jueves, 5 de abril de 2018

Juez de Corte Federal brasileña emite orden de detención contra Lula // Juez Sergio Moro ordena prisión para Lula dentro de 24 horas // Mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil niega habeas corpus a Lula // La libertad de Lula y el orden social // Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus Por: Emir Sader // ¿Qué opciones tiene Lula da Silva después de que le negaran el 'habeas corpus'? // PT declara que defenderá candidatura de Lula hasta las últimas consecuencias // Partido de los Trabajadores: "El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula” // URUGUAY: Trabajadores del gas buscan preservar fuentes laborales // Justicia citó a una veintena de militares y médicos por torturas y abusos sexuales

Juez de Corte Federal brasileña emite orden de detención contra Lula

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Lula. Foto tomada de La Prensa.
Sérgio Moro, juez de la de la 13ª Corte Federal de Curitiba, emitió hoy una orden de detención contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Según se ha conocido, el político tendrá un plazo hasta las cinco de la tarde de este viernes para que se presente de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal para proceder con la detención.
Con seis votos en contra y cinco a favor, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó este miércoles el ‘habeas corpus’ solicitado por el exmandatario brasileño Luiz Inácio da Silva, lo que podría generar la posible detención del expresidente.
Da Silva, de 72 años, fue condenado por presunto ‘soborno’ al sostener que supuestamente el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) recibiera un apartamento como medio de pago por parte de la Constructora OAS. Por esta acusación, sin pruebas, enfrenta una condena de 12 años y un mes de prisión.
Da Silva, un hombre de la clase trabajadora, asumió la Presidencia de Brasil en enero de 2003 y dedicó su gestión de gobierno en ejecutar políticas inclusivas para dignificar a los sectores históricamente marginados, como los pobres y la clase trabajadora.
Bajo su liderazgo, el país se convirtió en un referente de desarrollo integral en América Latina y el mundo.
(Con información de AVN)


Juez Sergio Moro ordena prisión para Lula dentro de 24 horas

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Lula da Sila sufrió un caso de espectacularización de la Justica antes de las elecciones en su país. Foto: AFP.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien fue expedida hoy una orden de prisión tras haber recibido una condena de 12 años por corrupción, será recluido en una celda especial y aislado de otros presos por seguridad.
La exigencia fue hecha por el propio juez que condenó al ex jefe de Estado y que ordenó su encarcelamiento, Sergio Moro, en el mandato en que dio a Lula un plazo de 24 horas para que se entregue en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, en donde tendrá que cumplir su prisión.
“En razón a la dignidad del cargo ocupado, fue previamente preparada una sala reservada, una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superintendencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, y en la cual el expresidente estará separado de los demás presos, sin cualquier riesgo para su integridad moral o física”, según el mandato del magistrado.
La decisión evita que el político más carismático de Brasil y actual líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre sea conducido a un presidio común en Curitiba como otros condenados por la corrupción en Petrobras.
El juez también determinó que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa del expresidente y los responsables de la Policía Federal en Curitiba y que en ninguna hipótesis se utilicen esposas para detenerlo.
La decisión de Moro llega menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un “habeas corpus” con el que pretendía evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
Según versiones de prensa, la Policía Federal ya venía preparando la celda en que será recluido Lula, donde se evitará el contacto con el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y con su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, dos de los condenados que le han salpicado en delitos de corrupción en las delaciones que negociaron con la Fiscalía.
Según el diario O Globo, el exmandatario tendrá un horario reservado de unas dos horas diarias para pasear en el patio de la Superintendencia de la Policía Federal que no coincidirá con el de otros reclusos.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el mismo diario, en los primeros días serán vetadas las visitas de familiares a Lula.
EFE

Supremo Tribunal Federal de Brasil niega habeas corpus a Lula en tensa jornada en ese país

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) votó este miércoles en contra del habeas corpus preventivo, presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abre paso a una orden de detención en su contra, que sería dictada por el juez Sérgio Moro.
Mientras el STF votaba el habeas corpus, movimientos sociales y sindicatos se movilizaron por todo Brasil en defensa del expresidente y su derecho a ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales figura como favorito según las encuestas.
Moro, el juez del caso Lava Jato, condenó a Lula en julio de 2017 a nueve años de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero.
En enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la sentencia del juez Moro y condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión.
El exmandatario ha denunciado el proceso como un persecución judicial en su contra liderada por el juez Moro, para evitar su candidatura presidencial.
La decisión de condena contra Lula fue dictada por un apartamento ubicado en una playa de Sao Paulo que supuestamente recibió el líder político de una empresa que tenía negocios con su Gobierno (2003-2010), pero dicha propiedad nunca ha estado a su nombre.
Representantes del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación que postuló la candidatura de Lula, denunció en varias oportunidades que en Brasil existe una persecución política y judicial contra el exmandatario.
(Información de Telesur)

Reacciones en Latinoamérica sobre el fallo contra Lula

La presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el miércoles el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, para determinar la legalidad de la detención del expresidente.
Ante esto la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, rechazó la maniobra del poder judicial brasileño.
“La presunción de inocencia, ese derecho fundamental, que inevitablemente se hará realidad para todos, no ha valido la pena para Lula hoy. ¡Un día triste para la democracia y para Brasil!”.
“Quien tiene la fuerza del pueblo, que tiene la verdad a su lado, sabe que la justicia seguirá prevaleciendo”. Consejo Ejecutivo Nacional del PT.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó la maniobra judicial en el marco de las elecciones presidenciales en el país suramericano y envió un mensaje de apoyo al expresidente Lula.
No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la Patria Grande. #LulaValeALutapic.twitter.com/r3wZanZLFm
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 de abril de 2018

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también envió su mensaje de solidaridad a Lula y recordó los 38 millones de brasileños que salieron de la pobreza durante el Gobierno del expresidente brasileño.
Mi abrazo solidario al compañero y hermano Lula da Silva. Todos sabemos que su “crimen” es haber sacado a 38 millones de brasileños de la pobreza, sin someterse a las élites brasileñas.
Todo es cuestión de tiempo. El poder popular voverá con la fuerza de un huracán.
¡Resiste!
— Rafael Correa (@MashiRafael) 5 de abril de 2018

Por su parte, la diputada argentina por la provincia de Misiones y militante peronista, Cristina Britez, aseguró que la derecha en Brasil “no tenía límites” y calificó de preocupante la inacción del Gobierno argentino.
No pudieron frenar la candidatura de Lula a balazos. Los militares amenazaron a los jueces con un golpe para que lo metan preso. La derecha brasileña no tiene límites y pone en riesgo la democracia en toda la región. Preocupan el silencio y la pasividad del gobierno argentino.pic.twitter.com/giKwCXdruM
— Cristina Britez (@cbritezmisiones) 5 de abril de 2018

El dirigente político colombiano Gustavo Petro también rechazó la decisión del Supremo Tribunal Federal.
Despues de un pronunciamiento militar la corte suprema del Brasil se lleva preso a Lula. Solo la reacción del pueblo brasileño puede detener el asesinato de la Democracia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 5 de abril de 2018

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) envió un mensaje de aliento y apoyo al expresidente Lula.
CLACSO
@_CLACSO
Lula: te abrazamos. Estamos contigo. Seguiremos tu lucha. Hablaremos por ti, gritaremos por ti, marcharemos contigo y seguiremos tu ejemplo. Podrán proscribirte. Podrán hacer fraude. Pero la esperanza vencerá. Volveremos. Y seremos millones.


El juez brasileño ordena la prisión inmediata de Lula da Silva y le da un día para entregarse

La resolución del magistrado Sergio Moro se anuncia menos de un día después de que la Corte Suprema negara al expresidente de Brasil el "habeas corpus" tras su condena a 12 años de cárcel.
Simpatizantes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a las puertas de la Corte Suprema de Brasil. /EFE
Simpatizantes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a las puertas de la Corte Suprema de Brasil. /EFE
El juez federal Sergio Moro ha decretado este jueves la prisión del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, y le concedió un margen de un día para entregarse.
Moro permite en su auto que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas.
"Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17.00 (hora local, 20.00 GMT), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión", señaló Moro en su decisión.
La resolución de Moro se anuncia menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un "habeas corpus" para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ha considerado que la orden de prisión decretada contra el ex presidente brasileño es una "decisión arbitraria". El abogado de Lula, Cristiano Zanin, argumentó, en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo, que la decisión de decretar su arresto es contraria a la legislación brasileña ya que, a su juicio, aún no se han agotado todos los recursos en segunda instancia.

Ordenan detención inmediata de Lula da Silva

Publicado: 5 abr 2018 21:19 GMT | Última actualización: 5 abr 2018 22:04 GMT - RT
La orden fue dictada por el juez Sergio Moro. El ex presidente tiene plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal.
Ordenan detención inmediata de Lula da Silva
Partidarios Lula da Silva gritan consignas frente a su apartamento en Brasil. 4 de abril de 2018.
Paulo Whitaker / Reuters
El poder judicial brasileño ordenó la detención judicial del ex presidente y candidato presidencial Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
El ex mandatario tendrá plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
De acuerdo a la orden, dictada por el juez Sergio Moro, Lula da Silva cumplirá condena en "una sala reservada" en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en "razón de la dignidad del cargo ocupado" por el ex mandatario.

Sin 'habeas corpus'

El pasado miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de 'habeas corpus' presentado con caráter preventivo por los abogados del expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le sigue por la posesión de un departamento triplex.
Mientras cinco de los 11 magistrados votaron en favor del recurso, los otros seis se manifestaron contra, lo que precipitó la orden de detención. Esa decisión trunca el camino de Lula a la presidencia de Brasil, a pesar de ser el más aventajado en las encuestas.
El juicio duró más de 10 horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula fue la magistrada Cármen Lúcia.

¿De qué se le acusa?

La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.


CONDENA DE LULA

Mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil niega habeas corpus a Lula

El voto de la presidenta Carmen Lúcia desempató y definió mayoría (6 a 5) contraria al habeas corpus del expresidente

Leia esta notícia em português | Brasil de Fato, en la ciudad de São Paulo (SP),
Sesión de este miércoles (4) en el Supremo Tribunal Federal, que deliberó sobre pedido de habeas corpus del expresidente Lula - Créditos: Lula Marques
Sesión de este miércoles (4) en el Supremo Tribunal Federal, que deliberó sobre pedido de habeas corpus del expresidente Lula / Lula Marques
El voto de la ministra Carmen Lúcia, presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), definió la mayoría de los ministros de la corte y decidió rechazar del pedido de habeas corpus (HC) preventivo ingresado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca impedir que el juez de primera instancia Sergio Moro decrete su prisión provisional.
Carmen acompañó la posición del relator del proceso, el ministro Edson Fachin; también votaron contra el HC de Lula los ministros Alexandre de Morais, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux. Votaron a favor de Lula los ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski. Fueron cerca de 10 horas de juicio para llegar a una decisión. 
Con el voto decisor, Carmen Lúcia, designada integrante del STF por el propio Lula, afirmó que seguía el mismo entendimiento de un juzgamiento de 2016, cuando votó a favor del cumplimiento de la pena después de la condena en segunda instancia. "Para mi, no hay ruptura o afronta al principio de la no culpabilidad penal en este inicio de cumplimiento de la pena determina cuando ya se ha agotado la fase de pruebas", declaró.
El ministro Alexandre de Morais, que votó inmediatamente después del relator, hizo una defensa de la relativización de los derechos fundamentales para negar la libertad al expresidente Lula. “Los derechos fundamentales son relativos. Ellos pueden ser relativizados por el poder judicial”, argumentó el ministro con menos experiencia de la corte.
Cuarto en votar, Luis Roberto Barroso afirmó que no estaba juzgando el mérito de la condena del expresidente. “No leí la decisión de segunda instancia”, destacó, esclareciendo que su posición se refería apenas a la posibilidad de cumplimiento de la pena después de la decisión condenatoria en segundo grado. “El sistema funciona muy mal y, por lo tanto, presidente, por todas esas razones, creo que debemos mantener el entendimiento judicial de 2016”, afirmó el ministro. 
Autora del voto más imprevisible, la ministra Rosa Weber prefirió seguir estrictamente el principio del espíritu de cuerpo y obedeció la jurisprudencia firmada por el tribunal en 2016, que permitió la prisión de condenados en segunda instancia. Aunque haya votado contra la prisión en segundo grado hace dos años, la ministra citó la sentencia del STF para justificar la negativa del HC: “La ejecución provisional de acto penal condenatorio, aunque sujeto a recurso especial o extraordinario, no compromete la presunción de inocencia”. 
También siguiendo al relator, Luiz Fux relativizó el principio de presunción de inocencia y el llamado paso por todas las instancias. “La presunción de inocencia cesa a partir del momento en que, a través de decisión judicial se considera al acusado culpable. Una sentencia condenatoria, que no es ilegal, que no es injusta, asienta de forma inequívoca la culpa del acusado”, dijo el ministro.
Las posiciones que perdieron
El ministro Gilmar Mendes abrió la divergencia con la relatoría y votó por la concesión del HC. Dias Tofolli acompañó el ministro, por entender que la prisión sólo podría ocurrir después de agotados los recursos en una instancia superior, o sea, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 
Lewandowski afirmó que la posición de los ministros contrarios al HC entra a la historia por entender el derecho a la libertad como inferior al derecho de propiedad. “Hoy es un día paradigmático para la historia de esta Suprema Corte. Y la evaluación de este día la dejaré para los especialistas, para los historiadores. Pero es el día que esta Suprema Corte colocó el sagrado derecho de la libertad en un nivel inferior al derecho de propiedad”, afirmó.
Marco Aurelio de Mello destacó el carácter ciudadano de la Constitución de 1988, que prevé «preceptos de envergadura mayor», como la presunción de inocencia. “Está en buen portugués, en buen vernáculo (…) que nadie será considerado culpable hasta el paso por todas las instancias de sentencia penal condenatoria”, dijo el ministro.  
El ministro más antiguo de la corte, Celso de Mello, comenzó su intervención criticando las declaraciones públicas de oficiales de las Fuerzas Armadas sobre el juicio de este miércoles. “En situaciones tan graves acostumbran a insinuarse peligrosamente pronunciamientos o se registran movimientos que parecen preanunciar la recuperación del todo inadmisible de prácticas extrañas y lesivas a la ortodoxia institucional típicas de un pretorianismo que cumple repeler”, afirmó.
“Este juicio transciende el interés de una persona y dice respecto de un derecho fundamental”, continuó el decano. “¡Sin paso por todas las instancias no hay culpa! ¡Sin paso por todas las instancias no hay culpa!”, afirmó, acompañando la divergencia y empatando la votación. 
"La estrategia" 
Al final del voto de Weber, el ministro Marco Aurelio Mello, contrario a la prisión después de condena en segunda instancia, afirmó que la presidenta de la corte, la ministra Carmen Lúcia, armó una estrategia para rechazar el pedido de HC. “Vence la estrategia, el hecho de que Vuestra Excelencia no haya colocado en agenda las (Acciones) Declaratorias de Constitucionalidad”, dijo.
El ministro Marco Aurelio Mello hizo referencia a dos Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADC) que cuestionan la prisión después de condena en segunda instancia. El Partido Nacional Ecológico (PEN) y el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) judicializaron las ADC en el STF, las mismas que recibieron los números 43 y 44, respectivamente, pidiendo la concesión de la medida cautelar (HC) para suspender la ejecución anticipada de la pena de todas las sentencias dictadas en segunda instancia. Esas acciones se encuentran bajo relatoría de Mello.
La presidenta del STF optó por juzgar el habeas corpus de Lula antes de las ADC nº 43 y 44. Las ADC están a la disposición de la presidencia del STF desde diciembre de 2017. El ministro Marco Aurelio solicitó en diversas ocasiones que el tratamiento de las acciones fuera agendado para uniformizar el entendimiento del Supremo sobre el tema. Sin embargo, no fue atendido.
Protestas
Durante todo el día, movimientos populares y sindicales realizaron manifestaciones en diversas ciudades de Brasil, en defensa de la libertad del expresidente Lula. En por lo menos 20 capitales fueron realizadas vigilias y actos públicos convocados, en su mayoría, por el Frente Brasil Popular. El principal acto tuvo lugar en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, donde hubo protestas a favor y contra el HC de Lula, reuniendo cerca de 13 mil personas. 
Lula acompañó el juzgamiento con líderes del Partido de los Trabajadores (PT) y movimientos populares en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, en São Bernardo do Campo (estado de São Paulo) hasta poco antes del fin de la sesión.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya


La libertad de Lula y el orden social

Por: Amílcar Salas Oroño
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Foto tomada de Público.
Con un clima político fascistizado y lenguajes sociales cada vez más marcados por valores antidemocráticos, con dirigencias (de los órdenes que sean) cada vez más degradadas, con militares que twittean amenazas y medios de comunicación que encuadran su significado, sin un horizonte claro respecto de los contornos institucionales futuros, el Supremo Tribunal Federal (STF) hizo su contribución funcional. Negó el pedido (de habeas corpus) presentado por la defensa de Lula para que éste pudiera esperar en libertad la revisión final de su sentencia, tal como lo admite la Constitución y en sintonía con la presunción de inocencia que supone un Estado de derecho.
Esto no significa que Lula vaya inmediatamente a prisión: para que esto ocurra tendrá que ejecutarse el correspondiente pedido de detención, circunstancia que no puede adelantarse a la resolución definitiva de los recursos antepuestos (por la defensa) al Tribunal de 2º Instancia, con fecha de respuesta última para el 10 de abril. Tampoco significa que Lula haya quedado invalidado como candidato presidencial para octubre, una condición que corresponderá ser analizada eventualmente por el Tribunal Superior Electoral (TSE) una vez que haya sido registrada la candidatura (el plazo es el 15 de agosto). Ante la circunstancia segura de que aparezcan impugnaciones, el mérito de su condición será objeto pasible de estudio en el propio Supremo Tribunal Federal (STF), porque según la ley brasileña los derechos políticos –votar y ser votado – son suspendidos sólo cuando hay una sentencia penal condenatoria finalizada, cosa que todavía no ha ocurrido.
De allí la posibilidad, altamente paradójica pero coincidente con la democracia desquiciada por la que atraviesa Brasil, de que Lula continúe candidato aun estando preso. Esto no significa que haya posibilidades auspiciosas en medio de la tormenta; todo lo contrario, es simplemente la constatación del derrumbe institucional. Y aquí es donde vale la pena recordar que se trata de una coyuntura estructurada desde un golpe, desde una alteración al Estado de derecho: el primer paso (del golpe) se hizo sobre el Poder Legislativo, para garantizar el impeachment a Dilma Rousseff; el segundo acto, un año después, fue poner contra las cuerdas al mismo Poder Ejecutivo, limpiando del Gobierno de M. Temer cualquier supuesta autonomía peemedebista sobre el proceso, convirtiendo al presidente en una figura completamente maniatada; y el tercer momento del drama encuentra al Poder Judicial – en su instancia máxima- a merced de la organización general de las condiciones que permitan habilitar las elecciones presidenciales, claramente sin el principal líder de las encuestas. Es que el reordenamiento ha sido en todos los órdenes, y por eso es difícil pensar que algún estamento institucional pueda servir para una recuperación democrática. Un golpe es eso, un golpe, y no hay muchas ilusiones que puedan extraerse de tal circunstancia. En ese sentido, la resolución del STF es el desdoblamiento de un mismo punto de partida.

El golpe, la justicia y la organización de la sociedad

No está de más recordar que el expediente que condenó a Lula a una pena de doce años y un mes, bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero – en función de la titularidad de un inmueble en Guarujá, en el Estado de San Pablo, del que nunca fue propietario(¡!)-   no consideró las líneas elementales de un debido proceso: en lo que respecta a la instrucción, se utilizaron muy pocas pruebas substantivas y se recogieron pruebas ilícitas; hubo en varios casos conducciones forzadas a declarar y testimonios prestados bajo modalidades coercitivas alejadas de los procedimientos habituales; buena parte de los indicios (de pesquisa) vinieron de “arrepentidos” que llevaban varios meses de reclusión, algo contrario a cualquier sistema (jurídico) que promueva la garantía de los derechos personales como presupuesto; por diversos actos también quedó en claro el trato diferencial que hubo con Lula como denunciado, alterando el principio de isonomía en lo que respecta al derecho a una libre y amplia defensa; fue notoria y alevosa, en su momento, la arbitrariedad del Juez Sergio Moro con el principio de la publicidad de los actos judiciales, abusando de su exposición de una forma notable, aprovechando la maniobra para deconstruir y estigmatizar a Lula y la izquierda en general; y ni hablar de la permanente evasión sobre el principio de inocencia, precisamente algo que volvía a considerarse (con la ilusoria expectativa de que se repararan las desviaciones anteriores) con el habeas corpus tratado por el Supremo Tribunal Federal (STF),  que terminó como terminó.
Es que todo golpe desarma los contextos previos e impone criterios y regularidades fuera de lo convenido hasta el momento por los valores estimados de esa comunidad. Ahora, cuando lo que entra en contradicción es la condición de lo que supone el “ejercicio de la libertad” (artículo 5 de la Constitución brasileña) es que el golpe es de una naturaleza nada superficial ni episódica, pues afecta un aspecto sensible y reconocible de la dinámica colectiva. Si sobre lo que significa el “ejercicio de la libertad” no hay mínimos entendimientos, el panorama pasa a ser más que preocupante. Es lo que precisamente alegó uno de los ministros, R. Lewandowski, al desarrollar la discusión en torno a que “la persona debe mantenerse libre, siendo la excepción su prisión”, como aparece con claridad en el artículo 283 del Código de Proceso Penal. En ese sentido, Lula debería permanecer libre hasta el final del proceso y, entonces, de no registrarse nuevas interpretaciones, ser objeto de la punición estatal. No antes. No es lo que se definió en el STF.
Y no es casualidad esta situación, pues todo golpe trae consigo un nuevo significado de la libertad; sea en relación con lo que tiene que ver con las libertades políticas (por ejemplo, aquí el acto de votar se devalúa, en la medida en que quien está en la Presidencia nunca fue votado), sea en lo que tiene que ver con las libertades civiles ( el clima recalcitrante de intolerancia que se viene asentando en los últimos años, agudizado sin dudas estas últimas semanas, asesinato de Marielle y disparos a las caravanas de Lula mediante) o sea la libertad a secas: bajo el Gobierno de M. Temer, Brasil alcanzó el deshonroso mérito de convertirse en el 3º país del mundo en cantidad de presos, llegando casi a 800.000. ¡Qué diferencia respecto de los logros que tiene Lula para mostrar de sus gobiernos! Más claro imposible: cuando la institucionalidad se derrumba y la democracia se desquicia, y no hay principios de un orden legítimo, sólo queda en pie el hecho de organizar la dialéctica social por la fuerza. Ya se sabe: eso implica el reino de la incertidumbre y que sea lo que sea, y que cada uno se las arregle.
Por eso es que Lula está donde está, como liderazgo, todavía presente en esas estimas colectivas que lo ven como protector, algunos, y sobre todo como un organizador. Es lo que lo mantiene competitivo como candidato, en tanto él mismo representa esa posibilidad como Gobierno, como potencial proyecto de orden social, con una definición de libertad que no es la que se viene proponiendo ni es la que tradicionalmente le propusieron las élites al país. Y en esa encrucijada es comprensible que la sustracción de su (propia) libertad sea vivenciada de manera entristecedora; aunque, quizás este allí también un nuevo principio de respuesta al golpe. Será el caso, entonces, de que Lula vale a luta.

Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus

Por: Emir Sader
Emir Sader




Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
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Lula. Foto: AFP.
En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a Lula, sugiriendo un quiebra del consenso de Curitiba que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie tiene dudas de que el juez Sergio Moro es un adversario político feroz de Lula, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatorio, que frecuenta, de forma amigable, a fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas.
El clima era de gran expectativa. Una Revista semanal de la derecha advertía que si Lula recibía el hábeas corpus se terminaba el caso Lava Jato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el hábeas corpus.
En los días previos a la sesión de ayer los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde el anuncio de movilizaciones de docenas de personas como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.
Como elemento nuevo, oficiales de las FF.AA. pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del Ejercito se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la Justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dicho representan la repolitización de las FF.AA., que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los as de 20 anos de dictadura. “Intolerancia con la corrupción” debería significar la anulación esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se sumar a la persecución política de Lula y nada más.
Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la red Globo. En una editorial, ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer y Aecio Neves, entre otros, mientras que, súbitamente, muestran preocupación por el caso de Lula.
El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil y en todo el país, fomentado por los medios, en particular por la red Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del golpista del comandante en jefe del Ejército – antes de decir lo contrario al día siguiente.
En ese clima el STF falló en contra de Lula. Caben todavía recursos y, aun siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas, como lo han confirmado sus Caravanas por todo el país.
Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble. con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político.
Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que, a lo mejor, no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña: tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.
(Tomado de Página 12)


Brasil: ¿Qué opciones tiene Lula da Silva después de que le negaran el 'habeas corpus'?

Publicado: 5 abr 2018 19:25 GMT - RT
La nueva fecha clave que maneja la Justicia y los medios de Brasil es el 10 de abril.
Brasil: ¿Qué opciones tiene Lula da Silva después de que le negaran el 'habeas corpus'?
La gente sigue la sesión del tribunal sobre el 'habeas corpus' de Lula en Sao Paulo, Brasil, 4 de abril de 2018.
Leonardo Benassatto / Reuters
Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó, con seis votos en contra y cinco a favor, el pedido de 'habeas corpus' preventivo, presentado por los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso que se le sigue por corrupción pasiva.
Lula fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por el juez Sergio Moro, de la 13ª Corte Federal de Curitiba, tribunal de primera instancia, acusado de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
La condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia. Ante ello fue que los abogados del exmandatario solicitaron un 'habeas corpus' al STF [que fue negado], para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
Lula da Silva con partidarios en Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, 19 de marzo de 2018. / Diego Vara / Reuters

¿Qué sigue ahora?

La negativa del STF de otorgarle el 'habeas corpus' a Lula no significa que vaya a prisión de inmediato. En primer lugar, esta Corte debería notificar al TRF4 la decisión tomada este miércoles; y a su vez, esta segunda instancia notificaría a Moro, para que él emita la orden de detención.
Pero antes de que el TRF4 notifique a Moro, deberá terminar con las formalidades del caso del departamento triplex, que aún no ha agotado su tramitación en esta corte de segunda instancia. El pasado 26 de marzo, este tribunal juzgó recursos introducidos por la defensa, llamados 'embargos de declaración' [esclarecimiento de su decisión judicial, más no modificación de la sentencia] y mantuvo la condena, pero los abogados aún pueden presentar un recurso más a esa última decisión.
Partidarios de Lula en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, 4 de abril de 2018. / Paulo Whitaker / Reuters

¿Cuáles son las opciones de Lula?

  • La defensa de Lula tiene hasta el próximo martes 10 de agosto —12 días después de haberse dado a conocer la decisión sobre los embargos de declaración— para presentar un nuevo recurso ante este tribunal de segunda instancia, conocido como 'embargo de los embargos' o 'embargos secundarios', que son solicitudes de nuevos esclarecimientos de la decisión judicial. Pero basados en lo que se ha hecho hasta ahora, es casi seguro que sea rechazado y, si eso sucede, es entonces cuando se curse la notificación a Moro para que ordene la prisión.
  • La otra opción es no presentar ese recurso y recurrir directamente a los tribunales superiores, pero esto significa que se aceleraría y se daría por terminado el proceso en segunda instancia y con ello la entrada a prisión de Lula.
  • Una vez el exmandatario esté preso, la defensa puede pedirle al TRF4 que el caso sea enviado al STJ y al STF [el que le negó el 'habeas corpus']. Si el tribunal de segunda instancia niega esa solicitud, esta puede ser enviada directo al STF para que sea tratada en Brasilia; si esa máxima corte acepta evaluar el caso, tendrá la última palabra sobre este entramado judicial contra Lula.

Recurso pendiente

Hay un recurso que aún está pendiente en el STF, que va más allá de la condena en sí o este caso en particular, y es una petición que hicieron los abogados del exmandatario para que se aborde de nuevo en esta instancia la cuestión de la constitucionalidad del encarcelamiento de condenados sin sentencia firme.
A la fecha, la presidenta del STF, Cármen Lúcia, se ha negado a incluirlo en los temas de debate del pleno de este órgano de justicia. Pero si finalmente es debatido y se aprueba la prohibición de prisión en esos casos, el expresidente podría salir en poco tiempo de la cárcel.
Manifestación contra Lula en Sao Paulo, Brasil, el 3 de abril de 2018. / Miguel SCHINCARIOL / AFP

Candidatura presidencial

La decisión sobre su candidatura a la Presidencia no tiene relación con el dictamen del STF, puesto que será un análisis de la justicia electoral, según ha explicado el periodista Bruno Bimbi.
Con la sentencia del tribunal de segunda instancia, el exmandatario queda sujeto a la Ley de la Ficha Limpia, que inhibe a un ciudadano a presentarse como candidato en elecciones. Pero la prohibición de la candidatura solo podrá ocurrir después de su registro en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que puede ser hasta el 15 de agosto.
Aunque estuviera preso, Lula podría registrar su candidatura y el TSE tendrá que considerar si es válida.
Edgar Romero

La Corte Suprema de Brasil votó anoche para que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.
La votación de los once jueces del Supremo Tribunal Federal fué de 6-5 en contra del “hábeas corpus” que presentó ex presidente brasileño. Deesta manera se da luz verde para su detención. Si el “hábeas corpus” hubieses sido aceptado, el líder sindical y expresidente podría haber permanecer en libertad mientras se llevaban a adelante las últimas apelaciones.
Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, rechazó el recurso al señalar que Brasil ya había sido apercibido en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos, que en muchos casos desemboca en una mera prescripción. Pero su colega Gilmar Mendes emparejó la votación, argumentando que la posibilidad de detener a un acusado tras la segunda instancia dejó de ser una opción para convertirse en un “principio inflexible” de dictar “prisiones automáticas”.
Y propuso una solución intermedia: que la condena sea ejecutada solo después del tercer grado (Superior Tribunal de Justicia, STJ), lo cual permitiría a Lula seguir libre al menos varios meses, hasta que esa corte emita su sentencia.
A su turno, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber y Luiz Fux votaron en rechazo al “hábeas corpus”, inclinando sensiblemente la balanza en contra del ex mandatario. Weber dijo en su discurso que votaba para preservar la jurisprudencia de 2016 que permite detener a un condenado en segunda instancia y no por la Contitución, que habla de completar todas las instancias.
En tanto, Dias Toffoli, ex abogado del PT, y Ricardo Lewandowski le devolvieron las esperanzas a Lula, al darle su voto a favor y establecer el 5-3. “Lamento que la Suprema Corte haya colocado la libertad de las personas en un escalón muy inferior al derecho de propiedad”, se quejó Lewandowski.
Ciro Gómez votó después a favor y la titular del Tribunal Supremo, Cármen Lúcia en contra. De esta manera quedó abierta la posibilidad de que Lula sea detenido en las próximas horas.
Vigilia
Mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil estaba decidiendo sobre el futuro de Lula da Silva centenares de brasileños se congregaron en espera de escuchar el fallo judicial.
La policía había montado un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos (quienes estaban a favor y en contra de la condena) a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).
Bajo el marco del derecho democrático de Lula a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, multitudes de personas se movilizaron ayer en Brasil en defensa de la libertad de su candidato predilecto. Las manifestaciones tuvieron lugar desde la noche del martes y los principales focos de concentración fueron Sao Paulo, Río de Janeiro y en la cuidad capitalina, Brasilia. Los grupos que apoyan a Lula sostienen que este es víctima de una persecución política.
En 2016, el exmandatario brasileño fue condenado por el juez federal Sergio Moro, encargado en segunda instancia, a 12 años de cárcel por supuesta corrupción asociada al caso Lava Jato y por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de facilitarle contratos. Lula ha apelado la condena e interpuesto recursos, aduciendo que sufre una persecución judicial para impedir su vuelta a la Presidencia de Brasil.
“No es un fallo judicial, es una sentencia política para quitar a Lula”
Según el diputado socialista, la Justicia brasilera “ha dejado mucho que desear”, ya que no ha sido “lo ecuánime que debería haber sido”.
La situación de Brasil y la del expresidente Lula da Silva cada vez es más tensa. Roberto Chiazzaro, diputado socialista, declaró a República Radio que la temperatura política que se está viviendo en ese país es “preocupante”, ya que la “Justicia brasilera en varios aspectos ha dejado mucho que desear”. “Por ejemplo, ante el caso de Dilma Rousseff la Justicia no fue todo lo ecuánime que debería haber sido.
En el caso de Lula, lo que se está buscando es un efecto político, que es sacarle la posibilidad de seguir llevando adelante una campaña electoral ya que recoge las preferencias absolutas de la población en Brasil. Entonces, más que un fallo judicial, para mí lo que hay es una sentencia de corte político para quitar a Lula de este ruedo, al punto de que intentaron atentar contra su vida”.
La derecha en Brasil, los grupos evangélicos, los sectores muy conservadores ven en Lula un “peligro” porque los candidatos que se están presentando en este momento están muy lejos, afirmó Chiazzaro. Según sus palabras, el solo hecho de que Lula esté haciendo campaña, “desprestigia” a los demás candidatos por el apoyo que recoge. “Si hoy la Justicia falla en un sentido contrario a los intereses de la defensa de Lula, obviamente se va a generar una situación política grave. Esperemos que esto se pueda conducir en un marco de no violencia”.
Declaró que la sociedad brasilera particularmente está pasando por un momento de “extrema violencia”, como es lo que está sucediendo en las favelas de Río o los asesinatos de “algunos militantes que están cerca del pueblo”. “Si se ataca a Lula, obviamente entraríamos en una posible espiral de violencia dentro de Brasil que realmente nos preocupa”.
Afirmó que la situación política es tan “grave”, que hasta un general del ejército afirmó que las fuerzas armadas tendrían que intervenir si Lula puede mantenerse en libertad. “Por tanto, el golpe ya no sería solo civil sino que también militar. Es una situación muy delicada, que nos perjudicaría absolutamente a todos porque generaría un clima de inestabilidad muy preocupante en la región y más para los uruguayos, que somos un pequeño país ubicado en la frontera de este gigante sudamericano”.
Afirmó que nadie puede negar que “la derecha esté avanzando a pasos agigantados en la región”. Consideró que hay que ver que los avances de esta derecha “no satisfacen en nada” los requerimientos populares. “Preocupa el avance del neoliberalismo, porque cuando accede al gobierno los que pagan las consecuencias son los trabajadores y el pueblo en general”.
El PT criticó la amenaza militar lanzada antes del fallo judicial
Previo al anuncio del resultado del fallo del STF, la fuerza política del expresidente brasileño, el Partido de los Trabajadores (PT), criticó los pronunciamientos públicos de algunos jefes militares sobre la decisión del Tribunal Supremo Federal respecto al ingreso en prisión del exmandatario.
“No es natural en democracia que jefes militares se pronuncien sobre cuestiones políticas o jurídicas, como viene ocurriendo en los últimos días”, lamentó el partido en un comunicado firmado por su presidenta, Gleisi Hoffmann, el senador Lindbergh Farias y el diputado Paulo Pimenta. El 3 de abril por la noche, a través de Twitter, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Villas Boas, aseguró que los militares se mantienen “atentos” a sus misiones instituciones y que el Ejército “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de rechazo a la impunidad”, aunque no citó directamente a Lula.
Previamente, un militar en la reserva, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, también afirmó en una entrevista radiofónica que si el Tribunal Supremo Federal deja a Lula en libertad “sólo quedará el recurso de la reacción armada”.
El PT remarcó que en los 13 años de gobiernos de izquierda se valoró a las Fuerzas Armadas como nunca antes en la redemocratización del país y que se invirtió en todas las áreas, “devolviendo la dignidad a los militares”. El partido también criticó duramente a la cadena de televisión Globo, asegurando que dar la noticia del tuit del general fue el colofón al telediario nocturno de la cadena (el más visto del país), prácticamente dedicado en exclusiva a denostar la imagen de Lula y a presionar a los jueces del Supremo.
“La Globo quiere repetir lo que hizo en 1964 (año del golpe militar), cuando incitó a los jefes militares contra el Gobierno constitucional de João Goulart, y lo hace ahora para presionar al Supremo, la Globo ha sido históricamente un veneno para la democracia”, afirma el partido.
Respecto a las opiniones de los militares, Amnistía Internacional lanzó el 4 de abril un comunicando criticando el “desvío de función” de las Fuerzas Armadas al opinar sobre política, mientras que el ministerio de Defensa, en una nota oficial, aseguró que con sus palabras el general Villas Boas expresó “coherencia y equilibrio”.
Evo Morales rechaza amenaza de general
El mandatario de Bolivia, Evo Morales, rechazó ayer las declaraciones del general del Ejército de la Reserva brasileña, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quien amenazó con una intervención militar si el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) decide no condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Schroeder advirtió que militarizaría el país si, durante la sesión judicial, los magistrados del STF votan a favor de otorgar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula y permiten su reelección en las elecciones presidenciales de octubre.
“En caso de que el STF de un fallo favorable a Lula y este quede en libertad de inscribir su candidatura presidencial (…) no tengo duda de que solo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada de restaurar el orden”, dijo el general brasileño.


PT declara que defenderá candidatura de Lula hasta las últimas consecuencias

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El Partido de los Trabajadores (PT) seguirá defendiendo la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a las elecciones presidenciales. Así lo ratificó en una declaración donde argumenta que mantendrán esa postura ”en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias”.
El comunicado fue emitido a propósito de la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) a conceder un habeas corpus preventivo al fundador del PT, en un juzgamiento que se prolongó hasta la madrugada de este jueves y en el cual, según el propio partido, no hubo justicia.
“Al negar a Lula un derecho que es de todo ciudadano, el de defenderse en libertad hasta la última instancia, la mayoría del STF se arrodilló ante la presión escandalosamente orquestada por la Rede Globo”, denunció y alertó que “este derecho fundamental, que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula”.
El comunicado critica además las maniobras de la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lúcia, quien al agendar el juicio del habeas corpus del ex mandatario antes de apreciar las acciones directas de constitucionalidad que restablecen la presunción de la inocencia como regla general ‘determinó otro procedimiento de excepción”.
No hay justicia en esta decisión. Hay una combinación de intereses políticos y económicos, contra el país y su soberanía, contra el proceso democrático, contra el pueblo brasileño, insistió el PT y reiteró que “Lula es inocente y eso será proclamado en un juicio justo”.
En ese sentido, puntualizó que la nación y la comunidad internacional saben que Lula fue condenado sin pruebas en un proceso ilegal en el cual jueces notoriamente parciales no pudieron ni siquiera caracterizar la ocurrencia de un crimen.
El pueblo brasileño tiene el derecho de votar en Lula, el candidato de la esperanza. El PT defenderá esta candidatura en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias, advirtió.
Por otra parte, el columnista del diario digital Brasil 247 Paulo Moreira Leite calificó la votación 6-5 del STF denegando el habeas corpus a Lula como ‘suprema cobardía histórica’ contra los trabajadores y la mayoría del pueblo brasileño.
Ante la imposibilidad de disputar el poder mediante el voto, la élite brasileña encontró un camino vergonzoso para huir de una confrontación en las urnas, en el cual las denuncias y sentencias judiciales son solo un pretexto, poco creíble por demás, señaló.
Moreira Leite previno asimismo que la prisión de Lula obviamente no tendrá el menor efecto pacificador en un país dividido y polarizado, donde milicias fascistas y generales indisciplinados intentan atemorizar al pueblo y reprimir sus movimientos.
Eso quiere decir que la crisis continúa, aumentará el descontento y – sin liderazgos amplios y reconocidos, capaces de apuntar una salida – éste se puede agravar, remarcó.
La propia publicación destacó también trechos de un comentario del columnista del diario O Globo Bernardo Mello Franco, quien significó que el Supremo juzgó a Lula ‘con la bayoneta en el pescuezo’.
Ella (la bayoneta) fue apuntada por el comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, quien no necesitó de tanques. Sacó el celular y disparó dos twittes que sonaron como amenaza y que fueron la señal para una noche de alta tensión en Brasilia, escribió.
Mello Franco aludió igualmente a la maniobra de la Presidenta del STF, sin la cual ‘el voto de Rosa (Weber) sería otro, y el petista no estaría camino a la cárcel’.


Partido de los Trabajadores: "El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula”

El Partido de los Trabajadores calificó la negativa del STF al habeas corpus solicitado por Lula como "un día tragico para la democracia brasileña". Y anunció que defenderá la candidatura de Lula "en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias".

PT: "El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula”. Foto: Facebook PT
PT: “El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula”. Foto: Facebook PT
El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) anunció en la madrugada de este jueves que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del expresdiente Luiz Inácio Lula da Silva luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazará el recurso de habeas corpus preventivo de Lula y habilitara su encarcelamiento.
“Hoy es un día trágico para la democracia brasileña. Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla y la mayoría del Supremo Tribunal Federal sancionó una violencia contra el mayor líder popular del país”, comienza diciendo el comunicado del PT.
Y advierte que le negaron a Lula “un derecho que es cada ciudadano, defenderse en libertad a la última instancia, la mayor parte del STF se arrodilló ante la presión escandalosamente orquestada por la Red Globo”.

Supremo Tribunal Federal de Brasil negó recurso de hábeas corpus a Lula da Silva

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras una votación dividida, un recurso de hábeas corpus que le permitiría seguir en libertad…
El texto del PT acusa a la presidenta de la Corte, Carmen Lucia Antunes, de haber realizado un procedimiento de excepción al no tratar acciones que piden la inconstitucionalidad de la decisión de poner preso a un condenado en dos instancias. “No hay justicia en esta decisión, sino una combinación de intereses políticos y económicos, contra el país y su soberanía, contra el proceso democrático, contra el pueblo brasileño”, denuncia el comunicado.
El partido fundado por Lula sostiene que el exmandatario “es inocente y será proclamado eso en un juicio justo”.
“El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula, el candidato de la esperanza. El PT defenderá su candidatura en las calles y en todas las instancias“, adelantó la Comisión Ejecutiva del partido.
“Quien tiene la fuerza del pueblo, quien tiene la verdad a su lado, sabe que la justicia aún prevalecerá”, concluye el documento.

Apoyo popular

El Frente Brasil Popular, que nuclea a movimientos sociales y de izquierda de Brasil también emitió un comunicado tras la votación en el STF en el que manifiesta su apoyo a Lula y su derecho a provar su inocencia en libertad.
“Después de meses de una campaña alimentada por las corporaciones de medios del país junto con un consorcio que une sectores del capital extranjero al nacional, segmento del sector judicial y del parlamento, el Supremo Tribunal Federal, resolvió una vez más pasar por encima de la Constitución Federal de 1988 “, inicia el texto.
“El sistema de derecha que se apoderó del país, con miedo de que Lula ganara la elección, decidió que el principal lider nacional no tendrá sus derechos garantizados”, agrega.
Y advierte: “esta decisión tiene impacto en todo espectro jurídico: hoy es Lula que no tiene derecho a probar su inocencia, mañana es el conjunto de los brasileños”.
Para el Frente Brasil Popular el hecho de que le hayan negado a Lula el derecho a la presunción de inocencia demuestra que el Supremo “siempre formó parte del golpe iniciado con el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff”.
Al criticar las consecuencias de la decisión del STF el texto recuerda que “la solución de la crisis institucional, política y económica que hoy quita el sueño de millones de brasileños debe salir de las urnas. Es el pueblo que debe escoger quién va a gobernar y qué programa será la luz que la Nación debe perseguir”.
“Una vez más el poder judicial pleta el protagonismo político y desequilibra la relación entre los poderes. En realidad, cumplen papel de servidores activos del neocolonialismo internacional que quiere aspirar a Brasil en sus múltiples dimensiones, sus recursos naturales, las estatales, las relaciones de trabajo y hacer que el papel de la Nación sea disminuido en la geopolítica mundial siendo una vez más sólo colonia”, lamentan.
En ese sentido afirman que “es necesario expresar la resistencia en las calles y en las redes en defensa de la libertad de Lula por elecciones libres y democráticas y contra la persecución a los movimientos sociales y los liderazgos progresistas que se atreven a discrepar y luchar para que Brasil no caiga del abismo de la represión y autoritarismo”.
“Brasil no se quedará de rodillas ante cualquier chantaje, sea de general o de ministro. Este consorcio ya dirigió al país y luchamos décadas para reconquistar la democracia. Con sangre, sudor, trabajo y mucha lucha, el pueblo brasileño estará atrincherado en defensa de Nación fuerte, soberana, desarrollo y socialmente justa“, advierte el comunicado.
“Vamos a las calles, a las plazas, organizando al pueblo para garantizar el presente y el futuro de Brasil”, concluyen.


Golpe en Brasil
Congreso del SIGTUR repudió ataque a Lula da Silva
Jueves 5 de abril de 2018, por Redacción *
La farsa judicial del Supremo Tribunal Federal de Brasil de rechazar el hábeas corpus solicitado por Luiz Inácio Lula da Silva deja al borde de la cárcel al expresidente y fue cuestionada por las centrales obreras enroladas en SIGTUR. “La obscenidad de los golpistas no tiene límite, quieren proscribir a Lula y con él a todos los trabajadores de Brasil”, bramó el coordinador del encuentro y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A, Adolfo "Fito" Aguirre.
El XI Congreso de la Iniciativa Sindical del Sur Global (Sigtur, por sus siglas en inglés), que reúne a centrales obreras de América Latina, Ásia, África y Australia que repudiaron hoy la persecución judicial y política contra el expresidente Lula Da Silva.
“No aceptamos el golpismo de la derecha en Brasil y sus aliados internacionales que buscan imponer la agenda golpista cuya culminación es encarcelar a Lula”, expresó "Fito" Aguirre.
Para el dirigente “A la alianza espuria entre medios de comunicación, estamentos judiciales y políticos de derecha ahora se suma la presión ejercida por el comandante del Ejército para que Lula vaya preso, lo que demuestra que la obscenidad y el odio de los golpistas en Brasil no tiene límites”, además sostuvo que “quieren proscribir a Lula y con él a todos los pobres de Brasil y del mundo”.
“El golpe a Lula –señaló Aguirre– es una amenaza no solamente para Brasil, es una amenaza con características geopolíticas regionales y los trabajadores repudiamos este tipo de amenazas en Brasil, Argentina y cualquier lugar del mundo”.
El referente internacional de la CTA-A responsabilizó a Washington por estos actos intimidatorios contra los movimientos progresistas en América Latina y el Caribe: “Estados Unidos ya no necesita marines para robar nuestros recursos naturales o privatizar nuestros Estados. Su instrumento es la derecha golpista en cada uno de nuestros países. Es una amenaza global. Y el caso de Lula es la muestra palpable de esta alianza espuria contra todos nosotros”.
“El SIGTUR es una red mundial de centrales sindicales de la izquierda democrática del eje sur-sur que no se quedara de brazo cruzados ante esta injusticia. Somos internacionalistas y repudiamos al golpe dentro del golpe que hoy se está cometiendo contra Lula. Este Congreso repudia el ataque contra Lula y no nos callaremos”, concluyó "Fito" Aguirre.

América Latina unida
La CTA-A moviliza a la Embajada de Brasil en Buenos Aires en apoyo a Lula
Jueves 5 de abril de 2018, por Redacción *
Este viernes 6 de abril a las 18.00, la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones del campo popular, movilizará a la Embajada de la República Federativa de Brasil en la ciudad de Buenos Aires (Arroyo 1130, CABA) para repudiar una vez más la persecución política que viene sufriendo el ex presidente, Luiz Ignacio “Lula” Da Silva.
La decisión del Supremo Tribunal se enmarca en la estrategia que viene desarrollando en Brasil la derecha golpista, pero que se verifica en todo el continente, de utilizar poderes del Estado para imponer el modelo neoliberal y proscribir a los que lo resisten.
Los trabajadores y trabajadoras de Argentina y el mundo no vamos a permanecer indiferentes cuando los poderosos van en contra de la democracia como en tantas otras oportunidades en nuestra historia reciente.
Las delegaciones internacionales que participan en el XI Congeso de SIGTUR (Iniciativa de los Trabajadores del Sur Global) acompañarán la movilización.

#NobelparaLula

Adhiere a la campaña para que Lula Da Silva sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz

Prensa Adolfo Pérez Esquivel
2018-04-05 20:00:00
#NobelparaLula
El Premio Nobel de la Paz Argentino, Adolfo Pérez Esquivel, inició la campaña de adhesiones en la plataforma Change.org para que el ex presidente de brasil sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha
contra la pobreza y el hambre en Brasil.
Bajo el hashtag #NobelparaLula el referente latinoamericano de los derechos humanos da continuidad al anunció que hizo en Brasil luego de reunirse con Lula Da Silva (ver detalles del encuentro) y comunicarle la
postulación.
"He decidido publicar la carta que presentaré al Comité Nobel Noruego en septiembre de este año, momento en que se abre la convocatoria de nominaciones. Los y las invito a leer los fundamentos para que seamos miles en
esta propuesta", dijo Pérez Esquivel convocando a participar.

Contacto de prensa
Adolfo Pérez Esquivel

Andrés + 54 9 (11) 6145-7388 (mobile)

Uruguay: El PIT-CNT convoca a un acto en defensa de la democracia en Brasil

El PIT-CNT convoca a un acto en solidaridad con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y en defensa de la democracia en Brasil, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de rechazar el recurso de hábeas corpus que había solicitado el líder del Partido de los Trabajadores.

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En la madrugada de este jueves 5 de abril, y luego de más de 11 horas de sesión, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5 no hacer lugar al recurso de hábeas corpus que presentó la defensa Lula da Silva para no ser arrestado, hasta que se agoten todas las instancias de apelación.
Lula Da Silva había sido condenado por recibir un apartamento de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras.
El ex mandatario brasileño aseguró en todo momento que es inocente, denunció la existencia de una conspiración de las “élites” para impedir que retorne al poder en el marco de las elecciones de octubre -para las cuales las encuestas lo presentan como favorito-, y presentó el recurso de hábeas corpus ante el Tribunal contra la orden de prisión y posterior condena de 12 años por corrupción.

Solidaridad

En tal sentido, la central única de trabajadores de Uruguay convoca a un acto para este viernes en solidaridad con Lula y en defensa de la democracia en Brasil.
“Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y con el compañero Lula”, expresó el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a través de un mensaje que emitió a través de la redes sociales.
Dijo que “se está cometiendo un acto de violencia jurídica y se está dando un nuevo paso en un golpe de Estado”.
“Se está vaciando de contenido democrático a la hermana República del Brasil”, advirtió el dirigente sindical.
Por tal motivo, anunció que el PIT-CNT convoca a todas las fuerzas democráticas a un acto en solidaridad con Lula y en defensa de la democracia en Brasil.
La actividad se realizará este viernes a las 17 horas en la sede central del PIT-CNT de Jackson 1283.

URUGUAY
Ante la no prórroga de parte del gobierno del Memorándum de Entendimiento con Shell por la puesta en marcha de la regasificadora, los trabajadores del gas natural por cañería –nucleados en el sindicato Uaoegas- resolvieron este miércoles en una asamblea general, la adopción de una serie de medidas buscando salvar las fuentes laborales del sector, según informaron a LA REPÚBLICA fuentes del sindicato.
En su resolución, el sindicato describe que “ante la proximidad del fin del convenio mencionado profundizar los esfuerzos para rápidamente tener una batería de medidas fiscales, comerciales, tarifarias, normativas y de gestión que contribuyan a dar sustento al sector gas natural revirtiendo la sangría de usuarios (6.000 menos aproximadamente desde 2006 a la fecha), mantener la continuidad de las distribuidoras CONECTA y MontevideoGas, y evitar la pérdida de decenas de puestos de trabajo y la congelación salarial”.
Agrega la Uaoegas que busca “refirmar nuestra disposición a acordar la mayor cantidad de acciones posibles que dependan de la gestión directa de Petrobras para expandir la actividad de las distribuidoras”.
Además los trabajadores decidieron “exhortar a todos los involucrados en esta problemática a actuar con la mayor celeridad a efectos de evitar la problemática planteada el año pasado con seguros de paro, congelación de salarios y mantenimiento de la pérdida de usuarios”.
Concluyen señalando en lo que resolvieron que “en caso de no poder avanzar en la perspectiva señalada en los puntos anteriores disponer todas las acciones de lucha necesarias que eviten los perjuicios ya mencionados”. El sindicato se reunirá en estas horas con legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional.


Trabajadores del gas denuncian que el Partido Nacional busca rédito político con la regasificadora

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS) denunció que el Partido Nacional busca obtener un rédito político con la regasificadora, y cuestionan que en ningún momento los nacionalistas se refirieron a las demandas arbitrales que sin fundamento alguno entabló Petrobras contra el Uruguay.

sayago
El sábado 31 de marzo caducó el plazo para que la firma Shell presentara el proyecto de la nueva planta regasificadora. La compañía internacional solicitó una prórroga pero desde el Ministerio de Industria se entendió que ello no era de recibo, más allá de que es de interés del gobierno continuar con el emprendimiento.
A raíz de la situación, desde el Partido Nacional se cuestionó que “no habrá regasificadora” y que “todo lo gastado se perdió”. Además se planteó citar a las autoridades del Ministerio de Industria ante el Parlamento.
Por su parte, la UAOEGAS se pronunció este miércoles 4 de abril sobre la no renovación del memorándum con Shell.
Los trabajadores del gas solicitan que “se realicen los máximos esfuerzos para tener rápidamente una batería de medidas fiscales, comerciales, tarifarias, normativas y de gestión que contribuyan a dar sustento al sector del gas natural, revirtiendo la sangría de usuarios (6.000 menos desde 2006 a la fecha)”.
Piden también “mantener la continuidad de las distribuidoras Conecta y MontevideoGas, y evitar la pérdida de decenas de puestos de trabajo y la congelación salarial”.

Críticas al Partido Nacional

Por otro lado, el sindicato denunció que “el Partido Nacional busca sacar su rédito político con la regasificadora”.
“No hemos visto ningún pronunciamiento del Directorio del Partido Nacional, ni de sus legisladores, referido a las demandas arbitrales que sin fundamento alguno entabló Petrobras contra Uruguay por al menos 100.000.000 de dólares, las que de prosperar perjudicarán el bolsillo de los uruguayos” sentenció la UAOEGAS .
También cuestiona la inexistencia de “pronunciamiento o de alguna acción en las comisiones legislativas o por otra vía, del Partido Nacional ante las medidas de seguro de paro, congelación de salarios, tercerizaciones que implementó Petrobras en 2017, y que derivó en una huelga de hambre”.
“No se ha escuchado alternativa para asegurar el servicio a 45 mil usuarios en el interior y la capital, y mantener el trabajo de 250 familias”, indicó el sindicato.
Agrega: “Lo primero que deberían hacer los dirigentes del Partido Nacional es reconocer su responsabilidad con la situación actual producto de sus decisiones de los años 90”.




Concentración de estudiantes en el Codicen.

Gremio de magisterio decide si sigue la ocupación

Autoridades dicen que ningún estudiante quedará sin escuela de práctica.

En febrero, una circular del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) dispuso que desde este año se pague la compensación por la tarea de maestro adscriptor (con estudiantes de Magisterio a su cargo) sólo a quienes tienen por lo menos dos alumnos. Hasta el año pasado usualmente había un estudiante por maestro, y eso determinaba que recibieran alumnos –y compensación– docentes que no necesariamente habían hecho el curso de adscriptor ni concursado por el cargo. Tanto la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) como la Federación Uruguaya de Magisterio se oponen al cambio y reclaman su derogación, lo cual fue rechazado por el CEIP antes de la Semana de Turismo. Por este tema, Ademu Montevideo se concentró el martes en la sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) se expresó en contra de la decisión y ocupa, desde el martes, el Instituto Normal; hoy, en asamblea, evaluará si mantiene la medida. Ayer, dirigentes del CEM entregaron en el CEIP su plataforma reivindicativa, en la que manifiestan que la circular “ataca directamente” su formación, porque las condiciones de estudio “se ven afectadas al compartir la clase”, y eso en definitiva reduce el tiempo de práctica de cada estudiante.
Pablo Caggiani, representante de los docentes en el CEIP, dijo a la diaria que ayer en el encuentro con el CEM se abrió un canal de diálogo para resolver situaciones de estudiantes a quienes todavía no se les habría asignado una escuela para su práctica, y que se pidió al gremio que informara sobre esos casos. Explicó que, de todas formas, el consejo habilitó el pago de la compensación a maestros con un solo estudiante si se dan ciertas situaciones –en las que, por ejemplo debido a razones geográficas, no sea posible juntar dos por docente–. Las autoridades del CEIP también se reunieron ayer con los integrantes del Consejo de Formación en Educación (CFE), y manifestaron su “compromiso de garantizar que no quede ningún estudiante sin realizar la práctica”, indicó Caggiani.

Panadería cerró y despidió a 55 empleados; los trabajadores denuncian que el motivo fue la sindicalización

En febrero, los trabajadores de la panadería Fiesta de Oro, en la avenida 8 de Octubre, se sindicalizaron y se integraron a la Mesa del Pan, que nuclea a los sindicatos de las panificadoras. Según contó a la diaria Juan Carlos Fernández, delegado de rama de las panificadoras, los trabajadores se asesoraron porque les debían aumentos semestrales y salarios vacacionales, entre otros créditos laborales. Se hizo el reclamo ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y en menos de un mes se solucionaron “unos cuantos temas”, aseguró Fernández.
Sin embargo, según aseguran los trabajadores, la empresa les pidió a los 40 empleados sindicalizados que disolvieran el sindicato porque de lo contrario iban a cerrar. “Entonces elevamos la denuncia sosteniendo que eso era cortarles la libertad de expresión a los trabajadores, y todo lo que eso conlleva. Se hizo un impasse de 15 días sin tomar medidas ni nada, y la empresa aprovechó y cerró intempestivamente. No le avisaron a nadie; cambiaron la cerradura y mandaron un mensaje de texto a los trabajadores”, contó Fernández. La empresa había despedido a principios de marzo a 17 trabajadores y recientemente a otros 38.
Con apoyo de la Mesa del Pan, los trabajadores presentaron una denuncia por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que incluye audios y papeles firmados que, según sostienen, prueban que la empresa amenazó con cerrar si no se disolvía el sindicato, señaló Fernández. El sindicalista agregó que luego la empresa cambió el discurso y alegó ante el ministerio que cerraba porque la panadería “no les estaba dando el rédito que querían”.
El lunes y el miércoles representantes de la empresa, de los trabajadores, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y del MTSS se reunieron en la Dinatra. Todas las partes volverán a mantener un encuentro el viernes 6 por el pago de los despidos. La empresa planteó pagarlos en 25 cuotas, pero finalmente se acordó que lo haga en un máximo de diez.

Derechos humanos

Justicia citó a una veintena de militares y médicos por torturas y abusos sexuales

Se trata de personal activo en diversas unidades militares, cuyos nombres son mencionados en el expediente iniciado tras la denuncia penal presentada por 28 ex presas políticas.
jueves 5 de abril de 2018 - CARAS Y CARETAS
La jueza Penal de 29º Turno, Julia Staricco, dispuso la citación, en calidad de indagados, de una veintena de militares y médicos, en el marco de la indagatoria penal por actos tortura y abusos sexuales contra ex presas políticas, según informó Televisión Nacional (TNU). Todos ellos deberán comparecer ante la Sede entre el 9 y el 30 de abril.
En 2011, un grupo de 28 ex presas políticas presentó una denuncia penal por delitos sexuales y torturas, perpetrados por agentes del Estado en los centros de privación de libertad de la dictadura. La denuncia dio cuenta de la violencia sufrida por las mujeres en esos centros, que incluía prácticas denigrantes y abusivas como desnudez forzada, manoseos y violaciones.
Desde entonces, la investigación avanza en distintos aspectos, principalmente con el testimonio de denunciantes y testigos. Pero en los últimos días, la Justicia reactivó la indagatoria a partir de un dictamen de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por la cual que solicitó la citación en calidad de indagados de una veintena de militares y médicos, cuyos nombres aparecen mencionados en el expediente.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la citación de una veintena de militares y médicos, que aún no declararon en la causa, todos ellos en calidad de indagados. El objetivo es avanzar en la indagatoria y determinar posibles responsabilidades en los ilícitos denunciados por las ex presas políticas, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
Sin embargo, este no fue el único aspectos sustanciado en esta indagatoria. Semanas atrás, la jueza Staricco -también a pedido del fiscal Perciballe- libró un pedido de extradición de los militares Manuel Cordero y Wellington Sarli. Ambos fueron mencionados durante la indagatoria, y existen elementos que permiten establecer algún tipo de participación en los abusos contra ex presas políticas, explicaron las fuentes.
Cordero, ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) y de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue uno de los militares uruguayos más activos en la represión trasnacional del Plan Cóndor. Cordero fue imputado en Uruguay y en Argentina; en mayor de 2016, la Justicia argentina dispuso su condena a 25 años de penitenciaría por la privación de libertad de once personas, entre ellas, María Claudia García de Gelman. La Justicia uruguaya nunca juzgó a Cordero.
En tanto, Sarli fue condenado en Chile a cinco años de penitenciaría como cómplice del secuestro en Uruguay del bioquímico chileno Eugenio Berrios, un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile en 1991. Sarli fue condenado junto a los también militares uruguayos Eduardo Radaelli y Tomás Casella; fue el único de los tres militares que no solicitó cumplir su pena en Uruguay, por lo que permanece detenido en Chile.




Ricardo Perciballe.

Se reactivó causa por abuso sexual y torturas a 28 mujeres iniciada en 2011

Ricardo Perciballe, responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, confirmó a la diaria que, a pedido suyo, del 9 al 30 de abril se citará a declarar a militares y médicos como imputados por delitos de tortura y abuso sexual cometidos de 1972 a 1983.
Los delitos fueron denunciados por 28 mujeres en 2011. Federico Álvarez Petraglia, el abogado a cargo de la causa, recordó que las víctimas son ex presas políticas que integraban distintos sectores de izquierda, entre ellos el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido Comunista, y que en los delitos se identificaron “líneas de acción similares” por parte de los represores.“Hubo manoseos, desnudez obligatoria, abusos sexuales de todo tipo, violación, etcétera, como una forma de torturar y de destruir a las personas”, indicó. Además, el abogado subrayó que para las víctimas no fue nada fácil llegar a elaborar la denuncia –la trabajaron con psicólogos durante bastante tiempo–, e incluso que algunas decidieron no presentarse ante la Justicia.
Los denunciados fueron cerca de 100 militares, entre ellos algunos tristemente célebres, como Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, “que estaban en los lugares donde se practicaba este tipo de tortura”, y otros directamente acusados de cometer los abusos, como Ricardo Turco Arab (condenado en 2017, junto con Gavazzo y otros ex militares por el “homicidio muy especialmente agravado” de María Claudia García de Gelman). Tanto Gavazzo como Arab supieron “trabajar” en el infame centro de detención clandestino de Buenos Aires llamado Automotores Orletti.
“Las víctimas siempre estaban encapuchadas, en aquel entonces sólo los conocían [a los torturadores] por los sobrenombres, pero cuando volvió la democracia los empezaron a identificar. Hay algunos de los que no saben los nombres, y sólo pudimos identificarlos en la denuncia por sus apodos”, explicó Álvarez. Además, dijo que los médicos denunciados estaban presentes durante las torturas, “controlando que no se les fuera la mano” y “asesorando”. “Es bastante sádico”, comentó.
También señaló que una de las víctimas reconoció entre los torturadores y denunció a alguien a quien consideraba antes un compañero de militancia, pero resultó ser una especie de “paramilitar”.
Álvarez subrayó que en el proceso no se habían producido novedades durante bastante tiempo, y destacó la importancia de la creación de la Fiscalía Especializada, ya que, a su juicio, no se puede investigar a un grupo de personas “que trabajaba en forma organizada”, como los militares en la dictadura, dividiendo las causas en distintos juzgados penales. “En vez de unificar y compartir información, se dividía. Es incuestionable que si hubiesen hecho de entrada una megacausa, o una fiscalía o juzgado especializado para investigar estas causas, con gente que supiera manejarse, estas citaciones se habrían realizado mucho más rápido y mejor”, opinó. Además, destacó que el tiempo es un factor clave, ya que de las 28 mujeres que hicieron la denuncia en 2011, ya fallecieron dos. De todos modos, agregó que las denunciantes están “muy contentas” de que se haya reactivado la causa, y que esperan que por lo menos sirva para que se “visualice el tema” y haya una respuesta. “A esta altura del partido ya había muchas que habían perdido las esperanzas de que se pudiera avanzar en algo. Ahora tenemos alguna expectativa”, finalizó el abogado.