Eje de la guerra no convencional contra Venezuela se traslada a sus fronteras
por Rebeca M. Westphal
El aumento de situaciones irregulares en la región limítrofe
del Estado venezolano debe ser examinado tomando en cuenta la
característica fundamental de la sociedad occidental criminal que, en
función de darle espacio sin restricciones a las multinacionales, busca
un rompimiento forzoso de las fronteras nacionales.
Noviembre 8 de 2018, 12:33 pm - MISIÓN VERDAD
Produce
malestar el viraje que, desde comienzos de siglo, Venezuela ha dado
para protagonizar los cambios en el modelo económico global, apostando
por relaciones de igualdad entre naciones, así como de la inversión
social por encima del financiamiento al sector empresarial.
Por eso la motivación de vías alternas que puedan desencadenar eventos conflictivos tiene mucho que ver con la necesidad de los privados de reducir la capacidad de los Estados-nación de administrar los recursos naturales, ubicados en sus territorios, necesarios para sostener la industria de consumo ya globalizada.
A esa idea se ajusta el asesinato de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en medio de una campaña para neutralizar el contrabando de extracción y el narcotráfico en los límites venezolanos con el fin de abordar las estrategias extranjeras que dañan la normalidad económica.
Durante el conflicto violento ocurrido el 5 de noviembre, en el estado Amazonas, denunciado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, fueron heridas 12 personas, además de los tres funcionarios militares pertenecientes a la GNB que fallecieron.
La represalia se desató después de que operaciones de lucha contra el contrabando y el narcotráfico efectuadas por militares venezolanos dieran con la captura de nueve paramilitares colombianos que poseían armas de guerra.
La distracción que Colombia difunde a través de la cuenta Twitter de su Cancillería en Bogotá, sugiriendo apresuradamente que los culpables del ataque son integrantes de guerrillas colombianas, da las primeras señales para profundizar sobre los verdaderos elementos que transversalizan la escalada violenta en la frontera colombo-venezolana.
Solo basta mencionar, a manera de recordatorio, que el aumento de los cultivos de la hoja de coca en 2018 tuvo un incremento del 31% con relación a años anteriores. Esto lleva a preguntarnos sobre cuáles son las rutas de comercio ilegal que deben trazar los traficantes para colocar sus productos al alcance del mercado internacional de consumidores.
Venezuela, en este sentido, es un paso geoestratégico para ingresar en los países del atlántico norte, sobre todo Estados Unidos, donde está el grueso de los consumidores de estupefacientes en el mundo entero. La carrera entre carteles por controlar esta ruta y expandir las fronteras de la industria ilegal de las drogas obligan al gobierno venezolano a desarrollar políticas de seguridad en la frontera binacional para contener estas actividades ilícitas en el país.
Otra decisión que afecta el negocio de la droga son las regulaciones con respecto a la gasolina que se plantean en el nuevo esquema de precios internacionales del combustible, rubro necesario en la elaboración de la pasta de cocaína y del cual se surte el narcotráfico colombiano a través del contrabando de extracción en Venezuela.
Pero las razones que activan los enfrentamientos en la Amazonía colombo-venezolana no derivan únicamente de los movimientos por resguardar la soberanía venezolana, sino que están relacionadas además a los desacuerdos entre el gobierno colombiano y la administración de Washington sobre el control del tráfico de drogas.
Las políticas económicas de Colombia son tuteladas directamente por el Departamento de Estado norteamericano desde que se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Por ello, hay que sopesar las últimas negociaciones entre el gobierno entrante de Iván Duque y el presidente Donald Trump en materia de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que la exportación de cocaína es uno de los pilares fundamentales de la paraeconomía colombiana.
En un encuentro que sostuvieron en el mes de septiembre, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado "Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas", Trump mostró preocupación sobre las "las alarmantes cifras en la producción y consumo de sustancias psicoactivas" y saludó la campaña de lucha antidrogas de Duque. Esto, más que una felicitación, es una obligación con la que debe cumplir el presidente colombiano, generando resultados tangibles con cifras de disminución en la producción de drogas, que Estados Unidos pueda aceptar sin que afecte las ganancias de actores involucrados en la compleja estructura del narcotráfico internacional.
En el terreno práctico, los operadores que sortean esta diplomacia circunstancial trasladan la mercancía de los municipios productores hacia fuera de Colombia, utilizando nuevas rutas que los alejen de las amenazas y que no interrumpan con el crecimiento de las ganancias. Además, desplazan los cultivos a las zonas que colindan con Venezuela, exponiéndola a las disputas entre paramilitares, mercenarios y demás integrantes del paquete delictivo que trae consigo el narcotráfico.
¿Qué otras razones pueden desencadenar conflictos armados en una región tan sensible a coberturas mediáticas? Una vista a la geografía del Amazonas responde a esta pregunta.
El noreste del estado Amazonas forma parte del Arco Minero del Orinoco (AMO), área nacional creada en 2016 como estratégica por albergar distintas riquezas minerales además de petróleo, que integran la reciente política estatal de diversificación de la economía. En el subsuelo de esta región se encuentran yacimientos de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales.
A las empresas que operan en los alrededores de la triple frontera que comparte Amazonas con Brasil y Colombia se les hace sencillo en estos países evadir las legislaciones internas de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades que viven en las zonas mineras.
"Es más fácil ser ilegal que legal", según la contraloría general de la república de Colombia. Esto gracias a que el Estado actúa como un representante artificial de la condena al crimen organizado, mientras que simultáneamente le da espacios de ventaja a las multinacionales en el plano ilegal, adquiriendo ingresos de la paraeconomía.
La pronta asunción de Jair Bolsonaro en Brasil perfila, además, nuevas agresiones transfronterizas para violentar el suelo venezolano y mantener la extracción ilegal de recursos minerales, dado que en su campaña electoral planteó la necesidad de apoyar a las industrias extractivas foráneas, desregulando los procedimientos ambientales en el Amazonas, y fijó una posición hostil con el gobierno de Maduro.
Otra de las motivaciones que conecta a sectores del crimen organizado con la minería ilegal es que esta actividad es la más redituable para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La suma de estos dos actores políticos, fundamentales en las agresiones contra Venezuela, puede aumentar el financiamiento de grupos armados provenientes de la minería ilegal para suscitar un escenario de violencia en las áreas limítrofes.
En estos tres países, las multinacionales europeas y estadounidenses se instalaron a vaciar la despensa mineral, fomentando rivalidades entre tribus, movimientos separatistas, adhesiones de países fronterizos al conflicto, ataques a minorías étnicas o religiosas que activaron situaciones de caos, inhabilitando la capacidad de ordenamiento de los Estados-nación y desencadenando la intervención de fuerzas militares extranjeras en los territorios en disputa.
Las situaciones en Angola y Sierra Leona guardan la semejanza de que ambos conflictos se desarrollaron en un contexto de comercialización de diamantes. La participación heterogénea de ejércitos nacionales, mercenarios, grupos paramilitares y fuerzas pacificadoras internacionales tuvo el saldo de 70 mil y 1 millón de muertos, respectivamente.
Por otro lado, en los 20 años de violencia en el Congo, país dotado de variados yacimientos como el oro, diamantes, cobalto, columbio, tantalio, cobre, radio y uranio, murieron 4 millones de ciudadanos. Las empresas importadoras de coltán, provenientes principalmente de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, consiguieron así capitalizar el 80% de las reservas mundiales de este rubro estratégico, concentrado en la RDC.
La aprobación del AMO como Zona de Desarrollo Estratégica juega, tomando en cuenta la referencia africana, un papel importante que conduce a la creación de un marco legal para realizar la extracción mineral. Esto expone a perder importantes negocios a las organizaciones criminales que se benefician de la minería ilegal en el sur venezolano.
Adicionalmente, el Estado venezolano integró estos recursos como base de respaldo para una arquitectura financiera paralela a la tradicional, desarrollando criptomonedas que tienen su valor en las reservas de minerales que se encuentran en el AMO. Igualmente, utiliza las reservas auríferas para relacionarse comercialmente en el mercado internacional y a lo interno, realizar el Plan de Ahorro en Oro para proteger a la población venezolana, víctima de la devaluación inducida del bolívar.
Estos proyectos son apoyados por China, Rusia y Turquía, naciones que también están desarrollando mecanismos que podrían permitir el rompimiento del cerco económico implantado desde Estados Unidos.
Una acción que debe ser saboteada por los agentes de las élites mundiales en declive con el objetivo de reducir el impacto del ascenso de las potencias emergentes. Atacar la zona del AMO, en ese sentido, es una vía expedita para ello.
En esto último se basa ese traslado del eje de la guerra no convencional contra el país hacia sus fronteras, tomando en cuenta el hecho de que existe una estrategia de redimensionamiento de éstas a través de las economías ilegales basadas en el narcotráfico y el contrabando de extracción.
Esa es la interpretación que aplica a los intentos de los medios corporativos para comparar, descontextualizadamente, a Venezuela con regiones del África subsahariana que sufrieron una ruptura en su tejido social, producto de los enfrentamientos violentos, el desplazamiento forzado de la población y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.
Asignar estos elementos a Venezuela, omitiendo que las políticas nacionales con respecto a la generación de ganancias para el Estado no se corresponde con los modos del neoliberalismo depredador, es una prueba de que la oxigenación a la narrativa de la represión interna, la crisis humanitaria y la crisis migratoria no está dando resultados.
De esta forma, Estados Unidos redirige el discurso a la violación de derechos humanos en la triple frontera de Venezuela, azuzada por las pugnas entre delegados locales de las corporaciones mineras y el narcotráfico global. Negar las labores del Estado venezolano para contener a esos grupos es el modo de desestimarlo como ente soberano y proseguir con la lógica securitaria militar, en detrimento de la diplomacia y las presiones financieras.
Jeifets
también destacó que una incursión en Venezuela podría acarrear graves
consecuencias en las relaciones internacionales y dentro de las
organizaciones de América del Sur.
Por más mala que sea la postura de algunos Estados latinoamericanos
para con el Gobierno de Nicolás Maduro, es poco probable que quieran ver
un derrocamiento forzoso de este Gobierno, agregó.
De acuerdo con él, la cooperación de estos países con EEUU sería imprescindible para que pueda haber una invasión militar por vía terrestre. Incluso países como Colombia y Brasil no estarían dispuestos a colaborar en esta acción.
Tema relacionado: "La invasión de Venezuela por EEUU sería semejante en escala a la de Irak"
En lo que se refiere a las acusaciones de estar colaborando con Hizbulá, es mucho más serio, por lo cual haría falta presentar pruebas sólidas.
Por ejemplo, el exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissasmi, es
de origen árabe, pero esto no significa que sea automáticamente un
agente de la inteligencia extranjera o que trabaje con grupos
terroristas, explicó Jeifets.
Además: Washington Post: EEUU añadirá a Venezuela a la lista de países que apoyan el terrorismo
Por lo cual, el experto concluyó que no hay razones de peso para que alguien se preocupe, puesto que poco va a cambiar. La lista de patrocinadores del terrorismo está reservada para los Gobiernos acusados de brindar repetidamente "apoyo a actos de terrorismo internacional". Incluye a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.
En 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, barajó la opción militar para enfrentar la crisis venezolana. Según Business Insider, Trump mantuvo una reunión con el equipo del Departamento de Defensa en la que preguntó por las opciones para intervenir militarmente. El presidente puso de ejemplo las intervenciones militares de Granada y de Panamá, las cuales, a su juicio, fueron todo un éxito.
A finales de agosto, el senador Marco Rubio —consejero de Trump en temas de América Latina— afirmó que el estado en el que se encuentra Venezuela había convertido al país en un territorio que desestabiliza a la región y, por lo tanto, también a Estados Unidos.
"Creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo se utilizan si existe una amenaza para la seguridad nacional", dijo Rubio, para luego añadir que existían argumentos suficientes para creer que "Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza para la región y para Estados Unidos".
Más información: "¿Por qué EEUU no puede simplemente invadir Venezuela?"
Opinion · A contracorriente
Habrá quienes resistan
Por eso la motivación de vías alternas que puedan desencadenar eventos conflictivos tiene mucho que ver con la necesidad de los privados de reducir la capacidad de los Estados-nación de administrar los recursos naturales, ubicados en sus territorios, necesarios para sostener la industria de consumo ya globalizada.
A esa idea se ajusta el asesinato de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en medio de una campaña para neutralizar el contrabando de extracción y el narcotráfico en los límites venezolanos con el fin de abordar las estrategias extranjeras que dañan la normalidad económica.
Durante el conflicto violento ocurrido el 5 de noviembre, en el estado Amazonas, denunciado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, fueron heridas 12 personas, además de los tres funcionarios militares pertenecientes a la GNB que fallecieron.
La represalia se desató después de que operaciones de lucha contra el contrabando y el narcotráfico efectuadas por militares venezolanos dieran con la captura de nueve paramilitares colombianos que poseían armas de guerra.
La distracción que Colombia difunde a través de la cuenta Twitter de su Cancillería en Bogotá, sugiriendo apresuradamente que los culpables del ataque son integrantes de guerrillas colombianas, da las primeras señales para profundizar sobre los verdaderos elementos que transversalizan la escalada violenta en la frontera colombo-venezolana.
Grupos irregulares, narcotráfico y la agenda política colombiana
El Estado colombiano se tomó la tarea de fortalecer económica y políticamente a las mafias del narcotráfico durante los últimos 60 años. La estructura criminal que opera en el interior del país ha ramificado sus flujos de traslado de mercancía a medida que se optimizan los niveles de producción.Solo basta mencionar, a manera de recordatorio, que el aumento de los cultivos de la hoja de coca en 2018 tuvo un incremento del 31% con relación a años anteriores. Esto lleva a preguntarnos sobre cuáles son las rutas de comercio ilegal que deben trazar los traficantes para colocar sus productos al alcance del mercado internacional de consumidores.
Venezuela, en este sentido, es un paso geoestratégico para ingresar en los países del atlántico norte, sobre todo Estados Unidos, donde está el grueso de los consumidores de estupefacientes en el mundo entero. La carrera entre carteles por controlar esta ruta y expandir las fronteras de la industria ilegal de las drogas obligan al gobierno venezolano a desarrollar políticas de seguridad en la frontera binacional para contener estas actividades ilícitas en el país.
Otra decisión que afecta el negocio de la droga son las regulaciones con respecto a la gasolina que se plantean en el nuevo esquema de precios internacionales del combustible, rubro necesario en la elaboración de la pasta de cocaína y del cual se surte el narcotráfico colombiano a través del contrabando de extracción en Venezuela.
Pero las razones que activan los enfrentamientos en la Amazonía colombo-venezolana no derivan únicamente de los movimientos por resguardar la soberanía venezolana, sino que están relacionadas además a los desacuerdos entre el gobierno colombiano y la administración de Washington sobre el control del tráfico de drogas.
Las políticas económicas de Colombia son tuteladas directamente por el Departamento de Estado norteamericano desde que se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Por ello, hay que sopesar las últimas negociaciones entre el gobierno entrante de Iván Duque y el presidente Donald Trump en materia de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que la exportación de cocaína es uno de los pilares fundamentales de la paraeconomía colombiana.
En un encuentro que sostuvieron en el mes de septiembre, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado "Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas", Trump mostró preocupación sobre las "las alarmantes cifras en la producción y consumo de sustancias psicoactivas" y saludó la campaña de lucha antidrogas de Duque. Esto, más que una felicitación, es una obligación con la que debe cumplir el presidente colombiano, generando resultados tangibles con cifras de disminución en la producción de drogas, que Estados Unidos pueda aceptar sin que afecte las ganancias de actores involucrados en la compleja estructura del narcotráfico internacional.
En el terreno práctico, los operadores que sortean esta diplomacia circunstancial trasladan la mercancía de los municipios productores hacia fuera de Colombia, utilizando nuevas rutas que los alejen de las amenazas y que no interrumpan con el crecimiento de las ganancias. Además, desplazan los cultivos a las zonas que colindan con Venezuela, exponiéndola a las disputas entre paramilitares, mercenarios y demás integrantes del paquete delictivo que trae consigo el narcotráfico.
Arco Minero del Orinoco y la lucha transnacional por los recursos mineros
Si bien hay que reiterar la ya mencionada muchas veces participación del narcotráfico como práctica irregular que altera el orden público de un país, no se debe olvidar que estos grupos armados son el brazo militar de intereses transnacionales y pueden fácilmente reubicarse en otras tareas, según las necesidades de sus financistas.¿Qué otras razones pueden desencadenar conflictos armados en una región tan sensible a coberturas mediáticas? Una vista a la geografía del Amazonas responde a esta pregunta.
El noreste del estado Amazonas forma parte del Arco Minero del Orinoco (AMO), área nacional creada en 2016 como estratégica por albergar distintas riquezas minerales además de petróleo, que integran la reciente política estatal de diversificación de la economía. En el subsuelo de esta región se encuentran yacimientos de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales.
A las empresas que operan en los alrededores de la triple frontera que comparte Amazonas con Brasil y Colombia se les hace sencillo en estos países evadir las legislaciones internas de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades que viven en las zonas mineras.
"Es más fácil ser ilegal que legal", según la contraloría general de la república de Colombia. Esto gracias a que el Estado actúa como un representante artificial de la condena al crimen organizado, mientras que simultáneamente le da espacios de ventaja a las multinacionales en el plano ilegal, adquiriendo ingresos de la paraeconomía.
La pronta asunción de Jair Bolsonaro en Brasil perfila, además, nuevas agresiones transfronterizas para violentar el suelo venezolano y mantener la extracción ilegal de recursos minerales, dado que en su campaña electoral planteó la necesidad de apoyar a las industrias extractivas foráneas, desregulando los procedimientos ambientales en el Amazonas, y fijó una posición hostil con el gobierno de Maduro.
Otra de las motivaciones que conecta a sectores del crimen organizado con la minería ilegal es que esta actividad es la más redituable para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La suma de estos dos actores políticos, fundamentales en las agresiones contra Venezuela, puede aumentar el financiamiento de grupos armados provenientes de la minería ilegal para suscitar un escenario de violencia en las áreas limítrofes.
Crimen organizado y los ejemplos en África
Por menos de este conjunto de rubros, se desatan en el continente africano los más cruentos conflictos bélicos. La rápida revisión de tres casos contemporáneos puntuales (Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo -RDC-) permite comprender cómo funciona la lógica de depredación neoliberal para acceder a materia prima, cada vez más escasa y necesaria para sostener el aparato industrial del consumismo.En estos tres países, las multinacionales europeas y estadounidenses se instalaron a vaciar la despensa mineral, fomentando rivalidades entre tribus, movimientos separatistas, adhesiones de países fronterizos al conflicto, ataques a minorías étnicas o religiosas que activaron situaciones de caos, inhabilitando la capacidad de ordenamiento de los Estados-nación y desencadenando la intervención de fuerzas militares extranjeras en los territorios en disputa.
Las situaciones en Angola y Sierra Leona guardan la semejanza de que ambos conflictos se desarrollaron en un contexto de comercialización de diamantes. La participación heterogénea de ejércitos nacionales, mercenarios, grupos paramilitares y fuerzas pacificadoras internacionales tuvo el saldo de 70 mil y 1 millón de muertos, respectivamente.
Por otro lado, en los 20 años de violencia en el Congo, país dotado de variados yacimientos como el oro, diamantes, cobalto, columbio, tantalio, cobre, radio y uranio, murieron 4 millones de ciudadanos. Las empresas importadoras de coltán, provenientes principalmente de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, consiguieron así capitalizar el 80% de las reservas mundiales de este rubro estratégico, concentrado en la RDC.
La aprobación del AMO como Zona de Desarrollo Estratégica juega, tomando en cuenta la referencia africana, un papel importante que conduce a la creación de un marco legal para realizar la extracción mineral. Esto expone a perder importantes negocios a las organizaciones criminales que se benefician de la minería ilegal en el sur venezolano.
Adicionalmente, el Estado venezolano integró estos recursos como base de respaldo para una arquitectura financiera paralela a la tradicional, desarrollando criptomonedas que tienen su valor en las reservas de minerales que se encuentran en el AMO. Igualmente, utiliza las reservas auríferas para relacionarse comercialmente en el mercado internacional y a lo interno, realizar el Plan de Ahorro en Oro para proteger a la población venezolana, víctima de la devaluación inducida del bolívar.
Estos proyectos son apoyados por China, Rusia y Turquía, naciones que también están desarrollando mecanismos que podrían permitir el rompimiento del cerco económico implantado desde Estados Unidos.
Una acción que debe ser saboteada por los agentes de las élites mundiales en declive con el objetivo de reducir el impacto del ascenso de las potencias emergentes. Atacar la zona del AMO, en ese sentido, es una vía expedita para ello.
Pacificación de la región sudamericana: pretexto imperial para intervenir en Venezuela
La agudización de estos puntos de conflicto les da a los ejecutantes estadounidenses de la guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro un canal geoestratégico para tomar como base el resguardo de la estabilidad política e ingresar militarmente al país.En esto último se basa ese traslado del eje de la guerra no convencional contra el país hacia sus fronteras, tomando en cuenta el hecho de que existe una estrategia de redimensionamiento de éstas a través de las economías ilegales basadas en el narcotráfico y el contrabando de extracción.
Esa es la interpretación que aplica a los intentos de los medios corporativos para comparar, descontextualizadamente, a Venezuela con regiones del África subsahariana que sufrieron una ruptura en su tejido social, producto de los enfrentamientos violentos, el desplazamiento forzado de la población y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.
Asignar estos elementos a Venezuela, omitiendo que las políticas nacionales con respecto a la generación de ganancias para el Estado no se corresponde con los modos del neoliberalismo depredador, es una prueba de que la oxigenación a la narrativa de la represión interna, la crisis humanitaria y la crisis migratoria no está dando resultados.
De esta forma, Estados Unidos redirige el discurso a la violación de derechos humanos en la triple frontera de Venezuela, azuzada por las pugnas entre delegados locales de las corporaciones mineras y el narcotráfico global. Negar las labores del Estado venezolano para contener a esos grupos es el modo de desestimarlo como ente soberano y proseguir con la lógica securitaria militar, en detrimento de la diplomacia y las presiones financieras.
Iván Duque acusa al Gobierno venezolano de
proteger a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El
presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó en una entrevista
publicada este domingo que su país romperá relaciones diplomáticas con
Venezuela, tras el inicio del nuevo periodo presidencial (2019-2025) de Nicolás Maduro.
El mandatario dijo a El Tiempo que, en enero del próximo año, cuando comienza el segundo mandato de su homólogo venezolano, al que considera un "dictador", Colombia no va a "hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas" con Venezuela, país que -dijo- "está violando la Resolución 1373 de Naciones Unidas", referida a la lucha de los Estados miembros contra el terrorismo.
Además, Duque aseveró que "por ahora" existe "una relación consular y de negocios" con Venezuela.
Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado oficialmente por las declaraciones de Duque.
En febrero de este año, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desmintió que miembros de las Fuerzas Armadas de ese país pertenecieran al mencionado grupo guerrillero, como lo había afirmado el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Por su parte, el secretariado del ELN negó que sus principales líderes estuvieran en Venezuela y calificó como "mito" de Washington esa información, según una nota de W Radio publicada en septiembre.
Posteriormente, ese mismo mes, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, Duque manifestó que Caracas había auspiciado al ELN en su país, que lo había "protegido" y que "había permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano".
Así, a finales de septiembre, Colombia retiró a Venezuela como garante del proceso de diálogo que había mantenido con el grupo irregular colombiano.
El tema de atribuir a la administración de Maduro supuestos crímenes ha sido un tema constante entre algunos países de la región. En julio pasado, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá le solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.
Las autoridades venezolanas, por su parte, determinaron en sus investigaciones que las protestas antigubernamentales ocurridas en los años 2014 y en 2017, que generaron hechos de violencia, y que causaron la muerte de más de cien personas, fueron organizadas y financiadas por la oposición.
En una entrevista publicada por Ok Diario,
el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep
Borrell, expresó que Maduro tendría "legitimidad" hasta el 10 de enero,
fecha en la que comienza su próximo periodo. Sin embargo, el pasado 15
de noviembre sostuvo una entrevista con su canciller, Jorge Arreaza,
como parte de la Reunión de Cancilleres en el marco de la XXVI Cumbre
Iberoamericana 2018 Antigua, Guatemala donde ambos abogaron por el
diálogo.
El mandatario dijo a El Tiempo que, en enero del próximo año, cuando comienza el segundo mandato de su homólogo venezolano, al que considera un "dictador", Colombia no va a "hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas" con Venezuela, país que -dijo- "está violando la Resolución 1373 de Naciones Unidas", referida a la lucha de los Estados miembros contra el terrorismo.
Además, Duque aseveró que "por ahora" existe "una relación consular y de negocios" con Venezuela.
Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado oficialmente por las declaraciones de Duque.
Disputa por el ELN
Según el mandatario colombiano, el Gobierno venezolano aloja a terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio.En febrero de este año, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desmintió que miembros de las Fuerzas Armadas de ese país pertenecieran al mencionado grupo guerrillero, como lo había afirmado el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Por su parte, el secretariado del ELN negó que sus principales líderes estuvieran en Venezuela y calificó como "mito" de Washington esa información, según una nota de W Radio publicada en septiembre.
Posteriormente, ese mismo mes, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, Duque manifestó que Caracas había auspiciado al ELN en su país, que lo había "protegido" y que "había permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano".
Así, a finales de septiembre, Colombia retiró a Venezuela como garante del proceso de diálogo que había mantenido con el grupo irregular colombiano.
"No vamos a premiar a un criminal"
Por otro lado, el presidente de Colombia también afirmó en la entrevista que no iba a "premiar a un criminal de lesa humanidad", al referirse a su homólogo venezolano.El tema de atribuir a la administración de Maduro supuestos crímenes ha sido un tema constante entre algunos países de la región. En julio pasado, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá le solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.
Las autoridades venezolanas, por su parte, determinaron en sus investigaciones que las protestas antigubernamentales ocurridas en los años 2014 y en 2017, que generaron hechos de violencia, y que causaron la muerte de más de cien personas, fueron organizadas y financiadas por la oposición.
Otros países que reducirían sus relaciones diplomáticas con Caracas
En mayo pasado, tras los elecciones presidenciales donde Maduro resultó reelecto con 68 % de la votación, los gobiernos de los once países pertenecientes al Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía), más algunos países europeos como España, Alemania e Inglaterra, no reconocieron el resultado de los comicios en Venezuela y manifestaron que reducirían sus relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano."Venezuela no es Granada, no habrá una invasión"
CC BY-SA 2.0 / Joseph Remedor / Venezuelan Flag (Bandera de Venezuela)
21:05 20.11.2018 SPUTNIK NEWS
©
REUTERS / Eduardo Munoz
De acuerdo con él, la cooperación de estos países con EEUU sería imprescindible para que pueda haber una invasión militar por vía terrestre. Incluso países como Colombia y Brasil no estarían dispuestos a colaborar en esta acción.
"Además, harían falta definiciones de algunas
organizaciones internacionales. Dudo que los estadounidenses se atrevan a
hacerlo unilateralmente", opinó Jeifets.
En cuanto a las organizaciones internacionales latinoamericanas y la
ONU, tampoco es probable que vayan a avalar una solución militar para
Venezuela. Por lo cual, las acciones de EEUU se limitarán a
declaraciones, a la inclusión en la lista de patrocinadores del
terrorismo y al reforzamiento de las sanciones.Tema relacionado: "La invasión de Venezuela por EEUU sería semejante en escala a la de Irak"
Falsas acusaciones
El experto se mostró incrédulo ante las acusaciones de Washington sobre una presunta relación de Caracas con Hizbulá. Según él, antes podría ser posible acusar a Venezuela de apoyar a las FARC que se refugiaban en el territorio del país. No obstante, ahora que el Gobierno colombiano pactó un trato con las FARC y la organización fue integrada en la vida política de Colombia, no hay lugar para estas acusaciones.En lo que se refiere a las acusaciones de estar colaborando con Hizbulá, es mucho más serio, por lo cual haría falta presentar pruebas sólidas.
"No me gusta la tendencia actual de crear una
opinión pública al lanzar acusaciones sin presentar pruebas concretas",
agregó el experto.
Según explicó, estas pruebas deben incluir los nombres de los
individuos concretos que estaban involucrados, se deben mostrar las
sumas que fueron enviadas y qué canales se usaron para hacerlo. Además,
se deben presentar pruebas de que el dinero llegó a destino, pero nada
de esto está pasando.Además: Washington Post: EEUU añadirá a Venezuela a la lista de países que apoyan el terrorismo
Guerra de sanciones
Es poco probable que las relaciones internacionales de Caracas se vean afectadas por la posible inclusión de Venezuela en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Las sanciones tampoco tendrían un gran efecto.
"Los países que mantienen estrechos lazos con
Caracas pueden prestarle poca atención a las sanciones, puesto que
algunos de ellos también son objeto de dichas sanciones. Estas se
interponen con una vida económica plena de Rusia, China o Cuba",
analizó.
Ello se debe, en parte, al hecho de que la mayoría de los Estados que
cooperan con Venezuela tiene similitudes ideológicas. "No es el caso de
Rusia, pero sí lo es China, Vietnam y Corea del Norte", opina Jeifets.Por lo cual, el experto concluyó que no hay razones de peso para que alguien se preocupe, puesto que poco va a cambiar. La lista de patrocinadores del terrorismo está reservada para los Gobiernos acusados de brindar repetidamente "apoyo a actos de terrorismo internacional". Incluye a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.
En 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, barajó la opción militar para enfrentar la crisis venezolana. Según Business Insider, Trump mantuvo una reunión con el equipo del Departamento de Defensa en la que preguntó por las opciones para intervenir militarmente. El presidente puso de ejemplo las intervenciones militares de Granada y de Panamá, las cuales, a su juicio, fueron todo un éxito.
A finales de agosto, el senador Marco Rubio —consejero de Trump en temas de América Latina— afirmó que el estado en el que se encuentra Venezuela había convertido al país en un territorio que desestabiliza a la región y, por lo tanto, también a Estados Unidos.
"Creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo se utilizan si existe una amenaza para la seguridad nacional", dijo Rubio, para luego añadir que existían argumentos suficientes para creer que "Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza para la región y para Estados Unidos".
Más información: "¿Por qué EEUU no puede simplemente invadir Venezuela?"
"La invasión de Venezuela por EEUU sería semejante en escala a la de Irak"
Las confesiones de García Palomo y la agenda mercenaria contra Venezuela
Diciembre 5 de 2018, 5:30 pm - MISIÓN VERDAD
"El
mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger a
su gente y restaurar la democracia eliminando a un dictador", escribió
el senador Marco Rubio el 9 de febrero de 2018.
Ocho días antes, el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, había sugerido en la Universidad de Austin, Texas, que los militares venezolanos podrían hacerse cargo de la situación en el país.
"En la historia de Venezuela y, de hecho, en la historia de otros países de América Latina y América del Sur, muchas veces los militares son los que se encargan de eso. Cuando las cosas están muy mal y los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir al pueblo, ellos se encargan de una transición pacífica", afirmó relajado Tillerson un día antes de comenzar su gira por América Latina.
Luego, una vez más, Estados Unidos desmintió conocer la existencia de un plan militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro justamente en el contexto de la desarticulación de la cédula armada de Óscar Pérez, inspirada en motivos políticos y religiosos evangélicos, y respaldadas por voceros antichavistas desde Miami y Florida.
"Nuestros colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando y muriendo", dijo a Bloomberg este ex coronel que plantea como objetivo ideal de su grupo instalar una junta de transición con cabeza civil para eventualmente convocar a elecciones de la misma forma que en febrero Tillerson lo había marcado públicamente. Sobre esto, García Palomo reconoció tener contactos con líderes opositores y una línea de consulta sobre próximos planes.
Según el reportaje firmado por Andy Rosati y Ezra Fieser, el ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana decidió elevar su perfil para agitar la opinión pública ante lo que considera como "una banda criminal, no un gobierno". En un video reciente, García Palomo insta a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Boli variana a "asumir su
responsabilidad su familia, dios, la ley, su país y el resto del mundo",
repitiendo la misma diatriba política religiosa que el ex piloto Óscar
Pérez utilizó para llamar al derrocamiento de Maduro.
Por otro lado, el ex coronel no negó que sea el enlace de los grupos disidentes en Venezuela con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, como denunció el presidente el pasado mes de agosto en una conferencia de prensa acerca de las conexiones internacionales de los involucrados con el fallido magnicidio. El propio ex coronel afirmó, incluso, que trabaja para que "gobiernos amigos" ayuden a los golpistas a concretar sus planes.
Según un reportaje de Bloomberg, posterior al fallido magnicidio, el grupo de García Palomo incluso se reunió en Colombia con la célula que intentó asesinar al presidente Maduro con dos drones. Aunque el ex coronel lo niega, las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado sostienen que también estuvo involucrado en este fallido plan.
Luego de este intento de asesinato, Maduro expresó en una conferencia de prensa en agosto que García Palomo aún estaba "tratando de reclutar soldados para sus aventuras criminales y fascistas" viajando por varios países de la región. De acuerdo al reportaje, el ex coronel, incluso, atravesó la frontera entre Colombia y Venezuela para participar en la primera de las operaciones, al igual que su familia que se fue del país con la ayuda del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.
El papel de Colombia, junto con Estados Unidos, además de reconocido, es por demás evidente dado que García Palomo organizó gran parte de sus planes golpistas desde el país vecino luego de que se convirtiera en prófugo de la justicia por su participación en el ataque armado al Fuerte Paramacay, Valencia, realizado por un grupo de ex militares relacionados con el ex capitán Juan Carlos Caguaripano y Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Los constantes llamados de Marco Rubio a un golpe militar, como el apoyo de estos planes por parte de la Casa Blanca, también evidencia el papel fundamental que juega la Florida como base financiera, política y operativa de estos grupos, que según se sabe han recibido dinero de grupos de antichavistas en el exilio para desarrollar sus operaciones en el país, sobre todo desde el rotundo fracaso del golpe de color en 2017.
El gobierno venezolano en reiteradas oportunidades denunció además que estos grupos cuentan con el respaldo, principalmente, de Colombia y Estados Unidos, incluso, protegiendo a García Palomo para que continúe buscando mayores adhesiones a sus planes para descarrillar el hilo constitucional en Venezuela. Sin embargo, de cara a la asunción del nuevo mandato de Maduro, destaca la evidente cartelización que existe entre estos grupos y las distintas fracciones antichavistas en confluir en una mal llamada "Junta de Transición" que luego de un golpe convoque a nuevas elecciones.
Por eso, la elevación del perfil público de García Palomo en un medio financiero como Bloomberg es más que claro que busca proyectar la percepción de que se acerca un inminente desenlace devenido de un nuevo intento golpista. Lo que por manido y repetido no deja de ser peligroso en el actual contexto venezolano, donde la vía de la fuerza parece ser la única alternativa que le ha quedado a los factores adversos del país para hacerse de un Estado que se les hace difícil de reconquistar desde 1998.
Ocho días antes, el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, había sugerido en la Universidad de Austin, Texas, que los militares venezolanos podrían hacerse cargo de la situación en el país.
"En la historia de Venezuela y, de hecho, en la historia de otros países de América Latina y América del Sur, muchas veces los militares son los que se encargan de eso. Cuando las cosas están muy mal y los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir al pueblo, ellos se encargan de una transición pacífica", afirmó relajado Tillerson un día antes de comenzar su gira por América Latina.
Luego, una vez más, Estados Unidos desmintió conocer la existencia de un plan militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro justamente en el contexto de la desarticulación de la cédula armada de Óscar Pérez, inspirada en motivos políticos y religiosos evangélicos, y respaldadas por voceros antichavistas desde Miami y Florida.
El llamado a un nuevo golpe de Estado
Este martes, nuevamente, Bloomberg publicó un reportaje donde el ex coronel Oswaldo García Palomo afirma buscar el apoyo de "gobiernos amigos" para un nuevo plan golpista contra el presidente Maduro. Desde el fallido magnicidio, Miraflores había alertado que García Palomo continuaba con sus planes insurrecionales después de haber participado de la llamada "Operación Constitución" y el intento de asesinar al presidente con drones con explosivos en agosto de este año."Nuestros colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando y muriendo", dijo a Bloomberg este ex coronel que plantea como objetivo ideal de su grupo instalar una junta de transición con cabeza civil para eventualmente convocar a elecciones de la misma forma que en febrero Tillerson lo había marcado públicamente. Sobre esto, García Palomo reconoció tener contactos con líderes opositores y una línea de consulta sobre próximos planes.
Según el reportaje firmado por Andy Rosati y Ezra Fieser, el ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana decidió elevar su perfil para agitar la opinión pública ante lo que considera como "una banda criminal, no un gobierno". En un video reciente, García Palomo insta a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Boli
Por otro lado, el ex coronel no negó que sea el enlace de los grupos disidentes en Venezuela con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, como denunció el presidente el pasado mes de agosto en una conferencia de prensa acerca de las conexiones internacionales de los involucrados con el fallido magnicidio. El propio ex coronel afirmó, incluso, que trabaja para que "gobiernos amigos" ayuden a los golpistas a concretar sus planes.
Viejas y nuevas conspiraciones con conexiones internacionales
García Palomo reconoció que la denominada "Operación Constitución" falló porque su grupo fue "infiltrado" por los organismos de seguridad del Estado que se anticiparon a la insurrección militar. Esta operación consistía en sitiar Caracas, apoderarse de instalaciones militares y logísticas claves, como aeropuertos, bases y ministerios públicos, y capturar a Maduro, junto con altos mandos del directorio cívico-militar, para que sean juzgados internacionalmente en las vísperas de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.Según un reportaje de Bloomberg, posterior al fallido magnicidio, el grupo de García Palomo incluso se reunió en Colombia con la célula que intentó asesinar al presidente Maduro con dos drones. Aunque el ex coronel lo niega, las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado sostienen que también estuvo involucrado en este fallido plan.
Luego de este intento de asesinato, Maduro expresó en una conferencia de prensa en agosto que García Palomo aún estaba "tratando de reclutar soldados para sus aventuras criminales y fascistas" viajando por varios países de la región. De acuerdo al reportaje, el ex coronel, incluso, atravesó la frontera entre Colombia y Venezuela para participar en la primera de las operaciones, al igual que su familia que se fue del país con la ayuda del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.
El papel de Colombia, junto con Estados Unidos, además de reconocido, es por demás evidente dado que García Palomo organizó gran parte de sus planes golpistas desde el país vecino luego de que se convirtiera en prófugo de la justicia por su participación en el ataque armado al Fuerte Paramacay, Valencia, realizado por un grupo de ex militares relacionados con el ex capitán Juan Carlos Caguaripano y Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
La Florida, los grupos irregulares y las denuncias de Venezuela
Desde finales de las guarimbas en 2017, se hace cada vez más evidente la puesta en el centro de la escena de células armadas paramilitares e irregulares que pretenden asumir el papel de vanguardia en el conflicto contra el Estado venezolano. Las declaraciones de García Palomo, junto con la desarticulación del grupo de Óscar Pérez, muestran que estas células se encuentran integradas por militares, policías, delincuentes comunes y miembros de la denominada "Resistencia", entre los que se pregona un discurso fundamentalista en lo político y lo religioso de una forma similar a otras organizaciones terroristas a nivel mundial que son empleadas para atacar a Estados que adversan a Estados Unidos. Piense en los "rebeldes" sirios o libios, antes de formar parte del Daesh.Los constantes llamados de Marco Rubio a un golpe militar, como el apoyo de estos planes por parte de la Casa Blanca, también evidencia el papel fundamental que juega la Florida como base financiera, política y operativa de estos grupos, que según se sabe han recibido dinero de grupos de antichavistas en el exilio para desarrollar sus operaciones en el país, sobre todo desde el rotundo fracaso del golpe de color en 2017.
El gobierno venezolano en reiteradas oportunidades denunció además que estos grupos cuentan con el respaldo, principalmente, de Colombia y Estados Unidos, incluso, protegiendo a García Palomo para que continúe buscando mayores adhesiones a sus planes para descarrillar el hilo constitucional en Venezuela. Sin embargo, de cara a la asunción del nuevo mandato de Maduro, destaca la evidente cartelización que existe entre estos grupos y las distintas fracciones antichavistas en confluir en una mal llamada "Junta de Transición" que luego de un golpe convoque a nuevas elecciones.
Por eso, la elevación del perfil público de García Palomo en un medio financiero como Bloomberg es más que claro que busca proyectar la percepción de que se acerca un inminente desenlace devenido de un nuevo intento golpista. Lo que por manido y repetido no deja de ser peligroso en el actual contexto venezolano, donde la vía de la fuerza parece ser la única alternativa que le ha quedado a los factores adversos del país para hacerse de un Estado que se les hace difícil de reconquistar desde 1998.
Hijo de Bolsonaro apunta contra Venezuela y Cuba tras reunirse con funcionarios de EE.UU.
Desde Washington Eduardo Bolsonaro defendió la congelación de bienes de cubanos y venezolanos
Hijo de Bolsonaro apunta contra Venezuela y Cuba tras reunirse con funcionarios de EE.UU. .
BRASIL
27 de noviembre de 2018, 11:27hs - LR21El diputado e hijo del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro,
Eduardo Bolsonaro, se reunió con la secretaria adjunta para asuntos del
hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estado Unidos,
Kimberley Breier.
A través de Twitter, Eduardo Bolsonaro, que viajó hasta Washington, aseguró que mantuvieron una “conversación productiva sobre las áreas en que Brasil y EEUU pueden cooperar”.
El próximo 29 de noviembre, Bolsonaro se reunirá en Río de Janeiro con el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de EEUU, John Bolton.
Eduardo Bolsonaro dijo tras la reunión que estudia alianzas con Estados Unidos para investigar crímenes financieros de las “dictaduras venezolanas y cubanas”.
Según cita O Globo el hijo del nuevo mandatario de Brasil dijo que hay instrumentos de investigación dentro de la llamada Convención de Palermo contra el crimen organizado que Brasil podría usar contra Caracas y La Habana.
Y agregó que está estudiando alianzas con el gobierno estadounidense con ese propósito. En Brasil la acción podrá ser coordinada por el Itamaraty y el Ministerio de Justicia, que será comandado por Sérgio Moro, precisó.
“Existen diversos instrumentos que Brasil por años, de manera intencional, no tomó en serio. Son instrumentos que están a mano. El juez Sérgio Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, combate al crimen organizado, Convención de Palermo. Y junto con el equipo del embajador Ernesto Araújo, tiene mucho en esa área”, dijo y agregó que si se congela “todo lo que remite y pasa por las dictaduras cubanas y venezolanas, se puede dar un calote muy grande en esos dictadores”.
Al ser consultado sobre si Convención de Palermo lo permite, dijo que si no es posible estudiará crear un nuevo tratado con los estadounidenses para rodear “las dictaduras” del continente.
“Y si no es posible, estamos aquí cosiendo para que haya un tratado internacional en ese sentido. Todo lo que sea posible. Los detalles los van a dar los ministros [Araújo y Moro], pero ciertamente está en nuestra idea ese tipo de congelación”.
Bolsonaro hijo también sugirió que las investigaciones de la Operación Lava Jato, que hasta ahora eran encabezadas por Moro, podrían ser usadas para investigar posibles activos de venezolanos y cubanos en Brasil.
“Es sólo tener la voluntad política para correr detrás de este perjuicio”, dijo al ser consultado sobre si la trama de Lava Jato puede ser el camino para investigar a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Bolsonaro también se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a través de su cuenta de Twitter publicó una foto con el diputado brasileño.
“Hoy me reuní con el diputado Eduardo Bolsonaro con quien conversé sobre la futura cooperación entre la OEA y Brasil”, escribió el excanciller uruguayo.
A través de Twitter, Eduardo Bolsonaro, que viajó hasta Washington, aseguró que mantuvieron una “conversación productiva sobre las áreas en que Brasil y EEUU pueden cooperar”.
El próximo 29 de noviembre, Bolsonaro se reunirá en Río de Janeiro con el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de EEUU, John Bolton.
Eduardo Bolsonaro dijo tras la reunión que estudia alianzas con Estados Unidos para investigar crímenes financieros de las “dictaduras venezolanas y cubanas”.
Según cita O Globo el hijo del nuevo mandatario de Brasil dijo que hay instrumentos de investigación dentro de la llamada Convención de Palermo contra el crimen organizado que Brasil podría usar contra Caracas y La Habana.
Y agregó que está estudiando alianzas con el gobierno estadounidense con ese propósito. En Brasil la acción podrá ser coordinada por el Itamaraty y el Ministerio de Justicia, que será comandado por Sérgio Moro, precisó.
“Existen diversos instrumentos que Brasil por años, de manera intencional, no tomó en serio. Son instrumentos que están a mano. El juez Sérgio Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, combate al crimen organizado, Convención de Palermo. Y junto con el equipo del embajador Ernesto Araújo, tiene mucho en esa área”, dijo y agregó que si se congela “todo lo que remite y pasa por las dictaduras cubanas y venezolanas, se puede dar un calote muy grande en esos dictadores”.
Al ser consultado sobre si Convención de Palermo lo permite, dijo que si no es posible estudiará crear un nuevo tratado con los estadounidenses para rodear “las dictaduras” del continente.
“Y si no es posible, estamos aquí cosiendo para que haya un tratado internacional en ese sentido. Todo lo que sea posible. Los detalles los van a dar los ministros [Araújo y Moro], pero ciertamente está en nuestra idea ese tipo de congelación”.
Bolsonaro hijo también sugirió que las investigaciones de la Operación Lava Jato, que hasta ahora eran encabezadas por Moro, podrían ser usadas para investigar posibles activos de venezolanos y cubanos en Brasil.
“Es sólo tener la voluntad política para correr detrás de este perjuicio”, dijo al ser consultado sobre si la trama de Lava Jato puede ser el camino para investigar a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Bolsonaro también se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a través de su cuenta de Twitter publicó una foto con el diputado brasileño.
“Hoy me reuní con el diputado Eduardo Bolsonaro con quien conversé sobre la futura cooperación entre la OEA y Brasil”, escribió el excanciller uruguayo.
¿El 10 de enero de 2019 es otro "Día D" para el antichavismo?
por Ana Cristina Bracho
Noviembre 19 de 2018, 4:00 pm - MISIÓN VERDAD
Ha
llegado el mes de noviembre, y no de cualquier año, sino del último que
se corresponde con el período constitucional que inició el Comandante
Chávez y ejerció, casi íntegramente, el presidente Maduro. En esta
afirmación hay una verdadera proeza del pueblo venezolano que logró
mantenerse firme tras tres períodos de revolución de colores que
intentaron transformarse en auténticas y abiertas guerras
civiles. Acechos internacionales sin precedentes. Bloqueos financieros y
guerra económica.
En este marco y habiendo sido electo en mayo del año en curso Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República para el período constitucional que inicia en enero de 2019, la oposición vuelve al esquema de sus famosos "Días D" que utilizó en el pasado para afirmar que, hasta allí, ni un minuto más, durará el chavismo en el poder.
Quizás, como esto ya ha pasado varias veces, podríamos sentirnos en la fábula de "Pedro y el Lobo", o dedicarnos a mirar lo absurdo que hay en una oposición que dice que destituyó al Presidente por abandonar el cargo, luego lo juzgó, y que desde 2015 afirma que no lo reconoce porque -según sus discursos- tiene menos apoyo popular que ellos.
Por ello, puede ser razonable creer que no va a pasar nada sino el mismo show desde una Asamblea Nacional cada vez más vacía e irrelevante y un par de declaraciones internacionales que tan pronto llegan como se olvidan.
Sin embargo, hay algunos elementos a considerar. El primero es que hay un evento electoral en agenda sobre el cual pueden aspirar construir un discurso que intente deslegitimar al Presidente, con base a que las elecciones municipales son históricamente los procesos con mayor tasa de abstención y que ellos son expertos en declarar que cualquier hecho electoral tiene sobre el chavismo un efecto plebiscitario, y en las últimas ocasiones todo el cuestionamiento ha estado no en la diferencia de votos entre los participantes, sino en el tamaño de la abstención.
En segundo lugar, debemos ver cómo pueden intentar ellos jugar con las categorías jurídicas con base a lo dispuesto en la Constitución y la situación de hecho en la que hasta ahora se encuentran. Así las cosas, la Asamblea Nacional se encuentra por el momento en una situación jurídica anómala, pues sus actos son nulos por disposición de la Sala Constitucional que ha castigado el desacato de dicha autoridad a las órdenes emanadas de la Sala Electoral.
Sin embargo, el desacato es una situación de hecho que puede revertirse. De hecho, el Poder Judicial ha exhortado al Poder Legislativo a corregir su actitud y desincorporar a los cuestionados diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional no lo ha hecho porque es un punto de honor para ellos desconocer a los Magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, al punto de juramentar otra estructura que opera fuera del país.
Pero si esto cambiase, si la Asamblea Nacional estimase más conveniente ponerse a derecho y decidiera salir del desacato, podría intentar declarar una vacante absoluta como lo vienen insinuando y generar una situación distinta, lo que podrían aprovechar para avanzar en sus agendas de desestabilización.
Puede que nosotros pensemos que si ese era el juego, han podido hacerlo en cualquier momento desde el año 2015, pero no es así. Esto porque la Constitución divide los efectos de la vacante del Presidente en función del momento del período constitucional en el que ocurre.
Hasta ahora, la Asamblea Nacional opositora ha convivido con un Presidente que se encontraba en la fase final de su mandato cuando, de producirse su ausencia, debía asumir el poder el Vicepresidente de la República, mientras que a partir del 10 de enero se encontrarán con un Presidente que inicia su mandato y que, si su ausencia se produce, esta debe ser compensada por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna.
Un aspecto importante es recordar que cualquier lectura que hagamos en el presente del Estado venezolano, debe considerar que está activo el Poder Constituyente, que sirve como padre de todo el Poder Público y este no desaparece, como el desacato, porque la Asamblea Nacional demuestre tener un propósito de enmienda de su testaruda decisión de los últimos años. Por lo cual, puede que veamos una nueva forma de interrelación de los poderes donde será vital el Poder Constituyente para garantizar la paz de la República y la estabilidad del Estado.
Puede que por esto es que el 10 de enero es su nuevo "Día D", sobre el cual ya dicen tener el concierto de otras naciones y algunas estructuras internacionales que han declarado desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien esto no tiene ningún sentido porque la legitimidad de las elecciones no se mide fuera sino dentro de un país, ellos redoblarán la batería para señalar que la única autoridad que reconocen es la Asamblea Nacional. Los debates que hemos visto en torno a la oposición, donde algunos voceros abogan por un nuevo esquema de relaciones y de entendimientos, puede estar en relación con que si esta fuera la vía que quieren usar en 2019, será de nuevo vital para quien quiera liderar la oposición hacerse de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Si esto es jurídicamente posible, puede que sea la causa por la que se ha visto tanto revuelo en los últimos días en determinar quién es el verdadero líder y cuál es el centro de gravitación actual de la oposición, que algunos consideran que de hecho ya no se encuentra en el territorio nacional.
Por estas causas, nosotros tenemos que ir tomando consciencia del nivel en el que nos encontramos, porque, como en abril de 2002, las semanas que vienen van a exigir la defensa consciente del proceso revolucionario, divisando la situación interna y los riesgos externos, cuando apenas cerrado el capítulo electoral en Estados Unidos, vimos a Donald Trump tomar medidas sumamente fuertes contra el pueblo iraní.
Nosotros, quienes conformamos los millones de votos históricos del chavismo y los que condujeron a Nicolás Maduro nuevamente a la Presidencia para el futuro período presidencial, tenemos que mirar los escenarios que tenemos por delante, puesto que estas jugadas serían equivalentes a las que sacaron a Fernando Lugo o a Dilma Rousseff del poder en sus respectivos países, con una agravante: ni sus pueblos habían sido tan atacados y debilitados, ni la comunidad internacional preparada para entender el desconocimiento de la voluntad popular electoralmente expresada como hechos democráticos, como lo ha sido en el caso de Venezuela.
En este marco y habiendo sido electo en mayo del año en curso Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República para el período constitucional que inicia en enero de 2019, la oposición vuelve al esquema de sus famosos "Días D" que utilizó en el pasado para afirmar que, hasta allí, ni un minuto más, durará el chavismo en el poder.
Quizás, como esto ya ha pasado varias veces, podríamos sentirnos en la fábula de "Pedro y el Lobo", o dedicarnos a mirar lo absurdo que hay en una oposición que dice que destituyó al Presidente por abandonar el cargo, luego lo juzgó, y que desde 2015 afirma que no lo reconoce porque -según sus discursos- tiene menos apoyo popular que ellos.
Por ello, puede ser razonable creer que no va a pasar nada sino el mismo show desde una Asamblea Nacional cada vez más vacía e irrelevante y un par de declaraciones internacionales que tan pronto llegan como se olvidan.
Sin embargo, hay algunos elementos a considerar. El primero es que hay un evento electoral en agenda sobre el cual pueden aspirar construir un discurso que intente deslegitimar al Presidente, con base a que las elecciones municipales son históricamente los procesos con mayor tasa de abstención y que ellos son expertos en declarar que cualquier hecho electoral tiene sobre el chavismo un efecto plebiscitario, y en las últimas ocasiones todo el cuestionamiento ha estado no en la diferencia de votos entre los participantes, sino en el tamaño de la abstención.
En segundo lugar, debemos ver cómo pueden intentar ellos jugar con las categorías jurídicas con base a lo dispuesto en la Constitución y la situación de hecho en la que hasta ahora se encuentran. Así las cosas, la Asamblea Nacional se encuentra por el momento en una situación jurídica anómala, pues sus actos son nulos por disposición de la Sala Constitucional que ha castigado el desacato de dicha autoridad a las órdenes emanadas de la Sala Electoral.
Sin embargo, el desacato es una situación de hecho que puede revertirse. De hecho, el Poder Judicial ha exhortado al Poder Legislativo a corregir su actitud y desincorporar a los cuestionados diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional no lo ha hecho porque es un punto de honor para ellos desconocer a los Magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, al punto de juramentar otra estructura que opera fuera del país.
Pero si esto cambiase, si la Asamblea Nacional estimase más conveniente ponerse a derecho y decidiera salir del desacato, podría intentar declarar una vacante absoluta como lo vienen insinuando y generar una situación distinta, lo que podrían aprovechar para avanzar en sus agendas de desestabilización.
Puede que nosotros pensemos que si ese era el juego, han podido hacerlo en cualquier momento desde el año 2015, pero no es así. Esto porque la Constitución divide los efectos de la vacante del Presidente en función del momento del período constitucional en el que ocurre.
Hasta ahora, la Asamblea Nacional opositora ha convivido con un Presidente que se encontraba en la fase final de su mandato cuando, de producirse su ausencia, debía asumir el poder el Vicepresidente de la República, mientras que a partir del 10 de enero se encontrarán con un Presidente que inicia su mandato y que, si su ausencia se produce, esta debe ser compensada por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna.
Un aspecto importante es recordar que cualquier lectura que hagamos en el presente del Estado venezolano, debe considerar que está activo el Poder Constituyente, que sirve como padre de todo el Poder Público y este no desaparece, como el desacato, porque la Asamblea Nacional demuestre tener un propósito de enmienda de su testaruda decisión de los últimos años. Por lo cual, puede que veamos una nueva forma de interrelación de los poderes donde será vital el Poder Constituyente para garantizar la paz de la República y la estabilidad del Estado.
Puede que por esto es que el 10 de enero es su nuevo "Día D", sobre el cual ya dicen tener el concierto de otras naciones y algunas estructuras internacionales que han declarado desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien esto no tiene ningún sentido porque la legitimidad de las elecciones no se mide fuera sino dentro de un país, ellos redoblarán la batería para señalar que la única autoridad que reconocen es la Asamblea Nacional. Los debates que hemos visto en torno a la oposición, donde algunos voceros abogan por un nuevo esquema de relaciones y de entendimientos, puede estar en relación con que si esta fuera la vía que quieren usar en 2019, será de nuevo vital para quien quiera liderar la oposición hacerse de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Si esto es jurídicamente posible, puede que sea la causa por la que se ha visto tanto revuelo en los últimos días en determinar quién es el verdadero líder y cuál es el centro de gravitación actual de la oposición, que algunos consideran que de hecho ya no se encuentra en el territorio nacional.
Por estas causas, nosotros tenemos que ir tomando consciencia del nivel en el que nos encontramos, porque, como en abril de 2002, las semanas que vienen van a exigir la defensa consciente del proceso revolucionario, divisando la situación interna y los riesgos externos, cuando apenas cerrado el capítulo electoral en Estados Unidos, vimos a Donald Trump tomar medidas sumamente fuertes contra el pueblo iraní.
Nosotros, quienes conformamos los millones de votos históricos del chavismo y los que condujeron a Nicolás Maduro nuevamente a la Presidencia para el futuro período presidencial, tenemos que mirar los escenarios que tenemos por delante, puesto que estas jugadas serían equivalentes a las que sacaron a Fernando Lugo o a Dilma Rousseff del poder en sus respectivos países, con una agravante: ni sus pueblos habían sido tan atacados y debilitados, ni la comunidad internacional preparada para entender el desconocimiento de la voluntad popular electoralmente expresada como hechos democráticos, como lo ha sido en el caso de Venezuela.
En medio de la crisis latinoamericana, ¿por qué florece la Bolivia de Evo Morales?
Publicado: 27 nov 2018 18:54 GMT | Última actualización: 29 nov 2018 07:14 GMT - RT
El país del altiplano mantiene hace más de
una década una estabilidad, crecimiento económico y mejora de los
índices sociales que contrasta con sus vecinos.
En
enero de 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, asumía el
Gobierno un presidente indígena. Evo Morales Ayma, dirigente sindical
cocalero, había triunfado meses antes con más del 50% de los votos en
una elección sin precedentes.
Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador.
No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e 'impeachments' –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad?
Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia "ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015". Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018.
Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Según su mirada, se trata de una política basada en "nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería"; la redistribución de los ingresos estatales, "sobre todo en infraestructura productiva"; el "fortalecimiento del mercado interno"; una política monetaria de "apreciación de la moneda nacional", es decir, una "desdolarización de la economía"; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el "litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios".
En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página/12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico.
En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, "pero de una manera sostenible", de forma que "los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo".
En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, "apuntalar el mercado interno" y, por último, la "articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra".
El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%.
Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación.
Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.
También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados.
No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitución a comienzos de 2009, la que declaró el carácter "Plurinacional" del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar así, ya no solo simbólica sino institucionalmente, el ascenso definitivo de los sectores marginados durante siglos de la política nacional.
Si bien para Abal no se puede "hablar de etapas, sino de una sostenida aplicación de un modelo económico", a partir de ese momento se puede analizar una profundización de algunos aspectos. Se trata de un punto de inflexión en el cual se comienza a hablar de "socialismo comunitario", lo que el sociólogo define como "una aproximación teórica a la aplicación del marxismo y sus categorías para comprender las lógicas de los 'ayllus' (comunidades)", que como indicaron muchos autores, mantenían estructuras de 'comunismo primitivo' o comunitarias contrarias a la propiedad privada y la acumulación individual.
Por su parte, García Linera sostiene que, una vez superada esa ofensiva de la derecha, se abrió un nuevo momento en la revolución boliviana que él ha denominado de "tensiones creativas". Es decir, debates al interior del proceso que lo hacen avanzar.
Al respecto, Abal asegura que en los movimientos sociales conviven dos tendencias político-ideológicas: "una la sindical, centrada en la reivindicaciones sectoriales, y la otra revolucionaria, como parte del proceso de cambio y parte del gobierno". Es en la disputa de esas dos miradas donde se dan las tensiones creativas que, desde su punto de vista, son "la dialéctica del movimiento de conciencia de la clase".
La lógica "obrerista", según el sociólogo, no logra terminar de comprender "la otra lógica organizativa e ideológica de los pueblos originarios". Y esto lo atribuye a una contradicción impulsada durante décadas de enfrentar "indios contra obreros" y que "fue fomentada en una etapa del nacionalismo revolucionario (1952 – 1985)".
Finalmente, el analista apunta que "el vínculo potente se encuentra entre el Gobierno y los movimientos sociales", donde "el gran articulador de este bloque es, sin duda, Evo Morales, incluso más allá del instrumento político". Como contracara, Estado y movimientos sociales "aún se encuentran distanciados", porque este último "mantiene su matriz colonial no superada".
Por otra parte, a pesar del traspié sufrido en el referéndum de comienzos de 2016, que impedía a Morales volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2019, esto finalmente fue habilitado por el Tribunal Supremo. Con su candidatura y una derecha por ahora dividida, la continuidad del proceso parece estar asegurada.
Por último, pero no menos importante, García Linera pronosticó en el reciente Foro Mundial de Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Buenos Aires, que los Gobiernos conservadores de la región durarán poco tiempo y luego vendrá un nuevo auge progresista y de izquierda.
"Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos limites intrínsecos: es fosilizada y es en sí misma contradictoria", apuntó. Y detalló que en estos países se están "repitiendo las recetas que hace veinte años fracasaron", por lo que "no hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza".
A su vez, "el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos". Es decir, que está "fundado en la negatividad y no en la proposición. No en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas", completó el vicepresidente boliviano.
Por eso, con optimismo, sentenció: "En vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal, y prepararnos". "La izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder en los siguientes años en el continente", concluyó.
Santiago Mayor
Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador.
No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e 'impeachments' –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad?
Estadísticas contundentes
Según datos del Banco Mundial, en 2006 el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano era de 11.452 millones de dólares. Para 2017 ese número había aumentado más de tres veces llegando a 37.509 millones. En el mismo período de tiempo, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 y la esperanza de vida subió de 64 a 71 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, sostiene que la pobreza se redujo del 59,9% cuando asumió Evo Morales al 36,4% el año pasado.Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia "ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015". Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018.
Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Las razones
El sociólogo y escritor boliviano Antonio Abal enumeró en diálogo con este medio "los ejes del sostenido crecimiento de la economía de Bolivia".Según su mirada, se trata de una política basada en "nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería"; la redistribución de los ingresos estatales, "sobre todo en infraestructura productiva"; el "fortalecimiento del mercado interno"; una política monetaria de "apreciación de la moneda nacional", es decir, una "desdolarización de la economía"; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el "litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios".
En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página/12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico.
En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, "pero de una manera sostenible", de forma que "los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo".
En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, "apuntalar el mercado interno" y, por último, la "articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra".
Políticas públicas de redistribución
A esto se suma una serie de programas sociales que han acompañado la mejora económica y han sido los dispositivos que han garantizado una redistribución de la riqueza. En ese sentido, Martín-Carrillo enumeró tres que considera los más importantes: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy.El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%.
Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación.
Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.
También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados.
Un proceso con debates y tensiones
Más allá de su situación actual, los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) no han estado al margen de problemas, algunos incluso muy graves. Quizás, el punto más álgido fue en el año 2008, cuando la llamada 'Media Luna', que incluía cuatro departamentos orientales del país, intentó escindirse del resto del territorio por acción de los sectores de la derecha boliviana que contaban con el apoyo solapado de EE.UU.No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitución a comienzos de 2009, la que declaró el carácter "Plurinacional" del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar así, ya no solo simbólica sino institucionalmente, el ascenso definitivo de los sectores marginados durante siglos de la política nacional.
Si bien para Abal no se puede "hablar de etapas, sino de una sostenida aplicación de un modelo económico", a partir de ese momento se puede analizar una profundización de algunos aspectos. Se trata de un punto de inflexión en el cual se comienza a hablar de "socialismo comunitario", lo que el sociólogo define como "una aproximación teórica a la aplicación del marxismo y sus categorías para comprender las lógicas de los 'ayllus' (comunidades)", que como indicaron muchos autores, mantenían estructuras de 'comunismo primitivo' o comunitarias contrarias a la propiedad privada y la acumulación individual.
Por su parte, García Linera sostiene que, una vez superada esa ofensiva de la derecha, se abrió un nuevo momento en la revolución boliviana que él ha denominado de "tensiones creativas". Es decir, debates al interior del proceso que lo hacen avanzar.
Al respecto, Abal asegura que en los movimientos sociales conviven dos tendencias político-ideológicas: "una la sindical, centrada en la reivindicaciones sectoriales, y la otra revolucionaria, como parte del proceso de cambio y parte del gobierno". Es en la disputa de esas dos miradas donde se dan las tensiones creativas que, desde su punto de vista, son "la dialéctica del movimiento de conciencia de la clase".
La lógica "obrerista", según el sociólogo, no logra terminar de comprender "la otra lógica organizativa e ideológica de los pueblos originarios". Y esto lo atribuye a una contradicción impulsada durante décadas de enfrentar "indios contra obreros" y que "fue fomentada en una etapa del nacionalismo revolucionario (1952 – 1985)".
Finalmente, el analista apunta que "el vínculo potente se encuentra entre el Gobierno y los movimientos sociales", donde "el gran articulador de este bloque es, sin duda, Evo Morales, incluso más allá del instrumento político". Como contracara, Estado y movimientos sociales "aún se encuentran distanciados", porque este último "mantiene su matriz colonial no superada".
Una revolución con futuro
Si bien los procesos políticos nacionales difícilmente pueden sobrevivir mucho tiempo aislados, además de sus fortalezas internas, Bolivia cuenta todavía con aliados en el continente. Más allá de sus propios conflictos están Venezuela, Nicaragua y también Cuba, países con los que integra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba). Cabe recordar que, con colaboración de La Habana, en 2008 se declaró "libre de analfabetismo" a todo el territorio boliviano.Por otra parte, a pesar del traspié sufrido en el referéndum de comienzos de 2016, que impedía a Morales volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2019, esto finalmente fue habilitado por el Tribunal Supremo. Con su candidatura y una derecha por ahora dividida, la continuidad del proceso parece estar asegurada.
Por último, pero no menos importante, García Linera pronosticó en el reciente Foro Mundial de Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Buenos Aires, que los Gobiernos conservadores de la región durarán poco tiempo y luego vendrá un nuevo auge progresista y de izquierda.
"Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos limites intrínsecos: es fosilizada y es en sí misma contradictoria", apuntó. Y detalló que en estos países se están "repitiendo las recetas que hace veinte años fracasaron", por lo que "no hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza".
A su vez, "el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos". Es decir, que está "fundado en la negatividad y no en la proposición. No en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas", completó el vicepresidente boliviano.
Por eso, con optimismo, sentenció: "En vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal, y prepararnos". "La izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder en los siguientes años en el continente", concluyó.
Santiago Mayor
Entrevista a Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia
“Evo es el único que puede dar continuidad a este proyecto”
García
Linera sostiene que, a diferencia de otros países, en Bolivia el modelo
económico no está en debate, porque “la derecha no tuvo la capacidad de
interpelar las estructuras de crecimiento”. Habla de los desafíos de la
izquierda.
PÁGINA 12 - 22 de noviembre de 2018
Alvaro García Linera participó del Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que se realiza esta semana.
Este
es un corto invierno para las fuerzas progresistas, augura el
vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, en conversación con
PáginaI12, en su corta y aclamada pasada por Buenos Aires. El pensador
boliviano intervino en el Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico de
Clacso y delineó las claves para el regreso de las izquierdas en la
región. “En lo práctico las izquierdas tienen que hacer otras
combinaciones de gestión económica y en lo político tienen que construir
otro relato, otra manera orgánica de concentrar expectativas distintas a
las que han prevalecido en las últimas décadas”, afirmó. Linera junto
al presidente indígena Evo Morales lideran un proceso transformador en
Bolivia que va por su cuarta elección.
–En estas dos semanas en curso Buenos Aires es sede dos eventos importantes. El primer foro de pensamiento crítico de Clacso, pero también del G-20. ¿Qué cuestiones se disputan en cada uno de esos espacios?
–Yo veo al encuentro convocado por Clacso como un gran escenario de construcción de un horizonte colectivo frente al conjunto de problemas y retrocesos que se presentan en el mundo –y que se irán agudizando–. De este encuentro la izquierda mundial tiene que sacar lecciones tanto de los logros pero también de las derrotas. Y en cambio el encuentro del G-20 va a ser el encuentro de un capitalismo esquizofrénico, carente de horizonte compartido y lleno de confrontaciones porque los países que alaban la iniciativa privada, como Estados Unidos, ahora hablan de protección. Y los países que tenían una fuerte presencia estatal en la economía ahora hablan de globalización y librecambio. Entonces el encuentro de Clacso es en cierta medida el esfuerzo más racional que tenemos hasta ahora de buscar salidas y alternativas, desde el ámbito de lo popular, a este derrumbe de certidumbres y horizontes compartido por parte de las grandes potencias mundiales.
–¿Hace falta una actualización de las categorías para entender este nuevo desorden?
–Necesariamente necesitamos una profunda renovación de los lenguajes que nos permita generar nuevas preguntas donde las antiguas no son suficientes para proponer algo en el mundo. Ahora hay un gran desorden, un caos de sentido y para sobrepasar este momento necesitamos una gran dosis de creatividad.
–¿A qué se debe la pérdida de horizonte y este caos de sentido?
–Es que se agotó la narrativa y se agotó el combustible de la acumulación neoliberal que surgió en los años 70. La lógica de un mundo dirigido a procesos cada vez más globalizadores y de aperturas de fronteras que se supone que iba a generar bienestar y progreso para todos, no funcionó. Los primeros malestares aparecieron en América Latina donde las fuerzas progresistas intentaron dar una respuesta a ello. Pero después vimos cómo llegaron los descontentos a las articulaciones centrales de la economía mundial. Lo vimos en Grecia, España, Francia e Italia, y últimamente en Gran Bretaña con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. Entonces, la idea de que la globalización era el medio mediante el cual la humanidad iba a progresar fracasó, es una promesa fallida.
–Sin embargo, Bolivia parece ser el único país de América latina que logró mantener un gobierno progresista que además tiene un gran crecimiento económico. ¿Cuáles son las claves para entender este proceso?
–Una de las claves de la sostenibilidad de un gobierno progresista es y tiene que ser la economía. Al mismo tiempo esa es quizás una de las debilidades que se ha mostrado en esta primera oleada. En el caso de Bolivia, parte del éxito radica en esta preocupación de la economía, fruto de que nuestra generación vivió la derrota de la izquierda hace 20 años precisamente por una mala gestión económica que abrió paso a que la derecha avasallara durante 20, 25 años. De aquella experiencia apuntamos cuatro cuestiones centrales. Primero que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Segundo: redistribuir la riqueza pero de una manera sostenible de forma que los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo. Tercero: apuntalar el mercado interno; cuarto: articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60 por ciento de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra. Y por último, estabilizamos la moneda y bolivianizamos los ahorros.
–En el último tiempo aparecieron en escena las fake news. ¿Qué lectura hace de este fenómeno?
–No considero que las redes fabrican victorias. Si no que lo que hacen las redes es debilitar fortalezas del opositor. Me parece que la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: “¿qué condiciones latentes hay en la sociedad que pueden ser explotadas y radicalizadas mediante las redes?”. Lo que es interpelado con las redes es un conjunto de componentes del sentido común neoliberal: el miedo, el individualismo, la competencia, el gregarismo, el racismo y la salvación externa. Este sentido común popular está latente desde hace mucho tiempo y el momento progresista no lo pudo anular, simplemente los fracturó temporalmente.
–Además se ve un uso de la información personal con fines políticos...
– Todo ese tema nos agarró a los gobiernos progresistas en pañales, como quien dice. Porque quienes son más hábiles para manejar esos temas son los que usan los algoritmos en las empresas, los que ya hacen negocios. Cuando entras al celular, esas empresas ya saben tus compras, tus preferencias. Hay un algoritmo que es utilizado para incentivar a comprar otra cosa. Mientras nosotros estamos pensando como mostrarnos buenas gentes en las redes, otros supieron utilizar las emociones para generar animadversión contra los compañeros. “¿quiénes tuvieron esa facilidad?”, fueron las personas que se movían ya tiempo atrás en el uso de los algoritmos para fomentar las compras empresariales. Ahí el sector empresarial nos llevaba ventaja por lo menos de media década. Lo que hicieron fue traspasar el uso económico de las redes al uso político, mientras que nosotros recién estábamos descubriendo el uso político de las redes de una manera muy ingenua. Y eso ha contribuido a que estemos atrasados en esta batalla.
–¿Cómo se puede fortalecer la democracia y no permitir que los gobiernos sean víctimas de golpes blandos como los que sucedieron en la región?
–No puedo hacer consideraciones particulares de lo que sucede en otros gobiernos, pero si sé que no es posible ser permanentemente impune ante los agravios, ante la gente. Los abusos que se están incrementando en América latina no pueden ni van a ser indefinidos. La gente tiene tolerancia, es flexible, pero eso no es un cheque en blanco para un uso indefinido de esas tolerancias morales de la gente. Los agravios se acumulan, los abusos se sedimentan y habrá un momento en que la gente se canse de los abusos y de los maltratos. Y ahí es cuando estallan las protestas, las resistencias y las indignaciones morales que mueven a sociedades. Entonces, todo gobernante tiene que saber que no se puede abusar indefinidamente de la buena fe de las personas y que la gente tarde o temprano despierta, rompe los moldes, las tolerancias y pasa factura al gobernante.
–El año que viene hay elecciones presidenciales en Bolivia, sin embargo hasta ahora la oposición va fragmentada. ¿Cómo ve ese escenario?
–Nosotros tenemos una ventaja y es que la derecha en Bolivia no tuvo la capacidad de interpelar las estructuras de crecimiento de nuestro país, es decir que lo que está en debate en las próximas elecciones no es un modelo económico, como si pasa en el resto de la región. Si no que el debate gira en torno a quien le da continuidad a nuestro proyecto económico. Esa es nuestra ventaja y lo que tenemos que transmitir, que Evo es el único que puede garantizar la continuidad.
–¿Qué opina de Trump?
–Me provoca curiosidad. En cierta medida Trump es una respuesta anómala a un malestar popular y laboral norteamericano que el ala demócrata no supo entender, no supo captar. En el fondo los populismos de derecha son el resultado de una audaz y agresiva política progresista y de izquierda. Y en cierta medida (Bernie) Sanders expresaba lo que se estaba gestando, un malestar frente a la globalización. Un malestar frente al incumplimiento de las expectativas de la globalización y la izquierda en vez de articular ese malestar y canalizarlo progresivamente, se volvió cómplice de esas políticas. Y al hacerlo provocó que el ala de los republicanos canalizara ese malestar pero hacia el ala más pervertida, buscando la explicación de la frustración o de la falta de empleo de cierto sectores no en la globalización sino en los migrantes, en los extranjeros. Algo parecido al fenómeno de Trump, pasó en Italia y estuvo a punto de suceder en Francia. Por eso esto es un llamado más de atención a las fuerzas progresistas porque era la izquierda la llamada a armar un relato movilizador de ese descontento y no lo hizo.
–¿Cree que en la región tenemos para largo rato con la vuelta de estas derechas neoliberales?
–No es lo que esperamos. Este es un corto invierno para nosotros porque la vuelta al mando de las fuerzas neoliberales carece de expectativas de mediano y largo plazo. Los gobiernos que están dirigiendo ahora la política latinoamericana no han fundado su regreso en el diseño de un horizonte de esperanzas, de expectativas, sino que han basado su regreso en una muralla de resentimientos y de odio, y ese no es un combustible que dure mucho. Despierta emociones muy intensas, despierta pasiones muy acentuadas pero también pasiones y emociones efímeras. La derecha está ahora en un momento de impasse histórico. La derecha planetaria y las derechas continentales no saben el rumbo que van a tomar, se apegan de manera casi ciega y desesperada a viejas prácticas y viejas decisiones que están empeorando la economías de sus países -que están generando más malestar que el que quisieron resolver- y no tienen otro libreto. Esta es una derecha tacticista y no puede mantener indefinidamente una sociedad en una situación de incertidumbre estratégica. Ninguna sociedad aguanta. Esta es una derecha sin brillo y que no puede generar adhesiones fuertes y duraderas.
–¿Qué camino deben tomar ahora las izquierdas?
– En principio las fuerzas progresistas tienen que crear la capacidad de remontar el ruido y volver a redefinir un camino más o menos claro y preciso de cómo superar este conjunto de adversidades que ahora agobia a la gente. En lo práctico las izquierdas tienen que hacer otras combinaciones de gestión económica y en lo político tienen que construir otro relato, otra manera orgánica de concentrar expectativas distintas a las que han prevalecido en las últimas décadas. Porque la izquierda llega al gobierno con un discurso movilizador agrupando a los agraviados, planteando una reivindicación, pero cuando fruto de sus acciones hay una parte que asciende socialmente, el discurso del desagravio ya no funciona. Y ahí es cuando tienen que complejizar el discurso. Y la otra cuestión clave es que las políticas de movilidad social de los sectores populares tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo porque cuando no lo son, los sectores sociales que ascendieron fácilmente pueden adoptar el punto de vista de los sectores más conservadores que desde un inicio se opusieron a estas políticas de movilidad social. Y entonces se da la paradoja que gobiernos progresistas pierden por la votación de personas que habían logrado ascender socialmente gracias a la política económica de los gobiernos progresistas.
Entrevista: Sofía Solari.
–En estas dos semanas en curso Buenos Aires es sede dos eventos importantes. El primer foro de pensamiento crítico de Clacso, pero también del G-20. ¿Qué cuestiones se disputan en cada uno de esos espacios?
–Yo veo al encuentro convocado por Clacso como un gran escenario de construcción de un horizonte colectivo frente al conjunto de problemas y retrocesos que se presentan en el mundo –y que se irán agudizando–. De este encuentro la izquierda mundial tiene que sacar lecciones tanto de los logros pero también de las derrotas. Y en cambio el encuentro del G-20 va a ser el encuentro de un capitalismo esquizofrénico, carente de horizonte compartido y lleno de confrontaciones porque los países que alaban la iniciativa privada, como Estados Unidos, ahora hablan de protección. Y los países que tenían una fuerte presencia estatal en la economía ahora hablan de globalización y librecambio. Entonces el encuentro de Clacso es en cierta medida el esfuerzo más racional que tenemos hasta ahora de buscar salidas y alternativas, desde el ámbito de lo popular, a este derrumbe de certidumbres y horizontes compartido por parte de las grandes potencias mundiales.
–¿Hace falta una actualización de las categorías para entender este nuevo desorden?
–Necesariamente necesitamos una profunda renovación de los lenguajes que nos permita generar nuevas preguntas donde las antiguas no son suficientes para proponer algo en el mundo. Ahora hay un gran desorden, un caos de sentido y para sobrepasar este momento necesitamos una gran dosis de creatividad.
–¿A qué se debe la pérdida de horizonte y este caos de sentido?
–Es que se agotó la narrativa y se agotó el combustible de la acumulación neoliberal que surgió en los años 70. La lógica de un mundo dirigido a procesos cada vez más globalizadores y de aperturas de fronteras que se supone que iba a generar bienestar y progreso para todos, no funcionó. Los primeros malestares aparecieron en América Latina donde las fuerzas progresistas intentaron dar una respuesta a ello. Pero después vimos cómo llegaron los descontentos a las articulaciones centrales de la economía mundial. Lo vimos en Grecia, España, Francia e Italia, y últimamente en Gran Bretaña con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. Entonces, la idea de que la globalización era el medio mediante el cual la humanidad iba a progresar fracasó, es una promesa fallida.
–Sin embargo, Bolivia parece ser el único país de América latina que logró mantener un gobierno progresista que además tiene un gran crecimiento económico. ¿Cuáles son las claves para entender este proceso?
–Una de las claves de la sostenibilidad de un gobierno progresista es y tiene que ser la economía. Al mismo tiempo esa es quizás una de las debilidades que se ha mostrado en esta primera oleada. En el caso de Bolivia, parte del éxito radica en esta preocupación de la economía, fruto de que nuestra generación vivió la derrota de la izquierda hace 20 años precisamente por una mala gestión económica que abrió paso a que la derecha avasallara durante 20, 25 años. De aquella experiencia apuntamos cuatro cuestiones centrales. Primero que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Segundo: redistribuir la riqueza pero de una manera sostenible de forma que los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo. Tercero: apuntalar el mercado interno; cuarto: articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60 por ciento de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra. Y por último, estabilizamos la moneda y bolivianizamos los ahorros.
–En el último tiempo aparecieron en escena las fake news. ¿Qué lectura hace de este fenómeno?
–No considero que las redes fabrican victorias. Si no que lo que hacen las redes es debilitar fortalezas del opositor. Me parece que la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: “¿qué condiciones latentes hay en la sociedad que pueden ser explotadas y radicalizadas mediante las redes?”. Lo que es interpelado con las redes es un conjunto de componentes del sentido común neoliberal: el miedo, el individualismo, la competencia, el gregarismo, el racismo y la salvación externa. Este sentido común popular está latente desde hace mucho tiempo y el momento progresista no lo pudo anular, simplemente los fracturó temporalmente.
–Además se ve un uso de la información personal con fines políticos...
– Todo ese tema nos agarró a los gobiernos progresistas en pañales, como quien dice. Porque quienes son más hábiles para manejar esos temas son los que usan los algoritmos en las empresas, los que ya hacen negocios. Cuando entras al celular, esas empresas ya saben tus compras, tus preferencias. Hay un algoritmo que es utilizado para incentivar a comprar otra cosa. Mientras nosotros estamos pensando como mostrarnos buenas gentes en las redes, otros supieron utilizar las emociones para generar animadversión contra los compañeros. “¿quiénes tuvieron esa facilidad?”, fueron las personas que se movían ya tiempo atrás en el uso de los algoritmos para fomentar las compras empresariales. Ahí el sector empresarial nos llevaba ventaja por lo menos de media década. Lo que hicieron fue traspasar el uso económico de las redes al uso político, mientras que nosotros recién estábamos descubriendo el uso político de las redes de una manera muy ingenua. Y eso ha contribuido a que estemos atrasados en esta batalla.
–¿Cómo se puede fortalecer la democracia y no permitir que los gobiernos sean víctimas de golpes blandos como los que sucedieron en la región?
–No puedo hacer consideraciones particulares de lo que sucede en otros gobiernos, pero si sé que no es posible ser permanentemente impune ante los agravios, ante la gente. Los abusos que se están incrementando en América latina no pueden ni van a ser indefinidos. La gente tiene tolerancia, es flexible, pero eso no es un cheque en blanco para un uso indefinido de esas tolerancias morales de la gente. Los agravios se acumulan, los abusos se sedimentan y habrá un momento en que la gente se canse de los abusos y de los maltratos. Y ahí es cuando estallan las protestas, las resistencias y las indignaciones morales que mueven a sociedades. Entonces, todo gobernante tiene que saber que no se puede abusar indefinidamente de la buena fe de las personas y que la gente tarde o temprano despierta, rompe los moldes, las tolerancias y pasa factura al gobernante.
–El año que viene hay elecciones presidenciales en Bolivia, sin embargo hasta ahora la oposición va fragmentada. ¿Cómo ve ese escenario?
–Nosotros tenemos una ventaja y es que la derecha en Bolivia no tuvo la capacidad de interpelar las estructuras de crecimiento de nuestro país, es decir que lo que está en debate en las próximas elecciones no es un modelo económico, como si pasa en el resto de la región. Si no que el debate gira en torno a quien le da continuidad a nuestro proyecto económico. Esa es nuestra ventaja y lo que tenemos que transmitir, que Evo es el único que puede garantizar la continuidad.
–¿Qué opina de Trump?
–Me provoca curiosidad. En cierta medida Trump es una respuesta anómala a un malestar popular y laboral norteamericano que el ala demócrata no supo entender, no supo captar. En el fondo los populismos de derecha son el resultado de una audaz y agresiva política progresista y de izquierda. Y en cierta medida (Bernie) Sanders expresaba lo que se estaba gestando, un malestar frente a la globalización. Un malestar frente al incumplimiento de las expectativas de la globalización y la izquierda en vez de articular ese malestar y canalizarlo progresivamente, se volvió cómplice de esas políticas. Y al hacerlo provocó que el ala de los republicanos canalizara ese malestar pero hacia el ala más pervertida, buscando la explicación de la frustración o de la falta de empleo de cierto sectores no en la globalización sino en los migrantes, en los extranjeros. Algo parecido al fenómeno de Trump, pasó en Italia y estuvo a punto de suceder en Francia. Por eso esto es un llamado más de atención a las fuerzas progresistas porque era la izquierda la llamada a armar un relato movilizador de ese descontento y no lo hizo.
–¿Cree que en la región tenemos para largo rato con la vuelta de estas derechas neoliberales?
–No es lo que esperamos. Este es un corto invierno para nosotros porque la vuelta al mando de las fuerzas neoliberales carece de expectativas de mediano y largo plazo. Los gobiernos que están dirigiendo ahora la política latinoamericana no han fundado su regreso en el diseño de un horizonte de esperanzas, de expectativas, sino que han basado su regreso en una muralla de resentimientos y de odio, y ese no es un combustible que dure mucho. Despierta emociones muy intensas, despierta pasiones muy acentuadas pero también pasiones y emociones efímeras. La derecha está ahora en un momento de impasse histórico. La derecha planetaria y las derechas continentales no saben el rumbo que van a tomar, se apegan de manera casi ciega y desesperada a viejas prácticas y viejas decisiones que están empeorando la economías de sus países -que están generando más malestar que el que quisieron resolver- y no tienen otro libreto. Esta es una derecha tacticista y no puede mantener indefinidamente una sociedad en una situación de incertidumbre estratégica. Ninguna sociedad aguanta. Esta es una derecha sin brillo y que no puede generar adhesiones fuertes y duraderas.
–¿Qué camino deben tomar ahora las izquierdas?
– En principio las fuerzas progresistas tienen que crear la capacidad de remontar el ruido y volver a redefinir un camino más o menos claro y preciso de cómo superar este conjunto de adversidades que ahora agobia a la gente. En lo práctico las izquierdas tienen que hacer otras combinaciones de gestión económica y en lo político tienen que construir otro relato, otra manera orgánica de concentrar expectativas distintas a las que han prevalecido en las últimas décadas. Porque la izquierda llega al gobierno con un discurso movilizador agrupando a los agraviados, planteando una reivindicación, pero cuando fruto de sus acciones hay una parte que asciende socialmente, el discurso del desagravio ya no funciona. Y ahí es cuando tienen que complejizar el discurso. Y la otra cuestión clave es que las políticas de movilidad social de los sectores populares tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo porque cuando no lo son, los sectores sociales que ascendieron fácilmente pueden adoptar el punto de vista de los sectores más conservadores que desde un inicio se opusieron a estas políticas de movilidad social. Y entonces se da la paradoja que gobiernos progresistas pierden por la votación de personas que habían logrado ascender socialmente gracias a la política económica de los gobiernos progresistas.
Entrevista: Sofía Solari.
¿Hay una nueva derecha latinoamericana?
16 noviembre, 2018La
derecha latinoamericana se renovó y ensanchó sus fuerzas cuando adhirió
al modelo neoliberal. Pasó a reivindicar el futuro, buscando relegar la
izquierda al pasado. Incorporó fuerzas socialdemócratas e incluso de
origen nacionalista, ampliando su bloque político.
La izquierda tardó un poco en reaccionar, un tanto atónita frente a tantos golpes – fin de la URSS, enfrentarse a una ofensiva global del neoliberalismo, perder los aliados socialdemócratas, debilitamiento de los sindicatos, de los Estados, de los mismos partidos. La afirmación tan reiterada de que, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, parecía muy real.
Hasta que a izquierda se dio cuenta que el capitalismo había vestido una ropa neoliberal y que la izquierda tiene que ser una izquierda antes que todo antineoliberal. Fue dura la pelea de resistencia a los flamantes gobiernos neoliberales, porque no se daba solo en contra de la derecha tradicional, sino también en contra de gobiernos como los de Menem, Cardoso, Carlos Andrés Pérez, de la Concertación chilena, entre otros.
Pero finalmente la izquierda logró ganar elecciones y mostrar a lo que venía, con los gobiernos antineoliberales. La derecha quedó acusada, perdió iniciativa, actuaba como respuesta al éxito de las políticas sociales de los gobiernos de la izquierda, pasó a afirmar que las iba a incorporar, pero en el marco del modelo neoliberal.
Después de sucesivas derrotas, la derecha vuelve al gobierno en Argentina y en Brasil. La victoria de Macri provocó reacciones apresuradas de que el macrismo se había vuelto el partido de la derecha argentina y que venía para quedarse. En Brasil ahora se dice lo mismo con Bolsonaro. Hay que preguntarse si hay de hecho una nueva derecha en América Latina.
Lo que es cierto es que la que fue la derecha hasta entonces se ha degastado con su modelo neoliberal y dejó espacio abierto para nuevas fuerzas, más radicales a la derecha. Pasó ello con el Partido Radical en Argentina, sin que liderazgos de centro dentro del peronismo hayan logrado ocupar ese lugar, finalmente ocupado por el macrismo. Pasó lo mismo con el desgaste del PSDB en Brasil, dejando campo para el avance del bolsonarismo.
¿Pero cuánto tienen de nuevas esas fuerzas y que aliento tienen para quedarse por largo plazo? Es cierto que se han vuelto los representantes políticos de las derechas de esos países. Es cierto que llegan con fuerza y con planteamientos de ultra derecha, especialmente en el caso de Brasil. Pero el debilitamiento rápido de Macri, por los pies de barro que tiene siempre la derecha con su modelo neoliberal, indica que fueron un poco apresuradas las previsiones de su aliento largo. Al igual que Bolsonaro que, como Macri, está condenado al vaciamiento de apoyo, conforme todos se den cuenta que la recesión y el desempleo se mantendrán, por la continuidad del modelo neoliberal, más allá de sus discursos, de los cuales ya ha reculado en varias promesas – como el fin del ministerio del trabajo, entre otros.
Pero es una nueva derecha más radical, bastante más radical, en el caso de Bolsonaro. Que se vale de debilidades de las fuerzas de izquierda, pero que, no por ello, vino para quedarse en los gobiernos. Tienen en común las acusaciones de corrupción en contra de la izquierda, intentando aparecer como los no corruptos, que la van a combatir. No importa el grado de realidad de esas acusaciones. Importa que ellas han logrado imponer a la opinión pública la imagen de que los gobiernos, los dirigentes y los partidos de izquierda se han envuelto en corrupción. Y hacer como si los de derecha, no. Así como el diagnóstico de que los problemas económicos actuales son todavía efectos de los gobiernos de izquierda. En lo primero tienen éxito generalizado, en lo segundo tienen bastante más en Argentina que Brasil.
¿Es una nueva derecha? Si. ¿Llega con fuerza al gobierno? Si. ¿Vino para quedarse? Como nueva representante de la derecha, probablemente. ¿Gobernará por un tiempo largo? Difícilmente. Esto depende de la capacidad de la izquierda de unirse y de readecuarse a los temas del debate planteados por esa nueva derecha, volver a presentarse como la renovación de la política, la defensora de la trasparencia en la política, así como retomar los temas pendientes en la superación del neoliberalismo con más fuerzas, como la democratización de los medios, al cual se une ahora la democratización del Poder Judicial. Ahondando siempre en la vía democrática, ensanchando los espacios que existan, creando otros, para que la fuerza de la resistencia de masas al neoliberalismo vuelva a traducirse en fuerza política.
URUGUAY
La izquierda tardó un poco en reaccionar, un tanto atónita frente a tantos golpes – fin de la URSS, enfrentarse a una ofensiva global del neoliberalismo, perder los aliados socialdemócratas, debilitamiento de los sindicatos, de los Estados, de los mismos partidos. La afirmación tan reiterada de que, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, parecía muy real.
Hasta que a izquierda se dio cuenta que el capitalismo había vestido una ropa neoliberal y que la izquierda tiene que ser una izquierda antes que todo antineoliberal. Fue dura la pelea de resistencia a los flamantes gobiernos neoliberales, porque no se daba solo en contra de la derecha tradicional, sino también en contra de gobiernos como los de Menem, Cardoso, Carlos Andrés Pérez, de la Concertación chilena, entre otros.
Pero finalmente la izquierda logró ganar elecciones y mostrar a lo que venía, con los gobiernos antineoliberales. La derecha quedó acusada, perdió iniciativa, actuaba como respuesta al éxito de las políticas sociales de los gobiernos de la izquierda, pasó a afirmar que las iba a incorporar, pero en el marco del modelo neoliberal.
Después de sucesivas derrotas, la derecha vuelve al gobierno en Argentina y en Brasil. La victoria de Macri provocó reacciones apresuradas de que el macrismo se había vuelto el partido de la derecha argentina y que venía para quedarse. En Brasil ahora se dice lo mismo con Bolsonaro. Hay que preguntarse si hay de hecho una nueva derecha en América Latina.
Lo que es cierto es que la que fue la derecha hasta entonces se ha degastado con su modelo neoliberal y dejó espacio abierto para nuevas fuerzas, más radicales a la derecha. Pasó ello con el Partido Radical en Argentina, sin que liderazgos de centro dentro del peronismo hayan logrado ocupar ese lugar, finalmente ocupado por el macrismo. Pasó lo mismo con el desgaste del PSDB en Brasil, dejando campo para el avance del bolsonarismo.
¿Pero cuánto tienen de nuevas esas fuerzas y que aliento tienen para quedarse por largo plazo? Es cierto que se han vuelto los representantes políticos de las derechas de esos países. Es cierto que llegan con fuerza y con planteamientos de ultra derecha, especialmente en el caso de Brasil. Pero el debilitamiento rápido de Macri, por los pies de barro que tiene siempre la derecha con su modelo neoliberal, indica que fueron un poco apresuradas las previsiones de su aliento largo. Al igual que Bolsonaro que, como Macri, está condenado al vaciamiento de apoyo, conforme todos se den cuenta que la recesión y el desempleo se mantendrán, por la continuidad del modelo neoliberal, más allá de sus discursos, de los cuales ya ha reculado en varias promesas – como el fin del ministerio del trabajo, entre otros.
Pero es una nueva derecha más radical, bastante más radical, en el caso de Bolsonaro. Que se vale de debilidades de las fuerzas de izquierda, pero que, no por ello, vino para quedarse en los gobiernos. Tienen en común las acusaciones de corrupción en contra de la izquierda, intentando aparecer como los no corruptos, que la van a combatir. No importa el grado de realidad de esas acusaciones. Importa que ellas han logrado imponer a la opinión pública la imagen de que los gobiernos, los dirigentes y los partidos de izquierda se han envuelto en corrupción. Y hacer como si los de derecha, no. Así como el diagnóstico de que los problemas económicos actuales son todavía efectos de los gobiernos de izquierda. En lo primero tienen éxito generalizado, en lo segundo tienen bastante más en Argentina que Brasil.
¿Es una nueva derecha? Si. ¿Llega con fuerza al gobierno? Si. ¿Vino para quedarse? Como nueva representante de la derecha, probablemente. ¿Gobernará por un tiempo largo? Difícilmente. Esto depende de la capacidad de la izquierda de unirse y de readecuarse a los temas del debate planteados por esa nueva derecha, volver a presentarse como la renovación de la política, la defensora de la trasparencia en la política, así como retomar los temas pendientes en la superación del neoliberalismo con más fuerzas, como la democratización de los medios, al cual se une ahora la democratización del Poder Judicial. Ahondando siempre en la vía democrática, ensanchando los espacios que existan, creando otros, para que la fuerza de la resistencia de masas al neoliberalismo vuelva a traducirse en fuerza política.
URUGUAY
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
En el marco del 70° Aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convocamos como cada
año, al Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz
Ferreira (Cerro).
Parque de los Fogones
Invitamos y agradecemos difusión
Transporte interdepartamental
Siguen negociando en busca de una solución al conflicto del transporte interdepartamental
Por
el momento se mantiene el paro de 72 horas convocado por la Unott. Este
jueves a la hora 11 se levanta el cuarto intermedio en el Ministerio de
Trabajo.
Finalmente
se abrió un cuarto intermedio entre el Ministerio de Trabajo y los
empresarios del transporte en las negociaciones por los consejos de
salarios.
Las negociaciones se retomarán este jueves a partir de la hora 11.
Por su parte la Unott dijo que de no avanzar en las negociaciones, mantienen la decisión de paro de 72 horas empezando en la jornada del viernes.
Las negociaciones se retomarán este jueves a partir de la hora 11.
Por su parte la Unott dijo que de no avanzar en las negociaciones, mantienen la decisión de paro de 72 horas empezando en la jornada del viernes.
Por el momento el sindicato
de trabajadores del transporte interdepartamental mantiene el paro de
tres días previsto a partir de este viernes.
Todo comenzó el martes cuando después de varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto en el transporte interdepartamental, no se llegó a un acuerdo. Ese día las empresas no se presentaron a negociar y pese a la intervención de la cartera, el conflicto se mantiene.
Aún así, el ministro Ernesto Murro volvió a convocar a las empresas para una reunión el miércoles con el objetivo de alcanzar un convenio en el sector, ya en el plazo límite.
Este jueves seguirán negociando, intentando llegar a una solución y que se levante la medida de paro prevista por los trabajadores para los días viernes, sábado y domingo.
Todo comenzó el martes cuando después de varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto en el transporte interdepartamental, no se llegó a un acuerdo. Ese día las empresas no se presentaron a negociar y pese a la intervención de la cartera, el conflicto se mantiene.
Aún así, el ministro Ernesto Murro volvió a convocar a las empresas para una reunión el miércoles con el objetivo de alcanzar un convenio en el sector, ya en el plazo límite.
Este jueves seguirán negociando, intentando llegar a una solución y que se levante la medida de paro prevista por los trabajadores para los días viernes, sábado y domingo.
Paro en la planta de La Tablada puede generar problemas de abastecimiento de combustible
La medida se tomó debido a un accidente sufrido por un trabajador. El gremio reclama más seguridad industrial desde hace 6 años.
Debido
a un accidente sufrido por un trabajador, DUCSA (la distribuidora de
Ancap), decidió realizar un paro de 24 horas, por lo cual habrá
problemas de suministro de combustible este fin de semana.
Julio Tabeira, delegado de DUCSA informó que este jueves la asamblea de trabajadores decidió la paralización .
El motivo es un accidente sufrido por un trabajador de 45 años que está internado en el Banco de Seguros.
El gremialista explicó que se cortó el fleje de un caño provocando fractura expuesta y tendones rotos en una mano.
Desde hace seis años que los trabajadores reclaman mejores en la seguridad.
Los trabajadores también decidieron reducir los viajes de los transportistas este viernes, de tres a uno, y el fin de semana, sábado y domingo no habrá distribución. por lo que se prevé que las estaciones del sur del país, se queden sin nafta con el correr de las horas.
La planta abastece a Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Florida y Lavalleja.
El motivo es un accidente sufrido por un trabajador de 45 años que está internado en el Banco de Seguros.
El gremialista explicó que se cortó el fleje de un caño provocando fractura expuesta y tendones rotos en una mano.
Desde hace seis años que los trabajadores reclaman mejores en la seguridad.
Los trabajadores también decidieron reducir los viajes de los transportistas este viernes, de tres a uno, y el fin de semana, sábado y domingo no habrá distribución. por lo que se prevé que las estaciones del sur del país, se queden sin nafta con el correr de las horas.
La planta abastece a Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Florida y Lavalleja.
PIT-CNT comienza discusión política y define plan de acción para año electoral
PORTAL PIT-CNT
“El año que viene no es un año neutro, los ciudadanos tienen la enorme responsabilidad de elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento. Por esta razón estamos ante un año políticamente muy fuerte y por ese motivo el movimiento sindical debe definir un plan de acción que ponga en la opinión pública y en los candidatos presidenciales los puntos de la plataforma que va a impulsar el conjunto de los trabajadores. Este plan será dado a conocer y tendremos que definir si lo hacemos en un acto público en el marco de una movilización y cuando”, le adelantó al Portal Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT.
Agregó el dirigente de la central obrera que la Mesa Representativa, la cual se reunirá el próximo miércoles a partir de las 10 horas en la sede del PIT-CNT, ubicada en Jackson 1283, realizará un primer debate en torno al plan de acción. Este intercambio de posiciones tiene como uno de los temas prioritarios la “construcción de la plataforma programática”, la cual emerge del XIII Congreso que se realizó los días jueves 24 y viernes 25 de mayo del corriente año y que fue denominado Wladimir Turiansky. Por lo que los temas de la educación, salud, tributación, el trabajo del futuro, la negociación colectiva, entre otros, formarán parte de la plataforma. “Temas todos que consideramos estratégicos para pensar el Uruguay del futuro”, apunto.
Pereira subrayó que sobre todo esto el movimiento sindical tiene posición y “se la vamos a trasmitir a la opinión pública. Además le trasmitiremos a la totalidad de los candidatos presidenciables que ya tienen representación parlamentaria para que luego de junio nos puedan dar respuesta a los puntos de la plataforma del PIT-CNT. Está más que claro que los trabajadores tienen que saber que opinan sobre sus planteos los dirigentes políticos más importantes del Uruguay. Queremos saber que opinan sobre los temas centrales que hacen a la vida de un país. Debemos tener claro que piensa cada candidato sobre la negociación colectiva por rama de actividad, ya que es un tema clave para el movimiento sindical. Les consultaremos que opinan de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otros temas bien concretos”.
El Presidente del PIT-CNT también adelantó que “estos puntos los vamos a defender con movilización, lucha y todo lo que tenga que poner el movimiento sindical en la calle. Consideramos que lo mejor es señalar desde ya cual será nuestra política, de esta forma los candidatos a la presidencia de la República nos podrán brindarán su posición sobre la plataforma de los trabajadores del país. Deben tener claro en qué temas no estamos dispuestos a ceder posiciones porque han mejorado la calidad de vida de la gente y, sobretodo, han generado un modelo más democrático en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo”.
Pereira fue categórico a la hora de explicar que “vamos a escuchar que dicen los candidatos y dejar clara la posición del movimiento sindical. Nuestra plataforma para nada es caprichosa y es producto de un intenso debate registrado en el último Congreso. Por esta razón, repito, estamos ante un año diferente, donde no existirá la discusión salarial, ni estarán los Consejos de Salarios ni la Rendición de Cuentas. Lo que si tendremos es una plataforma reivindicativa que impulsaremos con todas nuestras fuerzas. Si algo ha aprendido este movimiento sindical es que no importan sólo las peleas de corto plazo, como son la defensa del salario y las condiciones de empleo. Por eso tenemos una mirada estratégica de país, lo que implica inserción internacional del Uruguay, políticas de género, inclusión, laborales, de salud y educación. A la que agregamos la de seguridad y convivencia. Tema que ya venimos trabajando en la central junto al sindicato de la Policía y otras organizaciones”.
Destacó el dirigente de la central sindical que “la seguridad le preocupa a la ciudadanía y por eso le preocupa al PIT-CNT. Y, no salimos con las barbaridades de plomo y represión, saldremos con propuestas que nos permitan tener un país más seguro. No podemos conformarnos con que la seguridad en Uruguay es mejor a la de otros países de América Latina, tenemos que lograr una convivencia adecuada entre todos los ciudadanos. Por eso hay que atacar las causas que provocan esa violencia. Para alguien que quiere ser presidente es muy difícil hablar de estos temas, pero lo que tenemos claro es que se debe invertir más en la gente que esta en las cárceles para poderlas reincorporar con mayores posibilidades de reinsertarse y en políticas sociales en los sectores de contexto crítico. Por eso debemos tener un movimiento sindical que le pueda garantizar la voz a los más débiles”.
“El año que viene no es un año neutro, los ciudadanos tienen la enorme responsabilidad de elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento. Por esta razón estamos ante un año políticamente muy fuerte y por ese motivo el movimiento sindical debe definir un plan de acción que ponga en la opinión pública y en los candidatos presidenciales los puntos de la plataforma que va a impulsar el conjunto de los trabajadores. Este plan será dado a conocer y tendremos que definir si lo hacemos en un acto público en el marco de una movilización y cuando”, le adelantó al Portal Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT.
Agregó el dirigente de la central obrera que la Mesa Representativa, la cual se reunirá el próximo miércoles a partir de las 10 horas en la sede del PIT-CNT, ubicada en Jackson 1283, realizará un primer debate en torno al plan de acción. Este intercambio de posiciones tiene como uno de los temas prioritarios la “construcción de la plataforma programática”, la cual emerge del XIII Congreso que se realizó los días jueves 24 y viernes 25 de mayo del corriente año y que fue denominado Wladimir Turiansky. Por lo que los temas de la educación, salud, tributación, el trabajo del futuro, la negociación colectiva, entre otros, formarán parte de la plataforma. “Temas todos que consideramos estratégicos para pensar el Uruguay del futuro”, apunto.
Pereira subrayó que sobre todo esto el movimiento sindical tiene posición y “se la vamos a trasmitir a la opinión pública. Además le trasmitiremos a la totalidad de los candidatos presidenciables que ya tienen representación parlamentaria para que luego de junio nos puedan dar respuesta a los puntos de la plataforma del PIT-CNT. Está más que claro que los trabajadores tienen que saber que opinan sobre sus planteos los dirigentes políticos más importantes del Uruguay. Queremos saber que opinan sobre los temas centrales que hacen a la vida de un país. Debemos tener claro que piensa cada candidato sobre la negociación colectiva por rama de actividad, ya que es un tema clave para el movimiento sindical. Les consultaremos que opinan de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otros temas bien concretos”.
El Presidente del PIT-CNT también adelantó que “estos puntos los vamos a defender con movilización, lucha y todo lo que tenga que poner el movimiento sindical en la calle. Consideramos que lo mejor es señalar desde ya cual será nuestra política, de esta forma los candidatos a la presidencia de la República nos podrán brindarán su posición sobre la plataforma de los trabajadores del país. Deben tener claro en qué temas no estamos dispuestos a ceder posiciones porque han mejorado la calidad de vida de la gente y, sobretodo, han generado un modelo más democrático en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo”.
Pereira fue categórico a la hora de explicar que “vamos a escuchar que dicen los candidatos y dejar clara la posición del movimiento sindical. Nuestra plataforma para nada es caprichosa y es producto de un intenso debate registrado en el último Congreso. Por esta razón, repito, estamos ante un año diferente, donde no existirá la discusión salarial, ni estarán los Consejos de Salarios ni la Rendición de Cuentas. Lo que si tendremos es una plataforma reivindicativa que impulsaremos con todas nuestras fuerzas. Si algo ha aprendido este movimiento sindical es que no importan sólo las peleas de corto plazo, como son la defensa del salario y las condiciones de empleo. Por eso tenemos una mirada estratégica de país, lo que implica inserción internacional del Uruguay, políticas de género, inclusión, laborales, de salud y educación. A la que agregamos la de seguridad y convivencia. Tema que ya venimos trabajando en la central junto al sindicato de la Policía y otras organizaciones”.
Destacó el dirigente de la central sindical que “la seguridad le preocupa a la ciudadanía y por eso le preocupa al PIT-CNT. Y, no salimos con las barbaridades de plomo y represión, saldremos con propuestas que nos permitan tener un país más seguro. No podemos conformarnos con que la seguridad en Uruguay es mejor a la de otros países de América Latina, tenemos que lograr una convivencia adecuada entre todos los ciudadanos. Por eso hay que atacar las causas que provocan esa violencia. Para alguien que quiere ser presidente es muy difícil hablar de estos temas, pero lo que tenemos claro es que se debe invertir más en la gente que esta en las cárceles para poderlas reincorporar con mayores posibilidades de reinsertarse y en políticas sociales en los sectores de contexto crítico. Por eso debemos tener un movimiento sindical que le pueda garantizar la voz a los más débiles”.
Habrá quienes resistan
La impunidad de ayer y de hoy.
Complejo militar donde
se produjeron los múltiples intentos de frenar la búsqueda
de personas desaparecidas
/ Fuente: Giaf-Presidencia
©
Sputnik /
18:53 26.09.2018 SPUTNIK NEWS