Alfredo Ignacio Astiz
Prisión perpetua. Alias Cuervo, Angel, Rubio, Gonzalo, Gustavo Niño y Alberto Escudero. 59 años. Integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido para infiltrarse en el grupo de Madres y familiares de víctimas secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz y asesinados en vuelos de la muerte. Volvió a infiltrarse entre familiares y exiliados en Francia. Fue identificado cuando se rindió sin pelear en la guerra de Malvinas. Dado de baja de la Armada por ufanarse de su capacidad para asesinar políticos y periodistas.Hay...Actitudes (1)
Se hizo justicia
De: Pagina 12
Por Luis Bianco ** Hijo de Mary Bianco, Madre de Plaza de Mayo secuestrada el 8 de diciembre de 1977.
El miércoles presencié la sentencia de los represores sanguinarios de la ESMA. Los volví a ver cara a cara. Los recordaba como tipos tan “valientes”, prepotentes en el ejercicio de la impunidad que les daba el poder. Recordé los años de sufrimiento y de espera por mi hermana, Alicia Bianco, desaparecida el 30 de abril de 1976, y por mi madre, Mary Ponce de Bianco, secuestrada el 8 de diciembre de 1977. Sentado junto a mi hermana, Ana, me sentía un poco nervioso, un poco eufórico y también muy sensibilizado. En esa situación, un periodista me hizo una nota y di un perfil de mi madre. Me preguntó: ¿Qué espera de este fallo? Respondí: Perpetua, condena máxima por los asesinatos. A medida que pasaban las horas todo era confuso, no sabíamos por qué tanta tardanza. Percibí cierta intranquilidad en mi hermana, yo disimulaba mi ansiedad, cuando de repente hacen su entrada los represores. Astiz estaba ahí, con una sonrisa burlona y una bolsa de nylon en su mano. Tuve demasiadas emociones encontradas en ese momento. En mi corazón no había ni un atisbo de rencor hacia ellos, los observaba inertes, con gestos de deshumanización total, como muertos, mutantes... En ese momento repentinamente recordé a mi madre, por su lucha, su alegría, su tristeza y su incansable labor junto a Esther y Azucena, quienes fueron parte fundacional de un movimiento único en el mundo. ¿Tanto temor les tenían a estas madres para infiltrarse en su organización, secuestrarlas, torturarlas y asesinarlas? ¡Qué ilusos! Pensaron que estos pañuelos blancos se acabarían; al contrario, las inmortalizaron en su lucha. Hoy, gracias a estas tres Madres se los pudo juzgar, gracias a estas tozudas mujeres que volvieron con el mar para dar testimonio de los vuelos de la muerte. Hoy ellas están más vivas que nunca en la historia y en nuestros corazones, y acompañan todas las semanas a sus compañeras de lucha en la Plaza de Mayo. Siento una tranquilidad muy grande al saber que se hizo justicia con ellas y, por sobre todo, que en la lucha por la democracia en la Argentina salieron triunfadoras junto a los 30.000 detenidos-desaparecidos. Los compañeros de las organizaciones de derechos humanos estaban eufóricos: se había hecho justicia, nada más que justicia, sin venganza. Si hubiéramos actuado por venganza, seguramente nos igualaríamos a ellos y eso nunca sucederá. Porque en el país que nosotros queremos y luchamos lo más importante es la vida y el pensamiento de las personas. ¿O ustedes creen que las madres, políticamente, pensaban lo mismo? No, tenían diferencias; pero sabían que luchando juntas por recuperar a sus hijos eran mucho más fuertes y llegaron a ser indestructibles. Por eso su ronda siempre va a ser una caricia para nosotros, los hijos de esas madres que nos sentimos orgullosos por su valentía, pero por sobre todas las cosas por su inmenso amor hacia nosotros.
No puedo olvidarme de mi padre; en estos días voy a ir al cementerio a contarle que Mary, su mujer, es ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está su pancarta en las manifestaciones, que tiene un espacio verde que lleva su nombre y que descansa en el solar de la Iglesia de la Santa Cruz, que fue el último lugar que pisó tierra libre. Yo, como hijo de Mary, quiero agradecer a todos los que han hecho posible este juicio: al gobierno nacional, a la Justicia y a todos aquellos que luchan por los derechos humanos.
* Hijo de Mary Bianco, Madre de Plaza de Mayo secuestrada el 8 de diciembre de 1977.
Actitudes (2)
Distinguen a una Madre
El próximo martes, la Legislatura entregará el diploma que reconoce como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a Aurora Bellochio, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El proyecto fue presentado por la diputada Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, quien aseguró: “Es un honor poder darle este reconocimiento a Aurora, quien con sus 90 años es un ejemplo de vida, valentía y resistencia”. El acto tendrá lugar a las 18 en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160.
Asimismo, familiares de de-saparecidos, ex presos políticos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a un centenar de ex militares, ex policías y civiles, para que sean juzgados por su participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Procuran sortear los recursos que los ex oficiales presentarán contra la ley promulgada este jueves.
Actitudes (3)
Segunda jornada de denuncias de delitos de dictadura
Desde las 10 horas se realiza la segunda jornada masiva de denuncias de delitos cometidos durante la dictadura. La actividad se llevará a cabo hasta las 15, en la sede de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
Fabiana Larrobla, una de las organizadoras de la actividad, dijo a EL PAÍS digital que aquellos que se participen, se les da asesoramiento legal y se los acompaña a las seccionales policiales a realizar la denuncia.
Larrobla señaló que durante la semana también se efectuaron denuncias ya que "hubo algunos casos de personas que no se podían acercar hoy hasta la sede de la FEUU, y lo realizaron con anterioridad".
El pasado 15 de octubre se hizo la primera actividad de denuncias masivas en la que se presentaron 131 denuncias ante distintas seccionales policiales de Montevideo e interior.
El País Digital
Actitudes (4)
28 EX PRESAS POLITICAS
Los torturas físicas y psicológicas y los delitos sexuales cometidos contra 28 ex presas políticas forman parte de una nueva denuncia penal, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por decenas de agentes del Estado, durante la última dictadura cívico-militar.
La denuncia narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.
“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad”, expresa el escrito promovido por los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita, al cual accedió LA REPÚBLICA.
La conducta de los represores tenía como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante un menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, agrega. “De lo sumariamente expuesto se desprende que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.
Los represores buscaban “morbosamente el placer” con estas prácticas, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”, expresa.
En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”.
Por tanto, el escrito solicita la categorización de los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, en virtud de los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de violencia sexual contra las mujeres.
Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
Una semana después del hallazgo de nuevos restos óseos y un día después de promulgada la ley que eliminó la prescripción de los delitos de la dictadura y restableció la pretensión punitiva del Estado, la Justicia dispuso cinco procesamientos por el secuestro y muerte de María Claudia García de Gelman. Al mismo tiempo, comenzaron a llover las denuncias ante los juzgados. Pero todas ellas tienen un futuro incierto.
El juez penal Pedro Salazar dispuso ayer el procesamiento con prisión de los militares retirados José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y el policía retirado Ricardo Medina por la de-saparición de García de Gelman. A todos les imputó el delito de “coautoría de homicidio muy especialmente agravado”. Salazar no hizo lugar al pedido del fiscal Ariel Cancela de tipificar desaparición forzada, por el impedimento de hacer retroactiva la ley penal. Los oficiales ya se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena por otros delitos.
Asimismo, pidió la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, radicado en Brasil. El magistrado no hizo lugar al pedido de procesamiento de los policías retirados Luis Maurente y José Sande Lima.
En el auto de procesamiento al que accedió El Observador, el juez explicó que ante la falta de datos de la dictadura, las declaraciones testimoniales se “constituyen en el medio probatorio por excelencia”.
A futuro
Las investigaciones futuras dependerán de cómo cada juez aplique la ley promulgada el jueves por el presidente José Mujica y el decreto del Poder Ejecutivo que desarchivó decenas de causas. También incidirá en el futuro de las nuevas causas si la Suprema Corte de Justicia hace lugar o no a los recursos que los militares retirados ya anunciaron que interpondrán, por entender que la nueva norma es inconstitucional.
Por otro lado, el fiscal Cancela solicitó que sean reabiertos una decena de expedientes relativos a hechos ocurridos entre 1986 y 1987. Lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo del 1º de julio de este año.
En esa norma, Mujica dispuso la revocación de todos los actos administrativos de los gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez, en los que se ordenó archivar las investigaciones
De todos modos, la reapertura da el puntapié inicial a un largo proceso en el cual el magistrado actuante deberá chequear si estos hechos fueron investigados en otros expedientes. Además, dado que se denuncian hechos y no personas, la Justicia deberá solicitar información al Estado sobre quién revestía cargos jerárquicos en las unidades militares y policiales de la época. También deben ser localizadas las personas que en su momento formularon las denuncias.
Denuncia de ex presas
A estos casos se suman otras 28 denuncias efectuadas por ex presas políticas, representadas legalmente por el ex juez Federico Álvarez Petraglia. Se trata de mujeres que al momento de su detención eran militantes de distintos partidos políticos y gremios. Denuncian que fueron torturadas y sufrieron abuso sexual.
Según el escrito, los militares cometieron delitos tales como “violencia sexual, violación, desnudez,”, así como torturas del tipo “plantones, picana y submarino”.
En la denuncia se solicita que sean indagados 109 militares y policías retirados, entre ellos algunos ya procesados en otras causas, como Silveira, Gavazzo, Vázquez, Miguel Dalmao, Maurente y Cordero. También se denuncia a todos los oficiales y suboficiales que en dictadura cumplían funciones en el penal de Punta de Rieles, La Tablada, Punta Gorda, Cárcel del Pueblo, hospital Militar y La Paloma.
Desde cero
Además de estas causas, el abogado Pablo Chargoñia presentó en las últimas dos semanas dos denuncias. Una de ellas –a estudio del juez Carlos García y el fiscal Cancela– refiere a 50 casos de torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Las víctimas son personas que en dictadura tenían 19 o 20 años e integraban la Unión de Juventudes Comunistas.
La otra denuncia, en manos del juez Pedro Salazar y la fiscal Mirtha Guianze, refiere a 30 secuestros y torturas en el centro de torturas 300 Carlos, ubicado en el Batallón Nº 13 de camino Instrucciones.
Ambas denuncias refieren a hechos que ocurrieron durante todo el período dictatorial (1973-1985).
Chargoñia reconoció a El Observador que si los jueces aplican la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado “es muy probable que los militares apliquen excepciones de inconstitucionalidad”, y así las indagatorias se dilatarían.
Asimismo, familiares de de-saparecidos, ex presos políticos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a un centenar de ex militares, ex policías y civiles, para que sean juzgados por su participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Procuran sortear los recursos que los ex oficiales presentarán contra la ley promulgada este jueves.
Actitudes (6)
LA JUSTICIA URUGUAYA AVANZO EN LA INVESTIGACION SOBRE EL ASESINATO DE MARIA CLAUDIA GARCIA DE GELMAN
De: Pagina 12
PIDEN LA ELEVACION A JUICIO DE CUATRO REPRESORES DE EL VESUBIO
De: Pagina 12
a contramano,"compensando"a los asesinos por la
imprescritibilidad 
Sería una medida que comprende directamente a quienes tienen causas por violaciones a los DDHH.
La legisladora fue invitada a dar una charla con estudiantes de periodismo en el IPEP (Instituto Profesional de Enseñanza Periodística) y respondió durante más de dos horas preguntas sobre los más diversos temas que forman parte de la publicación de este viernes de la revista Caras y Caretas también.
Entre esos temas también estuvieron los Derechos Humanos. Allí expresó que este pensamiento por el que, dijo, “insistirán” y esperan contar con apoyos.
“Para mi lo mas importante es la verdad. No tengo la cabeza de andar persiguiendo a nadie hasta debajo de la cama, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano no es la sentencia de la Justicia sino la censura que le aplica la sociedad. Si yo desentraño la verdad, aunque no le ponga castigo a ese individuo que hizo algo, la sociedad y el vecino le va a censurar. Este pensamiento los comparto con el presidente, creemos que no es bueno tener gente vieja en las cárceles porque cuando se esta al final de la vida... Todo es discutible, tengo la esperanza de que nuestro intento de resultado”, sostuvo.
Con la ley de humanización del sistema carcelario impulsada durante el gobierno de Tabaré Vázquez los mayores de 70 años pueden acogerse al arresto domiciliario, pero para evitar que los militares y civiles que habían cometido violaciones a los DDHH se pudieran ver beneficiados, se introdujo un aditivo que los excluía. La propuesta apunta a ese sector de la sociedad.
En cuanto a las cárceles, Toplanksy agregó que había un hacinamiento importante y cuando la persona está hacinada, está enojada y eso no es bueno.
Dijo que en breve van a impulsar que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior porque “no puede ser que quien te detiene sea el mismo que te rehabilite”
Agregó que el llamado que se hizo en la cartera del interior para soldados fue a efectos que cumplan funciones como custodias, algo muy diferente porque “cuando están todos mezclados vienen los problemas” agregando que “los custodios estaban en todas las tranzas”
Reveló que la oferta de pasarse de un ministerio al otro es porque quieren “reformular las FFAA donde es necesario que sean más chicas y mejor pagas”
“No necesitamos toda esa cantidad de efectivos, necesitamos mucho menos, no los vamos a tirar para afuera porque son funcionarios públicos y generaríamos desocupación. Entonces damos esa oferta de corrimiento porque los policías ganan mas que los soldados”
Ante los espacios que quedarán en los cuarteles, Topolsansky dijo que hay que impulsar que la UTU y las FFAA firmen convenios para que se puedan dictar talleres de oficios en esos cuarteles que quedarán con espacios libres.
Sobre los medios de su sector político, la legisladora admitió que “mes más, o mes menos” tendrán un “medio propio”.
”El MPP tiene la intención de desarrollar un medio, no se si comprar una radio, de al menos tener un espacio y estamos trabajando de la siguiente manera. No solo vasta tener el dinero para el espacio sino tener el comunicador. Tuvimos la facilidad porque Mujica es un buen comunicador y no tenemos otro como el. Estábamos pensando en un equipo de dos o tres compañeros. El MPP esta trabajando en eso pero mes mas o menos vamos a tener un medio propio”, sostuvo la esposa del presidente. Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
Actitudes (4)
28 EX PRESAS POLITICAS
Denuncia penal por torturas y violencia sexual en dictadura
Los represores buscaban "morbosamente el placer"
Sábado 29 de octubre de 2011 | 5:57 La Republica
La denuncia narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.
“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad”, expresa el escrito promovido por los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita, al cual accedió LA REPÚBLICA.
La conducta de los represores tenía como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante un menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, agrega. “De lo sumariamente expuesto se desprende que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.
Los represores buscaban “morbosamente el placer” con estas prácticas, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”, expresa.
En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”.
Por tanto, el escrito solicita la categorización de los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, en virtud de los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de violencia sexual contra las mujeres.
Artículo de Roger Rodríguez
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2011
LA CADUCIDAD CAE ANTE LA PRETENSION PUNITIVA DE LA HUMANIDAD
La penúltima máscara
Senadores y diputados ya la aprobaron. El presidente Mujica la promulgará. Por ley se impide que los delitos de la dictadura prescriban el próximo martes. Los jueces y fiscales pueden seguir actuando. Las víctimas presentan nuevas denuncias por tortura y violencia sexual. El cuerpo hallado en el Batallón 14 busca su identidad. La oposición ya anuncia recursos de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia definirá. Parece haber caído la penúltima máscara de la impunidad.
ROGER RODRIGUEZ
Con los votos de todo el oficialismo, las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron esta semana una Ley por la que se devolvió la pretensión punitiva al Estado y se eliminó el obstáculo legal que sometía al Poder Judicial en su libertad de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, que ahora fueron calificados como delitos de lesa humanidad y por tanto pasaron a ser imprescriptibles y perseguibles más allá de cuándo se cometieron.
La “Ley de Punitividad”, que procura cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman, despoja de su penúltima máscara a una impunidad establecida en Uruguay desde el 22 de diciembre de 1986, cuando el mismo Parlamento, también por una mínima mayoría, aprobó la Ley 15.848 con la que durante 25 años se amparó a los militares, policías y asimilados que protagonizaron el terrorismo de Estado.
La norma, que debía ser promulgada antes del lunes por el Poder Ejecutivo, no derogó formalmente la llamada Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero terminó de eliminar sus efectos al impedir que durante el cuarto de siglo de su vigencia se compute el plazo de prescripción de los delitos de la dictadura y al declarar que los mismos son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que Uruguay es parte.
Sin embargo, la impunidad todavía no ha sido derrotada. Los legisladores de la oposición argumentaron en defensa de la caducidad que la ley aprobada por el Frente Amplio tenía vicios de inconstitucionalidad, por lo que se asegura que los abogados de los represores indagados interpondrán recursos que en última instancia deberán dirimir los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia quienes ya decidieron que casos de desaparición se tipifiquen como homicidios.
El génesis
Muchos de los jóvenes que a las 2.15 horas de la madrugada del jueves se hicieron desalojar de las barras de la cámara baja por expresar cantos y consignas contra la impunidad una vez que se había aprobado el proyecto, no habían nacido cuando la Ley de Caducidad fue creada en ese mismo recinto. La mayoría eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que un día antes ocuparon su casa de estudios en contra de la prescripción de los crímenes.
La prescripción, prevista para el próximo 1º de noviembre, imponía en forma definitiva la impunidad sobre los delitos que aún no han sido indagados por el Poder Judicial. Así lo había advertido la fiscal Mirtha Guianze un año atrás, cuando dio su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Caso Gelman. La inminencia de la fecha, obligó al Frente Amplio a tomar una decisión política que será en el futuro “muletilla” de la oposición.
El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena (nacida en cautiverio precisamente el 1º de noviembre de 1976) habían recurrido a la Corte de la OEA luego que el Estado uruguayo le negara el derecho a saber sobre el paradero de su nuera y madre, María Claudia, quien fue secuestrada embarazada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo donde dio a luz antes de ser desaparecida. La Corte se pronunció contra Uruguay y la Ley 15.848 el pasado 24 de febrero.
Pero las máscaras de la impunidad habían nacido antes de la aprobación de la Ley de Caducidad. En 1984, mientras se negociaba el Pacto del Club Naval –que el Partido Nacional aún alega como el génesis de una impunidad que plasmaron en la Ley- los militares ya habrían acordado con el futuro presidente Julio María Sanguinetti eliminar “las huellas” de los desaparecidos a través de la “Operación Zanahorias”, por la que exhumaron y escondieron los cuerpos de las víctimas.
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La caducidad
Tras la asunción del Partido Colorado en 1985, todas las denuncias judiciales fueron sometidas a contiendas de competencias presentadas por la Justicia Militar. Un año tardó la Suprema Corte de Justicia en determinar la jurisdicción civil de los casos. Cuando lo hizo, las citaciones a los militares indagados fueron guardadas en una caja fuerte por el comandante del Ejército, general Hugo Medina. Ese desacato fue la excusa para aprobar la polémica legislación.
La ley 15.848 se aprobó bajo amenaza de una insubordinación militar. Ese fue el argumento que aceptó el líder blanco, Wilson Ferreira Aldunate, quien había rechazado dos proyectos de amnistía propuestos por el Partido Colorado. Carlos Julio Pereyra no lo aceptó y se separó el Movimiento por la Patria. Germán Araújo lo denunció y terminó siendo expulsado del Senado, acusado de promover una asonada con la gente que aquella noche rechazaba la ley fuera del Parlamento.
La propia Ley de Caducidad no se cumplió durante 20 años. En su artículo cuarto (exigido por algunos legisladores para aprobarla) se imponía una investigación sobre los desaparecidos que Sanguinetti encomendó al fiscal militar coronel José Sambucetti, quien se limitó a preguntar a los oficiales denunciados si había participado de los hechos. Todos dijeron que no, por lo que el fiscal concluyó que no había evidencias de la participación militar en los casos.
Ante ese escenario se promovió juntar firmas para someter la ley a un referéndum. Más de un año se demoró en obtener la voluntad del 25 % del padrón electoral. La validación de las firmas demoró meses. La Corte Electoral finalmente estableció el plebiscito para el 16 de abril de 1989, exactamente cinco años después del asesinato de Vladmir Roslik, el último muerto por la dictadura. La televisión no admitió la publicidad del voto verde. En un clima de terror ganó el voto amarillo.
La impunidad
Durante los diez años siguientes, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle y en el segundo mandato de Sanguinetti, todos los casos de violaciones a los derechos humanos denunciados fueron amparados en la Ley de Caducidad. Incluso se incluyeron casos que habían ocurrido antes del golpe de Estado de 1973 (escuadrones de la muerte y otros) y situaciones vividas luego de la dictadura (caso Berríos). La ley se aplicó como una amnistía total para los represores.
En ese tiempo se fueron encontrando datos de la historia que se ocultaba. Se confirmó la coordinación represiva regional del llamado Plan Cóndor. Se recuperó, la identidad de niños uruguayos desaparecidos nacidos en cautiverio. Se documentó la decisión de matar a la maestra Elena Quinteros. Se denunció la operación Zanahorias. Se encontraron los Archivos del Terror en Paraguay. Y, pese a la negativa de Saguinetti, en el año 2000 se ubicó a la nieta de Gelman.
Con el nuevo milenio la impunidad comenzó a fracturarse. El trabajo de la Comisión para la Paz en la administración Jorge Batlle, el hallazgo de Simón Riquelo, la ubicación de centros clandestinos de torturas y la confirmación de que la mayoría de los uruguayos desaparecidos en el exterior habían sido traídos por tierra, mar y aire, fueron desnudando una verdad que, tras el “pacto de silencio”, ocultaba la existencia de enterramientos en unidades militares.
El triunfo electoral del Frente Amplio permitió que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se aplicara de otro modo la propia Ley de Caducidad al admitirse la actuación judicial que, primero, derivó en el procesamiento del dictador Julio María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y, luego, con el caso del “segundo vuelo” de Orletti, permitió en 2006 el encarcelamiento de media docena de militares.
Las máscaras
La lucha de los familiares de las víctimas y de las organizaciones sociales contra la impunidad tuvo avances y retrocesos. El fallido intento de una ley interpretativa contra la caducidad en 2007, llevó a un nuevo intento de eliminación de la ley a través de una reforma constitucional que la anulara en un plebiscito, pero el voto rosado no tuvo a la hora de la votación en 2009 el necesario apoyo político. El Frente Amplio tampoco pudo votar una ley de anulación a principios de 2011.
A pesar de la vigencia de la Ley de caducidad, las máscaras de la impunidad fueron cayendo. La sonrisa se desdibujó en el rostro de Gavazzo, las negativas del fiscal Moller no impidieron que la justicia actúe en el caso Gelman, las excusas médicas de Cordero no frenaron su extradición desde Brasil, los arrebatos de los clubes militares no pararon los procesamientos, la indisciplina de algunos oficiales no detuvo el encarcelamiento de un general en actividad…
La promulgación de la ley aprobada en el Parlamento, impedirá la prescripción de los delitos, posibilitando que los jueces y fiscales continúen actuando, cuando ante los juzgados se están presentando nuevas denuncias por torturas en unidades militares, que incluyen casos de violencia sexual (ver recuadro). La “Ley de Punitividad” libera al Poder Judicial de su sometimiento al Poder Ejecutivo e impone, al decir del diputado Darío Pérez, la “pretensión punitiva de la humanidad”.
La penúltima máscara parece haber caído, pero aún reinan los dioses del silencio, el secreto y la solemnidad. Encontrar los mecanismos para romper el pacto de silencio de los militares, eliminar el secreto de los archivos de Estado que revelarán verdades ocultas y superar las solemnidades que siguen paralizando al sistema, aparecen ahora como los desafíos de una sociedad uruguaya que necesita arrancarse hasta el último antifaz de impunidad.
En sus zapatos
El viernes 21 de octubre, el equipo técnico que hacía excavaciones en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo en busca de desaparecidos, encontró el cuerpo de un hombre, enterrado a un metro y medio de profundidad. Es el tercer cuerpo de un desaparecido que se logra ubicar. En 2005, se habían hallado los restos de Ubagesner Chávez Sosa en una chacra de Pando y de Fernando Miranda en el Batallón de Infantería Nº 13. Los estudios científicos determinarán la identidad de la víctima. El cuerpo estaba vestido y con zapatos. Se especula que no proviniera de un centro clandestino de torturas donde los mantenían sin ropas.
Violencia Sexual
Veintiocho ex presas políticas presentarán hoy una denuncia contra un centenar de militares, policías y asimilados, por violencia sexual como método de tortura durante su cautiverio en el Penal de Punta de Rieles y en otros seis centros de reclusión en los años de la dictadura. Se incluyen unidades militares y policiales del interior. La denuncia establece que los cuerpos de las víctimas fueron un “botín de guerra” y que la vejación fue parte del plan sistemático aplicado por los represores, por lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Los abogados presentarán el caso esta tarde ante el juzgado penal de 7º turno.
Actitudes (5)
Hablan dos víctimas de una terrible represión y una perversa mentira
consumadas por la dictadura en abril de 1975
Mabel Fleitas Marini tiene hoy 46 años y Liliana Pertuy Franco cumple en estos días 45 años. Tenían entonces 17 y 15 años y vivían en la ciudad de Treinta y Tres. Fueron detenidas, torturadas salvajemente y humilladas durante un mes en un cuartel, antes de terminar internadas durante siete meses en una dependencia del Consejo del Niño. Hasta finalizada la dictadura
no les dejaron volver a estudiar.
Una historia oculta que sale a luz. Mabel Fleitas Marini y Liliana Pertuy Franco relatan el infierno que les tocó vivir en la ciudad de Treinta y Tres en 1975.
ROGER RODRIGUEZ
El miércoles 30 de abril de 1975, en el diario El País, se publicó un comunicado de prensa que el Comando General del Ejército había dado a conocer esa misma madrugada: "Marxismo: única meta de la destrucción moral" titulaba el periódico, que agregaba: "Descubren campamento: prostituían a más de 60 jóvenes".
El comunicado de la dictadura recordaba que desde la ilegalización de los "partidos políticos marxistas" en 1973 existía una organización clandestina llamada Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que pretendía nuclear a menores de edad "para prepararlas política y funcionalmente a cumplir tareas que el marxismo internacional determina a nivel nacional".
La información oficial explicaba que se había realizado la detención de 25 menores de edad en la ciudad de Treinta y Tres, a los cuales se les sindicaba como militantes de la UJC, quienes -según "actas labradas", se aducía- habían convivido en un campamento en La Esmeralda, en La Coronilla.
"Convivieron en tres cobertizos de tablas arrojadas por el mar y ramas, de reducidas dimensiones, más de 20 jóvenes de ambos sexos en completa promiscuidad y en el cual los cambios de parejas en hábitos sexuales eran usuales. En tal ambiente, donde se ha rebasado largamente las barreras, no sólo de la moral, sino también de la más elemental higiene sexual, no resulta extraño que cinco jovencitas cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años contrajeran enfermedades venéreas", acusaba el comunicado.
Diez días antes, el 20 de abril, el presidente de facto Juan María Bordaberry había divulgado su proyecto constitucional para la formación de un "Nuevo Estado" que preservara los "valores sustanciales" de un régimen sustentado en el poder de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día el general Esteban Cristi daba a conocer el plan de obras de aquel "Año de la Orientalidad". Ese mes, Peñarol le ganaba a Nacional el clásico 100, con goles de Daniel Quevedo y Fernando Morena, y descuento de Darío Pereyra. El general Gregorio Alvarez comandaba la División de Ejército IV y esperaba su tiempo de ser dictador.
Exactamente veintinueve años después, cuando el mismo general Alvarez aparece en televisión como "invitado de honor" de actos de gobierno, dos de aquellas detenidas de la UJC en 1975 rompen su silencio para contar a LA REPUBLICA la verdad de una historia horrenda, que durante mucho tiempo permaneció oculta entre otras falsedades del régimen militar.
-¿Qué había pasado antes de abril de aquel 1975? ¿Qué contexto enmarcó aquella salvaje represión en Treinta y Tres?
LP *Se había producido un cambio en la dictadura...
MF *El régimen había comenzado a reprimir en particular al Partido Comunista, a la UJC de Montevideo y de todos los departamentos. Por lo tanto, estábamos en la mira. Fue en el marco de los seguimientos que se
produjo lo nuestro. Un compañero nuestro de Montevideo cayó cuando volvía de Treinta y Tres, con datos precisos de todos nosotros. No se tuvieron que esforzar para saber quiénes éramos.
LP *Había antecedentes de golpes recibidos en el Interior, pero nunca como lo que ocurrió en Treinta y Tres, con un operativo coordinado simultáneo, que entre el sábado 12 y el domingo 13 de abril implicó la detención de 38 jóvenes y varios mayores del Partido Comunista, de otros grupos del Frente Amplio y hasta amigos o familiares que nada tenían que ver con nada.
-¿Cómo se produjo su detención?
LP *Aquel sábado, a eso de las dos de la tarde, yo iba para la casa de Mabel a estudiar. Llevaba abrazados mis libros y la túnica doblada, porque después teníamos que ir al Liceo. Había caminado unas cinco cuadras desde mi casa por la calle Pantaleón Artigas, cuando veo venir un jeep del Ejército que se para en la bocacalle siguiente, que se llama Miguel Freire, cerrándome el paso. Quedé sorprendida y cuando miré a mis espaldas para ver
qué pasaba, otro jeep hacía lo mismo detrás. Habían cerrado la cuadra... y yo era la única que iba caminando.
-¿Le dijeron algo o simplemente la agarraron?
LP *Me dijeron: ¿Liliana Pertui? Yo dije: ¿Sí? Me agarraron de un brazo y me subieron al jeep. Fue un secuestro. Todo ocurrió frente a la casa de unos conocidos de mi familia que salieron afuera porque no entendían qué pasaba. De ahí me llevaron al cuartel, que está ubicado en la calle Ramón Ortiz, en plena ciudad, cerca de la estación de trenes.
-¿La llevaron directamente al cuartel?
LP *Sí. Debo decir que tenía mucho miedo, obviamente, porque con 15 años o cualquier edad uno tiene miedo. Cuando llegué pensaba que era la única. Me dije que no iba a pasar nada, pero al ratito siento que abren el portón y dicen "¡Rojo Once! ¡Rojo Once!"... Yo no entendía nada. Me llevan a una pieza, me sacan todas mis cosas, quedo con lo puesto, me encapuchan y me ponen en otra pieza donde llego a ver en un sillón a la madre de Mabel, y en una esquina a Carmen, la hermana de mi amiga. No logro ver a quien está en la otra esquina. A mí me ponen en la esquina vacía. Ahí comprendí que no era yo sola.
-¿Se dijeron algo entre ustedes?
LP -No podíamos hablar entre nosotras, estábamos incomunicadas, pero cada tanto volvíamos a sentir el portón y el grito de "¡Rojo Once! ¡Rojo Once!"... Eso me daba la pauta de que éramos muchos los que íbamos cayendo.
-¿Qué pasó después?
LP *Al rato nos sacan al patio para la tortura del plantón. Ahí nos dejaron toda la noche, con las piernas separadas y extendidas, los brazos cruzados detrás de la nuca, y golpes si te movías, si se te caían los brazos o si, porque no aguantabas más, te caías. Esa noche éramos un montón. Todos chiquilines. Empecé a reconocer voces y llantos. Porque muchos empezaron a llorar y a gritar por sus madres. A la mañana siguiente, cuando ya
llevábamos unas 18 horas de plantón me caí y supongo que me desmayé, no recuerdo, pero para darme agua me levantaron un poco la capucha y pude ver que el patio estaba lleno de gente
-¿Cómo vivieron ese día los que todavía no habían sido detenidos?
MF *El día 12 de abril estábamos todos en mi casa: mis padres, mis hermanos y amigos. Somos una familia numerosa. De pronto, en frente, se detiene un jeep. Una amiga avisa: "¡Los milicos!" y mi hermana mayor y yo escapamos por la puerta de atrás. Así como frenaron, bajaron en tropel y entraron en la casa. En ese operativo se llevan a mi madre, que no estaba vinculada a ningún partido político, y a dos hermanas de 15 y 13 años.
Carmen y yo, que teníamos 18 y 17 años respectivamente, nos fuimos, porque pensamos que las otras eran menores y estábamos más vinculadas a nuestra organización.
-¿Qué hicieron?
MF -Salimos y caminamos sin ton ni son, por las orillas del pueblo, especulando qué hacíamos. Primero pensamos en salir del departamento, pero después volvimos a casa de unos amigos, hasta que llegó un familiar y nos confirmó que se habían llevado a mi madre y mis hermanas menores. Contó que habían hecho destrozos en la casa, levantado pisos y todo lo regular de los allanamientos. Ahí decidimos, fatídicamente, que Carmen volviera y yo quedara para regresar después y hacerme cargo de las dos hermanitas menores que tenían 7 y 8 años, porque mi padre tampoco estaba en la casa.
-Supongo que en la casa habrían montado una "ratonera"...
MF *Sí, y detienen a Carmen. Ella había vuelto para que liberaran a mi madre y mis hermanas menores, pero eso no ocurrió. Me enteré de eso y no volví hasta que un vecino me informó que se habían retirado. Obviamente, al quedarnos allí, a la mañana siguiente, sobre las ocho, golpearon la puerta y me detuvieron junto a una prima hermana que ahora está radicada en Dinamarca, pero que también estuvo presa. Nuestras madres nada tenían que ver, éramos nosotros los militantes de un grupo que sabíamos clandestino pero que no tenía ninguna fuerza ni poder para hacer nada supuestamente siniestro en el departamento. Eramos un grupo de jóvenes con absoluta inocencia del hecho que estábamos viviendo. Siempre digo que más allá de lo cruel de la tortura a la que nos sometieron como si fuéramos adultos, lo más terrible del caso fue perder el respeto por el significado de la palabra adulto, porque nos sentimos agredidos por ellos, cuando éramos simples
jóvenes a la intemperie.
-¿Cómo terminó aquel fin de semana de detenciones?
MF *Al finalizar el domingo habíamos caído 38 jóvenes, de los cuales 29 apenas teníamos entre 13 y 17 años. Sólo nueve eran, con 18 años, mayores de edad. Teníamos respeto como organización y quizás más fuerza de acción que el propio Partido, por la incidencia que teníamos en sectores sociales, en grupos barriales o en el propio liceo, donde realizábamos nuestra mayor actividad.
-¿Desde entonces quedaron todos en un mismo grupo?
LP *Sí. Nosotros en el cuartel y ellos volviendo a nuestras casas para buscar no sé qué cosa. A mi casa fueron varias veces. Rompieron hasta los colchones. Como la Gestapo en las películas de la guerra (se ríe nerviosa)... Se llevaron también a mis hermanas de 14 y 13 años, a mi primo de 15 y a mi madre que en un momento los miró y les dijo: "¡Basta!... ya me llevaron todo, ya rompieron todo". El resultado fue que le dijeron: "Venga también usted, señora".
MF *Pasaron cosas hasta cómicas. A nuestras madres les pusieron carteles para identificarlas: "Madre de Fulano", "Madre de Mengano", para señalarlas por el nombre de los responsables de que estuvieran allí adentro.
-¿Cómo transitan los días posteriores?
LP *Estuvimos en la tortura... No tuvimos ningún trato especial por ser menores, en cuanto a la lógica de la represión de las Fuerzas Armadas. El tratamiento clásico: plantón, palizas, golpes fuertes en la cabeza, con las palmas de la mano en las orejas, lo que llamaban "soplamocos", "submarino" y a algunos hasta les dieron picana. Después, la tortura psicológica en forma permanente...
-¿Cuánto tiempo dura eso?
MF *Eso dura unos cuantos días. Entre el 12 y el 17 de abril...
LP *Hasta el 17 dura lo que llamaban la "máquina".
-¿Les preguntaban algo especial?
LP *Ellos ya sabían todo. Ese es el tema. Nosotros caemos porque hay una lista. Nos detuvieron a todos entre el 12 y el 13 de abril. En aquella época uno lo veía de otra manera. Hoy lo miro como madre de un adolescente de 15 años y me doy cuenta lo brutal que fue aquello. Nos torturaron por el solo hecho de torturarnos, porque ellos ya tenían toda la información (se angustia y sus ojos brillan de lágrimas) ¿Te das cuenta?
-¿Qué ocurrió después del 17 de abril?
LP *Nos llevaron para lo que llamaban la "cuadra": un galpón muy largo, con camas. Una especie de barraca dividida por un muro. De un lado quedamos las mujeres y del otro los varones. Ahí ya nos habían colocado junto a los mayores, a adultos que también habían sido detenidos en los días siguientes. Gente del Partido Comunista, del Partido Socialista y de otros grupos. Pero todo había comenzado con el operativo contra la UJC.
-¿Qué ocurría en la "cuadra"?
LP *Ahí pareció que todo aflojaba. Nos dejaron bañar, nos dieron comida. Creíamos que lo peor había terminado... pero llegó el 19 de abril.
-Una fecha patria...
LP *Sí. Treinta y Tres se llama así por los 33 Orientales, su plaza principal se llama 19 de Abril. Todas las calles de la ciudad llevan el nombre de uno de los libertadores. Eso hace que allí el desfile del 19 de abril es algo muy importante, y más en plena dictadura.
-¿Qué ocurrió?
LP *A ese desfile llegó el general Gregorio Alvarez, que era el comandante de la División de Ejército IV. El jefe del cuartel, el Batallón 10º de Infantería, se llamaba Juan Cruz, sabemos que falleció, y el responsable del operativo nuestro era Juan Luis Alvez, que entonces era capitán. Después de aquel desfile, vino la pesadilla.
-¿Volvieron a torturarlos?
LP *En forma salvaje. Fue horrible. Nos sacaron y nos hicieron picana, submarino, plantón, golpes... todo lo que puedas imaginar.
MF *Eso fue gratuito... Para entonces no había nada específico que preguntar ni que averiguar. Sólo se hizo para darle el gusto al Goyo Alvarez y Pedro Buzzó. Este era temible entre los compañeros del MLN o el PCU que habían caído, porque era sanguinario. Era un teniente profesionalizado en la tortura. Al punto que volvíamos de la tortura destrozados y hasta con verdaderos ataques de histeria por la saña del trato. Para nosotros el
nombre de Pedro Buzzó simboliza el terror...
LP *Buzzó fue el terror, sí, pero el Goyo Alvarez fue el responsable.
-¿Ahí no terminó la pesadilla, no?
LP *Hubo más, sí... un día de esos, nos llevaron al médico. Estaban los doctores Hugo Díaz Sagrelo y José Cúneo. Nos fueron llevando de a una, pero no nos devolvían a la barraca, lo que generaba incertidumbre a las que iban quedando.
Yo estaba en el medio de la cuadra y varias habían ido antes. Cuando me llegó el turno, me hicieron poner la capucha y pregunté: "¿A dónde nos están llevando?"... "No te preocupes *me contestaron- te van a hacer una pequeña intervención. A las otras ya se la hicieron"...
-¿Qué tipo de intervención?
LP -...Me llevaron a la enfermería. Allí estaban los dos médicos con guantes. Nos hicieron un tacto vaginal. Por eso nos iban dejando allí paradas, después de hacernos eso, para que no transmitiéramos lo que nos estaban haciendo...
-¿Un tacto a adolescentes?
LP *Nosotras tampoco entendíamos por qué nos hacían eso... Lo supimos al otro día cuando comenzaron a darnos inyecciones de penicilina. Nos las daban en medio de la barraca, delante de la tropa...
MF *De ese modo pudieron argumentar que teníamos enfermedades venéreas. Como la peligrosidad nuestra ya había dejado de existir desde el punto de vista político, nos convirtieron en un grupo de depravados...
Después nos enteramos de lo que habían difundido afuera. Nosotros adentro no
sabíamos lo que estaba pasando.
-¿Por qué algo semejante...?
MF *Creo que porque lo que pasaba ya tenía mal a todos, dentro y fuera del cuartel. Treinta y Tres es un pueblo chico donde todos nos conocemos, entre ellos los propios milicos. La propia tropa estaba harta y cansada de ver lo que nos hacían y no podían justificar la razón por la que ellos mismos nos estaban torturando. Para ellos una cosa eran los tupamaros y otra estos jóvenes a los que ellos veían todos los días.
LP *Muchos de ellos eran nuestros compañeros del liceo. Los que nos cruzábamos en un baile o en la plaza. Incluso podían ser nuestros amigos, de charlar en los recreos...
-¿Los condenaban moralmente ante aquella sociedad conservadora?
MF *Para poder justificarse generan esa patraña de un comunicado público que salió en el diario El País. Era una manera de no ponernos ante otro tipo de autoridad, como ser un juez de menores. Estábamos detenidos bajo orden militar y la patria potestad de nuestros padres no estaba siendo ejercida por nadie. Ese fue otro error de ellos. Nosotros siendo menoresfuimos sometidos por la Justicia Militar.
-¿Cuánto tiempo permanecen detenidos?
LP *Permanecimos en el cuartel hasta mediados de mayo, cuando una madrugada viaja desde Montevideo un juez militar para tomarnos declaración en el cuartel. Después de eso, liberaron a los seis chiquilines que tenían 13 y 14 años de edad. Habían estado un mes detenidos.
-¿Y el resto?
LP *Quedamos los de 15 a 18 años hasta que, poco después, en otra madrugada, nos hicieron levantar de apuro, al grito de "Junten sus cosas, junten sus cosas que se van". Allí nos sacaron al resto de los menores de 17 años. Ocho mujeres y cinco varones, fuimos encapuchados y, con las manos atadas con alambre, metidos en un camión sin saber a dónde nos llevaban...
Ibamos con soldados armados y junto a nosotros un mayor de edad también encapuchado, muy enfermo, con los pies muy hinchados que nunca supimos quién era... Viajamos varias horas, demasiadas para gente del Interior, y, ya de día, nos dimos cuenta que habíamos llegado a Montevideo, cuando bajaron a este hombre, que venía muy mal, en el Hospital Militar.
-¿A dónde los llevaron a ustedes?
LP *Nos llevaron a una casa y nos tiraron ahí. Nunca nos explicaron nada. No sabíamos dónde estábamos. En ese lugar nos empiezan a hacer una ficha. Nos llevan a unos baños, nos hacen ducharnos y ponernos otras ropas que no eran las nuestras. Las cosas nuestras las juntaron y las ponían en sobres y en unos canastos. Nos encierran en unas piezas con camas... recién entonces nos comunican que estábamos en una dependencia de lo que en aquella época era el Consejo del Niño: el Hogar Femenino Nº 2 de la calle Yaguarón y
Cerro Largo.
-¿Qué ocurrió con los cinco varones?
MF *Los internaron en el "Alvarez Cortez".
LP *A partir de entonces, al no estar los milicos, las cosas fueron diferentes. Nosotros éramos totalmente inconscientes de lo que nos habían hecho. Las limpiadoras nos tenían miedo. Recién allí nos enteramos de lo que habían dicho en el famoso comunicado público.
-¿Cómo sigue esta pesadilla?
MF *Con el tiempo nosotros supimos que el caso nuestro generó discrepancias internas entre los militares. Por un lado al capitán Alvez lo llegaron a ascender por nuestro operativo, pero a la vez hubo entredichos con Pedro Buzzó y Gregorio Alvarez, porque para ellos aquella salvaje tortura había sido de más. Para justificar lo ocurrido el 19 de abril fue que elaboraron toda esta historia de las enfermedades venéreas. Fue la única forma de explicar que tenían a un manojo de menores de edad, que no habían cometido delito alguno, al que detuvieron y torturaron.
LP *Aquello había sido muy fuerte para los vecinos de Treinta y Tres.
Hubo gente que llegó al cuartel para preguntar de dónde salía ese llanto en las noches. Hubo tupamaras presas en aquel cuartel que llegaron a pedir que las torturaran a ellas, pero dejaran tranquilos a aquellos niños.
-¿Cuánto tiempo estuvieron en el Consejo del Niño?
MF *Siete meses internados. Se nos liberó por orden de la Justicia Militar aunque no hubo una causa o un proceso... Pero se encargaron de que sufriéramos un poquito más todavía: nos suspendieron de todas las instituciones de enseñanza, pública o privada, para que no pudiéramos estudiar mientras existiera la dictadura. Y así ocurrió.
-¿Pudieron terminar los estudios cuando volvió la democracia diez años después?
MF *Yo pude terminar el bachillerato, hice algunos años de psicología y dejé en segundo de Derecho. Abandoné porque no podía reencauzarme. Ya era demasiado adulta, tenía un matrimonio, un trabajo y no pude terminar.
LP *Yo volví al liceo, cuando mi hijo ya era más grande. Hoy estoy preparando mi tesis para recibirme de socióloga.
-¿Por qué hacen esta denuncia pública ahora?
MF *De alguna forma siempre lo hicimos. A la salida de la dictadura dimos nuestro testimonio ante el Tribunal de Etica Médica y en 1995 volvimos a declarar cuando alguno de los que nos torturaron necesitaban venia parlamentaria para sus ascensos...
LP *Pero nunca habíamos podido contar todo esto en realidad. Como madre, hoy veo aquello como algo brutal y no quiero que le vuelva a pasar a ningún adolescente bajo ninguna circunstancia. Es por mi hijo que hablo, pido justicia y reparación moral, para que la sociedad en su conjunto tome conciencia y defienda a sus niños en un tiempo en que, sin llegar a lo macabro de lo que vivimos, siguen sin ser protegidos.
-¿Qué sienten cuando ven hoy al general Gregorio Alvarez en actos
oficiales en los que un ministro de Defensa y un comandante en jefe
consideran un honor su presencia?
MF *Me enferma y me lleva a hablar. En su momento, al volver la democracia nuestra organización nos pidió que no habláramos en pro de otras prioridades. Pero hoy, el silencio público sería cómplice. Aunque ya hemos declarado, en su momento, ante organizaciones de derechos humanos, comisiones parlamentarias y dirigentes políticos, hoy debe señalarse a los responsables del dolor que aún existe en la base de una sociedad que desconoce lo que realmente ocurrió. Se habla de la subversión y su represión, pero no se recuerda que también hubo violaciones a los derechos humanos sobre niños. Quiero tener los ojos en la nunca para no olvidar y decirlo para que no se olvide.
LP *Ver al Goyo Alvarez en la televisión o en la calle, me subleva. El fue el responsable de esto que nos ocurrió. El pudo decir "Basta, no se tortura más" y no lo hizo. Eso es lo que quiero que se sepa: que Gregorio Alvarez es un torturador de niños. *
Hablan dos víctimas de una terrible represión y una perversa mentira
consumadas por la dictadura en abril de 1975
Miércoles 14 de abril de 2004 |La República (tomado de Dossier publicado por el Blog "El Muerto")
Mabel Fleitas Marini tiene hoy 46 años y Liliana Pertuy Franco cumple en estos días 45 años. Tenían entonces 17 y 15 años y vivían en la ciudad de Treinta y Tres. Fueron detenidas, torturadas salvajemente y humilladas durante un mes en un cuartel, antes de terminar internadas durante siete meses en una dependencia del Consejo del Niño. Hasta finalizada la dictadura
no les dejaron volver a estudiar.
Una historia oculta que sale a luz. Mabel Fleitas Marini y Liliana Pertuy Franco relatan el infierno que les tocó vivir en la ciudad de Treinta y Tres en 1975.
ROGER RODRIGUEZ
El miércoles 30 de abril de 1975, en el diario El País, se publicó un comunicado de prensa que el Comando General del Ejército había dado a conocer esa misma madrugada: "Marxismo: única meta de la destrucción moral" titulaba el periódico, que agregaba: "Descubren campamento: prostituían a más de 60 jóvenes".
El comunicado de la dictadura recordaba que desde la ilegalización de los "partidos políticos marxistas" en 1973 existía una organización clandestina llamada Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que pretendía nuclear a menores de edad "para prepararlas política y funcionalmente a cumplir tareas que el marxismo internacional determina a nivel nacional".
La información oficial explicaba que se había realizado la detención de 25 menores de edad en la ciudad de Treinta y Tres, a los cuales se les sindicaba como militantes de la UJC, quienes -según "actas labradas", se aducía- habían convivido en un campamento en La Esmeralda, en La Coronilla.
"Convivieron en tres cobertizos de tablas arrojadas por el mar y ramas, de reducidas dimensiones, más de 20 jóvenes de ambos sexos en completa promiscuidad y en el cual los cambios de parejas en hábitos sexuales eran usuales. En tal ambiente, donde se ha rebasado largamente las barreras, no sólo de la moral, sino también de la más elemental higiene sexual, no resulta extraño que cinco jovencitas cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años contrajeran enfermedades venéreas", acusaba el comunicado.
Diez días antes, el 20 de abril, el presidente de facto Juan María Bordaberry había divulgado su proyecto constitucional para la formación de un "Nuevo Estado" que preservara los "valores sustanciales" de un régimen sustentado en el poder de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día el general Esteban Cristi daba a conocer el plan de obras de aquel "Año de la Orientalidad". Ese mes, Peñarol le ganaba a Nacional el clásico 100, con goles de Daniel Quevedo y Fernando Morena, y descuento de Darío Pereyra. El general Gregorio Alvarez comandaba la División de Ejército IV y esperaba su tiempo de ser dictador.
Exactamente veintinueve años después, cuando el mismo general Alvarez aparece en televisión como "invitado de honor" de actos de gobierno, dos de aquellas detenidas de la UJC en 1975 rompen su silencio para contar a LA REPUBLICA la verdad de una historia horrenda, que durante mucho tiempo permaneció oculta entre otras falsedades del régimen militar.
"¡Rojo Once! ¡Rojo Once!": el plantón...
-¿Qué había pasado antes de abril de aquel 1975? ¿Qué contexto enmarcó aquella salvaje represión en Treinta y Tres?
LP *Se había producido un cambio en la dictadura...
MF *El régimen había comenzado a reprimir en particular al Partido Comunista, a la UJC de Montevideo y de todos los departamentos. Por lo tanto, estábamos en la mira. Fue en el marco de los seguimientos que se
produjo lo nuestro. Un compañero nuestro de Montevideo cayó cuando volvía de Treinta y Tres, con datos precisos de todos nosotros. No se tuvieron que esforzar para saber quiénes éramos.
LP *Había antecedentes de golpes recibidos en el Interior, pero nunca como lo que ocurrió en Treinta y Tres, con un operativo coordinado simultáneo, que entre el sábado 12 y el domingo 13 de abril implicó la detención de 38 jóvenes y varios mayores del Partido Comunista, de otros grupos del Frente Amplio y hasta amigos o familiares que nada tenían que ver con nada.
-¿Cómo se produjo su detención?
LP *Aquel sábado, a eso de las dos de la tarde, yo iba para la casa de Mabel a estudiar. Llevaba abrazados mis libros y la túnica doblada, porque después teníamos que ir al Liceo. Había caminado unas cinco cuadras desde mi casa por la calle Pantaleón Artigas, cuando veo venir un jeep del Ejército que se para en la bocacalle siguiente, que se llama Miguel Freire, cerrándome el paso. Quedé sorprendida y cuando miré a mis espaldas para ver
qué pasaba, otro jeep hacía lo mismo detrás. Habían cerrado la cuadra... y yo era la única que iba caminando.
-¿Le dijeron algo o simplemente la agarraron?
LP *Me dijeron: ¿Liliana Pertui? Yo dije: ¿Sí? Me agarraron de un brazo y me subieron al jeep. Fue un secuestro. Todo ocurrió frente a la casa de unos conocidos de mi familia que salieron afuera porque no entendían qué pasaba. De ahí me llevaron al cuartel, que está ubicado en la calle Ramón Ortiz, en plena ciudad, cerca de la estación de trenes.
-¿La llevaron directamente al cuartel?
LP *Sí. Debo decir que tenía mucho miedo, obviamente, porque con 15 años o cualquier edad uno tiene miedo. Cuando llegué pensaba que era la única. Me dije que no iba a pasar nada, pero al ratito siento que abren el portón y dicen "¡Rojo Once! ¡Rojo Once!"... Yo no entendía nada. Me llevan a una pieza, me sacan todas mis cosas, quedo con lo puesto, me encapuchan y me ponen en otra pieza donde llego a ver en un sillón a la madre de Mabel, y en una esquina a Carmen, la hermana de mi amiga. No logro ver a quien está en la otra esquina. A mí me ponen en la esquina vacía. Ahí comprendí que no era yo sola.
-¿Se dijeron algo entre ustedes?
LP -No podíamos hablar entre nosotras, estábamos incomunicadas, pero cada tanto volvíamos a sentir el portón y el grito de "¡Rojo Once! ¡Rojo Once!"... Eso me daba la pauta de que éramos muchos los que íbamos cayendo.
-¿Qué pasó después?
LP *Al rato nos sacan al patio para la tortura del plantón. Ahí nos dejaron toda la noche, con las piernas separadas y extendidas, los brazos cruzados detrás de la nuca, y golpes si te movías, si se te caían los brazos o si, porque no aguantabas más, te caías. Esa noche éramos un montón. Todos chiquilines. Empecé a reconocer voces y llantos. Porque muchos empezaron a llorar y a gritar por sus madres. A la mañana siguiente, cuando ya
llevábamos unas 18 horas de plantón me caí y supongo que me desmayé, no recuerdo, pero para darme agua me levantaron un poco la capucha y pude ver que el patio estaba lleno de gente
38 detenidos, 29 de entre 13 y 17 años
-¿Cómo vivieron ese día los que todavía no habían sido detenidos?
MF *El día 12 de abril estábamos todos en mi casa: mis padres, mis hermanos y amigos. Somos una familia numerosa. De pronto, en frente, se detiene un jeep. Una amiga avisa: "¡Los milicos!" y mi hermana mayor y yo escapamos por la puerta de atrás. Así como frenaron, bajaron en tropel y entraron en la casa. En ese operativo se llevan a mi madre, que no estaba vinculada a ningún partido político, y a dos hermanas de 15 y 13 años.
Carmen y yo, que teníamos 18 y 17 años respectivamente, nos fuimos, porque pensamos que las otras eran menores y estábamos más vinculadas a nuestra organización.
-¿Qué hicieron?
MF -Salimos y caminamos sin ton ni son, por las orillas del pueblo, especulando qué hacíamos. Primero pensamos en salir del departamento, pero después volvimos a casa de unos amigos, hasta que llegó un familiar y nos confirmó que se habían llevado a mi madre y mis hermanas menores. Contó que habían hecho destrozos en la casa, levantado pisos y todo lo regular de los allanamientos. Ahí decidimos, fatídicamente, que Carmen volviera y yo quedara para regresar después y hacerme cargo de las dos hermanitas menores que tenían 7 y 8 años, porque mi padre tampoco estaba en la casa.
-Supongo que en la casa habrían montado una "ratonera"...
MF *Sí, y detienen a Carmen. Ella había vuelto para que liberaran a mi madre y mis hermanas menores, pero eso no ocurrió. Me enteré de eso y no volví hasta que un vecino me informó que se habían retirado. Obviamente, al quedarnos allí, a la mañana siguiente, sobre las ocho, golpearon la puerta y me detuvieron junto a una prima hermana que ahora está radicada en Dinamarca, pero que también estuvo presa. Nuestras madres nada tenían que ver, éramos nosotros los militantes de un grupo que sabíamos clandestino pero que no tenía ninguna fuerza ni poder para hacer nada supuestamente siniestro en el departamento. Eramos un grupo de jóvenes con absoluta inocencia del hecho que estábamos viviendo. Siempre digo que más allá de lo cruel de la tortura a la que nos sometieron como si fuéramos adultos, lo más terrible del caso fue perder el respeto por el significado de la palabra adulto, porque nos sentimos agredidos por ellos, cuando éramos simples
jóvenes a la intemperie.
-¿Cómo terminó aquel fin de semana de detenciones?
MF *Al finalizar el domingo habíamos caído 38 jóvenes, de los cuales 29 apenas teníamos entre 13 y 17 años. Sólo nueve eran, con 18 años, mayores de edad. Teníamos respeto como organización y quizás más fuerza de acción que el propio Partido, por la incidencia que teníamos en sectores sociales, en grupos barriales o en el propio liceo, donde realizábamos nuestra mayor actividad.
-¿Desde entonces quedaron todos en un mismo grupo?
LP *Sí. Nosotros en el cuartel y ellos volviendo a nuestras casas para buscar no sé qué cosa. A mi casa fueron varias veces. Rompieron hasta los colchones. Como la Gestapo en las películas de la guerra (se ríe nerviosa)... Se llevaron también a mis hermanas de 14 y 13 años, a mi primo de 15 y a mi madre que en un momento los miró y les dijo: "¡Basta!... ya me llevaron todo, ya rompieron todo". El resultado fue que le dijeron: "Venga también usted, señora".
MF *Pasaron cosas hasta cómicas. A nuestras madres les pusieron carteles para identificarlas: "Madre de Fulano", "Madre de Mengano", para señalarlas por el nombre de los responsables de que estuvieran allí adentro.
Torturados para darle el gusto al Goyo
-¿Cómo transitan los días posteriores?
LP *Estuvimos en la tortura... No tuvimos ningún trato especial por ser menores, en cuanto a la lógica de la represión de las Fuerzas Armadas. El tratamiento clásico: plantón, palizas, golpes fuertes en la cabeza, con las palmas de la mano en las orejas, lo que llamaban "soplamocos", "submarino" y a algunos hasta les dieron picana. Después, la tortura psicológica en forma permanente...
-¿Cuánto tiempo dura eso?
MF *Eso dura unos cuantos días. Entre el 12 y el 17 de abril...
LP *Hasta el 17 dura lo que llamaban la "máquina".
-¿Les preguntaban algo especial?
LP *Ellos ya sabían todo. Ese es el tema. Nosotros caemos porque hay una lista. Nos detuvieron a todos entre el 12 y el 13 de abril. En aquella época uno lo veía de otra manera. Hoy lo miro como madre de un adolescente de 15 años y me doy cuenta lo brutal que fue aquello. Nos torturaron por el solo hecho de torturarnos, porque ellos ya tenían toda la información (se angustia y sus ojos brillan de lágrimas) ¿Te das cuenta?
-¿Qué ocurrió después del 17 de abril?
LP *Nos llevaron para lo que llamaban la "cuadra": un galpón muy largo, con camas. Una especie de barraca dividida por un muro. De un lado quedamos las mujeres y del otro los varones. Ahí ya nos habían colocado junto a los mayores, a adultos que también habían sido detenidos en los días siguientes. Gente del Partido Comunista, del Partido Socialista y de otros grupos. Pero todo había comenzado con el operativo contra la UJC.
-¿Qué ocurría en la "cuadra"?
LP *Ahí pareció que todo aflojaba. Nos dejaron bañar, nos dieron comida. Creíamos que lo peor había terminado... pero llegó el 19 de abril.
-Una fecha patria...
LP *Sí. Treinta y Tres se llama así por los 33 Orientales, su plaza principal se llama 19 de Abril. Todas las calles de la ciudad llevan el nombre de uno de los libertadores. Eso hace que allí el desfile del 19 de abril es algo muy importante, y más en plena dictadura.
-¿Qué ocurrió?
LP *A ese desfile llegó el general Gregorio Alvarez, que era el comandante de la División de Ejército IV. El jefe del cuartel, el Batallón 10º de Infantería, se llamaba Juan Cruz, sabemos que falleció, y el responsable del operativo nuestro era Juan Luis Alvez, que entonces era capitán. Después de aquel desfile, vino la pesadilla.
-¿Volvieron a torturarlos?
LP *En forma salvaje. Fue horrible. Nos sacaron y nos hicieron picana, submarino, plantón, golpes... todo lo que puedas imaginar.
MF *Eso fue gratuito... Para entonces no había nada específico que preguntar ni que averiguar. Sólo se hizo para darle el gusto al Goyo Alvarez y Pedro Buzzó. Este era temible entre los compañeros del MLN o el PCU que habían caído, porque era sanguinario. Era un teniente profesionalizado en la tortura. Al punto que volvíamos de la tortura destrozados y hasta con verdaderos ataques de histeria por la saña del trato. Para nosotros el
nombre de Pedro Buzzó simboliza el terror...
LP *Buzzó fue el terror, sí, pero el Goyo Alvarez fue el responsable.
El tacto: justificar una condena moral
-¿Ahí no terminó la pesadilla, no?
LP *Hubo más, sí... un día de esos, nos llevaron al médico. Estaban los doctores Hugo Díaz Sagrelo y José Cúneo. Nos fueron llevando de a una, pero no nos devolvían a la barraca, lo que generaba incertidumbre a las que iban quedando.
Yo estaba en el medio de la cuadra y varias habían ido antes. Cuando me llegó el turno, me hicieron poner la capucha y pregunté: "¿A dónde nos están llevando?"... "No te preocupes *me contestaron- te van a hacer una pequeña intervención. A las otras ya se la hicieron"...
-¿Qué tipo de intervención?
LP -...Me llevaron a la enfermería. Allí estaban los dos médicos con guantes. Nos hicieron un tacto vaginal. Por eso nos iban dejando allí paradas, después de hacernos eso, para que no transmitiéramos lo que nos estaban haciendo...
-¿Un tacto a adolescentes?
LP *Nosotras tampoco entendíamos por qué nos hacían eso... Lo supimos al otro día cuando comenzaron a darnos inyecciones de penicilina. Nos las daban en medio de la barraca, delante de la tropa...
MF *De ese modo pudieron argumentar que teníamos enfermedades venéreas. Como la peligrosidad nuestra ya había dejado de existir desde el punto de vista político, nos convirtieron en un grupo de depravados...
Después nos enteramos de lo que habían difundido afuera. Nosotros adentro no
sabíamos lo que estaba pasando.
-¿Por qué algo semejante...?
MF *Creo que porque lo que pasaba ya tenía mal a todos, dentro y fuera del cuartel. Treinta y Tres es un pueblo chico donde todos nos conocemos, entre ellos los propios milicos. La propia tropa estaba harta y cansada de ver lo que nos hacían y no podían justificar la razón por la que ellos mismos nos estaban torturando. Para ellos una cosa eran los tupamaros y otra estos jóvenes a los que ellos veían todos los días.
LP *Muchos de ellos eran nuestros compañeros del liceo. Los que nos cruzábamos en un baile o en la plaza. Incluso podían ser nuestros amigos, de charlar en los recreos...
-¿Los condenaban moralmente ante aquella sociedad conservadora?
MF *Para poder justificarse generan esa patraña de un comunicado público que salió en el diario El País. Era una manera de no ponernos ante otro tipo de autoridad, como ser un juez de menores. Estábamos detenidos bajo orden militar y la patria potestad de nuestros padres no estaba siendo ejercida por nadie. Ese fue otro error de ellos. Nosotros siendo menoresfuimos sometidos por la Justicia Militar.
-¿Cuánto tiempo permanecen detenidos?
LP *Permanecimos en el cuartel hasta mediados de mayo, cuando una madrugada viaja desde Montevideo un juez militar para tomarnos declaración en el cuartel. Después de eso, liberaron a los seis chiquilines que tenían 13 y 14 años de edad. Habían estado un mes detenidos.
-¿Y el resto?
LP *Quedamos los de 15 a 18 años hasta que, poco después, en otra madrugada, nos hicieron levantar de apuro, al grito de "Junten sus cosas, junten sus cosas que se van". Allí nos sacaron al resto de los menores de 17 años. Ocho mujeres y cinco varones, fuimos encapuchados y, con las manos atadas con alambre, metidos en un camión sin saber a dónde nos llevaban...
Ibamos con soldados armados y junto a nosotros un mayor de edad también encapuchado, muy enfermo, con los pies muy hinchados que nunca supimos quién era... Viajamos varias horas, demasiadas para gente del Interior, y, ya de día, nos dimos cuenta que habíamos llegado a Montevideo, cuando bajaron a este hombre, que venía muy mal, en el Hospital Militar.
Siete meses internados en el Consejo del Niño
-¿A dónde los llevaron a ustedes?
LP *Nos llevaron a una casa y nos tiraron ahí. Nunca nos explicaron nada. No sabíamos dónde estábamos. En ese lugar nos empiezan a hacer una ficha. Nos llevan a unos baños, nos hacen ducharnos y ponernos otras ropas que no eran las nuestras. Las cosas nuestras las juntaron y las ponían en sobres y en unos canastos. Nos encierran en unas piezas con camas... recién entonces nos comunican que estábamos en una dependencia de lo que en aquella época era el Consejo del Niño: el Hogar Femenino Nº 2 de la calle Yaguarón y
Cerro Largo.
-¿Qué ocurrió con los cinco varones?
MF *Los internaron en el "Alvarez Cortez".
LP *A partir de entonces, al no estar los milicos, las cosas fueron diferentes. Nosotros éramos totalmente inconscientes de lo que nos habían hecho. Las limpiadoras nos tenían miedo. Recién allí nos enteramos de lo que habían dicho en el famoso comunicado público.
-¿Cómo sigue esta pesadilla?
MF *Con el tiempo nosotros supimos que el caso nuestro generó discrepancias internas entre los militares. Por un lado al capitán Alvez lo llegaron a ascender por nuestro operativo, pero a la vez hubo entredichos con Pedro Buzzó y Gregorio Alvarez, porque para ellos aquella salvaje tortura había sido de más. Para justificar lo ocurrido el 19 de abril fue que elaboraron toda esta historia de las enfermedades venéreas. Fue la única forma de explicar que tenían a un manojo de menores de edad, que no habían cometido delito alguno, al que detuvieron y torturaron.
LP *Aquello había sido muy fuerte para los vecinos de Treinta y Tres.
Hubo gente que llegó al cuartel para preguntar de dónde salía ese llanto en las noches. Hubo tupamaras presas en aquel cuartel que llegaron a pedir que las torturaran a ellas, pero dejaran tranquilos a aquellos niños.
-¿Cuánto tiempo estuvieron en el Consejo del Niño?
MF *Siete meses internados. Se nos liberó por orden de la Justicia Militar aunque no hubo una causa o un proceso... Pero se encargaron de que sufriéramos un poquito más todavía: nos suspendieron de todas las instituciones de enseñanza, pública o privada, para que no pudiéramos estudiar mientras existiera la dictadura. Y así ocurrió.
-¿Pudieron terminar los estudios cuando volvió la democracia diez años después?
MF *Yo pude terminar el bachillerato, hice algunos años de psicología y dejé en segundo de Derecho. Abandoné porque no podía reencauzarme. Ya era demasiado adulta, tenía un matrimonio, un trabajo y no pude terminar.
LP *Yo volví al liceo, cuando mi hijo ya era más grande. Hoy estoy preparando mi tesis para recibirme de socióloga.
-¿Por qué hacen esta denuncia pública ahora?
MF *De alguna forma siempre lo hicimos. A la salida de la dictadura dimos nuestro testimonio ante el Tribunal de Etica Médica y en 1995 volvimos a declarar cuando alguno de los que nos torturaron necesitaban venia parlamentaria para sus ascensos...
LP *Pero nunca habíamos podido contar todo esto en realidad. Como madre, hoy veo aquello como algo brutal y no quiero que le vuelva a pasar a ningún adolescente bajo ninguna circunstancia. Es por mi hijo que hablo, pido justicia y reparación moral, para que la sociedad en su conjunto tome conciencia y defienda a sus niños en un tiempo en que, sin llegar a lo macabro de lo que vivimos, siguen sin ser protegidos.
-¿Qué sienten cuando ven hoy al general Gregorio Alvarez en actos
oficiales en los que un ministro de Defensa y un comandante en jefe
consideran un honor su presencia?
MF *Me enferma y me lleva a hablar. En su momento, al volver la democracia nuestra organización nos pidió que no habláramos en pro de otras prioridades. Pero hoy, el silencio público sería cómplice. Aunque ya hemos declarado, en su momento, ante organizaciones de derechos humanos, comisiones parlamentarias y dirigentes políticos, hoy debe señalarse a los responsables del dolor que aún existe en la base de una sociedad que desconoce lo que realmente ocurrió. Se habla de la subversión y su represión, pero no se recuerda que también hubo violaciones a los derechos humanos sobre niños. Quiero tener los ojos en la nunca para no olvidar y decirlo para que no se olvide.
LP *Ver al Goyo Alvarez en la televisión o en la calle, me subleva. El fue el responsable de esto que nos ocurrió. El pudo decir "Basta, no se tortura más" y no lo hizo. Eso es lo que quiero que se sepa: que Gregorio Alvarez es un torturador de niños. *
Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
Economía - DESAPRECIDOS
Justicia procesó a militares en caso Gelman y llueven más denuncias
Sin ley de Caducidad surgen nuevos casos pero tienen futuro incierto
+ - 29.10.2011, 06:00 hs - ACTUALIZADO 08:08 Texto:El Observador
Una semana después del hallazgo de nuevos restos óseos y un día después de promulgada la ley que eliminó la prescripción de los delitos de la dictadura y restableció la pretensión punitiva del Estado, la Justicia dispuso cinco procesamientos por el secuestro y muerte de María Claudia García de Gelman. Al mismo tiempo, comenzaron a llover las denuncias ante los juzgados. Pero todas ellas tienen un futuro incierto.
El juez penal Pedro Salazar dispuso ayer el procesamiento con prisión de los militares retirados José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y el policía retirado Ricardo Medina por la de-saparición de García de Gelman. A todos les imputó el delito de “coautoría de homicidio muy especialmente agravado”. Salazar no hizo lugar al pedido del fiscal Ariel Cancela de tipificar desaparición forzada, por el impedimento de hacer retroactiva la ley penal. Los oficiales ya se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena por otros delitos.
Asimismo, pidió la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, radicado en Brasil. El magistrado no hizo lugar al pedido de procesamiento de los policías retirados Luis Maurente y José Sande Lima.
En el auto de procesamiento al que accedió El Observador, el juez explicó que ante la falta de datos de la dictadura, las declaraciones testimoniales se “constituyen en el medio probatorio por excelencia”.
A futuro
Las investigaciones futuras dependerán de cómo cada juez aplique la ley promulgada el jueves por el presidente José Mujica y el decreto del Poder Ejecutivo que desarchivó decenas de causas. También incidirá en el futuro de las nuevas causas si la Suprema Corte de Justicia hace lugar o no a los recursos que los militares retirados ya anunciaron que interpondrán, por entender que la nueva norma es inconstitucional.
Por otro lado, el fiscal Cancela solicitó que sean reabiertos una decena de expedientes relativos a hechos ocurridos entre 1986 y 1987. Lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo del 1º de julio de este año.
En esa norma, Mujica dispuso la revocación de todos los actos administrativos de los gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez, en los que se ordenó archivar las investigaciones
De todos modos, la reapertura da el puntapié inicial a un largo proceso en el cual el magistrado actuante deberá chequear si estos hechos fueron investigados en otros expedientes. Además, dado que se denuncian hechos y no personas, la Justicia deberá solicitar información al Estado sobre quién revestía cargos jerárquicos en las unidades militares y policiales de la época. También deben ser localizadas las personas que en su momento formularon las denuncias.
Denuncia de ex presas
A estos casos se suman otras 28 denuncias efectuadas por ex presas políticas, representadas legalmente por el ex juez Federico Álvarez Petraglia. Se trata de mujeres que al momento de su detención eran militantes de distintos partidos políticos y gremios. Denuncian que fueron torturadas y sufrieron abuso sexual.
Según el escrito, los militares cometieron delitos tales como “violencia sexual, violación, desnudez,”, así como torturas del tipo “plantones, picana y submarino”.
En la denuncia se solicita que sean indagados 109 militares y policías retirados, entre ellos algunos ya procesados en otras causas, como Silveira, Gavazzo, Vázquez, Miguel Dalmao, Maurente y Cordero. También se denuncia a todos los oficiales y suboficiales que en dictadura cumplían funciones en el penal de Punta de Rieles, La Tablada, Punta Gorda, Cárcel del Pueblo, hospital Militar y La Paloma.
Desde cero
Además de estas causas, el abogado Pablo Chargoñia presentó en las últimas dos semanas dos denuncias. Una de ellas –a estudio del juez Carlos García y el fiscal Cancela– refiere a 50 casos de torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Las víctimas son personas que en dictadura tenían 19 o 20 años e integraban la Unión de Juventudes Comunistas.
La otra denuncia, en manos del juez Pedro Salazar y la fiscal Mirtha Guianze, refiere a 30 secuestros y torturas en el centro de torturas 300 Carlos, ubicado en el Batallón Nº 13 de camino Instrucciones.
Ambas denuncias refieren a hechos que ocurrieron durante todo el período dictatorial (1973-1985).
Chargoñia reconoció a El Observador que si los jueces aplican la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado “es muy probable que los militares apliquen excepciones de inconstitucionalidad”, y así las indagatorias se dilatarían.
Asimismo, familiares de de-saparecidos, ex presos políticos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a un centenar de ex militares, ex policías y civiles, para que sean juzgados por su participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Procuran sortear los recursos que los ex oficiales presentarán contra la ley promulgada este jueves.
Actitudes (6)
LA JUSTICIA URUGUAYA AVANZO EN LA INVESTIGACION SOBRE EL ASESINATO DE MARIA CLAUDIA GARCIA DE GELMAN
Cinco procesados por el caso Gelman
María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976.
De: Pagina 12
Los acusados, que ya fueron condenados por otra causa, fueron considerados “coautores de homicidio muy especialmente agravado”. La medida se concretó luego de que el Congreso uruguayo declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
Un día después de que el Congreso de Uruguay declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la Justicia de ese país ordenó el procesamiento de cinco militares retirados acusados del homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, que nació en el Hospital Militar de Montevideo mientras su madre estaba en cautiverio, fue apropiada por los represores y criada por un policía uruguayo retirado. Recién supo su verdadera identidad hace once años.
El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.
La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.
María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.
Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.
Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman (ver aparte).
Actitudes (7)El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.
La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.
María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.
Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.
Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman (ver aparte).
PIDEN LA ELEVACION A JUICIO DE CUATRO REPRESORES DE EL VESUBIO
Otro juicio que se aproxima
La medida involucra a los coroneles retirados Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis y al ex penitenciario Néstor Norberto Cendón, que están acusados por más de doscientos secuestros y tormentos. Siete represores de El Vesubio fueron condenados en julio de este año.
De: Pagina 12
A tres meses de las primeras condenas por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino El Vesubio, el fiscal federal Federico Delgado solicitó ayer la elevación a juicio de otros cuatro imputados. El pedido, que ahora está en manos del juez federal Daniel Rafecas, incluye a los coroneles retirados Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y al ex penitenciario Néstor Norberto Cendón, que están acusados por más de doscientos secuestros y tormentos.
El 14 de julio, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a prisión perpetua al general Héctor Gamen y al coronel Hugo Pascarelli. Un mes después, les concedió el arresto domiciliario, que Pascarelli violó al salir en el auto de su hijo sin autorización. El fiscal federal Félix Crous y el CELS, advertidos por el Patronato de Liberados, pidieron la revocación del privilegio y el traslado a una cárcel, reclamo que esta semana rechazaron los jueces Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabal, con disidencia de Leopoldo Bruglia. El TOF4 también condenó a los ex penitenciarios José Néstor Maidana a 22 años y medio de prisión, a Diego Salvador Chemes a 21 años y medio, a Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán a 20 años y medio, y a Roberto Carlos Zeolitti a 18 años. Murió antes de la condena y en libertad el ex jefe del centro clandestino, Pedro Durán Sáenz.
El Vesubio estaba ubicado en la intersección de la Autopista Riccheri y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, y fue demolido antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979. El fiscal Delgado recordó que “en el marco de la distribución geográfica del terror” en zonas, subzonas y áreas, El Vesubio era parte de la Subzona 11, a cargo del fallecido general Adolfo Sigwald, a quien sucedió Juan Bautista Sasiaiñ. Minicucci fue en 1977 jefe del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, del que dependía el centro clandestino. En 1978 fue reemplazado por Svencionis. En el regimiento funcionaba la “central de reunión de información” encabezada por Crespi, a la que pertenecían los interrogadores a cargo de las sesiones de tortura. Cendón, alias Néstor Castro, suboficial de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, actuó como guardia e integró los grupos de tareas.
“La práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror”, sostuvo Delgado en su escrito de 76 carillas. “Al apelar a diversos métodos –que no se reducían al uso de instrumentos emblemáticos de suplicios– los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas”, destacó. “En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sin razón sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso, porque ésta es la forma más eficaz de suprimir al otro”, explicó. Tras el detalle de víctimas y delitos, el fiscal concluyó que “la norma material fue el desarrollo de una ordenada, jerárquica e ilegal maquinaria debidamente aceitada para cumplir acabadamente con el cometido fijado: el aniquilamiento del oponente a un precio conocido de antemano por todos los integrantes de la estructura”.
Y...Actitudes (8)a contramano,"compensando"a los asesinos por la
imprescritibilidad
MPP insistirá con proyecto de liberación a exmilitares
29.10.2011 | 11.57 El Espectador
La senadora Lucía Topolansky dijo que planteará que los mayores de 70 años puedan ser liberados, un pensamiento que comparte con el presidente porque "no es bueno tener gente vieja en las cárceles cuando se está al final de la vida" y sostuvo que para ella lo más importante es "la verdad" y "no perseguir gente hasta debajo de la cama"
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Sería una medida que comprende directamente a quienes tienen causas por violaciones a los DDHH.
La legisladora fue invitada a dar una charla con estudiantes de periodismo en el IPEP (Instituto Profesional de Enseñanza Periodística) y respondió durante más de dos horas preguntas sobre los más diversos temas que forman parte de la publicación de este viernes de la revista Caras y Caretas también.
Entre esos temas también estuvieron los Derechos Humanos. Allí expresó que este pensamiento por el que, dijo, “insistirán” y esperan contar con apoyos.
“Para mi lo mas importante es la verdad. No tengo la cabeza de andar persiguiendo a nadie hasta debajo de la cama, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano no es la sentencia de la Justicia sino la censura que le aplica la sociedad. Si yo desentraño la verdad, aunque no le ponga castigo a ese individuo que hizo algo, la sociedad y el vecino le va a censurar. Este pensamiento los comparto con el presidente, creemos que no es bueno tener gente vieja en las cárceles porque cuando se esta al final de la vida... Todo es discutible, tengo la esperanza de que nuestro intento de resultado”, sostuvo.
Con la ley de humanización del sistema carcelario impulsada durante el gobierno de Tabaré Vázquez los mayores de 70 años pueden acogerse al arresto domiciliario, pero para evitar que los militares y civiles que habían cometido violaciones a los DDHH se pudieran ver beneficiados, se introdujo un aditivo que los excluía. La propuesta apunta a ese sector de la sociedad.
En cuanto a las cárceles, Toplanksy agregó que había un hacinamiento importante y cuando la persona está hacinada, está enojada y eso no es bueno.
Dijo que en breve van a impulsar que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior porque “no puede ser que quien te detiene sea el mismo que te rehabilite”
Agregó que el llamado que se hizo en la cartera del interior para soldados fue a efectos que cumplan funciones como custodias, algo muy diferente porque “cuando están todos mezclados vienen los problemas” agregando que “los custodios estaban en todas las tranzas”
Reveló que la oferta de pasarse de un ministerio al otro es porque quieren “reformular las FFAA donde es necesario que sean más chicas y mejor pagas”
“No necesitamos toda esa cantidad de efectivos, necesitamos mucho menos, no los vamos a tirar para afuera porque son funcionarios públicos y generaríamos desocupación. Entonces damos esa oferta de corrimiento porque los policías ganan mas que los soldados”
Ante los espacios que quedarán en los cuarteles, Topolsansky dijo que hay que impulsar que la UTU y las FFAA firmen convenios para que se puedan dictar talleres de oficios en esos cuarteles que quedarán con espacios libres.
Sobre los medios de su sector político, la legisladora admitió que “mes más, o mes menos” tendrán un “medio propio”.
”El MPP tiene la intención de desarrollar un medio, no se si comprar una radio, de al menos tener un espacio y estamos trabajando de la siguiente manera. No solo vasta tener el dinero para el espacio sino tener el comunicador. Tuvimos la facilidad porque Mujica es un buen comunicador y no tenemos otro como el. Estábamos pensando en un equipo de dos o tres compañeros. El MPP esta trabajando en eso pero mes mas o menos vamos a tener un medio propio”, sostuvo la esposa del presidente.
En nombre de Familiares
COFE anuncia "guerra" y ocupación de ministerios
Conflicto. El lunes se sabrá si hay acuerdo en metalúrgicos
PABLO MELGAR
A punto de entrar en la tercera semana de huelga metalúrgica al gobierno se le abrió otro frente sindical: COFE resolvió ir a "la guerra" y anunció que ocupará ministerios. En tanto, comenzaron la reuniones para modificar la ley laboral.
La asamblea general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió el jueves denunciar el convenio firmado con el gobierno el 30 de diciembre de 2010 y lanzarse de lleno a la lucha. "Vamos a la guerra", anunció el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
"El gobierno incumplió el convenio, allí se establecía la formación de un equipo de trabajo para distribuir una partida de la Rendición de Cuentas. No solo nunca más convocaron al grupo de trabajo sino que se gastaron la plata en otra cosa; ahora se armó la guerra", aseveró López a El País.
De hecho resolvieron ocupar ministerios antes de fin de año, según se desprende de un comunicado emitido por COFE. Además, los estatales resolvieron participar movilizados en los ámbitos de negociación, en caso que el gobierno resuelva habilitarlos.
Por otro lado, anunciaron que van a desarrollar un plan de movilización que incluye paros perlados por inciso en la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución a partir del día 7 de noviembre. A partir de ese día comenzarán movilizaciones rotativas que afectarán todos los ministerios.
El próximo lunes se reunirán por separado el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa del Pit-Cnt para determinar las características del paro general que, en principio, tendría lugar el próximo jueves.
La central deberá definir si el paro es de 24 horas, como plantean los radicales o parcial de 9 a 13, como propone el Partido Comunista. Habría acuerdo para que el paro tenga movilización y acto central.
La movilización será en solidaridad con los sindicatos en conflicto. A la huelga de los metalúrgicos, la ocupación de una tabacalera, el conflicto en la banca estatal y la crisis por falta de personal en ASSE, ahora se suma el conflicto de COFE.
La corriente Articulación espera ver avances en la situación del conflicto metalúrgico para tomar posición sobre el paro.
En el MTSS recibieron una solicitud de entrevista por parte de COFE y preparan la convocatoria al diálogo por el conflicto en la banca estatal, según fuentes ministeriales.
Metal. Ayer el sindicato metalúrgico (Untmra), la Cámara Metalúrgica (CM) y el director de Trabajo, Luis Romero, volvieron a sentarse a negociar.
"No hubo avances significativos porque los empresarios se retiraron temprano a su asamblea", dijo un sindicalista que participó de la reunión.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, señaló que en la reunión se presentó una fórmula que incluye aspectos reclamados por trabajadores y empresarios. Las partes se llevaron el plan para estudiarlo durante el fin de semana y contestar el próximo lunes a las 15.
El punto que genera más distancia entre trabajadores es el pago del presentismo.
Horas antes que comenzara la reunión entre las partes, el ministro Brenta se mostró dispuesto a "trabajar todo lo necesario para solucionar el conflicto". El secretario de Estado aseguró que el gobierno le otorgó prioridad a la solución del conflicto que el lunes ingresa en la tercera semana de huelga.
Mencionó que debió suspender su participación en la reunión de ministros de Trabajo de la OEA que se desarrolla en San Salvador para que "todos los recursos humanos del Ministerio estén puestos en la solución del conflicto que es la prioridad".
El ministro señaló que prevén que el sector metalúrgico sea uno de los que ocupe más personal en los próximos años en virtud de la demanda que generarán las nuevas inversiones en el país.
Las partes acordaron que se reunirán una vez a la semana hasta el 30 de noviembre. La idea es comenzar a analizar los temas en los que hay acuerdo para tener más tiempo para negociar los puntos en que es más difícil encontrar simetrías.
Las sugerencias de la OIT se refieren a la reserva de la información confidencial de las empresas; el nivel de negociación; la fijación de condiciones de trabajo; la negociación a nivel de empresa cuando no hay sindicato; la ultra-actividad de los acuerdos; la solución de conflictos (ocupaciones) y la integración del Consejo Superior Tripartito.
El País DigitalA punto de entrar en la tercera semana de huelga metalúrgica al gobierno se le abrió otro frente sindical: COFE resolvió ir a "la guerra" y anunció que ocupará ministerios. En tanto, comenzaron la reuniones para modificar la ley laboral.
La asamblea general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió el jueves denunciar el convenio firmado con el gobierno el 30 de diciembre de 2010 y lanzarse de lleno a la lucha. "Vamos a la guerra", anunció el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
"El gobierno incumplió el convenio, allí se establecía la formación de un equipo de trabajo para distribuir una partida de la Rendición de Cuentas. No solo nunca más convocaron al grupo de trabajo sino que se gastaron la plata en otra cosa; ahora se armó la guerra", aseveró López a El País.
Por otro lado, anunciaron que van a desarrollar un plan de movilización que incluye paros perlados por inciso en la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución a partir del día 7 de noviembre. A partir de ese día comenzarán movilizaciones rotativas que afectarán todos los ministerios.
El próximo lunes se reunirán por separado el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa del Pit-Cnt para determinar las características del paro general que, en principio, tendría lugar el próximo jueves.
La central deberá definir si el paro es de 24 horas, como plantean los radicales o parcial de 9 a 13, como propone el Partido Comunista. Habría acuerdo para que el paro tenga movilización y acto central.
La movilización será en solidaridad con los sindicatos en conflicto. A la huelga de los metalúrgicos, la ocupación de una tabacalera, el conflicto en la banca estatal y la crisis por falta de personal en ASSE, ahora se suma el conflicto de COFE.
La corriente Articulación espera ver avances en la situación del conflicto metalúrgico para tomar posición sobre el paro.
En el MTSS recibieron una solicitud de entrevista por parte de COFE y preparan la convocatoria al diálogo por el conflicto en la banca estatal, según fuentes ministeriales.
Metal. Ayer el sindicato metalúrgico (Untmra), la Cámara Metalúrgica (CM) y el director de Trabajo, Luis Romero, volvieron a sentarse a negociar.
"No hubo avances significativos porque los empresarios se retiraron temprano a su asamblea", dijo un sindicalista que participó de la reunión.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, señaló que en la reunión se presentó una fórmula que incluye aspectos reclamados por trabajadores y empresarios. Las partes se llevaron el plan para estudiarlo durante el fin de semana y contestar el próximo lunes a las 15.
El punto que genera más distancia entre trabajadores es el pago del presentismo.
Horas antes que comenzara la reunión entre las partes, el ministro Brenta se mostró dispuesto a "trabajar todo lo necesario para solucionar el conflicto". El secretario de Estado aseguró que el gobierno le otorgó prioridad a la solución del conflicto que el lunes ingresa en la tercera semana de huelga.
Mencionó que debió suspender su participación en la reunión de ministros de Trabajo de la OEA que se desarrolla en San Salvador para que "todos los recursos humanos del Ministerio estén puestos en la solución del conflicto que es la prioridad".
El ministro señaló que prevén que el sector metalúrgico sea uno de los que ocupe más personal en los próximos años en virtud de la demanda que generarán las nuevas inversiones en el país.
Ley laboral: 30 días para acordar
El Ministerio de Trabajo (MTSS) fijó ayer las reglas de juego del diálogo tripartito para definir modificaciones a la ley de negociación colectiva frente a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Las partes acordaron que se reunirán una vez a la semana hasta el 30 de noviembre. La idea es comenzar a analizar los temas en los que hay acuerdo para tener más tiempo para negociar los puntos en que es más difícil encontrar simetrías.
Las sugerencias de la OIT se refieren a la reserva de la información confidencial de las empresas; el nivel de negociación; la fijación de condiciones de trabajo; la negociación a nivel de empresa cuando no hay sindicato; la ultra-actividad de los acuerdos; la solución de conflictos (ocupaciones) y la integración del Consejo Superior Tripartito.
Cinco procesados por homicidio de María Claudia García de Gelman
Revisionismo. El presidente promulgó la ley que determina que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado 24 mujeres denunciaron a decenas de militares por torturas y violaciones
Eduardo Delgado / Luis Pérez
El presidente Mujica promulgó la ley que deja sin efecto la Caducidad. El juez Pedro Salazar procesó a cuatro militares y un policía por el asesinato de María Claudia García y más de 20 expresas políticas presentaron una denuncia penal por abusos.
Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura (1973-1985) tuvieron ayer viernes un capítulo destacado.
Cuando en el Parlamento aún no se silenciaron los ecos de las discusiones que en Diputados y el Senado se dieron en torno a la ley que determinó que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado cometidos hasta 1985, cuatro militares y un policía fueron procesados por el homicidio de María Claudia García de Gelman.
El juez penal Pedro Salazar procesó con prisión a los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y del expolicía Ricardo Medina (todos en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura) como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado de García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
El magistrado también solicitó la extradición del coronel retirado Manuel Cordero (detenido en Argentina) y no hizo lugar a los pedidos de procesamientos Luis Maurente y José Sande Lima.
El fiscal Ariel Cancela solicitó el procesamiento de todos ellos por el delito de desaparición forzada o en su defecto por homicidio muy especialmente agravado. El representante del Ministerio Público analizará si apela la decisión. Los abogados de los procesados ya tienen decidido que apelarán lo resuelto por el juez Salazar ayer viernes.
El caso de María Claudia García -secuestrada en Argentina cuando estaba embarazada de Macarena Gelman y traslada a Uruguay clandestinamente en 1976, donde fue dada por desaparecida- es uno de los de mayor repercusión nacional e internacional y el que generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableciera que Uruguay debía investigar y determinar responsabilidades, sin que la ley de Caducidad lo impida.
También en la pasada jornada, un grupo de 24 expresas políticas durante la dictadura presentó una denuncia penal contra decenas de militares por delitos que califican de lesa humanidad y que incluyen violaciones y diversas formas de tortura.
Abusos. El abogado y exjuez Federico Alvarez Petraglia, quien representa a las denunciantes, dijo a El País que la particularidad es que "se trata de mujeres que estuvieron presas y soportaron torturas y abuso sexual de parte de diferentes personas".
"Acá no había combate, eran personas detenidas, desarmadas, que no representaban peligro para nadie, pero que eran sometidas a violaciones, tocamientos sistemáticos, mantenidas desnudas y obligadas a hacer sus necesidades a la vista, lo que muestra el sadismo de estas personas que con uniforme realizaban estas practicas", expresó el abogado. Alvarez Petraglia explicó que en el grupo que apoya a esta mujeres hay abogados, psicólogos y asistentes sociales que ayudaron "a que verbalizaran y pudieran llevar al papel esto que les sucedió hace 35 años".
Agregó que "hubiera existido o no esta ley de prescriptibilidad, ellas querían igual presentar la denuncia, dar este paso, ejercer su derecho a denunciar a esta gente". Reconoció que la ley aprobada esta semana "da argumento para investigar".
Ayer, en tanto, la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un comunicado en que da cuenta del hallazgo el pasado 21 de octubre de restos óseos presuntamente pertenecientes a un detenido desaparecido en el Batallón 14.
Añade que cuando se obtengan resultados primarios de las pericias ordenados por la Justicia, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos por intermedio de su representante" en esta secretaría y se convocará a conferencia de prensa.
Salto. A estos hechos se sumaron seis denuncias sobre delitos de lesa humanidad que involucran a cuatro exjerarcas de la unidad militar de Salto y también a un exmédico de las Fuerzas Armadas que fueron presentadas en la tarde de ayer viernes, en el Juzgado Penal de 4° Turno de Salto, por un grupo de personas que pertenecen al Partido Comunista y estuvieron presos durante la dictadura.
Estas denuncias irán aumentando en el correr de los próximos días y podrán llegar a una treintena, manifestó a El País el abogado patrocinante, Gustavo Bonifacio.
Explicó el abogado que tienen "identificados" a cinco participantes en las torturas, cuatro militares de la unidad local de la época "y un médico asesor de los torturadores", para agregar que los mismos hoy se encuentran "caminando libremente por las calles".
El presidente Mujica promulgó la ley que deja sin efecto la Caducidad. El juez Pedro Salazar procesó a cuatro militares y un policía por el asesinato de María Claudia García y más de 20 expresas políticas presentaron una denuncia penal por abusos.
Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura (1973-1985) tuvieron ayer viernes un capítulo destacado.
Cuando en el Parlamento aún no se silenciaron los ecos de las discusiones que en Diputados y el Senado se dieron en torno a la ley que determinó que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado cometidos hasta 1985, cuatro militares y un policía fueron procesados por el homicidio de María Claudia García de Gelman.
El magistrado también solicitó la extradición del coronel retirado Manuel Cordero (detenido en Argentina) y no hizo lugar a los pedidos de procesamientos Luis Maurente y José Sande Lima.
El fiscal Ariel Cancela solicitó el procesamiento de todos ellos por el delito de desaparición forzada o en su defecto por homicidio muy especialmente agravado. El representante del Ministerio Público analizará si apela la decisión. Los abogados de los procesados ya tienen decidido que apelarán lo resuelto por el juez Salazar ayer viernes.
El caso de María Claudia García -secuestrada en Argentina cuando estaba embarazada de Macarena Gelman y traslada a Uruguay clandestinamente en 1976, donde fue dada por desaparecida- es uno de los de mayor repercusión nacional e internacional y el que generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableciera que Uruguay debía investigar y determinar responsabilidades, sin que la ley de Caducidad lo impida.
También en la pasada jornada, un grupo de 24 expresas políticas durante la dictadura presentó una denuncia penal contra decenas de militares por delitos que califican de lesa humanidad y que incluyen violaciones y diversas formas de tortura.
Abusos. El abogado y exjuez Federico Alvarez Petraglia, quien representa a las denunciantes, dijo a El País que la particularidad es que "se trata de mujeres que estuvieron presas y soportaron torturas y abuso sexual de parte de diferentes personas".
"Acá no había combate, eran personas detenidas, desarmadas, que no representaban peligro para nadie, pero que eran sometidas a violaciones, tocamientos sistemáticos, mantenidas desnudas y obligadas a hacer sus necesidades a la vista, lo que muestra el sadismo de estas personas que con uniforme realizaban estas practicas", expresó el abogado. Alvarez Petraglia explicó que en el grupo que apoya a esta mujeres hay abogados, psicólogos y asistentes sociales que ayudaron "a que verbalizaran y pudieran llevar al papel esto que les sucedió hace 35 años".
Agregó que "hubiera existido o no esta ley de prescriptibilidad, ellas querían igual presentar la denuncia, dar este paso, ejercer su derecho a denunciar a esta gente". Reconoció que la ley aprobada esta semana "da argumento para investigar".
Ayer, en tanto, la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un comunicado en que da cuenta del hallazgo el pasado 21 de octubre de restos óseos presuntamente pertenecientes a un detenido desaparecido en el Batallón 14.
Añade que cuando se obtengan resultados primarios de las pericias ordenados por la Justicia, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos por intermedio de su representante" en esta secretaría y se convocará a conferencia de prensa.
Salto. A estos hechos se sumaron seis denuncias sobre delitos de lesa humanidad que involucran a cuatro exjerarcas de la unidad militar de Salto y también a un exmédico de las Fuerzas Armadas que fueron presentadas en la tarde de ayer viernes, en el Juzgado Penal de 4° Turno de Salto, por un grupo de personas que pertenecen al Partido Comunista y estuvieron presos durante la dictadura.
Estas denuncias irán aumentando en el correr de los próximos días y podrán llegar a una treintena, manifestó a El País el abogado patrocinante, Gustavo Bonifacio.
Explicó el abogado que tienen "identificados" a cinco participantes en las torturas, cuatro militares de la unidad local de la época "y un médico asesor de los torturadores", para agregar que los mismos hoy se encuentran "caminando libremente por las calles".
El País Digital
Mujica promulgó la ley que puso fin a la Caducidad
El presidente de la República puso en vigencia la norma que en la madrugada de este jueves sancionó el Parlamento e hizo imprescriptibles los delitos cometidos por policías y militares durante la dictadura
La página de Presidencia de la República publicó este viernes la promulgación de la ley por la que se restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.
La nueva norma, que consta de cuatro artículos y fue sancionada en el Parlamento sobre la hora 2 de este jueves, fue firmada por el presidente de la República, José Mujica, este mismo jueves, momento en que quedó vigente.
La última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien deberá decidir si la nueva norma el legal o no.
Los grupos de militares retirados ya adelantaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la SCJ cada vez que alguno de ellos sea citado a declarar. Además tienen previsto presentar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la nueva norma “afecta los derechos humanos y los adquiridos” por los militares, dijo a El Observador el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés.
DESAPARECIDOS
Ampliarán la zona de excavaciones en el predio del Batallón Nº 14
Viernes 28 de octubre de 2011 | 5:48-La Republica
Los antropólogos venían trabajando en el lugar desde febrero pasado, tras una requisitoria librada por el juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, en el marco de la indagatoria por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
En ese marco, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, expresó ayer a LA REPÚBLICA que el contrato vigente vencerá en noviembre próximo pero que el gobierno está dispuesto a renovarlo las veces que sea pertinente hacerlo.
“Estamos dispuestos a renovar el contrato por el tiempo que el equipo de antropólogos de la Udelar estime necesario y conveniente”, aseguró el jerarca.
Asimismo, Breccia indicó que en primera instancia las tareas de excavación continuarán en el entorno de la zona donde fueron encontrados los restos el pasado viernes.
Las excavaciones se realizaron en una zona de aproximadamente 3 hectáreas, la cual fue explorada en forma superficial en noviembre de 2009.
La zona, ubicada en el predio conocido como los campos de Vidiella (un ex bodeguero), evidenciaría la existencia de movimientos de tierra y otras técnicas de exhumación de restos humanos, lo que confirmaría los trabajos impulsados por los propios militares en la denominada “Operación Zanahoria”.
La exhumación de los restos hallados el pasado viernes puso en marcha el protocolo de actuación para su identificación, mediante técnicas “antropomórficas y exámenes de ADN”.
Los distintos exámenes forenses y antropológicos permitirán identificar el sexo de la persona para luego proceder a la contrastación genética con sus posibles familiares. Los restos serían cotejados, en una primera instancia, con Macarena Gelman.
“HECHO FORTUITO”
Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, señaló a El Espectador que el descubrimiento no se debió a la aparición de nueva información, sino que se trata de “un hecho fortuito”, consecuencia de los trabajos que se venían realizando en la zona desde tiempo atrás. Asimismo, manifestó que “esto nos reafirma la necesidad de que el Estado asuma seriamente la investigación y posteriores excavaciones donde haya que realizarlas”".La Historia en los debates políticos
Manual de historias
28.10.2011 22:13
El apoyo a los comunicados militares 4 y 7 y las responsabilidades del Pacto del Club Naval fueron algunos de los hechos históricos utilizados políticamente en el debate de la caducidad. Consultado por Montevideo Portal, el historiador Carlos Demasi recordó los episodios y el "curioso" uso político que el Partido Nacional les ha dado.
El debate parlamentario de esta semana sobre el proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura posibilitó a los legisladores recurrir a la historia reciente para mostrar sus diferencias en torno al proyecto.
Fue así que, tanto el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle como el diputado del mismo partido Gustavo Borsari recordaron un editorial del diario El Popular en el que el Partido Comunista apoyaba los comunicados 4 y 7 emitidos por los militares en 1973, en los que desconocían la autoridad del gobierno y manifestaban su voluntad de participar en el gobierno.
La alusión al editorial de El Popular generó enojos en los legisladores comunistas y puso sobre la mesa uno de los episodios de la historia reciente que son utilizados por los partidos políticos acusarse mutuamente, según explicó a Montevideo Portal el historiador Carlos Demasi.
"Lo que sucede con la historia reciente es que los actuales partidos políticos fueron sus protagonistas, por lo que intentan usar los hechos como argumentos políticos" explicó Demasi.
El historiador recordó que cuando se emitieron los comunicados, el Partido Comunista "tomó partido con mucha fuerza por los comunicados e incluso llegó a despegarse del FA en esa decisión".
De todas maneras, Demasi remarcó que se trataba de "un momento de mucho desconcierto, en el que no se entendía bien lo que estaba pasando". En ese sentido, recordó que "no hubo ningún sector político que rechazara los comunicados, salvo Wilson Ferreira Aldunate, quien afirmó que los militares debían volver a los cuarteles".
"En realidad un verdadero demócrata debería haberse ido del país" afirmó Demasi, en referencia a que ninguno de los partidos se expresó en defensa plena de la democracia. "El diario Acción, de Jorge Batlle, en el que Julio María Sanguinetti era secretario de redacción, así como El País de Washington Beltrán, afirmaron que era lo que se tenía que hacer", agregó.
Para Demasi, "los sucesos de esa época sólo pueden entenderse en el contexto en que fueron producidos, por lo que afirmar que un partido estuvo a favor de la dictadura por apoyar esos comunicados no sería lo correcto".
El historiador afirmó que el Pacto del Club Naval es otro de los episodios utilizados como argumento político por los partidos, para atribuirse responsabilidades sobre la salida de la dictadura.
"La negociación del Pacto del Club Naval es bastante opaca porque no hay actas; sólo hay algunas de las negociaciones del Parque Hotel, en las que se puede ver el tono en el que se negociaba" explicó Demasi.
El experto recordó que las negociaciones "tenían que tener un resultado positivo, no podían frustrarse porque significaba la continuidad de la dictadura". Es por eso, que "durante la negociación se evito tocar temas en los que se sabía que los militares no iban a aceptar".
Demasi señaló que el Club Naval marca un hecho curioso en la historia política, porque "el Partido Nacional, que fue el principal enemigo del Pacto, con el tiempo se transformó en su principal defensor".
En efecto, para Demasi es llamativo que el Partido Nacional haya terminado utilizando el Pacto del Club Naval para fundamentar sus posturas, "cuando lo más lógico hubiera sido decir ‘yo no participé en el pacto y por tanto no me importa' y votar según sus propios principios".
Sin embargo, para el historiador los nacionalistas tuvieron un viraje en su conducción, que provocó que el Pacto del Club Naval fuera "la principal carta para pasarle factura al Frente Amplio, y curiosamente no al Partido Colorado".
Demasi recordó que el propio Wilson Ferreira cambió su actitud y cuando recobró la libertad en 1984 acordó la "gobernabilidad" con el Partido Colorado y comenzó a argumentar que los militares no debían ser encarcelados.
Montevideo Portal
Sentencia por Caso Gelman
Sed lex
28.10.2011 20:02
El juez Pedro Salazar pedirá la extradición de Manuel Cordero, en el marco de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman. El texto de la sentencia imputa a José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, pero no halla pruebas para Ernesto Rama, Luis Maurente y José Sande. Texto
El juez penal Pedro Salazar dictó sentencia para el caso que estudia la privación de libertad y el homicidio de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, sustracción de menor y supresión de estado civil de Macarena Gelman.
Como resultado de la investigación, Salazar procesó a José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, por el delito de homicidio especialmente agravado en grado de coautoría. El juez no hizo lugar al pedido de caratular el caso como "desaparición forzada".
Asimismo, no se encontraron pruebas para imputar a Ernesto Rama, Luis Maurente y José Sande, y se pedirá la extradición de Manuel Cordero, preso en Argentina.
Pese a que el pedido de extradición de Cordero puede ser aceptado por la Justicia argentina, no lo concretará hasta que Cordero no cumpla pena por la causa por la que fue procesado en Argentina.
Montevideo Portal
Ecuador / Telesur/Contrainjerencia /2011-10-29
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, abandonó por un rato la reunión plenaria de la Cumbre Iberoamericana, que sesiona en Asunción, en rechazo a la participación en el foro de una representante del Banco Mundial , quien, aseguró, chantajeó a su país.
La intervención de Correa sucedió cuando el presidente anfitrión, Fernando Lugo, anunció el discurso de la representante del Banco Mundial para América latina, Pamela Cox.
Correa le pidió la palabra y se preguntó “por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial, histórico defensor de las políticas neoliberales que tan mal nos han hecho”.
“Cuando yo era ministro de economía de Ecuador, esta señora nos negó un crédito porque cambiamos el plan económico, así que yo me voy a retirar para no escuchar la palabra de esta persona, que chantajeó a mi país, y retornaré cuando hablen los integrantes de este foro iberoamericano”, afirmó el mandatario andino.
El mandatario recordó un episodio de 2007, cuando expulsó al representante del Banco Mundial (BM) de Ecuador, a raíz de que esa entidad decidió no otorgarle un préstamo ya aprobado a ese país en 2005, cuando Correa se desempeñaba como ministro de Econ omía.
“Esta señora me dijo: ‘No le vamos a dar el crédito porque ha cambiado la política”, declaró Correa insistiendo en que no entendía por qué tenía que “escuchar a una burócrata internacional”.
“Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que le ha hecho a América Latina, y a los países del planeta, pero no entiendo por qué esto señor presidente”, dijo el mandatario dirigiéndose al presidente anfitrión Fernando Lugo.
Correa ya había tenido objeciones previamente, cuando habló ante el plenario Angel Gurría, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien había hecho varias recomendaciones a los mandatarios presentes en materia económica.
Correa expresó “con cariño y respeto” hacia Gurría que le parecía mal que “vengan estos organismos a enseñarnos buenas costumbres”, y pidió que, en la recíproca, para la próxima reunión de la OCDE sea invitado algún representante de los países iberoamericanos.
El presidente de Ecuador, Rafael Carrea, afirmó este sábado durante la sesión plenaria de la XXI Cumbre Iberoamericana, que en América Latina necesitan cambiarse los Estados burgueses por Estados populares, esto para lograr la inclusión social acompañada con el proyecto económico que necesita la región.
Durante su intervención en la sesión plenaria llevada a cabo en la capital de Paraguay, Asunción, Correa aseguró que para lograr un mundo más justo, el continente latinoamericano debe primero “liberarse del colonialismo”.
“Para la 'transformación de un Estado', queremos un Estado para el desarrollo, transformemos entonces, y eso significa cambio políticos (...) cambios en la relaciones de poderes que se están dando en América Latina (...) y cambiar Estados burgueses en Estados populares para elevar nuestra eficiencia y eficacia”, expresó.
Previa a esta afirmación, Correa había abandonado la sesión de la XXI Cumbre Iberoamericana en rec hazo a la intervención de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox.
El mandatario aseveró (antes de pedir permiso para su retiro) que no estaba dispuesto a escuchar a un organismo “que quiso chantajear a su país” y en declaraciones exclusivas para teleSUR, sostuvo que es injusto que los países latinomericanos tengan que escuchar “cátedras” económicas de los más desarrollados del mundo.
“¿Cuándo ellos (las potencias) nos preguntan a nosotros qué pensamos sobre sus políticas económicas? (...) yo no he venido a escuchar a una burócrata internacional, he venido a escuchar a los presidentes de países hermanos”, aseveró.
Antes de retirarse, de la sala, Correa también dijo que el Banco Mundial es un “organismo financiero chantajista” y recordó que en el 2005 la institución negó un crédito previamente aprobado a su país, sólo porque con su llegada al poder se cambió la política económica.
"El Banco Mundial fue uno de los her aldos del neoliberalismo en América Latina", manifestó irritado el mandatario e insistió en que Cox "debería comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el BM ha hecho a América Latina y al planeta".
"¿Por qué tenemos que recibir al Banco Mundial en una Cumbre Iberoamericana? (...) El Banco Mundial chantajeó abiertamente a mi país por el cambio de las políticas económicas y por esa acción expulsamos al representante del Banco Mundial", resaltó.
Tras salir del Salón Principal del Centro de Convenciones de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), en los pasillos del centro de convenciones, Correa acusó al Banco Mundial de causar un "desastre con el experimento del neoliberalismo”.
"Las últimas décadas fueron en función del fundamentalismo ideológico del gran capital y los intereses de los países hegemónicos", agregó.
Cox se mantuvo en silencio durante la intervención del mandatario ecuatoriano, y en su discuros no se refirió a Correa, quien posterior a su alocución volvió a entrar al encuentro.
El fusilamiento de los peones patagónicos de 1921. Un crimen que dejó abierta una herida que no cicatrizará jamás.
Sí, a la noble igualdad
Por Osvaldo BayerPagina 12
Ya se cumplen noventa años. Algo inexplicable. La crueldad más ocultada de nuestra historia. El fusilamiento de los peones patagónicos de 1921. Un crimen que dejó abierta una herida que no cicatrizará jamás. Llevado a cabo por un gobierno elegido por el pueblo, el de Hipólito Yrigoyen. No hay explicación alguna. Se fusiló y ya está. Se cumplieron órdenes, dijo el Ejército. Han quedado para siempre como testigo las tumbas masivas. Ahora ya marcadas. Allí están, silenciosas pero que hablan por sí mismas y lo dicen todo. Fusilados por pedir tan poco. Y sus héroes: don José Font (Facón Grande), Albino Argüelles, Ramón Outerello, el alemán Schultz. Y cientos de chilotes, argentinos, y trabajadores llegados de más allá de los mares.
Santa Cruz se prepara. Habrá como todos los años, Memoria. Allí, junto a las tumbas masivas. Se guardará silencio mientras el viento sigue trayendo el eco de las balas de aquel 1921. Hablarán trabajadores del campo, historiadores, representantes del pueblo. Palabras y emoción.
Recuerdo cuando inicié la investigación, en 1966. Vivían protagonistas y testigos. Por primera vez comenzaron a hablar luego de medio siglo de silencio. Los soldados, los oficiales fusiladores, los estancieros, los políticos, los peones que habían salvado su vida por ser menores de edad pero que habían visto todo.
Muerte en el paraíso. Ver por última vez esos paisajes, esos cielos azules antes de morir. Morir por pedir tan poco. Fusilados por el Ejército Argentino. La orden de la pena de muerte por “subversión” fue dada por el presidente Yrigoyen. Una huelga por unos pesos más y un poco más de dignidad en el trabajo no es “subversión”, señor presidente. Los radicales explicaban en los pasillos del Congreso que sí, está bien, Yrigoyen le había dado la orden de pena de muerte al teniente coronel Varela, jefe del 10 de Caballería, pero que “a éste se le había ido la mano”. Todo está dicho en la sesión del 23 de marzo de 1922 de Diputados, donde la oposición quiso saber la verdad de todo, el porqué de los fusilamientos si la pena de muerte ya había quedado anulada en 1918 por disposición de ese mismo Congreso. La oposición exigió de inmediato el envío de una comisión investigadora para que situara las tumbas masivas y se comprobara el número de peones rurales fusilados. Pero el oficialismo radical votó en contra. No quería que se supiera la verdad. La única manera de ocultar el crimen oficial era guardar silencio y mirar para otro lado. Para que el olvido tapara el crimen. De eso no se habla.
Hasta que un año después el anarquista alemán Kurt Wilckens hará volar por el aire al obediente teniente coronel Varela con una bomba frente al Regimiento 1 de Infantería, de acuerdo con el principio: “Cuando en un país no hay justicia, el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano”.
La tragedia de los peones de campo patagónicos quedó oculta. Pero, lo repetimos, la Etica siempre triunfa en la historia. Y así fue. Medio siglo después la tragedia quedaba en claro. Las investigaciones históricas probaron el crimen oficial. Pese a las prohibiciones y la quema de libros de la dictadura de la desaparición de personas, la tragedia no quedó oculta nunca más. Hoy, en territorio santacruceño están marcadas todas las tumbas masivas y los héroes del movimiento rural tienen sus estatuas. Facón Grande está allí a la entrada de Jaramillo, a pocos metros de donde fue fusilado; Albino Argüelles es recordado por un monumento a la entrada de San Julián; Ramón Outerello, a la entrada de Puerto Santa Cruz. Todos los años, al llegar la fecha de las ejecuciones se realizan frente a las tumbas masivas actos recordatorios. Donde está el monumento de los fusilados en las estancia La Anita, de los Braun, todos los principios de diciembre se hace un acto al que concurren alumnos, docentes, vecinos y cantautores populares, que entonan canciones en recuerdo de los héroes que pedían tan poco por su sacrificado trabajo. Además, la tragedia ha sido llevada al cine y al teatro. Ha quedado para siempre en la conciencia del pueblo. Más todavía, hay una iniciativa para considerar a los fusilamientos de las peonadas patagónicas como un “crimen de lesa humanidad”, es decir, no prescribirá jamás. Algo para tener en cuenta por quienes recurren a las armas para dirimir los conflictos sociales.
Sí, se recuerda a las víctimas. En cambio, a los ejecutores del crimen no los recuerda nadie; hasta sus familiares se avergüenzan de ellos. Como ejemplo de la cosecha por los crímenes oficiales, el teniente coronel Varela, en su tumba en el panteón militar de la Chacarita tenía una sola placa, que decía: “La comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela, que supo cumplir con su deber”. Esa placa fue retirada últimamente. Pero lo dice todo. Como cuando esa misma comunidad de los estancieros británicos le cantaron al militar fusilador el “For he is jolly good fellow” (“porque es un buen compañero”) como está en la crónicas del diario inglés de Punta Arenas. Es decir, el beneplácito de los dueños de la tierra.
Pero, vayamos a la verdad, el principal responsable de esta tragedia fue el presidente Yrigoyen. Sí, como dijeron sus partidarios, Yrigoyen le dio el bando de la pena de muerte a Varela pero éste se extralimitó y la usó en forma desmesurada. Si hubiese sido así, Yrigoyen tendría que haber ordenado de inmediato una investigación a fondo de los hechos. No, se cubrió todo, con el voto negativo de la bancada radical hacia una comisión parlamentaria investigadora. Además de este gravísimo atentado contra la vida impuesto desde el poder, Yrigoyen tampoco dio ninguna declaración acerca de la brutal represión de los obreros metalúrgicos en la Semana Trágica de enero de 1919, ni en la represión de los hacheros de La Forestal, también de 1921. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo porque la democracia verdadera exige eso: el reconocimiento de los errores, en este caso, errores que costaron centenares de víctimas y una tiránica injusticia social: el partido radical debe hacer un pedido público de autocrítica y pedir perdón a la sociedad. Como lo hemos sostenido eso no es una humillación sino una demostración de que se cree en la democracia y se hace uso de ella para prometer un “Nunca más” en crímenes políticos, que en nuestro país no sólo fue hecho por dictaduras militares sino también por políticos elegidos por el pueblo.
“Así no se mata a un criollo”, gritó en el momento de ser fusilado el gaucho Facón Grande, como era llamado don José Font. El eco quedó y nos llega cuando nos vamos acercando a Jaramillo. No hay que olvidar la gesta de estos hombres que resolvieron decir ¡basta! a la explotación del hombre por el hombre y salir a pedir más dignidad.
Todo había nacido con la concesión Grünbein, del presidente Roca, por la cual se cedieron 2.500.000 hectáreas a diecinueve estancieros británicos. Primero, para “despejar” los campos se contrataron a los “cazadores de indios”, que eliminaron a los tehuelches, y luego se comenzó con la explotación de las fuerzas de trabajo que llevó a las huelgas que terminaron con el fusilamiento de más de mil trabajadores del campo.
Estos noventa años tienen que ser recordados por todas las organizaciones obreras del país y en los institutos de enseñanza y en actos culturales de organismos oficiales. Otra vez las palabras “Nunca más” deben pronunciarse en voz alta. Sí a la palabra, no a la bala como solución. Que la “noble igualdad” que cantamos en nuestro himno vaya cobrando verdadera validez.
Santa Cruz se prepara. Habrá como todos los años, Memoria. Allí, junto a las tumbas masivas. Se guardará silencio mientras el viento sigue trayendo el eco de las balas de aquel 1921. Hablarán trabajadores del campo, historiadores, representantes del pueblo. Palabras y emoción.
Recuerdo cuando inicié la investigación, en 1966. Vivían protagonistas y testigos. Por primera vez comenzaron a hablar luego de medio siglo de silencio. Los soldados, los oficiales fusiladores, los estancieros, los políticos, los peones que habían salvado su vida por ser menores de edad pero que habían visto todo.
Muerte en el paraíso. Ver por última vez esos paisajes, esos cielos azules antes de morir. Morir por pedir tan poco. Fusilados por el Ejército Argentino. La orden de la pena de muerte por “subversión” fue dada por el presidente Yrigoyen. Una huelga por unos pesos más y un poco más de dignidad en el trabajo no es “subversión”, señor presidente. Los radicales explicaban en los pasillos del Congreso que sí, está bien, Yrigoyen le había dado la orden de pena de muerte al teniente coronel Varela, jefe del 10 de Caballería, pero que “a éste se le había ido la mano”. Todo está dicho en la sesión del 23 de marzo de 1922 de Diputados, donde la oposición quiso saber la verdad de todo, el porqué de los fusilamientos si la pena de muerte ya había quedado anulada en 1918 por disposición de ese mismo Congreso. La oposición exigió de inmediato el envío de una comisión investigadora para que situara las tumbas masivas y se comprobara el número de peones rurales fusilados. Pero el oficialismo radical votó en contra. No quería que se supiera la verdad. La única manera de ocultar el crimen oficial era guardar silencio y mirar para otro lado. Para que el olvido tapara el crimen. De eso no se habla.
Hasta que un año después el anarquista alemán Kurt Wilckens hará volar por el aire al obediente teniente coronel Varela con una bomba frente al Regimiento 1 de Infantería, de acuerdo con el principio: “Cuando en un país no hay justicia, el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano”.
La tragedia de los peones de campo patagónicos quedó oculta. Pero, lo repetimos, la Etica siempre triunfa en la historia. Y así fue. Medio siglo después la tragedia quedaba en claro. Las investigaciones históricas probaron el crimen oficial. Pese a las prohibiciones y la quema de libros de la dictadura de la desaparición de personas, la tragedia no quedó oculta nunca más. Hoy, en territorio santacruceño están marcadas todas las tumbas masivas y los héroes del movimiento rural tienen sus estatuas. Facón Grande está allí a la entrada de Jaramillo, a pocos metros de donde fue fusilado; Albino Argüelles es recordado por un monumento a la entrada de San Julián; Ramón Outerello, a la entrada de Puerto Santa Cruz. Todos los años, al llegar la fecha de las ejecuciones se realizan frente a las tumbas masivas actos recordatorios. Donde está el monumento de los fusilados en las estancia La Anita, de los Braun, todos los principios de diciembre se hace un acto al que concurren alumnos, docentes, vecinos y cantautores populares, que entonan canciones en recuerdo de los héroes que pedían tan poco por su sacrificado trabajo. Además, la tragedia ha sido llevada al cine y al teatro. Ha quedado para siempre en la conciencia del pueblo. Más todavía, hay una iniciativa para considerar a los fusilamientos de las peonadas patagónicas como un “crimen de lesa humanidad”, es decir, no prescribirá jamás. Algo para tener en cuenta por quienes recurren a las armas para dirimir los conflictos sociales.
Sí, se recuerda a las víctimas. En cambio, a los ejecutores del crimen no los recuerda nadie; hasta sus familiares se avergüenzan de ellos. Como ejemplo de la cosecha por los crímenes oficiales, el teniente coronel Varela, en su tumba en el panteón militar de la Chacarita tenía una sola placa, que decía: “La comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela, que supo cumplir con su deber”. Esa placa fue retirada últimamente. Pero lo dice todo. Como cuando esa misma comunidad de los estancieros británicos le cantaron al militar fusilador el “For he is jolly good fellow” (“porque es un buen compañero”) como está en la crónicas del diario inglés de Punta Arenas. Es decir, el beneplácito de los dueños de la tierra.
Pero, vayamos a la verdad, el principal responsable de esta tragedia fue el presidente Yrigoyen. Sí, como dijeron sus partidarios, Yrigoyen le dio el bando de la pena de muerte a Varela pero éste se extralimitó y la usó en forma desmesurada. Si hubiese sido así, Yrigoyen tendría que haber ordenado de inmediato una investigación a fondo de los hechos. No, se cubrió todo, con el voto negativo de la bancada radical hacia una comisión parlamentaria investigadora. Además de este gravísimo atentado contra la vida impuesto desde el poder, Yrigoyen tampoco dio ninguna declaración acerca de la brutal represión de los obreros metalúrgicos en la Semana Trágica de enero de 1919, ni en la represión de los hacheros de La Forestal, también de 1921. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo porque la democracia verdadera exige eso: el reconocimiento de los errores, en este caso, errores que costaron centenares de víctimas y una tiránica injusticia social: el partido radical debe hacer un pedido público de autocrítica y pedir perdón a la sociedad. Como lo hemos sostenido eso no es una humillación sino una demostración de que se cree en la democracia y se hace uso de ella para prometer un “Nunca más” en crímenes políticos, que en nuestro país no sólo fue hecho por dictaduras militares sino también por políticos elegidos por el pueblo.
“Así no se mata a un criollo”, gritó en el momento de ser fusilado el gaucho Facón Grande, como era llamado don José Font. El eco quedó y nos llega cuando nos vamos acercando a Jaramillo. No hay que olvidar la gesta de estos hombres que resolvieron decir ¡basta! a la explotación del hombre por el hombre y salir a pedir más dignidad.
Todo había nacido con la concesión Grünbein, del presidente Roca, por la cual se cedieron 2.500.000 hectáreas a diecinueve estancieros británicos. Primero, para “despejar” los campos se contrataron a los “cazadores de indios”, que eliminaron a los tehuelches, y luego se comenzó con la explotación de las fuerzas de trabajo que llevó a las huelgas que terminaron con el fusilamiento de más de mil trabajadores del campo.
Estos noventa años tienen que ser recordados por todas las organizaciones obreras del país y en los institutos de enseñanza y en actos culturales de organismos oficiales. Otra vez las palabras “Nunca más” deben pronunciarse en voz alta. Sí a la palabra, no a la bala como solución. Que la “noble igualdad” que cantamos en nuestro himno vaya cobrando verdadera validez.
Patricia Walsh: "Es la lucha más digna de la historia reciente de los argentinos"
La hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, calificó de "jornada histórica" la audiencia final de la causa ESMA en la que se conocerá el veredicto contra Alfredo Astiz y diecisiete represores más por crímenes de lesa humanidad. Además, aseguró que demuestra "el avance enorme de la lucha colectiva por los derechos humanos".En su testimonio ante el Tribunal, Walsh reclamó a uno de los procesados, Jorge "Tigre" Acosta, por el destino del cuerpo de su padre y solicitó que se preserve el campo de deportes de la ESMA para que se realicen peritajes para confirmar o no la existencia de cadáveres calcinados en el predio ubicado entre la Avenida Cantilo y la costa del Río de la Plata.
La hija del autor de "Operación Masacre" destacó que, durante el juicio iniciado hace 22 meses, "escuchar testimonios de sobrevivientes por casi dos años fue muy duro para los familiares, el juicio fue revelador porque contó con testigos que declararon por primera vez y que aportaron datos desconocidos".
En el caso de su padre, la exlegisladora puntualizó que "por primera vez hubo testimonios que contaron con más detalle lo ocurrido en la última casa en la que vivió mi padre (en San Vicente), que quedó completamente destruida, donde robaron su último cuento `Juan se iba por el río´ y que actualmente está ocupada por una familia de un policía retirado".
Recordó también que se pudo "reconstruir lo que pasó en el río Carapachay, en el Delta del Tigre, en la última casa que mi padre alquiló y donde pudimos probar que los hechos que ocurrieron antes de su desaparición, también involucraron a tres casas vecinas que fueron ocupadas por un grupo de tareas y sus ocupantes secuestrados y llevados a la ESMA".
Walsh defendió el pedido de la querella conformada por el colectivo Justicia Ya y la agrupación Memoria Verdad y Justicia, de "reclusión perpetua en cárcel común para todos los acusados" en el marco de "un genocidio planificado". "Son crímenes de lesa humanidad y no se puede pensar en cumplir condena en barrios privados o en los domicilios por el sólo hecho de ser mayores, cuando existen servicios médicos en las unidades carcelarias", afirmó.
Rodolfo Walsh fue baleado por un grupo de tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en el barrio porteño de San Cristóbal. El periodista, que acababa de escribir y distribuir la Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe militar, respondió al ataque y, malherido fue trasladado al centro clandestino que funcionó en la ex ESMA, donde fue visto por algunos secuestrados.
(de Ricardo
La hija del autor de "Operación Masacre" destacó que, durante el juicio iniciado hace 22 meses, "escuchar testimonios de sobrevivientes por casi dos años fue muy duro para los familiares, el juicio fue revelador porque contó con testigos que declararon por primera vez y que aportaron datos desconocidos".
En el caso de su padre, la exlegisladora puntualizó que "por primera vez hubo testimonios que contaron con más detalle lo ocurrido en la última casa en la que vivió mi padre (en San Vicente), que quedó completamente destruida, donde robaron su último cuento `Juan se iba por el río´ y que actualmente está ocupada por una familia de un policía retirado".
Recordó también que se pudo "reconstruir lo que pasó en el río Carapachay, en el Delta del Tigre, en la última casa que mi padre alquiló y donde pudimos probar que los hechos que ocurrieron antes de su desaparición, también involucraron a tres casas vecinas que fueron ocupadas por un grupo de tareas y sus ocupantes secuestrados y llevados a la ESMA".
Walsh defendió el pedido de la querella conformada por el colectivo Justicia Ya y la agrupación Memoria Verdad y Justicia, de "reclusión perpetua en cárcel común para todos los acusados" en el marco de "un genocidio planificado". "Son crímenes de lesa humanidad y no se puede pensar en cumplir condena en barrios privados o en los domicilios por el sólo hecho de ser mayores, cuando existen servicios médicos en las unidades carcelarias", afirmó.
Rodolfo Walsh fue baleado por un grupo de tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en el barrio porteño de San Cristóbal. El periodista, que acababa de escribir y distribuir la Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe militar, respondió al ataque y, malherido fue trasladado al centro clandestino que funcionó en la ex ESMA, donde fue visto por algunos secuestrados.
ese Uruguay que se nos va !
Falleció Justino Serralta
Falleció el 27 de octubre en la Normandia, Francia.
Como San Martín.
Como Quijano en Méjico, como Onetti en Madrid, como Artigas en el Paraguay.
Y como tantos otros uruguayos, "en el exterior".
Como Ulises Díaz, en Paris.
Cuanto recuerdos me invaden !
Como arquitecto, como amigo, como co-exiliado, como camarada.
Cuando salía de Santos el barco que nos llevo a la La Habana en 1963, al 7° Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, con 300 arquitectos y estudiantes de arquitectura a bordo. Con dos profesores, maestros, uruguayos : Reverdito y Serralta.
Y la silueta de Conrado Petit, despidiéndonos con su mano en alto, en el puerto, porque no pudo venir.
"Rompieron el bloqueo" nos dijo Fidel.
Su docencia fermental en la Facultad de Arquitectura, "en el Taller Serralta", el mas importante en ese momento.
Su sorprendente capacidad de trabajo.
Las legendarias entregas. Con Jorge Carrozzino, con Santiago Coco, con Eduardo Castagno, con Luis Camnitzer, con … tantos otros.
Sus obras, sus concursos, sus dibujos. El Unitor.
Su labor teórica, arquitectónica, urbanística, artística, política …
Como me dijo un día el Dr. Naviliat en Argel : ese Uruguay que se nos va !
Hasta muy pronto, Justino.
Julio
Hoy, jueves 27, falleció en Nantes a las 4:00 am, aproximadamente.
Arquitecto, maestro de maestros, fue uno de los pilares de la cultura material y espiritual de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay.
Trabajó en el despacho de Le Corbusier y uno de los productos que surgió, fue la redacción de El Modulor, obra referente e insuperable de estos dos “monstruos”.
De una lucidez y congruencia francamente insuperable, fue un referente obligado en los temas de planeación territorial, desarrollo urbano. Aún hoy se estudian sus escritos, sus notas y se siguen descubriendo profundidades insospechadas en sus propuestas, en sus reflexiones
El único consuelo que puedo, en este momento, construir para mi cobijo, es que me pude beneficiar de sus correcciones, de sus sarcasmos, de sus trazos despiadados con 6B, encima de los dibujos que me habían costado toda una noche de trabajo y que él, con su sonrisa beatífica, destruía inteligentemente en aquellas madrugadas de la Facultad.
Uno de las tantas deudas impagables que los malditos militares uruguayos, cucarachas bípedas incrustadas en la historia, generaron con sus inútiles prepotencias, fue que obligaron a Serralta, fiel a a su congruencia irrenunciable, a emigrar a Francia, beneficiando a los estudiantes franceses.
Dicen que así se escribe al historia. No lo sé. Pero sí sé que quien la escribe tiene una especial habilidad para hacer doler.
Me duele.
Abrazos
COFE definió calendario de paros y ocupaciones
29.10.2011 | 12.09 El Espectador
Noviembre es un mes clave para los sindicatos públicos que comenzarán a exigir nuevamente que el Gobierno cumpla con la aplicación de la ley de negociación colectiva para el sector.
En las últimas horas fue votado un plan de acción que incluye paros de 24 horas por ministerio.
Después de paro previsto por el Pit Cnt para el 3 de noviembre, donde se incluirá en la plataforma de reclamos de los estatales, comenzarán el lunes 7 los paros en los diferentes ministerios.
La medida no descarta ocupaciones de esos lugares de trabajo.
"Una vez que aprendes a hablar, ya no quieres callar" (Activista de radio comunitaria indígena, Oaxaca, México)
ENSEÑANDO REBELDÍA
Experiencias de organización comunitaria en Latinoamérica (México y Uruguay)
Viernes 4 de noviembre,19 horas.
Local de FUCVAM. Eduardo V. Haedo 2219
Panelistas:
Alfredo Falero (UdelaR)
Andrea Caraballo (Colectivo CASA, Oaxaca, México)
Debate intercambio:
El Galpón de Corrales
La Chacrata
El Remanso
Ecos
Coorganizan:
Colectivo CASA, Oaxaca, México
Contraimpunidad
CIES (Centro Internacional de Estudios Sociales)
Núcleo Sujetos Colectivos (UdelaR)
Centro Social El Galpón de Corrales
Distribuidora Adrián Troitiño
Librería Kronopios
Presentación del libro ENSEÑANDO REBELDÍAS, más muestra fotográfica y arte político.
Enseñando Rebeldía (2011) es una compilación de testimonios de organizadores, profesores, estudiantes, amas de casa, líderes religiosos y muchos otros que participaron en lo que se convirtió en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
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"El libro Enseñando Rebeldía no es, ni pretende serlo, un manual sobre cómo rebelarse. Pero nos muestra dos cuestiones decisivas: que todos y todas podemos ser rebeldes, que la capacidad de rebelarse no anida en personas especiales o en colectivos de iluminados, y que la gente se hace rebelde participando de las rebeldías colectivas, porque las rebeldías individuales, por valiosas que sean, están condenadas al fracaso."
Raúl Zibechi, autor de Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento, entre otros.--
Visita nuestro blog: http://contraimpunidad.
