MUJICA LE PASA LA MANO A ASTORI
El ministro de Ganadería, José Mujica, se manifestó dispuesto a acompañar la candidatura presidencial de Danilo Astori "con el mismo entusiasmo que acompañé a Tabaré Vázquez". El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), considera que su par de Economía es uno de los "candidatos cantados" del Frente Amplio (FA) para las próximas elecciones pero cree que no logrará los consensos necesarios dentro de la coalición de izquierdas.
Mujica dijo ayer a Telenoche 4 que está tan dispuesto a respaldar al líder de Asamblea Uruguay como a "cualquier otro compañero". Si bien el nombre del propio ministro de Ganadería circula dentro del FA como un posible candidato, Mujica lo ha desmentido en numerosas ocasiones argumentando su avanzada edad y estado físico.
Por otra parte, ayer se confesó "afín a la política económica" que promueve Astori, aunque entiende que el ministro peca de ser "un poco tierno". La única crítica que le merece es que "en política económica hay que cuidar los mangos". Si bien reconoce que Astori no se caracteriza por gastar de más, entiende que algunas veces es "tierno, tal vez porque no tiene más remedio que ceder a las presiones". Este respaldo a Astori surge pese a las históricas distancias entre ambos. "Si Astori y yo viviéramos 200 años seguiríamos teniendo diferencias", indicó días atrás Mujica a Ultimas Noticias.
A LA ORDEN DE VAZQUEZ
El ministro de Ganadería, José Mujica, se manifestó ayer dispuesto a formar parte de la delegación del Poder Ejecutivo que recibirá al presidente norteamericano George W. Bush, "si el presidente lo ordena". Mujica reconoció en Telenoche 4 el poderío norteamericano, pero advirtió que fuera de Estados Unidos “está despuntando otra nación más fuerte. Cuando usted (en referencia a la periodista) tenga mi edad, va a decir: qué bueno era el imperialismo yanqui”. Advirtió que el país debe tener “una política económica bien diversificada” y puso como ejemplo a Chile, que “tiene TLC con Dios y con el Diablo”. Agregó que si el gobierno "no chambonea mucho, tiene un panorama bastante despejado", pero "si mañana se cierra la economía, con reforma impositiva o sin ella, quedamos con las ruedas para arriba".
Marenalistas y huidobristas en polos opuestos;
Decisiones unilaterales de Topolansky generan malestar
Mujica desbordado por duro enfrentamiento en el MPP
Distanciados. Marenales y Mujica aparecen con profundas diferencias actualmente.
El MPP presenta cada vez mayores distanciamientos entre Marenales y Fernández Huidobro. Mujica y Agazzi buscan limar asperezas. Topolansky genera resistencias.
La investigación impulsada por el intendente Ricardo Ehrlich en los Casinos Municipales y las irregularidades que llevaron a la renuncia del ex senador Leonardo Nicolini surgen como los elementos emergentes de un distanciamiento que viene de larga data y se ha acentuado en los últimos tiempos. La Dirección Nacional del MPP se prepara para reunirse el domingo con el objetivo oficial de arribar a una postura común sobre la visita del presidente norteamericano George W. Bush. Pero, además de este tema, donde hay coincidencia, estarán sobre la mesa la decisión de pagarle o no un subsidio a Nicolini y la posición a asumir respecto al director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa.
Mientras Mujica y Topolansky niegan que estos temas vayan a estar sobre la mesa, el resto del sector está dispuesto a discutirlos. El anuncio de Topolansky de que el MPP le pagaría un subsidio a Nicolini, realizado sin la anuencia de la Dirección Nacional, provocó severas molestias en todos los sectores. Mujica y Agazzi luchan por limar las asperezas surgidas por este y otros temas entre los sectores "marenalistas" y la Corriente de Acción y Pensamiento (CAP), que lidera Fernández Huidobro. Ambos dirigentes son fuertemente respetados por los dos sectores enfrentados, pero no consiguen superar un conflicto que surgió en Canelones a través de enfrentamientos impulsados por el "marenalista" Forné. Con una fuerte presencia en la dirección partidaria, Marenales aparece como una figura claramente desinteresada de los cargos políticos, a los que renunció siempre pese a ubicarse en la interna a pocos votos de Mujica. Desde su sector, se cuestiona fuertemente el relacionamiento de Fernández Huidobro y sus seguidores con las Fuerzas Armadas, además de la tendencia del legislador a "cortarse solo" en varios temas.
Las distancias llegaron al punto que el diputado "marenalista" Esteban Pérez dijo el lunes en una entrevista publicada en el diario El Observador que la CAP debía buscar espacios fuera del MPP, como en el Espacio 609. Ayer, con mirada lagrimosa, Mujica dijo en Telenoche 4 que "cuando unos compañeros se agreden con otros, uno rasca en el fondo. Me parece que en la vida hay que ser más positivos y luchar por construir". El líder del sector considera que las agresiones se dan entre quienes "están disputando un asiento, una vanidad, un puesto en una futura lista".
Mujica confirmó que el conflicto en el MPP surge desde "chisporroteos que arrancaron en Canelones y se fueron expandiendo por algún lado y donde los compañeros se pierden respeto a sí mismos". Lamentó que la discusión no sea por ideas, sino por "la vergüenza de nuestra propia humanidad" y dudó de poder recomponer la interna emepepista.
El propio Marenales, compañero de Mujica desde los primeros tiempos, dijo días atrás que al ministro de Ganadería debía dejárselo trabajar para llevar los votos al MPP, mientras que su sector ponía la cabeza. Con una sonrisa en su rostro de 71 años, el ministro afirmó en Canal 12 que "Marenales tiene 78 años. Es un viejo que dice disparates. No me hace nada porque lo conozco de toda la vida y sé como es". Fuentes del sector confirmaron a Ultimas Noticias que "no existen enfrentamientos" entre ambos dirigentes, que "están acostumbrados a decirse cosas y mantener la amistad. El problema no es con Mujica sino con otros, como Lucía".
Esta semana, Topolansky marcó distancia con la postura del sector Claveles Rojos, que lidera el senador Víctor Vaillant, y quiere la renuncia del director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, indicando que "no pertenecen al MPP".
Jueves 22 de Febrero de 2007
BRECHA
Los aprontes para recibir a Bush
El amigo malvenido
Cualquier iniciativa del presidente estadounidense provoca daños “colaterales” y su visita a Uruguay no escapa a esa regla. El acto del 1 de marzo ya no tendrá exclusivamente el contenido planificado y la llegada de Lula parece diluirse en las discusiones que ha desatado la de Bush. Por otro lado, el debate interno por su presencia pone a la izquierda frente al espejo.
Gonzalo Silva
Que las posturas dentro de la izquierda uruguaya ante la visita de George W Bush irían desde la calificación de “execrable asesino belicista” (tal la expresión utilizada por la ministra Marina Arismendi) hasta la satisfacción de otros actores hoy postulantes de una relación “más carnal” con la potencia del Norte era cosa sabida.
Pero que trastocaría los ejes políticos inmediatos del gobierno uruguayo no parecía tan seguro. Bush también provoca (como ocurre en sus incursiones bélicas) “daños colaterales”. El primero de ellos es la modificación del escenario en que se desarrollará el acto del 1 de marzo, donde el presidente Tabaré Vázquez hará un balance de los dos años se gobierno y planteará las líneas fundamentales del “país productivo”. El segundo, el desvanecimiento del impacto de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el lunes 26.
El acto, a ocho días del arribo de Bush, tendrá como telón de fondo cuestionamientos a la política de inserción internacional del gobierno y se prevé que durante el mismo varios sectores manifiesten su descontento con la invitación al primer mandatario estadounidense y con su futura presencia. Nada indica que los reflejos antimperialistas de la grey frenteamplista contribuyan al clima de festejo que se procuraba en la rendición de cuentas presidencial; por el contrario deberá haber, de parte de la dirigencia progresista, un fuerte esfuerzo racional para que la militancia entienda que la visita de Bush sea entendida como un gesto de soberanía.
Por otro lado, Lula llegará seguramente con algunas propuestas para corregir las asimetrías del pacto regional, pero serán poca cosa si se las compara con las expectativas que, para parte importante del Ejecutivo uruguayo, genera la visita de Bush en el plano comercial.
De ahí que varios dirigentes del FA entiendan que la presencia del mandatario estadounidense ocurre en el peor momento para los intereses del gobierno progresista. Incluso (y en eso coincide la oposición) porque a nadie escapa que la visita tiene una razón política: el aislamiento de Venezuela y la creación de un eje con Chile y otros países del Pacífico que contrapese la incidencia de Hugo Chávez en el continente. Ésa fue la preocupación que distintos delegados estadounidenses manifestaron a los gobiernos de Brasil y Argentina en estos días.
Por consiguiente, un paso en falso de Vázquez pondría en cuestión la relación con uno de los principales inversores en Uruguay, como es el país caribeño.
Ese escenario y sus posibles derivaciones han provocado que, en privado, varios dirigentes sectoriales del FA manifiesten su disgusto por la situación creada. Y aunque advierten que no hay más remedio que recibirlo, ubican el “pecado original” en la presencia de Vázquez en Washington y la invitación de rigor correspondiente para el encuentro de los dos presidentes.
No obstante, otra lectura en circulación quita el factor del “peludo de regalo”, para señalar que la presencia de Bush es parte de una estrategia de acercamiento a Estados Unidos, visible desde los primeros momentos del gobierno de Vázquez. En esa dirección se recuerda la firma del tratado de protección de inversiones –variando la postura anterior y contraria del FA–, los amagues con el TLC y la firma de un TIFA, que puede ser nada o abrir el camino a un acuerdo de libre comercio.
SE BUSCA EQUILIBRIO. El sacudimiento provocado por la futura visita de Bush obviamente tiene su repercusión en la dirección frenteamplista. El lunes 12, en la reunión de la Mesa Política, el pcu y la coalición conformada por la CI y el 26 de Marzo presentaron, cada uno por su lado, una moción de rechazo a la presencia del mandatario estadounidense, que además convocaba a manifestar contra su presencia.
La propuesta comunista llama “a todos los uruguayos a expresarse y movilizarse repudiando la presencia de este Hitler del siglo xxi en la patria de Artigas, que es también la de Bolívar y Martí. Adhiere a los llamamientos que a su vez fueron ya lanzados por el pit-cnt (N de R: el miércoles 14 la central sindical fijó una concentración para el día del arribo de Bush), fucvam y otras organizaciones sociales, y convoca a los comités de base, las coordinadoras y departamentales a organizar la participación de adherentes, electores y ciudadanía toda”.
En tanto, la moción de la CI y el 26 M tras manifestar su repudio a Bush, indicaba en forma explícita el apoyo a la convocatoria de la Coordinadora Antimperialista (un agrupamiento de sectores sociales y políticos distanciados del pit-cnt y del propio FA, que está formada por “organizaciones sociales y políticas que nunca se han desviado de la línea antimperialista y anticapitalista de nuestro FA”).
Sin embargo y a propuesta del mpp, la mesa postergó una definición del tema hasta el lunes 26, para dar tiempo a que las direcciones sectoriales y las bases discutan la cuestión. Pero la necesidad de estudiar el asunto no parece ser la razón única de la postergación. La diputada de au Daniela Paysée dijo a BRECHA que su sector no está seguro de “que obligatoriamente la mesa deba pronunciarse sobre la visita de Bush. Quizás la lógica lleve a sacar una declaración. En ese caso, au propondrá que la misma se asiente en tres ejes: apoyo al gobierno, respaldo a la postura de apertura comercial del Ejecutivo y reafirmación de las definiciones frenteamplistas que han condenado la política internacional belicista de la administración estadounidense”.
Lo cierto es que la fuerza política enfrenta (al menos en sus sectores mayoritarios) una difícil disyuntiva. Es que al inclinarse por una u otra de las alternativas puede dejar a todos descontentos. No parece protocolarmente agradable que el partido de gobierno le recuerde a Bush que es un genocida y que no comparte su política internacional. Tampoco resultaría grato a los frenteamplistas que, en función de las razones de Estado, se pasen por alto las profundas diferencias del FA con la administración estadounidense.
Seguramente, tal como suele suceder, habrá una solución intermedia que contemple el respaldo a Vázquez y rechace la política internacional de Bush.
Seguramente el tono de la resolución que se adoptará el 26 será el mismo de la declaración que aprobó esta semana el ps. En ella se sostiene: “La visita del presidente de Estados Unidos, George W Bush, se inscribe en el marco de las relaciones diplomáticas y comerciales fluidas que Uruguay y Estados Unidos mantienen desde siempre. En ese sentido expresamos nuestro firme respaldo al gobierno progresista y a su política exterior de defensa de la soberanía nacional, impulso al proceso de integración regional y ampliación de los vínculos diplomáticos y comerciales con todas las naciones, incluyendo a Estados Unidos”.
A continuación se añade que se debe “marcar nuestro rechazo a la acción militar unilateral contra Irak que ya ha cobrado miles de víctimas civiles y que se ha transformado en una sangrienta guerra civil con devastadoras consecuencias para la delicada situación de todo Oriente Medio; la violación permanente de los derechos humanos de los detenidos en la cárcel de la base de Guantánamo; la negativa del gobierno norteamericano a suscribir el Protocolo de Kyoto, siendo Esados Unidos el principal contaminante del mundo; el injusto bloqueo a Cuba, lo cual provoca un importante deterioro de las condiciones de vida de los cubanos y el tratamiento discriminatorio de los inmigrantes que arriban a Estados Unidos, lo que alcanza el extremo de planificar la construcción de un muro en su frontera con México”.
La construcción teórica para validar esa ambivalencia parte de la base de que una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno. Eso hace que la izquierda deba manejarse en dos planos, comentó a BRECHA el senador Enrique Rubio (VA). A su juicio, los posicionamientos reflejan las tensiones entre las que se mueve el gobierno progresista. Por un lado, añadió, están las urgencias del país, por ejemplo la realidad del sector textil necesitado de acceder al mercado estadounidense y, por otro, las definiciones de política internacional del FA, que indican la necesidad de trabajar contra un mundo unipolar. Por eso, “es necesario que a la política comercial, que no debe detenerse en las fronteras ideológicas, se añada una concepción activa que combata la unipolaridad. Uruguay, por ejemplo, lo ha hecho restableciendo las relaciones diplomáticas con Cuba, en la participación de los esquemas integracionistas de Sudamérica e integrando el G 20 junto a otras naciones que no forman parte de los países desarrollados”.
Esa posición no es totalmente compartida por el pcu, el pvp y la CI-26 M, que entienden que la fuerza política no puede basar sus relaciones internacionales exclusivamente en las posibilidades comerciales. Ése es un principio, señalaron esos grupos, que el propio Estados Unidos no respeta, ya que bloquea a Cuba porque discrepa con su régimen, o no comercia con países como Irán y Corea del Norte por la misma razón.
El ojo opositor
Para la oposición las cosas son muy claras. El senador Francisco Gallinal (CW, PN) dijo a BRECHA: “Bush es el presidente de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y comerciales. Es una nación democrática, por tanto parece que corresponde protocolarmente darle todo el trato, más allá de que uno pueda tener diferencias muy importantes en cuanto a la gestión que ha venido desarrollando. Hoy vive el momento de mayor impopularidad. Personalmente, en la legislatura pasada, pedí una sesión extraordinaria e hice una exposición en sala –en la que también participó Jorge Larrañaga– de condena a la invasión de Irak. Ello motivó un pequeño incidente diplomático con el embajador de Gran Bretaña, que estaba en la barra y se manifestó en contra de mi intervención”.
Agregó que lo cortés no quita lo valiente y hoy se trata “de aprovechar al máximo la oportunidad que se nos da –especialmente porque ha decidido venir a Uruguay con la intención de contrarrestar la incidencia de Chávez en la región– y tenemos que sacar el mayor provecho comercial y económico”. En opinión de Gallinal, el gobierno hace las cosas bien cuando busca la presencia de Bush en suelo uruguayo y “por lo que dijo Vázquez en Estados Unidos, el presidente estadounidense busca un aliado estratégico en Uruguay y pienso que Vázquez está dispuesto a serlo”.
El sentido de la oportunidad o del tren que pasa pocas veces en la vida también fue subrayado por el diputado colorado Washington Abdala (FB, PC). Uruguay, sostuvo, “tiene que aprovechar las pocas ocasiones que el destino y la vida nos da. Bush no viene por Uruguay, querrá algún planteo dentro del Mercosur, de aislamiento de Chávez. Pero no nos pongamos susceptibles. Nosotros también discrepamos con la política seguida en Irak, igualmente con Cuba. No obstante se debe aprovechar la oportunidad”.
En relación con las discrepancias aparecidas en el gobierno progresista, Abdala afirmó que ello es “demostración de desorden, de falta de armado de un proyecto único. Cuando se dice que la izquierda tiene un proyecto solo, yo francamente me convenzo cada vez más de que hay varias izquierdas dentro del gobierno y que ellas repetidamente entran en colisión. Hay una serie de ministros que miran esto desde la conveniencia para Uruguay –por encima de que todos tengamos discrepancias con la política exterior de Estados Unidos–, como una oportunidad para ver si se puede explorar una mejora en la presencia en el mercado estadounidense o en la llegada de inversiones, por tanto de más empleo para los uruguayos. Después hay otro grupos de ministros, entre los que está Marina Arismendi a la cabeza, que reflejan esa mirada visceral, un poco fanática, más frontal, de choque con Estados Unidos. Me parece que le hace mal al gobierno, porque no se puede tener un presidente que invita y una ministra que insulta”.
La oposición –y en especial el senador Larrañaga– ha propuesto que el presidente Bush sea invitado al Parlamento para dar un mensaje ante la Asamblea General. El Poder Legislativo también decide la política exterior del país, se ha sostenido. La presencia de Bush en el ámbito parlamentario crearía graves problemas al nutrido equipo de seguridad que acompañará al presidente de Estados Unidos, y dificultades de otro orden a los legisladores del oficialismo que, más allá de lo que aconseja el protocolo, no se mostrarán muy entusiasmados en materia de aplausos, sin ir más lejos.
La decisión de mantener a Bush lo más aislado que sea posible de cualquier concentración popular –ya sea en el Palacio Legislativo, en la Suprema Corte de Justicia o en la Intendencia, para entregarle las llaves de Montevideo– es prudente y sabia. Recluirlo en una “prisión domiciliaria de lujo”, para usar una expresión de moda, como la estancia de Anchorena, es una solución elegante. Después de todo, la visita nació como una invitación de Vázquez a pescar juntos, después de recibir una caña de regalo. n
La saga del TIFA
El FA pareció tomar sus resguardos sobre posibles consecuencias de la visita de George W Bush. La Mesa Política aprobó una resolución sobre la negociación a seguir en el TIFA, recientemente firmado. En ella, tras reiterar el rechazo a un TLC con Estados Unidos, resuelve “solicitar al Poder Ejecutivo la participación en el proceso de discusión del ‘Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y Estados Unidos, de la Comisión Interministerial de Asesoramiento de Comercio Exterior (CIACEX), cuyos ministros que integran la misma informarán a la Mesa Política del FA en forma periódica, a fin de que adopte decisiones en los tiempos que correspondan”.
Este última frase, que reserva a la fuerza política la potestad de resolver sobre la negociación, no contó con el voto de au, que planteó su desglose para luego abstenerse.
La resolución tuvo la posición contraria del agrupamiento CI-26 M.
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Acusaciones de irregularidades y faltas éticas en el gobierno ocupan el centro del debate político.
Acusaciones de manejos poco claros con dineros públicos y denuncias de faltas éticas complicaron la interna del gobernante Frente Amplio, mientras los partidos de oposición Nacional y Colorado comenzaron a pasarle factura a la izquierda, la cual fundamentó buena parte de su discurso electoral durante la campaña del 2004 en la honestidad y la transparencia.
A pocos días de que el Parlamento trate la contienda entre el intendente de Maldonado Osear de los Santos y la Junta Departamental por el negocio que el jerarca firmó con la empresa Netcom -a la cual le adjudicó de forma directa el monopolio de la publicidad en la vía pública de su departamento-, las millonarias pérdidas de los casinos municipales de Montevideo durante la segunda administración del ex intendente y ahora ministro de Vivienda, Mariano Arana, encendieron una fuerte controversia interna en el Frente Amplio.
Si bien ayer fuentes de la Intendencia aseguraron a Búsqueda que existe un acuerdo entre los sectores Asamblea Uruguay, liderado por el ministro de Economía Danilo Astori, y el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por el ministro de Ganadería José Mujica, para diferir la adopción de decisiones políticas sobre las presuntas irregularidades en la gestión de casinos estatales, lo cierto es que la difusión del caso tensó la interna frenteamplista.
Precisamente, el semanario de izquierda independiente "Brecha", en su edición del viernes 16, divulgó una serie de datos de la investigación interna que la actual administración municipal de Montevideo, que dirige Ricardo Ehrlich (MPP), desarrolla sobre la gestión de Juan Carlos Bengoa (Asamblea Uruguay) al frente de los casinos municipales. Bengoa es actualmente director general de Casinos del Estado.
En el artículo de "Brecha" surgieron datos sobre varias sociedades anónimas que hicieron negocios con la Intendencia durante la gestión de Bengoa, cuyos titulares son familiares de su entonces asesor y actual director de Loterías y Quinielas, Orestes González Braida.
Ayer miércoles 21, dirigentes del sindicato de los trabajadores de juegos de azar del Estado anunciaron que evalúan remitir a la Justicia Penal denuncias sobre presuntas irregularidades, y sostuvieron que durante una reunión con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, éste les dijo que el presidente Tabaré Váz-quez-'está "muy interesado" en el caso y que "obraría en consecuencia".
En una conferencia de prensa realizada ayer, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju), Enrique Book, advirtió que "a partir de la nota de 'Brecha' se arma una cortina de humo; quieren decir que ahora lo que pasa es un problema entre los partidos políticos y como que abajo de ello no hay nada".
"Hechos similares". El escándalo sobre los casinos surgió cuando el MPP analizaba la salida de otro escándalo que lo afectó directamente: la renuncia del senador Leonardo Nicolini, luego de divulgarse que fue objeto de una intervención quirúrgica mediante el uso de un "carné de pobre".
De hecho, esta semana lajueza penal Gabriela Merialdo recibió las 250 páginas de antecedentes del caso recogidos por la Policía, y dispuso la "localización y paradero" del director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Tabaré González, dado que la Policía no ha podido citarlo para que declare en su juzgado por el caso, y funcionarios de esa repartición de Salud Pública se han negado a brindarle a la Policía números telefónicos o direcciones del jerarca.
El martes 20, en radio El Espectador, el senador Víctor Vaillant (Espacio 609) dijo que si hasta el momento no pidió la renuncia de Bengoa, es simplemente porque deberían ser "sus propios compañeros los que así naturalmente lo hagan", o "que el propio involucrado dé el paso".
Vaillant, cuyo sector Claveles Rojos integra el Espacio 609 junto al MPP, pasó otro mensaje: "Creo que hemos dado muestras que frente a hechos similares, hemos actuado con todo rigor", en alusión al pedido de renuncia que el MPP le formuló a Nicolini.
En tanto, el polémico negocio entre el intendente De los Santos y la empresa Netcom, cuyo tratamiento político también mantiene fracturada a la izquierda en Mal-donado, será objeto de análisis en la Cámara de Diputados a partir del 1o de marzo, luego de una contienda sin salida entre la Junta Departamental y el jefe comunal. El legislativo, al igual que el Tribunal de Cuentas, le exigen a De los Santos que anule el contrato, pero el intendente ya anunció que el negocio "seguirá para adelante" a pesar de esos pedidos.
Contragolpe. La conmoción interna que provocaron estos casos en el gobernante Frente Amplio, revitalizaron las críticas de la oposición. El diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) sostuvo que el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, "debe renunciar", ya que incurre en una "violación grosera y grave a la ética" por ejercer la abogacía de forma paralela a su gestión pública.
En entrevista con Búsqueda, Gandini también apuntó al presidente Vázquez, a quien cuestionó por cobrar "un sueldo" de una "empresa privada", en alusión a la Asociación Española.
Dirigentes de todos los sectores del Partido Nacional se reunirán hoy jueves 22 para definir una estrategia común a toda esa colectividad política, ante el nuevo escenario, caracterizado por severas acusaciones de deshonestidad en el manejo de fondos públicos y faltas a la ética.
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Piden informes sobre muertes por torturas.
L.A.CARRO
COLONIA
LA JUNTA DEPARTAMENTAL de Colonia resolvió en su última sesión solicitar información al Ministerio de Defensa sobre decesos de detenidos en el Cuartel de Colonia del Sacramento, a causa de apremios físicos. El planteo lo formuló el Edil Luis Purtscher (FA) y se remonta a años anteriores al golpe de Estado, concretamente a partir de 1968 y hasta 1984. Su inquietud se basa en que "seguimos sin tener la debida información de esas graves situaciones y consideramos que ya es momento de que se sepa toda la verdad de lo ocurrido", señaló Purtscher a LA REPÚBLICA.
Indicó el Edil que "el caso que más nos toca de cerca es la muerte de "Chiquito Perrini", que era oriundo de Carmelo, pero también se manejan versiones de que habría al menos otros dos casos de detenidos oriundos de Juan Lacaze".
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Inteligencia investiga atentado con explosivos.
BOMBA CASERA DETONÓ FRENTE A CAJERO AUTOMÁTICO DE BANCO EXTRANJERO.
El estallido de una bomba, colocada frente al cajero automático de un banco, conmovió a los vecinos de la Aguada. La deflagración destrozó los vidrios de la puerta del receptáculo, pero no afectó a la máquina, que siguió funcionando.
POR AHORA se desconoce el móvil de este atentado, ya que el o los autores, por un lado no se llevaron dinero y por otro no reivindicaron el hecho, como para presumir que se trate de una acción de índole terrorista.
A pesar de todo, los servicios de Inteligencia Policial y del Ministerio de Defensa se encuentran investigando el caso, para determinar si se está en presencia de un atentado terrorista. Hay que tener en cuenta que ese banco y sus sucursales fueron vendidos a un consorcio bancario brasileño.
Era aproximadamente la hora 3.30 de ayer, cuando un potente estallido provocó temor entre los vecinos de la zona del Palacio Legislativo. Al mismo tiempo, se escuchó la alarma del cajero automático del banco de Boston, situado en Avenida del Libertador y Yaguarón. La Policía fue alertada y unidades del Cuerpo de Radio Patrulla y de la Seccional 3a se constituyeron en el lugar.
La puerta del cajero estaba totalmente destrozada, pero el aparato que contiene el dinero permanecía intacto. Los funcionarios observaron a cuatro metros de distancia restos de una botella y a unos 10 metros partes de otra. Ambas, al parecer, por el olor contenían restos de pólvora. Está claro que se trataba de un atentado con bomba.
De inmediato se solicitó la presencia de personal especializado, arribando unidades del EDAT, el equipo desactivador de artefactos terroristas del Ejército. Los efectivos recogieron los restos esparcidos en la escena del hecho para determinar qué tipo de material fue utilizado para confeccionar el aparato explosivo.
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Sepredi desmiente versiones de prensa
LA SECRETARÍA de Información de Presidencia realizó ayer una serie de precisiones "ante inexactas versiones de prensa que han circulado en los días previos al feriado de Carnaval".
El comunicado, que se reproduce a continuación, aunque no los nombra, está referido a informaciones publicadas en las primeras planas de los diarios El Observador, El País y Ultimas Noticias:
"1) Las visitas que hará el Presidente de la República al interior del país, específicamente los días 21 y 22 de marzo del corriente año, tienen como único y exclusivo motivo estar presente en las conmemoraciones de los 100 años de creación del Grupo "Éxodo del Pueblo Oriental" de Artillería N° 2 (Trinidad), Batallón "Asencio" de Infantería N° 5 (Mercedes), Batallón "Rincón" de Infantería N° 9 (Fray Bentos) y Batallón "Gral. Leandro Gómez" de Infantería N° 8 (Paysandú).
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El presidente acusó a tres ex jefes del Ejército de transgredir derechos de Bertolotti en el fallo de un Tribunal de Honor
Escribe Iván Kirichenko
En una resolución por la cual rechazó el fallo de un Tribunal de Honor del Ejército que dictaminó una sanción contra el ex Comandante en Jefe de la fuerza Ángel Bertolotti, el Presidente Tabaré Vázquez defendió al militar como un "legítimo acreedor al máximo respeto y reconocimiento de sus conciudadanos", y acusó a los tres ex Comandantes en Jefe que integraron el tribunal de haber extendido "indebidamente" y "a su mero arbitrio" el objeto de indagación, con lo cual terminaron "transgrediendo garantías inalienables (...) de todo sujeto de derecho".
En el documento, emitido el miércoles 7 y a cuyo texto accedió Búsqueda, el Presidente y la Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, reivindicaron a Bertolotti, quien fue Jefe del Ejército durante el primer año de gobierno del Frente Amplio, y cuestionaron con dureza a los tres ex Comandantes en Jefe de la fuerza de tierra Fernán Amado, Juan Geymonat y Carlos Daners, quienes integraron el Tribunal de Honor.
Ese tribunal fue instalado a pedido de Bertolotti, luego de que el 15 de agosto del 2006, durante un acto en el Círculo Militar, el Presidente de ese club social, General (R) Ricardo Galarza, le negó el saludo (Búsqueda N° 1.368).
Una semana después del incidente, se divulgó el libro "Encontrando a los desaparecidos", del periodista Alvaro Alfonso, el cual contiene varios pasajes críticos hacia la gestión de Bertolotti en su gestión por hallar restos óseos de desaparecidos durante la dictadura (Búsqueda N° 1.369).
Segúnfuentes militares en situación de retiro, cuando Bertolotti pidió que se integrara un Tribunal de Honor vinculó el episodio del Círculo Militar con la difusión del libro, tras lo cual los tres miembros del órgano decidieron ampliar su objeto de investigación a la gestión del ex Comandante en Jefe.
De; hecho, eso fue lo que ocupó la mayor parte del fallo del tribunal, que fue particularmente duro con Bertolotti, a quien acusó de haber conducido al Ejército de manera "errática". Incluso, según el tribunal, el ex Comandante en Jefe expuso la credibilidad de la fuerza, cuando en virtud de informaciones proporcionadas por la propia institución indujo al Presidente Vázquez a anunciar que había "más de 99%" de probabilidad de encontrar los restos óseos de María Claudia García de Gelman (Búsqueda 1.393).
Sobre esa base, el tribunal había determinado una "amonestación por falta grave" para Bertolotti.
En cuanto al episodio que había generado el pedido de un tribunal pero que tuvo un lugar secundario en el fallo, los ex Comandantes en Jefe que lo integraron entendieron que Galarza cometió un error al negar el saludo a Bertolotti, dado que en ese momento actuaba como Presidente de la institución Círculo Militar, pero absolvieron al General retirado porque concluyeron que su actitud se debió a una "imprudencia".
Cuestión de honor. Precisamente, el gobierno resolvió "no homologar" el fallo del tribunal, lo que en los hechos significa rechazarlo. Y, como principal fundamento, manifestó que ese dictamen "absuelve al ofensor y en cambio condena al ofendido".
En segundo término, el gobierno remarcó su decisión de "declarar expresamente que el honor" de Bertolotti "no ha sido rozado a ningún título".
La posición crítica del gobierno hacia la actitud de Galarza es evidente desde el inicio de la resolución, donde indica que el Tribunal de Honor fue convocado "para dilucidar el episodio que suscitó en perjuicio del promotor (Bertolotti), durante el acto celebrado en la sede del Círculo Militar, el Presidente de esa entidad".
El gobierno advierte luego "que el aludido fallo, si bien corrobora que al promotor del procedimiento de referencia le fue inferida sin lugar a dudas en forma voluntaria una ofensa que debe considerarse especialmente agravada por las circunstancias de tiempo y lugar en que se consumó y por la jerarquía y la trayectoria del destinatario, arribó a una conclusión absolutoria del ofensor".
Pero los más severos cuestionamientos que formularon Vázquez y Berrutti apuntaron a la decisión de Daners, Amado y Geymonat, de investigar la gestión de Bertolotti en materia de derechos humanos.
Por eso, luego de cuestionar que hayan absuelto a Galarza, señalaron que "además, y fuera de ello, los miembros del cuerpo concentraron extensivamente su interés y su esfuerzo en un tema que excedía el objeto del pronunciamiento que se les había encomendado, para concluir controvirtiendo y reprobando la actuación del promotor mientras ejerció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército".
En esa línea, el Presidente y su Ministra de Defensa recordaron que los tribunales de honor deben respetar los criterios de "pertinencia, continencia de la causa, el de congruencia y el de imparcialidad", los cuales "vedan a órganos como un Tribunal de Honor Eventual, llamado a indagar y calificar determinados hechos y conductas, extender a su mero arbitrio el objeto de indagación y calificación".
"Desatendidas tales preceptivas, el dictamen incursiona, tanto en su parte expositiva como dispositiva, en un territorio para el que no fue convocado y termina transgrediendo garantías inalienables que el ordenamiento jurídico, cualquiera sea la órbita en que sus normas se apliquen, debe asegurar a todo sujeto de derecho", acusaron Vázquez y Berrutti.
En contraparte, el gobierno defendió a Bertolotti, durante cuya gestión como Comandante en Jefe, el Ejército abrió por primera vez en la historia las puertas de unidades militares para que se produjeran excavaciones en busca de restos óseos de desaparecidos, y elaboró informes en los cuales admitió su responsabilidad en la mayoría de las desapariciones de uruguayos en territorio nacional durante la dictadura (1973-1985).
"La trayectoria profesional del Teniente General en situación de retiro Ángel Bertolotti, a lo largo de su prolongada carrera coronada con las máximas distinciones, ha honrado invariablemente esas distinciones y ha prestigiado ante la sociedad a la institución armada, condición que lo erige en legítimo acreedor al máximo respeto y reconocimiento de sus conciudadanos.
De acuerdo con una escala de valores que el aludido reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con un cúmulo de fuentes de derecho de la más diversa naturaleza y jerarquía consagran armónicamente en la legislación patria", sentenciaron Vázquez y Berrutti en su resolución.
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 8
Quieren apelar por accidente aéreo de 1971. HELICÓPTEROS.
FAMILIARES de las víctimas del accidente aéreo de noviembre de 1971 en la playa Pocitos reclaman la aparición de las pericias técnicas efectuadas en 2001 a pedido de una aseguradora estadounidense. Su intención es recabar elementos de prueba para apelar la decisión del juez Juan Fernández Lechini de archivar las actuaciones.
"No pedimos plata, pedimos los documentos para apelar ante el juez", dijo a Ultimas Noticias Elizabeth Iturrioz, integrante del grupo de familiares.
En 1971 no se efectuaron pericias y el juez competente -Héctor Amilibia- fue impedido de actuar por la Justicia Militar, que tomó el caso en sus manos, recordó Iturrioz. Amilibia debió abandonar el país al año siguiente y falleció poco después en España. El Tribunal Militar presidido por el Coronel Federico Silva Ledesma decidió archivar el caso por no hallar "trasgresiones a las disposiciones penales militares".
Iturrioz, Susana Dorado y Nélida Vázquez relataron que en 2001 se efectuó una pericia que fue enviada a la empresa constructora de las aeronaves -Sikorsky United Technology Corp.-por mediación de dos Oficiales uruguayos.
En 1971 no se efectuó investigación alguna, no fueron citados los testigos -hubo miles-, ni los familiares de las víctimas, como tampoco personal de seguridad, tan solo fueron tomadas declaraciones a los pilotos de los aparatos.
En una comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, los familiares indicaron que pocas horas después del accidente, los restos de los helicópteros ya no se hallaban en el lugar y no se llevaron adelante pericias tendientes a esclarecer las causas del accidente que causó la muerte de ocho personas, mutilaciones graves a otros ocho y heridas de diverso tipo a unas 60.
Los familiares de las víctimas nunca recibieron indemnización por parte del Estado, tan solo una reparación -a cuenta de una hipotética indemnización- por los gastos que demandó la atención médica. Ninguna institución del estado se hizo cargo de la atención ni de la rehabilitación de las víctimas.
El accidente tuvo lugar el 14 de noviembre de 1971 en la playa Pocitos junto al parador Kibón. Allí dos helicópteros de la Armada efectuaban una demostración cuando uno de ellos se desplomó cayendo junto a su gemelo y estallando.
BÚSQUEDA PÁG. 12
La autopsia histórica irrumpe por primera vez en investigación judicial en el caso Sabalsagaray.
escribe Raúl Ronzoni
Treinta y tres años después de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en una unidad militar, la Justicia penal procura determinarlas causas de ese fallecimiento, para lo cual ordenó, por primera vez en la historia judicial, que tres especialistas realicen una "autopsia histórica" en las próximas semanas, informaron a Búsqueda fuentes de la investigación.
La decisión fue tomada a mediados de febrero por el juez penal de 10° turno, Rolando Vomero, quien el año pasado había dispuesto archivar el expediente porque carecía de elementos que comprobaran la existencia de un ilícito.
Tras la decisión de Vomero de archivar el expediente, la fiscal Mirtha Guianze insistió en la necesidad de profundizar la investigación y pidió al juez que solicitara informes del caso al Ministerio de Defensa Nacional y ordenara una autopsia histórica.
Vomero accedió a ambos pedidos. Sabalsagaray falleció el 29 de junio de 1974.
Para realizar esta autopsia el juez designó a los médicos forenses Domingo Mederos y Hugo Rodríguez Almada, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, y a la psicóloga Beatriz López.
Una vez notificados, éstos tendrán 30 días para emitir su informe, aunque podrán solicitar una ampliación del plazo si no les fuera suficiente.
La decisión inaugura en Uruguay un procedimiento nuevo en el terreno de las pericias judiciales. El único antecedente conocido fue realizado en el área académica por el propio Rodríguez Almada en 2003. Con su colega Fernando Verdú, profesor del departamento de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, Rodríguez Almada hizo la autopsia histórica de siete militantes comunistas y de un militar muertos en abril de 1972 en la seccional 20 del Partido Comunista en el Paso Molino.
Sabalsagary, de 24 años, era profesora de literatura de Enseñanza Secundaria y dirigente del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas. Fue detenida y trasladada a una unidad militar donde falleció poco después. Sus familiares fueron convocados al Hospital Militar para recibir el cadáver y un informe del médico José Mautone estableció que la muerte se produjo por ahorcamiento en su lugar de reclusión.
El cadáver de Sabalsagara y fue trasladado a su ciudad natal, Colonia Suiza. El actual Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, militante comunista y avanzado estudiante de medicina entonces, declaró recientemente en el juzgado que el cadáver de Sabalsagaray presentaba lesiones.
"Como los familiares no aceptaban la versión del suicidio porque le entregaron el cuerpo con el cajón cerrado, a su pedido, antes del sepelio, examiné el cadáver y constaté señales de hematomas en el cuerpo que eran, evidentemente, golpes. Esa misma noche, le relaté mi observación a un médico forense, ya fallecido, Julio Arzuaga", dijo Carámbula a Búsqueda.
Sabalsagaray había sido detenida por militares y civiles razón por la cual, para iniciar la investigación a mediados del 2005, Vomero consultó al Poder Ejecutivo si el caso estaba comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como establece el artículo 1o de esa ley. La respuesta resultó afirmativa con respecto a militares o policías, pero como también intervinieron civiles el juez continuó la investigación hasta llegara la actual situación.
Testimonios y antecedentes. La autopsia histórica es un método que se utiliza en numerosos países para investigar casos de interés histórico y/o judicial cuando no se tuvo
acceso al cadáver ni a los restos. Para ello se recurre a testimonios de testigos, a historias médicas de la persona y a pericias existentes en el expediente con el objetivo de determinar las posibles causas de la muerte.
Así lo explican Rodríguez Almada y Verdú en el trabajo de su autoría publicado en el número 19 de ese año de la "Revista Médica del Uruguay" bajo el título "La autopsia histórica: presentación del método y su aplicación al estudio de un hecho violento ocurrido en Uruguay en el año 1972".
Rodríguez y Verdú citan otros ejemplos "de la aplicación de una metodología parecida" en Uruguay que "constituyen valiosos antecedentes".
Relatos sobre el trabajo realizado por médicos en diversas circunstancias históricas surgen de la obra "Notas para una Historia de la Cirugía uruguaya " de Raúl Praderi y Luis Bergalli en 1981. Otro antecedente nacional es el que realizó en el mismo terreno el médico
Eduardo Wilson en su trabajo "Consideraciones acerca de la autopsia del General Lavalleja", publicado en 1991 en el número 7de la "Revista Médica del Uruguay".
En ese trabajo, en base a "conocimientos médicos adquiridos con posterioridad" a la muerte de Lavalleja, Wilson realizó una investigación que incluyó la observación de la última fotografía de Lavalleja (un dagerrotipo de 1853), cartas a Rivera en las que el propio Lavalleja describe su salud y la autopsia realizada tras su muerte por once médicos que fueron encabezados por Fermín Ferreira.
En el ámbito internacional se han realizado autopsias históricas a Napoleón Bonaparte, Cristo y Vladimir Lenin, entre otros. El médico colombiano Germán Antía realizó una pericia similar a los restos de los pilotos del avión que se estrelló en Medellín en 1935, accidente en el que murió Carlos Gardel.
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Un represor libre. OLIVERA ROVERE, BENEFICIADO EN CASACIÓN.
Es el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército. Fue una decisión de la Cámara de Casación.
Por Victoria Ginzberg
La Cámara de Casación le concedió la libertad a Jorge Olivera Rovere, quien fue segundo de Carlos Guillermo Suárez Mason al frente del Primer Cuerpo de Ejército. El represor está cerca de ir a juicio, pero ahora podrá esperar el inicio de las audiencias en libertad. Dependerá de que deposite los 250 mil pesos que el tribunal oral le impuso como caución.
Página/12 informó el lunes que los abogados de distintos organismos de derechos humanos consideran a la Cámara de Casación uno de los principales obstáculos a vencer para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Allí se acumularon más de cien planteos en los que deben expedirse los jueces. Y algunos esperan por una resolución hace más de tres años. Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, planteó además que existía una doble estrategia: demorar las causas y a la vez conceder las excarcelaciones de los acusados porque están mucho tiempo sin condena.
Olivera Rovere tuvo a su cargo todos los centros clandestinos que funcionaron en la Capital Federal. Está acusado de 180 casos de desapariciones y asesinatos. Fue detenido en abril de 2004, después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral declarara la inconstitucionalidad de los indultos. El magistrado Daniel Rafecas elevó la causa al tribunal oral y rechazó su pedido de excarcelación. Lo mismo hizo la Cámara Federal, que señaló que el carácter de desaparecidos de las víctimas obedecía a que no se pudo esclarecer el destino de las personas que fueron secuestradas y que esto implicaba que “no se han colectado aún todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos”. Agregó la Cámara que el hecho de que el imputado fuera un “agente estatal de alto rango” durante la última dictadura militar implicaba que había serios riesgos de que intentaría obstruir el avance de la Justicia, ya sea para evitar que se conozca el destino de los desaparecidos como para no ser condenado.
La Cámara de Casación se opuso a ese razonamiento. Los jueces Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia consideraron que el represor no pondría palos al accionar de los jueces. Además, criticaron a la Cámara Federal por no haber mencionado qué pruebas estarían pendientes ni de qué forma el acusado podría hacerlas desaparecer.
El tercer juez del tribunal, Edgardo Fégoli, rechazó la excarcelación y coincidió con los argumentos de la Cámara Federal. Agregó, además, que el represor “está imputado de homicidios agravados y privaciones ilegales de la libertad, que hablan de la extrema gravedad y pluralidad de los delitos, todos ellos cometidos en forma violenta”.
El abogado Rodolfo Yanzón consideró “inadmisible” el fallo e informó que denunciará a Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia ante el Consejo de la Magistratura. Además, señaló que Olivera Rovere “es responsable de desapariciones forzadas que se siguen cometiendo al día de hoy y que en todos estos años se ha beneficiado con la falta de información que, él, como otros acusados, tienen sobre las víctimas”. El representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre aseguró que “efectivamente la prisión preventiva se debe aplicar de manera excepcional”, pero que los casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura “son las excepciones, tanto porque los imputados retienen información como porque continúan cometiendo varios de los delitos que se les imputa”.
CLARÍN
Llega a Washington un reclamo por la desaparición de López.
PRESENTACION ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La desaparición del albañil Jorge Julio López, hace más de cinco meses, empieza a repercutir más allá de las fronteras. Su caso será analizado el próximo 6 de marzo en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ámbito no fue elegido al azar. En 1992, la CIDH fue el primer organismo internacional que se expresó contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En su informe 28 de aquel año, las definió como "incompatibles" con la Convención Americana por los Derechos Humanos, a la que adhirió Argentina.
Aquel informe, junto a otros antecedentes, sirvió como fundamento del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales ambas leyes y abrió el camino para retomar los juicios a los represores de la dictadura. Uno de ellos, fue el proceso contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, en el que López brindó un testimonio fundamental antes de su desaparición.
Ahora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió una audiencia de seguimiento del informe 28 y planteará la desaparición del albañil ante el organismo continental.
"Necesitamos el apoyo de la CIDH en este momento crítico", explicó a Clarín el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. "Por un lado, queremos destacar en ese ámbito internacional que se haya acabado con las políticas de impunidad y se hayan retomado los juicios. Pero al mismo tiempo, vamos a plantear los obstáculos que se presentan hacia adelante".
De acuerdo a Chillier, "uno de los grandes problemas actuales es la desestabilización de los juicios a través de las amenazas y agresiones a testigos, fiscales, abogados y víctimas. Y el caso de López es emblemático".
La CIDH ya había solicitado de oficio información al Estado argentino sobre sus acciones para localizar al albañil desaparecido de su casa de Los Hornos. Pero según reveló a Clarín una alta fuente de la Comisión, la presentación del caso López podría derivar en un renovado pedido de la CIDH para que se implemente en el país un programa abarcador y eficiente de protección de testigos. Uno similar al que ya fue prometido por el Gobierno, también en Washington, durante el proceso de solución amistosa por el caso AMIA. Que hasta ahora funciona poco y mal.
ABC
Allegados a Pinochet serán juzgados en Francia por torturas y desapariciones.
PARIS. (EFE). Una jueza francesa ordenó ayer el juicio por el Tribunal de lo Criminal de París de 17 colaboradores de Augusto Pinochet por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar chilena (1973-90) , informaron fuentes judiciales. Los acusados, todos chilenos, salvo un argentino, y casi todos militares.
Los acusados están imputados por arresto y secuestro acompañados de torturas o actos de barbarie o por complicidad en estos delitos, y serán juzgados previsiblemente en contumacia (rebeldía).
El agravante de torturas o actos de barbarie conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Este juicio, el primero en Francia y en el mundo contra la dictadura de Pinochet, podría celebrarse como pronto el año próximo.
Un juicio “simbólico” que concierne a los responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) u otros cuerpos que secundaron a Pinochet en su “labor de eliminación de la oposición”, indicaron las fuentes. La magistrada Sophie Clément, quien instruyó el sumario, no hizo caso de la petición de la Fiscalía de sobreseer la causa contra tres de los 19 imputados inicialmente, incluido el que fue el fundador de la colonia Dignidad, Paul Schaefer.
El ex dictador chileno Gral. Augusto Pinochet, cuyos allegados serán juzgados en contumacia en Francia por la desaparición de cuatro ciudadanos galos. (AFP).
Augusto Pinochet Ugarte y el Gral. Javier Palacios Ruhman, que figuraban entre los 19 procesados contra los que la justicia francesa emitió órdenes internacionales de arresto en el 2001 y el 2005, han sido retirados del procedimiento, ya que murieron el año pasado.
Entre los que serán juzgados se encuentra, además de Schaefer, el que fue el jefe de la Policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras.
Completan la lista Rafael Ahumada Valderrama, Enrique Arrancibia Clavel, Herman Brady Roche, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy García, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krasnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas, Luis Joachim Ramírez Pineda, Osvaldo Enrique Romo Mena. Emilio Sandoval Poo, Humberto Zapata Reyes, José Zara Holger y el argentino José Osvaldo Riveiro.
Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.
CLARÍN
Piden la detención del general Menéndez .
Los familiares de Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos Ponce y Francisco Ponce secuestrados y desaparecidos en Catamarca entre abril y diciembre de 1976 pidieron ayer la "urgente detención" de cinco militares imputados en la causa que por delitos de lesa humanidad tramita el Juzgado Federal de Catamarca.
Se trata del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; del ex jefe de Seguridad de la familia Juárez en Santiago del Estero; del comisario Antonio Mussa Azar y Alberto Lucena, jefe del Regimiento de Catamarca, Darío Otero Arán, oficial de Inteligencia y Raúl Horacio Gallardo por entonces teniente y que luego fue director del Colegio Militar de la Nación.
Las víctimas eran integrantes de la Juventud Obrera Católica de Catamarca y fueron buscados en sus casas por fuerzas militares. La causa está en manos del juez federal Ricardo Moreno.
La causa no sólo intenta develar la "verdad histórica" de lo acontecido sino las responsabilidades penales de las autoridades militares de ese momento, describiendo la "cadena de mandos" que se que coordinó los secuestros y las desapariciones que se llevaron a cabo en Catamarca.
CLARÍN
Kirchner hizo una fuerte defensa de su relación con Chávez.
VISITA PRESIDENCIAL A VENEZUELA : UN GESTO DEL PRESIDENTE ARGENTINO QUE EL VENEZOLANO AGRADECIO
Rechazó que junto al presidente de Brasil, Lula, tengan que "contener" al venezolano como piden EE.UU. y España. Destacó también la creación del Banco del Sur y los acuerdos bilaterales firmados.
En un fuerte discurso que incluyó tiros por elevación contra los Estados Unidos, el presidente Néstor Kirchner cerró su visita a Venezuela con una firme defensa de su relación política con Hugo Chávez y de la integración entre ambos países, que está dando "pasos históricos", segun aseguró.
Al mismo tiempo, Kirchner rechazó enérgicamente la idea de que la Argentina y Brasil estén ejerciendo un rol de "contención" frente a Chávez. En la misma línea, el venezolano advirtió después que "están tratando de sembrar cizaña entre nosotros".
"No puede ser que moleste a nadie que nuestros pueblos se integren —dijo Kirchner—. Tenemos que terminar con las teorías paternalistas. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos que había países que teníamos que contener a otros países, como en el caso del presidente Lula o de nosotros que teníamos que contener al presidente Chávez".
Y agregó: "Error absoluto. Nosotros construimos con el presidente Chávez el espacio de América del Sur para la felicidad de nuestros pueblos". La "contención de Chávez" es una idea que suelen reclamar países como EE.UU. o España, a cuyos gobiernos preocupa el papel en la región del venezolano.
Kirchner hizo estas definiciones al hablar en el final del acto de firma de una quincena de acuerdos con Venezuela en diversas áreas. Todo bajo una inmensa carpa refrigerada, levantada a pocos pasos de la torre de perforación de las estatales PDVSA y Enarsa, cuyo taladro fue puesto en marcha por los dos presidentes en su primera actividad al llegar al lugar, distante 200 kilómetros de Puerto Ordaz, en medio de la inhóspita y árida sabana donde el calor se hacía sentir (ver página 4).
Kirchner salió así al cruce del rol que se le atribuye —también a Lula— frente a Chávez, función política que sería del agrado de EE.UU., que considera al venezolano un enemigo y un "peligro" para la democracia en la región.
Y la definición del santacruceño se produce pocos días antes de que George W. Bush emprenda una nueva gira por la región, que incluirá a Chile, Uruguay y Brasil pero no a la Argentina.
Frente a las críticas que desde sectores del poder se le hacen a Chávez por las nacionalizaciones y la proclamada "vía venezolana al socialismo", Kirchner ratificó su no injerencia en los asuntos internos de otro país: "Tenemos un gran respeto por todos los venezolanos y por el proceso que están llevando adelante", sostuvo.
"Te agradezco lo que has dicho", le devolvió Chávez a su turno, "porque no se cansa la conseja imperial oligárquica de tratar de sembrar cizaña entre nosotros, que Kirchner y Lula tienen a Chávez aguantado (sic)".
El venezolano dijo que los que en Buenos Aires desaconsejan la relación con Chávez "son los que se plegaron al imperio norteamericano y permitieron el saqueo".
Ante un auditorio de unas 400 personas, Chávez elogió luego la emisión conjunta de US$ 1.500 millones de Bonos del Sur, que se lanzará al mercado este lunes. Siempre exuberante, Chávez aseguró que "Venezuela y Argentina son las dos economías más fuertes de este continente".
Sobre la cena que tuvieron a solas anteanoche, Chávez aseguró que con Kirchner están "decididos a seguir impulsando" la integración. Con su gusto por los nombres epopéyicos, dijo que veía nacer un "proyecto nacional Bolívar-San Martín". A Kirchner se lo vio más que satisfecho, y relajado. "Todo está saliendo demasiado bien", se le oyó decir.
El Presidente argentino también destacó entre los acuerdos la emisión del Bono del Sur a una "tasa excelente", operación para la cual Venezuela adquirió Boden por US$ 750 millones que ya están en las arcas argentinas.
Sobre el Banco del Sur, cuya estructura debería estar definida en cuatro meses, Kirchner dijo que "permitirá a la región financiar proyectos estratégicos para la reconversión de una economía de producción". Kirchner invitó a sumarse a los otros países de la región. En una rueda de prensa posterior, Chávez anticipó que el primer proyecto del Banco —cuyo financiamiento no fue aclarado aún— podría ser destinar US$ 1.000 millones a la construcción de una planta separadora de gases entre Bolivia y la Argentina.
Los otros acuerdos firmados profundizan la cooperación científico-técnica, la transferencia tecnológica con la construcción de tres laboratorios del INTA en Venezuela, y abren a empresarios argentinos el camino a negocios de construcción de viviendas, frigoríficos y transformación de vehículos a GNC.
