Bicentenario. Dos siglos es mucho tiempo, hubo Artigas y de los otros
Familiares de desaparecidos asistirán al acto del Ejército en Las Piedras
La celebración de los 200 años del Ejército, en Las Piedras, se realizará en presencia de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos. Con las fotos de los desaparecidos, los integrantes de la entidad presenciarán el desfile militar y el discurso del comandante Jorge Rosales.
Sin olvido. La fuerza de tierra celebra su creación el día de la batalla de Las Piedras.
El dirigente de la entidad Oscar Urtazum dijo que el reclamo por conocer "la verdad" sobre el destino de sus familiares se traducirá con su sola presencia.
"Es un poco lo nuestro, buscar la sensibilidad por todos lados, por más que la verdad la tienen los militares. Por eso vamos a ir a el 18 de Mayo a Las Piedras", expresó el dirigente.
Subrayó que aguarda que la presencia de la organización sea acompañada por un número significativo de ciudadanos. "Cuanto más acompañados, el espíritu se fortalece", precisó.
Si bien las actividades por el bicentenario del Ejército se iniciaron a principios de año, la fuerza de tierra le da especial importancia a la Batalla de Las Piedras, por ser el primer triunfo militar del prócer José Artigas, en 1811, contra el colonialismo español.
Está previsto que el presidente José Mujica, junto a integrantes del gobierno, asista al acto, que tendrá como orador central al comandante Rosales.
La intención de los familiares es concentrarse con sus pancartas en las proximidades de las autoridades nacionales y de la oficialidad, para que las fotos de los desaparecidos sean observadas por los numerosos efectivos que participarán del desfile militar.
Urtazum justificó la asistencia de la organización al acto oficial luego de reconocer que los integrantes de Madres y Familiares se sienten "desconcertados" por los hechos que se producen en la escena política.
"Guerrilleros son amigos de militares. Hoy, hay golpistas demócratas y se aplica la política de la verticalidad. Todo está un poco cambiado", subrayó Urtazum. "Nosotros vamos a estar pidiendo en Las Piedras la verdad que tienen secuestrada", agregó.
El dirigente de la organización destacó además que Madres y Familiares asistirá al acto del 1º de Mayo para abocarse a la organización de la Marcha del Silencio del 20 de mayo.
La Republica
MLN conmemora muerte de Sendic
Yo te avisé
28.04.2011 21:44
En el acto que conmemora los 22 años de la muerte de Raúl Sendic, el MLN-T repartirá un comunicado difundido en 1998 en que expresa su disposición a conversar sobre las responsabilidades de la organización durante la dictadura y su período previo. "Nosotros no nos sumamos a la teoría de los dos demonios", afirmó a Montevideo Portal el diputado Alejandro Sánchez.
El acto se realizará este viernes a las siete y media de la tarde en Tristán Narvaja y Mercedes, frente a la sede del Movimiento de Liberación Nacional. Los oradores serán el diputado Alejandro Sánchez, la senadora Lucía Topolansky, el ministro Eduardo Bonomi y cerrará Julio Marenales. En conversación con Montevideo Portal, el diputado Alejandro Sánchez señaló que el acto es importante en la medida en que el MLN tiene sólo dos instancias públicas en el año, ésta y el acto conmemorativo de la toma de Pando ocurrida el 8 de octubre de 1969. Sánchez dijo que lo que se busca es "levantar un poco la mira" y hablar de los temas de actualidad "con una visión ideológica" y agregó que es un acto al que concurren muchos militantes de izquierda que quieren saber qué piensa el MLN-T sobre algunos temas. En su parte oratoria el diputado hablará de la minoridad y "la campaña de miedo que está haciendo la derecha" sobre ese punto. Al ser consultado sobre la visión de la gestión de Bonomi a la interna de la organización y específicamente de los operativos realizados en barrios carenciados, Sánchez respondió que pese a que "no es un tema de fácil resolución" se está llevando a cabo políticas "acertadas" en la materia. Para Sánchez, las políticas en seguridad tienen dos componentes fundamentales: la represión al delito y el combate a la inseguridad, el cual tiene un componente psicológico. Sánchez puso como ejemplo que una amplia mayoría de los uruguayos cree que puede ser víctima de un homicidio en la vía pública. Al ser consultado sobre el particular momento que viven las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Movimiento de Liberación Nacional, Sánchez fue enfático al declarar que el MLN no suscribe la teoría de los dos demonios y que siempre advirtió del carácter cívico militar de la dictadura. En ese sentido adelantó que se va a repartir un comunicado emitido en 1998 en que la organización anunció su disposición a conversar sobre las responsabilidades en el período que actuó, pero aclaró: "En la medida en que se sienten a conversar todos los actores que participaron". Sánchez subrayó que no se trata de un problema entre el MLN y las FFAA, señalando que existieron grupos de civiles que utilizaron a las FFAA para alcanzar o proteger sus intereses.
Montevideo Portal
José Bonilla, ayer, a su llegada a la residencia de Suárez y Reyes para la primera reunión del Consejo de Defensa Nacional. Foto: Presidencia, s/d de autor
Tiene el número dos
Rosadilla quiere a Menéndez para ocupar la subsecretaría de Defensa; Mujica define.
El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió ayer por primera vez, con la presencia de las máximas jerarquías políticas y militares. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, destacó que con la creación de este organismo, la conducción de la Defensa pasará "paulatinamente" de las Fuerzas Armadas al poder político. Por otra parte, descartó nuevamente la posibilidad de renunciar a la cartera. Creado por la ley marco de defensa aprobada por el Parlamento en febrero de 2010, el Codena es un órgano asesor del Presidente de la República. Tiene como competencias analizar las amenazas que puedan "poner en riesgo la soberanía e independencia de la República" y proponer medidas o acciones para enfrentarlas; analizar hipótesis de conflicto, y sugerir estrategias y planes de defensa. Está integrado por el Presidente y por los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía, y puede invitar a sus sesiones a autoridades militares.
En manos de Mujica
Rosadilla quiere que el próximo subsecretario de su cartera sea el ex diputado socialista Jorge Menéndez, que ya ocupó ese cargo durante la gestión de Tabaré Vázquez. Fuentes del gobierno confiaron que así se lo transmitió al presidente José Mujica, que tendrá que tomar una definición al respecto para hacerla oficial la semana próxima. Antes de la muerte de Gabriel Castellá, Menéndez ya se había incorporado al equipo de asesores de Rosadilla, quien lo había convocado porque entendía que era uno de los cuadros frenteamplistas con mayor conocimiento en políticas de defensa, explicaron desde el ministerio de Defensa. Cuando Castellá se ausentó de la cartera debido a su enfermedad, Menéndez intensificó sus tareas, y desde el gobierno se explicó que su elección como subsecretario supondría una continuidad en la gestión.Hay otros movimientos en el Ministerio de Defensa. La asistente letrada adjunta al ministro Rosadilla, Ana Teresa Catalogne, afín al Partido Socialista, presentó renuncia a su cargo, y desde hace algunos días se sabe que dejaría esa responsabilidad el 30 de abril.
Ayer participaron de la reunión como invitados el vicepresidente de la República, Danilo Astori; el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla; los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Jorge Rosales, Alberto Caramés y Washington Martínez respectivamente, y otras autoridades militares.
Rosadilla contó que se avanzó en las definiciones de qué se entiende por amenaza, por hipótesis de conflicto y por planes de contingencia. Resaltó que la reunión fue positiva y "participativa", y relató que un oficial general dijo estar orgulloso de participar en el encuentro, ya que en toda su carrera no había tenido una reunión para pensar prospectivamente en temas de defensa y buscar soluciones en conjunto con el poder político.
"El rumbo de la defensa históricamente fue manejado desde las FFAA, y no por responsabilidad de las FFAA, sino por ausencia y falta de protagonismo político", indicó Rosadilla, y agregó que la idea es que la definición de las políticas de defensa pase "paulatinamente al poder civil, al poder político". El ministro informó que en base a los insumos recogidos en el encuentro se elaborará un documento con las líneas principales de la política de defensa que debe adoptar el país.
Finalmente, Rosadilla se refirió a la eventualidad, manejada en los últimos días, de que renuncie a la cartera por discrepar con la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de caducidad. Confesó que "eventualmente consideré la posibilidad, en algún momento, de presentarle al Presidente la renuncia", aunque eso fue "hace bastante tiempo ya". "Pero siempre consideré que la opinión del presidente sobre la necesidad de la continuidad era una condición que no admitía siquiera discusión", agregó, y puntualizó que luego del respaldo "explícito y contundente" que le dio Mujica en el último Consejo de Ministros resolvió continuar en su cargo, ya que sólo el Presidente puede "excusarlo de esa responsabilidad". “Soy militante y fiel a mi partido”, aseguró.
La DiariaCaducidad: Mujica hizo aplazar votación
Frente Amplio. La Cámara de Diputados tratará el proyecto interpretativo el 20 de mayoVALERIA GIL
La bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió aplazar la votación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad hasta el 20 de mayo; el MPP trasmitió en la reunión que Mujica pidió cambiar de fecha.
Los diputados del Frente Amplio (FA) acordaron ayer dilatar la fecha de aprobación del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad.
El proyecto interpretativo se considerará en una sesión especial prevista para el 20 de mayo, fecha que coincide con la "Marcha del Silencio", en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Desde la oposición, el diputado Gustavo Espinosa (Partido Colorado), ya había pedido al Frente Amplio que aplazara la votación del proyecto interpretativo con el objetivo de consultar a juristas.
De tal forma, la Comisión de Constitución y Códigos recibirá informes previos de catedráticos de la Facultad de Derecho sobre la norma que deja sin efecto la Ley de Caducidad. En la sesión de hoy de la comisión, está previsto que acudan juristas de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Público Internacional.
En ese marco, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo a El País que "el Frente consideró necesario darle tiempo a la oposición para que reciba el aporte de los catedráticos que se estime conveniente".
En la misma línea, el diputado Óscar Groba explicó que el cambio de la sesión para el 20 de mayo permitirá "la aprobación de la norma en una fecha emblemática para el FA".
La bancada de Diputados se volverá a reunir en los próximos días, exclusivamente para terminar de delinear la estrategia que asumirá el FA durante la votación.
Se buscará que la sesión extraordinaria "cuente con la participación de un solo orador y sea lo más breve posible", contaron a El País fuentes parlamentarias.
Dentro de la coalición de izquierda hay acuerdo para que los 50 diputados voten a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, dijo a El País el diputado Yerú Pardiñas (Partido Socialista).
El coordinador de bancada del FA en Diputados, Felipe Michelini, explicó a los legisladores que "no se admiten más cambios y se requiere la aprobación unánime del proyecto interpretativo", según contaron a El País legisladores presentes en la reunión.
La intención de la izquierda es saldar "cuanto antes" la discusión sobre la Ley de Caducidad, para evitar que la imagen de unidad del FA se siga debilitando ante la opinión pública. "Si seguimos con este debate por más tiempo, da la sensación de que hay diferencias y eso lo tenemos que desterrar de una buena vez", dijo a El País un diputado.
Si bien hay opiniones dispares dentro del FA en cuanto a la anulación de la Caducidad, los diputados votarán el proyecto atendiendo así al mandato que realizó el Plenario Nacional de esa fuerza política. Según fuentes legislativas, algunos legisladores del MPP votarán el proyecto "por disciplina partidaria" y no "por convicción". A nivel del FA, ese sector reconoció que "se fue detrás de lo que promovieron el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo sin medir las consecuencias que podría generar dentro de la fuerza política".
Los diputados del MPP, informaron durante la reunión de bancada de ayer que el presidente José Mujica les solicitó a los diputados de la coalición de izquierda que "bajen la pelota" y dilaten la aprobación de la ley interpretativa de Caducidad hasta el 20 de mayo.
Mujica realizó la solicitud a legisladores del MPP para "evitar roces con la cúpula militar en el marco de la celebración de los 200 años de la Batalla de las Piedras", el próximo 18 de mayo, dijo a El País uno de los diputados presentes en la reunión de bancada.
Por otra parte, la bancada del FA negociará con los partidos de oposición una iniciativa para que el miércoles 18 de mayo (Batalla de Las Piedras) sea declarado por el Poder Ejecutivo como feriado no laborable a nivel nacional.
Desde Presidencia de la República se encomendó al diputado Michelini la misión de negociar un acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Colorado, para que el 18 de mayo sea declarado feriado nacional.
Los diputados del Frente Amplio (FA) acordaron ayer dilatar la fecha de aprobación del proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad.
El proyecto interpretativo se considerará en una sesión especial prevista para el 20 de mayo, fecha que coincide con la "Marcha del Silencio", en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
De tal forma, la Comisión de Constitución y Códigos recibirá informes previos de catedráticos de la Facultad de Derecho sobre la norma que deja sin efecto la Ley de Caducidad. En la sesión de hoy de la comisión, está previsto que acudan juristas de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Público Internacional.
En ese marco, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo a El País que "el Frente consideró necesario darle tiempo a la oposición para que reciba el aporte de los catedráticos que se estime conveniente".
En la misma línea, el diputado Óscar Groba explicó que el cambio de la sesión para el 20 de mayo permitirá "la aprobación de la norma en una fecha emblemática para el FA".
La bancada de Diputados se volverá a reunir en los próximos días, exclusivamente para terminar de delinear la estrategia que asumirá el FA durante la votación.
Se buscará que la sesión extraordinaria "cuente con la participación de un solo orador y sea lo más breve posible", contaron a El País fuentes parlamentarias.
Dentro de la coalición de izquierda hay acuerdo para que los 50 diputados voten a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, dijo a El País el diputado Yerú Pardiñas (Partido Socialista).
El coordinador de bancada del FA en Diputados, Felipe Michelini, explicó a los legisladores que "no se admiten más cambios y se requiere la aprobación unánime del proyecto interpretativo", según contaron a El País legisladores presentes en la reunión.
La intención de la izquierda es saldar "cuanto antes" la discusión sobre la Ley de Caducidad, para evitar que la imagen de unidad del FA se siga debilitando ante la opinión pública. "Si seguimos con este debate por más tiempo, da la sensación de que hay diferencias y eso lo tenemos que desterrar de una buena vez", dijo a El País un diputado.
Si bien hay opiniones dispares dentro del FA en cuanto a la anulación de la Caducidad, los diputados votarán el proyecto atendiendo así al mandato que realizó el Plenario Nacional de esa fuerza política. Según fuentes legislativas, algunos legisladores del MPP votarán el proyecto "por disciplina partidaria" y no "por convicción". A nivel del FA, ese sector reconoció que "se fue detrás de lo que promovieron el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo sin medir las consecuencias que podría generar dentro de la fuerza política".
Los diputados del MPP, informaron durante la reunión de bancada de ayer que el presidente José Mujica les solicitó a los diputados de la coalición de izquierda que "bajen la pelota" y dilaten la aprobación de la ley interpretativa de Caducidad hasta el 20 de mayo.
Mujica realizó la solicitud a legisladores del MPP para "evitar roces con la cúpula militar en el marco de la celebración de los 200 años de la Batalla de las Piedras", el próximo 18 de mayo, dijo a El País uno de los diputados presentes en la reunión de bancada.
Por otra parte, la bancada del FA negociará con los partidos de oposición una iniciativa para que el miércoles 18 de mayo (Batalla de Las Piedras) sea declarado por el Poder Ejecutivo como feriado no laborable a nivel nacional.
Desde Presidencia de la República se encomendó al diputado Michelini la misión de negociar un acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Colorado, para que el 18 de mayo sea declarado feriado nacional.
El País Digital
Video militar: gobierno dice ahora que no existe amenaza terrorista
Interpelación. FA apoyó a Rosadilla y Bonomi; oposición reclamó renuncia DANIEL ISGLEAS
A dos meses de que el presidente José Mujica advirtiera a los líderes de la oposición de supuestas amenazas contra jueces y fiscales, el gobierno descartó ayer la existencia de grupos terroristas dispuestos a atentar contra las instituciones.
Esto es lo que quedó en limpio tras la interpelación en el Senado a los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Eduardo Bonomi (Interior), por la divulgación a principios de marzo de un supuesto video (que después terminó en "imágenes" que solo el presidente Mujica vio) con amenazas a jueces y fiscales que están participando en los casos contra acusados de violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1985).
En la interpelación la oposición sugirió que todo este episodio no pasa de una maniobra política para condicionar a la opinión pública sobre la necesidad de apoyar la anulación de la ley de Caducidad.
El llamado a sala perseguía un doble propósito: obtener información sobre las amenazas, y hacer caer a ambos ministros por la "desprolijidad institucional" con que se manejó el tema.
La interpelación terminó con la aprobación de una declaración de apoyo a Rosadilla y Bonomi votada por los 17 senadores del Frente Amplio, que además rechazaron los pedidos de renuncia formulados por los senadores interpelantes Sergio Abreu (Partido Nacional) y Tabaré Viera (Partido Colorado). No llegó a votarse una moción de los partidos de oposición pidiendo el alejamiento de los ministros.
Básicamente, los senadores interpelantes centraron sus exposiciones en una pregunta: ¿quién fue la persona que entregó al presidente Mujica las imágenes con esas amenazas de un supuesto comando militar? Las explicaciones apenas arrojaron una tenue luz sobre el controvertido caso al cabo de dos meses de investigaciones. El ministro Bonomi se limitó a señalar que es "poco probable" que exista un grupo subversivo autodenominado "Ejército Nacional Libertador" -firmante del manifiesto con las amenazas-, conclusión a la que se llegó luego de que los servicios de Inteligencia siguieran tres líneas de investigación: una que apuntaba a grupos de militares retirados, otra a radicales de izquierda y la tercera a una organización neo nazi. Según Bonomi, estas hipótesis son "poco probables".
"No hay una amenaza real", resumió el ministro del Interior, y dijo que "no ha habido otros avances" en la investigación, lo que molestó a la oposición, que esperaba recibir ayer detalles de cómo surgió el manifiesto amenazante.
MANIOBRA. El descarte de la existencia de un grupo subversivo a quien responsabilizar de las amenazas hizo que la oposición vinculara la situación a la anulación de la ley de Caducidad. Viera y el nacionalista Francisco Gallinal apuntaron sus baterías a señalar que este episodio, que para el gobierno hoy no tiene otra explicación a la vista, no es sino una "operación de inteligencia política".
"Puedo pensar que este fue un invento y que se persigue condicionar a la opinión pública por la ley de Caducidad", dijo Viera.
Gallinal añadió que la situación está "estrechamente vinculada" al tema de la ley de Caducidad y que existe "intencionalidad política con origen en el gobierno". Estas alusiones molestaron al presidente del Senado, Danilo Astori, quien corrigió a Gallinal por estar para él fuera de tema, lo que el nacionalista rechazó.
Mientras la sesión discurría en el juego de ataque y defensa, el presidente Mujica se hizo presente en el Senado. Sin aviso previo, como es habitual en él, apareció en el ambulatorio y pidió a un ujier que hiciera salir de sala al ministro Bonomi.
Los periodistas que seguían la sesión desde las barras bajaron al ambulatorio, pero se encontraron con que la seguridad presidencial les impidió el paso. Ni cámaras ni micrófonos ante el presidente, fue la orden.
Mujica saludó a su ministro y le trasmitió el respaldo, pidiéndole que hiciera lo propio con Rosadilla para evitar que cedieran a los pedidos de la oposición y renunciara. Luego, se marchó rápidamente del Palacio Legislativo.
"mentiras". La oposición quedó muy desilusionada con algunas explicaciones de los ministros. Sobre todo con Rosadilla, que reiteró lo dicho en la comisión de Defensa del Senado en cuanto a que no había podido "interrogar" al presidente Mujica sobre quién le entregó las imágenes con las amenazas. Mujica es el único que ha admitido haberlas visto. Bonomi no hizo referencia a ese aspecto.
No solo Abreu manifestó incredulidad por lo dicho por Rosadilla, sino que también lo hicieron otros senadores. "Los ministros no tienen el respaldo del presidente porque los mandó al Senado sin el nombre de quién hizo la denuncia", dijo Abreu.
El colorado Pedro Bordaberry apuntó sobre las imágenes que "no creo que dos ministros hablen con el presidente y no le hagan esta pregunta simple: ¿quién te las trajo? Esto no lo cree nadie, ni siquiera los que van a declarar satisfactorias las explicaciones. Todos sabemos que ellos saben y protegen a alguien. Nos están mintiendo", afirmó Bordaberry.
El nacionalista Carlos Moreira también declaró su sorpresa por la ausencia de información. "El Poder Ejecutivo se muestra anárquico porque sus ministros no dialogan con el presidente, se dice que no le pueden hacer preguntas, no hay un ida y vuelta", dijo Moreira.
Luego, el oficialista Rafael Michelini afirmó que el tema no está cerrado para el gobierno y que el Senado "no puede tirar a dos ministros ante una situación que no es clara".
IMÁGENES. Rosadilla dio a entender que la conmoción pública de que hablaron tanto Abreu como Viera ocurrió luego de que el semanario Búsqueda publicara el manifiesto del "Ejército Nacional Libertador" el 10 de marzo, y no antes cuando el hecho había sido informado a los líderes partidarios el 24 de febrero.
El ministro de Defensa reiteró que el presidente les dijo a él y a Bonomi el 17 de marzo que había visto "imágenes" pero que no les dio otros detalles sobre el contenido.
Bonomi insistió en que Mujica les dijo a ambos que no había visto un video sino imágenes, y que lo hizo entre los días 12 y 14 de marzo. Y ratificó a Rosadilla en cuanto a que recién el día 17 de marzo el presidente les informó.
Argumentos de los protagonistas
Sergio Abreu.
No puede venir un ministro al Parlamento y decir que no sabe porqué no interroga al presidente. Estoy desorientado. Todos sabemos que alguien habló con el presidente y que el presidente lo oculta. ¿A quién le pregunto? Al Poder Ejecutivo. Si no tienen esa información, no pueden estar más en los cargos. Retacear información es parte del histórico dominio de contar cosas a medias, y de omitir intencionalmente verdades que se saben y por algo no se dicen.
Tabaré Viera.
Nadie cree que los dos ministros que son viejos compañeros de Mujica no le hayan preguntado quién le dio el acceso a las imágenes. ¿Por qué se involucra a militares? ¿Por qué no se hizo la denuncia al juzgado como era obligación? ¿Qué papel jugó el coordinador de inteligencia estatal (Agusto Gregori, MLN-T?
Si el ministro (Rosadilla) le preguntó y el presidente no le dijo es porque no es de la confianza del presidente y en ese caso debe dar un paso al costado.
Eduardo Bonomi.
No puedo venir acá a inventar cosas. Desde el primer momento dije que no había nada nuevo. Lo que importa es que no existe una organización terrorista como la que se ha planteado. Y tampoco puedo mandar a la Justicia algo que no tiene verosimilitud. La oposición ha tratado de agravar una situación que no es grave para poder pedir la renuncia de los ministros alegando que no se dan respuestas. Claro que damos respuestas. Lo que importa no es si hay un video, sino todo lo que se generó en torno al video. Y eso no lo hizo el Poder Ejecutivo.
Luis Rosadilla.
Siempre he hablado con la verdad, sin ocultar nada a los partidos políticos ni al Parlamento. Los cuatro partidos con representación parlamentaria recibieron un documento que contenía una estimación. En él se les solicitaba, si así lo consideraban necesario, mantener reserva sin que este aspecto debiera ser tomado como una obligación. No voy a permitir que se diga en voz alta, fuerte, que lo que decimos no lo cree nadie. Hay gente que no lo cree pero en esta sala y fuera de ella hay muchos que sí lo cree.
El País Digital
Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº4
La Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de una nueva indagatoria penal por un crimen de la dictadura. El caso refiere a la muerte por torturas de un hombre sin militancia política, tras una acción represiva contra opositores políticos.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea realizarán hoy una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de la indagatoria penal por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, un hombre sin militancia política, detenido en 1974.
La magistrada y la representante del Ministerio Público ingresarán a las 14.00 horas a la unidad militar para intentar identificar el lugar de reclusión de Perrini y la sala donde fue torturado, como forma de ampliar la investigación sobre su muerte, según expresó el abogado Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.
Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio", según la denuncia. Perrini, empero, era un hombre sin militancia política, explicó el abogado.
Los detenidos fueron sometidos a sistemáticas sesiones de tortura (picana eléctrica, submarino mojado en tacho, potro o caballete y amenaza psicológica permanente); los responsables de la tortura se habrían ensañado con Perrini hasta ocasionarle la muerte, indicó.
"Era un padre de familia, trabajador, muy respetado y querido en Carmelo, que sin motivo aparente fue detenido ilegalmente y asesinado en tortura, en una clara demostración de que las víctimas de la dictadura fueron todos los ciudadanos", señaló López Goldaracena.
"Existieron víctimas inocentes de la población civil que sufrieron el terrorismo de Estado; por eso no podemos legitimar las declaraciones, ni de unos ni de otros, que hablan de un enfrentamiento entre dos bandos", recalcó López Goldaracena.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes investigados en la causa "Organización de Derechos Humanos", para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
La Republica
La transferencia de las acciones de la fábrica Papel Prensa de la familia Graiver a Clarín y La Nación en 1976 se efectuó "en un marco de persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad", señaló este viernes en un dictamen la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
Ambos diarios, los de mayor difusión de Argentina, son críticos de la presidenta Cristina Kirchner.
"La presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa" del grupo Graiver a Clarín y La Nación "habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas (...) con la directa intervención de la junta militar (de la dictadura) y la participación de los civiles denunciados", dijo la fiscalía.
En agosto pasado, la presidenta Cristina Kirchner presentó la investigación "Papel Prensa, la verdad", en base a la cual acusó a los dos diarios de presuntamente apropiarse de la mayor productora de papel para periódicos en complicidad con la dictadura.
El empresario y banquero David Graiver, muerto en un sospechoso accidente aéreo en 1976, era el dueño de la mayoría de las acciones de Papel Prensa, que fue comprada ese año por Clarín, La Nación y La Razón (este último ahora del grupo Clarín).
Su viuda, Lidia Papaleo, principal testigo en la causa judicial en curso, dijo haber firmado bajo presión la venta de las acciones el 2 de noviembre de 1976, cinco meses antes de ser secuestrada, torturada y encerrada en cárceles clandestinas de la dictadura, según denunció.
En cambio, quienes rechazan esa versión dicen que la venta fue voluntaria.
El gobierno de Kirchner se presentó en 2010 como querellante en la causa judicial abierta por esa operación.
La presentación del gobierno fue considerada entonces por Clarín como "un nuevo giro de la embestida contra la prensa independiente".
El influyente periódico dijo en aquella ocasión que el intento de relacionar la compra de la empresa de papel para diarios con delitos de lesa humanidad se hace "a través de una serie de manipulaciones históricas".
Fuente: AFP
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea realizarán hoy una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de la indagatoria penal por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, un hombre sin militancia política, detenido en 1974.
La magistrada y la representante del Ministerio Público ingresarán a las 14.00 horas a la unidad militar para intentar identificar el lugar de reclusión de Perrini y la sala donde fue torturado, como forma de ampliar la investigación sobre su muerte, según expresó el abogado Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.
Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio", según la denuncia. Perrini, empero, era un hombre sin militancia política, explicó el abogado.
Los detenidos fueron sometidos a sistemáticas sesiones de tortura (picana eléctrica, submarino mojado en tacho, potro o caballete y amenaza psicológica permanente); los responsables de la tortura se habrían ensañado con Perrini hasta ocasionarle la muerte, indicó.
"Era un padre de familia, trabajador, muy respetado y querido en Carmelo, que sin motivo aparente fue detenido ilegalmente y asesinado en tortura, en una clara demostración de que las víctimas de la dictadura fueron todos los ciudadanos", señaló López Goldaracena.
"Existieron víctimas inocentes de la población civil que sufrieron el terrorismo de Estado; por eso no podemos legitimar las declaraciones, ni de unos ni de otros, que hablan de un enfrentamiento entre dos bandos", recalcó López Goldaracena.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes investigados en la causa "Organización de Derechos Humanos", para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
La Republica
Importante precedente:LOS CIVILES TAMBIEN PUEDEN SER ACUSADOS DE DELITOS DE LESA
HUMANIDADAcusan por crímenes de lesa humanidad a Clarín y La Nación
30.04.2011 | 12.09 El Espectador
La operación de venta de una fábrica de papel diario a favor de los periódicos argentinos Clarín y La Nación se realizó "en un marco de persecución" contra sus ex dueños y constituyó un "delito de lesa humanidad", dijo una fiscalía.
La transferencia de las acciones de la fábrica Papel Prensa de la familia Graiver a Clarín y La Nación en 1976 se efectuó "en un marco de persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad", señaló este viernes en un dictamen la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
Ambos diarios, los de mayor difusión de Argentina, son críticos de la presidenta Cristina Kirchner.
"La presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa" del grupo Graiver a Clarín y La Nación "habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas (...) con la directa intervención de la junta militar (de la dictadura) y la participación de los civiles denunciados", dijo la fiscalía.
En agosto pasado, la presidenta Cristina Kirchner presentó la investigación "Papel Prensa, la verdad", en base a la cual acusó a los dos diarios de presuntamente apropiarse de la mayor productora de papel para periódicos en complicidad con la dictadura.
El empresario y banquero David Graiver, muerto en un sospechoso accidente aéreo en 1976, era el dueño de la mayoría de las acciones de Papel Prensa, que fue comprada ese año por Clarín, La Nación y La Razón (este último ahora del grupo Clarín).
Su viuda, Lidia Papaleo, principal testigo en la causa judicial en curso, dijo haber firmado bajo presión la venta de las acciones el 2 de noviembre de 1976, cinco meses antes de ser secuestrada, torturada y encerrada en cárceles clandestinas de la dictadura, según denunció.
En cambio, quienes rechazan esa versión dicen que la venta fue voluntaria.
El gobierno de Kirchner se presentó en 2010 como querellante en la causa judicial abierta por esa operación.
La presentación del gobierno fue considerada entonces por Clarín como "un nuevo giro de la embestida contra la prensa independiente".
El influyente periódico dijo en aquella ocasión que el intento de relacionar la compra de la empresa de papel para diarios con delitos de lesa humanidad se hace "a través de una serie de manipulaciones históricas".
Fuente: AFP
Sunday 24 april 2011 7 24 /04 /Abr /2011 01:22
Por un mundo sin explotados ni explotadores, de verdadera igualdad, de innegociable justicia social y de definitiva libertad!!!.
Al cumplirse en este especial abril de 2011, 22 años de la muerte de Raúl Sendic Antonaccio en vísperas del 115º aniversario de la Masacre de Chicago, volvemos a expresar nuestro sentido reconocimiento al incansable y consecuente revolucionario que fue y sigue siendo el Compañero “Bebe” Sendic, creyendo que, como nunca, corresponden en su homenaje militante, estos conceptos:
1.- Esta fecha del 28 de abril, así como la del próximo Primero de Mayo, no tienen otro “dueño” natural y legítimo que no sea, siempre, el mismo pueblo trabajador y oprimido del mundo entero, por cuya causa emancipadora lucharon en épocas distintas, entre muchísimas otras dignas luchadoras y muchísimos otros dignos luchadores, tanto los queridos obreros ahorcados en Chicago como el Compañero Sendic, muerto como secuela de las durísimas torturas sufridas en los campos de concentración del Uruguay fascista.
Tanto en los EE.UU. del año 1886, como en la “Banda Oriental” de 1989, los caídos pertenecen a las filas populares hermanadas en la dura y desigual resistencia al oprobio y la brutalidad capitalistas, más allá de límites geográfico-temporales y de afinidades político-ideológicas particulares;
2.- Tanto en los demás países del mundo sometido por el imperialismo genocida, como en nuestro territorio, no solamente el enemigo común sigue siendo el mismo de 1886 y de 1989 –una burguesía monopólica y decadente cada día mejor identificada por los pueblos--, sino que en todas partes, el sistema despótico organizado en cada Estado, ha redoblado su ofensiva desalmada contra los millones y millones no resignados a la esclavitud moderna.
3.- En cada lugar y en todo momento, la prepotencia sin frenos, es el común denominador imperial que reclama la más sólida, urgente, generosa y duradera unidad popular imaginable, por encima de diferencias o intereses menores, que ante la bestialidad burguesa, son aspectos verdaderamente secundarios, que operan contra la causa obrera y popular, si no logramos superarlos en la organización y la resistencia multitudinaria y fraterna que supere también las fronteras de los espacios grupales, así como es también deseable trascender las fronteras físicas que obstaculizan un auténtico internacionalismo revolucionario mundial, que sea temido y no subestimado por la clase capitalista y sus mercenarios;
4.- Creemos que, aún comprendiéndose los motivos de nuestras divisiones y desencuentros, honrar la memoria combativa y vital de Raúl Sendic a unas horas nomás de este nuevo Primero de Mayo, significa esencialmente esforzarnos día y noche, en cada uno de nuestros espacios y en cada uno de nosotros mismos, por contribuir a limar asperezas y multiplicar un estado de ánimo colectivo propicio para recrear subjetividades y voluntades dispuestas a vencer las actuales y penosas circunstancias de segmentación e incomunicación popular.
Estamos convencidos de que hoy debemos prestar especial atención, al menos, a las innumerables señales de recomposición y renovada “unidad” de los sectores más radicalizados de la clase dominante, que, a pesar de su natural podredumbre ética y la mezquindad que le caracteriza aún entre sus propios integrantes, vuelve a presentar ante los pueblos un disciplinamiento firme y sostenido en la defensa de los criminales de ayer, en el aliento a los criminales de hoy y, en definitiva, en la preservación de los mismos privilegios contra los que cayeron combatiendo los Mártires de Chicago, “El Bebe” Sendic y un sinfín de luchadoras y luchadores que a lo largo y lo ancho de la historia, fueron perseguidos por un enemigo que cambia de aspecto pero no de esencia antihumana e inmoral.
5.- El capitalismo y el imperialismo, no discriminan entre sus enemigos de clase. Les basta nuestra condición de gente de pueblo trabajador resistiendo, para conde-narnos sin excepciones a la amenaza per-manente, más represión y todas las for-mas del terrorismo de Estado y los inten-tos de amedrentamiento de que son capa-ces los ideólogos y los mercenarios del fascismo internacional y nacional.
¡Salú, Compañero Sendic!!!.
¡Habrá patria socialista para todos y con todos!!!.
¡Arriba el Primero de Mayo de los pueblos que se unen, que no olvidan y que siguen en pié de lucha por un mundo sin explotados ni explotadores, de verdadera igualdad, de innegociable justicia social y de definitiva libertad!!!.
(Poniéndole punto final a este saludo,desde B. Unión nos llega la noticia de que hoy --precisamente el 28 de abril-- un centenar de represores desalojó de su tierra y de su rancho al productor de 70 años Ney Thedy, no por deudas impagas, sino porque sus hi-
jos sostienen una cooperativa lechera modelo, autogestionaria y exitosa,que opera desde 2007 en tierras de CoLlonización abandonadas y tomadas por gente que tenía sus vacas flacas pastando en la ruta. Thedy es un sobreviviente de las marchas cañeras de los tiempos de “Por la Tierra y con Sendic”.)
Coord. Hasta la Victoria, Mdeo., abril-2011
“Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.”
Mario Benedetti
Mario Benedetti
Muere ex agente secreto de la Dina Enrique Arancibia Clavel
Quien fuera condenado a cadena perpetua en Argentina por el crimen del ex general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth fue encontrado sin vida en Buenos Aires.
por La Tercera - 28/04/2011 - 22:27
El ex agente secreto de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, quien fue condenado por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, falleció este jueves a los 66 años en la capital trasandina.Según informó Infobae, su cuerpo fue encontrado en pleno centro de esa ciudad por personal de la 3ª. Comisaría.
El ex agente de inteligencia -que gozaba de libertad condicional- presentaba lesiones de arma blanca según las primeras informaciones, por lo que no se descarta que haya sido un homicidio.
Enrique Arancibia Clavel se hizo cadete de la Escuela Militar, para luego estudiar ingeniería.
Llegó a Argentina en 1971, prófugo de la justicia militar por un proceso pendiente en su contra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, pues se le acusaba de haber puesto artefactos explosivos después de la elección de Salvador Allende.
En Buenos Aires y después del golpe militar, según antecedentes del proceso que se le siguió en su contra en ese país por el crimen del general Prats, comenzó a trabajar para la Dina mientras era el representante del Banco del Estado. En su calidad de agente, utilizaba el alias de Luis Felipe Alemparte.
En el crimen de Prats se le acusó de ser quien efectuó las actividades preoperativas al atentado, como entregar información sobre los desplazamientos del general y de haber sido parte de una asociación ilícita que actuó en Argentina para asesinar al ex comandante en jefe del Ejército.
En 1978, en pleno conflicto Chile-Argentina, fue acusado de espionaje junto a otras cinco personas, pero tras la mediación del Papa por el Canal Beagle, fue indultado en los '80.
Tras ese episodio, obtuvo la nacionalidad argentina y armó una empresa de arreglos de oficinas en Buenos Aires.
Sin embargo, el 22 de enero de 1996 la jueza Servini de Cubría ordenó su detención. La decisión de encarcelarlo fue anunciada por el propio ex presidente Carlos Menem, quien, junto con recibir al poco tiempo públicamente a las hermanas Prats, daba así una potente señal política de que el juicio continuaría hasta el final.
Finalmente, fue condenado a cadena perpetua en 2004, a la vez que otro tribunal argentino lo encontró culpable del secuestro de dos mujeres chilenas en Buenos Aires. Sin embargo, por su edad, recibió un beneficio carcelario que le permitió cumplir su sentencia fuera de prisión.
Mirate
así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos
mirate
así
ónde están las walkirias que no pudiste
la primera marmita de tus sañas
te metiste en crueldades de once varas
y ahora el odio te sigue como un buitre
no escapes a tus ojos
mirate
así
aunque nadie te mate
sos cadáver
aunque nadie te pudra
estás podrido
dios te ampare
o mejor
dios te reviente.
---------------
(Papo)
---------------
EL CAMINO URUGUAYO HACIA EL... ¿desarrollo?
Crece el PBIY crecen los asentamientos irregulares
Crecen las diferencias en la riqueza acumulada de los habitantes
Y crecen las diferencias en los ingresos
Crecen las inversiones extranjeras directas.
Y crecen los depósitos en los bancos.
Crece, todo crece...Crece la participación de finanzas y rentas en la economía, y los servicios de transporte y comunicaciones.
Y la población asalariada
No hay caso, no hay país como el Uruguay para crecer.
Pero para que tanta cosa crezca algo tiene que caer:
La participación de la masa salarial en el PBI.
La de la industria y la producción agropecuaria
La población con empleos bien remunerados y con seguridad social...
La evolución de la economía uruguaya desde 1990, demuestra como la inversión extranjera en millones de dólares aumenta mientras que el peso de los distintos sectores en el PBI comparando el 1990 con el 2010, es variable pero con bajas en % en Agricultura, ganadería e industrias manufactureras.
Desde Inglaterra (primera potencia capitalista), Francia, Alemania, los países nórdicos, Italia, sin olvidar, tal vez debería ir en primer lugar la superpotencia capitalista, los EEUU, hasta los actuales "tigres" asiáticos, empezando por Japón, siguiendo Taiwán y Corea del Sur, y culminando en la "estrella del momento", la China continental, la historia del desarrollo económico es la historia de la industrialización.
Otra característica común de todos: la reforma agraria. Por una vía o por la otra, el latifundismo rentista fue liquidado en todas las historias de éxito económico que registra la humanidad. En algunos casos, antes aún de llegar a existir.
Cosa curiosa, como informa un libro que leímos recientemente y recomendamos fuertemente "Porque crecieron los países que crecieron" del economista argentino Julio Sevares, las reformas agrarias de la segunda postguerra mundial en Japón, Corea del Sur y Taiwán fueron impulsadas por, nada más ni nada menos, los Estados Unidos de América. ¿Asombroso?
Sin duda...pero ¿porqué?
Simple: ante la "amenaza soviética" y posteriormente la "comunista China" había que fortalecer a los "amigos" de Asia.
Y para fortalecer esos países, según la inteligencia geopolítica yanqui de la época, nada mejor que realizar en ellos reformas agrarias.
La superficie cultivable máxima en manos de un agricultor en Japón quedó en 3 hectáreas. Claro, ya la dinastía Meiji en el siglo XIX(1868-1912)había realizado una reforma agraria con vistas a desarrollar el país.
Hoy, más allá de diversos avatares naturales y económicos todos se inclinan ante el ejemplo de éxito que representan esos países, junto, por supuesto a China continental, donde la reforma agraria la realizaron los comunistas a partir de la revolución de 1949.
Mientras tanto, por estos lados, realizamos la contrarreforma agraria.
La propiedad de la tierra, fruto de una desgravación fiscal sin antecedentes se concentra y extranjeriza.
Y la participación de la industria manufacturera en el PBI cae, como muestra una gráfica que publicó el País del 24/11, cayó del 27 al 15% en 20 años. La caída sería mayor aún sin un par de enclaves extraterritoriales que figuran, sin embargo como industrias nacionales: Botnia y Pepsi. El camino exactamente inverso al que recorrieron los países "modelo". Que, por supuesto, entraron en crisis (la crisis asiática de 1997) cuando, a caballo de las nuevas presiones imperiales (ya no existía el "imperio soviético") introdujeron cambios en el sentido de financierizar su economía. Desregular, privatizar, liberar el flujo de capitales...crisis económica y retroceso social.
Y acá hacemos exactamente eso: desregulamos, privatizamos (con algunos límites impuestos por la soberanía popular los últimos 20 años, límites que paulatinamente van desapareciendo), mantenemos absolutamente libre el flujo de capitales (entrada y salida), permitimos que la inexorable "mano invisible" concentre todo, propiedad, riqueza, ingresos, eso sí, con algunos paliativos pautados por la versión "corregida" del consenso de Washington que recomienda un mínimo de protección a los desplazados, a los marginados. Protección y represión...no vaya a ser cosa que se les haga el campo orégano. O sea, razias. Allanamientos masivos...mostrar el palo, por las dudas.
Y por ahora, "todo va muy bien señora marquesa"
El capital afluye abundante y empapa a una parte del país. El 20% la pasa "más que bien", el 60% tira más o menos y el 20% restante, gracias a subsidios estatales de algún tipo, sobrevive.
Los flujos de capital desregulados son como la marea: cada tanto sube, y después, baja. Cuando sube "la marea alta eleva todos los botes".
Cuando baja "se ve cuales nadadores estaban desnudos".
Uruguay profundiza su experimento.
Realiza el camino exactamente inverso al que siguieron los países que se desarrollaron. Además de los aspectos mencionados, se deseduca y desinvierte en conocimiento. Revierte lo que hicieron durante algunas décadas gobiernos del siglo pasado.
Y, tanto gobernantes como economistas fieles al sistema nos aseguran que en pocos años seremos desarrollados.
El pronóstico tiene una ventaja: es refutable.
Veremos.
24 de abril de 2011WY (miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay)
WILLIAM YOHAI
publicado en semanario alternativas
Argentina- LUCILA LARRANDART EXPLICA COMO SE LLEGO A LA CONDENA A PATTI Y BRINDA SU VISION SOBRE LA MARCHA DE LAS CAUSAS CONTRA LOS REPRESORES
“En este juicio hubo realmente muchas pruebas”
La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín reseña el papel del ex policía en la represión y explica las pruebas fundamentales en su contra. También detalla las dificultades para hacer justicia más de 30 años después de los hechos.
Por Alejandra DandanPagina 12
Lucila Larrandart es la presidenta del Tribunal que condenó a Luis Abelardo Patti a la pena de prisión perpetua por el asesinato de Gastón Gonçalves y los secuestros y torturas a otros seis militantes del PJ de Escobar durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, la jueza explica que el Tribunal probó durante el juicio que el ex intendente de Escobar no sólo actuaba como policía sino que desde ese papel operaba como hombre de Inteligencia al servicio del Ejército: “Conformaba grupos operativos a través de la Unidad Regional de Tigre, que dependía del Comando de Institutos Militares y manejaba a los hombres de Inteligencia”. Explica que eso sucedió “desde el ’74, o sea mucho antes del golpe de Estado”. En la entrevista, reseña por qué Patti nunca estuvo presente en la sala de audiencias y comenta sus impresiones ante el polémico ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado del represor. Larrandart también analiza la marcha de los juicios orales por causas de lesa humanidad.
La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. “Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia”, explica. Y señala que “uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece”.
Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.
–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti? –Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.
A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.
–A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos? –Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.
–¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua? –En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.
En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería “el autor detrás del autor”, la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. “Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron.”
–Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura? –Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.
–A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda? –Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.
–Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión? –Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.
–Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado? –Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.
La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. “Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia”, explica. Y señala que “uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece”.
Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.
–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti? –Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.
A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.
–A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos? –Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.
–¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua? –En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.
En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería “el autor detrás del autor”, la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. “Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron.”
–Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura? –Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.
La salud de Patti
–El juicio empezó con Patti en una ambulancia. ¿Qué expectativas tenían sobre su participación? –Nosotros hubiésemos fijado más días de audiencias a la semana, pero en función de la salud de Patti decidimos hacerlas sólo dos veces. Si hubiésemos hecho cuatro audiencias por semana, el juicio hubiese terminado tres meses antes. Pero para que Patti estuviera en la sala, decidimos hacerlo más espaciado; y eso terminó retrasándolo.–A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda? –Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.
–Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión? –Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.
–Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado? –Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.
A 29 años de la guerra, los ex soldados que combatieron en las islas luchan por la verdad
“Los caídos en Malvinas forman parte de los muertos de la dictadura”
Publicado el 2 de Abril de 2011Los integrantes del CECIM-La Plata destacaron que desde 1982 trabajan para que salga a la luz todo lo que los militares de carrera intentaron ocultar sobre el enfrentamiento. Hace tres semanas algunos volvieron al archipiélago.
Los seis amigos, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se abrazaron y comenzaron a saltar como niños en el Monte Longdon, el mismo sitio en el que casi tres décadas atrás vivieron una de las batallas definitivas por el control de las Islas Malvinas, en la que murieron 36 de sus compañeros de regimiento. Estos hombres, inmersos en su propio ritual, agradecían el estar vivos, resistiendo. Gritaban y cantaban que no los habían podido quebrar los británicos ni los militares argentinos. Fue la forma que encontraron para rendirle homenaje a los caídos en una guerra sin sentido, de la que hoy se cumplen 29 años. Esta anécdota, que ocurrió hace tres semanas, sintetiza la esencia que envuelve al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) - La Plata, una organización de ex soldados conscriptos que se concibió en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Pasaron 29 aniversarios y su lucha por la verdad continúa.
La organización –que se creó formalmente en 1984- comenzó a tomar forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras reuniones del CECIM se realizó en la casa del ex combatiente Martín Raninqueo y otra en el restaurante de su padre. Apenas despuntaba la década de 1980 y todavía la sede del centro era itinerante. Con el tiempo fueron apareciendo lo locales fijos: primero fue el Centro Universitario de Misiones y luego la sede actual ubicada en la intersección de las calles 21 y 40, en la ciudad de las diagonales, claro.
Justamente, uno de los miembros del contingente que voló a Malvinas en la semana del 12 de marzo fue el “Indio” Raninqueo. “Yo nunca tuve presente volver a las islas –asegura a Tiempo Argentino–. Fueron los compañeros con los que fundamos el CECIM los que me insistieron. Y eso fue determinante porque para mí el grupo es lo importante.” Músico y poeta, Raninqueo caminó por el terreno rocoso de Monte Longdon con su guitarra al hombro y le puso melodías a la noche malvinense. Entre los hits que sonaron durante el acampe hubo clásicos del rock nacional y un puñado de canciones propias, inspiradas en su experiencia bélica, que creó junto a otro ex combatiente, Fabián “Cucu” Passaro, y que pretende compilar en un CD.
“En nuestros viajes hacemos pequeñas intervenciones, en esta ocasión marcamos las posiciones en las que murieron nuestros compañeros – cuenta Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM– En el año 2007 otro grupo plantó un pino. Nosotros plantamos cinco pinos más en distintos lugares. También vimos y escuchamos lo que pasa en Malvinas. Nos alarmó la imponente base militar que está instalada a sólo 700 kilómetros del continente”– agrega–
Pero no todos los miembros de la organización tienen la voluntad de volver a las islas. Carlos Amato, actual presidente del CECIM, es contundente: “Decidí no viajar. Nosotros nos respetamos mucho en el centro. A mí, el tema del sello del pasaporte no me cierra. Pero felicito a quienes viajaron.”
Carlos Giordano, ex soldado, esgrime razones similares a las de Amato para no pisar las islas: “No voy a viajar a Malvinas. Comprendo a los compañeros que van. Algunos dicen que cierran etapas, pero yo no tengo mucha necesidad psicológica ni simbólica de viajar a las islas. No sé si soportaría ver la bandera inglesa. Esto no quita que si mis hijos me lo piden no vuelva con ellos. Pero la verdad que no quiero que me sellen el pasaporte los ingleses”, se sincera este profesor universitario, doctor en Comunicación Social, que fue vicedecano en la Universidad Nacional de La Plata.
Giordano llegó al CECIM a mediados de los ‘80 cuando todavía era un estudiante y el centro ya tenía un planteo político ideológico definido. “Tenían una postura muy clara –recuerda– en Malvinas no sólo hubo una guerra que perdimos. Habíamos combatido contra el imperialismo de la OTAN, pero también con unas Fuerzas Armadas que nos hacían repensar día a día dónde estaba el enemigo.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
Alonso es uno de los ex presidentes del Centro y un activo militante por la causa Malvinas. A medida que va recordando las acciones que realizaron desde la organización su voz se va dejando llevar por la pasión: “Desde el CECIM rompimos la imposición de silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas”, dice, haciendo alusión al día histórico en que Raúl Alfonsín se refirió a los carapintadas como héroes de Malvinas.
Al final fueron considerados “antihéroes” pero por gran parte de las Fuerzas Armadas de la época. De hecho, el CECIM estuvo infiltrado por los servicios de inteligencia a fines de los ‘80, según se desprendió de los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –DIPBA–, hoy a cargo de la Comisión por la Memoria.
Un poco de historia quizás sirva para explicar esta preocupación castrense. El CECIM fue la primera organización que publicó el Informe Rattenbach, en 1988. Se trata de un informe que realizaron las propias Fuerzas Armadas para analizar la Guerra de Malvinas. En ese documento se dejó escrito para la posteridad que la guerra “fue una aventura militar”.
El centro de ex combatientes también resistió las políticas de los ’90. “En aquella década –recuerda Alonso–, el tema Malvinas se resolvió con los carapintadas, con Mohamed Alí Seineldín específicamente. Fue entonces que nació la figura de ‘veterano de guerra’. Menem nos puso a todos en una misma bolsa. Nosotros nos opusimos a esa figura porque somos ex soldados conscriptos. No dejamos que nos colonicen los cuadros militares de carrera.”
En este sentido, Amato describe la característica esencial de la organización que preside: “Entre las organizaciones de ex combatientes somos de las muy pocas formadas por ex soldados conscriptos. Esto no es motivado por fobias a las Fuerzas Armadas sino por los militares que, al amparo de la represión, llevaron sus cuestiones aberrantes a Malvinas. Con esas FF AA no tenemos reconciliación posible.”
En un repaso por sus acciones políticas, aquellas que le dan identidad al espacio, no puede obviarse el escrache que le realizaron a Mario Benjamín Menéndez –máxima autoridad política y militar en las islas– y a Leopoldo Fortunato Galtieri ni su pelea por depurar las pensiones honoríficas a ex combatientes. Cuando el “Tigre” Acosta, símbolo del terrorismo de Estado recibió este reconocimiento, el CECIM lo denunció y le quitaron la pensión.
Para Alonso, “en el relato de la épica militar se quiso colocar a falsos héroes. Muchos de los que estuvieron en Malvinas fueron parte de la última dictadura. Hay más de 80 oficiales y suboficiales que estuvieron en el conflicto bélico que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Entre los casos paradigmáticos figuran el almirante retirado Carlos Busser, quien comandó el desembarco del 2 de abril en el Operativo Rosario y Carlos Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, quien comandó las tropas en el combate de Monte Longdon.
Pero para los ex combatientes, la dictadura militar no sólo prestó sus hombres para dirigir la batalla. También repitió métodos y conceptos.
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Pero la principal batalla del CECIM comenzó en 2007 cuando denunció, junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a 70 oficiales y suboficiales por violaciones a los Derechos Humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Se trata de una causa radicada ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal, tras recibir tres fallos favorables en las instancias inferiores. Se trata de denuncias realizadas por ex soldados de diferentes provincias por torturas –como estaqueos–, vejámenes y hasta homicidios. Algunas de las víctimas sufrieron la mutilación de miembros de su cuerpo a causa de estos tormentos.
Por todo esto, “cuando se acerca la fecha no solamente aparecen los recuerdos de Malvinas, los días previos al conflicto –concluye Giordano. También se agiganta la distancia que nos separa con lo oculto de Malvinas, con lo que no se dijo. Se nota la deuda histórica a medida que pasan los aniversarios”.
No es para menos. A 29 años del conflicto con Gran Bretaña, los ex combatientes nucleados en el CECIM no bajan los brazos. Lejos de las trincheras saben que su lucha continúa.
Tiempo Argentino. Argentina RETRASO EN LAS CAUSAS SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO EN JUJUY
Un apagón en la Justicia
La Unidad Especial de la Procuración señaló que Jujuy es el distrito con “mayores problemas”. El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en la causa sobre La Noche del Apagón y responsabilizó al Ingenio Ledesma.
Por Adriana MeyerPagina 12
Que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están en marcha es un hecho, pero no es menos cierto que atraviesan variados escollos, sobre todo en algunas provincias. Jujuy es una de las que más retraso lleva en el juzgamiento de los represores que actuaron en la denominada Noche del Apagón, cuando fueron secuestradas centenares de personas en Libertador General San Martín, con el apoyo logístico del Ingenio Ledesma. Esa jurisdicción “es la que mayores problemas presenta para el avance de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, afirmó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que acusó al juzgado a cargo de estos expedientes por la paralización de los mismos. En ese contexto, y con el objetivo de reactivarlos, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales presentó un escrito para fundamentar que la empresa azucarera y papelera de los Blaquier colaboró con el terrorismo de Estado.
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. “Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional”, dijo Kalek en el escrito. “La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución”, afirmó.
Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.
“El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”, expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que “las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa”. Por lo tanto, “pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura”.
La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. “Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional”, dijo Kalek en el escrito. “La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución”, afirmó.
Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.
“El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”, expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que “las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa”. Por lo tanto, “pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura”.
La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.
