Colombia arde : No es por «reforma tributaria», es por hambre y dignidad
Colombia es un régimen en guerra permanente contra su población desde comienzos del siglo XIX. Ello empezó apenas el venezolano Simón Bolívar dejó el poder en Bogotá, al verse traicionado y en camino de ser asesinado. Él había dado la libertad a Colombia, entre otras tierras, luchando junto a sus tropas de bravos harapientos, casi todos venezolanos, hasta expulsar a la corona española…
Antes que ningún otro estado en América Latina, la dirigencia política y la iglesia Católica empezaron a instaurar leyes represivas para perseguir al «comunismo» : hablo del año 1920.
Pero mirando sólo desde los años sesenta del siglo pasado se puede
decir que sin necesidad de dictaduras, Colombia, siempre bajo la égida
de EEUU, instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional como ninguna otra
nación en el continente. El presidente Kennedy, cuyo gobierno la
conceptualizó y expandió, felicitó admirado al colombiano por su
capacidad para adaptarla. Esa estrategia de acabar con el «enemigo
interno», con la oposicion política, sigue vigente. Y bajo ella, por
ejemplo, léase
bien y disculpen la comparación: cada presidente colombiano después de 4
años de gobierno deja más muertos y desaparecidos por motivos politicos
que todos los que hicieron EN SU CONJUNTO Y DURANTE 16 AÑOS, las
dictaduras que instauró Estados Unidos en Chile, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Argentina.
Desde crematorios hasta criaderos de cocodrilos han sido creados para desaparecer a dirigentes comunitarios. No hay otro país en el mundo donde se hayan encontrado fosas comunes con más de 2000 personas cada una: ni los nazis lo lograron.
Los grupos paramilitares hacen parte del régimen colombiano desde hace seis décadas. Perfeccionados por especialistas israelíes, ingleses y estadounidenses en los años ochenta del siglo pasado, fueron y siguen siendo financiados con dinero del narcotráfico. Ellos se encargan de hacer el «trabajo sucio» del ejército y de «limpiar» las zonas campesinas de posibles opositores a las transnacionales y terratenientes, que se apoderan de los inmensos recursos estratégicos .
Colombia es el principal productor y exportador de cocaína del mundo, a pesar de estar invadida por tropas estadounidenses que llegaron con el pretexto de combatirla. Mientras Estados Unidos es el principal consumidor y sus bancos que quedan con el 95% de las ganancias de ese billonario negocio.
Aún así se sigue repitiendo que Colombia es la más vieja democracia de América Latina. Claro, regularmente hay elecciones, y como por encanto ellas cierran los ojos de la realidad.
Me han pedido de hacer un texto dirigido al presidente Iván Duque o a la «Comunidad internacional» sobre la actual represión (que se trasladó a las ciudades pues siempre se ha focalizado en el campo), pero no puedo. El motivo es simple: no logro mantener la sangre en su calor normal al escribir cuando conozco esa realidad y sus raíces (como tampoco puedo mantenerla ante las agresiones a Cuba, Venezuela o tantos otros países). Me queda imposible utilizar términos «socialmente aceptables».
Además, no es a esos politiqueros mafiosos y asesinos colombianos a quienes se debe dirigir cualquier protesta, pues ellos son simples mayordomos: es al presidente de Estados Unidos, por ser el primer y verdadero responsable. Él es quien manda en Colombia.
Muchas gracias por habérmelo propuesto. Muchas gracias por lo que puedan hacer por ese pueblo que, a pesar de la terrible represión, incluida la económica, lucha cada día y de todas las formas. Ah, hablo del pueblo, pueblo, no de la mayoría pequeña burguesa en las ciudades, la que sólo de vez en cuando siente lo que es la violencia estatal, pero está lista para señalar los «desmanes» de la plebe.
Y para terminar les digo: la propuesta de reforma tributaria ha sido la gota que derramó al vaso. Esos millones de pobres, en un país inmensamente rico, ya no soporta más el tener que escoger entre muy poco o nada: tiene muy poquito a perder.
La ciudad que más se ha levantado enardecida y que la terrible represión y los crímenes de las fuerzas estatales quiere acallar, es Cali, al suroccidente del país. Para «calmar» las protestas han enviado contingentes enteros de militares, además de los miles ya existentes. El comandante del ejército en persona dirige los «operativos». Aunque sería raro, quizás han estudiado la historia del país y saben que en esa ciudad se dio el primer grito de independencia y empezó la guerra para expulsar a la corona España.
Esa fue la primera independencia…
Blog del autor: https://blogs.mediapart.fr/
Una protesta que huele a rebelión
Desde el pasado 28 de abril, millares de personas colman las calles colombianas para rechazar el proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Iván Duque que ataca directamente bolsillos y mesas de las clases populares colombianas aumentando el gravamen del IVA (hasta el 19 %) y extendiendo su implantación a nuevos productos de la canasta familiar [y en general las violencias económica y estatal].
Reforma Tributaria
Presentada primero como Reforma Tributaria, modificó su nombre ante las primeras voces de protesta por el de “Ley de Solidaridad Sostenible”, cuyo propósito nominal parecía hasta amoroso: consolidar “una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza (…) y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.
Esta no es la primera reforma tributaria del gobierno de Duque y, por lo tanto, no son los primeros eufemismos. En 2018 la llamó “Ley de financiamiento” y en 2019 la nombró “Ley de crecimiento”. Así pues, los pilares tributarios del gobierno uribista son: el financiamiento, el crecimiento y la solidaridad.
Pero, volvamos a la reforma tributaria de 2021. El argumento con el que se defendía la propuesta era cubrir el déficit fiscal (producto de la corrupción y el gasto no prioritario: publicidad, camionetas, nueva burocracia excesiva e inútil) gravando aún más a las clases populares y, sobre todo, a la clase media, ya que se esperaba que el 73 % del recaudo viniera de las personas naturales.
Para promocionarla, el gobierno acudió a tres estrategias: (1) una campaña de miedo, en la cual, el país estaba al borde la crisis, sus bonos se devaluaban y la caja del Estado sólo tenía fondos para seis semanas; (2) una campaña mediática de guerra psicológica y “terror emocional”, a través de spots radiales y televisivos, donde la palabra “solidaridad” (fundamento del nombre de la reforma) se asociaba con las redes familiares, vecinales y amigables; y, (3) a un posicionamiento descarado y cínico del Alberto Carrasquilla y Juan Alberto Londoño, ministro y viceministro de Hacienda, respectivamente.
Dos verdaderos economistas neoliberales, que pueden ser entendidos como “criminales de guerra”, en la perspectiva planteada por Renán Vega Cantor. De hecho, en 2020, Carrasquilla había expresado que el salario mínimo legal vigente en Colombia era uno de los más altos del mundo, y presionó para que se estableciera un incremento de apenas el 2 %.
Entrevistado acerca del precio de una docena de huevos, Carrasquilla respondió la mitad del precio real con toda naturalidad, mientras que Londoño afirmó que el café no era un producto fundamental de la canasta básica de un pueblo denominado internacionalmente como “cafetero” (tampoco lo era la sal o el azúcar).
La historia de ambos parece recordar aquella anécdota de María Antonieta, cuando en la Francia de 1789 escuchaba desde las ventanas del Palacio de Versalles que la gente reclamaba que no tenía pan y ella se atrevió a decir: “Si no tienen pan que coman pasteles”. Un año después, su cabeza rodó sobre el cadalso al encuentro con la guillotina. Tal parece ser la suerte de los cargos de Carrasquilla y Londoño, quienes terminaron dimitiendo, luego de que el gobierno anunciara el retiro del proyecto.
Sin embargo, Carrasquilla (cuya persona aparece en los famosos “Panama Papers”) no se iría derrotado a su casa, pues al parecer sería promocionado para un cargo internacional y el gobierno colombiano no renunciaría a la idea de la reforma, sólo que ahora edulcoraría su propuesta a través de una “versión consensuada” con los partidos políticos tradicionales, muchos de ellos miembros de la coalición del gobierno. De esta manera, desconoció abiertamente a los pueblos y a la oposición (negación del juego democrático liberal–burgués que pregonan): artífices principales del retiro del proyecto.
Militarización de las calles
Sin embargo, Iván Duque (o el “sub–presidente” o “presiden–títere” como suele llamársele en alusión a que el que ejerce el “poder real” es Álvaro Uribe Vélez) echó gasolina a la candela y, en una actitud abiertamente dictatorial, ordenó la militarización de las calles, es decir, que en lugar de invocar el diálogo, da tratamiento militar a la protesta social. No puede olvidarse que Colombia es el segundo país de la región, después de Brasil, en inversión militar, que el año anterior alcanzó la cifra cercana de US$9.216 millones.
La presencia de las tropas reforzaría la barbarie y criminalidad desplegada por la Policía Nacional (con sus motorizados y su escuadrón de muerte anti–disturbios), quienes siguen empeñados en disolver las manifestaciones a golpes, brutalidad, balas de plomo, perdigones, lacrimógenas, aturdidoras, hidrantes, persecución en motocicletas y agentes encubiertos, que terminan golpeando, deteniendo, torturando, hiriendo e, incluso, desapareciendo y asesinando a manifestantes, violando todos las garantías de derechos humanos y mecanismos procesales, ante el silencio cómplice de aparentes gobiernos locales y regionales “progresistas” (como en Bogotá, Cali o Medellín). Así, parecen estrenar muchos equipamientos de última generación.
Y, finalmente, como no podía ser de otra manera en Colombia: las tareas conjuntas –que ya dan sus primeros 40 muertos en las barriadas populares, como en el caleño Siloé– se articulan a comandos paramilitares que controlan territorios estratégicos (urbanos y rurales) donde están asentados.
¿Cómo justificar la presencia del Ejército en las calles y poder mantener el relato democrático? Esta es la principal habilidad del establecimiento colombiano que ha construido su institucionalidad bajo la figura de un “orangután con sacoleva”, como dijo un célebre político de mediados del siglo XX.
El uribismo ha acudido reiteradamente al uso de eufemismos y la capacidad saltimbanqui de construir enemigos. Así, fuimos pasando en el siglo XXI de la “amenaza terrorista de las FARC” al “castro–chavismo”. Y en la actualidad, Álvaro Uribe Vélez ha orientado los conceptos claros: “terrorismo vandálico” y “Revolución molecular disipada” mientras que la bancada de su partido señaló en un comunicado de ayer que la protesta social hacía parte “de un macabro plan de la izquierda radical y criminal, financiada por el narcotráfico, para desestabilizar la democracia colombiana”. Así pues, si el terrorismo y el narcotráfico, léase: la izquierda, está detrás de las protestas, es más que justificado que las tropas anticomunistas (anticastristas, antichavistas y antibolivarianas) entren en acción.
Pero, estas definiciones junto a la definición de las masacres como “homicidios colectivos”, su justificación como “masacres con sentido social” y la consideración de menores combatientes como “máquinas de guerra”, no son más que palabrería ampulosa y rimbombante para edulcorar la necropolítica.
En el fondo, la cacareada “asistencia militar” a los municipios, es la carta que ha le ha servido al uribismo y a la ultraderecha fascista que representa, para mantenerse en el poder. Ad portas de una contienda electoral, despojada de cualquier posibilidad de consenso y con una galopante crisis de hegemonía está dispuesta a recorrer el camino de la dominación total.
Más allá de la Reforma Tributaria
Las protestas iniciales en contra de la reforma tributaria se enlazaron con la conmemoración del 1 de mayo, y al día de hoy ya completan una semana en las calles. Esto es apenas lógico, si se considera que a la reforma tributaria le siguen, dentro del paquete, las reformas a la salud, al trabajo y a las pensiones (jubilaciones).
¿Qué hay detrás? Una mezcla de malestares, broncas y reivindicaciones históricas contenidas. Si en Chile se protestaba no sólo contra los $30 de aumento del boleto de metro, sino contra los 30 años de la constitución pinochetista, en Colombia el alza al 19 % del IVA sólo es un reclamo más en la cadena de exigencias populares y rechazo en contra de los 19 años de uribismo.
Se protesta contra la crisis económica, el manejo irregular de la pandemia, los bombardeos de niños y niñas, los asesinatos de líderes sociales, los incumplimientos de los acuerdos con los indígenas, la impunidad judicial que se intenta establecer en favor Álvaro Uribe Vélez, los bloqueos a los acuerdos de paz con las FARC, la reactivación de las fumigaciones con glifosato, la captura de los organismos de control por parte del partido de gobierno, la descarada constitución de un gobierno narco–paramilitar, la brutalidad policial y la corrupción en los cuerpos represivos, el saqueo sistemático de la Nación, la gobernabilidad para los ricos, la cada vez más evidente militarización de la democracia.
En las calles colombianas se desafía la continuidad histórica de la Modernidad/Colonialidad del poder y del neoliberalismo galopante. Por eso caen los ministros y los monumentos. La gente de a pie, que se ahoga con los gases lacrimógenos en sus casas o presencia la barbaridad armada, sigue resistiendo en las calles. No ya por un programa político, sino por el fundamento mismo de todo programa político: la materialidad de la vida. Los tapabocas anti–Covid no logran tapar las bocas de la resistencia. La guardia indígena, los movimientos sociales, la juventud y la vecindad espontánea está colmando las calles. Se bloquea una calle, se dispersa las fuerzas y se resiste a las balas (de pistola y de fusil).
El gobierno puede estar dispuesto a declarar el Estado de Conmoción Interior y dar un ropaje jurídico a la militarización del país, mientras bloquea las redes sociales para evitar la difusión de imágenes. La gente puede estar dispuesta a quedarse en las rutas hasta que se vaya el mal gobierno y enfrentar el control paramilitar en ciertos territorios y la penetración policial–militar en otros.
Todas son probabilidades y tendencias posibles, pero, en últimas sólo se dirimen en las calles. Es un balance aún imposible de establecer y requerirá mucha audacia política colectiva, para que no pesquen en río revuelto los oportunistas, y para que no se incuben los monstruos que suelen aparecer en los intervalos donde “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Por ahora, lo cierto es que hay muertos que reivindicar y victorias por conquistar.
Una semana después, el paro puede transmutarse en rebelión, justo al lado de una Venezuela asediada. Esto no sólo da un respiro a Venezuela, pues Duque tendrá que ocuparse de su propio patio, sino que genera un mejor clima para que avance el proceso de acuerdo de desbloqueo que se adelanta actualmente en México entre el gobierno de Maduro y el de Biden.
El levantamiento popular en Colombia, da continuidad a las rebeliones populares vividas en 2019, no sólo en su propio suelo, sino también en países hermanos como Chile y Ecuador. Pero, en un contexto aún más dramático, no sólo porque la crisis acumulada se expresa en más de 17 millones de pobres, una tasa de desempleo superior al 20 %, alrededor de 74 mil fallecimientos por COVID y una cifra escalofriante de 1.200 lideranzas sociales y firmantes del acuerdo de paz con las FARC asesinadas en los últimos cinco años.
La realidad colombiana actual dista mucho de la revolución artesanal de mediados del siglo XIX o de la pueblada de mediados del siglo XX conocida como “Bogotazo”. Puede ser que no se esté tomando “el cielo por asalto”, como sucediera en la Comuna de París, pero, para los últimos tiempos de brutal represión (sistemáticamente callada por la perorata de la ficcional “Comunidad Internacional”: Bachelet y Almagro, por ejemplo, y los grandes medios), resulta muy importante que, al menos, el pueblo colombiano se sacuda de las sandalias “la arena del infierno”. Es posible que esta vez se le tuerza el brazo al ídolo de barro.
* Investigador IEALC–UBA
Colombia. Más allá del paro nacional del 28 de abril
La masiva lucha contra la Reforma Tributaria indica que Colombia vive tiempos especiales, en que es posible avanzar aceleradamente en la acumulación de fuerzas, para concretar opciones de cambio
El pueblo ha hablado, se ha expresado nuevamente en las calles mostrando sus potencialidades en las jornadas de movilización social iniciadas el 28 de abril, convocadas por el Comité Nacional de Paro que agrupa las organizaciones sociales más representativas del país.
Estalla la olla de presión
Al igual de lo acontecido en noviembre del 2019, el Paro convocado para el 28 de abril ha superado las expectativas, porque el pueblo movilizado ha extendido en el tiempo la convocatoria inicial y ha participado masivamente.
El miércoles 28 se realizaron multitudinarias marchas y concentraciones en las ciudades capitales y en unos 500 municipios, las marchas estuvieron acompañas con bloqueos de carretera en varias regiones y con el taponamiento de vías dentro de las ciudades; las protestas contaron con la participación de distintos sectores urbanos, campesinos, indígenas, afros, transportadores, pequeñas y medianas ciudades, y de cientos de cabeceras municipales.
El agravamiento de la pandemia llegó a más de 500 muertos diarios el jueves 29, sumado a las amenazas y el miedo que infundieron el Gobierno, los alcaldes y las grandes empresas de comunicación, al igual que las prohibiciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los toques de queda decretados en estos días so pretexto del virus, no lograron impedir que las gentes respondieran a la convocatoria y salieran multitudinaria y decididamente a las movilizaciones.
Estos acontecimientos dan cuenta de la inconformidad que se ha estado fermentado, del hastío con la grave situación social y política que sufre el país y del creciente rechazo al tercer Gobierno de Uribe, repudio agigantado con la Reforma Tributaria que presentó en días pasados, que debieron retirar por las protestas en todo el país.
Lo que expresan estas jornadas es un campanazo para el régimen y también para la oposición, porque estamos ante nuevos desarrollos del ciclo ascendente de las luchas sociales que viene desde el 2008 en el país, y el estancamiento que se presentó en 2020 por la pandemia fue sólo una pausa de tal ascenso, que tienden a hacerse más fuertes y extensas.
Habló el caudillo: “bala es lo que hay”
Uribe el viernes 30 en un trino dijo: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”; el que fue cancelado por las redes por incitar a la violencia, pero su orden de “disparar a matar” fue cumplida fielmente por policías, militares y narcoparamilitares del régimen.
La represión ha sido terrible, las Fuerzas Armadas, al igual que el 9 y 10 de septiembre del 2020, han atacado a bala a las gentes movilizadas, el Gobierno ha militarizado el país, sacó el Ejército y los tanques de Guerra a las calles produciendo 21 muertos, centenares de heridos y un número indeterminado de detenidos.
La brutal represión no ha sofocado la protesta contra el mal Gobierno, en cambio los movilizados han extendido los tiempos del Paro más allá del 28 de abril, que constituyen unas jornadas de lucha inéditas en las últimas cuatro décadas en Colombia, que aspiran a tener continuidad en el Paro Nacional convocado para el 19 de mayo, que enfrenta la antisocial política económica que imponen la OCDE y el FMI, la que sumisamente aceptan Uribe y sus seguidores.
No avanzar ahora sería retroceder
Las realidades que se han mostrado en estos días indican condiciones excepcionales para avanzar, por el ascenso que viene de atrás, por la agudización que se anticipa para el futuro inmediato, dado el agravamiento de la situación social, potenciada por la crisis económica que ha disparado la pandemia y por el desprestigio cada vez mayor de la coalición de ultraderecha que mal gobierna.
Son momentos para para tensionar fuerzas, en situaciones objetivas como las que se están presentando actualmente en Colombia es vital la determinación y unidad de las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas. De seguir el ascenso de las luchas del pueblo y los problemas que tienen los de arriba, podría cobrar más fuerza una crisis de gobernabilidad y de mayores opciones hacia un Nuevo Gobierno.
Las vías de Cundinamarca que se encuentran cerradas por el Paro Nacional este viernes
Según ha informado la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, hay bloqueos intermitentes y cierres permanentes que dificultan el tránsito en los límites de la capital y en algunos municipios del departamento. Aquí le contamos cuáles son las vías cerradas.
En medio de las protestas por el Paro Nacional, grupos de manifestantes y camioneros bloquearon las principales vías de Cundinamarca y las entradas a Bogotá. De acuerdo con las secretarías de Movilidad del departamento, hay bloqueos intermitentes y cierres permanentes. Le contamos cuáles son.
En la noche del jueves 6 de mayo, el gobernador del departamento, Nicolás García, informó que en el municipio de La Mesa, después de dialogar con el gremio de camioneros que estaba en el punto, se logró levantar el bloqueo. Situación que se repitió en Soacha donde hasta el momento hay paso en las vías.
>>>Lea: Concejo de Bogotá abrirá espacio de diálogo este sábado en la Plaza de Bolívar
Sin embargo, hay otros municipios en donde sí se mantienen los plantones. Puntualmente, este 7 de mayo, con corte a las 6:00 de la mañana, se registra afectaciones en 30 vías de los principales municipios del departamento. La Secretaría de Movilidad mantiene el seguimiento de estos bloqueos:
Indígenas en Colombia se movilizan contra la violencia y reclaman sus derechos
Los pueblos ancestrales en Colombia también forman parte de los sectores movilizados contra la violencia sistemática. Foto: PL.
Los pueblos ancestrales en Colombia también forman parte de los sectores movilizados contra la violencia sistemática, las medidas económicas del gobierno de Iván Duque que atentan contra los derechos de la población y por la paz.
En diferentes puntos del país, con sus costumbres originarias expresan su rechazo a la militarización, a los abusos en el campo, la exclusión y mal manejo de la pandemia.
La Organización Nacional lndígena de Colombia (ONIC) hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los hermanos del Abya Yala y a los demócratas del mundo para que continúen manifestando públicamente y a través de los canales diplomáticos respectivos su preocupación por los hechos de violencia en esta nación suramericana.
Además, para que intercedan ante el gobierno colombiano para que cese el tratamiento de guerra dado a la protesta social.
Piden que cese el tratamiento de guerra dado a la protesta social.Foto: PL.
La ONIC de igual forma solicita que se refuercen las misiones de verificación que permitan levantar información veraz sobre la vulnerabilidad y las múltiples afectaciones a los derechos humanos a la vida e integridad de todas y todos los colombianos.
El colectivo de pueblos ancestrales de Colombia, denunció la violencia en el país desatada por el “accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrones Antidisturbios).
“Hemos sufrido desde hace más de 60 años los rigores de la guerra, además de las afectaciones que, en todos los sentidos deja la pandemia ahora, vemos con dolor como todo el país se convierte en víctima, porque lo que está amenazada es la democracia”, enfatiza.
Agrega que Colombia es una sociedad que le ha apostado a la paz y al mismo tiempo enfatiza que los hechos de vandalismo que se han presentado durante la protesta no los representan.
“Tampoco podemos aceptar la falta de empatía de este gobierno y su incapacidad para entender que la desigualdad, el hambre y la pobreza conllevan también a la desesperación y a la desesperanza y mucho menos naturalizar que la respuesta a estos hechos sea la violencia estatal”, remarca.
Advierte que los pueblos y naciones indígenas, uno de los actores más decididos en la construcción inequívoca de una sociedad en paz, incluyente, democrática y con justicia social y uno de los sectores más violentados desde la firma de los acuerdos de paz, tienen la autoridad moral para exigir la desmilitarización de las ciudades.
Ese es un requisito indeclinable para que se abra un verdadero diálogo social, que debe convocar a todas las organizaciones y sectores que han participado en el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, recalca.
Los movimientos indígenas consideran que es urgente una profunda reforma que desmonte la Doctrina de Seguridad Militar según la cual el pueblo es un enemigo interno.Foto: PL.
Exige al Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo que actúen en el marco de sus deberes constitucionales y legales e investiguen los hechos que enlutan la vida de los colombianos que corroboran la urgencia de una profunda reforma que desmonte la Doctrina de Seguridad Militar según la cual el pueblo es un enemigo interno.
(Con información de agencias)
Indígenas misak derriban una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada en medio de las protestas en Colombia
Indígenas colombianos del pueblo misak derribaron la madrugada de este viernes la estatua del conquistador español y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, en busca de "justicia histórica contra crímenes de lesa humanidad", según informó el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) a través de su cuenta en Facebook.
"Los pueblos originarios recuperamos uno más de nuestros espacios sagrados que fueron violados, perpetrados y despojados por los sicarios de la 'conquista y la colonia española'. [...] Gonzalo Jiménez de Quesada fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos", señaló el AISO a través de un comunicado.
La estatua, inaugurada el 6 de agosto de 1960, se encontraba en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de la capital colombiana.
Tras tumbar el monumento, un grupo de indígenas subió al pedestal izando las banderas de su pueblo. La Policía intervino el lugar. Al lugar acudieron también agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), pero se mantuvieron alejados de la plazoleta, recogen medios locales.
Los indígenas asimismo expresaron su apoyo a las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada (y ya retirada) por el Gobierno de Iván Duque y contra la brutal represión de la Policía y el Ejército contra los inconformes.
"De [Jiménez de Quesada] y su familia descienden familias élites de este país que han reproducido los grandes problemas que seguimos padeciendo: asesinatos, corrupción y saqueo, constancia de esto fue la reforma tributaria [...] derrocada en los últimos días por todos los pueblos unidos en las movilizaciones", declaró el movimiento.
"Seguimos en paro permanente y convocamos a avanzar a una huelga general en Colombia, una huelga capaz de enseñarle a los que nos han gobernado por mas de 200 años, que los gobiernos deben tenerle respeto al pueblo colombiano", agregó el AISO.
La semana pasada, los indígenas misak derribaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. Entonces, la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta, lo calificó como un "genocida". Además, Peralta dijo que "el genocidio que comenzaron los colonizadores no ha terminado", puesto que "en el Gobierno de Duque han asesinado más de 190 líderes indígenas".
"Nos están matando": indignación en Colombia por el caso de Lucas Villa, un activista pacífico que recibió ocho disparos mientras protestaba
"Nos están matando en Colombia". Estas fueron algunas de las últimas palabras que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez antes de recibir ocho disparos, en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos la noche del miércoles 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, ubicada en el eje cafetero.
La alegría, el baile y los cánticos de Lucas fueron acallados a balazos en un instante. El estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) está en terapia intensiva y se reporta en estado crítico.
Villa Vázquez ingresó a las 07:59 de la noche (hora local) al Hospital Universitario San Jorge. Aunque algunas versiones aseguraban que el hombre de 37 años tenía muerte cerebral, el gerente de la clínica, Juan Carlos Restrepo, dijo a Semana que su pronóstico era reservado y que están a la espera de ver si evoluciona tras ser atendido en la unidad de cuidados intensivos.
"Está siendo manejado por Neurocirugía, Neurología clínica e intensivistas. El paciente inmediatamente fue intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos", contó Restrepo.
Durante el ataque armado a la altura del viaducto César Gaviria, también resultó herido de gravedad Andrés Felipe Castaño, con lesiones en cuello y abdomen; y Javier David Clavijo, con un disparo en la pierna, según reportaron medios locales.
En redes sociales se difundió un video sobre el supuesto momento en que Lucas, Andrés y Javier fueron atacados a balazos por al menos un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. Una mujer, presumiblemente pareja de una de las víctimas, grabó la escena con su celular.
ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.
Cientos de jóvenes convocaron este jueves a una jornada de velatón en Pereira para exigir justicia por el ataque armado que dejó a Lucas al borde de la muerte, y con lesiones a Andrés y Javier.
Violencia en Colombia
Hasta este jueves, la Defensoría del Pueblo reporta 24 fallecimientos, 352 personas lesionadas y 89 desaparecidos. No obstante, organizaciones sociales documentan un saldo de 34 muertes y más de 300 ciudadanos no localizados en el marco de las protestas sociales y la represión orquestada por la fuerza pública y por civiles armados.
Además, la organización Temblores denunció 1.708 casos de violencia policial en contra de manifestantes, entre las que se cuentan 22 víctimas de agresión en los ojos y 10 de violencia sexual. Además, documentaron 110 agresiones en donde los uniformados utilizaron armas de fuego en contra de ciudadanos.
Respuesta de Duque y Maya
El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó el ataque armado en Pereira. En su cuenta de Twitter, el mandatario pidió al director de la Policía Nacional, el mayor Jorge Luis Vargas, dar "con el paradero de los culpables y llevarlos ante la Justicia".
"No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos", aseveró Duque.
De momento, se desconoce la identidad de los agresores. No obstante, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, de la coalición Más Cambio, ha sido fuertemente criticado porque en el contexto de las protestas en la ciudad, instó a los "miembros de la seguridad privada" para que formasen "un frente común" junto a la Policía Nacional y el Ejército, para "recuperar el orden en la seguridad ciudadana".
Las declaraciones de Maya fueron interpretadas por algunas personas como una abierta aceptación de la formación de grupos paramilitares para violentar las protestas sociales. En medio de la conmoción por el brutal ataque contra Lucas, Andrés y Javier, en Twitter se hizo viral la etiqueta #MayaDioLaOrden.
Por su parte, la noche del miércoles Maya exigió a la Policía "dar con los autores materiales e intelectuales del atentado" y precisó que había sido perpetrado "en el viaducto de Pereira". El alcalde también ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 13.000 dólares) por información que conduzca a la captura de los agresores.
Criminalización de la protesta social
Desde el Gobierno de Duque hasta la actuación de gobernantes locales como Maya, las legítimas protestas sociales en Colombia han sido criminalizadas en el discurso político. Los actos vandálicos registrados en algunas movilizaciones han sido el pretexto ideal para calificar a estos grupos como terroristas, pese a que miles de ciudadanos se movilizan pacíficamente.
En cambio, se guarda silencio y se perpetúa en la impunidad las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en contra de manifestantes, las cuales han sido documentadas por ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales.
Desde el 28 de abril comenzaron las protestas sociales en Colombia, en rechazo a una polémica reforma tributaria presentada (y después retirada) por el Gobierno de Duque. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza pública, amparado por el poder político, han reavivado los reclamos en las calles.
En este contexto de violencia y bloqueos en las calles, varias ciudades colombianas registran la falta de abastecimiento de alimentos e insumos básicos. Los habitantes de Pereira reportaron esta semana el desabastecimiento de alimentos y de gasolina
Además, en medio de estas carencias, los precios de los insumos básicos se han disparado, una tragedia para un país en el que el 42,5 % de la población está en pobreza monetaria y el 15,1 % se encuentra en condiciones de pobreza extrema, según datos oficiales.
José Beltrán
Manifestantes y agentes heridos, disturbios y saqueos en el séptimo día de protestas en Colombia
Este martes continúan en Colombia las protestas que comenzaron hace una semana en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque.
Los disturbios y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes se produjeron en varias ciudades, como Bogotá, Medellín y Girón.
Luis Ernesto Gómez, secretario del Gobierno capitalino, denunció en su cuenta de Twitter que unos policías fueron "atacados brutalmente por vándalos". Además, la Secretaría de Gobierno informó que al menos 16 agentes del Comando de Atención Inmediata de la capital fueron atacados por activistas a lo largo del día.
Por su parte, los usuarios de las redes sociales denunciaron disparos a civiles por parte de las fuerzas del orden. En videos grabados en Bogotá y Medellín se ven agentes con armas de fuego y manifestantes aparentemente heridos de bala. Asimismo, se oyen numerosos disparos.
Además, los manifestantes bloquearon carreteras en diferentes puntos del país, impidiendo el paso del transporte.
Mientras, en la ciudad de Bucaramanga (Santander) un grupo de manifestantes saqueó un establecimiento comercial y se robó bicicletas.
Aunque las protestas ya han resultado en el retiro de la polémica reforma y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, los manifestantes continúan planteando más exigencias. Así, la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) invitó a todos al paro nacional este 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantación de la renta básica y matrícula gratuita.
Este lunes, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó investigar las 19 muertes registradas por el organismo en el marco de la represión policial contra manifestantes durante las protestas. Informó en un comunicado que hubo fallecidos en el Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), Medellín y Pereira.
Por su parte, el analista político Carlos Santa María sostiene que el Gobierno colombiano ha perdido tiempo y credibilidad al no haber reaccionado a las demandas sociales que llevan años planteándose. "El paro fue la única medida que ha hecho reaccionar a este conjunto gubernamental que nunca quiso escuchar a la gente", subrayó.
“Nos están matando en Colombia”: Las palabras del joven baleado en una manifestación pacífica
Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días. Foto: Twitter/@DanielSamperO.
“Nos están matando en Colombia”, vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del miércoles 5 de mayo del 2021 en la ciudad de Pereira (centro-oeste de Colombia), poco antes de que, al parecer, dos personas comenzaran a disparar contra la protesta y este estudiante de 37 años acabase en estado crítico en el hospital.
El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica esta ciudad, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en un vehículo abrieron fuego hiriendo de gravedad a tres jóvenes.
Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.
“Él estaba en un plantón rodeado de otras personas con bailes, con llamados, motivando a las personas para que se despertaran de este adormecimiento social”, explicaba a la emisora RCN la tía del joven, Martha Viviana de las Salas, quien lo calificó como “un guerrero de la vida”, que “nunca se caracterizó ni estuvo vinculado en una situación de violencia”.
El joven recibió ocho impactos de bala a la altura del cráneo, según confirmó a los medios el gerente del hospital San Jorge de Pereira, Juan Carlos Restrepo, y se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos con una condición neurológica muy grave.
Denuncias de brutalidad policial
Aún no hay confirmación de quién disparó el arma contra los jóvenes, si fueron civiles, fuerzas armadas o paramilitares, pero se trata de un episodio más de violencia en las protestas que tienen en vilo al país desde el 28 de abril.
La Defensoría del Pueblo informó el miércoles de al menos 24 homicidios durante las protestas, pero la Fiscalía señaló posteriormente que luego de utilizar “todos los mecanismos de esclarecimiento judicial”, determinó que “11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, 7 están en verificación y 6 homicidios no tienen vínculo”, aunque aseguró que iba a imputar a policías por los homicidios de 3 civiles.
Organizaciones sociales y algunas ONG que se dedican a documentar casos de brutalidad policial, como Temblores, aumentan esa cifra a 37 homicidios por parte de la Policía, y más de 200 víctimas de violencia física así, como 10 de agresiones sexuales por parte de la fuerza pública, según el último reporte que contiene los hechos del 28 de abril al 5 de mayo.
Entre tanto, la Defensoría señaló que 89 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que comenzaron las manifestaciones pero el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que 38 de ellas “ya fueron ubicadas”. Organismos internacionales y varios países han condenado estos últimos días la dureza con la que el Gobierno colombiano ha contestado a las protestas y la “brutalidad policial” vivida en las calles.
Denuncian a Uribe por incitar a la violencia en Colombia
El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda denunció este jueves al expresidente y fundador del gobernante partido Centro Democrático de Colombia Álvaro Uribe, por presunta instigación a la violencia.
El congresista Cepeda, por medio de su cuenta en Twitter, precisó que formalizó la denuncia por presuntos delitos de hostigamiento e instigación a delinquir.
Uribe emitió recientemente un mensaje en esta plataforma que, la misma decidió retirar por violar una de sus normas, al considerar que dicho tuit glorificaba la violencia.
El tuit del polémico mandatario decía: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico.
La seguridad de esa red social al eliminar el mensaje explicó que después de una revisión del Tweet en la cuenta de @AlvaroUribeVel y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter.
De acuerdo con Cepeda, el mensaje de Uribe reviste extrema gravedad, no solo por su contenido sino por el contexto en el que se produce, al referirse al multitudinario paro nacional contra la reforma tributaria del gobierno iniciado el pasado 28 de abril y que aún continúa por otro pliego de reivindicaciones.
Va dirigido no solamente a quienes han cometido, en efecto, acciones vandálicas, sino, de manera indiscriminada, contra quienes se han manifestado en el territorio nacional, de manera pública y pacífica durante el paro nacional, señala el senador.
Agrega que pocas horas después del mensaje de 30 de abril, publicado por Álvaro Uribe Vélez, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de armas de fuego por parte del personal de la Policía encargado de atender las movilizaciones sociales.
En 42 páginas, Cepeda argumenta que su denuncia no solo está relacionada con ese trino, sino con otros que incitan a la violencia en el país.
Las publicaciones hechas por Álvaro Uribe, más allá de denunciar actos de vandalismo y agresiones contra la fuerza pública y los ciudadanos, tienen el evidente propósito de generar en el imaginario público que las protestas son sinónimo de vandalismo y violencia enfatizó.
Además, buscan estigmatizar al Comité Nacional del Paro, a las movilizaciones, a los manifestantes y a sectores de la esfera política del país, en particular, a la izquierda, incluso, mediante afirmaciones calumniosas y falaces, hechas o replicadas por Uribe Vélez, agregó.
(Con información de Prensa Latina)
(Con información de EFE y Prensa Latina)
Colombia pide socorro al mundo: "Duque nos está matando". Hoy nueva huelga
El narcopresidente de Colombia, Iván Duque, ha sacado los militares y tanques a las calles de las principales ciudades para controlar las marchas populares que empezaron el pasado 28 de abril en todo el país en rechazo a la antipopular reforma tributaria que impulsa el Gobierno.
Aunque las protestas ya han resultado en el retiro de la polémica reforma y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, los manifestantes continúan planteando más exigencias. Así, la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) invitó a todos al paro nacional este 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantación de la renta básica y matrícula gratuita.
Cali fue la primera ciudad militarizada. Conforme al ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, se ha desplegado unos 700 soldados en esa localidad para enfrentar lo que llamó “organizaciones criminales” que orquestan los disturbios, refiriéndose a sindicalistads, movimientos sociales, feministas y estudiantes.
Bogotá y Medellín se oponen a militarización
En la capital colombiana, Bogotá, y además en Medellín, sus alcaldes, de signo opuesto al narcogobierno de la nación sudamericana, rechazaron la oferta de militarizar sus municipios. Sin embargo, hay grupos de efectivos militares fuertemente armados que patrullan en las calles de la urbe capitalina por orden presidencial.
Entretanto, se han publicado vídeos e imágenes que demuestran el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas colombianas en el control de las manifestaciones. Hay imágenes de vehículos blindados y helicópteros dispersando a la multitud, lanzando gases lacrimógenos y bolas de goma, incluso disparando con armas contra los indignados.
#ColombiaEnDICTADURA
Las etiquetas (hashtag) #NOSESTÁNMATANDO y #ColombiaEnDICTADURA se han hecho virales en Twitter y en otras redes sociales. Los usuarios denuncian que “Duque es asesino” y “la Policía está matando a los ciudadanos en Colombia”, pidiendo ayuda a la comunidad internacional. “No es Siria, es Colombia”, se lee en un tuit que muestra las calles de Cali, repletas de fuerzas armadas hasta los dientes.
Asimismo, los colombianos han exigido respetar la libertad de expresión y de prensa en el país, y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura.
Además de marchas de decenas de miles de personas por las calles, los manifestantes bloquearon carreteras en diferentes puntos del país, impidiendo el paso del transporte de empresas.
Número de muertos, incierto
La cifra de los muertos son muy inciertas, pero la Defensoría del Pueblo de Colombia informó el martes que los enfrentamientos entre Policía y manifestantes han dejado al menos 19 muertos y más de 800 heridos. Además, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha recibido 26 casos de personas asesinadas durante las protestas.
Ante todo esto, Amnistía Internacional (AI) denunció la misma jornada del martes la respuesta militarizada y represión policial contra los manifestantes, exigiendo a las autoridades colombianas a poner fin a la carga contra los movilizados, cesar la militarización de las ciudades y asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.
Policía usa armamento letal, AI confirma
AI dijo que, a través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, se confirma que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país.
De hecho, señaló que se han identificado el uso del rifle israelí Galil Tavorn en Cali durante la carga policial producida en las manifestaciones del 30 de abril, o de varios agentes apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán.
Además, agregó en su informe que en otro incidente que ha tenido lugar el 1 de mayo en Bogotá se pudo verificar a un vehículo blindado disparando munición real contra un grupo de manifestantes.
Anonymous pone contra cuerdas a Duque con hackeo masivo en Colombia
El grupo Anonymous se activa ante las protestas en Colombia, enviando un fuerte mensaje a Iván Duque y tumbando las páginas del Ejército, Senado y Presidencia.
Imagen que sale en la página web del Ejército colombiano, tras el hackeo de Anonymous, 4 de mayo de 2021.
La organización internacional Anonymous, a través de redes sociales, informó el martes que había vuelto “a Colombia por las injusticias generadas” en el marco de represión policial y militar contra las protestas que ha dejado en los últimos días 26 muertos, 89 desaparecidos y centenares de heridos.
En una primera acción, Anonymous tildó al Gobierno del narcopresidente de Colombia, Iván Duque, de fascista y narco-paramilitar y lo acusó de perpetrar “la masacre más grande registrada en el mundo durante este 2021”.
“El gobierno porcino de Iván Duque y su jefe paraco Álvaro Uribe son los responsables de liderar una masacre tras una reforma tributaria y sanitaria, con las que buscan aumentar el hambre y la pobreza de la gente en medio de la difícil situación de la pandemia de COVID-19”, escribió el grupo de ciberactivistas.
Más tarde, Anonymous demostró que había hackeado las páginas oficiales del Ejército, el Senado y la Presidencia de Colombia, como una forma de apoyo a los ciudadanos que enfrentan la violenta represión
Crisis en Colombia: Defensoría del Pueblo instala 82 corredores humanitarios en medio de protestas y represiones
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó este jueves que abrió 82 corredores humanitarios en los departamentos que están catalogados como "puntos críticos", debido a la crisis social derivada de las protestas masivas que durante la última semana han sido reprimidas por las Fuerzas de Seguridad.
El organismo explicó en un comunicado que se ha desplegado a decenas de servidores públicos con el fin de permitir el paso de las comunidades, personal médico y heridos, así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicinas y combustibles.
"La Defensoría ha dispuesto funcionarios en todo el territorio nacional, con el objetivo de vigilar el respeto de los derechos humanos en medio de la protesta", aseguró el organismo, en momentos en que la tensión social se mantiene ante las movilizaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque y cuyas represiones han dejado un saldo de por lo menos 24 muertos, 800 heridos y 89 desaparecidos.
"Aunque las actuales circunstancias del país son difíciles, también hay que resaltar los avances y acuerdos que hemos logrado en varias regiones a través de los corredores humanitarios por donde han circulado camiones con alimentos, medicinas y combustibles. Nuestra misión es proteger, defender y prevenir la violación de los derechos humanos y en eso no ahorramos nuestros esfuerzos", añadió.
De acuerdo con los datos oficiales, gracias a la mediación de la Defensoría entre las autoridades y los voceros del paro se logró abrir el paso en carreteras de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca.
Octavo día de protestas en Colombia mientras la violencia policial eleva la cifra de muertos
Este miércoles continuaron en distintas ciudades de Colombia las protestas, que comenzaron hace una semana contra la violencia económica y paraestatal, y en respuesta a la polémica reforma tributaria propuesta por el narcopresidente Iván Duque y la brutal violencia empleada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que ha sido denunciada por la comunidad internacional y organizaciones de DDHH.
Las movilizaciones, que se han prolongado durante ocho días consecutivos, dejan hasta el momento un balance de 24 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, las organizaciones sociales y ONGs como Temblores y otras elevan el número de fallecidos a 37.
En esta nueva jornada de protestas, convocadas por el Comité Nacional del Paro, se registraron movilizaciones multitudinarias en ciudades como Medellín y Bogotá, donde se ha reportado el bloqueo de varias vías, represión generalizada y disturbios en algunos sectores.
Los manifestantes exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
En la capital, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó gases lacrimógenos, tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bolívar, centro político del país. Por su parte, en Medellín, los ciudadanos denunciaron falta de atención médica a los heridos.
Por otro lado, vecinos reportaron que las fuerzas policiales reprimieron violentamente a los manifestantes que se encontraban frente a un centro comercial en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Durante la protesta en Pereira (Risaralda) se produjo un ataque policial con arma de fuego contra manifestantes que bloqueaban el viaducto que comunica la capital del departamento con el municipio de Dosquebradas.
En ese ataque, al menos dos jóvenes fallecieron y varios resultaron heridos. Organizaciones de DDHH indicaron que la policía disparó contra los manifestantes en Pereira desde motos y autos polarizados. Algunos testigos reportaron que uno de los heridos fue declarado con muerte cerebral, informó Caracol Radio.
Mientras, en Santa Marta (Magdalena), en el centro de Colombia, una protesta que se desarrollaba de forma pacífica terminó en represión policial y fuertes disturbios. Además, durante las movilizaciones en Popayán (Cauca), la organización confirmó que uniformados apuntaron armas semiautomáticas directamente contra manifestantes que se encontraban desarmados.
Se debe remarcar que aunque las movilizaciones se realizaron en su gran mayoría de forma pacífica, hacia el final de la jornada, y ante los continuados ataques policiales, grupos de manifestantes respondieron a los represores con lanzamiento de piedras y cócteles molotov, así como levantando barricadas en las calles para impedir el paso de las tanquetas. También se registraron saqueos a centros comerciales de lujo en varias ciudades.
En este contexto, la respuesta máss fuerte a la agresión estatal se registró en Bogotá, donde las autoridades denunciaron incendios en 15 comisarías llamadas Comandos de Atención Inmediata (CAI). En uno de ellos, 10 policías se encontraban en el interior, resultando heridos cinco agentes.
También un grupo de manifestantes prendió fuego a la estación de la Ruta N de MetroPlus en Medellín, ubicada a frente a la Universidad de Antioquia.
Durante la jornada de manifestaciones, el narcopresidente de Colombia, Iván Duque, anunció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 2.610 dólares) para quien ofrezca información que permita "la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública" Seguramente el primer denunciado va a ser el mismo Duque.
Manifestantes derriban vallas del Congreso de Colombia, provocando su evacuación, y resisten agentes del Esmad en Bogotá
En el inicio de la séptima jornada de manifestaciones contra el Gobierno, que coincidió con un paro nacional en todo Colombia, aumentó el nivel de protesta popular.
Manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, como parte de las protestas contra el narcogobierno colombiano, han resistido los ataques de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) la tarde de este miércoles, cuando intentaban entrar al Congreso de la República en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Las personas que se encontraban en la zona derribaron las vallas del Congreso a pesar del intenso bombardeo con gases lacrimógenos.
La sesión legislativa fue suspendida y las fuerzas policiales tuvieron que ser reforzadas en la zona para despejar la fachada del edificio. Las instalaciones del Congreso fueron evacuadas "por seguridad, ya que algunos manifestantes estaban intentando ingresar", dijeron los supuestos representantes del pueblo.
¿Dónde están? ¿qué les sucedió?: La alarmante cifra de desaparecidos durante las protestas en Colombia
No se sabe con certeza cuántos son ni en dónde están. Lo que sí es un hecho es que las represiones policiales durante las protestas sociales en Colombia están dejando una estela de personas desaparecidas en un país que arrastra una larga historia en torno a un delito que está considerado de lesa humanidad.
En su informe más reciente, la Defensoría del Pueblo informó que desde el 28 de abril ha recibido 145 reportes de personas desaparecidas durante las movilizaciones multitudinarias que han conmocionado a todo el país, de las cuales 55 ya fueron ubicadas. Con respecto a las 90 que falta localizar, el organismo reveló que puso los datos a disposición de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, por su parte, advirtió que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha registrado la preocupante cifra de 471 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales, hasta el miércoles, solo 79 habían sido encontradas.
Varias de ellas denunciaron que fueron privadas arbitrariamente de la libertad durante horas o días, ya que las trasladaron a sitios no autorizados por la ley y sin presencia del Ministerio Público. "En otros casos aparecieron golpeadas y fueron sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos lugares de detención arbitraria, varían entre coliseos, casas y Comandos de Atención Inmediata", precisó la organización de derechos humanos.
Agregó que algunas víctimas fueron custodiadas por personas vestidas de civil, o recibieron agresiones físicas y psicológicas por parte de integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Las mujeres reportaron violencia sexual y otras vejaciones basadas en género.
Sin precisiones
Entre las personas denunciadas como desaparecidas, informa la organización, dos fueron encontradas asesinadas en el cauce del Río Cauca: Brahian Gabriel Rojas López, un joven de 26 años que se manifestó el 28 de mayo en el departamento de Risaralda y cuyo paradero se desconoció durante seis días, y otra víctima que todavía no ha sido identificada.
Pero todavía falta encontrar a 379. Por eso, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Director General de la Policía Nacional que den a conocer las listas de las personas detenidas durante las protestas y especifiquen por qué y a dónde han sido llevadas.
También exigió información sobre las personas capturadas con investigaciones penales abiertas en el marco de la protesta social, así como el listado de las reportadas como desaparecidas señalando si se encuentran privadas de la libertad, el lugar de reclusión, quiénes han sido puestas ya en libertad y a quiénes falta encontrar.
La organización pidió informes sobre el resultado de la búsqueda sobre estas personas, qué mecanismos se han desplegado para encontrarlas y los nombres de quienes han sido asesinadas durante las movilizaciones, indicando el lugar de los hechos, su condición de civiles o agentes de policías y cuántas de ellas fueron ocasionadas por armas de fuego, además de los manifestantes que han sido liberados y las denuncias de víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso sexual y otras formas de violencias basadas en género.
"También exigimos que se active de forma inmediata el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para dar con el paradero de todas y cada una de las personas reportadas. Por otra parte, se solicita habilitar en cada una de las ciudades capitales descritas (Bogotá, Cali, Armenia, Barranquilla, Medellín; Pereira y de las que llegue información de personas desaparecidas) una persona de nivel directivo de la Fiscalía Seccional que cumpla labores de atención y rendición de cuentas a las familias de cada una de las personas reportadas como desaparecidas. Este responsable debe permanecer activo hasta dar con el paradero de cada una", advirtió.
"Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos"
A raíz de esta situación, agregó, se hace necesario que se inicien investigaciones penales por el delito de desaparición forzada por cada grupo de hechos por lugar y temporalidad, que determine la existencia del hecho, la adecuación típica, la identificación de los responsables y se realicen las labores probatorias que permita presentar acusaciones contra los mismos.
"Es necesario que se emprendan las acciones suficientes para que las unidades y fiscales de conocimiento que atienden los casos de detenciones en contextos de protesta social, realicen labores personales de verificación, monitoreo y entrevista con los detenidos, para impedir la comisión de desapariciones forzadas en este tipo de situaciones", explicó.
Demandas
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, un mecanismo surgido a raíz de los Acuerdos de Paz en Colombia, también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para que cese la violencia desproporcionada en las protestas, que han causado ya al menos 26 muertes y numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
"Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos", señaló.
El desborde en ejercicio del poder por parte de la fuerza pública, agregó, es algo que no puede dejarse pasar "sin un mensaje claro e inequívoco de desaprobación" por parte del presidente en su calidad de Comandante General de la fuerza pública, además de que el país tiene que cumplir con el mandato de estándares internacionales que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
"Se debe cumplir con la convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", insistió al hacer un llamado a las autoridades a no repetir "patrones de violencia perpetrados en el pasado sobre los cuales aún hoy como sociedad tenemos la deuda histórica de responderles a miles de víctimas en circunstancias de violencia y conflicto armado".
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y el primer semestre de 2020, el conflicto armado en Colombia dejó un saldo de 80.582 personas víctimas del delito de desaparición forzada, de las cuales el 85 % son hombres.
Cecilia González
COHA denuncia la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia
06.05.2021 - Pressenza IPA
Equipo editorial de COHA
Desde Washington DC
El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés) de Washington DC, denuncia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque ha desplegado unidades especiales de la policía y el ejército para reprimir brutalmente las amplias manifestaciones que comenzaron el 28 de abril de 2021 contra un paquete de reforma tributaria neoliberal que buscaba rescatar la calificación crediticia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Colombia, sobre las espaldas de los trabajadores colombianos. Ahora que Duque ha retirado el paquete de reformas propuesto, continúan las protestas por muchos otros temas, incluidas las violaciones a los acuerdos de paz y cuestiones urgentes de financiación laboral, la salud, los problemas medioambientales y la educación.
El 3 de mayo, la gubernamental Defensoría del Pueblo de Colombia registró 19 muertes en varias ciudades y está investigando 140 casos que incluyen otras muertes, desapariciones y abusos policiales.
El 4 de mayo, la portavoz de la Oficina de la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, declaró que “estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”. Parece ser que incluso los observadores de derechos humanos se enfrentan a grandes riesgos al realizar sus investigaciones. Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, tuiteó que en Cali, “miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.
La presencia de nueve bases militares estadounidenses dentro de Colombia y el despliegue de buques de guerra y aviones de la Armada de EE. UU. en el Caribe envía un mensaje ominoso a los pueblos de América del Sur de que Washington se pondrá del lado de los violadores a los derechos humanos en el hemisferio, al tiempo que afirma “defender la democracia y libertad”.
El 6 de abril, pocas semanas antes de la brutal represión perpetrada por las fuerzas de seguridad colombianas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tuiteó: “Importante discusión ayer con el presidente colombiano @IvanDuque. Nuestra asociación continúa apoyando la paz y la prosperidad en Colombia a través de la cooperación en seguridad, desarrollo rural, lucha contra el narcotráfico y derechos humanos ”.
El 4 de mayo, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, emitió un comunicado en el que declaró que “Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en Colombia en los últimos días” y que “reconocemos el compromiso del Gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos ”. Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos de las Américas no tienen mucha confianza en este “compromiso” dado el terrible historial de derechos humanos de Colombia en los últimos años.
La base real de esta “asociación” entre Estados Unidos y Colombia es que las fuerzas conservadoras colombianas, incluidos los partidarios del ex presidente Álvaro Uribe, han sido fieles aliados en los esfuerzos de Washington por imponer la hegemonía de EE. UU. en la región y utilizar su país para organizar operaciones de cambio de régimen contra naciones en “incumplimiento” de esas políticas, y en particular, contra Venezuela.
La represión que estamos presenciando no es nada nuevo para Colombia, como ha informado recientemente COHA (en inglés). En agosto de 2020, la oficina de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en ese país emitieron un comunicado conjunto ” expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas de persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP”.
Las masacres y el desplazamiento de colombianos han continuado hasta este año 2021 sin disminuir, todo bajo la atenta “asociación” de los benefactores de Duque en Washington.
Por lo tanto, COHA hace un llamado al gobierno de Joe Biden para que termine toda la asistencia militar a Bogotá, desmantele su enorme presencia militar dentro de Colombia y establezca un nuevo rumbo de diplomacia en la región basado en la igualdad soberana y el respeto mutuo entre las naciones.
Información tomada y cedida desde el sitio:
https://www.coha.org/coha-
El mundo condena la violenta represión de las protestas en Colombia
Las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), las instituciones de EEUU, así como otros organismos internacionales han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los entes de seguridad colombianos. (Vía Sputnik)
El mundo condena la brutal represión de las protestas que han dejado una veintena de fallecidos y cientos de heridos en Colombia.
La UE
La UE se apresuró a expresar su rechazo a la violencia del Gobierno de Iván Duque y a las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes que salieron a las calles para protestar contra la reforma tributaria ya retirada por el mandatario. La institución comunitaria pidió que los responsables de la represión se presentaran ante la justicia.
El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, abogó por no permitir que la violencia escale a un nuevo nivel y evitar el uso de la fuerza, así como expresó la «confianza» de la UE en las instituciones colombianas para «investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos».
«La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos», subrayó.
La ONU
La Organización de las Naciones Unidas denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Colombia. Así, el portavoz del secretario general de la organización, Antonio Guterres, enfatizó que es importante que el Gobierno del país latinoamericano permita que se lleven a cabo protestas pacíficas.
«Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son los derechos básicos y esa es nuestra postura», anunció el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por lo ocurrido en el país latinoamericano e hizo un llamamiento a la calma ante la próxima convocatoria de manifestaciones «dada la situación extremadamente tensa, con militares y agentes de Policía desplegados para controlar la protesta».
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (…) la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas», declaró en Ginebra la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
EEUU
Washington llamó a la contención de la fuerza empleada por las Fuerzas de Seguridad con el fin de evitar más víctimas.
«Urgimos la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas», afirmó en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.
Al mismo tiempo, la alta funcionaria agregó que el país norteamericano sigue apoyando al Gobierno colombiano en «sus esfuerzos para hacer frente a la situación actual mediante el diálogo político».
Otros organismos internacionales
Amnistía Internacional instó a poner fin a la represión de las manifestaciones. El organismo pidió respetar y garantizar que «los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria».
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) también condenó el 4 de mayo la violencia que tuvo lugar durante las protestas en el país.
La ONU llama a garantizar las protestas en Colombia y que la fuerza pública actúe cumpliendo con "la protección y el respeto por los derechos humanos"
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia hizo un llamamiento para que se garantice "el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta" en el país suramericano, luego de los acontecimientos suscitados durante las manifestaciones que se llevan a cabo desde el 28 de abril.
En estas jornadas, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 26 homicidios, de los cuales 11 están "ligados a los hechos" y siete están en verificación, mientras que otros siete "no están relacionados" con las manifestaciones. La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales durante las protestas a 37.
Al respecto, la ONU insiste en que toda acción de la fuerza pública "debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos".
El organismo multilateral también señala que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 —entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— ofrece elementos para reglamentar estas garantías, tanto a las protestas como el respeto a los derechos humanos, y fortalecer la participación ciudadana.
Desde esta oficina, además, condenan "cualquier tipo de acción violenta, incluidos violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneren los derechos humanos", por lo que exhorta a que se aceleren los procesos investigativos, de judicialización y sanción a las personas que cometan estos delitos.
La ONU celebra la invitación del gobierno nacional para la realización de diálogos con diferentes sectores, involucrados o no en las manifestaciones. Al respecto, esperan que estas conversaciones se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura.
Denuncias de agresiones
También, desde esta oficina piden que se garantice "el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia".
El pasado martes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, denunció que miembros de su comisión fueron amenazados y agredidos por las fuerzas de seguridad mientras daban seguimiento a las protestas en la ciudad de Cali, que ha sido el epicentro de las manifestaciones.
"Mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos en Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado", explicó.
Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, condenó el "uso excesivo de la fuerza" durante las manifestaciones en la nación suramericana y llamó a la calma.
Human Rights Watch muestra a la Policía de Colombia disparando "proyectiles múltiples" a los manifestantes desde una tanqueta
El director ejecutivo para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este miércoles un video en el cual se puede ver como policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los manifestantes en Colombia.
"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", escribió Vivanco en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada".
Por consiguiente, pidió al Ministerio de Defensa del país dar explicaciones.
Vivanco también publicó otro video, filmado el 3 de mayo en Cali, en el cual la Policía disparó gases lacrimógenos hacia manifestantes desde un puente. "Esos cartuchos pueden causar heridas muy graves. La Policía nunca debería dispararlos directamente contra personas", aseveró el director para las Américas de Human Rights Watch.
Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.
Vivanco informó que Human Rights Watch recibió denuncias sobre 36 muertes en Colombia. Previamente, señaló que la organización pudo confirmar 11 muertes ocurridas en el contexto de las protestas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que para el 6 de mayo ocurrieron 26 homicidios durante las protestas, de los cuales 11 están "ligados a los hechos" y siete están en verificación, mientras que otros siete "no están relacionados" con las manifestaciones. La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales durante las protestas a 37.
"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía—y en especial el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios]— son capaces de respetar plenamente los derechos humanos en estas circunstancias. El debate sobre una reforma policial es impostergable", declaró a principios de la semana Vivanco.
Venom: el arma en la tanqueta del Esmad, que causó pánico en el sur de Bogotá, en el Paro Nacional
Destellos, estruendosas explosiones y una lluvia de gas lacrimógeno. Esas fueron las escenas que se vivieron en la noche del martes en el sur de Bogotá, en los choques entre Policía y manifestantes. Algunos hablaron de artillería pesada. Le contamos qué era.
La tensión que se vivió en el sur de Bogotá, en la noche de este martes, estuvo enmarcada por otro hecho que causó pánico entre los vecinos de Bosa y Kennedy: el uso por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de un artefacto empotrado en una de sus tanquetas antimotines que, por las escenas difundidas en redes, muchos vecinos calificaron como artillería pesada.
En las grabaciones se escuchan primero las detonaciones, seguidas de destellos y chispas (como misiles), luego de estruendosas explosiones, para terminar en una lluvia de gas lacrimógeno que llenaba las calles. En medio del terror, en redes sociales varios usuarios difundieron las imágenes, acompañadas de llamados de auxilio y señalando a la Policía de disparar indiscriminadamente.
Sin embargo, el artefacto que usó la institución no es nuevo. Es una de las armas “no letales” más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad para dispersar manifestaciones. Se trata de Venom, un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, tiene un costo cercano a los $400 millones.
Según la descripción, es elaborado en materiales metálicos, de alta resistencia, y cuenta con tres compartimientos de carga, con capacidad para alojar 10 cartuchos electrónicos cada uno, “los cuales pueden eyectar su contenido hasta 150 metros de distancia, en un ángulo de 45 grados, en cadencia de disparo cíclica o repetitivas, de acuerdo con el propósito táctico y operacional. Es alimentado por seis baterías AA y controlados a través de un Joystick, bien sea desde el interior de un vehículo o ser alimentado con una fuente externa, que puede ser conectada a la batería del vehículo”.
El artefacto sirve para dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento de 37mm (cada uno a US$71), que son elaborados en aluminio de alta resistencia y que en su interior cuentan con cuatro submuniciones que, al momento de ser activadas, generan un destello de luz y sonido. Según el fabricante, “ofrecen capacidad es de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas”.
VEA: Paro Nacional: Así funciona el costoso refuerzo de las tanquetas del Esmad
También para cartuchos de gas de 37mm, que dentro cuentan con siete submuniciones, con dos puertos de emisión, que al momento de ser activados generan una dispersión de humo y gas, por un periodo mínimo de 30 segundos cada munición. Tienen capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo, para cubrir amplias áreas en pocos segundos.
Por ahora, si bien el lanzador múltiple de proyectiles electrónicos causó pánico durante la noche de disturbios, las autoridades lo califican como una de las arma no letales indispensables para cumplir su labor.
Colombia alzada: Pueblo resiste en las calles; militarizan Cali.
Organizaciones de DDHH denuncian al menos siete muertes en Cali durante el paro nacional.
La compleja situación de orden público en Cali continúa. A las denuncias hechas desde esta mañana por el senador Wilson Arias sobre abusos policiales y retenciones ilegales durante las protestas, ahora se suman unos videos que muestran cómo dos personas murieron durante las manifestaciones, aparentemente, por municiones disparadas por la Fuerza Pública.
En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa a un grupo de manifestantes y al frente uniformados que parecen ser del Esmad. Durante el video se escuchan estruendos que parecen ser disparos. En un momento las personas presentes empiezan a decir “los mataron” e inmediatamente se ven dos cuerpos inmóviles tirados en plena vía pública.
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes informó que han recibido denuncias de la comunidad en la que se cuentan 14 muertos en las protestas de hoy, siete de ellos fueron confirmados por las organizaciones que conforman esa red. Los otros siete casos están pendientes por constatar. Además, hay tres personas desaparecidas, una de ellas desde el 28 de abril, día en el que comenzaron las manifestaciones.
De acuerdo con los registros de los defensores de Derechos Humanos, 84 personas fueron conducidas a estaciones de Policía o al coliseo Las Américas, lugar al que la fuerza pública también está llevando a los detenidos. La red asegura que la Policía les ha negado la información sobre las personas trasladadas y su ubicación. Las organizaciones criticaron lo que ellos llaman un “tratamiento de guerra” a las protestas en Cali.
Durante todo el día, el senador Wilson Arias denunció arrestos ilegales, así como disparos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública. Uno de los hechos pasó en el barrio 12 de Octubre donde una niña recibió un disparo en su rodilla derecha.
La situación de orden público en la ciudad es muy delicada. En este momento hay complicaciones en el sector de Sameco, que ha sido un punto frecuente de enfrentamientos. La comunidad denuncia que el Esmad está tirando gases lacrimógenos dentro de los conjuntos residenciales.
También hay denuncias de exceso de fuerza de la Policía y de disparos indiscriminados contra los manifestantes en la Portada al Mar.
En otros sectores de la ciudad también se presentan plantones en los que se insiste en el rechazo a la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional. Estos plantones se desarrollan con total tranquilidad y sin actos de violencia ni vandalismo. Por el momento no hay pronunciamiento oficial sobre las personas que murieron.
Colombia. La heroica resistencia del pueblo caleño
Ayer 2 de abril, me desplace por varios lugares de Cali, la capital del Valle del Cauca, y el escenario es un reflejo de lo que sucede en estos momentos en el país con la protesta y la movilización popular colombiana, enfrentada a la más grave suma de atropellos y ultrajes a una sociedad y sus derechos fundamentales.
Cali está completamente bloqueada por todos sus puntos principales y una red de Comités populares integrados por jóvenes, trabajadores, precarios, estudiantes, mujeres, obreros y profesionales ejerce un control del territorio para respaldar el pliego de peticiones de la ciudadanía que demanda una respuesta efectiva y una solución a los problemas sociales, de salud, empleo, movilidad, hambre, libertades y respeto por la vida.
Los caleños han mostrado una formidable capacidad para resistir la crisis que los afecta y el yugo político que los oprime mediante unas instituciones atrapadas por la criminalidad y la corrupción.
El repudio a la reforma tributaria de Carrasquilla ha sido la oportunidad escogida para adelantar un descomunal levantamiento popular que hace recordar las jornadas del 9 de abril de 1948, las del paro cívico de 1977 y las más recientes de 2013 y 2019.
En la actual coyuntura, Cali cobro la forma de un paradigma de la rebeldía popular nacional contra el sistema de poder hegemónico establecido por los núcleos ultraderechistas y fascistas del campo político colombiano.
Cali, con más de dos millones de habitantes, suma de diversas etnias, punto receptor de miles de desplazados por los grupos violentos del paramilitarismo en el Pacifico, Buenaventura, Cauca, Nariño y el Choco, es un universo cargado de todas las exclusiones sociales, con una violencia crónica que manipulan las elites locales y regionales, como el Clan que encabeza la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la reconocida Gamonal valluna que articula la más extensa red mafiosa (de narcos y contratistas) con tentáculos en todos los ámbitos gubernamentales en los que ha impuesto la ley del despojo y saqueo de los presupuestos públicos afectando las obligaciones sociales del gobierno. Cometido que ejecuta la actual gobernadora Clara Luz Roldan, quien ha destapado el más aberrante militarismo ultra católico para dar cobertura a su sistema de robo y asalto de los dineros públicos y a su continuada arremetida contra las libertades civiles y el derecho a la vida como bien lo pueden atestiguar los estudiantes de la Universidad del Valle y los trabajadores de la administración departamental.
Escenario del que no se debe excluir al actual Alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, un reconocido charlatán de labia seudo progresista, a quien le cabe una enorme carga por la tragedia que vive hoy la ciudad, toda vez que durante su actual gestión el resultado más notable ha sido la promoción de un clan integrado por sus hermanos (Mauricio y Diego), quienes en alianza con Dilian Toro y la mafia Abadía de Cerrito, orquestaron severa máquina de contratación a dedo para apropiarse de multimillonarias partidas presupuestales en el Programa de Alimentación Escolar y en las obras de infraestructura previstas en varias avenidas de la ciudad.
Ospina es artífice de la más deplorable degradación de las instituciones públicas de Cali, tal como sucedió en Bogotá con los Moreno Rojas.
Estos problemas, sin lugar a dudas, han sumado a la actual inconformidad de la ciudadanía y el pueblo caleño.
Lo más grave de todo esto consiste en que los clanes del fascismo uribista y de las elites oligárquicas del azúcar del Valle han direccionado la actual situación, para mediante la manipulación grotesca del Ejército y la Policía, golpear sin contemplación a toda una ciudad que siempre se ha manifestado contraria a las ideas y los nombres de la ultraderecha reaccionaria. En Cali siempre ha sucumbido el uribismo con sus planes de dominio absoluto de los territorios, allí el repudio al Centro Democrático es de antología, aunque se las ha arreglado para dotarse de instrumentos y aliados con el fin de incidir a como dé lugar, como ocurre en estos momentos con la intervención directa del Comandante del Ejército, el Gr. Zapateiro, instalado en la Tercera Brigada con un enorme dispositivo de guerra para aplastar el alzamiento y la insurrección popular y democrática en curso.
Desde que se inició el 28 de abril una huelga general contra el gobierno de Iván Duque, en Cali han sido asesinados por los pelotones policiales y militares 23 jóvenes y trabajadores que han participado en la revuelta.
Seguramente tales hechos de sangre no van a doblegar al pueblo de esta ciudad y lo previsible es que la huelga se prolongue hasta que se alcancen los puntos del pliego del Comité del Paro, que incluye también la suspensión de las aspersiones con glifosato con graves daños en los ríos del Pacifico.
La poderosa movilización caleña, por su enorme carga política, es probable que también se proponga cambios en el gobierno local, dando paso a formas democráticas y horizontales de administración que tracen una ruta al resto de la sociedad.
Cali necesita formas de gobierno comunal democráticas que permitan erradicar la corrupción y la demagogia del ospinismo, también la red oscura de doña Dilian con su grosera y abusiva mafia.
Apoyamos el Paro cívico de los caleños.
Manifestantes contra el Gobierno de Duque derriban las vallas del Congreso de Colombia y son reprimidos por agentes del Esmad
Los manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá derribaron este miércoles las vallas del Congreso de Colombia, en medio de las tensiones por el octavo día de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que ya contabiliza más de una veintena de muertos por la represión policial.
Ante el derribo de las vallas, los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arremetieron contra la multitud, lanzando gases lacrimógenos. En los videos de redes sociales se escuchan algunas detonaciones y se observan las columnas de humo en el lugar.
En medio de las tensiones, la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, calificó la acción de los manifestantes y la intervención del Esmad –organismo severamente cuestionado por sus excesos y violaciones a los derechos humanos– como un "círculo vicioso", al tiempo que instó a los congresistas a "dialogar con los jóvenes" para poner el "fin de la confrontación".
Entretanto, el legislador Carlos Ardila –del mismo partido de la alcaldesa– informó que había sido evacuado el Salón Elíptico del Congreso porque "algunos manifestantes estaban intentando ingresar". Ante esa supuesta amenaza, la asamblea legislativa fue suspendida momentáneamente.
Sin embargo, los jóvenes que se encontraban protestando en contra de las políticas del Gobierno colombiano, y que han protagonizado una semana de manifestaciones de calle para visibilizar su descontento, nunca entraron al Congreso.
De hecho, la sesión legislativa se retomó porque la acción del Esmad logró dispersar a los manifestantes.
En el inicio de la séptima jornada de manifestaciones contra el Gobierno, que coincidió con un paro nacional en toda Colombia, el presidente Iván Duque insistió en criminalizar las protestas y asegurar que la "mafia del narcotráfico" estaba detrás del "vandalismo extremo y el terrorismo urbano". Por ese motivo, anunció una "recompensa" de 10 millones de pesos (unos 2.609 dólares) para quien colabore con la identificación de los "dinamizadores de la violencia".
"La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública", señaló Duque en un video difundido por las redes sociales.
Hasta el momento, la represión a las manifestaciones ha dejado 24 muertos, más de 800 heridos y 89 personas desaparecidas, según reveló la Defensoría del Pueblo.
A pesar de que el mandatario colombiano decidió retirar la propuesta de reforma tributaria que alentó las protestas, el descontento en la calle continúa y la represión también. La población ha hecho un llamado al Gobierno para que detenga la brutalidad policial y exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
En el ámbito internacional, las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, entre otros organismos, condenaron este martes el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para controlar las protestas.
También se han pronunciado referentes de la política, los derechos humanos y la cultura en contra del accionar represivo del Gobierno de Duque.
Carlos Andrés Satizábal Jiménez, activista y productor audiovisual, opina que la crisis que vive el país viene del 2019, solo que las protestas fueron impedidas y postergadas por la pandemia. Señaló, además, que las autoridades están provocando la violencia para poder justificar sus acciones.
El grito desesperado de Colombia en otra noche de represión y muertos
En una nueva noche de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia, al menos dos jóvenes fallecieron y varios resultaron heridos el miércoles en la localidad de Pereira producto de la represión policial.
Organizaciones de Derechos Humanos indicaron que la policía disparó contra los manifestantes en Pereira desde motos y autos polarizados.
De acuerdo a videos que han circulado en redes sociales, el incidente tuvo lugar en el sector del viaducto cuando las fuerzas del orden dispararon contra la concentración de jóvenes que se manifestaban en contra del gobierno de Iván Duque.
Se conoció que los jóvenes asesinados responden a los nombres de Lucas Villa y Miguel Ciro, Estudiantes de Deportes de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Ante esta situación de violencia, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos internacionales de Derechos Humanos para que evidencien las violaciones a los civiles por parte de las fuerzas del Estado.
La Fiscalía colombiana anunció el miércoles que imputará a policías por los homicidios de tres civiles durante las manifestaciones y que según ese organismo han dejado al menos 11 muertos, aunque ONGs como Temblores elevan esa cifra a 37.
«Tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional en el marco de estas manifestaciones», expresó el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una declaración conjunta con el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Barbosa recordó que su oficina informó de 24 homicidios durante las protestas y que la Fiscalía, luego de utilizar «todos los mecanismos de esclarecimiento judicial», determinó que «11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo».
Las manifestaciones arrancaron el 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno colombiano y hoy continúan, entre otras cosas, en rechazo a la brutalidad policial.
La Plataforma Grita emitió un balance sobre la represión de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército colombiano contra manifestantes.
De acuerdo a la Plataforma, desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo se han presentado 1.708 casos de violencia policial, cifra actualizada tras los recientes sucesos en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Buga, Palmira y Bogotá.
Además, en las denuncias de represión policial se contabilizan 222 casos de víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas, 22 personas con lesiones oculares, 110 víctimas por balas desenfundadas por policías y diez casos de violencia sexual.
Aunque los grandes medios de comunicación tergiversan la realidad e invisibilizan las víctimas de represión policial, en las diversas redes sociales tanto organizaciones sociales como ciudadanos independientes denuncian con vídeos la represión que se intensifica en horas de la noche en varias regiones del país.
Colombia: Volvieron las protestas contra el Gobierno y Duque denuncia «terrorismo urbano»
Pese a que el presidente retiró la controvertida reforma y prometió redactar otra, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización en Bogotá.
En el inicio de nuevas manifestaciones de protesta contra el Gobierno y de un paro nacional en toda Colombia, el presidente Iván Duque denunció este miércoles que la «mafia del narcotráfico» está detrás del «vandalismo extremo y el terrorismo urbano» y anunció un plan para contrarrestarla.
«La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentran financiados y articulados por mafia de narcotráfico, como lo denunció el Fiscal general de la Nación», denunció el mandatario en un video difundido por redes sociales.
La declaración de Duque alude a los disturbios reportados en la última semana en distintas ciudades del país, que terminaron en medio de una violenta represión.
El pronunciamiento coincidió con el inicio de una nueva jornada de protestas contra su Gobierno y luego de una semana de manifestaciones y una feroz represión que hasta el momento dejó 24 muertos y más de 800 heridos, según reveló hoy la Defensoría del Pueblo.
El contexto abrió paso a las denuncias internacionales por el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.
Pese a que Duque retiró la controvertida reforma tributaria que había propuesto y prometió redactar otra, y a la renuncia del ministro de Hacienda, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló ayer la apuesta con el llamado a una nueva movilización en Bogotá y en las principales ciudades del país.
Más y nuevos reclamos
Los manifestantes exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
En este contexto, la declaración hecha este miércoles por Duque desde la Casa de Nariño, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a su lado, parece ser un intento por disuadir la concentración.
«Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos (2.600 dólares) por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública, y se publicará por parte de la policía nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades. Frente a quienes cometan este tipo de delitos, no habrá tregua y la sociedad entera los llevará ante la justicia», manifestó el mandatario.
Asimismo, informó de la creación de una línea nacional telefónica para gestionar denuncias, activar un grupo especial de investigación contra el vandalismo para buscar «dinamizadores de la violencia», que, según informó, ya realizó 553 capturas, y defendió a la Policía que fue «víctima de actos de cobardía e intimidación».
Sus palabras, que no incluyeron ninguna respuesta a las denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas dentro y fuera del país, se conocieron luego que anoche el país, especialmente la capital, viviera otra noche de caos y violencia, que terminó con 30 civiles y 16 policías heridos, según autoridades municipales.
Cali, el epicentro
Asimismo, la ciudad de Cali también se ha convertido en estos últimos días en el epicentro de las manifestaciones y la represión de las fuerzas del Estado.
La fiscalía asegura que detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco.
Sin embargo, las organizaciones que convocan a las protestas sostienen que son las fuerzas de seguridad las que impregnaron de violencia las manifestaciones, tanto de día como de noche.
En medio de fuerte expectativa, accesos y avenidas de Bogotá amanecieron hoy con los primeros bloqueos, informó la agencia de noticias DPA.
Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública, cuando miles de personas salieron a las calles el 28 de abril en al menos 23 ciudades del país contra el proyecto de reforma impositiva.
Con la popularidad en baja (33%), Duque ha enfrentado masivas protestas desde 2019, pero la pandemia avivó el descontento en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.
Duque había asegurado que abriría «espacios de diálogo» para escuchar a todos los sectores, pero sin precisar cómo se realizarán estos acercamientos y, ante las críticas de abuso policial, el mandatario hoy dejó en claro que respalda a las fuerzas de seguridad, a quien calificó como la principal víctima de ataques, lo que enfureció a los manifestantes que se preparan para volver a tomas las calles.
Organizaciones sociales denuncian represión de las fuerzas de seguridad en Colombia
Policías arremeten contra manifestantes en la ciudad colombiana de Palmira. Foto: EFE
Organizaciones sociales denunciaron en la noche del domingo nuevas acciones de represión de las fuerzas de seguridad colombianas contra civiles y manifestantes en las varias ciudades del país.
De acuerdo a informaciones en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca donde se han reportado las acciones más violentas, se estiman más de 30 desaparecidos y al menos tres muertos.
Ante la situación de extrema gravedad en Palmira y Cali, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos de derechos humanos para que constaten las violaciones cometidas por los efectivos del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Los denunciantes han señalado que en la localidad de Palmira, efectivos del Ejército no han permitido auxiliar a los heridos de la represión.
“Lo que está pasando en la recta Cali, Palmira tiene que saberlo toda Colombia, el ejército está disparando a Civiles, no dejan entrar a sacar los heridos @Declaracion violacion a los #DerechosHumanos” reza uno de los mensajes de twitter denunciado los hechos de violencia en la localidad del departamento del Valle del Cauca.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recolectando información de varias organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) y sindicales, informa que en la ciudad de Cali, se registraron al menos 10 asesinatos de ciudadanos que se movilizaron.
Por su parte la organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DD.HH., 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones oculares.
Aunque el presidente Duque anunció el retiro del proyecto, los colombianos se mantienen en las calles exigiendo que no debe existir ningún tipo de reforma, ante esto la Minga Indígena se moviliza desde el departamento del Cauca hasta Bogotá para concentrarse en la histórica Plaza de Bolívar.
Se ha confirmado la muerte del joven colombiano Nicolás Guerrero, quien participaba en una protesta reprimida por agentes policiales en Cali, en el Valle del Cauca. La información fue dada por el alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina.
Manifestaciones en varios países de América Latina para protestar contra la violencia policial en Colombia
Grupos de personas en varios países de la región salieron a las calles a expresar su respaldo a las protestas en Colombia y a pedir el cese de los abusos policiales contra los manifestantes.
El miércoles, hubo concentraciones en algunas sedes diplomáticas de países como Argentina, Chile, Canadá y Panamá, mientras que en Colombia se llevaba a cabo el octavo día de movilizaciones, que comenzaron en rechazo al proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque pero que han ido incluyendo demandas económicas, sanitarias y sociales.
En medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre el "uso excesivo de la fuerza" para contener a los manifestantes, varios colectivos y grupos en otros países han manifestado su rechazo.
Una de las voces que se ha alzado fuera de Colombia en contra del abuso policial pertenece a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que en un comunicado exhortó a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos del mundo a "tomar acciones urgentes para frenar la masacre a nuestros hermanos".
Hasta ahora, la Defensoría del pueblo maneja el registro de 24 muertos, 800 heridos y 89 desaparecidos, mientras que las organizaciones sociales elevan el número de fallecidos a 31.
Concentraciones en varios países
En Santiago de Chile se llevó a cabo una movilización en apoyo a los manifestantes colombianos y en contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial. Esta protesta culminó con la acción de Carabineros.
Inicialmente, la concentración pacífica se congregó en el Consulado de Colombia en Chile, en la avenida Andrés Bello de la capital de ese país. Posteriormente, se desplazó a la Biblioteca Municipal, a menos de 500 metros, donde se hizo un velatón por los fallecidos en las protestas.
Sin embargo, personas ajenas a la convocatoria levantaron barricas y obstaculizaron las vías por lo que las autoridades arremetieron contra todos los presentes y disolvieron la actividad.
Otra de estas concentraciones en la región ocurrió a las afueras de la Embajada colombiana en Panamá, donde varios asistentes expresaron consignas a favor del respeto a la vida y el derecho a la protesta.
Otro plantón de este tipo se realizó en las cercanías de la Embajada y el Consulado de Colombia en Ciudad de México, donde se exhibieron carteles con la consigna "Nos están matando".
En #CDMX, un grupo de colombianos acompañados por mexicanos se manifestaron afuera de la embajada y consulado de #Colombia en #México🇲🇽 para exigir un alto a la represión y asesinatos durante las protestas en varias ciudades de Colombia #ColombiaAlertaRoja#
— Anonymous (@xlfcl1) May 5, 2021AlertaRojaEnColombiapic. twitter.com/hRByZxoCbz
Las acciones de respaldo a Colombia también llegaron a las inmediaciones de la sede diplomática de ese país en Buenos Aires, donde se hizo una actividad en la que los participantes exhibían pancartas con lemas como "Fuera Duque" y "Basta de represión".
Una convocatoria del mismo tipo tuvo lugar en la Embajada de Colombia en Quebec (Canadá), en el norte del continente, donde los manifestantes expresaron: "Estamos lejos pero no ausentes".
¡Resiste Pueblo colombiano! ¡Desde Chile nuestra fuerza y solidaridad!
COMUNICADO URGENTE, DESDE CHILE.
¡Colombia no aguanta más muertos ni muertas; no aguanta más injusticias ni más hambre!
Como Piñera ¡Duque al Tribunal Penal Internacional!
Iván Duque, el socio de Piñera en Cúcuta, intensifica la represión militarizada sobre el pueblo colombiano; despliega el bloqueo informativo intentando invisibilizar la masacre que está en curso en Colombia. Desde esas tierras claman por el apoyo internacional y es nuestro deber responder.
Las asambleas territoriales y organizaciones populares chilenas y del Wallmapu, agrupadas en el Referente Político Social, RPS, manifiestan su más fuerte apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano que lucha y resiste en las calles de Cali y otras ciudades contra la represión militar y policiaca del estado uribista hoy administrado por Duque, un títere del narcotráfico, las transnacionales y el imperialismo estadounidense.
Cali, la más reprimida, amanece cada día con más personas asesinadas, mutiladas, violadas, detenidas. Son efecto de las mismas prácticas represivas que ya conocemos los sectores populares y pueblos en resistencia en Chile. Es la política de los estados policiales y militarizados que son la otra cara del libre mercado, del extractivismo y del dominio del gran capital.
El pueblo colombiano no se ha levantado sólo por una simple alza de impuestos; ese fue el detonante como lo fue en Chile el alza del metro. Como lo han dicho, se han lanzado a las calles por “tantos años, décadas, de opresión, de injusticia y por una paz que se nos negó”. Son las mujeres que alzan más fuerte sus voces, los jóvenes que se manifiestan enfrentando a los aparatos represivos, las y los trabajadores que ya no aguantan, campesinas/os, indígenas y afro que ya cansadas/os asumen con más fuerza la protesta. Colombia no aguanta más muertos, no aguanta más muertas ni más injusticias, ni más hambre.
Como RPS, desde Chile y el Wallmapu, llamamos a todas las organizaciones populares y de trabajadores/as, a los y las militantes político-sociales y a todas las personas con sensibilidad frente las injusticias, a solidarizar activamente con el pueblo colombiano. A intensificar los contactos con organizaciones populares de Cali y Colombia enviando nuestra solidaridad y ofreciendo nuestras redes de difusión hacia el mundo para romper el bloqueo informativo; a iniciar campañas de denuncia de la represión en curso tanto en Chile como hacia el exterior; a impugnar la presencia y negocios de capitales colombianos en Chile.
Chile, 04 de mayo de 2021.
Referente Político Social – RPS
Firman asambleas y organizaciones populares que se agrupan en el Referente Político Social, RPS, y otras organizaciones que han decidido adherirse:
- Coordinadora Loica – Chillán
- Asamblea de Mujeres Pobladoras de Wallpen, Concepción
- Asamblea comunal de Valdivia
- Asamblea Popular de Tarapacá
- Asamblea Popular Wallpen, Concepción
- Asamblea popular autoconvocada de Lomas Coloradas
- Coordinadora Chorera de Talcahuano
- Asamblea Territorial San Juan, Maipú
- Maipú Poniente Organizado
- Coordinadora Estudiantil Feminista- CEF
- Asamblea La Condell
- Asamblea Barrio Yungay
- Asamblea Barrio Puchacay
- Cabildo por los DDHH Quilpué
- Radio Popular La Revuelta
- Resistencia y Libertad
- Red de defensa de los territorios de Los Ríos
- Asamblea Territorial El Once de Villa Alemana
- Asamblea Popular Barrio Norte
- Asamblea Popular de Illapel
- Asamblea Autoconvocadas Lauca de Arica
- Movimiento por la Dignidad de Punta Arenas
- Asepfem
- Escuelita Popular y Feminista Isidora Gónzalez
- Asambleas Las Mercedes, Puente Alto
- Editorial Traru
- Asamblea Popular La Pincoya
- SUTE
- Asamblea Territorial Huanhualí
- Asamblea Territorial Pudahuel Sur, Santiago
- Asamblea Territorial Lo Besa de Quinta Normal
- Instituto Estudios Críticos
- Primera Línea Revolucionaria
- Escuela Popular Permanente, Concepción
- COPOLAC
- Coordinadora Libertad y Justicia de Tarapacá
- Asamblea Territorial Villa Los Héroes, Maipú
- Asamblea Los Copihues, La Florida
Fuente: Enviado a correo cctt.cl a la medianoche del 04-05-2021.
Entre las grietas del uribismo y las nuevas protestas: qué puede pasar en Colombia
Colombia vivió una nueva sacudida la semana pasada con motivo de la protesta nacional en contra de la ley de reforma tributaria, que fue diseñada por el Gobierno del presidente Iván Duque. El paro produjo paralización de actividades, movilizaciones en todo el territorio, saqueos de tiendas y cacerolazos. Las manifestaciones continuaron de manera espontánea varios días después de la convocatoria formal.
No había terminado la semana y Duque tuvo que ceder reconociendo la debilidad de la ley e informando de su retirada. Paralelamente, anunció la militarización de las principales ciudades, algo que los alcaldes han rechazado.
Desde
el día 28 de abril, la alarma se encendió en los medios internacionales
en la medida que iban apareciendo imágenes de la represión policial. De
hecho, la Defensoría del Pueblo ya ha solicitado investigar 19 muertes
vinculadas con las protestas.
En medio de momentos de debilidad del uribismo, Twitter censuró al líder histórico de la derecha, el expresidente Álvaro Uribe, y con ello lo equipara a una especie de Trump latinoamericano, impresentable para la opinión pública mundial.
¿Qué puede pasar?
En la acción participaron las principales organizaciones sindicales, magisteriales y campesinas, con movilizaciones en decenas de ciudades de todo el territorio colombiano, lo que demuestra el nivel de articulación y consenso de las organizaciones populares y el grado de malestar social acumulado.
Es una nueva demostración de fuerza de las que se han presentado los últimos meses en el campo popular, especialmente desde que el uribismo perdió las regionales de octubre de 2019 y comenzaron a producirse paros nacionales e intensas protestas.
Lo que viene ahora en Colombia está de cierta forma predeterminado, en tanto en un año habrá presidenciales. Así que todo deberá observarse con lentes electorales. Por primera vez hay condiciones para que la izquierda histórica pueda ganar con la candidatura de Gustavo Petro, quien va de primero según algunas encuestas.
Sin embargo, la derecha colombiana está acostumbrada a ir a la guerra política o a luchar en cualquier terreno. Ceder el poder implica un terremoto legal a sus pies después de tantos años de convivencia con el narcotráfico, el paramilitarismo y el lado más oscuro del Gobierno de EE.UU.
No se sabe a ciencia cierta la forma en la que acaecerá el nuevo enfrentamiento político que debe culminar con el evento electoral. También hay dudas de si el conflicto podrá mantenerse dentro de los cauces democráticos, en una sociedad en la que las salidas violentas suelen ser la mejor opción del 'establishment'. Por lo pronto hay una nueva convocatoria para un paro el 5 de mayo.
Ello sin que sepamos aún el impacto de las movilizaciones ocurridas en el ascenso del coronavirus. El país sufre un pico en el que acaecen más de 400 muertes diarias desde mediados de abril, llegando a colocarse como el tercer país del subcontinente, después de Brasil y México, en contagios y decesos totales, siendo su población notablemente menor que estos.
Las grietas del uribismo
Antes del paro del miércoles 28 de abril, el expresidente Álvaro Uribe le hizo a Duque, según sus palabras, una "suplica angustiosa" para que modificara la propuesta de ley de forma tal que no se ampliara la base tributaria y la clase media no se viera afectada por esta, y así, dicha ley pudiera ser aprobada.
Una vez mostrada de manera pública la inquietud de Uribe en torno a la ley surgieron las incógnitas sobre la situación interna del uribismo, que lleva varios meses en medio de escándalos, debilidad electoral y problemas de su líder con la Justicia. La detención judicial y posterior renuncia de Uribe al Senado, el año pasado, da cuenta de un rompimiento en el bloque de poder en torno a su liderazgo.
Sin embargo, después de la rectificación a la ley que haría Duque, el expresidente demuestra que aún tiene la sartén uribista atada por el mango, en tanto las modificaciones anunciadas se relacionan con sus demandas concretas. También ha sido su idea la de militarizar el país.
Los fuertes cacerolazos en zonas privilegiadas de Medellín, su feudo, dan cuenta de que las clases medias y altas se están sumando a la protesta nacional, a pesar de la criminalización de la que es objeto.
La red social Twitter eliminó una publicación de Uribe en la que pide a soldados y policías usar las armas, y lo tipificó como violatorio de su reglamento sobre "glorificación de la violencia". Con ello, el líder entra en una especie de lista de líderes vetados, encabezados por el propio expresidente Donald Trump.
Pero la identidad política del uribismo se encuentra duramente cuestionada y en proceso de disolución, a pesar del amplio voto duro que seguramente podrá mantener. Que Uribe haga críticas públicas a Duque y le pida concesiones quiere decir que el líder histórico de la derecha colombiana no está gobernando del todo dentro de su propio partido o corriente.
Nada de esto le hace, de entrada, perder el poder. El uribismo es un movimiento muy fuerte que sabe cómo jugar para terminar ganando la segunda vuelta de las elecciones. La violencia en las protestas, la vandalización de bienes públicos y el descontrol en las calles hace que un sector numeroso mantenga las dudas hacia un exguerrillero como lo es Petro, a la hora de escoger el sustituto de Duque. Por allí tratará el uribismo de mantenerse fuerte en las mayorías electorales.
Así, el liderazgo progresista y el Comité de Paro deben garantizar mayor control o tomar en cuenta estos desbordamientos para próximas convocatorias.
Pensar en la segunda vuelta
El camino que queda hasta las presidenciales de mayo de 2022 está amenazado por intentos de imponer un escenario violento. La desestabilización que sufre Duque no puede sacar al progresismo de su objetivo central: tomar el Gobierno en las elecciones. Ya es difícil imaginarse una segunda vuelta electoral sin Petro.
De esta manera, el principal desafío del progresismo es, durante este año, controlar los extremos y ganar el centro político, ese que votó por Uribe desde el miedo y no desde la militancia ideológica, pero ahora enfrenta la amenaza de empobrecimiento que trae la ley de Duque.
El uribismo sigue intentando que una parte del electorado se atemorice con el triunfo de la izquierda y termine volviendo al uribismo como única opción de orden nacional.
En 2018, en la segunda vuelta de las presidenciales en 2018 a la fórmula de Petro le faltaron 12 puntos para superar a Duque, en una situación que al momento era muy ventajosa para este pero que en 2021 luce agotada.
Por ende, el trabajo central de la izquierda no se trata de desestabilizar al Gobierno, sino trabajar para que las clases medias y emergentes se sumen al malestar que genera la ley y vean en la izquierda no a un grupo de guerrilleros con sed de venganza, sino a líderes que puedan generar mejora en su país.
Con este nuevo paro se sigue develando que en Colombia cambió el panorama de las últimas décadas en las que la política se sujetaba a las luchas del Gobierno contra las guerrillas. Ahora ha emergido una alianza política progresista que ha sabido llevar el conflicto a lo interno de las principales ciudades que parecían muy estables y alejadas de la guerra rural que se vivía.
Colombia va cambiando muy rápidamente.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
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