"Como te digo una cosa, te digo la otra", ahora la Suprema Corte
La SCJ resuelve que los desaparecidos, desaparezcan, de nuevo !! La desaparicion forzada de prisioneros ES DELITO DE LESA HUMANIDAD, y lo seguira siendo HASTA QUESE SEPA SU DESTINO Y SE JUZGUE A LOS RESPONSABLES. Son delitos que NO PRESCRIBEN.La SCJ va contra los principios vigentes internacionalmente.Quitandole por decreto y formalmente el caracter de crimenes de lesa humanidad quieren hacerlos prescribir en noviembre.Es una maniobra leguleya que no soluciona nada pues todo el mundo
lo entiende: SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD y mas tarde o mas temprano, asi seran juzgados.A no olvidarse que esos delitos pueden ser juzgados EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER PAIS.Ya veremos....
Uno voto en contra en la Suprema Corte, y asi argumento :
"Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".
"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación." Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad
Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre | Piden anulación de lo actuado en el caso Gelós BonillaLa Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.
En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.
La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.
Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.
La respuesta de la Corporación ante ese planteo ratificará la posición de los ministros en cuanto a que se trata de ilícitos comunes. Los ministros de la SCJ acordaron ayer el texto de la contestación que enviarán a Guianze, el cual será firmado en las próximas horas, dijeron fuentes judiciales a El País.
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.
Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto (1973-1985), la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.
Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.
En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados -entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao- sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.
LOS ARGUMENTOS. El fallo de la SCJ que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.
La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Para la mayoría de los ministros de la Corporación, "al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...".
Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del "principio de legalidad", establecido en la Constitución.
Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.
La resolución de la SCJ tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.
El planteo de los defensores es causado por la presencia de la magistrada en la "Marcha del Silencio" que tuvo lugar el pasado viernes 20 por la avenida 18 de Julio, donde se reclamó conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura.
Mota reconoció que estuvo en la movilización en la última edición del semanario Búsqueda. Incluso, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en varios de los expediente por violaciones a los derechos humanos, relató que en el lugar se encontró con la magistrada.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le pidió a Mota que confirmara oficialmente si estuvo o no en la marcha. Los ministros de la Corporación analizan la situación de la jueza desde el viernes pasado.
Según fuentes de la SCJ, la situación generó gran molestia entre los ministros del máximo órgano del Poder Judicial. Incluso, los ministros pidieron a la jueza que amplíe algunos aspectos del informe que presentó inicialmente.
Los informantes estimaron que en virtud de la "gran molestia" que generó el hecho entre los ministros de la SCJ, es altamente factible que la magistrada sea sancionada por la Corporación.
NULIDAD. Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo (hija del militar José Gavazzo) recusaron a Mota en el marco de la causa que indaga la desaparición de Gelós Bonilla.
Para los abogados, que patrocinan a cinco militares, si la magistrada continúa a cargo del expediente "no se estarían dando las garantías del debido proceso".
En el escrito de recusación, los abogados señalan que su presencia en la "Marcha del Silencio" fue "expresamente" reconocida por la jueza, por lo que no se trata de un hecho "controvertido" sino de "una realidad".
A su vez, los defensores solicitaron que "se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy así como las futuras" que realice Mota en caso de que continúe a cargo del expediente que indaga el caso de Gelós Bonilla.
Según Mikolic, Figueredo y Gavazzo, la recusación y nulidad de todas las pruebas "es el único camino hábil y legítimo para salvaguardar las garantías del debido proceso y los indagados en esta tan particular causa".
En tal sentido, los abogados advierten que en el expediente que investiga la desaparición de Gelós Bonilla "existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza".
Al respecto, los defensores señalan no solamente la participación de Mota en la "Marcha del Silencio" sino que relatan que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de ninguno de ellos en las audiencias, a pesar de haber sido designados como defensores.
Eso obedeció a que, según Mota, esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados. Pero los abogados dicen que ello no es así, por lo que se les impide "ejercer una digna defensa".
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT respaldó a Mota por su presencia en la "Marcha del Silencio". Para la central obrera, el reclamo de "verdad y justicia" es "responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de este país máxime si son integrantes del Poder Judicial".
La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.
Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.
Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto (1973-1985), la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.
Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.
En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados -entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao- sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.
LOS ARGUMENTOS. El fallo de la SCJ que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.
La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Para la mayoría de los ministros de la Corporación, "al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...".
Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del "principio de legalidad", establecido en la Constitución.
Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.
La resolución de la SCJ tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.
Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".
"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación. Abogados recusan a Mota; la Corte sancionaría a la jueza
Los abogados de cinco militares retirados indagados por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, ocurrida en 1976, plantearon ayer la recusación de la jueza penal Mariana Mota, quien tiene a su cargo el expediente.El planteo de los defensores es causado por la presencia de la magistrada en la "Marcha del Silencio" que tuvo lugar el pasado viernes 20 por la avenida 18 de Julio, donde se reclamó conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura.
Mota reconoció que estuvo en la movilización en la última edición del semanario Búsqueda. Incluso, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en varios de los expediente por violaciones a los derechos humanos, relató que en el lugar se encontró con la magistrada.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le pidió a Mota que confirmara oficialmente si estuvo o no en la marcha. Los ministros de la Corporación analizan la situación de la jueza desde el viernes pasado.
Según fuentes de la SCJ, la situación generó gran molestia entre los ministros del máximo órgano del Poder Judicial. Incluso, los ministros pidieron a la jueza que amplíe algunos aspectos del informe que presentó inicialmente.
Los informantes estimaron que en virtud de la "gran molestia" que generó el hecho entre los ministros de la SCJ, es altamente factible que la magistrada sea sancionada por la Corporación.
NULIDAD. Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo (hija del militar José Gavazzo) recusaron a Mota en el marco de la causa que indaga la desaparición de Gelós Bonilla.
Para los abogados, que patrocinan a cinco militares, si la magistrada continúa a cargo del expediente "no se estarían dando las garantías del debido proceso".
En el escrito de recusación, los abogados señalan que su presencia en la "Marcha del Silencio" fue "expresamente" reconocida por la jueza, por lo que no se trata de un hecho "controvertido" sino de "una realidad".
A su vez, los defensores solicitaron que "se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy así como las futuras" que realice Mota en caso de que continúe a cargo del expediente que indaga el caso de Gelós Bonilla.
Según Mikolic, Figueredo y Gavazzo, la recusación y nulidad de todas las pruebas "es el único camino hábil y legítimo para salvaguardar las garantías del debido proceso y los indagados en esta tan particular causa".
En tal sentido, los abogados advierten que en el expediente que investiga la desaparición de Gelós Bonilla "existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza".
Al respecto, los defensores señalan no solamente la participación de Mota en la "Marcha del Silencio" sino que relatan que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de ninguno de ellos en las audiencias, a pesar de haber sido designados como defensores.
Eso obedeció a que, según Mota, esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados. Pero los abogados dicen que ello no es así, por lo que se les impide "ejercer una digna defensa".
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT respaldó a Mota por su presencia en la "Marcha del Silencio". Para la central obrera, el reclamo de "verdad y justicia" es "responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de este país máxime si son integrantes del Poder Judicial".
El País Digital
30.05.11 - Uruguay
Marcelo Ferreira
Adital
30.05.11 - Uruguay
Los límites de la voluntad popular
Marcelo Ferreira
Profesor Titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Adital
Mayo 24 de 2011.
El Congreso uruguayo decidió no anular la ley de amnistía de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La decisión, adoptada por mínimo margen, avaló la postura del presidente José Mujica, quien consideró que la anulación implicaría aparecer ante el pueblo "pasándole por arriba a dos plebiscitos”.
En efecto, la ley 15.848 –o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –, promulgada en 1986 por un gobierno democrático, fue confirmada por el pueblo uruguayo en dos oportunidades (referéndum de 1989 e iniciativa popular de 2009), lo que constituye el único argumento visible a su favor, por cuanto nadie discute el hecho de su palmaria invalidez jurídica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que "la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos...” (Caso Gelman vs. Uruguay; sentencia del 24 de febrero de 2011). Y la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela, del 19 de octubre de 2009.
Sentado ello, y por muy vigoroso que parezca el argumento de la primacía de la voluntad popular, verificamos que su aparente fuerza irresistible se desvanece inmediatamente.
La Corte Interamericana determinó que "el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional... La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos... en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías..”. Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sentó que "el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley” (Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet).
Estos pronunciamientos abrevan en las ideas del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos "están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado... no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad”. Tales derechos "forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no”, y actúan como factores de legitimación y deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones. Y reitera que "ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad, o no decidir la satisfacción de un derecho social” (Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed.Trotta, Madrid, 2006).
En esa línea, y tal como destaca la Corte Interamericana, varios tribunales del mundo rechazaron la validez de plebiscitos en cuestiones que involucraran derechos humanos. En los EE.UU. la Corte Suprema rechazó un referéndum sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, y expresó "los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones” (Perry v. Schwarzenegger). Y en el caso Romer v. Evans anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría (Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M Mchunu). Y la Corte Constitucional de Eslovenia rechazó la posibilidad de realizar un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia legal de una minoría (caso de los "Erased”).
En definitiva, el respeto de los derechos humanos no está sujeto a reglas mayoritarias. Y la decisión del Congreso uruguayo no es el fin del camino, porque la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá a plantearse una y otra vez ante los tribunales, hasta que las víctimas y todo el pueblo uruguayo obtengan la justicia con memoria que tanto merecen.
El Frente insistirá por ley de Caducidad
La Mesa Política hará "autocrítica" el próximo lunes La Comisión sobre Caducidad del Frente Amplio encomendó al presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, hacer contactos con el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la ley 15.848, en cumplimiento del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandató al Estado a "eliminar las trabas jurídicas" para la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura.
El representante por las bases del interior en la comisión, Alejandro Arismendi, dijo a El País que las gestiones de Brovetto estarán orientadas a "evitar la descoordinación entre el gobierno y la fuerza política", tal como sucedió en el caso del proyecto anulatorio de la Caducidad.
En la Mesa Política, los sectores que integran la coalición acordaron que los temas sean discutidos "hasta agotar el debate interno". De tal forma que "no queden temas pendientes y se puedan saldar las discusiones antes de salir a la prensa", dijo a El País una fuente que participó del encuentro.
En la próxima sesión de la Mesa Política, se realizará una "autocrítica" del proceso que culminó en el fracaso de la anulación de la Caducidad.
Mientras tanto, ayer quedó integrada la comisión especial para el estudio de los mecanismos que dejarían sin efecto la norma. Entre los miembros están la senadora Mónica Xavier (PS) y los diputados Aníbal Pereyra (MPP), Jorge Orrico (AU), José Bayardi (VA) y Carlos Coitiño (PVP), entre otros. Además se pidió la participación de la CAP-L, sector que no integra formalmente el Frente Amplio.
En el marco de la comisión se estudiará dejar sin efecto la Caducidad a través de diferentes mecanismos. Asamblea Uruguay plantea la derogación de la ley, lo cual no tiene efectos retroactivos.
El Movimiento de Participación Popular propuso la modificación del artículo 239 de la Constitución, para que los fallos de las cortes internacionales de derechos humanos pasen a ser considerados como ley en el sistema jurídico uruguayo.
La Corriente Izquierda de Liberación volvió a insistir en la anulación de la ley de Caducidad. Según expresaron en la reunión, por mayoría simple se puede disponer la anulación de una norma basados en el artículo 85 de la Constitución.
El representante por las bases del interior en la comisión, Alejandro Arismendi, dijo a El País que las gestiones de Brovetto estarán orientadas a "evitar la descoordinación entre el gobierno y la fuerza política", tal como sucedió en el caso del proyecto anulatorio de la Caducidad.
En la Mesa Política, los sectores que integran la coalición acordaron que los temas sean discutidos "hasta agotar el debate interno". De tal forma que "no queden temas pendientes y se puedan saldar las discusiones antes de salir a la prensa", dijo a El País una fuente que participó del encuentro.
En la próxima sesión de la Mesa Política, se realizará una "autocrítica" del proceso que culminó en el fracaso de la anulación de la Caducidad.
En el marco de la comisión se estudiará dejar sin efecto la Caducidad a través de diferentes mecanismos. Asamblea Uruguay plantea la derogación de la ley, lo cual no tiene efectos retroactivos.
El Movimiento de Participación Popular propuso la modificación del artículo 239 de la Constitución, para que los fallos de las cortes internacionales de derechos humanos pasen a ser considerados como ley en el sistema jurídico uruguayo.
La Corriente Izquierda de Liberación volvió a insistir en la anulación de la ley de Caducidad. Según expresaron en la reunión, por mayoría simple se puede disponer la anulación de una norma basados en el artículo 85 de la Constitución.
El País Digital
Se siguen atando lazos con el sionismo racista y asesino...ahora en el espionaje
Se siguen atando lazos con el sionismo racista y asesino...ahora en el espionaje
El gobierno adquiere equipos para espías
Dos relojes pulsera que graban conversaciones, un aparato que bloquea los teléfonos celulares y un micrófono para instalar en la pared son los elementos que la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) se dispone a comprar para su tarea específica, según una resolución del Poder Ejecutivo firmada por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa Luis Rosadilla.
Los elementos se adquirirán en forma directa, sin llamado a oferentes, por un monto de unos $ 110.000, es decir aproximadamente US$ 5.800.
Entre los fundamentos de la aprobación de la compra directa se señala en la resolución del Poder Ejecutivo que "resultaría altamente inconveniente" dar a conocer proveedores, cantidades y especificaciones técnicas de los instrumentos, que son de origen israelí.
Este material se destinará a tareas de inteligencia que lleva a cabo personal de la Dinacie.
Los elementos se adquirirán en forma directa, sin llamado a oferentes, por un monto de unos $ 110.000, es decir aproximadamente US$ 5.800.
Entre los fundamentos de la aprobación de la compra directa se señala en la resolución del Poder Ejecutivo que "resultaría altamente inconveniente" dar a conocer proveedores, cantidades y especificaciones técnicas de los instrumentos, que son de origen israelí.
Este material se destinará a tareas de inteligencia que lleva a cabo personal de la Dinacie.
El País Digital
Vázquez prepara reforma del FA; promueven "plebiscito interno"
Encrucijada oficialista. Para el expresidente la renovación debe ser "profunda e inevitable" La movida en la coalición de izquierda es para quitarle poder a las bases en los órganos de dirección | w Valenti dice que la estructura actual es "inaceptable"
VALERIA GIL
El expresidente Tabaré Vázquez propondrá en las próximos días una "renovación profunda e inevitable" de la coalición de izquierda, coincidiendo con una movida en el Frente Amplio para quitarle poder a las bases en los organismos de dirección.
"Tabaré va a plantear ideas propias acerca de la reestructura y sus iniciativas van a estar dirigidas a la fuerza política; él se va a enfocar a eso y no tanto al gobierno", dijo a El País un allegado al expresidente.
El vicepresidente Danilo Astori ya había planteado la necesidad de "democratizar" el funcionamiento de la coalición.
En el Frente Amplio se inició una movida para quitarle poder a las bases. En caso de que fracase la negociación, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases.
Es que el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad dejó al descubierto el desequilibrio interno entre las bases y los sectores políticos que integran la coalición.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y los 85 de las bases, que responden mayoritariamente al Partido Comunista. Por otra parte, el Congreso frenteamplista (órgano que se encarga de la elección del candidato a la Presidencia de la República y define el programa de gobierno) tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los cuales apenas 85 son delegados de los sectores.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del FA. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo tan solo el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009.
La disparidad entre las bases y los sectores generó en la izquierda una movida para retirarle poder a los militantes que operan a través de los comités. Una comisión que trabaja en la reestructura de la coalición que se reunió el viernes 27, acordó cambios a 80 artículos del Estatuto del FA, pero quedan por ajustar otros 36 puntos que refieren a la representatividad de las bases en los organismos de dirección de la coalición.
El senador Carlos Baráibar dijo a El País que Asamblea Uruguay hizo un planteo para alcanzar la paridad entre bases y grupos políticos dentro del Congreso. La propuesta de Asamblea Uruguay es apoyada por sus aliados en el Frente Líber Seregni: el Nuevo Espacio y Alianza Progresista.
A partir de este acuerdo, Baráibar explicó que se intentará tejer un consenso con los demás sectores para que prospere la iniciativa en el próximo Plenario Nacional, donde se requieren de dos tercios de votos de los presentes para su aprobación.
De fracasar el planteo, Baráibar indicó que Asamblea Uruguay pedirá la convocatoria de un "plebiscito interno" para que los afiliados al FA con al menos 30 días de antigüedad puedan opinar si aceptan un cambio de estructura y sobre qué criterios.
El resultado de la consulta directa a los frenteamplistas no es vinculante, ya que el Congreso será el órgano que en última instancia definirá si acepta o no el cambio de representatividad de las bases. Pese a ello, Baráibar indicó que este mecanismo de democracia directa previsto en el estatuto del FA "pesa por sí solo y condiciona cualquier tipo de decisión".
Para realizar el llamado a plebiscito interno se requieren dos quintos de votos de los miembros del Plenario, por lo que los delegados de los sectores lo pueden convocar sin necesidad de recurrir a las bases.
Además, según trasmitieron a Asamblea Uruguay los demás grupos en la Comisión de Reestructura, "ninguno bloqueará la posibilidad de consulta al pueblo frentista".
Si prospera la modificación de la estructura del FA, se debe convocar a elecciones internas para integrar la Mesa Política, el Secretariado, el Plenario, el Congreso y se elige también al presidente y vicepresidente de la coalición. Los sectores que resulten más votados quedarán con la mayoría de los delegados y así podrán incidir más en la toma de decisiones de la fuerza política.
La propuesta de equiparar bases y sectores en el Congreso, no genera acuerdo dentro de la izquierda. "Sabemos que no será fácil, aunque no hay nada imposible", advirtió Baráibar.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) aún no fijó posición oficial sobre el planteo, dijo a El País Jorge Meroni, representante del sector en la comisión. En tanto, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista en principio no acompañan la iniciativa, ya que trabajan en la confección de propuestas paralelas.
El senador Enrique Rubio (VA) adelantó a El País que presentará la próxima semana otro plan para cambiar las mayorías que se exigen en la toma de decisiones dentro del Plenario, para evitar desencuentros entre la fuerza política y el gobierno.
Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que el PS entiende que hay que adecuar la estructura no solo en cuanto a las bases, sino en lo que respecta a los sectores. "Hay grupos que no tienen necesidad de estar en todas las líneas de representación y pueden ser tan útiles como otros que por su desarrollo pueden estar en otros ámbitos", explicó.
Cada grupo político por el hecho de integrar el Frente Amplio tiene la posibilidad, más allá de su peso electoral, de tener al menos un representante en el Plenario y la Mesa Política; sistema que se conoce como "base uno". Sobre la eliminación de este derecho, hay coincidencias entre Asamblea, los socialistas y la Vertiente.
"La idea no es dejarlos sin representación, pero sí exigirles un mínimo de votos", explicó Baráibar.
"Tarde o temprano si esto no se modifica, estalla", dijo a El País el director de Factum, Óscar Bottinelli, ex secretario político del líder histórico de la coalición de izquierda, Líber Seregni.
Según Bottinelli, la desproporción parte de que el voto de los afiliados no se corresponde al del electorado frenteamplista.
Dentro de los adherentes a la coalición, alrededor de 30.000 votaron a los delegados de base que son la mitad del Plenario, y unos 200.000 eligieron la otra mitad que corresponde a los sectores.
"Al FA se le va a hacer insostenible continuar con la toma de decisiones en bases a sectores políticos con amplio respaldo ciudadano y que aparecen diluidos en ese Plenario", sentenció Bot-tinelli.
Esteban Valenti, exjefe de campaña del expresidente Tabaré Vázquez, opinó que "la estructura del FA hace tiempo que no responde a la realidad política". Valenti explicó que "el 50% del Plenario y el 100% del Congreso pertenecen a las bases, que mueven entre 2.000 y 2.500 personas a lo sumo; y que éstas tengan la misma cantidad de votos que los partidos que obtuvieron 1,1 millones de votos en las elecciones nacionales y 200.000 en las elecciones internas, es inaceptable".
El ex senador y ex canciller Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista, dijo a El País que "hay que ajustar" la estructura del FA al caudal electoral de los sectores, pero sin "borrar todo lo que son hoy las bases". Su compañero de partido el ex diputado Guillermo Chifflet, defendió la representatividad de las bases en los órganos de conducción de la coalición. "Las decisiones en el Frente Amplio siempre han sido sabiamente manejadas desde las bases. Creo que la participación popular más amplia de los militantes es lo que permite tener una organización democrática y adherentes realmente informados", dijo.
El expresidente Tabaré Vázquez propondrá en las próximos días una "renovación profunda e inevitable" de la coalición de izquierda, coincidiendo con una movida en el Frente Amplio para quitarle poder a las bases en los organismos de dirección.
"Tabaré va a plantear ideas propias acerca de la reestructura y sus iniciativas van a estar dirigidas a la fuerza política; él se va a enfocar a eso y no tanto al gobierno", dijo a El País un allegado al expresidente.
El vicepresidente Danilo Astori ya había planteado la necesidad de "democratizar" el funcionamiento de la coalición.
Es que el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad dejó al descubierto el desequilibrio interno entre las bases y los sectores políticos que integran la coalición.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y los 85 de las bases, que responden mayoritariamente al Partido Comunista. Por otra parte, el Congreso frenteamplista (órgano que se encarga de la elección del candidato a la Presidencia de la República y define el programa de gobierno) tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los cuales apenas 85 son delegados de los sectores.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del FA. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo tan solo el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009.
La disparidad entre las bases y los sectores generó en la izquierda una movida para retirarle poder a los militantes que operan a través de los comités. Una comisión que trabaja en la reestructura de la coalición que se reunió el viernes 27, acordó cambios a 80 artículos del Estatuto del FA, pero quedan por ajustar otros 36 puntos que refieren a la representatividad de las bases en los organismos de dirección de la coalición.
El senador Carlos Baráibar dijo a El País que Asamblea Uruguay hizo un planteo para alcanzar la paridad entre bases y grupos políticos dentro del Congreso. La propuesta de Asamblea Uruguay es apoyada por sus aliados en el Frente Líber Seregni: el Nuevo Espacio y Alianza Progresista.
A partir de este acuerdo, Baráibar explicó que se intentará tejer un consenso con los demás sectores para que prospere la iniciativa en el próximo Plenario Nacional, donde se requieren de dos tercios de votos de los presentes para su aprobación.
De fracasar el planteo, Baráibar indicó que Asamblea Uruguay pedirá la convocatoria de un "plebiscito interno" para que los afiliados al FA con al menos 30 días de antigüedad puedan opinar si aceptan un cambio de estructura y sobre qué criterios.
El resultado de la consulta directa a los frenteamplistas no es vinculante, ya que el Congreso será el órgano que en última instancia definirá si acepta o no el cambio de representatividad de las bases. Pese a ello, Baráibar indicó que este mecanismo de democracia directa previsto en el estatuto del FA "pesa por sí solo y condiciona cualquier tipo de decisión".
Para realizar el llamado a plebiscito interno se requieren dos quintos de votos de los miembros del Plenario, por lo que los delegados de los sectores lo pueden convocar sin necesidad de recurrir a las bases.
Además, según trasmitieron a Asamblea Uruguay los demás grupos en la Comisión de Reestructura, "ninguno bloqueará la posibilidad de consulta al pueblo frentista".
Si prospera la modificación de la estructura del FA, se debe convocar a elecciones internas para integrar la Mesa Política, el Secretariado, el Plenario, el Congreso y se elige también al presidente y vicepresidente de la coalición. Los sectores que resulten más votados quedarán con la mayoría de los delegados y así podrán incidir más en la toma de decisiones de la fuerza política.
La propuesta de equiparar bases y sectores en el Congreso, no genera acuerdo dentro de la izquierda. "Sabemos que no será fácil, aunque no hay nada imposible", advirtió Baráibar.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) aún no fijó posición oficial sobre el planteo, dijo a El País Jorge Meroni, representante del sector en la comisión. En tanto, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista en principio no acompañan la iniciativa, ya que trabajan en la confección de propuestas paralelas.
El senador Enrique Rubio (VA) adelantó a El País que presentará la próxima semana otro plan para cambiar las mayorías que se exigen en la toma de decisiones dentro del Plenario, para evitar desencuentros entre la fuerza política y el gobierno.
Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que el PS entiende que hay que adecuar la estructura no solo en cuanto a las bases, sino en lo que respecta a los sectores. "Hay grupos que no tienen necesidad de estar en todas las líneas de representación y pueden ser tan útiles como otros que por su desarrollo pueden estar en otros ámbitos", explicó.
Cada grupo político por el hecho de integrar el Frente Amplio tiene la posibilidad, más allá de su peso electoral, de tener al menos un representante en el Plenario y la Mesa Política; sistema que se conoce como "base uno". Sobre la eliminación de este derecho, hay coincidencias entre Asamblea, los socialistas y la Vertiente.
"La idea no es dejarlos sin representación, pero sí exigirles un mínimo de votos", explicó Baráibar.
Congreso y Plenario Nacional
El Congreso Nacional del Frente Amplio se reúne cada 30 meses y tiene como potestades la designación de candidatos únicos a la presidencia y vicepresidencia de la República y definir las líneas de acción política. Se integra de un número variable, de los cuales 85 son delegados de los sectores políticos y el resto responde a las bases. Para ser representante por las bases se requiere haber participado de las asambleas preparatorias del congreso. El Plenario Nacional es el máximo órgano de dirección de la coalición de izquierda y es el encargado de proponer al Congreso el programa de gobierno. Se integra de 85 delegados por los sectores políticos y 85 representantes de las bases. Entre los sectores el MPP concentra 26 delegados, seguido de 10 de Asamblea Uruguay, 9 del Partido Socialista y 5 de la Vertiente Artiguista.Bottinelli: "Si esto no cambia, estalla"
La desproporción entre los representantes de las bases y de los sectores dentro del Plenario y el Congreso del Frente Amplio es vista con preocupación por analistas que conocen bien la interna de la izquierda pero que no ocupan cargos en la orgánica frenteamplista."Tarde o temprano si esto no se modifica, estalla", dijo a El País el director de Factum, Óscar Bottinelli, ex secretario político del líder histórico de la coalición de izquierda, Líber Seregni.
Según Bottinelli, la desproporción parte de que el voto de los afiliados no se corresponde al del electorado frenteamplista.
Dentro de los adherentes a la coalición, alrededor de 30.000 votaron a los delegados de base que son la mitad del Plenario, y unos 200.000 eligieron la otra mitad que corresponde a los sectores.
"Al FA se le va a hacer insostenible continuar con la toma de decisiones en bases a sectores políticos con amplio respaldo ciudadano y que aparecen diluidos en ese Plenario", sentenció Bot-tinelli.
Esteban Valenti, exjefe de campaña del expresidente Tabaré Vázquez, opinó que "la estructura del FA hace tiempo que no responde a la realidad política". Valenti explicó que "el 50% del Plenario y el 100% del Congreso pertenecen a las bases, que mueven entre 2.000 y 2.500 personas a lo sumo; y que éstas tengan la misma cantidad de votos que los partidos que obtuvieron 1,1 millones de votos en las elecciones nacionales y 200.000 en las elecciones internas, es inaceptable".
El ex senador y ex canciller Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista, dijo a El País que "hay que ajustar" la estructura del FA al caudal electoral de los sectores, pero sin "borrar todo lo que son hoy las bases". Su compañero de partido el ex diputado Guillermo Chifflet, defendió la representatividad de las bases en los órganos de conducción de la coalición. "Las decisiones en el Frente Amplio siempre han sido sabiamente manejadas desde las bases. Creo que la participación popular más amplia de los militantes es lo que permite tener una organización democrática y adherentes realmente informados", dijo.
El País Digital
Negocian con otros partidos espacio “republicano federal”
30.05.2011 | 7.24 El Espectador
El senador Jorge Saravia está negociando junto al senador blanco Eber Da Rosa y otros dirigente de diferentes sectores la conformación de un espacio “republicano federal” compuesto por blancos, frentistas y colorados.
Saravia dijo a El País en Tacuarembó que su alejamiento del Frente Amplio se debe a “diferencias programáticas y en el presupuesto”.
“Con Da Rosa tenemos coincidencias ideológicas, pero también he tenido reuniones con dirigentes del Frente Amplio, del Partido Colorado y con mucha dirigencia del Partido Nacional para formar un espacio republicano que después veremos en dónde realizaremos las alianzas a futuro”, manifestó Saravia.
PCU contra plan de "democratización"
Reclaman que se amplié la discusión interna en el FrenteEl senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, dijo que el verdadero debate no debe girar en torno a "si hay más o menos lugares para las bases", en referencia a las iniciativas internas que apuntan a reformar los órganos de dirección del Frente Amplio. Para el legislador comunista lo importante es analizar "cómo le damos vida a la fuerza política".
En ese marco, los comunistas pretenden que "los grandes temas nacionales" se discutan primero en los comités de base antes que aparezcan en la prensa o en alguna de las dos cámaras del Parlamento. Lorier criticó ayer que temas grandes, como el TLC con Estados Unidos o la reforma tributaria, no se discutieran antes en la interna.
El legislador comunista opinó que primero se deben analizar en la fuerza política, es decir la Mesa Política, el Plenario Nacional, los comités de bases y los partidos que integran la coalición.
"Se discute después (que aparezcan los planes en la prensa) y aparecemos nosotros como los malos de la película, los que metemos palos en la rueda".
De esa forma respondió Lorier a la idea del expresidente Tabaré Vázquez de una "profunda e inevitable renovación" del manejo del poder en el Frente Amplio.
La iniciativa de Vázquez se suma a la propuesta de Asamblea Uruguay de "democratizar" el funcionamiento de la fuerza política, de tal suerte que la composición refleje también el peso electoral de los sectores.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y 85 de las bases, con fuerte peso del PCU.
El Congreso tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los que sólo 85 son delegados de los sectores.
El legislador comunista opinó que primero se deben analizar en la fuerza política, es decir la Mesa Política, el Plenario Nacional, los comités de bases y los partidos que integran la coalición.
"Se discute después (que aparezcan los planes en la prensa) y aparecemos nosotros como los malos de la película, los que metemos palos en la rueda".
La iniciativa de Vázquez se suma a la propuesta de Asamblea Uruguay de "democratizar" el funcionamiento de la fuerza política, de tal suerte que la composición refleje también el peso electoral de los sectores.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y 85 de las bases, con fuerte peso del PCU.
El Congreso tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los que sólo 85 son delegados de los sectores.
El País Digital
¿Una guiñada al ala izquierda?
por Martín Aguirre
Al expresidente Batlle se le atribuye haber anunciado que el suyo iba a ser un "gobierno divertido". Pero a la hora de facilitar titulares a los medios de prensa, el Presidente Mujica parece correr sin competencia. Mientras los analistas y dirigentes políticos todavía buscan comprender el impacto final de toda la crisis por la Ley de Caducidad, el mandatario detonó otra "bomba" que estuvo a punto de causar una baja en el propio gabinete de ministros. La idea lanzada por Mujica de aumentar los impuestos a las grandes extensiones agropecuarias ha desatado una tormenta, y dejado tanto a jerarcas oficiales como a dirigentes opositores divididos entre la incredulidad y el desconcierto.
Es verdad que no es un tema nuevo. Se sabía que en el MPP, la propuesta de cambios tributarios al agro se venía analizando hace tiempo. También es verdad que casi nadie discute el fondo del asunto; la posible justicia de que algunas áreas de la producción rural que se habían beneficiado de recortes impositivos en tiempos de la crisis, pudieran aportar un poco más al erario público. Pero lo que ha generado más revuelo ha sido la forma en que se cristalizó el anuncio. El mismo se realizó a mediados de semana, con el habitual tono asertivo que utiliza el mandatario y, lo más llamativo, sin que hubieran sido previamente consultados ni el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, ni el de Economía, Fernando Lorenzo. También generó inquietud la falta de definiciones claras al hacer un anuncio de tal envergadura. No se sabe exactamente quiénes se verán afectados (se habló primero de predios superiores a 2 mil hectáreas, pero después se pasó a 2.500), no se sabe los montos ni porcentajes de aumento, ni tampoco el destino de los nuevos ingresos. Primero se dijo que serían destinados a obras de infraestructura, pero luego el Presidente afirmó que parte podría ir al Instituto de Colonización, o incluso a generar un fondo para "políticas anticíclicas" para el propio agro.
Pese a esta falta de definiciones, Mujica sí marcó que la propuesta se implementará en corto plazo, señalando que "tiene que estar laudado antes de la primavera". Y agregó que "en esto no me bajo".
Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro Aguerre amenazó renunciar, y sólo se mantuvo en el cargo tras una larga charla con el mandatario. Las gremiales tampoco disimularon su fastidio. Particularmente duras fueron las palabras de la Federación Rural, entidad que nuclea a productores pequeños y medianos con la que Mujica tuvo mucha sintonía en sus épocas de senador. El presidente Bidegain, dijo que la propuesta es "poco seria", y su inminente sucesor Miguel Sanguinetti sostuvo que "el cambio continuo del rumbo de Mujica comienza a sembrar dudas sobre la planificación del sector en el largo plazo".
A nivel político las reacciones fueron todavía más contundentes. El senador Larrañaga afirmó que "Mujica nos deja a todos más boleados que paisano en pista de ballet". "¿Para qué estuvo el presupuesto quinquenal? ¿Para qué estamos procesando la ley de asociación público privada?". Hasta el senador Saravia se mostró molesto con la medida y dijo que "habría que discutir primero el presupuesto nacional en donde tenemos US$ 60 millones destinados a cargos de confianza".
Donde la propuesta presidencial encontró fuerte respaldo fue en el vicepresidente Astori, quien dijo que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" por lo que "no hay que ver ningún peligro". Una posición que más de un analista ha contrastado con lo que decía Astori hace unos meses ante propuestas similares del Partido Comunista, a las que calificaba de "oportunismo tributario", criticando la visión de que a "aquel sector que le va bien hay que castigarlo con impuestos". Tal vez en este apoyo de Astori se pueda ver el motivo de un anuncio que a todas luces parece apresurado, aún para los estándares poco ortodoxos a los que tiene acostumbrado Mujica a la clase política. No parece casual que esta medida "explote" a días del último fiasco con la Ley de Caducidad, en la cual Presidente y Vice dieron un golpe duro a los sectores más ideologizados del Frente Amplio. Estos sectores controlan con mano férrea varios resortes de poder tanto en el Frente, como a nivel sindical, que pueden llegar a complicar al gobierno, en caso de un choque abierto.
La medida de aumentar impuestos al agro es indudablemente simpática a estos sectores, que aún ven (increíblemente) a esa parte del país como un reducto de la oligarquía rentista, cuando no de multinacionales explotadoras. A tal punto llega esa visión, que en un diario oficialista el comentario ante las críticas del sector rural fue que "vamos a tener una protesta en 4x4". El hecho de que el anuncio no haya sido coordinado con los ministros del ramo, también contribuye a dar la impresión de que se trata de un tema planteado de apuro, y sin una planificación ordenada.
Queda por ver si todo esto será suficiente para sacar de agenda las divisiones causadas por la Caducidad. También si alcanzará para saciar el encono que el resultado de ese debate ha dejado en los sectores de base. Y por último, si todo eso compensará las consecuencias negativas que estos cambios puedan generar en un sector tan importante para la economía del país.
La frase II.
"La pregunta es si es conveniente, a 3 años de una reforma impositiva, incluir un nuevo impuesto que afecta a todo un sector". (Experto en derecho agrario, Horacio de Brum).
Al expresidente Batlle se le atribuye haber anunciado que el suyo iba a ser un "gobierno divertido". Pero a la hora de facilitar titulares a los medios de prensa, el Presidente Mujica parece correr sin competencia. Mientras los analistas y dirigentes políticos todavía buscan comprender el impacto final de toda la crisis por la Ley de Caducidad, el mandatario detonó otra "bomba" que estuvo a punto de causar una baja en el propio gabinete de ministros. La idea lanzada por Mujica de aumentar los impuestos a las grandes extensiones agropecuarias ha desatado una tormenta, y dejado tanto a jerarcas oficiales como a dirigentes opositores divididos entre la incredulidad y el desconcierto.
Es verdad que no es un tema nuevo. Se sabía que en el MPP, la propuesta de cambios tributarios al agro se venía analizando hace tiempo. También es verdad que casi nadie discute el fondo del asunto; la posible justicia de que algunas áreas de la producción rural que se habían beneficiado de recortes impositivos en tiempos de la crisis, pudieran aportar un poco más al erario público. Pero lo que ha generado más revuelo ha sido la forma en que se cristalizó el anuncio. El mismo se realizó a mediados de semana, con el habitual tono asertivo que utiliza el mandatario y, lo más llamativo, sin que hubieran sido previamente consultados ni el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, ni el de Economía, Fernando Lorenzo. También generó inquietud la falta de definiciones claras al hacer un anuncio de tal envergadura. No se sabe exactamente quiénes se verán afectados (se habló primero de predios superiores a 2 mil hectáreas, pero después se pasó a 2.500), no se sabe los montos ni porcentajes de aumento, ni tampoco el destino de los nuevos ingresos. Primero se dijo que serían destinados a obras de infraestructura, pero luego el Presidente afirmó que parte podría ir al Instituto de Colonización, o incluso a generar un fondo para "políticas anticíclicas" para el propio agro.
Pese a esta falta de definiciones, Mujica sí marcó que la propuesta se implementará en corto plazo, señalando que "tiene que estar laudado antes de la primavera". Y agregó que "en esto no me bajo".
A nivel político las reacciones fueron todavía más contundentes. El senador Larrañaga afirmó que "Mujica nos deja a todos más boleados que paisano en pista de ballet". "¿Para qué estuvo el presupuesto quinquenal? ¿Para qué estamos procesando la ley de asociación público privada?". Hasta el senador Saravia se mostró molesto con la medida y dijo que "habría que discutir primero el presupuesto nacional en donde tenemos US$ 60 millones destinados a cargos de confianza".
Donde la propuesta presidencial encontró fuerte respaldo fue en el vicepresidente Astori, quien dijo que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" por lo que "no hay que ver ningún peligro". Una posición que más de un analista ha contrastado con lo que decía Astori hace unos meses ante propuestas similares del Partido Comunista, a las que calificaba de "oportunismo tributario", criticando la visión de que a "aquel sector que le va bien hay que castigarlo con impuestos". Tal vez en este apoyo de Astori se pueda ver el motivo de un anuncio que a todas luces parece apresurado, aún para los estándares poco ortodoxos a los que tiene acostumbrado Mujica a la clase política. No parece casual que esta medida "explote" a días del último fiasco con la Ley de Caducidad, en la cual Presidente y Vice dieron un golpe duro a los sectores más ideologizados del Frente Amplio. Estos sectores controlan con mano férrea varios resortes de poder tanto en el Frente, como a nivel sindical, que pueden llegar a complicar al gobierno, en caso de un choque abierto.
La medida de aumentar impuestos al agro es indudablemente simpática a estos sectores, que aún ven (increíblemente) a esa parte del país como un reducto de la oligarquía rentista, cuando no de multinacionales explotadoras. A tal punto llega esa visión, que en un diario oficialista el comentario ante las críticas del sector rural fue que "vamos a tener una protesta en 4x4". El hecho de que el anuncio no haya sido coordinado con los ministros del ramo, también contribuye a dar la impresión de que se trata de un tema planteado de apuro, y sin una planificación ordenada.
Queda por ver si todo esto será suficiente para sacar de agenda las divisiones causadas por la Caducidad. También si alcanzará para saciar el encono que el resultado de ese debate ha dejado en los sectores de base. Y por último, si todo eso compensará las consecuencias negativas que estos cambios puedan generar en un sector tan importante para la economía del país.
La frase I.
"La tierra se valorizó, queremos que sigan haciendo guita, y que sigan invirtiendo, pero el Estado necesita recursos". (Presidente José Mujica)La frase II.
"La pregunta es si es conveniente, a 3 años de una reforma impositiva, incluir un nuevo impuesto que afecta a todo un sector". (Experto en derecho agrario, Horacio de Brum).
El País Digital
Un "cable a tierra" del FA inactivo
Comités de base. Hay 190 en Montevideo, 80 en Canelones y 250 en el resto del país"la mayoría solo "abren sus puertas durante las elecciones y luego dejan de funcionar".
RAÚL MERNIES
Los comités de base son el centro de la militancia política del Frente Amplio. Sin embargo, hoy la mayoría solo "abren sus puertas durante las elecciones y luego dejan de funcionar".
Los comités de base han disminuido considerablemente en los últimos siete años. Según las cifras oficiales manejadas por el Frente Amplio en 2006, en Montevideo había 192, en Canelones 110, y unos 400 en el resto del país.
El encargado de Organización del Frente Amplio, Alfredo Curbelo, explicó a El País que actualmente hay 190 en la capital, 80 en la localidad canaria y unos 250 desperdigados en el resto del interior.
"Estos fueron los que participaron en la última elección del pasado 25 de agosto", afirmó. "Pero hay que tener en cuenta que muchos abren para las elecciones y después dejan de funcionar", agregó.
En Montevideo la división territorial de los comités está basada en 18 coordinadoras, cuyas jurisdicciones se corresponden con las de los Centros Comunales Zonales (CCZ) creados durante la Intendencia de Tabaré Vázquez (1990-1995).
Aunque hay algunos que funcionan en casas de familia, o militantes que viven en los locales, Alfredo Curbelo aseguró que en el Frente Amplio "no tenemos militancia rentada".
"No hay nadie en los comités de base que reciba dinero directo del Frente Amplio. Sí tenemos funciones políticas que son pagas, como la mía o la de la compañera de finanzas, o los de propaganda", explicó.
El grueso de los integrantes de las bases está en el interior. En diálogo con El País, Alejandro Arismendi, integrante de la coordinadora departamental de los comités de base de Florida, contó cómo funcionan, y dio su opinión sobre las iniciativas para quitarles poder.
"En la regional estamos en contacto a través de Internet, y cada tanto nos juntamos en algún departamento. En Florida, la Mesa Política está integrada por 10 grupos y 10 representantes de comités de base. La coordinadora departamental se reúne todos los martes y ahí charlamos de los temas que se hablaron en la Mesa Política. Ese mismo día yo me contacto con los compañeros de las otras regionales a través de mails", explicó.
Consultado sobre la representatividad de los delegados de las bases, Arismendi se limitó a explicar que lo que pasa es que los "sectores mayoritarios" quieren tener "las manos más libres", indicando que eso "es lícito, tan lícito como el derecho que tenemos nosotros a estar representados".
"El informe que envío a la regional llega a unos 20 compañeros, y eso a su vez `repica` a otros tantos, que lo hacen llegar a los comités de base, que hacen reuniones", sin poder cuantificar cuántos participan de los comités habitualmente.
Respecto de la reestructura y la posible pérdida de poder agregó: "Distintos grupos y en distintos momentos han planteado la posibilidad de buscar un alternativa para quitarle peso a las bases. El tema es que ese 50% dentro del Plenario le da una garantía a la gente de que está representada, si no dominan los sectores políticos y sus ideologías, y la opinión de la gente queda en un segundo plano", dijo Arismendi.
Además agregó que "los delegados de las bases somos laburantes, no hay políticos entre nosotros, somos el cable a tierra que tiene el Frente Amplio".
Como conclusión, Arismendi afirmó: "El tema del mucho poder o poco poder dentro del Frente no es tan así, el tema de la Caducidad ya lo demostró, el poder está en las manos de cada uno".
Sobre la posibilidad de realizar un plebiscito interno en el FA para modificar el estatuto y sacarle poder a las bases, soltó: "Acá llegó la versión y personalmente no tengo problema; que lo hagan. Si la gente es la que decide que las bases tenemos que tener menos poder, lo asumiremos. Pero que sea la gente, no un sector", afirmó. Y finalizó la charla diciendo: "Vox populi, vox dei".
El País realizó ayer en la tarde una recorrida por siete comités de base de distintas zonas de Montevideo, pero no encontró militantes, tan sólo puertas cerradas y candados en las ventanas.
Los vecinos del comité "Luis Galeano" ubicado dentro de un complejo de viviendas en Camino Carrasco y Oncativo, dijeron a El País que "hace tiempo no se ve movimiento".
"Por lo menos hace un mes, que no veo a nadie acá en este local, está todo cerrado", contó una de las vecinas que reside en las viviendas del complejo habitacional.
La misma historia se repitió en otros comités de base. "A vencer", "Tassino", "Liberación", "Por el Cambio, "Salvador Allende", todos se encontraban con las persianas bajas y en las pizarras no se anunciaba ninguna reunión a realizarse en los próximos días.
El comité de base "Gaycurú" (Evaristo Ciganda y Millán) ya no se encontraba en esa dirección, aunque así figuraba dentro de una lista de Coordinadoras del Frente Amplio. Los vecinos de la zona dijeron a El País que hace dos años el comité se mudó del barrio.
El local de la Coordinadora B (Arenal Grande y Maldonado) se encontraba abierto, pero no había ninguna reunión de militantes. "Lo que hay es un cumpleaños, nos prestaron el salón por el fin de semana y ya nos estamos retirando", dijo a El País un señor que se encontraba en la puerta de la sede.
Los sábados no son días habituales de encuentro en los comités de base, ya que la mayoría se reúne los jueves. Sin embargo, en un gran número de comités las reuniones semanales se fueron espaciando y ahora se realizan una vez al mes o "cuando hay una actividad política puntual", dijeron a El País fuentes de la dirección del FA.
Los comités de base son el centro de la militancia política del Frente Amplio. Sin embargo, hoy la mayoría solo "abren sus puertas durante las elecciones y luego dejan de funcionar".
Los comités de base han disminuido considerablemente en los últimos siete años. Según las cifras oficiales manejadas por el Frente Amplio en 2006, en Montevideo había 192, en Canelones 110, y unos 400 en el resto del país.
El encargado de Organización del Frente Amplio, Alfredo Curbelo, explicó a El País que actualmente hay 190 en la capital, 80 en la localidad canaria y unos 250 desperdigados en el resto del interior.
En Montevideo la división territorial de los comités está basada en 18 coordinadoras, cuyas jurisdicciones se corresponden con las de los Centros Comunales Zonales (CCZ) creados durante la Intendencia de Tabaré Vázquez (1990-1995).
Aunque hay algunos que funcionan en casas de familia, o militantes que viven en los locales, Alfredo Curbelo aseguró que en el Frente Amplio "no tenemos militancia rentada".
"No hay nadie en los comités de base que reciba dinero directo del Frente Amplio. Sí tenemos funciones políticas que son pagas, como la mía o la de la compañera de finanzas, o los de propaganda", explicó.
El grueso de los integrantes de las bases está en el interior. En diálogo con El País, Alejandro Arismendi, integrante de la coordinadora departamental de los comités de base de Florida, contó cómo funcionan, y dio su opinión sobre las iniciativas para quitarles poder.
"En la regional estamos en contacto a través de Internet, y cada tanto nos juntamos en algún departamento. En Florida, la Mesa Política está integrada por 10 grupos y 10 representantes de comités de base. La coordinadora departamental se reúne todos los martes y ahí charlamos de los temas que se hablaron en la Mesa Política. Ese mismo día yo me contacto con los compañeros de las otras regionales a través de mails", explicó.
Consultado sobre la representatividad de los delegados de las bases, Arismendi se limitó a explicar que lo que pasa es que los "sectores mayoritarios" quieren tener "las manos más libres", indicando que eso "es lícito, tan lícito como el derecho que tenemos nosotros a estar representados".
"El informe que envío a la regional llega a unos 20 compañeros, y eso a su vez `repica` a otros tantos, que lo hacen llegar a los comités de base, que hacen reuniones", sin poder cuantificar cuántos participan de los comités habitualmente.
Respecto de la reestructura y la posible pérdida de poder agregó: "Distintos grupos y en distintos momentos han planteado la posibilidad de buscar un alternativa para quitarle peso a las bases. El tema es que ese 50% dentro del Plenario le da una garantía a la gente de que está representada, si no dominan los sectores políticos y sus ideologías, y la opinión de la gente queda en un segundo plano", dijo Arismendi.
Además agregó que "los delegados de las bases somos laburantes, no hay políticos entre nosotros, somos el cable a tierra que tiene el Frente Amplio".
Como conclusión, Arismendi afirmó: "El tema del mucho poder o poco poder dentro del Frente no es tan así, el tema de la Caducidad ya lo demostró, el poder está en las manos de cada uno".
Sobre la posibilidad de realizar un plebiscito interno en el FA para modificar el estatuto y sacarle poder a las bases, soltó: "Acá llegó la versión y personalmente no tengo problema; que lo hagan. Si la gente es la que decide que las bases tenemos que tener menos poder, lo asumiremos. Pero que sea la gente, no un sector", afirmó. Y finalizó la charla diciendo: "Vox populi, vox dei".
El País realizó ayer en la tarde una recorrida por siete comités de base de distintas zonas de Montevideo, pero no encontró militantes, tan sólo puertas cerradas y candados en las ventanas.
Los vecinos del comité "Luis Galeano" ubicado dentro de un complejo de viviendas en Camino Carrasco y Oncativo, dijeron a El País que "hace tiempo no se ve movimiento".
"Por lo menos hace un mes, que no veo a nadie acá en este local, está todo cerrado", contó una de las vecinas que reside en las viviendas del complejo habitacional.
La misma historia se repitió en otros comités de base. "A vencer", "Tassino", "Liberación", "Por el Cambio, "Salvador Allende", todos se encontraban con las persianas bajas y en las pizarras no se anunciaba ninguna reunión a realizarse en los próximos días.
El comité de base "Gaycurú" (Evaristo Ciganda y Millán) ya no se encontraba en esa dirección, aunque así figuraba dentro de una lista de Coordinadoras del Frente Amplio. Los vecinos de la zona dijeron a El País que hace dos años el comité se mudó del barrio.
El local de la Coordinadora B (Arenal Grande y Maldonado) se encontraba abierto, pero no había ninguna reunión de militantes. "Lo que hay es un cumpleaños, nos prestaron el salón por el fin de semana y ya nos estamos retirando", dijo a El País un señor que se encontraba en la puerta de la sede.
Los sábados no son días habituales de encuentro en los comités de base, ya que la mayoría se reúne los jueves. Sin embargo, en un gran número de comités las reuniones semanales se fueron espaciando y ahora se realizan una vez al mes o "cuando hay una actividad política puntual", dijeron a El País fuentes de la dirección del FA.
El País Digital
Miedo y asco en MVD
La columna de Daniel Figares.
Aratirí a Cielo Negro.
El pasado viernes 13 de mayo una marcha integrada x unas mil personas, un centenar de ellas a caballo, transitó x la Avenida General Flores hasta llegar al Palacio Legislativo, que fue rodeado x jinetes y personas de a pie al grito de "¡corruptos!", "¡vendepatrias!" y "¡traidores!".
El centro de todas las críticas fue la minera Aratirí, un megaproyecto de minería a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del Uruguay, concretamente en la localidad de Valentines (una población de unos 250 habitantes ubicada a unos 20 kilómetros de Cerro Chato en la unión de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres), pero que abarcará en forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha.
El proyecto de la minera Aratirí tiene como objetivo la extracción de 10 millones de toneladas anuales de hierro. El gobierno lo ha destacado como el mayor emprendimiento minero de la historia del país con una inversión de unos US$ 1.500 millones para un negocio de unos 20 años.
La empresa Aratirí (filial local del grupo anglo-suizo Zamin Ferrous) pretende extraer hierro para su exportación en bruto, a través de un puerto que construirá en Rocha, hacia China e India.
Los mineroductos que utilizaría Aratirí para llegar al puerto son de 212 kilómetros, bordearían la Laguna Negra y saldrían a la costa uruguaya entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, en una terminal portuaria.
Todo, dentro del contexto de los proyectos que ya están a estudio esperando la inminente aprobación de la ley de asociación público –privada; de la promoción keynesiana que hace este gobierno de los puertos nacionales como centros de entrada para toda la región, buscando asociaciones con empresas de logística y distribución; y de la creciente demanda de infraestructura portuaria como consecuencia del fuerte incremento del comercio exterior. (Solamente en la comparación interanual de los primeros cuatro meses del año, la Administración Nacional de Puertos (ANP) consignó un incremento de un 45 % de la actividad.)
Algunos números: hasta el momento se sabe x las prospecciones realizadas que hay unas 250 millones de toneladas de material mineralizado pero se estima que habría unas 1100 millones. Para que la perforación sea rentable basta con 600 millones.
Luego de extraer el mineral, se realiza un tratamiento para obtener el hierro beneficiado y ese producto se exporta al exterior. Si bien el precio del producto internacional varía según la época, se estima que una tonelada de hierro beneficiado se vende a entre 60 y 100 dólares. El Estado uruguayo se lleva un 3% y el propietario del campo un 5% del valor medio del hierro en el mercado, menos los costos de producción y traslado. (Un productor que era uno de los manifestantes de la marcha del pasado viernes dijo en televisión que mientras la minera podría llevarse unos 1000 millones de dólares al año, el canon que establecía el gobierno como su ganancia era de 90 millones de dólares anuales; cosa que es cierta.)
La Comisión de Productores Agropecuarios de Cerro Chato y Valentines, entregó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, unas muestras de agua sucia, supuestamente contaminadas, de las prospecciones que está realizando la minera Aratirí, y expresaron su desconfianza hacia ese proyecto. (Unos 200 productores de Florida y Durazno han presentado recursos jurídicos para impedir el ingreso de la minera a sus predios.)
Otro productor, de apellido Bacchetta, informó que según la propuesta de Aratirí presentada ante la Dinama el pasado 4 de marzo, se destaca que para depositar la tierra removida y descartada -solo se rescata alrededor de un tercio del total del volumen de tierras removido en minerales-, se construirá un tanque de 53 metros de profundidad y 2.400 hectáreas de superficie. Al terminar el período de explotación, estimado en 20 años, la empresa "sellaría" ese depósito, con una capa de tierra fértil. (Que de todas formas dejaría los residuos en el lugar, y sin mucha posibilidad de que esa capa de tierra fértil no sea más que la alfombra que oculta la basura debajo.)
“Este gobierno se ha comportado como cómplice y co-gestor de emprendimientos de las multinacionales”, dijo el productor.
En las páginas del célebre libro “La Torta y las Migajas”, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), Ediciones Trilce-2010, el ingeniero agrónomo Ruben Elías, analiza la cuestión en un artículo llamado sugestivamente “El Hierro del Uruguay para el Futuro de Nuestros Hijos”.
Dice Elías: “El siglo XXI nos muestra una nueva estrategia de las empresas transnacionales, adquirir mediante inversiones extranjeras directas el control de importantes recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía, etc.). debemos tener en cuenta que el control estratégico no necesariamente pasa x la propiedad, en la minería pasa x concesiones, en algunos cultivos x arrendamientos, si bien la propiedad parece ser la modalidad dominante de las empresas en la actual fase neocolonial donde la economía uruguaya se inserta.”
Alertando que “los minerales, los hidrocarburos y el agua subterránea son bienes comunes [de la nación], son patrimonio de los habitantes de este territorio, los de hoy y de mañana”, y que “en el caso de la extracción de minerales e hidrocarburos debemos saber que no se reponen, desaparecen. No son renovables, son limitados y muchas de las sustancias minerales son la base de las modernas tecnologías”.
Reflexionando sobre la importancia estratégica del hierro como sustancia en una Sociedad de Acero (componente esencial del siglo 21), Elías se pregunta: “Si no se tiene un proyecto de país productivo, y los destinos de las inversiones lo determinan las empresas multinacionales [transnacionales], solo se pueden esperar malos resultados. ¿Quién y cuándo se determinó que la mayor inversión del quinquenio en Uruguay sería un mega proyecto minero?; ¿A quién se le ocurre que el canon (porcentaje que debe pagar la minera) que puede ser un monto interesante, se fraccione y se distribuya, diluyéndose de manera tal que resulte imposible un gran emprendimiento?; ¿Cuál es la justificación para que el dueño del suelo reciba una parte del canon x el subsuelo del cual somos propietarios todos, cuando la ley prevé que reciba indemnizaciones x las pérdidas que le ocasiona la actividad minera?; si el mineral de hierro es una substancia básica de las tecnologías del siglo XXI, ¿acaso con la misma prontitud que se está dispuesto a votar otras leyes no se debería declarar estratégico el mineral de hierro para que su explotación quede reservada al Estado?”
Sabe muy bien Elías que “es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras, que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional”.
Y sabe más que bien que DOS TERCIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL OCURRE ENTRE EMPRESAS TRANSNACIONALES, Y QUE LA MITAD DE ESE VOLUMEN COMERCIAL ES INTRAFIRMA, O SEA QUE SE REALIZA AL INTERIOR DE LAS GRANDES CORPORACIONES (un negocio entre ellos mismos). (Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC.)
Ahora me pregunto yo: ¿Que el COUNTRY MANAGER DE ZAMIN FERROUS, EL INGENIERO FERNANDO PUNTIGLIANO HAYA SIDO PRESIDENTE DE LA ANP (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS) 2005-2009, JUSTO QUE QUIEREN HACER UN PUERTO, NO ES UNA ESPECIE DE VENTAJA?
¿SIGUEN GIRANDO? (FUNCIONARIO PÚBLICO-FUNCIONARIO PRIVADO QUE SE ASOCIA CON EL ESTADO.)
Dice Elías: “Podemos decidir sacrificar una parte de ese [nuestro] patrimonio para financiar un proyecto país, pero no canjearlo x espejitos de colores”.
… Como país, la verdad es que estamos más cerca de las últimas palabras del escritor francés Francois Rabelais que de otra cosa:
“DEBO MUCHO DINERO, NO TENGO NADA. EL RESTO SE LO DEJO A LOS POBRES.”
DanielFigares
(En base a Montevideo Portal, diario El País, Espectador.com, diario La República y Ultimas Noticias.)
La columna de Daniel Figares.
Aratirí a Cielo Negro.
El pasado viernes 13 de mayo una marcha integrada x unas mil personas, un centenar de ellas a caballo, transitó x la Avenida General Flores hasta llegar al Palacio Legislativo, que fue rodeado x jinetes y personas de a pie al grito de "¡corruptos!", "¡vendepatrias!" y "¡traidores!".
El centro de todas las críticas fue la minera Aratirí, un megaproyecto de minería a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del Uruguay, concretamente en la localidad de Valentines (una población de unos 250 habitantes ubicada a unos 20 kilómetros de Cerro Chato en la unión de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres), pero que abarcará en forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha.
El proyecto de la minera Aratirí tiene como objetivo la extracción de 10 millones de toneladas anuales de hierro. El gobierno lo ha destacado como el mayor emprendimiento minero de la historia del país con una inversión de unos US$ 1.500 millones para un negocio de unos 20 años.
La empresa Aratirí (filial local del grupo anglo-suizo Zamin Ferrous) pretende extraer hierro para su exportación en bruto, a través de un puerto que construirá en Rocha, hacia China e India.
Los mineroductos que utilizaría Aratirí para llegar al puerto son de 212 kilómetros, bordearían la Laguna Negra y saldrían a la costa uruguaya entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, en una terminal portuaria.
Todo, dentro del contexto de los proyectos que ya están a estudio esperando la inminente aprobación de la ley de asociación público –privada; de la promoción keynesiana que hace este gobierno de los puertos nacionales como centros de entrada para toda la región, buscando asociaciones con empresas de logística y distribución; y de la creciente demanda de infraestructura portuaria como consecuencia del fuerte incremento del comercio exterior. (Solamente en la comparación interanual de los primeros cuatro meses del año, la Administración Nacional de Puertos (ANP) consignó un incremento de un 45 % de la actividad.)
Algunos números: hasta el momento se sabe x las prospecciones realizadas que hay unas 250 millones de toneladas de material mineralizado pero se estima que habría unas 1100 millones. Para que la perforación sea rentable basta con 600 millones.
Luego de extraer el mineral, se realiza un tratamiento para obtener el hierro beneficiado y ese producto se exporta al exterior. Si bien el precio del producto internacional varía según la época, se estima que una tonelada de hierro beneficiado se vende a entre 60 y 100 dólares. El Estado uruguayo se lleva un 3% y el propietario del campo un 5% del valor medio del hierro en el mercado, menos los costos de producción y traslado. (Un productor que era uno de los manifestantes de la marcha del pasado viernes dijo en televisión que mientras la minera podría llevarse unos 1000 millones de dólares al año, el canon que establecía el gobierno como su ganancia era de 90 millones de dólares anuales; cosa que es cierta.)
La Comisión de Productores Agropecuarios de Cerro Chato y Valentines, entregó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, unas muestras de agua sucia, supuestamente contaminadas, de las prospecciones que está realizando la minera Aratirí, y expresaron su desconfianza hacia ese proyecto. (Unos 200 productores de Florida y Durazno han presentado recursos jurídicos para impedir el ingreso de la minera a sus predios.)
Otro productor, de apellido Bacchetta, informó que según la propuesta de Aratirí presentada ante la Dinama el pasado 4 de marzo, se destaca que para depositar la tierra removida y descartada -solo se rescata alrededor de un tercio del total del volumen de tierras removido en minerales-, se construirá un tanque de 53 metros de profundidad y 2.400 hectáreas de superficie. Al terminar el período de explotación, estimado en 20 años, la empresa "sellaría" ese depósito, con una capa de tierra fértil. (Que de todas formas dejaría los residuos en el lugar, y sin mucha posibilidad de que esa capa de tierra fértil no sea más que la alfombra que oculta la basura debajo.)
“Este gobierno se ha comportado como cómplice y co-gestor de emprendimientos de las multinacionales”, dijo el productor.
En las páginas del célebre libro “La Torta y las Migajas”, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), Ediciones Trilce-2010, el ingeniero agrónomo Ruben Elías, analiza la cuestión en un artículo llamado sugestivamente “El Hierro del Uruguay para el Futuro de Nuestros Hijos”.
Dice Elías: “El siglo XXI nos muestra una nueva estrategia de las empresas transnacionales, adquirir mediante inversiones extranjeras directas el control de importantes recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía, etc.). debemos tener en cuenta que el control estratégico no necesariamente pasa x la propiedad, en la minería pasa x concesiones, en algunos cultivos x arrendamientos, si bien la propiedad parece ser la modalidad dominante de las empresas en la actual fase neocolonial donde la economía uruguaya se inserta.”
Alertando que “los minerales, los hidrocarburos y el agua subterránea son bienes comunes [de la nación], son patrimonio de los habitantes de este territorio, los de hoy y de mañana”, y que “en el caso de la extracción de minerales e hidrocarburos debemos saber que no se reponen, desaparecen. No son renovables, son limitados y muchas de las sustancias minerales son la base de las modernas tecnologías”.
Reflexionando sobre la importancia estratégica del hierro como sustancia en una Sociedad de Acero (componente esencial del siglo 21), Elías se pregunta: “Si no se tiene un proyecto de país productivo, y los destinos de las inversiones lo determinan las empresas multinacionales [transnacionales], solo se pueden esperar malos resultados. ¿Quién y cuándo se determinó que la mayor inversión del quinquenio en Uruguay sería un mega proyecto minero?; ¿A quién se le ocurre que el canon (porcentaje que debe pagar la minera) que puede ser un monto interesante, se fraccione y se distribuya, diluyéndose de manera tal que resulte imposible un gran emprendimiento?; ¿Cuál es la justificación para que el dueño del suelo reciba una parte del canon x el subsuelo del cual somos propietarios todos, cuando la ley prevé que reciba indemnizaciones x las pérdidas que le ocasiona la actividad minera?; si el mineral de hierro es una substancia básica de las tecnologías del siglo XXI, ¿acaso con la misma prontitud que se está dispuesto a votar otras leyes no se debería declarar estratégico el mineral de hierro para que su explotación quede reservada al Estado?”
Sabe muy bien Elías que “es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras, que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional”.
Y sabe más que bien que DOS TERCIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL OCURRE ENTRE EMPRESAS TRANSNACIONALES, Y QUE LA MITAD DE ESE VOLUMEN COMERCIAL ES INTRAFIRMA, O SEA QUE SE REALIZA AL INTERIOR DE LAS GRANDES CORPORACIONES (un negocio entre ellos mismos). (Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC.)
Ahora me pregunto yo: ¿Que el COUNTRY MANAGER DE ZAMIN FERROUS, EL INGENIERO FERNANDO PUNTIGLIANO HAYA SIDO PRESIDENTE DE LA ANP (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS) 2005-2009, JUSTO QUE QUIEREN HACER UN PUERTO, NO ES UNA ESPECIE DE VENTAJA?
¿SIGUEN GIRANDO? (FUNCIONARIO PÚBLICO-FUNCIONARIO PRIVADO QUE SE ASOCIA CON EL ESTADO.)
Dice Elías: “Podemos decidir sacrificar una parte de ese [nuestro] patrimonio para financiar un proyecto país, pero no canjearlo x espejitos de colores”.
… Como país, la verdad es que estamos más cerca de las últimas palabras del escritor francés Francois Rabelais que de otra cosa:
“DEBO MUCHO DINERO, NO TENGO NADA. EL RESTO SE LO DEJO A LOS POBRES.”
DanielFigares
(En base a Montevideo Portal, diario El País, Espectador.com, diario La República y Ultimas Noticias.)
Por Ivonne Leites. - Blog Atea y sublevada.
Algo es algo...ARGENTINA: EL GOBIERNO ACORDO CON EL CLUB DE PARIS LA DEUDA LEGITIMA CON REFINANCIACION
Lo que se paga y lo que no
Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.
Por Roberto NavarroPagina 12
El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.
El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: “A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada”.
En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. “Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos (ver nota aparte)”, señaló una fuente de Economía.
Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el “paraguas” del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.
Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.
Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. “Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo”, señaló a Página/12 una fuente de Economía. “Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos”, completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.
La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. “Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país”, es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.
Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.
Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. “La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias.”
Wednesday 18 may 2011
Productores rurales, pobladores de la costa y sindicatos
Tras la movilización del 13 de mayo, en defensa de la tierra y los recursos naturales, las organizaciones convocantes de la marcha realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Federación de Funcionarios de OSE donde explicaron su oposición al proyecto de minería a cielo abierto y brindaron una primera evaluación de la acción realizada
Por Luciana Siri (Movimiento por un Uruguay Sustentable)“Nos estaba costando mucho llegar a la gente y con esta movilización nos quedamos sorprendidos de la forma en que se convocó, de la conciencia popular que se está tomando”, señaló Eduardo Echeverriborda, productor de Las Palmas, una de las zonas que se encuentra en el epicentro del proyecto minero. “Eso y la diversidad que tuvo la marcha nos ha conmovido, porque es la opinión pública la que puede golpear las puertas de las autoridades para que revisen esto que es serio”, resumió. De todos modos, Echeverriborda advirtió que hasta que el grupo de productores organizados no se juntara a hacer una evaluación, las reflexiones sobre la marcha eran a título personal.
Por su parte, Arturo Abella, presidente de la Comisión de Vecinos y Amigos de La Esmeralda, subrayó el aspecto positivo que ha despertado Aratirí: “Al tener tres patas, la parte de la minera, el mineroducto y el mega puerto, el proyecto nos ha unido a todos para discutir qué país queremos”, manifestó en referencia a la alianza entre diversos sectores tales como los productores rurales, comunidades costeras y organizaciones montevideanas que se sumaron a la convocatoria de la marcha.
En esa misma línea, Ricardo Rodríguez, representante de la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP), manifestó que los vecinos de esa localidad se sumaron en apoyo por considerar que “este proceso que ocurre con la minera Aratirí es uno más de una serie de procesos y proyectos y actividades que van hacia un modelo de país que no es sostenible” y comparó que “así como los compañeros están enfrentando a Aratirí, nosotros en La Paloma estamos enfrentando al modelo forestal”. Rodríguez, al igual que Abella, manifestó la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo al cual se dirige Uruguay: “un modelo de país que pone en peligro a sus recursos naturales, la calidad de vida y de trabajo de la gente”.
De izq a der: Ricardo Rodriguez (UVLP); Carlos Sosa (FFOSE); Ervis Loiley (FFOSE); Victor Bacchetta (periodista); Fernando Becerra (productor rural); Eduardo Echeverriborda (ídem); Julio Gómez (ídem) y Federico Cantera (ídem).
Estado de situación
El periodista Victor Bacchetta, a cargo de la moderación de la mesa, dejó en claro que no es un movimiento contra toda explotación minera sino que es una acción que cuestiona a un tipo de minería en particular surgido en las últimas décadas. Según describió, es un tipo de explotación que nace en un contexto de desarrollo tecnológico que permite la extracción con procedimientos de separación a gran escala, lo que lleva a la generación de grandes volúmenes de desechos y a una especulación muy fuerte en la medida que los commodities, las materias primas, se han incorporado al sistema financiero internacional. “Esto hace que surjan empresas y capitales interesados ante un tipo de explotación como esta que es sumamente depredadora, donde los costos ambientales son altísimos pero sumamente rentables para estas empresas porque ellas no pagan esos costos sino que los pagamos nosotros”, manifestó el periodista, quien señaló que por este motivo hay países como Costa Rica, en América Latina, que han prohibido la minería metálica a cielo abierto y también la Comunidad Europea está tomando medidas.
En América del Sur existen varias explotaciones de este tipo, en zonas casi semidesérticas como en la Cordillera, alejadas de las poblaciones. Aún así, manifestó Bacchetta, “esa minería tiene un alto impacto porque afecta las fuentes de agua que vienen de la altura y las comunidades que dependen de esa agua para su cultivo y consumo son afectadas”. Por esta razón, justificó la gran preocupación de la zona en la que se quiere instalar la minera: “en el centro del país, en el medio de la pampa húmeda, en el medio de una zona cultivada, poblada, con una población que tiene una tradición productiva y de vida”.
Otro de los aspectos que preocupa es la dinámica de la empresa que se encuentra por detrás de Aratirí (Zamin Ferrous) que es una multinacional de origen indio que genera a nivel nacional “empresas de corta vida para elaborar proyectos concretos como el de este tipo y que, una vez conseguidos los acuerdos gubernamentales, vende el proyecto”, señaló Baccheta, quien ejemplificó con una situación de este tipo y con la misma empresa ocurrida en el noreste de Brasil, en el estado de Bahía.
Aspecto de la concentración frente al Palacio Legislativo. Los representantes de las organizaciones y grupos movilizados indicaron que sus argumentos más fuertes en contra del proyecto minero son tomados precisamente del informe de impacto ambiental que realizó la minera y que puede ser leído en la página de la DINAMA. Según explicaron, son muchos los aspectos que preocupan, razón por la cual, el movimiento constituyó una comisión compuesta por profesionales de diversas especialidades con el propósito de brindar un análisis reflexivo y técnico sobre lo que por ahora es la única fuente de información oficial sobre el proyecto.
Un ejemplo concreto que genera alarma es con respecto a cuál sería el futuro del pueblo de Valentines, habitado por unas 500 personas que se encontraría en el medio de la explotación minera. Según lo establecido por la propia empresa, el área de seguridad es de 1.000 metros. Sin embargo, el pueblo se encuentra a 600 metros de uno de los núcleos extractivos, en donde se explotarán 235 toneladas de explosivos cada dos días, explicó Federico Cantera, productor rural de la zona de Valentines.
Hoy el informe de la empresa se encuentra en manos de la DINAMA. Luego que termine ese proceso en el cual la DINAMA puede solicitarle a la empresa más información, se inician las instancias de divulgación y audiencia públicas, luego de los cual debe darse la definición del gobierno. Sin embargo, Bacchetta resaltó algunas contradicciones en torno a que, si bien el proyecto formalmente está en una fase de estudio, hay declaraciones de algunas autoridades políticas así como de la propia empresa que indicarían que ya hay algunos acuerdos. Como un ejemplo de esta situación, mencionó el puerto de aguas profundas por donde saldría la exportación de hierro, sobre el cual ya se decidió el lugar donde sería construido. “En rigor esa concesión no se podría hacer antes de estar aprobado el proyecto”, concluyó Bacchetta.
Los productores manifestaron su preocupación también ante la falta de garantías por parte del gobierno de brindar los controles ambientales necesarios y, llegado el caso de sancionar, de hacer que la sanción sea cumplida. Un ejemplo son los informes trimestrales que debe hacer la empresa para dar cuenta de los pozos que realiza. Para Gómez, esa información es cuestionable porque no hay forma de verificarla si no es inspeccionando el terreno, tal como quedó comprobado en días pasados. A raíz de una inspección pedida por los productores, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) encontró 68 pozos que no estaban declarados. Esto llevó a que la dirección multara a la empresa. “Sin embargo, cuando esa multa iba a ser corroborada por su monto, ante el Ministerio de Industria surgen dudas. Entonces ¿quién le asegura al Uruguay que se vaya a controlar como es debido?”, cuestionó el productor.
Actividades subvaloradas
Tanto los productores agrarios como los vecinos de las comunidades costeras no comprenden porqué se insiste en introducir una industria que pone en riesgo dos actividades productivas que han demostrado sostenibilidad en el tiempo y que aún no están desarrolladas en su máximo potencial. Fernando Becerra, productor de Durazno, enfatizó que las 120.000 hectáreas involucradas, son parte de una tierra que tiene una gran capacidad productiva que no ha sido aprovechada porque “no han habido políticas que vayan en esa dirección”. No obstante, son tierras cuidadas por generaciones, que han demostrado una gran productividad y que están “sumamente cerca de cumplir con un protocolo internacional de certificación de producción de alimentos orgánicos que casi no se encuentra ya en ninguna parte del mundo”, señaló.
En cuanto a la zona costera, Abella indicó que la terminal portuaria estaría ubicada en La Angostura, una zona donde la Laguna Negra se acerca al mar y que involucra a La Esmeralda, Aguas Dulces, Valizas y Punta del Diablo. “Es una zona altamente sensible desde el punto de vista ambiental y nosotros pensamos que este proyecto va a interrumpir el desarrollo turístico que se viene dando en la zona. El gobierno cuando elige esa zona dice que es un lugar que no tiene turismo, algo lógico porque es un predio de 5 kilómetros de costa que está en manos del Ministerio de Defensa. En todo caso, en lugar de dárselo a Aratirí, ¿porqué no pensar un plan de desarrollo turístico para esa zona, un proyecto más amigable con el ambiente, que va a generar más fuentes de trabajo y que va a repartir mucho mejor la torta?”, concluyó.
Publicado en Observatorio Minero del Uruguay
Por Ivonne Leites. - Blog Atea y sublevada.
Wednesday 18 may 2011
La cuenta regresiva.
Solo faltan 5 meses. ¡Estamos llegando! A partir de noviembre se acabarán las posibilidades de revancha de éstos resentidos y recalcitrantes izquierdistas y los pupilos del Super Ratón quedaran impolutos de cualquier "presunta" responsabilidad por apremios físicos e ilegales.Las "presuntas" boletas de los PRESUNTOS desaparecidos,(fiambre en Brasil) acaban de ser blanqueadas por la muy fiel Suprema Corte de...¿Justicia? en una forma más potable que las "presuntas" violaciones a los derechos humanos en su modalidad de desaparición forzada.-
Nadie tuvo la lúcida profundidad de análisis y la brillante , valerosa decisión del compañerito Víctor que con su inquebrantable militancia rectilínea , vió la importancia que el tema siguiese sobre el tapete (aunque más no sea hasta noviembre) y no extinguirlo dándo vuelta la página como quieren los milicos y la derecha.-
Es - como yo - un incomprendido más.-
MAU-MAU
Públicos presentan en junio queja ante OIT contra gobierno
Pit-Cnt. Acompaña a COFE por ley laboral Diego Ferreira
El ala de sindicatos públicos presentará una queja contra el gobierno uruguayo ante la OIT, por incumplimiento de la ley de negociación colectiva. Los gremios estatales informarán hoy al respecto al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
La posición del Departamento de Públicos del Pit-Cnt es presentar esta queja en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a celebrarse en Ginebra en junio, informó a El País el responsable del departamento, Alejandro Laner.
El objetivo de esta movida es "jerarquizar el ámbito de negociación colectiva" -desconocido por el gobierno en reiteradas ocasiones, según los sindicatos-, a fin de "tener un proceso periódico de reuniones" para discutir criterios salariales, condiciones de trabajo y hasta iniciativas legislativas, como por ejemplo la ley de Participación Público Privado (PPP).
En esta jornada, una delegación del Departamento de Públicos se reunirá con el ministro Brenta para "explicar porqué entendemos necesario hacer esta queja" y de paso intentar que "el gobierno asuma que no ha respetado la ley" de negociación colectiva, dijo a El País José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
Consultado sobre el punto, el ministro Brenta señaló que esperará a la reunión de hoy para hacer comentarios.
"Nos vienen pasando para la cueva", se quejó López al aludir a la escasa negociación entre el gobierno y sus funcionarios. En el debe, los gremios achacan al gobierno el no haber tenido participación en la discusión del Presupuesto, los criterios salariales, la reforma del Estado y las condiciones laborales.
Con estos argumentos COFE se ubicó como el promotor original de la queja contra el gobierno, y elaboró un texto a cargo del abogado Daniel Parrilla.
El Pit-Cnt apoya "en principio" la propuesta de COFE aunque la postura final saldrá de la reunión de hoy con Brenta, acotó Laner. En cambio, López no titubeó y reafirmó que "la definición de COFE de seguir para adelante con esto está; sería muy bueno si lo hacemos a nivel de todos los públicos".
De seguir adelante con la queja, el Pit-Cnt tomará el documento de Parrilla, ampliándolo de modo que incluya a todos los funcionarios del Estado.
Texto BASE. La queja de COFE, a la que accedió El País, afirma que el gobierno ha "violentado" los principios de la ley de negociación colectiva y convenios de OIT. El texto dice que la actitud del gobierno ha sido "absolutamente omisiva y prescindente" respecto a las actuaciones o conductas que permitan consolidar "una auténtica negociación de las condiciones laborales en el sector público".
En la queja se admite que hubo reuniones de la mesa de negociación a nivel de rama entre julio y septiembre de 2010, pero en ellas los planteos sindicales no tuvieron "eco" en los delegados del gobierno.
Eso se repitió durante la elaboración del Presupuesto, ya que no se cumplió con la entrega de información a los trabajadores, amparada en la ley.
"Nada de esto ocurrió, la respuesta de los representantes del Poder Ejecutivo en cuanto a la información, en tanto base de discusión y debate fue nula", critica el documento.
Así, COFE se enteró del contenido del Presupuesto cuando el gobierno "publicó en su página web, el referido proyecto".
Otro cuestionamiento pasa por la inclusión de condiciones laborales y salariales que "no fueron acordadas o negociadas con COFE" sino que fueron "elaboradas y definidas unilateralmente" por fuera de la negociación colectiva. A esto suman el decreto que obliga a los funcionarios a cumplir un mínimo de seis horas de trabajo.
El último punto que objeta COFE refiere a las ocupaciones en las dependencias del Estado.
Los trabajadores defienden su interpretación de la ocupación como modalidad de la huelga y por tanto rechazan el decreto que prohíbe esas medidas en las oficinas públicas.
El documento plantea que se ha generado una dualidad en este tema, si se considera la actuación del gobierno ante las ocupaciones en la rama privada. "Han quedado configurados dos regímenes diferentes. Uno para públicos y otro para privados. Las enormes diferencias existentes entre ellos, que involucran aspectos conceptuales y de principios, no responden a criterio de razonabilidad o legalidad alguno", concluye el texto.
A la presentación de la queja de los sindicatos estatales contra el gobierno por el incumplimiento de la ley de negociación colectiva en el sector público, la norma que rige la negociación a nivel de los privados provocará la llegada de una delegación de OIT en el segundo semestre de este año.
La visita responde a la queja presentada en 2010 por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias ante la OIT en la que cuestionaron distintos aspectos de la ley de negociación colectiva y que fueron acompañados por el Comité de Libertad Sindical del organismo.
Ante ello, el comité sugirió al gobierno a que, en consulta con las partes, tomara medidas para modificar la ley.
La falta de avances tras esta recomendación, motivó un nuevo reclamo empresarial ante OIT. El organismo propuso el envío de una delegación de expertos a Uruguay para observar la situación en torno a la ley.
Finalmente, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció en abril la invitación al director general de OIT, Juan Somavia, o a quien él designe, para que llegue a Uruguay a "comprobar el estado de las relaciones laborales".
Por otra parte, fuentes sindicales indicaron que en la conferencia de OIT, el gobierno y la delegación del Pit-Cnt harán un planteo "en conjunto" en defensa de la ley laboral.
El ala de sindicatos públicos presentará una queja contra el gobierno uruguayo ante la OIT, por incumplimiento de la ley de negociación colectiva. Los gremios estatales informarán hoy al respecto al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
La posición del Departamento de Públicos del Pit-Cnt es presentar esta queja en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a celebrarse en Ginebra en junio, informó a El País el responsable del departamento, Alejandro Laner.
El objetivo de esta movida es "jerarquizar el ámbito de negociación colectiva" -desconocido por el gobierno en reiteradas ocasiones, según los sindicatos-, a fin de "tener un proceso periódico de reuniones" para discutir criterios salariales, condiciones de trabajo y hasta iniciativas legislativas, como por ejemplo la ley de Participación Público Privado (PPP).
Consultado sobre el punto, el ministro Brenta señaló que esperará a la reunión de hoy para hacer comentarios.
"Nos vienen pasando para la cueva", se quejó López al aludir a la escasa negociación entre el gobierno y sus funcionarios. En el debe, los gremios achacan al gobierno el no haber tenido participación en la discusión del Presupuesto, los criterios salariales, la reforma del Estado y las condiciones laborales.
Con estos argumentos COFE se ubicó como el promotor original de la queja contra el gobierno, y elaboró un texto a cargo del abogado Daniel Parrilla.
El Pit-Cnt apoya "en principio" la propuesta de COFE aunque la postura final saldrá de la reunión de hoy con Brenta, acotó Laner. En cambio, López no titubeó y reafirmó que "la definición de COFE de seguir para adelante con esto está; sería muy bueno si lo hacemos a nivel de todos los públicos".
De seguir adelante con la queja, el Pit-Cnt tomará el documento de Parrilla, ampliándolo de modo que incluya a todos los funcionarios del Estado.
Texto BASE. La queja de COFE, a la que accedió El País, afirma que el gobierno ha "violentado" los principios de la ley de negociación colectiva y convenios de OIT. El texto dice que la actitud del gobierno ha sido "absolutamente omisiva y prescindente" respecto a las actuaciones o conductas que permitan consolidar "una auténtica negociación de las condiciones laborales en el sector público".
En la queja se admite que hubo reuniones de la mesa de negociación a nivel de rama entre julio y septiembre de 2010, pero en ellas los planteos sindicales no tuvieron "eco" en los delegados del gobierno.
Eso se repitió durante la elaboración del Presupuesto, ya que no se cumplió con la entrega de información a los trabajadores, amparada en la ley.
"Nada de esto ocurrió, la respuesta de los representantes del Poder Ejecutivo en cuanto a la información, en tanto base de discusión y debate fue nula", critica el documento.
Así, COFE se enteró del contenido del Presupuesto cuando el gobierno "publicó en su página web, el referido proyecto".
Otro cuestionamiento pasa por la inclusión de condiciones laborales y salariales que "no fueron acordadas o negociadas con COFE" sino que fueron "elaboradas y definidas unilateralmente" por fuera de la negociación colectiva. A esto suman el decreto que obliga a los funcionarios a cumplir un mínimo de seis horas de trabajo.
El último punto que objeta COFE refiere a las ocupaciones en las dependencias del Estado.
Los trabajadores defienden su interpretación de la ocupación como modalidad de la huelga y por tanto rechazan el decreto que prohíbe esas medidas en las oficinas públicas.
El documento plantea que se ha generado una dualidad en este tema, si se considera la actuación del gobierno ante las ocupaciones en la rama privada. "Han quedado configurados dos regímenes diferentes. Uno para públicos y otro para privados. Las enormes diferencias existentes entre ellos, que involucran aspectos conceptuales y de principios, no responden a criterio de razonabilidad o legalidad alguno", concluye el texto.
OIT: visita en el segundo semestre
La negociación colectiva es motivo de discusión entre los actores sociales en la rama pública y en la privada.A la presentación de la queja de los sindicatos estatales contra el gobierno por el incumplimiento de la ley de negociación colectiva en el sector público, la norma que rige la negociación a nivel de los privados provocará la llegada de una delegación de OIT en el segundo semestre de este año.
La visita responde a la queja presentada en 2010 por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias ante la OIT en la que cuestionaron distintos aspectos de la ley de negociación colectiva y que fueron acompañados por el Comité de Libertad Sindical del organismo.
Ante ello, el comité sugirió al gobierno a que, en consulta con las partes, tomara medidas para modificar la ley.
La falta de avances tras esta recomendación, motivó un nuevo reclamo empresarial ante OIT. El organismo propuso el envío de una delegación de expertos a Uruguay para observar la situación en torno a la ley.
Finalmente, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció en abril la invitación al director general de OIT, Juan Somavia, o a quien él designe, para que llegue a Uruguay a "comprobar el estado de las relaciones laborales".
Por otra parte, fuentes sindicales indicaron que en la conferencia de OIT, el gobierno y la delegación del Pit-Cnt harán un planteo "en conjunto" en defensa de la ley laboral.
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