Es abril y la caducidad se sacude como hoja marchita que está a punto de caer del seco árbol de la impunidad. Otra vez en abril, como cuando el voto verde no pudo contra el miedo mediático aquel 16 del año 89 o cuando en 2009 se consiguieron las firmas para un voto rosado que sería traicionado. Abril, como en 2003, cuando la Comisión para la Paz tuvo que reconocer desaparecidos y el Estado empezó a confesar su terrorismo de Estado. Fue abril, cuando Vladimir Roslik era el último muerto por la dictadura aquel otro 16 del 84., cuando un 4 del 76 desaparecieron a Ary Cabrera, cuando el 29 del 75 matan a Amelia Lavagna de Tizze, y cuando aquel 23 del 74 acribillaron a Silvia, a Laura y a Diana. Abril de tantas represiones. Abril del 72, en que el Escuadrón se puso el uniforme el día 14, para el 17 asesinar en la Seccional 20 y comunizar el tupamaraje.
Abril 15 de ese año, cuando entre el Ejecutivo y el Legislativo dieron un golpe de Estado al Judicial, sometiéndolo a la justicia militar y más tarde a la impunidad vigente. Irónico abril de los caídos contra subversión y luego por las instituciones. Abril de mentiras y silencios. Abril de la historia, que nos recuerda una paz y el desembarco por el que hasta hoy en nuestro corazón flamea el grito de Libertad o Muerte. Abril robado de Sabina. Abril del ritmo tibio. Abril que tantas veces duele. Abril de la alegría infiinita de un cardigan para un abuelo. Abril en que se crece. Abril que me envejece. Abril de esperanza, en la confianza de que cuando esa caduca hoja marchita caiga crujiendo y se pudra como los fósiles señores que la parieron, sobre su abono germinarán tallos de verdad que florecerán justicia para sembrar memoria en los campos del olvido.
Que sea en abril, cuando empiece a morir la cultura de impunidad que nos ensombrece.
Roger Rodríguez
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Último Momento
Fernández Huidobro anunció que renunciará al Senado
La acalorada votación en el Senado para aprobar el proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad tuvo a las 18.17 horas una fuerte consecuencia política: el senador por la CAP-L (Frente Amplio), Eleuterio Fernández Huidobro, anunció que dejará su banca.
Es que Huidobro, quien ya había manifestado su rechazo a la iniciativa, aclaró que vota a favor de la misma por "disciplina partidaria", es decir, mandatado por el Congreso del Frente Amplio. Pero como consecuencia de ello afirmó: "Vamos a renunciar a este Senado".
"Sea lo que sea y con los argumentos que sean hay que llamar a la gente, según nuestro humilde ideal. Se dice, con razón, dentro de nuestra fuerza política que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo, también fue mayoría dos veces", aseguró Huidobro.
El dirigente de la CAP-L recordó que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces por la ciudadanía, expresiones populares que a su juicio se deben respetar. "Conviene recordar que las mayorías tienen derechos y les corresponde usar su libertad. La mayoría del pueblo fue mayoría dos veces y esa es la suprema mayoría", sostuvo.
"Nuestra histórica corriente política votó en 1984 en minoría contra el Pacto del Club Naval y también en aquel entonces acatamos las mayorías", agregó.
Se mostró explícitamente en desacuerdo con el Frente Amplio, y reiteró, como a lo largo de todo su discurso, que su actuar es disciplinario. "Quiero decir también, que yo cada vez que perdí pensé que era el pueblo el que se equivocaba. Pero la legitimidad viene de lo que deciden las mayorías. Yo hoy pienso que la mayoría del Frente se está equivocando, lo siento en el corazón, en la conciencia, pero acato la legalidad vigente." En su discurso el senador, además, se refirió en forma crítica al Poder Judicial. "Es contradictoria la Corte de Justicia que hace un tiempo decía que es constitucional, inconstitucional.No somos juristas, no entendemos esos cambios, pero bueno, así está organizado el Poder Judicial".
Huidobro indicó que ahora le pedirá la venia a la CAP-L para presentar su renuncia. "Descuento que voy a tener esa venia, pero quiero tener el gesto de mis compañeros", aseveró.
Además, dijo que quiere "hablar con Pepe Mujica" sobre este paso que decidió dar.
También explicó que la renuncia de un legislador al Senado debe ser considerada por dicha Cámara y "aprobada por lo menos por un tercio de los presentes en sala".
El País Digital
Fecha: 12/04/2011 | 17:07 | Montevideo, Uruguay
Fecha: 12/04/2011 | 10:26 | Montevideo, Uruguay
POLÍTICA
Mujica se reunió con Fernández Huidobro para expresarle su apoyo
El presidente asistió al despacho del senador, con el que se reunió por espacio de 15 minutos
Según pudo saber Observa el presidente José Mujica se reunió este martes con el senador Fernández Huidobro (Cap-L) para manifestarle su apoyo ante la renuncia del legislador a su bancada.
Fuentes cercanas al legislador aseguraron a Observa que el presidente permaneció por espacio de 15 minutos.
El motivo de la visita fue la renuncia la tarde de este martes de Fernández Huidobro a su bancada en el Senado por el tratamiento de la ley interpretativa de la caducidad.
Huidobro confirmó en sala su voto positivo, pero señaló que lo hacía por disciplina partidaria e informó que dejaría su lugar en la Cámara Alta.
Antes de presentar la renuncia formal señaló que quería comunicarle su decisión al presidente.
Consultado por Canal 10, Mujica habló a la salida de la reunión con Huidobro. “No le voy a contar nada. Vine a darle un abrazo a un viejo compañero, con el que hace 40 años militamos. Me parece que lo tenía que hacer”, dijo el presidente, que se negó a hacer otras consideraciones.
(Observa)
Fecha: 12/04/2011 | 21:24 | Montevideo, UruguayFuentes cercanas al legislador aseguraron a Observa que el presidente permaneció por espacio de 15 minutos.
El motivo de la visita fue la renuncia la tarde de este martes de Fernández Huidobro a su bancada en el Senado por el tratamiento de la ley interpretativa de la caducidad.
Huidobro confirmó en sala su voto positivo, pero señaló que lo hacía por disciplina partidaria e informó que dejaría su lugar en la Cámara Alta.
Antes de presentar la renuncia formal señaló que quería comunicarle su decisión al presidente.
Consultado por Canal 10, Mujica habló a la salida de la reunión con Huidobro. “No le voy a contar nada. Vine a darle un abrazo a un viejo compañero, con el que hace 40 años militamos. Me parece que lo tenía que hacer”, dijo el presidente, que se negó a hacer otras consideraciones.
(Observa)
PARLAMENTO
Saravia sube la temperatura en el Senado
El legislador dijo en sala que la anulación de la ley de caducidad “es una timba jurídica”
Aumenta la temperatura en el Parlamento donde se discute en la Cámara Alta el proyecto de Ley interpretativo que hace caer la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Jorge Saravia (ex MPP) que vota en contra junto a la oposición dijo que con la aprobación de esta ley “no se va a encontrar a los desaparecidos”.
“Esto es una timba jurídica. Se juega con el dolor de la gente”, dijo el representante en referencia a los familiares de los detenidos desaparecidos.
El ex emepepista señaló que en la discusión “va a quedar de manifiesto quien es republicano” y aseguró que hay muchas personas “mala leche” que lo acusan de estar a favor de la impunidad.
Por su parte el senador nacionalista Jorge Larrañaga indicó que “seguramente la Suprema Corte va a declarar la inconstitucionalidad” de esta ley.
Larrañaga calificó el tratamiento del proyecto como una “carrera loca hacia una caza de brujas”.
(Observa)
Jorge Saravia (ex MPP) que vota en contra junto a la oposición dijo que con la aprobación de esta ley “no se va a encontrar a los desaparecidos”.
“Esto es una timba jurídica. Se juega con el dolor de la gente”, dijo el representante en referencia a los familiares de los detenidos desaparecidos.
El ex emepepista señaló que en la discusión “va a quedar de manifiesto quien es republicano” y aseguró que hay muchas personas “mala leche” que lo acusan de estar a favor de la impunidad.
Por su parte el senador nacionalista Jorge Larrañaga indicó que “seguramente la Suprema Corte va a declarar la inconstitucionalidad” de esta ley.
Larrañaga calificó el tratamiento del proyecto como una “carrera loca hacia una caza de brujas”.
(Observa)
Fecha: 12/04/2011 | 17:07 | Montevideo, Uruguay
PARLAMENTO
Saravia espera convencer a legisladores y que Mujica vete el proyecto sobre caducidad
El senador, "autoexcluido" del MPP, será el único frenteamplista que votará en contra del proyecto interpretativo que dejará sin efecto la ley 15.848
La votación de este martes en el Senado del proyecto de ley interpretativo de la ley de Caducidad (ley 15.848) tendrá las miradas atentas de la oposición y cuestionadoras del oficialismo puestas sobre el senador Jorge Saravia, el único frenteamplista que ya anunció que votará en contra de la iniciativa.
Entrevistado en la mañana de este martes en el programa “De ocho a diez” de radio Uruguay, Saravia manifestó que espera poder convencer a algunos legisladores de adoptar su misma postura y votar en contra del proyecto de ley.
"Vamos a entrar a sala, vamos a dar nuestro punto de vista y los aspectos filosóficos de fondo que hacen al debate entre los que somos republicanos y los que entienden que la disciplina partidaria está por encima de la ética política", dijo. Y expresó: “Tengo expectativas de que, ya que los otros senadores que acompañaban mi postura no la van a acompañar, que reflexionen algunos legisladores del Frente Amplio y no den su voto en Diputados, que reflexionen sobre lo que significa violar la Constitución tan flagrantemente y abrir un espacio impensado, que además va a traer como consecuencia andanadas de recursos de inconstitucionalidad y tampoco va a darle solución a los familiares de los desaparecidos”.
Si esto no sucede y ningún legislador apoya su postura, “quedará en última instancia la esperanza del presidente de la República y su veto”, opinó Saravia.
El legislador, quien fue autoexcluido del MPP por este motivo, enfatizó que no entrar a sala “no corre”. “En política cuando digo sí es sí, cuando digo no, es no”, expresó. Consultado si alguien se lo propuso en estos días, aseguró: “No, de ninguna manera. Las discusiones de este tema tuvieron el año pasado su punto más fuerte y este año en algunas reuniones que tuvimos con los compañeros quedó clara nuestra postura”.
Saravia aseguró que con la aprobación de este proyecto de ley “abre un espacio muy complejo en el ámbito jurídico". “Cabe la posibilidad de que se declare inconstitucional este proyecto de ley porque el legislador no puede interpretar una ley sino que hace leyes (…) Votar este proyecto que para mí es un disparate jurídico y la disciplina partidaria, no está por encima de la ética política”, remarcó.
(Observa)
Entrevistado en la mañana de este martes en el programa “De ocho a diez” de radio Uruguay, Saravia manifestó que espera poder convencer a algunos legisladores de adoptar su misma postura y votar en contra del proyecto de ley.
"Vamos a entrar a sala, vamos a dar nuestro punto de vista y los aspectos filosóficos de fondo que hacen al debate entre los que somos republicanos y los que entienden que la disciplina partidaria está por encima de la ética política", dijo. Y expresó: “Tengo expectativas de que, ya que los otros senadores que acompañaban mi postura no la van a acompañar, que reflexionen algunos legisladores del Frente Amplio y no den su voto en Diputados, que reflexionen sobre lo que significa violar la Constitución tan flagrantemente y abrir un espacio impensado, que además va a traer como consecuencia andanadas de recursos de inconstitucionalidad y tampoco va a darle solución a los familiares de los desaparecidos”.
Si esto no sucede y ningún legislador apoya su postura, “quedará en última instancia la esperanza del presidente de la República y su veto”, opinó Saravia.
El legislador, quien fue autoexcluido del MPP por este motivo, enfatizó que no entrar a sala “no corre”. “En política cuando digo sí es sí, cuando digo no, es no”, expresó. Consultado si alguien se lo propuso en estos días, aseguró: “No, de ninguna manera. Las discusiones de este tema tuvieron el año pasado su punto más fuerte y este año en algunas reuniones que tuvimos con los compañeros quedó clara nuestra postura”.
Saravia aseguró que con la aprobación de este proyecto de ley “abre un espacio muy complejo en el ámbito jurídico". “Cabe la posibilidad de que se declare inconstitucional este proyecto de ley porque el legislador no puede interpretar una ley sino que hace leyes (…) Votar este proyecto que para mí es un disparate jurídico y la disciplina partidaria, no está por encima de la ética política”, remarcó.
(Observa)
Fecha: 12/04/2011 | 10:26 | Montevideo, Uruguay
CÁMARA DE SENADORES
Acalorado debate por anulación de la Ley de Caducidad
El senado comenzó sobre las 10.30 el debate previo a la votación que aprobará un proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad. Por consiguiente, expone a militares a ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (ver nota relacionada).
El proyecto de ley interpretativa que todos los senadores frenteamplistas -salvo Saravia- votarán, establece la anulación de tres artículos de la ley 18.848 y se basa en el concepto de "inaplicabilidad" de la ley que empleó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en sus fallos de inconstitucionalidad.
TWITTER. El debate, como se preveía, es acalorado. Cada legislador que ha hecho uso de la palabra expresó una sólida defensa de la posición del oficialismo y la oposición.
La discusión se trasladó también a las redes sociales, particularmente a Twitter donde varios senadores expresaron sus comentarios previos y sus "respuestas" a lo que cada legislador manifestó en su oratoria.
Quien más ha utilizado la red social fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien es recurrente usuario de esta herramienta para comentar lo que ocurre en las sesiones que participa.
Ya antes de comenzar el debate Bordaberry anunciaba que "se tratará el desconocimiento de lo que votó la ciudadanía uruguaya en dos plebiscitos".
Quien inició la oratoria fue el senador por el oficialismo Oscar López Goldaracena, quien fue blanco de críticas por parte del legislador colorado. "Sigue informando el representante del Frente Amplio bajo la tesis de que no importa lo que votamos los uruguayos", afirmó.
"Ahora trata de explicar por qué no respetan lo que el pueblo votó; dice que no está derogando la ley sino tornándola en letra muerta: increíble", comentó el legislador colorado.
Para Bordaberry la pregunta es por qué el Frente Amplio convocó a un plebiscito en 2009 "si hoy dice que la gente que votó se equivocó".
Por otro lado el senador colorado Ope Pasquet recordó que el histórico líder frenteamplista, Líber Seregni, dijo que el Frente Amplio acataba el resultado popular tras el plebiscito de 1989 y afirmó que su partido votará en contra de la iniciativa.
También el legislador Tabaré Viera y el senador Jorge Larrañaga criticaron la postura del partido de gobierno. Viera dijo: "Goldaracena habla de delitos de lessa humanidad y de los convenios. Nada de nuestra soberanía".
Larrañaga por su parte criticó con dureza al ex presidente Tabaré Vázquez porque "ahora dice que las mayorías se equivocan. ¡Es una vergüenza! Perdieron dos plebiscitos y van contra la mayoría de los uruguayos".
OPOSICIÓN. El senador nacionalista Francisco Gallinal fue quien tomó la palabra luego de Goldaracena, iniciando el primer descargo de la oposición.
Según el Twitter de Bordaberry, Gallinal dijo que "los que se beneficiaron de la Ley de Amnistía, no tienen autoridad moral ni ética para derogar la Ley de Caducidad" y recordó que el fallecido dirigente Wilson Ferreira Aldunate "es el autor intelectual de la ley".
En otro momento de su oratoria, Gallinal hizo suyas las palabras del senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa (quien envió a su suplente a la votación), al decir que "después de hoy que el Frente Amplio nunca más junte una forma para que la gente vote".
Las barras de la cámara estaban a un 50% de su capacidad al principio de la sesión, según pudo constatar El País en el lugar.
El País Digital
Gabriela Iribarren durante la lectura de la proclama, ayer, en la sede del PIT-CNT. Foto: Victoria Rodríguez
Intérpretes
Senado vota hoy proyecto para anular la Ley de Caducidad; Diputados lo hará el 4 de mayo.El Frente Amplio (FA) utilizará su mayoría para introducir los cambios acordados al proyecto original. En una sesión que promete ser ardua, la oposición anticipó que no acompañará la iniciativa. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, con esta norma el oficialismo violentará las consultas populares convocadas sobre este tema, a diferencia de lo que hicieron las Fuerzas Armadas en 1980.
"Creemos que hoy era de justicia hacer un homenaje a todos aquellos que desde los distintos lugares oficiaron de fogoneros de esta lumbre que empieza a transformarse en llama", sostenía ayer, pasadas las 18.30, la actriz Gabriela Iribarren en la sede del PIT-CNT. El motivo de tal acto es que a partir de las 9.00 el Senado incluirá las modificaciones al proyecto interpretativo aportadas por el jurista y ex senador José Korzeniak (Partido Socialista) para "desactivar la norma", en amparo a los recientes fallos de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Caducidad.
La oposición interna que surgió dentro del FA en el Senado, protagonizada por Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP), Eleuterio Fernández Huidobro (Corriente de Acción, Pensamiento y Libertad, CAP-L) y Jorge Saravia (Patria Grande), quedó desarticulada luego de que la CAP-L y AP resolvieron acatar lo dispuesto por el Plenario del Frente Amplio, que el 19 de marzo mandató a sus legisladores a votar el proyecto.
Estos tres senadores tomaron caminos diferentes. Fernández Huidobro apoyará la norma pero argumentará en contra. Por su parte, Nin dejará la banca a cargo de su suplente, el diputado Gustavo Guarino, que la votará. Según dijo este último, el ex vicepresidente "hace una semana que pidió licencia", y explicó que su argumentación dependerá de "cómo venga el debate". Pero aclaró que marcará la posición del sector, que es que "no se puede despejar esto de lo que fueron las dos consultas populares". "Si bien no le resta legitimidad, lesiona el camino de la democracia directa anteriormente utilizada", entendió el diputado, y recordó que AP había considerado "poco conveniente" plebiscitar la ley en octubre de 2009. No obstante consideró que "no es un tema cualquiera, sino que son derechos humanos y voy a votar sin ningún problema".
En cambio, Saravia confirmó que no acompañará el proyecto, lo cual hizo concluir a la dirección del Espacio 609, en el que confluye Patria Grande, que el senador "se autoexcluyó" del sector. Su negativa no afectará la aprobación del texto, ya que alcanza con los otros 16 legisladores con los que cuenta el oficialismo en la cámara alta.
Diferente es la situación en la cámara baja, donde el FA sí precisa de sus 50 representantes para terminar de aprobar la norma. La bancada oficialista se compone de 50 miembros, quienes ya habían dado media sanción al proyecto original, aunque, por ejemplo, los representantes de la CAP-L habían argumentando en contra. El coordinador en Diputados, Felipe Michelini, indicó que "nadie ha dicho nada en contra" y anticipó que no cree que "exista alguien con una lógica de no votarlo".
Desde el Partido Nacional el miembro informante por la minoría, el senador Francisco Gallinal, adelantó que hará referencia a las dos instancias de democracia directa que hubo sobre este tema (plebiscito de 2009 y referéndum de 1989), y estimó que "varios compañeros harán uso de la palabra". A su vez, anunció que destacará el papel que desempeñó Wilson Ferreira Aldunate para la aprobación de la Ley de Caducidad, a la que calificó de "una solución renga como el pacto del Club Naval": "El país iba caminando a golpear la dictadura, y un día a un conjunto de dirigentes que participaron en el acto del Obelisco se les ocurre ir a negociar, no sólo la salida, sino la prisión de Wilson, la proscripción de Seregni y las leyes que de alguna manera sirvieron de amnistía para las partes en conflicto".
Su colega colorado Ope Pasquet se limitó a decir que los legisladores colorados votarán en contra por las razones "ya conocidas", aunque resaltó que su partido "respetará las mayorías en todos los sentidos". "Perderemos y acataremos", dijo y descartó llevar adelante un referéndum para dejar sin efecto el interpretativo. "Eso es para que la gente se pronuncie y la gente ya se pronunció", entendió.
La oposición más ardua a esta iniciativa del FA la están haciendo los militares retirados. Desde el Centro Militar, su presidente, el coronel retirado Guillermo Cedrez, consideró gravísima la iniciativa y advirtió que "se está destruyendo la voluntad del soberano". "Además, es un mensaje muy feo a la juventud, porque acá se habla mucho de la dictadura, pero lo cierto es que ella validó un plebiscito contra ella misma, y estos señores se dan contra dos plebiscitos de la ciudadanía".
Según publicó Últimas Noticias ayer, los militares retirados enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia anunciando que denunciarán a "nivel internacional" la "violación a la libertad" que para ellos habrían realizado los magistrados al procesar a varios funcionarios del régimen militar por crímenes cometidos en la dictadura. Cedrez dijo que ya tienen "un cuerpo de abogados" en caso de ser juzgados a raíz del interpretativo y explicó que a nivel internacional también se están "asesorando" para definir a qué organismo recurrir.
Cedrez, que mantuvo una charla con Mujica la semana pasada, sostuvo que el presidente estaba "totalmente en desacuerdo" con este proceso, aunque se había jurado a sí mismo "no vetar", por lo que el coronel retirado lo calificó de "ambivalente". También se reunió ayer con Jorge Larrañaga, ocasión en la que el líder de Alianza Nacional le transmitió su rechazo al proyecto interpretativo "de forma bastante vehemente", y que si bien mañana respetará las mayorías, defenderá su postura de esa manera.
A ambos lados del río
El PIT-CNT convoca a “rodear” hoy, siete horas después de iniciada la sesión del Senado, el Palacio Legislativo para reafirmar “el compromiso en la lucha contra la ley de impunidad y la vigencia plena de los derechos humanos”. En una misma línea, “uruguayos frenteamplistas, organizaciones civiles, sociales, políticas y de derechos humanos” radicadas en Argentina llaman a concentrarse frente a la embajada uruguaya en Buenos Aires. Tienen previsto entregar un documento al embajador, Guillermo Pomi, para que, por intermedio suyo, les haga llegar a los legisladores la petición de aprobar la iniciativa con “prontitud”.Estos tres senadores tomaron caminos diferentes. Fernández Huidobro apoyará la norma pero argumentará en contra. Por su parte, Nin dejará la banca a cargo de su suplente, el diputado Gustavo Guarino, que la votará. Según dijo este último, el ex vicepresidente "hace una semana que pidió licencia", y explicó que su argumentación dependerá de "cómo venga el debate". Pero aclaró que marcará la posición del sector, que es que "no se puede despejar esto de lo que fueron las dos consultas populares". "Si bien no le resta legitimidad, lesiona el camino de la democracia directa anteriormente utilizada", entendió el diputado, y recordó que AP había considerado "poco conveniente" plebiscitar la ley en octubre de 2009. No obstante consideró que "no es un tema cualquiera, sino que son derechos humanos y voy a votar sin ningún problema".
En cambio, Saravia confirmó que no acompañará el proyecto, lo cual hizo concluir a la dirección del Espacio 609, en el que confluye Patria Grande, que el senador "se autoexcluyó" del sector. Su negativa no afectará la aprobación del texto, ya que alcanza con los otros 16 legisladores con los que cuenta el oficialismo en la cámara alta.
Diferente es la situación en la cámara baja, donde el FA sí precisa de sus 50 representantes para terminar de aprobar la norma. La bancada oficialista se compone de 50 miembros, quienes ya habían dado media sanción al proyecto original, aunque, por ejemplo, los representantes de la CAP-L habían argumentando en contra. El coordinador en Diputados, Felipe Michelini, indicó que "nadie ha dicho nada en contra" y anticipó que no cree que "exista alguien con una lógica de no votarlo".
Desde la otra esquina
El senador Rafael Michelini sostuvo que la validación legislativa del proyecto será importante "para el país", porque le permitirá "recuperar la dignidad" y un "ordenamiento jurídico compatible". Consultado acerca de los ataques que la bancada oficialista recibirá de blancos y colorados, señaló: "El FA hará pesar nuestra verdad y los argumentos por los cuales estamos convencidos de que éste es el camino de la justicia".Desde el Partido Nacional el miembro informante por la minoría, el senador Francisco Gallinal, adelantó que hará referencia a las dos instancias de democracia directa que hubo sobre este tema (plebiscito de 2009 y referéndum de 1989), y estimó que "varios compañeros harán uso de la palabra". A su vez, anunció que destacará el papel que desempeñó Wilson Ferreira Aldunate para la aprobación de la Ley de Caducidad, a la que calificó de "una solución renga como el pacto del Club Naval": "El país iba caminando a golpear la dictadura, y un día a un conjunto de dirigentes que participaron en el acto del Obelisco se les ocurre ir a negociar, no sólo la salida, sino la prisión de Wilson, la proscripción de Seregni y las leyes que de alguna manera sirvieron de amnistía para las partes en conflicto".
Su colega colorado Ope Pasquet se limitó a decir que los legisladores colorados votarán en contra por las razones "ya conocidas", aunque resaltó que su partido "respetará las mayorías en todos los sentidos". "Perderemos y acataremos", dijo y descartó llevar adelante un referéndum para dejar sin efecto el interpretativo. "Eso es para que la gente se pronuncie y la gente ya se pronunció", entendió.
La oposición más ardua a esta iniciativa del FA la están haciendo los militares retirados. Desde el Centro Militar, su presidente, el coronel retirado Guillermo Cedrez, consideró gravísima la iniciativa y advirtió que "se está destruyendo la voluntad del soberano". "Además, es un mensaje muy feo a la juventud, porque acá se habla mucho de la dictadura, pero lo cierto es que ella validó un plebiscito contra ella misma, y estos señores se dan contra dos plebiscitos de la ciudadanía".
Según publicó Últimas Noticias ayer, los militares retirados enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia anunciando que denunciarán a "nivel internacional" la "violación a la libertad" que para ellos habrían realizado los magistrados al procesar a varios funcionarios del régimen militar por crímenes cometidos en la dictadura. Cedrez dijo que ya tienen "un cuerpo de abogados" en caso de ser juzgados a raíz del interpretativo y explicó que a nivel internacional también se están "asesorando" para definir a qué organismo recurrir.
Cedrez, que mantuvo una charla con Mujica la semana pasada, sostuvo que el presidente estaba "totalmente en desacuerdo" con este proceso, aunque se había jurado a sí mismo "no vetar", por lo que el coronel retirado lo calificó de "ambivalente". También se reunió ayer con Jorge Larrañaga, ocasión en la que el líder de Alianza Nacional le transmitió su rechazo al proyecto interpretativo "de forma bastante vehemente", y que si bien mañana respetará las mayorías, defenderá su postura de esa manera.
Santiago Sánchez
La Diaria
La Diaria
Retirados revelan reuniones secretas con Mujica
Admiten acuerdos "entre combatientes" desde antes de 1990
PABLO MELGAR
A pocas horas que el Senado vote la media sanción a la anulación parcial de la ley de Caducidad, integrantes del foro militar Libertad y Concordia salieron a relucir viejos acuerdos entre miembros de las Fuerzas Armadas y los tupamaros.
A pocas horas que el Senado vote la media sanción a la anulación parcial de la ley de Caducidad, integrantes del foro militar Libertad y Concordia salieron a relucir viejos acuerdos entre miembros de las Fuerzas Armadas y los tupamaros.
"Habíamos acordado que los desaparecidos habían caído en combate y que el tema se terminaba ahí", aseveró ayer a El País el coronel retirado José Carlos Araújo, vocero de la agrupación castrense.
El militar sostuvo que desde la década de los años de 1990 se produjeron reuniones entre militares y ex guerrilleros con el propósito de alcanzar la "concordia entre los orientales".
Araújo, que en la actualidad conduce un programa en radio Continente, reconoció que él mismo participó de reuniones en las que el propio Presidente Mujica asumió un "compromiso entre excombatientes" terminar con el revisionismo.
Además, reveló que algunas de la reuniones "reservadas" se concretaron en el domicilio del mayor Walter Villanueva. Agregó que en el momento en que se alcanzaron esos compromisos se confeccionó un documento, pero declinó revelar su contenido.
En tal sentido, subrayó que los militares se sienten "traicionados" por Mujica, ya que el primer mandatario "se había comprometido a trabajar en esa línea y no concretó lo que había asumido". "Si bien nunca tomaron el liderazgo del tema, que lo manejaron los Michelini, Familiares y el PCU, el único hito del MPP fue cuando Fernández Huidobro se manifestó en un congreso del Frente Amplio por mantener la ley de Caducidad", aseveró Araújo.
Las conversaciones entre militares y tupamaros comenzaron en 1972 cuando miembros de la Logia Tenientes de Artigas sacaron de la prisión a los jefes guerrilleros para intercambiar información sobre delitos financieros.
Tras el retorno de la democracia hubo otros intercambios. Araújo reconoció que en la actualidad "los canales de diálogo están abiertos".
El vocero del foro militar apuntó sus baterías a la frase del expresidente Tabaré Vázquez, en la que señaló que en "temas de derechos humanos, las mayorías no siempre tienen la razón".
"Lo que dijo Vázquez justifica el golpe de Estado. Si las mayorías se equivocan es lícito que actúe una minoría", ironizó Araújo.
Triunfo. Libertad y Concordia reaccionó con dureza a la confirmación de que el Senado le dará media sanción a la anulación de la ley de Caducidad.
"Para nosotros es un triunfo. Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista. En ese marco está quedando en evidencia que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo", afirmó Araújo.
En tanto, la respuesta de las organizaciones sociales militares sobre lo que resuelva el Senado en la sesión de hoy se conocerá el jueves 14 en dos actos en recuerdo de los muertos en las acciones del 14 de abril de 1972, cuando el MLN atentó contra cuatro sospechosos de integrar los escuadrones de la muerte. El primer acto será a la hora 10:30 en Avenida Italia y Abacú. El segundo acto tendrá lugar en la sede del Círculo Militar a la hora 11:30.
El País Digital
Felipe Michelini
"Los militares mantienen un pacto mafioso"
Valeria Gil-¿Qué evaluación hace sobre la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le aplicó a Uruguay por el caso Gelman?
-Me encontraba en una gira por Estados Unidos donde participé de reuniones con organismos internacionales cuando se dictó la sentencia, pero creo que el fallo ha sido contundente. Uruguay tiene que erradicar el obstáculo de la Ley de Caducidad, identificar a los sospechosos de haber cometido delitos durante la dictadura y someterlos a proceso.
-¿Por qué los militares no colaboran con las investigaciones judiciales?
-Creo que el poder civil no ha dado un mensaje claro. Hay un capricho de mantener a rajatabla la Ley de Caducidad cuando se ha hecho insostenible, ya nadie puede aprobar la acción repugnante que tuvieron durante la dictadura.
-Hay dos plebiscitos que avalan la Ley de Caducidad, ¿Por qué se insiste desde el Frente Amplio con anular la norma cuando la ciudadanía ya se pronunció?
-Desde el punto de vista jurídico los plebiscitos tienen los efectos limitados, ni que hablar que el plebiscito de 1989 se dio en el marco de la construcción del terror. Además, los resultados de las consultas populares no pueden obligar a Uruguay a incumplir con el Derecho Internacional.
-¿Qué sentido tiene hacer un plebiscito si no se tiene en cuenta la voluntad de la ciudadanía?
-Tiene mucho sentido. Entre otras cosas saber qué piensa la gente. Es un instrumento de recurso popular muy importante para poner en debate público los temas. Yo no le tengo miedo a los plebiscitos. En este país en materia de lucha contra la impunidad de delitos gravísimos hay dos posiciones marcadas: están aquellos que de todas formas intentamos que se restablezca la justicia y la dignidad, y otros sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que a lo que se han dedicado es a amparar a unos criminales de uniforme.
-El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, declaró que los militares están nerviosos por la ola de juicios que puede desatar la aprobación de la ley interpretativa ¿Tienen razones para preocuparse?
-No creo que haya nerviosismo, sino demostraría cobardía. Enfrentarse a un juez por hechos gravísimos no debería dar ningún nerviosismo. En el juicio al que serán sometidos tienen todas las garantías que las víctimas no tuvieron y aspiro de una vez por todas que se pueda romper el pacto mafioso de los militares que es inaceptable en una democracia; por el que siguen negando las responsabilidades, escondiendo los cuerpos y tratando de presionar a la Justicia.
-¿Ese "pacto mafioso" del que habla abarca a militares en actividad o solo a los retirados?
-Creo que abarca los sectores más reaccionarios comprometidos con el golpe de Estado y aspiro que las nuevas generaciones en definitiva puedan honorar el uniforme, a diferencia de los cuadros oficiales de aquella época.
-¿El mensaje que dio el Presidente José Mujica al ir a visitar al general procesado Miguel Dalmao resulta contradictorio con la posición del Frente Amplio de anular la Caducidad?
-No, para nada, es el Presidente. Probablemente terminará visitando a 9.000 presos, pero a nadie le puede sorprender la forma de ser del Presidente.
El País Digital
Caducidad: Senado vota anulación bajo polémica
Debate. Esperan cruce de acusaciones en el Frente Amplio
DANIEL ISGLEAS / VALERIA GIL Bajo fuerte polémica, el Senado aprobará hoy un proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad. Por consiguiente, expone a militares a ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El País Digital Con la expectativa puesta en el discurso del frenteamplista Jorge Saravia, el Senado dará hoy martes 12 el primer paso (luego irá a Diputados) para anular parte de la Ley de Caducidad, sancionada en 1986 y ratificada en dos consultas populares, en 1989 y 2009.
El proyecto de ley interpretativa que todos los senadores frenteamplistas -salvo Saravia- votarán, establece la anulación de tres artículos de la ley 18.848 y se basa en el concepto de "inaplicabilidad" de la ley que empleó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en sus fallos de inconstitucionalidad.
Blancos y colorados, que en 1986 impulsaron esta ley, rechazarán la anulación.
La sesión coincidirá con una movilización frente al Palacio Legislativo encabezada por el Pit-Cnt y familiares de detenidos desaparecidos, que junto al Frente Amplio son responsables de que la ley interpretativa de la Caducidad se vote hoy.
Desde el punto de vista práctico, la anulación de parte de la ley de Caducidad permitirá la reapertura de todos los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Luego de ser aprobada por el Senado, pasará a la Cámara de Diputados que deberá aceptar o rechazar las modificaciones a un proyecto similar votado en octubre de 2010.
El diputado Felipe Michelini, coordinador de la bancada del Frente Amplio, dijo a El País que la idea es que el proyecto tenga un "rápido tratamiento" y que se vote en el plenario en la sesión del miércoles 4 de mayo.
"Ya comunicamos a todas las bancadas cuál es nuestra intención. Nadie nos dijo que no. Si se pretendiera invitar a algún especialista a la comisión de Constitución, se haría en la última semana de abril", explicó Michelini.
DISENSO. Desde que este tema llegó al Parlamento en el segundo semestre de 2010, provocó diferencias en la bancada del Frente Amplio. En Diputados no hubo resistencia al contenido de la iniciativa, tan así que cuando se trató en el plenario logró el apoyo de los 50 legisladores frenteamplistas.
Pero en el Senado la situación cambió, dado que de la bancada frenteamplista con 17 senadores, incluyendo al vicepresidente Danilo Astori, tres expresaron públicamente su resistencia a la anulación de la ley, fundamentalmente porque fue ratificada dos veces por la ciudadanía.
Los senadores Saravia (Espacio 609), Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), se manifestaron en contra de apoyar el proyecto.
Entonces, una comisión especial que se conformó dentro de la fuerza política realizó una serie de modificaciones al proyecto original.
Luego, el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó por unanimidad mandatar a los legisladores de la coalición a votar la ley interpretativa.
Para acatar la resolución del Plenario, Fernández Huidobro y Nin Novoa anunciaron que acompañarán la iniciativa a pesar de discrepar con la anulación de la ley de Caducidad.
Nin Novoa solicitó licencia y no asistirá a la sesión de hoy; en su lugar ingresará su suplente Gustavo Guarino que votará el proyecto interpretativo.
En tanto, Fernández Huidobro votará a favor de la iniciativa, pese a considerar que la aprobación del proyecto "es un garrafal error político del Frente Amplio", tal como dijo en una entrevista a El País.
Pese a brindar su voto para la aprobación de la norma, el legislador de la CAP-L argumentará en contra de la ley interpretativa.
"REPUBLICANO". En este marco, Saravia desafiará el mandato del Plenario Nacional del Frente Amplio y votará en contra del proyecto. Según adelantó a El País, en su argumentación se concentrará en los conceptos de "republicanos y no republicanos".
Saravia insistirá sobre la base de que los legisladores de la coalición violan el artículo 4° de la Constitución de la República, donde se establece que "la soberanía radica en la nación". Por lo que insistirá en que "se deben respetar los plebiscitos que ratificaron la norma en el pasado".
Los distintos sectores del Frente Amplio esperarán a que Saravia incumpla con el mandato del Plenario Nacional para enviar su caso al Tribunal de Conducta Política.
Hasta el momento el Frente Amplio no pudo tomar ninguna medida contra el senador rebelde, pese a que sus compañeros de bancada consideran que realizó "una serie de insultos a otros compañeros", pero "no desacató ningún mandato", explicaron fuentes frenteamplistas a El País. Si no vota hoy el proyecto interpretativo, estaría violando "el principio de unidad de acción" del FA.
11 abril 2011
Mientras el Presidente Mujica establece que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con las de la Dictadura, los principales referentes de ellas y los Centros Militares se empeñan en demostrar que son las mismas Fuerzas Armadas. El Comandante del Ejército Rosales se empeña en aparecer públicamente reclamando únicamente más plata y más impunidad y nada habla de los restos de los desaparecidos y de los niños robados, por ejemplo el nieto o nieta de María Esther Islas.
Los Centros Militares aglutinantes de represores y de torturadores, que hacen apología de la muerte, violación y desaparición de personas, incluso haciendo de sus crímenes una virtud, amenazan diaria, abierta y veladamente, contra cualquier solución que deje a los uruguayos todos iguales ante la ley. No se resignan porque fueron protegidos por Gobiernos cómplices y una Justicia atada de pies y manos. Fue necesario que llegara el Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez para que se corrieran los velos de la impunidad que escondían los más atroces crímenes, torturas, violaciones y ejecuciones en masa.
Los uruguayos que venimos desde hace décadas luchando contra la mentira y la impunidad rechazamos todo tipo de amenazas y chantajes, de los militares y sus personeros, por lo que los convocamos el próximo martes 12 de abril desde las 9 y 30 horas a todos los ciudadanos de este país, a participar de la Jornada que realizaremos en los alrededores del Palacio Legislativo donde se debatirá, en el Senado de la República, el Proyecto Interpretativo de la Ley de Caducidad, que dejará sin efecto la misma.
Además de poder presenciar la Sesión en las barras se podrá escuchar la misma en los alrededores del Parlamento a través de la amplificación del audio que existirá en la explanada. Asimismo se colocará un escenario donde se desarrollarán diversos espectáculos artísticos. Participarán Organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.
Por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, y porque hay más de 20 declaraciones de Inconstitucionalidad de esta perversa ley por parte de la Suprema Corte de Justicia, y porque fue declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Porque la VERDAD y la JUSTICIA no se negocian,TODOS IGUALES ANTE LA LEY.
Mesa Permanente Contra la Impunidad
Leer más: http://esquinamontevideo.
PARLAMENTO
Senado vota anulación de la caducidad; Saravia acompañará a la oposición
El Frente Amplio tiene mayoría para aprobarla, a pesar de la negativa del legislador “rebelde”, que será evaluado por el Tribunal de Conducta Política de la fuerza política
Este martes puede ser el principio del fin del senador Jorge Saravia dentro del Frente Amplio (FA). Cuando en la sesión Senado, que comienza a las 9.30, Saravia vote en contra del proyecto de ley que su partido presentó al Parlamento para eliminar la ley de Caducidad, se dispararán una serie de resortes políticos internos en la coalición de izquierda que pueden terminar con su alejamiento definitivo del oficialismo.
Y es que, sea de oficio o porque lo denuncie algún sector del FA, el Tribunal de Conducta Política (TCP) de la coalición evaluará su comportamiento en torno a este proyecto de ley.
Difícilmente el TCP resuelva expulsar a Saravia del FA. Nunca pasó antes con un legislador (sí con militantes de base) y seguramente no ocurra ahora, dijo a El Observador un destacado senador del oficialismo. Pero sí puede, en los hechos, empujar al senador hasta la línea de la autoexclusión, una alternativa que figura en los estatutos del FA y que fue pensada para casos como este, en el que un dirigente, un legislador o incluso todo un sector se siente fuera del acuerdo político que une a la coalición.
Esta maniobra la acaba de aplicar el Movimiento de Participación Popular (MPP) y sus aliados del Espacio 609 para echar a Saravia de sus filas. Tras varios desencuentros, todo terminó en marzo cuando Saravia votó la interpelación de los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Rosadilla (Defensa) por el caso del video con amenazas de supuestos militares.
El MPP lo presentó como una “autoexclusión” de Saravia, pero en los hechos fue una expulsión del senador, que ya no compartía la línea política del sector mayoritario del FA.
Saravia ya fue denunciado ante el TCP a fines del año pasado por la Vertiente Artiguista, cuando acusó a los diputados del FA de asestar “un golpe de Estado técnico”. Fue cuando los 50 diputados votaron el proyecto original que anulaba la ley de Caducidad. A su entender ese proyecto de ley violaba la Constitución y desconocía los resultados del referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009.
Lo mismo dice ahora del nuevo proyecto, que tuvo pequeñas modificaciones formales, y que este martes se votará en el Senado con la ano en alto de 16 de los 17 legisladores del FA.
Pero Saravia no es el único que sostiene que el proyecto de ley que elimina la ley de Caducidad es inconstitucional. Los senadores Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro piensan igual, pero actuarán distinto, (ver protagonistas).
Saravia ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias para defender su posición. Dijo incluso que a pesar de estar dentro del FA, sigue siendo blanco. Saravia llegó a la coalición de izquierda en el 2002, producto de una alianza política que hizo con el MPP del este martes presidente José Mujica.
El proyecto de ley que se vota en el Senado obliga a la Justicia a interpretar que la ley de Caducidad es “incompatible” con la Constitución y con los convenios internacionales suscritos por Uruguay. Sobre esta base establece que todas las causas archivadas contra militares al amparo de la ley de Caducidad se reabrirán de oficio. Por último dice que no se tomarán en cuenta, para la prescripción de los delitos cometidos en dictadura, el periodo que va desde marzo de 1985 hasta el día en que se apruebe este proyecto de ley, que elimina la ley de Caducidad.
(Observa)
Fecha: 12/04/2011 | 06:24 | Montevideo, UruguayY es que, sea de oficio o porque lo denuncie algún sector del FA, el Tribunal de Conducta Política (TCP) de la coalición evaluará su comportamiento en torno a este proyecto de ley.
Difícilmente el TCP resuelva expulsar a Saravia del FA. Nunca pasó antes con un legislador (sí con militantes de base) y seguramente no ocurra ahora, dijo a El Observador un destacado senador del oficialismo. Pero sí puede, en los hechos, empujar al senador hasta la línea de la autoexclusión, una alternativa que figura en los estatutos del FA y que fue pensada para casos como este, en el que un dirigente, un legislador o incluso todo un sector se siente fuera del acuerdo político que une a la coalición.
Esta maniobra la acaba de aplicar el Movimiento de Participación Popular (MPP) y sus aliados del Espacio 609 para echar a Saravia de sus filas. Tras varios desencuentros, todo terminó en marzo cuando Saravia votó la interpelación de los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Rosadilla (Defensa) por el caso del video con amenazas de supuestos militares.
El MPP lo presentó como una “autoexclusión” de Saravia, pero en los hechos fue una expulsión del senador, que ya no compartía la línea política del sector mayoritario del FA.
Saravia ya fue denunciado ante el TCP a fines del año pasado por la Vertiente Artiguista, cuando acusó a los diputados del FA de asestar “un golpe de Estado técnico”. Fue cuando los 50 diputados votaron el proyecto original que anulaba la ley de Caducidad. A su entender ese proyecto de ley violaba la Constitución y desconocía los resultados del referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009.
Lo mismo dice ahora del nuevo proyecto, que tuvo pequeñas modificaciones formales, y que este martes se votará en el Senado con la ano en alto de 16 de los 17 legisladores del FA.
Pero Saravia no es el único que sostiene que el proyecto de ley que elimina la ley de Caducidad es inconstitucional. Los senadores Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro piensan igual, pero actuarán distinto, (ver protagonistas).
Saravia ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias para defender su posición. Dijo incluso que a pesar de estar dentro del FA, sigue siendo blanco. Saravia llegó a la coalición de izquierda en el 2002, producto de una alianza política que hizo con el MPP del este martes presidente José Mujica.
El proyecto de ley que se vota en el Senado obliga a la Justicia a interpretar que la ley de Caducidad es “incompatible” con la Constitución y con los convenios internacionales suscritos por Uruguay. Sobre esta base establece que todas las causas archivadas contra militares al amparo de la ley de Caducidad se reabrirán de oficio. Por último dice que no se tomarán en cuenta, para la prescripción de los delitos cometidos en dictadura, el periodo que va desde marzo de 1985 hasta el día en que se apruebe este proyecto de ley, que elimina la ley de Caducidad.
(Observa)
Fernández Huidobro anunció que renuncia a su banca
12.04.2011 | 18.30 El Espectador
El senador por la CAP-L, Eleuterio Fernández Huidobro, anunció ante la cámara de senadores que, tras votar a favor de anular la Ley de Caducidad, renunciará a su banca.
El debate en el senado, tendiente a abordar la aprobación del proyecto del ley interpretativo a lo que, desde la bancada del FA se nombra como “ley de impunidad”, estaba estancado hasta que, el ahora frenteamplista independiente, Jorge Saravia, encendió una mecha que terminó con el mencionado anuncio de Fernández Huidobro.
Saravia, que ya había adelantado su decisión de apoyar a la oposición, manifestó que el proyecto del partido de gobierno “es una timba jurídica. Se juega con el dolor de la gente”, dijo y agregó que en la discusión “va a quedar de manifiesto quien es republicano” y aseguró que hay muchas personas “mala leche” que lo acusan de estar a favor de la impunidad.
Ante estas declaraciones el senador nacionalista Jorge Larrañaga indicó que “seguramente la Suprema Corte va a declarar la inconstitucionalidad” de esta ley.
“Agazzi habló de ley de impunidad, pero seria bueno aclarar que si la hubo fue porque hubo pacto del Club Naval y el Partido Nacional no concurrió a avalarlo” porque “esta ley es un mamarracho jurídico pero hay que respetarla porque así lo decidió la gente”, declaró Larrañaga.
Larrañaga entiende que votando este proyecto “se estaría supeditando el sistema jurídico nacional al internacional y eso no esta bien”.
Por su parte el líder nacionalista, Luis Alberto Lacalle, hizo hincapié en la idea de que, según su visión, “la ley no interpreta sino que innova y cambia cosas”. Lacalle se refirió a la misma como un “fraude electoral” y agregó que, de aprobarse el proyecto, “los que están presos se van a ir para sus casas”.
“El general Álvarez y los demás no van a tener marco jurídico para su encarcelamiento”, señaló. “De aprobarse esta ley se va a estar “violando la Constitución de manera espantosa. Estamos hablando a la sombra del pacto del Club Naval”, agregó Lacalle.
Hace 24 años. Tras 293 meses de vigencia de "la ley vergüenza", el Senado con mayoría anulatoria, inicia hoy el debate sobre el proyecto interpretativo que declara "carente de valor jurídico alguno" los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad.
Por la caducidad de la Caducidad: la madre de todos los horrores llega a su final; hoy se inicia el debate
El mundo nos mira. La comunidad mundial aguarda con singular expectativa la decisión de nuestro país sobre una ley de terror que nunca debió haber existido. Sólo tres testigos de aquella sanción quedan hoy en el Parlamento que la hará desaparecer del mapa jurídico del país: Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Heber y Ope Pasquet. Se estima que el proyecto interpretativo será aprobado en el Senado por 16 votos contra 15, incluyendo entre la minoría al senador frentista Jorge Saravia, que votará en contra de la decisión del lema que lo condujo a la banca. En Diputados habrá una más amplia mayoría a favor del proyecto anulatorio. Todas las instancias culminarán antes del 20 de mayo, día del martirologio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz.El Pacto. Lo que acordaron en el Club Naval, Medina, Sanguinetti, Wilson Ferreira
EL PACTO. LO QUE ACORDARON EN EL CLUB NAVAL, MEDINA, SANGUINETTI, WILSON FERREIRA
La Ley de Caducidad y la rebelión de los uniformados ante la Justicia en aquel 1986
¿En qué contexto fue aprobada en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado? ¿Se pactó la impunidad en el Club Naval? ¿Qué querían los militares? ¿Qué hicieron los partidos?
Luis Casal Beck - La Republica
Negociaciones en el Club Naval. Los frentistas Juan Young y José Cardoso, el 6 de julio de 1984.
Los hechos se precipitaron en aquel tumultuoso diciembre de 1986, cuando el juez penal Ricardo Harriague, le comunicó a la Jefatura de Policía de Montevideo que el día 22, a la hora 8, debía presentarse a declarar por el caso Orletti, el teniente coronel José Nino Gavazzo, quien catorce meses antes, desafiante, dijo públicamente: "como militar, no estoy dispuesto a concurrir ante ningún juez civil para que se me juzgue por operaciones militares". Gavazzo era el primero de nueve oficiales convocados (el 23, Manuel Cordero, el 24, Ernesto Ramas).
Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.
El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.
Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).
Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.
Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.
Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa gerente de noticias de canal 12, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.
El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.
La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.
rana 059
Västerås, Suecia
Aseguró que todos los juicios tuvieron “las garantías del debido proceso”
Guianze advirtió “gravedad” en acusación de militares
La fiscal Mirtha Guianze aseguró que las críticas de los presidentes de los centros sociales militares al Poder Judicial constituyen una “acusación grave” porque no se limitan a observar un proceso sino a todo el accionar de la Justicia.
“Las personas que sienten que no han sido contempladas en todo su derecho por la Justicia siempre pueden acudir a un organismo internacional. En este caso, me parece que se hace un planteo de orden general. No hablan de un juicio sino de todos. Eso es una acusación grave y compromete al país", advirtió la fiscal Mirtha Guianze. Respondió así al anuncio de los presidentes de los centros sociales castrenses de que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" que a su juicio cometieron los magistrados al procesar a militares por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, recordó a Ultimas Noticias que la primera condena a un militar por violar los derechos humanos durante la dictadura data del año 2006. "Hasta ahora nunca denunciaron que hubiera irregularidades. Desde entonces, todos los casos fueron tratados de acuerdo a las normas, con las sentencias en primera y segunda instancia que corresponden y la posibilidad del recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca vio una irregularidad en el proceder", enfatizó.
Indicó que si los centros militares quieren llevar sus demandas al ámbito internacional "tendrán derecho a ser oídos" pero garantizó que "en todos los juicios se dieron las garantías del debido proceso".
Hasta el momento, todos los juicios realizados a militares tienen sentencia confirmatoria con excepción del caso del soldado Ernesto Soca, todavía a estudio del tribunal. Soca fue procesado en setiembre pasado por "veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados", acusado de participar del "segundo vuelo" de Automotores Orletti y reconocido por los sobrevivientes por su risa y su voz.
Los militares niegan la validez de las pruebas presentadas, por lo que el mes pasado los centros sociales resolvieron remitir una carta a la SCJ para pedir al organismo que investigara la actuación de los magistrados en los procesamientos. El 25 de marzo, una semana más tarde, la Corte determinó que no es "jurídicamente competente para rever los errores técnicos graves de los magistrados".
Ante esa resolución, los centros remitieron un nuevo mensaje al presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey, para plantear que "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Guianze recordó que "el derecho internacional prevé que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y los responsables, juzgados”.
“De hecho, hay un dictamen internacional que pesa sobre Uruguay, pero toda persona que sienta que no ha sido contemplada puede apelar a la Justicia internacional", agregó.
El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Uruguay en el caso Gelman y estableció que la ley de Caducidad constituye un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Los uniformados consideran que los procesamientos son "arbitrarios" y que se cometieron "errores técnicos graves" en los fallos
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| Martes 12 de Abril de 2011 |
Guianze advirtió “gravedad” en acusación de militares
La fiscal Mirtha Guianze aseguró que las críticas de los presidentes de los centros sociales militares al Poder Judicial constituyen una “acusación grave” porque no se limitan a observar un proceso sino a todo el accionar de la Justicia.
“Las personas que sienten que no han sido contempladas en todo su derecho por la Justicia siempre pueden acudir a un organismo internacional. En este caso, me parece que se hace un planteo de orden general. No hablan de un juicio sino de todos. Eso es una acusación grave y compromete al país", advirtió la fiscal Mirtha Guianze. Respondió así al anuncio de los presidentes de los centros sociales castrenses de que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" que a su juicio cometieron los magistrados al procesar a militares por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, recordó a Ultimas Noticias que la primera condena a un militar por violar los derechos humanos durante la dictadura data del año 2006. "Hasta ahora nunca denunciaron que hubiera irregularidades. Desde entonces, todos los casos fueron tratados de acuerdo a las normas, con las sentencias en primera y segunda instancia que corresponden y la posibilidad del recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca vio una irregularidad en el proceder", enfatizó.
Indicó que si los centros militares quieren llevar sus demandas al ámbito internacional "tendrán derecho a ser oídos" pero garantizó que "en todos los juicios se dieron las garantías del debido proceso".
Hasta el momento, todos los juicios realizados a militares tienen sentencia confirmatoria con excepción del caso del soldado Ernesto Soca, todavía a estudio del tribunal. Soca fue procesado en setiembre pasado por "veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados", acusado de participar del "segundo vuelo" de Automotores Orletti y reconocido por los sobrevivientes por su risa y su voz.
Los militares niegan la validez de las pruebas presentadas, por lo que el mes pasado los centros sociales resolvieron remitir una carta a la SCJ para pedir al organismo que investigara la actuación de los magistrados en los procesamientos. El 25 de marzo, una semana más tarde, la Corte determinó que no es "jurídicamente competente para rever los errores técnicos graves de los magistrados".
Ante esa resolución, los centros remitieron un nuevo mensaje al presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey, para plantear que "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Guianze recordó que "el derecho internacional prevé que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y los responsables, juzgados”.
“De hecho, hay un dictamen internacional que pesa sobre Uruguay, pero toda persona que sienta que no ha sido contemplada puede apelar a la Justicia internacional", agregó.
El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Uruguay en el caso Gelman y estableció que la ley de Caducidad constituye un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Los uniformados consideran que los procesamientos son "arbitrarios" y que se cometieron "errores técnicos graves" en los fallos
Mujica visitó a Huidobro
Amigos son los amigos
12.04.2011 21:43
El presidente Mujica concurrió al Palacio Legislativo a "darle un abrazo" al senador Eleuterio Fernández Huidobro, quien en plena sesión parlamentaria anunció su inminente renuncia a su cargo de senador.
El sorpresivo anuncio de Fernández Huidobro durante el debate parlamentario acerca de la interpretación de Ley de Caducidad, conmovió la escena política local. Tras el anuncio, y mientras la sesión continuaba, el presidente José Mujica concurrió al Palacio de las Leyes y visitó a su compañero de fuerza política.
"Vine a darle un abrazo, que es lo que tenía que hacer", manifestó Mujica al ser abordado por los micrófonos de Subrayado en los pasillos del edificio. El mandatario se negó a realizar comentarios políticos acerca de intempestiva renuncia, e insistió en que sólo concurrió a saludar a "mi compañero desde hace cuarenta años"
"Lo conozco, conozco su temperamento y sé lo que son la decisiones personales. Pero es mi amigo", concluyó el mandatario
Montevideo Portal
Ley de Caducidad
Sesión de derechos
12.04.2011 19:35
Tras el anuncio que realizó el senador Fernández Huidobro sobre su futura renuncia a la banca, el nacionalista Gustavo Penadés señaló que "la sesión del Senado terminó" porque "ya se dieron los episodios políticos centrales". La oposición reclama "respeto a la voluntad popular".
Luego de la alocución del senador de la CAP-L, Eleuterio Fernández Huidobro, hizo uso de la palabra la legisladora del MPP, Constanza Moreira, que recordó que Uruguay "después de Suiza" es el país que más ha usado el mecanismo de democracia directa, y que el Frente Amplio no ha cesado "de construir la memoria".
Moreira relativizó el resultado de la consulta popular de 2009, señalando que, en realidad, si se hubieran incluido dos papeletas, el triunfo habría sido el de la anulación, y que, por otra parte, quienes votaron por el Frente Amplio sabían que su Congreso había aprobado que se trabajara en ese sentido.
Gustavo Penadés, senador de Unidad Nacional, dijo, a su tiempo, que "la sesión del Senado terminó, porque los episodios políticos centrales ya se dieron", con el anuncio de renuncia de Fernández Huidobro, el voto contrario del oficialista Jorge Saravia y de la ausencia en sala de Rodolfo Nin Novoa. "Los llamados al republicanismo y la voluntad popular fueron pronunciados con dramatismo"
Por su parte, el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, dijo que "no se ratificó dos veces la Ley de Caducidad", sino que "hubo la picardía de no poner la otra papeleta y se equivocó nuestra fuerza política en la forma que hacía la campaña. Nadie puede atribuirle al 52% que no votó la anulación una voluntad monolítica". Rubio dijo, además, que no va a haber "ninguna catástrofe" provocada por recursos de inconstitucionalidad.
El senador colorado Tabaré Viera, por el contrario, señaló que la derogación de la ley tendrá efectos retroactivos, y que la misma atenta contra la certeza jurídica.
Debate sobre Caducidad
Regresan los mitos de ayer
12.04.2011 15:41
El debate sobre la interpretación de la Ley de Caducidad viene dándose en el Senado desde las 9 de la mañana, entre críticas de la oposición al desconocimiento de los dos pronunciamientos populares, y el oficialismo abogando por la justicia. Hubo cuestionamientos a la formalidad de la ley, y recuerdos de los muertos por la guerrilla.
Las dos vías de Solari
A su turno, el senador colorado Alfredo Solari, coincidió con su par Ope Pasquet al señalar que "las leyes son hijas de su tiempo", y realizó un resumen histórico de cómo países como España o Argelia salieron de la crisis tras sus respectivas guerras civiles, y recordó que, en esas oportunidades, "las violaciones a los derechos humanos fueron de los dos bandos".
Solari contó que, en diciembre de 1963, fue invitado por un amigo a asaltar un camión de la empresa Manzanares, para repartir lo robado entre familias de bajos recursos, pero que no aceptó. "Ese amigo optó por la vía de la sublevación armada, y yo por la democrática. Eso fue en 1963, en pleno gobierno democrático". "En octubre de 1969 muere un amigo, un compañero de liceo, cuyos padres eran amigos de mis padres: Jorge Salerno. Quien lo conoció no podía dudar que era una buena persona con buenas intenciones, pero en el copamiento de Pando mata a un policía, de una clase social muy inferior a la suya, que estaba representando al Estado, cumpliendo con su deber". Más adelante, en 1972, "fue ejecutado, sin juicio previo, acribillado a balazos, el profesor Armando Acosta y Lara, que había sido profesor de los dos militantes". Ese año, señaló el legislador, "era la apoteosis de una revolución fracasada y un Estado represivo también fracasado".
Para Solari, "no hubo un lado bueno y una lado malo", y agregó que no tiene "por qué dudar de las buenas intenciones de quienes enfrentaron el Estado democrático", pero que no las comparte. Volviendo al principio de su intervención, coincidió en que "que Gregorio Álvarez esté preso y Mujica sea presidente es una demostración del éxito de la ley", y manifestó su plena confianza en que el presidente Jose Mujica, "cumpla con lo prometido en la campaña electoral y vete este proyecto de ley, que no conduce a la reconciliación de los uruguayos".
La forma de la ley
El senador del MPP, Ernesto Agazzi, prefirió no referirse a la pertinencia de la anulación de la ley por motivos humanitarios, sino formales, y recordó, en ese sentido, que el artículo 1º dice que la ley (de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) "no es una resolución del legislador, reconoce lo que los hechos le indican. Después dispone mecanismos, pero acá reconoce que ha caducado esta pretensión punitiva, el legislador parece que no hablara, sólo reconoce".
Agazzi estuvo de acuerdo en que la ley es "hija de las circunstancias", pero destacó que, en su artículo 1º, se aclara que se dicta "para concluir la transición al orden constitucional", por lo que "la ley es temporal". Ese argumento, continuó, "era válido en la medida que la transición estaba amenazada. ¿Hoy es válido?", se preguntó. "Los organismos internacionales nos señalan con el dedo porque no respetamos los aspectos básicos de los derechos humanos", apuntó el legislador.
Para finalizar, aclaró que "el pueblo no derogó la ley, pero tampoco la ratificó", y agregó que "nada tiene que ver" la Ley de Caducidad con el Pacto del Club Naval ni con la Ley de Amnistía. "Hoy lo más conveniente para el Uruguay es restablecer la Justicia, es un acto de independencia del Poder Legislativo, que cunda la justicia y que haya justicia para todos".
Larrañaga: "una grosería"
El senador nacionalista y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, aseguró que esta ley es "una violación de las reglas jurídicas superiores", y que la anulación de la Ley de Caducidad es "groseramente inconstitucional".
Larrañaga explicó que no cuestiona que se exija verdad y justicia, y que los familiares luchen por conocer el paradero de los desaparecidos, y recordó que, en 1989, votó verde, pero que este proyecto "contraría el camino pretendido por el presidente, de tener un camino de unidad nacional, de encuentro, de entendimiento"; "no estoy en la defensa de los militares que violaron los derechos humanos, nunca lo hizo el Partido Nacional", apuntó, pero avizoró que, de aprobarse, "va a haber una catarata de recursos de inconstitucionalidad, los juzgados penales van a tener que poner inspectores de tránsito por toda la gente que va a tener que ir a declarar".
Para culminar, el senador blanco apuntó que "se quiere hacer caducar la voluntad popular", y que "respetar la voluntad de la gente es una obligación ética y moral de la política".
Lacalle: el pasado los condena
El senador y ex presidente blanco Luis Alberto Lacalle comenzó su intervención señalando que quienes desencadenaron los problemas sobre los que interviene la Ley de Caducidad fueron "lo que se levantaron contra los gobiernos democráticos en 1963", en quienes "prendió el veneno castrista". "Hasta 1972", dijo, "el Uruguay era un país regido por la Constitución con tres poderes, en donde se enfrentaron dos formas de violencia: una ilegítima desde el principio, y la otra legítima en el principio y desbordada después muchas veces".
Lacalle dijo que la Ley de Caducidad, junto a la de Amnistía y a la restitución de los empleados públicos, fueron formas de superar la dictadura, y que "la votamos sabiendo que tenía ingredientes de injusticia".
Además, el legislador cuestionó que el Frente Amplio no la haya derogado, "si es tan ley como una ley de alquileres, y se puede derogar como cualquier ley, con mayoría simple".
Para Lacalle, el texto en discusión no es interpretativo porque "la ley de caducidad nunca fue confusa. Esta es una ley distinta y separada, que innova, que cambia", y criticó "la falta de exactitud en los términos de los redactores" y los vicios formales que exhibe su redacción.
Finalmente, el senador Lacalle advirtió que "quienes están presos al amparo de la Ley de Caducidad tienen que irse para su casa" porque su prisión "se quedará sin sustento", y recordó que su partido, "para la paz social ha aportado el perdón, pero no el olvido. Los que tenemos cuentas de sangre de larga data no las llevamos, aunque esas memorias son las que nos mantienen donde estamos".
Moreira: es inútil anular la ley
El senador nacionalista Carlos Moreira dijo que, durante la administración de Tabaré Vázquez, se presentó un proyecto de ley para resarcir económicamente a las "víctimas de la sedición", por lo que la izquierda reconoce "parte de la verdad histórica", y recordó que, en 1989, el referéndum para derogar la ley de Caducidad resultó con un 58 a 42: "fue paliza", dijo Moreira, y aclaró que "a nadie le gustó votarla".
Además, mencionó que "hay gente privada de libertad que hoy paga culpas" juzgada por "nuestra justicia independiente", por lo que no es necesario anular la ley.
Montevideo Portal
Debate acalorado por caducidad
Autores e intérpretes
12.04.2011 11:05
El Senado discute la interpretación de la Ley de Caducidad, y el oficialismo y la oposición mantienen opiniones firmes. El senador colorado Ope Pasquet dijo que "que Álvarez esté preso y Mujica sea presidente" es la demostración de la efectividad de la ley. Michelini dijo que "no se iban a quedar con los brazos cruzados".
Desde las 9 de la mañana, el Senado discute la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad.
Quien comenzó con sus fundamentos para justificar el proyecto fue el senador suplente por el Partido Comunista, Oscar López Goldaracena, encargado de dar los argumentos del oficialismo.
Más tarde, el nacionalista Francisco Gallinal argumentó en nombre de la oposición. Las primeras reacciones de los partidos opositores al discurso de López Goldaracena fueron negativas. "Sigue informando el representante del Frente Amplio bajo la tesis de que no importa lo que votamos los uruguayos", dijo Bordaberry desde el Senado, a través de su cuenta en Twitter.
Más temprano, el líder de Vamos Uruguay había afirmado que "esperemos que haya más que tengan la valentía del senador Saravia; Nin Novoa no entró a sala y dejó a su suplente". Jorge Larrañaga afirmó también que el proyecto interpretativo "viola la soberanía del país".
López Goldaracena comenzó su alocución explicando que algunos artículos de la Ley de Caducidad carecem de valor jurídico alguno.
"¡La argumentación del miembro informante se comió varias hojas de la Constitución! ¿Por qué no hicieron esto en el período anterior?", replicó Jorge Larrañaga.
Pasadas las 11 de la mañana comenzó su alocución Francisco Gallinal, que aseguró que "quienes se beneficiaron de la ley de amnistía no tienen derecho a votar esta ley", en alusión a la amnistía que se votó para militantes tupamaros.
Gallinal terminó sus argumentos con la esperanza de que el presidente José Mujica vete la ley.
Larrañaga estuvo de acuerdo con su compañero. "La posición del FA es de enorme fragilidad. Los que se beneficiaron de la ley de amnistía para los presos políticos hoy votan esta ley", opinó a través de Twitter.
Gallinal dijo sentirse molesto porque se habla de que la Ley de Caducidad es una ley de impunidad, cuando Wilson Ferreira Aldunate defendió su existencia, y no estaba de acuerdo con la impunidad.
Posición colorada
A su turno, el colorado Ope Pasquet, de Vamos Uruguay, opinó que "anular esta ley es pasar por arriba de la voluntad popular", y recordó que, no sólo el pueblo se mostró a favor de la ley en dos oportunidades (1989 y 2009) sino que el propio Líber Seregni aseguró, en la primera instancia, que el Frente Amplio acataría el resultado de aquel referéndum.
¿Qué derecho tienen los legisladores del Frente Amplio para decidir algo por encima de la mayoría de la población? ¿Tienen poderes sobrenaturales?", se preguntó.
Pasquet también se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a nuestro país en el caso Gelman, y señaló que la Corte "desconoce el contexto social y político en que los países aplican el derecho". Finalmente, Pasquet dijo que "Gregorio Álvarez está preso, y Mujica es el presidente. Esa es la mejor demostración de que la ley de Caducidad sirvió para superar la dictadura".
Palabras de Michelini
Rafael Michelini, senador frenteamplista, estuvo de acuerdo en que la Ley de Caducidad tuvo un papel pacificador, pero en ese momento, "entre el valor de la paz y la justicia se optó por la paz, y este es el momento de optar por la justicia".
Michelini apuntó que se dice que "no respetamos la voluntad popular", pero que "no es verdad", porque el FA "respetó el resultado del plebiscito", pero que "eso no significa que no luchemos para cambiarlo". "¿Qué pensaban? ¿Qué nos íbamos a quedar de brazos cruzados?", dijo. "Hemos hecho todo de forma pacífica. ¿Qué hubiéramos hecho si perdíamos el plebiscito del 80? ¿Nos hubiéramos quedado de brazos cruzados?", comparó.
Da Rosa: consideraciones técnicas
El senador de Alianza Nacional, Eber Da Rosa, criticó los aspectos técnicos del texto interpretativo de la Ley de Caducidad, porque "pretende eliminar una ley cuestionada por inconstitucional con otra ley que es inconstitucional".
Da Rosa, que recordó que estuvo a favor del Voto Verde en 1989, manifestó que "es claro que no se pretende una simple derogación de la ley, se pretende borrarla del mapa, y eso, después de transcurridos casi 30 años, no es cosa sencilla, ni depende de la voluntad de los legisladores". El senador se preguntó por los inconvenientes que pueden tener los jueces a partir de la anulación de una ley sobre la cual se realizaron varias sentencias. Además, dijo que esta anulación va contra dos pronunciamientos populares, "que no son un mero argumento efectista: hubo un pronunciamiento legislativo que fue ratificado por la soberanía popular".
Sin embargo, señaló que, ni el pronunciamiento popular del 89 ni el del 2009 ratificaron la ley, pero que ninguno acompañó la voluntad por derogarla.
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LAS DOS CONSULTAS
Referéndum del 16 de abril de 1989:
Papeleta amarilla (mantener la Ley): 1.082.454 (55.9 %)
Papeleta verde (anularla): 799.109 (41.3 %); en Montevideo alcanzó el 55 %
Plebiscito del 25 de octubre de 2009
Papeleta Rosada (eliminarla): 1.105.768 (47.98 %). La opción hubiera resultado victoriosa si llegaba a la mitad más uno de los habilitados.
DDHH EN EL CLUB NAVAL
"Ellos (los militares, durante las negociaciones del Club Naval, en 1984), presentaron distintos textos, a través de los cuales pretendían que la Justicia militar siguiera entendiendo en los delitos comunes cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones. Y entonces todo aquello que pudiera haber sido violación de los derechos humanos, hubiera sido competencia de la Justicia militar y no de la Justicia civil (ordinaria). Ese texto fue rechazado y fue el momento más duro de la negociación, donde se interrumpió por un largo rato, hasta que finalmente se llegó a mantener el texto de la Constitución de 1967" (declaraciones de Juan Young, uno de los representantes del Frente Amplio en el Club Naval, y por entonces presidente de la Democracia Cristiana en "La Primera Orden", de Alfonso Lessa, 2009).
Evalúan pedir libertad para militares
Los abogados que representan a los militares retirados y ex policías, detenidos en Domingo Arena, comenzaron a evaluar la posibilidad de pedir la liberación de los procesados, si el Parlamento deja sin efecto la ley de Caducidad, afirmaron a La República allegados a los presos.
Si bien los procesados por delitos de violación a los derechos humanos admiten que para poder juzgarlos el Poder Ejecutivo los excluyó de le ley de Caducidad, entienden que la actuación judicial se realizó en base a la vigencia de la ley aprobada en 1986.
En tanto, las fuentes indicaron que los clubes sociales que nuclean a los retirados, ofrecieron su asesoramiento en caso de que la ley de Caducidad quede sin efecto. En ese sentido, los informantes señalaron que ante cada citación judicial que reciban los retirados, se presentarán recursos "de inconstitucionalidad" ante la Suprema Corte de Justicia. Afirmaron que los más de 20 casos en que la Suprema Corte falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pueden servir de antecedente para sus casos. Subrayaron que en principio está descartado presentar un recurso masivo, sino que se harán individualmente. Los retirados anunciaron además su disposición a presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por considerar que existieron "irregularidades" en los procesos judiciales. El ex integrante de la OCOA, coronel retirado Jorge Silveira admitió que él presentará su caso ante la corporación internacional, al igual que otros detenidos.
Entre tanto, los procesados por delitos de lesa humanidad prosiguen con su campaña de cartas a legisladores, intendentes, autoridades del Ejecutivo y ámbitos internacionales en los que cuestionan la actuación del Poder Judicial.
A través de una misiva firmada por el Inspector Mayor (R), Ricardo Medina se el policía retirado sostiene que: "Se habilitó un sistema jurídico especial. Se obviaron normas de Derecho. Se violaron principios del Derecho. Tácitamente se mantiene el concepto de "asociación ilícita", cuando no lo es. En los casos presentes no corresponde la tipificación de delitos de lesa humanidad. Insistentemente se pretende por los operadores judiciales la imputación de los delitos de "desaparición forzada", "homicidio político", contraviniendo lo establecido en la Constitución nacional, los convenios y tratados que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos en que sean beneficiosas para el inculpado".
"COMPLICES"
El diputado del Frente Amplio, Luis Puig desafió al senador Francisco Gallinal a debatir si está a favor de la justicia o de la impunidad, y acusó a los gobiernos blancos y colorados de haber sido cómplices de los terroristas de Estado, violadores y asesinos.
El senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal que fuera además secretario del ex senador Alberto Zumarán será el legislador que defenderá hoy en el plenario de la Cámara de Senadores, la posición contraria a la ley interpretativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Gallinal dijo que el Frente Amplio, con su postura de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pone al pueblo uruguayo "como víctima de esta situación". Para el diputado Puig, Gallinal está cambiando los ejes de la discusión, y olvida que "fue el terrorismo de Estado quien puso al pueblo como víctima". Acusó a los gobiernos blanco y colorados de "haber negado a las víctimas el derecho a la justicia". Recordó a Tota Quinteros que murió sin saber el paradero de su hija, a María Ester de Gatti, buscando a sus hijos, y a Sara Méndez en su búsqueda de Simón.
MOVILIZACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS
La deliberación parlamentaria que se inicia hoy en el Senado y que comenzará a determinar la suerte de las modificaciones a la Ley de Caducidad, también ha despertado la expectativa y movilización de organizaciones sociales dentro del país, y de la diáspora uruguaya. Para presenciar el debate, lanzaron una convocatoria, el PIT-CNT, Crysol, la organización integrada por hijos de desaparecidos, entidades vinculadas a los derechos humanos y movimientos nucleados en las redes sociales.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera dijo a LA REPUBLICA que la central sindical junto a la organización Crysol, y movimiento de la redes sociales, se congregarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo el martes, para asistir al debate. Agregó que a las 14.30 horas los integrantes de la "Mesa permanente contra la impunidad" se concentrarán e instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento.
En Argentina
Con motivo del tratamiento parlamentario en Uruguay, uruguayos frenteamplistas, organizaciones civiles, sociales, políticas y de DDHH "convocan a manifestarse a las 18 horas frente a la Embajada del Uruguay (Av. Las Heras 1907 esq. Ayacucho) a fin de entregar un documento al embajador Guillermo Pomi y a la cónsul general Lilián Alfaro, para que por intermedio de ellos le hagan llegar la petición a los legisladores uruguayos, que aprueben con prontitud dicha iniciativa".
Senado debate hoy fin de la Ley de Caducidad, 24 años después
El Senado se expedirá hoy sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, declarando que varios de sus artículos "presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".
En lo estrictamente político, a partir de la hora 9.30 de hoy se espera un áspero y largo debate. Se cuenta con una mayoría conformada por dieciséis legisladores del Frente Amplio y la oposición de los quince restantes, compuesta por nacionalistas, colorados, y Jorge Saravia (Frente Amplio), quien incluso argumentará en contra (ver nota aparte).
En su momento, los senadores Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro expresaron sus reparos al emprendimiento. En Comisión de Constitución y Legislación, sus suplentes, Gustavo Guarino y Carlos Gamou, respectivamente, dejaron constancia de la postura que asumieron aprobando el proyecto en virtud de una resolución de la fuerza política.
Pasaron 293 meses y como legisladores quedan tres testigos de aquella jornada de diciembre de 1986 en que se consagró la Ley de Caducidad: el senador Luis Alberto Lacalle (PN), y los entonces diputados Luis Alberto Heber (PN) y Ope Pasquet (PC).
Textualmente, cuando desde la Presidencia, Danilo Astori abra la sesión, el punto a tratar es la "Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se interpretan los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y se declara que presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".
La iniciativa, en caso de sancionarse favorablemente por la Cámara alta, debe ser analizada en la Cámara de Representantes. El compromiso del Frente Amplio es aprobarlo antes del 20 de mayo.
Desde el Frente Amplio, el miembro informante será el senador Oscar López Goldaracena (ocupa la banca del comunista Eduardo Lorier); por el Partido Nacional hará lo propio Francisco Gallinal; mientras que desde el Partido Colorado la tarea recaerá en Ope Pasquet.
Acceso a la Justicia
El proyecto del FA apunta a interpretar los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848, aprobada el 22 de diciembre de 1986. Dichos artículos fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009, al no pasar la barrera del 50% de los sufragios emitidos en la elección nacional. Goldaracena fue uno de los promotores de la consulta que planteaba la anulación de esos artículos. "En materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, no existen dos bibliotecas: no es posible convalidar, ni aceptar ninguna ley que impida el acceso a la Justicia. Es un principio inderogable del derecho internacional. El derecho cierra, en este caso, las opciones políticas y el único camino es el de remover la Ley de Caducidad como si la misma nunca hubiera existido", sostuvo días atrás.
"Si se compartieran los artículos 1º, 2º, 3º y 4º que presentan una ilegitimidad manifiesta alguien podría decir que en épocas de dictadura no pudo recurrir a los Juzgados y que cuando lo intentó se dieron todos los inconvenientes con la Ley de Caducidad, por las razones que sean, incluso de Estado; no estoy haciendo un juicio de valor", afirmó en Comisión el senador Rafael Michelini (FA).
Por tanto, "quiere decir que el ciudadano, la víctima, tuvo dos impedimentos: uno de hecho, causado por la dictadura y otro, provocado por el Parlamento, si esos artículos se declaran ilegítimos. Insisto: como la víctima aún cuando la persona haya fallecido lo es cuando retoma el derecho a la Justicia se encuentra ante la prescripción, lo que se intenta, independientemente de que se puede llegar al límite de otros derechos y aspectos, no es caprichoso, no es algo venido de la nada y sin ningún fundamento, sino que se procura devolverle a la víctima un derecho que fue conculcado por la dictadura y luego por una ley".
Propósito electoral
Desde el PN, Gallinal indicó que "este proyecto de ley tiene un propósito político electoral manifiesto, porque el Frente Amplio ha abusado y abusado de este tema y va a generarle no pocos problemas al país". Estimó que ello será así "porque reabre heridas muy profundas del pasado, y porque además es tirar una bomba con la mecha encendida adentro del Poder Judicial que es el que va a tener después que lidiar con principios jurídicos recogidos por nuestro texto constitucional que son puestos en tela de juicio por el proyecto de ley que se pretende aprobar". Para el legislador blanco "también es responsabilidad de los gobernantes respetar los pronunciamientos populares. A mí no me sirve el argumento de proteger a los individuos contra las decisiones de la mayoría democrática".
"Estamos en contra de este proyecto de ley que propone, más allá de denominarse interpretativo que no lo es, se propone anular la Ley de Caducidad porque la declara ilegítima, inconstitucional y la priva de todo efecto jurídico, y luego se preocupa por establecer que esa supresión de los efectos se hace retroactivamente, con lo cual no queda ninguna duda de que esto se trata de una anulación de la ley", indicó Pasquet. El senador colorado señaló que "se incurre en evidente inconstitucionalidad por varias razones: porque la facultad de declarar inconstitucional las leyes la tiene la Suprema Corte de Justicia, cuyo ámbito de competencia se invade, y porque la retroactividad que se procura, lesiona derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
Luis Casal Beck y Marcelo Márquez
Fuente: La República
Al Partido,salud ! aqui sigue la Intendenta..
IMM mantiene las sanciones pese a presión del sindicato
Conflicto. Adeom volvió a pedir que anule suspensión a unos 150 funcionariosFEDERICO CASTILLO
La Intendencia de Montevideo comenzó a aplicar las sanciones a funcionarios que no respetaron la esencialidad y el gremio reaccionó con paro y manifestación frente al despacho de Olivera. El gabinete suspendió la reunión semanal de acuerdos.
Luego de haberlo anunciado durante varios meses, la comuna de Montevideo comenzó ayer a sancionar a los funcionarios que no respetaron la declaratoria de esencialidad durante el conflicto en el servicio de limpieza y guardavidas desatado en diciembre de 2010. Los primeros sancionados son seis funcionarios de estos sectores. Pero habrá más.
Según explicó a El País el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, están previstas unas 150 sanciones que, según el caso, son más o menos severas. En la gran mayoría se trata de suspensiones de cinco días (sin goce de sueldo) mientras que unos pocos funcionarios, -"no llegan a la docena", dijo Prato- serán suspendidos por 12 días.
El secretario comunal explicó que las sanciones se irán notificando gradualmente para no entorpecer los distintos servicios que presta la intendencia.
Y pese a los continuos reclamos de los trabajadores, Prato dejó claro que no habrá marcha atrás en las sanciones. "Es un tema cerrado; ya fueron aplicadas y no van a quedar sin efecto", enfatizó.
Manifestación. Tal como se había resuelto en la última asamblea del gremio de funcionarios municipales (Adeom), los trabajadores se movilizaron en rechazo de la aplicación de las sanciones.
Ayer hubo un paro parcial en la mañana y otro en la tarde que incluyó una ruidosa manifestación en el segundo piso de la Intendencia. En ese piso se encuentra el despacho de la intendenta Ana Olivera y también ese piso el gabinete celebraba ayer la ronda semanal de acuerdos, que fue inesperadamente suspendida durante la protesta de los funcionarios.
Con megáfono en mano, el presidente de Adeom, Alvaro Soto, cuestionó que por la presencia de los funcionarios en los pasillos de la Intendencia se haya suspendido la reunión de los acuerdos semanales.
"Que hayan tenido que levantar el acuerdo, los pinta de cuerpo entero. Tienen miedo de escuchar a los trabajadores", arengó Soto ante funcionarios que respondieron haciendo sonar ollas y cacerolas.
Prato, sin embargo, negó que esa reunión se haya suspendido a causa de la manifestación. "El acuerdo se suspendió, sí. Pero porque había otra actividad en otro lado que había que concurrir", justificó en referencia a un acto en el Prado por el aniversario de la masacre de Salsipuedes. Aseguró que hoy se retoman los acuerdos.
Entrevista. La intención de Adeom era conseguir una entrevista con la intendenta Olivera, pero sólo pudieron llegar hasta la puerta de su despacho, donde un portero les cortó el ingreso. Les dijo que para reunirse con la intendenta tenían que enviar una nota formal solicitando la entrevista. Los funcionarios improvisaron una carta donde planteaban la situación de sus compañeros sancionados y pedían una reunión en carácter de "grave y urgente".
Sobre esta reunión aún no hay respuesta. Sí la hubo para otra entrevista pedida por Adeom al director de Asesoría Jurídica de la comuna, Ernesto Beltrame, que los recibirá mañana miércoles a las 15 horas.
El gremio intenta por todos los medios que se anulen las sanciones. Los funcionarios ya interpusieron recursos para que éstas queden sin efectos, pero no obtuvieron respuestas. Por eso se quieren entrevistar ahora con el director de Jurídica de la Intendencia.
"Si aceptamos estas sanciones, estamos aceptando la renuncia a nuestro convenio colectivo y a nuestro salario, que nos quiten las libertades sindicales y nuestro derecho de huelga como trabajadores", dijo ayer Soto.
Próximos pasos. La dirección ejecutiva del gremio de municipales se reunirá hoy para evaluar el impacto de la medida de ayer y qué acciones desarrollarán de ahora en más para defender a sus compañeros sancionados.
Otra cuestión -ajena a este escenario- que los funcionarios quieren plantear con los jerarcas municipales es la negociación de un convenio salarial con aumentos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC). Para la comuna también este tema está cerrado, y no hay ámbito de discusión previsto, señaló Prato a El País.
Prato insistió en que la Intendencia ya definió los ajustes salariales que se comenzaron a aplicar desde el 1° de abril y que contemplan sólo la inflación. "La intendencia ya dio su respuesta en materia de salarios, al punto que ya se dispuso el aumento por el total del IPC", afirmó.
Desde el gremio se entiende que la negociación de un convenio salarial que contemple esa reivindicación (aumento por encima de la inflación) es "clave".
El dirigente de Adeom, Pablo González, dijo que con el tema de las sanciones se les tiró "un perro muerto arriba de la mesa" y se desvió la atención de los reclamos por el convenio.
González reconoció además que ahora está todo "teñido por las elecciones" que el gremio celebrará en los próximos días (ver nota aparte) por lo que no cree que haya novedades en este tema hasta el comienzo de mayo.
"Estamos cumpliendo con lo que dijimos", dijo ayer la intendenta Ana Olivera al notificar las primeras sanciones a los funcionarios de la intendencia. La jefa comunal agregó además que las horas de paro de ayer también serán descontadas de los salarios de los trabajadores. En la misma sintonía se mostraron otros jerarcas de la Intendencia. Tanto el director de la asesoría jurídica, Ernesto Beltrame, como el secretario general, Ricardo Prato, afirmaron que las sanciones no van a ser revisadas.
Desde que la Intendencia anunció que tomaría medidas contra los funcionarios que violaron la esencialidad, las partes se han tirado distintos dardos.
El presidente del gremio de municipales, Alvaro Soto, calificó a las sanciones como una "vergüenza" y cuestionó a la intendenta Olivera (integrante del Partido Comunista) por ignorar la relación histórica que existe entre la "clase obrera y el pensamiento comunista". Olivera, que impulsó la esencialidad cuando se había suspendido la recolección de basura, enfatizó que las sanciones a quienes no la respetaron son "inamovibles"
Luego de haberlo anunciado durante varios meses, la comuna de Montevideo comenzó ayer a sancionar a los funcionarios que no respetaron la declaratoria de esencialidad durante el conflicto en el servicio de limpieza y guardavidas desatado en diciembre de 2010. Los primeros sancionados son seis funcionarios de estos sectores. Pero habrá más.
Según explicó a El País el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, están previstas unas 150 sanciones que, según el caso, son más o menos severas. En la gran mayoría se trata de suspensiones de cinco días (sin goce de sueldo) mientras que unos pocos funcionarios, -"no llegan a la docena", dijo Prato- serán suspendidos por 12 días.
Y pese a los continuos reclamos de los trabajadores, Prato dejó claro que no habrá marcha atrás en las sanciones. "Es un tema cerrado; ya fueron aplicadas y no van a quedar sin efecto", enfatizó.
Manifestación. Tal como se había resuelto en la última asamblea del gremio de funcionarios municipales (Adeom), los trabajadores se movilizaron en rechazo de la aplicación de las sanciones.
Ayer hubo un paro parcial en la mañana y otro en la tarde que incluyó una ruidosa manifestación en el segundo piso de la Intendencia. En ese piso se encuentra el despacho de la intendenta Ana Olivera y también ese piso el gabinete celebraba ayer la ronda semanal de acuerdos, que fue inesperadamente suspendida durante la protesta de los funcionarios.
Con megáfono en mano, el presidente de Adeom, Alvaro Soto, cuestionó que por la presencia de los funcionarios en los pasillos de la Intendencia se haya suspendido la reunión de los acuerdos semanales.
"Que hayan tenido que levantar el acuerdo, los pinta de cuerpo entero. Tienen miedo de escuchar a los trabajadores", arengó Soto ante funcionarios que respondieron haciendo sonar ollas y cacerolas.
Prato, sin embargo, negó que esa reunión se haya suspendido a causa de la manifestación. "El acuerdo se suspendió, sí. Pero porque había otra actividad en otro lado que había que concurrir", justificó en referencia a un acto en el Prado por el aniversario de la masacre de Salsipuedes. Aseguró que hoy se retoman los acuerdos.
Entrevista. La intención de Adeom era conseguir una entrevista con la intendenta Olivera, pero sólo pudieron llegar hasta la puerta de su despacho, donde un portero les cortó el ingreso. Les dijo que para reunirse con la intendenta tenían que enviar una nota formal solicitando la entrevista. Los funcionarios improvisaron una carta donde planteaban la situación de sus compañeros sancionados y pedían una reunión en carácter de "grave y urgente".
Sobre esta reunión aún no hay respuesta. Sí la hubo para otra entrevista pedida por Adeom al director de Asesoría Jurídica de la comuna, Ernesto Beltrame, que los recibirá mañana miércoles a las 15 horas.
El gremio intenta por todos los medios que se anulen las sanciones. Los funcionarios ya interpusieron recursos para que éstas queden sin efectos, pero no obtuvieron respuestas. Por eso se quieren entrevistar ahora con el director de Jurídica de la Intendencia.
"Si aceptamos estas sanciones, estamos aceptando la renuncia a nuestro convenio colectivo y a nuestro salario, que nos quiten las libertades sindicales y nuestro derecho de huelga como trabajadores", dijo ayer Soto.
Próximos pasos. La dirección ejecutiva del gremio de municipales se reunirá hoy para evaluar el impacto de la medida de ayer y qué acciones desarrollarán de ahora en más para defender a sus compañeros sancionados.
Otra cuestión -ajena a este escenario- que los funcionarios quieren plantear con los jerarcas municipales es la negociación de un convenio salarial con aumentos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC). Para la comuna también este tema está cerrado, y no hay ámbito de discusión previsto, señaló Prato a El País.
Prato insistió en que la Intendencia ya definió los ajustes salariales que se comenzaron a aplicar desde el 1° de abril y que contemplan sólo la inflación. "La intendencia ya dio su respuesta en materia de salarios, al punto que ya se dispuso el aumento por el total del IPC", afirmó.
Desde el gremio se entiende que la negociación de un convenio salarial que contemple esa reivindicación (aumento por encima de la inflación) es "clave".
El dirigente de Adeom, Pablo González, dijo que con el tema de las sanciones se les tiró "un perro muerto arriba de la mesa" y se desvió la atención de los reclamos por el convenio.
González reconoció además que ahora está todo "teñido por las elecciones" que el gremio celebrará en los próximos días (ver nota aparte) por lo que no cree que haya novedades en este tema hasta el comienzo de mayo.
Olivera: el paro de ayer será descontado
Los distintos jerarcas municipales se han mostrado firmes en la idea de no rever las sanciones a los funcionarios que el año pasado no respetaron un decreto de esencialidad."Estamos cumpliendo con lo que dijimos", dijo ayer la intendenta Ana Olivera al notificar las primeras sanciones a los funcionarios de la intendencia. La jefa comunal agregó además que las horas de paro de ayer también serán descontadas de los salarios de los trabajadores. En la misma sintonía se mostraron otros jerarcas de la Intendencia. Tanto el director de la asesoría jurídica, Ernesto Beltrame, como el secretario general, Ricardo Prato, afirmaron que las sanciones no van a ser revisadas.
Desde que la Intendencia anunció que tomaría medidas contra los funcionarios que violaron la esencialidad, las partes se han tirado distintos dardos.
El presidente del gremio de municipales, Alvaro Soto, calificó a las sanciones como una "vergüenza" y cuestionó a la intendenta Olivera (integrante del Partido Comunista) por ignorar la relación histórica que existe entre la "clase obrera y el pensamiento comunista". Olivera, que impulsó la esencialidad cuando se había suspendido la recolección de basura, enfatizó que las sanciones a quienes no la respetaron son "inamovibles"
Hay lucha electoral en adeom
Los próximos 28 y 29 de abril Adeom celebrará sus elecciones, en las que se definirá la nueva dirección del sindicato para los próximos dos años. De cara a los comicios, se desató una dura lucha entre los dirigentes "moderados" y los "radicales", quienes acusan a los primeros de estar a favor de la intendenta Ana Olivera, por las vinculaciones políticas de sus principales dirigentes con el Frente Amplio. Así, en el ala "moderada", surgió la Lista 2011, cuyo principal referente es el sindicalista Camilo Clavijo (integrante del Partido Comunista, sector al que pertenece Olivera). La Lista 2011 surgió como una fusión de la Lista 5 (municipales que militan en el PCU) y la Lista 112 (integrada mayoritariamente por militantes del MPP e independientes). En tanto, los sectores radicales, que actualmente gobiernan Adeom, están integrados por la Lista 307 (del secretario general, Aníbal Varela); la 1974 (de la dirigente Elena Lequio); la 17 (de la sindicalista Mabel Lolo) y la agrupación 1980 (a la que pertenece el actual presidente del gremio, Álvaro Soto). Los dirigentes "radicales" acusan a los sectores "moderados" de estar influenciados por el Frente Amplio. Según Lolo, de esa forma, la administración "quiere destrozar la línea" de la actual conducción.El País Digital
Gobierno aceptó misión de OIT por modificaciones a ley laboral
Empresarios y Pit-Cnt saludaron la resolución oficialEl gobierno resolvió ayer invitar al director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, a que visite Uruguay para interiorizarse del proceso de discusión de la ley de Negociación Colectiva.
La invitación, que fue anunciada ayer por el ministro de Trabajo Eduardo Brenta, fue aceptada por el presidente José Mujica durante la sesión del Consejo de Ministros.
"El país está dispuesto a recibir al director general de la OIT para comprobar in situ el estado actual de las relaciones laborales así como recibir a los organismos o personas que éste determine", anunció Brenta en conferencia de prensa. El ministro señaló que la invitación se hace en el entendido de que Uruguay "no tiene absolutamente nada que ocultar" en materia de relaciones laborales.
El gobierno envió una nota a Somavia extendiendo formalmente la invitación.
"Tengo el honor de invitar a Usted y a quien Usted designe, para acompañarnos en el diálogo tripartito que se está llevando a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con motivo del análisis de la Ley N° 18.566 que refiere al Sistema de Negociación Colectiva", reza la nota a la que accedió el País.
En la misiva se informa sobre la labor de la comisión tripartita, instalada por el MTSS, que discute la ley de Negociación Colectiva. También se destaca la "voluntad de diálogo" del gobierno en este campo.
Con estas definiciones, el Ejecutivo da respuesta al Comité de Libertad Sindical de OIT que, en marzo pasado, había solicitado al Uruguay que aceptara una misión de ese organismo para analizar la discusión sobre los cambios a la ley. El planteo de la OIT había surgido a instancias de una petición del sector empresarial.
El ministro Brenta había adelantado a El País que la misión será de carácter técnico y que se contactará primero con el gobierno y luego con los empresarios y el Pit-Cnt.
Brenta se entrevistará el jueves con la jefa de gabinete del director de OIT, María Angélica Ducci. En la reunión se avanzará en la definición de la fecha en la que llegaría la misión.
Reacciones. Las cámaras empresariales saludaron ayer la respuesta del gobierno.
"Me parece bien. Es lo que debía hacer. Aceptar la venida de la OIT ya sea su director o algún otro delegado es lo que correspondía a un país que no tiene nada que ocultar y que está haciendo las cosas bien, según el ministro Brenta", dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi.
Su par de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela, afirmó que la decisión del gobierno es "un cambio de rumbo saludable". "Acá hay, desde nuestro punto de vista, un problema técnico-jurídico en la ley de Negociación Colectiva y esperamos que nos ayuden a corregirlo", sostuvo Varela.
El Pit-Cnt considera que la visita puede ser aprovechada para mostrar las virtudes del modelo de relaciones laborales.
"No hay nada que esconder y sí estamos seguros de que tenemos relaciones laborales modernas y que respetan el tripartismo, en vez de aceptar que te vengan a investigar, había que invitar oficialmente al director de OIT o a cualquiera de sus integrantes para que vengan. Estoy de acuerdo, me parece bárbaro, fenomenal", opinó el coordinador Juan Castillo.
El sindicalista mostró, empero, su rechazo al planteo de los empresarios a la OIT y acusó que la visita responde al "continuo lloriqueo del sector empresarial de quejarse por el sistema de relaciones laborales".
El País Digital"El país está dispuesto a recibir al director general de la OIT para comprobar in situ el estado actual de las relaciones laborales así como recibir a los organismos o personas que éste determine", anunció Brenta en conferencia de prensa. El ministro señaló que la invitación se hace en el entendido de que Uruguay "no tiene absolutamente nada que ocultar" en materia de relaciones laborales.
El gobierno envió una nota a Somavia extendiendo formalmente la invitación.
En la misiva se informa sobre la labor de la comisión tripartita, instalada por el MTSS, que discute la ley de Negociación Colectiva. También se destaca la "voluntad de diálogo" del gobierno en este campo.
Con estas definiciones, el Ejecutivo da respuesta al Comité de Libertad Sindical de OIT que, en marzo pasado, había solicitado al Uruguay que aceptara una misión de ese organismo para analizar la discusión sobre los cambios a la ley. El planteo de la OIT había surgido a instancias de una petición del sector empresarial.
El ministro Brenta había adelantado a El País que la misión será de carácter técnico y que se contactará primero con el gobierno y luego con los empresarios y el Pit-Cnt.
Brenta se entrevistará el jueves con la jefa de gabinete del director de OIT, María Angélica Ducci. En la reunión se avanzará en la definición de la fecha en la que llegaría la misión.
Reacciones. Las cámaras empresariales saludaron ayer la respuesta del gobierno.
"Me parece bien. Es lo que debía hacer. Aceptar la venida de la OIT ya sea su director o algún otro delegado es lo que correspondía a un país que no tiene nada que ocultar y que está haciendo las cosas bien, según el ministro Brenta", dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi.
Su par de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela, afirmó que la decisión del gobierno es "un cambio de rumbo saludable". "Acá hay, desde nuestro punto de vista, un problema técnico-jurídico en la ley de Negociación Colectiva y esperamos que nos ayuden a corregirlo", sostuvo Varela.
El Pit-Cnt considera que la visita puede ser aprovechada para mostrar las virtudes del modelo de relaciones laborales.
"No hay nada que esconder y sí estamos seguros de que tenemos relaciones laborales modernas y que respetan el tripartismo, en vez de aceptar que te vengan a investigar, había que invitar oficialmente al director de OIT o a cualquiera de sus integrantes para que vengan. Estoy de acuerdo, me parece bárbaro, fenomenal", opinó el coordinador Juan Castillo.
El sindicalista mostró, empero, su rechazo al planteo de los empresarios a la OIT y acusó que la visita responde al "continuo lloriqueo del sector empresarial de quejarse por el sistema de relaciones laborales".
Rectificación del gobierno sobre visita de OIT es bien vista por empresarios
“Antes se decía que era una vergüenza recibir a la misión, y que ponía en peligro la vida comercial del país, y ese discurso no está más”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Alfonso Varela
En el entendido de que Uruguay “no tiene nada que ocultar en materia de relaciones laborales”, el presidente José Mujica resolvió el lunes invitar al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, para que evalúe por si mismo la marcha de la negociación colectiva.
El ministro de Trabajo Eduardo Brenta, que ya había invitado al director del organismo, dijo que “Uruguay se siente extremadamente orgulloso de lo que ha avanzado en materia de legislación laboral y negociación colectiva en los últimos años”, por lo que el país “está dispuesto a recibir al director y a quien él determine, para que compruebe in situ el estado de las relaciones laborales”.
Días atrás, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió al gobierno que acepte una misión de contacto en el país para analizar las observaciones que ya realizó sobre la ley de Negociación Colectiva, cuestionada por el sector empresarial.
Y los empresarios, que habían insistido ante el organismo con que el gobierno estaba “omiso” en cumplir sus recomendaciones, saludaron este lunes la decisión del presidente y los ministros.
“Es muy positiva la rectificación de la postura original del ministro de Trabajo, y también es positiva la rectificación de la postura del PIT-CNT”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela. “Lo veían como una cosa horrible, pero es muy bueno que venga Somavía y representantes de normas de la OIT que son los que se pronuncian sobre los aspectos técnicos que hemos puesto de manifiesto”, agregó. Varela indicó que su objetivo es “perfeccionar la ley” de Negociación Colectiva. “Queremos una ley equilibrada y no flechada”, dijo.
El empresario indicó que “rescata” que “antes se decía que era una vergüenza recibir a la misión, y que ponía en peligro la vida comercial del país, y ese discurso no está más”.
En la misma línea que Varela se manifestó el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi. “Si está todo bien, como dice el gobierno, que venga el organismo a verlo. Es lo que corresponde”, dijo.
Agregó que “independientemente de las diferencias que hay con el gobierno y los sindicatos, es bueno que el director observe cómo son las negociaciones tripartitas en el país”, dijo. Burghi también hizo referencia a la “rectificación” del gobierno. “El que no estaba seguro era el ministro de Trabajo, pero el vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica habían mencionado que les parecía bien” que llegara una misión.
DISCREPAN
Sin embargo, Brenta indicó que “no hubo ninguna rectificación”, sino que “el gobierno estuvo analizando cual era el mejor mecanismo para lograr el más amplio conocimiento de la realidad de las relaciones laborales”, y definió invitar al director. Además, intentará tener “un intercambio tripartito en la Asamblea Anual” del organismo, en junio.
“Yo no hubiera usado este camino, hubiera resuelto el tema a nivel nacional, pero una vez que los empresarios plantearon la queja, el gobierno usará todos los mecanismos para exhibir el estado de las relaciones laborales para que esa queja empresarial no genere una mala interpretación de la realidad”, dijo.
En caso de que llegue el director y sus asesores al país, los empresarios insistirán en sus reclamos. Las cámaras habían denunciado que la ley fue elaborada sin realizar consultas al sector empresarial, se habían quejado de la integración del Consejo Superior Tripartito, donde el gobierno es mayoría, y de la falta de cumplimiento a las recomendaciones del organismo. Sobre eventuales modificaciones a la ley de Negociación Colectiva, Brenta dijo que “el gobierno ha estado siempre dispuesto a recibir las sugerencias que la OIT realice” y agregó que están en marcha las recomendaciones al haberse instalado “el ámbito de negociación tripartito que se reune quincenalmente”. Señaló que no descarta “que algunos elementos de las recomendaciones sean impulsados”, y que será el Parlamento el que apruebe o no los cambios. “La aspiración es que surjan del ámbito tripartito y en acuerdo con trabajadores y empresarios”, dijo.
(Observa)
Fecha: 12/04/2011 | 06:41 | Montevideo, UruguayEl ministro de Trabajo Eduardo Brenta, que ya había invitado al director del organismo, dijo que “Uruguay se siente extremadamente orgulloso de lo que ha avanzado en materia de legislación laboral y negociación colectiva en los últimos años”, por lo que el país “está dispuesto a recibir al director y a quien él determine, para que compruebe in situ el estado de las relaciones laborales”.
Días atrás, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió al gobierno que acepte una misión de contacto en el país para analizar las observaciones que ya realizó sobre la ley de Negociación Colectiva, cuestionada por el sector empresarial.
Y los empresarios, que habían insistido ante el organismo con que el gobierno estaba “omiso” en cumplir sus recomendaciones, saludaron este lunes la decisión del presidente y los ministros.
“Es muy positiva la rectificación de la postura original del ministro de Trabajo, y también es positiva la rectificación de la postura del PIT-CNT”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela. “Lo veían como una cosa horrible, pero es muy bueno que venga Somavía y representantes de normas de la OIT que son los que se pronuncian sobre los aspectos técnicos que hemos puesto de manifiesto”, agregó. Varela indicó que su objetivo es “perfeccionar la ley” de Negociación Colectiva. “Queremos una ley equilibrada y no flechada”, dijo.
El empresario indicó que “rescata” que “antes se decía que era una vergüenza recibir a la misión, y que ponía en peligro la vida comercial del país, y ese discurso no está más”.
En la misma línea que Varela se manifestó el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi. “Si está todo bien, como dice el gobierno, que venga el organismo a verlo. Es lo que corresponde”, dijo.
Agregó que “independientemente de las diferencias que hay con el gobierno y los sindicatos, es bueno que el director observe cómo son las negociaciones tripartitas en el país”, dijo. Burghi también hizo referencia a la “rectificación” del gobierno. “El que no estaba seguro era el ministro de Trabajo, pero el vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica habían mencionado que les parecía bien” que llegara una misión.
DISCREPAN
Sin embargo, Brenta indicó que “no hubo ninguna rectificación”, sino que “el gobierno estuvo analizando cual era el mejor mecanismo para lograr el más amplio conocimiento de la realidad de las relaciones laborales”, y definió invitar al director. Además, intentará tener “un intercambio tripartito en la Asamblea Anual” del organismo, en junio.
“Yo no hubiera usado este camino, hubiera resuelto el tema a nivel nacional, pero una vez que los empresarios plantearon la queja, el gobierno usará todos los mecanismos para exhibir el estado de las relaciones laborales para que esa queja empresarial no genere una mala interpretación de la realidad”, dijo.
En caso de que llegue el director y sus asesores al país, los empresarios insistirán en sus reclamos. Las cámaras habían denunciado que la ley fue elaborada sin realizar consultas al sector empresarial, se habían quejado de la integración del Consejo Superior Tripartito, donde el gobierno es mayoría, y de la falta de cumplimiento a las recomendaciones del organismo. Sobre eventuales modificaciones a la ley de Negociación Colectiva, Brenta dijo que “el gobierno ha estado siempre dispuesto a recibir las sugerencias que la OIT realice” y agregó que están en marcha las recomendaciones al haberse instalado “el ámbito de negociación tripartito que se reune quincenalmente”. Señaló que no descarta “que algunos elementos de las recomendaciones sean impulsados”, y que será el Parlamento el que apruebe o no los cambios. “La aspiración es que surjan del ámbito tripartito y en acuerdo con trabajadores y empresarios”, dijo.
(Observa)
¿Vamo' a juntarnos pa' jugar un truco...?
Se habla que por todo el país hay unos 10.000 compas vinculados al MLN que no se tragan la pastillita edulcurada del progresismo. Andan desparramados,con perfil bajo,sin manifestarse. Habría que mover los piolines pa' convocarlos,pa' juntarse,aunque más no sea pa' jugar un truco.-
Opinión de atrevido,creo que éste paso histórico que dió la izquierda criolla ocupando el gobierno es tremendamente educativo porque demuestra que ese no es el camino de la revolución. Hay que barajar y dar de nuevo.Estos años no han sido años perdidos,dejan valiosas enseñanzas,sería muy tonto repetir los mismos errores.-
Poca clandestinidad,nada de jugar a las escondidas,sólo la imprescindible;sobre eso también aprendimos.Desconfiar siempre.-
Menos mal que a nadie se le ha exigido que para ser crítico - por lo menos - hay que tener iguales méritos que el criticado. Nosotros nos otorgamos a nosotros mismos la potestad de criticar a la gloriosa revolución cubana que nos mostró el único ,obligado,camino.-
Me palpita que se acercan tiempos propicios para encarar una verdadera liberación,porque el imperio entró en una espiral descendente que sólo termina cuando se llega al suelo.-
Hay 2 temitas a resolver: el 1o y más importante es sacudirse nuestra elite terrateniente y la oligarquìa que la rodea librándose de sus perros guardianes. Se puede,sólo hay que querer y ponerse.-
Lo 2o es educar al pueblo para que tome conciencia y confianza de la realidad que se soslaya y que se motive con la esperanza del triunfo. Bien sé que los que menos creen que eso sea posible son nuestros compañeritos de izquierda que piensan que están logrando algún cambio cualitativo y masivo desde los cómodos,bien remunerados y gratificantes carguitos del gobierno.-
Bueno,en consideración a que las abnegadas compañeras trabajadoras de ANTEL están agotadas luego de una agotadora jornada de trabajo,la corto X aquí.-
Vayan consiguiendo porotitos pa'l truco.-
