ARGENTINA - Nuevas condenas contra los asesinos: un ejemplo a seguir
Tras el fallo, suman 262 los condenados por crímenes de lesa humanidad
El total de condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, luego de las condenas dictadas el miércoles en el primer tramo de la megacausa ESMA, asciende a 262, informó la Unidad Fiscal de seguimiento de estas causas que funciona en la Procuración General de la Nación.
La mayor parte de las condenas se impusieron en juicios finalizados en los años 2010 y 2011, en tanto que en la actualidad hay de 14 juicios orales y escritos en marcha, y fecha fijada para el comienzo de otros diez.
En los juicios en marcha o finalizados durante este año, el número de juzgados fue de 193, la mayor cifra desde que en el 2008 se reanudaran los juicios interrumpidos a fines de los ’80 por las leyes del perdón, luego derogadas.
Tiempo (Argentina)
En los juicios en marcha o finalizados durante este año, el número de juzgados fue de 193, la mayor cifra desde que en el 2008 se reanudaran los juicios interrumpidos a fines de los ’80 por las leyes del perdón, luego derogadas.
Tiempo (Argentina)
Astiz y el "Tigre" Acosta, condenados a prisión perpetua por los crímenes en la ESMA
Los ex marinos Alfredo Astiz y su jefe, Jorge "Tigre" Acosta, fueron condenados a prisión perpetua junto a otros diez acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Además de las doce perpetuas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) dictó penas de 18 a 25 años de prisión a otros cuatro represores, y los dos que fueron absueltos -Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón- seguirán presos por otras causas en curso.
La resolución del tribunal fue aclamada por el público de familiares de las víctimas y sobrevivientes que colmó la planta baja del auditorio donde se dictó la condena que esperó que los condenados fueran retirados esposados al grito de “asesinos” y
“genocidas” y el tradicional: “30 mil desaparecidos, presentes”.
Los condenados a prisión perpetua por el homicidio de los doce integrantes del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz y del periodista y escritor Rodolfo Walsh fueron: Astiz, Acosta, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Néstor Savio, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
Al escuchar su condena, Astiz sonrió en gesto provocativo y se colocó una escarapela sobre la solapa del saco cruzado, mirando de reojo al público.
A 25 años fue condenado Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, a 20 Ricardo Capdevilla y a 18 el prefecto Juan Antonio Azic.
El tribunal comenzó a leer su veredicto conteniendo más de cincuenta resoluciones dos horas después del horario anunciado de las 18 y según explicó el presidente del TOF5, Daniel Obligado, la demora se originó en “dificultades en la deliberación” final de los magistrados para establecer las penas.
De ese modo, el juez aludió a la disidencia en la mayoría de los fallos expresada por el vocal Ricardo Farías, presumiblemente con una visión más benigna hacia los acusados aunque ello recién quedará aclarado el 26 de diciembre a las 18, cuando se lean los fundamentos del fallo.
En este juicio se juzgaron delitos contra 85 víctimas incluidas las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo –Mary Bianco Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti-; las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Raquel Bulit, Horacio Ebert, Julio Fondovila, Gabriel Horane y Patricia Oviedo
En interés por los fallos en este primer juicio por los crímenes de la ESMA quedó de manifiesto por la presencia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que era querellante; del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, y del embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.
En la primera fila también estaban sentados el secretario del gremio judicial, Julio Piumato, y el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS y amigo de Rodolfo Walsh, así como la compañera de éste, Lilia Ferreyra.
Un grupo de familiares, camaradas y reivindicadores de la acción represiva, encabezados por Cecilia Pando, fue conminado varias veces por el tribunal de ser desalojado por su manifestaciones contrarias a cada una de las condenas.
Pero finalmente no hubo incidentes, aunque para evitarlos el tribunal hizo salir primero a los seguidores de los condenados y quince minutos después a los familiares de las víctimas.
Tiempo (Argentina)
Miércoles, 26 de octubre de 2011
Histórico: 12 genocidas recibieron prisión perpetua, entre ellos Astiz y "El Tigre" Acosta
En este proceso sólo se contaron 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en ese centro clandestino de detención. Se trata del primer tramo de la llamada “megacausa ESMA”. La sala explotó en cantos y aplausos en la lectura del veredicto. De los 18 represores juzgados, 4 recibieron entre 18 y 25 años de cárcel. Video.
Las Abuelas de Plaza de Mayo piden investigar a los jueces por "mal desempeño"
Comodoro Py estalló en festejos de familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos. Foto: NA Después de más de dos horas de retraso, se leyó este miércoles en la noche una histórica sentencia. Doce genocidas fueron condenados a prisión perpetua y otros tres a entre 18 y 25 años de prisión en el primer tramo de la “megacausa ESMA”.
Se trata del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montados durante la última dictadura militar.
Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio César Coronel, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Alberto González, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Néstor Savio y Antonio Montes recibieron la pena de prisión perpetua. En tanto, Juan Antonio Azic recibió 18 años de cárcel, Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años y Carlos Capdevila, 20 años.
Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón fueron absueltos, pero seguirán en prisión por estar acusados en otras causas por crímenes de lesa humanidad.
Según explicó el mismo Tribunal, hubo dificultades que se presentaron en la deliberación que superaron el tiempo previsto y por ello se demoró la lectura del veredicto, prevista para las 18 de este miércoles.
Al cabo de 22 meses de debate y el desfile de más de 250 testigos, el tribunal que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli convocó a la audiencia en el auditorio del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, ubicados en el barrio porteño de Retiro.
Allí se leyó el veredicto sobre 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, del grupo original de las Madres de Plaza de Mayo; y de los activistas que las apoyaban, entre ellos las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, así como también el escritor y periodista Rodolfo Walsh.
La audiencia estalló en aplausos y expresiones de satisfacción en la lectura del veredicto del Tribunal Oral Federal Nº5.
Diario Uno (Argentina)
Astiz, el Tigre y el grupo de tareas de Massera
El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.
Por Alejandra DandanPagina 12
Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, dijo. “La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde.”
El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.
El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.
La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.
Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.
Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.
Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.
La espera
La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.
El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.
A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Careaga del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.
Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.
Justicia chilena acusa a siete ex militares por desaparición de tres uruguayos durante dictadura
El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al movimiento Tupamaros.
teleSUR | Hoy a las 15:16
www.kaosenlared.net/noticia/
La justicia chilena acusó este miércoles a siete exmilitares por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos que desaparecieron en septiembre de 1973 tras del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes eran exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al movimiento Tupamaros.
Una nota del juez indica que los uruguayos "fueron sometidos a interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros y luego se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un conocido centro de torturas, no obstante, se desconoce ''su actual paradero".
Los tres sujetos formaban parte de un grupo de siete personas que se escondían en una mina abandonada localizada en la zona de Cajón del Maipo, aledaña a Santiago.
Los individuos pretendían dirigirse a Argentina, pero fueron detenidos y arrestados por la Policía chilena.
Según la sentencia, los militares Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño son señalados por los "secuestros calificados".
El juez Acuña elevó la causa a estado de plenario etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.
El pasado 18 de agosto la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, mejor conocida como Comisión Valech, presentó al Gobierno un informe sobre crímenes de la dictadura de Pinochet, que eleva a más de 40 mil las víctimas de ese régimen.
El documento actualiza otro informe de 2004, que acreditó nueve mil 800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente. Además registra 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los tres mil 195 certificados oficialmente.
De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40 mil 280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100 mil.
Actualmente la justicia chilena mantiene abiertas unas 350 causas relacionadas con desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones durante la dictadura.
Último Momento
JUSTICIA
Dos exmilitares procesados por muerte de tupamaro
El juez Eduardo Pereyra ordenó, a pedido del fiscal Diego Pérez, el procesamiento con prisión de dos militares retirados que estuvieron implicados en la muerte por torturas del integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Gerardo Alter en 1973.
Los procesados, a quienes se les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado", son Alberto Gómez Graña y Arturo Aguirre.
Además, el juez pidió la captura internacional de otro militar, Hermes Tarigo, cuyo procesamiento también solicitó la Fiscalía. Los magistrados estiman que Tarigo se encuentra en Europa.
Los procesados, a quienes se les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado", son Alberto Gómez Graña y Arturo Aguirre.
Además, el juez pidió la captura internacional de otro militar, Hermes Tarigo, cuyo procesamiento también solicitó la Fiscalía. Los magistrados estiman que Tarigo se encuentra en Europa.
El País Digital
CÁMARA DE DIPUTADOS
DEBATE POR LA CADUCIDAD
Diputados aprobó ley que elimina prescripción de delitos
La Cámara de Representantes aprobó, a las 2:14 horas de hoy jueves, por 50 votos en 91 legisladores presentes —solo votó a favor el Frente Amplio (FA)— el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los mismos.
Legisladores de la oposición, tanto senadores como diputados, criticaron la avanzada del oficialismo por considerar que no respetaba dos pronunciamientos populares sobre este tema, en referencia a los plebiscitos de 1989 y 2009 donde por mayoría se ratificó la ley de Caducidad, vigente desde 1985.
Hoy, el senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó ayer el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
Otro legislador asiduo a esta red social como Pedro Bordaberry, se limitó a decir "qué feo está todo: no respeto al voto en los plebiscitos". El líder colorado también mencionó en su mensaje la situación en el liceo Bauzá y la "violencia en la puerta de las fábricas".
Ayer, antes de que comenzara la votación, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) coincidieron en que sería una jornada de fuerte debate que marcaría un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
Para el oficialismo la jornada sería "histórica" porque, según dijo el diputado Luis Puig a EL PAÍS digital, "después de 25 años de impunidad podrá avanzar la justicia y la verdad".
A nivel del gobierno, se entendió que la aprobación de la nueva ley "es una importante señal hacia la sociedad", afirmó a radio Carve el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
El jerarca agregó que "saber la verdad y conocer los hechos ayudará a la reconciliación nacional".
PROMULGACIÓN. Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo, para que la ley pueda ser promulgada.
El presidente José Mujica dijo anoche a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que deberá tomar alguna decisión sobre los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se presenten al amparo de la ley aprobada hoy.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida", puntualizó.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La sesión se condujo por carriles normales, sin grandes enfrentamientos entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Para eso, los coordinadores habían acordado horas antes del comienzo, una sesión "suave y con nivel" para evitar desbordes dialécticos.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".
Legisladores de la oposición, tanto senadores como diputados, criticaron la avanzada del oficialismo por considerar que no respetaba dos pronunciamientos populares sobre este tema, en referencia a los plebiscitos de 1989 y 2009 donde por mayoría se ratificó la ley de Caducidad, vigente desde 1985.
Hoy, el senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó ayer el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
Otro legislador asiduo a esta red social como Pedro Bordaberry, se limitó a decir "qué feo está todo: no respeto al voto en los plebiscitos". El líder colorado también mencionó en su mensaje la situación en el liceo Bauzá y la "violencia en la puerta de las fábricas".
Ayer, antes de que comenzara la votación, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) coincidieron en que sería una jornada de fuerte debate que marcaría un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
Para el oficialismo la jornada sería "histórica" porque, según dijo el diputado Luis Puig a EL PAÍS digital, "después de 25 años de impunidad podrá avanzar la justicia y la verdad".
A nivel del gobierno, se entendió que la aprobación de la nueva ley "es una importante señal hacia la sociedad", afirmó a radio Carve el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
El jerarca agregó que "saber la verdad y conocer los hechos ayudará a la reconciliación nacional".
PROMULGACIÓN. Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo, para que la ley pueda ser promulgada.
El presidente José Mujica dijo anoche a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que deberá tomar alguna decisión sobre los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se presenten al amparo de la ley aprobada hoy.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida", puntualizó.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La sesión se condujo por carriles normales, sin grandes enfrentamientos entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Para eso, los coordinadores habían acordado horas antes del comienzo, una sesión "suave y con nivel" para evitar desbordes dialécticos.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".
El País Digital
La nueva norma sobre la Caducidad que a última hora de este miércoles fue aprobaba la Cámara de Diputados –y que solo resta sea promulgada por el presidente José Mujica– es sobre todo una ley política. Tal vez no tenga ningún efecto jurídico de los buscados, ni logre hacer desfilar más militares por los juzgados, ya que la gran mayoría de los especialistas concuerdan en que es inconstitucional y por tanto será recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.
De todas formas, para la izquierda responde a una necesidad y era importante aprobarla. Y no solo para cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Uruguay “eliminar las trabas” y los “obstáculos” que genera la ley de Caducidad. Es para el Frente Amplio una necesidad, sobre todo, para cerrar un largo proceso que es doloroso y lleno de intentos fallidos.
“Quiero poder mirar a los familiares y decirles que hicimos todo lo que pudimos”, dijo el martes el senador oficialista Rafael Michelini, cuando la Cámara Alta dio media sanción a la iniciativa. No es el único.
En el FA por lo bajo varios reconocen que esta norma tiene varias ilegalidades, pero argumentan que busca establecer por primera vez en el marco legal uruguayo –tras el fracaso del referéndum de 1989, el posterior plebiscito del 2009 y el malogrado proyecto de ley de anulación de este año–una concepción filosófica contraria a la ley de Caducidad, también inconstitucional según la actual composición de la SCJ.
Por todo ello, con esta nueva norma que busca evitar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y restituir la pretensión punitiva del Estado (derogando así de forma implícita la ley de Caducidad), el FA deberá pagar altos costos políticos, al desconocer dos consultas populares y dictar una ley contraria a la Constitución.
A la izquierda a partir de este momento no le será fácil impulsar nuevas consultas populares, porque a través de esta norma se va en contra de lo que votó la ciudadanía uruguaya en 1989 y 2009. Eso es reconocido por todos los frenteamplistas y es uno de los principales flancos que atacó la oposición durante las largas sesiones del martes en el Senado y ayer en Diputados.
El otro gran costo que debe pagar es que sanciona una norma de presunta ilegalidad. El sistema jurídico se basa en que la ley penal no se puede aplicar en forma retroactiva cuando generen perjuicios para alguien. Si fuesen beneficios es aceptado. Esta ley sancionada ayer, pretende que se agrave la calidad de los delitos cometidos en la dictadura, al decir que son de lesa humanidad y por tanto no prescriben el 1º de noviembre como entiende la SCJ.
Casi todos los constitucionalistas y ex presidentes de la Corte comparten que eso es inconstitucional. Pese a sus opiniones, en el FA siguieron adelante. Por ello la oposición lo ve como una agresión a la Carta Magna.
La sanción de esta ley es “histórica” para la izquierda y así lo vivieron ayer sus diputados. De todas formas ahora el tema deja nuevamente de ser político y pasa a la SCJ.
En primera instancia, Miranda evaluó que la ley significa “un paso más en el intento de que se permita a la Justicia actuar libremente”.
Convino que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado uruguayo investigar sin limitantes los crímenes cometidos en dictadura, no lo obliga por otra parte a modificar le legislación para este fin. Pero Miranda interpuso que “la sentencia de la CIDH, en el caso Gelman, sí obliga a remover los obstáculos para la investigación y la ley de Caducidad ha sido un obstáculo”.
Según el director nacional de DDHH la erradicación de la prescripción para los delitos de dictadura salvaguarda que los procesos judiciales no caigan en contradicciones. “Había necesidad de legislar porque el escenario que se podía presentar era de fallos contradictorios a nivel de los jueces en primera instancia e incluso los tribunales de apelaciones”, en relación a que para una misma causa un juez podría interpretar prescripto el delito, mientras otro podría considerarlo y emitir fallo.
Respecto a que la ley aprobada este miércoles impone el efecto de retroactividad explicó que este principio “no aparece explícitamente anunciado en la Constitución, tiene rango legal”. Y que implica que nadie puede ser sancionado por una conducta que no era delito al momento de ser ejecutada.
“No es este el caso: las conductas que fueron comprendidas dentro del el artículo 1 de la ley de Caducidad eran delito al momento de la comisión, en el año 1975, 1976, 1977… hasta el 1985, sin duda. Ahí no hay un problema de retroactividad de la ley penal, porque no se crea una nueva figura delictiva”, argumentó Miranda.
“El mecanismo que se utilizó en esta ley fue que el plazo de vigencia de la ley de Caducidad no debe ser computado a los efectos de la prescripción. Y ahí no hay retroactividad”, dijo.
También aceptó que el Frente Amplio será pasible del costo político que esta ley supone, principalmente de la acusación de desconocer los dos pronunciamientos populares de 1989 y 2009, que mantuvieron la ley de Caducidad en el ordenamiento jurídico uruguayo. Al respecto interpuso que “el plebiscito de 2009 fue un error (…) porque hay ciertos temas que no son sometibles a la consulta popular”.
“Hay ciertas cosas que las mayorías no pueden decidir. Y esto no es antidemocrático, al contrario, es el sustento último de la democracia. Toda la construcción de derechos humanos es contramayoritaria. Propongamos un plebiscito mañana para reinstalar la esclavitud ¿es sometible al veredicto popular? No. Hay ciertos cotos que están vedados a las mayorías”, sentenció Miranda.
“El costo político que el Frente Amplio puede padecer en que se le endilgue de pasar sobre el pronunciamiento soberano, es menor que el costo político de efectivamente hacer funcionar la institucionalidad democrática” concluyó el director nacional de Derechos Humanos.
Una ley “necesaria” para el FA, con dudosos efectos y costos políticos
Aprobaron norma que busca evitar que delitos de la dictadura prescriban. Ahora la Suprema Corte deberá definir si es inconstitucional y la izquierda eludir el precio de desoír dos consultas populares
+ El Observador - 27.10.2011, 06:00 hs - ACTUALIZADO 07:03
La nueva norma sobre la Caducidad que a última hora de este miércoles fue aprobaba la Cámara de Diputados –y que solo resta sea promulgada por el presidente José Mujica– es sobre todo una ley política. Tal vez no tenga ningún efecto jurídico de los buscados, ni logre hacer desfilar más militares por los juzgados, ya que la gran mayoría de los especialistas concuerdan en que es inconstitucional y por tanto será recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.
De todas formas, para la izquierda responde a una necesidad y era importante aprobarla. Y no solo para cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Uruguay “eliminar las trabas” y los “obstáculos” que genera la ley de Caducidad. Es para el Frente Amplio una necesidad, sobre todo, para cerrar un largo proceso que es doloroso y lleno de intentos fallidos.
“Quiero poder mirar a los familiares y decirles que hicimos todo lo que pudimos”, dijo el martes el senador oficialista Rafael Michelini, cuando la Cámara Alta dio media sanción a la iniciativa. No es el único.
En el FA por lo bajo varios reconocen que esta norma tiene varias ilegalidades, pero argumentan que busca establecer por primera vez en el marco legal uruguayo –tras el fracaso del referéndum de 1989, el posterior plebiscito del 2009 y el malogrado proyecto de ley de anulación de este año–una concepción filosófica contraria a la ley de Caducidad, también inconstitucional según la actual composición de la SCJ.
Por todo ello, con esta nueva norma que busca evitar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y restituir la pretensión punitiva del Estado (derogando así de forma implícita la ley de Caducidad), el FA deberá pagar altos costos políticos, al desconocer dos consultas populares y dictar una ley contraria a la Constitución.
A la izquierda a partir de este momento no le será fácil impulsar nuevas consultas populares, porque a través de esta norma se va en contra de lo que votó la ciudadanía uruguaya en 1989 y 2009. Eso es reconocido por todos los frenteamplistas y es uno de los principales flancos que atacó la oposición durante las largas sesiones del martes en el Senado y ayer en Diputados.
El otro gran costo que debe pagar es que sanciona una norma de presunta ilegalidad. El sistema jurídico se basa en que la ley penal no se puede aplicar en forma retroactiva cuando generen perjuicios para alguien. Si fuesen beneficios es aceptado. Esta ley sancionada ayer, pretende que se agrave la calidad de los delitos cometidos en la dictadura, al decir que son de lesa humanidad y por tanto no prescriben el 1º de noviembre como entiende la SCJ.
Casi todos los constitucionalistas y ex presidentes de la Corte comparten que eso es inconstitucional. Pese a sus opiniones, en el FA siguieron adelante. Por ello la oposición lo ve como una agresión a la Carta Magna.
La sanción de esta ley es “histórica” para la izquierda y así lo vivieron ayer sus diputados. De todas formas ahora el tema deja nuevamente de ser político y pasa a la SCJ.
Habló presidente de la SCJ
Corte y volvemos
27.10.2011 13:11
"Los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías. Deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías", afirmó hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, al ser consultado sobre la posible inconstitucionalidad de la ley aprobada en el Parlamento.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, se refirió hoy al análisis que hará la Suprema Corte de Justicia de la ley aprobada ayer en el Parlamento, luego que la oposición asegurara que la misma será decretada inconstitucional.
En una improvisada rueda de prensa frente a la SCJ, Van Rompaey explicó que aún no charló del tema con los restantes integrantes de la Corte sobre el proyecto de ley que evita la prescripción de los delitos de la dictadura. La prescripción fue ratificada en junio de este año por la propia Corte al determinar que dichos delitos no son de lesa humanidad sino comunes."Se decidirá sobre la inconstitucionalidad en el momento en que se plantee. Comienza un período complejo desde ese punto de vista, pero no conocen aún los detalles de la norma", explicó.Van Rompaey ratificó su postura al momento de votarse esta ley, ya que fue el único integrante de la Corte que se opuso a que los delitos prescribieran."Los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías. Deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías", afirmó.En su momento, Van Rompaey, para justificar por qué creía que los delitos no deben prescribir, había afirmado que aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales"."Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corte en junio de este año.
Montevideo Portal
Caducidad: "Hay temas no sometibles a consulta popular"
27.10.2011 | 11.50 El Espectador
El director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, habló con En Perspectiva acerca de la ley que eliminó la prescripción para delitos cometidos durante la pasada dictadura militar.
En primera instancia, Miranda evaluó que la ley significa “un paso más en el intento de que se permita a la Justicia actuar libremente”.
Convino que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado uruguayo investigar sin limitantes los crímenes cometidos en dictadura, no lo obliga por otra parte a modificar le legislación para este fin. Pero Miranda interpuso que “la sentencia de la CIDH, en el caso Gelman, sí obliga a remover los obstáculos para la investigación y la ley de Caducidad ha sido un obstáculo”.
Según el director nacional de DDHH la erradicación de la prescripción para los delitos de dictadura salvaguarda que los procesos judiciales no caigan en contradicciones. “Había necesidad de legislar porque el escenario que se podía presentar era de fallos contradictorios a nivel de los jueces en primera instancia e incluso los tribunales de apelaciones”, en relación a que para una misma causa un juez podría interpretar prescripto el delito, mientras otro podría considerarlo y emitir fallo.
Respecto a que la ley aprobada este miércoles impone el efecto de retroactividad explicó que este principio “no aparece explícitamente anunciado en la Constitución, tiene rango legal”. Y que implica que nadie puede ser sancionado por una conducta que no era delito al momento de ser ejecutada.
“No es este el caso: las conductas que fueron comprendidas dentro del el artículo 1 de la ley de Caducidad eran delito al momento de la comisión, en el año 1975, 1976, 1977… hasta el 1985, sin duda. Ahí no hay un problema de retroactividad de la ley penal, porque no se crea una nueva figura delictiva”, argumentó Miranda.
“El mecanismo que se utilizó en esta ley fue que el plazo de vigencia de la ley de Caducidad no debe ser computado a los efectos de la prescripción. Y ahí no hay retroactividad”, dijo.
También aceptó que el Frente Amplio será pasible del costo político que esta ley supone, principalmente de la acusación de desconocer los dos pronunciamientos populares de 1989 y 2009, que mantuvieron la ley de Caducidad en el ordenamiento jurídico uruguayo. Al respecto interpuso que “el plebiscito de 2009 fue un error (…) porque hay ciertos temas que no son sometibles a la consulta popular”.
“Hay ciertas cosas que las mayorías no pueden decidir. Y esto no es antidemocrático, al contrario, es el sustento último de la democracia. Toda la construcción de derechos humanos es contramayoritaria. Propongamos un plebiscito mañana para reinstalar la esclavitud ¿es sometible al veredicto popular? No. Hay ciertos cotos que están vedados a las mayorías”, sentenció Miranda.
“El costo político que el Frente Amplio puede padecer en que se le endilgue de pasar sobre el pronunciamiento soberano, es menor que el costo político de efectivamente hacer funcionar la institucionalidad democrática” concluyó el director nacional de Derechos Humanos.
El turno de la Justicia
Es ley: los delitos de lesa humanidad ya no prescriben en Uruguay
Hoy. A las 02:15 horas, por 50 votos del Frente Amplio contra 41 de la oposición, la Cámara de Diputados completó la sanción legal: los delitos de la dictadura no se extinguen jamás.
Jueves 27 de octubre de 2011 | 7:17 La Republica
Con fuertes reproches históricos, desmentidos y acusaciones, se aprobaba anoche al cierre de esta edición la ley que determina la no prescripción de los delitos y violaciones cometidos por el terrorismo de Estado.RICARDO PORTELA
Los 50 votos de los diputados del Frente Amplio fueron los únicos a favor que sancionaban la norma.
En una extensísima sesión en la que no faltaron reproches y revisiones históricas que diferían abismalmente entre sí dependiendo de quien lo expusiera, los diputados, con los únicos 50 votos a favor del Frente Amplio, convertian en ley la norma que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado y declara que los delitos cometidos por el terrorismo de Estado no prescriben. Anoche mismo el articulado pasaba a la órbita del Poder Ejecutivo para que este proceda a su promulgación, acción que seguramente se llevará a cabo este viernes luego de los previos trámites burocráticos correspondientes. Como todo el mundo sospechaba, el debate incurrió en algunos pasajes de alto voltaje, al punto que en un momento se obligó a la suspensión de la sesión a fin de que los ánimos “legislativos” se calmaran. En parte eso se logró. Los antecedentes de la discusión de esta ley se habían dado el martes pasado, apenas 24 horas antes en la Cámara de Senadores. Ayer en esta rama parlamentaria hubo casi un calco de las argumentaciones de los que la defendieron y de aquellos que se negaron a dar su apoyo a la ley. La sesión comenzó a las 14.30 horas y media hora más tarde ya había 63 legisladores anotados para hablar 15 minutos cada uno. Eso significarían 945 minutos en total sin contar eventuales interrupciones.
Los diputados del Partido Nacional se complotaron entre sí y tuvieron un destello de creatividad escenográfica: en la mesa de cada banca había de pie un ejemplar de la Constitución. En la del Frente Amplio el único que colocó algo sobre su mesa fue el diputado del PVP Luis Puig: una foto de la activista Tota Quinteros portando la foto de su hija aún desaparecida, la maestra Elena Quinteros.
“Llamá a Bush”
El diputado Jorge Orrico fue el informante del proyecto por el oficialismo. Inició su exposición rememorando un incidente internacional ocurrido en 1875 entre Estados Unidos (se llamaba entonces la Unión) e Inglaterra; argumento que sirvió para ilustrar que las sentencias internacionales son supra estados. Trayéndolo a los tiempos que corren, Orrico advirtió que “si no aprobamos esta ley, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, desde allá lejos, nos obligará a pagar indemnizaciones por hechos ocurridos aquí cerca. Además advirtió- si no cumplimos con las normas internacionales del derecho, podemos volver a tener los puentes cortados porque algunos dirán `si estos no cumplen tampoco lo harán con lo que dijo La Haya”. Esta advertencia motivó que Gandini, atento a lo que escuchaba, le gritara “y si nos cortan los puentes, llamá a Bush”.
Gustavo Borsari, el herrerista, deambuló en su exposición en lo que para él fueron “los fallidos intentos” por dejar sin efecto la Ley de Caducidad. “Ahora dijo- el gobierno está tirando la Constitución a la basura con esta ley y eso, el Partido Nacional no lo permitirá”.
El colorado Gustavo Cersósimo, en su racconto, sostuvo que “la Ley de Caducidad fue una amnistía, un beneficio dijo- que no se puede eliminar” y el independiente Iván Posadas entiende que la norma aprobada anoche “vulnera al Poder Judicial pasándole un fardo”. Propuso una alternativa legal convocando a la Asamblea General legislativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. No tuvo apoyo.
Reproches
Luego de que cada uno de los cuatro partidos expusiera en general su posición con respecto a la ley, llegó la hora del debate crudo y llano. El blanco Pablo Iturralde insistió con que la Ley de Caducidad es hija del “pacto” del Club Naval; que “antes de 1973 se violaban los derechos humanos desde los dos lados” y que “el Partido Nacional siempre estuvo ajeno a esas posiciones”. José Bayardi, el frentista, retrucó que “decir que la Ley de Caducidad nació del pacto del Club Naval es tergiversar la historia” y eso despertó la ira masiva mientras Óscar Groba le gritaba a los blancos que “ustedes cocinaron al pueblo en la estancia de Anchorena”. Pasaban las horas y al cierre de ésta edición las acusaciones tuvieron similares características. Nada nuevo.
PUNTOS A FAVOR, EN CONTRA Y NEUTRO
* Un punto a favor de la sesión de ayer fue el sorpresivo silencio que reinó en la sala durante las exposiciones de los representantes de los cuatro partidos políticos al momento de dar a conocer su posición con respecto a la ley.
Un punto en contra para un grito que salió de la boca de una secretaria de un legislador del Partido Colorado cuando desde las barras se asomó al recinto y acusó a los legisladores del Frente Amplio de “asesinos”. Un punto neutro para la presencia en las barras del dirigente colorado Diego Fau que, de pie, mostraba a cada momento la camiseta que vestía con la leyenda “Todos somos familiares”.
Solo y en apuros
* La sesión de ayer tuvo pasajes que rindieron para todos los escenarios en materia informativa. Los hubo de los momentos buenos y de los preferentemente olvidables. Por cuestiones que tienen que ver con la agenda parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou tuvo que comandar el debate en la más absoluta soledad. Los cuatro presidentes que lo secundan fatalmente se encuentran por estos días en el exterior; cada uno por cuestiones de trabajo, según se aseguró. Daisy Tourné por allá. Gustavo Espinoza, Horacio Yanes y Doreen Javier Ibarra también allende fronteras por lo que no tenía, reglamentariamente, nadie que lo sustituyera en la presidencia en el supuesto caso que el titular tuviese necesidad de ausentarse. Esa orfandad de Lacalle Pou tuvo, por lo visto, más contras que beneficios. Lo extenso de las sesiones parlamentarias no conoce de las necesidades fisiológicas de los seres humanos. Sobre eso no hay nada escrito ni imaginable en la ordenanza legislativa. Por eso el presidente debió provocar que se votaran varios cuartos intermedios durante el largo debate de ayer para, y valga la redundancia, el cuarto de baño fuera visitado en forma apurada por el presidente para
Caducidad: Mujica dice que la Corte tendrá la última palabra
Caducidad. Entre hoy y mañana se presentarían nuevas denuncias de exreclusas por torturas y violencia sexual Un grupo de retirados prepara unas 30 demandas contra exguerrillerosEl presidente José Mujica dijo a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá la última palabra en los casos que se denuncien al amparo de la ley que deja sin efecto la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
Mujica reiteró que no usará la facultad de veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implica a militares que actuaron durante la dictadura (1973-1985).
"Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar", dijo Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará "cuando se pueda" aunque respondió "sí, sí" cuando se le preguntó si sería antes del 1° de noviembre.
En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, Mujica dijo que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas", y que esta materia no era su "especialidad". Pero agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida".
Más allá de que las nuevas denuncias por apremios físicos a los detenidos se iban a presentar de todos modos, la aprobación de la norma que declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura, le brinda a los denunciantes un mayor respaldo jurídico para hacer los planteos.
El delito de tortura está previsto en la ley 18.026, de septiembre de 2006, que castiga los ilícitos de la Corte Penal Internacional contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 ante la jueza Mariana Mota por un grupo de expresos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas.
Waldemar Tarocco, presidente de Crysol, organización que nuclea a ex detenidos políticos, dijo a El País que recientemente se presentó una nueva acción por torturas en el Batallón 6° de Caballería.
Por otro lado, en breve también se presentará una denuncia por torturas en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que se desarrolló en 1975 y que implicó la persecución a dirigentes comunistas.
VIOLENCIA SEXUAL. A su vez, entre hoy y mañana un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La denuncia apunta contra oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Entre los denunciados, que en total son más de 40, figuran los exrepresores que ya están en prisión.
En la acción se denuncian hechos ocurridos en la Cárcel de Punta Rieles, que durante la dictadura funcionó como centro de detención femenino.
A su vez, se pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos por las detenidas en al menos otros seis centros de reclusión.
Pero, además, en la denuncia también se da cuenta de hechos ocurridos en unidades militares de Paso de los Toros y Mercedes, así como bajo jurisdicción de las jefaturas de Policía de Montevideo y Salto.
La ley que se aprobaba esta madrugada salva el escollo jurídico que se planteaba el 1° de noviembre, fecha que según la tesis jurídica mayoritaria, se extinguirían los ilícitos.
"toda la cancha". A nivel de los militares retirados, también hay reacciones ya que se anunció que se presentarán denuncias contra miembros de la guerrilla que no fueron juzgados en su momento.
"Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha", dijo a El País el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, quien estimó que habría unos 30 casos que podrían ser denunciados.
Las denuncias serán presentadas por un grupo de cuatro abogados que trabajaban en la institución.
Asimismo, el Centro Militar también pidió asesoramiento jurídico para reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley que se aprobaba en la madrugada.
Mujica reiteró que no usará la facultad de veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implica a militares que actuaron durante la dictadura (1973-1985).
"Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar", dijo Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará "cuando se pueda" aunque respondió "sí, sí" cuando se le preguntó si sería antes del 1° de noviembre.
En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, Mujica dijo que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas", y que esta materia no era su "especialidad". Pero agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida".
Más allá de que las nuevas denuncias por apremios físicos a los detenidos se iban a presentar de todos modos, la aprobación de la norma que declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura, le brinda a los denunciantes un mayor respaldo jurídico para hacer los planteos.
El delito de tortura está previsto en la ley 18.026, de septiembre de 2006, que castiga los ilícitos de la Corte Penal Internacional contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 ante la jueza Mariana Mota por un grupo de expresos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas.
Waldemar Tarocco, presidente de Crysol, organización que nuclea a ex detenidos políticos, dijo a El País que recientemente se presentó una nueva acción por torturas en el Batallón 6° de Caballería.
Por otro lado, en breve también se presentará una denuncia por torturas en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que se desarrolló en 1975 y que implicó la persecución a dirigentes comunistas.
VIOLENCIA SEXUAL. A su vez, entre hoy y mañana un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La denuncia apunta contra oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Entre los denunciados, que en total son más de 40, figuran los exrepresores que ya están en prisión.
En la acción se denuncian hechos ocurridos en la Cárcel de Punta Rieles, que durante la dictadura funcionó como centro de detención femenino.
A su vez, se pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos por las detenidas en al menos otros seis centros de reclusión.
Pero, además, en la denuncia también se da cuenta de hechos ocurridos en unidades militares de Paso de los Toros y Mercedes, así como bajo jurisdicción de las jefaturas de Policía de Montevideo y Salto.
La ley que se aprobaba esta madrugada salva el escollo jurídico que se planteaba el 1° de noviembre, fecha que según la tesis jurídica mayoritaria, se extinguirían los ilícitos.
"toda la cancha". A nivel de los militares retirados, también hay reacciones ya que se anunció que se presentarán denuncias contra miembros de la guerrilla que no fueron juzgados en su momento.
"Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha", dijo a El País el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, quien estimó que habría unos 30 casos que podrían ser denunciados.
Las denuncias serán presentadas por un grupo de cuatro abogados que trabajaban en la institución.
Asimismo, el Centro Militar también pidió asesoramiento jurídico para reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley que se aprobaba en la madrugada.
El País Digital
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Ley que contempla la imprescriptibilidad de los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura. La discusión del proyecto se inició sobre las 14 horas del miércoles y se prolongó hasta las 2 de la mañana del jueves. El proyecto de Ley fue aprobado con 50 votos del Frente Amplio contra 40 de la oposición. Valentín Enseñat, de Hijos Uruguay, dijo a Montevideo Portal que la votación "tuvo el resultado que esperábamos y sin mayores sorpresas. Estábamos a la expectativa y desconfiados a partir de la última experiencia con la Ley Interpretativa. Recibimos esta noticia con la intención que sea un puntapié inicial por los derechos humanos y puntualmente la dilucidación de los delitos cometidos durante la dictadura". Desde la oposición, uno de los argumentos que se manejó con insistencia para no acompañar la Ley votada esta madrugada, fue que la población votó en dos oportunidades por la no derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Tanto en el referéndum de 1989, como en el plebiscito de 2009, no se llegaron a los votos necesarios para derogar la polémica Ley. Consultado sobre el tema, Enseñat explicó que desde Hijos Uruguay, hacen una lectura totalmente contrapuesta del tema. "De ninguna manera podemos asimilar la idea que el pueblo uruguayo está en contra de un proyecto que favorezca el hallazgo de la verdad y la justicia que derive de ella.
CARADURAS
Como por arte de magia:los golpistas y torturadores de ayer se transforman
en "constitucionalistas" contra "el golpe de estado" y la "dictadura progresista"
Hijos Uruguay elogia "imprescriptibilidad"
Prueba superada
27.10.2011 09:19
Valentín Enseñat, integrante de Hijos Uruguay, dijo estar satisfecho y esperanzado con la aprobación del proyecto de Ley que declara imprescriptibles los crímenes contra los DDHH cometidos durante la dictadura. En declaraciones a Montevideo Portal, Enseñat criticó a quienes cuestionan la ley aprobada esta madrugada.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Ley que contempla la imprescriptibilidad de los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura. La discusión del proyecto se inició sobre las 14 horas del miércoles y se prolongó hasta las 2 de la mañana del jueves. El proyecto de Ley fue aprobado con 50 votos del Frente Amplio contra 40 de la oposición. Valentín Enseñat, de Hijos Uruguay, dijo a Montevideo Portal que la votación "tuvo el resultado que esperábamos y sin mayores sorpresas. Estábamos a la expectativa y desconfiados a partir de la última experiencia con la Ley Interpretativa. Recibimos esta noticia con la intención que sea un puntapié inicial por los derechos humanos y puntualmente la dilucidación de los delitos cometidos durante la dictadura". Desde la oposición, uno de los argumentos que se manejó con insistencia para no acompañar la Ley votada esta madrugada, fue que la población votó en dos oportunidades por la no derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Tanto en el referéndum de 1989, como en el plebiscito de 2009, no se llegaron a los votos necesarios para derogar la polémica Ley. Consultado sobre el tema, Enseñat explicó que desde Hijos Uruguay, hacen una lectura totalmente contrapuesta del tema. "De ninguna manera podemos asimilar la idea que el pueblo uruguayo está en contra de un proyecto que favorezca el hallazgo de la verdad y la justicia que derive de ella.
Obviamente que hayan existidos dos plebiscitos y no alcanzaron los votos suficientes se presta a esta interpretación. El primer plebiscito de 198,9 siendo nosotros parte afectada, no tuvimos ni voz ni voto. El hecho que existiera miedo y una amenaza que era latente, jugó un papel determinante a la hora de no alcanzar los votos". "Llama la atención que se recurra a argumentos de legalidad e inconstitucionalidad a la hora de ponerse a pensar en este tipo de cosas. A su vez no se cuestiona la mayor inconstitucionalidad e inmoralidad de la leyes, que es la Ley de Caducidad", destacó. Contragolpe Desde los centros de retirados militares, ya anunciaron que están preparando una serie de denuncias contra guerrilleros tupamaros que no fueron juzgados por los crímenes que cometieron durante la dictadura. En principio, serían 34 denuncias que se presentarían ante la justicia. Desde el Centro Militar, confirmaron a Montevideo Portal que esperarían la votación del Parlamento, para analizar los pasos a seguir en el tema. A juicio de Enseñat, "estas denuncias son un disparate. Nosotros denunciamos desde hace 30 años que estamos viviendo las consecuencias del terrorismo de Estado y por eso le pedimos cuentas al Estado mismo. Tiene la obligación de ser el garante de nuestros derechos como ciudadanos y que fueron violados. El estado democrático no estuvo a la altura de las circunstancias para subsanar esas atrocidades. Nunca vamos a avalar una concepción que valide la teoría de los dos demonios".
Montevideo Portal
Legisladores en sala durante la sesión de ayer, en la Cámara de Diputados Foto: Javier Calvelo
Sin prescripción
Diputados aprobaron en la madrugada ley sobre prescripción; jueces y fiscales preparan pronunciamientos.Con los 50 votos del oficialismo, la Cámara de Diputados dio ayer sanción definitiva a la ley que busca evitar los efectos de la prescripción a partir del 1º de noviembre y que deroga la Ley de Caducidad. Se estima que mañana será promulgada por el Poder Ejecutivo, mientras los jueces y fiscales preparan pronunciamientos.
La decisión fue tomada luego de que Presidencia enviara a la sede judicial uno de los expedientes directamente vinculados, fechado en 1987 y caratulado "MSP, denuncia". Además, la semana pasada el Ejecutivo envió el expediente de la Justicia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa. Bajo esa órbita fue juzgado el homicidio de Roslik y procesados el primero y el segundo jefe del Batallón Nº 9.
La causa fue desarchivada de oficio por Pignataro a raíz de la resolución del gobierno de revocar todos los actos administrativos del Ejecutivo, por los cuales se aplicó la Ley de Caducidad. El hecho trascendió públicamente porque los expedientes no aparecían. Tras una búsqueda en las dependencias del Poder Judicial, se constató que uno de estos fue recibido por Julio María Sanguinetti días antes de terminar su primer mandato. Por esa razón, Pignataro solicitó una búsqueda a Presidencia. Con los expedientes enviados, la magistrada reactivó la indagatoria y, además de Zabalkin, hay otras tres personas citadas como testigos. "Fue la primera vez que fui [a Fray Bentos] con expectativas, a pesar de que es un tema doloroso", añadió Zabalkin, quien vive en Paysandú.La discusión que terminó en la madrugada de ayer en Diputados tuvo los mismos ejes temáticos que en la cámara alta, y comenzaron a reiterarse: el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Gelman, las declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, las consultas populares de 1989 y 2009, y las violaciones a la Constitución, además de las acusaciones cruzadas entre los distintos sectores partidarios sobre las responsabilidades de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
El texto "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad. En el segundo artículo establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados.
El tercero declara que éstos "son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte". Un cuarto artículo especifica que esta norma entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo, que tiene hasta el lunes para hacerlo antes de que puedan advenir los efectos de la prescripción.
Los fiscales también preparan sus pronunciamientos. "En principio, a mi juicio, no modifica demasiado", señaló uno de ellos en relación a la iniciativa que se estaba votando en Diputados. "El tema está en cómo se considera el fallo de la Corte IDH. De una u otra manera, es el que resuelve si se consideran o no crímenes de lesa humanidad, la prescripción y la cosa juzgada", completó.
Un segundo funcionario del ministerio público considera que una ley "no puede imponer a un juez o fiscal el archivo de los casos". "Hay que mirarlo con atención. Independientemente de la posición de la Corte IDH, que uno respeta y tiene deber de conocerlo, hay dificultades para implantar sin más todo su esquema a la realidad uruguaya", alegó. Al mismo tiempo, señala que la ley tratada en el Parlamento "no es irrelevante para nadie" y que los operadores de derecho deben aplicarla "les guste o no".
"Nadie impide que la justicia investigue los hechos, independientemente de la aplicación de un delito. No es de peso la Corte IDH; reconozco la validez del derecho internacional, pero lo miro con mucho cuidado porque las mismas normas no son aplicables en todos los países", resumió.
Caso abierto
La jueza Livia Pignataro, titular del Juzgado Letrado de Fray Bentos de 1º Turno, dispuso la reapertura del caso del médico Vladimir Roslik, último asesinato de la dictadura uruguaya, ocurrido el 16 de abril de 1984, en el Batallón de Infantería Nº 9 de Río Negro. "Después de tantos años, esto es lo que he estado esperando toda la vida, que se haga justicia", dijo a la diaria la viuda de Roslik, Mary Zabalkin, quien declaró el martes ante la magistrada.La decisión fue tomada luego de que Presidencia enviara a la sede judicial uno de los expedientes directamente vinculados, fechado en 1987 y caratulado "MSP, denuncia". Además, la semana pasada el Ejecutivo envió el expediente de la Justicia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa. Bajo esa órbita fue juzgado el homicidio de Roslik y procesados el primero y el segundo jefe del Batallón Nº 9.
La causa fue desarchivada de oficio por Pignataro a raíz de la resolución del gobierno de revocar todos los actos administrativos del Ejecutivo, por los cuales se aplicó la Ley de Caducidad. El hecho trascendió públicamente porque los expedientes no aparecían. Tras una búsqueda en las dependencias del Poder Judicial, se constató que uno de estos fue recibido por Julio María Sanguinetti días antes de terminar su primer mandato. Por esa razón, Pignataro solicitó una búsqueda a Presidencia. Con los expedientes enviados, la magistrada reactivó la indagatoria y, además de Zabalkin, hay otras tres personas citadas como testigos. "Fue la primera vez que fui [a Fray Bentos] con expectativas, a pesar de que es un tema doloroso", añadió Zabalkin, quien vive en Paysandú.
El texto "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad. En el segundo artículo establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados.
El tercero declara que éstos "son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte". Un cuarto artículo especifica que esta norma entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo, que tiene hasta el lunes para hacerlo antes de que puedan advenir los efectos de la prescripción.
La mirada fiscal
El oficialismo insistió en que esta norma es un "instrumento" para la Justicia en la aplicación de la sentencia de la Corte IDH en el entendido de que es responsabilidad de los parlamentarios brindarlo. Una vez promulgada, la expectativa se trasladará al Poder Judicial. Los operadores jurídicos, protagonistas de este debate, siguen con atención el debate. Los jueces a cargo de causas vinculadas a delitos cometidos en la dictadura, consultados por la diaria, prefieren no opinar, pero admiten que después del 1º de noviembre su pronunciamiento sobre este tema es inminente. "El Poder Legislativo puede resolver lo que cree conveniente", se limitó a señalar uno de los magistrados.Los fiscales también preparan sus pronunciamientos. "En principio, a mi juicio, no modifica demasiado", señaló uno de ellos en relación a la iniciativa que se estaba votando en Diputados. "El tema está en cómo se considera el fallo de la Corte IDH. De una u otra manera, es el que resuelve si se consideran o no crímenes de lesa humanidad, la prescripción y la cosa juzgada", completó.
Un segundo funcionario del ministerio público considera que una ley "no puede imponer a un juez o fiscal el archivo de los casos". "Hay que mirarlo con atención. Independientemente de la posición de la Corte IDH, que uno respeta y tiene deber de conocerlo, hay dificultades para implantar sin más todo su esquema a la realidad uruguaya", alegó. Al mismo tiempo, señala que la ley tratada en el Parlamento "no es irrelevante para nadie" y que los operadores de derecho deben aplicarla "les guste o no".
"Nadie impide que la justicia investigue los hechos, independientemente de la aplicación de un delito. No es de peso la Corte IDH; reconozco la validez del derecho internacional, pero lo miro con mucho cuidado porque las mismas normas no son aplicables en todos los países", resumió.
Lourdes Rodríguez
La DiariaCARADURAS
Como por arte de magia:los golpistas y torturadores de ayer se transforman
en "constitucionalistas" contra "el golpe de estado" y la "dictadura progresista"
EN CONTRA DE LA NUEVA LEY
Militares retirados acusan a legisladores del FA de “dar un golpe de estado técnico”
El vocero del Plenario de clubes sociales militares, coronel Jorge Puente, dijo a El Observador que los centros militares pelearán “hasta las últimas consecuencias” contra la ley que prorroga la prescripción de los delitos de la dictadura
+ El Observador - 27.10.2011, 17:28 hs - ACTUALIZADO 17:34
El presidente del Centro de Oficiales Retirados y vocero del Plenario de clubes sociales militares, coronel Jorge Puente, dijo a El Observador que desde los centros militares se va a “pelear hasta las últimas consecuencias” para que los “camaradas” que sean enjuiciados, en caso de que la Suprema Corte de Justicia declare legal la ley aprobada este miércoles en el Parlamento, no sean víctimas de ella.
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó, con los votos del Frente Amplio, la ley que busca evitar que prescriban los delitos cometidos por la dictadura (1973 – 1985) por policías y militares. La norma había sido sancionada el martes por el Senado, también con los votos del Frente Amplio.
“Lo primero que vamos a hacer con quienes sean acusados es presentar escritos de inconstitucionalidad ante el juez competente”, señaló Puente.
El coronel reprochó a “los progresistas” de violar la Constitución y la voluntad de la mayoría expresada en dos plebiscitos populares. “El pueblo es el soberano, y ahora un instituto de rango menor (Parlamento) decide sobre lo que resolvió el pueblo y terminan atropellando y dando un golpe de estado técnico por ser mayorías”, reprochó el presidente del Centro de Oficiales Retirados. “Bien que cuando eran minoría se rasgaban las vestiduras”, agregó.
Dictadura Progresista
“Esta es la cuarta vez que intentan dejar sin efecto la ley de Caducidad. Lo hicieron con los dos plebiscitos, con la discusión parlamentaria que se dio a principio de año para anularla y ahora vuelven a la carga con esto y lo consiguieron”, reprochó Puente, quien advirtió que se trata de “una cosa que viene concertada desde hace mucho tiempo”.
“Todo esto está fríamente calculado. Se trata de estrategias que se elaboran en el Foro San Pablo, que buscan los lugares más débiles de la democracia para asirse del poder total”, agregó el presidente del Centro de Oficiales Retirados.
El Foro San Pablo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. El grupo fue constituido con el objetivo de aunar esfuerzos entre los movimientos y partidos de izquierda después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo.
Según explicó Puentes, la función de este foro es “tejer estrategias para llegar al poder de una forma diferente a la armada”, de “forma democrática” e “intenta dominar al Poder Judicial” y cada vez más va tomando distintos ámbitos de la sociedad, como la educación, la salud y la Policía.
“El único obstáculo que les queda es lo poco que queda de las Fuerzas Armadas. Porque ya también en ellas están tocando los lugares claves como lo es la sanidad militar”, agregó Puentes, quien no dudó en asegurar: “Si esto sigue así, vamos a terminar en una dictadura progresista con algún cortinado”. “Poco a poco lo están logrando”, acotó.
El "honor" cuartelero: los culpables de los crimenes dirian "la verdad" si no son declarados culpables.Bonilla RECONOCE que "la verdad" existe (no como han sostenido Lacalle y Sanguinetti) pero el "honor" militar les impide decir la verdad.
Militares negarán información para evitar ir presos
José Bonilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que si se llegaba a la prescripción algunos efectivos podían aportar datos para llegar a “la verdad”
+ El Observador - 26.10.2011, 17:18 hs - ACTUALIZADO 17:21
José Bonilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, manifestó este jueves que militares negarán información si se introducen cambios en la ley de caducidad, por temor a que puedan ir presos por sus datos.
"Creo que había un antes y un después del 1° de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, (que) podían a partir de esa fecha, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que fueran importante para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos el pasado", expresó en rueda de prensa.
"Esto, indudablemente, para esas personas tal vez, no sea así, habrá que esperar a la votación de hoy (miércoles) y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia", agregó Bonilla, quien al ser consultado por si se iba a cortar la información por parte de los uniformado, por temor a ir presos, respondió que “es correcto”.
La Cámara de Diputados define este miércoles si se aprueba la norma que procura hacer imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura y restablece la prisión punitiva del estado “para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado” hasta el 1º de marzo de 1985. Este martes el Senado le dio su media sanción.
Nacional - PRESCRIPCIÓN
Huidobro sancionará a Bonilla por dichos sobre Caducidad
El jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo que si se votaba la ley que elimina la prescripción de los delitos, militares negarían información sobre el destino de los desaparecidos
+ - 26.10.2011, 18:40 hs - ACTUALIZADO 21:28 Texto:El Observador
El ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro elevó al presidente de la República José Mujica un pedido de sanción al Jefe del Estado mayor de la Defensa, José Bonilla, luego de las declaraciones que el militar realizó a la prensa este miércoles, cuando anunció que militares que pudiesen tener información sobre el destino de los desaparecidos la negarían si el Parlamento vota este miércoles la ley que elimina la prescripción de los delitos cometidos durante la Dictadura, ante el temor de ir presos.
“Teniendo en cuenta las inconsultas declaraciones realizadas hoy ante la prensa por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire Don José Bonilla, este Ministerio informa que, a la brevedad, pondrá a consideración del Sr. Presidente de la República la sanción correspondiente”, señala el comunicado emitido a los medios este martes, y firmado por el ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Más temprano, Bonilla había expresado en rueda de prensa: “creo que había un antes y un después del 1° de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, (que) podían a partir de esa fecha, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que fueran importante para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos el pasado”.
“Esto, indudablemente, para esas personas tal vez, no sea así, habrá que esperar a la votación de hoy (miércoles) y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia”, agregó Bonilla, quien al ser consultado por si se iba a cortar la información por parte de los uniformado, por temor a ir presos, respondió que “es correcto”.
URUGUAY, 26 DE OCTUBRE DE 2011: EL DEPORTE DE UN PARLAMENTARISMO
QUE TAMBIÉN PUEDE RIMAR CON TERRORISMO Y DORMIRNOS COMO TINELLI
A algunos podrá sonarle a herejía antidemocrática, a otros a visión pesimista de la realidad, y a muchos, seguramente, a derrotismo…
Pero nadie podrá negarlo: por estos días en los que falta coraje y solvencia ideológica como para efectivamente anular la ley de impunidad por más que a estas alturas los efectos de ello pudieran ser seguramente nada más que simbólicos, el parlamentarismo burgués al modo “criollo”, vuelve a exhibirse como auténtica verificación de lo estéril que es pretender de él lo que únicamente podrá realizar el pueblo oriental –oriental, trabajador y en revolución— cuando verdaderamente estemos en condiciones de hacer justicia a pesar de que se nos siga ocultando una buena parte de la verdad, ocultamiento que –entendámoslo de una vez por todas— es también parte sustancial del mismo terrorismo de Estado que unas veces se nos aplica desembozadamente y otras veladamente, pero sin tregua, para demolernos moralmente o para neutralizarnos hasta la parálisis y la insensibilidad.
Si a alguien le quedaban restos de ilusión respecto a qué puede esperarse de este parlamento de entre cuyos integrantes casi la mitad son genuinos exponentes de los restos desclasados de la burguesía proimperialista que alentó, promovió, articuló y ejecutó el golpe de estado fascista oficializado el miércoles 27 de junio de 1973 en el Uruguay, aquí está, a estas horas, el surrealista debate de la cámara de diputados que a las 22:30 de este otro miércoles 26 de octubre de 2011, prosigue inútilmente después de más de 600 minutos de cháchara totalmente onanista y farsesca no se sabe dirigida a qué tribunas, unos minutos antes de que empiece una nueva edición del clásico entre los seleccionados de las dos orillas.
Entre los oradores de ambos partidos tradicionales históricamente comprometidos con los intereses oligárquico-extranjerizantes, ya han hecho uso de la palabra defendiendo no ya la ley de impunidad, sino la impunidad en general –la impunidad de los explotadores y los corruptos; la impunidad de los chupasangre que configuran la clase dominante-- unos cuantos dinosaurios sobrevivientes de los ´70, co-autores, cómplices o encubridores de la dictadura. Es decir, sujetos, execrables sujetos, cobardes y rastreros sujetos, que deberían estar presos en la aplicación del castigo a los mismos delitos de lesa humanidad cuya consumación, lógicamente, pretenden desconocer.
Otros de esta casi mitad minoritaria del parlamento burgués a la criolla, también pertenecientes a esta miserable casta pituca completamente lameculo de las multinacionales y la Casa Blanca, son descendientes de sangre, carnales –políticamente hablando al menos--, de los anteriores, de los que comparten con los milicos verdugos, la culpabilidad imperdonable de todos los vejámenes y crímenes a que fue sometido el pueblo al que pertenecemos los descendientes de aquellas chiquilinas y aquellos chiquilines casi niños amasijados taimadamente y monstruosamente en los cuarteles o en los galpones de alguna estancia o barracón bordeberryano o lacalluno de los ´70/´80.
¡¿Qué puede esperarse de este cuerpo de “tribunos romanos” del Uruguay del siglo XXI, de entre cuya otra mitad –la mayoritaria— unos cuantos –ex perseguidos de la dictadura-- son victimas directas, en carne y hueso, de la otra mitad, y, sin embargo, “las formas”, el lenguaje, los modos, los gestos, los contenidos, en definitiva, se parecen más a los de los “hermanos del santo perdón” que a los de quienes deberían sentirse posicionados como representantes de los asesinados y los desparecidos, más que como representantes nuestros –los vivos, los que seguimos sobreviviendo al Estado capitalista, al Estado terrorista que sólo dejará de serlo cuando lo dejemos de ser, desnucándolo, haciéndole morder el polvo de tener que vivir de las 8 horas, y a cagar?!!!...
Es Ansina la cosa nomás. De este parlamentarismo al santo pedo, nada bueno podrá venirnos; nada que duela, nada que sea auténtica anti-impunidad de los de abajo sin medias tintas de los del medio, nada distinto a un discurseo falluto y sin sangre en las venas. Nada de nada. Pues de la nada burguesa sólo podemos esperar ambigüedades pequeño-burguesas, titubeos, más vacilación, más claudicación, más versos que ya ni siquiera son versos de prudencia reformista.
Sigamos firmes en la idea certera de que los esperable y deseable vendrá de nuestras propias convicciones y nuestras propias fuerzas, ¡de nosotros mismos, qué joder!.
Así que a vernos el partido y dentro de un rato nomás a tratar de seguir una pelea que reclama perentoriamente muy serias rectificaciones, además de una cohesión de hierro. Una pelea que exige integrar la lucha contra la impunidad extrema de los delitos de lesa humanidad, a la pelea contra la brutal impunidad madre del capitalismo, esa de una explotación antihumana que no pueden disimular ni las cifras del PBI ni los discursitos danilistas de “país blindado”.
Rectificar al menos para que no nos quejemos de la tinellizacón cultural de la tele y sin embargo sigamos prendidos al audio del periódico y asqueante debate parlamentario magistralmente e impúdicamente escenificado en el palacio de mármol de Carrara que se ha convertido en la tumba de los cracks…
Un debate estéril y teatral, que ya va resultando tan a-histórico, retardatario e insoportable como lo fue la misma dictadura, y tan dañoso como ella lo fue (¿o no?).
(Yo mismo me lo quedo pensando).
Gabriel Carbajales, 26 de octubre de 2011.
Último Momento
Bancarios analizan realizar paros sorpresivos
La banca pública sigue sin llegar a un acuerdo. La última propuesta presentada para tratar de salir de conflicto fue considerada como insuficiente por el sindicato de los trabajadores.
El sector de banca pública de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) reclama la firma de un nuevo convenio colectivo desde fines de 2010
Desde hace varias semanas el sindicato retomó las medidas que han incluido paros parciales de algunas sucursales, la suspensión de horas extras, y paros sorpresivos en el Banco Central.
El dirigente Carlos Márquez dijo a EL PAÍS digital que "hasta el momento no hemos tomado medidas que perjudiquen la atención pero si no se logra un propuesta concreta en los próximos días vamos a profundizar el conflicto".
Entre las medidas se incluyen nuevos paros en el Banco Central, la afectación del clearing de cheques, e incluso se analiza ocupar los bancos.
En el día de hoy los trabajadores de las sucursales del Centro, Cordón, y Ciudad Vieja se concentrarán en las puertas de la casa central del Banco Republica.
Entre las 13 y 14:30 horas todos los bancos públicos de estas zonas y la sucursal del BROU de la Aguada estarán de paro con cierre de cajas.
Por su parte los bancarios privados de la Ciudad Vieja pararán entre las 13.00 y las 14.00 horas.
También se realizarán movilizaciones en la ciudad de Mercedes.
El sector de banca pública de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) reclama la firma de un nuevo convenio colectivo desde fines de 2010
Desde hace varias semanas el sindicato retomó las medidas que han incluido paros parciales de algunas sucursales, la suspensión de horas extras, y paros sorpresivos en el Banco Central.
El dirigente Carlos Márquez dijo a EL PAÍS digital que "hasta el momento no hemos tomado medidas que perjudiquen la atención pero si no se logra un propuesta concreta en los próximos días vamos a profundizar el conflicto".
Entre las medidas se incluyen nuevos paros en el Banco Central, la afectación del clearing de cheques, e incluso se analiza ocupar los bancos.
En el día de hoy los trabajadores de las sucursales del Centro, Cordón, y Ciudad Vieja se concentrarán en las puertas de la casa central del Banco Republica.
Entre las 13 y 14:30 horas todos los bancos públicos de estas zonas y la sucursal del BROU de la Aguada estarán de paro con cierre de cajas.
Por su parte los bancarios privados de la Ciudad Vieja pararán entre las 13.00 y las 14.00 horas.
También se realizarán movilizaciones en la ciudad de Mercedes.
El País Digital
Mujica: "En lo fundamental cumplimos con la Constitución";
"Hay que remitirnos a los hechos. Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la Justicia" dijo el Presidente José Mujica al ser consultado por la ley aprobada esta madrugada en el Parlamento.
Solo con los votos del Frente Amplio (FA), fue aprobado el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se impide la prescripción de los mismos.
En declaraciones emitidas por Subrayado, el mandatario expresó que "la conciencia popular pienso que ira madurando y es un proyecto con el que tenemos que vivir".
Por otra parte, Mujica respondió a las críticas desde la oposición sobre una violación a la Constitución. El senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
"Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales" respondió Mujica
"Pero creo que en lo fundamental: en la actitud, en el respeto, en la libertad que existe, cumplimos con la Constitución, y en lo otro reconozcamos que nos falta y trabajemos. Pero por sobre todo, tolerémonos con las discrepancias que tenemos", agregó el presidente. El País Digital
Mujica sorprendido por el reconocimiento hacia Uruguay
27.10.2011 | 10.55 El Espectador
El presidente, José Mujica, retomó este jueves sus audiciones radiales luego de su gira por los países europeos.
Mujica hizo hincapié en la gran preocupación que existe en estos países por el medio ambiente y el desarrollo de industrias que tienen que ver con el cuidado del mismo.
Sin embargo, opinó el jerarca, “existen grandes contradicciones”, dado que nadie está dispuesto a dejar de lado la sociedad del consumo.
“Algunos no quieren explotar el hierro por los efectos que puede tener, pero a su vez usan autos, tractores, etc, y fomentan la civilización del hierro. Están en contra de la forestación, pero no plantean volver a los pañales de tela de nuestras madres y abuelas”, ejemplificó el presidente.
Para Mujica sólo se puede subsanar parcialmente esta situación “invirtiendo más en ciencia y tecnología aplicada a la transformación de la vida” y puso como ejemplo el desarrollo de las energías renovables.
Ampliaremos...
Mujica: elogios a Suecia y Noruega
La piqueta fatal del progreso
27.10.2011 10:50
Para el presidente José Mujica, es necesario aumentar la inversión y el presupuesto en investigación, "para pedirle a la naturaleza que nos ayude". A juicio del mandatario, "quien se quiera oponer al afán consumista de las grandes masas, quedará sepultado". Balance muy positivo sobre su gira por Europa.
Para el presidente José Mujica, hoy en día existe una "gran preocupación por el medio ambiente y desarrollo inusitado de nuevas industrias, que tiene que ver con la corrección y cuidado del medio ambiente". "Encendida la mecha de una civilización consumista", explicó Mujica, "esta se expandió por el globo. Y parecería que cuando en sociedades como China e India, se pretende que las grandes masas adquieran el nivel de vida de occidente rico y por lo tanto entre en un consumo atroz y presionen los recursos naturales en forma inimaginable, parecería que no hay derecho moral para decirles ´ustedes no´. Porque hay que cuidar a la naturaleza". Desde su audición en M24, el mandatario consideró que hoy en día "hay una enorme contradicción" dentro de la civilización moderna. "Construimos y seguimos construyendo con las herramientas que nos dio esta civilización que tenemos, y encontramos salidas para sobrevivir, o iremos al cataclismo. Una parte del mundo está llegando muy tarde a la vida modera y esa parte es fabulosa en masas y esta preocupada en resolver los problemas materiales de su gente". Según Mujica, es necesario aumentar la inversión y el presupuesto "para pedirle a la naturaleza que nos ayude". "Podemos realizar plantas que ahorren agua como en el desierto. Introduciendo cambios genéticos podemos crear vegetales que consuman agua salada. Es posible porque contamos con las claves. Ya llegará su turno cuando la humanidad tenga más riqueza y tenga más cultura. Por ahora estamos en un aluvión primitivo del despertar. Quien se quiera oponer al afán consumista de las grandes masas, quedará sepultado", subrayó. Gira positiva Durante la primera quincena de octubre, Mujica realizó una gira oficial por Suecia, Noruega, Alemania y Bélgica Según el mandatario, realizó ese viaje "tratando de colaborar con la reinserción de Uruguay y buscando nuevos contactos que puedan aportar capital y tecnología. También teniendo gestos de reconocimiento a sociedades como la sueca y noruega fundamentalmente, y también como Alemania y Bélgica, que nos abrieron las puertas a muchos inmigrantes que por los sucesos que atravesaba nuestro país, recalaron allí, tuvieron trabajo y hogar". "Nunca había ido un presidente de Uruguay a Noruega y Suecia, países que tanto nos dieron en momentos de dolor. Una nación debe tener memoria y reconocerlo. En ese conjunto de actividades hubo gente de Uruguay que fue con sus propios recursos y trabó relaciones. De allí saldrán, o no, actividades que se impondrán en el país. Nos vimos sorprendidos por un reconocimiento a Uruguay que está muy por encima de sus dimensiones, que poco tiene que ver con el valor de nuestras personas", destacó Mujica. Montevideo Portal
27 de Octubre - 12:02hs
Lesa Humanidad
Causa ESMA: para Francia, el fallo "hace honor a la Argentina"
El canciller francés Alain Juppé aseguró este jueves que las condenas en el marco de la megacausa ESMA implican "una decisión que hace honor a la Argentina y su compromiso en la lucha contra la impunidad de los crímines cometidos bajo la dictadura militar".
"Francia ha aportado de forma permanente su apoyo al gobierno argentino en este proceso judicial luego de la decisión tomada en 2003 de invalidar las leyes de impunidad", asegura una declaración firmada por el canciller galo y distribuída por el ministerio de relaciones exteriores de ese país.
Juppé asegura que la decisión de anular las leyes que favorecían la impunidad implicó que Argentina asumió "con coraje su deber de memoria. Saludo esta nueva voluntad política que anima a las autoridades argentinas para llevar a buen puerto el conjunto de los juicios de la dictadura".
Francia recuerda que el fallo dado a conocer ayer por el tribunal oral número cinco "sucede a aquel dictado por la corte de apleaciones de París en 1990 que había condenado a Alfredo Astiz a reclusión perpetua".
La cancillería francesa elogia "la excelente cooperación llevada a cabo con sus pares argentinos en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Esta acción común ha conducido claramente a la adopción de la convención internacional por la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas firmada en París en enero de 2007 y que entró en vigor en diciemgre de 2010".
Crímenes de la ESMA
La abogada de las familias de las monjas francesas celebró el fallo
La abogada de las familias de las monjas francesas secuestradas por el grupo de tareas de la ESMA, Sophie Tonon, celebró el fallo de la justicia que condenó a prisión perpetua a 16 represores por crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.
"Tanto las familias de Alice Domon y Leoni Duquet y yo como abogada nos alegramos mucho que 35 años después, la justicia argentina haya entregado una decisión igual a la que Francia entregó hace más de 20 años", dijo en declaraciones formuladas a Télam la letrada francesa al referirse a la condena que aplicó ese país a Alfredo Astiz -en ausencia- por el crimen de las monjas.El miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a 12 ex marinos, entre ellos Astiz, responsable de "marcar" a las religiosas galas que fueron secuestradas junto a familiares que se reunían en la iglesia Santa Cruz, luego torturadas en el centro clandestino de la ESMA y, finalmente, arrojadas vivas al mar.
Tonon recordó que el fallo "es el primero que se produce en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la ESMA y por primera vez sobre desaparición de personas arrojadas vivas al mar".
Consultada por la omisión acerca del cumplimiento de la sentencia en cárcel común, como lo solicitaron las querellas, la abogada precisó que "la exigencia de las familias fue cárcel sin ningún privilegio" y consideró que "si no se explicita, se debe aplicar lo que es corriente y no la excepción".
"La cárcel `dorada` es una excepción, no se aplica si no se menciona", declaró la representante legal aunque aclaró que "será materia de consulta con el cuerpo de abogados" de las monjas.
Derechos Humanos
“Estamos juzgando a un genocida”, dijo el abogado querellante
El abogado querellante en el juicio oral y público que comenzó contra el ex coronel José María González, primer interventor militar de Santa Fe durante la dictadura militar, Guillermo Munné, afirmó que "estamos juzgando a un verdadero genocida".
En diálogo con Télam, Munné, que junto a su colega Lucila Puyol patrocinan a Ana María Cavadini, esposa del militante político desaparecido Mario Marini, señaló que "González, por el cargo que ocupaba, conducía las fuerzas estatales que operaban criminalmente siguiendo un plan contra los militantes políticos".
"Estamos hablando de una persona que era el responsable del Ejército, al que pertenecía, pero también de la Policía Federal, de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y de los cuerpos de inteligencia civiles. Estamos hablando de la persona que dio el golpe de estado que destituyó al gobernador constitucional", añadió.
En la primera audiencia, este jueves se escuchó la requisitoria de elevación a juicio por parte de la fiscalía y los querellantes.
El acusado, de 82 años, se limitó a seguir callado y con gesto adusto todas las circunstancias del juicio junto a su abogado defensor.
Asimismo, estuvieron en la sala Ana María Cavadini y su hijo Germán.
Luego se esa primera etapa procesal, se pasó a un cuarto intermedio y a continuación el alto tribunal comenzará a escuchar testimonios.
"Estamos hablando de una persona que era el responsable del Ejército, al que pertenecía, pero también de la Policía Federal, de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y de los cuerpos de inteligencia civiles. Estamos hablando de la persona que dio el golpe de estado que destituyó al gobernador constitucional", añadió.
En la primera audiencia, este jueves se escuchó la requisitoria de elevación a juicio por parte de la fiscalía y los querellantes.
El acusado, de 82 años, se limitó a seguir callado y con gesto adusto todas las circunstancias del juicio junto a su abogado defensor.
Asimismo, estuvieron en la sala Ana María Cavadini y su hijo Germán.
Luego se esa primera etapa procesal, se pasó a un cuarto intermedio y a continuación el alto tribunal comenzará a escuchar testimonios.
Descarrilados
Sin lograr acuerdos, la Unión Ferroviaria dio por terminadas las negociaciones con Julio Baráibar.El sindicato de AFE, la Unión Ferroviaria, dio por terminadas las negociaciones con el representante del gobierno, el asesor presidencial Julio Baráibar. Eso sucedió tras un encuentro que mantuvieron ambas partes ayer por la tarde, y que tampoco arrojó resultados positivos.
Según comentó a la diaria el secretario general del gremio, Ricardo Cajigas, el encuentro de la víspera se desarrolló en un "ámbito cordial", aunque resaltó que las negociaciones estaban muy "trabadas y detenidas".
"La inflexibilidad de aquellos con quienes luego tiene que negociar Baráibar hace imposible que nosotros vayamos a seguir negociando", se quejó el dirigente sindical, en referencia al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Transporte y Obras Públicas.
Según explicó Cajigas, esa "inflexibilidad" ha quedado reflejada en la insistencia ministerial por mantener sin cambios la propuesta inicial de crear una operadora ferroviaria de derecho privado, "cuando hay cada vez menos razones que puedan justificar ese proyecto".
Debido a esta posición gubernamental, según Cajigas, "la negociación ha terminado" y ahora resta que Baráibar le informe al presidente José Mujica respecto a la decisión adoptada por el gremio ferroviario.
A partir de hoy los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria paralizarán algunas de sus tareas, con el propósito de asistir a las asambleas que comenzarán a realizarse a las 7.00, donde se analizará la situación actual de la reforma del ente, se informará de estas negociaciones con el asesor presidencial y se tomarán medidas. Aunque la discusión a la interna del sindicato aún no ha finalizado, Cajigas no tiene dudas de que se "ratificará" una moción anteriormente votada en una asamblea de 800 trabajadores, en la que se resolvió rechazar el pasaje al derecho privado y aplicar medidas en caso de que el Poder Ejecutivo insista con la aplicación de esta iniciativa. "Terminada la negociación estamos con las manos libres", resumió el sindicalista, que desde el último congreso integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
La Unión Ferroviaria buscó el apoyo de la central obrera durante esa discusión congresal, pero Cajigas no pudo expresarse en aquella instancia. El jueves 20, el presidente del sindicato, Carlos Aramendi, sostuvo que el apoyo de la dirección del PIT-CNT fue "parcial", lo que motivó la respuesta del reelecto coordinador de la central, Juan Castillo, que entendió que las declaraciones fueron "injustas", ya que muchos dirigentes del Secretariado Ejecutivo participaron en la negociación con el Poder Ejecutivo.
Según comentó a la diaria el secretario general del gremio, Ricardo Cajigas, el encuentro de la víspera se desarrolló en un "ámbito cordial", aunque resaltó que las negociaciones estaban muy "trabadas y detenidas".
"La inflexibilidad de aquellos con quienes luego tiene que negociar Baráibar hace imposible que nosotros vayamos a seguir negociando", se quejó el dirigente sindical, en referencia al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Transporte y Obras Públicas.
Según explicó Cajigas, esa "inflexibilidad" ha quedado reflejada en la insistencia ministerial por mantener sin cambios la propuesta inicial de crear una operadora ferroviaria de derecho privado, "cuando hay cada vez menos razones que puedan justificar ese proyecto".
Debido a esta posición gubernamental, según Cajigas, "la negociación ha terminado" y ahora resta que Baráibar le informe al presidente José Mujica respecto a la decisión adoptada por el gremio ferroviario.
A partir de hoy los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria paralizarán algunas de sus tareas, con el propósito de asistir a las asambleas que comenzarán a realizarse a las 7.00, donde se analizará la situación actual de la reforma del ente, se informará de estas negociaciones con el asesor presidencial y se tomarán medidas. Aunque la discusión a la interna del sindicato aún no ha finalizado, Cajigas no tiene dudas de que se "ratificará" una moción anteriormente votada en una asamblea de 800 trabajadores, en la que se resolvió rechazar el pasaje al derecho privado y aplicar medidas en caso de que el Poder Ejecutivo insista con la aplicación de esta iniciativa. "Terminada la negociación estamos con las manos libres", resumió el sindicalista, que desde el último congreso integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
La Unión Ferroviaria buscó el apoyo de la central obrera durante esa discusión congresal, pero Cajigas no pudo expresarse en aquella instancia. El jueves 20, el presidente del sindicato, Carlos Aramendi, sostuvo que el apoyo de la dirección del PIT-CNT fue "parcial", lo que motivó la respuesta del reelecto coordinador de la central, Juan Castillo, que entendió que las declaraciones fueron "injustas", ya que muchos dirigentes del Secretariado Ejecutivo participaron en la negociación con el Poder Ejecutivo.
La Diaria
El movimiento estudiantil Uruguayo convoca a una movilización de repudio a Sebastián Piñera (Presidente de Chile) que visita nuestro país por 1 día y medio.
El presidente que profundiza la mercantilización de la educación en chile, reprime violentamente y asesina estudiantes, tiene el 30 % de respaldo de la sociedad, ése, Pinochetista de alma, será recibido por nuestro gobierno “progresista” no sabemos pa que carajo!
No puede pasar por nuestro pueblo sin que se note nuestro odio a su persona y gobierno!!
El jueves 27 a las 17 hs concentración en el liceo Bauzá (Prado) para marchar a la residencia de Suárez dónde se reunirá con Mujica.
Convocan: FEUU, CEEM, CEIPA, MAGISTERIO
Publicado por Centro Cultural y Museo de la Memoria
Thursday 27 october 2011
El presidente que profundiza la mercantilización de la educación en chile, reprime violentamente y asesina estudiantes, tiene el 30 % de respaldo de la sociedad, ése, Pinochetista de alma, será recibido por nuestro gobierno “progresista” no sabemos pa que carajo!
No puede pasar por nuestro pueblo sin que se note nuestro odio a su persona y gobierno!!
El jueves 27 a las 17 hs concentración en el liceo Bauzá (Prado) para marchar a la residencia de Suárez dónde se reunirá con Mujica.
Convocan: FEUU, CEEM, CEIPA, MAGISTERIO
Thursday 27 october 2011
Compartimos invitación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al Festival que realizarán el sábado 5 de noviembre en el Velódromo Municipal de Montevideo desde las 16 horas con juegos para niños y desde 19.30 espectáculos musicales.
Para más información sobre entradas, escribir a: festival.familiares@gmail.com
Porque para encontrarlos a todos, nos necesitamos todos.
Esperando que puedan acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo.
Grupo organizador
(Gimena, Ignacio, Javier, Jimena, Magdalena, Gustavo)
Para más información sobre entradas, escribir a: festival.familiares@gmail.com
Porque para encontrarlos a todos, nos necesitamos todos.
Esperando que puedan acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo.
Grupo organizador
(Gimena, Ignacio, Javier, Jimena, Magdalena, Gustavo)
Publicado por Centro Cultural y Museo de la Memoria
Montevideo: Domingo 30 18hs Festival solidario en apoyo a la huelga de los trabajadores metalúrgicos
Ateneo del cerro.
Domingo hora 18.
Grecia esquina Perú
Convoca: Comisión de apoyo del Cerro
