Los compromisarios del Colegio Electoral votan por Trump
El candidato republicano Donald Trump,
ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU., ha sido elegido
formalmente presidente por los compromisarios del Colegio Electoral este
19 de diciembre.
Jonathan ErnstReuters
Publicado: 19 dic 2016 22:29 GMT | Última actualización: 19 dic 2016 23:15 GMT - RT
El número de los votos ha superado los 270 necesarios para que Trump sea declarado oficialmente presidente electo por el Colegio Electoral.
Trump ha logrado el apoyo de 304 miembros del Colegio Electoral de los 306 que debían votar por él, según el resultado de la votación popular del pasado 8 de noviembre. Los otros dos compromisarios han dado sus votos a otros candidatos.
Por su parte, la rival de Trump, la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, ha obtenido por el momento 224 de los 232 votos. Cuatro compromisarios que deberían haber votado por Clinton lo han hecho por otros candidatos.
El recuento de votos se realizará el 6 de enero del 2017 en una sesión especial del Congreso tras la cual el presidente del Senado nombrará al nuevo presidente y vicepresidente de EE.UU.
La investidura de Donald Trump como presidente de EE.UU. se llevará a cabo el próximo 20 de enero.
Más de 1,5 millones de familias norteamericanas viven con dos dólares diarios por persona
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
Por: Proyecto Censurado / Traducción de Ernesto Carmona / Mapocho Press
Ilustración de Jennifer Luxton, de YES! Magazine
Según Kathryn J. Edin y H. Luke Shaefer, sociólogos y autores del libro $2,00 por día: Viviendo con casi nada en América ($2.00 per Day: Living on Almost Nothing in America),
en 2011 más de 1,5 millones de familias de EEUU –incluyendo tres
millones de niños– vivián con tan poco como dos dólares diarios por
persona durante varios meses al año. Edin y Shaefer determinaron esto en
base a datos de la Encuesta Ingresos y Programas de Participación
(SIPP, sigla en inglés) de la Oficina del Censo de EE UU, datos de
ingresos del Programa Federal de Ayuda Suplementaría en Alimentación
(SNAP), datos adicionales sobre familias sin viviendas y de su propio
trabajo de campo en cuatro sitios de estudio, que incluyeron Chicago,
Cleveland, comunidades rurales de Appalachia y el delta del Mississippi.
Como escribió Marcus Harrison Green en YES! Magazine,
esta descripción verdadera de la pobreza en EEUU se lee “como una
novela de Dickens”. Como hizo notar Green, los medios de EEUU a menudo
descuidan las experiencias de los pobres que se hallan en estudios “que
asustan a muchos”. (Para conocer información previa de Proyecto
Censurado sobre cómo los medios corporativos descuidan la cobertura de
la gente pobre, vea “Millions in Poverty Get Less Media Coverage Than
Billionaires Do”, Historia censurada #9
en Censurado 2016). Desde familias que dependen del ingreso de una
madre por vender su plasma sanguíneo dos veces por semana, a otras sin
nada más que un cartón de leche estropeada en su refrigerador, Edin y
Shaefer documentaron los hogares de familia que viven “de crisis en
crisis”. Una de sus informantes le dijo a Shaefer que la habían golpeado
y violado y “siempre miraba hacia fuera por la amenaza siguiente”.
Como Jared Bernstein observó en su
informe de septiembre de 2015 en Atlantic, además de proporcionar una
cuenta viva de cómo es vivir en extrema pobreza en este país, la
investigación de Edin y Shaefer también ofrece una crítica política a
las consecuencias relevantes a largo plazo de la iniciativa de reformas
de bienestar de 1996 del Presidente Bill Clinton.
Desde que “en este país se desarrolló la
política anti-pobreza” como “favorable al trabajo” con la consecuencia
profética de que “las políticas públicas no lo ayudarán mucho, en
absoluto, si usted es desconectado del mercado de trabajo”, escribió
Berstein.
Edin y Shaefer descubrieron que desde
1996 se ha doblado el número de familias que viven con menos de dos
dólares diarios por persona. La gente en edad de trabajar estudiada
quiso empleos no sólo decentes, sino estables porque el trabajo es una
necesidad económica, pero también porque entienden el empleo como una
fuente de dignidad para ellos y sus familias. Un “enorme defecto” en la
reforma del bienestar es la insistencia sobre el trabajo sin ningún
respeto a la disponibilidad del trabajo”, escribió Bernstein.
Los trabajos conseguidos por miembros de
familias pobres típicamente pagan salarios bajos con horarios
inestables y condiciones laborales inseguras, contradiciendo la
suposición constante de la agenda de la política conservadora de que hay
“una fuente amplia de trabajos perfectamente buenos” que la gente pobre
podría obtener si realmente quisiera trabajar. En su lugar, la pobreza
extrema documentada por Edin y Shaefer es conducida por “el estado del
mercado laboral de bajos salarios”, escribió Shaefer en YES! Magazine.
La “gente hace la suposición de que las familias de bajos ingresos no
trabajan o no quieren trabajar”. En el Delta del Mississippi, describió
Shaefer, “el trabajo no sólo es difícil de conseguir, a menudo no
existe”. De otro modo, sin embargo, la norma entre familias con niños
que estudiaron es “un padre que trabaja o recientemente ha trabajado”.
Edin y Shaefer propusieron tres cambios a las políticas sobre pobreza
extrema en Estados Unidos. Primero, la política debe comenzar por
“expandir las oportunidades de trabajo para quienes se hallan en la
parte más inferior de la sociedad”. Esto significa mejorar la calidad de
los trabajos disponibles aumentando el salario mínimo, estabilización
de los horarios de trabajo y aumentar la responsabilidad para normas de
trabajo que a menudo son voluntarias. Esto también implica una respuesta
a la suposición ideológica de que la gente pobre no está dispuesta a
trabajar. En segundo lugar, la política debe asegurar la inestabilidad
de la vivienda, que Shaefer describió como una causa y consecuencia de
la pobreza extrema. “Los padres deben poder criar a sus niños en un
lugar suyo propio”. Tercero, las familias deben ser aseguradas contra la
pobreza extrema incluso cuando los padres no pueden trabajar. Edin y
Shaefer propusieron restablecer y aumentar proporcionalmente los
programas de empleo que eran parte de la Recovery Act 2009 (Ley de
Recuperación). Como reportó Bernstein, “si el armazón de la política
antipobreza de Estados Unidos de América se basa en el trabajo del
mercado laboral pagado, y si ese mercado laboral no proporciona la
cantidad o la calidad adecuada de trabajos, las políticas públicas deben
solventar la diferencia”.
Ha sido limitada la cobertura
corporativa del estudio sociológico sobre la pobreza extrema de Edin y
Shaefer. A principios de 2012, USA Today publicó un informe veraz de una
versión previa de sus hallazgos, que indicaron que 1,46 millones de
familias vivían con menos de dos dólares diarios por persona. USA Today
citó a un profesor investigador senior de la conservadora Fundación
Herritage que refutó los hallazgos de Edin y Shaefer: “Cuando usted
observa ese tipo de familia, usted no ve el tipo de privación que
sugiere este estudio”. Más recientemente, Los Angeles Times publicó una
pieza de opinión de Edin y Shaefer y el New York Times difundió un
comentario favorable al libro de William Julius Wilson en su reseña del
domingo. Wilson, un sociólogo relevante en el estudio de la pobreza,
describió el libro como “un llamado esencial a la acción” y observó: “El
aumento de esta pobreza absoluta desde la aprobación de la reforma del
bienestar desmiente categóricamente todo el discurso sobre las
oportunidades y el sueño americano”.
Ilustración de Jennifer Luxton, de YES! Magazine
Fuentes:
Marcus Harrison Green, “1.5 Million American Families Live on $2 a Day—These Authors Spent Years Finding Out Why,” YES! Magazine, September 24, 2015, http://www.yesmagazine.org/com
Jared Bernstein, “America’s Poorest are Getting Virtually No Assistance,” Atlantic, September 6, 2015, http://www.theatlantic.com/bus
Estudiante investigador: Rupert Watson (Sonoma State University)
Evaluador: Tiffany Scott (Napa Valley College)
Evaluador: Tiffany Scott (Napa Valley College)
"Buena suerte": La seria advertencia de China a EE.UU. si repatría sus empresas
Publicado: 1 dic 2016 10:00 GMT | Última actualización: 1 dic 2016 10:06 GMT - RT
En el gigante asiático están convencidos de
que podrían imponer sus productos a nivel internacional debido al
aumento de costos que experimentarán los productos fabricados en EE.UU.
de cumplirse las amenazas de Trump.
Bobby YipReuters
"China se beneficiaría del esfuerzo de Trump de repatriar las industrias", detalla el portal que advierte que será "casi imposible" que EE.UU. "recupere su gloria como principal potencia industrial" durante la presidencia del magnate republicano, quien pidió una "muestra de patriotismo" a las compañías. Su advertencia también se refería a firmas instaladas en México.
Entre ellas se encuentra Apple, a la que le ofrecieron importantes beneficios para "construir una gran planta" en EE.UU., pese a que no podrá replicar el sistema de producción asiático. Ello, en definitiva, dispararía los costos, por ejemplo de los 'smartphones'. En ese caso, marcas chinas como Huawei y Xiaomi conseguirían quedarse con parte del mercado de Apple.
Efectos secundarios
Ante las amenazas que llegan desde Asia, el abogado Gordon Chang aseguró que China debe estar "preocupada" por lo que pueda hacer Trump, por lo que "intenta decir a sus trabajadores que las cosas van a estar bien", publicó el portal CNN.No obstante, Chang admite que aún no está claro qué es lo que tanto el electo mandatario de EE.UU. como el Gobierno chino pueden llegar a hacer para cambiar la dinámica industrial actual. Según Derek Scissors, del Instituto Empresarial Americano, el objetivo de Trump de repatriar industrias podría tener "efectos secundarios dolorosos", como el alza de precios para los consumidores estadounidenses.
EEUU: Un millonario "devuelve" una parte de Manhattan (un edificio) a una tribu nativa
Jean-Louis Goldwater Bourgeois donó (devolvió) edificio a indígenas en desagravio a la ocupación de sus tierras
Credito: Web - Por: RT | | Aporrea
Diciembre 19 de 2016.- El excéntrico millonario de 76 años Jean-Louis
Goldwater Bourgeois ha decidido traspasar las escrituras de un edificio
histórico de su propiedad en Manhattan (Nueva York) –valorado en 4
millones de dólares– a la tribu nativa americana de los lenape.
Según 'The New York Post', los miembros de esta tribu fueron los habitantes originales de la zona, y el millonario, que también es un activista en favor de las causas de los nativos americanos, quiere devolverles una parte de Manhattan. Al menos una pequeña.
"Tengo un romance con la historia de la ciudad, y me he sentido consternado por el hecho de que la tierra en la que se encuentra la ciudad haya sido tomada por blancos", afirma Bourgeois. "Este edificio es el trofeo de un robo a gran escala", afirma. "Lo correcto es devolverlo", concluye.
El edificio en cuestión es una casa de madera de tres pisos construida en 1834 y de la que la corporación de su familia ha sido propietaria desde 2006. Se espera que después de la transferencia de sus escrituras la construcción se utilice como un 'patahmaniikan' o casa de oración para ayudar a los indígenas a volver a tener contacto con su idioma y sus tradiciones ancestrales.
Según 'The New York Post', los miembros de esta tribu fueron los habitantes originales de la zona, y el millonario, que también es un activista en favor de las causas de los nativos americanos, quiere devolverles una parte de Manhattan. Al menos una pequeña.
"Tengo un romance con la historia de la ciudad, y me he sentido consternado por el hecho de que la tierra en la que se encuentra la ciudad haya sido tomada por blancos", afirma Bourgeois. "Este edificio es el trofeo de un robo a gran escala", afirma. "Lo correcto es devolverlo", concluye.
El edificio en cuestión es una casa de madera de tres pisos construida en 1834 y de la que la corporación de su familia ha sido propietaria desde 2006. Se espera que después de la transferencia de sus escrituras la construcción se utilice como un 'patahmaniikan' o casa de oración para ayudar a los indígenas a volver a tener contacto con su idioma y sus tradiciones ancestrales.
Estado español
Sagrario Vera, María Esquivel , Josefa Bermejo. Una historia “desconocida” de mujeres guerrilleras
Esposas, madres, hijas, hermanas que actuaban como enlaces a los guerrilleros en la recién estrenada dictadura. El investigador José Antonio Jiménez Cubero recuerda los casos de 133 mujeres detenidas, torturadas y, en algunos casos, muertas por empuñar las armas en plena posguerra.
MARÍA SERRANO - Público - Publicado: 17.12.2016 23:22
Fotografiadas como motín de posguerra.
Como limpieza de todo aquel que se enfrentaba a plantarle cara al
recién estrenado régimen franquista. La imagen de Rosario García,
guerrillera y mujer del “Chato del Cerro Andévalo” sobrecoge. Su muerte a
tiros por parte de la Guardia Civil en 1945 acabó con la vida de esta
joven y toda su partida. No fue la única. “La historia de la
participación de las mujeres en la lucha guerrillera antifranquista ha
sido una de esas historias hurtadas dentro de nuestro país”, señala el
investigador José Antonio Jiménez Cubero a Público. Según las últimas
estimaciones, más de sesenta mil personas fueron detenidas en España
acusadas de colaborar con la guerrilla antifranquista.
Cubero
acaba de publicar su investigación. Mujeres guerrilleras en la zona
norte de la sierra de Sevilla y Badajoz durante el franquismo. “A vida o
muerte”. Como guerrilleras, es decir “mujeres que empuñasen las armas”,
el investigador aporta tres nombres. María Esquivel Vizuete “La Culantra”. Josefa Bermejo, compañera del “Chato de Malcocinado” y Sagrario Vera Cordo, mujer del “Chato del Cerro Andévalo”, asesinada brutalmente cerca del pueblo onubense de Valdelamusa.Esposas, mujeres, hermanas de los vencidos: enlaces en la sierra
“Ninguna organización clandestina de aquella etapa pudo
sobrevivir, en ninguno de los casos en la sierra sin el conocido papel
de los enlaces”. La mayoría, mujeres de vencidos. “Sin la ayuda,
colaboración y apoyo de ellas, no se habría continuado la lucha” aclara
Cubero. Fueron las verdaderas encargadas de “abastecer a los
combatientes de lo más necesario y perentorio para su supervivencia en
el monte”. Alimentos, medicinas, armamento, ropas, información.
Añadiendo un elemento fundamental, “los servicios como correos de y para
las comunicaciones propias de aquellos con sus familiares o las
organizaciones políticas clandestinas”. El papel de aquellas valientes
que subían al monte de madrugada, sin apenas equipamiento, la cumplían
esposas, madres, hijas, hermanas o simplemente familiares en algún grado
de los combatientes .
Solo en la zona señalada podemos hacer
una radiografía de las brutales cifras. 133 mujeres fueron represaliadas
a lo largo de once años de guerrilla
Solo en la zona señalada podemos hacer una
radiografía de las brutales cifras. 133 mujeres fueron represaliadas a
lo largo de los once años que duró la guerrilla. Desde 1940 hasta 1951.
Además de las ya nombradas Sagrario Vera, María Esquivel y Josefa
Bermejo, otras tres mujeres perdieron la vida en aquella comarca. El
perfil de edad de las mujeres activas en la lucha armada, comprendía
entre los 18 y los 50 años. Antonia León Osorio, fusilada por ley de
fugas a principios de los 50 o Celestina Bazo y Guaditoca Vera, que
fallecieron a causa de las condiciones de insalubridad que se ubicaban
en aquellas cárceles.
De aquellas 54 guerrilleras detenidas, casi
el 40 por cientos, nunca llegaron a ser procesadas. Sí pasarían por
calabozos, interrogatorios y torturas. Cubero retrata que “entre las que
fueron procesadas y juzgadas en consejo de guerra, 17 de ellas fueron
absueltas”. De las condenadas, el mayor número, 39 (un 63 por ciento),
lo fueron a menos de dos años de prisión.El casos de las tres guerrilleras
La Culantra, vecina del municipio de Azuaga, fue la primera que se “echó al monte” junto a su marido Cipriano Diéguez Bello “El Perrero”
a finales de la primavera de 1941. A los pocos meses sería detenida, en
el mes de diciembre. Tras la muerte de su compañero, fue procesada en
la causa militar 19/42, condenada a muerte y fusilada en Sevilla el 26
de abril de 1943. Nadie conoce a ciencia cierta sus últimos años pero
creen que esperaron este tiempo por su estado de gestación. En prisión
amamantaría a su hijo, dándolo posteriormente obligado en adopción.
Sería asesinada en las tapias del cementerio de San Fernando en Sevilla.
Ese mismo año en 1941, también “se echó al monte” Josefa Bermejo Grueso, compañera del Chato de Malcocinado.
Por entonces contaba con 20 años de edad. Tras la muerte de este en
1944 pactó su entrega con las autoridades franquistas poco después del
nacimiento de su hijo Manuel, que fue criado por la familia paterna en
Malcocinado. Cubero recuerda que Bermejo rehízo “su vida casándose y
teniendo otros tres hijos”. Fue una de aquellas mujeres brutalmente
represaliadas de la aldea de Malcocinado (Badajoz). Falleció en Gerona
en el año 1991.La tercera guerrillera Sagrario Vera Cordo, marcharía al monte dos años más tarde con apenas 18 años. Murió en el Collado de las Ratas de Valdelamusa en 1945 junto a su compañero “El Chato del Cerro Andévalo”. Toda la familia Vera participaría en la lucha activa de la guerrilla como enlace tras la muerte del padre de Sagrario, José Vera Parra, bracero y carbonero de profesión muerto por “enfermedad de guerra”, después de largo tiempo recluido en las cárceles de la dictadura.
Cubero recuerda que “indudablemente el caso de Sagrario Vera es especial. Una vida dura como pocas”
Cubero recuerda que “indudablemente el caso de
Sagrario Vera es especial. Una vida dura como pocas”. Con apenas 11
años, en 1936, vagó con la “Columna de la Muerte” junto a su madre y
sus hermanas. A los 16 años, fue detenida junto a su madre y su hermana
Salvadora, aunque no llegó a ser procesada por ser menor de edad. Solo
cuatro años más tarde, en 1945, moriría en combate. Los testigos que
tuvieron la oportunidad de conocerla aún la recuerdan vestida con el
mono azul de miliciano. “Tocada con boina y armada de una pistola de
calibre pequeño, bajo el nombre de guerra de «Paco»”, añade Cubero.
En
su investigación “A vida o muerte” ha logrado recuperar las atroces
imágenes tras su muerte en la aldea minera del Perrunal, donde fueron
llevados los cadáveres del Chato y de Sagrario para ser enterrados en el
cementerio municipal. “En el sumario sólo aparece la fotografía de
ella”, aclara. Sin conocer bien la intención de aquellas instantáneas,
“me impactaron mucho aquellas fotos que pudieron servir de advertencia o
amenaza a quienes tuvieran la tentación de enfrentarse al régimen
franquista”, recalca. Poco a poco la guerrilla se fue diluyendo en la
zona. “Las últimas detenciones de mujeres acusadas de colaborar con la
guerrilla antifranquista tienen lugar en 1951” recuerda el investigador.45 mujeres detenidas en la aldea de Malcocinado
El municipio de Malcocinado en Badajoz sufrió una venganza atroz en plena posguerra. Tan solo de mujeres guerrilleras. Una pequeña aldea, hoy con menos de 500 habitantes, llegó a detener a 45 mujeres implicadas como enlaces a los guerrilleros “del monte”. Detenciones, torturas... Malcocinado era un pueblo activo en la lucha antifranquista.Cubero destaca a Público el “curioso el caso de esta localidad cuyas cifras de represión son porcentualmente muy elevadas en el número de personas (tanto mujeres como hombres)” implicadas en la ayuda a los del monte. “Los lazos familiares y de parentesco pueden ayudarnos a interpretar los hechos, pero no creo que sea todo. Hablamos de 45 mujeres detenidas, un número que dobla al de quienes lo fueron en Azuaga o Cazalla de la Sierra, poblaciones que doblaban o incluso triplicaban en número de habitantes de Malcocinado”.
En esta aldea destaca los casos de enlaces, ya incluso de avanzada de edad, como el de Felicitas Bermejo Sánchez, tía de Josefa Bermejo y detenida a los 54 años. Residente y nacida en Malcocinado fue detenida en 1944 por ayuda a la partida del Chato. Pasaría por la prisión de Badajoz. En julio de 1944 la trasladarían a Madrid para ser juzgada en Consejo de Guerra.
Victoriana Castillo Chicote fue la más joven de las detenidas. Tenía 15 años cuando la acusaron, junto a su madre y sus hermanos en Malcocinado, por prestar ayuda a la guerrilla del Chato de Malcocinado. El 18 de octubre de 1943 sería trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla, a pesar de ser menor de edad. Pasaría recluida dos meses.
La Fiscalía no consigue callar a las víctimas del franquismo
Julia Lanas, hija de un fusilado por la dictadura, y Tasio Erkizia, quien logró salir vivo de terribles sesiones de tortura, declaran este viernes ante la Justicia. A pesar de las órdenes dadas por la Fiscalía General del Estado, dos jueces han aceptado los exhortos de la magistrada argentina María Servini de Cubría y recogerán sus testimonios.
DANILO ALBIN - Público - Publicado: 15.12.2016 19:43
BILBAO.- Julia Lanas tuvo que esperar 80 años. Tasio Erkizia,
otros 42. En el medio, ambos han aprendido a convivir con los recuerdos
del infierno. En el caso de Lanas, el diablo se parece mucho a los que
fusilaron a su padre o a los que encerraron a sus hermanos y su marido.
Para Erkizia –sacerdote y dirigente histórico de la izquierda
abertzale-, los peores recuerdos siguen en una tétrica comisaría de Bilbao,
donde soportó torturas difíciles de imaginar. Ahora, ambas víctimas del
franquismo se funden en un abrazo cargado de simbolismo: por fin van a
poder relatar sus horrores delante de un juez.
Sus declaraciones han sido solicitadas por la magistrada argentina María Servini de Cubría,
encargada de la querella contra los crímenes del franquismo que se
tramita en aquel país. Según ha recordado el integrante de la plataforma
vasca que impulsa este tema, Juan Mari Zulaika, las citaciones
de Lanas y Erkizia han sido realizadas por dos jueces de Gernika y
Bilbao que han decidido seguir adelante con los exhortos a pesar de la posición asumida por la Fiscalía General del Estado
–dependiente del gobierno-, que en octubre pasado ordenó suspender las
declaraciones requeridas por Servini. El argumento, una vez más, fue la Ley de Amnistía
que continúa vigente en España y que Zulaika, al igual que sus
compañeros del movimiento memorialista, no dudó en calificar como un “muro de impunidad”.
Con estos antecedentes sobre la mesa, Lanas tenía motivos suficientes para sentir una extraña mezcla de rabia y alegría.
Rabia, porque los asesinos de su padre ya no podrán ser juzgados.
Alegría, porque esta vez podrá reivindicar su memoria frente a un juez.
“He sido muy castigada, pero nunca me he callado. Le puedo asegurar que
no pierdo el sueño por tener que ir a declarar”, dijo a Público esta mujer de 97 años. Ya tiene todo preparado para ir este viernes al juzgado de Gernika y responder a sus preguntas. “Por desgracia, tengo muchas vivencias”, apuntó.
“He sido muy castigada, pero nunca me he
callado. Le puedo asegurar que no pierdo el sueño por tener que ir a
declarar”, dice Julia Lanas, de 97 años.
El catálogo de horrores familiares empieza con su padre, Francisco Lanas Mengosa,
un defensor de la República que no dudó en apuntarse como voluntario
para hacer frente a los golpistas. Le costó caro, muy caro. Tras ser
apresado en Santander, aquel hombre de ideas firmes fue llevado a la
prisión guipuzcoana de Ondarreta. Quienes lograron salir vivos de aquel
infierno relatan que era un muerto en vida, al que sus torturadores habían llegado a arrancar las uñas. Los franquistas acabaron de matarlo en 1938.
“Mi
madre llegó a pesar 39 kilos. Créame, nunca se sabe lo que una persona
puede llegar a soportar”, relata Julia, la menor de siete hermanos. Dos
de ellos, Félix y Paco, también conocieron las mazmorras del
franquismo. Ambos fueron obligados a trabajar como esclavos para la
dictadura en Asturias y Zaragoza. El círculo del dolor se cierra con su
marido, José Antonio Garmendia Arambarri, condenado y encarcelado
por el franquismo. “Como nuestra familia hubo otras miles –remarca con
la voz quebrada-. Ni creeríais lo que vivimos en aquellos años”.“Las pesadillas continúan”
El calvario de Tasio Erkizia empezó el 8 de mayo de
1975. En aquel momento, este histórico integrante de la izquierda
independentista vasca ejercía de sacerdote. Los policías que se
lo llevaron de su casa nada sabían de la piedad cristiana. Conocido
entonces por su militancia a favor del euskera y en los movimientos
populares, Tasio sufrió todo tipo de torturas en la comisaría de
Indautxu (Bilbao), incluyendo ahogamientos y palizas. “Rompieron
un bastón de bambú sobre mis espaldas, cuyas cicatrices me duraron
muchos meses. En cuclillas y esposado, jugaban conmigo dando patadas y
me tiraban de un lado a otro como si fuera un balón, entre risas y
constantes insultos de tipo sexual y personal”, puede leerse en un documento que forma parte de la querella.
En cuclillas y esposado, jugaban
conmigo dando patadas y me tiraban de un lado a otro como si fuera un
balón", dice Tasio Erkizia.
A raíz de las brutales agresiones, Erkizia tuvo que
ser llevado al Hospital de Basurto en estado muy grave. “Padecía lo que
los médicos llaman ‘síndrome de bombardeo’: tenía el cuerpo
totalmente magullado, como si hubiera permanecido debajo de los
escombros de una casa derruida”, relata. Estuvo 29 días en la UVI,
custodiado día y noche por dos policías. “En numerosas ocasiones me
amenazaban con darme tiros, poniéndome el fusil en la sien”. El juez que
le tomó declaración en el mismísimo hospital decidió dejarle libre de
cargos, mientras que sus denuncias de torturas fueron archivadas un año después. No hubo ningún tipo de investigación seria. Ni en dictadura, ni en transición, ni en democracia. Ninguna.
“Por suerte he podido realizar una vida normal, sin secuelas físicas aparentemente graves, pero las pesadillas nocturnas han sido y siguen siendo constantes.
Es una fase de la vida que me ha dejado profundamente marcado”, señala
en el documento. Tras conocerse su citación por parte de un juzgado de
Bilbao –prevista para el día 21-, Erkizia señaló que “se trata de una
buena noticia para cualquiera que crea en la democracia”. “Al menos
estoy seguro de que servirá para dejar en evidencia la impunidad con la que están actuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, subrayó.Ruleta rusa
Mientras Lanas y Erkizia aguardan su encuentro con la justicia, otras víctimas del franquismo en Euskadi deberán seguir esperando. Es el caso de Luis María Ormazabal, un veterano militante del Partido Comunista que bajó a los infiernos en febrero de 1960. Su detención se produjo poco después de regresar de Praga, donde había participado en el sexto congreso del PCE. Aquello le hizo merecedor de 40 días en la temible Dirección General de Seguridad de Madrid. “Las torturas fueron varias. Una de ellas se llamaba la botella borracha, y consistía en ocho personas pegándote y tirándote de un lado para otro”, recordó. Los policías también jugaron con él a la ruleta rusa. “Lo hicieron tres veces. Para ser sincero, en ese momento tampoco me importaba que disparasen”, señaló este jueves en una comparecencia realizada en un céntrico hotel de Bilbao.A la jueza Servini le gustaría conocer más detalles de su caso, pero el juzgado de Bilbao que recibió su exhorto se ha negado a tomarle declaración. Lo mismo ocurre con los familiares de Roberto Pérez Jauregi, un joven de 21 años que fue asesinado por la Policía en diciembre de 1970. ¿Su delito? Participar en una manifestación realizada en Eibar para pedir el fin del denominado Juicio de Burgos, en el que 16 ciudadanos vascos enfrentaban penas de muerte. Su hermano Jorge está dispuesto a declarar en los juzgados para denunciar este hecho, mientras que la magistrada argentina está interesada en conocerlo. Sin embargo, los tribunales españoles –amparados por el Gobierno y la Fiscalía- se niegan a acatar esta solicitud.
En ese contexto, los promotores de la querella argentina contra los crímenes del franquismo se resisten a bajar los brazos. De momento, varias instituciones vascas –entre las que se encuentran distintos ayuntamientos y diputaciones- “se han comprometido a presentar querellas en los juzgados locales”, destaca Zulaika, quien confía que esas iniciativas “despierten e incentiven a los jueces locales a involucrarse en la causa, desoyendo las órdenes de la Fiscalía española”. Mientras tanto, Ormazabal y Jauregi tendrán que seguir esperando.
Podemos pide reformar la Ley de Amnistía para que deje de funcionar como una "ley de punto final"
El grupo confederal en el Congreso defiende en la Comisión de Justicia una Proposición No de Ley para añadir un artículo a la Ley de Amnistía que establezca que la misma no será aplicable a los delitos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista
ALEJANDRO TORRÚS - Público - Publicado: 19.12.2016 21:04
MADRID.- La Ley de Amnistía ha sido el escudo de impunidad franquista.
Se concibió para ser aplicada a personas perseguidas o condenadas por
su actividad política durante la dictadura, pero con el transcurso de
los años se ha convertido en el parapeto perfecto donde se han refugiado altos cargos de la dictadura franquista
para no rendir cuentas sobre sus actuaciones en el pasado. De hecho,
tanto la Justicia como los diferentes gobiernos democráticos
han esgrimido esta Ley de 1977 para archivar de manera sistemática toda
denuncia de víctimas de la dictadura, cerrar la causa abierto por Garzón
y también para denegar las peticiones de extradición de franquistas efectuadas por Argentina.
Con
el fin de romper este escudo franquista en el que se ha convertido la
Ley de Amnistía, Podemos presenta este martes en el Congreso una
Proposición No de Ley para que sea modificada y se añada un artículo en
el que se establezca que no será de aplicación en los casos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad".
En tales crímenes, pide Podemos, debe aplicarse lo dispuesto en la
normativa internacional, incluida su definición, su ámbito de aplicación
universal y su carácter imprescriptible, que se encuentra en leyes
suscritas por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU, suscrito por España en abril de 1977.
La Ley de Amnistía se ha convertido en
el parapeto perfecto donde se han refugiado altos cargos de la dictadura
franquista para no rendir cuentas sobre sus actuaciones en el pasado
La petición de modificar la Ley de Amnistía no es
nueva. El relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos
Humanos, Pablo De Greiff, instó al Gobierno de España a dejar sin
efecto la Ley de Amnistía y mostró su preocupación por la utilización
que la Justicia había hecho de esta ley. Pero nada cambió. Tampoco
cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009, y
también en el 2015, mostró "su preocupación" por el mantenimiento de la
Ley. Ni el Partido Popular ni la Fiscalía han modificado sus criterios.
El PSOE, por su parte, en boca de Ramón Jáuregui, exministro del segundo
Gobierno de Zapatero, ha defendido hasta la fecha que "fue una ley necesaria" y que no cree "conveniente revertirla".
Ahora la Comisión de Justicia del
Congreso tendrá que volver a debatir esta Ley gracias a la Proposición
No de Ley presentada por el grupo parlamentario confederal Unidos
Podemos-En Comú Podemos - En Marea. "Con esta proposición se pretende
cortar de raíz las interpretaciones de la Ley de Amnistía que
avalan la impunidad de quienes han cometido actos de graves violaciones
de derechos humanos en el Estado español y, consecuentemente, evitan la
reparación plena de las víctimas de tales actos", señala la exposición
de motivos de la Proposición, que añade como "ejemplo más reciente" la
"suspensión de las declaraciones de las víctimas en la denominada
querella argentina".
"El reforzamiento de los valores democráticos y de
defensa de las libertades exige el conocimiento de la verdad, la
reparación de las víctimas y la persecución de todos los actos que hayan
supuesto graves violaciones colectivas de los derechos humanos,
puesto que éstas no afectan sólo a las personas de un país concreto,
sino que lesionan al conjunto de la humanidad", prosigue el texto de la
Proposición, a la que ha tenido acceso este diario.
Los sindicatos denuncian que hay jornaleros que cobran un euro a la hora en el campo murciano
UGT
y CCOO muestran su preocupación por el empeoramiento y la precarización
de las condiciones laborales en el sector agrícola en la Región de
Murcia
La Crónica
Jueves, 15 de Diciembre de 2016
Un jornalero trabaja en un invernadero del campo murciano
Una jornada de trabajo en el campo puede reportar para estos empleados apenas veinte euros, según explica Antonio Fernández, de UGT en Lorca, pues "estamos hablando sobre tres euros o tres euros y medio la hora".
"Hay algunas empresas, por llamarlo de alguna manera, porque no es lo generalizado, que están pagando por debajo del convenio", según afirmó a la cadena Ser Ángel Torroglosa, secretario comarcal de CCOO en el Valle del Guadalentín, quien dice que a su sindicato llegan denuncias de trabajadores que están cobrando un euro a la hora por jornadas de doce horas o catorce horas diarias.
Durante los años de crisis económica, la agricultura ha resistido en lo que a cifras de empleo se refiere. Sin embargo, los sindicatos advierten de la precarización de este empleo en este, porque "con el miedo a perder el empleo, hay muchas personas que están abusando de los trabajadores", según indica Ángel Torroglosa.
"Durante un tiempo no se han tenido muy en cuenta estos problemas, pero se siguen manteniendo", aseguró a la Ser Antonio Fernández, de UGT, sindicato desde el que ya alertaban hace unas semanas que "hay situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI".
Ambos sindicatos aclaran que la situación no es generalizada, pues "hay empresas que son ejemplo de cumplimiento de normativa laboral y convenios, pero los que ya funcionaban de forma irregular están aprovechando para hacer de su capa un sayo", en palabras de Torroglosa. "Hay muchas empresas que cumplen y lo hacen muy bien", apunta también Antonio Fernández. A pesar de eso, coinciden en la gravedad de los casos que denuncian.
Incumplimiento del convenio colectivo y ETT's sin control
UGT
y CCOO coinciden en que el principal problema es la vulneración
sistemática del convenio laboral, las condiciones contractuales y los
salarios que reciben los trabajadores, tanto extranjeros como españoles."Ha habido un retroceso importante en materia de contratos de trabajo. La inmensa mayoría se hacen a través de ETT's, sí es que se hacen", señala Ángel Torroglosa.
"Las ETT's están aportando mano de obra sin papeles y las empresas las están aceptando. No hay un control real de las ETT's", dice Antonio Fernández, que señala que "casi un 20% de los trabajadores empleados en plena campaña agrícola no tienen contrato".
Seguridad, transporte y descanso
Los
centenares de autobuses que antes salían cada día desde ciudades como
Lorca para trasladar al campo a los trabajadores, dicen los sindicatos
que están siendo progresivamente sustituidos por furgonetas, más
difíciles de controlar y que entrañan un riesgo además para la
seguridad, "puesto los conductores también trabajan durante esas largas
jornadas, con lo que implica de cansancio".Precisamente el descanso es otro de los temas que destaca entre las denuncias que tramitan los sindicatos, pues hay trabajadores que se levantan a las tres de la mañana para irse a trabajar a Albacete y regresar a las diez de la noche. "Es una situación extrema, pero un ejemplo de lo que está ocurriendo", apuntan desde CCOO.
Condiciones infrahumanas
Los
sindicatos afirman que ahora no hay grandes asentamientos como los que
se desmantelaron en 2006 en la misma zona de Ramonete (Lorca), donde en
una zona de chabolas se llegó a calcular la presencia de 1.500 personas.
Pero "sí hay una infravivienda mal preparada para estos trabajadores",
señala Antonio Fernández, quien cree que alrededor de 400 personas viven
en la actualidad en "condiciones infrahumanas" no sólo como 'okupas'
sino también "en viviendas adaptadas por los propios empresarios pero
que no cumplen las condiciones mínimas".Los sindicatos insisten en que "hacen falta más inspectores y más inspecciones en este sector”. "La Inspección de Trabajo debe tener más medios y no actuar sólo cuando hay denuncia, sino hacer campañas de inspecciones", pide CCOO.
Sin embargo, la cifra de denuncias no es destacada, dicen los sindicatos, por el miedo de los propios trabajadores.
CCOO y UGT valoran como un éxito su movilización por el diálogo social
Por Kaos. Estado EspañolKaos en la Red - Publicado en: 18 diciembre, 2016
Los dirigentes de CCOO y UGT convocaron manifestaciones durante
esta semana que ha culminado el 18 de diciembre en Madrid. Su objetivo:
“negociar y acordar” con el gobierno.
Es decir, repetir por
enésima vez una fracasada estrategia que a lo único que conduce es a la
imposición de nuevos recortes de derechos tras una pantomima de
negociación por parte del gobierno de turno (así ha venido sucediendo
con todos los gobiernos del PSOE y del PP) o, en el mejor de los casos, a
la firma de un acuerdo de reducción de derechos sociales y laborales
con el gobierno en solitario o compartida con la patronal (por ejemplo,
los vergonzosos acuerdos sobre pensiones con gobiernos del PSOE). Tras
aquel ya lejano 14-D de 1988, sólo muy puntualmente han convocado
movilizaciones reales como huelgas generales, tras las cuales han
decretado treguas que han permitido al gobierno de turno imponer sus
planes. La situación actual de retroceso sostenido de los derechos
sociales y laborales (salario, negociación colectiva, pensiones…) de la
clase trabajadora desde la Transición no puede explicarse más que a
partir de la acción desmovilizadora y claudicante de la burocracia
dirigente de CCOO y UGT, mientras como alternativa van apareciendo en la
escena, todavía de manera incipiente, otras herramientas de lucha
sociales y sindicales que escapan a su control (sindicalismo
alternativo, marchas por la dignidad, las distintas mareas -pensiones,
sanidad, enseñanza…-, etc.).
Colectivo Kaosenlared
Miles de personas y principales sindicatos marcharon por Madrid bajo el lema “Las personas y sus derechos, lo primero”
“Estamos dispuestos, decididos al diálogo, pero los limites que impuso el Gobierno en el inicio de la negociación son tan estrechos que es necesaria la movilización”, explicaba el secretario general de CCOO.
Los líderes sindicales han incidido en la necesidad de derogar la reforma laboral, impulsar la negociación colectiva, cambiar la política fiscal y repartir la riqueza: “Hemos dejado atrás la recesión, las empresas han recuperado ya la tasa de beneficios previa al inicio de la crisis, pero la crisis sigue muy presente en sus efectos para la mayoría de la ciudadanía de este país”, ha esgrimido Fernández Toxo.
El líder de IU, Alberto Garzón, presente en la movilización, ha atendido a los medios y ha explicado que este es el momento de recuperar los derechos que nos han robado y ha insistido en que esta no es una crisis económica cualquiera sino una “estafa”, como se ha visto con el rescate a las autopistas quebradas.
Garzón ha insistido que frente a la voluntad política del Gobierno de recortar hay que recuperar los derechos “que nos han saqueado”. Ha apelado a dar la vuelta a la situación creada por el PP y a salir de la crisis desde un punto de vista social, no regresivo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha comparecido ante la prensa antes de sumarse a la manifestación para argumentar que “defender los derechos sociales de los trabajadores es defender las bases sociales de la democracia” y denunciar que “quienes recortan, ponen en peligro las pensiones o son incapaces de solucionar el problema del paro y la precariedad” están “poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia”.
El próximo martes Álvarez y Fernández Toxo mantendrán una reunión que se llevará a cabo al máximo nivel, en sede ministerial, con la titular de Empleo, Fátima Báñez, y los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi.
Fuente: Agencias
Colectivo Kaosenlared
Miles de personas y principales sindicatos marcharon por Madrid bajo el lema “Las personas y sus derechos, lo primero”
Tras más de 60 acciones de protestas convocadas por CCOO y UGT durante
esta semana en diferentes ciudades españolas, este domingo se finalizó
la protesta con una gran manifestación en Madrid. Una acción que
presenta el primer pulso de los sindicatos al nuevo Gobierno del PP para
presionar al Ejecutivo a que se siente a negociar “sin límites” y
recuperen los derechos perdidos.
La manifestación, que ha arrancado en una fría mañana a las 12:00 en
la madrileña Plaza de Neptuno con los líderes de los CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, a la cabeza. Y ha sido
calificada por ellos mismos como un “éxito” por el respaldo social.
Además, también han participado líderes políticos como el portavoz de la
gestora del PSOE, Mario Jiménez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y
el de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
La manifestación se presentó bajo el lema “Las
personas y sus derechos, lo primero”, y ha sido acompañado por miles de
personas con las banderas de los sindicatos y cánticos reivindicativos.
Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo han afirmado que seguirá
habiendo movilizaciones “el tiempo que sea necesario” para recuperar los
derechos perdidos y han recordado al Gobierno que “todo dependerá de su
capacidad de negociar y acordar”. “Estamos aquí en defensa de los
derechos, por los salarios, por las pensiones y la lucha contra la
pobreza”, aseguraba Fernández Toxo y añadía que “no es mas que el inicio
de un proceso que tiene que culminar con la recuperación de los
derechos sociales y laborales”.“Estamos dispuestos, decididos al diálogo, pero los limites que impuso el Gobierno en el inicio de la negociación son tan estrechos que es necesaria la movilización”, explicaba el secretario general de CCOO.
Los líderes sindicales afirman que habrá movilizaciones “el tiempo que sea necesario” para recuperar los derechos perdidos”
Álvarez ha señalado que hay “razones más que
sobradas” para seguir convocado manifestaciones hasta que el Ejecutivo
esté de acuerdo en recuperar los “derechos perdidos” y deje de poner
límites a las negociaciones. “El Gobierno del PP y los grupos
parlamentarios tienen que saber que la mayoria de los ciudadanos y
ciudadanos queremos cambio”, ha asegurado el secretario general de UGT.
La patronal también ha sido objetivo de la crítica de los sindicatos.
Fernández Toxo ha dicho que ésta “sólo piensa en engordar más y más sus
arcas. Cada día en este país aparecen más multimillonarios en la lista
de millonarios del mundo. Hay que decir a la patronal que hay que
repartir esa riqueza”.Los líderes sindicales han incidido en la necesidad de derogar la reforma laboral, impulsar la negociación colectiva, cambiar la política fiscal y repartir la riqueza: “Hemos dejado atrás la recesión, las empresas han recuperado ya la tasa de beneficios previa al inicio de la crisis, pero la crisis sigue muy presente en sus efectos para la mayoría de la ciudadanía de este país”, ha esgrimido Fernández Toxo.
El líder de IU, Alberto Garzón, presente en la movilización, ha atendido a los medios y ha explicado que este es el momento de recuperar los derechos que nos han robado y ha insistido en que esta no es una crisis económica cualquiera sino una “estafa”, como se ha visto con el rescate a las autopistas quebradas.
Garzón ha insistido que frente a la voluntad política del Gobierno de recortar hay que recuperar los derechos “que nos han saqueado”. Ha apelado a dar la vuelta a la situación creada por el PP y a salir de la crisis desde un punto de vista social, no regresivo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha comparecido ante la prensa antes de sumarse a la manifestación para argumentar que “defender los derechos sociales de los trabajadores es defender las bases sociales de la democracia” y denunciar que “quienes recortan, ponen en peligro las pensiones o son incapaces de solucionar el problema del paro y la precariedad” están “poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia”.
El próximo martes Álvarez y Fernández Toxo mantendrán una reunión que se llevará a cabo al máximo nivel, en sede ministerial, con la titular de Empleo, Fátima Báñez, y los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi.
Fuente: Agencias
La deuda pública supera el 100% del PIB por tercer trimestre consecutivo
Alcanza la cifra récord de 1,107 billones de euros entre junio y septiembre, lo que representa el 100,3% del PIB y supera todavía el objetivo para todo el año 2016.
EUROPA PRESS - Público - Publicado: 15.12.2016 10:35
MADRID.— La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó la cifra récord de 1,107 billones de euros entre junio y septiembre, lo que representa el 100,3% del PIB y el tercer trimestre consecutivo en el que supera el conjunto de la riqueza nacional, según datos del Banco de España.
La deuda sigue así moviéndose en máximos históricos y supera todavía el objetivo del 99,14% del PIB para todo el año,
objetivo que, según el Ministerio de Economía, se cumplirá pese a las
oscilaciones que se puedan producir a lo largo del ejercicio por el
diferente calendario de amortizaciones y emisiones.
En concreto, la deuda pública del tercer
trimestre se incrementó un 0,12% respecto al segundo trimestre de 2016,
cuando se situó en 1,106 billones (101% del PIB), mientras que con
respecto al tercer trimestre de 2015 registró un aumento del 3,7%.
Del total de la deuda pública en manos de las
administraciones públicas, 968.811 millones de euros, más del 80%, se
corresponde con el endeudamiento de la Administración Central, mientras
que las comunidades autónomas suman 271.980 millones y las corporaciones locales, 34.657 millones. Por su parte, la Seguridad Social cuenta con una deuda de 17.174 millones.
En
cuanto a la evolución de la deuda en el tercer trimestre en cada una de
las administraciones, sólo el Estado central aumentó su endeudamiento
en este periodo, ya que tanto las comunidades autónomas como los
ayuntamientos redujeron su deuda en el tercer trimestre. La Seguridad
Social la mantuvo estable.En concreto, la Administración Central elevó su deuda un 0,42% respecto al segundo trimestre (4.079 millones de euros más), mientras que las comunidades la redujeron un 0,3% (841 millones menos) y los ayuntamientos, un 1,2% (448 millones menos).
Comunidades autónomas
Dentro de las comunidades autónomas, Catalunya
(74.400 millones de euros), Comunidad Valenciana (43.194 millones),
Andalucía (32.316 millones) y Madrid (29.502 millones) siguen
concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos
autonómicos en el tercer trimestre. En todos estos casos, salvo en
Andalucía, la deuda creció respecto al trimestre anterior, aunque muy
ligeramente.
A continuación, figuran las comunidades de
Castilla-La Mancha (13.846 millones), Castilla y León (10.910 millones),
Galicia (10.624 millones), País Vasco (10.264 millones), Islas Baleares
(8.628 millones) y Murcia (8.098 millones).Cierran la tabla Aragón (7.320 millones), Canarias (6.816 millones), Asturias (4.111 millones), Extremadura (3.966 millones), Navarra (3.678 millones), Cantabria (2.823 millones) y La Rioja (1.482 millones).
En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone ya el 41,6%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,9%, que arrebata la segunda posición a Catalunya, con el 35,6%. En cambio, la Comunidad de Madrid (14,2% del PIB), País Vasco (15,2%) y Canarias (15,8%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.
Cerco a la reforma del PP contra el independentismo en el Constitucional
El martes la Cámara baja aprobará una proposición de ley del PNV que elimina las reformas del alto tribunal que introdujo el PP en 2015 para inhabilitar a políticos “desobedientes”
MADRID.- La reforma de la ley del Tribunal Constitucional
(TC) que impuso la mayoría absoluta del PP en 2015 apenas unos días
antes de la disolución de la X Legislatura y la convocatoria de las
elecciones generales del 20-D comenzará a ser historia esta semana. El
pleno del Congreso de los Diputados debatirá de forma conjunta sendas
iniciativas del PNV y del PDeCAT en ese sentido.
La reforma de la ley orgánica del TC, una norma que data de 1979, fue impulsada por Rajoy
con el único propósito de “combatir” las decisiones que iban tomando
las diferentes instituciones de Catalunya en el denominado proceso
soberanista. De hecho, la reforma se justificó con el enunciado de
“ejecución de las resoluciones del TC como garantía del Estado de
derecho”.
Lourdes Ciuró: “Fue una reforma específica contra el proceso soberanista catalán; se adoptó al margen de la propia Constitución”
Con la reforma, tramitada en apenas unas pocas semanas
por la vía de “urgencia” en ambas cámaras, el TC quedaba facultado para
inhabilitar ipso facto al responsable de los actos suspendidos e
incluso suspender a los funcionarios y cargos públicos que se negasen a
cumplir sus resoluciones y sentencias.
Dado el duro
enfrentamiento entre las instituciones del Estado y catalanas que ya
existía entonces, las nuevas facultades del TC que introdujo el PP
estaban orientadas a combatir expresamente el proceso soberanista
iniciado en Catalunya. Con la reforma, el TC quedaba facultado para
apartar del marco legal de forma inmediata a quienes entendiera que no
acataban sus decisiones. Hasta ese momento los posibles contenciosos
estaban en manos del proceso judicial ordinario.“Fue una reforma específica contra el proceso soberanista catalán; se adoptó al margen de la propia Constitución, que no confiere esa capacidad ejecutoria al TC, y con toda la oposición en contra pocas horas antes de disolver Rajoy las cámaras”, declara a Público Lourdes Ciuró, diputada del PDeCAT que defenderá la iniciativa de su formación.
Ciuró añade: “Con esa reforma se dio un carácter de excepción al proceso soberanista porque se hurtaba la administración de justicia ordinaria a cualquier cargo público en Catalunya. Fue una muestra del nerviosismo y de la incapacidad del Gobierno de Rajoy y del PP para afrontar la situación”.
Para esta formación política soberanista “el proceso que se desarrolla en Catalunya puede desarrollarse con mayor normalidad y seguridad jurídica una vez se apruebe definitivamente la derogación de la reforma del TC que puso el PP”. Fuentes de ERC se manifiestan en similares términos.
Por su parte, Mikel Legarda,
portavoz en esta iniciativa del PNV, estima que las novedades que aportó
la reforma del PP para el TC “perjudican los equilibrios
constitucionales y no son adecuadas para las circunstancias políticas
actuales. La ley anterior a la reforma exprés del PP se adecua mejor al
actual momento político y por eso proponemos un rol del Tribunal
Constitucional como el que tenía en el pasado”.
En su opinión, la
reforma “supuso un cambio sustancial del sistema político español al
afectar al equilibrio entre poderes territoriales y por lo tanto al
propio consenso constitucional y sitúa a la jurisdicción constitucional
por encima del resto de órganos constitucionales en claro detrimento del
principio de continuo y permanente diálogo entre órganos
constitucionales. Estamos en presencia de una injerencia indebida,
innecesaria y desproporcionada”, concluye.
"La reforma del PP fue una involución
democrática, ya que es una política que va en contra de los parlamentos
autonómicos. El PP convirtió al Tribunal Constitucional en un tribunal
contra Catalunya”, critica Podemos
Sobre este debate el portavoz del grupo parlamentario
de Podemos, que será el encargado de defender el apoyo de su grupo a las
iniciativas de PDeCAT y PNV, asegura que “la reforma del PP fue una
involución democrática ya que es una política que va en contra de los
parlamentos autonómicos. Ahora hay fuerza parlamentaria suficiente para
derogarla. El PP convirtió al Tribunal Constitucional en un tribunal
contra Catalunya”.El grupo parlamentario socialista, que se opuso en su día a la reforma impulsada por el PP de forma muy crítica –el debate supuso uno de los enfrentamientos más duros de la legislatura pasada entre los portavoces socialista, Antonio Hernando, y popular, Rafael Hernando–, respaldará la reforma que supone la vuelta al estatus del TC anterior a la reforma popular.
Pero los socialistas suscribirán únicamente ese punto de la proposición de ley del PNV por lo que será aprobado con los votos suficientes –mayoría absoluta– al tratarse de una ley orgánica. Sin embargo, no darán respaldo a otro punto en el que los nacionalistas vascos proponen eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad vigente a las reformas de los estatutos.
Desde las filas socialistas consideran que de haber estado vigente se hubiera evitado la actuación que tuvo el TC sobre el Estatut catalán después de su probación por referéndum. Esa norma se eliminó en los años ochenta para evitar la conflictividad con las comunidades autónomas. Al tratarse de dos iniciativas similares el grupo socialista respaldará la presentada por el PNV únicamente.
El grupo parlamentario de Ciudadanos ha anunciado su voto en contra a las dos proposiciones de ley que, en cualquier caso, se debatirán de forma conjunta en el pleno del próximo martes como es habitual en los casos de iniciativas parlamentarias con contenidos de similares características.
ARGENTINA
No al ajuste y la entrega de Macri
La CTA Autónoma homenajeó en todo el país a los mártires del 19 y 20 de diciembre del 2001
Lunes 19 de diciembre de 2016, por *
A 15
años de la histórica rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001,
donde el pueblo movilizado le dijo “Basta” a las políticas de ajuste
neoliberal, la CTA junto a organizaciones sociales ganó las calles en
todo el país. En Capital Federal, se marchó de Congreso a la histórica
Plaza de Mayo, ambos epicentros de la brutal represión ejercida sobre el
pueblo en aquellas fechas.
Al ritmo de la tradicional batucada de la Central que encabeza cada
movilización, la columna de la CTA avanzó desde las puertas del
Congreso de Nación por Avenida de Mayo. Además de exigir cárcel a los
responsables políticos, intelectuales y materiales de los 39 asesinados,
se levantaron nuevamente las banderas de denuncia que mantuvo
movilizada a la Central todo el año ante un gobierno que favorece a las
patronales en detrimento de los derechos de los trabajadores, donde al
menos el 32% de la población es pobre y mientras que miles de
trabajadores son arrojados a la indigencia, víctimas de las medidas de
devaluación, precarización, la inflación creciente y los despidos
masivos.Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma evaluó que en relación a ese 19 y 20 del 2001, lo que aún está pendiente es la construcción de una Argentina más justa. “Las estructuras de poder, la matriz productiva, los niveles de pobreza, es lo que aún no hemos logrado modificar. Sí hemos construido poder popular en aquel momento para poner freno a un avance furioso del neoliberalismo”.
“Durante
estos 15 años se han consolidado muchas de nuestras organizaciones, la
CTA Autónoma ha tenido protagonismo en todas las luchas que se han
llevado adelante gracias a las conquistas que hemos tenido y hoy mismo,
el grado de organización popular es lo que impide que los discursos de
los sectores concentrados del poder, puedan hacerse carne. Lo que los
limita es la organización que supimos construir”, valoró Peidro en los
micrófonos de ACTA.Una vez llegadas todas las columnas a Plaza de Mayo, se saludó el acampe de los Agentes de Propaganda Médica en el marco de sus paritarias, se repudió la represión en Jáchal a los asambleístas que están en contra del modelo extractivo de la Brrick Gold, y se abrazó a la organización Hijos Tucumán, que perdió hoy a tres militantes en un accidente de tránsito.
También se homenajeó a todos y cada uno de los 39 compañeros y compañeras asesinados durante la brutal represión que tuvo lugar el 19 y 20 de diciembre de 2001 en todo el país, y se los hizo presentes de manera simbólica en esa plaza, también demostrando que seguimos levantando las banderas de una patria más justa.
Finalmente se leyó el documento consensuado por las diferentes organizaciones que convocaron a la medida.
ACTA reproduce a continuación la totalidad del documento:
"Hoy se cumplen 15 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando por primera vez en nuestra historia, una gigantesca pueblada nacional volteó a un gobierno hambreador y entreguista. Esta auténtica rebelión popular está enraizada en más de 200 años de historia argentina que han protagonizado los trabajadores y el pueblo en defensa de sus derechos. El pueblo en las calles enfrentó el Estado de Sitio y la represión, que dejó un saldo de 39 compañeros asesinados por las balas de las fuerzas de seguridad."Se produjo una profunda crisis de gobernabilidad. Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad.
"La lucha popular conquistó la suspensión del pago de la deuda externa y 2.000.000 de planes sociales para paliar los enormes padecimientos, especialmente la desocupación y el hambre en una dimensión inédita, producto de las privatizaciones y el saqueo del patrimonio nacional. En esta lucha tuvieron un gran protagonismo y se fortalecieron los movimientos sociales, con un rol destacado de las mujeres.
"Después hubo un período de reactivación, favorecido por los precios de los productos de exportación. La situación del pueblo mejoró. Se cambió la Corte de la mayoría automática, se anularon las leyes de punto final y obediencia debida. Se avanzó en los juicios a la dictadura y se dio un golpe mortal al ALCA impulsado por Bush.
"Sin embargo durante el gobierno anterior no se resolvieron las causas del atraso y la dependencia de nuestro país, que volvieron a hacer sentir sus efectos: se mantuvieron la desocupación estructural heredada del menemismo, un 40% de la población económicamente activa en la informalidad y la precarización laboral. Creció el latifundio y la extranjerización de la tierra, aumentó el tráfico y consumo de drogas y un 29 % de la población quedó por debajo de la línea de pobreza.
"Hoy, con el gobierno de Macri, otra vez se aplica un brutal ajuste contra el pueblo. Despidos, suspensiones, cierre de empresas, tarifazos, salarios que pierden entre un 8 y 15% frente a la inflación, el 80 % de los jubilados está en la indigencia y la reparación histórica lanzada con bombos y platillos es en realidad una estafa histórica, se reduce el presupuesto para educación y ciencia y técnica.
"Es la contracara de la “pobreza cero” prometida en la campaña electoral del PRO.
"Todo esto mientras pagaron al contado a los fondos buitres; quitaron o redujeron retenciones a los grandes exportadores del campo y de las mineras; aumentaron enormemente la deuda externa y los fondos destinados al pago de intereses; produjeron una devaluación de más del 50% que generó más inflación, pobreza y hambre.
"Como se dice en los barrios, hoy tenemos un gobierno de ricos para ricos.
"Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados quienes heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular.
"Como muestra nuestra historia, los argentinos hacemos política en las calles.
"El protagonismo de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados, y de diferentes sectores populares, fue resquebrajando y complicando los planes del gobierno, logrando abrirle la mano en algunos casos concretos. La movilización de docentes y estudiantes logró las partidas para que pudieran seguir funcionando las universidades nacionales.
"Los movimientos sociales conquistaron la sanción de la ley de Emergencia Social, obligando al gobierno a disponer 30.000 millones de pesos en 3 años, dinero que no estaba contemplado en el presupuesto. En estos días está en pleno debate el tema del impuesto al salario y de quién va a pagar el déficit fiscal.
"Cada conquista lograda, demuestra la importancia de fortalecer y ampliar la unidad de todos los sectores populares en defensa de la patria y de nuestros derechos. Unidad que necesita expresarse en todos los terrenos para que la lucha en las calles tenga correlato en un proyecto político verdaderamente nacional y popular.
"Compañeros y compañeras:
"En este nuevo aniversario de la heroica rebelión popular del 2001, reafirmamos:
"¡¡¡Basta de entrega y ajuste!!! "¡¡ Basta de despidos y suspensiones!! "¡¡Basta de represión!!! "¡¡Por una Navidad sin hambre ni presos políticos!! "¡¡Por una Argentina independiente, sin opresión ni explotación!!"
A 15 años de la Rebelión Popular
La CTA Autónoma bonaerense dijo presente
Martes 20 de diciembre de 2016, por *
Durante
la mañana de ayer, una importante columna partió desde Plaza Italia en
la ciudad de La Plata para acompañar una Jornada de Lucha y Radio
Abierta en Personas Jurídicas, sita en la Torre 1, calle 12 esquina 51,
pleno centro de la capital de la provincia.
A partir de las 15 horas, las organizaciones se trasladaron al Congreso
para marchar hacia Plaza de Mayo en homenaje a las 38 víctimas de la
represión ordenada por el entonces Presidente de la Nación, Fernando De
La Rua.La protesta se enmarcó en el reclamo de justicia y condena a los responsables materiales y políticos. Además de respaldar todas las luchas que se siguen levando a cabo en las diferentes provincias, la inmediata libertad de todos los presos políticos y el cese de todos los procesos a los luchadores populares.
Los mártires:
– Graciela Acosta, 35 años. Militante de DDHH. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente al que unas mil personas reclamaban comida. Recibió dos impactos de bala, disparados rodilla en tierra por un policía al que su amiga vio perfectamente. Provincia: Santa Fe
– Carlos "Petete" Almirón, 24 años Petete era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Coord. de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en Av. 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo.
– Ricardo Alvarez Villalba, 23 años Asesinado en Rosario, Santa Fe.
– Ramón Alberto Arapi, 22 años Estaba con amigos tomando tereré en el Barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F-100 bordó sin leyendas identificatorias y sin patente, con cinco hombres, cuatro con el uniforme de combate azul-celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, pero dos de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda.
– Rubén Aredes, 24 años Fue asesinado por la Policía federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió cuatro balas de plomo por la espalda.
– Elvira Avaca, 46 años Recibió un escopetazo frente a un supermercado frente al que pasaba con su hija en Cipolletti, Río Negro. Recibió el disparo en la zona lumbar. El calibre de la bala es policial.
– Diego Avila, 24 años Asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires.
– Gustavo Ariel Benedetto, 30 años Se encontraba en la esquina entre la Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Bs. As., donde se estaba llevando a cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del Banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado el ex militar Varando, represor de La Tablada.
– Walter Campos, 17 años Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario (Sta Fe), cuando un tirador de elite de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) le disparó a la cabeza.
– Jorge Cáredenas, 52 años Fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación, y falleció varios meses después.
– Juan Delgado, 28 años Estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que aparentaba traer comida. Cuando los manifestantes se agolparon alrededor, de atrás aparecieron seis móviles policiales que dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaka, pero se había quedado sin carga, por lo que sacó la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia.
– Víctor Ariel Enriquez, 21 años Asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires.
– Luis Alberto Fernández, 27 años Vendía sandías frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza. Murió dos días después.
– Sergio Miguel Ferreira, 20 años Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001. Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador.
– Julio Hernán Flores, 15 años Asesinado en Merlo, Buenos Aires.
– Yanina García, 18 años Recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija. En Rosario, Santa Fe
– Roberto Agustín Gramajo, 19 años Un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido por la Policía, que les disparaba balas de goma, en Alte. Brown, Buenos Aires. A la corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la calle, ya que la Policía disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en una obra en construcción que está ubicada en diagonal a su ventana había dos policías escondidos en las columnas. Uno de los policías disparó con balas de goma para lograr la retirada de los jóvenes, mientras que el otro policía se quedó escondido en la tercera columna de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó tres o cuatro disparos. Uno de los disparos atravesó la cabeza de Roberto, que iba de su casa a la de su tío.
– Pablo Marcelo Guías, 23 años Asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires
– Romina Iturain, 15 años Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre, mientras estaba en su casa, adonde ingresó una bala policial disparada contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos.
– Diego Lamagna, 26 años Murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular en la Ciudad de Buenos Aires.
– Cristian Legembre, 20 años Asesinado en Castelar, Buenos Aires
– Claudio "Pocho" Lepratti, 35 años Militante comunitario. Estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba (era profesor de filosofía, y ayudaba como cocinero) cuando el móvil n° 2270 del Comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran porque había muchos chicos. Velásquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta. Fue en Rosario, Santa Fe.
– Alberto Márquez, 57 años Durante la manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a consecuencia de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de asuntos internos de la PFA, quien está detenido.
– David Ernesto Moreno, 13 años Salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba. La autopsia determinó que David fue herido con cinco proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 de la Policía. Los impactos en su cuerpo y en los de los otros heridos fueron por la espalda, por lo que se descarta que hayan sido lesionados por otras armas que las que disparaban los uniformados.
– Miguel Pacini, 15 años Asesinado durante en la provincia de Santa Fe, recibió varios disparos en el cuello.
– Rosa Eloísa Paniagua, 13 años Había ido con su familia a buscar comida en un supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había hecho correr la voz de que entregarían mercadería. Al llegar los esperaban policías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de la cabeza y salió por la boca.
– Sergio Pedernera, 16 años Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre en la provincia de Córdoba. El menor se encontraba en la calle buscando comida para su familia en el marco de los reclamos masivos que se realizaron en supermercados, cuando recibió una bala policial en el tórax que le produjo una paraplejia. Un año después falleció en el hospital.
– Rubén Pereyra, 20 años Baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado. En Rosario, Santa Fe
– Damián Vicente Ramírez, 14 años Asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
– Sandra Ríos, Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre. Sin datos.
– Gastón Marcelo Riva, 30 años Circulaba en moto por la Avenida de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando.
– José Daniel Rodríguez, Asesinado en Paraná, Entre Ríos.
– Mariela Rosales, 28 años Asesinada en Lomas de Zamora, Buenos Aires.
– Ariel Maximiliano Salas, 30 años Asesinado en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
– Carlos Manuel Spinelli, 25 años Fusilado desde un Gol blanco durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Sucedió en Pablo Nogués, Buenos Aires.
– Juan Alberto Torres, 21 años Sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal. En Corrientes.
– José Vega, 19 años Asesinado en Moreno, Buenos Aires.
– Ricardo Villalba, 16 años En Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. Murió el 23 de diciembre.
Fuente: Agencia Central de Noticias Bonaerense (ACN)
* Equipo de Comunicación de la CTA de la provincia de Buenos Aires
Los fusilados de Rosario y Santa Fe
Lunes 19 de diciembre de 2016, por *
Para
que fueran posibles las muertes de diciembre de 2001, una orden bajó
desde lo alto del poder político de la administración de Carlos
Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.
* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)
Eso es lo
que se desprende de los nueve primeros cuerpos judiciales que contienen
los testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados de ese
diciembre, siete en el Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de
suboficiales y oficiales de La Santafesina SA. Cuatro fusilados
encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder Ejecutivo
Nacional dispusiera el estado de sitio.
La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados.
Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años.
El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durante los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, ocho muertes en el Gran Rosario.
Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez, y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.
Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente.
Quince años después, con excepción del matador de Claudio “Pocho” Lepratti, el “ángel de la bicicleta” como lo describiera León Gieco, existe una flagrante impunidad y los familiares de las víctimas, habitantes del subsuelo social de una de las provincias más ricas de Sudamérica, insisten en un reconocimiento que todavía no llega.
Así fueron esos fusilamientos todavía impunes.
Era el miércoles 19 de diciembre, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, dos horas y media antes del estado de sitio declarado por el ex gobierno de Fernando De la Rúa.
“Herida contusa, orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en el borde inferior del reborde infracostal izquierdo. Perforación 9 milímetros del lóbulo inferior del pulmón izquierdo... El deceso se produjo por hemorragia masiva de tórax y abdomen por proyectil de arma de fuego, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”, decía el informe de la necropsia practicada en el Instituto Médico Legal. Eso era lo que le quemaba a Yanina que por entonces tenía 18 años. Le quemaba una munición de guerra reglamentaria de La Santafesina SA, una 9 milímetros.
Mi
nieta Brenda salió a la calle y Yanina salió a buscarla y medio metro
antes de llegar al umbral de la puerta con la nena, es que de golpe se
inclinó y dijo “ay, me pegaron y me duele” -declaró Jesús Algañaraz,
suegro de Yanina.
Había
más de cinco móviles y tiraron tiros al aire con escopeta. La gente
comenzó a correr para el lado de mi casa...pasaban con bolsos, pero no
llegaron a saquear. Se seguían escuchando tiros de las escopetas y en
ese momento salimos. Yanina se agacha, se agarra la cintura y cae. Pensé
que era una bala de goma, pero comenzó a salir mucha sangre de su pecho
del lado izquierdo...-siguió diciendo Algañaraz.
Agregó que aunque no vio ni “a la policía ni a ninguna de las personas que querían saquear con armas de fuego disparando”, si vio “a la policía tirar con escopetas” pero no pudo precisar cuántos eran ni tampoco reconocer los números de los móviles.
Desconozco
quién pudo haber disparado, pero vino del lado del super y a los únicos
que vi con armas fue a la policía con escopetas.
Silvia Flores, suegra de Yanina, informó que “llegaron patrulleros, un
montón, y bajaron con escopetas y comenzaron a disparar. La gente tiraba
piedras. No vi ninguna persona herida, salvo a Yanina”.
El comisario principal de la seccional 13ª, Héctor Daniel Santana, sostuvo que el personal contaba con “escopetas Ithaka calibre 12,70 con cartucho antitumulto. No se utilizaron por parte del personal de esta comisaría armas de puño reglamentarias”.
Acusó a un supuesto y difuso “masculino de identidad ignorada” que “efectuaba disparos con arma larga desde el extremo oeste hacia el personal policial”. Sin embargo algo falló en la coartada de Santana. “No se produjo ningún arresto” y además se confirmaron los dichos de los familiares de Yanina, porque “hubo personal policial y móviles afectados con arma de fuego”.
“Un grupo de personas que intentaba ingresar en mi local le quitó el arma al personal de los bomberos zapadores...apenas vino la policía, cerca de las 16, lo mando a mi padre a buscar balas de goma antitumulto, por recomendación de algunos agentes a Cafferata y Marcos Paz, pero no tenían en todo Rosario. La policía se retiró cerca de las 17.10 y no volvió”, declaró Angel Mariani, dueño de Supermárquez, de Pasco y Gutenberg.
Cuando le tomaron declaración indagatoria al cabo primero Ismael Hernández, al agente Juan Strechmel, al sargento Juan Bilbao, al cabo primero Jorge Erosa, al oficial Elbio Sanmartino, al agente Juan Cabañas, al cabo primero Angel Encina, al agente Gustavo Godoy y nuevamente al comisario principal Santana, todos repitieron el libreto aprendido con anterioridad.
“Que llegaron al lugar porque había denuncias de saqueo del super de Pasco y Gutenberg, que nos tiraron con todo; incluso hubo un herido con bala de fuego. Que respondimos la agresión con bala de goma. Que en ningún momento utilizamos cartuchos de propósito general, de plomo. Que las armas se solicitaron y se devolvieron, como de costumbre a la armería correspondiente (pistolas, ametralladoras, escopetas y cartuchos). Que allí queda asentado el retiro con el número correspondiente. Que nunca se firma nada. Que no había nadie a cargo del operativo. Que recibían información por la radio del móvil, que estaba saturada. Que había personas armadas, pero que no se pudo identificar ni detener a nadie. Que no se requirieron municiones antitumultos al propietario del super”, fue el relato en común.
Sin embargo hay dos puertas abiertas a la oscuridad de las responsabilidades políticas, al lugar exacto desde donde partieron las órdenes de represión.
El agente Gustavo Godoy dijo que “generalmente las órdenes las da el oficial presente o el suboficial de mayor rango de todos los presentes”.
Pero es el cabo primero Ismael Hernández el que grafica la situación: “Estábamos a la mano de Dios, porque estaba en riesgo hasta la vida nuestra”. Si el personal estuvo librado a “la mano de Dios” es porque existió una clara intencionalidad de parte de la oficialidad para que así suceda.
Si esa era la sensación de la tropa queda claro que estaba admitido cualquier tipo de acción para responder ante situaciones que ponían “en riesgo hasta la vida” de los subordinados.
“La mano de Dios” puede ser una concreta demostración de que existió una orden de libertad en los procedimientos y que en las zonas en donde se produjeran supuestos enfrentamientos las mismas se liberaban. Todo esto mucho antes que la declaración del estado de sitio.
La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados.
Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años.
El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durante los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, ocho muertes en el Gran Rosario.
Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez, y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.
Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente.
Quince años después, con excepción del matador de Claudio “Pocho” Lepratti, el “ángel de la bicicleta” como lo describiera León Gieco, existe una flagrante impunidad y los familiares de las víctimas, habitantes del subsuelo social de una de las provincias más ricas de Sudamérica, insisten en un reconocimiento que todavía no llega.
Así fueron esos fusilamientos todavía impunes.
“Me quema...”
Eso fue lo que dijo Yanina García cuando intentaba meterse en su casa luego de rescatar a su sobrina de la balacera que se había producido en Pasco al 4500, en Rosario.Era el miércoles 19 de diciembre, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, dos horas y media antes del estado de sitio declarado por el ex gobierno de Fernando De la Rúa.
“Herida contusa, orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en el borde inferior del reborde infracostal izquierdo. Perforación 9 milímetros del lóbulo inferior del pulmón izquierdo... El deceso se produjo por hemorragia masiva de tórax y abdomen por proyectil de arma de fuego, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”, decía el informe de la necropsia practicada en el Instituto Médico Legal. Eso era lo que le quemaba a Yanina que por entonces tenía 18 años. Le quemaba una munición de guerra reglamentaria de La Santafesina SA, una 9 milímetros.
Mi
nieta Brenda salió a la calle y Yanina salió a buscarla y medio metro
antes de llegar al umbral de la puerta con la nena, es que de golpe se
inclinó y dijo “ay, me pegaron y me duele” -declaró Jesús Algañaraz,
suegro de Yanina. Había
más de cinco móviles y tiraron tiros al aire con escopeta. La gente
comenzó a correr para el lado de mi casa...pasaban con bolsos, pero no
llegaron a saquear. Se seguían escuchando tiros de las escopetas y en
ese momento salimos. Yanina se agacha, se agarra la cintura y cae. Pensé
que era una bala de goma, pero comenzó a salir mucha sangre de su pecho
del lado izquierdo...-siguió diciendo Algañaraz.Agregó que aunque no vio ni “a la policía ni a ninguna de las personas que querían saquear con armas de fuego disparando”, si vio “a la policía tirar con escopetas” pero no pudo precisar cuántos eran ni tampoco reconocer los números de los móviles.
Desconozco
quién pudo haber disparado, pero vino del lado del super y a los únicos
que vi con armas fue a la policía con escopetas.
Silvia Flores, suegra de Yanina, informó que “llegaron patrulleros, un
montón, y bajaron con escopetas y comenzaron a disparar. La gente tiraba
piedras. No vi ninguna persona herida, salvo a Yanina”.El comisario principal de la seccional 13ª, Héctor Daniel Santana, sostuvo que el personal contaba con “escopetas Ithaka calibre 12,70 con cartucho antitumulto. No se utilizaron por parte del personal de esta comisaría armas de puño reglamentarias”.
Acusó a un supuesto y difuso “masculino de identidad ignorada” que “efectuaba disparos con arma larga desde el extremo oeste hacia el personal policial”. Sin embargo algo falló en la coartada de Santana. “No se produjo ningún arresto” y además se confirmaron los dichos de los familiares de Yanina, porque “hubo personal policial y móviles afectados con arma de fuego”.
Empresarios
En esta causa en la que aparece una curiosa relación entre integrantes de La Santafesina SA y algunos empresarios.“Un grupo de personas que intentaba ingresar en mi local le quitó el arma al personal de los bomberos zapadores...apenas vino la policía, cerca de las 16, lo mando a mi padre a buscar balas de goma antitumulto, por recomendación de algunos agentes a Cafferata y Marcos Paz, pero no tenían en todo Rosario. La policía se retiró cerca de las 17.10 y no volvió”, declaró Angel Mariani, dueño de Supermárquez, de Pasco y Gutenberg.
Cuando le tomaron declaración indagatoria al cabo primero Ismael Hernández, al agente Juan Strechmel, al sargento Juan Bilbao, al cabo primero Jorge Erosa, al oficial Elbio Sanmartino, al agente Juan Cabañas, al cabo primero Angel Encina, al agente Gustavo Godoy y nuevamente al comisario principal Santana, todos repitieron el libreto aprendido con anterioridad.
“Que llegaron al lugar porque había denuncias de saqueo del super de Pasco y Gutenberg, que nos tiraron con todo; incluso hubo un herido con bala de fuego. Que respondimos la agresión con bala de goma. Que en ningún momento utilizamos cartuchos de propósito general, de plomo. Que las armas se solicitaron y se devolvieron, como de costumbre a la armería correspondiente (pistolas, ametralladoras, escopetas y cartuchos). Que allí queda asentado el retiro con el número correspondiente. Que nunca se firma nada. Que no había nadie a cargo del operativo. Que recibían información por la radio del móvil, que estaba saturada. Que había personas armadas, pero que no se pudo identificar ni detener a nadie. Que no se requirieron municiones antitumultos al propietario del super”, fue el relato en común.
Sin embargo hay dos puertas abiertas a la oscuridad de las responsabilidades políticas, al lugar exacto desde donde partieron las órdenes de represión.
El agente Gustavo Godoy dijo que “generalmente las órdenes las da el oficial presente o el suboficial de mayor rango de todos los presentes”.
Pero es el cabo primero Ismael Hernández el que grafica la situación: “Estábamos a la mano de Dios, porque estaba en riesgo hasta la vida nuestra”. Si el personal estuvo librado a “la mano de Dios” es porque existió una clara intencionalidad de parte de la oficialidad para que así suceda.
Si esa era la sensación de la tropa queda claro que estaba admitido cualquier tipo de acción para responder ante situaciones que ponían “en riesgo hasta la vida” de los subordinados.
“La mano de Dios” puede ser una concreta demostración de que existió una orden de libertad en los procedimientos y que en las zonas en donde se produjeran supuestos enfrentamientos las mismas se liberaban. Todo esto mucho antes que la declaración del estado de sitio.
Santa Cruz: Puja redistributiva
Los estatales volvieron a marchar por Río Gallegos
Lunes 19 de diciembre de 2016, por *
Pese a
la confirmación del cumplimiento de pago al 85% de los estatales y de la
fecha en la que se cancelará el aguinaldo de Fin de Año, el viernes se
reiteró la realización de una nutrida marcha de trabajadores, aunque un
poco menos numerosa que la anterior.
Convocada para el mediodía en Kirchner y San Martín, la concentración
de estatales previo a la marcha se fue dando con un poco de retraso,
para terminar luego desembocando en Casa de Gobierno alrededor de las
13:30.Las columnas más importantes fueron nuevamente la de ATE y la de ADOSAC, las que hicieron su propio recorrido hasta unificarse en la esquina céntrica de la ciudad para de ahí marchar juntos.
En el caso de ATE, se comenzaron a congregar alrededor de las 11:30 en la sede de Errázuriz y Belgrano para dirigirse luego caminando hasta la esquina de Kirchner. A ellos se sumaron los trabajadores hospitalarios, nucleados en APROSA, también se hicieron presentes por otro lado los empleados judiciales y los trabajadores de Canal 9 de Río Gallegos, estos dos últimos sin haber percibido sus haberes aún.
En tanto, desde la sede de Vélez Sarsfield, hicieron su propia concentración los docentes agremiados en ADISAC que también marcharon hasta el centro de la ciudad.
Igualmente se sumaron los trabajadores viales, representantes de APOC y de ADIUNPA y en apoyo estuvieron los obreros de SITRAIC y los municipales de Río Gallegos.
A medida que pasaban los minutos el clima comenzó a desmejorar pasando de una mañana que había amanecido con buena temperatura, a un día lluvioso y fresco. Pese a ello, la columna se mostró unificada y unas tres cuadras de estatales caminaron desde Kirchner y San Martín hacia Casa de Gobierno, pasando primero por el Ministerio de Economía, dando vuelta manzana para pasar por la Cámara de Diputados y de allí a la Casa de Gobierno.
“Estamos firmes”
Alejandro
Garzón, secretario general de ATE, fue uno de los que encabezó la
marcha de los estatales y señaló al móvil de exteriores de LU 12 Radio
Río Gallegos: “Estamos terminando el año como lo comenzamos, con
conflictos, con movilización, con acampes y una vez más demostrándole al
Gobierno que la Mesa de Unidad Sindical está sólida y convocante”.Destacó la presencia de estatales de toda la provincia y remarcó que “a pesar de que nuestros compañeros han cobrado sus sueldos, ATE está mostrando su solidaridad y marcha por todos los compañeros que no han cobrado”, y por esa razón sostuvo: “me siento orgulloso de todos mis compañeros”.
Por su parte, Pedro Cormack de ADOSAC, dijo que “es una demostración del trabajo de todo el año de la Mesa de Unidad Sindical y de la CTA Autónoma de Santa Cruz”, no sólo se reclama por el salario “sino también por la obra social y todos los otros temas que preocupan al trabajador”.
Sobre el pedido de la gobernadora de “comprensión”, el secretario general de la ADoSaC afirmó: “siempre nos pide comprensión y paciencia, pero es muy difícil tener paciencia cuando hubo 30 años de saqueos por parte de un mismo gobierno” y, sobre todo, dijo “acá siempre las culpas son de las gestiones anteriores o de otros, y nunca se reconocen las culpas propias”.
En apoyo a los estatales estuvo el SITRAIC, Alejandro Lugo afirmó que “pese al mal tiempo estamos todos unidos peleando por los salarios de los trabajadores”, y se mostró conforme con la convocatoria, “hay muchos compañeros en una clara demostración de la unidad de los trabajadores”.
Separados de su conducción
Así
como en la marcha del martes los trabajadores de Luz y Fuerza se
autoconvocaron para marchar junto al resto de los estatales, en
disidencia con su conducción gremial, que no quiso plegarse a la misma,
ayer pasó lo mismo con los trabajadores de SATSAID en Canal 9.Según afirmaron los propios empleados del Canal, estuvieron tratando toda la jornada del día anterior de comunicarse con el secretario general Roberto Lazarte, quien nunca se hizo presente en la emisora, por lo que se autoconvocaron en asamblea y decidieron con el aval del secretario gremial del SATSAID, realizar una medida de fuerza, redactando la nota pertinente para presentar ante la Secretaría de Trabajo. Pero ayer por la mañana se anoticiaron que la misiva presentada ante la autoridad laboral “no tenía nada que ver con lo que se había decidido en la asamblea”.
“Roberto Lazarte no sólo no dio la cara ante los trabajadores sino que firmó y entregó una nota que no representaba la voluntad de los trabajadores”, afirmó una de las afiliadas.
Ante esta situación, el viernes por la mañana, fueron los propios empleados de Canal 9 quienes fueron a buscar a su dirigente gremial para forzarlo a presentar en Trabajo la nota que se había aprobado en Asamblea, y esa es la razón por la cual los trabajadores debieron ayer marchar en calidad de autoconvocados sin banderas, las cuales no les fueron facilitadas por el gremio.
Fuente: www.laopinionaustral.com.ar
* Equipo de Comunicación de la CTA Santa Cruz
URUGUAY
16 diciembre, 2016 Edición 1621Asesinos,
secuestradores, torturadores fueron responsables del espionaje militar
en democracia. Sus antecedentes como terroristas de Estado los
habilitaban a infiltrar organizaciones y reclutar informantes.
Los jefes del espionaje militar: Silveira, Vázquez, Barneix, Ferro, Casella y Sarli
Los oficiales del Ejército que dirigieron el
espionaje militar en democracia contra gobernantes, legisladores,
magistrados, partidos políticos, sindicalistas y periodistas fueron en
su mayoría piezas clave del terrorismo de Estado durante la dictadura y
algunos están presos por su responsabilidad en delitos de lesa
humanidad. No sorprende, por tanto, que la actividad de inteligencia
militar mantuviera en democracia los mismos criterios ideológicos de la
dictadura, signados por la doctrina de la seguridad nacional y el
esquema de la Guerra Fría.
Así, en noviembre de 1992 el entonces teniente coronel Jorge “Pajarito” Silveira (actualmente preso) figuraba como “asesor de los organismos de inteligencia, para lo cual cuenta bajo sus órdenes con informantes de organizaciones subversivas que brindan información del enemigo”.
Los jefes de dichas reparticiones, algunas dependientes del Estado Mayor del Ejército y otras del Ministerio de Defensa Nacional, no identifican –hasta donde se sabe– qué organizaciones subversivas operaban en el país ni quién era el enemigo que había que controlar; los documentos referidos al espionaje revelan que el “enemigo” eran partidos políticos legales y organizaciones sindicales.
Los presidentes y los ministros de Defensa de los sucesivos gobiernos desde la reimplantación democrática, en 1985, y hasta 2005, no modificaron el esquema de la inteligencia militar, que proyectaba a la democracia los criterios de la dictadura; es posible que dichos responsables civiles ni siquiera tuvieran conocimiento del grado de autonomía que se desplegaba a sus espaldas. Pero el esquema no se modificó cuando algunos episodios puntuales (el secuestro del chileno Eugenio Berríos en colaboración con la inteligencia chilena en 1991-1992, las escuchas con micrófonos en el despacho del general Fernán Amado en 1993 o las interferencias telefónicas al prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa y al diputado Jorge Barrera en 2002) revelaron la gravedad de esa autonomía.
Aquellos oficiales que se destacaron en los organismos represivos como el Servicio de Información de Defensa (Sid) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) fueron después designados como jefes de las reparticiones que se especializaron en el reclutamiento de informantes y en la infiltración de partidos políticos y sindicatos.
Aunque el organigrama de las Fuerzas Armadas y su evolución es difícil de determinar, puede afirmarse que el Sid ya tenía en 1984 una sección Reclutamiento e Infiltración (Rel) que funcionaba con el Departamento III-Planes, Operaciones y Enlace (Poe). En esa época el responsable del Poe era el teniente coronel Ícaro N Méndez.
En diciembre de 1984, ya con el resultado electoral, la sección Reclutamiento e Infiltración se transforma en “Anexo” del Departamento III, y su responsable fue el teniente coronel Ramón Larrosa. El término “Anexo” figura como identificación en muchos documentos de 1985 a 1987, en poder de Brecha, que se refieren al espionaje de partidos políticos.
Simultáneamente, el Sid, creado en 1973 y cuyo primer jefe fue el coronel Ramón Trabal, se transformó en enero de 1985, en los estertores de la presidencia de Gregorio Álvarez, en el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa), apenas un cambio de nombre, salvo una particularidad: a diferencia del Sid, el Siffaa pasaba a depender de la estructura jerárquica del Ejército, y su control se volvía más dificultoso, para el caso de que los primeros ministros de Defensa de Julio María Sanguinetti –el abogado Juan Vicente Chiarino y el general Hugo Medina– tuvieran intención de ejercer el control.
El Siffaa fue la cabeza visible de la inteligencia militar entre enero de 1985 y marzo de 1987. Al frente del Departamento III (Poe), el teniente coronel Pedro Barneix sustituyó al teniente coronel Larrosa en abril de 1986. Ya como general, Barneix ascendería a jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y en 2005 sería designado, junto con el general Carlos Díaz, para evacuar el pedido del presidente Tabaré Vázquez de identificar los lugares de enterramiento de detenidos-desaparecidos. Después de investigar en el círculo de los más notorios terroristas de Estado, Barneix y Díaz elevaron un informe al comandante del Ejército, general Ángel Bertolotti, con información absolutamente falsa. Por entonces aún no había comenzado la investigación judicial que identificó al entonces teniente Barneix, en 1974, como uno de los asesinos del militante carmelitano Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia.
SERVICIOS CAPACITADOS. En 1986, como jefe del Departamento III, el teniente coronel Barneix supervisaba al jefe de de la Sección Rel, que a lo largo de ese año comenzó el montaje de una red de espías que se enfocaría en la penetración del Partido Comunista. La red estaba supervisada por el capitán Wellington Sarli, quien en enero de 1986 participó en un curso de inteligencia en Alemania.
Sarli cobraría notoriedad diez años después, en 1996, cuando la policía chilena lo identificó como uno de los oficiales uruguayos responsables de la desaparición del bioquímico Eugenio Berríos, y procuró su extradición (véase recuadro). Pero a la hora de dirigir la compañía de espías contaba con un inestimable antecedente: designado en 1975 como miembro del Ocoa en la Región 4, Sarli asistió al jefe de la región, el general Gregorio Álvarez, en el montaje de una operación de inteligencia contra 25 jóvenes menores de edad, miembros de la Juventud Comunista en Treinta y Tres. Los jóvenes habían participado en un campamento en una playa de Rocha y a su regreso fueron detenidos en el cuartel de la compañía de Infantería número 10 (donde Sarli revistaba como alférez). Fueron brutalmente torturados y sometidos al escarnio público al difundirse un infame comunicado de las Fuerzas Armadas que falsamente atribuía a los menores de edad prácticas de promiscuidad sexual en el campamento y especialmente acusaba a las mujeres de realizar concursos de resistencia sexual. El periodista Mauricio Almada detalló el episodio en su libro Crónica de una infamia. Sarli fue denunciado en un expediente sobre esas torturas, pero el caso no prosperó, aunque no está archivado.
En abril de 1986, quizás por el arresto a rigor que sufrió por “deformación profesional” ordenado directamente por el general Washington Varela, jefe del Siffaa, el capitán Sarli dejó la sección Rel del Departamento III y pasó a revistar en la Región de Ejército 4.
En 1987 Barneix fue sustituido al frente del Departamento III por el teniente coronel Diego M Cardozo, quien mantuvo las mismas funciones de inteligencia por más que el Siffaa se convirtió, en marzo de 1987, en la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El encargado de la Sección Rel era el capitán Robert Terra, quien suspendió temporalmente el monitoreo del espionaje para asistir en Taiwán a un curso sobre “Estudios de seguridad e inteligencia”. Terra había sido comandante del Grupo de Operaciones Especiales de Inteligencia en el Ocoa 2 (San José).
Es a comienzos de ese año que el Departamento III despliega un cerco de espionaje en torno a Wilson Ferreira Aldunate. Los espías infiltrados en el Partido Nacional dan cuenta de las opiniones de Wilson sobre el anunciado referéndum para eliminar la recién votada ley de caducidad, sus evaluaciones sobre el Mln-Tupamaros, y hacen un seguimiento estrecho de Juan Raúl Ferreira y de Diego Achard.
En 1988 el Departamento III de la Dgid cobra impulso en la ramificación del espionaje, centrándose en el Mln, en el Partido Comunista y en el Pit-Cnt. Su jefe era el teniente coronel Eduardo Ferro, sindicado (pero nunca confirmado) como autor material de la muerte del escribano Fernando Miranda, uno de los pocos desaparecidos cuyos restos pudieron ser rescatados. Ferro fue un activo participante en la red Cóndor: en abril de 1977, como integrante de la Compañía de Contrainformación del Ejército, fue individualizado como uno de los militares uruguayos que interrogaron en el centro clandestino argentino Club Atlético a los desaparecidos uruguayos Andrés Bellizzi y Jorge Goncálvez; en 1978 participó en el secuestro y traslado desde Brasil de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. Muy probablemente Ferro sea “Guillermo”, el incansable coordinador de los “manipuladores” de espías, que en 1989 pretendían allanar los domicilios de diplomáticos cubanos y los locales de las publicaciones Brecha y Mate Amargo.
En ese mismo año de 1989 el mayor Wellington Sarli asumió como jefe de la sección Manipulación y Reclutamiento de la Compañía de Contrainformación; es posible que tanto esta compañía como el Departamento III de la Dgid tuvieran sus propios ejércitos de espías, aunque también es posible que ambos organismos coordinaran el espionaje, porque muchos documentos del D-III señalan que se debía enviar copias a la Compañía de Contrainformación. En todo caso, en 1991 el mayor Sarli fue evaluado por su superior en la Compañía de Contrainformación, el teniente coronel Tomás Casella. A fines de ese año la compañía se hizo cargo de la custodia del bioquímico chileno Eugenio Berríos.
En noviembre de 1992, cuando Berríos, recluido en un chalé de Las Toscas, pretendió fugarse de sus carceleros uruguayos y chilenos, el jefe de la Compañía de Contrainformación era el teniente coronel Edgardo da Cunha, quien dependía directamente del jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, el coronel Gilberto Vázquez, hoy preso por numerosos crímenes de lesa humanidad. Por primera vez el nombre de Vázquez se asocia al episodio del secuestro, desaparición y asesinato de Berríos.
Fue en noviembre de 1992 que Jorge Silveira asumió como asesor de los órganos de inteligencia, es decir, la Dgid y la Compañía de Contrainformación. Antes del episodio de Berríos, a mediados de 1992, Wellington Sarli asistió a un curso de inteligencia brindado por la Cia, acumulando el conocimiento adquirido diez años antes en un curso brindado por el Mossad, la inteligencia israelí.
Cualquiera de los oficiales nombrados podría aportar testimonios a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el espionaje militar en democracia, que algunos dudan que fuera una actividad institucional, mientras que otros prefieren dar un paso al costado porque el asunto está “bajo secreto presumarial”. El secreto es precisamente lo que fomenta el espionaje.
Dos días después de conformada la comisión en Diputados, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, había trasmitido en el Senado información recibida desde el Estado Mayor de la Defensa y desde la Dirección de Inteligencia Estratégica que desmentía la existencia de espionaje militar a periodistas, partidos políticos, legisladores, dirigentes sindicales y jueces posterior a 1985.
“Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las Fuerzas (Armadas) archivos al respecto”, recalcó Menéndez. Sin embargo, los primeros elementos recogidos en las primeras sesiones de la investigadora apuntan a que el espionaje existió (“es innegable”, resumió un parlamentario consultado por Brecha).
La segunda sesión de la comisión se desarrolló este jueves y contó con la presencia de los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico. Los especialistas fueron los autores de los dos informes solicitados por la jueza penal Beatriz Larrieu, a partir del contenido de los documentos presentes en las 65 cajas incautadas en el domicilio del coronel fallecido Elmar Castiglioni.
Fuentes de Brecha afirman que la historiadora ratificó lo escrito en su informe, en el que explica que en el archivo Castiglioni existen “todos los indicios como para corroborar la existencia de expedientes institucionales en ese archivo particular”. Por su parte, Rico puso sobre la mesa aspectos más generales sobre los servicios de inteligencia y el aparato del Estado, pero se negó a profundizar en determinados asuntos de su informe “amparándose en el secreto presumarial”.
“Se ha estado manejando que las 65 cajas incautadas en el domicilio de Castiglioni tienen que ver con una iniciativa personal del coronel. De a poco vamos concluyendo que un trabajo de esta naturaleza no lo hace una persona en soledad, sino que se trata de un trabajo en equipo”, reafirmaron las fuentes consultadas.
El siguiente paso de la comisión investigadora será “cotejar los documentos del archivo Castiglioni con los archivos de los servicios de inteligencia del Estado”. Paralelamente se convocará a una lista de personas para que aporten más información sobre el asunto, entre las que se encuentra el periodista de este semanario Samuel Blixen. La investigadora volverá a reunirse el 20 de febrero para profundizar en un segundo aspecto de su indagatoria: confirmar si el espionaje se realizó de manera institucional o por fuera de la institucionalidad.
Mariana Cianelli
El jefe de la compañía, el teniente coronel Edgardo da Cunha, ordenó al mayor Wellington Sarli que se trasladara inmediatamente a Parque del Plata para interiorizarse de la situación y brindarle un informe detallado. Fue así que el destino de Sarli quedó, a partir de ese momento, indisolublemente unido al de Casella y Radaelli. Ambos fueron interrogados por el ministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, y se atuvieron a la versión de que la custodia del bioquímico chileno había sido una “gauchada” personal que le habían hecho a unos amigos chilenos que, casualmente, también eran militares. Esa versión, y la burda foto trucada que mostraba a Berríos, desaparecido, leyendo un diario italiano, bastó para que el gobierno diera por finalizada la cuestión: “Es un asunto chileno”, explicó Lacalle; los legisladores suspendieron la investigación y la justicia se desentendió del rosario de delitos cometidos: secuestro, documentación falsa, ingreso ilegal de militares extranjeros, etcétera.
El nombre de Sarli apareció definitivamente asociado al caso Berríos poco después que apareciera el cadáver en unas dunas de El Pinar. Tras una tozuda investigación de la policía chilena, fue imposible impedir que la justicia de ese país reclamara la extradición de los tres oficiales de contrainformación por los delitos de secuestro y asociación para delinquir. Ante los jueces chilenos los tres negaron su participación en el asesinato, pero mientras Casella y Radaelli se atuvieron a la versión original de la gauchada, Sarli declaró que él había concurrido a Parque del Plata cumpliendo una orden de su superior.
Aquí en Uruguay nadie se dio por enterado de que la Compañía de Contrainformación aparecía institucionalmente vinculada a un secuestro y asesinato cometido por el Cóndor en democracia. Tras una de las tantas negativas de la justicia chilena a conceder las apelaciones solicitadas por los tres militares uruguayos, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro llegó a afirmar que Casella, Radaelli y Sarli eran “presos políticos”.
Una vez confirmada la sentencia, Casella y Radaelli se acogieron al beneficio de terminar de cumplir la pena en Uruguay. Sarli, en cambio, prefirió quedarse en Santiago de Chile. Dicen que allá tiene una novia. También es posible que no quiera regresar porque tiene causas pendientes en Uruguay.
Así, en noviembre de 1992 el entonces teniente coronel Jorge “Pajarito” Silveira (actualmente preso) figuraba como “asesor de los organismos de inteligencia, para lo cual cuenta bajo sus órdenes con informantes de organizaciones subversivas que brindan información del enemigo”.
Los jefes de dichas reparticiones, algunas dependientes del Estado Mayor del Ejército y otras del Ministerio de Defensa Nacional, no identifican –hasta donde se sabe– qué organizaciones subversivas operaban en el país ni quién era el enemigo que había que controlar; los documentos referidos al espionaje revelan que el “enemigo” eran partidos políticos legales y organizaciones sindicales.
Los presidentes y los ministros de Defensa de los sucesivos gobiernos desde la reimplantación democrática, en 1985, y hasta 2005, no modificaron el esquema de la inteligencia militar, que proyectaba a la democracia los criterios de la dictadura; es posible que dichos responsables civiles ni siquiera tuvieran conocimiento del grado de autonomía que se desplegaba a sus espaldas. Pero el esquema no se modificó cuando algunos episodios puntuales (el secuestro del chileno Eugenio Berríos en colaboración con la inteligencia chilena en 1991-1992, las escuchas con micrófonos en el despacho del general Fernán Amado en 1993 o las interferencias telefónicas al prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa y al diputado Jorge Barrera en 2002) revelaron la gravedad de esa autonomía.
Aquellos oficiales que se destacaron en los organismos represivos como el Servicio de Información de Defensa (Sid) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) fueron después designados como jefes de las reparticiones que se especializaron en el reclutamiento de informantes y en la infiltración de partidos políticos y sindicatos.
Aunque el organigrama de las Fuerzas Armadas y su evolución es difícil de determinar, puede afirmarse que el Sid ya tenía en 1984 una sección Reclutamiento e Infiltración (Rel) que funcionaba con el Departamento III-Planes, Operaciones y Enlace (Poe). En esa época el responsable del Poe era el teniente coronel Ícaro N Méndez.
En diciembre de 1984, ya con el resultado electoral, la sección Reclutamiento e Infiltración se transforma en “Anexo” del Departamento III, y su responsable fue el teniente coronel Ramón Larrosa. El término “Anexo” figura como identificación en muchos documentos de 1985 a 1987, en poder de Brecha, que se refieren al espionaje de partidos políticos.
Simultáneamente, el Sid, creado en 1973 y cuyo primer jefe fue el coronel Ramón Trabal, se transformó en enero de 1985, en los estertores de la presidencia de Gregorio Álvarez, en el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa), apenas un cambio de nombre, salvo una particularidad: a diferencia del Sid, el Siffaa pasaba a depender de la estructura jerárquica del Ejército, y su control se volvía más dificultoso, para el caso de que los primeros ministros de Defensa de Julio María Sanguinetti –el abogado Juan Vicente Chiarino y el general Hugo Medina– tuvieran intención de ejercer el control.
El Siffaa fue la cabeza visible de la inteligencia militar entre enero de 1985 y marzo de 1987. Al frente del Departamento III (Poe), el teniente coronel Pedro Barneix sustituyó al teniente coronel Larrosa en abril de 1986. Ya como general, Barneix ascendería a jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y en 2005 sería designado, junto con el general Carlos Díaz, para evacuar el pedido del presidente Tabaré Vázquez de identificar los lugares de enterramiento de detenidos-desaparecidos. Después de investigar en el círculo de los más notorios terroristas de Estado, Barneix y Díaz elevaron un informe al comandante del Ejército, general Ángel Bertolotti, con información absolutamente falsa. Por entonces aún no había comenzado la investigación judicial que identificó al entonces teniente Barneix, en 1974, como uno de los asesinos del militante carmelitano Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia.
SERVICIOS CAPACITADOS. En 1986, como jefe del Departamento III, el teniente coronel Barneix supervisaba al jefe de de la Sección Rel, que a lo largo de ese año comenzó el montaje de una red de espías que se enfocaría en la penetración del Partido Comunista. La red estaba supervisada por el capitán Wellington Sarli, quien en enero de 1986 participó en un curso de inteligencia en Alemania.
Sarli cobraría notoriedad diez años después, en 1996, cuando la policía chilena lo identificó como uno de los oficiales uruguayos responsables de la desaparición del bioquímico Eugenio Berríos, y procuró su extradición (véase recuadro). Pero a la hora de dirigir la compañía de espías contaba con un inestimable antecedente: designado en 1975 como miembro del Ocoa en la Región 4, Sarli asistió al jefe de la región, el general Gregorio Álvarez, en el montaje de una operación de inteligencia contra 25 jóvenes menores de edad, miembros de la Juventud Comunista en Treinta y Tres. Los jóvenes habían participado en un campamento en una playa de Rocha y a su regreso fueron detenidos en el cuartel de la compañía de Infantería número 10 (donde Sarli revistaba como alférez). Fueron brutalmente torturados y sometidos al escarnio público al difundirse un infame comunicado de las Fuerzas Armadas que falsamente atribuía a los menores de edad prácticas de promiscuidad sexual en el campamento y especialmente acusaba a las mujeres de realizar concursos de resistencia sexual. El periodista Mauricio Almada detalló el episodio en su libro Crónica de una infamia. Sarli fue denunciado en un expediente sobre esas torturas, pero el caso no prosperó, aunque no está archivado.
En abril de 1986, quizás por el arresto a rigor que sufrió por “deformación profesional” ordenado directamente por el general Washington Varela, jefe del Siffaa, el capitán Sarli dejó la sección Rel del Departamento III y pasó a revistar en la Región de Ejército 4.
En 1987 Barneix fue sustituido al frente del Departamento III por el teniente coronel Diego M Cardozo, quien mantuvo las mismas funciones de inteligencia por más que el Siffaa se convirtió, en marzo de 1987, en la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El encargado de la Sección Rel era el capitán Robert Terra, quien suspendió temporalmente el monitoreo del espionaje para asistir en Taiwán a un curso sobre “Estudios de seguridad e inteligencia”. Terra había sido comandante del Grupo de Operaciones Especiales de Inteligencia en el Ocoa 2 (San José).
Es a comienzos de ese año que el Departamento III despliega un cerco de espionaje en torno a Wilson Ferreira Aldunate. Los espías infiltrados en el Partido Nacional dan cuenta de las opiniones de Wilson sobre el anunciado referéndum para eliminar la recién votada ley de caducidad, sus evaluaciones sobre el Mln-Tupamaros, y hacen un seguimiento estrecho de Juan Raúl Ferreira y de Diego Achard.
En 1988 el Departamento III de la Dgid cobra impulso en la ramificación del espionaje, centrándose en el Mln, en el Partido Comunista y en el Pit-Cnt. Su jefe era el teniente coronel Eduardo Ferro, sindicado (pero nunca confirmado) como autor material de la muerte del escribano Fernando Miranda, uno de los pocos desaparecidos cuyos restos pudieron ser rescatados. Ferro fue un activo participante en la red Cóndor: en abril de 1977, como integrante de la Compañía de Contrainformación del Ejército, fue individualizado como uno de los militares uruguayos que interrogaron en el centro clandestino argentino Club Atlético a los desaparecidos uruguayos Andrés Bellizzi y Jorge Goncálvez; en 1978 participó en el secuestro y traslado desde Brasil de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. Muy probablemente Ferro sea “Guillermo”, el incansable coordinador de los “manipuladores” de espías, que en 1989 pretendían allanar los domicilios de diplomáticos cubanos y los locales de las publicaciones Brecha y Mate Amargo.
En ese mismo año de 1989 el mayor Wellington Sarli asumió como jefe de la sección Manipulación y Reclutamiento de la Compañía de Contrainformación; es posible que tanto esta compañía como el Departamento III de la Dgid tuvieran sus propios ejércitos de espías, aunque también es posible que ambos organismos coordinaran el espionaje, porque muchos documentos del D-III señalan que se debía enviar copias a la Compañía de Contrainformación. En todo caso, en 1991 el mayor Sarli fue evaluado por su superior en la Compañía de Contrainformación, el teniente coronel Tomás Casella. A fines de ese año la compañía se hizo cargo de la custodia del bioquímico chileno Eugenio Berríos.
En noviembre de 1992, cuando Berríos, recluido en un chalé de Las Toscas, pretendió fugarse de sus carceleros uruguayos y chilenos, el jefe de la Compañía de Contrainformación era el teniente coronel Edgardo da Cunha, quien dependía directamente del jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, el coronel Gilberto Vázquez, hoy preso por numerosos crímenes de lesa humanidad. Por primera vez el nombre de Vázquez se asocia al episodio del secuestro, desaparición y asesinato de Berríos.
Fue en noviembre de 1992 que Jorge Silveira asumió como asesor de los órganos de inteligencia, es decir, la Dgid y la Compañía de Contrainformación. Antes del episodio de Berríos, a mediados de 1992, Wellington Sarli asistió a un curso de inteligencia brindado por la Cia, acumulando el conocimiento adquirido diez años antes en un curso brindado por el Mossad, la inteligencia israelí.
Cualquiera de los oficiales nombrados podría aportar testimonios a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el espionaje militar en democracia, que algunos dudan que fuera una actividad institucional, mientras que otros prefieren dar un paso al costado porque el asunto está “bajo secreto presumarial”. El secreto es precisamente lo que fomenta el espionaje.
No resisten archivo
Los primeros análisis realizados por algunos de los integrantes de la comisión investigadora parlamentaria concluyen que efectivamente existió espionaje de la inteligencia militar en democracia, por lo cual las afirmaciones de las autoridades de las Fuerzas Armadas empiezan a caer por su propio peso.Dos días después de conformada la comisión en Diputados, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, había trasmitido en el Senado información recibida desde el Estado Mayor de la Defensa y desde la Dirección de Inteligencia Estratégica que desmentía la existencia de espionaje militar a periodistas, partidos políticos, legisladores, dirigentes sindicales y jueces posterior a 1985.
“Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las Fuerzas (Armadas) archivos al respecto”, recalcó Menéndez. Sin embargo, los primeros elementos recogidos en las primeras sesiones de la investigadora apuntan a que el espionaje existió (“es innegable”, resumió un parlamentario consultado por Brecha).
La segunda sesión de la comisión se desarrolló este jueves y contó con la presencia de los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico. Los especialistas fueron los autores de los dos informes solicitados por la jueza penal Beatriz Larrieu, a partir del contenido de los documentos presentes en las 65 cajas incautadas en el domicilio del coronel fallecido Elmar Castiglioni.
Fuentes de Brecha afirman que la historiadora ratificó lo escrito en su informe, en el que explica que en el archivo Castiglioni existen “todos los indicios como para corroborar la existencia de expedientes institucionales en ese archivo particular”. Por su parte, Rico puso sobre la mesa aspectos más generales sobre los servicios de inteligencia y el aparato del Estado, pero se negó a profundizar en determinados asuntos de su informe “amparándose en el secreto presumarial”.
“Se ha estado manejando que las 65 cajas incautadas en el domicilio de Castiglioni tienen que ver con una iniciativa personal del coronel. De a poco vamos concluyendo que un trabajo de esta naturaleza no lo hace una persona en soledad, sino que se trata de un trabajo en equipo”, reafirmaron las fuentes consultadas.
El siguiente paso de la comisión investigadora será “cotejar los documentos del archivo Castiglioni con los archivos de los servicios de inteligencia del Estado”. Paralelamente se convocará a una lista de personas para que aporten más información sobre el asunto, entre las que se encuentra el periodista de este semanario Samuel Blixen. La investigadora volverá a reunirse el 20 de febrero para profundizar en un segundo aspecto de su indagatoria: confirmar si el espionaje se realizó de manera institucional o por fuera de la institucionalidad.
Mariana Cianelli
La conexión Berríos
Aquel 15 de noviembre de 1992 en que Eugenio Berríos –ex agente de la Dina chilena que llevaba ya un año en Uruguay en una especie de cárcel dorada– decidió deslizarse por el tragaluz del baño del chalé del capitán Eduardo Radaelli, en Las Toscas, y huir de sus custodias militares chilenos y uruguayos, las sirenas de alarma sonaron en la Compañía de Contrainformación del Ejército: dos de sus oficiales, Tomás Casella y Eduardo Radaelli, habían dejado escapar a Berríos, quien por esas horas corría por las calles de Parque del Plata gritando “Pinochet me quiere matar”.El jefe de la compañía, el teniente coronel Edgardo da Cunha, ordenó al mayor Wellington Sarli que se trasladara inmediatamente a Parque del Plata para interiorizarse de la situación y brindarle un informe detallado. Fue así que el destino de Sarli quedó, a partir de ese momento, indisolublemente unido al de Casella y Radaelli. Ambos fueron interrogados por el ministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, y se atuvieron a la versión de que la custodia del bioquímico chileno había sido una “gauchada” personal que le habían hecho a unos amigos chilenos que, casualmente, también eran militares. Esa versión, y la burda foto trucada que mostraba a Berríos, desaparecido, leyendo un diario italiano, bastó para que el gobierno diera por finalizada la cuestión: “Es un asunto chileno”, explicó Lacalle; los legisladores suspendieron la investigación y la justicia se desentendió del rosario de delitos cometidos: secuestro, documentación falsa, ingreso ilegal de militares extranjeros, etcétera.
El nombre de Sarli apareció definitivamente asociado al caso Berríos poco después que apareciera el cadáver en unas dunas de El Pinar. Tras una tozuda investigación de la policía chilena, fue imposible impedir que la justicia de ese país reclamara la extradición de los tres oficiales de contrainformación por los delitos de secuestro y asociación para delinquir. Ante los jueces chilenos los tres negaron su participación en el asesinato, pero mientras Casella y Radaelli se atuvieron a la versión original de la gauchada, Sarli declaró que él había concurrido a Parque del Plata cumpliendo una orden de su superior.
Aquí en Uruguay nadie se dio por enterado de que la Compañía de Contrainformación aparecía institucionalmente vinculada a un secuestro y asesinato cometido por el Cóndor en democracia. Tras una de las tantas negativas de la justicia chilena a conceder las apelaciones solicitadas por los tres militares uruguayos, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro llegó a afirmar que Casella, Radaelli y Sarli eran “presos políticos”.
Una vez confirmada la sentencia, Casella y Radaelli se acogieron al beneficio de terminar de cumplir la pena en Uruguay. Sarli, en cambio, prefirió quedarse en Santiago de Chile. Dicen que allá tiene una novia. También es posible que no quiera regresar porque tiene causas pendientes en Uruguay.
Lunes 19 • Diciembre • 2016
Gobierno sancionó a contralmirante Menini por dichos sobre Castro
“Hoy es un gran día”, escribió el 26 de noviembre el
contralmirante Daniel Menini, en su muro de Facebook. La referencia al
fallecimiento de Fidel Castro en medio de un duelo oficial no cayó bien
en el gobierno, que decidió sancionarlo con una pena de arresto a rigor.
La resolución, según pudo saber la diaria, se la comunicó
directamente a Menini el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez,
luego de hablar sobre el tema con el presidente Tabaré Vázquez, que
avaló la sanción.
Hace poco más de dos semanas, Menéndez había sido consultado en el Parlamento por los posteos de Menini; en aquella oportunidad el jerarca admitió que no conocía el caso, pero adelantó que los militares, según la Constitución, “no pueden hacer apreciaciones de carácter político”. Pasaron los días, y la investigación administrativa siguió su curso, hasta que finalmente se decidió aplicar esta sanción. Las fuentes del Poder Ejecutivo consultadas fundamentaron la decisión en que la publicación del funcionario de la fuerza en redes sociales “contraviene” la línea de acción que había marcado el gobierno con respecto a esos días, en referencia al decreto de duelo oficial. No es la primera pena que la administración de Vázquez le aplica a un funcionario de la Armada en las últimas semanas: vale recordar que a comienzos de diciembre sancionó al comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, por su discurso del 15 de noviembre -cuando criticó al gobierno por los recortes presupuestales- y por la carta intimidatoria que envió a la diaria a raíz de una nota de la sección de humor El Faro del Final del Mundo.
Hace poco más de dos semanas, Menéndez había sido consultado en el Parlamento por los posteos de Menini; en aquella oportunidad el jerarca admitió que no conocía el caso, pero adelantó que los militares, según la Constitución, “no pueden hacer apreciaciones de carácter político”. Pasaron los días, y la investigación administrativa siguió su curso, hasta que finalmente se decidió aplicar esta sanción. Las fuentes del Poder Ejecutivo consultadas fundamentaron la decisión en que la publicación del funcionario de la fuerza en redes sociales “contraviene” la línea de acción que había marcado el gobierno con respecto a esos días, en referencia al decreto de duelo oficial. No es la primera pena que la administración de Vázquez le aplica a un funcionario de la Armada en las últimas semanas: vale recordar que a comienzos de diciembre sancionó al comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, por su discurso del 15 de noviembre -cuando criticó al gobierno por los recortes presupuestales- y por la carta intimidatoria que envió a la diaria a raíz de una nota de la sección de humor El Faro del Final del Mundo.
Miércoles 07 • Diciembre • 2016
Encuesta revela que 59% apoya el voto consular de uruguayos en el exterior
Por solicitud de Ronda Cívica Uruguay se dieron a conocer los
resultados de una encuesta sobre la opinión de los uruguayos acerca del
voto consular, en la que 59% de los entrevistados respondieron que están
de acuerdo con esa iniciativa (ver gráficos). La Encuesta de actitudes de la población nativa hacia inmigrantes extranjeros y retornados
fue diseñada por el Grupo de Estudios de Migración e Integración en
Uruguay y financiada por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Universidad de la República. Fue aplicada por teléfono
por la empresa Equipos Mori a una muestra de 1.064 casos entre diciembre
de 2015 y enero de 2016, y la población objetivo fueron personas de
nacionalidad uruguaya de 18 años o más que residen en Uruguay. El
cuestionario, de 61 preguntas, se organizó en tres módulos temáticos: el
primero estuvo conformado por preguntas relacionadas a la opinión de
los uruguayos emigrados y los que después de vivir en el exterior
decidieron retornar al país; el segundo módulo incorporó preguntas sobre
la opinión acerca de la inmigración extrajera en Uruguay; y el tercero
incluyó preguntas sobre el perfil sociodemográfico de los encuestados.
Los resultados completos de la encuesta se darán a conocer en un informe
cuya presentación está prevista para el primer trimestre de 2017.
Novick el desmemoriado: no recuerda que votó en el plebiscito de 1980
“Realmente no me acuerdo; ahí no me interesaba mucho la política”.
Edgardo Novick pretende
representar a la gente, así sin distinciones, y afirma en sus mensajes
televisados que entre sus seguidores hay blancos, colorados y hasta
frenteamplistas. Sin embargo, el abanderado del Partido de la Gente
tiene mala, muy mala, memoria: ante la pregunta sobre que votó en el
plebiscito constitucional de 1980 dijo no recordarlo.
La respuesta se desprende de una
investigación realizada por la periodista Mandy Barrios sobre Edgardo
Novick como tesis de grado para la carrera de Comunicación en la
Universidad ORT. El trabajo fue difundido en el programa Suena Tremendo
de radio El Espectador.
Barrios le preguntó por su juventud, durante
los años de dictadura, y Novick respondió: “En época de dictadura me
acuerdo que iba al liceo, había algunas revueltas y unos pocos
compañeros de clase eran militantes. Me acuerdo que en el ’73 se pararon
las clases y tuvimos que ir para otro lado a estudiar. Nos complicó
mucho el estudio. También me acuerdo de salir de noche y que nos
pidieran la cédula. No me acuerdo mucho más que eso”.
La pregunta clave, que votó en el plebiscito
de noviembre de 1980, deparó una sorpresa a la periodista y a los
oyentes del programa: “Realmente no me acuerdo. Ahí no me interesaba
mucho la política”.
Más adelante Barrios profundizó sobre la
construcción de la candidatura de Novick a la Intendencia de Montevideo
por el Partido de la Concertación a través de los medios y la
publicidad.
El 30 de noviembre de 1980 la dictadura
plebiscitó su proyecto de reforma constitucional que entre otras cosas
la inclusión del Consejo de Seguridad Nacional y la supremacía de las
fuerzas armadas sobre el sistema político. Tras una breve y accidentada
campaña de los sectores democráticos de los partidos Blanco y Colorado, y
de la izquierda que en ese momento estaba proscripta y perseguida,
triunfó la opción por el NO. Este hecho se constituyó en un hecho clave
para la derrota del régimen militar y la posterior apertura democrática.
Lunes 19 • Diciembre • 2016
Regresó Diyab desde Sudáfrica
El ex recluso de la prisión estadounidense de Guantánamo y
refugiado en Uruguay Jihad Diyab debió regresar de Sudáfrica, país al
que quería llegar para desde allí conseguir asilo en alguna nación
árabe, el sábado de noche, según adelantó el diario La República y confirmó después a Telenoche
el canciller Rodolfo Nin Novoa. El refugiado sirio había partido de
Montevideo el jueves de la semana pasada tras conseguir que amigos en el
exterior le costearan el pasaje de avión. Vale recordar que Diyab ha
realizado huelgas de hambre para exigir su traslado a un país donde
pueda estar con su familia. Sin embargo, eso no ha podido resolverse.
“Diyab es un refugiado, es un hombre libre, va adonde quiere y cuando
quiere. Lo que él ha hecho es irse a un país que pide visa. No tenía la
visa y el país receptor lo va a mandar de vuelta”, dijo el sábado el
ministro de Relaciones Exteriores, quien confirmó que el refugiado
“llegó hasta [la ciudad de] Johannesburgo”. Hay que dejarlo en paz, hay
que sacarle los micrófonos de arriba. La ley de refugiados establece la
confidencialidad de la identidad de estos para que no haya represalias.
Yo exhorto a todos aquellos que quieren a Diyab a que lo dejen vivir en
paz y que trate de rehacer su vida acá, de la manera que pueda y que
nosotros podamos ayudarlo”, concluyó Nin Novoa sobre el tema.
Economía y desilusión: ¿para dónde van los Gobiernos Progresistas? El caso de Uruguay
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Colombia Informa entrevista a Antonio Elías
Por Víctor Garavito. Hoy nadie olvida que Hugo Rafael Chávez Frías jugó un papel fundamental en la defensa de los pueblos contra la pretendida Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- que Estados Unidos le reclamaba a los países Latinoamericanos. En efecto, nadie puede olvidar la consigna de «Alca… Al carajo», que Chávez gritó frente a miles de personas que se congregaron con motivo de la IV Cumbre de las Américas que se realizó del 4 al 5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Por primera vez un presidente de los EEUU salía derrotado por parte de sus homólogos Latinoamericanos. «Estoy un poco sorprendido. Acá pasó algo que no tenía previsto», le dijo George W. Bush a Néstor Kirchner, entonces presidente de Argentina.
Actualmente, los indicadores sociales de algunos países suramericanos muestran importantes avances, pero como el debate sobre los gobiernos progresistas apenas comienza, los estudiosos de la economía política reflexionan sobre América Latina, cuáles fueron las transformaciones, resultados y las deficiencias de los modelos económicos impulsados por los gobiernos de izquierda en la región.
Neoliberalismo y América Latina
Para los estudiosos de la economía, el neoliberalismo concreto se inició con el bombardeo del 11 de septiembre de 1973 al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, la muerte del presidente Salvador Allende y la llegada al poder de Augusto Pinochet, fruto de la operación “Golpe Blanco” diseñada por Henry Kissinger y ejecutada por la CIA, con la complicidad de los medios privados de comunicación y la ultraderecha chilena que aún se encuentra en el poder.
Si observamos el contexto histórico, hay que advertir que a comienzos de los años 70 se inició una fase de pérdida de ganancias en los grandes capitales transnacionales. Este hecho trajo consigo un paulatino proceso de recomposición del capitalismo que dio inicio a un cambio en las fuerzas productivas, soportadas en las transformaciones tecnológicas, la irrupción de la informática, la robotización y la nanotecnología. También se avanzó en otros aspectos que contribuyeron a la llamada competitividad del capital: los modelos de transporte pasaron del barco a la lógica del container, y del puerto a puerto por el punto a punto; todo esto agilizó ostensiblemente la logística del comercio internacional y la movilización de productos y mercancías, dando inicio a las economías a escala.
Frente a estos cambios podemos señalar que en los 70 aparece el capitalismo como sistema; desde esta perspectiva, la evolución del capitalismo traería consigo tesis económicas proclives a las nuevas lógicas del mercado, y los obstáculos a sortear eran las fronteras económicas nacionales, porque le imponían un límite a la capacidad de producción y a la expansión de las multinacionales.
Entonces comenzó la paulatina destrucción de las fronteras económicas nacionales para instaurar la libre circulación de capital, de bienes y la inversión directa en las economías de América Latina. Al tiempo que arrancó la devastación y apropiación de nuestros Estados por parte de las multinacionales, las cuales rápidamente se apoderaron de los mercados y dictaron las políticas económicas de las llamadas “Repúblicas Bananas” o tercermundistas, término que con el tiempo cambiaría a “Países en vía de desarrollo”. De esta forma entramos al glamour de la esperanza.
Al mismo tiempo, en las calles se libraba una feroz batalla, brutalmente reprimida por los organismos de seguridad en todo el continente con las doctrinas de la Seguridad Nacional y el Plan Cóndor. Fue así como de esa lucha entre el capital y el trabajo, el movimiento sindical salió derrotado, porque los trabajadores perdieron derechos conquistados, ingresos y su capacidad de negociación; de hecho, todos los días el salario real disminuye, fruto de las políticas de flexibilización laboral y las reformas tributarias. A todo esto hay que sumarle la caída del muro de Berlín y con ello de la URSS, y luego cambia el modelo de China, que en términos concretos era la aplicación de un sistema económico diferente al capitalismo. Hoy los Estados no tienen fronteras económicas nacionales, además compiten entre sí por captar la inversión extranjera; eso implica la seguridad jurídica y el control sobre la sociedad civil.
Actualmente estamos ahí, con todo lo que significa la especulación financiera que ha producido las diferentes crisis económicas, pero también el empobrecimiento de los sectores sociales, la desaparición de la clase media y el incremento exponencial de los cinturones de miseria; la desaparición de las industrias nacionales, el exterminio de las identidades nacionales y la destrucción de los recursos naturales. Es decir, hoy tenemos unas economías montadas exclusivamente sobre la producción de materias primas o extractivismo.
Uruguay y sus demonios
El pasado 2 y 3 de noviembre se realizó en Bogotá el Seminario Internacional. “América Latina en disputa. ¿Cierre del giro a la Izquierda en la región?”, al cual asistieron importantes investigadores, entre ellos el destacado economista Antonio Elías, con quien conversamos sobre el caso uruguayo.
Colombia Informa: ¿Cuál es el panorama económico de Uruguay. Qué ha pasado en estos años de gobiernos progresistas?
Antonio Elías: Lo primero que tengo que decir es que pertenezco al Frente Amplio y soy crítico porque el Frente es una coalición de fuerzas políticas, movimientos sociales y comités de base. Esto hace que existan muchas posiciones y que haya una disputa dentro del propio gobierno. Un ejemplo de eso lo constituye el Tratado de Libre Comercio que se intentó firmar con los Estados Unidos en 2007, impulsado por el presidente Tabaré Vásquez. En esa ocasión un conjunto de organizaciones del Frente, el movimiento sindical, estudiantil, la Universidad de la República y los cooperativistas evitaron la firmar de ese TLC.
En ese momento el Ministro de Economía propuso una inserción plena en el sistema capitalista, apuntando esencialmente a la inversión directa con medidas como las zonas francas, en las que las empresa no pagan impuestos porque las salvaguarda la Ley de Promoción de Inversiones. Este sector tiene un proyecto económico que en esencia es del Banco Mundial, de corte neoinstitucionalista, en el que hay cambio institucional favorable al capital.
Antes de la elección de José Mujica, este hizo un acuerdo electoral en el cual se definió que él sería candidato a la presidencia con Danilo Astori como vicepresidente, y bajo este último quedó toda la economía del país; entonces Astori designó todos los cargos de los organismos económicos, y la línea predominante durante el gobierno de Mujica fue la misma de Tabaré Vásquez. Ahora, es bueno precisar que el Frente Amplio es la expresión de la izquierda uruguaya y tiene origen en la unidad del movimiento sindical. Este, a su vez, tiene una organización compuesta por dos movimientos que son el Plenario Intersindical de Trabajadores –PIT–, y la Convención Nacional de Trabajadores –CNT–.
De ahí que el Frente es mucho mejor para los trabajadores, porque ningún gobierno de derecha va a reconocer las reivindicaciones en aspectos como el fuero sindical, activación del Consejo de Salarios, que obliga a empresarios y a trabajadores a negociar. Así mismo, se aplicó una Ley de Tercerización que evita la creación de empresas fantasmas que pongan en riesgo a los trabajadores y otras prestaciones. También se aprobó la Ley de ocho horas para el sector rural y la de Negociación Colectiva del Sector Público y Privado, es decir, hubo muchos avances para los trabajadores uruguayos durante los primeros tres años de Tabaré Vásquez.
No obstante, durante el gobierno de José Mujica no hubo cambios importantes para los trabajadores, mientras que con el primer gobierno de Vásquez hubo mejoras salariales, después de la crisis del 2002 es cuando se deslegitiman los gobiernos de derecha y el Frente gana las elecciones.
Estas son las dos caras del Frente, que también expresan las dos fuerzas en su interior. El problema de este proyecto es que es una conciliación de clases asimétrica que atiende al tiempo los intereses del capital y de los trabajadores; el problema es que para atender estos dos intereses hay que tener con qué, hay que tener recursos para ello, de tal manera que en el momento de auge a los empresarios se les dejó de cobrar el 3% del de tributos y se presentaron mejoras salariales a los trabajadores. Sin embargo, cuando llega la crisis llegan los ajustes; pero los acuerdos hechos con los empresarios de zonas francas están salvaguardados por los tratados de protección recíproca de inversión, así que todos los ajustes fueron para trabajadores. De ahí que, entre el 2015 y 2016, el gobierno aplicó una política de ajuste y una pauta salarial nominal que no estaba indexada con la inflación, aumentó el impuesto al trabajo y recortó el presupuesto sobre los servicios públicos.
Pero eso no queda ahí, porque durante el gobierno de José Mujica se hizo un acuerdo secreto para solicitar el ingreso al TISA –TIPP– promovido por EEUU; luego ingresó sin que nadie conociera públicamente este hecho. Cuando todo se supo, los trabajadores realizaron paros generales contra el Tratado y hubo una gran movilización social al finalizar el periodo de Mujica.
Cuando comienza el segundo gobierno de Tabaré Vásquez existe una gran tensión social porque el movimiento sindical y la izquierda expresan sus reparos y su negativa contra el TISA, por los costos que le toca asumir a la sociedad. Entonces el Presidente decide que la resolución de mantenerse o retirarse debe tomarla el Frente Amplio durante un plenario, y 117 votos a 22 ganó la opción de retirarlo.
No obstante, la película no termina ahí porque en estos momento Uruguay firmó un Tratado de Libre Comercio con Chile que incorpora una cantidad de elementos del TISA y el nuevo canciller Rodolfo Nin Novoa manifiesta que quiere realizar un acuerdo similar con la Alianza del Pacifico, es decir, con Perú, Colombia y México. A su vez está buscando hacer un Tratado de Libre Comercio con China, y Gran Bretaña, y hace parte de la coalición de Brasil, Argentina y Paraguay para no dejar que Venezuela asuma Mercosur. Por todas estas razones podemos decir que la política exterior de Uruguay está completamente volcada a la inserción internacional subordinada y a un ajuste fiscal.
CI.: ¿Y cuál es la participación de los movimientos sociales frente a esta realidad de Uruguay?
AE.: El movimiento sindical mantiene su unidad, organización y fuerza. En estos momentos está enfrentando el ajuste y los tratados que impulsa el gobierno. De tal manera que el movimiento sindical mantiene su independencia de clase, pero existe una particularidad que hay que señalar: en el momento electoral, cuando el riesgo es que venga la derecha, el movimiento sindical impulsa al Frente Amplio, porque en un gobierno de derecha no tendrían las ventajas ni las posibilidades de trabajar como lo hace en estos momentos.
Realmente el movimiento social en Uruguay está conformado por los sindicatos, dado que en nuestro país no hay campesinos, es decir, el movimiento de los trabajadores del campo y la ciudad se agrupa en los sindicatos. Por otro lado, tenemos el movimiento universitario y cooperativista.
CI.: El expresidente José Mujica es muy popular en Latinoamérica y se ha convertido en toda una celebridad mundial, sobretodo entre la juventud. ¿Qué pasó realmente durante su gobierno?
AE.: Una de las cosas más graves que ocurrió durante su gobierno fue haber promovido el acuerdo del TISA impulsado por los EEUU, a espaldas de la sociedad. Él aduce que no sabía, pero cómo un Presidente de la República no sabe lo que hace su Canciller y su Ministro de Economía cuando se elaboran documentos y se firman.
Entonces, en el gobierno de Mujica, más allá de lo que dice, que no sabía, se tomó una medida totalmente contraria a los intereses populares y nacionales, como fue la de ingresar al TISA y este es uno de sus lunares. Por otro lado, no hubo continuidad de medidas que favorecieran a los trabajadores, solo se hizo durante el primer periodo de gobierno de Tabaré Vásquez, fruto del programa diseñado por el Frente Amplio. Sin embargo, durante el gobierno de Mujica existió una actitud muy confrontativa hacia los trabajadores y más con los del sector público. Esta postura agresiva del Presidente estaba acompañada, muchas veces, por sus posiciones abiertamente fuera de lugar. Así mismo, dentro de su gobierno se promovieron la instalación de nuevas megaplantas de celulosa; la minería a cielo abierto para la extracción de hierro, el Proyecto Aratirí, que abarcará 6.210 hectáreas de los departamentos de Durazno y Florida, promovida por la multinacional Zamin Ferrous Limited.
Todo esto demuestra que la postura de Mujica es diferente a la que mantiene en el ámbito internacional, en la que muchas veces aparece promoviendo la sensibilidad ambiental y la lucha contra el consumo, pero su práctica dista mucho de su discurso. En fin, a mi modo de ver, no fue un buen presidente ni hizo avanzar al Frente Amplio en la dirección por la cual fue electo, porque él representaba el giro a la izquierda, pero luego de ganar las elecciones internas, como ya lo había mencionado, hizo un acuerdo con Astori y el giro a la izquierda que prometía se transformó. De tal manera que Astori continuó su proyecto económico.
Por todo esto Mujica no va a pasar a la historia por ser un buen presidente, aunque tenga una imagen pública internacional que está apadrinada por todo lo que le tocó vivir en su pasado como guerrillero y por haberse convertido en un rehén del Estado uruguayo, junto con 9 insurgentes más de la dirección de la organización subversiva; luego, salió y comenzó una carrera política y visto desde afuera se puede concluir que es un buen político, un guerrillero que logra ser Presidente de la República y, además, es un presidente que vive en una chacra, que tiene un Volkswagen, una perrita de tres patas y siempre habla diciendo malas palabras, como si fuera un campesino; supongo que en el exterior esa imagen que le da consejos al mundo funciona, pero una cosa es dar consejos y otra es ser Presidente de Uruguay.
Finalmente, tengo una posición crítica porque en su momento y como parte del Frente Amplio apoyé a Mujica, pero no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, sino que dejó hacer a Astori su proyecto, que se caracterizó por la transnacionalización de la economía, el extractivismo, la desindutrialización, la extranjerización del país. Desde esta perspectiva, José Mujica no impulsó un proyecto de país como se esperaba que lo hiciera.
CI VG/DM/6/12/16/16:30
