Alarma en Estados Unidos ante posibilidad de recesión económica
En Estados Unidos la alerta de recesión se ha mantenido alta. Foto: Getty Images.
Lisa Shalett, directora de comunicaciones de la división Morgan Wealth Management del banco de inversión Morgan Stanley, escribió en una nota dirigida a sus clientes que, desde 1960, cada vez que ese índice de la Fed neoyorquina superó el 30 por ciento, se produjo luego una recesión.
En ese documento citado por Axios, Shalett también señaló la relación oro-plata, la debilidad en las ventas de automóviles, vivienda, manufactura, ganancias y gastos de capital. “Los modelos de probabilidad de recesión han entrado en el territorio de advertencia y puede ser inevitable”, sostuvo.
De acuerdo con el servicio de noticias y datos de mercados Markets Insider, la alerta de recesión se ha mantenido alta desde que la curva de rendimiento del Departamento del Tesoro se invirtió en marzo y luego nuevamente en mayo.
Para calcular la probabilidad de recesión, el rastreador de la Fed de Nueva York utiliza específicamente la diferencia entre las tasas del Tesoro a 10 años y a tres meses.
Un diferencial negativo entre las dos ha precedido a todas las recesiones de la posguerra, y actualmente se encuentra negativo desde mayo, advirtió esa fuente.
La curva de rendimiento invertida es vista como un indicador de una recesión económica pendiente, porque cuando las tasas de interés a corto plazo exceden las de largo plazo el sentimiento del mercado sugiere una perspectiva pobre a largo plazo, y se cree que los rendimientos ofrecidos por el ingreso fijo continuarán cayendo.
El sitio digital de información financiera Market Watch apuntó que inversionistas de Wall Street observan con nerviosismo el reciente comportamiento de la curva, cuando la guerra comercial global de la administración de Donald Trump socava la confianza empresarial y la actividad manufacturera.
La estratega de ingresos fijos, Leslie Falconio, declaró a esa página web que si la curva de rendimiento se mantiene invertida por un largo periodo, puede influir en el crecimiento económico debido a su efecto corrosivo en las ganancias corporativas. Ello se debe a que llevaría a los bancos a evitar prestar dinero, restringiría el flujo de crédito y aumentaría los costos de los préstamos.
De cualquier modo, muchos analistas argumentan que la lectura de la Fed de Nueva York es un solo componente de un sistema de pronóstico de recesión más complejo, y ven los últimos informes de empleo como una señal de que la recuperación económica está funcionando bien.
(Con información de Prensa Latina)
EE.UU., La Luz de la Memoria: “Este va a ser un verano caliente en mi país”
La activista estadounidense Gloria La Riva, recién llegada de Venezuela, donde ha filmado al interior de cárceles y otros espacios ignorados por los grandes medios de su país, advierte que la guerra de la administración Trump contra el proceso bolivariano, escalará con nuevos pretextos (lo que ya se está viendo con el Informe Bachelet).
En «La Luz de la Memoria» evaluó también el ambiente electoral en Estados Unidos, la responsabilidad de los demócratas en la más que posible reelección del actual inquilino de la Casa Blanca, el por qué de la obsesión del mandatario en sus ataques contra el socialismo y el fuerte clima de protestas que crece al interior de la sociedad norteamericana por los escandalosos abusos contra los niños inmigrantes y sus familias. «Hay mucha gente enojada con los super ricos», afirma para explicar por qué cree que habrá un verano muy caliente allá y no sólo por las temperaturas.
La Luz de la Memoria
Durante 13 años (2002-2015), Arleen Rodríguez Derivet mantuvo al aire el programa La luz en lo oscuro, que durante la última hora y media de la noche de cada domingo, entraba con un mensaje de amor y esperanza a las cárceles de los Cinco Héroes cubanos presos injustamente en los Estados Unidos, por las frecuencias de Radio Rebelde.Tras el regreso de los Cinco a Cuba, el programa realizó con ellos sus últimas emisiones. Pero el director del espacio, Demetrio Villaurrutia y su guionista y conductora, insistieron en mantener la especial conexión que durante ese tiempo se había establecido con su amplia audiencia nacional e internacional.
Después de ensayar otras variantes de realización, surge La Luz de la Memoria, que mantiene frecuencia dominical y un formato de diálogo con uno o más invitados, que se intercala con música, preferentemente escogida por los entrevistados.
Pobredumbre y posibles disturbios en los centros de inmigración en EEUU
Un reporte publicado por la cadena NBC News
muestra el estado de deterioro y hacinamiento en que viven los
inmigrantes puestos en centros de detención, sobre todo en los estados
fronterizos, de los Estados Unidos.
Allí se denuncian las condiciones en las que se encuentran los migrantes infantiles, que son apilados en jaulas de acero y sin abrigo necesario para las noches frías de California, Arizona y Texas, donde se encuentran los centros más grandes.
De hecho, el reporte de la NBC News
admite que "las condiciones en la estación fronteriza de El Paso,
Texas, son tan malas que los agentes fronterizos se están armando contra
posibles disturbios". De hecho, ingresan en los recintos con armas por
temor a algún ataque.
También existe un problema sanitario y de salubridad muy grave, al punto de que no existe atención médica en casos de emergencia, mientras el hambre se instala en las instalaciones.
Congresistas han visitado algunos centros y han dado su opinión crítica, denunciando incluso amenazas de abusos físicos y sexuales contra los migrantes.
Aunque la Administración Trump, cuando no niega los hechos, alegue
que el estado de esas instalaciones es producto de la masiva cantidad de
ciudadanos extranjeros intentando ingresar a los Estados Unidos, el
medio denuncia que "algunas condiciones, como la falta de duchas o de
ropa limpia para los detenidos, no dependen de mayor financiamiento".
Allí se denuncian las condiciones en las que se encuentran los migrantes infantiles, que son apilados en jaulas de acero y sin abrigo necesario para las noches frías de California, Arizona y Texas, donde se encuentran los centros más grandes.
Niños inmigrantes son tratados como ganado en matadero en los centros de detención estadounidenses
BBC
También existe un problema sanitario y de salubridad muy grave, al punto de que no existe atención médica en casos de emergencia, mientras el hambre se instala en las instalaciones.
Congresistas han visitado algunos centros y han dado su opinión crítica, denunciando incluso amenazas de abusos físicos y sexuales contra los migrantes.
Documentos filtrados del equipo de transición de Trump revelan que "la oposición a la tortura" es considerada "una señal de alarma"
Publicado: 24 jun 2019 05:29 GMT | Última actualización: 24 jun 2019 10:44 GMT - RT
Varios nombres que finalmente se alzaron con
los puestos más elevados en la Administración Trump fueron merecedores
de señales de alerta.
Kellyanne
Conway, gerente de campaña y asesora principal del equipo de transición
presidencial de Trump, junto a dos artistas callejeros en Nueva York,
28 de noviembre de 2016.
Lucas Jackson / Reuters
El exdirector de la CIA, David Petraeus,
fue considerado para el puesto del secretario de Estado de EE.UU., pero
se encontraron varias "señales de alarma" que frustraron la
designación, según documentos de investigación filtrados del equipo de
transición de Trump.
Documentos de investigación internos compilados por el Comité Nacional Republicano a instancias del equipo del entonces presidente electo Donald Trump han sido filtrados a Axios on HBO, que reportó la noticia este domingo. De acuerdo con estos materiales, el general Petraeus estaba en contra de la "tortura" y la "solución militar en Siria", entre otras cosas.
Algunos de los nombres que se hicieron con los puestos más altos del
Gobierno también fueron merecedores de varias señales de alerta en sus
archivos. Concretamente, la exembajadora de EE.UU. en la ONU, Nikki
Haley, fue marcada por decir que Trump es todo lo que "le enseñamos a
nuestros niños a no hacer en el jardín de infancia".
Mick Mulvaney, ahora jefe del Estado Mayor con Trump, consideraba que el presidente "no es una persona muy buena". El exsecretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson recibió una marca negra del equipo de selección del comité por su historial de negocios con Rusia, supuestamente como jefe de ExxonMobil.
En respuesta a la filtración, la Casa Blanca ha elogiado la capacidad de Trump para elegir a las personas adecuadas, y ha calificado a su Administración como "un equipo increíble" de profesionales que "ha logrado éxitos innegables como recortes impositivos, niveles récord de empleo, una economía en auge". Ese éxito, según el subsecretario de prensa principal Hogan Gidley, no puede ser cambiado por "las fugas cobardes".
Documentos de investigación internos compilados por el Comité Nacional Republicano a instancias del equipo del entonces presidente electo Donald Trump han sido filtrados a Axios on HBO, que reportó la noticia este domingo. De acuerdo con estos materiales, el general Petraeus estaba en contra de la "tortura" y la "solución militar en Siria", entre otras cosas.
Mick Mulvaney, ahora jefe del Estado Mayor con Trump, consideraba que el presidente "no es una persona muy buena". El exsecretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson recibió una marca negra del equipo de selección del comité por su historial de negocios con Rusia, supuestamente como jefe de ExxonMobil.
En respuesta a la filtración, la Casa Blanca ha elogiado la capacidad de Trump para elegir a las personas adecuadas, y ha calificado a su Administración como "un equipo increíble" de profesionales que "ha logrado éxitos innegables como recortes impositivos, niveles récord de empleo, una economía en auge". Ese éxito, según el subsecretario de prensa principal Hogan Gidley, no puede ser cambiado por "las fugas cobardes".
Con Trump al infierno
Por:
Angel Guerra Cabrera
Hace un año, Donald Trump, al más puro estilo hitleriano, decidió romper el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, cuyo nombre oficial es Programa de Acción Integral Conjunto (PAIC). La descabellada acción y la reimposición por Washington de asfixiantes sanciones económicas al país de los ayatolas desencadenó y ha agravado el nuevo conflicto estadounidense con esa nación a tal grado de tensión que el mínimo error humano puede llevar a la “catástrofe” anunciada la semana pasada por Vladimir Putin. Esto, suponiendo que la escalada militar gringa en curso en el golfo Pérsico solo se limite a la usual práctica trumpiana de conducir los conflictos a un punto álgido para luego negociar desde posiciones más ventajosas. Porque no hay nada más parecido al zafarrancho de Estados Unidos en las últimas semanas respecto al país persa que los que precedieron a la agresión a Irak y a otros países como Vietnam, incluyendo las operaciones de falsa bandera contra buques tanques en la región de los que se culpa a Teherán y otros embustes semejantes. Bolton sabe mucho de eso.
En cualquiera de los dos casos es válido continuar citando a Putin: «Una acción bélica norteamericana contra el país persa solo contribuiría a una explosión de violencia en la zona y los iniciadores de una acción como esa deben tener en cuenta las consecuencias negativas». Ya este desenlace, solo en la zona, sería de una magnitud sin precedente pues Irán es mucho más poderoso militarmente que lo que eran Afganistán, Irak y Libia juntos, posee tradiciones milenarias y sus combatientes han demostrado un gran patriotismo. Tiene, además, los buques yanquis a tiro de sus misiles, tupida defensa antiaérea y aliados en la región que pueden extender el eventual conflicto bélico más allá de sus fronteras y hacer mucho daño a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, principales compinches mesorientales de Washington y también principales enemigos del pacto nuclear con Teherán.
Cuántos millones de muertos más; cuánta destrucción más, muchas veces de tesoros del patrimonio mundial, cuantos cientos de miles, o millones, de refugiados más, ocasionados por las guerras estadounidenses desde 2003. Una gigantesca ola humana tocando desesperada a las puertas de Europa y de la propia potencia agresora podrían esperarse, pues los que huyen del hambre y la violencia, como estamos viendo en México, poseen insospechadas capacidades para cruzar desiertos, mares y océanos.
Supongo que por prudencia, Putin se abstuvo de referirse a un posible desarrollo de las acciones militares en el que Rusia, más que ningún otro país, podría verse involucrada aunque no lo desee y en el que es muy difícil imaginar que los dos grandes contendientes, si no es que China resulta succionada también a la hoguera, recurran al uso del arma nuclear. Tal vez por eso el presidente ruso se cuidó de advertir que los agresores deben tener en cuenta las consecuencias “negativas”. No hay más que observar un mapa y reflexionar.
El PAIC fue negociado durante años y firmado en 2015 por China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia -los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- más Alemania, la Unión Europea (UE) y, por supuesto, Irán. Al desentenderse de su compromiso con este, Washington, además, impuso a sus socios europeos y a Japón que abandonaran la mayor parte de sus intercambios económicos con Irán bajo amenaza de duras sanciones, amenaza también dirigida a China, India y otros países. La UE, que puede ser muy dañada por un conflicto en Irán y también teme las sanciones de Trump, no ha enfrentado a Washington con la energía que se requeriría para mantener sus compromisos con el PAIC. Además, sus empresas con negocios en Estados Unidos abandonan Irán por temor a las sanciones.
El PAIC busca asegurar el carácter estrictamente pacífico del programa nuclear iraní y el país persa ha venido cumpliendo con sus duras estipulaciones al pie de la letra, tal como certifican periódicamente los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se trata de los estándares de inspección más duros que se hayan aplicado a Estado alguno. A cambio de este cumplimiento, las sanciones económicas que ahogaban injusta y arbitrariamente a Irán se iban levantando gradualmente. Las transnacionales regresaron a hacer negocios en el país asiático, este pudo comenzar a recibir limitadamente créditos y vender cantidades de petróleo en el mercado internacional. Después de todo, Irán, firmante del Tratado de no Proliferación Nuclear, siempre aseguró que no tenía intención de desarrollar el arma atómica. En contraste con Israel, que junto a Trump y los fundamentalistas sionistas de la Casa Blanca -como Bolton, Kushner, Pence y Pompeo-, lo acusan de ser una amenaza terrorista, pero es el Estado judío el que, contra el derecho internacional, posee no menos de 200 armas nucleares y ha agredido a todos sus vecinos, mientras Irán nunca ha agredido a ningún otro país. Y ahora los señores del dinero le exigen que siga cumpliendo los acuerdos aunque muera de hambre.
La democracia en Estados Unidos
Por: Atilio Borón
5 julio 2019
| CUBADEBATE
Imagen del desfile militar durante los festejos de la Independencia de Estados Unidos. Foto: AFP
Gracias a una intensa y sostenida campaña propagandística aparece como la tierra de la libertad y la democracia. Es más, como un país al cual Dios le habría encomendado la misión de recorrer el mundo sembrando libertad, justicia, derechos humanos y democracia por doquier.
Esta visión mesiánica, autoproclamada, es tan falsa como la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y fue sistemáticamente desmentida a lo largo de más de dos siglos de historia independiente.
Hace apenas un par de meses el ex presidente James Carter afirmó que su país era la nación más beligerante del mundo: estuvo en guerra durante 222 años de sus 243 como nación independiente. Guerras de rapiña y conquista comenzando por México, Cuba y el Caribe y Centroamérica y, ya consolidado como el hegemón de un vasto imperio informal de alcance mundial su labor -sobre todo en los países del Tercer Mundo- fue destruir democracias, donde las hubiere, y reemplazarlas por crueles tiranías que sometieron y esclavizaron a sus pueblos en nombre de los intereses estadounidenses.
Por supuesto, los voceros y paniaguados del imperio se cuidan permanentemente de revelar estas dolorosas verdades. Pero sus alabanzas y rastreras adulaciones -ampliamente difundidas en los medios, la academia, la intelectualidad y la política- son insuficientes para ocultar un hecho decisivo: en la propia Constitución de Estados Unidos, con sus correspondientes enmiendas, la palabra “democracia” no aparece ni una sola vez.
Quizás los Vargas Llosa (padre e hijo), Krauze, Kovadlof, Montaner y toda esa inmensa pléyade de publicistas del imperio no se tomaron la molestia de leer la Constitución de Estados Unidos, para ni hablar de los gobernantes actuales en Latinoamérica que hicieron de la obsecuencia y la lambisconería su seña de identidad, como Macri, Bolsonaro, Piñera y Duque, para no mencionar sino los más importantes.
Por eso, cuando en todo el mundo se celebra la independencia de las trece colonias originarias es más que nunca necesario recordar que ni sus Padres Fundadores ni sus sucesores jamás se propusieron fundar un Estado democrático. Y mal podríamos en Nuestra América progresar hacia la democracia emulando un país que nunca se atrevió a incorporar ese régimen político en su Constitución. ¿Será suficiente para que aprendamos cuál es la verdadera naturaleza del sistema político norteamericano?
Un senador de EE.UU. propone invadir Venezuela para asustar a Irán y Corea del Norte
Publicado: 15 jun 2019 12:09 GMT - RT
Lindsey Graham argumentó que Washington
debería usar sus fuerzas militares para intervenir en el país
latinoamericano con el fin de "poner puntos en el casillero" y advertir a
otros países.
Aeronaves militares Osprey en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de EE.UU. en Miramar, California, el 6 de junio de 2019.
Cheng Chang / EE.UU. cuerpos de Marina / Reuters
El senador estadounidense Lindsey Graham, un aliado cercano del presidente Donald Trump,
reiteró el viernes su llamamiento a una invasión militar a Venezuela,
similar a la que Ronald Reagan realizó en Granada en 1983.
En una entrevista con Fox News, Graham sugirió que Trump debería "poner la fuerza militar sobre la mesa" respecto a Caracas, para asustar a Corea del Norte e Irán.
"Dale un ultimátum a Cuba. Sin Cuba, Maduro no dura un día. Dile a
Cuba que salga de Venezuela. Haz lo que hizo Reagan en Granada: ¡pon la
fuerza militar sobre la mesa!", afirmó el legislador, en respuesta a una
pregunta del presentador sobre cómo debería manejar Trump los
conflictos internacionales.
"Necesitamos puntos en el casillero. Comienza con tu propio patio. Arregla a Venezuela y todos los demás sabrán que estás hablando en serio", afirmó el senador de Carolina del Sur, implicando que los problemas con Corea del Norte e Irán se resolverían justo después de que Washington coloque a Caracas en su lugar.
"Si yo fuera Trump, daría un ultimátum a Cuba: 'Retiren todas sus fuerzas'. Y si no lo hacen, pondría fuerzas militares en la región y limpiaría nuestro patio trasero. Cuando Cuba se involucró en Granada, ¿qué hizo Ronald Reagan? Los echó. Eso es lo que haría con Venezuela", advirtió el político estadounidense.
Asimismo, Graham recalcó que "un combate militar" entre EE.UU. y Venezuela "duraría aproximadamente 24 horas", porque "esto no es Irán o Corea del Norte". Tras asegurar que "el Ejército venezolano se doblaría como un traje barato", el senador volvió a afirmar que le gustaría ver al presidente Trump hacer "lo que hizo Reagan cuando se trató de la interferencia de Cuba en Granada".
"Nos ayudaría con Irán. Nos ayudaría con Corea del Norte", concluyó Graham.
En una entrevista con Fox News, Graham sugirió que Trump debería "poner la fuerza militar sobre la mesa" respecto a Caracas, para asustar a Corea del Norte e Irán.
"Necesitamos puntos en el casillero. Comienza con tu propio patio. Arregla a Venezuela y todos los demás sabrán que estás hablando en serio", afirmó el senador de Carolina del Sur, implicando que los problemas con Corea del Norte e Irán se resolverían justo después de que Washington coloque a Caracas en su lugar.
Minimizar la influencia cubana
Además, en otra entrevista en el programa de radio The Hugh Hewitt Show, Graham insistió en que Trump debería inspirarse en Raegan y su invasión a Granada. El senador subrayó que es importante minimizar la influencia cubana en Venezuela."Si yo fuera Trump, daría un ultimátum a Cuba: 'Retiren todas sus fuerzas'. Y si no lo hacen, pondría fuerzas militares en la región y limpiaría nuestro patio trasero. Cuando Cuba se involucró en Granada, ¿qué hizo Ronald Reagan? Los echó. Eso es lo que haría con Venezuela", advirtió el político estadounidense.
Asimismo, Graham recalcó que "un combate militar" entre EE.UU. y Venezuela "duraría aproximadamente 24 horas", porque "esto no es Irán o Corea del Norte". Tras asegurar que "el Ejército venezolano se doblaría como un traje barato", el senador volvió a afirmar que le gustaría ver al presidente Trump hacer "lo que hizo Reagan cuando se trató de la interferencia de Cuba en Granada".
"Nos ayudaría con Irán. Nos ayudaría con Corea del Norte", concluyó Graham.
Halcón de la era Bush propone una guerra encubierta contra Venezuela
Su nombre es José Cárdenas
y estuvo al frente de la USAID para Latinoamérica durante la
Administración de George W. Bush. En el ámbito latinoamericano, es
ampliamente conocido por haber participado activamente en el golpe de
Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, en el año 2009. Es
un halcón con todos los accesorios que adaptado al contexto
latinoamericano.
Un corto repaso por sus actividades como jefe del principal brazo conspirativo del Departamento de Estado, nos habla de un operador profesional en lo que concierne al financiamiento (y posterior instrumentalización) de ONG con fines golpistas.
En su momento, Misión Verdad ofreció los siguientes datos para desenmascarar las supuestas buenas intenciones de Cárdenas: "Financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39.2 millones de dólares a organizaciones" que configuraron la base de masas para la salida forzada de Zelaya.
No es la primera vez que desde esta tribuna hacemos referencia a José Cárdenas. En julio del año pasado, en un artículo publicado en la famosa revista Foreign Policy, llamó abiertamente a un levantamiento militar basándose en su propia experiencia del golpe en Honduras.
En sus propias palabras, el diálogo como mecanismo de resolución del contencioso venezolano no ofrecería ninguna ventaja para los objetivos estratégicos de los Estados Unidos en Venezuela. Por ende, propuso a la FANB como "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela".
Para Cárdenas, un golpe a la Zelaya sería la opción más rentable para devolver el poder del Estado venezolano a la oposición, al esquivar los costos lógicos a nivel económico y mediático que traerían consigo una intervención militar convencional.
A modo de contexto: cuando Cárdenas publicó su artículo en 2018, el establecimiento de política exterior estadounidense azuzaba con fuerza la carta del golpe interno como respuesta inmediata al descalabro electoral del antichavismo en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo, en la cual Nicolás Maduro ganó su reelección de manera avasallante.
Para esa fecha, tanto el senador Marco Rubio como el ex encargado de negocios Todd Robinson, hacían llamados abiertos a un alzamiento militar para interrumpir la elección presidencial y cristalizar un gobierno de facto nacido de la fuerza.
Debido a este acto de injerencia, Todd Robinson fue expulsado de Venezuela, pero la línea del golpe militar interno por parte del establecimiento de política exterior continuaría su desarrollo hasta convertirse en una de las opciones estratégicas del impulso de cambio de régimen con Juan Guaidó a la cabeza. Una demostración de ello fueron las operaciones del 23 de febrero y del 30 de abril del año en curso, las cuales apuntaron a la fractura de la FANB para desplazar al chavismo del poder.
Un año después, José Cárdenas ha vuelto a escribir contra Venezuela en la misma Foreign Policy. Esta vez su idea del alzamiento militar ha quedado en segundo plano para abrir paso a un planteamiento de un acoso integral contra el país.
La principal preocupación de Cárdenas es que Trump pierda su atención e interés en Venezuela debido al agravamiento de las tensiones con Irán, lo cual ha traído como consecuencia un reacomodo de las prioridades de la política exterior de la Casa Blanca.
La contradicción de la premisa de Cárdenas no sólo yace en lo repetitivo de esta carta de presión institucional, sino en su propia lógica: las acusaciones deben realizarse de forma unilateral y no como consecuencia de algún delito o violación a la ley estadounidense. Es decir, Cárdenas plantea acusar judicialmente a funcionarios simplemente por mantener una postura contraria al golpe de Estado planteada por él.
En otro apartado, propone que los Estados Unidos refuerce "la aplicación de la ley, incluidos más esfuerzos de interdicción por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos y más recursos para que la DEA interrumpa las redes de tráfico de drogas que atraviesan Venezuela".
Cárdenas, acorde a su patrón de discurso, no ofrece pruebas sobre "las redes de tráfico" que comenta, e incluso causa sospecha que Colombia, el origen del problema del narcotráfico en la región, no implica para él mayor preocupación.
De forma abierta, también propone que se desarrollen operaciones de propaganda para socavar la capacidad de tomas de decisión del chavismo. "Las MISO (Military Information Support Operations) son operaciones planificadas que emplean propaganda, desinformación o información errónea para confundir, desviar la atención y, de otro modo, interrumpir y presionar la toma de decisiones de los adversarios".
Complementa Cárdenas afirmando que "son un medio no violento para configurar los resultados políticos en situaciones inciertas. En lugar de usar la fuerza para obligar, la estrategia se basa en manipular la lógica, el miedo u otros factores mentales para lograr objetivos estratégicos".
Al unísono de esta declaración de guerra abierta en términos no convencionales, Cárdenas propone la autorización de "acciones encubiertas" a una escala militar e informativa que fracturen "la cohesión del régimen, hacer hincapié en su incapacidad de mantener el control y convencer a las mentes dentro del Ejército de que el status quo ya no es sostenible".
Cárdenas culmina con un mensaje directo al jefe de la Casa Blanca: "Trump debería solicitar que todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo acudan a la mesa con estrategias para socavar el régimen de Maduro mediante el uso de la ley, las operaciones de información y otros medios encubiertos".
A modo de conclusión, el artículo de Cárdenas expresa cómo los medios de prestigio en el mundo diplomático occidental normalizan la narrativa de la guerra contra Venezuela, a tal punto de servir de portavoces que legitiman los planes de agresión contra un país soberano.
De la figura de Cárdenas no hay mucho que comentar, salvo que es un halcón de segundo orden que busca un retorno glorioso aprovechando la apertura de Trump. Los nombramientos de John Bolton como asesor de seguridad nacional y del reputado criminal Elliott Abrams como enviado especial a Venezuela, le hace creer a Cárdenas que algún cubículo en la burocracia del Departamento de Estado espera por él.
Y son posturas tan dementes como las de Cárdenas, las que suelen ser las más escuchadas.
Un corto repaso por sus actividades como jefe del principal brazo conspirativo del Departamento de Estado, nos habla de un operador profesional en lo que concierne al financiamiento (y posterior instrumentalización) de ONG con fines golpistas.
En su momento, Misión Verdad ofreció los siguientes datos para desenmascarar las supuestas buenas intenciones de Cárdenas: "Financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39.2 millones de dólares a organizaciones" que configuraron la base de masas para la salida forzada de Zelaya.
No es la primera vez que desde esta tribuna hacemos referencia a José Cárdenas. En julio del año pasado, en un artículo publicado en la famosa revista Foreign Policy, llamó abiertamente a un levantamiento militar basándose en su propia experiencia del golpe en Honduras.
En sus propias palabras, el diálogo como mecanismo de resolución del contencioso venezolano no ofrecería ninguna ventaja para los objetivos estratégicos de los Estados Unidos en Venezuela. Por ende, propuso a la FANB como "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela".
Para Cárdenas, un golpe a la Zelaya sería la opción más rentable para devolver el poder del Estado venezolano a la oposición, al esquivar los costos lógicos a nivel económico y mediático que traerían consigo una intervención militar convencional.
A modo de contexto: cuando Cárdenas publicó su artículo en 2018, el establecimiento de política exterior estadounidense azuzaba con fuerza la carta del golpe interno como respuesta inmediata al descalabro electoral del antichavismo en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo, en la cual Nicolás Maduro ganó su reelección de manera avasallante.
Para esa fecha, tanto el senador Marco Rubio como el ex encargado de negocios Todd Robinson, hacían llamados abiertos a un alzamiento militar para interrumpir la elección presidencial y cristalizar un gobierno de facto nacido de la fuerza.
Debido a este acto de injerencia, Todd Robinson fue expulsado de Venezuela, pero la línea del golpe militar interno por parte del establecimiento de política exterior continuaría su desarrollo hasta convertirse en una de las opciones estratégicas del impulso de cambio de régimen con Juan Guaidó a la cabeza. Una demostración de ello fueron las operaciones del 23 de febrero y del 30 de abril del año en curso, las cuales apuntaron a la fractura de la FANB para desplazar al chavismo del poder.
Un año después, José Cárdenas ha vuelto a escribir contra Venezuela en la misma Foreign Policy. Esta vez su idea del alzamiento militar ha quedado en segundo plano para abrir paso a un planteamiento de un acoso integral contra el país.
La principal preocupación de Cárdenas es que Trump pierda su atención e interés en Venezuela debido al agravamiento de las tensiones con Irán, lo cual ha traído como consecuencia un reacomodo de las prioridades de la política exterior de la Casa Blanca.
Vuelve el lawfare como ofensiva antivenezolanaPor ende, Cárdenas propone "desvelar más acusaciones sobre funcionarios venezolanos" apoyándose en el Departamento de Justicia. “El aumento constante del número de acusaciones contra funcionarios venezolanos aumentaría considerablemente los intereses de quienes rodean a Maduro, que podrían estar considerando una rampa de salida", tendría como resultado, según Cárdenas, la "fractura del régimen que Estados Unidos y sus aliados regionales anticipan".
La contradicción de la premisa de Cárdenas no sólo yace en lo repetitivo de esta carta de presión institucional, sino en su propia lógica: las acusaciones deben realizarse de forma unilateral y no como consecuencia de algún delito o violación a la ley estadounidense. Es decir, Cárdenas plantea acusar judicialmente a funcionarios simplemente por mantener una postura contraria al golpe de Estado planteada por él.
En otro apartado, propone que los Estados Unidos refuerce "la aplicación de la ley, incluidos más esfuerzos de interdicción por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos y más recursos para que la DEA interrumpa las redes de tráfico de drogas que atraviesan Venezuela".
Cárdenas, acorde a su patrón de discurso, no ofrece pruebas sobre "las redes de tráfico" que comenta, e incluso causa sospecha que Colombia, el origen del problema del narcotráfico en la región, no implica para él mayor preocupación.
De forma abierta, también propone que se desarrollen operaciones de propaganda para socavar la capacidad de tomas de decisión del chavismo. "Las MISO (Military Information Support Operations) son operaciones planificadas que emplean propaganda, desinformación o información errónea para confundir, desviar la atención y, de otro modo, interrumpir y presionar la toma de decisiones de los adversarios".
Complementa Cárdenas afirmando que "son un medio no violento para configurar los resultados políticos en situaciones inciertas. En lugar de usar la fuerza para obligar, la estrategia se basa en manipular la lógica, el miedo u otros factores mentales para lograr objetivos estratégicos".
Al unísono de esta declaración de guerra abierta en términos no convencionales, Cárdenas propone la autorización de "acciones encubiertas" a una escala militar e informativa que fracturen "la cohesión del régimen, hacer hincapié en su incapacidad de mantener el control y convencer a las mentes dentro del Ejército de que el status quo ya no es sostenible".
Cárdenas culmina con un mensaje directo al jefe de la Casa Blanca: "Trump debería solicitar que todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo acudan a la mesa con estrategias para socavar el régimen de Maduro mediante el uso de la ley, las operaciones de información y otros medios encubiertos".
A modo de conclusión, el artículo de Cárdenas expresa cómo los medios de prestigio en el mundo diplomático occidental normalizan la narrativa de la guerra contra Venezuela, a tal punto de servir de portavoces que legitiman los planes de agresión contra un país soberano.
De la figura de Cárdenas no hay mucho que comentar, salvo que es un halcón de segundo orden que busca un retorno glorioso aprovechando la apertura de Trump. Los nombramientos de John Bolton como asesor de seguridad nacional y del reputado criminal Elliott Abrams como enviado especial a Venezuela, le hace creer a Cárdenas que algún cubículo en la burocracia del Departamento de Estado espera por él.
Y son posturas tan dementes como las de Cárdenas, las que suelen ser las más escuchadas.
Guaidó y EEUU abren puertas para la renegociación de deuda y entrada del FMI en Venezuela
El esquema de
proto-gobierno paralelo en Venezuela intenta tomar forma mediante un
acto que recientemente diera a conocer la instancia denominada "Oficina
del Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela", bajo
la juridiscción administrativa del inexistente gobierno de Juan Guaidó.
La autodenominada oficina ha publicado un documento sin firma de un titular en el "cargo" donde detallan los "lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro", que se supone es un papel que prefija los principios para abordar el manejo de deuda externa de la nación, una vez tenga lugar el "cese de la usurpación" en Venezuela.
Básicamente, consiste en un conjunto de pautas para la creación de vías administrativas y legales que serían ejecutadas por el Ejecutivo y Legislativo venezolano (una vez más, cuando "cese la usurpación") para poner a beneficio de los tenedores de bonos de la deuda venezolana los recursos de la nación, tal como ya se ha venido ensayando en meses anteriores.
El documento es sumamente ilustrativo de las intenciones declaradas y abiertas del pretendido gobierno en una era post-chavismo. En él se ve reflejado con claridad que en Venezuela tomaría cuerpo un tipo de gobierno corporativo mediante una gestión financiera claramente alineada a los intereses de bonistas, capitales extranjeros e instancias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No es para menos, dado que el documento fue redactado por Ricardo Hausmann, representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (y conocido sicario económico), y Alejandro Grisanti Capriles, ex jefe de Estrategia para América Latina de Barclays Capital Inc., fundador de Ecoanalítica y actual director de la Junta ad hoc de PDVSA nombrada por el gobierno paralelo.
La redacción del documento contó con la asesoría de Lee Buchheit, quien en teoría había sido "contratado" en mayo por el equipo de Guaidó para ayudar a renegociar la deuda venezolana. Buchheit tiene a cuestas un largo prontuario de agente lobbysta de capitales buitre en la renegociación de deuda de países arruinados y sometidos a la hegemonía estadounidense, entre ellos Irak en el año 2005 y Argentina luego del ascenso de Macri.
Esto indica que, de llevarse a cabo lo redactado por Hausmann, Grisanti y Buchheit, se sometería la soberanía venezolana a los designios de tribunales extranjeros que durante los últimos años han demandado al país con el objetivo de lesionar el patrimonio venezolano, en muchos casos mediante actos espurios.
Dicho de otra forma, en ese escenario tendría lugar, por ejemplo, que Venezuela pague a ExxonMobil nuevos montos exorbitantes luego de que la nación pagara por la nacionalización de sus activos en el año 2007.
El principio que predominaría en esta "renegociación" es el de "reconciliación de pasivos", que "corresponderá al capital impago más los intereses acumulados".
Para cumplir con estas aberrantes dispensas, claramente favorables a factores extranjeros, el documento dictamina que en el escenario del "cese de la usurpación", la Asamblea Nacional deberá crear una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos con una cifra "preliminar" de 140 mil millones de dólares.
Básicamente, estos recursos serían posibles sólo bajo nuevo endeudamiento para, así, pagar deuda vieja, mediante una cifra que casi triplica los haberes del Fondo China-Venezuela, tan criticado por el antichavismo.
Los lineamientos del "Procurador Especial" anónimo infieren que la vía para ese financiamiento será el mercado de bonos y los entes multilaterales, en referencia explícita al FMI.
En efecto, Haussman, Grisanti y Buchheit dejan claro sobre el papel que las autoridades venezolanas deberán solicitar la "asistencia" del FMI para atender la "grave crisis humanitaria" en Venezuela, esto para que dicho ente pueda "desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país".
De hecho, en ese escenario la economía venezolana estará sometida a totalidad a la rectoría del FMI, dado que para todo el proceso de "renegociación" y "reconciliación", "deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país". Una declaración abierta de pérdida de la autonomía en los procesos soberanos de reestructuración de deuda.
La metodología parece muy sencilla. Veámoslo de manera más simple.
A quienes les pareció escandaloso el robo de Guaidó y su equipo del dinero de la famosa "ayuda imaginaria", les debería sorprender este pretendido descomunal desfalco a la nación si tan sólo entendieran la elegancia de la jerga financiera del referido documento.
Es preciso subrayar que, en mayo pasado, la Asamblea Nacional en desacato, y en nulidad de sus actos, aprobó que Juan Guaidó pusiera
mano de los recursos congelados a la nación por orden del Departamento del Tesoro estadounidense para cumplir con el pago de intereses del bono PDVSA 2020 a beneficio de sus acreedores, una buena parte de ellos en suelo estadounidense, y que son además instancias integrantes del séquito financiero norteamericano.
En un acto fuera de las competencias del Parlamento y en un ejercicio de "gobierno ejecutivo" que sólo es posible puertas afuera de
Venezuela (y dentro del circuito propiciado por Washington), Guaidó dispondría de recursos para esos pagos, totalmente a espaldas de la institucionalidad venezolana y sin ningún tipo de control y regulación.
A ese elemento se le suma la noticia que trascendiera en medios venezolanos sobre la suspensión de una demanda contra PDVSA por parte de una Corte del Distrito Sur de Nueva York a solicitud del "gobierno" de Guaidó. Para los promotores de la "jurisprudencia Guaidó", este hecho sentaría un precedente que allanaría la solución de las controversias contra PDVSA y el Estado venezolano en un eventual gobierno antichavista.
Por defecto, es evidente la conexión entre las instancias del gobierno estadounidense y su entramado judicial, con las veladas (o ya no tanto) intenciones de la oposición venezolana en establecer condiciones para efectuar un desmantelamiento ordenado y por vías formales del Estado-nación venezolano en una era post-chavista, dadas las profundas imbricaciones del poder financiero norteamericano como factor de fuerza, y de hecho, sobre la institucionalidad venezolana en ese escenario.
Es indispensable señalar también que son inocultables las acciones de cabildeo de los lobbys financieros norteamericanos sobre la dirigencia antichavista, en una trama que va desde instancias privadas a instancias formales del poder estadounidense.
Esto se delinea desde las gestiones del Departamento del Tesoro estadounidense para ejecutar la asfixia de Venezuela y la superposición del gobierno paralelo. Así como también por las presiones concretas que hacen sus lobbystas para instaurar en Venezuela un régimen draconiano de subordinación, confiscación y carroña financiera a beneficio de las instancias del poder real en el entramado financiero estadounidense.
La autodenominada oficina ha publicado un documento sin firma de un titular en el "cargo" donde detallan los "lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro", que se supone es un papel que prefija los principios para abordar el manejo de deuda externa de la nación, una vez tenga lugar el "cese de la usurpación" en Venezuela.
Básicamente, consiste en un conjunto de pautas para la creación de vías administrativas y legales que serían ejecutadas por el Ejecutivo y Legislativo venezolano (una vez más, cuando "cese la usurpación") para poner a beneficio de los tenedores de bonos de la deuda venezolana los recursos de la nación, tal como ya se ha venido ensayando en meses anteriores.
El documento es sumamente ilustrativo de las intenciones declaradas y abiertas del pretendido gobierno en una era post-chavismo. En él se ve reflejado con claridad que en Venezuela tomaría cuerpo un tipo de gobierno corporativo mediante una gestión financiera claramente alineada a los intereses de bonistas, capitales extranjeros e instancias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No es para menos, dado que el documento fue redactado por Ricardo Hausmann, representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (y conocido sicario económico), y Alejandro Grisanti Capriles, ex jefe de Estrategia para América Latina de Barclays Capital Inc., fundador de Ecoanalítica y actual director de la Junta ad hoc de PDVSA nombrada por el gobierno paralelo.
La redacción del documento contó con la asesoría de Lee Buchheit, quien en teoría había sido "contratado" en mayo por el equipo de Guaidó para ayudar a renegociar la deuda venezolana. Buchheit tiene a cuestas un largo prontuario de agente lobbysta de capitales buitre en la renegociación de deuda de países arruinados y sometidos a la hegemonía estadounidense, entre ellos Irak en el año 2005 y Argentina luego del ascenso de Macri.
Preparación del terreno para capitales buitre y el FMI
El documento indica que la renegociación tendrá un "carácter integral", pues incluiría "todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera contra el sector público venezolano", es decir, se disponen a pagar todo acto de demanda y arbitrariedad, o "reclamaciones privadas" contra la República en los últimos 20 años, las cuales denominan "bonos de deuda", "facturas impagadas a suplidores", "demandas", "arbitrajes" y "expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro".Esto indica que, de llevarse a cabo lo redactado por Hausmann, Grisanti y Buchheit, se sometería la soberanía venezolana a los designios de tribunales extranjeros que durante los últimos años han demandado al país con el objetivo de lesionar el patrimonio venezolano, en muchos casos mediante actos espurios.
Dicho de otra forma, en ese escenario tendría lugar, por ejemplo, que Venezuela pague a ExxonMobil nuevos montos exorbitantes luego de que la nación pagara por la nacionalización de sus activos en el año 2007.
El principio que predominaría en esta "renegociación" es el de "reconciliación de pasivos", que "corresponderá al capital impago más los intereses acumulados".
Para cumplir con estas aberrantes dispensas, claramente favorables a factores extranjeros, el documento dictamina que en el escenario del "cese de la usurpación", la Asamblea Nacional deberá crear una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos con una cifra "preliminar" de 140 mil millones de dólares.
Básicamente, estos recursos serían posibles sólo bajo nuevo endeudamiento para, así, pagar deuda vieja, mediante una cifra que casi triplica los haberes del Fondo China-Venezuela, tan criticado por el antichavismo.
Los lineamientos del "Procurador Especial" anónimo infieren que la vía para ese financiamiento será el mercado de bonos y los entes multilaterales, en referencia explícita al FMI.
En efecto, Haussman, Grisanti y Buchheit dejan claro sobre el papel que las autoridades venezolanas deberán solicitar la "asistencia" del FMI para atender la "grave crisis humanitaria" en Venezuela, esto para que dicho ente pueda "desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país".
De hecho, en ese escenario la economía venezolana estará sometida a totalidad a la rectoría del FMI, dado que para todo el proceso de "renegociación" y "reconciliación", "deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país". Una declaración abierta de pérdida de la autonomía en los procesos soberanos de reestructuración de deuda.
La metodología parece muy sencilla. Veámoslo de manera más simple.
- Inflan la deuda venezolana cuantificándola hasta ahora en la cifra "preliminar" de 140 mil millones de dólares, catalogando como deuda reclamaciones arteras contra la República y dándolas a lugar.
- Luego, llamar al FMI y a capitales buitres para financiar mediante nueva deuda con altos intereses.
- Luego que el FMI arbitre el proceso de "renegociación" y "reconciliación" con los acreedores.
- Y, en consecuencia, confiscar el relacionamiento financiero del país, proyectándolo al largo plazo al servicio de deudas eternas con dinero pagadero y a beneficio de los lobbys financieros a los cuales Hausmann, Grisanti y Buchheit prestan regularmente sus servicios.
A quienes les pareció escandaloso el robo de Guaidó y su equipo del dinero de la famosa "ayuda imaginaria", les debería sorprender este pretendido descomunal desfalco a la nación si tan sólo entendieran la elegancia de la jerga financiera del referido documento.
Antecedentes y formas legales
El "gobierno" aéreo y ahora indiscutidamente corrupto de Guaidó sólo ha adquirido forma mediante los auspicios del gobierno estadounidense y algunos de sus países aliados. Pero, al mismo tiempo, dentro de Venezuela, el Parlamento dominado por el antichavismo se ha correspondido a dichas acciones intentando dar cuerpo a una jurisprudencia paralela que da al traste con todas las formas constitucionales de Venezuela.Es preciso subrayar que, en mayo pasado, la Asamblea Nacional en desacato, y en nulidad de sus actos, aprobó que Juan Guaidó pusiera
mano de los recursos congelados a la nación por orden del Departamento del Tesoro estadounidense para cumplir con el pago de intereses del bono PDVSA 2020 a beneficio de sus acreedores, una buena parte de ellos en suelo estadounidense, y que son además instancias integrantes del séquito financiero norteamericano.
En un acto fuera de las competencias del Parlamento y en un ejercicio de "gobierno ejecutivo" que sólo es posible puertas afuera de
Venezuela (y dentro del circuito propiciado por Washington), Guaidó dispondría de recursos para esos pagos, totalmente a espaldas de la institucionalidad venezolana y sin ningún tipo de control y regulación.
A ese elemento se le suma la noticia que trascendiera en medios venezolanos sobre la suspensión de una demanda contra PDVSA por parte de una Corte del Distrito Sur de Nueva York a solicitud del "gobierno" de Guaidó. Para los promotores de la "jurisprudencia Guaidó", este hecho sentaría un precedente que allanaría la solución de las controversias contra PDVSA y el Estado venezolano en un eventual gobierno antichavista.
Por defecto, es evidente la conexión entre las instancias del gobierno estadounidense y su entramado judicial, con las veladas (o ya no tanto) intenciones de la oposición venezolana en establecer condiciones para efectuar un desmantelamiento ordenado y por vías formales del Estado-nación venezolano en una era post-chavista, dadas las profundas imbricaciones del poder financiero norteamericano como factor de fuerza, y de hecho, sobre la institucionalidad venezolana en ese escenario.
Es indispensable señalar también que son inocultables las acciones de cabildeo de los lobbys financieros norteamericanos sobre la dirigencia antichavista, en una trama que va desde instancias privadas a instancias formales del poder estadounidense.
Esto se delinea desde las gestiones del Departamento del Tesoro estadounidense para ejecutar la asfixia de Venezuela y la superposición del gobierno paralelo. Así como también por las presiones concretas que hacen sus lobbystas para instaurar en Venezuela un régimen draconiano de subordinación, confiscación y carroña financiera a beneficio de las instancias del poder real en el entramado financiero estadounidense.
Nuevas pruebas evidencian trama de corrupción en oposición venezolana
Nuevas
pruebas divulgadas este lunes por medios locales ponen en evidencia la
trama de corrupción en las filas de la oposición venezolana con los
fondos recaudados como supuesta ayuda humanitaria acopiados en Cúcuta,
Colombia.
En
una reciente entrevista, Rossana Barrera, una de las enviada por el
autoproclamado mandatario, Juan Guaidó, para manejar esas finanzas en el
vecino país, admitió que recibió miles de dólares por ese concepto,
aunque minimizó el hecho al alegar que no eran ‘dineros públicos’ sino
donaciones de empresarios.
La también integrante del partido Voluntad Popular fue designada junto a Kevin Rojas como albaceas de los recursos para la atención a desertores venezolanos que ingresaron a territorio colombiano y señalados por desviar fondos bajo su custodia e inflar cifras de los militares traidores para malgastarlos.
Barrera negó sin embargo vivir rodeada de lujos, como señaló una investigación de PanAm Post con datos proporcionados por la inteligencia de Bogotá.
Estas declaraciones a Blu Radio, publicadas además por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), desconocen una parte de la versión divulgada por medios de derecha y las pruebas presentadas por el ministro de Comunicación de Caracas, Jorge Rodríguez, a la vez que reabren el debate sobre el verdadero destino del capital.
Luego de la denuncia del Gobierno de Venezuela, de la OEA y un medio de EE.UU., ‘Rossana de Cúcuta’, enviada de Guaidó -junto con Kevin Rojas- confirma que recibió miles de dólares para la supuesta ayuda humanitaria”, publicó la cuenta en Twitter de VTV.
De acuerdo con las evidencias mostradas por Rodríguez, la militante opositora fue identificada con ese sobrenombre en los mensajes telefónicos de Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó, detenido por sus vínculos con una célula terrorista.
Marrero instaba a Barrera a desviar altos montos para contratar sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, con el compromiso de pagar entre 500 mil y 700 mil dólares diarios, según los diálogos divulgados.
La también integrante del partido Voluntad Popular fue designada junto a Kevin Rojas como albaceas de los recursos para la atención a desertores venezolanos que ingresaron a territorio colombiano y señalados por desviar fondos bajo su custodia e inflar cifras de los militares traidores para malgastarlos.
Barrera negó sin embargo vivir rodeada de lujos, como señaló una investigación de PanAm Post con datos proporcionados por la inteligencia de Bogotá.
Estas declaraciones a Blu Radio, publicadas además por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), desconocen una parte de la versión divulgada por medios de derecha y las pruebas presentadas por el ministro de Comunicación de Caracas, Jorge Rodríguez, a la vez que reabren el debate sobre el verdadero destino del capital.
Luego de la denuncia del Gobierno de Venezuela, de la OEA y un medio de EE.UU., ‘Rossana de Cúcuta’, enviada de Guaidó -junto con Kevin Rojas- confirma que recibió miles de dólares para la supuesta ayuda humanitaria”, publicó la cuenta en Twitter de VTV.
De acuerdo con las evidencias mostradas por Rodríguez, la militante opositora fue identificada con ese sobrenombre en los mensajes telefónicos de Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó, detenido por sus vínculos con una célula terrorista.
Marrero instaba a Barrera a desviar altos montos para contratar sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, con el compromiso de pagar entre 500 mil y 700 mil dólares diarios, según los diálogos divulgados.
En 800 millones de dólares
se calcula el robo de fondos pertenecientes a la empresa estatal Citgo,
filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), operación planificada y
ejecutada por miembros de Voluntad Popular (VP) y el entramado de
corrupción que creó su más visible dirigente, Juan Guaidó, luego de su
autoproclamación el pasado 23 de enero.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante una alocución desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y en la que reveló detalles de los delitos que cometieron los dirigentes de VP al recibir y apropiarse de grandes cantidades de dinero que estaban destinadas originalmente para facilitar en febrero pasado una intervención militar desde Cúcuta, Colombia, con la excusa de ingresar supuesta "ayuda humanitaria" a Venezuela.
"El modus operandi de Guaidó es robar los recursos de cualquier
empresa venezolana en el extranjero, en complicidad con los gobiernos de
Colombia, Estados Unidos y Argentina", explicó Rodríguez.
Agregó que una vez obtenidos los recursos, Guaidó y sus más cercanos colaboradores, todos pertenecientes al partido Voluntad Popular, crearon ONG ficticias para recibir el dinero y luego transferirlos a cuentas personales.
En ese sentido, explicó que una de las principales empresas objeto de dicha metodología criminal es Citgo, filial de PDVSA, la cual ha sido ilegalmente apropiada por autoridades estadounidenses en complicidad con dirigentes opositores prófugos de la justicia como Carlos Vecchio, nombrado ilegalmente miembro de su junta directiva y "embajador" de Venezuela ante Estados Unidos como condición previa para la apropiación y robo de fondos estatales venezolanos.
Rodríguez afirmó que ese es uno de los principales motivos de la evidente fractura de la oposición venezolana: la trama de corrupción creada por Juan Guaidó y los dirigentes de su partido.
"Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida, los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria", dijo.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante una alocución desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y en la que reveló detalles de los delitos que cometieron los dirigentes de VP al recibir y apropiarse de grandes cantidades de dinero que estaban destinadas originalmente para facilitar en febrero pasado una intervención militar desde Cúcuta, Colombia, con la excusa de ingresar supuesta "ayuda humanitaria" a Venezuela.
Agregó que una vez obtenidos los recursos, Guaidó y sus más cercanos colaboradores, todos pertenecientes al partido Voluntad Popular, crearon ONG ficticias para recibir el dinero y luego transferirlos a cuentas personales.
En ese sentido, explicó que una de las principales empresas objeto de dicha metodología criminal es Citgo, filial de PDVSA, la cual ha sido ilegalmente apropiada por autoridades estadounidenses en complicidad con dirigentes opositores prófugos de la justicia como Carlos Vecchio, nombrado ilegalmente miembro de su junta directiva y "embajador" de Venezuela ante Estados Unidos como condición previa para la apropiación y robo de fondos estatales venezolanos.
Rodríguez afirmó que ese es uno de los principales motivos de la evidente fractura de la oposición venezolana: la trama de corrupción creada por Juan Guaidó y los dirigentes de su partido.
"Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida, los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria", dijo.
Venezuela y Turquía evalúan acuerdos de cooperación para consolidar las relaciones
CC BY-SA 2.0 / faruk / independence
23:48 04.07.2019 - SPUTNIK NEWS
CARACAS
(Sputnik) — La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el
embajador de Turquía en esa nación sudamericana, Şevki Mütevellioğlu, se
reunieron en Caracas donde evaluaron los acuerdos de cooperación que
mantienen ambos países.
"La
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo encuentro con el
embajador de Turquía acreditado en Venezuela, Şevki Mütevellioğlu, para
revisar los acuerdos de cooperación y consolidar las excelentes
relaciones de amistad que existen entre ambas naciones", señaló la
Vicepresidencia en la red social Twitter.
Venezuela
y Turquía mantienen relaciones bilaterales desde 1999, las cuales se
profundizaron durante el mandato del expresidente Hugo Chávez
(1998-2013).
El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Caracas a finales
de 2018, y en ese entonces acordó con su homólogo venezolano profundizar
los acuerdos en materia económica y sobre la explotación de oro en esa
nación caribeña.
Mientras, el pasado 2 de julio el canciller Jorge Arreaza anunció que el Gobierno de Turquía, se sumaba a la cooperación en materia de salud para ayudar a atender a pacientes venezolanos que requieren un trasplante de médula ósea.
©
REUTERS / Murad Sezer
Mientras, el pasado 2 de julio el canciller Jorge Arreaza anunció que el Gobierno de Turquía, se sumaba a la cooperación en materia de salud para ayudar a atender a pacientes venezolanos que requieren un trasplante de médula ósea.
Evo Morales se reúne con Vladímir Putin: ¿Qué une a Rusia y Bolivia?
Publicado: 11 jul 2019 09:13 GMT | Última actualización: 11 jul 2019 11:04 GMT - RT
Los mandatarios abordarán temas referentes a
las relaciones ruso-bolivianas, cooperación comercial, económica,
inversión. También asuntos claves del ámbito internacional y regional.
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Rusia, Vladímir Putin. Moscú 13 de junio de 2018.
Serguei Guneev / Sputnik
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha llegado este jueves a Moscú, donde se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
El avión presidencial boliviano aterrizó en el aeropuerto moscovita de Vnukovo-2, donde Morales fue recibido por el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, el embajador de Rusia en Bolivia, Vladímir Sprinchan, y el jefe de la misión diplomática boliviana en Moscú, Hugo Villarroel.
El servicio de prensa del Kremlin había comunicado que Morales y Putin abordarán temas referentes a las relaciones ruso-bolivianas, cooperación comercial, económica, inversión, entre otros. También asuntos claves del ámbito internacional y regional.
Tras la reunión, está previsto que las partes firmen varios acuerdos bilaterales. La agenda incluye el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países, en particular en el sector energético y científico.
Uno de los temas a tratar es la posibilidad de exportar carne boliviana al mercado ruso. Recientemente, el ministro de Exteriores de Bolivia, Diego Pary, anunció que la reunión entre los dos mandatarios permitirá avanzar en la firma del protocolo para el envío de cárnicos, además de analizar los trámites a seguir para que La Paz pueda ser observador de la Unión Económica Euroasiática, integrada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
Por su parte, el embajador ruso en Bolivia ha adelantado que uno de los temas a tratar en la reunión entre Putin y Morales será el lanzamiento de una serie de proyectos espaciales.
"En junio pasado, La Paz nos propuso que analizáramos programas de capacitación, la preparación de especialistas en gestión y el mantenimiento de satélites de comunicación y la organización de visitas de cosmonautas rusos a Bolivia. Envié la correspondiente carta a Roscosmos", ha explicado Vladímir Sprinchan.
El diplomático también ha desvelado que la agencia espacial rusa está "muy interesada" en trabajar con el Observatorio Astronómico de Santa Ana, ubicado en el departamento boliviano de Tarija, para llevar a cabo un monitoreo conjunto del hemisferio sur e intercambiar información sobre desechos espaciales.
La
compañía energética rusa y la francesa Total participan en la
exploración y producción de gas natural en el bloque Azero, ubicado en
los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Pero Gazprom también tiene
participación en otros proyectos energéticos en territorio boliviano.
URUGUAY
El avión presidencial boliviano aterrizó en el aeropuerto moscovita de Vnukovo-2, donde Morales fue recibido por el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, el embajador de Rusia en Bolivia, Vladímir Sprinchan, y el jefe de la misión diplomática boliviana en Moscú, Hugo Villarroel.
El servicio de prensa del Kremlin había comunicado que Morales y Putin abordarán temas referentes a las relaciones ruso-bolivianas, cooperación comercial, económica, inversión, entre otros. También asuntos claves del ámbito internacional y regional.
Tras la reunión, está previsto que las partes firmen varios acuerdos bilaterales. La agenda incluye el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países, en particular en el sector energético y científico.
Uno de los temas a tratar es la posibilidad de exportar carne boliviana al mercado ruso. Recientemente, el ministro de Exteriores de Bolivia, Diego Pary, anunció que la reunión entre los dos mandatarios permitirá avanzar en la firma del protocolo para el envío de cárnicos, además de analizar los trámites a seguir para que La Paz pueda ser observador de la Unión Económica Euroasiática, integrada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
"En junio pasado, La Paz nos propuso que analizáramos programas de capacitación, la preparación de especialistas en gestión y el mantenimiento de satélites de comunicación y la organización de visitas de cosmonautas rusos a Bolivia. Envié la correspondiente carta a Roscosmos", ha explicado Vladímir Sprinchan.
El diplomático también ha desvelado que la agencia espacial rusa está "muy interesada" en trabajar con el Observatorio Astronómico de Santa Ana, ubicado en el departamento boliviano de Tarija, para llevar a cabo un monitoreo conjunto del hemisferio sur e intercambiar información sobre desechos espaciales.
El desarrollo de las relaciones ruso-bolivianas
Tres años después de que Evo Morales llegara al poder (2006), Bolivia y Rusia firmaron acuerdos de cooperación en el ámbito técnico-militar, sobre la eliminación de visados para los ciudadanos de ambos países y se creó una comisión intergubernamental para la colaboración económica y comercial.Intercambio comercial
La participación de la nación sudamericana en el comercio exterior de Rusia es inferior al 1 %. El país euroasiático exporta productos impresos (35 %), productos de metales ferrosos (18 %), dispositivos ópticos y otros instrumentos (12 %). Mientras que Bolivia suministra a la Federación Rusa minerales y concentrados de estaño (65 %), productos químicos industriales (14 %) y frutas (14 %).Industria petrolera y gas
Un centro de investigaciones de la compañía energética rusa Gazprom presta apoyo a la nación andina en el establecimiento de un instituto de exploración de gas natural. Además, Gazprom y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tienen un acuerdo para el desarrollo de la industria gasífera boliviana hasta el 2040.Energía nuclear
En el 2016, los gobiernos ruso y boliviano firmaron un acuerdo de cooperación en el ámbito nuclear con fines pacíficos. La corporación rusa Rosatom participa en la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en la ciudad boliviana de El Alto.URUGUAY
Sé lo que hiciste
Testimonio inédito revela la participación de Gavazzo en desapariciones de Gatti y Duarte
En
un video de media hora, obtenido por el documentalista Mateo Gutiérrez,
se describe el chantaje millonario de Gavazzo y compañía, además de las
torturas sufridas por los militantes del PVP desaparecidos.
10.07.2019 08:50 - MONTEVIDEO PORTAL
Recientemente, uno de los 40.000
documentos desclasificados entregados por Estados Unidos a Argentina
confirmó el asesinato de los dirigentes sindicales de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT) e integrantes del Partido por la Victoria
del Pueblo (PVP), los uruguayos Gerardo Gatti y León Duarte.
Además, el documento confirma el secuestro de otros 20 integrantes del PVP en Buenos Aires. En él se narra la participación de la policía federal argentina, la SIDE argentina y la SID uruguaya en el asesinato de ambos dirigentes.
Gatti nació el 30 de abril de 1932, estaba casado y tenía tres hijos. Integraba la dirección política de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas e integrante de la dirección de la CNT, que posteriormente se uniría con el PIT. Su secuestro fue el 9 de junio de 1976.
Duarte nació el 28 de abril de 1928, estaba casado y tenía dos hijos. Fue empleado de la FUNSA hasta 1975. Al igual que Gatti, integraba la ROE y la CNT. Fue secuestrado el 13 de julio de 1976.
Verlo es otra cosa
Los casos de Gatti y Duarte fueron mencionados en el Juicio a las Juntas militares de Argentina en 1985, cuando se trataba el caso de Automotores Orletti. Ambos, según los testimonios, fueron usados por varios militares uruguayos para pedir una cifra millonaria a sus excompañeros.
Este chantaje tenía su origen en las operaciones del grupo comandado por Gatti, con el fin de obtener recursos en la clandestinidad. En marzo de 1974 secuestraron al acopiador y exportador holandés Federico Hart, que había sido denunciado como contrabandista en Uruguay. Por su liberación (Hart no quería que se difundieran sus operaciones) obtuvieron diez millones de dólares.
Conociendo la existencia de ese dinero, los militares torturaron a Gatti y Duarte, y pidieron dos millones de dólares a sus compañeros como rescate. Prometían además liberar a otros diez sindicalistas detenidos.
Mateo Gutiérrez, director de Wilson y Destino Final (documental que trata sobre el asesinato de Zelmar Michelini y de su padre, Héctor Gutiérrez Ruiz) obtuvo escenas inéditas de las declaraciones en el Juicio a las Juntas, pertenecientes al Archivo General de la Nación, en Argentina.
Por primera vez, se difunde en imágenes el testimonio impactante de Washington "Perro" Pérez, excompañero de Gatti y Duarte que fuera llevado a Automotoras Orletti para intermediar en la extorsión.
En las imágenes, Pérez, que fuera compañero de Duarte en Funsa, muestra la última foto de Gatti con vida, que los militares le tomaron para que quienes debían entregar el dinero supieran que estaba con vida.
El video, que dura treinta minutos, será dado a conocer íntegramente el 17 de julio en Montevideo Portal. El inicio, a modo de muestra, puede verse en el video facilitado por Mateo Gutiérrez al final de esta nota.
Pérez, al ser interrogado por la Justicia, cuenta cómo los militares lo llevaron al centro de detención Automotoras Orletti, donde se encontró con varios represores conocidos. Entre ellos, José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge "Pajarito" Silveira.
En su testimonio, manifiesta el impacto que le produjo ver a Gatti y Duarte luego de varios días de tortura, pero también revela las increíbles circunstancias en las que tuvo que oficiar de intermediador y lo que Duarte le susurró al oído en su último encuentro, que resultó ser premonitorio.
Pérez narra con detalles lo ocurrido desde que lo llevaron por primera vez a Orletti hasta el momento en que se produjo el último contacto. Gatti y Duarte nunca aparecieron, por motivos que quedan más que claros en la filmación.
El video fue producido por Mateo Gutiérrez y editado por Julián Rodríguez. Podrá verse íntegro el 17 de julio en este mismo portal.
Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter // SUDESTADA - 20/06/2019
“Declárese sin efecto el sobreseimiento dispuesto” por el fallo del año 2013 “respecto de José Nino Gavazzo”, sentenció la jueza de Paso de los Toros, Naama Cóccaro. La reapertura del expediente en el que se investiga la muerte en 1973 del militante tupamaro Roberto Gomensoro –cuyo cuerpo apareció en el lago de Rincón del Bonete– fue solicitada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, luego de conocerse que Gavazzo confesó ante un tribunal de honor militar que en aquel momento había arrojado a la víctima a las aguas del embalse.
Pero la magistrada además de acceder al desarchivo del caso, declaró que el sobreseimiento “carece de validez jurídica” y lo dejó “sin efecto”.
El fiscal que en 2013 actuaba en el caso, Fernando Pérez D’Auría exculpó a Gavazzo, y cerró “el proceso definitiva e irrevocablemente” con relación al militar, porque no torturó y mató a Gomensoro en Paso de los Toros –ciudad en la que cumplía funciones el magistrado– sino que lo asesinó en un cuartel de Montevideo.
Al artículo publicado el miércoles 3 de abril por Sudestada, que señaló la “negligencia” del fiscal, se sumó luego la propia confesión del representante del Ministerio Público: dijo en radio y en un portal de televisión que llegó a la conclusión de que Gavazzo asesinó a Gomensoro en la tortura. Aun así, pidió su sobreseimiento, lo que implicó la clausura del caso. La situación –que vulneraba el derecho de acceso a la justicia para la familia de la víctima– duró seis años, hasta que una jueza decidió cumplir con las convenciones internacionales de derechos humanos.
“Para esta decisora, las posibles violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes del Estado, o bajo su aquiescencia, durante la dictadura cívico-militar que gobernó al Uruguay entre 1973 y 1985 califican en tipos penales que estaban previstos como crímenes de lesa humanidad al momento en que los hechos ocurrieron”, subrayó la jueza.
La magistrada argumentó que “las víctimas de delitos contra la humanidad tienen derecho a acceder a la justicia para que se determinen las responsabilidades penales de quién los hubiere podido cometer”.
Explicó que durante la dictadura “ya existían las normas de derecho penal internacional” que establecían “como crímenes de lesa humanidad la desaparición forzada, la tortura, las agresiones sexuales a personas privadas de libertad y el homicidio político perpetuado desde el Estado”.
Cóccaro recordó que los Estados se encuentran obligados a “prevenir” y “sancionar” a los responsables de crímenes de lesa humanidad, en tanto se trata de proteger “derechos inherentes a la dignidad humana, a la persona humana, que la comunidad internacional reconoce”, y que “ingresan a la Constitución de la República a través del artículo 72”.
Este artículo establece que la “enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.
“En conclusión –sostuvo la jueza– las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad”.
El Derecho Interno no prevé que el “instituto del sobreseimiento” sea inaplicable a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pero la magistrada afirmó que la ley 18.026, aprobada en 2006, en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, establece que esta clase de crímenes “no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados”.
Para Cóccaro el “sobreseimiento” se encuentra “incluido dentro de la categoría ‘instituto similar’ puesto que en los hechos, impide el juzgamiento de los sospechosos”.
Así, esgrimió que de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos “el Estado está impedido de adoptar medidas que impidan u obstaculicen el juzgamiento del genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y para el caso de que lo hagan, las mismas carecerían de validez jurídica”.
TORTURA
26 de junio de 2019, 20:44hs - LR21
En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1987.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este miércoles 26 un comunicado a través del cual recuerda que Uruguay incorporó a su legislación un instrumento internacional “fundamental” para la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, destinado a impedir actos de tortura en todo el territorio nacional uruguayo.
Asimismo, Uruguay es parte del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, instrumento que habilita un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En tal sentido, la Cancillería manifiesta que “prevenir este flagelo y adoptar medidas sistémicas contra aquellas prácticas que atentan contra la dignidad intrínseca del ser humano, y respetar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, implica fortalecer la democracia y el Estado de derecho”.
En la actualidad, “miles de personas en el mundo continúan siendo víctimas de esta práctica cruel, degradante e ilegal que afecta en mayor medida a los grupos más vulnerables, lo que obliga a continuar trabajando en conjunto con la comunidad internacional para lograr el pleno respeto a los derechos humanos”, expresa la secretaría de Estado.
Además, el documento confirma el secuestro de otros 20 integrantes del PVP en Buenos Aires. En él se narra la participación de la policía federal argentina, la SIDE argentina y la SID uruguaya en el asesinato de ambos dirigentes.
Gatti nació el 30 de abril de 1932, estaba casado y tenía tres hijos. Integraba la dirección política de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas e integrante de la dirección de la CNT, que posteriormente se uniría con el PIT. Su secuestro fue el 9 de junio de 1976.
Duarte nació el 28 de abril de 1928, estaba casado y tenía dos hijos. Fue empleado de la FUNSA hasta 1975. Al igual que Gatti, integraba la ROE y la CNT. Fue secuestrado el 13 de julio de 1976.
Verlo es otra cosa
Los casos de Gatti y Duarte fueron mencionados en el Juicio a las Juntas militares de Argentina en 1985, cuando se trataba el caso de Automotores Orletti. Ambos, según los testimonios, fueron usados por varios militares uruguayos para pedir una cifra millonaria a sus excompañeros.
Este chantaje tenía su origen en las operaciones del grupo comandado por Gatti, con el fin de obtener recursos en la clandestinidad. En marzo de 1974 secuestraron al acopiador y exportador holandés Federico Hart, que había sido denunciado como contrabandista en Uruguay. Por su liberación (Hart no quería que se difundieran sus operaciones) obtuvieron diez millones de dólares.
Conociendo la existencia de ese dinero, los militares torturaron a Gatti y Duarte, y pidieron dos millones de dólares a sus compañeros como rescate. Prometían además liberar a otros diez sindicalistas detenidos.
Mateo Gutiérrez, director de Wilson y Destino Final (documental que trata sobre el asesinato de Zelmar Michelini y de su padre, Héctor Gutiérrez Ruiz) obtuvo escenas inéditas de las declaraciones en el Juicio a las Juntas, pertenecientes al Archivo General de la Nación, en Argentina.
Por primera vez, se difunde en imágenes el testimonio impactante de Washington "Perro" Pérez, excompañero de Gatti y Duarte que fuera llevado a Automotoras Orletti para intermediar en la extorsión.
En las imágenes, Pérez, que fuera compañero de Duarte en Funsa, muestra la última foto de Gatti con vida, que los militares le tomaron para que quienes debían entregar el dinero supieran que estaba con vida.
El video, que dura treinta minutos, será dado a conocer íntegramente el 17 de julio en Montevideo Portal. El inicio, a modo de muestra, puede verse en el video facilitado por Mateo Gutiérrez al final de esta nota.
Pérez, al ser interrogado por la Justicia, cuenta cómo los militares lo llevaron al centro de detención Automotoras Orletti, donde se encontró con varios represores conocidos. Entre ellos, José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge "Pajarito" Silveira.
En su testimonio, manifiesta el impacto que le produjo ver a Gatti y Duarte luego de varios días de tortura, pero también revela las increíbles circunstancias en las que tuvo que oficiar de intermediador y lo que Duarte le susurró al oído en su último encuentro, que resultó ser premonitorio.
Pérez narra con detalles lo ocurrido desde que lo llevaron por primera vez a Orletti hasta el momento en que se produjo el último contacto. Gatti y Duarte nunca aparecieron, por motivos que quedan más que claros en la filmación.
El video fue producido por Mateo Gutiérrez y editado por Julián Rodríguez. Podrá verse íntegro el 17 de julio en este mismo portal.
Jueza declara “crimen de lesa humanidad” y deja sin efecto sobreseimiento a Gavazzo
Cuestiona al fiscal Pérez
D’Auría, que pidió la medida en 2013, por ignorar la obligación del
Estado de “enjuiciar” a los responsables
Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter // SUDESTADA - 20/06/2019
“Declárese sin efecto el sobreseimiento dispuesto” por el fallo del año 2013 “respecto de José Nino Gavazzo”, sentenció la jueza de Paso de los Toros, Naama Cóccaro. La reapertura del expediente en el que se investiga la muerte en 1973 del militante tupamaro Roberto Gomensoro –cuyo cuerpo apareció en el lago de Rincón del Bonete– fue solicitada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, luego de conocerse que Gavazzo confesó ante un tribunal de honor militar que en aquel momento había arrojado a la víctima a las aguas del embalse.
Pero la magistrada además de acceder al desarchivo del caso, declaró que el sobreseimiento “carece de validez jurídica” y lo dejó “sin efecto”.
El fiscal que en 2013 actuaba en el caso, Fernando Pérez D’Auría exculpó a Gavazzo, y cerró “el proceso definitiva e irrevocablemente” con relación al militar, porque no torturó y mató a Gomensoro en Paso de los Toros –ciudad en la que cumplía funciones el magistrado– sino que lo asesinó en un cuartel de Montevideo.
Al artículo publicado el miércoles 3 de abril por Sudestada, que señaló la “negligencia” del fiscal, se sumó luego la propia confesión del representante del Ministerio Público: dijo en radio y en un portal de televisión que llegó a la conclusión de que Gavazzo asesinó a Gomensoro en la tortura. Aun así, pidió su sobreseimiento, lo que implicó la clausura del caso. La situación –que vulneraba el derecho de acceso a la justicia para la familia de la víctima– duró seis años, hasta que una jueza decidió cumplir con las convenciones internacionales de derechos humanos.
Fiscal Pérez D'Auría.
Cóccaro se apegó a las nuevas tendencias procedimentales que promueven
el derecho de acceso a la información y procuró redactar la sentencia “en términos sencillos” con el fin de que “pueda ser comprendido por todos los uruguayos en virtud de la temática abordada”.“Para esta decisora, las posibles violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes del Estado, o bajo su aquiescencia, durante la dictadura cívico-militar que gobernó al Uruguay entre 1973 y 1985 califican en tipos penales que estaban previstos como crímenes de lesa humanidad al momento en que los hechos ocurrieron”, subrayó la jueza.
La magistrada argumentó que “las víctimas de delitos contra la humanidad tienen derecho a acceder a la justicia para que se determinen las responsabilidades penales de quién los hubiere podido cometer”.
Explicó que durante la dictadura “ya existían las normas de derecho penal internacional” que establecían “como crímenes de lesa humanidad la desaparición forzada, la tortura, las agresiones sexuales a personas privadas de libertad y el homicidio político perpetuado desde el Estado”.
Cóccaro recordó que los Estados se encuentran obligados a “prevenir” y “sancionar” a los responsables de crímenes de lesa humanidad, en tanto se trata de proteger “derechos inherentes a la dignidad humana, a la persona humana, que la comunidad internacional reconoce”, y que “ingresan a la Constitución de la República a través del artículo 72”.
Este artículo establece que la “enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.
“En conclusión –sostuvo la jueza– las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura deben juzgarse por ser crímenes de lesa humanidad”.
El Derecho Interno no prevé que el “instituto del sobreseimiento” sea inaplicable a crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero la magistrada afirmó que la ley 18.026, aprobada en 2006, en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, establece que esta clase de crímenes “no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados”.
Para Cóccaro el “sobreseimiento” se encuentra “incluido dentro de la categoría ‘instituto similar’ puesto que en los hechos, impide el juzgamiento de los sospechosos”.
Así, esgrimió que de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos “el Estado está impedido de adoptar medidas que impidan u obstaculicen el juzgamiento del genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y para el caso de que lo hagan, las mismas carecerían de validez jurídica”.
Uruguay adhiere al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
Cada 26 de junio se conmemora el “Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, recordando la entrada en vigor, en 1987, de la Convención de las Naciones Unidas sobre esta temática, a la que Uruguay adhirió por Ley 15.798.
TORTURA
26 de junio de 2019, 20:44hs - LR21En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1987.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este miércoles 26 un comunicado a través del cual recuerda que Uruguay incorporó a su legislación un instrumento internacional “fundamental” para la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, destinado a impedir actos de tortura en todo el territorio nacional uruguayo.
Asimismo, Uruguay es parte del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, instrumento que habilita un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Compromiso
En consonancia con el “firme compromiso asumido” por Uruguay en la lucha contra la tortura, nuestro país integra la “Iniciativa contra la Tortura liderada por Dinamarca, así como la Alianza Global establecida con el propósito de terminar con la comercialización de bienes utilizados para llevar a cabo la pena de muerte, la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.En tal sentido, la Cancillería manifiesta que “prevenir este flagelo y adoptar medidas sistémicas contra aquellas prácticas que atentan contra la dignidad intrínseca del ser humano, y respetar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, implica fortalecer la democracia y el Estado de derecho”.
En la actualidad, “miles de personas en el mundo continúan siendo víctimas de esta práctica cruel, degradante e ilegal que afecta en mayor medida a los grupos más vulnerables, lo que obliga a continuar trabajando en conjunto con la comunidad internacional para lograr el pleno respeto a los derechos humanos”, expresa la secretaría de Estado.
Puede y debe rendir más
Mariana Motta: “No se hizo todo lo que se podía haber hecho” en búsqueda de desaparecidos
“Todos teníamos una mayor expectativa, máxime cuando no es el primer gobierno sino el tercero” del Frente Amplio, indicó.
23.06.2019 12:38 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto: Gastón Britos / FocoUy
La actual directiva de la Institución
Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y exjueza Mariana Motta visitó
Salto para asistir a la inauguración de una Marca de la Memoria
descubierta en la Jefatura de Salto, ex Cárcel Departamental.
En diálogo con Diario Cambio, Motta reflexionó sobre el compromiso del Poder Ejecutivo y la fuerza política del gobierno en la búsqueda de verdad y justicia en torno a los desaparecidos de la dictadura militar y afirmó que en los tres gobiernos del Frente Amplio "no se hizo todo lo que se podía haber hecho".
"Todos teníamos una mayor expectativa en cuanto al trabajo en esta temática, máxime cuando no es el primer gobierno sino el tercero de una administración que mantuvo durante mucho tiempo el compromiso implícito de asumir este debe que tiene el Estado con la sociedad", señaló.
"Si bien hubieron leyes reparatorias, tienen sus falencias. Si bien hubo una serie de colocación de señalización también falta mucho", indicó, y enfatizó que en el tema de los desaparecidos "uno tiene la sensación de que va muy muy lento, con muchos obstáculos y no tantas decisiones que deberían tomarse para poder avanzar de mejor forma".
No obstante, sostuvo que no se le puede adjudicar la responsabilidad "estrictamente al Poder Ejecutivo", porque se trata de algo "que compromete al Estado todo y a cada uno de sus organismos".
Motta indicó que cada vez hay dificultades mayores para obtener pruebas relacionados con los crímenes del período de facto, dado que "las personas se van muriendo", lo cual va en contra, aunque señaló que "no hay que perder la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos".
"Lo triste es que los familiares directos se van muriendo sus familiares directos sin saber a donde están, como Luisa Cuesta. Es muy doloroso porque son los que han luchado desde que desaparecieron, desde que fueron detenidos", reflexionó.
En diálogo con Diario Cambio, Motta reflexionó sobre el compromiso del Poder Ejecutivo y la fuerza política del gobierno en la búsqueda de verdad y justicia en torno a los desaparecidos de la dictadura militar y afirmó que en los tres gobiernos del Frente Amplio "no se hizo todo lo que se podía haber hecho".
"Todos teníamos una mayor expectativa en cuanto al trabajo en esta temática, máxime cuando no es el primer gobierno sino el tercero de una administración que mantuvo durante mucho tiempo el compromiso implícito de asumir este debe que tiene el Estado con la sociedad", señaló.
"Si bien hubieron leyes reparatorias, tienen sus falencias. Si bien hubo una serie de colocación de señalización también falta mucho", indicó, y enfatizó que en el tema de los desaparecidos "uno tiene la sensación de que va muy muy lento, con muchos obstáculos y no tantas decisiones que deberían tomarse para poder avanzar de mejor forma".
No obstante, sostuvo que no se le puede adjudicar la responsabilidad "estrictamente al Poder Ejecutivo", porque se trata de algo "que compromete al Estado todo y a cada uno de sus organismos".
Motta indicó que cada vez hay dificultades mayores para obtener pruebas relacionados con los crímenes del período de facto, dado que "las personas se van muriendo", lo cual va en contra, aunque señaló que "no hay que perder la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos".
"Lo triste es que los familiares directos se van muriendo sus familiares directos sin saber a donde están, como Luisa Cuesta. Es muy doloroso porque son los que han luchado desde que desaparecieron, desde que fueron detenidos", reflexionó.
«Hay que exigir a los militares la información que tienen sobre los detenidos desaparecidos»
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Ocho preguntas a Nilo Patiño, Integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
¿Se esperaba un fallo de esta naturaleza?
En la primera instancia esperábamos un fallo de esta naturaleza. Esa instancia nos cayó como un «balde de agua fría», ya que nunca esperábamos que fueran absueltos (los sentenciados). Por suerte, se caminó de otra forma en la apelación, y se pudo condenar por diversas razones. En primer lugar por la lucha incansable de los familiares que son quienes llevaron adelante esta causa. Son el principal motor.
El caso de Tróccoli fue el más emblemático por su participación en el Plan Cóndor.
El caso de Tróccoli es el más importante porque está en Italia, y de alguna manera se escapó de la justicia uruguaya. No se logró la extradición, porque se vencieron los plazos. Para nosotros los uruguayos es un nombre emblemático, porque está vivo y porque está en Italia, y que sea condenado en Italia porque no se pudo condenar acá es una pena, pero valoramos que da alguna forma se haga justicia.
El cambio de la estrategia jurídica, ¿ayudó a revertir la decisión del primer juicio?
Con el primer abogado hubo mucha desinteligencia, y no se logró el enfoque que debía tener, y hubo muchas protestas de los familiares. Creo que se cambió el rumbo, y se demostró que lo que se decía estaba validado por los documentos.
¿Cómo evalúa la actuación del Grupo Por Verdad y Justicia?
Participamos en la creación del grupo cuando nos invitaron. Y luego frente a ciertas desinteligencias, y por problemas de enfoque, nos apartamos. Nos apartamos cuando Manini Ríos nos mintió, ante una información de un posible hallazgo de restos de un desaparecido. El Poder Ejecutivo respaldó en ese momento a Manini Ríos, y no nos respaldó a nosotros. Nosotros enseguida pedimos la renuncia o que se lo destituyera. No se puede decir o dar información de desaparecidos, a través de caminos ocultos, y tratar de seguir ocultando y seguir respaldando lo que se hizo en el pasado. Nosotros con terroristas de Estado no podemos conciliar. Tenemos determinados principios, y no podemos trabajar con una persona, que es el comandante en jefe del Ejército, que da una información al grupo de trabajo, y el grupo de trabajo no reacciona como tendría que haber reaccionado.
¿Cómo se puede acceder a información que se niegan a proporcionar?
Hay que exigirles a los militares la información que tienen sobre los detenidos desaparecidos, no pedírselas voluntariamente. Los familiares tienen que andar buscando con una lupa dónde están, qué documento está, en miles de documentos buenos y otros «basura», que hay por todo el Uruguay desparramado de documentos militares. También habría que saber el motivo de por qué dieron esos tipos de documentos.
¿Se podrá romper el Pacto de Silencio?
Eso es una muy remota posibilidad, casi inexistente. No vamos a esperar que por una obra divina vaya a aparecer esa información. Que esa información existe (sobre el Pacto de Silencio) e incluso que hay algunos documentos, no nos cabe la menor duda. El problema es que esa información está, y no se busca. Y no hay intención de buscarla. Ese es el problema.
Tiene que haber una voluntad explícita, y un mandato del Ejecutivo explícito al ministro, y a los militares, para obligarlos a que cierta documentación aparezca. Y si no, que nos dejen entrar y allanar un cuartel, o donde nosotros consideremos que puedan haber archivos en determinado lugar.
¿Cómo evalúa la irrupción de Manini Ríos en la política? ¿Cree que hay un sector de la sociedad que adhiere a causas de ultraderecha?
Ya existía ese sector. Votaban con otros actores, con Bordaberry, con Sanguinetti. Siempre hubo un coqueteo con los militares. Lo que no se entiende es que estas fuerzas armadas de hoy no son las mismas que estaban antes del golpe de Estado de 1973. Estas fuerzas armadas están por encima de los partidos, pueden ser blancos, colorados, u otro, no importa.
¿Cree que es necesario cambiar la Ley Orgánica Militar?
Hay que pensar qué país esperamos, y qué misión tienen dentro del país estas fuerzas armadas. Encontramos una ley Orgánica que rige a estas fuerzas, que es del año 1974, creada y amoldada a lo que ellos querían en esa época. Y hoy en día se precisa desterrar todos los resabios del terrorismo de Estado.
En la primera instancia esperábamos un fallo de esta naturaleza. Esa instancia nos cayó como un «balde de agua fría», ya que nunca esperábamos que fueran absueltos (los sentenciados). Por suerte, se caminó de otra forma en la apelación, y se pudo condenar por diversas razones. En primer lugar por la lucha incansable de los familiares que son quienes llevaron adelante esta causa. Son el principal motor.
El caso de Tróccoli fue el más emblemático por su participación en el Plan Cóndor.
El caso de Tróccoli es el más importante porque está en Italia, y de alguna manera se escapó de la justicia uruguaya. No se logró la extradición, porque se vencieron los plazos. Para nosotros los uruguayos es un nombre emblemático, porque está vivo y porque está en Italia, y que sea condenado en Italia porque no se pudo condenar acá es una pena, pero valoramos que da alguna forma se haga justicia.
El cambio de la estrategia jurídica, ¿ayudó a revertir la decisión del primer juicio?
Con el primer abogado hubo mucha desinteligencia, y no se logró el enfoque que debía tener, y hubo muchas protestas de los familiares. Creo que se cambió el rumbo, y se demostró que lo que se decía estaba validado por los documentos.
¿Cómo evalúa la actuación del Grupo Por Verdad y Justicia?
Participamos en la creación del grupo cuando nos invitaron. Y luego frente a ciertas desinteligencias, y por problemas de enfoque, nos apartamos. Nos apartamos cuando Manini Ríos nos mintió, ante una información de un posible hallazgo de restos de un desaparecido. El Poder Ejecutivo respaldó en ese momento a Manini Ríos, y no nos respaldó a nosotros. Nosotros enseguida pedimos la renuncia o que se lo destituyera. No se puede decir o dar información de desaparecidos, a través de caminos ocultos, y tratar de seguir ocultando y seguir respaldando lo que se hizo en el pasado. Nosotros con terroristas de Estado no podemos conciliar. Tenemos determinados principios, y no podemos trabajar con una persona, que es el comandante en jefe del Ejército, que da una información al grupo de trabajo, y el grupo de trabajo no reacciona como tendría que haber reaccionado.
¿Cómo se puede acceder a información que se niegan a proporcionar?
Hay que exigirles a los militares la información que tienen sobre los detenidos desaparecidos, no pedírselas voluntariamente. Los familiares tienen que andar buscando con una lupa dónde están, qué documento está, en miles de documentos buenos y otros «basura», que hay por todo el Uruguay desparramado de documentos militares. También habría que saber el motivo de por qué dieron esos tipos de documentos.
¿Se podrá romper el Pacto de Silencio?
Eso es una muy remota posibilidad, casi inexistente. No vamos a esperar que por una obra divina vaya a aparecer esa información. Que esa información existe (sobre el Pacto de Silencio) e incluso que hay algunos documentos, no nos cabe la menor duda. El problema es que esa información está, y no se busca. Y no hay intención de buscarla. Ese es el problema.
Tiene que haber una voluntad explícita, y un mandato del Ejecutivo explícito al ministro, y a los militares, para obligarlos a que cierta documentación aparezca. Y si no, que nos dejen entrar y allanar un cuartel, o donde nosotros consideremos que puedan haber archivos en determinado lugar.
¿Cómo evalúa la irrupción de Manini Ríos en la política? ¿Cree que hay un sector de la sociedad que adhiere a causas de ultraderecha?
Ya existía ese sector. Votaban con otros actores, con Bordaberry, con Sanguinetti. Siempre hubo un coqueteo con los militares. Lo que no se entiende es que estas fuerzas armadas de hoy no son las mismas que estaban antes del golpe de Estado de 1973. Estas fuerzas armadas están por encima de los partidos, pueden ser blancos, colorados, u otro, no importa.
¿Cree que es necesario cambiar la Ley Orgánica Militar?
Hay que pensar qué país esperamos, y qué misión tienen dentro del país estas fuerzas armadas. Encontramos una ley Orgánica que rige a estas fuerzas, que es del año 1974, creada y amoldada a lo que ellos querían en esa época. Y hoy en día se precisa desterrar todos los resabios del terrorismo de Estado.
Familiares de Desaparecidos cuestionan reforma de Larrañaga
Criticaron decisión de la Justicia de obligar a sacar los carteles colocados por los estudiantes en los liceos.
Para
la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo
que la campaña Vivir sin Miedo es “irresponsable” y “electorera”.
Los
dijo la integrante del grupo Elena Zaffaroni quién criticó que la
justicia obligue a retirar los carteles colocados por estudiantes de
liceos y facultades contra de la reforma constitucional impulsada por
Jorge Larrañaga.
Zaffaroni dijo a Radio Uruguay
que no se entienden los motivos ya que no es de una expresión partidaria
y por lo tanto no es de carácter proselitista.
En
cuanto a la reforma dijo que “con eso no se logra la solución de un
problema real que existe”. Por eso la consideró “irresponsable” y
“electorera”.
Las declaraciones fueron realizadas
durante un acto celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales, en
ocasión de que la sala de conferencias recibiera el nombre de Luisa
Cuesta.
