Poner fin a la impunidad en Uruguay - COMUNICADO
Este martes 12 de abril a partir de las 9 y 30 horas convocamos a todos a concurrir al Palacio Legislativo a presenciar en las barras y escuchar en la explanada del Palacio, la sesión del Senado que trata el Proyecto Interpretativo de la Ley de CaducidadSe colocará un escenario en donde se desarrollarán diversos espectáculos artísticos y se amplificará la sesión con audio en los alrededores del Palacio.
Porque el fin de la impunidad en Uruguay es un compromiso de todos, y porque somos todos iguales ante la Ley, vamos a rodear el Palacio Legislativo.
Te esperamos. No faltes
Mesa Permanente Contra la Impunidad
Esquina Montevideo se suma a la convocatoria de la Mesa Permanente Contra la Impunidad para rodear el Palacio Legislativo el próximo martes 12 de abril desde las 09.30 de la mañana, hora en la que está previsto el inicio de la sesión de la Cámara de Senadores que tratará la Ley Interpretativa.
Se trasmitirá por altoparlantes el desarrollo de dicha sesión y en horas de la tarde está prevista la presencia de numerosos artistas populares.
Con la movilización convocada por el PIT-CNT, Crysol, la organización integrada por hijos de desaparecidos, entidades vinculadas a los derechos humanos y movimientos nucleados en las redes sociales, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se apresta aprobar el martes el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad.
Desde la oposición se adelanta que senadores blancos y colorados librarán una dura batalla contra el oficialismo, no sólo por rechazar el proyecto, sino por cuestionar la decisión del FA de no atender los resultados de los plebiscitos.
El senador Jorge Saravia sumará su voto negativo al de la oposición. Si bien los senadores Eleuterio Fernández Huidobro de la CAP- L y Rodolfo Nin Novoa de la Alianza Progresista mantienen su objeción a la iniciativa, ambos sectores decidieron acatar la resolución de la dirección de la izquierda. En el caso de Nin Novoa, se señala que el martes puede reemplazarlo su suplente Gustavo Guarino, quien es partidario de eliminar la norma. El FA tiene asegurados 16 votos en 31 senadores. La discusión en la Cámara alta se produce luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado uruguayo por el "caso Gelman" y las advertencias realizadas por el ministro de la entidad internacional de Derechos Humanos, Alberto Pérez Pérez, quién señaló que el texto interpretativo puede ser un camino "no idóneo" para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. "La sentencia de la Corte Interamericana no exige al Estado uruguayo que declare sin efecto la Ley de Caducidad, sino que aplique la sentencia que dice que esa ley carece de efecto jurídico", precisó el catedrático en la Facultad de Derecho. El debate en la Cámara alta se realizará además en medio de la inquietud reinante de los mandos de las Fuerzas Armadas, la oficialidad y las organizaciones sociales que integran los militares retirados. La preocupación por la eventualidad de que se produzca un desfile masivo de militares por los juzgados ha sido un tema recurrente en las conversaciones mantenidas por los comandantes con el presidente José Mujica, y en la reunión que tuvo el mandatario el miércoles 6 de abril con militares retirados. El propio presidente reconoció a LA REPUBLICA que existe un "profundo desasosiego" entre los militares por la eventual aprobación del proyecto interpretativo de la Caducidad.
Ilegitimidad manifiesta
En tanto, la participación que tendrán los militantes del FA durante el debate será definida mañana en la sesión de la Mesa Política. En principio, el partido de gobierno se inclina por promover una masiva concentración en mayo, cuando el proyecto se apruebe en Diputados, y quede sancionada la iniciativa interpretativa que deja sin efecto la Ley de Caducidad. La sesión del Senado se iniciará a la hora 9:30, con el informe en mayoría que realizará el senador Oscar López Goldaracena, quien ocupará la banca del comunista Eduardo Lorier. El abogado querellante en varias causas de derechos humanos defenderá el proyecto interpretativo del FA, por considerar que la ley vigente "presenta ilegitimidad manifiesta, viola la Constitución de la República y carece de valor jurídico alguno", según se expresa en el texto que se pondrá a consideración del plenario. El proyecto del FA apunta a interpretar los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848, aprobada el 22 de diciembre de 1986. Dichos artículos fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009, al no pasar la barrera del 50% de los sufragios emitidos en la elección nacional. Goldaracena fue uno de los promotores de la consulta que planteaba la anulación de esos artículos. "En materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, no existen dos bibliotecas: no es posible convalidar, ni aceptar ninguna ley que impida el acceso a laJusticia. Es un principio inderogable del derecho internacional. El derecho cierra, en este caso, las opciones políticas y el único camino es el de remover la Ley de Caducidad como si la misma nunca hubiera existido", expresó el senador semanas atrás. Por su parte, el miembro informante del Partido Nacional será el senador Francisco Gallinal, quien expresará el rechazo unánime de la bancada blanca al proyecto. "La gran víctima de toda esta situación fue el pueblo uruguayo", dijo Gallinal a radio el Espectador. El legislador consideró que el oficialismo con su postura, "enciende la mecha de una bomba que la va a tirar adentro del Poder Judicial generando toda una suerte de conflictos interminables y por eso creen que esto reabre". Para Gallinal, la decisión del FA "también le está dando pena de muerte a toda posible recolección de firmas o pronunciamiento popular que en el futuro proponga el propio Frente Amplio, porque con esto le pegan una bofetada a los pronunciamientos -que en su momento ellos mismos promovieron- y que ahora no están dispuestos a reconocer". Por su parte, el senador Ope Pasquet de Vamos Uruguay también fustigó al FA por promover el proyecto interpretativo y no ajustarse al resultado de las consultas populares. En el blog "Vamos batllistas" expresó: "Llamar a los ciudadanos a votar y luego, ante el resultado adverso, decir que su voto no importa, es ser desleal para con la democracia y sus instituciones".
Movilización
Entre tanto, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera dijo a LA REPUBLICA que la central sindical junto a la organización Crysol, y movimiento de la redes sociales, se congregarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo el martes, para asistir al debate. Agregó que a las 14:30 horas los integrantes de la "Mesa permanente contra la impunidad" se concentrarán e instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento. Desde el partido de gobierno se estima que independientemente de la resolución que adopte el FA mañana, simpatizantes de la coalición asistirán a las barras.
Fuente: La República
Publicado en Blog Esquina Montevideo
CON EL JUEZ DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ
La “solución general” contra la impunidad
ESCRITO POR: Walter Pernas
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| PEREZ. FOTO: OSCAR BONILLA |
El catedrático de derechos humanos –quien por ser uruguayo no actuó en el caso Gelman– entiende que el Parlamento no debe “interpretar” la ley de caducidad sino aprobar una norma que respalde a la scj en la aplicación de la sentencia contra el Estado, que declara la ley 15.848 incompatible con la Convención Americana. —¿Qué carácter tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
—De acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), la Corte Interamericana es un tribunal, un órgano jurisdiccional. Su sentencia es inapelable y obligatoria; los estados parte se comprometieron a cumplir. Por ello, aunque ciertas medidas complejas lleven su tiempo, hay que cumplirlas.
—¿Desde qué momento un Estado se obliga a cumplir con la sentencia?
—Se obliga desde que pasa a ser parte del tratado. Uruguay firmó en 1969. Fue aprobado por el Parlamento en 1985 y ratificado unos días después, para entrar en vigencia en abril de ese año. Desde entonces Uruguay nunca había tenido un caso contencioso; este es el primero en el que se dicta sentencia.
—El caso llevado a la Corte es el de la desaparición forzada de María Claudia García, madre de Macarena y nuera del escritor Juan Gelman. Pero el fallo excede el caso específico de los demandantes…
—El Estado reconoció la mayor parte de los hechos, los anteriores al 1 de marzo de 1985. La Corte Interamericana pudo haberse quedado con ese reconocimiento y no avanzar más. Pero al votarse el 22 de diciembre de 1986 la ley de impunidad, Uruguay tuvo obstáculos jurídicos muy importantes para que se pudiera investigar y eventualmente sancionar a los responsables, y entre otras cosas, encontrar los restos de los desaparecidos. La Corte se plantea que hay otros casos análogos para los cuales se constituyen obstáculos… La fundamentación es para todos, la declaración de incompatibilidad de la ley de caducidad con las obligaciones internacionales es para todos.
—Hoy el ex presidente Julio María Sanguinetti dice que nadie cumple los fallos de la Corte Interamericana. ¿Qué opina usted?
—Me da mucha pena; Sanguinetti es un hombre muy inteligente, no creo que haya estudiado bien este tema, o de lo contrario está diciendo cosas en contra de lo que sabe, lo que sería peor…
—¿Los estados cumplen?
—Los fallos de la Corte Interamericana, en la gran mayoría de los casos se cumplen, y hay un mecanismo muy detallado de supervisión del cumplimiento, que es muy útil. La Corte no tiene policía, alguacil, ni ejército; lo máximo que puede hacer políticamente es informarle a la Asamblea General de la oea que hay un Estado que no cumple y lo que allí pase dependerá de circunstancias políticas…
—¿Qué pasa con el Estado que no cumple?
—El Estado que no cumple pasa vergüenza, pero la mayoría de los estados que han tenido sentencias en contra han ido desarrollando internamente instituciones, oficinas, asesores que les indican cómo cumplir con los fallos, que a veces son bastante complejos.
Además hay jurisprudencia reciente, por ejemplo en Panamá, donde la Corte Suprema de ese país sostuvo en una resolución que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, representan el derecho que debe ser aplicable en el país.
—¿Los fallos para situaciones de alguna manera similares a la de Uruguay se cumplieron?
—Sí, tanto Perú como Chile han ido cumpliendo; y Brasil, que tuvo sentencia el año pasado, presenta problemáticas más complejas por cuestiones de diferencias internas en el gobierno, que acaba de cambiar, pero hay plazo para que cumplan y se va a ir por ese camino.
—La sentencia de la Corte Interamericana señala que la ley de caducidad “carece de efectos jurídicos”. Esta decisión cae en medio de un debate político y semántico sobre si “anular”, “derogar”, “inaplicar”, “interpretar”. ¿Cómo cree que repercutirá este enunciado en la discusión política interna?
—Yo creo que esta sentencia sacó el tema del debate político en Uruguay. Es una decisión jurisdiccional obligatoria, que además es declaración de cuál es el derecho; entonces no tenemos que ponernos a discutir internamente si tiene o no tiene efectos, porque la sentencia dice claramente que la ley carece de efectos jurídicos.
—¿Pero esto implica que la ley no tiene efectos jurídicos desde el momento en que fue aprobada?
—Sí, la incompatibilidad con la Convención Americana existe desde ese momento porque la ley nació cuando Uruguay ya era parte del Pacto de San José. Lo que hay que ver ahora es cómo se cumple la sentencia en el país.
—Usted subtituló la conferencia que dio el miércoles 30 en la Universidad “Aplicación directa y prevalente del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno”. ¿Cómo se recorre ese camino?
—A mí me parece que estos temas están resueltos, aunque rara vez fueron aplicados los mecanismos que ofrece el artículo 239, ordinal 1, de la Constitución, que establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia. La parte que dice que debe conocer “en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros estados” no se ha aplicado.
—¿Y para usted eso qué implica?
—Para mí quiere decir que, si el tema del proceso es el tratado mismo, la que debe intervenir es la scj. ¿El tratado existe, es válido, es eficaz, no es eficaz porque hay una ley interna que aparentemente se opone? Eso es lo que, a mi entender, tendría que poder resolver la Suprema Corte.
—¿Usted quiere decir que la scj es la que tiene competencia para aplicar directamente el tratado?
—Sí, y además eso implica reconocer la superioridad del derecho internacional, porque decir “tenemos un tratado” pero el día que queremos no lo cumplimos, sería aplicar la “doctrina Sanguinetti”, que no va de acuerdo al derecho internacional.
—La scj ya ha señalado en la sentencia del caso Nibia Sabalsagaray –por la que se declaró inconstitucional la ley de caducidad– que el derecho internacional de los derechos humanos tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 72 de la Carta…
—Eso está muy bien y es importante para asegurarle el rango constitucional al tratado, pero así se está señalando que vale en función del artículo 72 como camino específico para la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Y esto vale para el caso concreto, no tiene carácter general. Pero si lo resolvemos a través de las competencias de la scj asignadas por el artículo 239, allí no hay nada que señale la validez para el caso concreto…
—¿Podría haber una decisión de carácter general?
—Habrá que ver las circunstancias, pero si acá tenemos un pronunciamiento de la Corte Interamericana que señala a la ley de caducidad como manifiestamente incompatible con la Convención Americana, significaría que hay que tomar un pronunciamiento judicial que tenga el mismo efecto del tipo que tienen los países donde existen tribunales constitucionales especiales. Éstos hacen lo que se llama un control abstracto (porque no se refiere a un caso concreto sino a la ley, independientemente de cualquier situación de aplicación), y lo que resuelven es de validez general.
—La Corte Interamericana habla del “control de convencionalidad”, para verificar si las leyes internas están o no en sintonía con la Convención Americana. Dice que el Estado lo debe cumplir de oficio, pero ¿cómo se debería aplicar este control en Uruguay?
—El problema es saber si algo que nunca se aplicó, la scj lo va a empezar a aplicar en un caso de tanta notoriedad como éste. Por ello hay que ayudar en ese sentido.
—¿Cómo?
—La scj puede tener dudas de si puede o no actuar por sí sola, y entonces podría esperar a que alguien le plantee el problema para actuar… Por ello sería buena una ley interpretativa y en parte reglamentaria que estableciera que la scj debe intervenir en casos como este, en función del artículo 239, ordinal 1. Debería expresar que cuando exista una sentencia de un tribunal internacional y deba ser cumplida internamente, que hable de incompatibilidad con las obligaciones internacionales, de cuestiones relativas a tratados, el Poder Ejecutivo –el Ministerio de Relaciones Exteriores– comunicará a la scj a los efectos de que asuma la competencia constitucional.
De esa manera se le daría un respaldo político muy importante y se saldría del brete respecto de qué hace el Poder Legislativo luego de un plebiscito en el que no alcanzaron los votos para anular la ley.
—Usted habla de un problema intrínsecamente político.
—Es que no se puede decir que se está interpretando la ley de caducidad, cuando lo que se interpreta es que no vale. Si esto se hace por esa vía, no se le dará seguridad a los jueces, y cada uno podrá resolver según entienda. No es una solución general, y además, seguramente esta nueva ley que se apruebe será objeto de recursos de inconstitucionalidad que deberá resolver la propia scj. No hay necesidad de eventualmente dividir a una Corte que hoy es unánime en señalar que la ley de caducidad es inconstitucional.
A la scj –que ya ha señalado que los derechos humanos no son objeto de decisiones de mayorías– hay que apoyarla para que pueda resolver el asunto con carácter general, aplicando lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana.
Semanario Alternativas
Último Momento
Dos supermercados Devoto ocupados en Las Piedras
En medio de la negociación salarial, empleados de dos supermercados Devoto en Las Piedras impiden el ingreso de clientes y mercadería a los locales, según afirmó a EL PAÍS digital el dirigente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) Favio Riverón.
Sobre la media noche fue ocupado el local principal, ubicado sobre la Ruta 5, y el segundo local fue ocupado sobre las 7 de la mañana.
"La idea es dejar ingrear al local al personal que desee hacerlo y el impedimento es al ingreso de mercadería y clientes", aseguró Riverón.
Fuecys exige el pago de un salario mínimo de $ 9.600, retroactivo al 1° de enero pasado. Los empresarios ofrecieron pagar esa cifra a partir del 1° de julio próximo, luego de una propuesta inicial que la fijaba para enero de 2012.
Sobre las 15 horas realizarán una asamblea donde resolverán la continuidad o no de las medidas.
El País Digital
Bloquearon planta de silos en cooperativa de Young
Soja. Sindicato amenaza extender medida a todo el litoral Young | DANIEL SOSA VIGNOLO
El sindicato de la cooperativa agraria Copagran bloquearon la entrada de la planta de Young, hecho que podría extenderse a las otras nueve filiales que operan en el litoral del país.
La empresa decidió cerrar las puertas de su planta ante el anuncio de que la misma sería tomada por el sindicato, que igual bloqueó el acceso al lugar.
"Hemos realizado la medida de fuerza tras demandas salariales, de mejora en el manejo de productos tóxicos y mejoras por antigüedad", dijo a El País Waldemar Paz, presidente del sindicato.
Dentro de la planta en Young quedaron un directivo y un gerente, quienes permanecerán allí hasta que se levante la ocupación o se expida el Consejo de Salarios el jueves próximo.
"Es una medida descabellada e irracional, tomada por un gremio dividido, pues el personal administrativo trabajó sin ningún problema", precisó el presidente de la filial Young de la cooperativa Copagran, Alejandro Nin Elorza.
El dirigente dijo a El País que los perjuicios "son enormes, en pleno pico de cosecha de soja competimos con otras plantas de empresas multinacionales no agremiadas".
"No podemos entregar la ración a los productores lecheros que diariamente requieren del insumo y además se perjudican fuentes laborales de todo el sector al que Copagran está afectada", acotó.
Nin Elorza recordó que Copagran es una cooperativa de productores "llanos y rasos, no somos ninguna patronal, hemos dado una recuperación salarial de un 37%, y no debemos olvidar que en 2005 teníamos un dólar a $ 28 y ahora está a $ 18,80, moneda en la que vendemos nuestra producción".
Solo en el día de ayer Copagran Young no pudo recibir cerca de un centenar de camiones de soja, grano que está en su punto más elevado de cosecha de la actual zafra.
Por su parte la gremial demanda un 20% de mejora por trabajo en nocturnidad, y mejoras por trabajo en la altura, por antigüedad y por manipulación de venenos, "siempre teniendo en cuenta que un obrero gana $ 330 en la mano por jornal realizando trabajo físico en esas 7 horas", dijo Paz.
Los obreros apostados en carpas a las puertas de la planta de silos puntualizaron que tras siete negociaciones en los consejos de salarios no arribaron a ninguna mejora. "Vamos a paralizar todas las plantas de recibos de cereales agremiadas en todo el país, y si es necesario ya tenemos acordado también trabar los granos que arriben al puerto", afirmó Paz.
Estas mediadas adoptadas en las planas de silos del litoral en la cooperativa Copagran, coinciden con el conflicto que está llevando adelante el Sindicato Unico de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), que está trancando las cosechas.
Los productores advirtieron que ante estas medidas se corre riesgo de no poder cumplir con los contratos.
El País Digital
Comentario:
Al final Saravia tenia razon...
un entrenamiento anti-Intifada, o seguir criando
cuervos
Con toda firmeza. La incursión fue ante la ola de delitos en la zona. De La Republica
Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
El que va poniendo la orden del dia
Por unanimidad, la Asamblea General aprobó ayer los acuerdos alcanzados en la comisión bicameral sobre seguridad pública y adolescentes infractores, y se resolvió que todos ellos se conviertan en ley antes del 31 de mayo. Unidad Nacional, el sector liderado por Luis Alberto Lacalle, resolverá la semana que viene si se suma o no a la campaña de recolección de firmas para aplicar, a partir de los 16 años, el régimen penal adulto.
La Diaria
Sesión. El FA propondrá como excepción el mantenimiento de los antecedentes.A través del miembro informante Julio Bango, el Frente Amplio comprometió su respaldo a estas iniciativas a los efectos de que sean sancionadas en el Parlamento en un plazo no mayor al 31 de mayo.
Luego de más de cuatro horas de deliberación, ayer la Asamblea General también se pronunció favorablemente, por la unanimidad de 105 votos, y de los legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, y Partido Independiente, para conformar una Comisión de Seguimiento del nuevo órgano desconcentrado del INAU (Comisión Delegada) a crearse por ley con el objetivo de que el Parlamento pueda tener una vinculación permanente con el proceso de desarrollo de implementación del mencionado Instituto. La deliberación, en tono civilizado pero no exenta de momentos de confrontación en el intento de "pasarse facturas" sobre las responsabilidades de la inseguridad pública, y aun de otros temas ajenos al tema en cuestión, y por la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado, fue precedido de un momento especial: el senador Eleuterio Fernández Huidobro (Frente Amplio) pidió un minuto de silencio ante el fallecimiento del subsecretario de Defensa Nacional, Gabriel Castellá. Posteriormente, durante la sesión, el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori informaba que se tributarían a Castellá honores de Secretario de Estado (ver página 4). En otro punto de suma importancia, el miembro informante, Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en el que se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos (ver nota aparte). Los cambios a promoverse también contienen la disposición que establece que en el marco del proceso judicial al menor infractor, la ausencia de un informe del INAU establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, no impide el dictado de sentencia. Asimismo "se analizará la oportunidad y conveniencia de limitar la discrecionalidad judicial en la imposición de sanciones, mediante el establecimiento de mínimos y máximos para las distintas infracciones"
Desde el oficialismo, Jorge Orrico señaló que "se está estigmatizando a los jóvenes".
"Yo estoy en contra de esta rebaja de la edad de imputabilidad, en primer lugar, porque la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13 años, y así está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia", agregó.
Señaló que no se conoce la cantidad de jóvenes entre 16 y 18 años que delinquen, y convocó a tener una mirada estratégica.
El legislador Aníbal Pereyra (Espacio 609) dijo: "Todos sabemos que a partir de los 13 años los ciudadanos de este país son responsables de sus actos y tienen que actuar como tal". "Lo que se está proponiendo es bajar la edad para que la Justicia ordinaria actúe a partir de los 16 años", y manifestó que "esa solución, que puede estar en la firma que se estampe, "recién la va a tener para el 2015, y en realidad, mi preocupación es el hoy".
El diputado Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia cuando "se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos de rapiña, secuestro, copamiento, violación, y homicidio doloso".
EL NIETO 102 RECUPERADO POR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
Ezequiel trabajaba en la Fuerza Aérea cuando confirmó que era hijo de desaparecidos. Después de oponerse a los análisis de ADN, habla del encuentro con su familia. Hoy dice que su objetivo es “sumar”.
Por Victoria Ginzberg
Pagina 12
Por Juan Carlos Tizziani
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Al final Saravia tenia razon...
un entrenamiento anti-Intifada, o seguir criando
cuervos
viernes 8 de abril de 2011
despliegue policial
POR AIRE Y TIERRA. 60 POLICÍAS APOYADOS POR UN HELICÓPTERO ENTRARON A DOS ASENTAMIENTOS; 38 PRESOS
Impresionante despliegue policial en barrio Chacarita de los Padres
En un eficaz operativo policial concretado ayer de mañana en la zona de Chacarita de los Padres, cerca del kilómetro 12,500 de Camino Maldonado, próxima al domicilio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fueron detenidas 38 personas.
Con toda firmeza. La incursión fue ante la ola de delitos en la zona.
En el impactante despliegue, que abarco asentamientos ubicados a ambos lados del aludido camino, intervinieron más de medio centenar de funcionarios de distintas dependencias de la jefatura capitalina.
Entre los demorados se encuentran cinco menores de edad. Además, los efectivos allanaron tres viviendas, donde incautaron una importante cantidad de drogas.
Asimismo, fueron incautadas armas de fuego, motos, electrodomésticos y otros objetos, todo producto de robos. Quienes las tenían, ahora tendrán que dar explicación de su procedencia.
Los detenidos se encuentran en distintas dependencias de la Jefatura, donde, obviamente, vienen siendo intensamente interrogados y sometidos a reconocimientos por sus posibles vinculaciones a robos mediante arrebatos, rapiñas y hurtos que fueron cometidos en dicha zona de nuestra capital en lo que va de los últimos meses.
El procedimiento fue directamente supervisado por el titular de la Jefatura, el inspector Walder Ferreira, acompañado de otras jerarquías.
APOYO DE UN HELICÓPTERO
Entre los numerosos uniformados que actuaron, se encontraban miembros de las Guardias de Coraceros y Granaderos, del Plantel de Perros, de las direcciones de Investigaciones, Seguridad y Grupos de Apoyo.
Asimismo, contaron con la colaboración de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Desde el aire oficiales policiales controlaban los movimientos en tierra de sospechosos y los comunicaban a sus colegas para que actuaran con precisión.
El resultado de esta operación, fue puesta en conocimiento de la Justicia competente, la cual resolverá en el correr de las próximas horas sobre la situación de las personas detenidas.
Tal como LA REPUBLICA informó en ediciones pasadas, la zona conocida como La Chacarita de los Padres, ubicada en el kilómetro 12.500 del Camino Maldonado, cruce, entre otros con la calle Rosario, se había tornado en un punto de riesgo extremo por la ola de delitos que por esos lugares se consuman a diario.
El complejo habitacional Juana de América, donde reside el titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, no había escapado al escenario de los delitos.
Se supo que los autores, tras perpetrar los dolos, se cobijaban en viviendas de asentamientos emplazados a ambos lados del camino de mención en el kilómetro aludido.
Ultimados una serie de detalles, el jefe de Policía, Walder Ferreira, instrumentó junto a oficiales a su mando un gran operativo a concretar en ese barrio.
MASIVO DESPLIEGUE
Ayer de mañana, inclusive con órdenes de allanamientos mediante expedidas por la Justicia, sesenta efectivos, de las unidades mencionadas anteriormente se desplegaron sorpresivamente entre las precarias viviendas.
La intervención fue impactante e impresionante, ya que no se había visto un procedimiento de esta naturaleza desde hace mucho tiempo.
En el transcurso del operativo, fueron allanadas tres viviendas. Dos de ellas se confirmó funcionaban como bocas de venta de pasta base. Allí fueron detenidas tres personas e incautada una buena partida de droga.
Simultáneamente, fueron apresadas 38 personas, entre ellas cinco menores. Todas vienen siendo interrogadas sobre sus posibles participaciones en hechos delictivos.
LIBRES
En el correr de la jornada recuperaron la libertad 21 personas, mientras que los restantes 17 permanecieron detenidos a disposición del magistrado de Turno.
Finalmente, luego de diversas actuaciones de la Justicia, estos últimos también recuperaron la libertad.
Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
El que va poniendo la orden del dia
Pedro Bordaberry, ayer, en la Asamblea General. Foto: Javier Calvelo
Arriba las manos
FA cuestionó campaña de recolección de firmas del PC por usar un "tema sensible para sacar rédito electoral".Por unanimidad, la Asamblea General aprobó ayer los acuerdos alcanzados en la comisión bicameral sobre seguridad pública y adolescentes infractores, y se resolvió que todos ellos se conviertan en ley antes del 31 de mayo. Unidad Nacional, el sector liderado por Luis Alberto Lacalle, resolverá la semana que viene si se suma o no a la campaña de recolección de firmas para aplicar, a partir de los 16 años, el régimen penal adulto.
Entre los acuerdos de mayor importancia (ver recuadro) se encuentran la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado y una serie de cambios al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA). Estas propuestas se enviarán en un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que, según acordaron entre todos los partidos, se aprobará antes del 31 de mayo.
-Crear un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que luego de un período de transición, se convertirá en un servicio descentralizado.
-Convertir la actual comisión bicameral en una comisión de seguimiento del nuevo instituto.
-Penar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y analizar la penalización de la tentativa y complicidad de los delitos graves.
-Establecer penas mínimas y máximas para las distintas infracciones.
-Ampliar el plazo para que los jueces dicten sentencia de 60 a 90 días en casos de delitos gravísimos, y aclarar en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que la falta del informe del INAU no impide el dictado de sentencia.El mantenimiento de los antecedentes de los menores cuando pasan a ser mayores de edad también será incluido en dicho proyecto de ley. Según informó ayer el diputado Julio Bango (Partido Socialista, Frente Amplio), presidente de la comisión bicameral, los legisladores del FA presentarán una propuesta para modificar el artículo 222 del Código de la Niñez y Adolescencia y establecer "como excepción el mantenimiento de los antecedentes para el caso de los delitos gravísimos; rapiña, secuestro, homicidio doloso, violación y copamiento". Los asesores jurídicos del FA estudian la posibilidad de que el mantenimiento de los antecedentes sea una facultad del juez al momento de dictar sentencia, y prevén que se puedan mantener, como máximo, por la misma cantidad de tiempo que se penó con privación de libertad a la persona. Luego de ese período, los antecedentes se eliminarán. Según explicó Bango, con esta medida se pretende darle más criterios de evaluación al Ministerio del Interior "al tiempo de proceder a la liberación anticipada de reclusos adultos", que se estima se hará a mediados de año.
La comisión no alcanzó acuerdos en relación al aumento de las penas reclamado por la oposición, ni sobre la aplicación del Código Penal a los adolescentes de 16 años en adelante, reclamo por el que el Partido Colorado (PC) está juntando firmas. "Entendemos que la propuesta es contradictoria, incoherente, inútil e ineficaz para mejorar la seguridad", consideró Bango.
Los colorados defendieron su campaña para reformar la Constitución. "Estamos orgullosos de ser protagonistas y de aportar la herramienta para que las mayorías, que estaban muy tranquilas y pasibles frente a lo que venía pasando, entiendan que la sociedad puede movilizarse", reivindicó el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay, PC), al tiempo que criticó al FA, al Partido Independiente, al sector blanco Alianza Nacional (AN) y al PIT-CNT, que se oponen, porque "le temen a esta instancia". "Nunca se nos ocurrió como partido hacer una contracampaña", dijo en referencia a los contactos que comenzaron entre estos partidos, y recordó que desde 1985 hubo 17 instancias de democracia directa. Para Cardoso: "Están buenas las soluciones [acordadas], pero no alcanza, no van a dar respuesta a los índices de criminalidad". El diputado Aníbal Pereyra (MPP, FA) retrucó que el FA "jamás utilizó estos temas sensibles para querer sacar un rédito electoral". Bango aseguró que el gobierno debe asumir "la imposición del orden interno, la prevención, la disuasión y la represión cuando sea necesaria, pero nunca deberemos perder de vista que para ser realmente eficaces debemos luchar por la eliminación de las fuentes sociales de la explotación, la dominación y la desigualdad".
Luego de la sesión de la Asamblea General, la bancada de legisladores de Unidad Nacional se reunió para tomar postura respecto a si apoyar o no la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado. Según contaron algunos legisladores anoche, la resolución se tomaría la semana que viene, aunque hay varios diputados que quieren manifestarse a favor: Carmelo Vidalín, Ricardo Berois y Nelson Rodríguez. José Carlos Cardoso, en tanto, presentó ayer a Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle un proyecto alternativo a la reforma constitucional pero con el mismo fin.
Cecilia ÁlvarezTodo bien
La comisión bicameral que funcionó desde diciembre del año pasado acordó:-Crear un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que luego de un período de transición, se convertirá en un servicio descentralizado.
-Convertir la actual comisión bicameral en una comisión de seguimiento del nuevo instituto.
-Penar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y analizar la penalización de la tentativa y complicidad de los delitos graves.
-Establecer penas mínimas y máximas para las distintas infracciones.
-Ampliar el plazo para que los jueces dicten sentencia de 60 a 90 días en casos de delitos gravísimos, y aclarar en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que la falta del informe del INAU no impide el dictado de sentencia.
La comisión no alcanzó acuerdos en relación al aumento de las penas reclamado por la oposición, ni sobre la aplicación del Código Penal a los adolescentes de 16 años en adelante, reclamo por el que el Partido Colorado (PC) está juntando firmas. "Entendemos que la propuesta es contradictoria, incoherente, inútil e ineficaz para mejorar la seguridad", consideró Bango.
Los colorados defendieron su campaña para reformar la Constitución. "Estamos orgullosos de ser protagonistas y de aportar la herramienta para que las mayorías, que estaban muy tranquilas y pasibles frente a lo que venía pasando, entiendan que la sociedad puede movilizarse", reivindicó el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay, PC), al tiempo que criticó al FA, al Partido Independiente, al sector blanco Alianza Nacional (AN) y al PIT-CNT, que se oponen, porque "le temen a esta instancia". "Nunca se nos ocurrió como partido hacer una contracampaña", dijo en referencia a los contactos que comenzaron entre estos partidos, y recordó que desde 1985 hubo 17 instancias de democracia directa. Para Cardoso: "Están buenas las soluciones [acordadas], pero no alcanza, no van a dar respuesta a los índices de criminalidad". El diputado Aníbal Pereyra (MPP, FA) retrucó que el FA "jamás utilizó estos temas sensibles para querer sacar un rédito electoral". Bango aseguró que el gobierno debe asumir "la imposición del orden interno, la prevención, la disuasión y la represión cuando sea necesaria, pero nunca deberemos perder de vista que para ser realmente eficaces debemos luchar por la eliminación de las fuentes sociales de la explotación, la dominación y la desigualdad".
Luego de la sesión de la Asamblea General, la bancada de legisladores de Unidad Nacional se reunió para tomar postura respecto a si apoyar o no la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado. Según contaron algunos legisladores anoche, la resolución se tomaría la semana que viene, aunque hay varios diputados que quieren manifestarse a favor: Carmelo Vidalín, Ricardo Berois y Nelson Rodríguez. José Carlos Cardoso, en tanto, presentó ayer a Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle un proyecto alternativo a la reforma constitucional pero con el mismo fin.
La Diaria
Antes del 31 de mayo. Acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General
Se votó el Instituto Penal Adolescente y se sanciona tentativa y complicidad de hurto
La Asamblea General del Poder Legislativo aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Especial que recomendó la creación del Instituto Penal Adolescente y sancionar la tentativa y complicidad del hurto con medidas alternativas, entre otras disposiciones.
Marcelo Márquez Sesión. El FA propondrá como excepción el mantenimiento de los antecedentes.
Luego de más de cuatro horas de deliberación, ayer la Asamblea General también se pronunció favorablemente, por la unanimidad de 105 votos, y de los legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, y Partido Independiente, para conformar una Comisión de Seguimiento del nuevo órgano desconcentrado del INAU (Comisión Delegada) a crearse por ley con el objetivo de que el Parlamento pueda tener una vinculación permanente con el proceso de desarrollo de implementación del mencionado Instituto. La deliberación, en tono civilizado pero no exenta de momentos de confrontación en el intento de "pasarse facturas" sobre las responsabilidades de la inseguridad pública, y aun de otros temas ajenos al tema en cuestión, y por la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado, fue precedido de un momento especial: el senador Eleuterio Fernández Huidobro (Frente Amplio) pidió un minuto de silencio ante el fallecimiento del subsecretario de Defensa Nacional, Gabriel Castellá. Posteriormente, durante la sesión, el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori informaba que se tributarían a Castellá honores de Secretario de Estado (ver página 4). En otro punto de suma importancia, el miembro informante, Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en el que se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos (ver nota aparte). Los cambios a promoverse también contienen la disposición que establece que en el marco del proceso judicial al menor infractor, la ausencia de un informe del INAU establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, no impide el dictado de sentencia. Asimismo "se analizará la oportunidad y conveniencia de limitar la discrecionalidad judicial en la imposición de sanciones, mediante el establecimiento de mínimos y máximos para las distintas infracciones"
En contra de la rebaja de edad
Bango consideró que "el Frente Amplio actuó con espíritu abierto, en un tema en el que es necesario abrir cabezas para encontrar los consensos".Desde el oficialismo, Jorge Orrico señaló que "se está estigmatizando a los jóvenes".
"Yo estoy en contra de esta rebaja de la edad de imputabilidad, en primer lugar, porque la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13 años, y así está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia", agregó.
Señaló que no se conoce la cantidad de jóvenes entre 16 y 18 años que delinquen, y convocó a tener una mirada estratégica.
El legislador Aníbal Pereyra (Espacio 609) dijo: "Todos sabemos que a partir de los 13 años los ciudadanos de este país son responsables de sus actos y tienen que actuar como tal". "Lo que se está proponiendo es bajar la edad para que la Justicia ordinaria actúe a partir de los 16 años", y manifestó que "esa solución, que puede estar en la firma que se estampe, "recién la va a tener para el 2015, y en realidad, mi preocupación es el hoy".
"Poco hicieron"
José Bayardi (VA) reivindicó el accionar del FA en el gobierno desde 2005 "cuando se elevó el Presupuesto del Ministerio del Interior a cifras como nunca estuvo planteadas en el país", y las cifras destinadas en salud, la creación del Mides, y la educación".Lauda el pueblo
Por su parte, la ex ministra del Interior, Daisy Tourné convocó a dejar de lado "la violencia como factor para dirimir los conflictos". "En lugar de expresar nuestras ideas, descalificamos al oponente. En una democracia, cada partido político puede tomar el camino que considere conveniente, y quien lauda quien es el mejor, es el pueblo", sostuvo.Dijo estar en las antípodas de la propuesta de la rebaja de la edad de imputabilidad pero "como dijo aquel sabio 'defenderé con mi vida el derecho a la discrepancia'. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos, me baso en gente que sabe mucho de este tema, y no aprovecho el sentimiento de la población ni el miedo que ha pasado a ser una variable que no puede estar fuera de la consideración de nosotros". Reconoció que "se ha invertido fuertemente en políticas sociales, como ningún otro gobierno tal vez, y sin embargo, como las cosas son complejas y no lineales, en el tema de la inseguridad no hemos obtenido los resultados que esperábamos con esta inversión".El diputado Julio Bango anunció que el Frente Amplio propondrá un proyecto de modificación al artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia cuando "se establece como excepción el mantenimiento de los antecedentes para los casos gravísimos de rapiña, secuestro, copamiento, violación, y homicidio doloso".
Hay 66% de coincidencias con iniciativa de Bordaberry
Pese a que entre oficialismo y oposición se debatió ayer por más de cuatro horas los criterios que deberían adoptarse en materia de seguridad pública y las normas legales a crear y que atiendan a la minoridad infractora, existe en realidad un 66% de concordancias entre lo que se aprobó finalmente en el Parlamento y lo que propone el Partido Colorado en su actual consulta popular. La colorada es la bancada que más debate ofreció ayer durante la sesión de la Asamblea General. El documento sancionado en la víspera y que cuando se analizó en la correspondiente comisión bicameral en materia de seguridad tuvo la aprobación de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, recomienda la creación de un Instituto de Rehabilitación Adolescente con independencia del INAU. En la consulta ciudadana impulsada por los colorados se demanda crear un "Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor". Coincidencia uno entre las dos iniciativas. También ayer se aprobó el mantenimiento de los antecedentes delictivos cuando el menor infractor cumpla la mayoría de edad. Esto se aplicará únicamente en cinco modalidades delictivas consideradas "muy graves": homicidio doloso, violación, secuestro, copamiento y rapiña. El Partido Colorado, en su consulta, también propone "mantener el registro de los antecedentes penales al llegar a los 18 años". Coincidencia dos. En la recolección de firmas se reclama la rebaja de la edad imputable de 18 a 16 años. Esta es la única propuesta en la que no hay coincidencia con lo aprobado ayer en el Parlamento. La Asamblea General Legislativa también aprobó el capítulo contenido en el documento de la Comisión bicameral en el que se pena la tentativa y complicidad de hurto de los menores delincuentes con medidas alternativas a la privación de libertad y se apoyó la propuesta de que la misma Comisión bicameral sea, en el futuro, la responsable de dar seguimiento a la labor de creación del nuevo instituto de rehabilitación. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada recordó ayer que el Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado en 2004, en el gobierno de Jorge Batlle, y que llevó la firma del propio Pedro Bordaberry. "La gente tiene derecho de cambiar de opinión", ironizó el legislador del PI.OPOSICION: AVANCES PERO NO ALCANZA
Desde la oposición, con matices, la postura asumida por los diferentes partidos y sectores fue el de reconocer los avances del acuerdo alcanzado en la Asamblea General aunque considerarlos insuficientes. El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) sostuvo que el INAU en su labor con los menores infractores ha tenido "un fracaso absoluto" que "se viene dando desde hace años, pero ahora se ha agudizado". Desde 1990 a la fecha "las rapiñas se han quintuplicado", y hoy en el orden del 46% son cometidas por menores, por lo que "hay que tener un cambio radical, meter cuchillo a fondo". El colorado Tabaré Viera reivindicó el camino de la consulta popular ante diferentes las críticas recibidas. "Creemos que estamos avanzando pero dando un paso pequeño", evaluó. Desde el Partido Independiente, Iván Posada recordó que la paternidad de este Código de la Niñez, que todos cuestionan y del que "nadie se hace cargo", fue un acuerdo del Partido Colorado y sectores del Partido Nacional.Ampliar la base
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga recordó que hubo iniciativas del PN desde 2006 y valoró el acuerdo alcanzado con el Frente Amplio, del cual, reivindicó que fue uno de los promotores. "Ahora también nos parece una base importante, y tenemos que decirlo en este recinto, este legislador intervino, dialogó con senadores y diputados del Frente Amplio, para ampliar la base de los acuerdos". "El mantenimiento de los antecedentes es un avance importante", dijo. El legislador Alfredo Solari sostuvo que "la mortalidad entre los adolescentes entre 15 y 19 años, y entre los jóvenes de 20 a 24, es más alta, que la mortalidad infantil de menores de un año, y los menores, no solamente son fuente de inseguridad, sino que también son sus principales víctimas". El nacionalista Gustavo Borsari afirmó que "nada va a cambiar si no hay acción del gobierno: no queda más tiempo", enfatizó."EL FRAUDE"
El diputado Germán Cardoso señaló que el Partido Colorado continuará con la campaña de recolección de firmas, cuestionó la "contra campaña" para evitar que prospere el plebiscito, y recordó que el Frente Amplio con el PIT-CNT- apeló a este instrumento desde 1985 en 17 oportunidades. Desde el Partido Nacional, el senador Francisco Gallinal expresó que "en el año 1971 mi Partido se levantó contra el Partido de gobierno, porque recorrió el camino del fraude electoral para tratar de convertir en Presidente de la República a quien no tenía los votos". "¡Pruebelo, pruebelo!", gritaban Amy y Cardoso de Vamos Uruguay. Astori puso orden.EL NIETO 102 RECUPERADO POR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
“Cerré una etapa y abrí otra”
“Lo único que encontré en Abuelas fue contención y calidez”, asegura Ezequiel.
Ezequiel trabajaba en la Fuerza Aérea cuando confirmó que era hijo de desaparecidos. Después de oponerse a los análisis de ADN, habla del encuentro con su familia. Hoy dice que su objetivo es “sumar”.
Por Victoria GinzbergPagina 12
Durante diez años se opuso a que le hicieran una prueba de ADN para establecer si era o no hijo de desaparecidos. Allanaron su casa y se llevaron su ropa, pero eso tampoco dio resultado. Lo pararon en la calle, lo escoltaron al juzgado, le pidieron la remera y otras prendas y entonces sí, se estableció que sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en julio de 1977. La confirmación de esa noticia no se la dio un juez, sino la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Es que Ezequiel Vázquez Sarmiento trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el nieto 102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y es la primera vez que da una entrevista. De hecho, él la propuso. “Quiero agradecer”, explica: “Yo pensaba que querían revancha y venganza y al final nada que ver. Uno después habla con la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí, el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios”.
La particularidad más ostensible del caso de Ezequiel es que al momento de confirmar que era hijo de desaparecidos y durante buena parte de lo que duró el proceso judicial para establecer su identidad, él trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el primer nieto recuperado que es empleado de las Fuerzas Armadas. Su apropiador, un oficial de esa misma fuerza, está prófugo desde 2003. Ezequiel lleva su apellido y no quiere modificar esa situación, al menos por ahora. El no dice apropiador. Dice “mi padre”, o “la persona que considero mi padre”.
Ezequiel vive con la mujer que lo crió, su esposa y sus tres hijas e incorporó a su vida a sus dos parientes biológicas más cercanas: su abuela materna y su tía. Además, otras dos mujeres intervinieron en este proceso: la ministra de Seguridad (en ese entonces de Defensa) y la presidenta Cristina Kirchner.
En septiembre del año pasado, el joven fue convocado al despacho de Garré. No conocía a la funcionaria personalmente y creyó que había hecho algo mal, aunque no sabía bien qué. Se preparó para un reto: “Fue un diálogo muy ameno, ella me quería adelantar y contar el resultado del ADN, pero conteniéndome y respetando mi postura. Me dijo que conocía mi caso y estuvimos hablando un montón, hasta de temas familiares. Fue la primera persona con la que tuve una charla así”.
Luego vino el anuncio de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ezequiel prefirió mantenerse al margen. Pero la distancia le duró poco. Enseguida decidió hablar con su familia biológica: quería contarles lo que sentía, explicarles. Fue a Mar del Plata para conocer a su tía y a su abuela: “Bajé del avión y en el aeropuerto me esperaba mi tía, la reconocí porque era la única mujer que estaba llorando”. Tiempo después ellas vinieron a Buenos Aires. Ezequiel les presentó a la mujer que llama “mamá”, o “vieja”. “Apenas las saludó, mi mamá se puso a llorar y mi tía y mi abuela biológica la abrazaron, la consolaron. Eso para mí fue muy fuerte. Ellas no tenían rencor ni bronca.”
–¿Entendés igual que es un poco paradójico, no?
–¿Por qué decís paradójico?
–Porque tu tía y tu abuela son las víctimas, junto con vos y tus padres, claro.
–Para mí fue como decir “a pesar de lo pasado no te tenemos bronca”. Ellas empezaron a hablar, a preguntar, y mi vieja les contaba cosas de mi infancia.
–¿Qué les dijiste a tus hijas?
–Son chicas. La más grande tiene ahora seis años. Cuando en noviembre fuimos a festejar mi cumpleaños a Mar del Plata, estaban mis primas, sus hijas. Mi hija más grande me dice “ahora tengo más primas”. Yo sólo les dije: “Ella es la abuela Nely, ella es la tía Pato”, creo que es difícil de entender. Aunque ellas lo tomaron como algo natural.
–¿Cómo te enteraste de que no eras hijo biológico de quienes pensabas que eran tus padres?
–Me enteré en 2001. Hablando con mi mamá, antes de que me llegara la notificación policial. Yo tenía 24 años, estudiaba Economía. Tengo toda la carrera cursada en El Salvador, pero al final dije no, esto es una mentira...
–Ah... y estudiaste Derecho, que es algo serio
–(Se ríe.) Bueno, eso dejémoslo para otro momento. Ella me contó que yo no era hijo biológico de ella. Yo le dije “quiero que me cuentes hasta acá”. Ahora seguiremos en la causa judicial.
–¿Por qué no quisiste saber detalles?
–Me contó que ella tampoco sabía de dónde era yo, que con el paso del tiempo se lo planteaba más. Tampoco tuve la necesidad de seguir indagando porque mi principal fuente de preocupación era que no le pasara nada a ella.
–A ella.
–Sí, a ella. En realidad a los dos, pero a ella en primer lugar.
Juan Carlos Vázquez Sarmiento es un oficial de la Fuerza Aérea. Su foto, con la gorra de aviador y bigotes gruesos, se puede ver en alguno de los avisos que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos publicó ofreciendo cien mil pesos a quienes aporten datos que ayuden a encontrarlo. Está prófugo desde 2003. Las denuncias en la causa señalan que fue miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA) de la Fuerza Aérea. Ezequiel lo defiende de las acusaciones sobre su posible participación en un grupo de tareas.
–¿Cómo convivís con el hecho de que quien considerás tu papá está prófugo?
–En su momento se toman decisiones..., yo no lo considero responsable. Yo trabajé en la Fuerza Aérea y conozco la responsabilidad de un cabo principal y más en esa época. Para mí es doloroso. Pero ya con el mote de militar y con la gorra en la cabeza se sabía que mucha alternativa no había.
–¿No creés que se debería presentar y hacerse cargo?
–Por un tema de preservación de él, yo no tengo contacto. Es más doloroso verlo detenido que no verlo.
–Haber sabido la verdad de la forma en que haya sido, ¿fue un bien para vos?
–Recién ahora me planteo el hecho de sumar. Lo veo como experiencia de vida. Si no se hubiese judicializado el tema supongo que lo hubiese querido saber antes..., pero hoy por hoy, sí, hoy tengo la suerte de que tanto mi vieja como mi familia biológica son personas maravillosas y por el tema judicial por ahí me perdí de diez años, pero ya está. Para mí es fuerte que me hayan buscado y la forma en que lo hicieron sin querer hacerme daño.
–¿Pensabas que las Abuelas querían hacerte daño?
–No. Yo nunca interactué con ellos. Era un tema judicial. Pero en el imaginario... uno pensaba que era “revancha y venganza”, y al final nada que ver. Uno después habla con toda la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios.
–Yo sabía la verdad, no sabía de quién era. Sabía que mi origen era dudoso. Pero mi hermana también era considerada apropiada y ella en 2005 fue voluntariamente a hacerse el ADN y dio negativo. Ella es hija biológica de la que yo creo que es mi mamá. Yo no sabía si la familia que me reclamaba judicialmente era realmente la familia. Aunque esa no era mi preocupación, sino mi vieja. Se hizo todo lo que se pudo hacer y pude luchar hasta donde pude luchar. Si no fue voluntario deja de ser mi responsabilidad. Si me decís si hoy por hoy lo recomiendo hacerlo así... Es medio heavy...
–¿Pero entendés que no había otra alternativa?
–Entendía que no había otra alternativa bajo la lógica de defensa planteada por mí.
–¿Y estás contento de haber conocido a tu familia?
–Sí. Claro. A partir de eso cerré una etapa y abrí otra. Las dos cosas confluyen. Para mí, fue bisagra. Yo tomé la iniciativa de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata. Me recibieron con los brazos abiertos. Lo único que me dijeron fue que no me querían hacer ningún daño. “Lo único que queremos es encontrarte”, me dijeron. Después yo las acompañé al juzgado, porque mi tía y mi abuela quisieron expresar eso en el juzgado.
–¿Qué sabés de tus papás?
–Mi abuela me mostró fotos de cuando Graciela era chica y bebé. Mis tres hijas son fotocopias y si las ponés al lado de una foto de ella, no sabés cuál es cuál. Del lado paterno no tengo parientes cercanos, hay un primo que vive en Estados Unidos y se contactó conmigo. Se preocuparon por mí, pero es un vínculo más lejano.
–Cuando eras chico, ¿sabías que había desaparecidos?
–No. Imaginate que yo tengo 33 años. Fui chico en los ’80, ’90. Acá hubo un quiebre después del 2003, del resurgimiento de los derechos humanos.
–Bueno, pero pasaron cosas antes. Cuando fueron los 20 años del golpe, en 1996, hubo una movilización muy importante, por ejemplo.
–Los noventa fueron despolitizados. La militancia que hay hoy no existía.
–¿Y cómo empezaste a trabajar en la Fuerza Aérea?
–Yo estudiaba Economía en El Salvador. Mi viejo trabajaba en la Fuerza Aérea y empecé a trabajar ahí. El tema de la abogacía tiene mucho que ver con la causa. Empecé en 2004 a estudiar Derecho por la causa y por tener otra actividad remunerada. Ahora trabajo en el Ministerio de Defensa.
–¿Cómo era tener el juicio sobre tu identidad y trabajar en la Fuerza Aérea?
–Nunca me pusieron objeciones a nada ni palos en la rueda. Me respetaron el tema. Para mí fue un tema que ellos consideraron privado y me respetaron y siempre el apoyo humano me lo brindaron, pero más que nada las personas.
–¿Cómo fue el encuentro con tu familia? ¿Cuándo los conociste?
–Yo quería exponerles mis motivos y mi sentir. Abuelas hizo el anuncio un lunes –y agradezco la forma en que lo hicieron, respetaron mi postura– y el jueves tomé la decisión de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata y exponer mis motivos y mi sentir, quise dar el primer paso. Ellas iban a respetar mis tiempos, así que se emocionaron de que yo haya querido ir a verlas. Me fue a buscar mi tía al aeropuerto y me di cuenta quién era porque era la única mujer que estaba llorando.
–Vos te negaste a hacerte el ADN e hicieron un allanamiento que resultó negativo. ¿Me vas a contar qué pasó?
–Vinieron un día a las seis menos cuarto de la mañana a casa. Eran dos policías con un perito del Hospital Durand y dos testigos. Se llevaron prendas que estaban en mi casa, por así decir...
–Bueno, no me vas a decir. Pero después te fueron a buscar y te llevaron al juzgado.
–En definitiva se extrajo ADN de mi remera, que no fue entregada voluntariamente, en el juzgado.
–¿Qué les dirías a otros jóvenes, como en el caso de los Noble Herrera, que no quieren hacerse el análisis de ADN?
–Si me decís previamente a esta nueva situación..., pero hoy sinceramente les diría “no perdés nada, tratá de sumar y quitate la duda”. No sólo para ellos, para cualquiera que esté en esta situación. En definitiva no vienen con mala intención, igual, yo hablo de mi caso personal. Hay que tratar de sumar en la vida.
LA HISTORIA DE LA NIETA 103 La particularidad más ostensible del caso de Ezequiel es que al momento de confirmar que era hijo de desaparecidos y durante buena parte de lo que duró el proceso judicial para establecer su identidad, él trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el primer nieto recuperado que es empleado de las Fuerzas Armadas. Su apropiador, un oficial de esa misma fuerza, está prófugo desde 2003. Ezequiel lleva su apellido y no quiere modificar esa situación, al menos por ahora. El no dice apropiador. Dice “mi padre”, o “la persona que considero mi padre”.
Ezequiel vive con la mujer que lo crió, su esposa y sus tres hijas e incorporó a su vida a sus dos parientes biológicas más cercanas: su abuela materna y su tía. Además, otras dos mujeres intervinieron en este proceso: la ministra de Seguridad (en ese entonces de Defensa) y la presidenta Cristina Kirchner.
En septiembre del año pasado, el joven fue convocado al despacho de Garré. No conocía a la funcionaria personalmente y creyó que había hecho algo mal, aunque no sabía bien qué. Se preparó para un reto: “Fue un diálogo muy ameno, ella me quería adelantar y contar el resultado del ADN, pero conteniéndome y respetando mi postura. Me dijo que conocía mi caso y estuvimos hablando un montón, hasta de temas familiares. Fue la primera persona con la que tuve una charla así”.
Luego vino el anuncio de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ezequiel prefirió mantenerse al margen. Pero la distancia le duró poco. Enseguida decidió hablar con su familia biológica: quería contarles lo que sentía, explicarles. Fue a Mar del Plata para conocer a su tía y a su abuela: “Bajé del avión y en el aeropuerto me esperaba mi tía, la reconocí porque era la única mujer que estaba llorando”. Tiempo después ellas vinieron a Buenos Aires. Ezequiel les presentó a la mujer que llama “mamá”, o “vieja”. “Apenas las saludó, mi mamá se puso a llorar y mi tía y mi abuela biológica la abrazaron, la consolaron. Eso para mí fue muy fuerte. Ellas no tenían rencor ni bronca.”
–¿Entendés igual que es un poco paradójico, no?
–¿Por qué decís paradójico?
–Porque tu tía y tu abuela son las víctimas, junto con vos y tus padres, claro.
–Para mí fue como decir “a pesar de lo pasado no te tenemos bronca”. Ellas empezaron a hablar, a preguntar, y mi vieja les contaba cosas de mi infancia.
–¿Qué les dijiste a tus hijas?
–Son chicas. La más grande tiene ahora seis años. Cuando en noviembre fuimos a festejar mi cumpleaños a Mar del Plata, estaban mis primas, sus hijas. Mi hija más grande me dice “ahora tengo más primas”. Yo sólo les dije: “Ella es la abuela Nely, ella es la tía Pato”, creo que es difícil de entender. Aunque ellas lo tomaron como algo natural.
–¿Cómo te enteraste de que no eras hijo biológico de quienes pensabas que eran tus padres?
–Me enteré en 2001. Hablando con mi mamá, antes de que me llegara la notificación policial. Yo tenía 24 años, estudiaba Economía. Tengo toda la carrera cursada en El Salvador, pero al final dije no, esto es una mentira...
–Ah... y estudiaste Derecho, que es algo serio
–(Se ríe.) Bueno, eso dejémoslo para otro momento. Ella me contó que yo no era hijo biológico de ella. Yo le dije “quiero que me cuentes hasta acá”. Ahora seguiremos en la causa judicial.
–¿Por qué no quisiste saber detalles?
–Me contó que ella tampoco sabía de dónde era yo, que con el paso del tiempo se lo planteaba más. Tampoco tuve la necesidad de seguir indagando porque mi principal fuente de preocupación era que no le pasara nada a ella.
–A ella.
–Sí, a ella. En realidad a los dos, pero a ella en primer lugar.
Dolor
María Graciela Tauro y Jorge Rochistein militaban en Montoneros y estudiaron en la Universidad Nacional del Sur. El, Ciencias Económicas. Ella, Bioquímica. Así se conocieron. Se casaron el 30 de enero de 1976, después de un largo noviazgo, y fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 en Hurlingham. Graciela estaba embarazada. Fueron llevados a la Comisaría 3 de Castelar, luego a Mansión Seré, el centro clandestino que regenteaba la Aeronáutica y a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde nació Ezequiel.Juan Carlos Vázquez Sarmiento es un oficial de la Fuerza Aérea. Su foto, con la gorra de aviador y bigotes gruesos, se puede ver en alguno de los avisos que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos publicó ofreciendo cien mil pesos a quienes aporten datos que ayuden a encontrarlo. Está prófugo desde 2003. Las denuncias en la causa señalan que fue miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA) de la Fuerza Aérea. Ezequiel lo defiende de las acusaciones sobre su posible participación en un grupo de tareas.
–¿Cómo convivís con el hecho de que quien considerás tu papá está prófugo?
–En su momento se toman decisiones..., yo no lo considero responsable. Yo trabajé en la Fuerza Aérea y conozco la responsabilidad de un cabo principal y más en esa época. Para mí es doloroso. Pero ya con el mote de militar y con la gorra en la cabeza se sabía que mucha alternativa no había.
–¿No creés que se debería presentar y hacerse cargo?
–Por un tema de preservación de él, yo no tengo contacto. Es más doloroso verlo detenido que no verlo.
–Haber sabido la verdad de la forma en que haya sido, ¿fue un bien para vos?
–Recién ahora me planteo el hecho de sumar. Lo veo como experiencia de vida. Si no se hubiese judicializado el tema supongo que lo hubiese querido saber antes..., pero hoy por hoy, sí, hoy tengo la suerte de que tanto mi vieja como mi familia biológica son personas maravillosas y por el tema judicial por ahí me perdí de diez años, pero ya está. Para mí es fuerte que me hayan buscado y la forma en que lo hicieron sin querer hacerme daño.
–¿Pensabas que las Abuelas querían hacerte daño?
–No. Yo nunca interactué con ellos. Era un tema judicial. Pero en el imaginario... uno pensaba que era “revancha y venganza”, y al final nada que ver. Uno después habla con toda la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios.
La Presidenta
Hace veinte días un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y nietos recuperados fue a visitar a la Presidenta, que los recibió para felicitarlos por el premio que la Unesco le otorgó a la institución. Estela Carlotto invitó a Ezequiel, quien aceptó de buen grado. “Uno no conoce todos los días a un Presidente.” El encuentro, que tal vez imaginaba protocolar, lo sorprendió: “Eramos un grupo de veinte personas. Nos reciben en el despacho de ella. Yo sería el séptimo u octavo en la fila de saludos..., entonces se da vuelta Estela y me dice ‘¿la saludaste?, ¿le dijiste quién sos?’. Me agarra y le dice: ‘Presidenta, él es Ezequiel’ y le empieza a contar. Ella deja de saludar a todo el mundo y empieza a hablar conmigo. Me dijo: ‘Quería conocerte pero no queríamos que te generara una presión, por eso ese día con Nilda no te trajimos acá, para que yo pueda hablar con vos, pero estaba interesada en tu caso. Estoy muy contenta de que estés acá’. Se acordaba de cómo había sido el proceso. Yo le agradecí. Para mí fue demasiado fuerte. Estela le dice en un momento: `El es demasiado formal’... yo soy el acartonado. Cuando nos sentamos a la mesa volvió a hablar conmigo. Imaginate todos los problemas que tiene y se preocupaba por mí, no como Presidenta, sino como persona. También le agradecí la contención que me había brindado Nilda, que fue una persona que me contuvo en los peores momentos. No tenía obligación. Fue algo humano y algo muy genuino. Salí bastante emocionado de esa experiencia en Casa Rosada”.La verdad
–¿Cómo te sentiste cuando supiste la verdad?–Yo sabía la verdad, no sabía de quién era. Sabía que mi origen era dudoso. Pero mi hermana también era considerada apropiada y ella en 2005 fue voluntariamente a hacerse el ADN y dio negativo. Ella es hija biológica de la que yo creo que es mi mamá. Yo no sabía si la familia que me reclamaba judicialmente era realmente la familia. Aunque esa no era mi preocupación, sino mi vieja. Se hizo todo lo que se pudo hacer y pude luchar hasta donde pude luchar. Si no fue voluntario deja de ser mi responsabilidad. Si me decís si hoy por hoy lo recomiendo hacerlo así... Es medio heavy...
–¿Pero entendés que no había otra alternativa?
–Entendía que no había otra alternativa bajo la lógica de defensa planteada por mí.
–¿Y estás contento de haber conocido a tu familia?
–Sí. Claro. A partir de eso cerré una etapa y abrí otra. Las dos cosas confluyen. Para mí, fue bisagra. Yo tomé la iniciativa de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata. Me recibieron con los brazos abiertos. Lo único que me dijeron fue que no me querían hacer ningún daño. “Lo único que queremos es encontrarte”, me dijeron. Después yo las acompañé al juzgado, porque mi tía y mi abuela quisieron expresar eso en el juzgado.
–¿Qué sabés de tus papás?
–Mi abuela me mostró fotos de cuando Graciela era chica y bebé. Mis tres hijas son fotocopias y si las ponés al lado de una foto de ella, no sabés cuál es cuál. Del lado paterno no tengo parientes cercanos, hay un primo que vive en Estados Unidos y se contactó conmigo. Se preocuparon por mí, pero es un vínculo más lejano.
–Cuando eras chico, ¿sabías que había desaparecidos?
–No. Imaginate que yo tengo 33 años. Fui chico en los ’80, ’90. Acá hubo un quiebre después del 2003, del resurgimiento de los derechos humanos.
–Bueno, pero pasaron cosas antes. Cuando fueron los 20 años del golpe, en 1996, hubo una movilización muy importante, por ejemplo.
–Los noventa fueron despolitizados. La militancia que hay hoy no existía.
–¿Y cómo empezaste a trabajar en la Fuerza Aérea?
–Yo estudiaba Economía en El Salvador. Mi viejo trabajaba en la Fuerza Aérea y empecé a trabajar ahí. El tema de la abogacía tiene mucho que ver con la causa. Empecé en 2004 a estudiar Derecho por la causa y por tener otra actividad remunerada. Ahora trabajo en el Ministerio de Defensa.
–¿Cómo era tener el juicio sobre tu identidad y trabajar en la Fuerza Aérea?
–Nunca me pusieron objeciones a nada ni palos en la rueda. Me respetaron el tema. Para mí fue un tema que ellos consideraron privado y me respetaron y siempre el apoyo humano me lo brindaron, pero más que nada las personas.
–¿Cómo fue el encuentro con tu familia? ¿Cuándo los conociste?
–Yo quería exponerles mis motivos y mi sentir. Abuelas hizo el anuncio un lunes –y agradezco la forma en que lo hicieron, respetaron mi postura– y el jueves tomé la decisión de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata y exponer mis motivos y mi sentir, quise dar el primer paso. Ellas iban a respetar mis tiempos, así que se emocionaron de que yo haya querido ir a verlas. Me fue a buscar mi tía al aeropuerto y me di cuenta quién era porque era la única mujer que estaba llorando.
–Vos te negaste a hacerte el ADN e hicieron un allanamiento que resultó negativo. ¿Me vas a contar qué pasó?
–Vinieron un día a las seis menos cuarto de la mañana a casa. Eran dos policías con un perito del Hospital Durand y dos testigos. Se llevaron prendas que estaban en mi casa, por así decir...
–Bueno, no me vas a decir. Pero después te fueron a buscar y te llevaron al juzgado.
–En definitiva se extrajo ADN de mi remera, que no fue entregada voluntariamente, en el juzgado.
–¿Qué les dirías a otros jóvenes, como en el caso de los Noble Herrera, que no quieren hacerse el análisis de ADN?
–Si me decís previamente a esta nueva situación..., pero hoy sinceramente les diría “no perdés nada, tratá de sumar y quitate la duda”. No sólo para ellos, para cualquiera que esté en esta situación. En definitiva no vienen con mala intención, igual, yo hablo de mi caso personal. Hay que tratar de sumar en la vida.
La carta delatora
Por Juan Carlos Tizziani Desde Santa Fe
Pagina 12
Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: “La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella”, dice la esquela que hoy revela Página/12.
Era el 21 de agosto de 1976, sábado, casi a las nueve de la mañana, cuando un Ford Falcon verde clarito estacionó frente a la casa de los Kerz, a cien metros de la Legislatura de Santa Fe y a trescientos de la Casa Gris y el Palacio de Tribunales. A bordo, llegaron tres hombres jóvenes: uno de ellos bajó, entró al living sin golpear y dejó a la recién nacida. “Esto es para usted”, le dijo a la dueña de casa, Mirta Ovidi de Kerz, que estaba en la puerta, como esperando. Su marido, Serafín Kerz, había salido temprano. Afuera, otro de los individuos amenazó con un revólver al vecino de al lado, Francisco Caminos, y lo obligó a encerrarse en su casa, aunque antes vio que arriba del auto también había armas largas. Caminos obedeció y los visitantes se fueron. A la semana, los Kerz lograron una guarda y, al año siguiente, la adopción, por consejos de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, con quien “tenían trato frecuente” y solían verse en la Catedral Metropolitana, después de misa.
Antes de su fallecimiento, Mayoraz tuvo que declarar dos veces, en 2002 y 2004, en otra causa por sustracción de identidad de otra menor, hija de desaparecidos, en que le preguntaron si el Juzgado de Menores había investigado el origen de María Pía. Y ella soltó su confesión: “No, nunca lo investigamos”, dijo.
Media hora después de que le dejaran a la nena, la señora de Kerz llamó a la policía. Desde la Seccional Primera enviaron dos oficiales, Jorge Abero y José González. Abero es el mismo que después operó en el Servicio de Inteligencia (el D-2), según denunció el año pasado la organización Hijos.
La señora de Kerz les contó entonces lo que había pasado. Recordaba bien la hora: “Eran aproximadamente las 8.50”, relató. Ella “se encontraba en la puerta principal” cuando ingresó a su casa “un hombre joven, de estatura regular”, “quien dejó sobre el piso del living a una criatura de corta edad, le entregó un sobre cerrado y una hoja de papel blanco, escrita a máquina y le dijo: ‘Esto es para usted’”. Y se fue tan rápido como había llegado.
El vecino de al lado, Francisco Caminos, testigo de la escena, aportó otros datos. Dijo que el “autor del hecho” –como llamó a quien entregó a la nena– “llegó al lugar acompañado por otros dos hombres”, que lo esperaron “en el interior de un automóvil Ford Falcon, color claro”. La policía anotició entonces al juez de instrucción en turno, Angel Rafael D’Andrea, pariente del entonces subsecretario de Justicia de la provincia, Víctor D’Andrea.
A las 10 de la mañana, por orden del juez D’Andrea, la nena ya estaba en el Hospital de Niños, donde la revisaron tres médicos. Según la señora de Kerz, ella no abrió el sobre que le dejaron con María Pía. Lo abrió uno de los policías. Adentro, había otro sobre cerrado dirigido también a ella y a su marido. Y una esquela con indicaciones, que podría haber escrito el médico que atendió el parto de Cecilia Barral: “Señor Kerz y señora: (La beba) nació con unos días de retraso y como consecuencia sufre un proceso de deshidratación, que, aunque no es grave, (debe) tenerse muy en cuenta. Para ello, además del alimento S-26 cada cuatro horas en una cantidad de 40 a 60 gramos (por ahora), debe tomar té con azúcar. Esto es una indicación para lo inmediato (escrito todo con mayúscula). Luego, el médico será el encargado de determinar su dieta”.
A las cuarenta y ocho horas, la policía clausuró las actuaciones por pedido del Ejército, que devolvió el expediente a la Seccional Primera. Al día siguiente, quedó en manos de la jueza de Menores de Santa Fe, Nelly Ruth Casañas de Puccinelli, quien había sido confirmada en su cargo por la dictadura un mes antes (el 29 de julio de 1976, decreto 2087). El viernes 27, la jueza llamó a declarar a la señora de Kerz, quien repitió el relato que había hecho a los policías la misma mañana del sábado 21, pero con algunas variantes.
La segunda carta también estaba dirigida a los Kerz: “Ingeniero Kerz y señora”: “(...) dejando esa niña en su casa, se arbitrarán las medidas necesarias para que sea bautizada e instruida debidamente”, dice la esquela. “(No soy) nadie para (im)pedir que ustedes se hagan cargo personalmente, ni tampoco es mi intención, pero por (favor) no la manden a una Casa Cuna, de donde puede retirarla cualquiera, que puede o no darle una educación cristiana conveniente. (La niña) proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella”.
Pagina 12
Los análisis genéticos demostraron esta semana que María Pía Josefina Kerz es la hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman, dos militantes desaparecidos el 2 de agosto de 1976, en Rosario. Ellos tenían 24 años. Y ella apenas cinco días cuando un grupo de tareas la entregó a una familia de la ciudad de Santa Fe con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una es la confesión del crimen de sus padres: “La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella”, dice la esquela que hoy revela Página/12.
Era el 21 de agosto de 1976, sábado, casi a las nueve de la mañana, cuando un Ford Falcon verde clarito estacionó frente a la casa de los Kerz, a cien metros de la Legislatura de Santa Fe y a trescientos de la Casa Gris y el Palacio de Tribunales. A bordo, llegaron tres hombres jóvenes: uno de ellos bajó, entró al living sin golpear y dejó a la recién nacida. “Esto es para usted”, le dijo a la dueña de casa, Mirta Ovidi de Kerz, que estaba en la puerta, como esperando. Su marido, Serafín Kerz, había salido temprano. Afuera, otro de los individuos amenazó con un revólver al vecino de al lado, Francisco Caminos, y lo obligó a encerrarse en su casa, aunque antes vio que arriba del auto también había armas largas. Caminos obedeció y los visitantes se fueron. A la semana, los Kerz lograron una guarda y, al año siguiente, la adopción, por consejos de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz, con quien “tenían trato frecuente” y solían verse en la Catedral Metropolitana, después de misa.
Antes de su fallecimiento, Mayoraz tuvo que declarar dos veces, en 2002 y 2004, en otra causa por sustracción de identidad de otra menor, hija de desaparecidos, en que le preguntaron si el Juzgado de Menores había investigado el origen de María Pía. Y ella soltó su confesión: “No, nunca lo investigamos”, dijo.
Media hora después de que le dejaran a la nena, la señora de Kerz llamó a la policía. Desde la Seccional Primera enviaron dos oficiales, Jorge Abero y José González. Abero es el mismo que después operó en el Servicio de Inteligencia (el D-2), según denunció el año pasado la organización Hijos.
La señora de Kerz les contó entonces lo que había pasado. Recordaba bien la hora: “Eran aproximadamente las 8.50”, relató. Ella “se encontraba en la puerta principal” cuando ingresó a su casa “un hombre joven, de estatura regular”, “quien dejó sobre el piso del living a una criatura de corta edad, le entregó un sobre cerrado y una hoja de papel blanco, escrita a máquina y le dijo: ‘Esto es para usted’”. Y se fue tan rápido como había llegado.
El vecino de al lado, Francisco Caminos, testigo de la escena, aportó otros datos. Dijo que el “autor del hecho” –como llamó a quien entregó a la nena– “llegó al lugar acompañado por otros dos hombres”, que lo esperaron “en el interior de un automóvil Ford Falcon, color claro”. La policía anotició entonces al juez de instrucción en turno, Angel Rafael D’Andrea, pariente del entonces subsecretario de Justicia de la provincia, Víctor D’Andrea.
A las 10 de la mañana, por orden del juez D’Andrea, la nena ya estaba en el Hospital de Niños, donde la revisaron tres médicos. Según la señora de Kerz, ella no abrió el sobre que le dejaron con María Pía. Lo abrió uno de los policías. Adentro, había otro sobre cerrado dirigido también a ella y a su marido. Y una esquela con indicaciones, que podría haber escrito el médico que atendió el parto de Cecilia Barral: “Señor Kerz y señora: (La beba) nació con unos días de retraso y como consecuencia sufre un proceso de deshidratación, que, aunque no es grave, (debe) tenerse muy en cuenta. Para ello, además del alimento S-26 cada cuatro horas en una cantidad de 40 a 60 gramos (por ahora), debe tomar té con azúcar. Esto es una indicación para lo inmediato (escrito todo con mayúscula). Luego, el médico será el encargado de determinar su dieta”.
A las cuarenta y ocho horas, la policía clausuró las actuaciones por pedido del Ejército, que devolvió el expediente a la Seccional Primera. Al día siguiente, quedó en manos de la jueza de Menores de Santa Fe, Nelly Ruth Casañas de Puccinelli, quien había sido confirmada en su cargo por la dictadura un mes antes (el 29 de julio de 1976, decreto 2087). El viernes 27, la jueza llamó a declarar a la señora de Kerz, quien repitió el relato que había hecho a los policías la misma mañana del sábado 21, pero con algunas variantes.
La segunda carta también estaba dirigida a los Kerz: “Ingeniero Kerz y señora”: “(...) dejando esa niña en su casa, se arbitrarán las medidas necesarias para que sea bautizada e instruida debidamente”, dice la esquela. “(No soy) nadie para (im)pedir que ustedes se hagan cargo personalmente, ni tampoco es mi intención, pero por (favor) no la manden a una Casa Cuna, de donde puede retirarla cualquiera, que puede o no darle una educación cristiana conveniente. (La niña) proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella”.
