Mujica "tiene el deber de vetar" ley
Caducidad: "serios visos" de ilegalidad, dijo Correa Freitas Los abogados constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Gonzalo Aguirre coincidieron ayer en que el presidente José Mujica "tiene el deber de vetar" la ley interpretativa que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad.
Ayer, en la sede del Centro Militar, tuvo lugar una conferencia en la que Correa Freitas analizó las características de la iniciativa, ya aprobada por el Senado y que el 20 de mayo será votada en Diputados.
Entre los asistentes -sobre todo militares retirados- se encontraba Aguirre, quien pidió la palabra y dio su opinión en cuanto a que Mujica debe vetar el proyecto debido a que presenta varios aspectos inconstitucionales, lo cual fue compartido por Correa Freitas.
El proyecto "tiene serios y graves visos de inconstitucionalidad", opinó Correa Freitas. Dijo que es "poco probable" que de plantearse esa situación en la Suprema Corte de Justicia no se haga lugar a los reclamos.
Ayer, en la sede del Centro Militar, tuvo lugar una conferencia en la que Correa Freitas analizó las características de la iniciativa, ya aprobada por el Senado y que el 20 de mayo será votada en Diputados.
Entre los asistentes -sobre todo militares retirados- se encontraba Aguirre, quien pidió la palabra y dio su opinión en cuanto a que Mujica debe vetar el proyecto debido a que presenta varios aspectos inconstitucionales, lo cual fue compartido por Correa Freitas.
El proyecto "tiene serios y graves visos de inconstitucionalidad", opinó Correa Freitas. Dijo que es "poco probable" que de plantearse esa situación en la Suprema Corte de Justicia no se haga lugar a los reclamos.
El País Digital
Ese día, el 20 de Mayo, es la fecha de la tradicional marcha del silencio en homenaje a los desaparecidos.
Según pudo saber El Espectador, la postergación del tratamiento del proyecto de ley también fue una idea del Poder Ejecutivo. Específicamente el presidente José Mujica pidió que la sesión se demore hasta después del 18 de mayo, Día Nacional del Ejército.
El diputado Felipe Michelini, coordinador de bancada del FA, dijo en la tarde del miércoles que fueron los colorados del sector Propuesta Batllista (Proba) los que pidieron unos días más para preparar mejor su informe y sus argumentos, y los frenteamplistas accedieron. Negó la versión de que esto surge de una inquietud del presidente: “El presidente ha dicho que este es un tema que define el Parlamento. Tanto le da la fecha”, dijo el representante nuevoespacista.
El diputado José Bayardi, en tanto, sí reconoció un interés del Poder Ejecutivo en postergar unos días la votación en Diputados, pero no se le comunicó directamente esta inquietud a la bancada de representantes.
“El presidente en realidad nunca lo hizo a la bancada. En la bancada, discutiendo cuándo lo poníamos, en la medida que había trascendido que había partidos políticos que iban a pedir cambiar la convocatoria, analizamos fechas. Pero no se lo hizo a la bancada formalmente el tema de la postergación”, dijo.
Bayardi presidió el miércoles la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, que recibió por tercera vez a catedráticos en Derecho de varias universidades para analizar el proyecto de ley que elimina la Ley de Caducidad. Estos catedráticos ya habían expresado su opinión (entendían que era inconstitucional) en octubre y en febrero habían sostenido lo mismo ante el Senado. En ambos casos la mayoría frentista votó en contra de la opinión de los expertos.
Así evaluó Bayardi la visita de los catedráticos en derecho constitucional: “Yo diría que fue buena por lo menos en el nivel de intercambio que hubo, en mi opinión, en relaciones a las observaciones que podían haber desde el punto de vista constitucional. En realidad todos somos conscientes de en la esfera judicial pueda haber fundamentos para un lado o para otro, en lo que tenga que ver con la eventual inconstitucionalidad de algunos de los artículos”.
Bayardi negó que los catedráticos hayan sostenido que la ley interpretativa es inconstitucional, sino que –dijo- hicieron reparos a la constitucionalidad de la ley en algunos artículos. Y lo ejemplificó así: “Con respecto al artículo del proyecto de ley se le ponen reparos en algunos casos no por constitucionalidad sino por el grado de restricción en cuanto a la amplitud de lo que deben ser considerados derechos inherentes a la persona humana. En el artículo segundo que es sobreabundante, que no hacía falta que se pusiera. En el artículo tercero, se plantean observaciones desde el punto de vista constitucional al carácter de la definición de que en la ley 15.848 hay artículos que carecen de legitimidad jurídica. O sea que este tema va a dar lugar eventualmente a discusión sobre la constitucionalidad en relación a lo que se puede y no se puede hacer. En el cuarto artículo, que es el más importante para mí, se ha aceptado por parte de constitucionalistas que se puede decir que tal o cual cosa no constituye cosa juzgada, y que se entiende que las resoluciones administrativas no constituyen cosas juzgadas. Por lo tanto ahí no hubo mayores observaciones”.
Y finalmente, lo que les demandó más tiempo fue el análisis sobre la prescripción o no de los delitos cometidos durante la dictadura.
“Lo que más se discutió fue eso. Ahí hubo posiciones que daban por hecho que en realidad los delitos que podían prescribir no prescribían, aunque se dio una discusión que tendió a centrar el tema en que si la prescripción o no se defiende sobre la base de los derechos adquiridos, no puede haber derechos adquiridos sobre la base de violar la Constitución. Y como se interpreta que la Ley de Caducidad es inconstitucional va a dar lugar a un proceso de discusión sobre los eventuales delitos adquiridos ante la prescripción de los delitos. O sea que observaciones hay desde hace un tiempo, y éstas dan lugar a un intercambio respecto a elementos de constitucionalidad. No necesariamente todos los que estuvieron alinearon de la misma forma”.
El miércoles habrá una nueva reunión de estos catedráticos expertos en derecho constitucional con la comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Y el 20 de mayo, fecha emblemática para los familiares de los desaparecidos, se estaría votando el proyecto de ley interpretativo en Diputados.
Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo. Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
www.kaosenlared.net/noticia/
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Madres y Familiares: proyecto del FA "no anula la impunidad"La decisión del Frente Amplio (FA) de aplazar hasta el 20 de mayo la sanción del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad, para que coincida con la tradicional Marcha del Silencio, fue relativizada por integrantes de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos.Loreley Nicrosi |
Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo."No entramos en esta vorágine de la ley. No anula la impunidad. Siempre dijimos que la Ley de Caducidad era nula, pero nadie dio pelota. Quien quiera ver la ley, la seguirá viendo en la Constitución, porque este proyecto solo anula tres artículos", dijo a LA REPUBLICA el dirigente de la organización Oscar Urtazum. "Fue bastante bastardeada la ley; mal trabajada. Muchos quieren ser diputados por la ley de impunidad y no se acuerdan de otros temas como los muchachos de la pasta base", agregó Urtazum.
La bancada de diputados del Frente Amplio acordó ayer por unanimidad sancionar el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad del próximo 20 de Mayo, para que la decisión de la mayoría del Parlamento tenga una mayor "significación histórica". La intención del oficialismo es movilizar a la estructura de la coalición y coordinar acciones con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, para que la votación sea acompañada de una concentración que confluya hacia la marcha. La sesión extraordinaria se iniciará sobre la hora 10.00 para finalizar cuando comience la marcha.
Por su parte, la referente de Madres y Familiares Luisa Cuesta opinó que irá a la "marcha" independientemente de la actividad que se lleve adelante en el Parlamento.
"Estamos bastante mal en familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", precisó Cuesta.
"Nosotros esperábamos otra cosa del gobierno. Es un error grande", añadió Cuesta en referencia a la falta de avances en las investigaciones sobre los desaparecidos. Cuesta no oculta su desacuerdo con el papel que actualmente tienen los militares.
La organización se reunirá en los próximos días para definir las características que tendrá la Marcha del Silencio y la consigna que signará la concentración. "Vamos a trabajar para que sea la marcha más grande de todas", dijo Urtazum. "El Frente hará el balance de los pro y los contra. Nosotros lo hacemos sobre quien se comporta con entereza moral", aseveró el dirigente de la organización.
HistóricoSi bien el FA tenía previsto sancionar la iniciativa el 4 de mayo, la propuesta promovida por el Espacio 609 tendiente a aplazarla hasta el 20 fue aceptada por el resto de los sectores tras un largo análisis.
El diputado Gonzalo de Toro del MPP dijo a LA REPUBLICA que "simplemente se planteó (la postergación) porque es un hecho histórico tener un 20 de mayo, luego de 26 años de la marcha, hacerla sin la Ley de Caducidad".
"Es un hecho trascendente. Se trata de darle la trascendencia que tiene", sostuvo al legislador al recordar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Argentina.
Para De Toro, la decisión de la izquierda de sancionar la ley en esa fecha representa "un homenaje a las madres", precisó.
La reunión de la coordinación de bancada del FA se inició con el planteo formulado por el diputado Felipe Michelini, quien presentó una nota de su par colorado Gustavo Espinosa, en la que el legislador de la oposición planteaba que se postergara el debate en el plenario de Diputados del 4 de mayo.
La información fue el puntapié para que varios de los integrantes del Espacio 609, en especial del MPP plantearan el aplazamiento.
Aunque originalmente sectores como el PVP y el Fidel, entre otros insistieron en votar la semana próxima, los argumentos expuestos por los distintos representantes influyeron para que se sumaran al acuerdo.
El diputado Doreen Ibarra del Fidel, reconoció que para su sector era "importante votar rápidamente", por eso aceptó la propuesta. Ibarra consideró que se debe dar oportunidad a la "oposición" a que realice las consultas que entienda pertinente en la Comisión de Constitución. Hoy la Comisión de Diputados recibirá a catedráticos de derecho.
Ibarra propuso en la reunión que se le comunicara al presidente del FA, Jorge Brovetto, la decisión, para que la fuerza política convoque a los comités, coordinadores y departamentales a que asistan a la movilización.
En la misma línea se pronunció el diputado Oscar Groba del Espacio 609, quien reconoció que la izquierda no debe "atropellar" con la votación.
"Esto abre el espectro, porque es más amplio que la conciencia frenteamplista".
La Diaria
Con los 17 votos de los senadores frenteamplistas -Saravia apoyó la moción oficialista- la interpelación de ayer terminó sin consecuencias para los ministros. La bancada del Frente Amplio (FA) consideró que las respuestas que brindaron Rosadilla y Bonomi fueron satisfactorias y respaldaron la investigación en curso sobre el origen y verosimilitud del video -o las imágenes- donde un grupo autodenominado Ejército Nacional Libertador anuncia operaciones militares para liberar a los militares presos en la cárcel de Domingo Arena.
Bonomi informó que se enteró de la supuesta amenaza el 24 de febrero- “más tarde que todos”, dijo- y que hasta el 15 de febrero tenía dudas de su existencia “porque no se había visto”, aunque igualmente informó al director de Policía Nacional, Julio Guarteche. El texto del video fue publicado por Búsqueda el 10 de marzo, y según Bonomi y Rosadilla, el presidente José Mujica les informó el 17 de marzo que entre el 12 y el 14 de marzo había visto las imágenes “en un avión en viaje a Brasil”. Rosadilla por su parte informó que el mandatario les confirmó que él no tenía una copia, y dijeron no saber quién fue el que le mostró el video a Mujica. Bonomi dijo que “no ayuda” saber eso y que además “el juez lo sabe”. Sobre los detalles de la declaración que dio Mujica al juez de Crimen Organizado José Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, que estudian el caso, Bonomi y Rosadilla se negaron a hablar, ya que la investigación se encuentra en etapa presumarial.
Lo poco que dijo Bonomi sobre el origen del video fue que “no es una amenaza real”, que “no hay peligro institucional a raíz de estos hechos” y que se manejan tres hipótesis -las tres “poco probables”, añadió- sobre quiénes pueden haberlo elaborado: militares retirados, sectores de izquierda radical o grupos neonazis. En virtud de este panorama reconoció que “no queda claro qué objetivo tuvo todo esto”.
Abreu les exigió que revelen quién le había mostrado las imágenes al presidente y sugirió que “no pueden permanecer en sus carteras” si no pueden responder eso. “Yo no puedo creer que los ministros me digan que no hablaron con el presidente de la República de quiénes son las personas que mostraron esto, no lo puedo creer. En un tema de esta naturaleza el ministro tiene que decirle, como corresponde, ‘presidente, ¿quién fue que te mostró esto?’”, cuestionó el senador.
Viera también exigió que los ministros “cuenten la verdad” y preguntó por qué, cuando se tuvo conocimiento del video, no se denunció el hecho a la Justicia -que posteriormente actuó de oficio- ni se le informó al Parlamento. Sobre el final de la sesión, el senador colorado dijo estar “desencantado”, ya que los ministros habían dejado sin responder cerca de 11 preguntas: “Tengo el derecho a pensar que esto es un invento y que no existe tal video”.
Bonomi dijo que el hecho de plantear este tema “opera” sobre la opinión pública, a lo que “quizás en otra época se le llamaba psicopolítica”.
Saravia no firmó la moción presentada por el FA, porque considera que “de ninguna manera fueron satisfactorias las respuestas” de los ministros, pero posteriormente la votó para “apoyar al presidente, que públicamente le había dado respaldo a los ministros”, y que incluso estuvo ayer por media hora en el Parlamento para solidarizarse con ellos. “A los ministros no les importaba si los apoyaba o no, porque en dos meses no me habían trasladado ninguna llamada o información, cuando yo era presidente de la comisión de Defensa del Senado y era compañero del FA”, añadió.
Discusiones en torno a anulación de Ley de Caducidad
27.04.2011 | 19.17 El Espectador
La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) acordó el martes por unanimidad postergar hasta el 20 de mayo la sanción del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad en la cámara baja, para que la decisión de la mayoría del Parlamento tenga una mayor “significación histórica”.
Ese día, el 20 de Mayo, es la fecha de la tradicional marcha del silencio en homenaje a los desaparecidos.
Según pudo saber El Espectador, la postergación del tratamiento del proyecto de ley también fue una idea del Poder Ejecutivo. Específicamente el presidente José Mujica pidió que la sesión se demore hasta después del 18 de mayo, Día Nacional del Ejército.
El diputado Felipe Michelini, coordinador de bancada del FA, dijo en la tarde del miércoles que fueron los colorados del sector Propuesta Batllista (Proba) los que pidieron unos días más para preparar mejor su informe y sus argumentos, y los frenteamplistas accedieron. Negó la versión de que esto surge de una inquietud del presidente: “El presidente ha dicho que este es un tema que define el Parlamento. Tanto le da la fecha”, dijo el representante nuevoespacista.
El diputado José Bayardi, en tanto, sí reconoció un interés del Poder Ejecutivo en postergar unos días la votación en Diputados, pero no se le comunicó directamente esta inquietud a la bancada de representantes.
“El presidente en realidad nunca lo hizo a la bancada. En la bancada, discutiendo cuándo lo poníamos, en la medida que había trascendido que había partidos políticos que iban a pedir cambiar la convocatoria, analizamos fechas. Pero no se lo hizo a la bancada formalmente el tema de la postergación”, dijo.
Bayardi presidió el miércoles la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, que recibió por tercera vez a catedráticos en Derecho de varias universidades para analizar el proyecto de ley que elimina la Ley de Caducidad. Estos catedráticos ya habían expresado su opinión (entendían que era inconstitucional) en octubre y en febrero habían sostenido lo mismo ante el Senado. En ambos casos la mayoría frentista votó en contra de la opinión de los expertos.
Así evaluó Bayardi la visita de los catedráticos en derecho constitucional: “Yo diría que fue buena por lo menos en el nivel de intercambio que hubo, en mi opinión, en relaciones a las observaciones que podían haber desde el punto de vista constitucional. En realidad todos somos conscientes de en la esfera judicial pueda haber fundamentos para un lado o para otro, en lo que tenga que ver con la eventual inconstitucionalidad de algunos de los artículos”.
Bayardi negó que los catedráticos hayan sostenido que la ley interpretativa es inconstitucional, sino que –dijo- hicieron reparos a la constitucionalidad de la ley en algunos artículos. Y lo ejemplificó así: “Con respecto al artículo del proyecto de ley se le ponen reparos en algunos casos no por constitucionalidad sino por el grado de restricción en cuanto a la amplitud de lo que deben ser considerados derechos inherentes a la persona humana. En el artículo segundo que es sobreabundante, que no hacía falta que se pusiera. En el artículo tercero, se plantean observaciones desde el punto de vista constitucional al carácter de la definición de que en la ley 15.848 hay artículos que carecen de legitimidad jurídica. O sea que este tema va a dar lugar eventualmente a discusión sobre la constitucionalidad en relación a lo que se puede y no se puede hacer. En el cuarto artículo, que es el más importante para mí, se ha aceptado por parte de constitucionalistas que se puede decir que tal o cual cosa no constituye cosa juzgada, y que se entiende que las resoluciones administrativas no constituyen cosas juzgadas. Por lo tanto ahí no hubo mayores observaciones”.
Y finalmente, lo que les demandó más tiempo fue el análisis sobre la prescripción o no de los delitos cometidos durante la dictadura.
“Lo que más se discutió fue eso. Ahí hubo posiciones que daban por hecho que en realidad los delitos que podían prescribir no prescribían, aunque se dio una discusión que tendió a centrar el tema en que si la prescripción o no se defiende sobre la base de los derechos adquiridos, no puede haber derechos adquiridos sobre la base de violar la Constitución. Y como se interpreta que la Ley de Caducidad es inconstitucional va a dar lugar a un proceso de discusión sobre los eventuales delitos adquiridos ante la prescripción de los delitos. O sea que observaciones hay desde hace un tiempo, y éstas dan lugar a un intercambio respecto a elementos de constitucionalidad. No necesariamente todos los que estuvieron alinearon de la misma forma”.
El miércoles habrá una nueva reunión de estos catedráticos expertos en derecho constitucional con la comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Y el 20 de mayo, fecha emblemática para los familiares de los desaparecidos, se estaría votando el proyecto de ley interpretativo en Diputados.
miércoles 27 de abril de 2011
declaraciones de madres y familiares
CONSULTA. CATEDRÁTICOS ASISTEN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
Madres y Familiares: proyecto del FA "no anula la impunidad"
La decisión del Frente Amplio (FA) de aplazar hasta el 20 de mayo la sanción del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad, para que coincida con la tradicional Marcha del Silencio, fue relativizada por integrantes de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos.
Loreley Nicrosi |
Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo.
"No entramos en esta vorágine de la ley. No anula la impunidad. Siempre dijimos que la Ley de Caducidad era nula, pero nadie dio pelota. Quien quiera ver la ley, la seguirá viendo en la Constitución, porque este proyecto solo anula tres artículos", dijo a LA REPUBLICA el dirigente de la organización Oscar Urtazum. "Fue bastante bastardeada la ley; mal trabajada. Muchos quieren ser diputados por la ley de impunidad y no se acuerdan de otros temas como los muchachos de la pasta base", agregó Urtazum.
La bancada de diputados del Frente Amplio acordó ayer por unanimidad sancionar el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad del próximo 20 de Mayo, para que la decisión de la mayoría del Parlamento tenga una mayor "significación histórica". La intención del oficialismo es movilizar a la estructura de la coalición y coordinar acciones con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, para que la votación sea acompañada de una concentración que confluya hacia la marcha. La sesión extraordinaria se iniciará sobre la hora 10.00 para finalizar cuando comience la marcha.
Por su parte, la referente de Madres y Familiares Luisa Cuesta opinó que irá a la "marcha" independientemente de la actividad que se lleve adelante en el Parlamento.
"Estamos bastante mal en familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", precisó Cuesta.
"Nosotros esperábamos otra cosa del gobierno. Es un error grande", añadió Cuesta en referencia a la falta de avances en las investigaciones sobre los desaparecidos. Cuesta no oculta su desacuerdo con el papel que actualmente tienen los militares.
La organización se reunirá en los próximos días para definir las características que tendrá la Marcha del Silencio y la consigna que signará la concentración. "Vamos a trabajar para que sea la marcha más grande de todas", dijo Urtazum. "El Frente hará el balance de los pro y los contra. Nosotros lo hacemos sobre quien se comporta con entereza moral", aseveró el dirigente de la organización.
Uruguay: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
No es lo que esperábamos de éste gobierno...
Aportado por Alejandra Lemes | Mi Barricada, para Kaos en la Red | 27-4-2011 a las 20:55 |
www.kaosenlared.net/noticia/
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Madres y Familiares: proyecto del FA "no anula la impunidad"La decisión del Frente Amplio (FA) de aplazar hasta el 20 de mayo la sanción del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad, para que coincida con la tradicional Marcha del Silencio, fue relativizada por integrantes de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos.Loreley Nicrosi |
Marcha del silencio. El FA aplazó votación para el 20 de mayo.
La bancada de diputados del Frente Amplio acordó ayer por unanimidad sancionar el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad del próximo 20 de Mayo, para que la decisión de la mayoría del Parlamento tenga una mayor "significación histórica". La intención del oficialismo es movilizar a la estructura de la coalición y coordinar acciones con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, para que la votación sea acompañada de una concentración que confluya hacia la marcha. La sesión extraordinaria se iniciará sobre la hora 10.00 para finalizar cuando comience la marcha.
Por su parte, la referente de Madres y Familiares Luisa Cuesta opinó que irá a la "marcha" independientemente de la actividad que se lleve adelante en el Parlamento.
"Estamos bastante mal en familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", precisó Cuesta.
"Nosotros esperábamos otra cosa del gobierno. Es un error grande", añadió Cuesta en referencia a la falta de avances en las investigaciones sobre los desaparecidos. Cuesta no oculta su desacuerdo con el papel que actualmente tienen los militares.
La organización se reunirá en los próximos días para definir las características que tendrá la Marcha del Silencio y la consigna que signará la concentración. "Vamos a trabajar para que sea la marcha más grande de todas", dijo Urtazum. "El Frente hará el balance de los pro y los contra. Nosotros lo hacemos sobre quien se comporta con entereza moral", aseveró el dirigente de la organización.
HistóricoSi bien el FA tenía previsto sancionar la iniciativa el 4 de mayo, la propuesta promovida por el Espacio 609 tendiente a aplazarla hasta el 20 fue aceptada por el resto de los sectores tras un largo análisis.
El diputado Gonzalo de Toro del MPP dijo a LA REPUBLICA que "simplemente se planteó (la postergación) porque es un hecho histórico tener un 20 de mayo, luego de 26 años de la marcha, hacerla sin la Ley de Caducidad".
"Es un hecho trascendente. Se trata de darle la trascendencia que tiene", sostuvo al legislador al recordar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Argentina.
Para De Toro, la decisión de la izquierda de sancionar la ley en esa fecha representa "un homenaje a las madres", precisó.
La reunión de la coordinación de bancada del FA se inició con el planteo formulado por el diputado Felipe Michelini, quien presentó una nota de su par colorado Gustavo Espinosa, en la que el legislador de la oposición planteaba que se postergara el debate en el plenario de Diputados del 4 de mayo.
La información fue el puntapié para que varios de los integrantes del Espacio 609, en especial del MPP plantearan el aplazamiento.
Aunque originalmente sectores como el PVP y el Fidel, entre otros insistieron en votar la semana próxima, los argumentos expuestos por los distintos representantes influyeron para que se sumaran al acuerdo.
El diputado Doreen Ibarra del Fidel, reconoció que para su sector era "importante votar rápidamente", por eso aceptó la propuesta. Ibarra consideró que se debe dar oportunidad a la "oposición" a que realice las consultas que entienda pertinente en la Comisión de Constitución. Hoy la Comisión de Diputados recibirá a catedráticos de derecho.
Ibarra propuso en la reunión que se le comunicara al presidente del FA, Jorge Brovetto, la decisión, para que la fuerza política convoque a los comités, coordinadores y departamentales a que asistan a la movilización.
En la misma línea se pronunció el diputado Oscar Groba del Espacio 609, quien reconoció que la izquierda no debe "atropellar" con la votación.
"Esto abre el espectro, porque es más amplio que la conciencia frenteamplista".
Los ministros Luis Rosadilla y Eduardo Bonomi, ayer, durante la sesión del Senado en la que fueron interpelados. Foto: Javier Calvelo
La Diaria
Vaya uno a saber
Según Bonomi, el video "no es una amenaza real", y no está claro de quiénes pudo provenir o para qué.
La interpelación de ayer a los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Defensa, Luis Rosadilla, no generó nueva información. Ambos secretarios de Estado afirmaron que desde la última vez que fueron a la comisión de Defensa, el 22 de marzo, la investigación sobre el video -donde supuestamente se amenazaba a la Justicia- no avanzó; se ampararon en que a nivel judicial la causa se encuentra en presumario. Jorge Saravia volvió a diferenciarse del resto de su bancada al considerar que los “sistemas de seguridad no están funcionando”. Voy
Saravia no le sorprendió que el PVP y la agrupación 20 de Mayo solicitaran su pasaje al Tribunal de Conducta Política del FA por su discrepancia con el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. “Lo imaginábamos, es potestad de cualquier grupo político”, dijo ayer a la diaria. El senador de Patria Grande dijo que aunque no correspondería que fuera, porque ya no integra la orgánica del FA, - fue expulsado del Espacio 609-, “estamos dispuestos a ir a discutir estos temas y plantear nuestra postura”.Bonomi informó que se enteró de la supuesta amenaza el 24 de febrero- “más tarde que todos”, dijo- y que hasta el 15 de febrero tenía dudas de su existencia “porque no se había visto”, aunque igualmente informó al director de Policía Nacional, Julio Guarteche. El texto del video fue publicado por Búsqueda el 10 de marzo, y según Bonomi y Rosadilla, el presidente José Mujica les informó el 17 de marzo que entre el 12 y el 14 de marzo había visto las imágenes “en un avión en viaje a Brasil”. Rosadilla por su parte informó que el mandatario les confirmó que él no tenía una copia, y dijeron no saber quién fue el que le mostró el video a Mujica. Bonomi dijo que “no ayuda” saber eso y que además “el juez lo sabe”. Sobre los detalles de la declaración que dio Mujica al juez de Crimen Organizado José Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, que estudian el caso, Bonomi y Rosadilla se negaron a hablar, ya que la investigación se encuentra en etapa presumarial.
Lo poco que dijo Bonomi sobre el origen del video fue que “no es una amenaza real”, que “no hay peligro institucional a raíz de estos hechos” y que se manejan tres hipótesis -las tres “poco probables”, añadió- sobre quiénes pueden haberlo elaborado: militares retirados, sectores de izquierda radical o grupos neonazis. En virtud de este panorama reconoció que “no queda claro qué objetivo tuvo todo esto”.
Pregunten, muchachos
Los senadores convocantes, Sergio Abreu (Alianza Nacional, Partido Nacional) y Tabaré Viera (Propuesta Batllista, Partido Colorado), defendieron las razones de la convocatoria. “Toda esta mezcla del ridículo fomentado, de política de distracción, tiene que ser aclarada, porque empezamos a tener la sospecha de que hay algo que no se dice, alguna verdad que no se expresa y que alguien tiene que haber hablado, tiene que hablar y no lo hace”, dijo Abreu al comienzo de la sesión, que comenzó cerca de las 10.00 y culminó pasadas las 15.00.Abreu les exigió que revelen quién le había mostrado las imágenes al presidente y sugirió que “no pueden permanecer en sus carteras” si no pueden responder eso. “Yo no puedo creer que los ministros me digan que no hablaron con el presidente de la República de quiénes son las personas que mostraron esto, no lo puedo creer. En un tema de esta naturaleza el ministro tiene que decirle, como corresponde, ‘presidente, ¿quién fue que te mostró esto?’”, cuestionó el senador.
Viera también exigió que los ministros “cuenten la verdad” y preguntó por qué, cuando se tuvo conocimiento del video, no se denunció el hecho a la Justicia -que posteriormente actuó de oficio- ni se le informó al Parlamento. Sobre el final de la sesión, el senador colorado dijo estar “desencantado”, ya que los ministros habían dejado sin responder cerca de 11 preguntas: “Tengo el derecho a pensar que esto es un invento y que no existe tal video”.
Bonomi dijo que el hecho de plantear este tema “opera” sobre la opinión pública, a lo que “quizás en otra época se le llamaba psicopolítica”.
La contra
El senador de Patria Grande, Jorge Saravia (FA), también entregó por escrito 12 preguntas a los ministros, que a su entender “no fueron contestadas”. Para Saravia, los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado tienen que estar en funcionamiento permanente, y por la falta de respuestas de los ministros, consideró que actualmente “no están funcionando o no los saben hacer funcionar”. “En este tema estos sistemas técnicamente y profesionalmente no funcionaron, y tampoco la coordinación que hace el coordinador de Inteligencia, [Augusto] Gregori”, dijo Saravia a la diaria.Saravia no firmó la moción presentada por el FA, porque considera que “de ninguna manera fueron satisfactorias las respuestas” de los ministros, pero posteriormente la votó para “apoyar al presidente, que públicamente le había dado respaldo a los ministros”, y que incluso estuvo ayer por media hora en el Parlamento para solidarizarse con ellos. “A los ministros no les importaba si los apoyaba o no, porque en dos meses no me habían trasladado ninguna llamada o información, cuando yo era presidente de la comisión de Defensa del Senado y era compañero del FA”, añadió.
Rosadilla defendió manejo privado de video
El ministro de Defensa Luis Rosadilla dijo hoy que el presidente José Mujica tiene experiencia y crédito para manejar el origen del polémico video/imágenes con amenazas de supuestos militares a la Justicia en forma reservada y eventualmente informarle al juez que lleva adelante la causa.
En diálogo con radio Sarandí, el secretario de Estado se preguntó si el presidente no tiene crédito para decidir que determinada información la mantendrá en su ámbito personal.
"Con la franqueza que tiene el presidente, con la apertura que ha demostrado, no tendrá crédito para que si decide determinada información mantenerla en su ámbito personal que así se lo concedamos", expresó Rosadilla.
El jerarca agregó que "el presidente no es un hombre de andar haciendo cosas por capricho" y dijo que si entendió que la información en cuestión se debía manejar como confidencial hay que confiar en él.
Para Rosadilla la interpelación rompe con un clima de entendimiento entre el gobierno y la oposición por lo que mostró su anhelo de que se pueda retomar la situación previa de diálogo.
"Uno puede entender y asumir opiniones, críticas y diferencias, pero lo radical con lo que se plantean determinadas cosas no parecen sensatas", señaló el ministro.
CADUCIDAD. Por otro lado, admitió que "consideró" la posibilidad de renunciar a su cargo "a la luz de cómo se vienen desenvolviendo los acontecimientos" en torno a la anulación de la ley de Caducidad.
De todos modos, Rosadilla dijo que tras las palabras de apoyo del presidente José Mujica "se termina cualquier hipótesis" de renuncia.
El primer mandatario había señalado que el ministro de Defensa "es casi insustituible".
En diálogo con radio Sarandí, el secretario de Estado se preguntó si el presidente no tiene crédito para decidir que determinada información la mantendrá en su ámbito personal.
"Con la franqueza que tiene el presidente, con la apertura que ha demostrado, no tendrá crédito para que si decide determinada información mantenerla en su ámbito personal que así se lo concedamos", expresó Rosadilla.
El jerarca agregó que "el presidente no es un hombre de andar haciendo cosas por capricho" y dijo que si entendió que la información en cuestión se debía manejar como confidencial hay que confiar en él.
"Uno puede entender y asumir opiniones, críticas y diferencias, pero lo radical con lo que se plantean determinadas cosas no parecen sensatas", señaló el ministro.
CADUCIDAD. Por otro lado, admitió que "consideró" la posibilidad de renunciar a su cargo "a la luz de cómo se vienen desenvolviendo los acontecimientos" en torno a la anulación de la ley de Caducidad.
El jerarca explicó que, eventualmente, lo haría cuando la ley termine su tránsito parlamentario.
La anulación de la ley de Caducidad ya ha generado disconformidad en algunos sectores del Frente Amplio y provocó, por ejemplo, la renuncia de Eleuterio Fernández Huidobro a su banca de senador al igual que la derivación de Jorge Saravia a un Tribunal de Ética de la coalición de izquierda. De todos modos, Rosadilla dijo que tras las palabras de apoyo del presidente José Mujica "se termina cualquier hipótesis" de renuncia.
El primer mandatario había señalado que el ministro de Defensa "es casi insustituible".
El País Digital
La Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada a comienzos del año pasado y aún en vías de aplicación plena, marca con buen criterio un enfoque muy distinto, ya que desde sus primeros artículos define a la defensa nacional como un “conjunto de actividades civiles y militares”, que constituyen “un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía”, y que contribuyen “a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población”, mediante la confluencia coordinada de “recursos del conjunto de la sociedad”.
Por eso se habla de un “sistema nacional de defensa”, integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional, que recién se instalará el jueves de esta semana.
En ese marco, de acuerdo con la misma norma, el MDN tiene entre sus competencias básicas la conducción política de “todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas”, pero no es un Ministerio de Fuerzas Armadas, y mucho menos uno encargado de lidiar con los problemas de quienes delinquieron hace más de tres décadas, con los intentos teóricos de justificar aquellos crímenes, con la peculiar relación que persiste entre algunos ex represores y algunos ex dirigentes guerrilleros, o con los malestares y temores que causa el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Tal temática podría estar en la agenda de un ombudsman castrense, cargo cuya creación quizás haya que considerar, dada la importancia que estos asuntos mantienen en la agenda nacional, y que podría ser ofrecido, por ejemplo, al senador Jorge Saravia. El ministro Luis Rosadilla tiene otras cosas de las que ocuparse, y debería facilitársele la concentración en ellas, en vez de juzgar su gestión y la pertinencia de que permanezca en el cargo a partir de cuestiones que, más que con la defensa nacional, tienen que ver con la defensa de una parte decreciente de los funcionarios a su cargo.
Pero no: muchos piensan todavía que la misión primordial del MDN es seguir por la senda trazada en 1987, cuando Julio María Sanguinetti nombró ministro al teniente general Hugo Medina y le encomendó continuar la tarea que había iniciado desde la comandancia en jefe del Ejército: ser garantía de un “cambio en paz” para los represores. Entrados ya en el siglo XXI, aún no hemos conquistado el derecho a citar “España en marcha”, aquel poema de Gabriel Celaya musicalizado hace décadas por Paco Ibáñez que comienza así: “Nosotros somos quien somos. / ¡Basta de historia y de cuentos! / ¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos”.El que afirma: “No reniego de mi origen / pero digo que seremos / mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo”.
Anclas
El episodio del presunto video con presuntas amenazas de presuntos militares fue bastante impresentable, y podemos suponer que quizá se aclare por completo, en forma simultánea con el “caso Feldman”, el día del juicio final si tenemos suerte. Pero la polémica que ayer volvió a ponerse en escena, durante la interpelación a los ministros de Defensa Nacional y del Interior, tiene características mucho más indudables y perturbadoras.
Más de un cuarto de siglo después del fin de la dictadura, el sistema partidario sigue funcionando como si una de las tareas principales del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), o incluso del Poder Ejecutivo, fuera administrar la relación con el Poder Judicial de los militares, retirados o aún en actividad, que cometieron violaciones de los derechos humanos en el contexto del terrorismo de Estado.La Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada a comienzos del año pasado y aún en vías de aplicación plena, marca con buen criterio un enfoque muy distinto, ya que desde sus primeros artículos define a la defensa nacional como un “conjunto de actividades civiles y militares”, que constituyen “un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía”, y que contribuyen “a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población”, mediante la confluencia coordinada de “recursos del conjunto de la sociedad”.
Por eso se habla de un “sistema nacional de defensa”, integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional, que recién se instalará el jueves de esta semana.
En ese marco, de acuerdo con la misma norma, el MDN tiene entre sus competencias básicas la conducción política de “todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas”, pero no es un Ministerio de Fuerzas Armadas, y mucho menos uno encargado de lidiar con los problemas de quienes delinquieron hace más de tres décadas, con los intentos teóricos de justificar aquellos crímenes, con la peculiar relación que persiste entre algunos ex represores y algunos ex dirigentes guerrilleros, o con los malestares y temores que causa el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Tal temática podría estar en la agenda de un ombudsman castrense, cargo cuya creación quizás haya que considerar, dada la importancia que estos asuntos mantienen en la agenda nacional, y que podría ser ofrecido, por ejemplo, al senador Jorge Saravia. El ministro Luis Rosadilla tiene otras cosas de las que ocuparse, y debería facilitársele la concentración en ellas, en vez de juzgar su gestión y la pertinencia de que permanezca en el cargo a partir de cuestiones que, más que con la defensa nacional, tienen que ver con la defensa de una parte decreciente de los funcionarios a su cargo.
Pero no: muchos piensan todavía que la misión primordial del MDN es seguir por la senda trazada en 1987, cuando Julio María Sanguinetti nombró ministro al teniente general Hugo Medina y le encomendó continuar la tarea que había iniciado desde la comandancia en jefe del Ejército: ser garantía de un “cambio en paz” para los represores. Entrados ya en el siglo XXI, aún no hemos conquistado el derecho a citar “España en marcha”, aquel poema de Gabriel Celaya musicalizado hace décadas por Paco Ibáñez que comienza así: “Nosotros somos quien somos. / ¡Basta de historia y de cuentos! / ¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos”.El que afirma: “No reniego de mi origen / pero digo que seremos / mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo”.
Marcelo Pereira
La DiariaSaravia: apoyo y un tirón de orejas
Hizo preguntas a los dos ministros, que no contestaron
No firmó la moción del Frente Amplio de respaldo a los ministros Luis Rosadilla y Eduardo Bonomi, pero la votó como el resto de la bancada oficialista.
El senador Jorge Saravia está a punto de ser expulsado de la coalición de izquierda por desacatar el mandato del Plenario Nacional de votar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad.
Pese a no firmar la declaración de apoyo, Saravia igual la votó. "Apoyo al presidente que respaldó a los dos ministros interpelados", argumentó.
"Capaz que a los ministros y a los compañeros no le interese mucho nuestro respaldo", agregó luego.
En el curso de la interpelación Saravia formuló cinco preguntas a los ministros, tal como si fuera un representante de la oposición, las que no fueron respondidas.
Saravia precisó que los ministros no han podido dar más información al Senado por la simple razón de que los servicios de inteligencia no se la proporcionaron, por lo cual recomendó al gobierno que corrija esta situación. "Les pido con humildad que trabajen en los esquemas de seguridad porque están fracasando", les sugirió a Rosadilla y Bonomi.
Tras la interpelación, el ministro de Defensa admitió que el consejo es bien recibido por el Poder Ejecutivo y que se tendrá en cuenta.
BERRÍOS. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el senador nacionalista Sergio Abreu cruzaron acusaciones en medio de la interpelación por un tema bastante distante del motivo del llamado a sala: el caso Eugenio Berríos, el científico chileno colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, asesinado en Parque del Plata.
Bonomi recordó cuando Abreu fue canciller en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y se produjo la desaparición del científico. Dijo que Abreu certificó ante el Senado una foto y una carta que Berríos había enviado desde Italia donde supuestamente se encontraba en los tiempos en que se presumía que había sido asesinado.
Abreu respondió diciendo que él no había certificado nada como canciller y que en realidad había informado al Senado sobre la situación de Berríos y las investigaciones.
Y añadió que los integrantes del MLN-T no pueden mantenerse aislados del caso Berríos, sobre el cual no debieran hablar, porque en un libro biográfico del ex tupamaro Jorge Zabalza se relata que los militares que secuestraron a Berríos lo escondieron hasta asesinarlo en una casa del MLN-T en Parque del Plata.
El senador Jorge Saravia está a punto de ser expulsado de la coalición de izquierda por desacatar el mandato del Plenario Nacional de votar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad.
Pese a no firmar la declaración de apoyo, Saravia igual la votó. "Apoyo al presidente que respaldó a los dos ministros interpelados", argumentó.
"Capaz que a los ministros y a los compañeros no le interese mucho nuestro respaldo", agregó luego.
Saravia precisó que los ministros no han podido dar más información al Senado por la simple razón de que los servicios de inteligencia no se la proporcionaron, por lo cual recomendó al gobierno que corrija esta situación. "Les pido con humildad que trabajen en los esquemas de seguridad porque están fracasando", les sugirió a Rosadilla y Bonomi.
Tras la interpelación, el ministro de Defensa admitió que el consejo es bien recibido por el Poder Ejecutivo y que se tendrá en cuenta.
BERRÍOS. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el senador nacionalista Sergio Abreu cruzaron acusaciones en medio de la interpelación por un tema bastante distante del motivo del llamado a sala: el caso Eugenio Berríos, el científico chileno colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, asesinado en Parque del Plata.
Bonomi recordó cuando Abreu fue canciller en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y se produjo la desaparición del científico. Dijo que Abreu certificó ante el Senado una foto y una carta que Berríos había enviado desde Italia donde supuestamente se encontraba en los tiempos en que se presumía que había sido asesinado.
Abreu respondió diciendo que él no había certificado nada como canciller y que en realidad había informado al Senado sobre la situación de Berríos y las investigaciones.
Y añadió que los integrantes del MLN-T no pueden mantenerse aislados del caso Berríos, sobre el cual no debieran hablar, porque en un libro biográfico del ex tupamaro Jorge Zabalza se relata que los militares que secuestraron a Berríos lo escondieron hasta asesinarlo en una casa del MLN-T en Parque del Plata.
El País Digital
Evalúan nuevas fuentes de trabajo ante cierre de fábrica de Alpargatas en Soriano
Directivos de la Fábrica Argentina de Alpargatas le anunciaron ayer al sindicato el cierre definitivo de Janka, la planta industrial de Dolores (Soriano).
A partir de hoy, la fábrica dejó de funcionar en Uruguay, por lo que 110 obreros se quedaron sin trabajo ( ver nota aparte ).
Ante esta situación, el diputado oficialista por el departamento de Soriano Roque Arregui inició gestiones a nivel de gobierno y de la Corporación Nacional para el Desarrollo para buscar fuentes alternativas de trabajo para esos obreros.
Arregui dijo a EL PAÍS digital que se reunió hoy con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y el director de esa cartera, Luis Romero. Quedaron en que este sábado concurrirá a la fábrica, junto con los trabajadores, un representante del Ministerio para luego discutir una solución que no deje desempleados a los obreros.
La empresa no desmantelaría la planta pero aún resta saber si va a mantener la maquinaria. Según Arregui, directivos de la fábrica vendrían a Uruguay el 15 de mayo, pero el diputado no descartó adelantar los contactos entre las partes para arribar más rápido a una solución.
El legislador indicó que las posibilidades que se manejan son: que los trabajadores, a través de una cooperativa, por ejemplo, gestionen la fábrica y se encarguen de la producción; que los ex empleados desarrollen un nuevo emprendimiento; o que se realice una asociación con los directivos de la fábrica.
Arregui también señaló que se reunió con Luis Porto y Rodrigo Goñi, presidente y director, respectivamente, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para evaluar la financiación del nuevo proyecto.
El País DigitalA partir de hoy, la fábrica dejó de funcionar en Uruguay, por lo que 110 obreros se quedaron sin trabajo ( ver nota aparte ).
Ante esta situación, el diputado oficialista por el departamento de Soriano Roque Arregui inició gestiones a nivel de gobierno y de la Corporación Nacional para el Desarrollo para buscar fuentes alternativas de trabajo para esos obreros.
Arregui dijo a EL PAÍS digital que se reunió hoy con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y el director de esa cartera, Luis Romero. Quedaron en que este sábado concurrirá a la fábrica, junto con los trabajadores, un representante del Ministerio para luego discutir una solución que no deje desempleados a los obreros.
El legislador indicó que las posibilidades que se manejan son: que los trabajadores, a través de una cooperativa, por ejemplo, gestionen la fábrica y se encarguen de la producción; que los ex empleados desarrollen un nuevo emprendimiento; o que se realice una asociación con los directivos de la fábrica.
Arregui también señaló que se reunió con Luis Porto y Rodrigo Goñi, presidente y director, respectivamente, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para evaluar la financiación del nuevo proyecto.
Florida: cierre de frigorífico Clademar
Sindicato acuerda cobro de haberes atrasados FLORIDA | ALEXIS TRUCIDO
Los 265 trabajadores del frigorífico Florida (Clademar) mantuvieron un encuentro clave el lunes para poder cobrar la primera parte de los adeudos laborales.
El gremio, encabezado por Sebastián Robinson, activó la negociación al conocerse en la noche del domingo que se incautó un vehículo propiedad de la empresa.
La incautación fue realizada por la Policía -orden judicial mediante- debido a una demanda judicial por parte de una firma proveedora de productos que no fue mencionada.
Paralelamente, los trabajadores también tienen en trámite otra demanda a causa del no pago de las retenciones realizadas en el salario de los trabajadores con empresas financieras.
Hace una semana los propietarios de la planta y el gremio llegaron a una conciliación para pagar adeudos y desocupar la planta.
Según el acuerdo, Clademar comenzó a pagar a cada trabajador $11.000 por concepto de adelanto de la liquidación de licencias y salario vacacional generados durante el año 2009, y el aguinaldo generado del 1º de junio de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2010.
El resto de la deuda total (cerca de US$ 250.000) deberá abonarse en 30 días, tiempo por el cual la planta permanecerá ocupada por al menos 10 trabajadores, hasta que se complete el pago.
El director de Clademar, Carlos Carneiro, dijo que se concilió el pago y que se extenderá a todos los trabajadores en los próximos días.
Carneiro aseguró que los pagos pendientes "tendrán solución". El directivo afirmó que el cierre "es definitivo". Por su parte, Robinson indicó que la planta puede pasar a remate, y que "sólo desocuparán cuando no haya nada que reclamarle a la empresa".
Los 265 trabajadores del frigorífico Florida (Clademar) mantuvieron un encuentro clave el lunes para poder cobrar la primera parte de los adeudos laborales.
El gremio, encabezado por Sebastián Robinson, activó la negociación al conocerse en la noche del domingo que se incautó un vehículo propiedad de la empresa.
La incautación fue realizada por la Policía -orden judicial mediante- debido a una demanda judicial por parte de una firma proveedora de productos que no fue mencionada.
Paralelamente, los trabajadores también tienen en trámite otra demanda a causa del no pago de las retenciones realizadas en el salario de los trabajadores con empresas financieras.
Según el acuerdo, Clademar comenzó a pagar a cada trabajador $11.000 por concepto de adelanto de la liquidación de licencias y salario vacacional generados durante el año 2009, y el aguinaldo generado del 1º de junio de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2010.
El resto de la deuda total (cerca de US$ 250.000) deberá abonarse en 30 días, tiempo por el cual la planta permanecerá ocupada por al menos 10 trabajadores, hasta que se complete el pago.
El director de Clademar, Carlos Carneiro, dijo que se concilió el pago y que se extenderá a todos los trabajadores en los próximos días.
Carneiro aseguró que los pagos pendientes "tendrán solución". El directivo afirmó que el cierre "es definitivo". Por su parte, Robinson indicó que la planta puede pasar a remate, y que "sólo desocuparán cuando no haya nada que reclamarle a la empresa".
El País Digital
A nacionalizar, que las fabricas son de Pedro, Maria y Jose...
A nacionalizar, que las fabricas son de Pedro, Maria y Jose...
Fibratex: gremio pedirá al gobierno que compre la planta industrial
Crisis textil. Desde hoy deja de trabajar la planta de alpargatas de Dolores D. FERREIRA/ H. RAMÍREZ
Los obreros de Fibratex solicitarán hoy al gobierno que compre el local de la fábrica, ya adquirido en septiembre por un grupo empresarial. El gremio textil, que ocupa la planta hace siete meses, se reúne hoy con los ministros de Trabajo e Industria.
Mientras Fibratex, fábrica cerrada desde hace meses, empuja para forzar la reapertura, otras empresas sucumben frente a la crisis en la industria textil. Tal es el caso de Janka, la filial de Dolores de la Fábrica Argentina de Alpargatas, que cierra sus puertas a partir de hoy.
En cuanto a Fibratex, un grupo de trabajadores se reunirá hoy con los ministros de Trabajo Eduardo Brenta, y de Industria Roberto Kreimerman, para analizar salidas que permitan la reactivación de esta fábrica, ocupada por los obreros desde el 18 de septiembre. Ambas partes ya se reunieron el último lunes para abordar la difícil situación de otras dos textiles: Agolán y Paylana.
En el encuentro de hoy, los trabajadores plantearán al gobierno la re-compra del edificio de Fibratex, el cual fue adquirido por el grupo empresarial Manhard en septiembre pasado por US$ 2.050.000, previo pago de una seña de US$ 600.000.
La reunión se dará horas antes de una instancia judicial en la que se definiría la suerte que correrá el local de Fibratex. "La jueza está esperando la respuesta del Poder Ejecutivo con respecto a si se escritura (el local) como marca la ley, si República-Afisa lo recompra o negocia con el comprador", indicó la secretaria general del COT, Graciela López.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen la ocupación. La medida se inició tras la compra del local por parte de Manhard en un remate que no incluía la maquinaria. Con ello, se incumplió un compromiso asumido previamente por el gobierno para que el predio y la maquinaria fueran rematados como unidad productiva.
Incluso, se preveía que "el Banco República (BROU) iba a comprar el edificio y la maquinaria" salvo que apareciese "un oferente en el remate que diera más que lo que el BROU estaba dispuesto" a ofertar, explicó López. Pero eso no sucedió y Manhard, propietario de Chic Parisien entre otras firmas, se hizo con la fábrica. En tanto, la maquinaria fue adquirida por el Banco República.
El COT insiste en que las dimensiones de las máquinas hacen imposible mudarlas a otro local, como ha propuesto el gobierno en estos meses.
Ayer, los trabajadores de Fibratex recibieron en la planta a algunos legisladores tras convocarlos para informarles sobre las negociaciones con el Ejecutivo. A la invitación concurrieron los diputados Gustavo Bernini y Jorge Pozzi (Frente Amplio), Daniel Bianchi (Partido Colorado) y el edil de Colonia Gabriel Gabbiani. Los legisladores reiteraron que el compromiso pasa por la recuperación de la fábrica.
Alpargatas. En tanto, directivos de la Fábrica Argentina de Alpargatas anunciaron al sindicato el cierre definitivo de Janka, la planta industrial de Dolores a partir de hoy; el cierre dejará a 110 obreros sin trabajo.
El integrante del gremio de Janka, Carlos Techeira, afirmó ayer que se los citó a una reunión con gerentes de Argentina que vinieron a la planta para comunicar que a partir de hoy "la empresa estará cerrada, igual que la planta industrial".
Según Techeira el argumento planteado es que "quieren centralizar todo allá y cerrar estas plantas".
Las autoridades les dejaron en claro que en un plazo de 10 días se realizará la liquidación de haberes de los obreros despedidos, para luego pasar los empleados al seguro de paro.
La noticia fue una total sorpresa para el sindicato "porque veníamos hoy (por ayer) de entrar de la licencia, luego de hacer horas extras, produciendo algo que ellos querían, que necesitaban y resulta que luego de estar haciendo eso un mes atrás y salir de licencia tranquilos, recibimos esta mala noticia", dijo Techeira.
Entre los trabajadores generó molestia que las autoridades comunicaran la noticia a los operarios del turno de la tarde y no a todos. Eso llevó a que los de la mañana se tuvieran que enterar por sus compañeros o por la prensa local.
El diputado Roque Arregui (FA) expresó ayer que se comunicó con el Ministerio de Trabajo por este tema y ya concretó una entrevista. "Vamos a seguir en contacto directo porque no solamente se trata del pago del despido, hay que ver las posibilidades de solución laboral o alguna otra fórmula por lo cual la reunión con el ministerio pasa a ser muy importante. Sabemos del interés de los trabajadores de continuar trabajando, existe realmente mucha preocupación en el tema", dijo Arregui.
El diputado colorado José Amy, que se reunió con los representantes de Janka, dijo que la empresa no desmantelará la planta, con lo cual podría haber alguna solución que permita a los obreros continuar explotando su fuente laboral.
"Existe la posibilidad de que con muchísimo criterio y ponderación se pueda manejar algún proyecto de tercerizar algunas cosas pero siempre en un ámbito de mucha reserva, cautela y sin generar expectativas", apuntó Amy. La empresa "está abierta a propuestas, por lo que hay que aprovecharlas y hacerlas viables", concluyó Amy.
Los obreros de Fibratex solicitarán hoy al gobierno que compre el local de la fábrica, ya adquirido en septiembre por un grupo empresarial. El gremio textil, que ocupa la planta hace siete meses, se reúne hoy con los ministros de Trabajo e Industria.
Mientras Fibratex, fábrica cerrada desde hace meses, empuja para forzar la reapertura, otras empresas sucumben frente a la crisis en la industria textil. Tal es el caso de Janka, la filial de Dolores de la Fábrica Argentina de Alpargatas, que cierra sus puertas a partir de hoy.
En cuanto a Fibratex, un grupo de trabajadores se reunirá hoy con los ministros de Trabajo Eduardo Brenta, y de Industria Roberto Kreimerman, para analizar salidas que permitan la reactivación de esta fábrica, ocupada por los obreros desde el 18 de septiembre. Ambas partes ya se reunieron el último lunes para abordar la difícil situación de otras dos textiles: Agolán y Paylana.
La reunión se dará horas antes de una instancia judicial en la que se definiría la suerte que correrá el local de Fibratex. "La jueza está esperando la respuesta del Poder Ejecutivo con respecto a si se escritura (el local) como marca la ley, si República-Afisa lo recompra o negocia con el comprador", indicó la secretaria general del COT, Graciela López.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen la ocupación. La medida se inició tras la compra del local por parte de Manhard en un remate que no incluía la maquinaria. Con ello, se incumplió un compromiso asumido previamente por el gobierno para que el predio y la maquinaria fueran rematados como unidad productiva.
Incluso, se preveía que "el Banco República (BROU) iba a comprar el edificio y la maquinaria" salvo que apareciese "un oferente en el remate que diera más que lo que el BROU estaba dispuesto" a ofertar, explicó López. Pero eso no sucedió y Manhard, propietario de Chic Parisien entre otras firmas, se hizo con la fábrica. En tanto, la maquinaria fue adquirida por el Banco República.
El COT insiste en que las dimensiones de las máquinas hacen imposible mudarlas a otro local, como ha propuesto el gobierno en estos meses.
Ayer, los trabajadores de Fibratex recibieron en la planta a algunos legisladores tras convocarlos para informarles sobre las negociaciones con el Ejecutivo. A la invitación concurrieron los diputados Gustavo Bernini y Jorge Pozzi (Frente Amplio), Daniel Bianchi (Partido Colorado) y el edil de Colonia Gabriel Gabbiani. Los legisladores reiteraron que el compromiso pasa por la recuperación de la fábrica.
Alpargatas. En tanto, directivos de la Fábrica Argentina de Alpargatas anunciaron al sindicato el cierre definitivo de Janka, la planta industrial de Dolores a partir de hoy; el cierre dejará a 110 obreros sin trabajo.
El integrante del gremio de Janka, Carlos Techeira, afirmó ayer que se los citó a una reunión con gerentes de Argentina que vinieron a la planta para comunicar que a partir de hoy "la empresa estará cerrada, igual que la planta industrial".
Según Techeira el argumento planteado es que "quieren centralizar todo allá y cerrar estas plantas".
Las autoridades les dejaron en claro que en un plazo de 10 días se realizará la liquidación de haberes de los obreros despedidos, para luego pasar los empleados al seguro de paro.
La noticia fue una total sorpresa para el sindicato "porque veníamos hoy (por ayer) de entrar de la licencia, luego de hacer horas extras, produciendo algo que ellos querían, que necesitaban y resulta que luego de estar haciendo eso un mes atrás y salir de licencia tranquilos, recibimos esta mala noticia", dijo Techeira.
Entre los trabajadores generó molestia que las autoridades comunicaran la noticia a los operarios del turno de la tarde y no a todos. Eso llevó a que los de la mañana se tuvieran que enterar por sus compañeros o por la prensa local.
El diputado Roque Arregui (FA) expresó ayer que se comunicó con el Ministerio de Trabajo por este tema y ya concretó una entrevista. "Vamos a seguir en contacto directo porque no solamente se trata del pago del despido, hay que ver las posibilidades de solución laboral o alguna otra fórmula por lo cual la reunión con el ministerio pasa a ser muy importante. Sabemos del interés de los trabajadores de continuar trabajando, existe realmente mucha preocupación en el tema", dijo Arregui.
El diputado colorado José Amy, que se reunió con los representantes de Janka, dijo que la empresa no desmantelará la planta, con lo cual podría haber alguna solución que permita a los obreros continuar explotando su fuente laboral.
"Existe la posibilidad de que con muchísimo criterio y ponderación se pueda manejar algún proyecto de tercerizar algunas cosas pero siempre en un ámbito de mucha reserva, cautela y sin generar expectativas", apuntó Amy. La empresa "está abierta a propuestas, por lo que hay que aprovecharlas y hacerlas viables", concluyó Amy.
El País Digital
Informaciones sobre la asociacion ilicita para delinquir que asola al pais
Informaciones sobre la asociacion ilicita para delinquir que asola al pais
Armada: más citaciones y careo con un almirante
Irregularidades. La jueza Gatti retoma las investigaciones La Justicia retomará la próxima semana las audiencias en el marco de las investigaciones por los fraudes en la Armada. La jueza Graciela Gatti citó a varios marinos y proveedores navales presuntamente implicados en la simulación de compras.
Entre los citados para el próximo miércoles 10 de mayo se encuentra el almirante Manuel Burgos, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y actual comandante de la Flota Naval, quien ya declaró por estos hechos en diciembre de 2010.
A pedido de la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero, la jueza Graciela Gatti someterá a Burgos a un careo con el capitán de navío Gerardo Feble, ex jefe de Logística de la Armada quien está en prisión desde agosto de 2010, cuando fue procesado junto a otros tres oficiales, entre ellos, el ex comandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio.
Para el próximo 2 de mayo también fueron citados otros oficiales navales así como varios proveedores de la fuerza presuntamente implicados en las maniobras, según dijeron fuentes del caso a El País.
La jueza Gatti y la fiscal Ferrero indagan un total de 18 compras que fueron registradas por la Armada, aunque en realidad los implementos supuestamente adquiridos nunca ingresaron a la fuerza. Los oficiales enjuiciados el año pasado fueron responsabilizados por simular la compra de una grúa y un banco de pruebas para motores por US$ 600 mil.
Las magistradas tienen a su cargo otras indagatorias por presuntas irregularidades en la Armada respecto al uso de vales de combustible, contratos en el Dique y Astillero de la Armada y el manejo de dinero proveniente de Naciones Unidas.
La magistrada, a pedido de los marinos procesados, analiza la posibilidad de unificar todos los expedientes, de forma de investigar todas las presuntas irregularidades bajo un mismo y único caso.
La fiscal Ferrero ya se pronunció a favor de reunir todas las investigaciones en una sola causa. Resta conocer la visión de su colega Ricardo Perciballe quien tiene a su cargo varios de los expedientes y algunos abogados defensores.
Luego de los próximos careos e interrogatorios, la fiscal Ferrero decidirá si pide nuevos procesamientos, tanto de oficiales de la Armada como de proveedores navales.
Entre los citados para el próximo miércoles 10 de mayo se encuentra el almirante Manuel Burgos, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y actual comandante de la Flota Naval, quien ya declaró por estos hechos en diciembre de 2010.
A pedido de la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero, la jueza Graciela Gatti someterá a Burgos a un careo con el capitán de navío Gerardo Feble, ex jefe de Logística de la Armada quien está en prisión desde agosto de 2010, cuando fue procesado junto a otros tres oficiales, entre ellos, el ex comandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio.
Para el próximo 2 de mayo también fueron citados otros oficiales navales así como varios proveedores de la fuerza presuntamente implicados en las maniobras, según dijeron fuentes del caso a El País.
Las magistradas tienen a su cargo otras indagatorias por presuntas irregularidades en la Armada respecto al uso de vales de combustible, contratos en el Dique y Astillero de la Armada y el manejo de dinero proveniente de Naciones Unidas.
La magistrada, a pedido de los marinos procesados, analiza la posibilidad de unificar todos los expedientes, de forma de investigar todas las presuntas irregularidades bajo un mismo y único caso.
La fiscal Ferrero ya se pronunció a favor de reunir todas las investigaciones en una sola causa. Resta conocer la visión de su colega Ricardo Perciballe quien tiene a su cargo varios de los expedientes y algunos abogados defensores.
Luego de los próximos careos e interrogatorios, la fiscal Ferrero decidirá si pide nuevos procesamientos, tanto de oficiales de la Armada como de proveedores navales.
El País Digital
