| ¿Cómo anular la Ley de Caducidad? | Corte Interamericana de DDHH marcó el camino, pero el Parlamento no lo ve  Uruguay fue sentenciado a resolver todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura removiendo el “obstáculo” de la Ley de Caducidad. El país está obligado a hacerlo, pero no sabe cómo. La Corte Interamericana colisiona contra la Constitución, y el Parlamento prepara una ley tan dudosa como la que quiere anular. |
| TEXTO: GUSTAVO VILLA La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, como es sabido, al Estado uruguayo en el denominado caso Gelman. Ya han trascendido los principales contenidos de dicho fallo, sobre todo en lo relativo a las reparaciones morales y económicas que debe conceder nuestro país, y también en el mandato para que la denominada comúnmente Ley de Caducidad “no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”. El alcance del fallo, enmarcado en la adhesión de nuestro país al denominado Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos), hace que su contenido sea de cumplimiento obligatorio para los tres poderes del Estado. Sin embargo, parte de lo sancionado por la CIDH colide parcialmente con el ordenamiento jurídico uruguayo, generando incertidumbres que deberán ser desactivadas en un plazo exiguo. Los tiempos son breves por varias razones: en primer término, la legislación uruguaya ha fijado plazos de prescripción para los delitos de homicidio especialmente agravado –la figura penal utilizada en la mayoría de las causas que investigan la desaparición de personas y asesinatos durante la dictadura– que, en su máxima extensión, caen el 31 de octubre de este año. Sin embargo, la CIDH exige que sean considerados imprescriptibles. Al mismo tiempo, son cortos porque la discusión política que se desarrolla en el Parlamento debe resolver pronto la aprobación de una ley que garantice el cese de los “obstáculos” interpuestos por la Ley de Caducidad. Y el texto interpretativo que estudia el Senado seguramente enfrentará demandas de inconstitucionalidad ni bien sea promulgado. Además, hay un importante margen de probabilidades de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo encuentre inválido según anticipan varios juristas. De hecho, Alberto Pérez Pérez, integrante de la CIDH, ha recalcado públicamente que ésta no es la vía correcta para sacar a la caducidad del medio. Para que en Uruguay se encamine definitivamente un proceso que conduzca hacia el conocimiento de la verdad en el marco de la justicia, la CIDH consideró que se deben retirar todos los condicionantes que puedan constituirse en obstáculo (para seguir usando el término que prefirió la CIDH). En esa categoría no sólo cabe la Ley de Caducidad, sino que también están incluidos algunos principios del Derecho Penal que habitualmente son considerados inamovibles. Dice el fallo que quienes puedan aparecer como responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser sancionados, para lo cual “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in ídem* o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo” (artículo. 254). El problema es entonces no sólo la pervivencia de la Ley de Caducidad sino también el choque entre lo dictado por la CIDH y el ordenamiento jurídico y constitucional uruguayo. Esas colisiones serán indudablemente un grave problema para la SCJ, que deberá resolver en los próximos meses. El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, explicó que “el problema jurídico complejo reside en que estamos hablando de principios constitucionalmente establecidos;;;; por eso señalábamos que el cumplimiento de esta sentencia, que es obligatorio para los tres poderes del Estado, debe estar en concordancia con el sistema constitucional de Uruguay. Cada principio y cada derecho constitucional van hasta que coliden con otro, en ese balance habría que manejarse con precisión de cirujano y no de cortador de carne”. | |
Nueva carta de centros sociales militares a SCJ
11.04.2011 | 7.49 El Espectador
Los centros sociales de las Fuerzas Armadas enviaron una nueva carta a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que calificaron a los procesamientos de retirados militares como “arbitrarios e irregulares” y señalaron que constituyen “un capítulo negro en la imagen pública de la Justicia”.
Estas instituciones habían reclamado a la Suprema Corte la investigación administrativa de los jueces que dictaron los últimos procesamientos a militares retirados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La Suprema Corte desestimó aquel pedido debido al “principio constitucional de independencia técnica de los magistrados”, según la resolución fechada el 25 de marzo, a la cual accedió El País.
Este rechazo de la corporación hizo ahora que los centros sociales anuncien públicamente que recurrirán a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Consideran que los magistrados cuestionados por ellos “violaron el derecho humano esencial de libertad” con sus fallos.
Militares dicen que los fallos son "arbitrarios"
Caducidad. Confirman una demanda contra el Estado en organismos internacionales DANIEL ISGLEAS
En la polémica entre los centros sociales de las Fuerzas Armadas y la Suprema Corte por varios procesamientos, los uniformados ratificaron que reclamarán ante organismos internacionales de justicia porque los procesamientos son "arbitrarios".
En la polémica entre los centros sociales de las Fuerzas Armadas y la Suprema Corte por varios procesamientos, los uniformados ratificaron que reclamarán ante organismos internacionales de justicia porque los procesamientos son "arbitrarios".
El plenario de los centros sociales de las Fuerzas Armadas, integrado por entidades que agrupan a oficiales en actividad y retiro, había reclamado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la investigación administrativa de los jueces que actuaron en los últimos procesamientos de militares retirados por violación a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos el general en actividad Miguel Dalmao, por considerar que cometieron "errores técnicos graves" en sus fallos.
La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", según la resolución de la corporación fechada el pasado 25 de marzo, a la cual tuvo acceso El País.
El rechazo de la corporación a atender esta petición hizo ahora que los centros sociales anuncien públicamente que recurrirán a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque consideran que los magistrados cuestionados por ellos "violaron el derecho humano esencial de libertad" con sus fallos, los que "fueron calificados como absolutamente irregulares" por personas como el expresidente Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre, según se adelanta en una nota enviada el martes 5 a la Suprema Corte por el plenario de centros sociales, formado por el Centro Militar, el Círculo Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el centro de suboficiales de las Fuerzas Armadas y las cooperativas de consumo de activos y pasivos militares.
Todo esto se produce a 24 horas de que el Parlamento termine por anular la ley de Caducidad, lo que ocurrirá mañana martes 12 en el Senado.
"CAPÍTULO NEGRO". En su nota reciente, los centros sociales militares aclaran que "no era nuestra aspiración vulnerar la responsabilidad técnica de los magistrados, sino recurrir como alzada" a la corporación para investigar "procesamientos anómalos".
"Con vuestra resolución se cierra un capítulo sin dudas negro en la imagen pública de la Justicia", afirmaron, para agregar que "el Estado de Derecho debe ser garantizado contra actitudes arbitrarias aún de quienes integran el Poder Judicial".
Además, los uniformados afirmaron que la SCJ "no puede renunciar" a su "obligación" de "responder ante la sociedad" de analizar "estos posibles desvíos" de los jueces.
Desde los centros sociales se cuestiona el procesamiento de Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como la apreciación de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse.
Más de 1.200 firmas de socios de esas entidades respaldan el planteamiento que a nivel internacional harán los centros sociales castrenses.
"Aspiramos a contar con un Poder Judicial que recoja una tradición de respeto por los derechos humanos de todos", afirmaron los militares, que piensan que esos procesados han sido "víctimas de un proceso indebido" por parte de los magistrados.
Demanda: Los centros tienen ya 1.200 firmas de socios activos y en retiro para el recurso.
La polémica sube de tono
Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la Corporación dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura.
En el escrito se cuestiona el procesamiento del general Miguel Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como las apreciaciones de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse.
La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", y recuerdan que esos casos que se cuestionan en el escrito están en etapa de ser recurridos por la vía de la apelación.
En respuesta, los centros sociales militares presentarán una denuncia a nivel internacional contra el Estado uruguayo porque, dicen, los procesos judiciales por casos de la dictadura no ofrecen garantías.
Falta de pruebas, carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los presuntos delitos son los principales argumentos.
El País Digital
Por Leonardo Pereyra, de la redacción de El Observador
Red de Economistas de Izquierda en "La Diaria"
“El PIB es como el bikini: es más interesante por lo que oculta que por lo que muestra”, asegura en un artículo William Yohai, integrante de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu). En ese texto, el autor critica la “escasa explicitación” de la composición de los informes de Cuentas Nacionales que elabora con frecuencia trimestral el Banco Central del Uruguay (BCU), construcción informativa y estadística que “no es inocente” y que busca “ocultar las flaquezas” de la política económica oficial. Sin embargo, otros economistas consultados por la diaria defendieron la validez del indicador, destacando que está dentro de los “estándares internacionales”.
Fractura interna compromete a todo el Frente Amplio
La expulsión de Jorge Saravia del MPP torna más frágil la mayoría del partido de gobierno en el Senado
El Frente Amplio (FA) probó tener una habilidad natural, para atraer dirigentes de otros partidos políticos. Así se fundó en 1971 y así fue creciendo hasta que en 2004 llegó al gobierno con ex blancos y colorados en sus filas, bajo el paraguas del Encuentro Progresista.
Pero lo que a todas luces es una fortaleza, también es una debilidad de la coalición de izquierda. Y es que varios dirigentes que le “robó” a los partidos Nacional y Colorado terminaron, disconformes, volviendo a su origen, o quedaron como independientes, sin partido.
Así pasó con Hugo Batalla y Francisco Rodríguez Camusso, dos de los casos más notorios. La ruptura con Batalla en 1989 es considerada hasta hoy la mayor crisis política del FA.
La memoria viene a cuento por lo que está pasando en el FA con el senador Jorge Saravia. Blanco como hueso de bagual, se pasó a la izquierda en 2002.
Desde las cuchillas y sin dejar en la percha el poncho blanco de su bisabuelo, Aparicio Saravia, entró por la puerta que abrió el hoy presidente José Mujica cuando desde el MPP creó el Espacio 609.
Allí recibió a ex dirigentes colorados (Víctor Vaillant) y a la “columna blanca”, liderada por Saravia. Vaillant sigue en el FA, aunque sin cargo alguno, pero Saravia –senador desde 2004– está a punto de hacer realidad aquello de los “sapos y culebras” con los que Mujica dijo que se abrazaba por conveniencia política, temeroso de que algún día le muerdan la mano.
Cansados de ver como Saravia marca perfil propio y desobedece los mandatos políticos, el MPP y sus aliados de la 609 decidieron este miércoles que el barbado dirigente blanco se había “autoexcluido” del sector.
Un eufemismo político para decir que lo echaron del Espacio 609. Del MPP ya se había ido a comienzos de 2010 cuando se negó a firmar los pagarés con los que el sector cobraría de su sueldo el aporte partidario por su banca del Senado.
La situación es compleja y enciende varias luces de alarma. De pique, el voto de Saravia en el Senado será una incógnita. Un día puede votar con el FA y otro con la oposición.
Con Saravia a la intemperie dentro de la coalición y con un pie fuera del ella, la izquierda puede empezar a perder adhesiones por el centro del espectro político.
El todavía senador del FA señaló una y otra vez el error político que comete el oficialismo al querer eliminar por la vía parlamentaria la ley de Caducidad.
Saravia acusó al FA de violar la Constitución y desconocer las consultas populares de 1989 y 2009. Llegó a decir que los diputados frentistas dieron un “golpe de Estado técnico”, cuando el año pasado votaron la eliminación de la ley de Caducidad.
Con este discurso Saravia se ganó el aplauso de mucha gente, igual que cuando reclama mayor seguridad al gobierno y pide que los militares ingresen a los barrios para combatir la delincuencia, algo ajeno de la sensibilidad de la izquierda.
En el Partido Nacional se frotan las manos y ya piensan en el rédito político que sacarán si Saravia decide volver a sus filas. De hecho ya lo tentaron con un regreso triunfal.
(Observa)
Fecha: 01/04/2011 | 06:31 | Montevideo, UruguayPero lo que a todas luces es una fortaleza, también es una debilidad de la coalición de izquierda. Y es que varios dirigentes que le “robó” a los partidos Nacional y Colorado terminaron, disconformes, volviendo a su origen, o quedaron como independientes, sin partido.
Así pasó con Hugo Batalla y Francisco Rodríguez Camusso, dos de los casos más notorios. La ruptura con Batalla en 1989 es considerada hasta hoy la mayor crisis política del FA.
La memoria viene a cuento por lo que está pasando en el FA con el senador Jorge Saravia. Blanco como hueso de bagual, se pasó a la izquierda en 2002.
Desde las cuchillas y sin dejar en la percha el poncho blanco de su bisabuelo, Aparicio Saravia, entró por la puerta que abrió el hoy presidente José Mujica cuando desde el MPP creó el Espacio 609.
Allí recibió a ex dirigentes colorados (Víctor Vaillant) y a la “columna blanca”, liderada por Saravia. Vaillant sigue en el FA, aunque sin cargo alguno, pero Saravia –senador desde 2004– está a punto de hacer realidad aquello de los “sapos y culebras” con los que Mujica dijo que se abrazaba por conveniencia política, temeroso de que algún día le muerdan la mano.
Cansados de ver como Saravia marca perfil propio y desobedece los mandatos políticos, el MPP y sus aliados de la 609 decidieron este miércoles que el barbado dirigente blanco se había “autoexcluido” del sector.
Un eufemismo político para decir que lo echaron del Espacio 609. Del MPP ya se había ido a comienzos de 2010 cuando se negó a firmar los pagarés con los que el sector cobraría de su sueldo el aporte partidario por su banca del Senado.
La situación es compleja y enciende varias luces de alarma. De pique, el voto de Saravia en el Senado será una incógnita. Un día puede votar con el FA y otro con la oposición.
Con Saravia a la intemperie dentro de la coalición y con un pie fuera del ella, la izquierda puede empezar a perder adhesiones por el centro del espectro político.
El todavía senador del FA señaló una y otra vez el error político que comete el oficialismo al querer eliminar por la vía parlamentaria la ley de Caducidad.
Saravia acusó al FA de violar la Constitución y desconocer las consultas populares de 1989 y 2009. Llegó a decir que los diputados frentistas dieron un “golpe de Estado técnico”, cuando el año pasado votaron la eliminación de la ley de Caducidad.
Con este discurso Saravia se ganó el aplauso de mucha gente, igual que cuando reclama mayor seguridad al gobierno y pide que los militares ingresen a los barrios para combatir la delincuencia, algo ajeno de la sensibilidad de la izquierda.
En el Partido Nacional se frotan las manos y ya piensan en el rédito político que sacarán si Saravia decide volver a sus filas. De hecho ya lo tentaron con un regreso triunfal.
(Observa)
OPINIÓN
En el FA temen haber creado un “mártir” con el caso Saravia
Varios sectores de la coalición de izquierda creen que la expulsión de Saravia es “un error político”
El jueves 31 por la tarde, el despacho del senador Jorge Saravia era una romería. Periodistas que esperaban turno para hacerle una nota; funcionarios que le alcanzaban recortes de prensa y mensajes de otros legisladores; gente que pasaba a saludar; una señora que se acercó para que le firmara un ejemplar de la Constitución.
La noche anterior, Saravia había sido expulsado del Espacio 609, que fuera fundado por el presidente José Mujica, y al otro la noticia competía en la televisión, la radio y los diarios con la visita de Hugo Chávez y con los efectos de la radiación en el Japón.
Si “la barra” de la 609 quiso sacarse un problema de encima, lo hizo al precio de convertir esa molestia en una noticia de portada y a su protagonista en el personaje de la semana. “Crearon un mártir. No se entiende muy bien qué fue lo que quisieron hacer. Se equivocaron feo”, dijo a El Observador un dirigente cercano al vicepresidente Danilo Astori (Asamblea Uruguay). Desde el Partido Comunista también se entiende que la decisión de la 609 representa “un error político” que no hizo más que fortalecer al parlamentario rebelde.
Fuentes de la izquierda dijeron que en el correr del jueves y de ayer viernes, dirigentes del Frente Amplio evaluaron informalmente el impacto de la noticia de la expulsión de Saravia. Hasta el ex presidente Tabaré Vázquez habló ayer sobre el asunto. “No creo que el caso afecte la unidad del Frente Amplio. El Frente ya ha vivido instancias similares y siempre las ha superado. El Frente tiene la inteligencia, la capacidad y la experiencia suficiente como para superar situaciones de este tipo”, dijo el mandatario a la salida del acto en el que María Julia Muñoz asumió la presidencia de la Comisión Honoraria de la lucha contra el cáncer. Cuando se le pidió que abundara sobre el asunt, Vázquez se mostró más cauteloso. “De los problemas internos del Frente, si es que me toca opinar, lo hago en la interna”, sostuvo.
Carneado. Para los que, extrañamente, no se enteraron del “caso Saravia”, es preciso recordar que el parlamentario de extracción nacionalista llegó al Frente Amplio en el 2002 dentro de la denominada Columna Blanca del Movimiento de Participación Popular (MPP). Luego formó su propio grupo dentro de la coalicion de izquierda –Patria Grande– y comenzó a manejarse con cierta independencia. Se negó a votar la derogación de la ley de Caducidad, votó la interpelación a los ministros Luis Rosadilla y Eduardo Bonomi por el tema del presunto video militar, y tiene su propia propuesta de seguridad pública. “Me carnearon en la tatucera sin vendarme los ojos”, dijo Saravia cuando se enteró de la expulsión.
Fecha: 02/04/2011 | 10:43 | Montevideo, UruguayLa noche anterior, Saravia había sido expulsado del Espacio 609, que fuera fundado por el presidente José Mujica, y al otro la noticia competía en la televisión, la radio y los diarios con la visita de Hugo Chávez y con los efectos de la radiación en el Japón.
Si “la barra” de la 609 quiso sacarse un problema de encima, lo hizo al precio de convertir esa molestia en una noticia de portada y a su protagonista en el personaje de la semana. “Crearon un mártir. No se entiende muy bien qué fue lo que quisieron hacer. Se equivocaron feo”, dijo a El Observador un dirigente cercano al vicepresidente Danilo Astori (Asamblea Uruguay). Desde el Partido Comunista también se entiende que la decisión de la 609 representa “un error político” que no hizo más que fortalecer al parlamentario rebelde.
Fuentes de la izquierda dijeron que en el correr del jueves y de ayer viernes, dirigentes del Frente Amplio evaluaron informalmente el impacto de la noticia de la expulsión de Saravia. Hasta el ex presidente Tabaré Vázquez habló ayer sobre el asunto. “No creo que el caso afecte la unidad del Frente Amplio. El Frente ya ha vivido instancias similares y siempre las ha superado. El Frente tiene la inteligencia, la capacidad y la experiencia suficiente como para superar situaciones de este tipo”, dijo el mandatario a la salida del acto en el que María Julia Muñoz asumió la presidencia de la Comisión Honoraria de la lucha contra el cáncer. Cuando se le pidió que abundara sobre el asunt, Vázquez se mostró más cauteloso. “De los problemas internos del Frente, si es que me toca opinar, lo hago en la interna”, sostuvo.
Carneado. Para los que, extrañamente, no se enteraron del “caso Saravia”, es preciso recordar que el parlamentario de extracción nacionalista llegó al Frente Amplio en el 2002 dentro de la denominada Columna Blanca del Movimiento de Participación Popular (MPP). Luego formó su propio grupo dentro de la coalicion de izquierda –Patria Grande– y comenzó a manejarse con cierta independencia. Se negó a votar la derogación de la ley de Caducidad, votó la interpelación a los ministros Luis Rosadilla y Eduardo Bonomi por el tema del presunto video militar, y tiene su propia propuesta de seguridad pública. “Me carnearon en la tatucera sin vendarme los ojos”, dijo Saravia cuando se enteró de la expulsión.
Red de Economistas de Izquierda en "La Diaria"
Avenida 18 de Julio, en Montevideo. (archivo, junio de 2010) Foto: Nicolás Celaya
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Experto de Rediu criticó Cuentas Nacionales por “ocultar flaquezas” de la política económica.“El PIB es como el bikini: es más interesante por lo que oculta que por lo que muestra”, asegura en un artículo William Yohai, integrante de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu). En ese texto, el autor critica la “escasa explicitación” de la composición de los informes de Cuentas Nacionales que elabora con frecuencia trimestral el Banco Central del Uruguay (BCU), construcción informativa y estadística que “no es inocente” y que busca “ocultar las flaquezas” de la política económica oficial. Sin embargo, otros economistas consultados por la diaria defendieron la validez del indicador, destacando que está dentro de los “estándares internacionales”.
Yohai pertenece a la Rediu, organización que se ha caracterizado por ser sumamente crítica respecto de la política económica aplicada por las administraciones gubernamentales del Frente Amplio, a las que acusan de ser continuistas con relación a los gobiernos precedentes. En una nota difundida a nivel local, luego de que recientemente el BCU publicara su informe de Cuentas Nacionales correspondiente al último trimestre de 2010, critica la forma en la que se elabora ese documento. “Las Cuentas Nacionales reflejan de manera imperfecta, pero más afín a la realidad, lo que pasa en sectores clave de la economía, particularmente la producción y la inversión”, señala el autor. Asimismo, puntualiza que el dato más relevante que se toma en cuenta por los medios de comunicación es el del Producto Interno Bruto (PIB), al que definió irónicamente como “el bikini: es más interesante por lo que oculta que por lo que muestra”. Al respecto, especifica la objeción con el siguiente ejemplo hipotético: “Alguien importa un equipo de sonido: el valor costo-flete del artículo se refleja negativamente en el PIB. Pero el importador paga impuestos, y lo vende con ganancia... estos ‘agregados’, es decir los impuestos y la ganancia, se reflejan como aumento del PIB. Y si el importador lo vende a un comerciante, la ganancia que éste percibe se suma también al PIB nacional”. Yohai asegura que “esta escasa explicitación de varios aspectos de las Cuentas Nacionales no es inocente. Tiende a ocultar las flaquezas de una política económica que reproduce los parámetros que guían nuestra economía desde hace por lo menos cuatro décadas, y que tan propensa a ciclos violentos de crecimiento-caída se ha mostrado”. Pese a las críticas realizadas por el experto de la Rediu, otros economistas consultados por la diaria defendieron la validez del informe de Cuentas Nacionales. Pablo Moya, economista de la consultora Oikos, evaluó que “como toda divulgación de datos, es perfectible, pero está dentro de la metodología de estándares internacionales: hubo una actualización de cómo generar el año base, (y) recopila información muy importante”, subrayó, para agregar: “Quizás podría presentarse con mayor apertura, pero en principio no lo cuestionaría, (porque) es un instrumento válido para realizar los análisis que a nivel internacional se realizan”, añadió. Por su parte, su colega Jorge Caumont, si bien aclaró que no está especializado en los análisis de Cuentas Nacionales, igualmente enfatizó: “Confío más en lo que dice el BCU que en cualquier otro que pueda cuestionarlo”.
No era para tanto
P>El PIB de Uruguay creció 8,5% durante 2010, un nivel “históricamente alto” según Yohai, aunque “deberemos ponerlo en perspectiva”. En ese sentido, el autor realiza un análisis de los diversos sectores de producción. En primer lugar señala que el sector agropecuario, “contrariamente a lo que se propagandea hasta la náusea, prácticamente no crece” en términos reales. Según el informe del BCU, sólo se expandió un 1,1% el año pasado, y “a expensas casi completamente del rubro ‘Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas’”, apuntó. “O sea, lo único que crece, esencialmente es la forestación y los cultivos. La ganadería sigue cayendo, como lo ha hecho desde 2005”, advierte. En este punto, Yohai se cuestiona: “¿De dónde sale todo el bombo en relación a los ‘cambios y crecimiento explosivo de la producción del campo que es la locomotora del crecimiento’ y afirmaciones por el estilo?”. La respuesta, propone el autor, es “Simple: los grandes aumentos que experimentan los precios de los productos del campo han llevado a una bonanza económica de un grupo de gente vinculada al sector, que tiene mucha prensa. Y, por supuesto, el gobierno se sube al carro”. Y luego asevera: “La producción está, básicamente, estancada, y eso, a pesar de que los precios extraordinarios podrían hacer pensar que un aumento significativo de la inversión (…) llevaría a un crecimiento sostenido y (eventualmente) sostenible de la producción”, sostiene Yohai. Desde el marxismo, Yohai recuerda que la riqueza que genera una sociedad surge inicialmente “de una apropiación de renta del suelo, también llamada renta diferencial por los economistas clásicos, en particular (Karl) Marx, que se realiza a expensas del resto del planeta”, tratándose entonces de una fuente de utilidades primero “apropiada por una ínfima minoría de ciudadanos nacionales, empresarios y sobre todo terratenientes y una aún más minúscula minoría de grandes empresas transnacionales”. Por otro lado, la producción del sector industrial creció 3,7%, resultado que, “en sí, no sería una mala cifra, aunque es menor a la mitad del aumento del PIB”. Y no obstante ello, el autor observa críticamente el registro de retrocesos en las producciones de “carne y textiles, curtiembres, vestimenta y rubros asociados”, mientras que el 81% del crecimiento del sector “está explicado por ‘productos de madera, papel, etcétera..’ o sea, en primer lugar la celulosa y sus derivados”, alerta el analista. Otro rubro destacado es la producción de material de transporte, donde se subraya la producción de autos y autopartes, que principalmente tienen como destino los países del Mercosur, sobre todo Argentina. Sin embargo, también aquí advierte que “si bien en términos porcentuales este crecimiento es importante (17%), en términos absolutos es pequeño”.Hola a todos, soy el león
P>Después, Yohai avanza en su crítica de la composición del PIB y se cuestiona: “¿Pero dónde está al fin y al cabo el crecimiento del PIB?”, para responderse que “la parte del león del crecimiento del PIB se concentra en los rubros estadísticos de ‘Suministro de electricidad, gas y agua’ (…), ‘Comercio y reparaciones’ (…) y ‘Transporte, almacenamiento y comunicaciones’”. Desde esto, asegura que el subrubro 'telecomunicaciones' representa “la estrella del subsector, con un aumento de más de 18% anual”, y en ese sentido interpreta: “Por algo el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, puso tanto empeño en obtener las frecuencias de telefonía celular que tan graciosamente remató el gobierno de Jorge Batlle y convalidó el de Tabaré Vázquez”, sostiene el economista, añadiendo que 'telecomunicaciones' “pesa en el PIB, 48.000 millones de pesos, mientras que todo el sector agropecuario pesa menos de 39.000 millones” de la moneda nacional en el indicador. Asimismo, destaca que el rubro 'Intermediación financiera' se expandió 10%, un crecimiento “grande, pero no espectacular”, aunque con un “llamativo (…) peso específico en la economía, con 28.000 millones de pesos es sensiblemente mayor a toda la ganadería”, que produce por valor de 23.000 millones de pesos. Además, a Yohai le “llama aún más la atención” que el subsector de “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, que no incluye a la industria de la construcción, sea decisivo en la economía uruguaya: "65.000 millones de pesos, una vez y media mayor al vapuleado sector agropecuario”. Respecto de los rubros enseñanza y salud, “se mantienen, en 2010, prácticamente estancados”, y conjuntamente “alcanzan 41.000 millones de pesos, apenas menos de dos tercios del sector que, presumimos, representa a los rentistas... ‘actividades inmobiliarias, empresariales’”. Por último, el articulista interroga: “¿Es éste un camino hacia el desarrollo económico?”, respondiéndose que “la historia de los países que alcanzaron lo que así se denomina parece indicar otra cosa”. “Veremos”, concluye el autor.Ricardo Delgado
La Diaria
Lorenzo. Pronunciamientos favorables.
La Diaria
Redistribución de la riqueza. Prevalece ponderación y prudencia ante la actual coyuntura internacional
Mayoría del FA comparte anuncios económicos pero no cierra el debate
La mayoría del Frente Amplio (FA) comparte los anuncios del ministro de Economía y Financias, Fernando Lorenzo, en materia de reforma tributaria. No obstante, desde algunos sectores, como el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista, se considera que aún debe profundizarse más la redistribución de la riqueza.
Marcelo Bustamante |La Republica Lorenzo. Pronunciamientos favorables.
Si bien hay agrupaciones dentro del FA que estarán analizando internamente los anuncios del equipo económico de gobierno sobre las medidas que empezarán a aplicarse a partir de 2012 en cuanto a modificaciones tributarias, existe una tendencia mayoritaria dentro de la fuerza política a considerar convenientes y oportunas las medidas a ser aplicadas.
Sectores como el Nuevo Espacio, la CAP-L y Asamblea Uruguay, ya anunciaron que las medidas difundidas por el ministro Lorenzo en ADM son "satisfactorias" aunque ya no hay más espacio para la redistribución en este año. Señalaron que la actual coyuntura internacional, hace que el gobierno actúe con cautela y prudencia. El Partido Socialista y el MPP se reunirán entre hoy y mañana para analizar los dichos del titular de Economía. Fuentes del sector, dijeron que, el MPP, aguardará una respuesta del gobierno sobre el planteo específico hecho por este sector sobre redistribución. El Partido Comunista y la Vertiente Artiguista destacaron los avances y los planteos provenientes por parte del equipo económico, pero sostienen que aún hay más margen para la redistribución de la riqueza. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo planteó una exoneración del IVA genérico a todos los beneficiarios del Mides y a quienes reciban asignaciones familiares, así como la quita de 2 puntos porcentuales de este impuesto al resto de la población, en las operaciones con tarjetas de crédito o de débito.
También anunció que elevará el monto no imponible del IRPF, en una base de prestaciones contributivas ($ 2.226) de manera gradual.
Algunas de estas propuestas fueron contempladas de las propuestas surgidas dentro del FA, no obstante, varias otras iniciativas no serán contempladas en el corto plazo.
El MPP estará analizando los anuncios de Lorenzo durante la jornada de mañana.
Entre los planteos, se incluía un aumento de una BPC al monto no imponible del IRPF para los trabajadores y del IAS para los jubilados. Así también plantearon una disminución de 5 puntos del IVA para la población, y la creación de una nueva franja de aplicación del IRAE para las empresas con una ganancia mayor a U$S 250 mil. "Por ahora no tuvimos respuesta", dijo Sánchez.
Michelini dijo que este año ya no hay margen para hacer muchas cosas más.
Por otra parte, dijo Mahía, cuenta con una concepción dogmática de estar abierto a propuesta y a modificaciones antes de ser aplicadas. Sobre algunas propuestas surgidas desde el PCU, el legislador de AU dijo que las mismas no se inscriben dentro del programa de gobierno. Finalmente sentenció que a la población uruguaya no le preocupa los aspectos de la economía ni la redistribución de la riqueza, "sino la seguridad pública y mejorar la gestión del Estado en su conjunto".
Sostiene que "es imprescindible avanzar más en la redistribución de la riqueza y por lo tanto esta Fuerza Política entregará una propuesta (hoy) a los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas.
Estimó que el equipo económico se maneja con la prudencia necesaria para que los cambios impositivos no afecten los equilibrios macroeconómicos del país. "A todos nos gustaría que las rebajas fueran mayores, pero la prudencia adoptada es el mejor camino adoptado por el gobierno", señaló el legislador. Gamou manifestó su aspiración a que las rebajas impositivas sean mayores, y que más adelante se tendrá que discutir las exoneraciones aplicadas a las zonas francas. Llamó a generar el ambiente para que sigan viniendo las inversiones al país.
Otra vez: al Partido salud !, aqui esta la Intendenta
Sectores como el Nuevo Espacio, la CAP-L y Asamblea Uruguay, ya anunciaron que las medidas difundidas por el ministro Lorenzo en ADM son "satisfactorias" aunque ya no hay más espacio para la redistribución en este año. Señalaron que la actual coyuntura internacional, hace que el gobierno actúe con cautela y prudencia. El Partido Socialista y el MPP se reunirán entre hoy y mañana para analizar los dichos del titular de Economía. Fuentes del sector, dijeron que, el MPP, aguardará una respuesta del gobierno sobre el planteo específico hecho por este sector sobre redistribución. El Partido Comunista y la Vertiente Artiguista destacaron los avances y los planteos provenientes por parte del equipo económico, pero sostienen que aún hay más margen para la redistribución de la riqueza. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo planteó una exoneración del IVA genérico a todos los beneficiarios del Mides y a quienes reciban asignaciones familiares, así como la quita de 2 puntos porcentuales de este impuesto al resto de la población, en las operaciones con tarjetas de crédito o de débito.
También anunció que elevará el monto no imponible del IRPF, en una base de prestaciones contributivas ($ 2.226) de manera gradual.
Algunas de estas propuestas fueron contempladas de las propuestas surgidas dentro del FA, no obstante, varias otras iniciativas no serán contempladas en el corto plazo.
El MPP estará analizando los anuncios de Lorenzo durante la jornada de mañana.
MPP
Desde el MPP se dijo que algunas medidas contemplan totalmente lo planteado, otros parcialmente y hay propuestas que no fueron tenidas en cuenta. El diputado emepepista Alejandro Sánchez indicó que el ministro Lorenzo en ADM dio a entender algunos cambios a implementarse "que eran propuestas incluidas en la campaña electoral, como ser reducir puntos de IVA y elevar el monto no imponible del IRPF". Indicó que el MPP conformó una comisión que trabajó en febrero para entregar una propuesta de mejora de la redistribución de la riqueza, pero hasta ahora no tuvimos respuesta de las mismas.Entre los planteos, se incluía un aumento de una BPC al monto no imponible del IRPF para los trabajadores y del IAS para los jubilados. Así también plantearon una disminución de 5 puntos del IVA para la población, y la creación de una nueva franja de aplicación del IRAE para las empresas con una ganancia mayor a U$S 250 mil. "Por ahora no tuvimos respuesta", dijo Sánchez.
Partido Socialista
Por su parte, la senadora socialista, Mónica Xavier, indicó que seguramente hoy habrá un balance en el Comité Ejecutivo socialista sobre los anuncios del ministro Lorenzo. Afirmó que ve con satisfacción algunas medidas incorporadas. No obstante destacó que la elevación de la franja mínima de no imposición del IRPF "no es lo más significativo para nosotros desde el punto de vista económico sino que es un valor más bien simbólico". El secretario general del PS, Eduardo Fernández indicó que en un principio estamos conformes con los pasos dados por el gobierno desde el punto de vista tributario. Señaló que hay planteos provenientes de su sector que están incluidos entre los anuncios dados, y otros que no. No obstante reconoció que el debate no está cerrado y que podrían surgir algunas modificaciones antes de su posterior aplicación. El diputado por el Fidel, integrante del Espacio 1001, Doreem Ibarra señaló que hay razones justificables por el equipo económico para la postergación de los cambios tributarios al año 2012. Entre ellos indicó el riesgo de inflación, la situación en el norte de Africa y de Japón. Consideró positivo el anuncio de devolver el pago del IVA a los sectores menos pudientes a través de las tarjetas del Mides y de otros mecanismos. Sobre el mínimo no imponible, Ibarra considera que podrían aplicarse dos BPC y no uno como plantea el gobierno, en forma gradual para el quinquenio. Afirmó que hay otro elemento que está pendiente, y es el referido a un aumento del IRAE para el sector agropecuario, tal como lo planteó el MPP. También se mostró partidario de una revisión de la Ley de Inversiones.Nuevo Espacio
En tanto el líder del Nuevo Espacio, el senador Rafael Michelini consideró positivos los anuncios del ministro Lorenzo de rebaja de impuesto a los sectores más bajos de la población, y de elevar el mínimo no imponible del IRPF. Manifestó que estas medidas van en el camino correcto y señaló que se está trabajando para que los descuentos del aguinaldo no se hagan todos juntos a fin de año sino que se aplique mensualmente, "ya que está distorsionando dichas retenciones".Michelini dijo que este año ya no hay margen para hacer muchas cosas más.
PCU
El senador comunista, Eduardo Lorier indicó que ya tenía un adelanto de lo que anunció el ministro Lorenzo en ADM, en lo que fue la reunión del equipo económico con el Secretariado del FA. Valoró positivamente los anuncios dados por el titular del MEF, "pero no cierra el debate de la distribución de la riqueza". Dijo que uno de los temas a revisar son las "superganancias que tienen las empresas". Insistió en la propuesta de aplicar retracciones al agro, así como utilizar las reservas nacionales, y aplicar cambios a los estímulos a las empresas nacionales y extranjeras a través del IRAE. También mencionó la propuesta del Frigorífico Nacional y la creación de un ente marítimo.Asamblea Uruguay
El diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía valoró como positivo el anuncio del ministro Lorenzo, y aclaró que el mismo tiene dos grandes virtudes. Por un lado reafirma el rumbo en materia económica del FA desde 2005 a la fecha, "ratificado por el vicepresidente Danilo Astori y el presidente José Mujica".Por otra parte, dijo Mahía, cuenta con una concepción dogmática de estar abierto a propuesta y a modificaciones antes de ser aplicadas. Sobre algunas propuestas surgidas desde el PCU, el legislador de AU dijo que las mismas no se inscriben dentro del programa de gobierno. Finalmente sentenció que a la población uruguaya no le preocupa los aspectos de la economía ni la redistribución de la riqueza, "sino la seguridad pública y mejorar la gestión del Estado en su conjunto".
Vertiente Artiguista
Ayer, la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista, a través de una declaración, destacó los logros económicos y sociales alcanzados desde 2005 en nuestro país. No obstante, consideró preciso seguir avanzando en la redistribución de la riqueza en forma más justa y equitativa, atendiendo a los sectores de ingresos bajos y medios de la población. "Para que estos objetivos se cumplan es inevitable que se realicen contribuciones más importantes de los sectores con mayor potencial económico", sostiene la VA.Sostiene que "es imprescindible avanzar más en la redistribución de la riqueza y por lo tanto esta Fuerza Política entregará una propuesta (hoy) a los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas.
CAP-L
Por su parte, el diputado de la CAP-L, Carlos Gamou consideró de importantes los anuncios dados, "porque se mantienen dentro de la tónica permanente de búsqueda de la equidad social con una rebaja que fue comprometida en la campaña electoral".Estimó que el equipo económico se maneja con la prudencia necesaria para que los cambios impositivos no afecten los equilibrios macroeconómicos del país. "A todos nos gustaría que las rebajas fueran mayores, pero la prudencia adoptada es el mejor camino adoptado por el gobierno", señaló el legislador. Gamou manifestó su aspiración a que las rebajas impositivas sean mayores, y que más adelante se tendrá que discutir las exoneraciones aplicadas a las zonas francas. Llamó a generar el ambiente para que sigan viniendo las inversiones al país.
Otra vez: al Partido salud !, aqui esta la Intendenta
IM aplica medidas contra quienes no acataron el decreto de esencialidad en diciembre pasado
Adeom para hoy por sanciones a funcionarios
El gremio de los funcionarios municipales, Adeom, resolvió parar hoy lunes entre las 9 y 12 horas, y de 13.30 a 16.30 horas, en reacción al inicio de las sanciones a los funcionarios que no acataron el decreto de esencialidad en diciembre pasado.
El paro comprenderá todas las dependencias del gobierno departamental y será acompañada de una concentración de funcionarios en el segundo piso del Palacio, donde los lunes en la tarde se realiza la sesión de los acuerdos del gabinete.
Las sanciones fueron comunicadas días atrás y se comenzarían a aplicar parcialmente, según los criterios de los directores departamentales, de manera de no afectar los servicios. Este lunes comienzan a cumplir sanciones de suspensión trabajadores de los sectores Limpieza, Salvavidas y Transporte, que en diciembre fueron declarados esenciales.
La Intendencia había solicitado al gobierno decretar el servicio de recolección de basura y limpieza como servicio esencial el pasado mes de diciembre, ante lo que consideraba un riesgo para la salud de los habitantes.
El paro de hoy fue votado por la asamblea general de Adeom el pasado 14 de marzo y marcó un cambio en la postura anunciada anteriormente de ocupar los lugares de trabajo cuando se comenzaran a producir las sanciones.
El presidente de Adeom, Alvaro Soto, reclamó que la Intendencia deje sin efectos esas sanciones. Denunció que la Intendencia propone evitar sanciones si el gremio acepta definir un protocolo para los huelgas. "El protocolo es igual a la reglamentación sindical que impulsaron en su época Hugo Fernández Faingold y Julio María Sanguinetti" destacó.
La Intendencia sostiene que para evitar llegar a la esencialidad es necesario acordar con el gremio qué guardias gremiales se deben realizar para que servicios como limpieza, no colapsen y a afecten a la población.
Soto reiteró que ya en diciembre el gremio entendió que la decisión de decretar la esencialidad era inconstitucional y atentaba contra el derecho de huelga.
El paro comprenderá todas las dependencias del gobierno departamental y será acompañada de una concentración de funcionarios en el segundo piso del Palacio, donde los lunes en la tarde se realiza la sesión de los acuerdos del gabinete.
Las sanciones fueron comunicadas días atrás y se comenzarían a aplicar parcialmente, según los criterios de los directores departamentales, de manera de no afectar los servicios. Este lunes comienzan a cumplir sanciones de suspensión trabajadores de los sectores Limpieza, Salvavidas y Transporte, que en diciembre fueron declarados esenciales.
La Intendencia había solicitado al gobierno decretar el servicio de recolección de basura y limpieza como servicio esencial el pasado mes de diciembre, ante lo que consideraba un riesgo para la salud de los habitantes.
El paro de hoy fue votado por la asamblea general de Adeom el pasado 14 de marzo y marcó un cambio en la postura anunciada anteriormente de ocupar los lugares de trabajo cuando se comenzaran a producir las sanciones.
El presidente de Adeom, Alvaro Soto, reclamó que la Intendencia deje sin efectos esas sanciones. Denunció que la Intendencia propone evitar sanciones si el gremio acepta definir un protocolo para los huelgas. "El protocolo es igual a la reglamentación sindical que impulsaron en su época Hugo Fernández Faingold y Julio María Sanguinetti" destacó.
La Intendencia sostiene que para evitar llegar a la esencialidad es necesario acordar con el gremio qué guardias gremiales se deben realizar para que servicios como limpieza, no colapsen y a afecten a la población.
Soto reiteró que ya en diciembre el gremio entendió que la decisión de decretar la esencialidad era inconstitucional y atentaba contra el derecho de huelga.
DE COMCOSUR
EL DÍA QUE A ANTEL SE LE FUE LA MOTO
El nuevo logo de Antel y toda la campaña con anuncios publicitarios en varios medios de comunicación para difundir su nueva imagen corporativa le costó a la empresa 10.679.386 de pesos, más IVA, (unos 653 mil dólares) *. Sólo el diseño del nuevo logo costó poco más de 122 mil dólares (sí, leyó bien 122 mil dólares por diseñar un logo que además a casi nadie le gusta).
Estos datos, escandalosos, surgen de una respuesta que Antel le brindó al diputado colorado Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay), quien a fines de 2010 elaboró un pedido de informes para conocer el costo y las razones por el cambio de logo.
En el informe, publicado por El Observador, el ente (nunca mejor empleado este término) asegura que pese al costo de toda la operación la empresa ahorró casi 38% del presupuesto asignado a publicidad. En el documento oficial se asegura además que el presupuesto de publicidad para 2011 “no ha sufrido incremento alguno respecto al del ejercicio 2010”.
Si resulta escandaloso el importe pagado por crear el logo, peor aún es la afirmación que para su diseño se insumieron seis meses de trabajo, se realizaron 52 “estudios tipográficos”, y un análisis técnico encargado “a una semióloga docente e investigadora de la Escuela de Diseño de la (universidad privada) ORT”.
Por si esto fuera poco el informe oficial no revela el nombre de la agencia de publicidad a la que finalmente se le encargó este trabajo y la razón fundamental para llevar adelante este cambio de imagen se debió a “modernizar e integrar su identidad corporativa”.
“La tendencia internacional es firme en cuanto a la reformulación de identidades corporativas mediante unificación de marcas, y los motivos alegados en todos los casos son similares a los que fundan la reciente decisión de Antel”, indica el informe. Dicho en criollo: la nueva identidad corporativa consistió en diseñar un único logo para Antel, Ancel y Anteldata.
Estas explicaciones sumadas a las escandalosas contrataciones de parientes de altos jerarcas del gobierno de Mujica, con procedimientos poco claros, indignan a la gente. Como uno de los nuevos avisos institucionales que se emiten en televisión donde una joven llamada Lucía nos quiere hace creer que cada vez que vamos a una oficina de Antel vamos a tomar mate entre amigos. Lo del título.
* El costo en dólares está calculado según la cotización de noviembre de 2010, cuando la presidenta de Antel, Carolina Cosse, presentó el nuevo logo.
Publicado por Pablo Alfano
COMCOSUR INFORMA Nº 1268 - 05/04/2011
MOVILIZACION POR TIERRAS EN SAN JOSE
COMUNICADO, Montevideo, 31 de marzo de 2011
FUCVAM se moviliza el próximo sábado 2 a la ciudad de San José por la ejecución del convenio Cartera de Tierras, firmado en el año 2001, con Juan Chiruchi quien era en ese momento Intendente de San José y el actual Intendente Falero el Secretario General.
La vivienda se ha decretado como emergencia nacional, y por ello es necesario tierras para poder construir. Si analizamos la demanda insatisfecha del departamento de San José vemos que no se ha tomado en cuenta que la vivienda esta en situación de Emergencia Nacional y que tenemos compañeros que hacen 4 y 5 años están esperando tierras, que además han escuchado promesas una y otra vez, todas incumplidas por la Intendencia, es que nos movilizamos exigiendo que se cumpla con lo prometido y firmado hace ya 10 años.
Hoy, hay más de 300 familias en todo el departamento de San José están esperando tierras para poder construir sus viviendas.
Hemos planteado mecanismo de carteras rotatorias, como otras alternativas nunca aplicadas, necesitamos que el gobierno municipal tenga políticas pro activas para facilitar a aquellos que menos tienen un terreno donde construir sus sueños.
También reclamamos la aplicación de la Ley de Ordenamiento territorial, decretos municipales y demás normas vigentes para la concreción de la Cartera de Tierras a nivel departamental y nacional, que les facilitan a las más de 6.000 familias de todo el país puedan acceder a su lugar en el mundo.
En este país donde la vivienda es una emergencia nacional, el suelo es una prioridad para todos.
¡Arriba los que luchan!
DIRECCIÓN NACIONAL DE FUCVAM
Presidente – Diego Bonilla
FUCVAM
A 29 años de la guerra, los ex soldados que combatieron en las islas luchan por la verdad
“Los caídos en Malvinas forman parte de los muertos de la dictadura”
Publicado el 2 de Abril de 2011
Los integrantes del CECIM-La Plata destacaron que desde 1982 trabajan para que salga a la luz todo lo que los militares de carrera intentaron ocultar sobre el enfrentamiento. Hace tres semanas algunos volvieron al archipiélago.
Los seis amigos, abrigados hasta los dientes por las bajas temperaturas, se abrazaron y comenzaron a saltar como niños en el Monte Longdon, el mismo sitio en el que casi tres décadas atrás vivieron una de las batallas definitivas por el control de las Islas Malvinas, en la que murieron 36 de sus compañeros de regimiento. Estos hombres, inmersos en su propio ritual, agradecían el estar vivos, resistiendo.
Gritaban y cantaban que no los habían podido quebrar los británicos ni los militares argentinos. Fue la forma que encontraron para rendirle homenaje a los caídos en una guerra sin sentido, de la que hoy se cumplen 29 años. Esta anécdota, que ocurrió hace tres semanas, sintetiza la esencia que envuelve al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) - La Plata, una organización de ex soldados conscriptos que se concibió en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Pasaron 29 aniversarios y su lucha por la verdad continúa.
La organización –que se creó formalmente en 1984- comenzó a tomar forma en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras reuniones del CECIM se realizó en la casa del ex combatiente Martín Raninqueo y otra en el restaurante de su padre. Apenas despuntaba la década de 1980 y todavía la sede del centro era itinerante. Con el tiempo fueron apareciendo lo locales fijos: primero fue el Centro Universitario de Misiones y luego la sede actual ubicada en la intersección de las calles 21 y 40, en la ciudad de las diagonales, claro.
Justamente, uno de los miembros del contingente que voló a Malvinas en la semana del 12 de marzo fue el “Indio” Raninqueo. “Yo nunca tuve presente volver a las islas –asegura a Tiempo Argentino–. Fueron los compañeros con los que fundamos el CECIM los que me insistieron. Y eso fue determinante porque para mí el grupo es lo importante.” Músico y poeta, Raninqueo caminó por el terreno rocoso de Monte Longdon con su guitarra al hombro y le puso melodías a la noche malvinense. Entre los hits que sonaron durante el acampe hubo clásicos del rock nacional y un puñado de canciones propias, inspiradas en su experiencia bélica, que creó junto a otro ex combatiente, Fabián “Cucu” Passaro, y que pretende compilar en un CD.
“En nuestros viajes hacemos pequeñas intervenciones, en esta ocasión marcamos las posiciones en las que murieron nuestros compañeros – cuenta Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del CECIM– En el año 2007 otro grupo plantó un pino. Nosotros plantamos cinco pinos más en distintos lugares. También vimos y escuchamos lo que pasa en Malvinas. Nos alarmó la imponente base militar que está instalada a sólo 700 kilómetros del continente”– agrega–
Pero no todos los miembros de la organización tienen la voluntad de volver a las islas. Carlos Amato, actual presidente del CECIM, es contundente: “Decidí no viajar. Nosotros nos respetamos mucho en el centro. A mí, el tema del sello del pasaporte no me cierra. Pero felicito a quienes viajaron.”
Carlos Giordano, ex soldado, esgrime razones similares a las de Amato para no pisar las islas: “No voy a viajar a Malvinas. Comprendo a los compañeros que van. Algunos dicen que cierran etapas, pero yo no tengo mucha necesidad psicológica ni simbólica de viajar a las islas. No sé si soportaría ver la bandera inglesa. Esto no quita que si mis hijos me lo piden no vuelva con ellos. Pero la verdad que no quiero que me sellen el pasaporte los ingleses”, se sincera este profesor universitario, doctor en Comunicación Social, que fue vicedecano en la Universidad Nacional de La Plata.
Giordano llegó al CECIM a mediados de los ‘80 cuando todavía era un estudiante y el centro ya tenía un planteo político ideológico definido. “Tenían una postura muy clara –recuerda– en Malvinas no sólo hubo una guerra que perdimos. Habíamos combatido contra el imperialismo de la OTAN, pero también con unas Fuerzas Armadas que nos hacían repensar día a día dónde estaba el enemigo.”
“Malvinas fue parte de la dictadura militar –agrega Alonso–. Para nosotros el 2 de abril empieza el 24 de marzo. Esa fecha hacemos todos los homenajes que corresponden. Los compañeros caídos en Malvinas también forman parte de los muertos que produjo la dictadura asesina que tomó una causa nacional y popular para sacar réditos políticos.”
Alonso es uno de los ex presidentes del Centro y un activo militante por la causa Malvinas. A medida que va recordando las acciones que realizaron desde la organización su voz se va dejando llevar por la pasión: “Desde el CECIM rompimos la imposición de silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas”, dice, haciendo alusión al día histórico en que Raúl Alfonsín se refirió a los carapintadas como héroes de Malvinas.
Al final fueron considerados “antihéroes” pero por gran parte de las Fuerzas Armadas de la época. De hecho, el CECIM estuvo infiltrado por los servicios de inteligencia a fines de los ‘80, según se desprendió de los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –DIPBA–, hoy a cargo de la Comisión por la Memoria.
Un poco de historia quizás sirva para explicar esta preocupación castrense. El CECIM fue la primera organización que publicó el Informe Rattenbach, en 1988. Se trata de un informe que realizaron las propias Fuerzas Armadas para analizar la Guerra de Malvinas. En ese documento se dejó escrito para la posteridad que la guerra “fue una aventura militar”.
El centro de ex combatientes también resistió las políticas de los ’90. “En aquella década –recuerda Alonso–, el tema Malvinas se resolvió con los carapintadas, con Mohamed Alí Seineldín específicamente. Fue entonces que nació la figura de ‘veterano de guerra’. Menem nos puso a todos en una misma bolsa. Nosotros nos opusimos a esa figura porque somos ex soldados conscriptos. No dejamos que nos colonicen los cuadros militares de carrera.”
En este sentido, Amato describe la característica esencial de la organización que preside: “Entre las organizaciones de ex combatientes somos de las muy pocas formadas por ex soldados conscriptos. Esto no es motivado por fobias a las Fuerzas Armadas sino por los militares que, al amparo de la represión, llevaron sus cuestiones aberrantes a Malvinas. Con esas FF AA no tenemos reconciliación posible.”
En un repaso por sus acciones políticas, aquellas que le dan identidad al espacio, no puede obviarse el escrache que le realizaron a Mario Benjamín Menéndez –máxima autoridad política y militar en las islas– y a Leopoldo Fortunato Galtieri ni su pelea por depurar las pensiones honoríficas a ex combatientes. Cuando el “Tigre” Acosta, símbolo del terrorismo de Estado recibió este reconocimiento, el CECIM lo denunció y le quitaron la pensión.
Para Alonso, “en el relato de la épica militar se quiso colocar a falsos héroes. Muchos de los que estuvieron en Malvinas fueron parte de la última dictadura. Hay más de 80 oficiales y suboficiales que estuvieron en el conflicto bélico que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.” Entre los casos paradigmáticos figuran el almirante retirado Carlos Busser, quien comandó el desembarco del 2 de abril en el Operativo Rosario y Carlos Carrizo Salvadores, segundo jefe del Regimiento 7, quien comandó las tropas en el combate de Monte Longdon.
Pero para los ex combatientes, la dictadura militar no sólo prestó sus hombres para dirigir la batalla. También repitió métodos y conceptos.
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Una de las cuentas pendientes de Malvinas es el reconocimiento de los caídos ya que la mayoría de las lápidas que hay en el cementerio de Darwin no está identificada. “Nosotros fuimos a Malvinas con nombre y apellido, siendo parte de un Ejército regular– sostiene Alonso–. La política de la desaparición de personas que implementó la dictadura hoy perdura en Malvinas. Allí, el 50% de las tumbas son NN. No nos podemos permitir que sea un cementerio privado de identidad. Cuando uno empieza a caminar entre las lápidas y quiere encontrar los nombres de los amigos caídos, no los encuentra. Y eso te genera una sensación terrible -se angustia el ex colimba. Uno se ve reflejado allí, son nuestros compañeros, los conocimos, sabemos todo lo que pensaban. Tenemos que devolverles la identidad.”
Pero la principal batalla del CECIM comenzó en 2007 cuando denunció, junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a 70 oficiales y suboficiales por violaciones a los Derechos Humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Se trata de una causa radicada ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que hoy se encuentra en trámite en la Cámara de Casación Penal, tras recibir tres fallos favorables en las instancias inferiores. Se trata de denuncias realizadas por ex soldados de diferentes provincias por torturas –como estaqueos–, vejámenes y hasta homicidios. Algunas de las víctimas sufrieron la mutilación de miembros de su cuerpo a causa de estos tormentos.
Por todo esto, “cuando se acerca la fecha no solamente aparecen los recuerdos de Malvinas, los días previos al conflicto –concluye Giordano. También se agiganta la distancia que nos separa con lo oculto de Malvinas, con lo que no se dijo. Se nota la deuda histórica a medida que pasan los aniversarios”.
No es para menos. A 29 años del conflicto con Gran Bretaña, los ex combatientes nucleados en el CECIM no bajan los brazos. Lejos de las trincheras saben que su lucha continúa.
Tiempo Argentino.
Marcelo Conti es profesor de Evaluación y Riesgo Ambiental en La Sapienza, en la Universidad en Roma, es Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Venecia (IAES), y especialista en impacto ambiental.
Gabriel Levitas*
-¿Que está pasando con Botnia en términos de contaminación?
La respuesta está en la normativa, en las leyes. Si se lee los informes de la Dinama, dice que “la empresa cumple con las normas” ¿Pero son las normas de la Organización Mundial de la Sanidad (OMS)?. Son las normas que la misma Dinama escribió casi, entre comillas lo digo, conjuntamente con la dirigencia de Botnia.
Si nosotros vamos a analizar la emisión de algunos contaminantes muy importantes, podemos observar tranquilamente que las emisiones que está dando Botnia en este momento están casi al doble de los contaminantes permitidos por la Organización Mundial de la Sanidad para sitios urbanos. Así que la cosa es doblemente grave.
Están casi al doble de los contaminantes que dice la Organización Mundial de la Sanidad. ¿Pero qué pasa? Lo que dice la Organización Mundial de la Sanidad – lo quiero explicar bien, y lo digo más despacio, para sitios urbanos, no para sitios vírgenes! Entonces el error es doble porque el sitio de la pastera era un sitio virgen (o casi) cuando Botnia llegó, un poco como sucede también en muchos lugares de Argentina.
¿Entonces qué pasa? La Dinama “para que Botnia este dentro de la ley” ha aumentado los niveles de contaminación permitidos. Es decir yo cambio la ley y pongo una ley que me permite de tirar casi lo que quiero.
- Lo que se hizo es darle a Botnia un marco legal adecuado para poder justificar la contaminación que efectivamente están haciendo.
Es un marco legal adecuado muy discutible desde el punto de vista de la honestidad científica. Si yo autorizo a tirar el doble… y es el único país que tiene estos niveles. Está yendo en contra de la Organización Mundial de la Sanidad, simple.
Estos son números. Si vos tenés un determinado proceso productivo, en particular este proceso productivo “Kraft”, si tenés una producción de pasta de celulosa “X” por fuerza vas a tener emisiones “Y”, es decir, es todo matemático.
La empresa no puede declarar que tiene menos emisiones respecto a las que puede tener con ese tipo de producción. ¿Dónde está la trampa?, en que ésta es una mega planta. Cuando nosotros vemos que en Finlandia la capacidad de producción de una empresa de este tipo es máxima de 600.000 toneladas por año, acá estamos hablando de muchísimo más, 1.200.000 o 1.300.000 ton/año. Es algo enorme.
Algunos funcionarios del grupo Ecometrix (o de Botnia) declaran: “bueno, pero nosotros hemos mejorado el proceso productivo”. Claro, han mejorado el proceso productivo pero no lo suficiente para una producción tan elevada, lo que vuelve la situación muy seria. Por otra parte, hay miles de toneladas que Botnia puede estar escondiendo, sobre todo con el tema -muy grave- de la dilución como creo.
- ¿Botnia como está instalada y produciendo en Uruguay, sería permitida en Finlandia?
No porque tiene un nivel de producción que es casi más del doble de lo que se produce en Finlandia. El tema de la normativa se coloca en lo que yo llamo los tres puntos más importante de los temas ambientales, que son la evolución de la ciencia, la tecnología y de la normativa.
Todo cambia, todo se transforma. Se transforma la ciencia. Habíamos dicho que hay ejemplos que son muy vergonzosos para Italia, terribles como el tema del amianto que los estudios científicos -ya en los años 50- mostraban que era dañino y podía provocar mesotelioma pleurico, etc.
La primera ley que excluye al amianto de la producción es de 1992, ¿eso por qué? para permitir que las empresas lograran utilizar el amianto que estaba en los depósitos, sin importarles nada la salud de la gente que sigue muriendo hoy en día por esta causa en Italia; hoy, miles de personas mueren por amianto (3.000 por año).
- Los primeros informes Ecometrix afirman que Botnia ‘cumple con las normas IPPC’.
La norma IPPC, la norma europea no puede ser aplicada a sitios vírgenes como los que tenemos en Sudamérica, o al menos en estos sitios que eran hasta hace un tiempo sitios maravillosos, donde hay muchísima biodiversidad y naturaleza incontaminada.
Ahora, en los últimos informes no hablan más de IPPC, eso no lo escriben más porque saben que es un gran papelón. Ahora escriben que ‘cumplen con las normas de la R. O. del Uruguay’, las normas que se escribieron ellos mismos!
Parecería que no hay diferencias entre quién tiene que controlar la calidad del ambiente (en interés de su propio país), la Dinama y quien debe ser controlado. Parecería que no hay mucha diferencia entre la Dinama y Botnia, ¿no? Estos organismos ambientales existen para controlar la calidad. En realidad dan escasa información y prácticamente no trabajan para nada bien.
Calentamiento global
Consultado sobre el calentamiento global, Conti dijo que “es un problema muy grande, quizás podríamos llevarla al tema de lo que está pasando con los bonos de anhídrido carbónico. Estos bonos ya sabemos que no se pagan y dentro de algún tiempo tendrán que ser pagados. Claro, la crítica que se puede hacer es que el protocolo de Kyoto realmente es un acuerdo muy débil. Esto, por cuestiones políticas y por todos los países que tenían que firmar, etc.
Según Kyoto el anhídrido de carbono ‘malo’ es el que viene producido por la combustión de combustibles fósiles. Si el anhídrido carbónico se produce por una fuente como la biomasa, no viene considerado como dañino.
Sabemos, de esto tengo información, que Botnia por ejemplo recibe premios de bonos de anhídrido de carbónico quemando biomasa para la producción de electricidad. Pero quemando biomasa estoy produciendo nuevamente anhídrido carbónico, junto con muchos otros contaminantes.
En la práctica Botnia vende estos “bonos de carbono” a empresas europeas que están quemando carbón fósil. Esto es una parte importante, débil, del acuerdo de Kyoto. Es un tema muy discutible porque, finalmente, todo el anhídrido carbónico y los restantes contaminantes generados son negativos.
Tomado de El Dia de Gualeguaychú
Por El polvorín - Publicado eBlog El Polvorin Gabriel Levitas*
-¿Que está pasando con Botnia en términos de contaminación?
La respuesta está en la normativa, en las leyes. Si se lee los informes de la Dinama, dice que “la empresa cumple con las normas” ¿Pero son las normas de la Organización Mundial de la Sanidad (OMS)?. Son las normas que la misma Dinama escribió casi, entre comillas lo digo, conjuntamente con la dirigencia de Botnia.
Si nosotros vamos a analizar la emisión de algunos contaminantes muy importantes, podemos observar tranquilamente que las emisiones que está dando Botnia en este momento están casi al doble de los contaminantes permitidos por la Organización Mundial de la Sanidad para sitios urbanos. Así que la cosa es doblemente grave.
Están casi al doble de los contaminantes que dice la Organización Mundial de la Sanidad. ¿Pero qué pasa? Lo que dice la Organización Mundial de la Sanidad – lo quiero explicar bien, y lo digo más despacio, para sitios urbanos, no para sitios vírgenes! Entonces el error es doble porque el sitio de la pastera era un sitio virgen (o casi) cuando Botnia llegó, un poco como sucede también en muchos lugares de Argentina.
¿Entonces qué pasa? La Dinama “para que Botnia este dentro de la ley” ha aumentado los niveles de contaminación permitidos. Es decir yo cambio la ley y pongo una ley que me permite de tirar casi lo que quiero.
- Lo que se hizo es darle a Botnia un marco legal adecuado para poder justificar la contaminación que efectivamente están haciendo.
Es un marco legal adecuado muy discutible desde el punto de vista de la honestidad científica. Si yo autorizo a tirar el doble… y es el único país que tiene estos niveles. Está yendo en contra de la Organización Mundial de la Sanidad, simple.
Estos son números. Si vos tenés un determinado proceso productivo, en particular este proceso productivo “Kraft”, si tenés una producción de pasta de celulosa “X” por fuerza vas a tener emisiones “Y”, es decir, es todo matemático.
La empresa no puede declarar que tiene menos emisiones respecto a las que puede tener con ese tipo de producción. ¿Dónde está la trampa?, en que ésta es una mega planta. Cuando nosotros vemos que en Finlandia la capacidad de producción de una empresa de este tipo es máxima de 600.000 toneladas por año, acá estamos hablando de muchísimo más, 1.200.000 o 1.300.000 ton/año. Es algo enorme.
Algunos funcionarios del grupo Ecometrix (o de Botnia) declaran: “bueno, pero nosotros hemos mejorado el proceso productivo”. Claro, han mejorado el proceso productivo pero no lo suficiente para una producción tan elevada, lo que vuelve la situación muy seria. Por otra parte, hay miles de toneladas que Botnia puede estar escondiendo, sobre todo con el tema -muy grave- de la dilución como creo.
- ¿Botnia como está instalada y produciendo en Uruguay, sería permitida en Finlandia?
No porque tiene un nivel de producción que es casi más del doble de lo que se produce en Finlandia. El tema de la normativa se coloca en lo que yo llamo los tres puntos más importante de los temas ambientales, que son la evolución de la ciencia, la tecnología y de la normativa.
Todo cambia, todo se transforma. Se transforma la ciencia. Habíamos dicho que hay ejemplos que son muy vergonzosos para Italia, terribles como el tema del amianto que los estudios científicos -ya en los años 50- mostraban que era dañino y podía provocar mesotelioma pleurico, etc.
La primera ley que excluye al amianto de la producción es de 1992, ¿eso por qué? para permitir que las empresas lograran utilizar el amianto que estaba en los depósitos, sin importarles nada la salud de la gente que sigue muriendo hoy en día por esta causa en Italia; hoy, miles de personas mueren por amianto (3.000 por año).
- Los primeros informes Ecometrix afirman que Botnia ‘cumple con las normas IPPC’.
La norma IPPC, la norma europea no puede ser aplicada a sitios vírgenes como los que tenemos en Sudamérica, o al menos en estos sitios que eran hasta hace un tiempo sitios maravillosos, donde hay muchísima biodiversidad y naturaleza incontaminada.
Ahora, en los últimos informes no hablan más de IPPC, eso no lo escriben más porque saben que es un gran papelón. Ahora escriben que ‘cumplen con las normas de la R. O. del Uruguay’, las normas que se escribieron ellos mismos!
Parecería que no hay diferencias entre quién tiene que controlar la calidad del ambiente (en interés de su propio país), la Dinama y quien debe ser controlado. Parecería que no hay mucha diferencia entre la Dinama y Botnia, ¿no? Estos organismos ambientales existen para controlar la calidad. En realidad dan escasa información y prácticamente no trabajan para nada bien.
Calentamiento global
Consultado sobre el calentamiento global, Conti dijo que “es un problema muy grande, quizás podríamos llevarla al tema de lo que está pasando con los bonos de anhídrido carbónico. Estos bonos ya sabemos que no se pagan y dentro de algún tiempo tendrán que ser pagados. Claro, la crítica que se puede hacer es que el protocolo de Kyoto realmente es un acuerdo muy débil. Esto, por cuestiones políticas y por todos los países que tenían que firmar, etc.
Según Kyoto el anhídrido de carbono ‘malo’ es el que viene producido por la combustión de combustibles fósiles. Si el anhídrido carbónico se produce por una fuente como la biomasa, no viene considerado como dañino.
Sabemos, de esto tengo información, que Botnia por ejemplo recibe premios de bonos de anhídrido de carbónico quemando biomasa para la producción de electricidad. Pero quemando biomasa estoy produciendo nuevamente anhídrido carbónico, junto con muchos otros contaminantes.
En la práctica Botnia vende estos “bonos de carbono” a empresas europeas que están quemando carbón fósil. Esto es una parte importante, débil, del acuerdo de Kyoto. Es un tema muy discutible porque, finalmente, todo el anhídrido carbónico y los restantes contaminantes generados son negativos.
Tomado de El Dia de Gualeguaychú
Con un cuestionamiento jurídico de la conducta seguida por el gobierno uruguayo con respecto la propuesta de inversión y proyecto minero de Zamin Ferrous, el fiscal Enrique Viana presentó ante la Justicia una solicitud de información urgente al Poder Ejecutivo -preparatoria de posibles acciones en defensa del medio ambiente-, a fin de determinar el carácter de las negociaciones en curso con dicha empresa.
La acción fue iniciada el 15 de marzo último ante el Juzgado Letrado de 1a. Instancia, donde Enrique Viana, en nombre de la Fiscalía Civil 3a., solicitó que se intime a los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas y del Interior a que, en un plazo de diez días, informen sobre los hechos denunciados en el escrito presentado.
Impactos previsibles e imprevisibles
El Fiscal sostiene que "todas estas actividades implicarán significativos impactos ambientales negativos previsibles e imprevisibles" y señala que ya en las actuales actividades de prospección y exploración en la región de Valentines, donde el control estatal ambiental ha estado ausente, se registran daños de consideración. Entre los impactos que determinará la explotación, Viana enumera los siguientes:
a) la extracción de recursos naturales no renovables, y además de la materia prima en si;
b) la devastación irreparable y a largo plazo de grandes superficies del territorio nacional dedicadas a la producción agropecuaria, la eliminación del suelo, dejando al descubierto grandes cantidades de material estéril, variadas alteraciones de la morfología terrestre, la formación de estanques de relaves y de enormes escombreras también con la ocupación y consecuente inhabilitación de vastos territorios, erosión, el descenso del nivel freático, hundimientos, inundaciones, formación de pantanos, etc.;
c) el empleo de agua dulce sin contraprestación alguna, con alteración de la fuente hídrica de donde se la vaya a extraer; modificaciones en el régimen de aguas superficiales y subterráneas, mediante la captación y la canalización de corrientes de agua, serios deterioros en la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, con alteración del balance hídrico, más contaminación por infiltración de los relaves, resecamiento del suelo circundante, el desecamiento y la contaminación de pozos y tajamares en los alrededores y pérdidas en los rendimientos agrícolas y pecuarios vecinos;
d) desechos de variada composición química, la consecuente producción de ácidos, y efluentes varios como aguas residuales, lodosas y contaminadas;
e) desequilibrios en la vegetación por la alteración del régimen de aguas superficiales y subterráneas, la destrucción de la flora y el desplazamiento de la fauna;
f) contaminación atmosférica por la formación de polvo por las voladuras y por el material expuesto;
g) cambios en el microclima;
h) contaminación sonora y vibraciones en general por detonaciones y por el empleo de maquinaria, daños en las viviendas cercanas;
i) el inevitable y radical desplazamiento de las actividades productivas ya establecidas, agrícolas y turísticas;
j) la destrucción del entorno y paisaje rural y costero oceánico;
k) la contaminación a partir del empleo de la fuente de energía seleccionada (carbón, nuclear, etc.);
l) la destrucción del territorio por la construcción del mineroducto;
m) la alteración de la estructura de la costa por la construcción del puerto oceánico, el riesgo de contaminación de la Laguna Negra (reserva de agua dulce), afectación y contaminación de playas;
n) conflictos y desorden ambiental del territorio;
o) impactos sociales varios como el desplazamiento de poblaciones, desarraigo, desocupación, miseria y pobreza, marginación, prostitución, asentamientos irregulares, etc.
"Todas y cada una de estas circunstancias deberían determinar el rechazo de la instalación de la mencionada industria extractiva en el territorio nacional. Debería bastar con su grosera colisión con el principio distintivo del Uruguay Natural y con la protección constitucional del agua como derecho esencial para la vida y recurso natural. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario", afirma el Fiscal.
Viana enumera las diversas declaraciones en donde representantes del gobierno han proclamado el visto bueno y asegurado la instalación de la referida industria extractiva en el territorio nacional. Esas comunicaciones aluden además a la existencia de una negociación de un memorándum de entendimiento o contrato de inversión, por el que se facilitarían salvaguardas y privilegios a Zamin, sin que el proyecto haya atravesado aún las evaluaciones ambientales exigidas por la normativa vigente.
El Fiscal agrega que si bien se afirma que existe una negociación de un contrato de inversión, la misma se mantiene bajo un profundo secretismo, al margen de todo escrutinio público. "Se ha omitido toda posibilidad de acceso de información o de participación pública, lo que, de un modo premeditado, provoca incertidumbre e indefensión, contribuyendo a una política de hechos consumados, obviamente, contraria a la prevención y a la protección ambiental y territorial", afirma.
Para el representante del Ministerio Público, si se confirma que el Poder Ejecutivo está negociando un contrato de inversión con la firma Zamin Ferrous con el fin de asegurar la instalación y funcionamiento de su industria extractiva en el territorio nacional, "se demostraría que se está conculcando el orden público ambiental" y, también, "se verían seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, con el riesgo de que el Estado deje ser independiente".
Viana pasa entonces a fundamentar la ilicitud o antijuricidad de la negociación de estos contratos, por lo cual atentarían contra el orden constitucional.
"De la sola elevación a rango constitucional de la valoración de interés general de la protección del medio ambiente resulta un nivel superior de protección y un estándar jurídico infranqueable: un orden público ambiental. Toda actuación funcional que se sumerja por debajo de los umbrales de tutela jurídica ambiental, que se ha dado la Nación, es repudiable, deviene antijurídica", sostiene el Fiscal.
Según Viana, con la negociación previa se genera "una suerte de asociación, no clandestina, y, por esa razón, aparentemente legítima, pero contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente" entre la Administración Pública, que es quien debe hacer cumplir las normas de control ambiental, y ciertas industrias objetadas precisamente por su potencialidad de contaminación.
La aducida motivación de tal asociación es la imperiosa necesidad o la prioridad absoluta de atraer inversiones extranjeras cual motor para promover el desarrollo económico de un país. "El dilema se centra -dice Viana- en saber si la invocación de esa imperiosa necesidad puede abolir con validez la protección del medio ambiente", ubicada ésta en el vértice normativo que supone una Constitución y con expresa declaración de interés general, vale decir, de orden público.
Para el Fiscal, no hay necesidad imperiosa que tenga más imperio que el orden público normativo, no hay prioridad absoluta mayor que el interés general reconocido en una Constitución. De obrarse en sentido contrario, deberá deducirse que ese orden público está siendo vulnerado y que lo obrado en tal sentido es de ningún valor. "Obrar en contravención de las disposiciones citadas -agrega-, implica hacerlo contra normas de orden público, vale decir, reglas de Derecho intangibles para autoridades y particulares. Tal violación habilita a accionar, impetrando la re-conducción de los comportamientos antijurídicos, en razón de aquel derecho subjetivo público"
Asimismo, Viana señala que "de confirmarse la negociación del referido contrato de inversión, la política de hechos consumados ya estaría triunfando sobre el principio preventivo ambiental". Para el Fiscal, el principio preventivo ambiental obliga al Estado a actuar bajo un exigente deber de seguridad, en forma previa a la realización de una obra humana que determinará impactos ciertos, que, a su vez, pueden ocasionar daños ambientales posibles o hipotéticos, y para evitarlos o mitigarlos.
Entrevista a Enrique Viana: "Tenemos una jurisprudencia antiambiental"
Enrique Viana debe estar hoy en día superando, como Fiscal, las 50 causas contra empresas y contra el Poder Ejecutivo por la aplicación de la legislación ambiental. Las primeras acciones fueron en el año 2001, a partir de la revelación de la contaminación con plomo en el barrio La Teja de Montevideo, que aún afecta a la población infantil de esa zona, sobre todo la de mayores dificultades económicas. En el ambiente judicial, algunos lo llaman "el loco", diciendo que no comprenden el sentido de sus demandas. Si nos guiamos por los resultados obtenidos en los juzgados, su gestión parece un rotundo fracaso. Veamos aquí sus enfoques:
V.B. - ¿Cuál es la receptividad de sus demandas en el propio ámbito judicial? ¿Están los jueces preparados para estos temas?
E.V. - La receptividad de la Judicatura uruguaya ha sido variada. En efecto, en el país no existía experiencia en materia de asuntos ambientales. Hace unos años la entonces Directora de Medio Ambiente dijo que el Uruguay era un país desindustrializado y que si quería desarrollarse tenía que darse o aceptar un margen de contaminación. Los fenómenos de la forestación, celulosa, transgénicos, minería a cielo abierto a gran escala, etc., eran desconocidos hasta hace poco. He denunciado judicialmente, más de una vez, que, en puridad, en el Uruguay tenemos una "jurisprudencia antiambiental", y ello ha provocado enojos varios. Pero basta con comprobar que respecto de las jurisprudencias argentina y brasileña, por mencionar las más cercanas, estamos con un atraso de 20 y 30 años, respectivamente. Podrá gustarnos o no la evolución de esas jurisprudencias, pero han evolucionado y en notables intentos por proteger mejor a los ciudadanos. Consúltense, por ejemplo, las decisiones de la Corte Suprema de la Nación argentina.
- ¿Cuál es su reflexión sobre el uso en el país de la legislación ambiental vigente?
- Si el riguroso Derecho Ambiental uruguayo no se cumple y no se hace cumplir, como creo que está aconteciendo, corremos el riesgo de estar en presencia de lo que el jurista brasileño Antonio Benjamin llama "Estado Teatral"; es decir, de un Estado que a la hora de dictar normativas se envalentona creando disposiciones constitucionales y legislativa de gran exigencia y protección (por ejemplo, Uruguay Natural, protección del agua, etc.), pero que luego se rinde ante ciertos intereses económicos muy poderosos.
- ¿Hay algún jurista o autoridad que haya defendido la legalidad de esos contratos de inversión o negociaciones previas a la autorización ambiental?
- Si, en el Uruguay, hay quienes han sostenido que el Derecho Ambiental es negociable. El Dr. Marcelo Cousillas del MVOTMA ha sido uno de ellos. En puridad, cuando he escuchado hablar en ese sentido no se mencionaba esta idea de los "contratos de inversión", que recién fueron previstos por un decreto del Poder Ejecutivo Nº 477, del 7 de octubre de 2008. Mi postura desde hace años es que el Derecho Ambiental es "de orden público", ergo, innegociable, como los conceptos de República o de Soberanía Nacional. El MVOTMA lo niega en forma permanente. A mi juicio, basta con tener en consideración lo que dice el art.47 de la República. Me respaldan la gran mayoría de la doctrina internacional y a nivel nacional los reconocidos Profesores Dr. Ricardo Gorosito y Arq. Pablo Ligrone, en una obra doctrinaria en común que publicaron en el 2009. En su momento, el Ministro Arq. Saúl Irureta dio a entender que con Botnia había habido un proceso de negociación, allá por el 2004. Y actualmente, el Arq. Jorge Rucks, Director de la DINAMA, ha sostenido lo mismo respecto de Montes del Plata y Aratirí.
- ¿Usted considera que sus acciones van a provocar un cambio o no se guía por los resultados? ¿Cómo definiría su papel en este marco?
- A diferencia de lo que legítimamente ocurre con un abogado particular, un Fiscal, como acontece con un Juez, no debe medir sus decisiones por los resultados, sino por lo que cree ajustado a su conciencia jurídica. Eso se llama independencia técnica, lo cual no siempre es bien entendido, inclusive, por nosotros mismos. Pero, obviamente, cuando uno actúa en defensa de intereses generales de la Nación o de la causa pública lo hace para mudar una realidad que considera antijurídica, y si así lo hace es porque no pierde el optimismo de que en algún momento nuestra jurisprudencia cambiará. Esperemos que no sea tarde, ya que en materia ambiental las demoras en reaccionar son fatales. Hay quienes definen al Derecho Ambiental como un "Derecho al futuro", ni siquiera el nuestro, el de nuestros hijos y nietos. No es una frase hecha, veamos lo que tristemente acontece en Japón.
www.ecoportal.net
Víctor L. Bacchetta, Uruguay
Nota:
(1) Ver "La empresa detrás del proyecto minero", OCMAL, 5/3/11.
Montevideo: VOLVIÓ EL GARROTE A LAS CALLES
La Juventud 7/4/11
REPRESIÓN Y DETENCIONES A TRABAJADORES EN LUCHA
Dos hechos que sorprenden realmente en este Montevideo.
Uno la represión contra los artesanos desatada por la policial y la intendencia.
Los artesanos que fueron duramente golpeados fueron presos.
El otro, fue el secuestro y detención también de obreros del taxi que estaban volanteando.
El primero se produjo el martes de tarde, los artesanos detenidos pasaron ayer a juez. "no encajan con el proyecto estético urbano" de Montevideo, por eso no pueden vender sus trabajos en lugares céntricos, además son acusados irónicamente de "privatizar" espacios públicos.
La orden la dio la intendente comunista, Ana Olivera y el secretario general de la Intendencia el socialista Prato, ambos del FA.
El segundo hecho fue en la madrugada de este miércoles cuando los obreros del taxi en el marco del conflicto recorrían las calles repartiendo volantes. Fueron seguidos por un auto cuyos datos están en este edición, los detuvieron y se los llevaron.
Varias horas transcurrieron ante de que el sindicato pudiera localizar su paradero, fueron liberados recién en la tarde de ayer.
Dourado, dueño de la patronal del taxi habría dado la orden.
Nuevamente la IMM impone acción policial,
Contra artesanos en la ciudad vieja
Una de las características más salientes de las políticas de privatizaciones y de fuerte cuño financiero es que expulsan del circuito productivo cada día más personas obligándolas a ganarse el pan de las más diversas maneras.
Todos hemos presenciado durante estos años, como miles de jóvenes viven y trabajan en las calles de la forma más variada, malabaristas, limpia vidrios, artistas, músicos, vendedores en fin una gama muy amplia de actividades, que no tiene un reconocimiento social, ni económico y productivo.
No es nuevo que en la medida que crece la tecnificación del empleo, la masa de desocupados aumenta en nuestra sociedad, aunque los datos de Astori y el gobierno pretendan mostrar otra cosa.
En el día ayer fueron reprimidos en la ciudad vieja de Montevideo jóvenes artesanos, por la policía por que demandan un lugar donde poder vender sus productos, la responsable de esta acción es la Intendencia de Montevideo que hace tiempo ha intentado sin éxito darle un lugar a este trabajo que no es aceptado por ninguna regulación económica y que sufre las presiones del comercio establecido por que supuestamente le molesta, la vista y el bolsillo.
Hace pocos días también la Junta Departamental de Montevideo, con los votos de todos los partidos, optó por prohibir que en los ómnibus que transitan por 18 de Julio se ha prohibido subir a vendedores y la resolución abarcaría también a músicos y cantantes.
Aunque lo más ilustrativo de esta situación es que los dos procedimientos abiertamente restrictivos y represivos, no han sido complementados por ninguna solución de trabajo para que estas personas se ganen el sustento con sus actividades.
El peor camino es el de la represión, sobretodo porque cual es la propuesta práctica para que los jóvenes trabajen en Montevideo, más allá de los números oficiales.
En todas partes, en los últimos tiempos artesanos, y miles de uruguayos tienen que salir a ganarse la vida de las formas más variadas al costado de las ferias vecinales o sencillamente en las calles.
Esto parece que no es del agrado de las autoridades del gobierno municipal, que han optado por el camino de ir contra el sindicato, militarizar la recolección de basura o mandar ahora a la policía contra los artesanos.
Este tipo de acciones son comprensibles sólo en el marco de un mayor compromiso, con las privatizaciones y con una política de contener el salario a toda costa y de un sindicato que vaya tras los pasos del gobierno de la Intendente Olivera.
Claro que la Intendencia de la capital del país con cinco mandatos del FA en su haber, no ha salido de instrumentar cambios burocráticos o de figuras electorales como los alcaldes, a los sucesivos gobiernos municipales, en realidad ha sucumbido ante ellos obteniendo magros resultados.
Es muy sencillo desde el poder ejercer la fuerza contra los más desposeídos, que no han encontrado en nuestro país donde ejercer su derecho al trabajo.
Esta es una de las transformaciones mayores que han tenido los dirigentes del FA, en el gobierno.
No han parado ninguna privatización, no han resuelto los problemas sanitarios, los impuestos a la orden del día, pero eso sí, ahora la culpa es de los artesanos, de los músicos, y de los vendedores en los ómnibus.
NO ENCAJAN EN EL PROYECTO ESTÉTICO URBANO DE MONTEVIDEO
ARTESANOS GOLPEADOS Y DETENIDOS
POR LA POLICÍA Y LA INTENDENCIA
Artesanos, tortafriteros, vendedores ambulantes no entra en el proyecto estético urbano de Montevideo y de "privatizar el espacio público" "La represión no es solamente contra los artesanos, es contra cualquier obrero, el que hace tortas fritas que es un vecino sin trabajo y busca una alternativa, el que vende o canta en el ómnibus, esto es claro", afirman los artesanos
La Intendencia de Montevideo ha lanzado la represión contra todo aquel trabajador desocupado que intenta ganarse la vida para subsistir, así
reprime a los artesanos callejeros, a quienes venden tortafritas, a los vendedores ambulantes, a la gente que ofrece su arte en un medio de transporte.
Lo raro de todo esto es que el represor el gobierno del Frente Amplio y particularmente de una comunista, la Sra. Ana Olivera, integrante destacada del PCU.
ESTE MARTES en horas de la tarde los artesanos callejeros se manifestaban pacíficamente en la Plaza Independencia, repartiendo volantes y juntando firmas, cuando inspectores de la Intendencia acompañados por la policía, arremetieron violentamente contra los manifestantes.
Tal fue la violencia empleada por los represores que muchos transeúntes se sintieron indignados ante el hecho y decidieron solidarizarse con los artesanos repudiando la violencia de la policía y los funcionarios de la intendencias, quienes los golpearon y los rapiñaron con total impunidad.
Los artesanos explicaban ayer en CX36, que les metían la mano en los bolsos y les sacaban cualquier cosa, monedero, material de trabajo, comida lo que fuere que encontraran. La mayoría recuperó sus cosas pero hubo gente que perdió su material de trabajo y el trabajo ya pronto. Hay pruebas
de lo sucedido así se vio ayer en los informativos y tienen también testigos.
Tras la represión cuatro de los artesanos fuertemente golpeados fueron además detenidos llevados a la 1ª y ayer pasaron a juez.
"Como trabajadores, estamos cansados de la represión y persecución que se
viene dando contra toda nuestra clase", afirmó el colectivo y convocaba a la gente a poner un freno a la impunidad y el atropello contra los trabajadores.
Precisamente ayer desde las 8.30 de la mañana estuvieron concentrados, frente al Juzgado 19 (Bartolomé Mitre esq. Buenos Aires) reclamando por la liberación de los compañeros y contra la represión hacia todos los trabajadores, expresaron Daiana, Yoanna y Martín.
Cuéntenos un poco lo que pasó ayer, tienen a cuatro compañeros detenidos todavía.
"Ahora empezamos a organizarnos nuevamente porque necesitamos lugares
para trabajar, que la IM no nos da, ya hicimos toda la parte legal mandamos cartas a la Junta, a la Intendenta del Partido Comunista, Ana Olivera, y al Alcalde. Empezamos a tomar las calles y las plazas devuelta.
"Pero la policía puede actuar para reducir a una persona, detenerla pero no lo que pasó ayer. Ayer fue de una violencia totalmente desmedida donde se golpeaba a gente que estaba en el piso, compañeros. Todos estos que estamos contando salió en la tele, es lo pueden comprobar de la forma en la que actuaron.
Esta bueno señalar que esto no es algo casual ni algo solamente de los Inspectores sino que es una política que viene desde la IM, desde arriba. No solo para los artesanos sino para muchos trabajadores que están trabajando en la calle están siendo reprimidos como una limpieza que están haciendo de todos nosotros.
A la gente que esta trabajando en los ómnibus no las están dejando subir, los que venden garrapiñada, los que venden tortas fritas, cualquier persona que esta trabajando porque acá se habla que no hay trabajo, pero la gente que si tiene trabajo no la dejan ejercer, vos estas defendiendo tu fuente de trabajo, no es que estás pidiendo al gobierno que te de trabajo y decirles que te den trabajo porque te estás muriendo de hambre. No, nosotros somos artistas, nosotros tenemos nuestro trabajo en las manos, como el que canta tiene su trabajo en la voz o en las manos. Esta reprimiendo a los trabajadores como sos vos como somos nosotros. Ya no va en clases sociales, va que están reprimiendo a todo el mundo. No dejan trabajar.
La Intendencia les dijo que ellos no están dentro del "proyecto estético urbano" de la ciudad y los acusan de "privatización de espacios públicos cuando esta bien claro y esta ante los ojos de todo el mundo que tenemos
plazas públicas que están siendo privatizadas por grupos, por empresas privadas. Así que acá depende del capital que tengas para la privatización de espacios públicos."
REPARTÍAN VOLANTES
Varios dirigentes y militantes del Sindicato del Taxi fueron detenidos
EL SINDICATO del Taxi SUATT se encuentra en conflicto por aumento de
salario, mejora de las condiciones de trabajo, y contra la congelación salarial
propuesta por la patronal del sector en el marco de la negociación colectiva aun en curso.
Foto de archivo movilización del Suatt
En la madrugada de ayer se desarrolló una actividad de propaganda para
la difusión de dicho conflicto, así como de las medidas de paro establecidas
por la asamblea del gremio.
El sindicato denunció que durante el desarrollo de esa actividad de propaganda, fueron seguidos y hostigados por policías de particular, que
conducían un Peugeot 207 gris, de chapas SBJ7500, sin motivo alguno.
"Pese a la presencia de dicho control policial, el cual constituye una provocación a nuestra herramienta sindical, la organización de los trabajadores desarrolló la medida de propaganda de manera absolutamente
normal, sin incidentes", afirman el Suatt.
Al retornar de la actividad hacia el local sindical, varios de los integrantes del Suatt fueron "interceptados y secuestrados" quienes fueron incomunicados y sólo luego de horas de búsqueda por parte del sindicato se pudieron ubicar.
"A estas horas, aun no tenemos certeza acerca de la situación judicial de
nuestros compañeros, de por qué están detenidos, de cuáles son las excusas para esta nueva represión policial hacia nuestra organización y sus componentes", expresa el comunicado de los trabajadores, al tiempo que sostienen que "Parece ser que las autoridades policiales y civiles del país entienden que la acción de los sindicatos se debe reducir a asistir a reuniones en el MTSS y que los volantes son, en sí mismos, elementos peligrosos que deben ser perseguidos y reprimidos con urgencia y velocidad pocas veces vistos."
En un país donde los máximos criminales militares y sus cómplices civiles,
responsables de la pasada dictadura, se encuentran absolutamente impunes y gozando de los lujos y privilegios obtenidos por el robo descarado al pueblo; donde los pocos represores de la dictadura que fueron sometidos
a juicio gozan de su condena en ese hotel cinco estrellas ubicado en Piedras Blancas, que pagamos todos y que no puede ni simular ser una cárcel; donde se amenaza a jueces y fiscales desde las corporaciones militares para
evitar que se intente avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre lo ocurrido en la última dictadura; donde el gobierno frenteamplista le da todas las garantías necesarias a narcotraficantes y "superempresarios" para que vengan a lavar dinero y desarrollar todo tipo de negocios turbios y siniestros; donde las patronales pueden apropiarse de manera indebida de salarios, aportes al BPS, beneficios sociales de sus trabajadores, así como evadir impuestos, incumplir normas de seguridad laboral, y estafar a todos
los organismos del estado de manera absolutamente impune; donde los miembros de las fuerzas policiales violentan y asesinan todos los días a miembros de sus propias familias; parece que más urgente que resolver todo esto es reprimir a los trabajadores que manifiestan por sus justos reclamos.
Este recorte de libertades sindicales es absolutamente inaceptable para nuestra organización sindical en particular y para el conjunto del movimiento
sindical y popular en general.", expresa el comunicado.
El sindicato exigió "la inmediata liberación de nuestros compañeros detenidos, y el cese del acoso policial a nuestras movilizaciones". Afirmando
que "Son las autoridades policiales y el conjunto del gobierno nacional los únicos responsables de las medidas que nos veamos obligados a desarrollar para la consecución de estos objetivos inmediatos."
Misión uruguaya "de paz" a Libia.-
Los compañeritos que tienen acceso a nuestro Ministro Super-Ratón deberían hacerle ver la conveniencia de sugerirle a la OTAN que empleen nuestros contingentes desaprovechados y los envíen a Libia en misiones de paz para defender civiles.-Tal vez se aburran menos que en Haití y el Congo conviviendo con negritos sin poder adquisitivo. Aunque en Libia se trata de mahometanos sin poder adquisitivo también, Kadafi se va a encargar de hacerles su visita bastante más entretenida .-
Ese ofrecimiento democrático nos hará simpáticos y servirá para que nuestros soldados "se traigan los dólares necesarios para hacerse la casita",como me explicó mi tocayo-senador que ahora decidió ponerse el poncho al derecho de nuevo.-
Payada herética y antipática.
"La verdad ofende".-
07/04/2011
Como no me ocupo de los hechos cotidianos X que creo sólo sirven como cortinas de humo para distraer la atención de los problemas de fondo que se soslayan y de los que no se habla ni 1/2 palabra, siento que ya no me queda más nada para decir. Por lo menos,nada nuevo; debería ser recurrente y eso se torna aburrido. Lo practico con el programa de TV porque descuento que personas nuevas pueden asistir X 1ª vez.-
Si las enseñanzas que se obtienen de la historia son correctas, el primer objetivo para incidir positivamente en los cambios es obtener el poder, y eso implica el control del aparato militar, que por ahora, lo tiene la clase dominante como garantía para proteger los injustos privilegios de una minoría que tiene en sus manos los medios de producción rapiñados inicialmente.-
Es claro, que lo medular para las transformaciones cualitativas tendientes a la justicia social y a la distribución de las riquezas, es la toma de conciencia y la información, y X ahora,"andamos lejos de las casas", todavía.-
El capitalismo opresor y explotador se sustenta en el dominio ideológico del consumismo, en la ignorancia y la corrupción. No es casual el deterioro de la enseñanza pública a dónde concurren los pobres, mientras que las élites proporcionan enseñanza de primer nivel y de primer mundo a los futuros herederos del "sistema".-
Por otra parte, la conciencia es un producto barato, y prueba de eso es la transición rápida en las posturas y la negación de los principios que bocinaban los militantes izquierdistas que ahora ganan miles de dólares, saborean el poder y están en el candelero. Las transformaciones que sufren no son sólo el aumento de sus perímetros abdominales, sino que disminuyen -en relación inversamente proporcional - los diámetros de sus conciencias, generalmente dilettantes y snobs.-
En éste paisito en particular la minoritaria clase dominante ha montado un mecanismo hábil de dominación ideológica y mantiene muy bajo los niveles de reclamo y protesta porque las aplaca con limosnas eclesiásticas y paternalismo estatal, solventado con las gotitas que caen para los de abajo de la copa rebosante.-
Por ahora, (y no sé X cuánto tiempo más), la oligarquía puede dormir tranquila, no se avizora ninguna posibilidad de un cambio. El desmantelamiento de la admirable alarma surgida en el '68 ha sido completo: la izquierda está aniquilada y los que medran con la marca de fantasía, se pusieron - pragmáticamente - al servicio del capitalismo (tal vez con la esperanza de "humanizarlo") y de sus expresiones más visibles: nuestras egoístas, anti-patrióticas y hábiles élites y el imperio.
Eso explica que protejan y tengan entre algodones a sus perros guardianes a los que les brindan la mejor ración: 2.000 millones de dólares en el quinquenio; hasta del presupuesto de la educación les dan plata.-
Los militantes y adeptos de la admirable alarma (unos 10.000 en todo el país) están desperdigados y comprensivamente recluidos en cuarteles de invierno, se fueron a llorar al cuartito y desensillaron hasta que aclare.-
La Iglesia Universal del Reino de Dios está en todo su esplendor y el Obispo Edir Macedo goza de toda la confianza y la firme fe de todos sus feligreses.-
El aparatito sobreviviente del MLN luce su competencia de organización con su tradicional verticalismo democrático y ejerce su gatopardismo de Lampedusa que la gilada compra encantada mientras cuenta sus moneditas en la caja del supermercado.-
Éste ejercicio de la izquierda uruguaya que a nada compromete ni obliga a ponerle el culo a la jeringa, se adapta a nuestra idiosincrasia criolla y todo el mundo está encantado, tranquilo y satisfecho. Paralelamente nos llena de orgullo que el "país" crezca porque todos nos "sentimos" beneficiados aunque el dinero vaya a parar a los mismos -pocos-bolsillos de siempre.-
Pero: "Ojos que no ven, corazón que no siente".-
Argentina: Hasta la casa de fin de semana de Massera fue un centro clandestino
Estaba en San Isidro y se usó como antesala de la Esma. En el lugar, se construirán un shopping y oficinas
Estaba en San Isidro y se usó como antesala de la Esma. En el lugar, se construirán un shopping y oficinas Estaba ubicada en Thames y Panamericana, Villa Adelina, en el partido de San Isidro y tenía varios nombres. Algunos la conocían como la “casa SIN”, porque era usada por el Servicio de Inteligencia Naval. Otros, como la “casa del Coara”, en referencia a las siglas que definían “comandante de la Armada”. Muchos jefes de la Marina lo usaron de manera recreativa
Emilio Eduardo Massera solía pasar algunos fines de semana en ese lugar que contaba con un extenso parque, pileta climatizada, un campo de golf y un impecable chalet de estilo racionalista que había sido diseñada y construida en 1970 por Mario Roberto Álvarez, uno de los más influyentes maestros de la arquitectura en la Argentina. Ese bucólico predio mutó tras el golpe del ’76 en centro de secuestro y tortura. Se cree que el SIN la usó como parte del circuito desaparecedor entre junio y septiembre de 1977 y que no pasó un gran número de detenidos-desaparecidos. Era el paso previo al ingreso a la Esma. El inmueble se demolió en 1983, con el regreso de la democracia. Por muchos años fue un campo de deportes, pero el municipio lo vendió y en el terreno de 18 mil metros se levantará un emprendimiento inmobiliario y un shopping. Esta semana, el juez federal Sergio Torres ordenó que se realicen trabajos en el terreno, para determinar si había restos de desaparecidos.
Quien dio a conocer los trabajos en la “casa SIN” fue Miguel Ángel Robles, subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad. Por radio anunció esta semana que por orden de la Justicia se había empezado a trabajar en el terreno con equipos de georadar. Y que Gendarmería realizó pericias. “En los últimos juicios habría surgido la información de que allí habría habido enterramientos ilegales”, comentó Robles. Y justificó su intervención en el tema: “Desde el ministerio le damos la misma jerarquía a los delitos de lesa humanidad que al resto de los delitos complejos. Para aportar luz sobre lo que paso en aquellos años”. En las excavaciones que encaró el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) no se hallaron restos humanos. Carlos Somigliana, miembro del Eaaf, confirmó a Miradas al Sur que los trabajos en el predio ya terminaron. “Analizamos los cimientos de la casa, pero no había mucho. Es importante aclarar que no encontramos elementos que hicieran presumir que allí hubo ejecuciones o inhumaciones.”
Los vecinos de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, habían presentado testigos ante el juzgado de Torres. Uno de ellos declaró haber visto ingresar a una persona encapuchada y maniatada por la entrada de las calles Tupac Amaru y Rivera. Era de madrugada y lo metieron por un garage subterráneo de la casa SIN. “Otros testigos manifestaron haber visto cuando se cubría con tierra la edificación, antes de la asunción de Alfonsín, que presentaba varias aberturas pequeñas bajo el nivel del terreno. Suponían que podían pertenecer a calabozos o lugares destinados a encerrar a los secuestrados”, contó Raquel Witis, de la comisión vecinal. Otro vecino no quiso declarar en la Justicia. Pero mencionó tener balazos en el respaldo de su cama. “Era habitual escuchar disparos, cerrar las calles los fines de semana que venía Massera, al transito y al público. Desde las casas vecinas se podía apreciar que las ventanas estaban opacadas para impedir la visión”, rememoró el testigo.
“Está claro que fue un centro clandestino de detención. Nosotros reclamábamos que se hiciera una pericia profunda al predio, para verificar que no hubiera restos de detenidos desaparecidos. El juez Sergio Torres tomó la decisión de parar las obras y que se inspeccione el lugar. Con los informes del Eaaf y de Gendarmería en la mano, ahora deberá decidir si continúan las obras”, dice Witis, mamá de un joven asesinado por un policía bonaerense en 2000. La mujer denuncia que el municipio que lidera Gustavo Posse vendió el predio a las “apuradas”. “Esperábamos que escuchen a los vecinos. Pedíamos que esa gran esquina se transforme en un espacio público, de memoria para todos. Vamos a seguir reclamando que el lugar sea señalizado como ex centro de detención, como marca la ley.”
Se refiere a la Ley Provincial 13.584, que estipula que se deben “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar”. La “casa SIN” no fue el único en ese distrito: también funcionaron el COT 1 Martínez, la comisaría 4º de Martínez y el Batallón de Arsenales 601. El predio fue vendido por el municipio en casi 15 millones de pesos. En un comunicado oficial, la comuna defendió la medida y argumentó: “La cuestión fue investigada por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”. Sin embargo, una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que, en el transcurso de este año, el predio será señalizado. El proyecto de la comisión vecinal también incluye la realización de un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Lo harían alumnos de escuelas de la zona.
La primera escala. Daniel Laski es arquitecto. Ya se había recibido en 1979 cuando, con la prórroga vencida, tuvo que hacer la colimba. Tenía 25 años. Cuatro de los seis meses de conscripción, los hizo en la casa SIN. “Un día me llamaron y me destinaron al golf club de Villa Adelina, como lo llamaban ellos. Ni siquiera iba con ropa de fajina, sino de civil. El predio estaba cerca del barrio de suboficiales”, rememora Laski ante Miradas al Sur. “Me acuerdo que el intendente del lugar, un marino sanjuanino, me contó en varias ocasiones que por las noches se escuchaban balazos y hasta gritos.” Laski no le había dado importancia a los dichos del marino. Hasta esta semana. “Me saltó la ficha y relacioné todo cuando escuche que se estaban buscando restos de desaparecidos”, confió. El intendente también le había contado que Massera había dejado de ir al lugar porque habían ametrallado a la residencia desde un puente cercano. Los marinos creían que la casa estaba muy expuesta a posibles atentados.
La investigadora y ex detenida Pilar Calveiro estuvo detenida allí entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 1977. Consultada por el sitio 24 CON, recordó: “Es cierto que el SIN se movía dentro de la Esma. Es cierto que allí tenía sus propios espacios para torturar primero y ‘trasladar’ después a sus víctimas. Pero también es cierto que entre el SIN y la Esma existían rivalidades y competencias que no les permitían compartir siempre la información o por lo menos no de inmediato. Así que la casa de Thames y Panamericana fue la primera escala de muchos secuestrados del SIN, posteriormente enviados a la Esma. Los llevaban allí cuando recién eran detenidos o bien cuando formaban parte de alguna operación que se intentaba mantener bajo reserva, por lo menos por un tiempo. Diferentes cuartos de la casa e incluso los baños se utilizaron para encerrar a los prisioneros, custodiados por una docena de oficiales y suboficiales. Unos pocos sobrevivimos; los más sólo pueden reclamar memoria y justicia a través de nosotros porque ya no están: fueron asesinados por personal naval después de toda clase de padecimientos, dentro y fuera de esa casa, la casa de Thames y Panamericana”.
Otra detenida que pasó por la “casa SIN” fue Lila Pastoriza. En su declaración en el juicios a las Juntas dijo: “En la época de mi secuestro, los prisioneros del SIN eran llevados para su interrogatorio y tortura a una casa del grupo, asignada a tales fines. Sólo una vez que la faz crucial de esta etapa quedaba agotada, eran conducidos a la Esma y recluidos –por lo general en Capuchita– hasta el momento de su traslado. De este modo, el SIN se aseguraba el monopolio de la información arrancada a sus prisioneros para usarla en nuevos operativos represivos”. Pastoriza agregó que funcionó activamente entre junio y septiembre de 1977. La “casa SIN” fue un ejemplo de las luchas internas que se produjeron durante la dictadura aún dentro de cada fuerza. En este caso, el problema que tenía el área de espionaje de la Armada con su jefe, Massera, y con los mandamás de los grupos de tareas.
El antropólogo francés Marc Augé desarrolló el concepto del “no lugar”. Se refiere a las zonas de tránsito: un aeropuerto, un hotel, un shopping. El predio donde funcionó la “casa SIN” pasará a ser ahora un shopping. Un destino triste para un lugar donde se torturó. Un “no lugar” en vez de un lugar de memoria.
Publicado por DIARIO JUNIO DIGITAL
Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible  |
| La Memoria |
Emilio Eduardo Massera solía pasar algunos fines de semana en ese lugar que contaba con un extenso parque, pileta climatizada, un campo de golf y un impecable chalet de estilo racionalista que había sido diseñada y construida en 1970 por Mario Roberto Álvarez, uno de los más influyentes maestros de la arquitectura en la Argentina. Ese bucólico predio mutó tras el golpe del ’76 en centro de secuestro y tortura. Se cree que el SIN la usó como parte del circuito desaparecedor entre junio y septiembre de 1977 y que no pasó un gran número de detenidos-desaparecidos. Era el paso previo al ingreso a la Esma. El inmueble se demolió en 1983, con el regreso de la democracia. Por muchos años fue un campo de deportes, pero el municipio lo vendió y en el terreno de 18 mil metros se levantará un emprendimiento inmobiliario y un shopping. Esta semana, el juez federal Sergio Torres ordenó que se realicen trabajos en el terreno, para determinar si había restos de desaparecidos.
Quien dio a conocer los trabajos en la “casa SIN” fue Miguel Ángel Robles, subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad. Por radio anunció esta semana que por orden de la Justicia se había empezado a trabajar en el terreno con equipos de georadar. Y que Gendarmería realizó pericias. “En los últimos juicios habría surgido la información de que allí habría habido enterramientos ilegales”, comentó Robles. Y justificó su intervención en el tema: “Desde el ministerio le damos la misma jerarquía a los delitos de lesa humanidad que al resto de los delitos complejos. Para aportar luz sobre lo que paso en aquellos años”. En las excavaciones que encaró el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) no se hallaron restos humanos. Carlos Somigliana, miembro del Eaaf, confirmó a Miradas al Sur que los trabajos en el predio ya terminaron. “Analizamos los cimientos de la casa, pero no había mucho. Es importante aclarar que no encontramos elementos que hicieran presumir que allí hubo ejecuciones o inhumaciones.”
Los vecinos de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, habían presentado testigos ante el juzgado de Torres. Uno de ellos declaró haber visto ingresar a una persona encapuchada y maniatada por la entrada de las calles Tupac Amaru y Rivera. Era de madrugada y lo metieron por un garage subterráneo de la casa SIN. “Otros testigos manifestaron haber visto cuando se cubría con tierra la edificación, antes de la asunción de Alfonsín, que presentaba varias aberturas pequeñas bajo el nivel del terreno. Suponían que podían pertenecer a calabozos o lugares destinados a encerrar a los secuestrados”, contó Raquel Witis, de la comisión vecinal. Otro vecino no quiso declarar en la Justicia. Pero mencionó tener balazos en el respaldo de su cama. “Era habitual escuchar disparos, cerrar las calles los fines de semana que venía Massera, al transito y al público. Desde las casas vecinas se podía apreciar que las ventanas estaban opacadas para impedir la visión”, rememoró el testigo.
“Está claro que fue un centro clandestino de detención. Nosotros reclamábamos que se hiciera una pericia profunda al predio, para verificar que no hubiera restos de detenidos desaparecidos. El juez Sergio Torres tomó la decisión de parar las obras y que se inspeccione el lugar. Con los informes del Eaaf y de Gendarmería en la mano, ahora deberá decidir si continúan las obras”, dice Witis, mamá de un joven asesinado por un policía bonaerense en 2000. La mujer denuncia que el municipio que lidera Gustavo Posse vendió el predio a las “apuradas”. “Esperábamos que escuchen a los vecinos. Pedíamos que esa gran esquina se transforme en un espacio público, de memoria para todos. Vamos a seguir reclamando que el lugar sea señalizado como ex centro de detención, como marca la ley.”
Se refiere a la Ley Provincial 13.584, que estipula que se deben “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar”. La “casa SIN” no fue el único en ese distrito: también funcionaron el COT 1 Martínez, la comisaría 4º de Martínez y el Batallón de Arsenales 601. El predio fue vendido por el municipio en casi 15 millones de pesos. En un comunicado oficial, la comuna defendió la medida y argumentó: “La cuestión fue investigada por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”. Sin embargo, una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que, en el transcurso de este año, el predio será señalizado. El proyecto de la comisión vecinal también incluye la realización de un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Lo harían alumnos de escuelas de la zona.
La primera escala. Daniel Laski es arquitecto. Ya se había recibido en 1979 cuando, con la prórroga vencida, tuvo que hacer la colimba. Tenía 25 años. Cuatro de los seis meses de conscripción, los hizo en la casa SIN. “Un día me llamaron y me destinaron al golf club de Villa Adelina, como lo llamaban ellos. Ni siquiera iba con ropa de fajina, sino de civil. El predio estaba cerca del barrio de suboficiales”, rememora Laski ante Miradas al Sur. “Me acuerdo que el intendente del lugar, un marino sanjuanino, me contó en varias ocasiones que por las noches se escuchaban balazos y hasta gritos.” Laski no le había dado importancia a los dichos del marino. Hasta esta semana. “Me saltó la ficha y relacioné todo cuando escuche que se estaban buscando restos de desaparecidos”, confió. El intendente también le había contado que Massera había dejado de ir al lugar porque habían ametrallado a la residencia desde un puente cercano. Los marinos creían que la casa estaba muy expuesta a posibles atentados.
La investigadora y ex detenida Pilar Calveiro estuvo detenida allí entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 1977. Consultada por el sitio 24 CON, recordó: “Es cierto que el SIN se movía dentro de la Esma. Es cierto que allí tenía sus propios espacios para torturar primero y ‘trasladar’ después a sus víctimas. Pero también es cierto que entre el SIN y la Esma existían rivalidades y competencias que no les permitían compartir siempre la información o por lo menos no de inmediato. Así que la casa de Thames y Panamericana fue la primera escala de muchos secuestrados del SIN, posteriormente enviados a la Esma. Los llevaban allí cuando recién eran detenidos o bien cuando formaban parte de alguna operación que se intentaba mantener bajo reserva, por lo menos por un tiempo. Diferentes cuartos de la casa e incluso los baños se utilizaron para encerrar a los prisioneros, custodiados por una docena de oficiales y suboficiales. Unos pocos sobrevivimos; los más sólo pueden reclamar memoria y justicia a través de nosotros porque ya no están: fueron asesinados por personal naval después de toda clase de padecimientos, dentro y fuera de esa casa, la casa de Thames y Panamericana”.
Otra detenida que pasó por la “casa SIN” fue Lila Pastoriza. En su declaración en el juicios a las Juntas dijo: “En la época de mi secuestro, los prisioneros del SIN eran llevados para su interrogatorio y tortura a una casa del grupo, asignada a tales fines. Sólo una vez que la faz crucial de esta etapa quedaba agotada, eran conducidos a la Esma y recluidos –por lo general en Capuchita– hasta el momento de su traslado. De este modo, el SIN se aseguraba el monopolio de la información arrancada a sus prisioneros para usarla en nuevos operativos represivos”. Pastoriza agregó que funcionó activamente entre junio y septiembre de 1977. La “casa SIN” fue un ejemplo de las luchas internas que se produjeron durante la dictadura aún dentro de cada fuerza. En este caso, el problema que tenía el área de espionaje de la Armada con su jefe, Massera, y con los mandamás de los grupos de tareas.
El antropólogo francés Marc Augé desarrolló el concepto del “no lugar”. Se refiere a las zonas de tránsito: un aeropuerto, un hotel, un shopping. El predio donde funcionó la “casa SIN” pasará a ser ahora un shopping. Un destino triste para un lugar donde se torturó. Un “no lugar” en vez de un lugar de memoria.
Publicado por DIARIO JUNIO DIGITAL
Argentina: ordenan detención de Videla por muerte de Angelelli
Ordenan la detención del genocida Videla en causa por la muerte del obispo Enrique Angelelli
Casapueblos-AEDD | Para Kaos en la Red | Hoy a las 16:37 |
Lo dispuso el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena. Es en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976. La medida también recayó sobre el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy
Ordenaron la detención de Videla en causa por la muerte del obispo Enrique Angelelli
El juez Daniel Herrera Piedrabuena, a cargo del Juzgado Federal de La Rioja, ordenó este jueves la detención del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976.
El magistrado dispuso aquella medida tras tomarle el miércoles pasado declaración indagatoria a Videla, quien se encuentra actualmente detenido y afronta un juicio oral por robo de bebés ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de la Capital.
En tanto, y por la misma causa, el juez también ordenó la detención del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.
