Publicado: 8 jul 2019 15:54 GMT | Última actualización: 8 jul 2019 17:10 GMT - RT
El proceso se llevó a cabo luego que hace 20
años familiares de desaparecidos –con orígenes italianos– durante las
dictaduras de América del Sur denunciaran sus casos en Roma.
Imagen ilustrativa.
Pixabay.com
La
Corte de Asissi, en Roma, condenó este lunes, en segunda instancia, a
cadena perpetua a 24 militares, policías y jerarcas acusados por su
participación en el denominado Plan Cóndor, la coordinación represiva
entre las últimas dictaduras en América del Sur.
La sentencia de este lunes afecta a represores de Chile y Uruguay. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a ocho personas, tanto de estos dos países como de Bolivia y Perú, y el resto había sido absuelto.
El
proceso se llevó a cabo luego que hace 20 años familiares de
desaparecidos –con orígenes italianos– durante las dictaduras de América
del Sur denunciaran sus casos en Roma.
Además, en el proceso también había sido involucrado el exdictador
Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo de primera
instancia.
De Chile fueron sentenciados los exmilitares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
En el fallo de primera instancia ya habían sido condenados, en ausencia, el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; así como el expresidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro Pedro Richter Prada, y el exmilitar Germán Ruiz; también, se incluyó a los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo, Juan Carlos Blanco.
De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, el plan produjo 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y 400.000 personas encarceladas en operativos conjuntos aplicados por los militares de las naciones involucradas.
La sentencia de este lunes afecta a represores de Chile y Uruguay. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a ocho personas, tanto de estos dos países como de Bolivia y Perú, y el resto había sido absuelto.
Condenados
Entre los involucrados están los militares y policías uruguayos Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez, precisa el portal Sudestada.De Chile fueron sentenciados los exmilitares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
En el fallo de primera instancia ya habían sido condenados, en ausencia, el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; así como el expresidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro Pedro Richter Prada, y el exmilitar Germán Ruiz; también, se incluyó a los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo, Juan Carlos Blanco.
Plan Cóndor
El Plan Cóndor fue una coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras militares en América del Sur en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, entre las décadas de 1970 y 1980.De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, el plan produjo 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y 400.000 personas encarceladas en operativos conjuntos aplicados por los militares de las naciones involucradas.
Apelación por el Plan Cóndor: 24 de los 25 imputados a cadena perpetua
El gobierno celebró la condena y aseguró que aportó información fundamental para la decisión.
La jueza Agatella Ciuffrida ingresó en el aula de la Primera
Corte de Apelación de Roma a las cinco en punto de la tarde para la
lectura del fallo, acompañada por la jueza adjunta Caterina Brindisi y
los seis jueces populares, luego de una intensa jornada del consejo.
Empezó a leer la sentencia en el silencio absoluto del aula, donde se
había reunido una numerosa concurrencia: abogados, periodistas,
familiares de las víctimas, militantes de derechos humanos.
Cuando quedó claro que 24 de los 25 imputados (de los 27 involucrados en ese juicio, Luis García Meza y Pedro Richter Prada fallecieron, y se confirmó la absolución de Ricardo Chávez Domínguez) habían sido condenados a cadena perpetua por homicidio voluntario muy especialmente agravado, un suspiro de alivio atravesó la habitación. Zelmar Michelini y Aurora Meloni, familiares de víctimas del Plan Cóndor, llegaron cuando la lectura había ya empezado. Al interrogar con la mirada a los presentes, casi no podían creer lo que estaba sucediendo.
Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia de Uruguay, presenció de pie la lectura del fallo, al lado del abogado Andrea Speranzoni. Los dos permanecieron inmóviles hasta que finalizó la lectura del fallo y se dieron un abrazo cuando la jueza abandonó la sala.
Cristina Mihura, viuda del desaparecido Bernardo Arnone, se encontraba en ese momento sentada en el banco que ocupó durante todas las audiencias de apelación y trataba de contener la emoción. “He escuchado decir varias veces que la Justicia cuando llega tarde no es justicia, y hoy digo que eso no es cierto. Mis pensamientos y mi abrazo hoy es con las familias de las víctimas de [Jorge] Tróccoli, que nunca habían conocido la justicia en todo lo que habían pasado. Creo que esta Corte de Apelación ha corregido el camino, en gran parte errado, de la sentencia en primera instancia. Para Bernardo es una sentencia que llega en un tercer país [su detención y desaparición se cometieron en Argentina]. Ahora me falta encontrarlo, pero ha tenido justicia”, dijo.
Al final de la lectura, en la sala se confundieron lágrimas y abrazos. Pasado un rato, empezaron las llamadas entre Italia y Uruguay, Chile y Bolivia, así como las preguntas de los periodistas. Michelini dijo que sentía “una gran emoción por todos los compañeros que han recibido justicia”. “Y una gran satisfacción, porque esa es la prueba de que no hay que parar nunca en el empeño, de que no hay que dudar y de que es necesario seguir adelante hasta que haya justicia y verdad para todas las víctimas de la dictadura uruguaya y del Plan Cóndor”, añadió.
Ya fuera del tribunal, Toma aseguró, en diálogo con la diaria,
que el presidente Tabaré Vázquez, con quien había hablado hace minutos,
le había manifestado “su emoción por esta sentencia y por haber
cumplido el compromiso de continuar hasta las últimas instancias
judiciales con aquellos delincuentes que, amparados en la dictadura,
cometieron crímenes atroces”. “Trajimos a Roma nueve sentencias
ejecutadas y pruebas relevantes referidas a los legajos de Tróccoli, de
[Luis] Maurente, de [Jorge] Silveira, además de toda la información que
surge de los registros del Fusna [Fusileros Navales] que probaban en
forma abrumadora la responsabilidad de todos los imputados. Este es el
justo epílogo de la lucha que hemos llevado adelante acá, en Roma. En
Uruguay seguimos trabajando y trajimos todos nuestros esfuerzos”,
expresó.
Por su parte, la abogada Alessia Liistro –que representó a Néstor Gómez Rosano por el homicidio y la desaparición de su hermana Célica Gómez Rosano, quien fue vista por última vez en el Fusna, en Montevideo– se mostraba satisfecha y emocionada: “Ha sido una gran victoria. Yo siempre mantuve mi esperanza, y finalmente se hizo justicia en la apelación”, expresó.
Al final de la jornada, el abogado del Estado uruguayo, Speranzoni, dijo a la diaria que si bien había “mucha confianza, no sabíamos cómo terminaría”. “Mi racionalidad me llevó a ser optimista, porque la evidencia de estos delitos y de la conducta individual de los acusados estaba allí, y los llevamos a la corte. Hicimos un trabajo extraordinario con Presidencia de la República para dar ímpetu a las pruebas. El tribunal las consideró válidas y hoy tenemos muchas condenas, en lugar de todas las absoluciones que se habían dictado en la sentencia de primer grado. Es una gran emoción para los uruguayos, para las víctimas y para todos los que en América Latina trabajan a diario para construir la democracia. Este fallo es una respuesta legalmente correcta y completa que da justicia a estas víctimas”.
En cambio, el abogado de Tróccoli, Francesco Saverio Guzzo, dijo que no esperaba un fallo como ese y que estaba convencido de que la Corte de Apelación iba a confirmar la sentencia en primera instancia, porque “estaba muy bien motivada, equilibrada y completa”. “Hablé con mi cliente, quien expresó su repudio y lamentó la sentencia. Leeremos las motivaciones y luego apelaremos ante el Tribunal de Casación”, explicó.
Una de las últimas personas en abandonar el Tribunal fue Meloni: “Al principio casi no podía entenderlo, no lo creía, pero ahora estoy feliz. Han pasado demasiados años. En nuestros países esto es simbólico pero importante: para mí, para mi familia, para las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos y las hijas. Me han escrito uruguayos desde todo el mundo: ¡Por fin la justicia!”.
Cuando quedó claro que 24 de los 25 imputados (de los 27 involucrados en ese juicio, Luis García Meza y Pedro Richter Prada fallecieron, y se confirmó la absolución de Ricardo Chávez Domínguez) habían sido condenados a cadena perpetua por homicidio voluntario muy especialmente agravado, un suspiro de alivio atravesó la habitación. Zelmar Michelini y Aurora Meloni, familiares de víctimas del Plan Cóndor, llegaron cuando la lectura había ya empezado. Al interrogar con la mirada a los presentes, casi no podían creer lo que estaba sucediendo.
Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia de Uruguay, presenció de pie la lectura del fallo, al lado del abogado Andrea Speranzoni. Los dos permanecieron inmóviles hasta que finalizó la lectura del fallo y se dieron un abrazo cuando la jueza abandonó la sala.
Cristina Mihura, viuda del desaparecido Bernardo Arnone, se encontraba en ese momento sentada en el banco que ocupó durante todas las audiencias de apelación y trataba de contener la emoción. “He escuchado decir varias veces que la Justicia cuando llega tarde no es justicia, y hoy digo que eso no es cierto. Mis pensamientos y mi abrazo hoy es con las familias de las víctimas de [Jorge] Tróccoli, que nunca habían conocido la justicia en todo lo que habían pasado. Creo que esta Corte de Apelación ha corregido el camino, en gran parte errado, de la sentencia en primera instancia. Para Bernardo es una sentencia que llega en un tercer país [su detención y desaparición se cometieron en Argentina]. Ahora me falta encontrarlo, pero ha tenido justicia”, dijo.
Al final de la lectura, en la sala se confundieron lágrimas y abrazos. Pasado un rato, empezaron las llamadas entre Italia y Uruguay, Chile y Bolivia, así como las preguntas de los periodistas. Michelini dijo que sentía “una gran emoción por todos los compañeros que han recibido justicia”. “Y una gran satisfacción, porque esa es la prueba de que no hay que parar nunca en el empeño, de que no hay que dudar y de que es necesario seguir adelante hasta que haya justicia y verdad para todas las víctimas de la dictadura uruguaya y del Plan Cóndor”, añadió.
Por su parte, la abogada Alessia Liistro –que representó a Néstor Gómez Rosano por el homicidio y la desaparición de su hermana Célica Gómez Rosano, quien fue vista por última vez en el Fusna, en Montevideo– se mostraba satisfecha y emocionada: “Ha sido una gran victoria. Yo siempre mantuve mi esperanza, y finalmente se hizo justicia en la apelación”, expresó.
Al final de la jornada, el abogado del Estado uruguayo, Speranzoni, dijo a la diaria que si bien había “mucha confianza, no sabíamos cómo terminaría”. “Mi racionalidad me llevó a ser optimista, porque la evidencia de estos delitos y de la conducta individual de los acusados estaba allí, y los llevamos a la corte. Hicimos un trabajo extraordinario con Presidencia de la República para dar ímpetu a las pruebas. El tribunal las consideró válidas y hoy tenemos muchas condenas, en lugar de todas las absoluciones que se habían dictado en la sentencia de primer grado. Es una gran emoción para los uruguayos, para las víctimas y para todos los que en América Latina trabajan a diario para construir la democracia. Este fallo es una respuesta legalmente correcta y completa que da justicia a estas víctimas”.
En cambio, el abogado de Tróccoli, Francesco Saverio Guzzo, dijo que no esperaba un fallo como ese y que estaba convencido de que la Corte de Apelación iba a confirmar la sentencia en primera instancia, porque “estaba muy bien motivada, equilibrada y completa”. “Hablé con mi cliente, quien expresó su repudio y lamentó la sentencia. Leeremos las motivaciones y luego apelaremos ante el Tribunal de Casación”, explicó.
Una de las últimas personas en abandonar el Tribunal fue Meloni: “Al principio casi no podía entenderlo, no lo creía, pero ahora estoy feliz. Han pasado demasiados años. En nuestros países esto es simbólico pero importante: para mí, para mi familia, para las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos y las hijas. Me han escrito uruguayos desde todo el mundo: ¡Por fin la justicia!”.
Grupo por Verdad y Justicia presenta información sobre su trabajo a la bancada del FA
Hoy de mañana, la bancada de Diputados del Frente Amplio se
reunirá con Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), y con el prosecretario de
Presidencia, Juan Andrés Roballo. El objetivo del encuentro, explicó
Michelini, es contar a los legisladores lo que fueron “estos cinco años
de experiencia del grupo”.
Michelini piensa que la búsqueda de detenidos desaparecidos tiene que ser llevada adelante en el marco de otra institución, que no sea el Poder Ejecutivo, y que tenga “otro nivel de autonomía”. Según dijo, es necesario promover un “diseño diferente” que permita al Estado avanzar en ese cometido, y este será uno de los temas que planteará a los legisladores. “La búsqueda de los detenidos desparecidos es una responsabilidad estatal”, señaló, y agregó que es necesario resolver cuál es la mejor forma de cumplir con esa obligación.
Sobre la sentencia, Michelini destacó el rol que tuvo el GTVJ en el proceso y opinó que se trata de un “reconocimiento” a las víctimas y familiares. En la misma línea declaró ayer el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien aseguró en una rueda de prensa que esta segunda instancia “pone las cosas en su lugar y el fallo cumple con las expectativas que uno tenía”.
Michelini piensa que la búsqueda de detenidos desaparecidos tiene que ser llevada adelante en el marco de otra institución, que no sea el Poder Ejecutivo, y que tenga “otro nivel de autonomía”. Según dijo, es necesario promover un “diseño diferente” que permita al Estado avanzar en ese cometido, y este será uno de los temas que planteará a los legisladores. “La búsqueda de los detenidos desparecidos es una responsabilidad estatal”, señaló, y agregó que es necesario resolver cuál es la mejor forma de cumplir con esa obligación.
Sobre la sentencia, Michelini destacó el rol que tuvo el GTVJ en el proceso y opinó que se trata de un “reconocimiento” a las víctimas y familiares. En la misma línea declaró ayer el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien aseguró en una rueda de prensa que esta segunda instancia “pone las cosas en su lugar y el fallo cumple con las expectativas que uno tenía”.
Justicia italiana condena a cadena perpetua a 12 represores uruguayos, entre ellos Jorge Tróccoli
La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú acusados de la desaparición de 23 ciudadanos italianos, en marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, durante los años 70 y 80. Entre ellos se encuentran Jorge Tróccoli y Pedro Mato Narbondo, ambos prófugos.
Foto: LARED21.
PLAN CÓNDOR
08 de julio de 2019, 18:24hs - LR21
El pedido de cadena perpetua incluye a 12 uruguayos, ello son: Jorge Troccoli, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Ramas, José Felipe Sande, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Soca.
La mayoría ya cumple condena en Uruguay por delitos cometidos en dictadura (1973-1985).
Mientras que el capitán de navío retirado, Jorge Tróccoli, y el coronel retirado, Pedro Mato Narbondo, son los únicos que se encuentran prófugos.
A ellos se suma el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, quien fue el único de los uruguayos que había sido declarado culpable en primera instancia, y también cumple una pena en nuestro país por los asesinatos de los entonces legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de la maestra Elena Quinteros.
De este modo, el Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia en primera instancia de enero de 2017, cuando determinó la cadena perpetua para ocho represores, pero absolvió a 19 imputados.
El caso tuvo una sentencia en primera instancia “frustrante para Uruguay”, porque solamente condenó a Juan Carlos Blanco; y sin embargo, fueron absueltos Jorge Troccoli y otros militares, quienes también participaron en el Plan Cóndor.
Añadió que a partir de ello se presentó una apelación y el Tribunal de Apelaciones sentenció “cadena perpetua” al responder un conjunto de pruebas que se incorporaron a la causa y prueban de forma fehaciente la participación de los imputados uruguayos en el Plan Cóndor.
Destacó la importancia de la sentencia porque Tróccoli se encuentra radicado en Italia y fue acusado de participar en forma activa en los secuestros de los integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) durante los años 1977 y 1978, escapó de la Justicia uruguaya y evitó ser procesado.
“Esperemos que lo extraditen a Uruguay o pague por sus crímenes en las cárceles italianas”, remarcó Olivera.
Exoficial del S2 (Inteligencia) del Fusna y enlace con la ESMA argentina Jorge Troccoli.
El pedido de cadena perpetua incluye a 12 uruguayos, ello son: Jorge Troccoli, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Ramas, José Felipe Sande, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Soca.
La mayoría ya cumple condena en Uruguay por delitos cometidos en dictadura (1973-1985).
Mientras que el capitán de navío retirado, Jorge Tróccoli, y el coronel retirado, Pedro Mato Narbondo, son los únicos que se encuentran prófugos.
A ellos se suma el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, quien fue el único de los uruguayos que había sido declarado culpable en primera instancia, y también cumple una pena en nuestro país por los asesinatos de los entonces legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de la maestra Elena Quinteros.
De este modo, el Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia en primera instancia de enero de 2017, cuando determinó la cadena perpetua para ocho represores, pero absolvió a 19 imputados.
Luego de 20 años
El director ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, recordó que el juicio se inició a fines de 1999 a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos: Aurora Melloni, viuda de Álvaro Daniel Banfi; María Bellizzi, Luz Ibarburu, María Ester Gatti y familiares de Gerardo Gatti, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT.El caso tuvo una sentencia en primera instancia “frustrante para Uruguay”, porque solamente condenó a Juan Carlos Blanco; y sin embargo, fueron absueltos Jorge Troccoli y otros militares, quienes también participaron en el Plan Cóndor.
Añadió que a partir de ello se presentó una apelación y el Tribunal de Apelaciones sentenció “cadena perpetua” al responder un conjunto de pruebas que se incorporaron a la causa y prueban de forma fehaciente la participación de los imputados uruguayos en el Plan Cóndor.
Destacó la importancia de la sentencia porque Tróccoli se encuentra radicado en Italia y fue acusado de participar en forma activa en los secuestros de los integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) durante los años 1977 y 1978, escapó de la Justicia uruguaya y evitó ser procesado.
“Esperemos que lo extraditen a Uruguay o pague por sus crímenes en las cárceles italianas”, remarcó Olivera.
Cadena perpetua para represores uruguayos en Italia
La causa del "Plan Cóndor" en
la Corte de Asissi en Roma impuso la pena máxima para todos los
militares y policías uruguayos que participaron en la coordinación
represiva
Exoficial del S2 (Inteligencia) del Fusna y enlace con la ESMA argentina Jorge Troccoli.
SUDESTADA - 08/07/2019
La Justicia italiana impuso este lunes 8 la pena de Cadena Perpetua a
todos los uruguayos involucrados en la causa “Plan Cóndor”, que se
investiga hace 20 años en Roma. Solo el excanciller Juan Carlos Blanco
había recibido esta condena en un primer fallo. Ahora Blanco fue
absuelto en relación al caso de Mafalda Corinaldesi, un ama de casa
desparecida el 19 de noviembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora también fueron condenados Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
En total fueron 24 los represores latinoamericanos condenados y se mantuvo la absolución de primera instancia para Ricardo Chávez Domínguez. En la causa también estaba acusado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo de primera instancia.
La Justicia italiana también dispuso penas civil que implican un resarcimiento para varios de los represores condenados. Por ejemplo impuso la obligación de indemnizar con cien mil euros a Mariana Zaffaroni, Andrés Recagno y Martha Amanda Casal de Rey que deberá ser asumida por Gavazzo, Mato, Arab, Medina, Maurente, Sande, Ramas, Silveira y Vázquez.
El abogado de Uruguay, Andrea Speranzoni, expuso sus conclusiones en un informe donde analizó todas las pruebas aportadas por el Estado uruguayo que, a juicio del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue contundente para confirmar la participación de los imputados en crímenes de lesa humanidad.
Arriba la Corte y abajo los querellantes durante la lectura del fallo. Al centro el abogado de Uruguay Andrea Speranzoni junto al Secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma. Fotos: Janaina Cesar. Este fallo resulta particularmente importante en el caso de Jorge Troccoli, ya que esta será la primera vez que deba enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Los casos en los que se encuentra vinculado Troccoli son los de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martinez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernandez, Atalivas Castillo, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, Maria Asuncion Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gomez Rosano.
Troccoli también deberá enfrentar su responsabilidad civil por sus crímenes de lesa humanidad. En total el militar uruguayo deberá pagar más de 1,2 millones de euros a varios de los familiares de las víctimas.
Silvia Bellizzi, una de las querellantes por su hermano Andrés, esperando la lectura del fallo este lunes en la corte de Roma. Foto: Facebook Bellizzi. Silvia Bellizi, una de las querellantes por su hermano Andrés Bellizzi, ítalo uruguayo desparecido en Argentina, manifestó su expectativa por esta sentencia a nivel internacional, debido a que en Uruguay los procesos judiciales están estancados, en especial los ocurridos en el marco del Plan Condor.
En Uruguay
“estamos muy lejos de la realidad de los jueces en Italia, pero seguimos peleándola porque merecemos saber dónde están”, dijo Bellizi a Radio Uruguay
Hoy lunes de tarde en el anfiteatro del PIT CNT se realizará una videoconferencia con los abogados que están en Roma para contestar a todas las preguntas de los familiares que no pudieron viajar a Italia.
Ahora también fueron condenados Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
En total fueron 24 los represores latinoamericanos condenados y se mantuvo la absolución de primera instancia para Ricardo Chávez Domínguez. En la causa también estaba acusado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo de primera instancia.
La Justicia italiana también dispuso penas civil que implican un resarcimiento para varios de los represores condenados. Por ejemplo impuso la obligación de indemnizar con cien mil euros a Mariana Zaffaroni, Andrés Recagno y Martha Amanda Casal de Rey que deberá ser asumida por Gavazzo, Mato, Arab, Medina, Maurente, Sande, Ramas, Silveira y Vázquez.
El abogado de Uruguay, Andrea Speranzoni, expuso sus conclusiones en un informe donde analizó todas las pruebas aportadas por el Estado uruguayo que, a juicio del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue contundente para confirmar la participación de los imputados en crímenes de lesa humanidad.
Arriba la Corte y abajo los querellantes durante la lectura del fallo. Al centro el abogado de Uruguay Andrea Speranzoni junto al Secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma. Fotos: Janaina Cesar. Este fallo resulta particularmente importante en el caso de Jorge Troccoli, ya que esta será la primera vez que deba enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Los casos en los que se encuentra vinculado Troccoli son los de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martinez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernandez, Atalivas Castillo, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, Maria Asuncion Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gomez Rosano.
Troccoli también deberá enfrentar su responsabilidad civil por sus crímenes de lesa humanidad. En total el militar uruguayo deberá pagar más de 1,2 millones de euros a varios de los familiares de las víctimas.
Silvia Bellizzi, una de las querellantes por su hermano Andrés, esperando la lectura del fallo este lunes en la corte de Roma. Foto: Facebook Bellizzi. Silvia Bellizi, una de las querellantes por su hermano Andrés Bellizzi, ítalo uruguayo desparecido en Argentina, manifestó su expectativa por esta sentencia a nivel internacional, debido a que en Uruguay los procesos judiciales están estancados, en especial los ocurridos en el marco del Plan Condor.
En Uruguay
“estamos muy lejos de la realidad de los jueces en Italia, pero seguimos peleándola porque merecemos saber dónde están”, dijo Bellizi a Radio Uruguay
Hoy lunes de tarde en el anfiteatro del PIT CNT se realizará una videoconferencia con los abogados que están en Roma para contestar a todas las preguntas de los familiares que no pudieron viajar a Italia.
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La justicia italiana condenó a cadena perpetua a genocidas
Este lunes, la Corte de Asis en Roma determinó que los militares y
policías de Chile, Bolivia, Perú y todos los uruguayos involucrados son
responsables del operativo militar pactado entre dictaduras, denominado
Plan Cóndor. La Justicia italiana condenó en ausencia este lunes a
cadena perpetua a 24 represores y genocidas procesados por la
desaparición y muerte de 23 ciudadanos.
La secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y el Observatorio Luz Ibarburu convocaron este lunes a una videoconferencia con Roma, en un contacto que se desarrolló desde la sede de la central sindical.
A primeras horas de la tarde, se conoció la noticia que causó fuerte impacto en nuestro país. El sitio Sudestada –que se especializa en investigación y periodismo- adelantó la información y publicó la sentencia completa, que fue rápidamente replicada por diversos medios de comunicación.
Según indica dicho portal, “este fallo resulta particularmente importante en el caso de Jorge Troccoli, ya que esta será la primera vez que deba enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Los casos en los que se encuentra vinculado Troccoli son los de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, María Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martínez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernández, Atalivas Castillo, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, María Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gómez Rosano. Troccoli también deberá enfrentar su responsabilidad civil por sus crímenes de lesa humanidad. En total el militar uruguayo deberá pagar más de 1,2 millones de euros a varios de los familiares de las víctimas”.
La secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y el Observatorio Luz Ibarburu convocaron este lunes a una videoconferencia con Roma, en un contacto que se desarrolló desde la sede de la central sindical.
A primeras horas de la tarde, se conoció la noticia que causó fuerte impacto en nuestro país. El sitio Sudestada –que se especializa en investigación y periodismo- adelantó la información y publicó la sentencia completa, que fue rápidamente replicada por diversos medios de comunicación.
Según indica dicho portal, “este fallo resulta particularmente importante en el caso de Jorge Troccoli, ya que esta será la primera vez que deba enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Los casos en los que se encuentra vinculado Troccoli son los de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, María Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martínez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernández, Atalivas Castillo, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, María Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gómez Rosano. Troccoli también deberá enfrentar su responsabilidad civil por sus crímenes de lesa humanidad. En total el militar uruguayo deberá pagar más de 1,2 millones de euros a varios de los familiares de las víctimas”.
El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos
Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor
Imagen: EFE
Desde Roma
Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados , y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.
Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.
“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.
Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.
Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.
Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.
La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.
Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.
Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.
Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados , y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.
Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.
“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.
Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.
Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.
Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.
La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.
Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.
Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.
Tribunal italiano condenó a cadena perpetua a militares uruguayos por el Plan Cóndor
Un
tribunal en Roma condenó en segunda instancia a militares uruguayos por
su responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las
últimas dictaduras del Cono Sur de América.
«Histórico;
tribunal en Roma condenó en segunda instancia a 14 militares uruguayos,
absueltos en primera instancia, entre ellos [Jorge Nestor] Troccoli,
cadena perpetua; los fundamentos se leerán en 90 días», publicó la
exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo de Uruguay, Mirtha Guianze.
El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José ‘Nino’ Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.
Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007.
El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.
El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados.
El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años.
El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José ‘Nino’ Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.
Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007.
El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.
El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados.
El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años.
POR SU VINCULACIÓN EN EL PLAN CÓNDOR
Cadena perpetúa para militares uruguayos por crímenes de lesa humanidad
Jorge Néstor Tróccoli (Foto: Caras y Caretas)
Hace
instantes, la Justicia italiana condenó a otros 17 uniformados de otros
países de Sudamérica que también hicieron parte de esta estrategia
común de exterminio de las dictaduras de los años 70’ y 80’.
El
fiscal del juicio en Roma, Italia, en segunda instancia, solicitó la
cadena perpetua para todos los acusados, que son 24 en total, incluyendo
a los uruguayos Jorge Néstor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro
Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo y Juan Carlos
Larcebeau, informó la periodista Alejandra Casablanca de radio Uruguay.
Recordemos que familiares de desaparecidos, cuyo origen era italiana habían denunciado ya hace 20 años estos sucesos frente a la Justicia del país europeo.
Las pruebas fueron presentadas por un equipo de abogados en junio y las mismas son contundentes acerca del involucramiento en torturas y desapariciones forzados de los militares de nuestro país, todo en el marco del Plan Cóndor que involucró a uniformados de toda la región.
Recordemos que familiares de desaparecidos, cuyo origen era italiana habían denunciado ya hace 20 años estos sucesos frente a la Justicia del país europeo.
Las pruebas fueron presentadas por un equipo de abogados en junio y las mismas son contundentes acerca del involucramiento en torturas y desapariciones forzados de los militares de nuestro país, todo en el marco del Plan Cóndor que involucró a uniformados de toda la región.
Tribunal italiano condena a cadena perpetua a militares uruguayos por el Plan Cóndor
MONTEVIDEO, URUGUAY
(Spútnik) Un tribunal en Roma condenó en segunda instancia a militares uruguayos por su responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América, informó la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirtha Guianze.
«Histórico; tribunal en Roma condenó en segunda instancia a 14 militares uruguayos, absueltos en primera instancia, entre ellos [Jorge Nestor] Troccoli, cadena perpetua; los fundamentos se leerán en 90 días», publicó Guianze en la red social Twitter.
El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José ‘Nino’ Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.
Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007. El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.
El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados. El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años.
Amnistía internacional
08 de julio de 2019, 21:37hs - LR21
Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso sostenido de Uruguay en la aceptación de todas las recomendaciones recibidas durante su tercer Examen Periódico Universal.
La organización expresa “satisfacción” por la aceptación de Uruguay de las recomendaciones para “garantizar que los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985 no estén sujetos a prescripción, y por tomar medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de estos crímenes, así como a los responsables de las recientes amenazas a funcionarios judiciales y defensores de derechos humanos”.
Remarca, asimismo, que en la actualidad “el 97% de las personas detenidas desaparecidas aún no han sido encontradas, y en el 91% de las causas judiciales de violaciones de derechos humanos aún no se ha solicitado procesamientos”.
Por otro lado, Amnistía manifiesta “satisfacción” por la interpretación de Uruguay de la recomendación sobre “la protección de la familia, en línea con los estándares más altos de derechos humanos, como incluyente de las familias formadas por parejas del mismo sexo, y la recomendación sobre los derechos de los padres en términos de la subordinación de estos a los derechos y bienestar de los niños, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño”.
También solicita “implementar y financiar de manera efectiva las medidas establecidas en la Ley de Violencia basada en género contra las mujeres”.
Recuerda en 2018, “el 30% de las personas privadas de libertad vivían en condiciones que equivalían a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y solo el 26% tenía oportunidades de rehabilitación”.
“Seguimos preocupados por la prevalencia del femicidio y la reciente afirmación de la Suprema Corte de Justicia de que su presupuesto para implementar la Ley de Violencia de género es insuficiente”, expresa Amnistía en su informe sobre Uruguay.
La organización “saluda la aceptación, por parte de Uruguay, de recomendaciones para investigar todos los actos de violencia contra personas LGBTI” y de llevar a los responsables ante la Justicia.
A la vez, alienta al Gobierno a “implementar recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes”.
En tal sentido asegura que hasta la fecha, “Uruguay carece de un plan de acción para cumplir con los objetivos de su Ley de Migración y, como resultado, los migrantes vulnerables a menudo carecen de la protección de sus derechos al empleo decente, la vivienda y la educación”.
(Spútnik) Un tribunal en Roma condenó en segunda instancia a militares uruguayos por su responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América, informó la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirtha Guianze.
«Histórico; tribunal en Roma condenó en segunda instancia a 14 militares uruguayos, absueltos en primera instancia, entre ellos [Jorge Nestor] Troccoli, cadena perpetua; los fundamentos se leerán en 90 días», publicó Guianze en la red social Twitter.
El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José ‘Nino’ Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.
Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007. El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.
El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados. El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años.
Plan Cóndor: Uruguay da vuelta juicio en Roma y logra prisión perpetua para trece represores
El
gobierno destacó que los legajos de los represores debidamente
reproducidos fueron los «pilares» de la decisión del Tribunal italiano.
Tras
la orden del presidente Tabaré Vázquez, y a instancia del secretario de
Presidencia, Miguel Ángel Toma, los legajos debidamente reproducidos y
aportados al proceso en la etapa de apelación fueron los pilares de la
decisión del Tribunal de Apelaciones italiano para revocar la sentencia
de primera instancia y condenar a todos los procesados, dijo el
prosecretario, Juan Andrés Roballo, a la Secretaría de Comunicación
Institucional.
Este lunes 8 se conoció la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un exjerarca civil de la dictadura y doce militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del Plan Cóndor.
En primera instancia, solamente uno de los trece acusados había sido condenado y la acción de la Presidencia de la República en la Justicia italiana accionó la apelación. La condena a cadena perpetua abarcó en total a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.
Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional, Roballo indicó que las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, que llevó a Italia Toma por orden del presidente Vázquez, «construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados». Roballo destacó el trabajo permanente de las organizaciones sociales y políticas en materia de derechos humanos.
«Relación directa con Astiz»
El gobierno difundió ayer en un comunicado un resumen de la sentencia de segunda instancia por los crímenes del Plan Cóndor contra víctimas uruguayas La sentencia de apelación pronunciada ayer por crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente la sentencia de primera instancia en la cual 13 imputados habían sido absueltos y uno solo condenado.
En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua todos los imputados por homicidios agravados, a saber: Juan Carlos Blanco, José Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Tróccoli Fernández y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
El presente fallo, agrega el gobierno, «constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos».
«La decisión adoptada por los jueces de segunda instancia representa, además, una respuesta de justicia para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados».
Destaca que entre los condenados está el «exjefe del S2 (servicio de inteligencia) del Fusna, Jorge Tróccoli Fernández, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay». Agrega que el proceso de apelación «logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina, Tróccoli tuvo un rol central» y que «en la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del Fusna».
«El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz», agrega el comunicado. «Entre los condenados hay también oficiales de la Oficina III del SID, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer militantes del PVP en 1976, entre los cuales se encuentra el represor José Gavazzo. El proceso de apelación y las nuevas pruebas en su contra han demostrado que Gavazzo, en 1976, dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas Cóndor como jefe.
Una documentación irrefutable, considerada por la Corte de Roma ´relevante y nueva´». El resultado procesal fue fruto del esfuerzo y trabajo colectivo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni.
Asimismo, han cumplido una gran labor la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace. Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva. Ahora es necesario asegurar el resultado obtenido a través de la probable y última instancia, constituida por el eventual juicio en la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte de Justicia).
Por otra parte, la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años setenta y ochenta operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur.
Finalmente, el proceso de apelación ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como «jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay». Esta nueva documentación de procedencia militar (ex Oficina III del SID) revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina.
«Podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes.
Si bien lo logrado en esta segunda instancia pauta el compromiso de la Presidencia de la República en la lucha contra los represores y violadores de derechos humanos, se destaca que la labor y este compromiso continúan a nivel nacional».
Reacciones
La condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y autoridades latinoamericanas que asistieron a la lectura del fallo. «Es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas», comentó a la AFP Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de Uruguay, quien viajó a Italia para la ocasión. «Hemos venido hasta aquí, a Roma, para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar», aseguró por su parte el viceministro de Justicia boliviano, Javier Moncada.
El ministro de Defensa José Bayardi se refirió a la decisión de la Justicia italiana: «La condena fue pronunciada al término de cuatro años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas». Los jueces revirtieron parte del fallo emitido en 2017 y que había defraudado a los familiares tras la absolución de varios militares y agentes de los servicios secretos.
«Un fallo que está por encima de nuestras expectativas», reconoció a la AFP Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas.
Familiares, políticos, representantes de derechos humanos de los países involucrados viajaron a Roma para asistir a la lectura de la sentencia, ya que piden justicia desde hace más de 40 años. La lectura del fallo fue seguida desde Uruguay a través de videoconferencia por Familiares que se congregaron en la sede del PIT-CNT.
Origen de la investigación
Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares de Sudamérica fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la ítalo-uruguaya Aurora Melloni, viuda de Álvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
Tras una larga investigación, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo abrió juicio contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú; varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos.
Bayardi: el fallo «pone las cosas en su lugar»
El ministro de Defensa de Uruguay, José Bayardi, señaló que el fallo emitido por la justicia italiana «corrige lo que había sido un error de la primera instancia, que había exonerado de responsabilidad». «Creo que esta segunda instancia pone las cosas en su lugar, adjudica las responsabilidades penales que correspondían y da un fallo condenatorio de cadena perpetua que creo que, en fin, cumple con las expectativas que uno tenía desde la primera instancia», señaló.
«Lo que voy a rescatar es el compromiso que tuvo el Poder Ejecutivo (uruguayo)», dijo, y agregó que este fallo también fue posible dada la «pelea muy fuerte llevada adelante por familiares (de detenidos desaparecidos) desde fines de la década del 90».
«Ese sacrificio de mucha gente había tenido una frustración en la primera instancia. Acá hubo una toma de responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo que llevó adelante una nueva instancia por parte del secretario de la Presidencia, el doctor (Miguel Ángel) Toma, con documentación actualizada», añadió. En este sentido, Bayardi dijo que la sentencia final en Roma lo «congratula».
Con respecto a las penas de cada uno, el único que comenzará a cumplirla es Jorge Tróccoli dado que es el único que está en Italia. Los demás cumplen penas en Uruguay y hasta no finalizarlas no podrán ser extraditados a Italia, incluso si aquel país lo pidiera. Además, Pedro Antonio Mato continúa prófugo. «Una vez terminadas las condenas acá, no sé qué va a hacer Italia. De pedir la extradición tendrán que ser extraditados a Roma», concluyó el ministro.
Este lunes 8 se conoció la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un exjerarca civil de la dictadura y doce militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del Plan Cóndor.
En primera instancia, solamente uno de los trece acusados había sido condenado y la acción de la Presidencia de la República en la Justicia italiana accionó la apelación. La condena a cadena perpetua abarcó en total a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.
Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional, Roballo indicó que las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, que llevó a Italia Toma por orden del presidente Vázquez, «construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados». Roballo destacó el trabajo permanente de las organizaciones sociales y políticas en materia de derechos humanos.
«Relación directa con Astiz»
El gobierno difundió ayer en un comunicado un resumen de la sentencia de segunda instancia por los crímenes del Plan Cóndor contra víctimas uruguayas La sentencia de apelación pronunciada ayer por crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente la sentencia de primera instancia en la cual 13 imputados habían sido absueltos y uno solo condenado.
En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua todos los imputados por homicidios agravados, a saber: Juan Carlos Blanco, José Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Tróccoli Fernández y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
El presente fallo, agrega el gobierno, «constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos».
«La decisión adoptada por los jueces de segunda instancia representa, además, una respuesta de justicia para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados».
Destaca que entre los condenados está el «exjefe del S2 (servicio de inteligencia) del Fusna, Jorge Tróccoli Fernández, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay». Agrega que el proceso de apelación «logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina, Tróccoli tuvo un rol central» y que «en la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del Fusna».
«El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz», agrega el comunicado. «Entre los condenados hay también oficiales de la Oficina III del SID, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer militantes del PVP en 1976, entre los cuales se encuentra el represor José Gavazzo. El proceso de apelación y las nuevas pruebas en su contra han demostrado que Gavazzo, en 1976, dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas Cóndor como jefe.
Una documentación irrefutable, considerada por la Corte de Roma ´relevante y nueva´». El resultado procesal fue fruto del esfuerzo y trabajo colectivo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni.
Asimismo, han cumplido una gran labor la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace. Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva. Ahora es necesario asegurar el resultado obtenido a través de la probable y última instancia, constituida por el eventual juicio en la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte de Justicia).
Por otra parte, la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años setenta y ochenta operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur.
Finalmente, el proceso de apelación ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como «jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay». Esta nueva documentación de procedencia militar (ex Oficina III del SID) revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina.
«Podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes.
Si bien lo logrado en esta segunda instancia pauta el compromiso de la Presidencia de la República en la lucha contra los represores y violadores de derechos humanos, se destaca que la labor y este compromiso continúan a nivel nacional».
Reacciones
La condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y autoridades latinoamericanas que asistieron a la lectura del fallo. «Es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas», comentó a la AFP Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de Uruguay, quien viajó a Italia para la ocasión. «Hemos venido hasta aquí, a Roma, para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar», aseguró por su parte el viceministro de Justicia boliviano, Javier Moncada.
El ministro de Defensa José Bayardi se refirió a la decisión de la Justicia italiana: «La condena fue pronunciada al término de cuatro años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas». Los jueces revirtieron parte del fallo emitido en 2017 y que había defraudado a los familiares tras la absolución de varios militares y agentes de los servicios secretos.
«Un fallo que está por encima de nuestras expectativas», reconoció a la AFP Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas.
Familiares, políticos, representantes de derechos humanos de los países involucrados viajaron a Roma para asistir a la lectura de la sentencia, ya que piden justicia desde hace más de 40 años. La lectura del fallo fue seguida desde Uruguay a través de videoconferencia por Familiares que se congregaron en la sede del PIT-CNT.
Origen de la investigación
Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares de Sudamérica fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la ítalo-uruguaya Aurora Melloni, viuda de Álvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
Tras una larga investigación, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo abrió juicio contra un grupo de 34 exoficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú; varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos.
Bayardi: el fallo «pone las cosas en su lugar»
El ministro de Defensa de Uruguay, José Bayardi, señaló que el fallo emitido por la justicia italiana «corrige lo que había sido un error de la primera instancia, que había exonerado de responsabilidad». «Creo que esta segunda instancia pone las cosas en su lugar, adjudica las responsabilidades penales que correspondían y da un fallo condenatorio de cadena perpetua que creo que, en fin, cumple con las expectativas que uno tenía desde la primera instancia», señaló.
«Lo que voy a rescatar es el compromiso que tuvo el Poder Ejecutivo (uruguayo)», dijo, y agregó que este fallo también fue posible dada la «pelea muy fuerte llevada adelante por familiares (de detenidos desaparecidos) desde fines de la década del 90».
«Ese sacrificio de mucha gente había tenido una frustración en la primera instancia. Acá hubo una toma de responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo que llevó adelante una nueva instancia por parte del secretario de la Presidencia, el doctor (Miguel Ángel) Toma, con documentación actualizada», añadió. En este sentido, Bayardi dijo que la sentencia final en Roma lo «congratula».
Con respecto a las penas de cada uno, el único que comenzará a cumplirla es Jorge Tróccoli dado que es el único que está en Italia. Los demás cumplen penas en Uruguay y hasta no finalizarlas no podrán ser extraditados a Italia, incluso si aquel país lo pidiera. Además, Pedro Antonio Mato continúa prófugo. «Una vez terminadas las condenas acá, no sé qué va a hacer Italia. De pedir la extradición tendrán que ser extraditados a Roma», concluyó el ministro.
CORTE ITALIANA
Justicia italiana condenó a cadena perpetua a militares uruguayos por Plan Cóndor
14 de los imputados son uruguayos, incluidos Jorge Troccoli, Juan Carlos Blanco y José Nino Gavazzo.
lunes, 08 julio 2019 13:20 - EL PAÍS uy
Jorge Troccoli en Uruguay en 2007. Foto: archivo El País
El Tribunal de apelación de Roma condenó este lunes a cadena perpetua para 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo en América Latina durante las décadas de 1960- 1980.
14 de los imputados son uruguayos, incluidos Jorge Troccoli, Juan Carlos Blanco y José Nino Gavazzo.
Entre
los condenados está el exmilitar uruguayo Troccoli, el único que se ha
apersonado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que
se escapara de la justicia de su país en 2007 y que en primer grado
quedó absuelto.
De este modo el Tribunal de Apelación de Roma cambia la sentencia en primera instancia de enero de 2017 y que estableció ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos.
De este modo el Tribunal de Apelación de Roma cambia la sentencia en primera instancia de enero de 2017 y que estableció ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos.
El pasado 18 de marzo la Fiscalía de Roma había pedido reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24
miembros de las dictaduras militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor.
miembros de las dictaduras militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor.
El
juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la
condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y
Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los
bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco
Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras
que el resto fueron absoluciones y 6 sobreseimientos.
Los uruguayos condenados este lunes a cadena perpetua
son Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el excoronel Pedro
Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio
Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.
También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.
También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.
El pasado 13 de mayo el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma,
participó de una audiencia de apelación en la que se presentaron
pruebas que demuestran la participación de 13 militares uruguayos en
crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que fueron entregadas
ante la Corte de Assise de Apelación de Roma.
Este
lunes el Observatorio Luz Ibarburu conjuntamentde con la Secretaría de
Derechos Humanos y Políticas Sociales del Pit-Cnt convocaron a una
videoconferencia a partir de las 17:00 horas con abogados italianos para
analizar la sentencia
Con información de EFE
Satisfacción con Uruguay por llevar a la Justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la aceptación de parte de Uruguay de que los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos cometidos en dictadura militar (1973 y 1985) no prescriben, y por tomar medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de dichos actos.
Amnistía internacional
08 de julio de 2019, 21:37hs - LR21Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso sostenido de Uruguay en la aceptación de todas las recomendaciones recibidas durante su tercer Examen Periódico Universal.
La organización expresa “satisfacción” por la aceptación de Uruguay de las recomendaciones para “garantizar que los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985 no estén sujetos a prescripción, y por tomar medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de estos crímenes, así como a los responsables de las recientes amenazas a funcionarios judiciales y defensores de derechos humanos”.
Remarca, asimismo, que en la actualidad “el 97% de las personas detenidas desaparecidas aún no han sido encontradas, y en el 91% de las causas judiciales de violaciones de derechos humanos aún no se ha solicitado procesamientos”.
Por otro lado, Amnistía manifiesta “satisfacción” por la interpretación de Uruguay de la recomendación sobre “la protección de la familia, en línea con los estándares más altos de derechos humanos, como incluyente de las familias formadas por parejas del mismo sexo, y la recomendación sobre los derechos de los padres en términos de la subordinación de estos a los derechos y bienestar de los niños, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Recomendaciones
En otro orden, Amnistía insta a Uruguay a “implementar con urgencia las recomendaciones para mejorar las malas condiciones de vida de las personas privadas de libertad, así como sus oportunidades de rehabilitación e integración”.También solicita “implementar y financiar de manera efectiva las medidas establecidas en la Ley de Violencia basada en género contra las mujeres”.
Recuerda en 2018, “el 30% de las personas privadas de libertad vivían en condiciones que equivalían a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y solo el 26% tenía oportunidades de rehabilitación”.
“Seguimos preocupados por la prevalencia del femicidio y la reciente afirmación de la Suprema Corte de Justicia de que su presupuesto para implementar la Ley de Violencia de género es insuficiente”, expresa Amnistía en su informe sobre Uruguay.
La organización “saluda la aceptación, por parte de Uruguay, de recomendaciones para investigar todos los actos de violencia contra personas LGBTI” y de llevar a los responsables ante la Justicia.
A la vez, alienta al Gobierno a “implementar recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes”.
En tal sentido asegura que hasta la fecha, “Uruguay carece de un plan de acción para cumplir con los objetivos de su Ley de Migración y, como resultado, los migrantes vulnerables a menudo carecen de la protección de sus derechos al empleo decente, la vivienda y la educación”.
López Goldaracena: «Es un triunfo del derecho y de la justicia»
Foto: Wikimedia Commons
Para
el abogado Óscar López Goldaracena, la sentencia en Roma es «un triunfo
del derecho y de la justicia». «Recordemos la desazón de las familias
cuando en el caso judicial que terminó con la condena de Gregorio
Álvarez se había pedido también el procesamiento de Tróccoli para
juzgarlo aquí, pero se escapó a Italia.
Luego,
el pedido de extradición no llegó en fecha y el presidente, en aquel
momento también Tabaré Vázquez, destituyó al embajador en Italia».
«Tengo muy presente la angustia e impotencia de las familias en aquel
momento. Hoy las cosas se ponen en su lugar y quiero felicitar
expresamente al presidente de la República y a todo el equipo del Estado
uruguayo que aportó las pruebas en Italia para poder revertir la
situación».
Por otra parte, señaló que la sentencia «reafirma nuestra convicción de que es un principio de derecho internacional que cualquier país tiene, no solo el derecho, sino también la obligación de juzgar crímenes contra la humanidad, ocurran donde ocurran y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido, más cuando estos crímenes tuvieron una conexión con sus nacionales».
«En esta materia no puede haber islas territoriales de impunidad y se debe avanzar hacia la efectiva jurisdicción universal, porque la tortura, la desaparición forzada de personas y el homicidio político son crímenes que atentan contra toda la humanidad, no solamente contra las víctimas que los sufrieron».
«Quedó nuevamente probado, en otra causa judicial, ahora en Italia, que en América Latina hubo una macrocriminalidad estatal», agregó.
Por otra parte, señaló que la sentencia «reafirma nuestra convicción de que es un principio de derecho internacional que cualquier país tiene, no solo el derecho, sino también la obligación de juzgar crímenes contra la humanidad, ocurran donde ocurran y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido, más cuando estos crímenes tuvieron una conexión con sus nacionales».
«En esta materia no puede haber islas territoriales de impunidad y se debe avanzar hacia la efectiva jurisdicción universal, porque la tortura, la desaparición forzada de personas y el homicidio político son crímenes que atentan contra toda la humanidad, no solamente contra las víctimas que los sufrieron».
«Quedó nuevamente probado, en otra causa judicial, ahora en Italia, que en América Latina hubo una macrocriminalidad estatal», agregó.
ARGENTINA
Pablo Verna declaró como testigo en el juicio por la Contraofensiva
“Mi padre fue anestesista de los vuelos de la muerte”
Es
hijo del ex capitán Julio Verna, quien admitió su participación en los
vuelos de la muerte y miembro del colectivo Historias Desobedientes, de
hijos de genocidas.
PÁGINA 12 - 03 de julio de 2019
Pablo Verna declaró en calidad de testigo.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
Pablo
Verna declaró ayer como testigo en el juicio oral por la Contraofensiva
de militantes montoneros llevados con vida a Campo de Mayo y luego
desaparecidos. Es el hijo del médico y ex capitán del Ejército Julio
Alejandro Verna. Verna, el hijo, contó ante los jueces lo que su padre
admitió en privado, pero nunca ante la Justicia: que partició de los
vuelos de la muerte inyectando tranquilizantes a las víctimas para
adormecerlas. “Mi padre fue anestesista de los vuelos de la muerte”,
declaró.
Verna, el padre, le contó a un familiar que inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río dentro de un Peugeot 504, consignó El Diario del Juicio de la Contraofensiva.
“Simularon que esas cuatro personas iban a un día de camping, con una canasta con sanguchitos, cañas de pescar y cuando caen con ese auto al río o arroyo, el agua ingresa a los pulmones y pierden la vida de esa manera”, relató Pablo Verna. Su padre tambi{en le dijo que sabía cómo se interrogaba en la tortura y que no estaba de acuerdo con las desapariciones sino que a los que llamaba subversivos había que fusilarlos en Plaza de Mayo.
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín juzga desde principios de abril a nueve oficiales retirados del Ejército acusados de participar en los secuestros, torturas y homicidios de militantes que reingresaron al país en 1979 y 1980. Los acusados –Roberto Dambrossi, Luis Firpo, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Carlos Casuccio, Raúl Muñoz, Marcelo Cinto Courtaux y Alberto Sotomayor– son todos del área de inteligencia, ya sea del Batallón 601, el Destacamento 201 o del Comando de Institutos Militares.
Miembro del colectivo Historias Desobedientes, de hijos de genocidas dispuestos a romper el mandato de silencio impuesto en sus hogares, Verna lleva años tratando de aportar lo que logró saber y cuestionando como abogado los artículos del Código Procesal Penal que impiden hacerlo a familiares de acusados. Ofrecido como testigo por la fiscal Gabriela Sosti y el querellante Pablo Llonto, ayer pudo declarar por decisión de los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, quienes lo autorizaron porque su padre no está entre los acusados. El otro argumento, planteado en el proyecto de ley presentado en 2017 por los hijos de genocidas y que Abuelas de Plaza de Mayo invocó con éxito años atrás para que la hermana de crianza de Juan Cabandié declarara sobre su apropiador, es que ya no hay vínculo familiar (el bien que en teoría protege el Estado) cuando lo hizo trizas precisamente el conocimiento de los horrores cometidos.
“Pude declarar sobre los hechos de los que tuve conocimiento puertas adentro de mi familia y me parece un hecho muy importante que el tribunal haya querido escuchar, porque junto con las compañeras y compañeros de Historias Desobedientes y otros tantos que tomaron distancia o bien no se acercaron, estamos del mismo lado ante el genocidio. Y esta barrera que estamos intentando por todos los medios romper, para poder hacer nuestro aporte en los juicios, de alguna manera lo estamos empezando a lograr”, explicó al Diario del Juicio.
Verna agradeció “a todos los organismos, las Madres, las Abuelas, (porque) gracias a su inmenso trabajo, incansable, noso- tros tuvimos oportunidad de percibir la mentira que nos fue impuesta”. “Lo que más quisiera es que los genocidas entiendan que hay un ocultamiento, una desa- parición de personas que siguen realizando cada día que pasa y que ya no se puede sostener. Somos los propios hijos los que estamos pidiendo algo tan simple pero tan importante como (el aporte de información a) los familiares que necesitan saber cuál fue el destino de sus seres queridos”, insistió en su reclamo.
En el primer turno, en tanto, declaró Luciana Milberg, abogada y sobrina de Raúl Milberg, militante desaparecido en el marco de la Contraofensiva. “Estamos reclamando por él y por todas las víctimas. El de Raúl no fue un caso aislado, formó parte de un grupo que ingresó al país, que cayeron todos efectivamente, y hay muchas pruebas de que todos ellos fueron secuestrados, uno atrás de otro, y todos fueron llevados vivos a Campo de Mayo, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos”, explicó tras la audiencia, en la que además aportó documentación relevante. Un informe de inteligencia del Ejército que se llama Operativo Guardamuebles, con un capítulo específico donde el Ejército reconoce su intervención en estas caídas, en estas ‘bajas’ como las llaman. “Esto se vincula con un desclasificado de la embajada norteamericana en el que expresamente se consigna que (Horacio) Campiglia, que era quien estaba a cargo de este grupo que cayó sucesivamente, fue detenido en Brasil. Esto permite asociar un documento con el otro y ver que efectivamente todos fueron llevados a Campo de Mayo y fueron llevados vivos”, destacó.
Verna, el padre, le contó a un familiar que inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río dentro de un Peugeot 504, consignó El Diario del Juicio de la Contraofensiva.
“Simularon que esas cuatro personas iban a un día de camping, con una canasta con sanguchitos, cañas de pescar y cuando caen con ese auto al río o arroyo, el agua ingresa a los pulmones y pierden la vida de esa manera”, relató Pablo Verna. Su padre tambi{en le dijo que sabía cómo se interrogaba en la tortura y que no estaba de acuerdo con las desapariciones sino que a los que llamaba subversivos había que fusilarlos en Plaza de Mayo.
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín juzga desde principios de abril a nueve oficiales retirados del Ejército acusados de participar en los secuestros, torturas y homicidios de militantes que reingresaron al país en 1979 y 1980. Los acusados –Roberto Dambrossi, Luis Firpo, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Carlos Casuccio, Raúl Muñoz, Marcelo Cinto Courtaux y Alberto Sotomayor– son todos del área de inteligencia, ya sea del Batallón 601, el Destacamento 201 o del Comando de Institutos Militares.
Miembro del colectivo Historias Desobedientes, de hijos de genocidas dispuestos a romper el mandato de silencio impuesto en sus hogares, Verna lleva años tratando de aportar lo que logró saber y cuestionando como abogado los artículos del Código Procesal Penal que impiden hacerlo a familiares de acusados. Ofrecido como testigo por la fiscal Gabriela Sosti y el querellante Pablo Llonto, ayer pudo declarar por decisión de los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, quienes lo autorizaron porque su padre no está entre los acusados. El otro argumento, planteado en el proyecto de ley presentado en 2017 por los hijos de genocidas y que Abuelas de Plaza de Mayo invocó con éxito años atrás para que la hermana de crianza de Juan Cabandié declarara sobre su apropiador, es que ya no hay vínculo familiar (el bien que en teoría protege el Estado) cuando lo hizo trizas precisamente el conocimiento de los horrores cometidos.
“Pude declarar sobre los hechos de los que tuve conocimiento puertas adentro de mi familia y me parece un hecho muy importante que el tribunal haya querido escuchar, porque junto con las compañeras y compañeros de Historias Desobedientes y otros tantos que tomaron distancia o bien no se acercaron, estamos del mismo lado ante el genocidio. Y esta barrera que estamos intentando por todos los medios romper, para poder hacer nuestro aporte en los juicios, de alguna manera lo estamos empezando a lograr”, explicó al Diario del Juicio.
Verna agradeció “a todos los organismos, las Madres, las Abuelas, (porque) gracias a su inmenso trabajo, incansable, noso- tros tuvimos oportunidad de percibir la mentira que nos fue impuesta”. “Lo que más quisiera es que los genocidas entiendan que hay un ocultamiento, una desa- parición de personas que siguen realizando cada día que pasa y que ya no se puede sostener. Somos los propios hijos los que estamos pidiendo algo tan simple pero tan importante como (el aporte de información a) los familiares que necesitan saber cuál fue el destino de sus seres queridos”, insistió en su reclamo.
En el primer turno, en tanto, declaró Luciana Milberg, abogada y sobrina de Raúl Milberg, militante desaparecido en el marco de la Contraofensiva. “Estamos reclamando por él y por todas las víctimas. El de Raúl no fue un caso aislado, formó parte de un grupo que ingresó al país, que cayeron todos efectivamente, y hay muchas pruebas de que todos ellos fueron secuestrados, uno atrás de otro, y todos fueron llevados vivos a Campo de Mayo, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos”, explicó tras la audiencia, en la que además aportó documentación relevante. Un informe de inteligencia del Ejército que se llama Operativo Guardamuebles, con un capítulo específico donde el Ejército reconoce su intervención en estas caídas, en estas ‘bajas’ como las llaman. “Esto se vincula con un desclasificado de la embajada norteamericana en el que expresamente se consigna que (Horacio) Campiglia, que era quien estaba a cargo de este grupo que cayó sucesivamente, fue detenido en Brasil. Esto permite asociar un documento con el otro y ver que efectivamente todos fueron llevados a Campo de Mayo y fueron llevados vivos”, destacó.
Entrevista a Pablo Verna, hijo del anestesista de los vuelos de la muerte
“Decidí pararme en la vereda de enfrente de los genocidas”
Su
padre es el médico y ex capitán del Ejército Julio Alejandro Verna.
Está libre pese a que fue denunciado en 2013. Esta semana Pablo declaró
en la Justicia cómo él les inyectaba anestesia para paralizar a las
personas que eran tiradas vivas al mar.
Pablo Verna, hijo del médico y ex capitán del Ejército Julio Alejandro Verna
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
Pablo
Verna es hijo del médico y ex capitán del Ejército Julio Alejandro
Verna. Esta semana pudo contar por primera vez frente a un tribunal la
confesión que le hizo su padre algunos años atrás. “Mi padre fue el
anestesista de los vuelos de la muerte”, declaró en el marco de la causa que juzga a nueve oficiales por participar en el secuestro, tortura y homicidio de militantes que reingresaron al país en 1979 y 1980.
No es la primera vez que un hijo de un represor declara ante la Justicia, pero sí la primera que un hijo involucra directamente a su padre en los vuelos de la muerte. “Su función era inyectar unas anestesias que paralizaban a las personas para luego ser arrojadas vivas al mar. Él participaba también del vuelo por si llegaba a ser necesario un médico”, cuenta todavía movilizado por la declaración. Las historias de los hijos de los genocidas tomaron visibilidad a partir de Historias Desobedientes, el colectivo de familiares de represores que pudieron “trascender el mandato de silencio” con el que crecieron en sus hogares para luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
La historia de Pablo, como define él mismo, es una historia de dolor, culpa, vergüenza y contradicciones. “Es difícil asimilar la idea de que un hijo denuncie a su padre. Nuestros padres también paternaron con los mismos defectos y virtudes de cualquier otro padre que no haya sido genocida”, comparte lo difícil de transitar el camino en busca de la verdad. “Saber quién es tu padre hace a tu identidad. Decidir qué hacer con esa información me autodefine. Yo decidí pararme en la vereda de enfrente a los genocidas”, aclara.
La declaración toma mayor relevancia en un contexto donde la legislación restringe la posibilidad de hijos, hermanos y padres de declarar contra un familiar (artículos 178 y 242 del Código Penal). Pablo Verna fue quien redactó el proyecto de ley para modificar estos artículos, que se presentó en 2017, para que los familiares de genocidas puedan aportar a la Justicia.
-¿Qué sentiste después de declarar ante el tribunal?
-Todavía no pude tomar una verdadera dimensión de lo que ocurrió. Siento que por fin pude contar estos hechos terribles donde había que contarlos y eso es en la Justicia. Es duro pero es muy gratificante el recibimiento y el acompañamiento de la gente. También tiene un costo, por supuesto. El hecho de que seamos padre-hijo no es algo puramente biológico, hay otras cuestiones más profundas como el vínculo. Me gustaría haber tenido otro padre pero no fue así. Mi padre ha tenido virtudes y defectos pero no puedo estar orgulloso de este padre, no puedo quererlo.
-¿Tuviste el apoyo de tu familia?
-El tema de la familia es muy complejo. Algunos me apoyaron pero no quieren ningún tipo de exposición pública y se los respeto. Otros no lo han podido asimilar ya sea por imposibilidad -porque no cualquier familiar de un genocida puede salir de la oscuridad que impusieron en sus hogares- o por conveniencia, porque es mejor hacer como si no pasó nada. Esconder el horror debajo de la alfombra tiene un costo, lo van a seguir teniendo debajo de sus pies toda la vida.
-¿Cuándo empezaron tus sospechas?
-Las primeras habrán sido por el año 84 con la vuelta de la democracia. Por esa época se empezó a hablar en todos lados de ciertas cosas que habían hecho los militares. Lo escuchaba en la escuela, en la televisión… Y en mi casa empezaron a escucharse justificaciones o negaciones. Ahí fue cuando empecé a sospechar porque mi padre era un militar que había trabajado en Campo de Mayo como médico.
-¿Cómo se hablaba de la dictadura en tu casa?
-Se hablaba mucho desde el deber, como que era algo que había que hacer. Nos decían que los comunistas o los subversivos nos venían a robar la navidad y qué mejor manera de crear en la cabeza de un niño la imagen de un enemigo que a partir de alquien que te viene a robar la navidad. Yo fui criado bajo la ideología del exterminio pero pude trascenderla a partir del trabajo incansable de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y de todos los organismos que nos hicieron tomar conciencia. Gracias a ellas pude superar la imposición de una ideología del horror aunque haya sido transmitida por nuestros padres.
-¿Cómo fue que esas primeras sospechas fueron tomando más fuerza?
-Lo escuchaba contar detalles muy específicos de los secuestrados o de las sesiones de tortura. Contaba cosas como que “los más terribles” podían llegar a morir en esas sesiones sin hablar. Entonces mis preguntas empezaron a cambiar de tono, al principio las hacía desde un lugar más imparcial y después parado desde la vereda de enfrente. ‘¿Y eso vos cómo lo sabés?’, lo indagaba. La respuesta ‘me lo contaron unas enfermeras del hospital’ ya no me alcanzaba. Para 2009 ya no tenía dudas de que había participado del genocidio pero no sabía todavía cuál había sido su rol.
-¿No era un tema tabú?
-No, para nada. No era de lo más cotidiano pero si salía el tema se hablaba. Nunca se dijo ‘no preguntes’. Cuando las preguntas fueron cambiando de tono, en una oportunidad mi padre me advirtió que no me iba a dar nombres, ni detalles, ni fechas ni nada. Pero eso fue cuando empezó a sentirse acorralado.
-¿Cuándo conseguís su confirmación?
-Fue en 2013 cuando otra persona de la familia me dice que mi padre le reveló cuál había sido su rol. Entonces me reúno con él y a partir de esa información, en una charla muy tensa y larga, me lo termina admitiendo. Primero me lo negó, después me lo admitió y más tarde me pidió que no dijera nada, que no se lo contara ni a mi esposa.
-¿Qué fue lo que te confirmó exactamente?
-Que su función era inyectar unas anestesias que paralizaban a las personas, entiendo que muscularmente, para luego ser arrojadas vivas al mar. Él participaba también del vuelo por si llegaba a ser necesario un médico. También tuve la certeza de que en algunas oportunidades “intentaba salvar” a secuestrados malheridos para que pudieran ser torturados más tarde. Tener la confirmación fue doloroso, pero seguir viviendo sin saber exactamente lo que él había hecho era más doloroso aún. Me permitió de alguna manera drenar el sufrimiento.
-¿Qué te produjo tener la certeza?
-Mucho dolor pero también culpa y vergüenza. Es difícil asimilar la idea de que un hijo denuncie a su padre porque muchos piensan automáticamente en sus padres, a quienes a pesar de los defectos admiran, quieren, cuidan o recuerdan con cariño. Nuestros padres también paternaron, con los mismos defectos y virtudes de cualquier otro padre que no haya sido genocida. Si hicieran un esfuerzo en pensar a sus padres inyectando a personas que van a ser arrojadas al mar ¿qué les pasaría?, ¿cómo reaccionarían? Saber quién es tu padre hace a tu identidad. Las personas nos definimos con nuestras acciones y si sé exactamente quién es mi padre puedo decidir qué hacer con eso y con esa acción me autodefino. Yo decidí pararme en la vereda de enfrente a los genocidas.
-¿Cómo se lo explicás a tus hijos?
-Con mi compañera actual tenemos una hija de 8 años a la que le explicamos que hubo militares muy malos en nuestro país que han matado mucha gente, que fue una época muy fea. Se lo contamos como se le puede contar a una niña chiquita, evitando lo más tremendo de asimilar. Por supuesto que ella sufre porque tiene un abuelo con el cual no se vincula, nosotros no la vamos a vincular con un abuelo genocida. Un día nos preguntó si su abuelo había matado gente y nosotros le tuvimos que decir la verdad. Le dijimos que sí. Fue un momento muy fuerte, muy duro. Ella tiene este padre que logró trascender el mandato de silencio, ocultarlo o hacer como si no hubiera existido ya no es posible. Mis hijos más grandes me acompañaron en la firma del proyecto sin ningún tipo de presión. De alguna forma el hecho de que su padre esté haciendo todo esto les quita la carga a ellos, ya están liberados.
-¿Cómo fue que lograste declarar a pesar de la prohibición que impone a los familiares el Código Penal?
-Ayudó el hecho de que mi padre no fuera uno de los imputados en esta causa. Los fiscales que solicitaron mi testimonio argumentaron que es una obligación del Estado argentino cumplir con los tratados internacionales y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dicen bien claro que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad. De esa obligación se desprende que no tiene que haber ningún tipo de escollo legal para la investigación y juzgamientos de estos crímenes. Una norma interna de la Argentina no puede restringir esta obligación.
-¿Cuál es hoy la situación de tu padre?
-Él está libre, en su casa, tranquilo. A fines de 2013, cuando hice la denuncia por los hechos que había confirmado, sé que la Secretaría de Derechos Humanos de alguna manera lo introduce en la megacausa del juicio Campo de Mayo. Pero a partir de ahí no tengo bien claro qué pasó, si tomaron medidas de prueba y dieron negativas o desestimaron mi denuncia invocando al artículo 178.
-¿Qué esperás de la Justicia?
-Espero que mi declaración pueda ser tomada como un precedente para que muchos otros familiares, con lo poquito o mucho que puedan aportar, puedan brindar su testimonio. Mi declaración puntualmente aporta una pieza más al armado de cómo fueron los vuelos de la muerte y suma una prueba a los hechos puntuales que se juzgan en esta causa. Con respecto a mi padre espero que la Justicia avance, es difícil y doloroso, pero tiene que avanzar. Con los compañeros y compañeras del colectivo estamos rompiendo la barrera de silencio a nivel social y a nivel judicial. A todos los familiares de genocidas les digo que se puede romper ese mandato de silencio, que no hay que seguir escondiendo el horror. Y a los genocidas les pido que hablen, que digan lo que sepan, es insostenible seguir ocultando cuál fue el destino final de todos los desaparecidos.
No es la primera vez que un hijo de un represor declara ante la Justicia, pero sí la primera que un hijo involucra directamente a su padre en los vuelos de la muerte. “Su función era inyectar unas anestesias que paralizaban a las personas para luego ser arrojadas vivas al mar. Él participaba también del vuelo por si llegaba a ser necesario un médico”, cuenta todavía movilizado por la declaración. Las historias de los hijos de los genocidas tomaron visibilidad a partir de Historias Desobedientes, el colectivo de familiares de represores que pudieron “trascender el mandato de silencio” con el que crecieron en sus hogares para luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
La historia de Pablo, como define él mismo, es una historia de dolor, culpa, vergüenza y contradicciones. “Es difícil asimilar la idea de que un hijo denuncie a su padre. Nuestros padres también paternaron con los mismos defectos y virtudes de cualquier otro padre que no haya sido genocida”, comparte lo difícil de transitar el camino en busca de la verdad. “Saber quién es tu padre hace a tu identidad. Decidir qué hacer con esa información me autodefine. Yo decidí pararme en la vereda de enfrente a los genocidas”, aclara.
La declaración toma mayor relevancia en un contexto donde la legislación restringe la posibilidad de hijos, hermanos y padres de declarar contra un familiar (artículos 178 y 242 del Código Penal). Pablo Verna fue quien redactó el proyecto de ley para modificar estos artículos, que se presentó en 2017, para que los familiares de genocidas puedan aportar a la Justicia.
-¿Qué sentiste después de declarar ante el tribunal?
-Todavía no pude tomar una verdadera dimensión de lo que ocurrió. Siento que por fin pude contar estos hechos terribles donde había que contarlos y eso es en la Justicia. Es duro pero es muy gratificante el recibimiento y el acompañamiento de la gente. También tiene un costo, por supuesto. El hecho de que seamos padre-hijo no es algo puramente biológico, hay otras cuestiones más profundas como el vínculo. Me gustaría haber tenido otro padre pero no fue así. Mi padre ha tenido virtudes y defectos pero no puedo estar orgulloso de este padre, no puedo quererlo.
-¿Tuviste el apoyo de tu familia?
-El tema de la familia es muy complejo. Algunos me apoyaron pero no quieren ningún tipo de exposición pública y se los respeto. Otros no lo han podido asimilar ya sea por imposibilidad -porque no cualquier familiar de un genocida puede salir de la oscuridad que impusieron en sus hogares- o por conveniencia, porque es mejor hacer como si no pasó nada. Esconder el horror debajo de la alfombra tiene un costo, lo van a seguir teniendo debajo de sus pies toda la vida.
-¿Cuándo empezaron tus sospechas?
-Las primeras habrán sido por el año 84 con la vuelta de la democracia. Por esa época se empezó a hablar en todos lados de ciertas cosas que habían hecho los militares. Lo escuchaba en la escuela, en la televisión… Y en mi casa empezaron a escucharse justificaciones o negaciones. Ahí fue cuando empecé a sospechar porque mi padre era un militar que había trabajado en Campo de Mayo como médico.
-¿Cómo se hablaba de la dictadura en tu casa?
-Se hablaba mucho desde el deber, como que era algo que había que hacer. Nos decían que los comunistas o los subversivos nos venían a robar la navidad y qué mejor manera de crear en la cabeza de un niño la imagen de un enemigo que a partir de alquien que te viene a robar la navidad. Yo fui criado bajo la ideología del exterminio pero pude trascenderla a partir del trabajo incansable de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y de todos los organismos que nos hicieron tomar conciencia. Gracias a ellas pude superar la imposición de una ideología del horror aunque haya sido transmitida por nuestros padres.
-¿Cómo fue que esas primeras sospechas fueron tomando más fuerza?
-Lo escuchaba contar detalles muy específicos de los secuestrados o de las sesiones de tortura. Contaba cosas como que “los más terribles” podían llegar a morir en esas sesiones sin hablar. Entonces mis preguntas empezaron a cambiar de tono, al principio las hacía desde un lugar más imparcial y después parado desde la vereda de enfrente. ‘¿Y eso vos cómo lo sabés?’, lo indagaba. La respuesta ‘me lo contaron unas enfermeras del hospital’ ya no me alcanzaba. Para 2009 ya no tenía dudas de que había participado del genocidio pero no sabía todavía cuál había sido su rol.
-¿No era un tema tabú?
-No, para nada. No era de lo más cotidiano pero si salía el tema se hablaba. Nunca se dijo ‘no preguntes’. Cuando las preguntas fueron cambiando de tono, en una oportunidad mi padre me advirtió que no me iba a dar nombres, ni detalles, ni fechas ni nada. Pero eso fue cuando empezó a sentirse acorralado.
-¿Cuándo conseguís su confirmación?
-Fue en 2013 cuando otra persona de la familia me dice que mi padre le reveló cuál había sido su rol. Entonces me reúno con él y a partir de esa información, en una charla muy tensa y larga, me lo termina admitiendo. Primero me lo negó, después me lo admitió y más tarde me pidió que no dijera nada, que no se lo contara ni a mi esposa.
-¿Qué fue lo que te confirmó exactamente?
-Que su función era inyectar unas anestesias que paralizaban a las personas, entiendo que muscularmente, para luego ser arrojadas vivas al mar. Él participaba también del vuelo por si llegaba a ser necesario un médico. También tuve la certeza de que en algunas oportunidades “intentaba salvar” a secuestrados malheridos para que pudieran ser torturados más tarde. Tener la confirmación fue doloroso, pero seguir viviendo sin saber exactamente lo que él había hecho era más doloroso aún. Me permitió de alguna manera drenar el sufrimiento.
-¿Qué te produjo tener la certeza?
-Mucho dolor pero también culpa y vergüenza. Es difícil asimilar la idea de que un hijo denuncie a su padre porque muchos piensan automáticamente en sus padres, a quienes a pesar de los defectos admiran, quieren, cuidan o recuerdan con cariño. Nuestros padres también paternaron, con los mismos defectos y virtudes de cualquier otro padre que no haya sido genocida. Si hicieran un esfuerzo en pensar a sus padres inyectando a personas que van a ser arrojadas al mar ¿qué les pasaría?, ¿cómo reaccionarían? Saber quién es tu padre hace a tu identidad. Las personas nos definimos con nuestras acciones y si sé exactamente quién es mi padre puedo decidir qué hacer con eso y con esa acción me autodefino. Yo decidí pararme en la vereda de enfrente a los genocidas.
-¿Cómo se lo explicás a tus hijos?
-Con mi compañera actual tenemos una hija de 8 años a la que le explicamos que hubo militares muy malos en nuestro país que han matado mucha gente, que fue una época muy fea. Se lo contamos como se le puede contar a una niña chiquita, evitando lo más tremendo de asimilar. Por supuesto que ella sufre porque tiene un abuelo con el cual no se vincula, nosotros no la vamos a vincular con un abuelo genocida. Un día nos preguntó si su abuelo había matado gente y nosotros le tuvimos que decir la verdad. Le dijimos que sí. Fue un momento muy fuerte, muy duro. Ella tiene este padre que logró trascender el mandato de silencio, ocultarlo o hacer como si no hubiera existido ya no es posible. Mis hijos más grandes me acompañaron en la firma del proyecto sin ningún tipo de presión. De alguna forma el hecho de que su padre esté haciendo todo esto les quita la carga a ellos, ya están liberados.
-¿Cómo fue que lograste declarar a pesar de la prohibición que impone a los familiares el Código Penal?
-Ayudó el hecho de que mi padre no fuera uno de los imputados en esta causa. Los fiscales que solicitaron mi testimonio argumentaron que es una obligación del Estado argentino cumplir con los tratados internacionales y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dicen bien claro que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad. De esa obligación se desprende que no tiene que haber ningún tipo de escollo legal para la investigación y juzgamientos de estos crímenes. Una norma interna de la Argentina no puede restringir esta obligación.
-¿Cuál es hoy la situación de tu padre?
-Él está libre, en su casa, tranquilo. A fines de 2013, cuando hice la denuncia por los hechos que había confirmado, sé que la Secretaría de Derechos Humanos de alguna manera lo introduce en la megacausa del juicio Campo de Mayo. Pero a partir de ahí no tengo bien claro qué pasó, si tomaron medidas de prueba y dieron negativas o desestimaron mi denuncia invocando al artículo 178.
-¿Qué esperás de la Justicia?
-Espero que mi declaración pueda ser tomada como un precedente para que muchos otros familiares, con lo poquito o mucho que puedan aportar, puedan brindar su testimonio. Mi declaración puntualmente aporta una pieza más al armado de cómo fueron los vuelos de la muerte y suma una prueba a los hechos puntuales que se juzgan en esta causa. Con respecto a mi padre espero que la Justicia avance, es difícil y doloroso, pero tiene que avanzar. Con los compañeros y compañeras del colectivo estamos rompiendo la barrera de silencio a nivel social y a nivel judicial. A todos los familiares de genocidas les digo que se puede romper ese mandato de silencio, que no hay que seguir escondiendo el horror. Y a los genocidas les pido que hablen, que digan lo que sepan, es insostenible seguir ocultando cuál fue el destino final de todos los desaparecidos.
