Los vuelos de la muerte
Argentina: antecedentes de los prefectos imputados por crímenes de la dictadura
Antecedentes los imputados y sus superiores
Casapueblos-AEDD | Para Kaos en la Red | Hoy a las 9:11
Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano, Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, tenían en 1977 el grado de oficiales principales. Detalles de sus legajos y conceptos. De quiénes dependían.
Por Diego Martínez
El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos (ver aparte). También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.
Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”. “Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda”, celebró.
D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. “Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado”, advirtió.
De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó “su amor a la institución, que representa orgulloso”. Fariña elogió “su lealtad” y lo calificó como “incondicional para el servicio”. En el caso de Arru, lo consideraban “un excelente oficial” que “vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso”.
En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba “ciertas reservas para brindarse por entero a la institución”. Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos “una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad”, tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por “falta de vocación y apego institucional”. “Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución”, agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.
Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.
Por Diego Martínez
El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos (ver aparte). También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.
Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”. “Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda”, celebró.
D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. “Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado”, advirtió.
De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó “su amor a la institución, que representa orgulloso”. Fariña elogió “su lealtad” y lo calificó como “incondicional para el servicio”. En el caso de Arru, lo consideraban “un excelente oficial” que “vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso”.
En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba “ciertas reservas para brindarse por entero a la institución”. Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos “una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad”, tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por “falta de vocación y apego institucional”. “Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución”, agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.
Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.
http://casapueblos.blogspot.
de "en voz alta" pasquin fascista de los asesinos
El asesino Gavazzo,secuestrador,
y criminal hasta contra bebes elogia la actitud
"consecuente" del Senador Fernandez Huidobro
LA LEY DE CADUCIDAD
POSICION DEL SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO
En el periódico “El Observador” del 11 de agosto de 2001 se publica el artículo que
a continuación se transcribe.
Su contenido es muy claro y no necesita comentarios, sí la salvedad, de que dicho Senador a través del tiempo y las circunstancias y sin importarle sus costos políticos personales, ha mantenido su pensamiento y su palabra, hecho poco común en los políticos frenteamplistas.
Tte. Cnel. José N. Gavazzo
Prisionero Político
"Politico" ? que politica ? violar prisioneras,torturar gente indefensa,secuestrar bebes ?
"politica" ?
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
El ex guerrillero tupamaro y actual senador Eleuterio Fernández Huidobro
consideró que los militares no deben recibir castigo por la violación a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura porque el pueblo ratificó la ley de
Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. "Yo tengo que aceptar el
veredicto popular", dijo el legislador frenteamplista, en una actitud que contribuye
a la concordia entre los uruguayos.
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Eleuterio Fernández
Huidobro, consideró que los militares no deben recibir castigo por las violaciones a los
derechos humanos que cometieron durante la dictadura. En el programa Agenda
Confidencial de canal 12, el tupamaro dijo que "existen sectores que quieren justicia
además de verdad" en relación al tema de los desaparecidos. "Quieren castigar a los
culpables de las violaciones de derechos humanos", dijo el legislador, y agregó: "Yo no
lo acepto".
A juicio de Fernández Huidobro, el Senado votó "bajo chantaje" la Ley de Caducidad,
pero luego fue ratificada por el pueblo. "No puedo ser oportunista ahora, y decir que
como han cambiado las correlaciones políticas, quiero borrar con el codo lo que mi
pueblo —al cual me debo- escribió", sentenció el legislador. "Yo tengo que aceptar el
veredicto popular", dijo.
El tupamaro dijo estar "contento" con los resultados que hasta el momento alcanzó la
Comisión para la Paz. Se felicitó y felicitó a todos los uruguayos de que se haya podido
construir la comisión. "
La verdad es que yo sé que les toca bailar una muy peliaguda a todos los miembros de
esa Comisión para la Paz. Sé que su misión es muy difícil. “No esperaba más", dijo el
senador.
Fernández Huidobro cree que las críticas que se le realicen a la comisión "están
desubicadas como chanchito en la vía, o como un cenicero en una moto". La comisión
tiene un fin: "Tratar de averiguar dónde están los desaparecidos", sentenció.
Fernández Huidobro dijo que los tupamaros ya asumieron su cuota parte de
responsabilidad en los hechos ocurridos en el pasado. "Hemos pedido disculpas por
todos los errores cometidos, por todas las actitudes nuestras que hayan lesionado
innecesariamente", afirmó.
Señaló que, como dijo el presidente Jorge Batlle al asumir, todos los sectores tienen que
asumir esa responsabilidad. "Ahí miró a todos. Estaban el cuerpo diplomático, los
comandantes de las Fuerzas Armadas, todo el sistema político, la prensa", recordó el
senador. Agregó que también tendrían que asumir su responsabilidad "ciertas poderosas
embajadas que había en nuestro país en aquel entonces".
Las declaraciones de Fernández Huidobro y sus acciones contrastan con las de José
Mujica, quien según lo publicado en el periódico “El Observador” del 09 de setiembre
de 2005, le expresó al Comandante en Jefe de la Armada Vice Almirante Tabaré
Daners, que si fuera por él, hace tiempo que hubiera dado vuelta la página.
Fernández Huidobro lo dijo y lo hizo, no firmó su adhesión al plebiscito para derogar la
Ley de Caducidad, en cambio Mujica, sí lo firmó.
Es la diferencia entre un hombre digno, de palabra y otro que está prisionero de los
votos que necesita y no puede hacer lo que su conciencia le dicta. Y eso es muy grave,
pues si llega a ser el Presidente de la República, también se sentirá prisionero en los
momentos de toma de decisiones importantes, las que final e indefectiblemente serán
adoptadas no por él, sino por su entorno, que lo apoya ahora pero que también lo
condicionará después, y entre los que encontramos al Partido Comunista y al P.V.P.
principalmente, lo que consideramos muy peligroso para el País.
Y durante este Gobierno que hoy soportamos, ya comprobamos que su “barra”, pese a
ser mayoría no ha podido con la coalición de poder que tramó Tabaré Vázquez, los
socialistas, los comunistas, la Vertiente y el P.V.P., especialmente este último que,
inexistente a nivel parlamentario ha ostentado, sin lugar a dudas, mayor poder que el
Movimiento de Participación Popular en los actos de gobierno. Y eso sí es preocupante.
http://www.envozalta.org/LA_
Huidobro. Gavazzo "amenaza o advierte"
"Se van a morir, están presos y no hablan"
"Está avisando a todos los militares que el que hable va a ser un traidor".Marcelo Márquez |
El senador Eleuterio Fernández Huidobro (Espacio 609) consideró que los dichos del oficial retirado del Ejército José Nino Gavazzo constituyen "una advertencia o amenaza" de calificar de "traidor" al militar que esté dispuesto a dar información sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. "Mientras los militares mantengan ese extravagante y cruel silencio va a ser muy difícil avanzar mucho más", sostuvo Fernández Huidobro en diálogo con LA REPÚBLICA en donde evaluó la reciente Asamblea General que debatió sobre la Ley de Caducidad.
--¿Hacia dónde vamos en el tema de fondo en sí, en materia de Derechos Humanos?
--Es un tema que está radicado en una etapa histórica que ha venido arrastrándose hasta hoy sin una buena solución. Por un lado, de fondo, lo mismo que hemos dicho muchas veces y que ha dicho Mujica: hay heridas que sólo las curará el tiempo y que nunca habrá acuerdo, como no los hay entre blancos y colorados cuando observan su pasado de guerras civiles y enfrentamientos violentos del siglo XIX y del siglo XX hasta hoy. Incluso hay versiones históricas distintas y hasta valoración de personalidades distintas: los que para unos son héroes para los otros son villanos. Y eso no pudo ser arreglado. Pero se llegó a la convivencia pacífica, es decir, a que cada uno se quedó con su interpretación de la historia y de los hechos respetando la otra interpretación de la historia de los mismos. Esa madurez la va a dar el tiempo. La ha dado de algún modo porque, nosotros, el Uruguay convive pacíficamente, no sin lucha, de ideas, de intereses, desde la salida de la dictadura. Ahora el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos en ese período histórico, el encuentro de los restos de los desaparecidos o la verdad acerca de su destino y de algunos niños que aún permanecemos sin saber dónde están, esos son secretos que están custodiados por un pacto de silencio, rodeado de amenazas de muerte incluso entre ellos como bien lo dijo Gavazzo, y que si no salen de sus bocas va a ser muy difícil de esclarecerlo. Podemos hacer muchísimas investigaciones como hemos venido haciendo y encontrando algunas cosas, restos, sin una explicación cabal de cómo fueron a parar ahí porque ha habido personal militar que ha dado información o a veces, algún otro preso o ex preso como en el caso del encuentro, el hallazgo de Macarena, contribuyó poderosamente, atando cabos, a ese hallazgo. En ese aspecto investigando lo sucedido, y mientras ellos mantengan ese extravagante y cruel silencio va a ser muy difícil avanzar mucho más.
--Gavazzo plantea en la carta a Búsqueda que no quiere convertirse en "traidor", ante la invitación que le hizo Mujica que en caso de ser electo Presidente está dispuesto a "perdonar" a quienes digan la verdad.
--Sí, es lo que recién acabo de decir: ellos se van a morir reivindicando su accionar, no podemos esperar que ellos algún día nos pidan perdón. Se van a morir, están presos y no hablan. Y él (por Gavazzo) cuando dice que sería un traidor está avisando a todos los demás militares que el que hable va a ser un traidor y lo van a tratar como un traidor. No sólo está diciendo que él no quiere ser traidor, está advirtiendo. Cuidado, para muchos es amenazante eso, hay que leerlo bien a Gavazzo.
--Este pronunciamiento de la Asamblea General, ¿cambia la historia?
--No. Contribuyó a un debate sobre estos temas y constatar cómo están de estacionarias las posiciones, nada más que a eso porque quien va a tomar decisión al respecto es la Suprema Corte de Justicia, lo nuestro, como dicen los abogados, no es vinculante.
Tomado de Blog "El Muerto"
Uruguay 1972. El Escuadrón de la Muerte, Bordaberry, los guerrilleros.
La crisis del viernes 14 de abril
Existe un antes y un después del 14 de abril de 1972, en que Uruguay se precipitó al autoritarismo. LA REPUBLICA reconstruye, en una apretada síntesis, aquellas horas marcadas por la violencia y los desgarros. Los trágicos hechos de aquel día resultaron decisivos en el proceso que desembocó en la ruptura institucional de 1973.
Luis Casal Beck |La Republica
Bardesio. Confeso integrante del Escuadrón de la Muerte, hoy preso en Domingo Arena.
El verano de 1972 resultó ser por demás agitado. La Corte Electoral desestimó las protestas de los blancos, y proclamó al Partido Colorado como vencedor en las elecciones de noviembre del año anterior.
La diferencia había sido de apenas 12.802 votos, en comicios realizados en un clima de fuerte inestabilidad social y política. El presidente saliente, Jorge Pacheco Areco, no logró su reelección, y se marcharía poco después a España (regresó recién en 1982). El candidato que apoyó, Juan María Bordaberry, asumiría el gobierno el 1º de marzo, sin mayorías legislativas (el pachequismo y la 15 de Jorge Batlle tenían apenas 12 senadores y 40 diputados).
En febrero, Bordaberry le propuso a los blancos integrarse a la nueva administración a través de ministros y ocupando cargos en los entes autónomos estatales.
La respuesta de la mayoría blanca liderada por Wilson Ferreira Aldunate (que sentía que había sido "estafado" en los comicios de hacía pocos meses), fue terminante: respaldaría a un gobierno que hiciera regresar al país las libertades públicas arrebatadas por el mecanismo de las medidas de seguridad con las que gobernó Pacheco, y siempre que se impulsaran cambios estructurales (en la tierra, la banca, el comercio exterior).
Para el nuevo gobierno, lo fundamental era enfrentar con mayor eficacia a la guerrilla, lo que explica que una de sus primeras medidas fue proponer al Parlamento un proyecto de ley sobre la seguridad del Estado. En la perspectiva de Bordaberry, los casos procesales referidos a los alzados en armas, debían pasar a la órbita de la Justicia Militar.
La guerrilla, por su parte, reanudó sus acciones (ver cronología), en una sociedad donde los atentados con bombas y las primeras desapariciones de uruguayos enfrentados al gobierno, hicieron crecer la sospecha de que se estaba ante nuevas formas organizadas de violencia política de signo ultraderechista, con raíces en el propio aparato represivo estatal. Cuando se instaló el Parlamento, el 15 de febrero, existieron planteos para investigar un supuesto Escuadrón de la Muerte.
El wilsonista Héctor Gutiérrez Ruiz, con votos de su Partido Nacional y del Frente Amplio, se transformó en el primer presidente de la Cámara de Representantes de aquella legislatura. El reclamo de todo el arco opositor se centraba en dejar sin efecto las medidas de seguridad que singularizaron la etapa gubernativa de Pacheco (a partir de junio de 1968), lo que fue abordado por la Asamblea General, que las levantó parcialmente el 10 de marzo, y creó una comisión para definir qué hacer con muchos de los decretos, que debían ser sustituidos por leyes. Los presos políticos, por las medidas, recuperarían su libertad el 30 de abril.
En el plano sindical, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) levantó una plataforma entre cuyas prioridades figuraba desarticular la política salarial del pachequismo, con la eliminación de la Coprin (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) y solicitar un aumento general del 40 %. Fueron organizadas cientos de asambleas, y el 13 de abril se realizó uno de los paros más importantes de toda la historia del movimiento sindical uruguayo. Todas las miradas estaban puestas en el próximo 1º de mayo.
En un ensayo publicado por aquellos días, Vivián Trías, que era diputado socialista, señalaba: "la ultraderecha se repliega; el proyecto de seguridad del estado parece condenado. El Partido Nacional no esta dispuesto a aprobar la intervención de la Justicia Militar para acusados civiles, ni la declaración de guerra interna. Las medidas de seguridad han sido levantadas parcialmente, y ello crea mejores condiciones para las luchas políticas y sindicales con masiva participación popular". Uruguay hoy, crisis económica, crisis política, 1972).
El 12 de abril, la Suprema Corte de Justicia cuestionó un decreto del gobierno del 30 de marzo sobre el "secreto militar" en la "lucha antisubversiva", que procuraba sustraer de los tribunales ordinarios a policías y militares. En los medios oficiales se señalaba que existían limitaciones que dificultaban su accionar, como la prohibición de hacer allanamientos durante la noche.
El 13 se desarrollo la movilización de la CNT y empezaron a circular, en ámbitos muy restringidos (líderes políticos opositores, algunos jueces, el arzobispado católico de Montevideo), las actas de Bardesio. Secuestrado por el MLN el 24 de febrero de aquel tormentoso año, Nelson Bardesio era un fotógrafo policial de 31 años, que en su relato confesó a sus captores integrar un Escuadrón de la Muerte responsable de asesinar a varios militantes de izquierda (ver recuadro), y de haber intervenido en atentados con explosivos.
El documento contenía toda la arquitectura de esa organización, fechas, nombres. Bardesio y Pedro Fleitas, uno de los acusados, fueron procesados con prisión en noviembre de 2009, y hoy ocupan celdas de la cárcel de Domingo Arena (Montevideo).
El viernes 14 implicó un giro de 180 grados a la realidad local. Comandos del MLN asesinaron a varios de los denunciados por Bardesio. La reacción fue fulminante, y en los hechos, se convirtió en el principio del fin para la guerrilla, que sería desarticulada en pocos meses. El gobierno tomo la iniciativa: solicitó al Parlamento el estado de guerra interna y la suspensión de las garantías individuales, que le fue concedida por 30 días, con oposición del FA. En el sepelio de los servidores públicos, habló el entonces titular de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti (ver recuadro).
Dos cantones del MLN en Montevideo fueron allanados en operativos conducidos por algunos de los oficiales acusados por Bardesio de integrar ese escuadrón.
Hubo varios muertos, y dos tupamaros se salvaron, escondidos en un refugio que fue descubierto en presencia del juez Echeverría. Uno de ellos herido de bala, fue el hasta hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro (ver recuadro), que al hacer una evaluación en perspectiva, dijo que en aquel 14 de abril el MLN se dejo llevar por un "grave error de apreciación" (Historia de los Tupamaros, En la Nuca, 2001).
En la noche del 14, cuando aún se discutía en la Asamblea General qué hacer con el pedido del gobierno, fue allanada la sede central del Partido Comunista (PCU), donde había cerca de 500 personas, que vivieron momentos de gran violencia. (ver recuadro).
El clímax fue el operativo militar que se realizó el 17 en la seccional 20 del PCU de Montevideo (ver cronología) con un saldo final de 8 militantes muertos al igual que un oficial, en un local donde nunca fueron halladas armas.
"Votamos estas facultades extraordinarias, y 48 horas después nos encontramos con este lamentable episodio de hoy, (en un club político), donde había 21 personas, 7 terminaron muertos, 12 heridos y solo dos resultaron ilesos", señalaría Wilson Ferreira.
La Convención de los blancos repudió el 22 de abril la acción de los guerrilleros, y al terrorismo ejercido desde el propio Estado. Buscando reforzar el mando, fue nombrado el general Esteban Cristo, -quizás el mas duro de todo el generalato-, al frente de la División I (Montevideo y Canelones). Era otro el Uruguay que advenía.
La RepublicaLa diferencia había sido de apenas 12.802 votos, en comicios realizados en un clima de fuerte inestabilidad social y política. El presidente saliente, Jorge Pacheco Areco, no logró su reelección, y se marcharía poco después a España (regresó recién en 1982). El candidato que apoyó, Juan María Bordaberry, asumiría el gobierno el 1º de marzo, sin mayorías legislativas (el pachequismo y la 15 de Jorge Batlle tenían apenas 12 senadores y 40 diputados).
En febrero, Bordaberry le propuso a los blancos integrarse a la nueva administración a través de ministros y ocupando cargos en los entes autónomos estatales.
La respuesta de la mayoría blanca liderada por Wilson Ferreira Aldunate (que sentía que había sido "estafado" en los comicios de hacía pocos meses), fue terminante: respaldaría a un gobierno que hiciera regresar al país las libertades públicas arrebatadas por el mecanismo de las medidas de seguridad con las que gobernó Pacheco, y siempre que se impulsaran cambios estructurales (en la tierra, la banca, el comercio exterior).
Para el nuevo gobierno, lo fundamental era enfrentar con mayor eficacia a la guerrilla, lo que explica que una de sus primeras medidas fue proponer al Parlamento un proyecto de ley sobre la seguridad del Estado. En la perspectiva de Bordaberry, los casos procesales referidos a los alzados en armas, debían pasar a la órbita de la Justicia Militar.
La guerrilla, por su parte, reanudó sus acciones (ver cronología), en una sociedad donde los atentados con bombas y las primeras desapariciones de uruguayos enfrentados al gobierno, hicieron crecer la sospecha de que se estaba ante nuevas formas organizadas de violencia política de signo ultraderechista, con raíces en el propio aparato represivo estatal. Cuando se instaló el Parlamento, el 15 de febrero, existieron planteos para investigar un supuesto Escuadrón de la Muerte.
El wilsonista Héctor Gutiérrez Ruiz, con votos de su Partido Nacional y del Frente Amplio, se transformó en el primer presidente de la Cámara de Representantes de aquella legislatura. El reclamo de todo el arco opositor se centraba en dejar sin efecto las medidas de seguridad que singularizaron la etapa gubernativa de Pacheco (a partir de junio de 1968), lo que fue abordado por la Asamblea General, que las levantó parcialmente el 10 de marzo, y creó una comisión para definir qué hacer con muchos de los decretos, que debían ser sustituidos por leyes. Los presos políticos, por las medidas, recuperarían su libertad el 30 de abril.
En el plano sindical, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) levantó una plataforma entre cuyas prioridades figuraba desarticular la política salarial del pachequismo, con la eliminación de la Coprin (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) y solicitar un aumento general del 40 %. Fueron organizadas cientos de asambleas, y el 13 de abril se realizó uno de los paros más importantes de toda la historia del movimiento sindical uruguayo. Todas las miradas estaban puestas en el próximo 1º de mayo.
En un ensayo publicado por aquellos días, Vivián Trías, que era diputado socialista, señalaba: "la ultraderecha se repliega; el proyecto de seguridad del estado parece condenado. El Partido Nacional no esta dispuesto a aprobar la intervención de la Justicia Militar para acusados civiles, ni la declaración de guerra interna. Las medidas de seguridad han sido levantadas parcialmente, y ello crea mejores condiciones para las luchas políticas y sindicales con masiva participación popular". Uruguay hoy, crisis económica, crisis política, 1972).
El 12 de abril, la Suprema Corte de Justicia cuestionó un decreto del gobierno del 30 de marzo sobre el "secreto militar" en la "lucha antisubversiva", que procuraba sustraer de los tribunales ordinarios a policías y militares. En los medios oficiales se señalaba que existían limitaciones que dificultaban su accionar, como la prohibición de hacer allanamientos durante la noche.
El 13 se desarrollo la movilización de la CNT y empezaron a circular, en ámbitos muy restringidos (líderes políticos opositores, algunos jueces, el arzobispado católico de Montevideo), las actas de Bardesio. Secuestrado por el MLN el 24 de febrero de aquel tormentoso año, Nelson Bardesio era un fotógrafo policial de 31 años, que en su relato confesó a sus captores integrar un Escuadrón de la Muerte responsable de asesinar a varios militantes de izquierda (ver recuadro), y de haber intervenido en atentados con explosivos.
El documento contenía toda la arquitectura de esa organización, fechas, nombres. Bardesio y Pedro Fleitas, uno de los acusados, fueron procesados con prisión en noviembre de 2009, y hoy ocupan celdas de la cárcel de Domingo Arena (Montevideo).
El viernes 14 implicó un giro de 180 grados a la realidad local. Comandos del MLN asesinaron a varios de los denunciados por Bardesio. La reacción fue fulminante, y en los hechos, se convirtió en el principio del fin para la guerrilla, que sería desarticulada en pocos meses. El gobierno tomo la iniciativa: solicitó al Parlamento el estado de guerra interna y la suspensión de las garantías individuales, que le fue concedida por 30 días, con oposición del FA. En el sepelio de los servidores públicos, habló el entonces titular de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti (ver recuadro).
Dos cantones del MLN en Montevideo fueron allanados en operativos conducidos por algunos de los oficiales acusados por Bardesio de integrar ese escuadrón.
Hubo varios muertos, y dos tupamaros se salvaron, escondidos en un refugio que fue descubierto en presencia del juez Echeverría. Uno de ellos herido de bala, fue el hasta hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro (ver recuadro), que al hacer una evaluación en perspectiva, dijo que en aquel 14 de abril el MLN se dejo llevar por un "grave error de apreciación" (Historia de los Tupamaros, En la Nuca, 2001).
En la noche del 14, cuando aún se discutía en la Asamblea General qué hacer con el pedido del gobierno, fue allanada la sede central del Partido Comunista (PCU), donde había cerca de 500 personas, que vivieron momentos de gran violencia. (ver recuadro).
El clímax fue el operativo militar que se realizó el 17 en la seccional 20 del PCU de Montevideo (ver cronología) con un saldo final de 8 militantes muertos al igual que un oficial, en un local donde nunca fueron halladas armas.
"Votamos estas facultades extraordinarias, y 48 horas después nos encontramos con este lamentable episodio de hoy, (en un club político), donde había 21 personas, 7 terminaron muertos, 12 heridos y solo dos resultaron ilesos", señalaría Wilson Ferreira.
La Convención de los blancos repudió el 22 de abril la acción de los guerrilleros, y al terrorismo ejercido desde el propio Estado. Buscando reforzar el mando, fue nombrado el general Esteban Cristo, -quizás el mas duro de todo el generalato-, al frente de la División I (Montevideo y Canelones). Era otro el Uruguay que advenía.
Víctimas del Escuadrón
"El 28 de febrero (de 1972), cerca de La Tablada, aparece el cadáver de Ibero Gutiérrez, estudiante de 22 años, poeta y militante del Frente Amplio. Desapareció de su casa dos días antes. Quienes lo asesinaron, de 13 balazos, dejaron sobre el cuerpo un cartel: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".
Héctor Castagnetto, estudiante de 19 años, fue secuestrado en agosto de 1970, poco después de que apareciera el cadáver de Dan Mitrione, asesinado por el MLN. En (aquel) abril de 1972, continúa desaparecido. A la desaparición de Castagnetto, sigue la de Abel Ayala, estudiante de Medicina y funcionario de Sanidad Policial. Días después, el 31 de julio de 1971, en las rocas de la rambla de Pocitos, es encontrado el cuerpo mutilado y acribillado a balazos del estudiante Manuel Ramos Filippini. Los tres fueron secuestrados por el Escuadrón de la Muerte" ("Los fusilados de abril", Virginia Martínez).
La Republica
Héctor Castagnetto, estudiante de 19 años, fue secuestrado en agosto de 1970, poco después de que apareciera el cadáver de Dan Mitrione, asesinado por el MLN. En (aquel) abril de 1972, continúa desaparecido. A la desaparición de Castagnetto, sigue la de Abel Ayala, estudiante de Medicina y funcionario de Sanidad Policial. Días después, el 31 de julio de 1971, en las rocas de la rambla de Pocitos, es encontrado el cuerpo mutilado y acribillado a balazos del estudiante Manuel Ramos Filippini. Los tres fueron secuestrados por el Escuadrón de la Muerte" ("Los fusilados de abril", Virginia Martínez).
La Republica
EL RELATO DE SANGUINETTI
"Es la primera vez que la organización revolucionaria ha atentado contra un oficial, en el caso un marino, y contra un político. Las FFAA se duelen de una herida en carne propia. El momento, tantas veces previsto, tantas veces tema de las charlas en los casinos de oficiales ("distinto será el día en que ataquen a uno de nosotros"), había llegado. La Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, se llena con miles de ciudadanos. Habían existido dudas sobre si darle o no carácter oficial al sepelio. Algunos, conservadores temían que el público, por la tensión imperante, no acompañara; algunos otros, con argumentos moralistas, decían que debían renunciarse a aprovechar políticamente a los caídos. El ministro del Interior (Alejandro) Rovira, había insistido, sin embargo, en que había que lanzar a la gente a la calle" (crónica de Julio María Sanguinetti, que era en ese momento ministro de Educación y Cultura, publicada en el diario "Excelsior" de México, el 22 de julio de 1973).
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Testimonio del juez Echeverría
"El 14 de abril (de 1972), lo recuerdo como uno de los días más negros de esa época tan oscura", le dijo el juez de instrucción Daniel Echeverría a la historiadora Virginia Martínez, en su investigación de 2002 sobre el operativo militar desarrollado en la seccional 20 del PCU, que culminó con ocho de sus militantes muertos.
Echeverría, que estaba de turno cuando ocurrieron todos estos sucesos, señaló: "Estuve en la casa de la calle Pérez Gomar. Cuando llegué, vi los cadáveres de Rovira, de Candán Grajales,y de los otros tupamaros, acomodados sobre un sillón. Después, fui a la calle Amazonas. A Martirena, seguramente ya muerto, le colocaron una metralleta entre las manos para simular un enfrentamiento".
"Estaba a punto de terminar el día, cuando recibo una llamada de la Seccional 5 de la Policía, me piden que vaya al local central del Partido Comunista (de la calle Sierra)", dijo el magistrado. "La escena allí es terrible. Cientos de hombres y mujeres tirados en el piso. "Esto es una vergüenza, es indigno, que se levanten", dije. Las mujeres se me acercaban, me mostraban las manos lastimadas por los pisotones y los golpes. Todos tenían un robo para denunciar".
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13 Comando del MLN copa la comisaría de Soca. Mueren en el tiroteo el oficial policial Juan Sánchez y el agente Segundo Fernández.
14 Corte Electoral, por mayoría, rechaza la impugnación del Partido Nacional a las elecciones de 1971, a las que considera "fraudulentas".
15 Asume nuevo Parlamento. Con votos de la oposición blanca y frentista, Héctor Gutiérrez Ruiz pasa a ser el presidente de la Cámara de Diputados.
22 El Directorio blanco rechaza por voluntad de su mayoría (wilsonista) la oferta de Juan María Bordaberry de integrar el nuevo gobierno. Reclama, más que cargos, soluciones estructurales a la crisis del país.
24 Comando del MLN secuestra al fotógrafo policial Nelson Bardesio.
25 Fuerzas de seguridad detienen al tupamaro Héctor Amodio Pérez, cuya delación fue clave para la rápida desarticulación del MLN.
9 El gobierno envía al Parlamento el proyecto de Ley de Seguridad del Estado, que le da competencias a la Justicia Militar en los casos de enfrentamiento con la guerrilla.
10 Asamblea General. Oposición blanca y frentista deja sin efecto parte de las medidas de seguridad con las que gobernó Pacheco Areco (con un breve intervalo) desde 1968. Fijan plazo hasta el 30 de abril para liberar a los presos políticos.
20 En el Senado, Enrique Rodríguez (FA) atribuye los atentados con bombas que se vienen produciendo día a día, a la existencia de un Escuadrón de la Muerte.
12 Fugan de la penitenciaria de Punta Carretas 21 miembros del MLN y 6 presos comunes.
13 Paro general por aumento de salarios decretado por la CNT, con alto acatamiento. El MLN envía a líderes políticos, magistrados, religiosos, las actas de Bardesio sobre un Escuadrón de la Muerte.
14 De mañana: comandos del MLN ultiman en 3 operativos al exsubsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara; al subcomisario Oscar Delega y el agente Carlos Leites de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNII (Montevideo), y el capitán de corbeta Ernesto Motto (Las Piedras). En un mensaje, esta organización acusa a Acosta y Lara, Delega y Motto de integrar un escuadrón terrorista que mato a tres personas, según confesión de Bardesio. En el Cerrito de la Victoria mueren en un enfrentamiento los tupamaros Jorge Gropp y Carmen Puglia.
Bordaberry cita a su gabinete y solicita al Parlamento la declaración de estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales.
Fuerzas de seguridad ingresan a dos "cantones" del MLN en Montevideo, muriendo los tupamaros Jorge Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco (en Pérez Gomar 4392, Buceo); el periodista Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez (Amazona 1440). Son heridos de bala Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, escondidos en un berretín. La sangre revela la presencia de ambos, que son detenidos. El juez Daniel Echeverría estaba en el lugar.
Por la noche, operativos policiales en la sede principal del Partido Comunista, PCU (Sierra 1720), de la democracia cristiana y el Movimiento 26 de marzo. En el PCU, unas 500 personas son obligadas a tirarse al piso, varios militantes son agredidos y parte del mobiliario es destrozado. Todo concluye cuando llega el juez Echeverría.
15 Son sepultados con los máximos honores Acosta y Lara, Motto, Delega y Leites. En su discurso, el ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti dice: "Llegamos hoy a despedir a cuatro uruguayos caídos en el cumplimiento del mas glorioso de los deberes(...) unen sus nombres a la galería venerable de los mártires de la República".
Intenso debate en la Asamblea General. El senador Enrique Erro (FA), lee las "actas de Bardesio". La oposición blanca señala que no se va a retacear ningún recurso para defender a las instituciones. Vivián Trias (FA), advierte que se impondrá una impredecible "lógica de la guerra". Finalmente, por 97 votos en 118, con la oposición del FA, se aprueba la solicitud del gobierno, y se suspenden las garantías individuales por 30 días.
Conferencia Episcopal uruguaya condena la violencia en el país.
16 En la madrugada se producen 11 atentados contra los domicilios de figuras de la izquierda (como el director de Marcha, Carlos Quijano), abogados, la Iglesia Metodista, la impresora Alborada (Garibaldi y Monte Caseros).
17 En un operativo militar realizado en la seccional 20 del PCU (Agraciada y Valentín Gómez, Montevideo) son ultimados Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Ricardo Walter González, Raúl Gancia, Justo Washington Sena, Elman Fernández, Ruben López. El capitán Wilfredo Busconi y el obrero Héctor Cervelli, heridos de bala, morirán posteriormente. Las Fuerzas Conjuntas hablan de un tiroteo. No son halladas las armas, y en la oposición se considera aquello como "un fusilamiento" y una "provocación".
25 El general Esteban Cristo asume al frente de la División I (Montevideo), y Eduardo Zubía lo sustituye en la II. Los dos son considerados los mas duros de la cima militar.
Echeverría, que estaba de turno cuando ocurrieron todos estos sucesos, señaló: "Estuve en la casa de la calle Pérez Gomar. Cuando llegué, vi los cadáveres de Rovira, de Candán Grajales,y de los otros tupamaros, acomodados sobre un sillón. Después, fui a la calle Amazonas. A Martirena, seguramente ya muerto, le colocaron una metralleta entre las manos para simular un enfrentamiento".
"Estaba a punto de terminar el día, cuando recibo una llamada de la Seccional 5 de la Policía, me piden que vaya al local central del Partido Comunista (de la calle Sierra)", dijo el magistrado. "La escena allí es terrible. Cientos de hombres y mujeres tirados en el piso. "Esto es una vergüenza, es indigno, que se levanten", dije. Las mujeres se me acercaban, me mostraban las manos lastimadas por los pisotones y los golpes. Todos tenían un robo para denunciar".
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Febrero 13 Comando del MLN copa la comisaría de Soca. Mueren en el tiroteo el oficial policial Juan Sánchez y el agente Segundo Fernández.
14 Corte Electoral, por mayoría, rechaza la impugnación del Partido Nacional a las elecciones de 1971, a las que considera "fraudulentas".
15 Asume nuevo Parlamento. Con votos de la oposición blanca y frentista, Héctor Gutiérrez Ruiz pasa a ser el presidente de la Cámara de Diputados.
22 El Directorio blanco rechaza por voluntad de su mayoría (wilsonista) la oferta de Juan María Bordaberry de integrar el nuevo gobierno. Reclama, más que cargos, soluciones estructurales a la crisis del país.
24 Comando del MLN secuestra al fotógrafo policial Nelson Bardesio.
25 Fuerzas de seguridad detienen al tupamaro Héctor Amodio Pérez, cuya delación fue clave para la rápida desarticulación del MLN.
Marzo
1º Asume Bordaberry la presidencia del país.9 El gobierno envía al Parlamento el proyecto de Ley de Seguridad del Estado, que le da competencias a la Justicia Militar en los casos de enfrentamiento con la guerrilla.
10 Asamblea General. Oposición blanca y frentista deja sin efecto parte de las medidas de seguridad con las que gobernó Pacheco Areco (con un breve intervalo) desde 1968. Fijan plazo hasta el 30 de abril para liberar a los presos políticos.
20 En el Senado, Enrique Rodríguez (FA) atribuye los atentados con bombas que se vienen produciendo día a día, a la existencia de un Escuadrón de la Muerte.
Abril
10 Detonan explosivos en los domicilios de los senadores Zelmar Michelini y Enrique Rodríguez, que producen sólo daños materiales. 12 Fugan de la penitenciaria de Punta Carretas 21 miembros del MLN y 6 presos comunes.
13 Paro general por aumento de salarios decretado por la CNT, con alto acatamiento. El MLN envía a líderes políticos, magistrados, religiosos, las actas de Bardesio sobre un Escuadrón de la Muerte.
14 De mañana: comandos del MLN ultiman en 3 operativos al exsubsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara; al subcomisario Oscar Delega y el agente Carlos Leites de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNII (Montevideo), y el capitán de corbeta Ernesto Motto (Las Piedras). En un mensaje, esta organización acusa a Acosta y Lara, Delega y Motto de integrar un escuadrón terrorista que mato a tres personas, según confesión de Bardesio. En el Cerrito de la Victoria mueren en un enfrentamiento los tupamaros Jorge Gropp y Carmen Puglia.
Bordaberry cita a su gabinete y solicita al Parlamento la declaración de estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales.
Fuerzas de seguridad ingresan a dos "cantones" del MLN en Montevideo, muriendo los tupamaros Jorge Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco (en Pérez Gomar 4392, Buceo); el periodista Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez (Amazona 1440). Son heridos de bala Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, escondidos en un berretín. La sangre revela la presencia de ambos, que son detenidos. El juez Daniel Echeverría estaba en el lugar.
Por la noche, operativos policiales en la sede principal del Partido Comunista, PCU (Sierra 1720), de la democracia cristiana y el Movimiento 26 de marzo. En el PCU, unas 500 personas son obligadas a tirarse al piso, varios militantes son agredidos y parte del mobiliario es destrozado. Todo concluye cuando llega el juez Echeverría.
15 Son sepultados con los máximos honores Acosta y Lara, Motto, Delega y Leites. En su discurso, el ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti dice: "Llegamos hoy a despedir a cuatro uruguayos caídos en el cumplimiento del mas glorioso de los deberes(...) unen sus nombres a la galería venerable de los mártires de la República".
Intenso debate en la Asamblea General. El senador Enrique Erro (FA), lee las "actas de Bardesio". La oposición blanca señala que no se va a retacear ningún recurso para defender a las instituciones. Vivián Trias (FA), advierte que se impondrá una impredecible "lógica de la guerra". Finalmente, por 97 votos en 118, con la oposición del FA, se aprueba la solicitud del gobierno, y se suspenden las garantías individuales por 30 días.
Conferencia Episcopal uruguaya condena la violencia en el país.
16 En la madrugada se producen 11 atentados contra los domicilios de figuras de la izquierda (como el director de Marcha, Carlos Quijano), abogados, la Iglesia Metodista, la impresora Alborada (Garibaldi y Monte Caseros).
17 En un operativo militar realizado en la seccional 20 del PCU (Agraciada y Valentín Gómez, Montevideo) son ultimados Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Ricardo Walter González, Raúl Gancia, Justo Washington Sena, Elman Fernández, Ruben López. El capitán Wilfredo Busconi y el obrero Héctor Cervelli, heridos de bala, morirán posteriormente. Las Fuerzas Conjuntas hablan de un tiroteo. No son halladas las armas, y en la oposición se considera aquello como "un fusilamiento" y una "provocación".
25 El general Esteban Cristo asume al frente de la División I (Montevideo), y Eduardo Zubía lo sustituye en la II. Los dos son considerados los mas duros de la cima militar.
CHILE › EX MILITARES CONDENADOS POR MATAR A UNA PAREJA DE ARGENTINOS
Cárcel para tres represores
Los agentes asesinaron a la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero y a cuatro ciudadanos chilenos, incluyendo un empleado del FMI, un mes después del golpe de Pinochet, en 1973.
Por Christian PalmaPagina 12
Desde Santiago
El juez Jorge Zepeda sentenció a diez años de presidio, sin beneficios, a tres ex militares chilenos por su participación en el asesinato de seis personas en la investigación denominada Caso Torres San Borja, ocurrido el 17 de octubre de 1973. Un día antes, las víctimas –entre las que se incluyen dos ciudadanos argentinos– fueron detenidas y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, en Santiago.
Los ex uniformados eran miembros de la escuela de suboficiales del ejército y fueron individualizados como Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes deberán cumplir presidio efectivo.
Esto porque los agentes –que actuaron a un mes de perpetrado el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet– son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), por ese entonces funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta (25) y Beatriz Elena Díaz Agüero (26); Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario, y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista (35).
Este caso causó revuelo a mediados de la década de los ’70 por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, lo que llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a solicitar antecedentes de los homicidios.
El 2 de junio de 1976, mediante la resolución N° 1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.
La denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados y se cerró el proceso sin culpables como tantos otros casos que recién ahora se han reabierto para esclarecer la verdad de lo ocurrido en plena dictadura de Pinochet.
Según se desprende de la sentencia, las víctimas fueron detenidas el 16 de octubre de 1973 mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 del complejo de edificios San Borja, en pleno centro de la capital chilena. El secuestro fue efectuado por miembros de la escuela de suboficiales del ejército, quienes condujeron a los detenidos a un recinto de tortura habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, en la –por esos años– periférica comuna de Pudahuel.
Al día siguiente fueron sacados del lugar y llevados a los alrededores del túnel. Ahí se les ordenó a cada uno correr con la idea de que tenían una chance de escapar con vida. Sin embargo, el plan de los militares era simular una fuga y justificar los asesinatos. Poco importaron a los sujetos vestidos con cascos y ropas de camuflaje los gritos de clemencia de sus compatriotas o los otros que se escuchaban fuertes con acento extranjero. Todos murieron acribillados por ráfagas de ametralladora.
Según el Informe Rettig, emanado de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos–, la patrulla que arrestó al matrimonio argentino pasó por alto que Beatriz Díaz estuviera embarazada.
Los seis detenidos fueron “trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres –a sólo unas cuadras de San Borja y a metros del convento de San Francisco– que perteneciera al Partido Socialista, conocido luego como centro de terror y torturas de la policía secreta”.
De Londres fueron “trasladados a la Casa de la Cultura a cargo de efectivos del ejército en calle La Estrella”, dice el Informe Rettig.
Al día siguiente, los cadáveres de los detenidos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera que une Santiago con el puerto de Valparaíso, por vecinos. Cuatro días más tarde, unos parientes reconocieron los cuerpos en la morgue de Santiago.
Marcelo, padre de Ricardo Montecinos, testificó que a su hijo le sustrajeron un reloj de oro, doscientos dólares, su carnet y su pasaporte. Según el testimonio de un pariente de Carlos Saa, éste fue detenido e interrogado por militares el 14 de octubre, después de ser confundido con su hermano Julio Saa, dentista y residente de la Torre 12, quien tuvo discusiones con un tal Pascual Rodríguez, militante de Patria y Libertad (partido de ultraderecha) y, supuestamente, posterior colaborador del Servicio de Inteligencia militar (SIM).
Después del golpe, Rodríguez montó en San Borja una junta de vigilancia contra extremistas a la entrada de la fatídica Torre 12. Según Montecinos, el capitán Carlos Cardemil, jefe de la patrulla que arrestó a su hijo, “alojaba a menudo en el departamento de Pascual Rodríguez”. Se supone que ahí confeccionaron la lista de quienes debían eliminar en su obsesión de “salvar a la patria”.
 | ARGENTINA Nota de tapa SIN COARTADAPor Irina HauserPagina 12  |  | El Consejo de la Magistratura puso como prioridad desentrañar la actuación de los jueces en la dictadura y cómo influyó esa trama para construir redes de impunidad en los juicios por el terrorismo de Estado. Por eso está investigando a más de 20 magistrados, entre ellos varios camaristas |
EL PAIS › LA MAGISTRATURA INVESTIGA EL PAPEL DE LOS JUECES DURANTE LA DICTADURA. HAY MAS DE 20 PEDIDOS DE JUICIO POLITICO
Los magistrados que fueron cómplices de los represores
El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas. Por Irina HauserPagina 12
El reclamo de la sociedad por las violaciones a los derechos humanos no se limita sólo a los represores militares, sino también a los civiles.
Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.
La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.
La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo (ver recuadro).
Demoras y sorpresas
El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.
Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.
Pasado y presente
“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.
El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.
En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.
Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.
Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.
ARGENTINA › DENUNCIA DE LOS ORGANISMOS DE MENDOZA
El lobby de Petra
El juez Otilio Romano, procesado por torturas y desapariciones.
El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.
Por Alejandra DandanPagina 12
Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.
“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”
El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.
Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.
Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.
Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.
La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.
Argentina› DOS FISCALES Y UN JUEZ JUZGADOS EN CORDOBA
“Hubo una dictadura cívico-militar”
La suerte de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga comenzará a resolverse hoy, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expida sobre el pedido de prescripción elevado por los defensores, en la causa donde se investiga la responsabilidad de los magistrados durante la dictadura. Tal como informó Página/12, las defensas argumentan que el delito –esto es, privación ilegítima de la libertad agravada– no configura un tipo penal susceptible de ser encuadrado como delito de lesa humanidad. Esa había sido la calificación de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal subrogante de La Rioja, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición presentado por Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba.El fiscal general subrogante del Tribunal Oral Nº 2, Carlos Gonella, sostuvo que “empezamos a ver que hubo una dictadura cívico-militar” porque “surge la responsabilidad penal de sectores de la Iglesia y del Poder Judicial”. Gonella había solicitado el lunes pasado que se rechazaran los recursos presentados por los tres imputados y que se dejaran firmes los procesamientos. En este sentido también se expidieron los abogados querellantes Juan Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja, quienes solicitaron máxima celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
Vaca Narvaja dijo que “muchos detenidos” denunciaron ante jueces o defensores oficiales que “estaban siendo torturados, golpeados o que se habían cometido asesinatos”. Sin embargo, “estas personas nunca actuaron en su carácter de funcionarios públicos”, recordó.
“Nos seguimos preguntando si esta Justicia federal está en condiciones de llevar adelante la investigación –dijo Vaca Narvaja–, porque el fiscal que actúa en la causa (en referencia a Gustavo Vidal Lascano), tiene vínculos de amistad y de compañerismo con gente que está imputada.”
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Una red de amigos de la dictadura en Mendoza
Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.
A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.
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