PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011
Publicado por Martha Helena en Blog CapturavidasLOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLITICA
PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD
Pactos, mentiras y videos
Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.
ROGER RODRIGUEZ
La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.
La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.
En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.
En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”
El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.
LOS TIGRES DE PAPEL
Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.
No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.
Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.
El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.
El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.
JUSTICIA PARA TODOS
Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.
La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.
En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.
Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.
El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.
EL JUEGO DEL MIEDO
En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.
Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.
En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.
El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.
Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.
La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.
"Con la Caducidad está en juego la credibilidad del Frente Amplio"
Danilo Astori El vicepresidente Danilo Astori dijo en entrevista con El País que no comparte la forma que eligió el Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad al presentar un proyecto interpretativo. Sin embargo, decidió acatar la decisión del resto de la coalición "por disciplina". Además consideró que el planteo del constitucionalista Martín Risso, acerca de que el Poder Ejecutivo puede revocar actos administrativos de gobiernos anteriores para juzgar a militares que fueron amparados dentro de la Caducidad, "es una camino ágil".
Valeria Gil
-Una vez votado el primer proyecto interpretativo en Diputados en octubre de 2010, y tras el pronunciamiento de tres senadores del FA que no apoyarían la ley en el Senado, usted lanzó una propuesta de derogar la ley de Caducidad. ¿Por qué fracasó esa idea?
-Lo que ocurrió fue que la mayoría del Frente Amplio prefirió el camino que hoy se está transitando. Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora. La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias políticas negativas y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-El proyecto interpretativo ya tiene media sanción en el Senado. ¿Ahora no es demasiado tarde para acordar otra "salida jurídica" que deje sin efecto la ley de Caducidad?
-Estamos buscando la solución con muchos compañeros, queremos solucionar las notorias dificultades que tiene el proyecto interpretativo.
-¿La derogación puede ser un camino válido para dejar sin efecto la norma?
-La derogación puede integrar un camino alternativo, pero habría que complementarla con la tramitación de la inconstitucionalidad, que permita resolver los casos que fueron archivados. El constitucionalista Martín Risso (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) señaló que se pueden revocar actos administrativos de gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Caducidad. Ese camino es incluso más ágil que el que yo había propuesto, porque consiste simplemente en elaborar un decreto del Poder Ejecutivo.
-¿Al Frente le puede costar muy caro, a nivel electoral, pasar por alto el resultado de los dos plebiscitos?
-No tengo la menor duda. Pero creo que no deberíamos guiarnos por las consecuencias políticas de esa índole, sino que tendríamos que darnos cuenta que está en juego la credibilidad de una fuerza política. Históricamente, el FA ha recurrido frecuentemente a las consultas populares y no sólo ha confiado en ellas, sino que al mismo tiempo ha entendido que han tenido consecuencias para el país.
-En medio de esta polémica el ex presidente Tabaré Váz-quez dijo que "no siempre las mayorías tienen razón", al justificar su posición a favor de anular la ley de Caducidad. ¿Comparte este criterio?
-Es muy difícil interpretar individualmente la voluntad popular. Yo respeto mucho la opinión de Vázquez y procuro entenderla; pero me parece que cuando una mayoría se expresa sobre un tema importante, esa mayoría debe ser especialmente considerada.
-¿Podría seguir dilatándose la votación en Diputados más allá del 20 de mayo?
-No lo puedo decir ahora, en eso está trabajando la Comisión de Constitución y Código y espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo. Hoy no tengo elementos para asegurar cuándo se va a aceptar la propuesta, cualquiera sea.
-Antes de las elecciones, usted y el presidente José Mujica afirmaron que debería respetarse la voluntad popular. ¿Con el proyecto interpretativo no se traiciona lo que se prometió en campaña?
-No. Yo propuse un camino coherente cuando hice aquellas declaraciones, pero no recibió apoyo en el Frente. Luego, opté por actuar disciplinadamente.
-¿Qué opina de la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y del pasaje al Tribunal de Conducta de Jorge Saravia, como saldo de la discusión del proyecto interpretativo en el Senado?
-Me parece un saldo negativo, lamentable. En el caso de Fernández Huidobro me da una gran pena que haya decidido renunciar, pero por otro lado siento una gran admiración por lo que hace, porque es un gesto de desprendimiento y de coherencia importante. En cuanto al pasaje al Tribunal de Disciplina, es un derecho que tiene cualquier sector de hacer esta propuesta y ojalá sirva para que tanto Saravia como quienes van a evaluar su conducta tengan información correcta y tomen la resolución más justa.
-Cuando asumió este gobierno, hubo mensajes muy conciliadores hacia las Fuerzas Armadas, pero rápidamente esa relación se fue deteriorando. Hubo tensión por el Presupuesto y ahora por el tema de la ley de Caducidad. ¿En qué quedó aquel discurso del presidente Mujica en la base aérea de Durazno?
-No sólo creo que no hay un deterioro, sino que considero que estamos en un camino de enriquecimiento. Mujica ha sido siempre muy sincero en sus relaciones y desde Durazno se hacen esfuerzos para integrar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y eso sigue ocurriendo, aunque pudiera no haber reflejos presupuestales de esa actitud.
-¿Le preocupa el hecho de que los largos debates que se generan en el FA puedan perjudicar la gestión del gobierno o enlentecerla? El proyecto de Participación Público-Privada se discute desde hace cinco meses y no hay un acuerdo.
-No. La lentitud siempre es negativa desde el punto de vista de la eficacia y del trabajo parlamentario; cuando digo lentitud no me refiero al necesario proceso de estudio. La ley de Participación Público- Privada es una novedad, por lo tanto tiene que ser bien estudiada. Uruguay necesita con urgencia esta norma por sus debilidades estructurales y tenemos la necesidad de realizar inversiones muy importantes para superarlas.
-En el FA hay reparos con la ley de obras. ¿Se va a recurrir a la oposición para aprobar la norma?
-Haremos lo posible por tener el mayor consenso. Espero que este proyecto sea apoyado por la mayor cantidad posible de sectores. Esta ley debería ser una herramienta del Estado, por encima de los gobiernos y partidos.
-El debate tributario pareciera haber finalizado después de algunos anuncios. Pero hay sectores del FA que siguen insistiendo con modificar la línea económica del gobierno. ¿Entiende que amerita seguir discutiendo este tipo de cuestiones económicas en un momento en que la población reclama más seguridad?
-No deberíamos coartar la posibilidad de que se discutan esos temas. Hasta ahora, sin embargo, los temas tributarios no han hecho olvidar los temas de seguridad y el gobierno les presta la atención que se merecen. Además tenemos novedades como lo son estos operativos que se realizan en áreas conflictivas y la inauguración de 2.000 nuevas plazas en las cárceles.
-El Partido Colorado inició una campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad como forma de combatir la minoridad infractora. ¿Teme que esto se transforme en un plebiscito contra la gestión del gobierno?
-No, absolutamente. Respeto el derecho que tiene el Partido Colorado, pese a que no comparto el contenido de la consulta. Porque no creo que la baja de la edad de la imputabilidad sea una solución.
-¿Cómo se imagina dentro de cuatro años? ¿Mantiene su aspiración de ser candidato a la Presidencia de la República?
-No me imagino, juro que no he pensado en absoluto en mi futuro político porque estoy convencido que me distraería de la responsabilidad que tengo hoy. Por lo tanto, me concentro en los caminos buenos para el país y no en los míos.
-A nivel del FA, ¿entiende que es necesaria una nueva forma de conducir a la fuerza política con otro presidente que sustituya a Jorge Brovetto?
-Creer que el Frente tiene un problema de presidencia es achicar mucho el tema. El FA tiene que renovarse y acercarse al pueblo frenteamplista, porque hoy hay una distancia importante. Las bases están muy sectorizadas y creo que tal como están concebidas hoy, habría que reducir su poder dentro del Frente.
-No esperamos ninguna consecuencia. No visualizamos ningún acontecimiento significativo en la economía brasileña en los próximos tiempos. Además, técnicamente no se puede hablar de devaluación, porque Brasil no fija el tipo de cambio y tiene una política flexible en función de la evaluación del mercado. Ellos acompañan la tendencia internacional y tratan de eliminar las volatilidades y Uruguay ha venido trabajando en ese sentido y por eso estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo que más conviene. Sabemos que el tipo de cambio real es el que importa y estamos muy cerca del equilibrio.
-Un reciente informe del Banco Central indica que algunos sectores que han acordado aumentos salariales a sus empleados no ataron los incrementos a la productividad y por consiguiente se incrementaron los precios de los productos. ¿Usted considera que ese fue el problema que generó la inflación o el problema que existe es la escasez de mano de obra?
-Creo que juegan todos esos factores como los mencionados en la pregunta y pienso que el BCU señala la preocupación de que, más que estar atados a la productividad, se tengan en cuenta los niveles de productividad, y en eso estoy de acuerdo. También entiendo que la necesidad de fuentes de trabajo puede estar desarrollando una influencia importante en la evolución de los salarios. En suma, creo que es uno de los factores que hay que considerar cuando tratamos el hecho, para combatir y neutralizar las presiones inflacionarias en la economía.
-Usted dijo que la Rendición de Cuentas será "extremadamente austera". ¿Cuál será el espacio fiscal disponible y qué gastos se postergarán?
-No puedo brindar datos precisos porque no concluyó un informe que está haciendo el gobierno. Existe la posibilidad de postergación, pero no va a haber recorte de gasto. Hay aumentos ya dispuestos que se van a cumplir, como los que refieren a la educación. En lo que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y austeridad es en la disposición de nuevos gastos. Ahí hay que andar con pies de plomo. Esto juega un papel sobre la demanda y así se genera presión inflacionaria.
Valeria Gil
-Una vez votado el primer proyecto interpretativo en Diputados en octubre de 2010, y tras el pronunciamiento de tres senadores del FA que no apoyarían la ley en el Senado, usted lanzó una propuesta de derogar la ley de Caducidad. ¿Por qué fracasó esa idea?
-El proyecto interpretativo ya tiene media sanción en el Senado. ¿Ahora no es demasiado tarde para acordar otra "salida jurídica" que deje sin efecto la ley de Caducidad?
-Estamos buscando la solución con muchos compañeros, queremos solucionar las notorias dificultades que tiene el proyecto interpretativo.
-¿La derogación puede ser un camino válido para dejar sin efecto la norma?
-La derogación puede integrar un camino alternativo, pero habría que complementarla con la tramitación de la inconstitucionalidad, que permita resolver los casos que fueron archivados. El constitucionalista Martín Risso (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica) señaló que se pueden revocar actos administrativos de gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Caducidad. Ese camino es incluso más ágil que el que yo había propuesto, porque consiste simplemente en elaborar un decreto del Poder Ejecutivo.
-¿Al Frente le puede costar muy caro, a nivel electoral, pasar por alto el resultado de los dos plebiscitos?
-No tengo la menor duda. Pero creo que no deberíamos guiarnos por las consecuencias políticas de esa índole, sino que tendríamos que darnos cuenta que está en juego la credibilidad de una fuerza política. Históricamente, el FA ha recurrido frecuentemente a las consultas populares y no sólo ha confiado en ellas, sino que al mismo tiempo ha entendido que han tenido consecuencias para el país.
-En medio de esta polémica el ex presidente Tabaré Váz-quez dijo que "no siempre las mayorías tienen razón", al justificar su posición a favor de anular la ley de Caducidad. ¿Comparte este criterio?
-Es muy difícil interpretar individualmente la voluntad popular. Yo respeto mucho la opinión de Vázquez y procuro entenderla; pero me parece que cuando una mayoría se expresa sobre un tema importante, esa mayoría debe ser especialmente considerada.
-¿Podría seguir dilatándose la votación en Diputados más allá del 20 de mayo?
-No lo puedo decir ahora, en eso está trabajando la Comisión de Constitución y Código y espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo. Hoy no tengo elementos para asegurar cuándo se va a aceptar la propuesta, cualquiera sea.
-Antes de las elecciones, usted y el presidente José Mujica afirmaron que debería respetarse la voluntad popular. ¿Con el proyecto interpretativo no se traiciona lo que se prometió en campaña?
-No. Yo propuse un camino coherente cuando hice aquellas declaraciones, pero no recibió apoyo en el Frente. Luego, opté por actuar disciplinadamente.
-¿Qué opina de la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y del pasaje al Tribunal de Conducta de Jorge Saravia, como saldo de la discusión del proyecto interpretativo en el Senado?
-Me parece un saldo negativo, lamentable. En el caso de Fernández Huidobro me da una gran pena que haya decidido renunciar, pero por otro lado siento una gran admiración por lo que hace, porque es un gesto de desprendimiento y de coherencia importante. En cuanto al pasaje al Tribunal de Disciplina, es un derecho que tiene cualquier sector de hacer esta propuesta y ojalá sirva para que tanto Saravia como quienes van a evaluar su conducta tengan información correcta y tomen la resolución más justa.
-Cuando asumió este gobierno, hubo mensajes muy conciliadores hacia las Fuerzas Armadas, pero rápidamente esa relación se fue deteriorando. Hubo tensión por el Presupuesto y ahora por el tema de la ley de Caducidad. ¿En qué quedó aquel discurso del presidente Mujica en la base aérea de Durazno?
-No sólo creo que no hay un deterioro, sino que considero que estamos en un camino de enriquecimiento. Mujica ha sido siempre muy sincero en sus relaciones y desde Durazno se hacen esfuerzos para integrar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y eso sigue ocurriendo, aunque pudiera no haber reflejos presupuestales de esa actitud.
-¿Le preocupa el hecho de que los largos debates que se generan en el FA puedan perjudicar la gestión del gobierno o enlentecerla? El proyecto de Participación Público-Privada se discute desde hace cinco meses y no hay un acuerdo.
-No. La lentitud siempre es negativa desde el punto de vista de la eficacia y del trabajo parlamentario; cuando digo lentitud no me refiero al necesario proceso de estudio. La ley de Participación Público- Privada es una novedad, por lo tanto tiene que ser bien estudiada. Uruguay necesita con urgencia esta norma por sus debilidades estructurales y tenemos la necesidad de realizar inversiones muy importantes para superarlas.
-En el FA hay reparos con la ley de obras. ¿Se va a recurrir a la oposición para aprobar la norma?
-Haremos lo posible por tener el mayor consenso. Espero que este proyecto sea apoyado por la mayor cantidad posible de sectores. Esta ley debería ser una herramienta del Estado, por encima de los gobiernos y partidos.
-El debate tributario pareciera haber finalizado después de algunos anuncios. Pero hay sectores del FA que siguen insistiendo con modificar la línea económica del gobierno. ¿Entiende que amerita seguir discutiendo este tipo de cuestiones económicas en un momento en que la población reclama más seguridad?
-No deberíamos coartar la posibilidad de que se discutan esos temas. Hasta ahora, sin embargo, los temas tributarios no han hecho olvidar los temas de seguridad y el gobierno les presta la atención que se merecen. Además tenemos novedades como lo son estos operativos que se realizan en áreas conflictivas y la inauguración de 2.000 nuevas plazas en las cárceles.
-El Partido Colorado inició una campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad como forma de combatir la minoridad infractora. ¿Teme que esto se transforme en un plebiscito contra la gestión del gobierno?
-No, absolutamente. Respeto el derecho que tiene el Partido Colorado, pese a que no comparto el contenido de la consulta. Porque no creo que la baja de la edad de la imputabilidad sea una solución.
-¿Cómo se imagina dentro de cuatro años? ¿Mantiene su aspiración de ser candidato a la Presidencia de la República?
-No me imagino, juro que no he pensado en absoluto en mi futuro político porque estoy convencido que me distraería de la responsabilidad que tengo hoy. Por lo tanto, me concentro en los caminos buenos para el país y no en los míos.
-A nivel del FA, ¿entiende que es necesaria una nueva forma de conducir a la fuerza política con otro presidente que sustituya a Jorge Brovetto?
-Creer que el Frente tiene un problema de presidencia es achicar mucho el tema. El FA tiene que renovarse y acercarse al pueblo frenteamplista, porque hoy hay una distancia importante. Las bases están muy sectorizadas y creo que tal como están concebidas hoy, habría que reducir su poder dentro del Frente.
"Hay que ser muy austero con los gastos"
-En materia económica, la suerte de la economía uruguaya parece estar muy vinculada a Brasil en lo que refiere a las variaciones del dólar. ¿Qué pasará con Uruguay si Brasil devalúa?-No esperamos ninguna consecuencia. No visualizamos ningún acontecimiento significativo en la economía brasileña en los próximos tiempos. Además, técnicamente no se puede hablar de devaluación, porque Brasil no fija el tipo de cambio y tiene una política flexible en función de la evaluación del mercado. Ellos acompañan la tendencia internacional y tratan de eliminar las volatilidades y Uruguay ha venido trabajando en ese sentido y por eso estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo que más conviene. Sabemos que el tipo de cambio real es el que importa y estamos muy cerca del equilibrio.
-Un reciente informe del Banco Central indica que algunos sectores que han acordado aumentos salariales a sus empleados no ataron los incrementos a la productividad y por consiguiente se incrementaron los precios de los productos. ¿Usted considera que ese fue el problema que generó la inflación o el problema que existe es la escasez de mano de obra?
-Creo que juegan todos esos factores como los mencionados en la pregunta y pienso que el BCU señala la preocupación de que, más que estar atados a la productividad, se tengan en cuenta los niveles de productividad, y en eso estoy de acuerdo. También entiendo que la necesidad de fuentes de trabajo puede estar desarrollando una influencia importante en la evolución de los salarios. En suma, creo que es uno de los factores que hay que considerar cuando tratamos el hecho, para combatir y neutralizar las presiones inflacionarias en la economía.
-Usted dijo que la Rendición de Cuentas será "extremadamente austera". ¿Cuál será el espacio fiscal disponible y qué gastos se postergarán?
-No puedo brindar datos precisos porque no concluyó un informe que está haciendo el gobierno. Existe la posibilidad de postergación, pero no va a haber recorte de gasto. Hay aumentos ya dispuestos que se van a cumplir, como los que refieren a la educación. En lo que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y austeridad es en la disposición de nuevos gastos. Ahí hay que andar con pies de plomo. Esto juega un papel sobre la demanda y así se genera presión inflacionaria.
El País Digital
Legisladores del Frente insisten con la anulación
No considerarán la propuesta alternativa de Martín Risso
La propuesta del constitucionalista Martín Risso, para que el Ejecutivo revoque los actos administrativos de gobiernos que ampararon en la ley de Caducidad a militares, no está actualmente a consideración de los legisladores del Frente Amplio que insisten con el proyecto interpretativo.
El coordinador de la bancada de Diputados, Felipe Michelini (NE), dijo a El País que "el Poder Ejecutivo podría crear un decreto sin duda para obligar a juzgar los casos que fueron archivados en el pasado, pero la ley interpretativa es necesaria".
Michelini explicó que sin una ley que asegure la investigación judicial, "vamos a tener los mismos problemas de interpretación, dado que un decreto no ofrece las garantías para que los jueces cumplan".
En la misma línea, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) señaló a El País que el planteo de Risso "no es novedoso" y "no está en consideración en el momento".
"Nosotros como FA tenemos una decisión adoptada por el Plenario Nacional y la solución que tenemos para el 20 de mayo es que Diputados la vote", remarcó el legislador. En el mismo tono, la diputada Daisy Tourné (PS) indicó que no puede opinar, ya que por disciplina debe "acatar el mandato del Plenario del Frente Amplio".
En tanto, el diputado José Carlos Mahía (AU) dijo a El País que "no están dadas las condiciones políticas para que la propuesta de Risso prospere, el único que podría tomar la iniciativa es el propio presidente (José) Mujica", aseguró.
Sin embargo Mahía al igual que el diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) explicaron que la iniciativa de Risso es seria y merece ser estudiada por la fuerza política, antes de descartarse de plano.
Por otra parte, el Frente Amplio definirá en la reunión de bancada del próximo martes en Diputados si se mantiene la sesión extraordinaria prevista para el 20 de mayo, en donde se votará la ley interpretativa de la Caducidad.
El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) planteó la necesidad de modificar la fecha de votación del proyecto, por considerar que el 20 de mayo "no es una fecha que represente exclusivamente a la izquierda, ya que también fallecieron personalidades de otros partidos políticos".
La idea de la coalición de izquierda era votar el proyecto el mismo 20 de mayo para que la anulación de la Caducidad coincidiera con la "Marcha del Silencio", fecha en que se recuerda a los desparecidos durante la última dictadura militar.
Sobre el cambio de fecha que propuso el Partido Nacional, Michelini explicó que no hay posición al respecto. Aunque recordó que días atrás cuando los colorados pidieron la postergación, "se atendió el pedido".
El coordinador de la bancada de Diputados, Felipe Michelini (NE), dijo a El País que "el Poder Ejecutivo podría crear un decreto sin duda para obligar a juzgar los casos que fueron archivados en el pasado, pero la ley interpretativa es necesaria".
Michelini explicó que sin una ley que asegure la investigación judicial, "vamos a tener los mismos problemas de interpretación, dado que un decreto no ofrece las garantías para que los jueces cumplan".
En la misma línea, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) señaló a El País que el planteo de Risso "no es novedoso" y "no está en consideración en el momento".
En tanto, el diputado José Carlos Mahía (AU) dijo a El País que "no están dadas las condiciones políticas para que la propuesta de Risso prospere, el único que podría tomar la iniciativa es el propio presidente (José) Mujica", aseguró.
Sin embargo Mahía al igual que el diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) explicaron que la iniciativa de Risso es seria y merece ser estudiada por la fuerza política, antes de descartarse de plano.
Por otra parte, el Frente Amplio definirá en la reunión de bancada del próximo martes en Diputados si se mantiene la sesión extraordinaria prevista para el 20 de mayo, en donde se votará la ley interpretativa de la Caducidad.
El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) planteó la necesidad de modificar la fecha de votación del proyecto, por considerar que el 20 de mayo "no es una fecha que represente exclusivamente a la izquierda, ya que también fallecieron personalidades de otros partidos políticos".
La idea de la coalición de izquierda era votar el proyecto el mismo 20 de mayo para que la anulación de la Caducidad coincidiera con la "Marcha del Silencio", fecha en que se recuerda a los desparecidos durante la última dictadura militar.
Sobre el cambio de fecha que propuso el Partido Nacional, Michelini explicó que no hay posición al respecto. Aunque recordó que días atrás cuando los colorados pidieron la postergación, "se atendió el pedido".
El País Digital
En Comisión. Reiteraron "inconstitucionalidad" de la norma
Juristas aconsejan desarchivo de casos de desaparecidos
Risso: el Parlamento no tiene facultades para anular una ley.
"Mejor solución". Los juristas volvieron al Parlamento
Constitucionalistas recomiendan al Poder Ejecutivo, como "mejor solución", desarchivar casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se incluyeron dentro de la Ley de Caducidad y la Justicia no pudo investigar. Reiteran la "inconstitucionalidad" de la norma a ser aprobada el 20 de mayo.
Los diputados iniciaron ayer en Comisión el estudio del proyecto de ley que dejará sin valor jurídico alguno la Ley de Caducidad y volvieron a recibir a expertos constitucionalistas y catedráticos de las universidades, tanto pública como privadas, para que opinen sobre la legalidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
Es la tercera vez que los catedráticos son consultados al respecto por los legisladores. La primera fue en octubre del año pasado, la segunda en febrero y ayer, la tercera vez.
El constitucionalista y catedrático de la Universidad católica Martín Risso reiteró que el Parlamento no tiene facultades para anular una ley pero podría sí derogar una norma y que esa decisión tuviese efecto "hacia el futuro" porque ello no determinaría "ningún obstáculo ni podría ser objetada jurídicamente".
Risso mencionó con respecto a la ley interpretativa que anula a la de Caducidad que como "mejor solución" bien podría el Poder Ejecutivo, a través de una resolución presidencial, determinar el desarchivo de los casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se entendió que estaban fuera del alcance de la Justicia por el amparo de la Ley de Caducidad.
El catedrático aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que alude a nuestro país no expresa en ningún sentido que la Ley de Caducidad debería desaparecer del mapa jurídico uruguayo, sino que por el contrario, se alienta a buscar soluciones y salvar los obstáculos por la no aplicación de la Justicia en aquellos casos de violaciones a los derechos humanos.
Los especialistas sostuvieron por tercera vez en el Parlamento que el proyecto interpretativo a estudio del Parlamento es inconstitucional.
"Los contextos históricos son los que determinan las leyes", dijo Pereyra, y "el actual determina que a la Ley de Caducidad hay que borrarla del mapa jurídico uruguayo".
El diputado nacionalista Gustavo Borsari (UNA) resaltó que "otra vez el 99% de los uruguayos estamos, como en los años 70, siendo rehenes de negociaciones que se vienen dando entre combatientes de un lado y del otro. Somos ajenos insistió en las posibles soluciones a temas que vienen discutiendo los combatientes; entonces".
El diputado colorado Gustavo Cersósimo (VU) destacó que las sugerencias de los catedráticos acerca del contenido del proyecto a aprobar señalan que "la ley no es interpretativa sino innovativa" a la Ley de Caducidad.
Los diputados iniciaron ayer en Comisión el estudio del proyecto de ley que dejará sin valor jurídico alguno la Ley de Caducidad y volvieron a recibir a expertos constitucionalistas y catedráticos de las universidades, tanto pública como privadas, para que opinen sobre la legalidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
Es la tercera vez que los catedráticos son consultados al respecto por los legisladores. La primera fue en octubre del año pasado, la segunda en febrero y ayer, la tercera vez.
El constitucionalista y catedrático de la Universidad católica Martín Risso reiteró que el Parlamento no tiene facultades para anular una ley pero podría sí derogar una norma y que esa decisión tuviese efecto "hacia el futuro" porque ello no determinaría "ningún obstáculo ni podría ser objetada jurídicamente".
Risso mencionó con respecto a la ley interpretativa que anula a la de Caducidad que como "mejor solución" bien podría el Poder Ejecutivo, a través de una resolución presidencial, determinar el desarchivo de los casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se entendió que estaban fuera del alcance de la Justicia por el amparo de la Ley de Caducidad.
El catedrático aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que alude a nuestro país no expresa en ningún sentido que la Ley de Caducidad debería desaparecer del mapa jurídico uruguayo, sino que por el contrario, se alienta a buscar soluciones y salvar los obstáculos por la no aplicación de la Justicia en aquellos casos de violaciones a los derechos humanos.
Los especialistas sostuvieron por tercera vez en el Parlamento que el proyecto interpretativo a estudio del Parlamento es inconstitucional.
Los protagonistas
El diputado del Frente Amplio (MPP) Aníbal Pereyra, integrante de la comisión parlamentaria que ayer inició el análisis del proyecto, reconoció que la norma que sería aprobada por Diputados el 20 de mayo tiene falencias jurídicas "como todas las leyes" y destacó las recomendaciones ofrecidas ayer por los catedráticos en el sentido de que el proyecto "no es infalible" para resolver los problemas generados por la vigencia de La ley de Caducidad."Los contextos históricos son los que determinan las leyes", dijo Pereyra, y "el actual determina que a la Ley de Caducidad hay que borrarla del mapa jurídico uruguayo".
El diputado nacionalista Gustavo Borsari (UNA) resaltó que "otra vez el 99% de los uruguayos estamos, como en los años 70, siendo rehenes de negociaciones que se vienen dando entre combatientes de un lado y del otro. Somos ajenos insistió en las posibles soluciones a temas que vienen discutiendo los combatientes; entonces".
El diputado colorado Gustavo Cersósimo (VU) destacó que las sugerencias de los catedráticos acerca del contenido del proyecto a aprobar señalan que "la ley no es interpretativa sino innovativa" a la Ley de Caducidad.
5 29 /04 /Abr /2011 22:39
VERGÜENZA E INDIGNACIÓN POR EL DESALOJO DE NEY THEDY
INJUSTO DESALOJO al TRABAJADOR NEY THEDY EN BELLA UNIÓN
UN COLONO de Bella Unión
Lamentablemente una vez más se hace evidente que en Uruguay la ley está muy lejos de la Justicia. En estos momentos se está realizando el lanzamiento en la Colonia Eduardo Acevedo del colono Ney Thedy (70 años, 18 en esa parcela). El mismo está internado y sus hijos con compañeros que pudieron llegar hasta allí trataron de frenar este nuevo acto de vergüenza del Instituto Nacional de Colonización. El acceso a la Colonia fue cerrado por la policía y se debe entrar por la Colonia Raúl Sendic. Todavía no sabemos a donde llevaron las cosas de don Ney y la policía está juntando el ganado
Se concretó con la justicia de Bella Unión el lanzamiento del “único peludo” de las luchas cañeras de los ’60 que recibió “un pedazo de tierra del latifundio Silva y Rosas”.
Se trata de Don Ney Thedy productor ganadero, que trabaja y vive en la Fracción Nº 52 de la Colonia Eduardo Acevedo a 30 km de Bella Unión.
Actualmente después de mantener algunas rentas impagas el Instituto Nacional de Colonización, le quiere retirar el campo, para lo cual ha mal vendido animales con tal de no perder el predio, haciendo entrega de una abultada suma que el Directorio del INC no reconoce por estar vinculado familiarmente a la ocupación de los lecheros de Mandiyú.
Trabajadores rurales y colonos del litoral norte se concentrarán en solidaridad ese día a ejercer la resistencia pacífica en el predio para evitar el desalojo.
Colonización y la justicia actúan muy rápido para desalojar a los pobres y el estanciero César Melo sigue con los campos del pueblo otorgados por Gonzalo Gaggero sin que haya concretado la promesa de sacarlo.
En Montevideo nos concentramos a las 13:00 frente a las oficinas de colonización (Cerrito esquina Treinta y Tres) para solidarizarnos con este compañero
NEY THEDY ES RAÚL SENDIC VEJADO, DENIGRADO Y CASTIGADO
POR NO LAMERLE LAS PATAS NI A LOS GRINGOS SAQUEADORES
NI A LOS NUEVOS SEÑORONES DEL PODER
Ney Thedy es uno de los tantos peludos artiguenses que a principios de los ´60 bajaron hacia la capital con sus hijos y sus compañeras, en duras marchas que en cada pueblo recibían el aliento generoso y solidario de otros trabajadores que no podían creer que en Uruguay hubiera asalariados del campo a los que se les pagara con papeles para comprar alimentos en los mismos comercios pertenecientes a los dueños de la misma empresa de explotación cañera que les chupaba la sangre cual si fueran verdaderos “esclavos modernos”.
Ney Thedy es uno de los muchísimos peones rurales a los cuales Raúl Sendic Antonaccio ayudó a comprender que sin organizarse y rebelarse, los obreros del campo, como los de la ciudad, jamás dejarían de ser nada más que una simple pieza del engranaje opresor del sistema.
Ney Thedy es el padre de uno de los cañeros-tamberos que forma parte de la única cooperativa lechera que en Bella Unión, ha podido demostrar que el trabajador organizado es capaz de desarrollar cualquier emprendimiento productivo exitoso y duradero, prescindiendo de patrones y estancieros que lo dominen.
Ney Thedy desalojado de su tierra y su rancho e internado con 70 años como consecuencia del operativo policial de un centenar de marcianos armados a guerra, es, también, Raúl Sendic Antonaccio vejado, denigrado y castigado por la sencilla “razón” de no doblegarse ante la prepotencia del directorio de un Instituto de Colonización que otorga tierras a los amigos políticos y se las quita a los únicos productores que pagan sus deudas, pero que no andan lamiéndole las patas ni a los gringos saqueadores ni a los nuevos señorones del poder.
Todo ocurre el mismo día --hoy, 28 de abril del año 2011-- en que se cumplen 22 años de la muerte de “El Bebe” Sendic.
¡Andá llevando, hermanito!!!.
Gabriel Saracho Carbajales
Cañeros "escrachan" a presidente de Colonización
Azúcar amargo
29.04.2011 17:52
Trabajadores de la caña de azúcar realizaron este viernes un "escrache" en la entrada del Instituto de Colonización y planean otro en la casa de su presidente, Andrés Berterreche. Jorge Rodas, representante de los cañeros, dijo a Montevideo Portal que continuarán con las medidas hasta que se le devuelva la tierra al colono desalojado el jueves en Artigas.
Un grupo de cinco personas pertenecientes a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas realizó una manifestación en la entrada del Instituto de Colonización en protesta por el desalojo de Sandro Theddy, un colono de Bella Unión que se resistió a una orden judicial que lo obligaba a abandonar el predio a raíz de una deuda.
Finalmente, Theddy fue desalojado el jueves cuando se hizo presente un juez y varios efectivos policiales. El colono sufrió una descompensación, y desde ese momento, se encuentra hospitalizado
Los manifestantes, que realizaron pintadas y protestas con altoparlantes, planean efectuar otro "escrache" en la casa del presidente del Instituto Andrés Berterreche. Jorge Rodas, integrante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, dijo a Montevideo Portal que continuarán con las medidas hasta que se le devuelva la tierra al colono, entendiendo que es un trabajador que posee una "pequeña parcela".
Consultado por Montevideo Portal, Berterreche reconoció que la situación "es horrible", en especial por la amenaza contra su familia. "Llevar problemas políticos al entorno de mi familia me parece muy fuera de los códigos" sostuvo el jerarca.
Precisamente este viernes representantes de la UTAA y Berterreche tenían agendaza una reunión en la cual tratarían este tema, pero la misma fue cancelada por los trabajadores luego de enterarse del desalojo de Theddy. "Les dije que yo sí quería hablar con ellos para explicarles la situación y respondieron que ahora venía el escrache" explicó Berterreche.
Ante la posibilidad de una manifestación en la casa de Berterreche, el Poder Ejecutivo decidió "tomar previsiones" enviando policías al entorno del domicilio del funcionario.
Berterreche se defendió de las acusaciones de los trabajadores diciendo que el colono desalojado no es un pequeño productor. "Tiene 261 cabezas de ganado, cuando nosotros le damos tierras a trabajadores rurales que tienen 10 o 15 vacas" comentó, añadiendo que al día de hoy Theddy mantiene una deuda de más de un 1 millón de pesos. "A pesar de que estamos para hacer cumplir una ley, intentamos ser flexibles, y a este trabajador se le dio varias oportunidades de refinanciar la deuda" sentenció.
Sandro Theddy, por su parte, aseguró en declaraciones a Telemundo que su deuda era en realidad de 21 mil dólares, de los cuales ya había pagado 21 mil.
Ante la posibilidad de que los trabajadores realicen más manifestaciones, Berterreche señaló que tiene "órdenes expresas del presidente de hacer cumplir la ley".
Montevideo Portal
AEBU: pronostican triunfo moderado
La lista 98 habría obtenido presidencia de los tres consejos
Al cierre de esta edición se dirimía la nueva directiva del sindicato bancario (AEBU). Los datos iniciales establecían que la lista 98, afín al gobierno, habría ganado la presidencia del consejo de banca pública. Con esa victoria la lista 98 se aseguraría la presidencia de los tres consejos que componen la estructura del sindicato: consejo central, consejo de banca privada y consejo de banca oficial.
En los dos primeros, la lista 98, que representa a la corriente sindical Articulación (integrada por sectores moderados del FA y afiliados identificados con el Partido Nacional) ya tenía la titularidad.
De acuerdo a los primeros datos del escrutinio, en el consejo central, la 98 habría sacado siete de los once cargos en disputa, lo que implica la continuidad de Gustavo Pérez como presidente del sindicato bancario.
En el consejo banca privada, la 98 mantenía la mayoría aunque aún no estaba claro si sumaba o restaba un cargo más a los ocho que tiene actualmente.
En tanto, en banca oficial los moderados habrían logrado cuatro de los once cargos, incluida la presidencia del consejo, afirmó el flamante presidente Gonzalo Pérez.
Si bien aún faltaban computar los votos del interior, la diferencia de 300 votos dejaba a la 98 con la titularidad del consejo, aseguró Pérez.
Adeom. En tanto, a las 20.30 de anoche comenzó el escrutinio en el marco de las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).
Fuentes de la lista 1980 (radicales) estimaron que la participación fue del 60% de los 6.000 habilitados. El registro representa un aumento en relación al 54% de participación alcanzado en la elección pasada, realizadas en el año 2009.
Las estimaciones previas establecían que si los funcionarios municipales que sufragaban no superaban los 4.000 (72% de los 6.000 habilitados), las agrupaciones radicales obtendrían la mayoría.
Sobre las dos de la tarde el movimiento de votantes en el Palacio Muncipal, feudo de la lista 2011, era escaso.
La 2011 es el resultado de la fusión de las listas 5 (PCU) y 112 (MPP e independientes). Según las agrupaciones radicales, que ostentan la dirección en Adeom, la 2011 representa la línea afín a la IMM.
En los dos primeros, la lista 98, que representa a la corriente sindical Articulación (integrada por sectores moderados del FA y afiliados identificados con el Partido Nacional) ya tenía la titularidad.
De acuerdo a los primeros datos del escrutinio, en el consejo central, la 98 habría sacado siete de los once cargos en disputa, lo que implica la continuidad de Gustavo Pérez como presidente del sindicato bancario.
En el consejo banca privada, la 98 mantenía la mayoría aunque aún no estaba claro si sumaba o restaba un cargo más a los ocho que tiene actualmente.
Si bien aún faltaban computar los votos del interior, la diferencia de 300 votos dejaba a la 98 con la titularidad del consejo, aseguró Pérez.
Adeom. En tanto, a las 20.30 de anoche comenzó el escrutinio en el marco de las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).
Fuentes de la lista 1980 (radicales) estimaron que la participación fue del 60% de los 6.000 habilitados. El registro representa un aumento en relación al 54% de participación alcanzado en la elección pasada, realizadas en el año 2009.
Las estimaciones previas establecían que si los funcionarios municipales que sufragaban no superaban los 4.000 (72% de los 6.000 habilitados), las agrupaciones radicales obtendrían la mayoría.
Sobre las dos de la tarde el movimiento de votantes en el Palacio Muncipal, feudo de la lista 2011, era escaso.
La 2011 es el resultado de la fusión de las listas 5 (PCU) y 112 (MPP e independientes). Según las agrupaciones radicales, que ostentan la dirección en Adeom, la 2011 representa la línea afín a la IMM.
El País Digital
Proyectan solución para Metzen & Sena
Mujica recibió al Pit-Cnt; irá al acto del 1º de mayo mañana
El presidente José Mujica recibió ayer a una delegación del Pit-Cnt, en la antesala al acto del Día de los Trabajadores para el que ya confirmó su asistencia. En la reunión, Mujica anunció que el gobierno está elaborando un proyecto autogestionado como salida para los obreros de la fábrica de cerámicas Metzen & Sena.
"Hay decisión del Poder Ejecutivo de que en Empalme Olmos haya un emprendimiento del tipo de lo que fabricaba Metzen & Sena", comentó el coordinador del Pit-Cnt, Fernando Pereira, tras la reunión con el presidente.
La búsqueda de una solución para los trabajadores de Metzen & Sena, la fábrica de Empalme Olmos cerrada hace 18 meses, fue una de las inquietudes que le trasladaron los sindicalistas a Mujica.
Al respecto, Pereira señaló que no sólo se está estudiando esta iniciativa sino que "el presidente se ofreció a ir a hablar con los trabajadores apoyando este proyecto auto-gestionado", adelantó Pereira.
El proyecto se asemejaría a la experiencia de Envidrio, "en un nuevo local, con nueva tecnología y maquinaria".
Durante el encuentro, Mujica también respaldó el inicio de un estudio para determinar la viabilidad de la industria textil. A su vez, aseguró que el 75% de la mano de obra de la empresa Montes del Plata -que construirá una planta de celulosa en Conchillas, Colonia- será uruguayo y que las barcazas que utilice la firma serán de fabricación nacional.
En tanto, en la reunión se acordó la instalación de un ámbito para la discusión del proyecto de ley de participación público-privada, inicialmente rechazado por la Mesa Representativa del Pit-Cnt. Este ámbito comenzaría a tomar forma el próximo lunes, indicó Edgardo Oyenart, coordinador de la central sindical.
Los sindicalistas señalaron que en la reunión con Mujica no se profundizó sobre el proyecto interpretativo de la ley Caducidad. "El gobierno, a través del presidente, ha dejado especificado que el tema de la anulación de la ley Caducidad es resorte de la fuerza política y de ésta representada en el Parlamento", dijo Oyenart. El dirigente destacó que el presidente Mujica optara por "no intervenir" y rechazara luego la posibilidad de vetar la ley. "Con eso tenemos tranquilidad de que lo que va a pasar el 20 de mayo es que se van a anular los efectos más nocivos de esta ley", concluyó Oyenart. El País Digital
Pit-Cnt priorizará logros del gobierno y no críticas
1° de Mayo. Sin tensión por fin de los Consejo de Salarios
Un mejor relacionamiento con el presidente José Mujica y el fin de los Consejos de Salarios, proyectan un acto del 1° de Mayo tranquilo para el gobierno. El Pit-Cnt pondrá el acento más en las propuestas y los logros que en las críticas. Al coordinador de la central sindical, Juan Castillo, le rechina el calificativo "light" cuando se lo emparenta para definir el tono del acto del domingo. "No buscamos balancear el discurso para que no sea tan crítico. El acto va a tener las críticas al gobierno que tenga que tener y va a tener reconocimientos, porque lo que está bien, está bien, y no tenemos vergüenza en decirlo", indicó el sindicalista.
Lo cierto es que las oratorias no incluirán grandes críticas al gobierno, y estarán centradas básicamente en una serie de propuestas en el plano económico, productivo y en el destaque a los temas de derechos humanos, como la anulación de la ley de Caducidad y el rechazo a la campaña de la oposición para la baja de la edad de imputabilidad.
Este tono moderado en el mensaje del Pit-Cnt nace del desvanecimiento de factores claros de conflictividad: los Consejos de Salarios terminaron esta semana, la discusión del Presupuesto quedó atrás, y la puja interna entre las corrientes sindicales de cara al Congreso de la central, previsto para agosto, aún "está en el freezer". Además, ya pasó el agite de las elecciones celebradas esta semana en los sindicatos de funcionarios bancarios (AEBU) y municipales (Adeom).
Ni siquiera la polémica por la modificación de la ley de Negociación Colectiva promovida por las cámaras empresariales tendrá mayor peso en los discursos del domingo.
"Va a haber una respuesta a ello pero no va a robar el discurso, no es el centro", comentó Castillo al respecto.
El propio Castillo (PCU) y Edgardo Oyenart (PVP), ambos coordinadores del Pit-Cnt, serán los oradores del acto, que se realizará en Las Piedras a partir de la hora 15.
En su oratoria, Castillo abordará los ejes temáticos referidos a la distribución de la riqueza, el país productivo y la formación y capacitación de los trabajadores.
Dentro de ese capítulo, uno de los puntos en los que la central mostrará su discrepancia con el gobierno es el que hace al proyecto original de la ley de Participación Público-Privada. Eso, "más allá de que nos estamos enterando que está sufriendo cambios", aclaró el sindicalista.
Por su parte, Oyenart se referirá a los derechos humanos. El punto fuerte será expresar la opinión del Pit-Cnt por la anulación de la ley de Caducidad -a poco más de dos semanas de que se apruebe el proyecto interpretativo de la ley- y el salir a posicionarse en contra de la campaña de recolección de firmas para la baja de la edad de imputabilidad.
La ley de Caducidad ya había sido el punto fuerte de la oratoria del Pit-Cnt en el acto del año pasado, también marcado por un tono medido de los sindicalistas, expectantes de lo que pudiera hacer el gobierno de José Mujica, quien había asumido un mes antes.
Otro factor que suma a este contexto moderado en el Día de los Trabajadores es el relacionamiento de la central obrera con el propio Mujica.
En ese sentido, Castillo señaló que el presidente no había arrancado bien, al protagonizar incluso antes de asumir, algunos cruces mediáticos. No obstante, señaló que el diálogo con el mandatario ha mejorado.
"El relacionamiento entre el Pit-Cnt y el gobierno mantiene las características de los últimos años y el relacionamiento personal con el presidente ha mejorado notoriamente, aunque eso no exime de tener diferencias", aclaró Castillo.
Radicales. Las actividades por el Día de los Trabajadores no terminan en el acto del Pit-Cnt. Como cada año, las agrupaciones sindicales de orientación radical, enfrentadas a la conducción de la central y a los gobiernos frenteamplistas, realizarán su propio acto.
A diferencia de otros años, los sindicalistas identificados con la Tendencia Clasista y Combativa (TCC), Plenaria Memoria y Justicia y aquellos militantes de Asamblea Popular compartirán la tribuna en la Plaza 1° de Mayo, desde la hora 13 de mañana domingo.
Sergio Pereira, directivo del sindicato del taxi (Suatt) remarcó que los radicales harán una "tribuna abierta" para todos los gremios en conflicto y lanzarán duros cuestionamientos hacia las políticas económicas, salariales y de negociación colectiva desarrolladas por la administración de José Mujica.
El sindicalista hizo hincapié en la sintonía entre la central sindical y el gobierno, al punto que el acto del Pit-Cnt se enmarca en los festejos oficiales del Bicentenario, al que asistirán el presidente, ministros y legisladores del FA, dijo Pereira.
El sindicalista desmarcó el acto clasista respecto al del Pit-Cnt en el que "se va a deslizar alguna crítica pero va a haber una consonancia con el gobierno y el partido de gobierno que también es el partido de la abrumadora mayoría de la conducción del Pit-Cnt".
Según el reporte, la conflictividad de 2010 se dividió en dos etapas claramente diferenciadas: de enero a julio, con guarismos muy bajos y de agosto a diciembre con aumento importante de la conflictividad. Este tramo del año incluyó conflictos pesados como el de Adeom que afectó el servicio de limpieza de la ciudad, el de AEBU que trancó el clearing de cheques en el sector banca oficial y el de los anestesistas que dilató la realización de operaciones. A estos episodios se sumaron otros, en la rama pública y privada, disparados por la negociación salarial y la discusión del presupuesto.
La conflictividad dio un respiro en el verano y se reactivó en marzo con la continuidad de la ronda salarial. Ejemplo de ello, fueron las ocupaciones en supermercados y empresas de supergás, ambos promovidos por la federación del comercio (Fuecys). Así, el reporte de Ucudal de marzo reveló que la conflictividad "creció un 40% respecto al mismo mes del año pasado". Ahora, el fin de los Consejos de Salarios permite avizorar un escenario de mayor calma sindical.
Lo cierto es que las oratorias no incluirán grandes críticas al gobierno, y estarán centradas básicamente en una serie de propuestas en el plano económico, productivo y en el destaque a los temas de derechos humanos, como la anulación de la ley de Caducidad y el rechazo a la campaña de la oposición para la baja de la edad de imputabilidad.
Este tono moderado en el mensaje del Pit-Cnt nace del desvanecimiento de factores claros de conflictividad: los Consejos de Salarios terminaron esta semana, la discusión del Presupuesto quedó atrás, y la puja interna entre las corrientes sindicales de cara al Congreso de la central, previsto para agosto, aún "está en el freezer". Además, ya pasó el agite de las elecciones celebradas esta semana en los sindicatos de funcionarios bancarios (AEBU) y municipales (Adeom).
"Va a haber una respuesta a ello pero no va a robar el discurso, no es el centro", comentó Castillo al respecto.
El propio Castillo (PCU) y Edgardo Oyenart (PVP), ambos coordinadores del Pit-Cnt, serán los oradores del acto, que se realizará en Las Piedras a partir de la hora 15.
En su oratoria, Castillo abordará los ejes temáticos referidos a la distribución de la riqueza, el país productivo y la formación y capacitación de los trabajadores.
Dentro de ese capítulo, uno de los puntos en los que la central mostrará su discrepancia con el gobierno es el que hace al proyecto original de la ley de Participación Público-Privada. Eso, "más allá de que nos estamos enterando que está sufriendo cambios", aclaró el sindicalista.
Por su parte, Oyenart se referirá a los derechos humanos. El punto fuerte será expresar la opinión del Pit-Cnt por la anulación de la ley de Caducidad -a poco más de dos semanas de que se apruebe el proyecto interpretativo de la ley- y el salir a posicionarse en contra de la campaña de recolección de firmas para la baja de la edad de imputabilidad.
La ley de Caducidad ya había sido el punto fuerte de la oratoria del Pit-Cnt en el acto del año pasado, también marcado por un tono medido de los sindicalistas, expectantes de lo que pudiera hacer el gobierno de José Mujica, quien había asumido un mes antes.
Otro factor que suma a este contexto moderado en el Día de los Trabajadores es el relacionamiento de la central obrera con el propio Mujica.
En ese sentido, Castillo señaló que el presidente no había arrancado bien, al protagonizar incluso antes de asumir, algunos cruces mediáticos. No obstante, señaló que el diálogo con el mandatario ha mejorado.
"El relacionamiento entre el Pit-Cnt y el gobierno mantiene las características de los últimos años y el relacionamiento personal con el presidente ha mejorado notoriamente, aunque eso no exime de tener diferencias", aclaró Castillo.
Radicales. Las actividades por el Día de los Trabajadores no terminan en el acto del Pit-Cnt. Como cada año, las agrupaciones sindicales de orientación radical, enfrentadas a la conducción de la central y a los gobiernos frenteamplistas, realizarán su propio acto.
A diferencia de otros años, los sindicalistas identificados con la Tendencia Clasista y Combativa (TCC), Plenaria Memoria y Justicia y aquellos militantes de Asamblea Popular compartirán la tribuna en la Plaza 1° de Mayo, desde la hora 13 de mañana domingo.
Sergio Pereira, directivo del sindicato del taxi (Suatt) remarcó que los radicales harán una "tribuna abierta" para todos los gremios en conflicto y lanzarán duros cuestionamientos hacia las políticas económicas, salariales y de negociación colectiva desarrolladas por la administración de José Mujica.
El sindicalista hizo hincapié en la sintonía entre la central sindical y el gobierno, al punto que el acto del Pit-Cnt se enmarca en los festejos oficiales del Bicentenario, al que asistirán el presidente, ministros y legisladores del FA, dijo Pereira.
El sindicalista desmarcó el acto clasista respecto al del Pit-Cnt en el que "se va a deslizar alguna crítica pero va a haber una consonancia con el gobierno y el partido de gobierno que también es el partido de la abrumadora mayoría de la conducción del Pit-Cnt".
Alta conflictividad durante el 2010
El primer año del gobierno de José Mujica estuvo marcado por una creciente conflictividad sindical, que llegó a duplicar el registro del año 2005, el primero de la administración de Tabaré Vázquez. Las conclusiones surgen del informe de conflictividad laboral 2010, elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.Según el reporte, la conflictividad de 2010 se dividió en dos etapas claramente diferenciadas: de enero a julio, con guarismos muy bajos y de agosto a diciembre con aumento importante de la conflictividad. Este tramo del año incluyó conflictos pesados como el de Adeom que afectó el servicio de limpieza de la ciudad, el de AEBU que trancó el clearing de cheques en el sector banca oficial y el de los anestesistas que dilató la realización de operaciones. A estos episodios se sumaron otros, en la rama pública y privada, disparados por la negociación salarial y la discusión del presupuesto.
La conflictividad dio un respiro en el verano y se reactivó en marzo con la continuidad de la ronda salarial. Ejemplo de ello, fueron las ocupaciones en supermercados y empresas de supergás, ambos promovidos por la federación del comercio (Fuecys). Así, el reporte de Ucudal de marzo reveló que la conflictividad "creció un 40% respecto al mismo mes del año pasado". Ahora, el fin de los Consejos de Salarios permite avizorar un escenario de mayor calma sindical.
El País Digital
El hierro con el viento en contra
El megaproyecto de la minera Aratirí comienza a enfrentar oposición política.
por Martín Aguirre
El País Digitalpor Martín Aguirre
Al principio todo fueron flores. La propuesta de la empresa Aratirí para extraer hierro en Uruguay incluía una inversión de dos mil millones de dólares con puerto exclusivo en Rocha, un enorme "mineroducto" y cientos de puestos de trabajo. Al ritmo de estas promesas, los distintos sectores políticos abrazaron el proyecto con fervor. Sin embargo, en estos últimos meses y a medida que ha crecido un movimiento social contrario al mismo, varios dirigentes de la oposición han salido a manifestar su contrariedad. Y el gobierno duda sobre si jugarse a fondo por una propuesta que puede cambiar radicalmente el mapa económico (y físico) del país, pero que puede generarle una ola de críticas de imprevisibles costos a futuro.
"Estoy en contra de Aratirí", dijo el senador Larrañaga. "Uruguay no necesita este tipo de inversiones", dijo el diputado Lacalle Pou. "Esto es muy grande, hay que ver si convive con la actividad agropecuaria y turística", dijo Pedro Bordaberry. Así, de a poco, dirigentes de la oposición comienzan a deslindarse del megaproyecto minero. Y también algunos oficialistas. Hasta el punto que el propio presidente Mujica, que había sido gran defensor de la inversión, ha comenzado a cambiar la cara y ha dicho que concretarla "está difícil". ¿Que pasó para que el viento cambie tanto en tan poco tiempo?
Probablemente el primer aspecto que ha generado este viraje ha sido el propio avance del proyecto. A medida que la empresa ha ido presentando los primeros estudios de impacto ambiental, y datos concretos sobre la magnitud del mismo, muchos dirigentes han quedado shockeados por su envergadura. La empresa piensa afectar unas 120 mil hectáreas, en las que se realizarían enormes pozos de 100 hectáreas y hasta 400 metros de profundidad, con efectos sobre la topografía y las corrientes de agua que la propia Aratirí en su informe califica en muchos casos como "irreversibles".
Pero lo que ha generado más revuelo estos días es el creciente movimiento de descontento popular en la zona. Lo que comenzó con algunos gritos aislados ha terminado por organizarse de manera sostenida, sumando a sectores muy diferentes que van desde pequeños productores rurales, activistas urbanos, grupos con intereses turísticos, y hasta algunos académicos. Con el recuerdo fresco de lo sucedido con Botnia, los dirigentes políticos saben que no se trata de algo a subestimar.
Uno de los aspectos más llamativos de estos movimientos es que han crecido a través de Internet, lo cual ha potenciado su capacidad de presión. Como ejemplo, días atrás se llevó adelante una instancia judicial en un campo cuya propietaria demandó a la empresa por daños causados en su predio en tareas prospectivas. Y lo que normalmente sería un trámite judicial sin mayores repercusiones, aglomeró a un centenar de personas.
El gran tema al analizar estos movimientos sociales contrarios es si se trata de una preocupación genuina de gente que ve amenazada su forma de vida o que tiene legítima preocupación por el medioambiente. Sobre todo porque también hay gente involucrada que hoy critica la minería, ayer la forestación, mañana la soja, y todo aquello que implique un avance económico para el país. Es más, días atrás en Cerro Chato un grupo de vecinos se manifestó para apoyar el proyecto de Aratirí, resaltando el empuje comercial que ha dado a la zona.
Pero la heterogeneidad del movimiento contrario a Aratirí, y la falta de un trasfondo político como en el caso Botnia, habilitan a darle una cuota de credibilidad al mismo. Otros aspectos también generan inquietud.
El primero es el de los cambios que a las apuradas viene forzando el gobierno en el Parlamento al Código de Minería, para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Hay estudios legales, algunos como el del Dr. Juan Andrés Ramírez que fuera publicado en este mismo diario, que alertan que muchos de esos cambios son negativos para los intereses nacionales y que generarán complejos conflictos legales a futuro.
Otra cuestión polémica es que el principal portavoz de la empresa en Uruguay, el ingeniero Puntigliano, se desempeñó como presidente de la Administración Nacional de Puertos en el gobierno anterior, y pasó de ocupar ese cargo a trabajar para una empresa privada que negocia un contrato multimillonario con el Estado. Algo que en Uruguay no tiene reparos legales, pero que en otros países está muy regulado.
Por encima de estos aspectos, la problemática desatada por Aratirí deja en evidencia algunas carencias importantes del Estado uruguayo. Por ejemplo, no parece razonable que la Dirección Nacional de Minería tenga un solo inspector en todo el país. Que la Universidad no tenga carreras especializadas en el área, ni en Derecho, ni en Ingeniería. Y que se vaya a modificar algo tan importante como el Código de Minería sobre la hora y ante los requerimientos de una empresa concreta.
Con estas condiciones no parece que los dirigentes políticos puedan contar con la información precisa, libre de preconceptos, miedos, pero también de "globos" especulativos, que les permita tomar las decisiones correctas para el futuro del país.
La frase.
"Hay futuro en la minería, pero los proyectos deben ser sustentables y no aventuras, para que el país no quede como un queso". (Ex director de Minería, Carlos Soares de Lima)
El dato.
La minería es una actividad tradicional en muchos países de América Latina. Se estima que en los próximos 5 años la región recibirá inversiones por US$ 150 mil millones.
EE.UU. TUVO DE FUENTE VATICANA AL RELIGIOSO LUIS MARIANO MONTEMAYOR
EN LA ERA BUSH
Un monseñor argentino en Wikileaks
El embajador norteamericano James Nicholson, según los cables, dijo entender que Montemayor tenía “un duro juicio sobre el terrorismo de Al Qaida por sus precedentes en la Argentina”. Es hijo de un oficial de la Marina durante la dictadura.
Por Elena Llorente/Pagina 12Desde Roma
La visión que el Vaticano tenía de la guerra en Afganistán y del centro de detenidos de Guantánamo –donde fueron a parar los talibán y los sospechosos y menos sospechosos de ser simpatizantes de Al Qaida capturados en Afganistán– fue motivo de atención para el gobierno estadounidense de George W. Bush, que se preocupó por averiguarlo de buena fuente: un monseñor argentino que trabajaba en la Secretaría de Estado, es decir en las oficinas del primer ministro de la Santa Sede.
La historia salió a relucir en unos cables de Wikileaks publicados ayer por el diario romano La Repu-bblica y por la revista L’Espresso.
Los cables, calificados como “reservados”, salieron de la embajada estadounidense ante el Vaticano e implican al embajador de la época, James Nicholson, y al monseñor argentino Luis Mariano Montemayor, quien en ese momento trabajaba en la segunda sección de la Secretaría de Estado, es decir aquella que se ocupa de las relaciones con los demás Estados. Montemayor se ocupaba como Consejero de Nunciatura de primera clase, según el título vaticano, de las relaciones con varios países, entre ellos Afganistán y Pakistán.
Hijo de un oficial de la Marina argentina durante la dictadura militar, Montemayor contó, dijo el cable, que “él y su familia vivían amenazados y con protección policial”. “Sus precedentes en la Argentina parecen esenciales para entender su duro juicio sobre el terrorismo de Al Qaida”, acotó el embajador Nicholson.
Refiriéndose al prelado argentino, el cable dijo además que “el responsable vaticano habló repetidamente de conversaciones con diplomáticos rusos y calificó como un elemento inteligente a Dmitry Shtodin. Monseñor Montemayor contó que la Federación Rusa estaba estudiando cuidadosamente el tratamiento que Estados Unidos da a los detenidos, en busca de útiles precedentes para justificar el tratamiento a los prisioneros de Chechenia”. Montemayor contó que su interlocutor ruso quedó sorprendido por su “falta de sentimientos afectuosos” con respecto a los prisioneros de Guantánamo.
Como argentino, comentó el embajador más adelante, Montemayor encuentra que Estados Unidos se mueve en un terreno familiar para él –tanto desde un punto de vista legal como ético– en cuanto a la manera de afrontar el caso de los detenidos de Guantánamo, así como el de John Walker (N. de la R.: Un joven estadounidense, sospechoso de ser talibán, capturado en Afganistán). No obstante, Montemayor se preguntó si los tribunales contra los militares que hubo en la Argentina podrían tener una reedición en Estados Unidos con relación a Guantánamo.
El prelado argentino dijo además, según el cable, que “el asunto del tratamiento de los detenidos puede ganar importancia dentro del Vaticano, donde un debate sobre este tema terminó con un sólido apoyo, aun con algunas reservas, a la campaña de Estados Unidos” en Afganistán.
También se refirió a ciertas voces dentro del Vaticano que hacían temer un desastre humanitario en Afganistán, pero notó por el contrario, “con satisfacción, que la intervención estadounidense ha mejorado claramente la condición humanitaria de los afganos”.
Nacido en Buenos Aires en 1956, Montemayor fue ordenado sacerdote por el cardenal Juan Carlos Aramburu en 1985. Después estudió en Roma y en 1991 se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de la capital italiana. Entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede ese mismo año y desde 1993 trabajó en las nunciaturas apostólicas de Etiopía, Brasil, Tailandia, Camboya y Singapur. En agosto de 2000 se incorporó a la Secretaría de Estado vaticano. Actualmente es nuncio apostólico, es decir embajador del Vaticano, en Senegal.
