sábado, 30 de abril de 2011

LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLITICA PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD,Pactos, mentiras y videos por Roger Rodriguez/Danilo Astori:"Con la Caducidad está en juego la credibilidad del Frente Amplio"/Legisladores Frente insisten por anulacion

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011
LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLITICA
PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD
Pactos, mentiras y videos
Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.
ROGER RODRIGUEZ
La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.
La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.
En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.
En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”
El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.
LOS TIGRES DE PAPEL
Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.
No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.
Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.
El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.
El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.
JUSTICIA PARA TODOS
Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.
La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.
En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.
Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.
El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.
EL JUEGO DEL MIEDO
En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.
Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.
En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.
El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.
Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.
La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.
Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas

"Con la Caducidad está en juego la credibilidad del Frente Amplio"

Danilo Astori
El vicepresidente Danilo Astori dijo en entrevista con El País que no comparte la forma que eligió el Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad al presentar un proyecto interpretativo. Sin embargo, decidió acatar la decisión del resto de la coalición "por disciplina". Además consideró que el planteo del constitucionalista Martín Risso, acerca de que el Poder Ejecutivo puede revocar actos administrativos de gobiernos anteriores para juzgar a militares que fueron amparados dentro de la Caducidad, "es una camino ágil".
Valeria Gil
-Una vez votado el primer proyecto interpretativo en Diputados en octubre de 2010, y tras el pronunciamiento de tres senadores del FA que no apoyarían la ley en el Senado, usted lanzó una propuesta de derogar la ley de Caducidad. ¿Por qué fracasó esa idea?
-Lo que ocurrió fue que la mayoría del Frente Amplio prefirió el camino que hoy se está transitando. Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora. La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias políticas negativas y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-El proyecto interpretativo ya tiene media sanción en el Senado. ¿Ahora no es demasiado tarde para acordar otra "salida jurídica" que deje sin efecto la ley de Caducidad?
-Estamos buscando la solución con muchos compañeros, queremos solucionar las notorias dificultades que tiene el proyecto interpretativo.
-¿La derogación puede ser un camino válido para dejar sin efecto la norma?
-La derogación puede integrar un camino alternativo, pero habría que complementarla con la tramitación de la inconstitucionalidad, que permita resolver los casos que fueron archivados. El constitucionalista Martín Risso (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) señaló que se pueden revocar actos administrativos de gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Caducidad. Ese camino es incluso más ágil que el que yo había propuesto, porque consiste simplemente en elaborar un decreto del Poder Ejecutivo.
-¿Al Frente le puede costar muy caro, a nivel electoral, pasar por alto el resultado de los dos plebiscitos?
-No tengo la menor duda. Pero creo que no deberíamos guiarnos por las consecuencias políticas de esa índole, sino que tendríamos que darnos cuenta que está en juego la credibilidad de una fuerza política. Históricamente, el FA ha recurrido frecuentemente a las consultas populares y no sólo ha confiado en ellas, sino que al mismo tiempo ha entendido que han tenido consecuencias para el país.
-En medio de esta polémica el ex presidente Tabaré Váz-quez dijo que "no siempre las mayorías tienen razón", al justificar su posición a favor de anular la ley de Caducidad. ¿Comparte este criterio?
-Es muy difícil interpretar individualmente la voluntad popular. Yo respeto mucho la opinión de Vázquez y procuro entenderla; pero me parece que cuando una mayoría se expresa sobre un tema importante, esa mayoría debe ser especialmente considerada.
-¿Podría seguir dilatándose la votación en Diputados más allá del 20 de mayo?
-No lo puedo decir ahora, en eso está trabajando la Comisión de Constitución y Código y espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo. Hoy no tengo elementos para asegurar cuándo se va a aceptar la propuesta, cualquiera sea.
-Antes de las elecciones, usted y el presidente José Mujica afirmaron que debería respetarse la voluntad popular. ¿Con el proyecto interpretativo no se traiciona lo que se prometió en campaña?
-No. Yo propuse un camino coherente cuando hice aquellas declaraciones, pero no recibió apoyo en el Frente. Luego, opté por actuar disciplinadamente.
-¿Qué opina de la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y del pasaje al Tribunal de Conducta de Jorge Saravia, como saldo de la discusión del proyecto interpretativo en el Senado?
-Me parece un saldo negativo, lamentable. En el caso de Fernández Huidobro me da una gran pena que haya decidido renunciar, pero por otro lado siento una gran admiración por lo que hace, porque es un gesto de desprendimiento y de coherencia importante. En cuanto al pasaje al Tribunal de Disciplina, es un derecho que tiene cualquier sector de hacer esta propuesta y ojalá sirva para que tanto Saravia como quienes van a evaluar su conducta tengan información correcta y tomen la resolución más justa.
-Cuando asumió este gobierno, hubo mensajes muy conciliadores hacia las Fuerzas Armadas, pero rápidamente esa relación se fue deteriorando. Hubo tensión por el Presupuesto y ahora por el tema de la ley de Caducidad. ¿En qué quedó aquel discurso del presidente Mujica en la base aérea de Durazno?
-No sólo creo que no hay un deterioro, sino que considero que estamos en un camino de enriquecimiento. Mujica ha sido siempre muy sincero en sus relaciones y desde Durazno se hacen esfuerzos para integrar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y eso sigue ocurriendo, aunque pudiera no haber reflejos presupuestales de esa actitud.
-¿Le preocupa el hecho de que los largos debates que se generan en el FA puedan perjudicar la gestión del gobierno o enlentecerla? El proyecto de Participación Público-Privada se discute desde hace cinco meses y no hay un acuerdo.
-No. La lentitud siempre es negativa desde el punto de vista de la eficacia y del trabajo parlamentario; cuando digo lentitud no me refiero al necesario proceso de estudio. La ley de Participación Público- Privada es una novedad, por lo tanto tiene que ser bien estudiada. Uruguay necesita con urgencia esta norma por sus debilidades estructurales y tenemos la necesidad de realizar inversiones muy importantes para superarlas.
-En el FA hay reparos con la ley de obras. ¿Se va a recurrir a la oposición para aprobar la norma?
-Haremos lo posible por tener el mayor consenso. Espero que este proyecto sea apoyado por la mayor cantidad posible de sectores. Esta ley debería ser una herramienta del Estado, por encima de los gobiernos y partidos.
-El debate tributario pareciera haber finalizado después de algunos anuncios. Pero hay sectores del FA que siguen insistiendo con modificar la línea económica del gobierno. ¿Entiende que amerita seguir discutiendo este tipo de cuestiones económicas en un momento en que la población reclama más seguridad?
-No deberíamos coartar la posibilidad de que se discutan esos temas. Hasta ahora, sin embargo, los temas tributarios no han hecho olvidar los temas de seguridad y el gobierno les presta la atención que se merecen. Además tenemos novedades como lo son estos operativos que se realizan en áreas conflictivas y la inauguración de 2.000 nuevas plazas en las cárceles.
-El Partido Colorado inició una campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad como forma de combatir la minoridad infractora. ¿Teme que esto se transforme en un plebiscito contra la gestión del gobierno?
-No, absolutamente. Respeto el derecho que tiene el Partido Colorado, pese a que no comparto el contenido de la consulta. Porque no creo que la baja de la edad de la imputabilidad sea una solución.
-¿Cómo se imagina dentro de cuatro años? ¿Mantiene su aspiración de ser candidato a la Presidencia de la República?
-No me imagino, juro que no he pensado en absoluto en mi futuro político porque estoy convencido que me distraería de la responsabilidad que tengo hoy. Por lo tanto, me concentro en los caminos buenos para el país y no en los míos.
-A nivel del FA, ¿entiende que es necesaria una nueva forma de conducir a la fuerza política con otro presidente que sustituya a Jorge Brovetto?
-Creer que el Frente tiene un problema de presidencia es achicar mucho el tema. El FA tiene que renovarse y acercarse al pueblo frenteamplista, porque hoy hay una distancia importante. Las bases están muy sectorizadas y creo que tal como están concebidas hoy, habría que reducir su poder dentro del Frente.

"Hay que ser muy austero con los gastos"

-En materia económica, la suerte de la economía uruguaya parece estar muy vinculada a Brasil en lo que refiere a las variaciones del dólar. ¿Qué pasará con Uruguay si Brasil devalúa?
-No esperamos ninguna consecuencia. No visualizamos ningún acontecimiento significativo en la economía brasileña en los próximos tiempos. Además, técnicamente no se puede hablar de devaluación, porque Brasil no fija el tipo de cambio y tiene una política flexible en función de la evaluación del mercado. Ellos acompañan la tendencia internacional y tratan de eliminar las volatilidades y Uruguay ha venido trabajando en ese sentido y por eso estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo que más conviene. Sabemos que el tipo de cambio real es el que importa y estamos muy cerca del equilibrio.
-Un reciente informe del Banco Central indica que algunos sectores que han acordado aumentos salariales a sus empleados no ataron los incrementos a la productividad y por consiguiente se incrementaron los precios de los productos. ¿Usted considera que ese fue el problema que generó la inflación o el problema que existe es la escasez de mano de obra?
-Creo que juegan todos esos factores como los mencionados en la pregunta y pienso que el BCU señala la preocupación de que, más que estar atados a la productividad, se tengan en cuenta los niveles de productividad, y en eso estoy de acuerdo. También entiendo que la necesidad de fuentes de trabajo puede estar desarrollando una influencia importante en la evolución de los salarios. En suma, creo que es uno de los factores que hay que considerar cuando tratamos el hecho, para combatir y neutralizar las presiones inflacionarias en la economía.
-Usted dijo que la Rendición de Cuentas será "extremadamente austera". ¿Cuál será el espacio fiscal disponible y qué gastos se postergarán?
-No puedo brindar datos precisos porque no concluyó un informe que está haciendo el gobierno. Existe la posibilidad de postergación, pero no va a haber recorte de gasto. Hay aumentos ya dispuestos que se van a cumplir, como los que refieren a la educación. En lo que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y austeridad es en la disposición de nuevos gastos. Ahí hay que andar con pies de plomo. Esto juega un papel sobre la demanda y así se genera presión inflacionaria.
El País Digital

Legisladores del Frente insisten con la anulación

No considerarán la propuesta alternativa de Martín Risso

La propuesta del constitucionalista Martín Risso, para que el Ejecutivo revoque los actos administrativos de gobiernos que ampararon en la ley de Caducidad a militares, no está actualmente a consideración de los legisladores del Frente Amplio que insisten con el proyecto interpretativo.
El coordinador de la bancada de Diputados, Felipe Michelini (NE), dijo a El País que "el Poder Ejecutivo podría crear un decreto sin duda para obligar a juzgar los casos que fueron archivados en el pasado, pero la ley interpretativa es necesaria".
Michelini explicó que sin una ley que asegure la investigación judicial, "vamos a tener los mismos problemas de interpretación, dado que un decreto no ofrece las garantías para que los jueces cumplan".
En la misma línea, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) señaló a El País que el planteo de Risso "no es novedoso" y "no está en consideración en el momento".
"Nosotros como FA tenemos una decisión adoptada por el Plenario Nacional y la solución que tenemos para el 20 de mayo es que Diputados la vote", remarcó el legislador. En el mismo tono, la diputada Daisy Tourné (PS) indicó que no puede opinar, ya que por disciplina debe "acatar el mandato del Plenario del Frente Amplio".
En tanto, el diputado José Carlos Mahía (AU) dijo a El País que "no están dadas las condiciones políticas para que la propuesta de Risso prospere, el único que podría tomar la iniciativa es el propio presidente (José) Mujica", aseguró.
Sin embargo Mahía al igual que el diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) explicaron que la iniciativa de Risso es seria y merece ser estudiada por la fuerza política, antes de descartarse de plano.
Por otra parte, el Frente Amplio definirá en la reunión de bancada del próximo martes en Diputados si se mantiene la sesión extraordinaria prevista para el 20 de mayo, en donde se votará la ley interpretativa de la Caducidad.
El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) planteó la necesidad de modificar la fecha de votación del proyecto, por considerar que el 20 de mayo "no es una fecha que represente exclusivamente a la izquierda, ya que también fallecieron personalidades de otros partidos políticos".
La idea de la coalición de izquierda era votar el proyecto el mismo 20 de mayo para que la anulación de la Caducidad coincidiera con la "Marcha del Silencio", fecha en que se recuerda a los desparecidos durante la última dictadura militar.
Sobre el cambio de fecha que propuso el Partido Nacional, Michelini explicó que no hay posición al respecto. Aunque recordó que días atrás cuando los colorados pidieron la postergación, "se atendió el pedido".
El País Digital

En Comisión. Reiteraron "inconstitucionalidad" de la norma

Juristas aconsejan desarchivo de casos de desaparecidos

Risso: el Parlamento no tiene facultades para anular una ley.

"Mejor solución". Los juristas volvieron al Parlamento
"Mejor solución". Los juristas volvieron al Parlamento
Constitucionalistas recomiendan al Poder Ejecutivo, como "mejor solución", desarchivar casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se incluyeron dentro de la Ley de Caducidad y la Justicia no pudo investigar. Reiteran la "inconstitucionalidad" de la norma a ser aprobada el 20 de mayo.
Los diputados iniciaron ayer en Comisión el estudio del proyecto de ley que dejará sin valor jurídico alguno la Ley de Caducidad y volvieron a recibir a expertos constitucionalistas y catedráticos de las universidades, tanto pública como privadas, para que opinen sobre la legalidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
Es la tercera vez que los catedráticos son consultados al respecto por los legisladores. La primera fue en octubre del año pasado, la segunda en febrero y ayer, la tercera vez.
El constitucionalista y catedrático de la Universidad católica Martín Risso reiteró que el Parlamento no tiene facultades para anular una ley pero podría sí derogar una norma y que esa decisión tuviese efecto "hacia el futuro" porque ello no determinaría "ningún obstáculo ni podría ser objetada jurídicamente".
Risso mencionó con respecto a la ley interpretativa que anula a la de Caducidad que como "mejor solución" bien podría el Poder Ejecutivo, a través de una resolución presidencial, determinar el desarchivo de los casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se entendió que estaban fuera del alcance de la Justicia por el amparo de la Ley de Caducidad.
El catedrático aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que alude a nuestro país no expresa en ningún sentido que la Ley de Caducidad debería desaparecer del mapa jurídico uruguayo, sino que por el contrario, se alienta a buscar soluciones y salvar los obstáculos por la no aplicación de la Justicia en aquellos casos de violaciones a los derechos humanos.
Los especialistas sostuvieron por tercera vez en el Parlamento que el proyecto interpretativo a estudio del Parlamento es inconstitucional.

Los protagonistas

El diputado del Frente Amplio (MPP) Aníbal Pereyra, integrante de la comisión parlamentaria que ayer inició el análisis del proyecto, reconoció que la norma que sería aprobada por Diputados el 20 de mayo tiene falencias jurídicas "como todas las leyes" y destacó las recomendaciones ofrecidas ayer por los catedráticos en el sentido de que el proyecto "no es infalible" para resolver los problemas generados por la vigencia de La ley de Caducidad.
"Los contextos históricos son los que determinan las leyes", dijo Pereyra, y "el actual determina que a la Ley de Caducidad hay que borrarla del mapa jurídico uruguayo".
El diputado nacionalista Gustavo Borsari (UNA) resaltó que "otra vez el 99% de los uruguayos estamos, como en los años 70, siendo rehenes de negociaciones que se vienen dando entre combatientes de un lado y del otro. Somos ajenos ­insistió­ en las posibles soluciones a temas que vienen discutiendo los combatientes; entonces".
El diputado colorado Gustavo Cersósimo (VU) destacó que las sugerencias de los catedráticos acerca del contenido del proyecto a aprobar señalan que "la ley no es interpretativa sino innovativa" a la Ley de Caducidad.

5 29 /04 /Abr /2011 22:39

VERGÜENZA E INDIGNACIÓN POR EL DESALOJO DE NEY THEDY
INJUSTO DESALOJO al TRABAJADOR NEY THEDY EN BELLA UNIÓN
UN COLONO de Bella Unión
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Lamentablemente una vez más se hace evidente que en Uruguay la ley está muy lejos de la Justicia. En estos momentos se está realizando el lanzamiento en la Colonia Eduardo Acevedo del colono Ney Thedy (70 años, 18 en esa parcela). El mismo está internado y sus hijos con compañeros que pudieron llegar hasta allí trataron de frenar este nuevo acto de vergüenza del Instituto Nacional de Colonización. El acceso a la Colonia fue cerrado por la policía y se debe entrar por la Colonia Raúl Sendic. Todavía no sabemos a donde llevaron las cosas de don Ney y la policía está juntando el ganado
Se concretó con la justicia de Bella Unión el lanzamiento del “único peludo” de las luchas cañeras de los ’60 que recibió “un pedazo de tierra del latifundio Silva y Rosas”.
Se trata de Don Ney Thedy productor ganadero, que trabaja y vive en la Fracción Nº 52 de la Colonia Eduardo Acevedo a 30 km de Bella Unión.
Actualmente después de mantener algunas rentas impagas el Instituto Nacional de Colonización, le quiere retirar el campo, para lo cual ha mal vendido animales con tal de no perder el predio, haciendo entrega de una abultada suma que el Directorio del INC no reconoce por estar vinculado familiarmente a la ocupación de los lecheros de Mandiyú.
Trabajadores rurales y colonos del litoral norte se concentrarán en solidaridad ese día a ejercer la resistencia pacífica en el predio para evitar el desalojo.
Colonización y la justicia actúan muy rápido para desalojar a los pobres y el estanciero César Melo sigue con los campos del pueblo otorgados por Gonzalo Gaggero sin que haya concretado la promesa de sacarlo.
 En Montevideo nos concentramos a las 13:00 frente a las oficinas de colonización (Cerrito esquina Treinta y Tres) para solidarizarnos con este compañero
NEY THEDY ES RAÚL SENDIC VEJADO, DENIGRADO Y CASTIGADO
POR NO LAMERLE LAS PATAS NI A LOS GRINGOS SAQUEADORES
NI A LOS NUEVOS SEÑORONES DEL PODER
Ney Thedy es uno de los tantos peludos artiguenses que a principios de los ´60 bajaron hacia la capital con sus hijos y sus compañeras, en duras marchas que en cada pueblo recibían el aliento generoso y solidario de otros trabajadores que no podían creer que en Uruguay hubiera asalariados del campo a los que se les pagara con papeles para comprar alimentos en los mismos comercios pertenecientes a los dueños de la misma empresa de explotación cañera que les chupaba la sangre cual si fueran verdaderos “esclavos modernos”.
Ney Thedy es uno de los muchísimos peones rurales a los cuales Raúl Sendic Antonaccio ayudó a comprender que sin organizarse y rebelarse, los obreros del campo, como los de la ciudad, jamás dejarían de ser nada más que una simple pieza del engranaje opresor del sistema.
Ney Thedy es el padre de uno de los cañeros-tamberos que forma parte de la única cooperativa lechera que en Bella Unión, ha podido demostrar que el trabajador organizado es capaz de desarrollar cualquier emprendimiento productivo exitoso y duradero, prescindiendo de patrones y estancieros que lo dominen.
Ney Thedy desalojado de su tierra y su rancho e internado con 70 años como consecuencia del operativo policial de un centenar de marcianos armados a guerra, es, también, Raúl Sendic Antonaccio vejado, denigrado y castigado por la sencilla “razón” de no doblegarse ante la prepotencia del directorio de un Instituto de Colonización que otorga tierras a los amigos políticos y se las quita a los únicos productores que pagan sus deudas, pero que no andan lamiéndole las patas ni a los gringos saqueadores ni a los nuevos señorones del poder.
Todo ocurre el mismo día --hoy, 28 de abril del año 2011-- en que se cumplen 22 años de la muerte de “El Bebe” Sendic.
¡Andá llevando, hermanito!!!.
Gabriel Saracho Carbajales

Cañeros "escrachan" a presidente de Colonización

Azúcar amargo

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29.04.2011 17:52

Trabajadores de la caña de azúcar realizaron este viernes un "escrache" en la entrada del Instituto de Colonización y planean otro en la casa de su presidente, Andrés Berterreche. Jorge Rodas, representante de los cañeros, dijo a Montevideo Portal que continuarán con las medidas hasta que se le devuelva la tierra al colono desalojado el jueves en Artigas.
Un grupo de cinco personas pertenecientes a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas realizó una manifestación en la entrada del Instituto de Colonización en protesta por el desalojo de Sandro Theddy, un colono de Bella Unión que se resistió a una orden judicial que lo obligaba a abandonar el predio a raíz de una deuda.
Finalmente, Theddy fue desalojado el jueves cuando se hizo presente un juez y varios efectivos policiales. El colono sufrió una descompensación, y desde ese momento, se encuentra hospitalizado
Los manifestantes, que realizaron pintadas y protestas con altoparlantes, planean efectuar otro "escrache" en la casa del presidente del Instituto Andrés Berterreche. Jorge Rodas, integrante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, dijo a Montevideo Portal que continuarán con las medidas hasta que se le devuelva la tierra al colono, entendiendo que es un trabajador que posee una "pequeña parcela".
Consultado por Montevideo Portal, Berterreche reconoció que la situación "es horrible", en especial por la amenaza contra su familia. "Llevar problemas políticos al entorno de mi familia me parece muy fuera de los códigos" sostuvo el jerarca.
Precisamente este viernes representantes de la UTAA y Berterreche tenían agendaza una reunión en la cual tratarían este tema, pero la misma fue cancelada por los trabajadores luego de enterarse del desalojo de Theddy. "Les dije que yo sí quería hablar con ellos para explicarles la situación y respondieron que ahora venía el escrache" explicó Berterreche.
Ante la posibilidad de una manifestación en la casa de Berterreche, el Poder Ejecutivo decidió "tomar previsiones" enviando policías al entorno del domicilio del funcionario.
Berterreche se defendió de las acusaciones de los trabajadores diciendo que el colono desalojado no es un pequeño productor. "Tiene 261 cabezas de ganado, cuando nosotros le damos tierras a trabajadores rurales que tienen 10 o 15 vacas" comentó, añadiendo que al día de hoy Theddy mantiene una deuda de más de un 1 millón de pesos. "A pesar de que estamos para hacer cumplir una ley, intentamos ser flexibles, y a este trabajador se le dio varias oportunidades de refinanciar la deuda" sentenció.
Sandro Theddy, por su parte, aseguró en declaraciones a Telemundo que su deuda era en realidad de 21 mil dólares, de los cuales ya había pagado 21 mil.
Ante la posibilidad de que los trabajadores realicen más manifestaciones, Berterreche señaló que tiene "órdenes expresas del presidente de hacer cumplir la ley".

Montevideo Portal

AEBU: pronostican triunfo moderado

La lista 98 habría obtenido presidencia de los tres consejos

Al cierre de esta edición se dirimía la nueva directiva del sindicato bancario (AEBU). Los datos iniciales establecían que la lista 98, afín al gobierno, habría ganado la presidencia del consejo de banca pública. Con esa victoria la lista 98 se aseguraría la presidencia de los tres consejos que componen la estructura del sindicato: consejo central, consejo de banca privada y consejo de banca oficial.
En los dos primeros, la lista 98, que representa a la corriente sindical Articulación (integrada por sectores moderados del FA y afiliados identificados con el Partido Nacional) ya tenía la titularidad.
De acuerdo a los primeros datos del escrutinio, en el consejo central, la 98 habría sacado siete de los once cargos en disputa, lo que implica la continuidad de Gustavo Pérez como presidente del sindicato bancario.
En el consejo banca privada, la 98 mantenía la mayoría aunque aún no estaba claro si sumaba o restaba un cargo más a los ocho que tiene actualmente.
En tanto, en banca oficial los moderados habrían logrado cuatro de los once cargos, incluida la presidencia del consejo, afirmó el flamante presidente Gonzalo Pérez.
Si bien aún faltaban computar los votos del interior, la diferencia de 300 votos dejaba a la 98 con la titularidad del consejo, aseguró Pérez.
Adeom. En tanto, a las 20.30 de anoche comenzó el escrutinio en el marco de las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).
Fuentes de la lista 1980 (radicales) estimaron que la participación fue del 60% de los 6.000 habilitados. El registro representa un aumento en relación al 54% de participación alcanzado en la elección pasada, realizadas en el año 2009.
Las estimaciones previas establecían que si los funcionarios municipales que sufragaban no superaban los 4.000 (72% de los 6.000 habilitados), las agrupaciones radicales obtendrían la mayoría.
Sobre las dos de la tarde el movimiento de votantes en el Palacio Muncipal, feudo de la lista 2011, era escaso.
La 2011 es el resultado de la fusión de las listas 5 (PCU) y 112 (MPP e independientes). Según las agrupaciones radicales, que ostentan la dirección en Adeom, la 2011 representa la línea afín a la IMM.
El País Digital

Proyectan solución para Metzen & Sena

Mujica recibió al Pit-Cnt; irá al acto del 1º de mayo mañana

El presidente José Mujica recibió ayer a una delegación del Pit-Cnt, en la antesala al acto del Día de los Trabajadores para el que ya confirmó su asistencia. En la reunión, Mujica anunció que el gobierno está elaborando un proyecto autogestionado como salida para los obreros de la fábrica de cerámicas Metzen & Sena.
"Hay decisión del Poder Ejecutivo de que en Empalme Olmos haya un emprendimiento del tipo de lo que fabricaba Metzen & Sena", comentó el coordinador del Pit-Cnt, Fernando Pereira, tras la reunión con el presidente.
La búsqueda de una solución para los trabajadores de Metzen & Sena, la fábrica de Empalme Olmos cerrada hace 18 meses, fue una de las inquietudes que le trasladaron los sindicalistas a Mujica.
Al respecto, Pereira señaló que no sólo se está estudiando esta iniciativa sino que "el presidente se ofreció a ir a hablar con los trabajadores apoyando este proyecto auto-gestionado", adelantó Pereira.
El proyecto se asemejaría a la experiencia de Envidrio, "en un nuevo local, con nueva tecnología y maquinaria".
Durante el encuentro, Mujica también respaldó el inicio de un estudio para determinar la viabilidad de la industria textil. A su vez, aseguró que el 75% de la mano de obra de la empresa Montes del Plata -que construirá una planta de celulosa en Conchillas, Colonia- será uruguayo y que las barcazas que utilice la firma serán de fabricación nacional.
En tanto, en la reunión se acordó la instalación de un ámbito para la discusión del proyecto de ley de participación público-privada, inicialmente rechazado por la Mesa Representativa del Pit-Cnt. Este ámbito comenzaría a tomar forma el próximo lunes, indicó Edgardo Oyenart, coordinador de la central sindical.
Los sindicalistas señalaron que en la reunión con Mujica no se profundizó sobre el proyecto interpretativo de la ley Caducidad. "El gobierno, a través del presidente, ha dejado especificado que el tema de la anulación de la ley Caducidad es resorte de la fuerza política y de ésta representada en el Parlamento", dijo Oyenart. El dirigente destacó que el presidente Mujica optara por "no intervenir" y rechazara luego la posibilidad de vetar la ley. "Con eso tenemos tranquilidad de que lo que va a pasar el 20 de mayo es que se van a anular los efectos más nocivos de esta ley", concluyó Oyenart.
El País Digital

Pit-Cnt priorizará logros del gobierno y no críticas

1° de Mayo. Sin tensión por fin de los Consejo de Salarios
Un mejor relacionamiento con el presidente José Mujica y el fin de los Consejos de Salarios, proyectan un acto del 1° de Mayo tranquilo para el gobierno. El Pit-Cnt pondrá el acento más en las propuestas y los logros que en las críticas.
Al coordinador de la central sindical, Juan Castillo, le rechina el calificativo "light" cuando se lo emparenta para definir el tono del acto del domingo. "No buscamos balancear el discurso para que no sea tan crítico. El acto va a tener las críticas al gobierno que tenga que tener y va a tener reconocimientos, porque lo que está bien, está bien, y no tenemos vergüenza en decirlo", indicó el sindicalista.
Lo cierto es que las oratorias no incluirán grandes críticas al gobierno, y estarán centradas básicamente en una serie de propuestas en el plano económico, productivo y en el destaque a los temas de derechos humanos, como la anulación de la ley de Caducidad y el rechazo a la campaña de la oposición para la baja de la edad de imputabilidad.
Este tono moderado en el mensaje del Pit-Cnt nace del desvanecimiento de factores claros de conflictividad: los Consejos de Salarios terminaron esta semana, la discusión del Presupuesto quedó atrás, y la puja interna entre las corrientes sindicales de cara al Congreso de la central, previsto para agosto, aún "está en el freezer". Además, ya pasó el agite de las elecciones celebradas esta semana en los sindicatos de funcionarios bancarios (AEBU) y municipales (Adeom).
Ni siquiera la polémica por la modificación de la ley de Negociación Colectiva promovida por las cámaras empresariales tendrá mayor peso en los discursos del domingo.
"Va a haber una respuesta a ello pero no va a robar el discurso, no es el centro", comentó Castillo al respecto.
El propio Castillo (PCU) y Edgardo Oyenart (PVP), ambos coordinadores del Pit-Cnt, serán los oradores del acto, que se realizará en Las Piedras a partir de la hora 15.
En su oratoria, Castillo abordará los ejes temáticos referidos a la distribución de la riqueza, el país productivo y la formación y capacitación de los trabajadores.
Dentro de ese capítulo, uno de los puntos en los que la central mostrará su discrepancia con el gobierno es el que hace al proyecto original de la ley de Participación Público-Privada. Eso, "más allá de que nos estamos enterando que está sufriendo cambios", aclaró el sindicalista.
Por su parte, Oyenart se referirá a los derechos humanos. El punto fuerte será expresar la opinión del Pit-Cnt por la anulación de la ley de Caducidad -a poco más de dos semanas de que se apruebe el proyecto interpretativo de la ley- y el salir a posicionarse en contra de la campaña de recolección de firmas para la baja de la edad de imputabilidad.
La ley de Caducidad ya había sido el punto fuerte de la oratoria del Pit-Cnt en el acto del año pasado, también marcado por un tono medido de los sindicalistas, expectantes de lo que pudiera hacer el gobierno de José Mujica, quien había asumido un mes antes.
Otro factor que suma a este contexto moderado en el Día de los Trabajadores es el relacionamiento de la central obrera con el propio Mujica.
En ese sentido, Castillo señaló que el presidente no había arrancado bien, al protagonizar incluso antes de asumir, algunos cruces mediáticos. No obstante, señaló que el diálogo con el mandatario ha mejorado.
"El relacionamiento entre el Pit-Cnt y el gobierno mantiene las características de los últimos años y el relacionamiento personal con el presidente ha mejorado notoriamente, aunque eso no exime de tener diferencias", aclaró Castillo.
Radicales. Las actividades por el Día de los Trabajadores no terminan en el acto del Pit-Cnt. Como cada año, las agrupaciones sindicales de orientación radical, enfrentadas a la conducción de la central y a los gobiernos frenteamplistas, realizarán su propio acto.
A diferencia de otros años, los sindicalistas identificados con la Tendencia Clasista y Combativa (TCC), Plenaria Memoria y Justicia y aquellos militantes de Asamblea Popular compartirán la tribuna en la Plaza 1° de Mayo, desde la hora 13 de mañana domingo.
Sergio Pereira, directivo del sindicato del taxi (Suatt) remarcó que los radicales harán una "tribuna abierta" para todos los gremios en conflicto y lanzarán duros cuestionamientos hacia las políticas económicas, salariales y de negociación colectiva desarrolladas por la administración de José Mujica.
El sindicalista hizo hincapié en la sintonía entre la central sindical y el gobierno, al punto que el acto del Pit-Cnt se enmarca en los festejos oficiales del Bicentenario, al que asistirán el presidente, ministros y legisladores del FA, dijo Pereira.
El sindicalista desmarcó el acto clasista respecto al del Pit-Cnt en el que "se va a deslizar alguna crítica pero va a haber una consonancia con el gobierno y el partido de gobierno que también es el partido de la abrumadora mayoría de la conducción del Pit-Cnt".

Alta conflictividad durante el 2010

El primer año del gobierno de José Mujica estuvo marcado por una creciente conflictividad sindical, que llegó a duplicar el registro del año 2005, el primero de la administración de Tabaré Vázquez. Las conclusiones surgen del informe de conflictividad laboral 2010, elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.
Según el reporte, la conflictividad de 2010 se dividió en dos etapas claramente diferenciadas: de enero a julio, con guarismos muy bajos y de agosto a diciembre con aumento importante de la conflictividad. Este tramo del año incluyó conflictos pesados como el de Adeom que afectó el servicio de limpieza de la ciudad, el de AEBU que trancó el clearing de cheques en el sector banca oficial y el de los anestesistas que dilató la realización de operaciones. A estos episodios se sumaron otros, en la rama pública y privada, disparados por la negociación salarial y la discusión del presupuesto.
La conflictividad dio un respiro en el verano y se reactivó en marzo con la continuidad de la ronda salarial. Ejemplo de ello, fueron las ocupaciones en supermercados y empresas de supergás, ambos promovidos por la federación del comercio (Fuecys). Así, el reporte de Ucudal de marzo reveló que la conflictividad "creció un 40% respecto al mismo mes del año pasado". Ahora, el fin de los Consejos de Salarios permite avizorar un escenario de mayor calma sindical.
El País Digital

El hierro con el viento en contra


El megaproyecto de la minera Aratirí comienza a enfrentar oposición política.
por Martín Aguirre
Al principio todo fueron flores. La propuesta de la empresa Aratirí para extraer hierro en Uruguay incluía una inversión de dos mil millones de dólares con puerto exclusivo en Rocha, un enorme "mineroducto" y cientos de puestos de trabajo. Al ritmo de estas promesas, los distintos sectores políticos abrazaron el proyecto con fervor. Sin embargo, en estos últimos meses y a medida que ha crecido un movimiento social contrario al mismo, varios dirigentes de la oposición han salido a manifestar su contrariedad. Y el gobierno duda sobre si jugarse a fondo por una propuesta que puede cambiar radicalmente el mapa económico (y físico) del país, pero que puede generarle una ola de críticas de imprevisibles costos a futuro.
"Estoy en contra de Aratirí", dijo el senador Larrañaga. "Uruguay no necesita este tipo de inversiones", dijo el diputado Lacalle Pou. "Esto es muy grande, hay que ver si convive con la actividad agropecuaria y turística", dijo Pedro Bordaberry. Así, de a poco, dirigentes de la oposición comienzan a deslindarse del megaproyecto minero. Y también algunos oficialistas. Hasta el punto que el propio presidente Mujica, que había sido gran defensor de la inversión, ha comenzado a cambiar la cara y ha dicho que concretarla "está difícil". ¿Que pasó para que el viento cambie tanto en tan poco tiempo?
Probablemente el primer aspecto que ha generado este viraje ha sido el propio avance del proyecto. A medida que la empresa ha ido presentando los primeros estudios de impacto ambiental, y datos concretos sobre la magnitud del mismo, muchos dirigentes han quedado shockeados por su envergadura. La empresa piensa afectar unas 120 mil hectáreas, en las que se realizarían enormes pozos de 100 hectáreas y hasta 400 metros de profundidad, con efectos sobre la topografía y las corrientes de agua que la propia Aratirí en su informe califica en muchos casos como "irreversibles".
Pero lo que ha generado más revuelo estos días es el creciente movimiento de descontento popular en la zona. Lo que comenzó con algunos gritos aislados ha terminado por organizarse de manera sostenida, sumando a sectores muy diferentes que van desde pequeños productores rurales, activistas urbanos, grupos con intereses turísticos, y hasta algunos académicos. Con el recuerdo fresco de lo sucedido con Botnia, los dirigentes políticos saben que no se trata de algo a subestimar.
Uno de los aspectos más llamativos de estos movimientos es que han crecido a través de Internet, lo cual ha potenciado su capacidad de presión. Como ejemplo, días atrás se llevó adelante una instancia judicial en un campo cuya propietaria demandó a la empresa por daños causados en su predio en tareas prospectivas. Y lo que normalmente sería un trámite judicial sin mayores repercusiones, aglomeró a un centenar de personas.
El gran tema al analizar estos movimientos sociales contrarios es si se trata de una preocupación genuina de gente que ve amenazada su forma de vida o que tiene legítima preocupación por el medioambiente. Sobre todo porque también hay gente involucrada que hoy critica la minería, ayer la forestación, mañana la soja, y todo aquello que implique un avance económico para el país. Es más, días atrás en Cerro Chato un grupo de vecinos se manifestó para apoyar el proyecto de Aratirí, resaltando el empuje comercial que ha dado a la zona.
Pero la heterogeneidad del movimiento contrario a Aratirí, y la falta de un trasfondo político como en el caso Botnia, habilitan a darle una cuota de credibilidad al mismo. Otros aspectos también generan inquietud.
El primero es el de los cambios que a las apuradas viene forzando el gobierno en el Parlamento al Código de Minería, para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Hay estudios legales, algunos como el del Dr. Juan Andrés Ramírez que fuera publicado en este mismo diario, que alertan que muchos de esos cambios son negativos para los intereses nacionales y que generarán complejos conflictos legales a futuro.
Otra cuestión polémica es que el principal portavoz de la empresa en Uruguay, el ingeniero Puntigliano, se desempeñó como presidente de la Administración Nacional de Puertos en el gobierno anterior, y pasó de ocupar ese cargo a trabajar para una empresa privada que negocia un contrato multimillonario con el Estado. Algo que en Uruguay no tiene reparos legales, pero que en otros países está muy regulado.
Por encima de estos aspectos, la problemática desatada por Aratirí deja en evidencia algunas carencias importantes del Estado uruguayo. Por ejemplo, no parece razonable que la Dirección Nacional de Minería tenga un solo inspector en todo el país. Que la Universidad no tenga carreras especializadas en el área, ni en Derecho, ni en Ingeniería. Y que se vaya a modificar algo tan importante como el Código de Minería sobre la hora y ante los requerimientos de una empresa concreta.
Con estas condiciones no parece que los dirigentes políticos puedan contar con la información precisa, libre de preconceptos, miedos, pero también de "globos" especulativos, que les permita tomar las decisiones correctas para el futuro del país.

La frase.

"Hay futuro en la minería, pero los proyectos deben ser sustentables y no aventuras, para que el país no quede como un queso". (Ex director de Minería, Carlos Soares de Lima)
El dato.
La minería es una actividad tradicional en muchos países de América Latina. Se estima que en los próximos 5 años la región recibirá inversiones por US$ 150 mil millones.
El País Digital

EE.UU. TUVO DE FUENTE VATICANA AL RELIGIOSO LUIS MARIANO MONTEMAYOR
EN LA ERA BUSH

Un monseñor argentino en Wikileaks

El embajador norteamericano James Nicholson, según los cables, dijo entender que Montemayor tenía “un duro juicio sobre el terrorismo de Al Qaida por sus precedentes en la Argentina”. Es hijo de un oficial de la Marina durante la dictadura.
 Por Elena Llorente/Pagina 12
Desde Roma
La visión que el Vaticano tenía de la guerra en Afganistán y del centro de detenidos de Guantánamo –donde fueron a parar los talibán y los sospechosos y menos sospechosos de ser simpatizantes de Al Qaida capturados en Afganistán– fue motivo de atención para el gobierno estadounidense de George W. Bush, que se preocupó por averiguarlo de buena fuente: un monseñor argentino que trabajaba en la Secretaría de Estado, es decir en las oficinas del primer ministro de la Santa Sede.
La historia salió a relucir en unos cables de Wikileaks publicados ayer por el diario romano La Repu-bblica y por la revista L’Espresso.
Los cables, calificados como “reservados”, salieron de la embajada estadounidense ante el Vaticano e implican al embajador de la época, James Nicholson, y al monseñor argentino Luis Mariano Montemayor, quien en ese momento trabajaba en la segunda sección de la Secretaría de Estado, es decir aquella que se ocupa de las relaciones con los demás Estados. Montemayor se ocupaba como Consejero de Nunciatura de primera clase, según el título vaticano, de las relaciones con varios países, entre ellos Afganistán y Pakistán.
Hijo de un oficial de la Marina argentina durante la dictadura militar, Montemayor contó, dijo el cable, que “él y su familia vivían amenazados y con protección policial”. “Sus precedentes en la Argentina parecen esenciales para entender su duro juicio sobre el terrorismo de Al Qaida”, acotó el embajador Nicholson.
Refiriéndose al prelado argentino, el cable dijo además que “el responsable vaticano habló repetidamente de conversaciones con diplomáticos rusos y calificó como un elemento inteligente a Dmitry Shtodin. Monseñor Montemayor contó que la Federación Rusa estaba estudiando cuidadosamente el tratamiento que Estados Unidos da a los detenidos, en busca de útiles precedentes para justificar el tratamiento a los prisioneros de Chechenia”. Montemayor contó que su interlocutor ruso quedó sorprendido por su “falta de sentimientos afectuosos” con respecto a los prisioneros de Guantánamo.
Como argentino, comentó el embajador más adelante, Montemayor encuentra que Estados Unidos se mueve en un terreno familiar para él –tanto desde un punto de vista legal como ético– en cuanto a la manera de afrontar el caso de los detenidos de Guantánamo, así como el de John Walker (N. de la R.: Un joven estadounidense, sospechoso de ser talibán, capturado en Afganistán). No obstante, Montemayor se preguntó si los tribunales contra los militares que hubo en la Argentina podrían tener una reedición en Estados Unidos con relación a Guantánamo.
El prelado argentino dijo además, según el cable, que “el asunto del tratamiento de los detenidos puede ganar importancia dentro del Vaticano, donde un debate sobre este tema terminó con un sólido apoyo, aun con algunas reservas, a la campaña de Estados Unidos” en Afganistán.
También se refirió a ciertas voces dentro del Vaticano que hacían temer un desastre humanitario en Afganistán, pero notó por el contrario, “con satisfacción, que la intervención estadounidense ha mejorado claramente la condición humanitaria de los afganos”.
Nacido en Buenos Aires en 1956, Montemayor fue ordenado sacerdote por el cardenal Juan Carlos Aramburu en 1985. Después estudió en Roma y en 1991 se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de la capital italiana. Entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede ese mismo año y desde 1993 trabajó en las nunciaturas apostólicas de Etiopía, Brasil, Tailandia, Camboya y Singapur. En agosto de 2000 se incorporó a la Secretaría de Estado vaticano. Actualmente es nuncio apostólico, es decir embajador del Vaticano, en Senegal.

Familiares de desaparecidos asistirán al acto del Ejército en Las Piedras/Rosadilla quiere a Menéndez para ocupar la subsecretaría de Defensa; Mujica define/Video militar: gobierno dice ahora que no existe amenaza terrorista

Bicentenario. Dos siglos es mucho tiempo, hubo Artigas y de los otros

Familiares de desaparecidos asistirán al acto del Ejército en Las Piedras

La celebración de los 200 años del Ejército, en Las Piedras, se realizará en presencia de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos. Con las fotos de los desaparecidos, los integrantes de la entidad presenciarán el desfile militar y el discurso del comandante Jorge Rosales.

Sin olvido. La fuerza de tierra celebra su creación el día de la 
batalla de Las Piedras.
Sin olvido. La fuerza de tierra celebra su creación el día de la batalla de Las Piedras.
La fiesta que prepara el Ejército Nacional para conmemorar el 18 de Mayo el bicentenario de la fundación de la fuerza de tierra y la Batalla de Las Piedras, podría verse distorsionada por la presencia de los familiares de los desaparecidos, quienes se trasladarán a la ciudad de Canelones.
El dirigente de la entidad Oscar Urtazum dijo que el reclamo por conocer "la verdad" sobre el destino de sus familiares se traducirá con su sola presencia.
"Es un poco lo nuestro, buscar la sensibilidad por todos lados, por más que la verdad la tienen los militares. Por eso vamos a ir a el 18 de Mayo a Las Piedras", expresó el dirigente.
Subrayó que aguarda que la presencia de la organización sea acompañada por un número significativo de ciudadanos. "Cuanto más acompañados, el espíritu se fortalece", precisó.
Si bien las actividades por el bicentenario del Ejército se iniciaron a principios de año, la fuerza de tierra le da especial importancia a la Batalla de Las Piedras, por ser el primer triunfo militar del prócer José Artigas, en 1811, contra el colonialismo español.
Está previsto que el presidente José Mujica, junto a integrantes del gobierno, asista al acto, que tendrá como orador central al comandante Rosales.
La intención de los familiares es concentrarse con sus pancartas en las proximidades de las autoridades nacionales y de la oficialidad, para que las fotos de los desaparecidos sean observadas por los numerosos efectivos que participarán del desfile militar.
Urtazum justificó la asistencia de la organización al acto oficial luego de reconocer que los integrantes de Madres y Familiares se sienten "desconcertados" por los hechos que se producen en la escena política.
"Guerrilleros son amigos de militares. Hoy, hay golpistas demócratas y se aplica la política de la verticalidad. Todo está un poco cambiado", subrayó Urtazum. "Nosotros vamos a estar pidiendo en Las Piedras la verdad que tienen secuestrada", agregó.
El dirigente de la organización destacó además que Madres y Familiares asistirá al acto del 1º de Mayo para abocarse a la organización de la Marcha del Silencio del 20 de mayo.
La Republica

MLN conmemora muerte de Sendic

Yo te avisé

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28.04.2011 21:44

En el acto que conmemora los 22 años de la muerte de Raúl Sendic, el MLN-T repartirá un comunicado difundido en 1998 en que expresa su disposición a conversar sobre las responsabilidades de la organización durante la dictadura y su período previo. "Nosotros no nos sumamos a la teoría de los dos demonios", afirmó a Montevideo Portal el diputado Alejandro Sánchez.
El acto se realizará este viernes a las siete y media de la tarde en Tristán Narvaja y Mercedes, frente a la sede del Movimiento de Liberación Nacional. Los oradores serán el diputado Alejandro Sánchez, la senadora Lucía Topolansky, el ministro Eduardo Bonomi y cerrará Julio Marenales.
En conversación con Montevideo Portal, el diputado Alejandro Sánchez señaló que el acto es importante en la medida en que el MLN tiene sólo dos instancias públicas en el año, ésta y el acto conmemorativo de la toma de Pando ocurrida el 8 de octubre de 1969.
Sánchez dijo que lo que se busca es "levantar un poco la mira" y hablar de los temas de actualidad "con una visión ideológica" y agregó que es un acto al que concurren muchos militantes de izquierda que quieren saber qué piensa el MLN-T sobre algunos temas.
En su parte oratoria el diputado hablará de la minoridad y "la campaña de miedo que está haciendo la derecha" sobre ese punto. Al ser consultado sobre la visión de la gestión de Bonomi a la interna de la organización y específicamente de los operativos realizados en barrios carenciados, Sánchez respondió que pese a que "no es un tema de fácil resolución" se está llevando a cabo políticas "acertadas" en la materia.
Para Sánchez, las políticas en seguridad tienen dos componentes fundamentales: la represión al delito y el combate a la inseguridad, el cual tiene un componente psicológico. Sánchez puso como ejemplo que una amplia mayoría de los uruguayos cree que puede ser víctima de un homicidio en la vía pública.
Al ser consultado sobre el particular momento que viven las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Movimiento de Liberación Nacional, Sánchez fue enfático al declarar que el MLN no suscribe la teoría de los dos demonios y que siempre advirtió del carácter cívico militar de la dictadura.
En ese sentido adelantó que se va a repartir un comunicado emitido en 1998 en que la organización anunció su disposición a conversar sobre las responsabilidades en el período que actuó, pero aclaró: "En la medida en que se sienten a conversar todos los actores que participaron".
Sánchez subrayó que no se trata de un problema entre el MLN y las FFAA, señalando que existieron grupos de civiles que utilizaron a las FFAA para alcanzar o proteger sus intereses.

Montevideo Portal
José Bonilla, ayer, a su llegada a la residencia de Suárez y Reyes
 para la primera reunión del Consejo de Defensa Nacional. Foto:
José Bonilla, ayer, a su llegada a la residencia de Suárez y Reyes para la primera reunión del Consejo de Defensa Nacional. Foto: Presidencia, s/d de autor

Tiene el número dos

Rosadilla quiere a Menéndez para ocupar la subsecretaría de Defensa; Mujica define.
El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió ayer por primera vez, con la presencia de las máximas jerarquías políticas y militares. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, destacó que con la creación de este organismo, la conducción de la Defensa pasará "paulatinamente" de las Fuerzas Armadas al poder político. Por otra parte, descartó nuevamente la posibilidad de renunciar a la cartera.
Creado por la ley marco de defensa aprobada por el Parlamento en febrero de 2010, el Codena es un órgano asesor del Presidente de la República. Tiene como competencias analizar las amenazas que puedan "poner en riesgo la soberanía e independencia de la República" y proponer medidas o acciones para enfrentarlas; analizar hipótesis de conflicto, y sugerir estrategias y planes de defensa. Está integrado por el Presidente y por los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía, y puede invitar a sus sesiones a autoridades militares.

En manos de Mujica

Rosadilla quiere que el próximo subsecretario de su cartera sea el ex diputado socialista Jorge Menéndez, que ya ocupó ese cargo durante la gestión de Tabaré Vázquez. Fuentes del gobierno confiaron que así se lo transmitió al presidente José Mujica, que tendrá que tomar una definición al respecto para hacerla oficial la semana próxima. Antes de la muerte de Gabriel Castellá, Menéndez ya se había incorporado al equipo de asesores de Rosadilla, quien lo había convocado porque entendía que era uno de los cuadros frenteamplistas con mayor conocimiento en políticas de defensa, explicaron desde el ministerio de Defensa. Cuando Castellá se ausentó de la cartera debido a su enfermedad, Menéndez intensificó sus tareas, y desde el gobierno se explicó que su elección como subsecretario supondría una continuidad en la gestión.
Hay otros movimientos en el Ministerio de Defensa. La asistente letrada adjunta al ministro Rosadilla, Ana Teresa Catalogne, afín al Partido Socialista, presentó renuncia a su cargo, y desde hace algunos días se sabe que dejaría esa responsabilidad el 30 de abril.
Ayer participaron de la reunión como invitados el vicepresidente de la República, Danilo Astori; el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla; los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Jorge Rosales, Alberto Caramés y Washington Martínez respectivamente, y otras autoridades militares.
Rosadilla contó que se avanzó en las definiciones de qué se entiende por amenaza, por hipótesis de conflicto y por planes de contingencia. Resaltó que la reunión fue positiva y "participativa", y relató que un oficial general dijo estar orgulloso de participar en el encuentro, ya que en toda su carrera no había tenido una reunión para pensar prospectivamente en temas de defensa y buscar soluciones en conjunto con el poder político.
"El rumbo de la defensa históricamente fue manejado desde las FFAA, y no por responsabilidad de las FFAA, sino por ausencia y falta de protagonismo político", indicó Rosadilla, y agregó que la idea es que la definición de las políticas de defensa pase "paulatinamente al poder civil, al poder político". El ministro informó que en base a los insumos recogidos en el encuentro se elaborará un documento con las líneas principales de la política de defensa que debe adoptar el país.
Finalmente, Rosadilla se refirió a la eventualidad, manejada en los últimos días, de que renuncie a la cartera por discrepar con la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de caducidad. Confesó que "eventualmente consideré la posibilidad, en algún momento, de presentarle al Presidente la renuncia", aunque eso fue "hace bastante tiempo ya". "Pero siempre consideré que la opinión del presidente sobre la necesidad de la continuidad era una condición que no admitía siquiera discusión", agregó, y puntualizó que luego del respaldo "explícito y contundente" que le dio Mujica en el último Consejo de Ministros resolvió continuar en su cargo, ya que sólo el Presidente puede "excusarlo de esa responsabilidad". “Soy militante y fiel a mi partido”, aseguró.
La Diaria

Caducidad: Mujica hizo aplazar votación

Frente Amplio. La Cámara de Diputados tratará el proyecto interpretativo el 20 de mayo
VALERIA GIL
La bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió aplazar la votación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad hasta el 20 de mayo; el MPP trasmitió en la reunión que Mujica pidió cambiar de fecha.
Los diputados del Frente Amplio (FA) acordaron ayer dilatar la fecha de aprobación del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad.
El proyecto interpretativo se considerará en una sesión especial prevista para el 20 de mayo, fecha que coincide con la "Marcha del Silencio", en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Desde la oposición, el diputado Gustavo Espinosa (Partido Colorado), ya había pedido al Frente Amplio que aplazara la votación del proyecto interpretativo con el objetivo de consultar a juristas.
De tal forma, la Comisión de Constitución y Códigos recibirá informes previos de catedráticos de la Facultad de Derecho sobre la norma que deja sin efecto la Ley de Caducidad. En la sesión de hoy de la comisión, está previsto que acudan juristas de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Público Internacional.
En ese marco, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo a El País que "el Frente consideró necesario darle tiempo a la oposición para que reciba el aporte de los catedráticos que se estime conveniente".
En la misma línea, el diputado Óscar Groba explicó que el cambio de la sesión para el 20 de mayo permitirá "la aprobación de la norma en una fecha emblemática para el FA".
La bancada de Diputados se volverá a reunir en los próximos días, exclusivamente para terminar de delinear la estrategia que asumirá el FA durante la votación.
Se buscará que la sesión extraordinaria "cuente con la participación de un solo orador y sea lo más breve posible", contaron a El País fuentes parlamentarias.
Dentro de la coalición de izquierda hay acuerdo para que los 50 diputados voten a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, dijo a El País el diputado Yerú Pardiñas (Partido Socialista).
El coordinador de bancada del FA en Diputados, Felipe Michelini, explicó a los legisladores que "no se admiten más cambios y se requiere la aprobación unánime del proyecto interpretativo", según contaron a El País legisladores presentes en la reunión.
La intención de la izquierda es saldar "cuanto antes" la discusión sobre la Ley de Caducidad, para evitar que la imagen de unidad del FA se siga debilitando ante la opinión pública. "Si seguimos con este debate por más tiempo, da la sensación de que hay diferencias y eso lo tenemos que desterrar de una buena vez", dijo a El País un diputado.
Si bien hay opiniones dispares dentro del FA en cuanto a la anulación de la Caducidad, los diputados votarán el proyecto atendiendo así al mandato que realizó el Plenario Nacional de esa fuerza política. Según fuentes legislativas, algunos legisladores del MPP votarán el proyecto "por disciplina partidaria" y no "por convicción". A nivel del FA, ese sector reconoció que "se fue detrás de lo que promovieron el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo sin medir las consecuencias que podría generar dentro de la fuerza política".
Los diputados del MPP, informaron durante la reunión de bancada de ayer que el presidente José Mujica les solicitó a los diputados de la coalición de izquierda que "bajen la pelota" y dilaten la aprobación de la ley interpretativa de Caducidad hasta el 20 de mayo.
Mujica realizó la solicitud a legisladores del MPP para "evitar roces con la cúpula militar en el marco de la celebración de los 200 años de la Batalla de las Piedras", el próximo 18 de mayo, dijo a El País uno de los diputados presentes en la reunión de bancada.
Por otra parte, la bancada del FA negociará con los partidos de oposición una iniciativa para que el miércoles 18 de mayo (Batalla de Las Piedras) sea declarado por el Poder Ejecutivo como feriado no laborable a nivel nacional.
Desde Presidencia de la República se encomendó al diputado Michelini la misión de negociar un acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Colorado, para que el 18 de mayo sea declarado feriado nacional.
El País Digital

Video militar: gobierno dice ahora que no existe amenaza terrorista

Interpelación. FA apoyó a Rosadilla y Bonomi; oposición reclamó renuncia

DANIEL ISGLEAS
A dos meses de que el presidente José Mujica advirtiera a los líderes de la oposición de supuestas amenazas contra jueces y fiscales, el gobierno descartó ayer la existencia de grupos terroristas dispuestos a atentar contra las instituciones.
Esto es lo que quedó en limpio tras la interpelación en el Senado a los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Eduardo Bonomi (Interior), por la divulgación a principios de marzo de un supuesto video (que después terminó en "imágenes" que solo el presidente Mujica vio) con amenazas a jueces y fiscales que están participando en los casos contra acusados de violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1985).
En la interpelación la oposición sugirió que todo este episodio no pasa de una maniobra política para condicionar a la opinión pública sobre la necesidad de apoyar la anulación de la ley de Caducidad.
El llamado a sala perseguía un doble propósito: obtener información sobre las amenazas, y hacer caer a ambos ministros por la "desprolijidad institucional" con que se manejó el tema.
La interpelación terminó con la aprobación de una declaración de apoyo a Rosadilla y Bonomi votada por los 17 senadores del Frente Amplio, que además rechazaron los pedidos de renuncia formulados por los senadores interpelantes Sergio Abreu (Partido Nacional) y Tabaré Viera (Partido Colorado). No llegó a votarse una moción de los partidos de oposición pidiendo el alejamiento de los ministros.
Básicamente, los senadores interpelantes centraron sus exposiciones en una pregunta: ¿quién fue la persona que entregó al presidente Mujica las imágenes con esas amenazas de un supuesto comando militar? Las explicaciones apenas arrojaron una tenue luz sobre el controvertido caso al cabo de dos meses de investigaciones. El ministro Bonomi se limitó a señalar que es "poco probable" que exista un grupo subversivo autodenominado "Ejército Nacional Libertador" -firmante del manifiesto con las amenazas-, conclusión a la que se llegó luego de que los servicios de Inteligencia siguieran tres líneas de investigación: una que apuntaba a grupos de militares retirados, otra a radicales de izquierda y la tercera a una organización neo nazi. Según Bonomi, estas hipótesis son "poco probables".
"No hay una amenaza real", resumió el ministro del Interior, y dijo que "no ha habido otros avances" en la investigación, lo que molestó a la oposición, que esperaba recibir ayer detalles de cómo surgió el manifiesto amenazante.
MANIOBRA. El descarte de la existencia de un grupo subversivo a quien responsabilizar de las amenazas hizo que la oposición vinculara la situación a la anulación de la ley de Caducidad. Viera y el nacionalista Francisco Gallinal apuntaron sus baterías a señalar que este episodio, que para el gobierno hoy no tiene otra explicación a la vista, no es sino una "operación de inteligencia política".
"Puedo pensar que este fue un invento y que se persigue condicionar a la opinión pública por la ley de Caducidad", dijo Viera.
Gallinal añadió que la situación está "estrechamente vinculada" al tema de la ley de Caducidad y que existe "intencionalidad política con origen en el gobierno". Estas alusiones molestaron al presidente del Senado, Danilo Astori, quien corrigió a Gallinal por estar para él fuera de tema, lo que el nacionalista rechazó.
Mientras la sesión discurría en el juego de ataque y defensa, el presidente Mujica se hizo presente en el Senado. Sin aviso previo, como es habitual en él, apareció en el ambulatorio y pidió a un ujier que hiciera salir de sala al ministro Bonomi.
Los periodistas que seguían la sesión desde las barras bajaron al ambulatorio, pero se encontraron con que la seguridad presidencial les impidió el paso. Ni cámaras ni micrófonos ante el presidente, fue la orden.
Mujica saludó a su ministro y le trasmitió el respaldo, pidiéndole que hiciera lo propio con Rosadilla para evitar que cedieran a los pedidos de la oposición y renunciara. Luego, se marchó rápidamente del Palacio Legislativo.
"mentiras". La oposición quedó muy desilusionada con algunas explicaciones de los ministros. Sobre todo con Rosadilla, que reiteró lo dicho en la comisión de Defensa del Senado en cuanto a que no había podido "interrogar" al presidente Mujica sobre quién le entregó las imágenes con las amenazas. Mujica es el único que ha admitido haberlas visto. Bonomi no hizo referencia a ese aspecto.
No solo Abreu manifestó incredulidad por lo dicho por Rosadilla, sino que también lo hicieron otros senadores. "Los ministros no tienen el respaldo del presidente porque los mandó al Senado sin el nombre de quién hizo la denuncia", dijo Abreu.
El colorado Pedro Bordaberry apuntó sobre las imágenes que "no creo que dos ministros hablen con el presidente y no le hagan esta pregunta simple: ¿quién te las trajo? Esto no lo cree nadie, ni siquiera los que van a declarar satisfactorias las explicaciones. Todos sabemos que ellos saben y protegen a alguien. Nos están mintiendo", afirmó Bordaberry.
El nacionalista Carlos Moreira también declaró su sorpresa por la ausencia de información. "El Poder Ejecutivo se muestra anárquico porque sus ministros no dialogan con el presidente, se dice que no le pueden hacer preguntas, no hay un ida y vuelta", dijo Moreira.
Luego, el oficialista Rafael Michelini afirmó que el tema no está cerrado para el gobierno y que el Senado "no puede tirar a dos ministros ante una situación que no es clara".
IMÁGENES. Rosadilla dio a entender que la conmoción pública de que hablaron tanto Abreu como Viera ocurrió luego de que el semanario Búsqueda publicara el manifiesto del "Ejército Nacional Libertador" el 10 de marzo, y no antes cuando el hecho había sido informado a los líderes partidarios el 24 de febrero.
El ministro de Defensa reiteró que el presidente les dijo a él y a Bonomi el 17 de marzo que había visto "imágenes" pero que no les dio otros detalles sobre el contenido.
Bonomi insistió en que Mujica les dijo a ambos que no había visto un video sino imágenes, y que lo hizo entre los días 12 y 14 de marzo. Y ratificó a Rosadilla en cuanto a que recién el día 17 de marzo el presidente les informó.

Argumentos de los protagonistas

Sergio Abreu.
No puede venir un ministro al Parlamento y decir que no sabe porqué no interroga al presidente. Estoy desorientado. Todos sabemos que alguien habló con el presidente y que el presidente lo oculta. ¿A quién le pregunto? Al Poder Ejecutivo. Si no tienen esa información, no pueden estar más en los cargos. Retacear información es parte del histórico dominio de contar cosas a medias, y de omitir intencionalmente verdades que se saben y por algo no se dicen.
Tabaré Viera.
Nadie cree que los dos ministros que son viejos compañeros de Mujica no le hayan preguntado quién le dio el acceso a las imágenes. ¿Por qué se involucra a militares? ¿Por qué no se hizo la denuncia al juzgado como era obligación? ¿Qué papel jugó el coordinador de inteligencia estatal (Agusto Gregori, MLN-T?
Si el ministro (Rosadilla) le preguntó y el presidente no le dijo es porque no es de la confianza del presidente y en ese caso debe dar un paso al costado.
Eduardo Bonomi.
No puedo venir acá a inventar cosas. Desde el primer momento dije que no había nada nuevo. Lo que importa es que no existe una organización terrorista como la que se ha planteado. Y tampoco puedo mandar a la Justicia algo que no tiene verosimilitud. La oposición ha tratado de agravar una situación que no es grave para poder pedir la renuncia de los ministros alegando que no se dan respuestas. Claro que damos respuestas. Lo que importa no es si hay un video, sino todo lo que se generó en torno al video. Y eso no lo hizo el Poder Ejecutivo.
Luis Rosadilla.
Siempre he hablado con la verdad, sin ocultar nada a los partidos políticos ni al Parlamento. Los cuatro partidos con representación parlamentaria recibieron un documento que contenía una estimación. En él se les solicitaba, si así lo consideraban necesario, mantener reserva sin que este aspecto debiera ser tomado como una obligación. No voy a permitir que se diga en voz alta, fuerte, que lo que decimos no lo cree nadie. Hay gente que no lo cree pero en esta sala y fuera de ella hay muchos que sí lo cree.
El País Digital

Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº4

La Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de una nueva indagatoria penal por un crimen de la dictadura. El caso refiere a la muerte por torturas de un hombre sin militancia política, tras una acción represiva contra opositores políticos.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea realizarán hoy una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de la indagatoria penal por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, un hombre sin militancia política, detenido en 1974.
La magistrada y la representante del Ministerio Público ingresarán a las 14.00 horas a la unidad militar para intentar identificar el lugar de reclusión de Perrini y la sala donde fue torturado, como forma de ampliar la investigación sobre su muerte, según expresó el abogado Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.
Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio", según la denuncia. Perrini, empero, era un hombre sin militancia política, explicó el abogado.
Los detenidos fueron sometidos a sistemáticas sesiones de tortura (picana eléctrica, submarino mojado en tacho, potro o caballete y amenaza psicológica permanente); los responsables de la tortura se habrían ensañado con Perrini hasta ocasionarle la muerte, indicó.
"Era un padre de familia, trabajador, muy respetado y querido en Carmelo, que sin motivo aparente fue detenido ilegalmente y asesinado en tortura, en una clara demostración de que las víctimas de la dictadura fueron todos los ciudadanos", señaló López Goldaracena.
"Existieron víctimas inocentes de la población civil que sufrieron el terrorismo de Estado; por eso no podemos legitimar las declaraciones, ni de unos ni de otros, que hablan de un enfrentamiento entre dos bandos", recalcó López Goldaracena.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes investigados en la causa "Organización de Derechos Humanos", para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
La Republica
Importante precedente:LOS CIVILES TAMBIEN PUEDEN SER ACUSADOS DE DELITOS DE LESA
HUMANIDAD

Acusan por crímenes de lesa humanidad a Clarín y La Nación

30.04.2011 | 12.09 El Espectador

La operación de venta de una fábrica de papel diario a favor de los periódicos argentinos Clarín y La Nación se realizó "en un marco de persecución" contra sus ex dueños y constituyó un "delito de lesa humanidad", dijo una fiscalía.

La transferencia de las acciones de la fábrica Papel Prensa de la familia Graiver a Clarín y La Nación en 1976 se efectuó "en un marco de persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad", señaló este viernes en un dictamen la Unidad Fiscal Federal de La Plata.

Ambos diarios, los de mayor difusión de Argentina, son críticos de la presidenta Cristina Kirchner.

"La presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa" del grupo Graiver a Clarín y La Nación "habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas (...) con la directa intervención de la junta militar (de la dictadura) y la participación de los civiles denunciados", dijo la fiscalía.

En agosto pasado, la presidenta Cristina Kirchner presentó la investigación "Papel Prensa, la verdad", en base a la cual acusó a los dos diarios de presuntamente apropiarse de la mayor productora de papel para periódicos en complicidad con la dictadura.

El empresario y banquero David Graiver, muerto en un sospechoso accidente aéreo en 1976, era el dueño de la mayoría de las acciones de Papel Prensa, que fue comprada ese año por Clarín, La Nación y La Razón (este último ahora del grupo Clarín).

Su viuda, Lidia Papaleo, principal testigo en la causa judicial en curso, dijo haber firmado bajo presión la venta de las acciones el 2 de noviembre de 1976, cinco meses antes de ser secuestrada, torturada y encerrada en cárceles clandestinas de la dictadura, según denunció.

En cambio, quienes rechazan esa versión dicen que la venta fue voluntaria.
El gobierno de Kirchner se presentó en 2010 como querellante en la causa judicial abierta por esa operación.

La presentación del gobierno fue considerada entonces por Clarín como "un nuevo giro de la embestida contra la prensa independiente".

El influyente periódico dijo en aquella ocasión que el intento de relacionar la compra de la empresa de papel para diarios con delitos de lesa humanidad se hace "a través de una serie de manipulaciones históricas".

Fuente: AFP

Sunday 24 april 2011 7 24 /04 /Abr /2011 01:22

Por un mundo sin explotados ni explotadores, de verdadera igualdad, de innegociable justicia social y de definitiva libertad!!!.

Al cumplirse en este especial abril de 2011, 22 años de la muerte de Raúl Sendic Antonaccio en vísperas del 115º aniversario de la Masacre de Chicago, volvemos a expresar nuestro sentido reconocimiento al incansable y consecuente revolucionario que fue y sigue siendo el Compañero “Bebe” Sendic, creyendo que, como nunca, corresponden en su homenaje militante, estos conceptos:

1.- Esta fecha del 28 de abril, así como la del próximo Primero de Mayo, no tienen otro “dueño” natural y legítimo que no sea, siempre, el mismo pueblo trabajador y oprimido del mundo entero, por cuya causa emancipadora lucharon en épocas distintas, entre muchísimas otras dignas luchadoras y muchísimos otros dignos luchadores, tanto los queridos obreros ahorcados en Chicago como el Compañero Sendic, muerto como secuela de las durísimas torturas sufridas en los campos de concentración del Uruguay fascista.
Tanto en los EE.UU. del año 1886, como en la “Banda Oriental” de 1989, los caídos pertenecen a las filas populares hermanadas en la dura y desigual resistencia al oprobio y la brutalidad capitalistas, más allá de límites geográfico-temporales y de afinidades político-ideológicas particulares;

2.- Tanto en los demás países del mundo sometido por el imperialismo genocida, como en nuestro territorio, no solamente el enemigo común sigue siendo el mismo de 1886 y de 1989 –una burguesía monopólica y decadente cada día mejor identificada por los pueblos--, sino que en todas partes, el sistema despótico organizado en cada Estado, ha redoblado su ofensiva desalmada contra los millones y millones no resignados a la esclavitud moderna.

3.- En cada lugar y en todo momento, la prepotencia sin frenos, es el común denominador imperial que reclama la más sólida, urgente, generosa y duradera unidad popular imaginable, por encima de diferencias o intereses menores, que ante la bestialidad burguesa, son aspectos verdaderamente secundarios, que operan contra la causa obrera y popular, si no logramos superarlos en la organización y la resistencia multitudinaria y fraterna que supere también las fronteras de los espacios grupales, así como es también deseable trascender las fronteras físicas que obstaculizan un auténtico internacionalismo revolucionario mundial, que sea temido y no subestimado por la clase capitalista y sus mercenarios;

4.- Creemos que, aún comprendiéndose los motivos de nuestras divisiones y desencuentros, honrar la memoria combativa y vital de Raúl Sendic a unas horas nomás de este nuevo Primero de Mayo, significa esencialmente esforzarnos día y noche, en cada uno de nuestros espacios y en cada uno de nosotros mismos, por contribuir a limar asperezas y multiplicar un estado de ánimo colectivo propicio para recrear subjetividades y voluntades dispuestas a vencer las actuales y penosas circunstancias de segmentación e incomunicación popular.
Estamos convencidos de que hoy debemos prestar especial atención, al menos, a las innumerables señales de recomposición y renovada “unidad” de los sectores más radicalizados de la clase dominante, que, a pesar de su natural podredumbre ética y la mezquindad que le caracteriza aún entre sus propios integrantes, vuelve a presentar ante los pueblos un disciplinamiento firme y sostenido en la defensa de los criminales de ayer, en el aliento a los criminales de hoy y, en definitiva, en la preservación de los mismos privilegios contra los que cayeron combatiendo los Mártires de Chicago, “El Bebe” Sendic y un sinfín de luchadoras y luchadores que a lo largo y lo ancho de la historia, fueron perseguidos por un enemigo que cambia de aspecto pero no de esencia antihumana e inmoral.

5.- El capitalismo y el imperialismo, no discriminan entre sus enemigos de clase. Les basta nuestra condición de gente de pueblo trabajador resistiendo, para conde-narnos sin excepciones a la amenaza per-manente, más represión y todas las for-mas del terrorismo de Estado y los inten-tos de amedrentamiento de que son capa-ces los ideólogos y los mercenarios del fascismo internacional y nacional.

¡Salú, Compañero Sendic!!!.

¡Habrá patria socialista para todos y con todos!!!.

¡Arriba el Primero de Mayo de los pueblos que se unen, que no olvidan y que siguen en pié de lucha por un mundo sin explotados ni explotadores, de verdadera igualdad, de innegociable justicia social y de definitiva libertad!!!.

(Poniéndole punto final a este saludo,desde B. Unión nos llega la noticia de que hoy --precisamente el 28 de abril-- un centenar de represores desalojó de su tierra y de su rancho al productor de 70 años Ney Thedy, no por deudas impagas, sino porque sus hi-
jos sostienen una cooperativa lechera modelo, autogestionaria y exitosa,que opera desde 2007 en tierras de CoLlonización abandonadas y tomadas por gente que tenía sus vacas flacas pastando en la ruta. Thedy es un sobreviviente de las marchas cañeras de los tiempos de “Por la Tierra y con Sendic”.)

Coord. Hasta la Victoria, Mdeo., abril-2011


“Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.”
Mario Benedetti

Muere ex agente secreto de la Dina Enrique Arancibia Clavel

Quien fuera condenado a cadena perpetua en Argentina por el crimen del ex general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth fue encontrado sin vida en Buenos Aires.

por La Tercera - 28/04/2011 - 22:27
El ex agente secreto de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, quien fue condenado por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, falleció este jueves a los 66 años en la capital trasandina.

Según informó Infobae, su cuerpo fue encontrado en pleno centro de esa ciudad por personal de la 3ª. Comisaría.
El ex agente de inteligencia -que gozaba de libertad condicional- presentaba lesiones de arma blanca según las primeras informaciones, por lo que no se descarta que haya sido un homicidio.

Enrique Arancibia Clavel se hizo cadete de la Escuela Militar, para luego estudiar ingeniería.

Llegó a Argentina en 1971, prófugo de la justicia militar por un proceso pendiente en su contra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, pues se le acusaba de haber puesto artefactos explosivos después de la elección de Salvador Allende.

En Buenos Aires y después del golpe militar, según antecedentes del proceso que se le siguió en su contra en ese país por el crimen del general Prats, comenzó a trabajar para la Dina mientras era el representante del Banco del Estado. En su calidad de agente, utilizaba el alias de Luis Felipe Alemparte.

En el crimen de Prats se le acusó de ser quien efectuó las actividades preoperativas al atentado, como entregar información sobre los desplazamientos del general y de haber sido parte de una asociación ilícita que actuó en Argentina para asesinar al ex comandante en jefe del Ejército.

En 1978, en pleno conflicto Chile-Argentina, fue acusado de espionaje junto a otras cinco personas, pero tras la mediación del Papa por el Canal Beagle, fue indultado en los '80.

Tras ese episodio, obtuvo la nacionalidad argentina y armó una empresa de arreglos de oficinas en Buenos Aires.

Sin embargo, el 22 de enero de 1996 la jueza Servini de Cubría ordenó su detención. La decisión de encarcelarlo fue anunciada por el propio ex presidente Carlos Menem, quien, junto con recibir al poco tiempo públicamente a las hermanas Prats, daba así una potente señal política de que el juicio continuaría hasta el final.

Finalmente, fue condenado a cadena perpetua en 2004, a la vez que otro tribunal argentino lo encontró culpable del secuestro de dos mujeres chilenas en Buenos Aires. Sin embargo, por su edad, recibió un beneficio carcelario que le permitió cumplir su sentencia fuera de prisión.


Mirate
así

qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado

no escapes a tus ojos
mirate
así

ónde están las walkirias que no pudiste
la primera marmita de tus sañas

te metiste en crueldades de once varas
y ahora el odio te sigue como un buitre

no escapes a tus ojos
mirate
así

aunque nadie te mate
sos cadáver

aunque nadie te pudra
estás podrido

dios te ampare
o mejor
dios te reviente. 

---------------
(Papo)
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EL CAMINO URUGUAYO HACIA EL... ¿desarrollo?

Crece el PBI
Y crecen los asentamientos irregulares
Crecen las diferencias en la riqueza acumulada de los habitantes
Y crecen las diferencias en los ingresos
Crecen las inversiones extranjeras directas.
Y crecen los depósitos en los bancos.
Crece, todo crece...Crece la participación de finanzas y rentas en la economía, y los servicios de transporte y comunicaciones.
Y la población asalariada
No hay caso, no hay país como el Uruguay para crecer.
Pero para que tanta cosa crezca algo tiene que caer:
La participación de la masa salarial en el PBI.
La de la industria y la producción agropecuaria
La población con empleos bien remunerados y con seguridad social...
 La evolución de la economía uruguaya desde 1990, demuestra como la inversión extranjera en millones de dólares aumenta mientras que el peso de los distintos sectores en el PBI comparando el 1990 con el 2010, es variable pero con bajas en % en Agricultura, ganadería e industrias manufactureras.
Desde Inglaterra (primera potencia capitalista), Francia, Alemania, los países nórdicos, Italia, sin olvidar, tal vez debería ir en primer lugar la superpotencia capitalista, los EEUU, hasta los actuales "tigres" asiáticos, empezando por Japón, siguiendo  Taiwán y Corea del Sur, y culminando en la "estrella del momento", la China continental, la historia del desarrollo económico es la historia de la industrialización.
Otra característica común de todos: la reforma agraria. Por una vía o por la otra, el latifundismo rentista fue liquidado en todas las historias de éxito económico que registra la humanidad. En algunos casos, antes aún de llegar a existir.
Cosa curiosa, como informa un libro que leímos recientemente y recomendamos fuertemente "Porque crecieron los países que crecieron" del economista argentino Julio Sevares, las reformas agrarias de la segunda postguerra mundial en Japón, Corea del Sur y Taiwán fueron impulsadas por, nada más ni nada menos, los Estados Unidos de América. ¿Asombroso?
Sin duda...pero ¿porqué?
Simple: ante la "amenaza soviética" y posteriormente la "comunista China" había que fortalecer a los "amigos" de Asia.
Y para fortalecer esos países, según la inteligencia geopolítica yanqui de la época, nada mejor que realizar en ellos reformas agrarias.
La superficie cultivable máxima en manos de un agricultor en Japón quedó en 3 hectáreas. Claro, ya la dinastía Meiji en el siglo XIX(1868-1912)había realizado una reforma agraria con vistas a desarrollar el país.
Hoy, más allá de diversos avatares naturales y económicos todos se inclinan ante el ejemplo de éxito que representan esos países, junto, por supuesto a China continental, donde la reforma agraria la realizaron los comunistas a partir de la revolución de 1949.
Mientras tanto, por estos lados, realizamos la contrarreforma agraria.
La propiedad de la tierra, fruto de una desgravación fiscal sin antecedentes se concentra y extranjeriza.
Y la participación de la industria manufacturera en el PBI cae, como muestra una gráfica que publicó el País del 24/11, cayó del 27 al 15% en 20 años. La caída sería mayor aún sin un par de enclaves extraterritoriales que figuran, sin embargo como industrias nacionales: Botnia y Pepsi. El camino exactamente inverso al que recorrieron los países "modelo". Que, por supuesto, entraron en crisis (la crisis asiática de 1997) cuando, a caballo de las nuevas presiones imperiales (ya no existía el "imperio soviético") introdujeron cambios en el sentido de financierizar su economía. Desregular, privatizar, liberar el flujo de capitales...crisis económica y retroceso social.
Y acá hacemos exactamente eso: desregulamos, privatizamos (con algunos límites impuestos por la soberanía popular los últimos 20 años, límites que paulatinamente van desapareciendo), mantenemos absolutamente libre el flujo de capitales (entrada y salida), permitimos que la inexorable "mano invisible" concentre todo, propiedad, riqueza, ingresos, eso sí, con algunos paliativos pautados por la versión "corregida" del consenso de Washington que recomienda un mínimo de protección a los desplazados, a los marginados. Protección y represión...no vaya a ser cosa que se les haga el campo orégano. O sea, razias. Allanamientos masivos...mostrar el palo, por las dudas.
Y por ahora, "todo va muy bien señora marquesa"
El capital afluye abundante y empapa a una parte del país. El 20% la pasa "más que bien", el 60% tira más o menos y el 20% restante, gracias a subsidios estatales de algún tipo, sobrevive.
Los flujos de capital desregulados son como la marea: cada tanto sube, y después, baja. Cuando sube "la marea alta eleva todos los botes".
Cuando baja "se ve cuales nadadores estaban desnudos".
Uruguay profundiza su experimento.
Realiza el camino exactamente inverso al que siguieron los países que se desarrollaron. Además de los aspectos mencionados, se deseduca y desinvierte en conocimiento. Revierte lo que hicieron durante algunas décadas gobiernos del siglo pasado.
Y, tanto gobernantes como economistas fieles al sistema nos aseguran que en pocos años seremos desarrollados.
El pronóstico tiene una ventaja: es refutable.
Veremos.
24 de abril de 2011
 WY (miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay)
WILLIAM YOHAI
publicado en semanario alternativas

Argentina- LUCILA LARRANDART EXPLICA COMO SE LLEGO A LA CONDENA A PATTI Y BRINDA SU VISION SOBRE LA MARCHA DE LAS CAUSAS CONTRA LOS REPRESORES

“En este juicio hubo realmente muchas pruebas”

La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín reseña el papel del ex policía en la represión y explica las pruebas fundamentales en su contra. También detalla las dificultades para hacer justicia más de 30 años después de los hechos.
 Por Alejandra Dandan
Pagina 12
Lucila Larrandart es la presidenta del Tribunal que condenó a Luis Abelardo Patti a la pena de prisión perpetua por el asesinato de Gastón Gonçalves y los secuestros y torturas a otros seis militantes del PJ de Escobar durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, la jueza explica que el Tribunal probó durante el juicio que el ex intendente de Escobar no sólo actuaba como policía sino que desde ese papel operaba como hombre de Inteligencia al servicio del Ejército: “Conformaba grupos operativos a través de la Unidad Regional de Tigre, que dependía del Comando de Institutos Militares y manejaba a los hombres de Inteligencia”. Explica que eso sucedió “desde el ’74, o sea mucho antes del golpe de Estado”. En la entrevista, reseña por qué Patti nunca estuvo presente en la sala de audiencias y comenta sus impresiones ante el polémico ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado del represor. Larrandart también analiza la marcha de los juicios orales por causas de lesa humanidad.
La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. “Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia”, explica. Y señala que “uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece”.
Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.
–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti? –Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.
A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.
–A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos? –Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.
–¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua? –En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.
En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería “el autor detrás del autor”, la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. “Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron.”
–Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura? –Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.

La salud de Patti

–El juicio empezó con Patti en una ambulancia. ¿Qué expectativas tenían sobre su participación? –Nosotros hubiésemos fijado más días de audiencias a la semana, pero en función de la salud de Patti decidimos hacerlas sólo dos veces. Si hubiésemos hecho cuatro audiencias por semana, el juicio hubiese terminado tres meses antes. Pero para que Patti estuviera en la sala, decidimos hacerlo más espaciado; y eso terminó retrasándolo.
–A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda? –Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.
–Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión? –Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.
–Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado? –Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.

A 29 años de la guerra, los ex soldados que combatieron en las islas luchan por la verdad

“Los caídos en Malvinas forman parte de los muertos de la dictadura”

Publicado el 2 de Abril de 2011
Por Franco Mizrahi

Los integrantes del CECIM-La Plata destacaron que desde 1982 trabajan para que salga a la luz todo lo que los militares de carrera intentaron ocultar sobre el enfrentamiento. Hace tres semanas algunos volvieron al archipiélago.
 
Los seis amigos, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se abrazaron y comenzaron a saltar como niños en el Monte Longdon, el mismo sitio en el que casi tres décadas atrás vivieron una de las batallas definitivas por el control de las Islas Malvinas, en la que murieron 36 de sus compañeros de regimiento. Estos hombres, inmersos en su propio ritual, agradecían el estar vivos, resistiendo. Gritaban y cantaban que no los habían podido quebrar los británicos ni los militares argentinos. Fue la forma que encontraron para rendirle homenaje a los caídos en una guerra sin sentido, de la que hoy se cumplen 29 años. Esta anécdota, que ocurrió hace tres semanas, sintetiza la esencia que envuelve al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) - La Plata, una organización de ex soldados conscriptos que se concibió en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Pasaron 29 aniversarios y su lucha por la verdad continúa.
La organización –que se creó formalmente en 1984- comenzó a tomar forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras reuniones del CECIM se realizó en la casa del ex combatiente Martín Raninqueo y otra en el restaurante de su padre. Apenas despuntaba la década de 1980 y todavía la sede del centro era itinerante. Con el tiempo fueron apareciendo lo locales fijos: primero fue el Centro Universitario de Misiones y luego la sede actual ubicada en la intersección de las calles 21 y 40, en la ciudad de las diagonales, claro.
Justamente, uno de los miembros del contingente que voló a Malvinas en la semana del 12 de marzo fue el “Indio” Raninqueo. “Yo nunca tuve presente volver a las islas –asegura a Tiempo Argentino–. Fueron los compañeros con los que fundamos el CECIM los que me insistieron. Y eso fue determinante porque para mí el grupo es lo importante.” Músico y poeta, Raninqueo caminó por el terreno rocoso de Monte Longdon con su guitarra al hombro y le puso melodías a la noche malvinense. Entre los hits que sonaron durante el acampe hubo clásicos del rock nacional y un puñado de canciones propias, inspiradas en su experiencia bélica, que creó junto a otro ex combatiente, Fabián “Cucu” Passaro, y que pretende compilar en un CD.
“En nuestros viajes hacemos pequeñas intervenciones, en esta ocasión marcamos las posiciones en las que murieron nuestros compañeros – cuenta Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM– En el año 2007 otro grupo plantó un pino. Nosotros plantamos cinco pinos más en distintos lugares. También vimos y escuchamos lo que pasa en Malvinas. Nos alarmó la imponente base militar que está instalada a sólo 700 kilómetros del continente”– agrega–
Pero no todos los miembros de la organización tienen la voluntad de volver a las islas. Carlos Amato, actual presidente del CECIM, es contundente: “Decidí no viajar. Nosotros nos respetamos mucho en el centro. A mí, el tema del sello del pasaporte no me cierra. Pero felicito a quienes viajaron.”
Carlos Giordano, ex soldado, esgrime razones similares a las de Amato para no pisar las islas: “No voy a viajar a Malvinas. Comprendo a los compañeros que van. Algunos dicen que cierran etapas, pero yo no tengo mucha necesidad psicológica ni simbólica de viajar a las islas. No sé si soportaría ver la bandera inglesa. Esto no quita que si mis hijos me lo piden no vuelva con ellos. Pero la verdad que no quiero que me sellen el pasaporte los ingleses”, se sincera este profesor universitario, doctor en Comunicación Social, que fue vicedecano en la Universidad Nacional de La Plata.
Giordano llegó al CECIM a mediados de los ‘80 cuando todavía era un estudiante y el centro ya tenía un planteo político ideológico definido. “Tenían una postura muy clara –recuerda– en Malvinas no sólo hubo una guerra que perdimos. Habíamos combatido contra el imperialismo de la OTAN, pero también con unas Fuerzas Armadas que nos hacían repensar día a día dónde estaba el enemigo.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
Alonso es uno de los ex presidentes del Centro y un activo militante por la causa Malvinas. A medida que va recordando las acciones que realizaron desde la organización su voz se va dejando llevar por la pasión: “Desde el CECIM rompimos la imposición de silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas”, dice, haciendo alusión al día histórico en que Raúl Alfonsín se refirió a los carapintadas como héroes de Malvinas.
Al final fueron considerados “antihéroes” pero por gran parte de las Fuerzas Armadas de la época. De hecho, el CECIM estuvo infiltrado por los servicios de inteligencia a fines de los ‘80, según se desprendió de los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –DIPBA–, hoy a cargo de la Comisión por la Memoria.
Un poco de historia quizás sirva para explicar esta preocupación castrense. El CECIM fue la primera organización que publicó el Informe Rattenbach, en 1988. Se trata de un informe que realizaron las propias Fuerzas Armadas para analizar la Guerra de Malvinas. En ese documento se dejó escrito para la posteridad que la guerra “fue una aventura militar”.
El centro de ex combatientes también resistió las políticas de los ’90. “En aquella década –recuerda Alonso–, el tema Malvinas se resolvió con los carapintadas, con Mohamed Alí Seineldín específicamente. Fue entonces que nació la figura de ‘veterano de guerra’. Menem nos puso a todos en una misma bolsa. Nosotros nos opusimos a esa figura porque somos ex soldados conscriptos. No dejamos que nos colonicen los cuadros militares de carrera.”
En este sentido, Amato describe la característica esencial de la organización que preside: “Entre las organizaciones de ex combatientes somos de las muy pocas formadas por ex soldados conscriptos. Esto no es motivado por fobias a las Fuerzas Armadas sino por los militares que, al amparo de la represión, llevaron sus cuestiones aberrantes a Malvinas. Con esas FF AA no tenemos reconciliación posible.”
En un repaso por sus acciones políticas, aquellas que le dan identidad al espacio, no puede obviarse el escrache que le realizaron a Mario Benjamín Menéndez –máxima autoridad política y militar en las islas– y a Leopoldo Fortunato Galtieri ni su pelea por depurar las pensiones honoríficas a ex combatientes. Cuando el “Tigre” Acosta, símbolo del terrorismo de Estado recibió este reconocimiento, el CECIM lo denunció y le quitaron la pensión. 
Para Alonso, “en el relato de la épica militar se quiso colocar a falsos héroes. Muchos de los que estuvieron en Malvinas fueron parte de la última dictadura. Hay más de 80 oficiales y suboficiales que estuvieron en el conflicto bélico que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Entre los casos paradigmáticos figuran el almirante retirado Carlos Busser, quien comandó el desembarco del 2 de abril en el Operativo Rosario y Carlos Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, quien comandó las tropas en el combate de Monte Longdon.
Pero para los ex combatientes, la dictadura militar no sólo prestó sus hombres para dirigir la batalla. También repitió métodos y conceptos.
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Pero la principal batalla del CECIM comenzó en 2007 cuando denunció, junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a 70 oficiales y suboficiales por violaciones a los Derechos Humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Se trata de una causa radicada ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal, tras recibir tres fallos favorables en las instancias inferiores. Se trata de denuncias realizadas por ex soldados de diferentes provincias por torturas –como estaqueos–, vejámenes y hasta homicidios. Algunas de las víctimas sufrieron la mutilación de miembros de su cuerpo a causa de estos tormentos.  
Por todo esto, “cuando se acerca la fecha no solamente aparecen los recuerdos de Malvinas, los días previos al conflicto –concluye Giordano. También se agiganta la distancia que nos separa con lo oculto de Malvinas, con lo que no se dijo. Se nota la deuda histórica a medida que pasan los aniversarios”.
No es para menos. A 29 años del conflicto con Gran Bretaña, los ex combatientes nucleados en el CECIM no bajan los brazos. Lejos de las trincheras saben que su lucha continúa. 
Tiempo Argentino.
Por Ivonne Leites
Argentina RETRASO EN LAS CAUSAS SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO EN JUJUY

Un apagón en la Justicia

La Unidad Especial de la Procuración señaló que Jujuy es el distrito con “mayores problemas”. El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en la causa sobre La Noche del Apagón y responsabilizó al Ingenio Ledesma.
 Por Adriana Meyer
Pagina 12
Que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están en marcha es un hecho, pero no es menos cierto que atraviesan variados escollos, sobre todo en algunas provincias. Jujuy es una de las que más retraso lleva en el juzgamiento de los represores que actuaron en la denominada Noche del Apagón, cuando fueron secuestradas centenares de personas en Libertador General San Martín, con el apoyo logístico del Ingenio Ledesma. Esa jurisdicción “es la que mayores problemas presenta para el avance de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, afirmó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que acusó al juzgado a cargo de estos expedientes por la paralización de los mismos. En ese contexto, y con el objetivo de reactivarlos, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales presentó un escrito para fundamentar que la empresa azucarera y papelera de los Blaquier colaboró con el terrorismo de Estado.
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. “Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional”, dijo Kalek en el escrito. “La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución”, afirmó.
Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.
“El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”, expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que “las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa”. Por lo tanto, “pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura”.
La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.