la pobreza supera el 20% (mientras que sólo afecta al 2% de los mayores de 65 años).
En materia distributiva resulta útil analizar dos indicadores complementarios: la distribución personal y la distribución funcional del ingreso, es decir, aquella que da cuenta del total del ingreso apropiado por los trabajadores, las rentas del capital y otros componentes.
En relación a la desigualdad de ingresos de las personas, la medida comúnmente utilizada para medirla es el Índice de Gini, un indicador que varía entre 0 y 1 y cuyo valor se hace más pequeño a medida que desciende la desigualdad. Mientras entre 2007 y 2012 se produjo una muy fuerte reducción en la desigualdad de ingresos asociada a diversos factores (políticas sociales, reforma de la salud, reforma tributaria, política salarial, etc), a partir de 2012 este indicador se mantuvo incambiado mostrando un estancamiento en esta dimensión. En 2015 el Índice de Gini crece levemente mostrando un empeoramiento en cuanto a la distribución personal de los ingresos, y aunque dicho aumento se encuentra dentro de los límites del error estadístico, en todo caso está reafirmando el freno en las mejoras en este plano.De acuerdo a los datos de 2015, mientras el 20% de menores ingresos de la población retiene un 7% del ingreso total, el 20% más rico se apropia del 43%.
Cabe recordar que en 2012 se produce el último ajuste importante del Salario Mínimo Nacional (SMN), que al igual que en 2011 permitió un crecimiento real de los salarios sumergidos muy superior al del promedio de la economía. Este proceso permitió avances muy importantes en términos distributivos y su interrupción en 2012 tiene una directa asociación con el freno encontrado para seguir profundizando los avances en el combate a la desigualdad de ingresos.
En relación a la distribución funcional del ingreso, el análisis se centra en la evolución de la masa salarial y fundamentalmente de su peso relativo en el producto. En 2015, la masa salarial, compuesta tanto por la cantidad de asalariados como por los salarios cobrados, registró una leve caída respecto al valor de 2014. Esta situación, que no se registraba desde 2004, se explica porque la caída del empleo asalariado (2,2%) fue algo superior al aumento del salario real de 1,6%.
Esta contracción de la masa salarial en una economía que creció 1% determinó un retroceso distributivo: en 2015 el peso de la masa salarial en el PBI representó 32,2% cuando en 2014 se había ubicado en 32,8%. Sin embargo, al mirar un período más extenso, se observa que luego de una importante recuperación de la relación masa salarial-PBI que permitió pasar de 27,1% en 2003 a 32,4% en 2011, a partir de dicho año el peso relativo se estabilizó y tendió a oscilar entre 32% y 33% del PBI, aún por debajo del 34% vigente en 1998 previo al inicio de la crisis pasada.
En síntesis, mientras la caída de la pobreza se frenó en 2015, el estancamiento en términos distributivos ya lleva entre 3 y 4 años. La perspectiva para este año y el que viene no parece muy alentadora en ninguno de los indicadores analizados. Lejos de jugar un rol protagónico, tanto las políticas sociales como la política salarial, de fuerte incidencia en estas dimensiones, aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y la situación fiscal, que si bien son importantes deberían articularse equilibradamente para no sólo no retroceder sino revertir el estancamiento alcanzado en materia social.
V. Inflación
Los precios al consumo mostraron una tendencia a la aceleración durante todo el año 2015 (la variación anualizada del IPC se redujo únicamente en los meses de setiembre y diciembre, mientras que en todos los otros meses aumentó) cerrando el año en 9,44%. En los primeros meses de2016 prosiguió la escalada inflacionaria superando el 10% anual y manteniéndose por encima de ese umbral durante 6 meses, con un máximo de 11% anualizado en el mes de mayo. Tras este pico máximo se produjo una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, que desde agosto volvió a ubicarse por debajo del 10% en términos anualizados y se ubicó en 8,45% anualizado a octubre de este año.
Esta evolución responde a algunos factores que detallamos a continuación. En primera instancia, a la evolución del tipo de cambio. En el primer año de gobierno de la actual administración se registró una fuerte devaluación de la moneda local y el precio del dólar en la plaza local creció cerca de 30% en sólo 12 meses. Así los meses de mayor aceleración de la inflación se corresponden con la llegada del tipo de cambio a valores de entre 31 y 32 pesos por dólar promedio (hasta abril-mayo de 2016). Posteriormente, la caída del tipo de cambio tuvo un importante efecto en la reducción del ritmo de crecimiento de los precios al consumo a nivel interno.
En segundo término, la trayectoria inflacionaria está fuertemente ligada a la política de tarifas llevada adelante por el gobierno. Ante el acotado margen fiscal que enfrenta, a comienzos de 2016 el gobierno resolvió priorizar el frente fiscal por sobre el objetivo inflacionario, fijando aumentos de algunos precios administrados por encima de lo que venían ajustando en años anteriores. El rubro de mayor impacto fue sin dudas el de la tarifa eléctrica, con un incremento de alrededor de 10% sobre el precio promedio vigente en el año anterior.
En tercer lugar, se produjeron situaciones coyunturales vinculadas a cuestiones climáticas o a medidas específicas, que incidieron fuertemente en algunos rubros de elevada incidencia en el Índice de Precios al Consumo. Ejemplo de esto fueron los incrementos registrados en el precio de las frutas y las verduras durante el primer semestre de 2016 así como un importante aumento en el precio del tabaco en febrero, debido a cambios en las condiciones impositivas de dicho producto. Si bien estos elementos no explican la tendencia de la inflación, contribuyeron a profundizar el alza registrada en los meses referidos.
En cuarto lugar, es evidente que en Uruguay, el tema de la formación de precios está vinculado a las condiciones de creciente oligopolización de los mercados tanto industriales como comerciales así como en la propia importación, es decir a lo largo de toda la cadena de valor; y cuanto mayor sea el grado de monopolio en el sector, mayor es la capacidad de imponer determinados porcentajes de ganancias sobre sus costos. Por otra parte, en condiciones de menor dinamismo económico se evidencia un mayor uso de esta condición casi monopólica.
Durante todo este tiempo el objetivo gubernamental en materia inflacionaria se mantuvo incambiado en el rango de 3% a 7%, ubicándose la meta puntual en 5%. Pese al menor ritmo de crecimiento de los precios al consumo en el último trimestre, la inflación sigue ubicándose por encima del rango meta. Sin embargo, el hecho de que la inflación haya comenzado a ceder y se ubicara por debajo del 10% en los últimos meses, ha “aliviado” al gobierno, quien es posible que, con una inflación en este entorno, centre sus esfuerzos de política macroeconómica fundamentalmente en reducir el déficit fiscal, en lugar de centrarla en controlar la inflación, aun cuando varias de las fuentes de crecimiento estructural de los precios siga latente.
Si no se vuelven a registrar eventos extraordinarios sobre los precios más volátiles como los registrados en relación al precio de frutas y verduras en los primeros trimestres, es probable que la inflación cierre el año en niveles levemente inferiores a los del año pasado (9%), reduciéndose algo más el año próximo (entre 8,5% y 9%). El descenso del tipo de cambio, que ha jugado un rol importante en la disminución de la inflación, ya comenzó a revertirse luego de finalizada la contienda electoral en Estados Unidos. El resultado final dependerá de la aplicación del plan UTE, sobre el cual el gobierno ya anunció que se realizará y abarcará a un porcentaje importante de usuarios aunque el impacto final dependerá del descuento promedio recibido por los usuarios.
VI. Salarios
Tras una década de expansión a tasas muy importantes (4,25% promedio anual), en 2015 el salario real medio siguió creciendo pero a un ritmo considerablemente más moderado. El poder de compra de los trabajadores se incrementó tan sólo 1,56% en 2015 con respecto al año anterior, fruto del crecimiento de 1,92% en los salarios del sector privado y 0,92% en los públicos. En los primeros meses de 2016 el ritmo de crecimiento del salario real se siguió desacelerando, pero sin alcanzar en ningún mes tasas de variación interanuales negativas y estabilizándose recientemente en un ritmo de crecimiento de entre 0,5% y 1% en la comparación interanual.[4]
Un primer elemento que permite explicar esa evolución es la aceleración de la inflación que se dio en el segundo semestre de 2015 y primeros meses de 2016, que erosiona el poder de compra del salario en la medida en que se registran cada vez períodos más prolongados en que el salario real se encuentra por debajo de su nivel de partida. Si bien los convenios firmados hasta 2015 tenían correctivos anuales, la mayor distancia entre la inflación proyectada y la efectiva provoca una mayor brecha entre la evolución de los salarios y la del costo de vida, que si bien se corrigen pasado cierto período, en medio puede provocar caídas puntuales del salario real.
En segundo lugar, la desaceleración de la economía impactó negativamente sobre el mercado de trabajo, lo que además de reflejarse en la pérdida de puestos de trabajo, también dejó a los trabajadores ocupados en peores condiciones para negociar, contribuyendo negativamente a la desaceleración en la evolución general de los salarios.
Finalmente, los cambios en la orientación de la política salarial son un elemento a tener en cuenta para explicar la evolución de los salarios en este período. El criterio de semestralización de los ajustes conduce a diferir una parte del ajuste salarial durante 6 meses, contribuyendo a reducir el monto salarial promedio anual. Por su parte, la ausencia de correctivos de inflación anuales, en el caso de los convenios que se firmaron a mediados de 2015, ya resulta en un perjuicio para los trabajadores de estos sectores a mediados del corriente año.
En 2016 el salario mínimo nacional aumentó 10%. En 2017 aumentará 9,5% y en 2018 lo hará otro 9%, permaneciendo en todos los casos prácticamente constante en términos reales o con aumentos del entorno del 1%, si la inflación se comporta como es esperable. El salario mínimo nacional es el salario sumergido por excelencia y pese a la reinstalación de los Consejos de Salarios, donde se fijan salarios mínimos por categoría laboral para las distintas ramas de actividad, sigue siendo el salario de referencia para los miles de trabajadores desprotegidos y en condiciones de informalidad que todavía hay en el país.
La relevancia del salario mínimo nacional en el marco de una política salarial que apunte a mejorar los ingresos de los trabajadores peor remunerados y por esta vía afecte positivamente la distribución del ingreso en la sociedad, es crucial. Como se mencionó antes, no es casual que los años de mayor crecimiento del salario mínimo nacional en términos reales, fueron años también de importantes avances en materia distributiva, tanto en lo que hace a la distribución funcional como personal de los ingresos. El aumento del salario mínimo nacional arrastra directamente los salarios de las categorías laborales más bajas, valorizando el trabajo en estas actividades y generando una política salarial que empuja los salarios desde la base de la pirámide, mejorando así las situaciones más precarias salarialmente.
Los incrementos de salario mínimo nacional propuestos para los próximos años son sumamente moderados e implican postergar por tres años más el crecimiento en el poder de compra de situaciones que no admiten postergación.
VII. Cuentas públicas
A pesar de la reducción alcanzada en el gasto público, el déficit fiscal se ha mantenido en el correr del año en términos interanuales en prácticamente los mismos niveles que en el año 2015 (en el entorno del 3,5% del producto), no lográndose por el momento el objetivo de ir reduciendo el déficit fiscal en el correr del año. El escaso crecimiento de la economía, que condiciona los ingresos del Estado, conjuntamente con un mayor peso de los intereses de deuda pública y las transferencias a la seguridad social, hizo que aunque el resultado primario mejoró levemente, el déficit fiscal empeoró.
El próximo año se discutirá una nueva rendición de cuentas, la que actualizará gastos para el trienio 2018 – 2020 ya que tras la pasada discusión presupuestal fueron aprobados los gastos e ingresos correspondientes hasta el año 2017.
Actualmente, el gasto propuesto en todos los rubros de la asignación presupuestal quedó congelado en sus valores de 2017 por lo que la rendición de cuentas será la encargada de votar los incrementos presupuestales que presente el gobierno. En la medida en que los aumentos dispuestos para cumplir con los compromisos sociales en 2016 y 2017 fueron muy bajos (estaban muy lejos de los dos quintos que representaría una distribución lineal a lo largo del quinquenio), los aumentos de los tres años restantes deben ser sensiblemente más importantes. Así por ejemplo, el gasto en educación debería aumentar casi tres veces más en los últimos tres años que lo que aumentó entre 2016 y 2017 para cumplir con el compromiso de alcanzar el 6% del producto para la educación.
El cumplimiento de estos compromisos más el crecimiento inercial del gasto comparado con un producto que suponemos crecerá de acuerdo a las estimaciones gubernamentales, nos deja un déficit adicional similar al actual, es decir algo por encima de 3 puntos del producto. De esta manera, reducir el déficit fiscal, como espera hacer el gobierno requerirá a nuestro juicio, o bien resignar algunos de los compromisos sociales pactados o bien realizar un nuevo ajuste en las cuentas públicas, el que deberá realizarse por el lado de los ingresos, dado el escaso margen que hay para ajustar gastos.
PERSPECTIVAS PARA 2017
Para lo que resta de este año y el próximo, se espera que la actividad económica presente pocos cambios: sin un rápido ascenso ni tampoco caída. Como se mencionó antes, en el segundo semestre de 2016 la actividad económica tendría un comportamiento similar al del primer semestre, registrando trimestres de nulo o muy escaso crecimiento y cerrando el año con una expansión del entorno del 0,5%. Tanto la dinámica externa como la interna convalidarían este comportamiento.
A nivel externo se espera que las economías regionales sigan presentando problemas en el corto plazo por lo que la demanda de estos países seguiría viéndose afectada a la vez que no se avizoran cambios relevantes en la economía mundial, ni por la vía de los precios a los que colocamos nuestros productos ni a partir de los volúmenes exportados. A nivel interno por su parte, si la masa salarial permanece prácticamente constante y continúan las restricciones al gasto público, no se puede esperar un repunte significativo sobre el consumo interno. El efecto sobre la inversión es más incierto, en particular para el año entrante, ya que está bastante ligado al comienzo de la inversión de la nueva planta de UPM, la que tendrá un impacto significativo en este rubro. En este contexto, en 2017 la economía crecería algo más que en 2016 pero sin evidenciar un gran salto.
En este marco, el mercado laboral no presentaría grandes cambios y en 2017 se mantendrían niveles de empleo y desempleo similares al piso alcanzado en 2016. Si bien esto puede ser una buena noticia a nivel agregado, es complicado en aquellos sectores que vienen acarreando problemas de empleo desde hace más tiempo y donde, aunque no empeorarían, tampoco no se verían mejoras en el corto plazo, si no se aplican políticas sectoriales de promoción y defensa del empleo a partir de políticas activas de empleo y capacitación.
Para el cierre de 2016 y en 2017, la evolución de los salarios reales comenzará a estar más estrechamente ligada a los nuevos lineamientos salariales, lo que dadas sus características (semestralización de los ajustes, alargamiento de los plazos en que se realizan los correctivos y ajustes nominales por todo concepto, entre otros) provocará una nueva desaceleración del salario real en los próximos años, dificultando las posibilidades de crecimiento del consumo interno.
En materia inflacionaria, si bien la inflación cedió en los últimos meses y se espera que esta situación se mantenga, no es esperable que se alinee con la meta inflacionaria en los próximos años. Además, es preocupante la heterogeneidad que se registra en la evolución de los distintos precios y en particular el hecho de que varios precios que componen la canasta básica de alimentos se vienen ubicando sistemáticamente por encima del crecimiento medio de los precios.
El otro componente de la demanda interna que puede aportar a revertir este proceso de magro crecimiento y estancamiento es la inversión pública. En la ley presupuestal se anunció una inversión pública para el quinquenio de 12.400 millones de dólares (8 mil con recursos presupuestales y 4.400 por asociaciones con privados). Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado la parte de inversión pública propiamente y se asume como enlentecidas las que se harían por asociación con privados.
En las perspectivas de 2017 hay que tener en cuenta el dilema presupuestal que se presentará ya que de no mediar cambios tributarios, no parece viable cumplir con todos los compromisos programáticos asumidos en inversión pública y gasto social, y alcanzar además la meta propuesta en materia de déficit fiscal.
Diciembre 2016
[1]. Se trata de la comparación trimestral desestacionalizada.
[2]. Ver últimos Informes de coyuntura, Instituto Cuesta Duarte, PIT.CNT. http://www.cuestaduarte.org.uy
[3].Cabe aclarar que la caída del empleo en los primeros 9 meses de 2016 respecto a la situación de 2014 alcanza a 30.000 puestos, cifra que se ubica próxima al 2% del total, más allá de que se han mencionado diferentes cifras al respecto, no todas ellas metodológicamente correctas al no considerar en la comparación de diferentes períodos aspectos como la estacionalidad que presentan los datos relativos al empleo.
[4].Se entiende por medición interanual a la comparación entre el salario real promedio de los últimos 12 meses hasta un determinado mes respecto al salario medio de los últimos 12 meses del año anterior.
