Víctor Hugo Abelando (Brecha)
La forma de plantarse del oficialismo en la discusión y posterior aprobación parlamentaria demostró que el proyecto votado, a pesar de sus fortalezas éticas, tiene sus debilidades políticas. También probó que en el Frente Amplio (fa), más allá de los discursos, coexisten dos lecturas sobre el pasado reciente. Incluso emerge una tercera cuestión: ¿cuál es la forma de incorporar las fuerzas armadas al proceso iniciado en 2005?
Días y horas antes de que el Senado, con los votos del oficialismo, diera media sanción al proyecto interpretativo de la ley de caducidad, el fa parecía haber resuelto su crisis interna sobre el tema, al primar el criterio de la unidad de acción. Fuera de esta última quedaba el senador Jorge Saravia (rebelde impenitente a la decisión de la fuerza política), pero su anunciado voto negativo no era suficiente para impedir la sanción de la norma.
Empero, la renuncia a su banca del senador de la cap-l Eleuterio Fernández Huidobro, ocurrida después de votar positivamente el proyecto, ensombreció el paso dado por los frenteamplistas para terminar con la ley de caducidad. Renuncia que sus pares no salían que habría de producirse y que tampoco fue anunciada cuando los máximos dirigentes del fa se reunieron días atrás para que la unidad de acción primara por sobre las diferencias existentes. Allí Fernández Huidobro anunció que acataría la postura de la mayoría, a pesar de exponer nuevamente la argumentación contraria al proyecto.
En los números ocurrió lo esperado por el Frente, estuvieron los 16 votos previstos (Rodolfo Nin Novoa, también opuesto, fue sustituido por su suplente a la hora de votar), pero en lo político la cosa es diferente. El fa pierde uno de sus principales senadores y deja otra vez en evidencia las diferentes concepciones sobre el tema.
Mal parida
Una comisión frenteamplista trabajó cuatro meses antes de votar en Diputados un proyecto interpretativo de la ley de caducidad que se trancó en Senadores. Los esfuerzos continuaron y el texto fue modificado para asegurar el voto de dos de los tres senadores disidentes. Se tejió y tejió para llegar al proyecto que el martes aprobó el Senado y que ahora deberá volver a Diputados para que allí se aprueben las modificaciones. Es decir, se cumplieron aspectos formales para poder anular la ley de caducidad.
Sin embargo es evidente la existencia de contradicciones y de puntos débiles en la táctica desarrollada para su anulación.
Hoy en el fa hay dos maneras de concebir los derechos humanos. Una que sostiene que los mismos son valores universales, que no pueden ser sometidos a las contingencias nacionales. La contradicción aquí es: si eso es así, por qué los parlamentarios frenteamplistas no resolvieron en el Parlamento con su mayoría y por el contrario se embarcaron en un nuevo plebiscito. La argumentación de que no había sido parte del programa aprobado en 2003 y por tanto no cabía someterla al Legislativo, no fue utilizada para otras leyes que sí se votaron, por ejemplo, el tratado de inversiones con Estados Unidos, o la autorización de enviar tropas a Haití, o la discusión sobre un tlc con Estados Unidos, esto último impulsado desde el gobierno y finalmente desechado antes de llegar a las cámaras.
Lo cierto es que el proyecto con media sanción desconoce dos pronunciamientos populares, aunque resulta evidente que el último tuvo sus trampas por parte de la Corte Electoral (por ejemplo, la imposibilidad de votar negativamente) y que también existió una gran desidia en el fa para trabajar en la búsqueda de voluntades para anular la caducidad. No parece tampoco de recibo suficiente otro de los argumentos esgrimidos para justificar la inconveniencia de la consulta de octubre de 2009: que la razón del fracaso fuera instrumental, por mezclar un plebiscito con una elección nacional. El del agua fue exitoso en los comicios de 2004, en los que ganara por primera vez el Frente.
En contra de las posturas que sostienen que la votación del martes desestimó al “soberano”, uno de los principios republicanos, el senador Enrique Rubio (va) señaló a Brecha que “en la base de la República está el voto ciudadano, pero el otro principio es la separación de poderes. Lo más importante que hizo el Parlamento es devolverle al Poder Judicial todas sus potestades. Ese es el dato más importante, pues en último término lo que puede suceder es que si el juez se rige por la vieja ley, la víctima interpone recurso de inconstitucionalidad como se ha hecho y la corte resuelve. Si el juez se rige por la ley aprobada, el victimario va a interponer recurso de inconstitucionalidad. Y siempre define la Suprema Corte de Justicia”.
Afinando
Tras la discusión de hasta dónde ir en el tema de los derechos humanos existe un trasfondo de diferencias ideológicas y de distintas lecturas del pasado reciente. La forma como el gobierno corteja a los militares, la defensa que Fernández Huidobro hace de algunos militares encarcelados (recuérdese cómo exculpó a Miguel Dalmao del asesinato de la estudiante comunista Nibia Sabalsagaray) o el señalamiento de que por el asesinato de Eugenio Berríos fueron procesados unos “perejiles” (véase entrevista en páginas 2 y 3), más parece formar parte de una lógica de combatientes, que se reconocen iguales en los “errores cometidos”. Para varios dirigentes de la izquierda uruguaya existe ese peligro de unir la “lógica de los combatientes con ese otro ingrediente del nacionalismo. El pensamiento de la izquierda ha ido por otro lado en el tema de los derechos humanos y de los derechos en general. Hubo algunos que estuvieron en la lucha y consideran que ella se terminó cuando fueron derrotados. Y no reconocen que después, cuando ya no estaban hubo terrorismo de Estado contra el pueblo para aplicar un modelo socioeconómico”.
En el fondo, la discusión de cómo resolver el tema de la violación de los derechos humanos opaca otro debate: cómo pararse frente a las Fuerzas Armadas cuando se quiere ir hacia un proceso de transformaciones profundas. El presidente José Mujica, sostienen referentes frenteamplistas, ha dicho con acierto que los militares deben participar de ese proceso. La interrogante es si eso se logra, como aparenta ser el camino iniciado, por una sucesión de concesiones y dándoles el espacio para que se transformen en interlocutores del gobierno cuando se pretende terminar con la impunidad, o por el contrario se trabaja en la concepción gramsciana de convencerlos de la necesidad de los cambios, comprendiendo que no son una corporación cerrada.
LUNES 18 DE ABRIL DE 2011 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
Último Momento
SATURACIÓN
Quedaron libres 42 de los 44 detenidos
en megaoperativo
La Justicia liberó a 42 de los 44 detenidos esta mañana en un nuevo megaoperativo policial efectuado esta vez en Malvín Norte.
Los dos detenidos comparecerán mañana ante la Justicia.
En tanto, otras dos personas quedaron emplazadas por estar requeridas.
Temprano en la mañana la Policía desplegó sorpresivamente un nuevo megaoperativo de saturación en las inmediaciones del barrio Malvín Norte, confirmó a EL PAÍS digital el jefe de prensa de la Jefatura, Juan Carlos Duré.
Las autoridades detuvieron a 44 personas en diversos allanamientos, agregó Duré.
El jerarca policial dijo que del total de detenidos, 20 se encontraban en una casa abandonada consumiendo drogas. De todas formas agregó que no se encontró una cantidad considerable de estupefacientes.
Efectivos de la seccional 15ª, de Coraceros, la Guardia Metropolitana, el plantel de perros, con el apoyo de un helicóptero participan del despliegue.
A consecuencia del operativo, se suspendieron algunos vuelos a Buenos Aires ya que las autoridades solicitaron el cierre del espacio aéreo para que el helicóptero pudiera operar con libertad.
ANTECEDENTES. Es el tercer operativo que las autoridades realizan en lo que va del mes. El primero fue en el barrio Chacarita de los Padres a principios de abril, que culminó con la incautación de un arma, drogas y varias personas detenidas.
El segundo fue la semana pasada en la Cruz de Carrasco y culminó con similares resultados al del primero.
Los dos detenidos comparecerán mañana ante la Justicia.
En tanto, otras dos personas quedaron emplazadas por estar requeridas.
Temprano en la mañana la Policía desplegó sorpresivamente un nuevo megaoperativo de saturación en las inmediaciones del barrio Malvín Norte, confirmó a EL PAÍS digital el jefe de prensa de la Jefatura, Juan Carlos Duré.
Las autoridades detuvieron a 44 personas en diversos allanamientos, agregó Duré.
El jerarca policial dijo que del total de detenidos, 20 se encontraban en una casa abandonada consumiendo drogas. De todas formas agregó que no se encontró una cantidad considerable de estupefacientes.
Efectivos de la seccional 15ª, de Coraceros, la Guardia Metropolitana, el plantel de perros, con el apoyo de un helicóptero participan del despliegue.
A consecuencia del operativo, se suspendieron algunos vuelos a Buenos Aires ya que las autoridades solicitaron el cierre del espacio aéreo para que el helicóptero pudiera operar con libertad.
ANTECEDENTES. Es el tercer operativo que las autoridades realizan en lo que va del mes. El primero fue en el barrio Chacarita de los Padres a principios de abril, que culminó con la incautación de un arma, drogas y varias personas detenidas.
El segundo fue la semana pasada en la Cruz de Carrasco y culminó con similares resultados al del primero.
El País Digital
Argentina: Ahora la Comisión presentará documentación sobre robo de bebes
La Comisión por la memoria de Buenos Aires presentará ahora, abril de 2011, documentación sobre el robo de bebes en la dictadura
Casapueblos-AEDD | Para Kaos en la Red | 10-4-2011 a las 18:03 |
La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) entregará -el próximo miércoles- al tribunal que juzga el plan sistemático de robo y apropiación de niños y bebés durante la última dictadura, documentación localizada en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), se informó oficialmente.
Está previsto que la entrega del material y del informe elaborado a partir de ella se concrete por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una entrevista entre la presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, María del Carmen Roqueta, los miembros de la Comisión Laura Conte y Aldo Etchegoyen, y la perito Claudia Bellingeri, que coordina la subárea de Justicia del Centro de Documentación y Archivo.
Entre el material que se aportará se destacan documentos que muestran la persecución ejercida por la DIPPBA y la "comunidad informativa" sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, sus actividades de denuncia y la documentación que ellas fueron recolectando sobre los captores de sus nietos.
También se aportarán las fichas de los niños secuestrados, que la Policía registraba minuciosamente y que sirven para comprobar el interés de las Fuerzas por controlar el secuestro de niños.
El Centro de Documentación y Archivo de la CPM continuamente aporta a la Justicia documentación localizada en el fondo documental de la ex DIPPBA y requerida por juzgados de primera instancia, por el ministerio público fiscal o por tribunales orales, en el marco de las numerosas investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.
"Los documentos contribuyen a resignificar testimonios de sobrevivientes y a echar luz sobre los hechos investigados", destacó la Comisión en un comunicado.
Para el 11 de mayo próximo, la perito Claudia Bellingeri fue citada a prestar declaración en el marco de este juicio oral.
"Este juicio oral, que comenzó en febrero de este año, expone la práctica más atroz cometida por los militares en nuestro país entre 1976 y 1983: el robo de niños y bebés", remarcó la Comisión.
Sostuvo que fue "una violación que completa la estrategia del exterminio al separar a los niños de sus padres, hacerlos nacer en maternidades clandestinas montadas en centros clandestinos de detención como Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada, el Pozo de Banfield, Automotores Orletti, Vesubio o La Cacha y sustituirles la identidad".
"La causa se conoce con el nombre de "Plan Sistemático de robo de bebés" porque no se juzgan los casos particulares (incluidos, muchas veces, en otras causas judiciales) sino la existencia de un plan ideado por la dictadura militar. Abuelas de Plaza de Mayo estima que los niños apropiados en estas circunstancias son alrededor de 500", explicó.
http://robomenores.blogspot.
Argentina: El primer juicio de lesa
humanidad en Entre Ríos será en julio
Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone –comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976– será juzgado por dos causas acumuladas: una es la que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.
Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien ejercía la actividad periodística en la vecina ciudad de Salto antes del golpe y luego con el retorno de la democracia fue propietario de una radio FM y un canal de TV. Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
El decreto firmado ayer por Lilia Carnero como presidenta del Tribunal Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos en una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de Urquiza 868.
El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos del movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.
Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.
Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay.
Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y el coadyuvante José Ignacio Candioti.
La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar, consigna Uno.
Torturas en la Federal
El sobreviviente del terrorismo de Estado César Román denunció que Crescenzo, Rodríguez y José María Mazzaferri lo secuestraron la noche del 16 de julio de 1976 y lo alojaron junto a un grupo de compañeros de 5º año de la escuela Secundaria y otros jóvenes en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde fueron torturados. En los interrogatorios le preguntaban por sus actividades en la escuela Normal y un supuesto mimeógrafo. Las condiciones de detención eran inhumanas: rara vez los llevaban al baño, no podían hablar, los sentaban contra la pared y no les permitían dormir. Si se dormían, los golpeaban con la mano abierta en los oídos. A medida que pasaban los días las sesiones de tormentos eran más violentas. Les pasaban la picana y los hacían ver cómo torturaban a los demás. Quien aplicaba las torturas era el prófugo Mazzaferri.
Secuestrados y desaparecidos
Julio Alberto Solaga fue secuestrado la noche del 22 de noviembre de 1976, frente a su casa de Concordia, cuando estaba conversando con un vecino. Tres personas de 40 a 45 años, robustas, que dijeron ser de la Policía Federal, lo escoltaron hasta introducirlo en un Renault 12 blanco, sin patente, que era vox pópuli que era utilizado por el Regimiento local para apresar ilegalmente a los opositores políticos. Desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su paradero.
A Sixto Francisco Zalasar lo secuestró un grupo de tareas de cuatro personas el 26 de mayo de 1976, a las 6.45, cuando iba hacia su trabajo. Trató de evadir el operativo, se metió en la casa de un vecino en calle Diamante y de allí lo sacaron los secuestradores. Hasta la fecha sigue desaparecido.
La tercera víctima es Juan José Durantini, quien fue detenido ilegalmente el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, por parte de personal militar. Fue alojado en el Regimiento de Tanques VI de Concordia, luego durante 20 días en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, posteriormente en la cárcel de Gualeguaychú y finalmente en la de Coronda hasta el momento en que fue liberado.
Publicado por DIARIO JUNIO DIGITAL
cuatro eran muchachas embarazadas
Identificaron los restos de cinco desaparecidos en la última dictadura y los entregarán a sus familias
La justicia federal porteña formalizó la identificación de los restos de cinco desaparecidos durante la última dictadura y ordenó su entrega los familiares, con lo cual el número total de desaparecidos cuyos restos quedaron identificados suman 200, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de María Leonor Abinet, Gladis del Valle Porcel de Puggioni, Liliana Irma Ross de Rossetti, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados en 1976, cuyos restos fueron exhumados en el cementerio municipal del partido de General San Martin en 1984 pero recién quedaron identificados ahora.
Según informó Horacio Cattani, presidente de la Sala II de la Cámara Federal porteña a cargo de todas las actuaciones relacionadas con la búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas, las labores para estas cinco identificaciones las inició el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2006.
Todos los cuerpos habían sido hallados en los primeros días de febrero de 1977, en la localidad de Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, y según las partidas de defunción todas las muertes se produjeron por heridas de bala.
María Leonor Abinet tenía 31 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en Caseros y dio a luz en cautiverio a Elena Gallinari Abinet, la primera hija de desaparecidos restituida, en 1986.
Gladis del Valle Porcel de Puggioni fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 cuando tenía 23 años y se encontraba embarazada de cinco meses, tras lo cual fue vista en los centros clandestinos de detención “Proto Banco” y “Vesubio”.
Liliana Irma Ross de Rossetti fue secuestrada el día 10 de diciembre de 1976 en La Plata, cuando tenía 21 años y cursaba el cuatro mes de embarazo, y fue vista en el centro clandestino de detención de 1 y 60 en La Plata, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Norma Robert de Andreu, maestra y estudiante de arquitectura en la Plata, tenía 25 años cuando fue secuestrada el 16 de octubre de 1976 en Carhué, luego de lo cual fue vista junto a su marido también desaparecido, Edgardo Miguel Andreu, en el en el centro clandestino Pozo de Banfield.
El quinto identificado es Miguel Ángel Soria, un obrero de 25 años delegado en los Astilleros Rio Santiago y en el frigorífico Swift que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Los restos óseos habían sido recuperados del Cementerio Municipal de General San Martín, en 1984, pero volvieron a ser inhumados en esa necrópolis luego de que la Asesoría Pericial de La Plata no lograra ninguna identificación.
Vueltos a exhumar en 2006 por orden de la Cámara Federal Porteña, se determinó que los restos correspondían a 35 personas, cuyos restos fueron sometidos a una “reasociación intraesqueletal” y enviadas las muestras a laboratorios cordobeses para los correspondientes análisis genéticos, “lo que permitió ir logrando paulatinamente las identificaciones”, señaló Cattani.
Publicado por Casapueblos -
Dilma Rouseff Foto: Efe, Ed Jones
Caminos a la verdad
La presidenta de Brasil declaró que quiere terminar con el “secreto eterno”, categoría que protege documentos de la dictadura.En materia de derechos humanos y recuperación de la memoria respecto a la dictadura, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, parece determinada a ir más allá del camino señalado por su antecesor y padrino político, Lula da Silva. Rousseff mantiene su impulso a la Comisión de la Verdad, aunque reciba críticas, y promueve el fin del secreto que rige para los documentos de la dictadura, entre otras medidas.
Suena conocido
La fiscal brasileña Gilda de Carvalho ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte, en 1976, de João Goulart, el ex presidente depuesto por el golpe de Estado militar el 31 de marzo de 1964. Para la reapertura del caso la fiscal pidió a Argentina los resultados de los análisis realizados al cuerpo de Goulart. Luego de ser derrocado por los militares, Goulart se refugió en Uruguay y al día siguiente de viajar a Argentina murió, según la versión oficial, por un ataque cardíaco.El hijo del mandatario, João Vicente Goulart, sostiene que a su padre lo envenenaron en un operativo del Plan Cóndor. Esta versión fue respaldada por el ex agente uruguayo Mario Neira Barreiro, que está detenido en Brasil, y que en una entrevista dijo que Goulart fue envenenado con una poción preparada por el médico uruguayo Carlos Miles, quien habría sido asesinado años después. Otra muerte vinculada al caso es la del piloto uruguayo Rubén Rivero, que murió sospechosamente cuando investigaba la muerte de Goulart y trasladaba pruebas sobre el robo de sus bienes de Buenos Aires a Montevideo.
Al respecto, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, dijo que “esta novela podrá desmitificar un tema que debe ser debatido por el público”.
Pero desde algunos sectores militares Amor y revolución fue cuestionada. “¿Cuál es la finalidad de la novela? ¿Acaso vino para revivir el tema [de la dictadura]?”, plantea en un comunicado José Luiz Dalla Vecchia, secretario de una asociación de militares retirados. El comunicado tiene como objetivo reunir firmas para presentarlas en el Ministerio Público reclamando que la ficción sea levantada del aire, porque “las Fuerzas Armadas no deben permitir, dentro de la legalidad, que la novela sea exhibida”, según el documento colgado en la página militar.com.br. El impacto de la telenovela se debe en parte a que la historia reciente de Brasil ha sido poco retratada en la cultura popular del país.
“Por mayores que sean algunos esfuerzos para ‘crear’ una versión diferente de la real, los hechos registrados en la memoria de los ciudadanos de bien y transmitidos por sus sucesores son imborrables”, indicó un comunicado de los clubes militares de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, formados en su mayoría por militares que se retiraron después de la dictadura. La toma del poder por parte de los militares fue, según ellos, una respuesta “a los reclamos de la opinión pública” y al “estado de situación patrocinado por el gobierno que intentaba establecer en Brasil un régimen dictatorial comunista”.
Con “esfuerzos para ‘crear’ una versión diferente” los militares aluden a la Comisión de la Verdad, cuya creación fue propuesta por el gobierno de Lula da Silva. La comisión es criticada tanto por las Fuerzas Armadas como por los grupos defensores de derechos humanos.
En una carta dirigida al ministro de Defensa, Nelson Jobim, un grupo de militares argumentó que la comisión provocaría “serias tensiones y desavenencias” por la discusión de “hechos que ya fueron superados”, mientras que las organizaciones civiles sostienen que la comisión debería tener la posibilidad de llevar las causas sobre violaciones de los derechos humanos ante la Justicia.
En Brasil rige desde 1979 una Ley de Amnistía que el año pasado fue ratificada por los ministros del Supremo Tribunal de Justicia. A fines de 2009 el gobierno de Lula intentó reevaluar esa legislación para flexibilizarla y que algunos de los delitos sí pudieran ser juzgados, pero esto no prosperó. Justamente por ello, la Comisión de la Verdad se dedicará exclusivamente a recoger testimonios, informes, pruebas, para elaborar una historia oficial sobre lo que ocurrió durante la dictadura. Rousseff ya expresó su deseo de que el proyecto de ley sea aprobado este año, al igual que otro que busca terminar con el “secreto eterno” de algunos documentos producidos durante la dictadura. Ésa es una de las categorías donde se pueden guardar estos documentos durante 30 años, avalada durante los gobiernos de Lula y el anterior, de Fernando Henrique Cardoso. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pide el fin definitivo del “secreto eterno”, en lo posible, para el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La mayoría de los documentos de la dictadura que duermen en el Archivo Nacional ya se están divulgando en los medios gracias a reformas legales concretadas a fines del gobierno de Lula. Casualmente el viernes, horas después de que trascendiera el proyecto de la presidenta, la Fuerza Aeronáutica reveló un documento que se mantuvo secreto durante 30 años y en el cual se afirma que la guerrilla en la que militaba Rousseff, VAR Palmares, planeaba “ajusticiar a oficiales del Ejército” entre 1969 y 1970.
En otra guerrilla, la de Araguaia, militaba el ex diputado José Genoino, asesor cercano de la presidenta, que cumplirá funciones en el Ministerio de Defensa, que es dirigido por Jobim, un ministro heredado de Lula que no ha dudado en tomar partido por reclamos de los militares ante sus compañeros de colectividad política. Genoino aseguró a los medios que su nueva función tiene como objetivo coordinar y articular posiciones entre el Congreso y los ministerios que intervienen en la comisión: Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y no para debilitar a Jobim, como se rumorea en los pasillos de Planalto.
Andrea Martínez
DILMA ROUSSEFF CUMPLIO AYER CIEN DIAS COMO PRESIDENTA DE BRASIL
Un balance positivo en derechos humanos
No bien asumió, la mandataria brasileña ubicó la creación de una Comisión de la Verdad como una de sus prioridades. Ya debió hacer frente a la insubordinación de dos generales, uno de ellos ministro de su gabinete.
Por Darío PignottiPagina 12
Desde Brasilia
Corrían los primeros días del otoño de 1964, vísperas del golpe militar brasileño, cuando una estudiante secundaria, María, debatía con sus compañeros sobre cómo organizar un movimiento revolucionario apoyado por las masas. Con ese diálogo arrancó Amor y revolución, la primera telenovela inspirada en la dictadura, un tema hasta ahora virtualmente proscripto en los medios brasileños, cuya heroína María evoca desde la ficción la juventud de la presidenta Dilma Rousseff, quien ayer cumplió 100 días en el poder volando hacia China, donde hoy iniciaba su primera visita de Estado.
El balance de este tramo inicial del gobierno en materia de derechos humanos es bueno. “Se le dio impulso a la Comisión de la Verdad, parece que en ese tema Dilma llegó con más voluntad política que Lula y quiere hacerla realidad, necesitamos que los jóvenes sepan que la dictadura eliminó a los que la enfrentaron”, ponderó Laura Petit da Silva, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos.
Aunque cien días significan nada para evaluar a un gobierno que se prolongará durante 1460 –hasta el 1º de enero de 2014 cuando se cumplirán 50 años del golpe–, es un plazo razonable para identificar algunas claves.
Dilma situó a los derechos humanos, en particular a la Comisión de la Verdad, entre una de sus prioridades, no la primera, y hasta es posible que se tornen pivote de una batalla cultural/simbólica en un país sometido a la amnesia de Estado, donde hasta hoy el dictador Humberto Castelo Branco, jefe de la sedición del ’64, da nombre a decenas de avenidas.
No será un combate sencillo para la ex guerrillera Rousseff: en sólo tres meses ya debió hacer frente a la insubordinación de dos generales, uno de ellos ministro de su gabinete, exégetas de los años de plomo.
El martes pasado, cuando el melodrama Amor y Revolución mostraba a millones de televidentes el asesinato de estudiantes a manos de militares, Rousseff omitió hablar de la mencionada Comisión para no irritar a los jefes de la Fuerzas Armadas que la condecoraron en una fría ceremonia.
Ex presa política y divorciada, Rousseff probablemente es vista con antipatía por buena parte de la corporación militar, la cual aún se resiste a liberar los archivos de la represión bajo el argumento inverosímil de que fueron quemados.
Si en el plano doméstico los derechos humanos tuvieron peso, en el externo fueron una de las banderas insignia de los primeros 100 días de la presidenta. Por ello en su breve viaje a Buenos Aires, 31 días después de tomar posesión del cargo, hizo un lugar en su agenda para recibir a las Madres de Madres de Plaza de Mayo, a quienes considera un ejemplo en la defensa de los derechos humanos.
Y fue invocando ese principio que deploró la situación de las mujeres en Irán, posición que alteró el rumbo fijado por la diplomacia de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, mentor de un estrecho vínculo con Teherán a pesar del disgusto de Barack Obama y la furia de la secretaria de Estado Hillary Clinton.
Decir que el romance entre Dilma y Obama, quien desembarcó en Brasilia cuando se habían cumplido sólo 78 días de la flamante administración, representa una ruptura con el legado de Lula, es ignorar que el ex presidente y su sucesora están vinculados umbilicalmente a un proyecto de poder de largo plazo.
Claro que la agenda de derechos humanos resultó funcional en la estrategia de Dilma para seducir a la Casa Blanca, y fue en ese contexto que ella desistió de confirmar en su cargo el ex canciller Celso Amorim, principal gestor de la aproximación con Irán, quien desaconsejaba denunciar en la ONU la lapidación de las mujeres iraníes.
A poco de asumir como jefe del Palacio Itamaraty, el canciller Antonio Patriota revisó algunos postulados de Amorim y propuso, junto a Washington, que la ONU envíe un relator sobre derechos humanos a Irán.
Pero a pesar de los nuevos vientos que soplan en la diplomacia “dilmista” Patriota discrepó con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA luego de que ésta saliera en defensa de los indígenas de la amazonia brasileña; una polémica que puede ser el preludio de otra más seria en torno de la Ley de Amnistía promulgada por la dictadura para obstruir que los militares sean juzgados. Si Rousseff no acata la decisión de la OEA y anula la amnistía militar, puede perder legitimidad su discurso internacional sobre los derechos humanos.
Corrían los primeros días del otoño de 1964, vísperas del golpe militar brasileño, cuando una estudiante secundaria, María, debatía con sus compañeros sobre cómo organizar un movimiento revolucionario apoyado por las masas. Con ese diálogo arrancó Amor y revolución, la primera telenovela inspirada en la dictadura, un tema hasta ahora virtualmente proscripto en los medios brasileños, cuya heroína María evoca desde la ficción la juventud de la presidenta Dilma Rousseff, quien ayer cumplió 100 días en el poder volando hacia China, donde hoy iniciaba su primera visita de Estado.
El balance de este tramo inicial del gobierno en materia de derechos humanos es bueno. “Se le dio impulso a la Comisión de la Verdad, parece que en ese tema Dilma llegó con más voluntad política que Lula y quiere hacerla realidad, necesitamos que los jóvenes sepan que la dictadura eliminó a los que la enfrentaron”, ponderó Laura Petit da Silva, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos.
Aunque cien días significan nada para evaluar a un gobierno que se prolongará durante 1460 –hasta el 1º de enero de 2014 cuando se cumplirán 50 años del golpe–, es un plazo razonable para identificar algunas claves.
Dilma situó a los derechos humanos, en particular a la Comisión de la Verdad, entre una de sus prioridades, no la primera, y hasta es posible que se tornen pivote de una batalla cultural/simbólica en un país sometido a la amnesia de Estado, donde hasta hoy el dictador Humberto Castelo Branco, jefe de la sedición del ’64, da nombre a decenas de avenidas.
No será un combate sencillo para la ex guerrillera Rousseff: en sólo tres meses ya debió hacer frente a la insubordinación de dos generales, uno de ellos ministro de su gabinete, exégetas de los años de plomo.
El martes pasado, cuando el melodrama Amor y Revolución mostraba a millones de televidentes el asesinato de estudiantes a manos de militares, Rousseff omitió hablar de la mencionada Comisión para no irritar a los jefes de la Fuerzas Armadas que la condecoraron en una fría ceremonia.
Ex presa política y divorciada, Rousseff probablemente es vista con antipatía por buena parte de la corporación militar, la cual aún se resiste a liberar los archivos de la represión bajo el argumento inverosímil de que fueron quemados.
Si en el plano doméstico los derechos humanos tuvieron peso, en el externo fueron una de las banderas insignia de los primeros 100 días de la presidenta. Por ello en su breve viaje a Buenos Aires, 31 días después de tomar posesión del cargo, hizo un lugar en su agenda para recibir a las Madres de Madres de Plaza de Mayo, a quienes considera un ejemplo en la defensa de los derechos humanos.
Y fue invocando ese principio que deploró la situación de las mujeres en Irán, posición que alteró el rumbo fijado por la diplomacia de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, mentor de un estrecho vínculo con Teherán a pesar del disgusto de Barack Obama y la furia de la secretaria de Estado Hillary Clinton.
Decir que el romance entre Dilma y Obama, quien desembarcó en Brasilia cuando se habían cumplido sólo 78 días de la flamante administración, representa una ruptura con el legado de Lula, es ignorar que el ex presidente y su sucesora están vinculados umbilicalmente a un proyecto de poder de largo plazo.
Claro que la agenda de derechos humanos resultó funcional en la estrategia de Dilma para seducir a la Casa Blanca, y fue en ese contexto que ella desistió de confirmar en su cargo el ex canciller Celso Amorim, principal gestor de la aproximación con Irán, quien desaconsejaba denunciar en la ONU la lapidación de las mujeres iraníes.
A poco de asumir como jefe del Palacio Itamaraty, el canciller Antonio Patriota revisó algunos postulados de Amorim y propuso, junto a Washington, que la ONU envíe un relator sobre derechos humanos a Irán.
Pero a pesar de los nuevos vientos que soplan en la diplomacia “dilmista” Patriota discrepó con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA luego de que ésta saliera en defensa de los indígenas de la amazonia brasileña; una polémica que puede ser el preludio de otra más seria en torno de la Ley de Amnistía promulgada por la dictadura para obstruir que los militares sean juzgados. Si Rousseff no acata la decisión de la OEA y anula la amnistía militar, puede perder legitimidad su discurso internacional sobre los derechos humanos.
Contenedores: fiscal pide citar al presidente de INAU
Viana planteó que son "indignos" y "peores que jaulas" El fiscal civil Enrique Viana presentó una acción de amparo contra el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que una jueza prohíba la utilización de módulos metálicos para alojar a menores infractores.
Viana, en un escrito que presentó el lunes 11 ante la jueza de familia Estrella Pérez Azziz, reclama que no se permita el uso de módulos metálicos para alojar jóvenes infractores, en virtud de que tal situación vulneraría el derecho de los adolescentes de estar recluidos en lugares adecuados.
A fines de abril, el INAU prevé inaugurar en uno de sus hogares un sector con contenedores metálicos que tendrán capacidad para alojar a unos 30 jóvenes. Las autoridades del organismo han explicado que la utilización de los módulos prefabricados son una solución transitoria hasta tanto se inauguren nuevas plazas y se reformen las existentes.
"A todas luces, deviene claro que tal tipo de habitáculos metálicos no son recintos adecuados para la internación o reclusión de menores de edad respecto de los que el Estado tiene deberes constitucionales y legales de protección", plantea Viana en el escrito que presentó ante la jueza Pérez de Azziz, y al cual accedió El País.
Agrega que el Estado "está obligado" a contar con centros de reclusión de menores "en donde sea posible hacer efectivas aquellas privaciones de libertad de adolescentes decididas en las respectivas decisiones judiciales".
Para Viana, los módulos metálicos "podrán servir como cárceles, o como jaulas, al estilo de las del Parque Lecocq, mas no como recintos adecuados para recluir a una población juvenil, y menos como habitáculos finalísticamente destinados para rehabilitar o reeducar a ser humano alguno".
En su escrito, el fiscal subraya que los módulos prefabricados "son indignos para el encierro de cualquier ser humano. Son peores que jaulas".
Viana pidió a la jueza Pérez Azziz que cite a declarar como testigos al presidente del INAU, Javier Salsamendi, y al gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Jorge Jouroff.
Además, el fiscal solicitó que se convoque a Luis Pedernera, coordinador del Comité de los Derechos del Niño, y a Mariela Alvariza, una funcionaria del INAU que divulgó fotos de los módulos metálicos a través de Internet.
El INAU no adquirió los módulos metálicos sino que los alquiló a un costo mensual aproximado a US$ 500 cada uno, ya que se entiende que son una solución transitoria.
"Si se consulta en Internet, este tipo de módulos han tenido usos muy variados, e incluso han funcionado como escuelas. Tienen una gran tecnología de aislamiento, ventanas y cuentan con aire acondicionado", ha explicado el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando.
Según las autoridades del INAU, en este momento hay jóvenes que están alojados en peores condiciones de hacinamiento de las que tendrían en los habitáculos metálicos.
Desde el sindicato de funcionarios del INAU, el dirigente José Lorenzo López, ha señalado que si bien es cierto que se necesita una solución para los centros de internación, la utilización de los módulos prefabricados debe ser algo transitorio solo por un tiempo.
Viana, en un escrito que presentó el lunes 11 ante la jueza de familia Estrella Pérez Azziz, reclama que no se permita el uso de módulos metálicos para alojar jóvenes infractores, en virtud de que tal situación vulneraría el derecho de los adolescentes de estar recluidos en lugares adecuados.
A fines de abril, el INAU prevé inaugurar en uno de sus hogares un sector con contenedores metálicos que tendrán capacidad para alojar a unos 30 jóvenes. Las autoridades del organismo han explicado que la utilización de los módulos prefabricados son una solución transitoria hasta tanto se inauguren nuevas plazas y se reformen las existentes.
"A todas luces, deviene claro que tal tipo de habitáculos metálicos no son recintos adecuados para la internación o reclusión de menores de edad respecto de los que el Estado tiene deberes constitucionales y legales de protección", plantea Viana en el escrito que presentó ante la jueza Pérez de Azziz, y al cual accedió El País.
Para Viana, los módulos metálicos "podrán servir como cárceles, o como jaulas, al estilo de las del Parque Lecocq, mas no como recintos adecuados para recluir a una población juvenil, y menos como habitáculos finalísticamente destinados para rehabilitar o reeducar a ser humano alguno".
En su escrito, el fiscal subraya que los módulos prefabricados "son indignos para el encierro de cualquier ser humano. Son peores que jaulas".
Viana pidió a la jueza Pérez Azziz que cite a declarar como testigos al presidente del INAU, Javier Salsamendi, y al gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Jorge Jouroff.
Además, el fiscal solicitó que se convoque a Luis Pedernera, coordinador del Comité de los Derechos del Niño, y a Mariela Alvariza, una funcionaria del INAU que divulgó fotos de los módulos metálicos a través de Internet.
El INAU no adquirió los módulos metálicos sino que los alquiló a un costo mensual aproximado a US$ 500 cada uno, ya que se entiende que son una solución transitoria.
"Si se consulta en Internet, este tipo de módulos han tenido usos muy variados, e incluso han funcionado como escuelas. Tienen una gran tecnología de aislamiento, ventanas y cuentan con aire acondicionado", ha explicado el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando.
Según las autoridades del INAU, en este momento hay jóvenes que están alojados en peores condiciones de hacinamiento de las que tendrían en los habitáculos metálicos.
Desde el sindicato de funcionarios del INAU, el dirigente José Lorenzo López, ha señalado que si bien es cierto que se necesita una solución para los centros de internación, la utilización de los módulos prefabricados debe ser algo transitorio solo por un tiempo.
El País Digital
La última cortina de humo
La última cortina de humo
La última cortina de humo de nuestro sainete nacional es la invitación del Pajarito a Mariana Zaffaroni. Claro que continúan la ley de imputabilidad,la ley de impunidad,la renuncia del Ñato,la bacteria resistente a los antibióticos y etcs.-
Mientras se distrae la atención no hay que hablar de la venta del 38% del territorio a los gringos,de la forestación ,del glifosato, de que un puñadito de dueños del país tienen 7.000.000 de extàreas de los 9 que quedan...
Ni de que la mitad de los uruguayos ganan 9 mil pesos o menos que todos los ciudadanos le aportamos 2,000 dólares C/U al estado por año,que les damos más de 1.700 millones de dólares a los milicos en el quinquenio,que la deuda (ahora interna) es de 34.000.000.000 (dólares) de aquí a 30 años y un montón de otros etcs.-
Como ví que ésta payasada kafkiana me iba a hacer reventar de bronca,me dí cuenta de cuánta razón tiene el Pepe cuando dice que éste es un país divino para vivir...siempre que no lo tomes en serio.-
Por ahora no hay nada que hacer,está todo el pescado vendido. Lo importante es que el pueblo está feliz y satisfecho,excepto alguna protestita aquí o allá,no pasa nada. El negocio sigue intocado,la gran estancia sigue produciendo;el gobierno invierte construyendo la infraestructura que necesita el proyecto geo-político para saquearnos nuestras riqueza (IRSA),le Que Puntiglianoacondicionamos el Puerto de la Paloma a las pasteras para que abaren sus costos,y de paso le damos jugosos contratos a SACEEM.-Que Puntigliano pague una vuelta y se lleve el fierro (¿y què màs?) por La Angostura....
Hay gobernabilidad. A los milicos los tenemos entre algodones y están tranquilos porque saben que algunos "ex-combatientes" son amigos incondicionales.-
No abrigo muchas esperanzas de lo que le pueda decir el Pajarito a Mariana. Espero que no le plantee el acuerdo del acápite a cambio de información,pero con éstos seres "que parecen humanos pero no son" nunca se sabe lo que se puede esperar.-
MAU-MAU Thursday 14 april 2011
Invitamos a la presentación del documental LOS OLVIDADOS DE LA TIERRA, el próximo jueves 28 de abril, en el local del PIT CNT, calle Jackson 1283 a las 20 hs. agradecemos la difusión por los medios a tu alcance.
gracias.
saludos
TRABAJADORES DE TA-TA FUERON A DECLARAR AL JUZGADO
Se acuerda reunión entre el sindicato y la patronal
LOS TRABAJADORES de Ta-Ta debieron presentarse ante la justicia, lo hicieron el pasado viernes con la particularidad de que la empresa llevo como testigos a los propios dirigentes de FUECYS.
"Nosotros tuvimos la citación ahí en el Juzgado, la empresa nos solicitó ahí un recurso de amparo y fueron citado cuatro dirigentes del Sindicato de
Ta-Ta, la misma, era el cese de la ocupación de parte del sindicato.
Nosotros planteamos obviamente que estábamos en condiciones o podríamos estar en condiciones de hacer una pausa con las ocupaciones siempre y cuando seestableciera un ámbito de negociación para discutir
todos los puntos de la plataforma, eso fue lo que salió como un acuerdo, la empresa se compromete a sentarse a negociar el lunes 25 de abril, a las 14 horas en las instalaciones de FUECYS donde se van a discutir con el sindicato todos los puntos que están en la plataforma reivindicativa", dijo Miguel Otero.
La Jueza en conjunto con el Sindicato de Ta-Ta planteó la posibilidad de hacer de hacer la reunión en el Ministerio pero se negó porque consideraban que había un convenio firmado y no ameritaba, no cedía las instalaciones del Ministerio a una reunión entre la patronal y el sindicato.
"FUECYS en realidad lo que fue a plantear es que había un convenio que se había firmado en las primeras horas del viernes y que si ellos tenían que prestar las instalaciones de FUECYS no había problema, pero hasta ahí llegó, no había otro planteo, no había una solicitud de parte de la Federación de exigirle al Ministerio las instalaciones o de hacer la tripartita de esa instancia, de negociación entre el sindicato y la empresa solamente obviamente que la Federación de los trabajadores tampoco puede haber discusión en cuanto a ocupar o usar el lugar ahí de reunión."
- ¿Ustedes llegaron a FUECYS como representantes de los trabajadores, cómo fue el papel que cumplió ahí en la justicia, porque en realidad los citados eran trabajadores de Ta-Ta?
- Sí es verdad. En sí las solicitudes de los dirigentes que fueron de la Federación fue de parte de la patronal para de alguna forma comprobar que había un convenio colectivo y que no se ameritaba a un ámbito de negociación el cual más allá que se había firmado un convenio colectivo en la rama nosotros consideramos que estábamos en perfectas condiciones de negociar con la patronal de forma bipartita y la jueza también lo hizo saber en la instancia del Juzgado.
- ¿En definitiva los integrantes de FUECYS fueron en representación o como testigos de la empresa?
- Yo no me comprometería a plantearlo tan así. Yo lo que te digo es lo que se, lo que estaba planteado en ese momento que ellos hicieron presencia de una forma para afirmar que había un convenio colectivo y que de alguna forma también había una cláusula de paz y que eso fue un poco lo que fueron a plantear y fueron de alguna forma testigos que se firmó un convenio en las primeras horas del viernes.
SUPERMERCADOS EL DORADO
TRABAJADORES CITADOS POR LA JUSTICIA
Los trabajadores del Supermercado El Dorado debieron concurrir a la justicia en el día de ayer, luego del recurso de amparo presentado por la familia Polakoff, dueña de la cadena. Según Lilián Velásquez los dirigentes de FUECYS los han dejado aislados y ni siquiera los han llamado luego de esta intervención de la justicia.
Lilián Velázquez, sostuvo que siguen reclamando los 9600 pesos.
"Nos basamos ahora más que nada en querer negociar en forma bipartita con la empresa, porque la empresa a fines de marzo tomó distancia de ASU (Asociación de Supermercados del Uruguay) porque ellos dijeron que estaban en condiciones de pagar los 9600 pesos y que las movilizaciones les estaban haciendo perder dinero, dinero que podría volcarse al aumento salarial que reclamaban los trabajadores. Es en base a eso que el viernes ocupamos y lo que queremos es sacar una reunión bipartita con la empresa para negociar un poco más de salario de los 8800 pesos que nos parecen insuficientes en julio y más cuando la empresa dice que hoy esta en condiciones y esta dispuesta a pagar.
FUECYS no nos ha llamado para nada, por lo menos a mí que soy la presidenta del sindicato no me ha llamado."
Velázquez dijo que la Federación estaba enterada porque ella misma le hizo saber a Fuecys a la empresa que el viernes iba a haber ocupación.
"El jueves me llamó Ismael Fuentes y me dijo que le diera unas horas para negociar con la empresa para ver si podíamos lograr una reunión, después no me comunicó más nada y la ocupación sigue adelante.
No sé como van a venir ellos, no sé que van a venir a defender o como van a venir, pero acá El Dorado tiene claro que la lucha continúa, que es por salario y vamos a ir con un abogado obviamente y no de la Federación.
Más o menos por la falta de comunicación entendemos que mucho no le gustó la ocupación del viernes y no sabemos en que posición van a venir hoy."
Tomado de Diario La Juventud
PAYCUEROS
VICTORIA DE LOS TRABAJADORESANTE LA PATRONAL
En 72 horas, 25 obreros de Paycueros deberán ser restituidos por la empresa según el fallo de la justicia Los trabajadores despedidos hace ocho meses presentaron un recurso de amparo en el marco de la lucha sindical
Los trabajadores de Paycueros y su organización sindical acaban de obtener una importante victoria sobre la multinacional que administra la firma.
Los 25 trabajadores que aún estaban fuera de la empresa han recibido la noticia que la justicia falló en favor de los trabajadores y en menos de 72 horas deberán ser retomados en sus funciones.
Martín Andrada, dirigente gremial de Paycueros, informó que hace una semana atrás empezamos con el juicio de tutela sindical acá en Paysandú por los 25 obreros que quedaban todavía por entrar en la curtiembre Paycuero, la multinacional SAVESA y después de una semana de declaraciones de idas y venidas la Jueza hoy da favorablemente el juicio de los trabajadores y en 72 horas vuelven a sus puestos de trabajo.
Martín Andrada explicó que desde hace ocho meses que los obreros estaban afuera, es decir despedidos por la empresa y esta decisión de la jueza es el triunfo del "aguante", en creer en la herramienta de la lucha, después que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en las últimas horas nos había dado las espaldas.
"El Sr. Luis Romero (director de Trabajo) atacando a la organización sindical manda un informe el cual la Jueza desestima pero por suerte dio su fruto y hoy los compañeros están festejando acá en el sindicato la resolución favor de la fuente de trabajo".
Recordamos que tras un conflicto, en el que se reclamó a la empresa renegociar el convenio, ya que cuando la crisis los trabajadores accedieron rebajarse el salario, se comenzó con los despidos. 
Una vez que la empresa se recupera y retoma su actividad a pleno, los trabajadores reclaman su salario pero la empresa se niega, es más despide gente, mientras toma por otro lado.
Fueron despedidos en ese momento 34 obreros.
La lucha del sindicato de Paycueros, se mantuvo en todo este tiempo, los trabajadores presentaron recursos ante la Justicia y lograron hoy este triunfo
Tomado de Diario La Juventud
