De no creerlo,se espera DESMENTIDO
17 abril 2011
Hoy, 16 de abril, se cumplen 27 años del asesinato del Dr. Vladimir Roslik a manos del terrorismo de Estado. Sus asesinos siguen impunes. La ley interpretativa recientemente aprobada en el Senado, habilitaría que los criminales de lesa-humanidad sean llevados ante la justicia, y entre ellos los asesinos del Dr. Roslik.
Pero justamente hoy, nos encontramos con la noticia que adjuntamos. Es por lo menos vergonzoso e indignante -si bien podríamos agregarle otros términos- que el MPP, a falta de argumentos, hable de "apuro" por aprobar el proyecto, que ha sido largamente discutido en el seno del Frente Amplio y luego en las Cámaras. Curiosamente es el mismo sector que no incluía en sus sobres de votación las papeletas del SI rosado en el plebiscito por la anulación de la ley de impunidad. Qué se esconde detrás de todo esto??? Síndrome de Estocolmo o pacto???
Hemos esperado demasiados años, con todo el dolor que ello acarrea, vemos como los compañeros se nos van muriendo en muchos casos sin conocer la Verdad y en todos sin alcanzar la Justicia. Cuánto más cree el MPP que se puede dilatar esta espera??? Ni las víctimas, ni sus familias, ni el pueblo uruguayo se merecen esto. No nos cansaremos de repetir, una y otra vez, el justo reclamo de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
Silvia
| Este es el articulo aparecido en "Ultimas Noticias" Se SOLICITARÁ al frente estudiarla a fondo para mejorarla; pedirán diferir votación |
El MPP planteará rediscutir
ley que anula la Caducidad
 |
Los diputados del MPP plantearán a la bancada del Frente Amplio (FA) que se tome "tiempo" para analizar el proyecto interpretativo de la Caducidad y efectuar modificaciones para "mejorarlo". El sector mayoritario de la coalición de izquierda no está dispuesto a acatar el "apuro" marcado por algunos sectores que quieren aprobar el proyecto antes del 20 de mayo y consideran que se pueden efectuar cambios.
"Yo soy muy escéptico en que la aprobación de esta ley permita lograr los objetivos trazados. No se llega al esclarecimiento de la verdad a través de modificaciones legislativas", dijo a Ultimas Noticias el diputado Esteban Pérez.
El año pasado, cuando el FA comenzó a trabajar sobre el primer proyecto interpretativo, el MPP planteó su oposición a la vía parlamentaria. Si bien el sector estaba de acuerdo con el resto del FA en la necesidad de sacar la norma del ordenamiento jurídico, entendía que debían respetarse los plebiscitos. Sin embargo, quedó en minoría frente a los sectores y bases que impulsaban la eliminación de los efectos de la norma y resolvió acatar.
Si bien la sesión en la Cámara Baja está prevista para el 4 de mayo, en el MPP se considera necesario "tener tiempo" para analizar el tema. "Cuando una ley viene desde el Senado, no es para votarla sin discusión. Yo entiendo la postura de quienes entienden que votarla antes del 20 de mayo tendría un carácter emblemático, pero no descarto la posibilidad de hacer nuevos ajustes o incluso contemplar otras alternativas. Ahora empieza el debate. Nosotros vamos a plantear mejorarla", apuntó Pérez.
Sin embargo, aclaró que "el mandato del FA es claro. Mientras eso no cambie, modificada o no, hay que votarla". Si el sector no logra las mayorías necesarias para demorar el tema en la bancada para su estudio, acatará lo que se resuelva y los diputados levantarán sus manos.
Uno de los aspectos que preocupa a los legisladores del FA es la posible andanada de denuncias de inconstitucionalidad. El propio presidente José Mujica expresó en los últimos días su preocupación al respecto, ya que el tema también fue considerado por numerosos catedráticos consultados por la izquierda.
A eso se suma el peso de la opinión pública, que en la última encuesta realizada por la consultora Factum dejó claro que la mayoría de los ciudadanos no quiere una solución parlamentaria y pretende que se respeten los plebiscitos. Según reveló el jueves Telenoche, el 70% está "a favor de mantener lo que decidió el pueblo", mientras que el 25% está de acuerdo en "juzgar las violaciones a los derechos humanos" y un 5% permanece indeciso.
Las opiniones profundizan la tendencia que había comprobado la consultora Equipos/Mori en noviembre pasado, cuando el 48% estaba en contra del proyecto interpretativo, frente a un 31% a favor y un 21% no tenía posición adoptada. En aquel momento se trataba del primer proyecto interpretativo. Tras el fracaso en el Senado por la negativa de los senadores Jorge Saravia, Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa a acompañarlo, las posturas se profundizaron.
Las críticas efectuadas por Fernández Huidobro y la renuncia en el Senado también inciden sobre la decisión del MPP de plantear la necesidad de tomar un tiempo para estudiar el tema en Diputados y efectuar cambios si fuera necesario. El jueves, en la reunión del Secretariado Ejecutivo del FA, dirigentes de todos los sectores reconocieron que coincidían con gran parte de los planteos de Huidobro y elogiaron su actitud de priorizar la unidad del FA, aunque consideraron que sus críticas afectaron la imagen de la izquierda.
Mensajes de unidad
El proyecto interpretativo de la ley de Caducidad a estudio del Parlamento llegó al Senado con el voto unánime del Frente Amplio (FA). Sin embargo, las divisiones estaban desde el origen. Más allá de las diferencias que impidieron avanzar con la primera versión, cuando se votaron las modificaciones en el Plenario hubo seis dirigentes que se negaron a acompañarlas. Cinco delegados de la Alianza Progresista que se habían opuesto a la ley y un representante de las bases de San José se abstuvieron. La unanimidad se alcanzó cuando se consideró necesario dar un mensaje de unidad.
Fuente: Últimas Noticias
Leer más: http://esquinamontevideo.
Los "rentados", militantes a sueldo del MPP
Organización. Son cerca de 150 en todo el país y perciben un salario de hasta $ 37.500
VALERIA GIL
El MPP tiene cerca de 150 cargos "rentados", militantes que cobran por su actuación política. Reciben un salario de hasta $ 37.500, y entre ellos hay desde ediles y secretarios de legisladores, hasta delegados en los organismos del FA.
El grupo de los "rentados" tiene como referente a Elío Díaz, el segundo dirigente del MPP más votado por las bases en las elecciones internas del domingo 3 detrás del tupamaro Julio Marenales. Díaz tiene su base de operaciones en la sede del MPP en Mercedes y Ejido.
Los "rentados" son militantes del sector que cobran por ejercer el "apoyo político" a la Dirección Nacional del MPP. La mayoría ocupa cargos de secretarios de legisladores o en las comisiones internas del MPP.
En la mayoría de los departamentos que integran la regional interior del sector, hay dos militantes pagos. Uno encargado de la dirección departamental y otro que atiende los "asuntos políticos" y coordina acciones con los ediles. En el interior, Canelones es el departamento que tiene más "rentados" (ocho en total), que se distribuyen según las alcaldías.
Además de Díaz, la "barra" de los "rentados" tiene como militantes más notorios a César Faraone (encargado de Finanzas), Evaristo Coedo (integrante del Ejecutivo de Montevideo del MPP), Jorge González (coordinador de bancada del Espacio 609), Julio Martínez (secretario del presidente José Mujica) y Nery Mutti (departamental de Salto).
Estos militantes cobran salarios de hasta $ 37.500, pero la mayoría tiene un promedio de ingreso de $ 20.000. Los salarios se pagan por medio de los aportes que realizan los legisladores y otros jerarcas de gobierno a la colectividad política, ya que el sector fijó como tope salarial los $ 37.500.
Si bien una resolución del Ejecutivo Nacional del MPP de enero de 2010 ordenó la equiparación de todos los salarios de los militantes, la disposición no se cumple.
"En ese momento la Regional Interior dio una discusión política porque no se estaba de acuerdo con el pago de un salario a los ediles", indicó un informante del MPP a El País.
Esto llevó a que la mayoría de los ediles del sector hoy no cobren sueldos, y que ese dinero se destinara a las direcciones departamentales. Así, todos los meses el MPP envía a cada departamento un monto de aproximadamente $ 17.000 para los gastos fijos de cada sede.
Esta partida permite el pago de alquiler de local y los consumos de luz, teléfono y agua, lo que asegura que estén abiertos todo el año y no solo en campaña electoral. La decisión de hacerse de estos gastos implicó "una apuesta a la organización, en vez del pago a una persona más", explicó una de las fuentes consultadas.
El presupuesto mensual del MPP es de casi US$ 200.000, los cuales se distribuyen en gastos para sostener la estructura.
El 5% del ingreso mensual que recibe el sector se destina al Fondo Raúl Sendic y otro 2% va para un fondo solidario (instrumentado para asistir a militantes con problemas para costear tratamientos médicos).
En tanto, el 25% se utiliza para el pago de los alquileres de los locales, la flota de vehículos del MPP y el auto que utiliza el presidente Mujica.
El grueso del 68% del presupuesto restante se destina al pago de los salarios a los funcionarios "rentados" que posee la organización, así como sus aportes patronales.
Según explicaron las fuentes, el Ejecutivo Nacional del MPP -que asume después de Semana Santa- deberá definir si mantiene los actuales cargos de los "rentados" o si se realizan ajustes en la estructura de la organización.
Los "rentados" tienen una dedicación full time a la organización política, ya que no poseen otro empleo afuera.
Estos militantes se caracterizan por estar a disposición de la Dirección Nacional del sector y son los encargados de representar al MPP en los órganos de conducción del Frente Amplio, como la Mesa Política y el Secretariado Ejecutivo. Durante las discusiones internas, "los rentados hacen sentir su peso dentro del sector", contó a El País una fuente emepepista. Un ejemplo de ello, fue la destitución de la directora del Hospital Saint Bois, Noris Menotti, por "un ajuste de cuentas interno". En las votaciones que se realizan en el Ejecutivo Nacional del MPP, los "rentados" suelen alinear sus posiciones a los planteos del oficialismo. Están distanciados de la corriente que lidera Marenales.
El MPP tiene cerca de 150 cargos "rentados", militantes que cobran por su actuación política. Reciben un salario de hasta $ 37.500, y entre ellos hay desde ediles y secretarios de legisladores, hasta delegados en los organismos del FA.
El grupo de los "rentados" tiene como referente a Elío Díaz, el segundo dirigente del MPP más votado por las bases en las elecciones internas del domingo 3 detrás del tupamaro Julio Marenales. Díaz tiene su base de operaciones en la sede del MPP en Mercedes y Ejido.
Los "rentados" son militantes del sector que cobran por ejercer el "apoyo político" a la Dirección Nacional del MPP. La mayoría ocupa cargos de secretarios de legisladores o en las comisiones internas del MPP.
Además de Díaz, la "barra" de los "rentados" tiene como militantes más notorios a César Faraone (encargado de Finanzas), Evaristo Coedo (integrante del Ejecutivo de Montevideo del MPP), Jorge González (coordinador de bancada del Espacio 609), Julio Martínez (secretario del presidente José Mujica) y Nery Mutti (departamental de Salto).
Estos militantes cobran salarios de hasta $ 37.500, pero la mayoría tiene un promedio de ingreso de $ 20.000. Los salarios se pagan por medio de los aportes que realizan los legisladores y otros jerarcas de gobierno a la colectividad política, ya que el sector fijó como tope salarial los $ 37.500.
Si bien una resolución del Ejecutivo Nacional del MPP de enero de 2010 ordenó la equiparación de todos los salarios de los militantes, la disposición no se cumple.
"En ese momento la Regional Interior dio una discusión política porque no se estaba de acuerdo con el pago de un salario a los ediles", indicó un informante del MPP a El País.
Esto llevó a que la mayoría de los ediles del sector hoy no cobren sueldos, y que ese dinero se destinara a las direcciones departamentales. Así, todos los meses el MPP envía a cada departamento un monto de aproximadamente $ 17.000 para los gastos fijos de cada sede.
Esta partida permite el pago de alquiler de local y los consumos de luz, teléfono y agua, lo que asegura que estén abiertos todo el año y no solo en campaña electoral. La decisión de hacerse de estos gastos implicó "una apuesta a la organización, en vez del pago a una persona más", explicó una de las fuentes consultadas.
El presupuesto mensual del MPP es de casi US$ 200.000, los cuales se distribuyen en gastos para sostener la estructura.
El 5% del ingreso mensual que recibe el sector se destina al Fondo Raúl Sendic y otro 2% va para un fondo solidario (instrumentado para asistir a militantes con problemas para costear tratamientos médicos).
En tanto, el 25% se utiliza para el pago de los alquileres de los locales, la flota de vehículos del MPP y el auto que utiliza el presidente Mujica.
El grueso del 68% del presupuesto restante se destina al pago de los salarios a los funcionarios "rentados" que posee la organización, así como sus aportes patronales.
Según explicaron las fuentes, el Ejecutivo Nacional del MPP -que asume después de Semana Santa- deberá definir si mantiene los actuales cargos de los "rentados" o si se realizan ajustes en la estructura de la organización.
Aportes al MPP
El MPP recibe aportes de parte del presidente José Mujica, tres senadores y 22 diputados. Además de otros cargos políticos de segunda jerarquía en ministerios. Los salarios de los militantes del sector están topeados en $ 37.500. Con sus aportes se pagan salarios a "rentados", gastos de funcionamiento de la estructura y se mantiene el Fondo Raúl Sendic.Perfil del grupo de "rentados"
Los "rentados" adquirieron relevancia dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP) con la designación de la anterior Dirección Nacional del sector. Los "rentados" tenían mucho peso en las decisiones que se tomaron en el Ejecutivo anterior del MPP, sobre todo en lo que refería a la regional interior. El referente de los rentados es Elío Díaz (conocido en la interna como El Pájaro), que en las últimas elecciones internas del sector obtuvo el segundo lugar entre los más votados después del tupamaro Julio Marenales.Los "rentados" tienen una dedicación full time a la organización política, ya que no poseen otro empleo afuera.
Estos militantes se caracterizan por estar a disposición de la Dirección Nacional del sector y son los encargados de representar al MPP en los órganos de conducción del Frente Amplio, como la Mesa Política y el Secretariado Ejecutivo. Durante las discusiones internas, "los rentados hacen sentir su peso dentro del sector", contó a El País una fuente emepepista. Un ejemplo de ello, fue la destitución de la directora del Hospital Saint Bois, Noris Menotti, por "un ajuste de cuentas interno". En las votaciones que se realizan en el Ejecutivo Nacional del MPP, los "rentados" suelen alinear sus posiciones a los planteos del oficialismo. Están distanciados de la corriente que lidera Marenales.
El País Digital
Mensaje de "El Tony" desde tierras bolivarianas
El problema...como se ve a la distancia ...es que pareciera que hay una parte de los Uruguayos que no está entendiendo bien lo que está pasando ....según lo que tenemos entendido es que nadie "está buscando un entendimiento con nadie"...sino que ahora como no quisieron agarrar al toro por las guampas en tiempo y forma ...se tornó un problema JU-RI-DI-CO....es decir que quien cometió un delito de Lesa Humanidad (que éstos no prescriben) ...es decir para que lo entiendan bien ...haya pasado el tiempo que haya pasado ...y el Pueblo se haya equivocado en dos Referendum.....el que cometió ese delito ...tiene que asumir la responsabiliad penal ....no el tiro libre sin barrera de los once pasos....
CLARITO : TUVIERON 26 AÑOS PARA BUSCAR ENTENDIMIENTO ...LO DEL CLUB NAVAL NO FUE UN ENTENDIMIENTO SINO UNA SINVERGUENZERÍA....
Por otro lado ahora resulta que el Presidente no es el que manda ...sino el Poder electoral...que es todo el Pueblo ...y justamente el Pueblo es el único que se puede equivocar....aunque sea dos veces.
En Argentina pasó que un ciudadano acusado de Represor y que cometió delitos de Lesa-Humanidad fué electo democraticamente como Diputado por el Pueblo soberano ...y los Diputados en la Cámara lo rechazaron y no lo dejaron ejercer....prueba que el Pueblo tambien se equivoca....y hoy en dia el Sr. Patti tiene una codena a perpetuidad.
Cuando veas las barbas de tu vecino arder ....pon las tuyas en remojo....
Es decir si el Pueblo Uruguayo desconocía que existía una Ley que dice que los crimenes de Lesa-Humanidad NO PRESCRIBEN ...el desconocimiento de la Ley no lo exime de resposabilidades.
A un sector de los Senadores no les sirve que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA haya dictaminado que la Ley de Caducidad es Insconstitucional, no les sirve lo que dictamine la Corte Internacional de Derechos Humanos y ahora le quieren pasar el hierro caliente al Presidente ...(que para eso si manda) para que vete la anulación.
Creo que hay muchos Uruguayos que siguen teniendo la aspiración de vivir con dignidad, pero como decía el finado mi viejo....siguen tomando mate en chancletas en la puerta de la casa...esperando ver pasar el cadaver de su enemigo.
Me van a perdonar pero solo leí hasta esa parte ...despues vomité.
Sabemos que el camino es largo y tortuoso...pero ES EL CAMINO !
Un gran abrazo Artiguista y Bolivariano, de Compromiso Infinito con nuestros Hermanos del Camino.
Salute !
Caducidad: "Hay falta de comprensión en el Frente"
Reunión. Mujica trasmitió a militares su "preocupación" por la anulación de la ley
DANIEL ISGLEAS / PABLO MELGAR
El presidente José Mujica trasmitió a la cúpula de las Fuerzas Armadas que le preocupa la "incomprensión" existente en sectores del Frente Amplio que promueven la anulación de la ley de Caducidad.
Durante una reunión mantenida en la noche del jueves 14 en la residencia oficial del Prado, el presidente reiteró algo que ya había trasmitido a los centros sociales de las Fuerzas Armadas: que ha hecho los máximos esfuerzos posibles para evitar la sanción de una iniciativa de ese tipo, no obstante lo cual reiteró que no está dispuesto a ejercer la facultad presidencial del veto sobre la ley que se sancionará en el Parlamento el miércoles 4 de mayo.
Según participantes de la reunión y otras fuentes militares consultadas ayer por El País, Mujica les dijo claramente a los comandantes en jefe y al jefe del Esmade, José Bonilla, que está "muy preocupado" por lo que pueda suceder a partir de la anulación de la ley de Caducidad y que entre los sectores del Frente Amplio que promueven la anulación hubo "incomprensión" hacia la situación que esto podría acarrear.
Para analizar los hechos luego del encuentro con Mujica, el comandante del Ejército, Jorge Rosales, reunió ayer a los generales durante unos veinte minutos.
En ese encuentro, celebrado en la sede castrense de la Avenida Garibaldi, Rosales fue muy reservado, tal como les pidió el propio Mujica a los participantes de la reunión del jueves.
APOYADO. El jefe del Ejército destinó la mayor parte de la charla con sus generales para poner al tanto de las últimas novedades sobre el estado de salud del general Miguel Dalmao, que fuera operado de urgencia la noche del jueves en Casa de Galicia por una afección cardíaca.
No obstante, la instancia sirvió a Rosales para detectar la apoyatura de los mandos con la que cuenta. Las fuentes consignaron que la mayoría de los generales está alineado con el comandante en jefe. Sin embargo, algunos participantes se retiraron disconformes con el accionar de Rosales. "Quieren convencernos para que nos quedemos tranquilos", afirmó a El País uno de los generales que participó de la reunión.
Rosales dijo que no podía revelar muchas cosas sobre lo conversado en la residencia oficial y que el vocero iba a ser el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El jueves por la noche, los jefes militares se retiraron convencidos de que el encargado de fijar la posición del gobierno sería el presidente Mujica, según se les hizo ver.
Ayer el foro militar Libertad y Concordia emitió un comunicado solidarizándose con Dalmao y "todos los prisioneros políticos gravemente enfermos, en el país o en el exterior, así como con sus apreciadas familias".
Los voceros de la agrupación denunciaron ayer en radio Continente que uno de los militares procesados, que se encuentra internado en el Hospital Militar, fue destratado por uno de los médicos forenses que se constituyó en el nosocomio para verificar su estado de salud.
Agregaron que el juez de la causa debió intervenir para evitar que fuera trasladado a la cárcel de Domingo Arena.
El presidente José Mujica trasmitió a la cúpula de las Fuerzas Armadas que le preocupa la "incomprensión" existente en sectores del Frente Amplio que promueven la anulación de la ley de Caducidad.
Durante una reunión mantenida en la noche del jueves 14 en la residencia oficial del Prado, el presidente reiteró algo que ya había trasmitido a los centros sociales de las Fuerzas Armadas: que ha hecho los máximos esfuerzos posibles para evitar la sanción de una iniciativa de ese tipo, no obstante lo cual reiteró que no está dispuesto a ejercer la facultad presidencial del veto sobre la ley que se sancionará en el Parlamento el miércoles 4 de mayo.
Según participantes de la reunión y otras fuentes militares consultadas ayer por El País, Mujica les dijo claramente a los comandantes en jefe y al jefe del Esmade, José Bonilla, que está "muy preocupado" por lo que pueda suceder a partir de la anulación de la ley de Caducidad y que entre los sectores del Frente Amplio que promueven la anulación hubo "incomprensión" hacia la situación que esto podría acarrear.
En ese encuentro, celebrado en la sede castrense de la Avenida Garibaldi, Rosales fue muy reservado, tal como les pidió el propio Mujica a los participantes de la reunión del jueves.
APOYADO. El jefe del Ejército destinó la mayor parte de la charla con sus generales para poner al tanto de las últimas novedades sobre el estado de salud del general Miguel Dalmao, que fuera operado de urgencia la noche del jueves en Casa de Galicia por una afección cardíaca.
No obstante, la instancia sirvió a Rosales para detectar la apoyatura de los mandos con la que cuenta. Las fuentes consignaron que la mayoría de los generales está alineado con el comandante en jefe. Sin embargo, algunos participantes se retiraron disconformes con el accionar de Rosales. "Quieren convencernos para que nos quedemos tranquilos", afirmó a El País uno de los generales que participó de la reunión.
Rosales dijo que no podía revelar muchas cosas sobre lo conversado en la residencia oficial y que el vocero iba a ser el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El jueves por la noche, los jefes militares se retiraron convencidos de que el encargado de fijar la posición del gobierno sería el presidente Mujica, según se les hizo ver.
Ayer el foro militar Libertad y Concordia emitió un comunicado solidarizándose con Dalmao y "todos los prisioneros políticos gravemente enfermos, en el país o en el exterior, así como con sus apreciadas familias".
Los voceros de la agrupación denunciaron ayer en radio Continente que uno de los militares procesados, que se encuentra internado en el Hospital Militar, fue destratado por uno de los médicos forenses que se constituyó en el nosocomio para verificar su estado de salud.
Agregaron que el juez de la causa debió intervenir para evitar que fuera trasladado a la cárcel de Domingo Arena.
El País Digital
El presidente José Mujica se comprometió con los mandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a determinar la posición del Gobierno sobre el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, en próximas reuniones entre los jerarcas castrenses y el mandatario, según dijeron a Ultimas Noticias altas fuentes militares.
Si bien no fue acordada la fecha del encuentro, Mujica volverá a convocar a los mandos militares para esclarecer cuál es la posición que tomará el Poder Ejecutivo en torno al tema.
A todo esto, diputados del MPP entienden que el costo que pagó el senado por la votación de esta semana, con la renuncia de Eleuterio Fernández Huidobro, fue alto, y por tanto, aspiran a introducir cambios al texto antes que lo vote diputados, motivo por el cual no les urge su sanción.
Hay sectores que quieren dejar dirimido el tema antes del 20 de mayo.
Caducidad: Mujica volverá a reunirse con militares
16.04.2011 | 14.50 El Espectador
El presidente José Mujica se comprometió a convocar a los mandos de las Fuerzas Armadas para comunicarles la posición que adoptará ante el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad mientras que el MPP no quiere “apurar” la votación en diputados.
El presidente José Mujica se comprometió con los mandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a determinar la posición del Gobierno sobre el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, en próximas reuniones entre los jerarcas castrenses y el mandatario, según dijeron a Ultimas Noticias altas fuentes militares.
Si bien no fue acordada la fecha del encuentro, Mujica volverá a convocar a los mandos militares para esclarecer cuál es la posición que tomará el Poder Ejecutivo en torno al tema.
A todo esto, diputados del MPP entienden que el costo que pagó el senado por la votación de esta semana, con la renuncia de Eleuterio Fernández Huidobro, fue alto, y por tanto, aspiran a introducir cambios al texto antes que lo vote diputados, motivo por el cual no les urge su sanción.
Hay sectores que quieren dejar dirimido el tema antes del 20 de mayo.
Enderezos humanos
Si bien no conviene por ahora echar las campanas a sonar para así evitar nuevos desalientos, las horas de la impunidad caduca parecen contadas. No por eso Uruguay se convertirá en un imperio ejemplar de los derechos humanos. Hay muchas otras tareas pendientes.
Menos la de Domingo Arena, las cárceles son la mayor vergüenza en la materia junto con la vigencia hoy relativa de la Ley de Caducidad. Pero las soluciones reales a las condiciones inhumanas en que viven más de 8.000 presos parecen ir a contramano de la mayoría del público que, al influjo de la crónica roja y de dirigentes de todo pelo partidario, se manifiesta a favor de una política de mano dura que hacinaría aun más las prisiones. Como si hubiera pasado un siglo, y no apenas nueve meses, desde la muerte en julio de 13 personas en una mazmorra infernal de Rocha. Como si no sufrieran tantos miles de reclusos empastillados, maltratados y atormentados, lejos de cualquier remedo de rehabilitación.
Las soluciones no pasan sólo por la ampliación de las prisiones ni por la construcción de otras nuevas. Luego de agravar las penas de los delitos más violentos en los años 90, y tras aprobar la bien llamada Ley de Humanización de Cárceles en 2005, el Parlamento ha sido omiso en su tarea de racionalizar los castigos, afinar tipificaciones o eliminar antiguallas como el aborto y el cultivo o la tenencia mínima de marihuana, así como desalentar el uso hoy desproporcionado del procesamiento con prisión. El sistema interamericano de justicia acertó al ordenar la libertad de los hermanos Peirano, quienes tuvieron con qué pagar el recurso mientras otros presos con igual derecho pero más miserias languidecen tras las rejas.
Lo sucedido en estos 20 años demuestra que, al revés del lugar común, extremar el castigo no aplaca la delincuencia. Más bien lo contrario, al unir en el mismo espacio a delincuentes de diverso grado. Los peores intimidan o extorsionan a los desvalidos, o adiestran a los dispuestos. Los jueces y el gobierno no han sido muy prolijos al ordenar el alojamiento, excepto en el caso de los chorros de cuello blanco y de los terroristas de Estado. En el mismo pabellón incendiado en Rocha, por ejemplo, convivían un muchacho de 19 años procesado por pasarle porro a un amigo preso oculto en un bizcocho y un rapiñero violento y reincidente, de 46.
Los adolescentes en conflicto con la ley sufren, además de condiciones de reclusión tan crueles como las de los adultos, la falta casi completa de cuidado, la educación y la contención amorosa que merece cualquier persona de esa edad. Si prospera la reforma constitucional que promueve el Partido Colorado y parte del Nacional, esas condiciones se agravarían. El oficialismo, salvo sus juventudes partidarias, muestra escaso entusiasmo en desactivarla, mientras 69% de sus votantes encuestados por el Grupo Radar engrosan el 74% de los entrevistados de todo color que concuerdan con ella. El pronóstico se vuelve más lúgubre si se considera que desde el período pasado el Frente Amplio ha aflojado demasiadas concesiones al respecto, como aceptar el mantenimiento de los antecedentes de los menores una vez que llegan a la mayoría de edad.
Pero los presos, menores o mayores, no son los únicos uruguayos cuyos derechos humanos se ven socavados un día sí y otro también. Las víctimas de delitos y sus familias reciben también escasa atención de un Estado que debería responsabilizarse de su sufrimiento, y cuyo único consuelo procede de los medios de comunicación que les prestan cámaras y micrófonos con el fin de incorporarlos al coro de la mano dura. El panorama en algunos centros públicos que albergan a cientos o miles de niños y niñas, ancianos y ancianas y personas que padecen dolencias del cuerpo y de la mente es tan penoso que muchos optan por la intemperie. Mujeres, jóvenes, viejos, enfermos, integrantes de minorías raciales o de credo, discapacitados y diferentes de todo tipo se deben enfrentar cada día a diversos mecanismos de discriminación que les impiden ejercer sus derechos básicos, y con dificultades para reclamar su respeto ante los organismos estatales.
Para este año está prevista la constitución de la Institución Nacional de Derechos Humanos creada por ley en diciembre de 2008. Será autónoma de los poderes políticos, aunque funcionará en el ámbito parlamentario. Se dedicará, entre muchas otras funciones, a recibir denuncias, pedir informes, controlar, elaborar estudios, elevar recomendaciones y presentar demandas. Su eficacia dependerá de varios factores, no sólo de contar con el financiamiento y el personal necesarios para cumplir su misión. La peripecia del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario desde 2005 indica que de poco sirve la sensibilidad, los conocimientos, el trabajo concienzudo y la independencia si las observaciones son recibidas por los poderes del Estado con desidia, a la defensiva o con intención de aprovecharlas en el intercambio de facturas políticas. Una institución a cargo de la vigilancia de algo tan crucial como los derechos humanos requiere, en definitiva, de apoyo, sí, pero sobre todo de respeto institucional.
Marcelo JelenMenos la de Domingo Arena, las cárceles son la mayor vergüenza en la materia junto con la vigencia hoy relativa de la Ley de Caducidad. Pero las soluciones reales a las condiciones inhumanas en que viven más de 8.000 presos parecen ir a contramano de la mayoría del público que, al influjo de la crónica roja y de dirigentes de todo pelo partidario, se manifiesta a favor de una política de mano dura que hacinaría aun más las prisiones. Como si hubiera pasado un siglo, y no apenas nueve meses, desde la muerte en julio de 13 personas en una mazmorra infernal de Rocha. Como si no sufrieran tantos miles de reclusos empastillados, maltratados y atormentados, lejos de cualquier remedo de rehabilitación.
Las soluciones no pasan sólo por la ampliación de las prisiones ni por la construcción de otras nuevas. Luego de agravar las penas de los delitos más violentos en los años 90, y tras aprobar la bien llamada Ley de Humanización de Cárceles en 2005, el Parlamento ha sido omiso en su tarea de racionalizar los castigos, afinar tipificaciones o eliminar antiguallas como el aborto y el cultivo o la tenencia mínima de marihuana, así como desalentar el uso hoy desproporcionado del procesamiento con prisión. El sistema interamericano de justicia acertó al ordenar la libertad de los hermanos Peirano, quienes tuvieron con qué pagar el recurso mientras otros presos con igual derecho pero más miserias languidecen tras las rejas.
Lo sucedido en estos 20 años demuestra que, al revés del lugar común, extremar el castigo no aplaca la delincuencia. Más bien lo contrario, al unir en el mismo espacio a delincuentes de diverso grado. Los peores intimidan o extorsionan a los desvalidos, o adiestran a los dispuestos. Los jueces y el gobierno no han sido muy prolijos al ordenar el alojamiento, excepto en el caso de los chorros de cuello blanco y de los terroristas de Estado. En el mismo pabellón incendiado en Rocha, por ejemplo, convivían un muchacho de 19 años procesado por pasarle porro a un amigo preso oculto en un bizcocho y un rapiñero violento y reincidente, de 46.
Los adolescentes en conflicto con la ley sufren, además de condiciones de reclusión tan crueles como las de los adultos, la falta casi completa de cuidado, la educación y la contención amorosa que merece cualquier persona de esa edad. Si prospera la reforma constitucional que promueve el Partido Colorado y parte del Nacional, esas condiciones se agravarían. El oficialismo, salvo sus juventudes partidarias, muestra escaso entusiasmo en desactivarla, mientras 69% de sus votantes encuestados por el Grupo Radar engrosan el 74% de los entrevistados de todo color que concuerdan con ella. El pronóstico se vuelve más lúgubre si se considera que desde el período pasado el Frente Amplio ha aflojado demasiadas concesiones al respecto, como aceptar el mantenimiento de los antecedentes de los menores una vez que llegan a la mayoría de edad.
Pero los presos, menores o mayores, no son los únicos uruguayos cuyos derechos humanos se ven socavados un día sí y otro también. Las víctimas de delitos y sus familias reciben también escasa atención de un Estado que debería responsabilizarse de su sufrimiento, y cuyo único consuelo procede de los medios de comunicación que les prestan cámaras y micrófonos con el fin de incorporarlos al coro de la mano dura. El panorama en algunos centros públicos que albergan a cientos o miles de niños y niñas, ancianos y ancianas y personas que padecen dolencias del cuerpo y de la mente es tan penoso que muchos optan por la intemperie. Mujeres, jóvenes, viejos, enfermos, integrantes de minorías raciales o de credo, discapacitados y diferentes de todo tipo se deben enfrentar cada día a diversos mecanismos de discriminación que les impiden ejercer sus derechos básicos, y con dificultades para reclamar su respeto ante los organismos estatales.
Para este año está prevista la constitución de la Institución Nacional de Derechos Humanos creada por ley en diciembre de 2008. Será autónoma de los poderes políticos, aunque funcionará en el ámbito parlamentario. Se dedicará, entre muchas otras funciones, a recibir denuncias, pedir informes, controlar, elaborar estudios, elevar recomendaciones y presentar demandas. Su eficacia dependerá de varios factores, no sólo de contar con el financiamiento y el personal necesarios para cumplir su misión. La peripecia del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario desde 2005 indica que de poco sirve la sensibilidad, los conocimientos, el trabajo concienzudo y la independencia si las observaciones son recibidas por los poderes del Estado con desidia, a la defensiva o con intención de aprovecharlas en el intercambio de facturas políticas. Una institución a cargo de la vigilancia de algo tan crucial como los derechos humanos requiere, en definitiva, de apoyo, sí, pero sobre todo de respeto institucional.
La Diaria
El gobierno envía al Parlamento ley de Inteligencia
Gregori se queda tras ronda con los partidos políticos Habiendo sido en los hechos confirmado en el cargo, el coordinador nacional de Inteligencia estatal, Augusto Gregori, se aboca ahora a implementar tres iniciativas para las cuales está recogiendo apoyo parlamentario: un proyecto de ley marco sobre los servicios, la creación de comisiones legislativas específicas de la materia, y la aprobación de un sistema legal que fije controles sobre la actividad de esta comunidad, a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado José Amy del Partido Colorado.
Gregori, que está haciendo pública su actividad a partir de una decisión del presidente José Mujica, quien estuvo a punto de relevarlo del cargo a principios de abril, volverá a partir de los próximos días a sostener contactos con los partidos políticos, ante la inminencia del envío al Parlamento de un proyecto de ley por el cual se centralicen las actividades de inteligencia y se les dé un marco legal.
A comienzos de abril, el semanario Búsqueda informó que el gobierno había decidido relevar a Gregori. Sin embargo, el mismo día por la noche la Presidencia de la República emitió un comunicado informando que Mujica le había encomendado a Gregori iniciar contactos con los partidos políticos, y se fijó 30 días para tomar una definición sobre el futuro del coordinador de inteligencia.
Previamente a ese episodio y la posterior ronda de contactos de Gregori con la oposición, el cargo de este integrante del MLN-Tupamaros había sido cuestionado por la oposición, que había reclamado su presencia en el Parlamento en más de una ocasión.
CON EL FRENTE. Esta semana, Gregori fue recibido por la bancada de senadores del Frente Amplio para interiorizarlos sobre el alcance del proyecto de ley sobre los servicios de Inteligencia que el gobierno se propone enviar al Parlamento, dijo a El País la senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay), coordinadora de la bancada oficialista en el Senado.
El coordinador de inteligencia fue un cargo creado por la ley de Presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), pero recién se cubrió en esta administración de Mujica, por lo que Gregori es el primero que lo desempeña.
El gobierno ha reconocido la dificultad para coordinar la actividad de todos los organismos de inteligencia que hay en el país, dado que existen más de diez, no solo en las Fuerzas Armadas y la Policía sino en otros organismos estatales.
Gregori, que está haciendo pública su actividad a partir de una decisión del presidente José Mujica, quien estuvo a punto de relevarlo del cargo a principios de abril, volverá a partir de los próximos días a sostener contactos con los partidos políticos, ante la inminencia del envío al Parlamento de un proyecto de ley por el cual se centralicen las actividades de inteligencia y se les dé un marco legal.
A comienzos de abril, el semanario Búsqueda informó que el gobierno había decidido relevar a Gregori. Sin embargo, el mismo día por la noche la Presidencia de la República emitió un comunicado informando que Mujica le había encomendado a Gregori iniciar contactos con los partidos políticos, y se fijó 30 días para tomar una definición sobre el futuro del coordinador de inteligencia.
Previamente a ese episodio y la posterior ronda de contactos de Gregori con la oposición, el cargo de este integrante del MLN-Tupamaros había sido cuestionado por la oposición, que había reclamado su presencia en el Parlamento en más de una ocasión.
El coordinador de inteligencia fue un cargo creado por la ley de Presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), pero recién se cubrió en esta administración de Mujica, por lo que Gregori es el primero que lo desempeña.
El gobierno ha reconocido la dificultad para coordinar la actividad de todos los organismos de inteligencia que hay en el país, dado que existen más de diez, no solo en las Fuerzas Armadas y la Policía sino en otros organismos estatales.
El País Digital
Montevideo Portal
Sunday 17 april 2011 7 17 /04 /Abr /2011 02:54
Por El polvorín - Publicado en: Blog El Polvorin
"Nos deben en ese boliche de la tortura"
Ni olvido...
16.04.2011 11:29
"Pagamos todo con propina incluida y aún nos quedaron debiendo en ese boliche de la tortura", dijo Eleuterio Fernández Huidobro, que esta semana anunció su renuncia al Senado. El líder de la CAP-L dijo que no olvida sus 15 años en prisión y espera ver tras las rejas a los culpables de los años de la dictadura.
Vehemente, locuaz, a ratos hilarante y siempre polémico, Fernández Huidobro no deja títere con cabeza cuando un tema le toca de cerca, y la Ley de Caducidad es quizás el más sensible para él.
"Pagamos todo con propina incluida y aún nos quedaron debiendo en ese boliche, ese restaurante de la tortura", afirmó en una entrevista con Efe después de anunciar su dimisión.
Aunque parece quitar hierro a su situación personal, no olvida que la Ley de Pacificación Nacional, que permitió a los subversivos salir de la cárcel en 1985, no fue para él, Mujica y otros guerrilleros una amnistía total.
Fueron "reprocesados" por la justicia civil y por cada año de prisión cumplido les restaron tres en la nueva sentencia, una proporción insuficiente para el senador, tomando en cuenta las condiciones infrahumanas en que estuvieron recluidos.
Fernández Huidobro, que pasó 15 años en la cárcel, centró toda la atención esta semana por sus críticas al proyecto que el martes invalidó la Ley de Caducidad en el Senado, pero sobre todo por su sorpresiva renuncia al cargo, a pesar de haber votado a favor de su aprobación.
Entre otras cosas, está convencido de que la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la iniciativa de ser recurrida, y, en ese caso, "¿qué le decimos a los familiares (de las víctimas), a la gente que creó expectativas?", se pregunta.
Además, argumenta que la ley vulnera los dos referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la vigencia de la Ley de Caducidad, de 1986. "Erosionamos el instrumento de la democracia directa, que a Uruguay le ha servido muchísimo, y mañana lo podemos necesitar en horas dramáticas, este mismo gobierno lo puede necesitar", denuncia alzando la voz.
La pregunta es: ¿qué pasará a partir de ahora?
"Quedamos en una situación muy débil, con flancos totalmente abiertos y la derecha nos va a atacar por ese lado", pronostica.
Sin embargo, aunque desaprueba el camino legal seguido por el FA en el caso de la Ley de Caducidad, Fernández Huidobro no abandona su lucha contra la impunidad.
"Tenemos una tragedia como pueblo que se viene arrastrando desde hace muchos años", por "una confrontación que fue mal finalizada, mal resuelta", al final de la dictadura, argumenta.
"No hemos enterrado a los muertos, tenemos cantidad de desaparecidos" y esa realidad "no se resuelve gritando, ni tampoco con consignas fáciles", agrega.
Sobre los ex represores, habla también sin tapujos: "son un detritus de un mundo que se fue, han vivido una buena vida, están muy bien conservados y muchos de ellos van a llegar a casi noventa y pico de años, y van a seguir jodiendo", dice.
"Nosotros estamos viejos y nos vamos a morir, a reventar, como dice Mujica, con la mochila de nuestros queridos odios a cuestas", manifiesta.
Fuente: EFE
Montevideo PortalSunday 17 april 2011 7 17 /04 /Abr /2011 02:54
Hace unos 34/35 años era un joven infractor. Mi abuela me decía, que cuando mi padre tenía 15/16 años le decía “¡¡ay m´hijito, que va a ser de vos, ¡¡que futuro te espera!!. Al final mi padre fue maestro, profesor de historia, periodista y preso político. Fernández Huidobro “le afanó” el auto al padre para hacer el “tiro suizo” cuando tenía 17 años (historia de los tupamaros escrita por Huidobro). Mujica cayó preso a los 20 y pocos años cuando intentó una expropiación para el MLN, “cayó” como delincuente común, para proteger la orga. (reportaje de Campodónico), y su Madre sufrió mucho el disgusto, de su hijo “infractor”.
Todos fuimos jóvenes, nadie nació viejo. Todos en distintas etapas y coyunturas fuimos infractores. Yo, perdí un año de liceo por faltas, ya que sistemáticamente no me dejaban entrar por “infrigir” la regla de que el pelo no podía tocar el cuello de la camisa, o dejarme el bigote mas largo de la hitleriana ley.
Hoy, luego de un largo proceso de desideologización, y descomposición de los valores revolucionarios o “rebeldes”, de los otrora jóvenes, vemos como muchos, una gran cantidad de “viejos tupas” y “viejos bolches”, la embisten sin piedad contra los jóvenes de hoy. Actitudes reaccionarias y casi fascistas de estos “viejos”, que muchos están cobrando un jugoso P.E.R. (Pensión por Ex Revolucionario) que asciende a los $ 21.000.- por mes, y desde ese lugar, conceptualizan a los jóvenes como “vagos”, “atorrantes”, “drogadictos”, “chorros”, “que hacen la de ellos”, “cómodos”, etc, etc,.
Y lo mas patético, es que no hay grandes diferencias entre los planteos de inimputabilidades, mas cárceles, mas represión, mas persecución, mas desconfianza, mas discriminación, de Bordaberry, Lacalle, Larrañaga, Mieres, Bonomi, Mujica, Huidobro, es decir, todos, se posicionan igual, HAY QUE BARRER CON LOS JOVENES INFRACTORES. Hay que perseguirlos, aislarlos, criminalizarlos, tratarlos con desprecio. Esto, está instalado. Desde los informativos televisivos, desde el parlamento, las entrevistas a los “representantes del pueblo”. El bombardeo es constante.
¿Cuántos son los jóvenes hijos de la clase obrera “delincuentes”? ¿400? ¿500? ¿600? ¿Cuánto significa respecto a los “infractores” viejos y de cuello blanco? ¿Cuántos infractores y delincuentes había en el Conrad en la última reunión de “empresarios e “inversores”? ¿1000? ¿1200? ¿1500?
De los 115.000 desocupados (aproximadamente según I.N.E.) el 47% son jóvenes menores de 26 años. 3 de cada 4 jóvenes (75%) no termina secundaria. Los jóvenes que ingresan al mercado laboral en su gran mayoría lo hacen por $ 7.000.- por mes (promedio). Trabajo de alta exigencia y presión (física y sicológica). 450.000 trabajadores no tienen ninguna cobertura del sistema social (bps, bse). 132.000 son subempleados. ¿Cuántos jóvenes hay en estas cifras que son discriminados, ultra explotados, perseguidos (con las camaritas en los lugares de trabajo)?
VICTIMAS Y VICTIMARIOS
Es real, que muchos trabajadores, jubilados, explotados, son diariamente “víctimas”, de robos, rapiñas, asaltos, agresiones, amenazas, y hasta muertes por parte de algunos jóvenes. Es real que la droga (cualquiera sea ella) afecta principalmente a los jóvenes, es real que las “picadas” de motos – aparte de muchos que mueren o quedan gravemente accidentados – molestan a los vecinos trabajadores que quieren descansar, es real que toman vino o cerveza en las esquinas, y piden alguna “chapa pa´l vino”, es real que se arman “bandas” que se enfrentan violentamente con otras de otro barrio, o liceo, o cuadro de fútbol. Esto los hace “victimarios”.
Pero también es real que son hijos y nietos de trabajadores y explotados que llevan 3 y 4 décadas de degradación, represión, desocupación, desalojos, y todo tipo de despojo. No en vano hay un núcleo duro de 400.000 pobres, y casi 300.000 que viven en asentamientos irregulares (otrora cantegriles). El 79% de los jóvenes debe vivir en la casa de sus padres hasta los 34 años porque no tienen acceso a vivienda digna, decorosa, que les genere autonomía. Es real que no hay proyectos (ni del estado ni privados) de recreación, educación, deportes, que les permita encontrar un “sentido” a la vida que sea superador, colectivo, esperanzador. Es real, también, que están expuestos “al libre mercado”, este monstruo que no “regula” nada, sino, que privilegia el consumo, el individualismo, la hipocresía, la mentira “salvadora”. Entre los patrones que explotan, persiguen, discriminan, no aportan al BPS, los tienen “en negro”, el estado que “mira para el costado” y busca soluciones en la represión y mas cárceles, y deja que el sacrosanto libre mercado ordene las cosas, los “viejos” “ex revolucionarios”, que los desprecian (a los jóvenes), y se organizan en “comisiones vecinales” de “vecino alerta”, llamando a la policía por cualquier “incidente”, el miedo como factor de dominación, queda claro, que esto los hace “víctimas”.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Los trabajadores sufrimos las consecuencias. De ambas partes. Hasta ahora, (seguro estamos no será por siempre) hemos pagado las consecuencias. De las crisis económico-financieras, cíclicas, que generan crisis sociales, de valores, morales, culturales. El deber nuestro, como ex – jóvenes, pero no ex – revolucionarios, es dar la batalla ideológica. Recuperar la ideología de los trabajadores, implica recuperar los valores morales, culturales, del proletariado. Que, por supuesto, son bien diferentes a los valores burgueses. Esto también nos llevará a atender las causas que originan estos problemas. Atender las causas, implica entre otras cosas, dejar de correr detrás de las consecuencias, que en definitiva, es como “tomar una aspirina” para curar un cáncer. Los jóvenes infractores de hoy, son un producto social, son una consecuencia. Lograr canalizar esa “rebeldía”, ese estado de “infractor”, lograr que los jóvenes encuentren un “sentido” a la vida, que sea superador del individualismo, la hipocresía, la superficialidad de “matarse” en una “picada”, o agredir y enfrentarse con “cualquiera” como si todos fuéramos iguales, y no lograr discernir “quienes son los verdaderos culpables y victimarios”, con quién hay que tener “tolerancia cero”, que son los patrones, los burgueses, los explotadores, es el real objetivo para quienes tenemos una visión revolucionaria y socialista de la sociedad
Bajo esta desideologización, para los jóvenes hoy, no hay dos opciones, dos caminos, dos alternativas. Hay una sola, “matar o morir”, por un poco de “pasta”, o un “porro”, una “picada”, una rapiña a algún jubilado, o algún trabajador del taxi, o algún trabajador de una estación de servicio. Así como van las cosas, mientras Mujica recibe con los brazos abiertos a 1.500 infractores de toda laya en el Conrad, y abre las puertas a toda inversión que venga a “podrirnos” el medio ambiente, llevarse el agua y todos los recursos naturales que quieran para seguir acumulando riqueza y seguir generando pobreza, y Bonomi, piensa en mas cárceles y “enlatados” para los jóvenes, así, de seguro, el futuro, será la multiplicación de jóvenes infractores “desideologizados”, donde todos los explotados padeceremos las consecuencias.
Carlos Alberto Boga – Agrupación Militantes Guevaristas – 9 de abril de 2011
Caricatura de Gervasio Umpierrez para Diario La Juventud.
Los bueyes y las pirañas
En Brasil,en los rios que hay pirañas,para poder pasar la tropa entera sacrifican un buey y pasan el resto.Nuestra oligarquía y los políticos que se ocupan de defender y protejer sus intereses utilizan la misma técnica.-Mientras nos ocupamos de los conflictos de los perros guardianes desatendemos los negociados de los dueños que los mandan y que generan la pobreza y hacen aparecer esos feroces gurisitos que salen a meter el caño,o en su defecto,el corte.-
Si en éste país sigue campiando la impunidad es porque la hemos permitido.Hay que meterse en la cabeza que somos un país con una mentalidad conservadora - o francamente fascista - pancista,egoísta,de ventajeros y avivados. "No es problema mío..." , "¿Pa' que se metieron?"."Si estuvieron presos,algo habrán hecho" "Hay que matarlos","Hay que instaurar la pena de muerte","Silla eléctrica".-
Un milico acaba de romper el pacto de silencio y declaró que en los '90 se hicieron conversaciones entre "ex-combatientes" y se acordó - documento mediante - que los "desaparecidos" eran "caidos en combate".-
Esos compas que hicieron esos acuerdos en mi nombre deben haber sido mis jefes,pero - disculpen -opino que hay algunas impresiciones:morir en la parilla de la picana eléctrica o ahogarse en el tacho con orines y excrementos no me parece ser exactamente un combate, y además el otro "combatiente" (aunque estuviera con una .45 en el cinto) sólo se limitaba a apretarte la cabeza dentro del tacho o le daba vueltas a la manivela de un magneto de 110v o en el mejor de los casos ,te acaraciaba el glande con un electrodo o se lo pasaba por un labio mayor de la vagina de una compañera.-
Como no hay salidas para los marginados y excluídos dentro del capitalismo,es mejor ir preparando el cuerpo para la que se viene.Todo apunta a que la represión va a aumentar y que "Haití va a ser aquí". Ya ví la misma película doblada al portugués.-
Es comprensible que nuestra clase media conservadora y asustada se le apile a la iniciativa del Pedro.Se trata del inicio de una obligada escalada.-
De los yerbas no se preocupen que el sistema sólo se activa si hay alguna amenaza para los privilegios de la elite,y por ahora no hay. No pasa nada,los milicos no van a ir presos masivamente;basta con la 1/2 docena que tenemos de nidal. Mientrastanto,los otros 400 genocidas identificados van a seguir tranquilamente con sus curros y pasiando sus perritos por las bucólicas callecitas de Carrasco,Pocitos y Malvín. La misma técnica que con las pirañas.-
Operativos: procesan a cuatro de 100 detenidos
Críticas. Oposición y ONG dicen que Policía hace razzias
E. BARRENECHE / P. MELENDREZ En dos operativos en una semana, que implicaron el despliegue de 170 efectivos, la Policía detuvo a 100 personas, pero la Justicia procesó solo a cuatro. La oposición calificó ambos operativos de razzias y convocará al ministro Bonomi.
El jueves 7, unos 70 efectivos de varias unidades policiales, entre ellas grupos de choque, ingresaron en el asentamiento Chacarita de los Padres (Punta de Rieles) y detuvieron a 43 personas, de los cuales tres fueron procesadas por la Justicia por venta de pasta base.
Una semana más tarde, el jueves 14, la Policía detuvo a 57 personas (11 de ellas menores) en un operativo de saturación realizado en La Cruz de Carrasco. Pero solamente una persona resultó procesada por tenencia de drogas.
El juez Roberto Timbal dijo a El País que la Policía no le informó de 57 detenciones. "A mi me dieron cuenta de unos 30. Yo no mandé detener a nadie. Di una orden de allanamiento y la cumplieron para detener a un requerido del interior del país", indicó el magistrado.
Timbal señaló que a los demás detenidos "los detuvieron en la calle o por ahí, de los cuales nadie vino a declarar en el Juzgado porque no habían hecho nada".
Por su parte, el vocero de la Jefatura de Policía de Montevideo, Juan Carlos Duré, expresó a El País que el operativo, a nivel policial, es evaluado positivamente porque "se cumplieron los fines".
"Se desbarataron lugares donde se desarmaban vehículos y motos robadas. También se incautaron drogas, armas y elementos procedentes de ilícitos como medicamentos", dijo.
Consultado sobre el escaso número de procesados (4) en relación con los 100 detenidos, Duré respondió que la Policía "siempre detiene por una causa. Muchas veces se trata de personas que se resisten o cometen desacatos. Después los jueces deciden que los detenidos no deben ser remitidos porque no hay pruebas". Agregó que "las razzias son otra cosa: es la detención por averiguaciones; eso no se hace".
A las 7 de la mañana de ayer, varias reparticiones policiales regresaron a La Cruz de Carrasco para buscar a menores fugados del INAU que se encontraban en dos viviendas ubicadas en las cercanías de Camino Carrasco y Oncativo, señalaron a El País fuentes policiales. Sin embargo, el procedimiento policial finalizó sin detenidos, ya que los jóvenes no pudieron ser ubicados en el lugar.
RAZZIAS. El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, dijo a El País que el Ministerio del Interior realiza operativos de prevención y de represión de delitos. "No es igual a las razzias, porque en ellas se paraba a los jóvenes y si no tenían documentos se los llevaban detenidos", dijo.
El dirigente socialista reconoció que "seguramente" este tipo de procedimientos "no son lo mejor", pero agregó que "la seguridad no se resuelve con una consigna".
"Cómo ha cambiado el mundo que en un gobierno de izquierda se hacen razzias y no pasa nada. Si lo hacíamos nosotros nos llamaban golpistas", ironizó el senador nacionalista y ex subsecretario del Ministerio del Interior, Carlos Moreira.
El senador adelantó a El País que prevé convocar al Parlamento al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que "explique qué persigue con este tipo de operativos policiales".
Por su parte, el diputado colorado Germán Cardoso destacó que estos procedimientos "tienen una incidencia muy importante en la disuasión y prevención del delito".
El jueves 7, unos 70 efectivos de varias unidades policiales, entre ellas grupos de choque, ingresaron en el asentamiento Chacarita de los Padres (Punta de Rieles) y detuvieron a 43 personas, de los cuales tres fueron procesadas por la Justicia por venta de pasta base.
Una semana más tarde, el jueves 14, la Policía detuvo a 57 personas (11 de ellas menores) en un operativo de saturación realizado en La Cruz de Carrasco. Pero solamente una persona resultó procesada por tenencia de drogas.
Timbal señaló que a los demás detenidos "los detuvieron en la calle o por ahí, de los cuales nadie vino a declarar en el Juzgado porque no habían hecho nada".
Por su parte, el vocero de la Jefatura de Policía de Montevideo, Juan Carlos Duré, expresó a El País que el operativo, a nivel policial, es evaluado positivamente porque "se cumplieron los fines".
"Se desbarataron lugares donde se desarmaban vehículos y motos robadas. También se incautaron drogas, armas y elementos procedentes de ilícitos como medicamentos", dijo.
Consultado sobre el escaso número de procesados (4) en relación con los 100 detenidos, Duré respondió que la Policía "siempre detiene por una causa. Muchas veces se trata de personas que se resisten o cometen desacatos. Después los jueces deciden que los detenidos no deben ser remitidos porque no hay pruebas". Agregó que "las razzias son otra cosa: es la detención por averiguaciones; eso no se hace".
A las 7 de la mañana de ayer, varias reparticiones policiales regresaron a La Cruz de Carrasco para buscar a menores fugados del INAU que se encontraban en dos viviendas ubicadas en las cercanías de Camino Carrasco y Oncativo, señalaron a El País fuentes policiales. Sin embargo, el procedimiento policial finalizó sin detenidos, ya que los jóvenes no pudieron ser ubicados en el lugar.
RAZZIAS. El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, dijo a El País que el Ministerio del Interior realiza operativos de prevención y de represión de delitos. "No es igual a las razzias, porque en ellas se paraba a los jóvenes y si no tenían documentos se los llevaban detenidos", dijo.
El dirigente socialista reconoció que "seguramente" este tipo de procedimientos "no son lo mejor", pero agregó que "la seguridad no se resuelve con una consigna".
"Cómo ha cambiado el mundo que en un gobierno de izquierda se hacen razzias y no pasa nada. Si lo hacíamos nosotros nos llamaban golpistas", ironizó el senador nacionalista y ex subsecretario del Ministerio del Interior, Carlos Moreira.
El senador adelantó a El País que prevé convocar al Parlamento al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que "explique qué persigue con este tipo de operativos policiales".
Por su parte, el diputado colorado Germán Cardoso destacó que estos procedimientos "tienen una incidencia muy importante en la disuasión y prevención del delito".
"Propicia abusos"
El abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo que no le "convencen" operativos policiales de estas características porque por su modo de realización "son propicios para que se produzcan abusos policiales". "A veces el actuar de la Policía no salvaguarda la tutela de los derechos de las personas, porque los efectivos entran arrasando", dijo Pan a El País. Para el abogado, lo conveniente es realizar tareas de inteligencia con el objetivo de "no tener un problema generalizado contra todo un barrio, ya que eso puede ser contraproducente".El País Digital
EEUU: Uruguay posee un sistema carcelario “inhumano”
08.04.2011 | 15.37 El Espectador
Se conocieron los informes del Departamento de Estado de EEUU a nivel de Derechos Humanos en la región. En Uruguay el país del norte criticó la situación carcelaria con dureza, a la cual catalogó de “inhumana”, aunque también ponderó las elecciones de 2009, en las que fue electo José Mujica como presidente, definiéndolas como “limpias y libres”.
En el documento correspondiente a Uruguay señala que “los principales abusos de derechos humanos en 2010 incluyeron un grave hacinamiento y condiciones inhumanas en el sistema carcelario, la violencia contra las mujeres, y el tráfico de personas".
El material agrega que, si bien, "no hubo informes de que el Gobierno o sus agentes hayan cometido asesinatos por motivos políticos, la Policía mató a una persona", añadiendo que "en setiembre el Gobierno inició el procesamiento de un agente policial por homicidio y de otros tres por ocultamiento" del supuesto crimen.
Para Argentina las criticas no son muy diferentes a las de nuestro país. El diario Clarín informa hoy que el documento norteamericano alertó sobre las fuerzas de seguridad de la Argentina.
La lista de abusos que el Departamento de Estado encontró en el vecino país va desde muertes y maltratos a manos de las fuerzas policiales, al abuso y tortura de sospechosos por parte de la policía y de los presos por parte del personal de cárceles.
"Hay condiciones de hacinamiento en las prisiones, ocurren ocasionalmente arrestos arbitrarios, la detención previa al juicio puede ser prolongada, y persisten las preocupaciones acerca de la eficacia e independencia del sistema judicial", concluye el informe elaborado por la diplomacia de EEUU.
