EL 14 DE ABRIL: En la sede del Círculo Militar, hizo uso de la palabra el presidente, general retirado Ricardo Galarza
Afirmó que el conflicto no terminó y que las organizaciones sociales de Derechos Humanos son las continuadoras de quienes fueron las organizaciones terroristas.
El SERPAJ-Uruguay responde:
AGRADECEMOS DIFUNDIR
Montevideo, 15 de abril de 2011
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) ante comentarios realizados por integrantes de las asociaciones de retirados militares en medios de prensa y en el marco de sus conmemoraciones del día 14 de abril, al referirse a las organizaciones de derechos humanos como “grupos terroristas” expresa:
- SERPAJ es una organización de promoción, educación y defensa de los derechos humanos que durante 30 años ha trabajado por la estabilidad, la profundización del Estado de Derecho y la institucionalidad del país, entendiendo que los avances en la materialización de los derechos humanos son indicadores claves del grado democrático del mismo.
- Los derechos humanos son un todo integral, indivisible e interdependiente por cuanto la conculcación de alguno de ellos vulnera el sistema en su totalidad. La verdad y la justicia son derechos humanos. Un país que no los garantiza no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica.
- La persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de “quiebre institucional”, cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia.
La historia señala por cierto, que el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada -entre otros- por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos.
- Por último, esta organización de derechos humanos quiere recordar que siempre sostuvo que a las personas juzgadas -o pasibles de serlo- por las violaciones a los DDHH cometidas en nuestro pasado reciente, debe garantizárseles el debido proceso y todas las garantías jurídicas que dicta la normativa vigente, las que le negaron a sus víctimas.
NOTA: en el nr.anterior se publico este articulo de Roger Rodriguez.Estaba INcompleto
AQUI VA LA VERSION INTEGRA
Hacia el fin de la transición
Anulación de ley de caducidad cierra posdictadura y abre debate sobre la democracia
Roger Rodriguez | Para Kaos en la Red | 16-4-2011 a las 14:20 |
www.kaosenlared.net/noticia/
La anulación de la ley de caducidad, iniciada el martes 12 de abril por la mayoría frenteamplista en la cámara de Senadores, abrió especulaciones en el escenario judicial, político y social uruguayo. Unos estudian cuántas causas pueden ser reabiertas, cuántos militares desfilarán por los juzgados y qué decisiones puede adoptar el Poder Judicial. Otros, apuntan a las consecuencias de la renuncia del senador Fernández Huidobro y la repercusión en el tablero político. Finalmente, se aguardan las reacciones de los criminales de lesa humanidad y las acciones de las organizaciones de derechos humanos. La transición termina y abre un debate sobre la democracia que se quiere.
TEXTO: ROGER RODRIGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
Veinticinco años después de su aprobación, la Ley 15.848 por la que se otorgó impunidad a los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura será finalmente anulada. Cuatro períodos de gobierno, cientos de miles de firmas para posibilitar dos plebiscitos, quince marchas anuales de silencio, extensas jornadas de debate parlamentario, horas de televisión y radio, toneladas de papel escrito con ríos de tinta, mantuvieron -desde el mismo 22 de diciembre de 1986 en que fue aprobada- el debate sobre la polémica norma impuesta por un voto en aquel Parlamento.
La Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, comenzó a ser anulada ahora en el Senado, también por un voto, y antes del próximo 20 de mayo –cuando se realice la XXVI Marcha del Silencio- la cámara de Diputados terminará de dejarla “sin efecto”, como exigió a Uruguay en una condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y como reclamaban las organizaciones no gubernamentales, los familiares de de los desaparecidos, de los muertos y las propias víctimas de la tortura implementada en forma sistemática por la represión desatada entre 1973 y 1985.
El lento proceso de anulación se produce finalmente en el mismo Parlamento que la creó, luego de tres años de discusiones sobre una ley interpretativa dentro del mayoritario Frente Amplio, que para su primer período de gobierno, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, había excluido de su programa electoral la modificación de la resistida ley, pero que en su última plataforma electoral, con la que fue electo el presidente José Mujica y se obtuvo la actual mayoría parlamentaria, había vuelto a incorporar una expresa cláusula programática para la eliminación de la caducidad.
En el debate parlamentario, los legisladores blancos y colorados –hoy minoritaria oposición- acusaron al Frente Amplio de no respetar la voluntad ciudadana que en dos plebiscitos “ratificó” la ley. El 16 de abril de 1989, bajo amenaza de golpe de Estado, la ley fue mantenida por el voto amarillo con un 57% contra un 43% de voto verde que pedía su derogación. El 25 de octubre de 2009 el voto rosado, propiciado por el Pit-Cnt para la anulación de la ley, llegó al 47,98% y no logró a la mitad más uno de los sufragios incluidos votos en blanco y anulados. Ese mismo día, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria con la que el martes, finalmente, empezó a eliminar la ley.
ENTRETELONES POLÍTICOS
Dos de los tres legisladores que en la coalición estaban en contra de la ley interpretativa de anulación de la caducidad terminaron cambiando su voto luego que un Congreso del Frente Amplio declarará el tema como “asunto político” y mandatara a sus legisladores. Sólo el ex nacionalista Jorge Saravia se mantuvo en contra. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa pidió licencia para que ingresara su suplente, Gustavo Guarino, quien acató la decisión política. El ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro mantuvo la obediencia partidaria, pero a la vez que expresaba su voto a favor, argumentó en contra de la ley y anunció su renuncia a la bancada parlamentaria.
El abandono de una banca parlamentaria en discrepancia con un mandato político del Frente Amplio ya había ocurrido en la anterior legislatura, cuando el diputado Guillermo Chifflet dejo la cámara baja por negarse a aprobar un envío de tropas a Haití. Pero el peso político de Fernández Huidobro genera hoy suspicacias sobre la reacción que tendrá su grupo, la CAP-L, que desde hace años reclama sin suerte un lugar en la ejecutiva Mesa Política de la coalición. “El Ñato no se va para la casa, va a seguir militando y haciendo política”, confían sus allegados quienes destacan el gesto del presidente Mujica, quien se apersonó al Senado para saludar a su viejo amigo.
Algunos observadores hacen especulaciones sobre quién sucederá a Fernández Huidobro en la banca de la cámara alta, ya que ocasionalmente la ocupa su secretario, el ex diputado Carlos Gamou, pero su suplente oficial es el actual ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, quien también se pronunció en contra de la ley interpretativa. Los analistas llegan a hacer “política ficción” en el manejo de una serie de “enroques” dentro del gabinete del presidente Mujica, quien se reunirá con Rosadilla y los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para tratar el tema de la anulación de la ley de caducidad.
El escenario también fue condimentado con crónicas que recordaron entretelones del Pacto del Club Naval donde frenteamplistas, colorados y militares acordaron las elecciones con “proscriptos” en 1984 con los derechos humanos “sobrevolando”; las reuniones de Wilson Ferreira Aldunate con los militares en 1986 que derivaron en la Ley de Caducidad; y un acuerdo entre el MLN y la logia militar Tenientes de Artigas en los noventa (tras el homicidio del ex tupamaro Ronald Scarzella el 23 de abril de 1993) por el cual, según reveló el coronel José Carlos Araújo del Foro Libertad y Concordia, se selló un compromiso de “excombatientes” para terminar con el “revisionismo”.
LA SUPREMA DECISIÓN
Mientras uno debaten sobre los argumentos expuestos en la larga sesión parlamentaria y otros insisten con la ya rechazada posibilidad de que el presidente Mujica vete la ley interpretativa, muchos conocedores ponen sus ojos en el escenario judicial donde la Suprema Corte de Justicia (SCJ) podría tomar determinaciones que definirán el rumbo de las causas de los derechos humanos y pueden asentar jurisprudencia en la materia para resolver una serie de dudas sobre tipificaciones penales, tiempos de prescripción de los delitos y la constitucionalidad o no de las normas que está aprobando el Poder Legislativo y que pueden ser reclamadas ante el máximo órgano judicial uruguayo.
A fines de 2009 la fiscal Mirtha Guianze presentó un recurso de casación sobre la sentencia que el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dictó al procesar a ocho ex militares, dos ex policías y un ex soldado por el secuestro en Argentina y desaparición del militante del PVP, Adalberto Soba. El reclamo ante la SCJ no refería a la eventual inocencia de Gavazzo, Arab, Rama, Maurente, Vázquez, Silveira, Medina, Sande y Soca, sino a la tipificación del delito. Guianze pidió “desaparición forzada” y Charles procesó por “privación de libertad especialmente agravado”.
La diferencia entre la fiscal y el juez está para resolución de los ministros de la Corte, quienes tienen que decidir si asiste razón al ministerio público que pide aplicar la Ley 18.026 por la que desde el 25 de setiembre de 2006 se adaptó el Tratado de Roma a la normativa uruguaya y se incorporó al Código Penal la tipificación de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles en cualquier tiempo en que se hayan cometido, o en la causa corresponde mantener la vieja normativa por la que no se tipifican la tortura, la desaparición forzada y otros delitos que ya existen en los convenios y tratados internacionales.
La Suprema Corte de Justicia dio una señal favorable al ministerio público el 25 de marzo último cuando desestimó un recurso en contra de la jueza Mariana Mota por el procesamiento del ex coronel Carlos Calcagno en el caso de desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Los defensores del militar, con el apoyo público del ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, acusaron a la jueza de pretender que el coronel se “autoincriminara”. Otro tanto ocurre con la muerte de Nibia Sabalsagaray, por la que el general Miguel Ángel Dalmao fue procesado como cómplice de homicidio por negarse a decir quién fue el autor material del crimen.
La decisión que en la materia adopte la SCJ, puede desechar los ya anunciados reclamos de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la caducidad que se está aprobando, y resolver, a la vez, la discusión sobre si en noviembre próximo prescribirían o no buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos. Si el sistema judicial uruguayo admite definitivamente la tipificación de crímenes de lesa humanidad –que sólo se mantiene hoy en la causa contra el dictador Juan María Bordaberry- el país se habrá incorporado a la modernidad de la persecución delictiva como establecen convenciones y organismos internacionales.
ASUNTOS PENDIENTES
En los juzgados penales, mientras tanto, se aguarda sin mayor expectativa la presentación de nuevas denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, mientras se continúa con los casos del homicidio del estudiante Ramón Peré, la muerte de Cecilia Fontana de Heber, el Caso Gelman, las desapariciones de Horacio Gelós Bonilla y Julio Castro, el secuestro de los niños Julién Grisonas, una causa por 19 muertes por tortura, el caso de los Fusilados de Soca y la denuncia por torturas en Boisso Lanza presentada por el colectivo de ex presos políticos nucleados en Crysol.
Entre las causas que se presume pueda pedirse la reapertura judicial una vez anulada la ley de caducidad, se encuentran todos los casos de desaparecidos en Uruguay (Carlos Arébalo, Luis Arigón, José Arpino Vega, Oscar Baliñas, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Juan Brieba, Julio Correa, Oscar De Gregorio, Claudio y Lila Epelbaum, Julio Escudero, Luis Eduardo González, Mónica Grispón y Claudio Logares, Miguel Mato Fagián, Fernando Miranda, Otermín Montes de Oca, Félix Ortiz, Antonio Paitta, Amelia Sanjurjo y Oscar Tassino), el homicidio de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, como las circunstancias en las que murieron 116 personas durante la dictadura.
La anulación de la ley y la reapertura de las causas es analizada por los servicios de inteligencia uruguayos que tienen “bajo observación” a una serie de grupos de ex militares o de confesa definición nazi que podrían realizar “acciones militares” –según ya adelantó Caras&Caretas- en algunas fechas claves como el pasado 14 de abril (Día de los caídos en la lucha contra la subversión por el que ayer se realizaban dos actos públicos), el 19 de abril (en relación a la robada Bandera de los 33 Orientales), el 20 de abril (natalicio de Adolfo Hitler) o el 18 de Mayo (Día del Ejército y fecha en que fueron muertos cuatro soldados custodios del general Florencio Gravina en 1972).
Entre los “grupos objetivos” que analizan los servicios de inteligencia, se incluyen dos organizaciones nazis identificadas que ya realizaron pintadas en las ciudades de Flores y San Carlos, como la organización de ex oficiales militares de Maldonado que integran los ex represores coroneles José Baudean y Eduardo Ferro (quien ha vuelto a desempeñarse en el turístico Hotel Dunas de Punta del Este) y los ex oficiales Héctor Varela González, Alfredo Campos y Mario Musto, entre otros militares retirados que suelen realizar prácticas de combate y tiro en un polígono de ese departamento.
La anulación de la Ley de Caducidad, a veinticinco años de su aprobación, abre también un debate sobre la democracia que los uruguayos quieren (no pocos piensan ya en una asamblea constituyente), donde la institucionalidad de país, la pluralidad de ideas en el ámbito político, la autonomía en las decisiones del poder judicial y la garantía de la seguridad pública, terminarán de establecer el esperado final de la larga transición vivida desde los años de la dictadura cívico militar, para dar comienzo a una nueva etapa sin impunidad en la que se asegure que aquello no ocurra nunca más.
Blog El Muerto en Kaos en la Red
SCJ. Se retoma la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo.
Réplica. Señalan que el temor a la Justicia lleva a que los retirados los acusen de "terroristas"
Las organizaciones de derechos humanos responden a militares
Organizaciones de derechos humanos rechazaron ayer las declaraciones del general (r) Ricardo Galarza, quien sostuvo que estos organismos actualmente están reemplazando a grupos terroristas.
Respondieron que los militares están estancados en los procesos de autocrítica y de diálogo democrático, así como mantienen "los estilos aplicados en dictadura".
Voceros de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur y el PIT-CNT se expresaron sobre las acusaciones formuladas por el general (r), Ricardo Galarza, en el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".
En la ocasión, el militar retirado afirmó que las ONG de DDHH "reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo".
El vocero de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea respondió a las acusaciones del ex militar Galarza. Replicó que fueron ellos quienes aplicaron el terrorismo de Estado, "en tanto nosotros somos familiares de sus víctimas en la dictadura. Ellos impusieron el terror, asesinaron, torturaron, violaron y todavía mantienen secuestrados a nuestros familiares. Esas afirmaciones sobre que somos la continuidad del terrorismo por parte del general Galarza, es una demostración que ahora tienen miedo por tener que ir a la Justicia. Eso les hace decir disparates".
El representante de Ielsur, Martín Pratts dijo que escuchó efímeramente las declaraciones del militar retirado y que seguramente después de Semana de Turismo, el instituto estará analizando las declaraciones y posiblemente emitiendo un comunicado al respecto.
Por su parte, Raúl Olivera, asesor en derechos humanos del PITCNT afirmó que el problema de los militares es que siguen posicionándose en democracia tal como lo hacían en dictadura. "Siguen hablando con un discurso y una conducta que es coherente con la que tenían en el pasado", indicó.
Olivera destacó que a estos ex soldados les molesta que existan organizaciones que enfrenten el totalitarismo militar también en democracia.
En ese sentido, dijo el activista por los derechos humanos, "que cuando las organizaciones son más fuertes, se controla que desde el Estado se cometan conductas delictivas".
Sobre las expresiones específicas del general (r) Ricardo Galarza de que las organizaciones de derechos humanos son una continuidad de las organizaciones terroristas, Olivera aclaró que "si somos la continuación, eso habla bien de lo que llama como organizaciones terroristas".
Acerca de la aprobación en el Senado del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el asesor en derechos humanos del PIT-CNT, dijo que "a partir de ahora se abre una nueva etapa, quedando los casos en manos del Poder Judicial".
Reconoció que podrán darse más recursos, "pero todo se remite a la Justicia".
Aclaró que quienes argumentan que la aprobación de este proyecto afecta el instrumento de la conducta ciudadana, con esta iniciativa se demuestra que hay derechos inherentes a las personas que no son plebiscitadas.
Sergio Goicoechea, miembro de la organización Familiares, dijo que con esas expresiones, estos militares demuestran que "no se apartan de los viejos esquemas y estilos". Aclaró que con la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad prevén escuchar "cualquier tipo de locura, porque están desesperados".
Considera que los militares que se reunieron con el presidente Mujica fueron a pedir que vete la ley.
Enfatizó que estos militares retirados utilizan las armas que aplicaron toda su vida: el fascismo.
En tanto, Serpaj (Servicio Paz y Justicia) emitió ayer un comunicado en respuesta a los comentarios realizados por el general (r) Galarza.
En el mismo se aclara que un país "que no los garantiza (a los derechos humanos) no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica".
La declaración sostiene que "la persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de "quiebre institucional", cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia".
Advierte que la historia señala que "el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada entre otros por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos".
Voceros de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur y el PIT-CNT se expresaron sobre las acusaciones formuladas por el general (r), Ricardo Galarza, en el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".
En la ocasión, el militar retirado afirmó que las ONG de DDHH "reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo".
El vocero de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea respondió a las acusaciones del ex militar Galarza. Replicó que fueron ellos quienes aplicaron el terrorismo de Estado, "en tanto nosotros somos familiares de sus víctimas en la dictadura. Ellos impusieron el terror, asesinaron, torturaron, violaron y todavía mantienen secuestrados a nuestros familiares. Esas afirmaciones sobre que somos la continuidad del terrorismo por parte del general Galarza, es una demostración que ahora tienen miedo por tener que ir a la Justicia. Eso les hace decir disparates".
El representante de Ielsur, Martín Pratts dijo que escuchó efímeramente las declaraciones del militar retirado y que seguramente después de Semana de Turismo, el instituto estará analizando las declaraciones y posiblemente emitiendo un comunicado al respecto.
Por su parte, Raúl Olivera, asesor en derechos humanos del PITCNT afirmó que el problema de los militares es que siguen posicionándose en democracia tal como lo hacían en dictadura. "Siguen hablando con un discurso y una conducta que es coherente con la que tenían en el pasado", indicó.
Olivera destacó que a estos ex soldados les molesta que existan organizaciones que enfrenten el totalitarismo militar también en democracia.
En ese sentido, dijo el activista por los derechos humanos, "que cuando las organizaciones son más fuertes, se controla que desde el Estado se cometan conductas delictivas".
Sobre las expresiones específicas del general (r) Ricardo Galarza de que las organizaciones de derechos humanos son una continuidad de las organizaciones terroristas, Olivera aclaró que "si somos la continuación, eso habla bien de lo que llama como organizaciones terroristas".
Acerca de la aprobación en el Senado del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el asesor en derechos humanos del PIT-CNT, dijo que "a partir de ahora se abre una nueva etapa, quedando los casos en manos del Poder Judicial".
Reconoció que podrán darse más recursos, "pero todo se remite a la Justicia".
Aclaró que quienes argumentan que la aprobación de este proyecto afecta el instrumento de la conducta ciudadana, con esta iniciativa se demuestra que hay derechos inherentes a las personas que no son plebiscitadas.
"Están desesperados"
Defendió el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que no es imperialista, porque actuó en las dictaduras de Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.Sergio Goicoechea, miembro de la organización Familiares, dijo que con esas expresiones, estos militares demuestran que "no se apartan de los viejos esquemas y estilos". Aclaró que con la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad prevén escuchar "cualquier tipo de locura, porque están desesperados".
Considera que los militares que se reunieron con el presidente Mujica fueron a pedir que vete la ley.
Enfatizó que estos militares retirados utilizan las armas que aplicaron toda su vida: el fascismo.
En tanto, Serpaj (Servicio Paz y Justicia) emitió ayer un comunicado en respuesta a los comentarios realizados por el general (r) Galarza.
En el mismo se aclara que un país "que no los garantiza (a los derechos humanos) no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica".
La declaración sostiene que "la persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de "quiebre institucional", cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia".
Advierte que la historia señala que "el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada entre otros por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos".
Reclaman la "urgente rectificación del inmerecido tratamiento y ultraje"
Advertencia del foro militar sobre Dalmao
El Foro Libertad y Concordia lanzó ayer una serie de advertencias y amenazas, al reclamar "una urgente rectificación del inmerecido tratamiento y ultraje" que a su entender padece el general Miguel Dalmao, acusado de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974. "(...) queremos alzar la voz. Se entiende que es el momento de culminar con un silencio sostenido por razones elementales y si bien creemos que no es hora de buscar responsables, sí lo es de alertar a quienes pueden serlo, pues a tiempo están de enmendar errores que eviten desenlaces seguramente no deseados", afirman.
Fallo unánime. Corte señaló "errores" de aplicación del Código Penal
SCJ confirma la continuidad del proceso penal a los Peirano
Jueza dispondrá próximamente los nuevos pasos de la indagatoria.
SCJ. Se retoma la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó ayer, con el voto unánime de sus miembros, la reapertura del proceso penal seguido contra los hermanos Peirano Basso, por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. Según la Corte, están siendo juzgados por un delito vigente en la legislación uruguaya.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3er. Turno "incurrió en un error en la aplicación" de los artículos 7 y 15 del Código Penal, al aplicar el principio de primacía de la ley más benigna para clausurar el proceso penal contra los hermanos Peirano, por cuanto los ex banqueros están siendo juzgados por un delito aún vigente, según el fallo emitido ayer por el máximo órgano del Poder Judicial.
La Sala había dispuesto, en agosto de 2010, la clausura de la indagatoria penal contra los hermanos Peirano, en virtud de la derogación parlamentaria del artículo 76 de la Ley 2.230, delito por el cual habían sido procesados tras la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. El fallo estaba fundado en el entendido de que el acto jurídico que "imponía la sujeción" de los encausados al proceso "no era la demanda de acusación del Ministerio Público", por un delito de insolvencia societaria fraudulenta, "sino el auto de procesamiento".
Sin embargo, "la Corporación, disiente con la argumentación precedente, pues considera que el tipo delictual previsto en el auto de procesamiento, no vincula al Tribunal a que en la etapa acusatoria, pueda o no cambiar la calificación jurídica, que integra el contenido de la acusación, puesto que de no ser de este modo el art. 132 del C.P.Penal le asignaría diferente naturaleza que la de no causar estado y ser reformable aún de oficio", expresa la Corte.
"La imputación podrá ser variada, pues la naturaleza del auto de procesamiento de interlocutoria que no causa estado, es esencialmente provisoria y por ende reformable de oficio. Y, aunque parece obvio decirlo, podrá ser variada, si varían las circunstancias, lo que sin duda ocurre, cuando por toda la prueba solicitada y diligenciada durante el sumario y en la ampliación sumarial, se encuentre mérito para su reforma", señala el fallo.
En este sentido, "la Corte considera errónea la premisa conceptual sustentada por el Tribunal en el pronunciamiento impugnado, dado que tiende a confundir la sujeción jurídica de los encausados derivada del auto de procesamiento, que no causa estado, con el proceso penal en sí, en cuyo devenir, aquella imputación inicial puede confirmarse, modificarse o descartarse por disponibilidad de la acción pública, atento a los elementos que surjan en el transcurso del proceso".
"Parece claro, entonces que la imputación que se hace en etapas iniciales -presumario, sumario, y aún en etapa de ampliación sumarial- y previas a la fase de juicio o plenario, al iniciarse con la Acusación, puede variar o aun ser esencialmente diferente a la que finalmente el Ministerio Público concrete en el contenido de la misma", agrega.
El fallo detalla que el proceso se inició en 2002, tras lo cual el hoy fiscal de Corte, Rafael Ubiría, formuló demanda acusatoria contra los implicados, requiriendo su condena por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta". "Las respectivas defensas contestaron la acusación, habiéndose trabado la litis en esos términos, delimitándose el objeto del proceso y el alcance de la imputación delictual", con lo cual "tampoco se podría reprochar violación a las garantías del debido proceso".
"Por lo tanto, de conformidad a las pautas de actuación del principio acusatorio, y a la luz de lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución, resulta evidente que el Ministerio Público ejerció su potestad legal y constitucional, concretando el ejercicio de la acción penal mediante la acusación, ejerciendo una pretensión punitiva expresa de condena, atribuyendo a los procesados una conducta ajena al ilícito derogado (art. 76 de la Ley Nº 2.230), lo que impone la desestimación de la clausura solicitada", culmina el fallo.
La decisión del máximo órgano del Poder Judicial supone, por tanto, la reanudación de la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispondrá en los próximos días los futuros pasos en la indagatoria, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
La Republica
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3er. Turno "incurrió en un error en la aplicación" de los artículos 7 y 15 del Código Penal, al aplicar el principio de primacía de la ley más benigna para clausurar el proceso penal contra los hermanos Peirano, por cuanto los ex banqueros están siendo juzgados por un delito aún vigente, según el fallo emitido ayer por el máximo órgano del Poder Judicial.
La Sala había dispuesto, en agosto de 2010, la clausura de la indagatoria penal contra los hermanos Peirano, en virtud de la derogación parlamentaria del artículo 76 de la Ley 2.230, delito por el cual habían sido procesados tras la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. El fallo estaba fundado en el entendido de que el acto jurídico que "imponía la sujeción" de los encausados al proceso "no era la demanda de acusación del Ministerio Público", por un delito de insolvencia societaria fraudulenta, "sino el auto de procesamiento".
Sin embargo, "la Corporación, disiente con la argumentación precedente, pues considera que el tipo delictual previsto en el auto de procesamiento, no vincula al Tribunal a que en la etapa acusatoria, pueda o no cambiar la calificación jurídica, que integra el contenido de la acusación, puesto que de no ser de este modo el art. 132 del C.P.Penal le asignaría diferente naturaleza que la de no causar estado y ser reformable aún de oficio", expresa la Corte.
"La imputación podrá ser variada, pues la naturaleza del auto de procesamiento de interlocutoria que no causa estado, es esencialmente provisoria y por ende reformable de oficio. Y, aunque parece obvio decirlo, podrá ser variada, si varían las circunstancias, lo que sin duda ocurre, cuando por toda la prueba solicitada y diligenciada durante el sumario y en la ampliación sumarial, se encuentre mérito para su reforma", señala el fallo.
En este sentido, "la Corte considera errónea la premisa conceptual sustentada por el Tribunal en el pronunciamiento impugnado, dado que tiende a confundir la sujeción jurídica de los encausados derivada del auto de procesamiento, que no causa estado, con el proceso penal en sí, en cuyo devenir, aquella imputación inicial puede confirmarse, modificarse o descartarse por disponibilidad de la acción pública, atento a los elementos que surjan en el transcurso del proceso".
"Parece claro, entonces que la imputación que se hace en etapas iniciales -presumario, sumario, y aún en etapa de ampliación sumarial- y previas a la fase de juicio o plenario, al iniciarse con la Acusación, puede variar o aun ser esencialmente diferente a la que finalmente el Ministerio Público concrete en el contenido de la misma", agrega.
El fallo detalla que el proceso se inició en 2002, tras lo cual el hoy fiscal de Corte, Rafael Ubiría, formuló demanda acusatoria contra los implicados, requiriendo su condena por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta". "Las respectivas defensas contestaron la acusación, habiéndose trabado la litis en esos términos, delimitándose el objeto del proceso y el alcance de la imputación delictual", con lo cual "tampoco se podría reprochar violación a las garantías del debido proceso".
"Por lo tanto, de conformidad a las pautas de actuación del principio acusatorio, y a la luz de lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución, resulta evidente que el Ministerio Público ejerció su potestad legal y constitucional, concretando el ejercicio de la acción penal mediante la acusación, ejerciendo una pretensión punitiva expresa de condena, atribuyendo a los procesados una conducta ajena al ilícito derogado (art. 76 de la Ley Nº 2.230), lo que impone la desestimación de la clausura solicitada", culmina el fallo.
La decisión del máximo órgano del Poder Judicial supone, por tanto, la reanudación de la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispondrá en los próximos días los futuros pasos en la indagatoria, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
La Republica
Reunión de la ultraderecha mundial está prevista para la próxima semana en Buenos Aires
Una reunión de la ultraderecha continental donde convergeran Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y hasta el líder falangista español José María Aznar está prevista para la próxima semana.
Contrainjerencia | Hoy a las 17:49 |
www.kaosenlared.net/noticia/
Una reunión de la ultraderecha continental donde convergeran Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y hasta el líder falangista español José María Aznar está prevista para la próxima semana en Buenos Aires.
La cita sesionará bajo el nombre de “The Populist Challenge to Latin American Liberty” y coincidirá con la controvertida presencia en la Feria del Libro de Buenos Aires de Mario Vargas Llosa, una de las figuras “estrellas” de la ultraderecha.
El evento citado ha sido convocado y organizado por la Mont Pelerin Society, una institución fundada por Friedrich Hayek, de la Escuela de Chicago y asesor de los gobiernos de Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, y la llamada Fundación Libertad, donde milita el escritor Mario Vargas Llosa junto a Álvaro Uribe Vélez y José María Aznar entre otros representantes de la derecha política.
Una reunión convocada por la Fundación Libertad en Rosario en marzo de 2008, alentó el golpismo del paro patronal de cuatro entidades del campo argentino.
Aqui esta la Intendenta...otra vez !
Vargas Llosa destacó sistema democrático uruguayo
16.04.2011 | 12.27 -El Espectador
El escritor peruano premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo ayer que la cultura de la tolerancia es el mejor escudo contra la violencia en Latinoamérica, al ser declarado Visitante Ilustre de Montevideo.
Vargas Llosa recibió la condecoración de manos de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, en un acto en el que tanto Olivera como el representante de la Junta Departamental manifestaron su respeto por la trayectoria del escritor y ex candidato presidencial peruano, aunque admitieron que tenían diferencias con algunas de sus ideas.
Según Vargas Llosa, el reconocimiento "es una muestra más de ese espíritu democrático, abierto, tolerante, que ha sido una de las mejores tradiciones del Uruguay, que es hoy día una realidad viviente y que está allí como un ejemplo para aquellos países latinoamericanos que todavía no han hecho suya esa cultura de la tolerancia, que es el mejor escudo que tenemos contra la violencia. Esa violencia que ha sembrado de sangre, de dolor, de sufrimiento, la historia de América Latina".
"Me llevo este título como un mandato de autenticidad, de rigor y sobre todo de ese espíritu amplio, tolerante y generoso del que soy hoy día beneficiario", aseguró.
El escritor recordó una divulgada polémica que mantuvo en la década de 1980 con Mario Benedetti, considerando que "fue un modelo de discrepancia en la amistad, de cotejo de ideas y argumentos dentro de un reconocimiento recíproco de respeto y de cordialidad, un sentimiento que nunca cesó".
"Incluso en los peores momentos de la discrepancia política esa amistad nunca cesó", aseguró.
Este sábado el laureado escritor viajará a Argentina para participar de la Feria del Libro de Buenos Aires, una visita precedida por la polémica luego que intelectuales oficialistas de ese país intentaran impedir que el autor protagonizara la inauguración cultural de la exposición debido a sus posiciones políticas.
Durante su visita de dos días a Montevideo, el escritor criticó durante el jueves una conferencia en la Universidad Católica a la prensa sensacionalista, al sitio WikiLeaks, la corrupción política y el "anacrónico" modelo comunista de Cuba y Corea del Norte.
"En muchos lugares, la política es sucia y vil", señaló, y dijo que el progreso de la información tuvo el efecto contrario a perfeccionar la democracia e incentivar la participación en la vida pública.
En ese sentido, fustigó el sitio WikiLeaks, que expone "con sus pequeñeces y miserias, las interioridades de la vida política y diplomática".
En una conferencia de prensa el jueves, Vargas Llosa consideró por otra parte que la revolución audiovisual ha reducido los mecanismos de censura en el mundo pero también provocado un "empobrecimiento atroz del lenguaje".
El autor de "La ciudad y los perros" o "Conversación en la Catedral indicó que está trabajando en un ensayo titulado "La civilización del espectáculo", que aborda el hecho de que "el espectáculo, la diversión y el entretenimiento parecen haberse convertido en valores centrales y los efectos que eso tiene en los campos que tradicionalmente están relacionados con la vida cultural".
"Creo que es un fenómeno nuevo que acaso por primera vez afecta tanto a los países más desarrollados como a los países del tercer mundo", observó.
Vargas Llosa, que fue derrotado por Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990 en Perú, reiteró en Montevideo que no votará "de ninguna manera" por su hija, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta presidencial peruana y dejó abierta la puerta a apoyar al nacionalista Ollanta Humala.
Fuente: AFP
Se esta acabando la IMPUNIDAD de los ASESINOS
ARGENTINA EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La Argentina ahora es un país más seguro
 | Pagina 12 Nota de tapa PERPETUA EN CARCEL COMUNPor Victoria Ginzberg |  | Luis Patti, el represor que se recicló como intendente de Escobar, recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad. Junto a Bignone y Riveros, fue sentenciado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. |
Por Victoria GinzbergPagina 12
Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.
Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.
El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.
“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.
“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.
Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.
“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.
El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.
Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.
La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.
Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”
Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.
Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.
El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.
“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.
“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.
Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.
“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.
Víctimas, testimonios, pruebas
Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.
Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.
Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.
Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.
Canciones
Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.
Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”
Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.
ARGENTINA: LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEBIERON LUCHAR DURANTE AÑOS PARA LLEVAR A PATTI AL BANQUILLO
Un largo camino hasta conseguir justicia
Hubo muchos momentos de frustración, pero también con varios logros, como cuando en mayo de 2006 el Congreso resolvió cortar su carrera política por “inhabilidad moral”. Hasta ayer, Patti se defendía diciendo que no tenía condena.
Los hermanos Gonçalves y Tati Almeida, de Madres, festejaron ayer el fallo en la puerta del juzgado.
Por Adriana MeyerPagina 12
“Es que no tiene ninguna condena”, repetían diputados, políticos y juristas autodenominados progresistas y de derecha cuando el Congreso debatía sobre las condiciones que debía tener la impugnación a la banca con la que aspiraba a consolidar su impunidad. Pero fracasó por “inhabilidad moral”, y así llegó finalmente al banquillo que debió haber ocupado muchos años antes. Fue un larguísimo camino para los familiares de sus víctimas, que tuvo momentos de desazón y también de festejo, como aquel 23 de mayo de 2006, cuando el Parlamento truncó para siempre su carrera política. Candidato en campaña o impugnado, diputado electo o inhabilitado, libre o preso, en una cárcel o en una clínica, durante la última década cada uno de estos dilemas hacía fluctuar su estado de ánimo. No pudo ser por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, ni tampoco por las torturas a Bárzola y Guerrero, pero es probable que todos los parientes de sus víctimas hoy sientan que su dolor pesa un poco menos.
Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.
En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.
En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.
Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.
Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.
Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.
La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.
Durante aquel proceso en la Cámara de Diputados, el desfile de testimonios del horror generado por Patti evidenció su abultado historial delictivo y mostró que durante la dictadura tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales. Alias “el Loco”, era apenas un oficial de calle en 1975 cuando fue elogiado por sus superiores, que pertenecían al círculo íntimo de Ramón Camps, por su ferocidad. En su legajo policial hay trece sumarios por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra.
En 1976 estuvo imputado por la aplicación de tormentos al detenido Julio Di Battista, pero fue sobreseído. Al año siguiente fue acusado por fusilar a tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. En 1983 estuvo detenido por el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones, el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento, pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos.
En enero de 1990, una comisión policial encabezada por Patti mató al joven Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que según el policía Isabelino Miño estaba “en el despacho de Patti con anterioridad, porque siempre hablaba de que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario en enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso de gatillo fácil. El 4 de octubre de 1990, Patti se entregó luego de estar prófugo siete meses y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. El ex comisario daba las órdenes durante una sesión que incluyó “submarino seco” sobre un elástico. “Traé la batería”, fue una de las indicaciones que dio. Patti recusó al juez que lo había procesado y cinco años más tarde fue absuelto por prescripción. Al poco tiempo sería electo intendente de Escobar, pero ya había hecho campaña como “investigador” del caso María Soledad en Catamarca, enviado en 1991 por el ex presidente Carlos Menem.
Pasaban los años y crecía su impunidad. Estuvo cerca del banquillo más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia, una Cámara que declaró la prescripción y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares y los sobrevivientes fueron amedrentados por el poder que acumuló el represor, que además persiguió a funcionarios judiciales con falsas denuncias. Por eso al momento de reclamar su banca, Patti podía invocar su presunción de inocencia, que jamás argumentó porque, al ser indagado, se quedaba callado. Sin embargo, luego de la impugnación en el Congreso y, sobre todo, luego de su detención en noviembre de 2007, se activaron los expedientes que lo llevaron a la primera condena, la de ayer.
Desde la cárcel se permitió proclamarse “preso político” y “proscripto”. También mentía Patti cuando vociferaba que no tenía causas abiertas, porque estaba procesado por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva. Y estaba pendiente la reapertura del caso Cambiaso-Pereyra Rossi a pedido del fiscal Juan Murray, quien recordó que Patti confesó en 1983: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero en la causa, reabierta recién el año pasado, hay una prueba que indica que los fusiló por la espalda. Su prédica de “mano dura” le valió 400 mil votos en 2005, cuando compartió boleta con Chiche Duhalde, aunque a esa altura ya había hecho apología del delito y se había confesado torturador.
Juana Muniz Barreto tomó coraje de denunciar al asesino de su padre cuando vio los carteles de la campaña del Paufe (Partido Unidad Federalista). Pero Patti no habría llegado siquiera a los afiches si alguna vez la voluntad política hubiera alcanzado para sancionar alguno de los tantos proyectos de ley que hay en Diputados para inhabilitar el acceso a cargos públicos de represores. Ese era el argumento favorito de los funcionarios judiciales, que pateaban la pelota al Poder Legislativo para sacarse la “Patti” caliente de encima.
La abogada Ana Oberlin hablaba de terquedad, y sí, fue esa obstinación, junto a la firmeza de su colega Pablo Llonto, la vehemencia de los Muniz Barreto y los Gonçalves, la valentía de los testigos más recientes. Ellos y todos quienes conocían los detalles del prontuario de Patti aguantaron durante años con impotencia cuando les decían “pero no tiene condena”. Ahora dirán que la histórica sentencia de ayer aún no está firme, porque falta la confirmación de las Cámaras y, eventualmente, de la Corte Suprema. Pero ya tiene condena, que no es poco.
