Estados Unidos en 2020: La más seria fractura social desde la Guerra Civil
Una caravana de partidarios de Trump avanza hacia el centro de Portland, Oregón, donde ha habido grandes protestas por 100 días consecutivos. Intimidar es la orden de Trump a sus seguidores: Foto: AFP.
Se viven días muy graves para la sociedad estadounidense. Una gran cantidad de problemas internos que han sido ocultados durante mucho tiempo por el así llamado “estado de bienestar” en algunos países capitalistas altamente desarrollados, no han progresado en Estados Unidos (en muchos casos, ni empezado a tratar de mejorarlos), como ha ocurrido en mucha mayor proporción en los países escandinavos, o en Canadá, por ejemplo.
Esto se agrava extraordinariamente con la presencia de Donald Trump en el sillón presidencial, encabezando el más ultraderechista Gobierno que se recuerde en ese país. Con una pobrísima administración pública, además.
El contrato social –siguiendo el concepto de Jean-Jacques Rousseau– actualmente vigente en Estados Unidos, se originó y estableció principalmente en la época presidencial de Franklin D. Roosevelt (1933-45). Ha llegado en la actualidad a formas extremas de obsolescencia y distanciamiento de la práctica generalizada, y en vez de ser mejorado (en lo posible dentro de una sociedad clasista e inherentemente injusta), ha retrocedido con respecto al New Deal de los años treinta. Sin mencionar que este contrato social no incluyó –o lo hizo solo limitadamente– a minorías, mujeres y otros sectores de la población.
La desigualdad actual no solo se expresa en la incongruente distribución económica, sino que en muchos casos incluye el rechazo social, discriminación racial y de género, menores oportunidades de desarrollo personal o de acceso al sistema de salud para las minorías. La desigualdad con respecto al 1% de la población que posee el 36% de la riqueza es, en muchos casos, menos evidente e insultante, porque no hay “contacto visual” frecuente con los miembros del “selecto club” Forbes 500, ni tampoco los menos favorecidos requieren de mansiones o de jets privados. El 20% de la población estadounidense posee aproximadamente el 75% de la riqueza, mientras que el restante 80% posee el 25%. Esa es la medida de la desigualdad, evidente y humillante, en una nación de tan grandes recursos.
El índice de Gini para los Estados Unidos en la ACS de 2019 (0.485) fue significativamente más alto1 que la estimación de la ACS de 2017. EE.UU. ocupa el lugar 109 entre 159 países, siendo más desigual que Turquía, Catar, Costa de Marfil, Filipinas o El Salvador, por poner unos pocos ejemplos cercanos al índice estadounidense. Solo Israel y Hong Kong están reportados como de más desigualdad que Estados Unidos entre los países desarrollados. Cinco estados (California, Connecticut, Florida, Luisana y Nueva York), el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) y Puerto Rico tuvieron índices de Gini más altos que el de todo el país, y 36 estados tuvieron índices más bajos que el promedio.
Está claro que en los sectores que tienen ingresos mucho menores o que poseen significativamente menor riqueza en los Estados Unidos están masivamente representados las minorías étnicas y otros sectores populares mencionados arriba.
Datos de la Oficina del Censo (julio, 2019). La tabla muestra la desigualdad de ingresos entre algunos grupos poblacionales de los Estados Unidos.
Estos datos muestran la desigualdad, pero de una forma engañosa y, de hecho, la reducen en medida considerable. En realidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza es mucho mayor. Entre los factores de ese incremento están:
–Un porcentaje muy alto de la población no blanca carece de propiedad sobre sus viviendas (inquilinos) u otras propiedades y no tienen negocios propios. Dedican una parte significativa de sus ingresos, ya de por sí mas bajos, a pagar alquileres de viviendas y arriendos de autos.
–Considerables diferencias intragrupales. Por ejemplo, entre negros e hispanos ricos y pobres. De nuevo no es solo en ingresos, sino en no tener seguros de salud, peor acceso a la educación, etc.
–La desigualdad se refuerza cuando vamos más allá de los factores tangibles o cuantificables, incluyendo el rechazo social, la observación y abuso policial, entre otras manifestaciones “invisibles” o invisibilizadas.
Las capas de la población más afectadas por la desigualdad son relegadas a una posición marginal en la sociedad estadounidense, a un bajo nivel educativo y a un estándar de salud más bajo; su poder de contribución al conjunto de la sociedad queda limitado y, por lo tanto, sus posibilidades de crecimiento en etapas subsiguientes permanecen cada vez más restringidas. Todo un círculo vicioso que les coloca en una situación de desventaja cada vez mayor.
Economistas han argumentado que el origen de este problema podría radicar en que una parte creciente del beneficio captado por rentas extremadamente altas es utilizada para operaciones financieras improductivas (comúnmente especulativas) y, por lo tanto, no es reinvertida en la economía productiva o en sectores estratégicos como educación, sanidad e infraestructuras, fundamentales para la mejora de la renta real.
Esta especialización de la economía hacia las finanzas ha sido relacionada por esos autores con una mayor desigualdad, reducción de rentas de trabajo y un menor crecimiento económico. En parte tienen razón, aunque la causa esencial de la desigualdad es obviamente la sociedad clasista en sí misma.
Las desigualdades se han incrementado desde el inicio del Gobierno ultraderechista de Donald Trump en 2016, sobre todo en los elementos invisibilizados o poco visibles antes mencionados, y han tenido un reflejo en las estadísticas durante la pandemia de COVID-19.
La pandemia como factor de incremento de la desigualdad
La vulnerabilidad de los sectores humildes de la población en muchos países, incluso los muy desarrollados económicamente, ha sido evidenciada dramáticamente por la pandemia de COVID-19.
El contagio y los fallecimientos han sido significativamente más altos entre los pobres y las minorías. El índice de desempleo ha explotado entre los trabajos menos remunerados, y las quiebras masivas de cadenas de tiendas, restaurantes, bares y otros centros del sector de los servicios han hecho que estos índices de desempleo estén pasando de temporales a permanentes. Esto ha sido particularmente evidente en Estados Unidos, que sufre dos pandemias: la generada por el SARS-CoV-2 y la que representa la Administración Trump en el poder.
La pandemia ha evidenciado que la desigualdad no es solo económica. Imagen con datos de APM RESEARCH.
Enjuiciar la desigualdad, en definitiva, nos permite discurrir en qué medida los modelos económicos adoptados por la sociedad estadounidense en las últimas décadas responden a progresos sociales, aunque sean limitados, o a retrocesos destinados a incrementar la desigualdad y a perpetuar los privilegios de los pudientes, lo que resume de una manera simple toda la “doctrina” económica de Trump. Cuando él dice “Hagamos a América grande de nuevo”, se refiere a quienes tienen más de lo que necesitan y no a quienes carecen de ello.
Trump, promotor del miedo y la fractura social
No hay una forma racional para negar la necesidad de hacer cambios que reduzcan la desigualdad en Estados Unidos, desde el punto de vista económico, político, social, ético o incluso religioso. Por ello, el Gobierno de Donald Trump y quienes le apoyan acuden a un arma terrible: el miedo, muchas veces apoyados en fake news y rumores, afirmaciones o teorías sin sustento que echan a volar en discursos, declaraciones y redes sociales sin la más mínima responsabilidad política y con total desparpajo.
Por ejemplo, Trump y sus seguidores pretenden inculcar a los granjeros blancos de menor educación que los miembros de las minorías y masivas olas de inmigrantes van a afectar su status, o hacer creer que los profesionales anglosajones que tuvieron que pagar en las universidades estadounidenses enormes sumas en educación se van a ver suplantados por médicos hindúes o ingenieros latinos; que la fuerza de trabajo hispana o negra va a estar bien retribuida y con seguros de salud, mejores pensiones y otros beneficios que harían que los pequeños negocios se vuelvan inviables. Buscan que los policías teman que no van a recibir suficiente presupuesto para su trabajo, y que, por consiguiente, la población suburbana tema que no tendrá protección frente a minorías “violentas y vengativas”.
Para el complejo militar-industrial el mensaje es claro: el presupuesto militar tendrá que ser amputado en 20% o más para poder pagar mejoras sociales. Y es indiscutible el peso de esa industria en la economía y la política estadounidenses. En otras palabras, se busca inculcar miedo a cualquier acción que tenga como fin reducir la desigualdad social. Como se busca hacer creer que con Biden y los demócratas entrará en crisis la ley y el orden, o que llegará a EE.UU. el socialismo, un término que acumula décadas de propaganda contraria y manipulación política y mediática en ese país.
El miedo al “socialismo” es otra de las fobias en que se insiste a diario, para crear pavor entre personas que han oído por décadas que el socialismo es “lo peor”, aunque no sepan absolutamente nada del socialismo.
Franklin D. Roosevelt, el presidente (1932-1945) más progresista de Estados Unidos desde la época de Abraham Lincoln (1860-1865), dijo el 4 de marzo de 1933, en medio de la Gran Depresión (una crisis que con frecuencia comparamos con la pandemia), que “a lo único que hay que temer es al miedo”. Lo repitió en su famosa alocución de enero de 1941, conocida como el “discurso de las cuatro libertades”. Los fascistas odian patológicamente a FDR.
Es un hecho que los líderes progresistas (o simplemente responsables) trabajan contra el miedo, lo exorcizan. En cambio, la ultraderecha y el fascismo lo alimentan hasta niveles irracionales y criminales. Así lo hace Donald Trump, por supuesto.
La intimidación física directa, complementando el miedo subliminal
La brutalidad policial está destinada a provocar miedo, tanto a los discriminados como a los que los discriminan, diciéndoles que si la policía no fuera brutal, entonces no se podría vivir por la violencia de quienes los “envidian y odian”, quienes quieren quitarles lo que poseen y hasta violar a sus hijas. A cualquier exageración y desfachatez puede llegar esa propaganda.
Es otro caso de intento de invertir la relación causa-efecto: decir que la brutalidad policial es consecuencia de la violencia popular (sobre todo, la de los negros). Sin embargo, históricamente, y durante la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, ha quedado demostrado con hechos y números que la violencia en las calles –y en manifestaciones que comenzaron siendo pacíficas– ha sido consecuencia, y no causa, de la brutalidad y la agresividad de los cuerpos policiales. Una tendencia estimulada y justificada en numerosas ocasiones por Donald Trump.
Es todo un círculo vicioso del miedo y la violencia, dirigido a entronizar aún más la desigualdad.
Las caravanas de partidarios de Trump (armados muchos de ellos), ensalzados, incitados y protegidos por la policía y nada menos que por el propio presidente, constituyen un factor de una importancia profunda, que no se debe omitir de ninguna manera.
Utilizar el arma del miedo –a la par de la división– es consecuencia del entendimiento por parte de Trump y el fascismo estadounidense de cuán grandes son sus posibilidades de perder las elecciones el 3 de noviembre y ver surgir un Gobierno con una cierta responsabilidad social, que tomaría medidas en campos como la salud, educación y el acceso a oportunidades, entre otros, prácticamente imposibles de retrotraer en el futuro. También en el campo de la política internacional o incluso en temas medioambientales.
Toda la propaganda, las fake news y los rumores infundados que propagan a diario Trump y quienes lo apoyan parecen fácilmente refutables, son endebles –muchas veces al nivel del absurdo– y cualquiera pensaría que basta una negación. Pero es más complejo en medio de la polarización política, en un escenario en que se mezclan el pensamiento de derecha y sus expresiones extremas con la confusión, la desinformación, los prejuicios políticos y sociales y hasta el más rampante egoísmo. A pesar de todos sus desmanes, ilegalidades y mentiras, Donald Trump dispone aún de decenas de millones de partidarios.
Una de las características del miedo es que limita nuestra capacidad de pensar y analizar. Y eso es lo que busca Trump, como lo quiso Hitler.
El 3 de noviembre es el momento de la verdad. Hasta ahora todo indica que Joe Biden aventaja a Trump. Todas las acciones contra las minorías harán mayor esa brecha. Es muy probable que, aun siendo derrotado, Trump se niegue a entregar el poder o descalifique el resultado. En ese caso, la “fractura social” en Estados Unidos puede acarrear consecuencias imprevisibles.
Nota:
- El índice Gini es una medida económica que trata de expresar la desigualdad de ingresos. Un puntaje de 0.0 equivale a la igualdad perfecta en la distribución de ingresos. Un puntaje de 1.0 indica una desigualdad total, donde un hogar tiene todos los ingresos de un país. Siempre se ha argumentado que el índice Gini muestra más bien la desigualdad de ingresos, no de riqueza. El índice Palma, desarrollado por el economista chileno José Gabriel Palma, más moderno y abarcador, muestra mejor la desigualdad, a juicio de los expertos. Uno de los valores más altos del índice Palma entre los países de alto desarrollo lo “ostenta” EE.UU., con 1.75. Ello indica que el 10% más rico supera en 75% la riqueza del 40% más pobre.
El FBI frustra un complot para secuestrar a la gobernadora de Míchigan
El FBI frustró un complot para derrocar al gobierno del estado de Míchigan y secuestrar a su gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, según una declaración jurada del servicio federal citada por Reuters. Los fiscales anunciaron que trece personas relacionadas con el supuesto complot para atacar el edificio del capitolio estatal y secuestrar a Whitmer han sido arrestadas. Entre ellas figuran siete hombres asociados con el grupo de milicias Wolverine Watchmen.
"Nuestros esfuerzos revelaron planes elaborados para poner en peligro la vida de agentes del orden, funcionarios gubernamentales y el público en general", indicó la procuradora general del estado, Dana Nessel.
Según el fiscal federal del distrito occidental de Míchigan, Andrew Birge, el FBI tuvo conocimiento a través de las redes sociales de que un grupo de personas estaba discutiendo el "derrocamiento violento" del gobierno del estado, lo que desencadenó una investigación que duró meses y que se basó en fuentes confidenciales dentro del grupo.
Se señala que los delincuentes, entre otras cosas, discutieron la detonación de artefactos explosivos para desviar a la Policía. Las fuerzas del orden arrestaron a algunos de los presuntos conspiradores cuando estos se reunieron para conseguir fondos para explosivos e intercambiar equipo táctico, dijo Birge. Seis personas podrían enfrentar cadena perpetua si son declaradas culpables de intento de secuestro.
Los fiscales del estado presentaron también cargos adicionales contra los siete hombres afiliados al grupo Wolverine Watchmen que, según se sospecha, violaron la ley antiterrorista al conspirar para secuestrar a la gobernadora y propagar la violencia.
En los últimos meses memorandos de seguridad internos de EE.UU. advertían de que extremistas violentos del país podrían representar una amenaza para objetivos relacionados con las próximas elecciones presidenciales. En septiembre, el director del FBI, Christopher Wray, señaló que su agencia estaba realizando investigaciones sobre extremistas estadounidenses violentos, entre ellos supremacistas blancos y grupos antifascistas.
La “sorpresa” de Donald Trump
Como se ha evidenciado en muchas ocasiones, Trump considera que él es el Estado mismo y la medida de lo justo y correcto. Experto en fake news y acusaciones infundadas que ahora se centran en un posible fraude electoral de sus rivales, para él los problemas y las culpas son de “los otros”. Foto: Reuters.
Cada vez que se aproxima una posible reelección de un presidente estadounidense, el mundo tiembla ante el temor de que invente una guerra con tal de unificar al país alrededor de su figura. Ha sido el recurso más común de lo que se ha dado en llamar “la sorpresa de octubre” y parece que, en el caso de Donald Trump, el escenario de esta guerra conveniente, será el propio territorio norteamericano.
La mayor parte de los especialistas han identificado dos variables que consideran decidirán el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos: la situación de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas, así como el estado de la tranquilidad ciudadana, afectada por las protestas contra la discriminación racial, el abuso policial contra las minorías y las confrontaciones callejeras con los grupos supremacistas blancos, partidarios del presidente.
Frente a la pandemia, la política de Donald Trump ha sido restarle importancia, a pesar de que el número de muertes supera las 180.000 personas, e insiste en presionar por la apertura económica, aún a riesgo de aumentar los contagios. El discurso oficial la trata como un momento superado, aunque los especialistas insisten en que no es así, y se alienta la esperanza de una pronta solución, gracias al descubrimiento de una vacuna que, por cierto, el gobierno asegura que estará disponible antes de las elecciones, cosa que las autoridades sanitarias y las propias farmacéuticas ponen en duda.
La racionalidad de Trump para explicar el fracaso de su gestión frente a la enfermedad ha sido la típica de su comportamiento. La culpa la tiene China, la OMS o los gobernadores demócratas. De los muertos mejor no se habla y el 60 por ciento de desaprobación a su manejo de la pandemia, es el resultado de las conspiraciones de sus enemigos. Le creen los que van a creerle de todas formas y, pase lo que pase, ésta debe continuar siendo la tendencia, lo que induce a pensar que ha llegado al límite de su capacidad para el control de daños en este asunto.
La otra alternativa para reducir el margen que lo separa de los demócratas, es tratar de explotar las tensiones sociales, considerada la otra variable fundamental, y erigirse como el defensor de la ley y el orden. Según ACLED, una organización no gubernamental que monitorea los conflictos en todo el mundo, desde mayo, se han producido 10 600 demostraciones populares en Estados Unidos, el 73 por ciento asociadas al movimiento Black Lives Matter (BLM), aunque con una significativa participación de otros grupos sociales estadounidenses, en especial jóvenes blancos. El 95 por ciento de estas manifestaciones tuvieron un carácter pacífico, pero el 54 por ciento fue reprimida por la policía. También se produjeron 360 manifestaciones en contra, entre ellas unas cien por parte de grupos supremacistas blancos, incluyendo a milicias armadas y el KKK, que generaron los mayores niveles de violencia.
Bajo la excusa de que se trata de movimientos anarquistas, calificados como terrorismo doméstico por el propio Donald Trump, se ha construido un relato que tiende a alentar el temor de la población blanca y justificar la represión policial, que en algunos casos se ha traducido en burdos asesinatos de afroamericanos. No se trata de algo nuevo, sino un recurso explotado por la derecha desde siempre, el problema está en los límites a que están dispuestos a llegar alentando estas contradicciones, sobre todo porque, hasta ahora, la estrategia del presidente no está rindiendo los frutos que esperaba.
Recientes encuestas de la CNN/SSRS indican que Biden lidera por 6 puntos entre los que lo consideran más capaz que Trump para mantener la seguridad interna del país y por 7 puntos en el mejor manejo del sistema criminal y de justicia. Se trata, por tanto, de otra variable que no debiera mostrar cambios significativos, de mantenerse las tensiones a los niveles actuales.
La conclusión es que los cálculos electorales no deben modificarse significativamente en las ocho semanas que faltan para los comicios, sobre todo porque las últimas encuestas indican que alrededor del 95 por ciento de los posibles votantes ya tiene decidida su selección. No obstante, a los republicanos le queda la opción de reducir a toda costa el número de “posibles votantes”, lo que alteraría de manera radical la ecuación de las elecciones. Como dirían los físicos, ya no sería un experimento en condiciones de temperatura y presión normal.
Es sabido que, por tratarse de una minoría a escala popular, los republicanos siempre tratan de disminuir la participación electoral. Todo tipo de artilugios se utilizan para alcanzar este propósito y estas elecciones no han sido una exención, por el contrario, han llovido las denuncias de los demócratas en este sentido. Lo novedoso en la actualidad, es que las dos variables señaladas como fundamentales tienden, por sí mismas, a reducir la participación electoral de las personas y ello favorece a los republicanos.
La pandemia constituye un impedimento para la concurrencia a las urnas por el temor a los contagios, particularmente entre los demócratas, más propensos a respetar las medidas de aislamiento. Si Trump no ha insistido en esto, digamos en enfatizar el peligro, es porque también puede ahuyentar a algunos de sus correligionarios y porque esa lógica favorecería el voto por correo, a lo que obviamente se ha opuesto de manera sistemática y tratado de dificultarlo.
Pero quizás esto no resulte suficiente y no es descartable que los republicanos inciten aún más la violencia doméstica, porque agregaría un factor que puede ser decisivo a la hora de concurrir a las urnas. Resultaría aterrador el incremento de bandas armadas de supremacistas blancos, orientadas a impedir el voto en zonas de alta concentración demócrata. No se trata de una fantasía, estamos viendo esta posibilidad todos los días y la actitud del presidente estimula esta conducta. Más bien, esta pudiera ser la “sorpresa” que Donald Trump tiene preparada para octubre, incluso para el día mismo de las elecciones.
Tal escenario alteraría de manera contundente las reglas del juego del sistema político estadounidense y nos colocaría ante una realidad, donde los cálculos electorales actuales perderían validez. También pudiera tener consecuencias incalculables, toda vez que la idea de fraude para cualquiera de los grupos podría incendiar el país. Como ha dicho el cineasta Michael Moore, Donald Trump es la granada que necesitaba la derecha supremacista blanca para lanzarla contra el sistema.
Las elecciones norteamericanas nunca se han caracterizado por normas éticas muy estrictas, pero casi siempre han tratado de salvaguardar la imagen de integridad y respeto a los resultados que necesita la credibilidad y la estabilidad del sistema. Trump ha dinamitado estos presupuestos, acentuando las señales de descomposición que se observan en otros aspectos de la vida nacional.
No solo estamos en presencia de un grado de polarización social que dificulta la gobernabilidad del país, sino de una gran falta de consenso dentro de la clase dominante, lo que posibilita que Donald Trump actúe como una potala para el sistema. Él, queriendo decir otra cosa, quizás lo explica mejor: “Estados Unidos es un ejemplo para el mundo”. Debiéramos tenerlo en cuenta, para calcular lo que puede venir.
(Tomado de Progreso Semanal)
Un 'Hulk' destruye la estrella de Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood
Un hombre disfrazado del superhéroe de Marvel 'Hulk', rompió este viernes con un pico la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood, informa Los Angeles Times.
La Policía comentó a periodistas que registró un caso sobre vandalismo, y el daño fue estimado en 5.000 dólares. La investigación continúa y por el momento no hay detenidos.
La estrella de Trump fue un gesto de reconocimiento por su trabajo como productor del concurso de belleza Miss Universo en 2007, que fue propiedad del presidente de EE.UU.
La estrella de Trump ya había sido vandalizada y es la tercera vez que la organización responsable del Paseo de la Fama tendrá que reemplazarla.
"Cualquier estrella que sea vandalizada o destruida, sin importar a cuál premiado pertenezca, será reemplazada por la Fundación Histórica de Hollywood, un grupo no lucrativo e independiente", comentó la presidenta de la organización, Rana Ghadban. Asimismo, instó a los ciudadanos a que expresen de otra manera su descontento con las personas premiadas.
La Casa Blanca de Donald Trump, territorio minado de coronavirus
Imagen: AFP
Las
oficinas son pequeñas y están abarrotadas, hay visitantes
constantemente y al jefe no le gusta que la gente use máscaras:
bienvenido a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump dio positivo de covid-19.
La noticia conocida durante las primeras horas del viernes de que Trump y su esposa Melania resultaron positivos al virus puso a todos los funcionarios del Ejecutivo estadounidense en una frenético labor de rastreo de contactos y pruebas de emergencia.
No es un trabajo fácil.
Multitudes y viajes
¿Evitar grupos grandes, no sacarse el tapabocas y mantenerse distanciado del resto de las personas? No para el presidente Trump.
El presidente ha estado realizando un número creciente de mítines con miras a su reelección, con miles de personas muchas veces reunidas en poco espacio y en la mayoría de los casos sin cubrirse el rostro.
El último acto partidario fue en Minnesota el miércoles, donde estuvo acompañado por su asistente cercana Hope Hicks, de quien el jueves se supo tenía el virus. Otro planificado para Florida el viernes fue cancelado.
Trump tenía previsto volar este sábado a un mitin en Wisconsin, un estado donde las infecciones están aumentando. La semana que viene iba a hacer una gira por el oeste del país, incluido el crucial estado de Arizona.
Muchos de estos eventos tienen lugar al aire libre, pero la semana pasada Trump se reunió en un lugar cerrado con cientos de simpatizantes en Florida y Georgia.
También organizó un gran acto en el jardín de rosas de la Casa Blanca el sábado pasado para anunciar a Amy Coney Barrett como su nominada a la Corte Suprema. La Casa Blanca dijo el viernes que desde entonces ella ha dado negativo.
Espacios reducidos
La Casa Blanca no tiene mucho de edificio típico de oficinas; es más bien una casa señorial adaptada para uso gubernamental, con laberintos de pequeñas oficinas y pasillos.
Incluso el famoso Salón Oval, despacho del presidente, es reducido, mientras que para los funcionarios, "oficina" a menudo significa poco más que un escritorio en un cuarto del tamaño de un armario.
El poderoso yerno de Trump, Jared Kushner, por ejemplo, trabaja en una de las oficinas más pequeñas. Pero, como le dijo a la revista Time, tiene una "buena ubicación", justo al lado del comedor privado del presidente, uno de los lugares favoritos de Trump.
Casi 400 personas trabajan en la Casa Blanca, además de los periodistas, que se ubican en un ala aún más repleta de gente. Y aunque los periodistas cumplen rigurosamente la pauta de las máscaras, pocos empleados lo hacen.
Trump se burlaba con frecuencia de las máscaras, pero decía que estaba a salvo debido a las pruebas frecuentes. La Casa Blanca utiliza la prueba rápida de Abbott, que puede dar resultados en minutos, pero los protocolos de detección no son infalibles.
Por ejemplo, algunos periodistas son evaluados sistemáticamente, mientras que otros que aún no lo han sido todavía se acercan a Trump cuando responde a las preguntas antes de subir a su helicóptero Marine One.
Incluso no está claro cuántas veces le hicieron la prueba a Trump. En julio, su portavoz, Kayleigh McEnany, dijo que era "varias veces al día". Pero Trump la contradijo, señalando que era "en promedio, una prueba cada dos días, tres días".
Aviones, helicópteros, automóviles
Si la Casa Blanca está abarrotada, más lo están el avión presidencial, el Air Force One, el helicóptero, el Marine One, o la limusina conocida como "la Bestia", todos los modos de transporte en los que el presidente tiene muy cerca a quienes lo acompañan.
Hicks, de 31 años, estaba con Trump cuando voló a Cleveland
el martes para el primero de tres debates contra el rival demócrata,
Joe Biden. Estuvo con él nuevamente cuando voló a Minnesota para el
mitin del día siguiente, tanto en el Air Force One como en el Marine
One.
The New York Times informó que Hicks comenzó a sentirse enferma en el viaje de regreso de Minnesota y se puso en cuarentena mientras estaba en el Air Force One.
Materia de debate
La controvertida posición de Trump sobre el uso de máscaras para evitar contagios, una medida que a menudo ha minimizado y de la cual incluso se ha burlado, no podría haber sido más evidente que en el debate del martes con Biden.
La familia y el séquito de Trump, incluida la primera dama, llegaron enmascarados a la sede del debate en Cleveland, pero luego se quitaron las máscaras.
Según se informó, los invitados de Trump rechazaron un intento de un médico de entregarles máscaras.
Y según Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey que ayudó a Trump a prepararse para el debate unos días antes, "nadie llevaba máscaras" durante esas sesiones. Había "unas cinco o seis personas" en la sala de preparación del debate, contó Christie.
*AFP.
Estudio revela que Trump es probablemente el principal factor de desinformación sobre COVID-19
El presidente de Estados Unidos fue el factor más importante de desinformación sobre la COVID-19. Foto: Archivo.
El presidente estadounidense Donald Trump es probablemente el mayor factor de desinformación sobre la COVID-19, según un estudio de la Universidad de Cornell, financiado en parte por la Fundación de Bill y Melinda Gates.
Un equipo de la Alianza de Cornell para la Ciencia analizó unos 38 millones de artículos publicados en inglés, entre el 1 de enero y el 26 de mayo de 2020, en Estados Unidos, Reino Unido, India, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, así como en algunos otros países de África y Asia.
De ellos, se identificaron más de 522 400 artículos con información falsa sobre el coronavirus, un fenómeno llamado infodemia por la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, se calculó el impacto de estos artículos en las redes sociales, con más de 36 millones de interacciones, tres cuartas partes en Facebook.
En total, se identificaron once categorías de información falsa, desde teorías de la conspiración -que el virus fue creado para crear un nuevo orden mundial; que se trata de un arma biológica diseminada por un laboratorio chino; que es una enfermedad ligada al magnate Bill Gates; que el virus fue creado para regular a la población mundial, entre otras- hasta curas milagrosas.
Estas últimas fueron, por lejos, las más populares, con 295 351 artículos, y los comentarios de Trump fueron responsables de un repunte significativo en esta categoría, en particular la posibilidad de una inyección de desinfectante para combatir la enfermedad, como dijo en una conferencia de prensa el 24 de abril.
Asimismo, hubo picos similares cuando promovió el uso de hidroxicloroquina, un tratamiento cuya efectividad no ha sido probada.
“Por tanto, llegamos a la conclusión de que el presidente de Estados Unidos fue sin duda el factor más importante de desinformación” sobre la COVID-19, indicaron los investigadores.
“Si la gente recibe información engañosa a través de informes no científicos y no corroborados sobre la enfermedad, puede ocurrir que sean menos propensos a seguir las recomendaciones oficiales y a propagar aún más el virus”, dijo Sarah Evanega, quien encabezó el estudio.
“Uno de los aspectos más interesantes en la recolección de datos fue descubrir la impresionante cantidad de información falsa directamente relacionada con las declaraciones de un pequeño número de individuos”, dijo por su parte Jordan Adams, coautor de la investigación y analista de datos de Cision Insight.
Vea además:
(Con información de AFP)
Las secuelas del 'síndrome VIP': La exótica atención médica que recibe Trump podría 'sentar mal' a la sociedad
Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania dieran positivo por сovid-19 la noche del pasado jueves, el equipo médico de la Casa Blanca ha venido informando de la amplia variedad de medicamentos que se le suministran al mandatario para combatir la enfermedad.
Además de los fármacos de venta libre —zinc, vitamina D, aspirina y melatonina— Trump también ha recibido productos farmacéuticos experimentales que aún no han sido probados ampliamente de forma combinada.
El día siguiente a la confirmación de su diagnóstico, el médico de Trump, Sean P. Conley, comunicó que el jefe del Estado había tomado un cóctel de anticuerpos policlonales de la empresa nacional Regeneron Pharmaceuticals. Si bien esta medicación ha mostrado resultados prometedores en las primeras etapas de los ensayos, no se sabe si es segura en combinación con el remdesivir de Gilead, otro medicamento antiviral experimental recetado a Trump.
Este domingo, los médicos también informaron que el presidente fue tratado con una segunda dosis de remdesivir junto con dexametasona esteroide, un medicamento que puede controlar los efectos inflamatorios del virus y que se usa normalmente en pacientes con coronavirus que se encuentran en estado más grave, según Bloomberg.
Aunque la dexametasona se ha utilizado en medicina durante mucho tiempo, no hay datos que respalden su seguridad y eficacia al interactuar con remdesivir y con la mezcla de anticuerpos Regeneron, señala el medio.
El 'síndrome VIP'
Según Vinay Prasad, profesor asociado de medicina en la Universidad de California en San Francisco, más del 90 % de los infectados superan el covid-19 sin hacer nada, por lo que, en este caso, el enfoque de 'algo es mejor que nada' sería incorrecto.
"Desde el punto de vista de lo que es mejor para su salud, es una mala medicina. La razón por la que hacemos los estudios, en primer lugar, es que no sabemos si los medicamentos funcionan, y mucho menos cuando se administran con otros medicamentos que no han sido probados", asevera Prasad.
El fenómeno que se da cuando la popularidad de un paciente termina afectando a las decisiones sobre la atención médica que se le dispensa recibe su propio nombre: el 'síndrome VIP'.
"Los presidentes son tratados de manera diferente", explica el director de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman neoyorquina, Art Caplan. "Los médicos se vuelven más agresivos. Van a entrar allí y hacer todo lo que puedan. No quieres que te culpen por perder su vida", comenta el especialista.
Una idea errónea
A algunos expertos médicos les preocupa el hecho que que el enfoque del tratamiento de Trump contra el coronavirus pueda enviar al público un mensaje equivocado, en el sentido de que si eres una persona VIP tienes acceso a tratamientos médicos que la persona normal y corriente no puede conseguir.
"Si no le damos ese medicamento a la gente corriente, no es porque no nos preocupemos por ellos. Es porque no sabemos si ayudará o no", indica Jeremy Faust, médico de medicina de emergencia del Brigham & Women’s Hospital en Boston, Massachusetts.
Además, debido a esta percepción, la gente no estará tan inclinada a la hora de ayudar a los laboratorios en su trabajo de investigación para la obtención de medicamentos y de una vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué participar en ensayos clínicos si solo una fracción de los participantes recibe terapia experimental en lugar de placebo, y los pacientes famosos pueden acceder a estos medicamentos sin obstáculos?
"Estás recibiendo el mensaje de personas prominentes de que los ensayos clínicos son para la gente normal y a las personas especiales, simplemente les damos lo que funciona. Va a envenenar nuestra capacidad para hacer estudios en los próximos años", se lamenta el profesor Prasad.
Elecciones presidenciales en EEUU: Democracia del dinero
El martes 3 de noviembre, el presidente republicano Donald Trump intentará la reelección frente a su contendiente demócrata Joe Biden. Foto: Reuters.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, presentadas como una de las expresiones más ilustrativas de la denominada “democracia americana”, tienen características muy contradictorias en su funcionamiento.
Algunas de sus manifestaciones son: los votantes que acuden a las urnas lo hacen un día laborable; aproximadamente casi 100 000 000 de estadounidenses con capacidad electoral deciden no votar como sucedió en el 2016; las minorías son víctimas de hostigamiento e intimidación; las regulaciones electorales son muy engorrosas y paradójicamente es posible que uno de los candidatos pueda convertirse en presidente sin ganar el voto popular.
Es un sistema que en la práctica excluye a millones de potenciales electores, promueve la desconfianza sobre la transparencia y legitimidad de sus resultados y hace difícil los procesos de registro, solicitud de boletas y ejercicio del voto. Lo más insólito, es que tiene respaldo constitucional para que la voluntad de la mayoría de los votantes sea desconocida como ocurrió en las últimas elecciones presidenciales cuando Hillary Clinton obtuvo casi 3 000 000 de votos más que Donald Trump.
Según una reciente investigación titulada '100 millones: La historia no contada de los estadounidenses que no votan', realizada por la Knight Foundation y la firma consultora especializada Bendixen & Amandi International, ese 43% de ciudadanos norteamericanos que deciden no acudir a las urnas están profundamente desmotivados. Las razones fundamentales de su comportamiento son: consideran que el sistema electoral es corrupto, desconfían en su funcionamiento, valoran que los comicios no representan la voluntad del pueblo, el voto popular no determina el resultado de las elecciones y no se sienten atraídos por ninguno de los candidatos.
Por lo tanto, es un sistema electoral que ha colapsado y sus cimientos descansan en su piedra angular: el dinero. Por ese motivo, cualquier aspirante a la Casa Blanca requiere recaudar y gastar decenas de millones de dólares si pretende ganar. Sin embargo, no es posible disponer de esas grandes sumas sin la participación activa de la élite económica estadounidense que busca proteger a toda costa sus intereses corporativos. Tanto los candidatos presidenciales republicanos como los demócratas han establecido tácitamente como consenso bipartidista inalterable que lo único imprescindible en las elecciones es el dinero.
En ese sentido y solo para ilustrar, durante la campaña presidencial del 2016 entre ambos aspirantes gastaron un total de 2 400 millones de dólares. Pero esa cifra será superada y este ciclo electoral impondrá un récord histórico al romper la barrera de los 3 mil millones. Según un artículo investigativo publicado por el New York Times el pasado 7 de septiembre, la campaña de Trump hasta julio había recaudado 1 100 millones y si le sumamos los 210 de agosto sería un total de 1 310 millones. Por su parte, de acuerdo a los datos de la Comisión Electoral Federal y a la suma recaudada en agosto, Joseph Biden ha recibido 843 millones.
Entre ambos candidatos ya han superado los 2 mil millones y todavía restan las semanas decisivas de la campaña en la que se intensifican las acciones de recaudación y se incrementan exponencialmente los gastos. Según la firma estadounidense Kantar/CMAG, especializada en monitorear el gasto en publicidad, entre los dos aspirantes ya tienen comprometido hasta noviembre 445 millones solamente en anuncios televisivos.
De ese total, 111 000 000 serán destinados exclusivamente para la Florida. Recientemente el multimillonario Michael Blommberg declaró que invertiría 100 millones adicionales para financiar la estrategia comunicativa de Biden en ese propio estado.
Todas estas cifras aumentarán considerablemente cuando se contabilice el dinero empleado en financiar los anuncios en las redes sociales. De acuerdo al sitio web Open Secrets, hasta mediados de agosto Trump gastó 41 millones en anuncios en Facebook y Biden 31 000 000 en esa misma plataforma tecnológica. El posicionamiento de mensajes en estos espacios constituye una prioridad dentro del diseño electoral de ambas campañas que están obligadas a contratar a compañías y consultores especializados en materia de comunicación política digital.
Este juego electoral está sustentado en una maquinaria financiera diseñada y puesta en marcha por los principales donantes multimillonarios que consideran las elecciones como un momento ideal para invertir su capital. Por lo tanto, todo lo concerniente a los comicios constituye para los diferentes sectores de la élite económica un negocio de alcance estratégico y han creado las condiciones para que legalmente no se sepa ni siquiera cuánto dinero están donando.
En ese sentido, desde 2010 es una práctica habitual la circulación del denominado “dinero oscuro” que procede de donantes que no declaran su identidad a los registros oficiales, lo que está respaldado por una decisión de la Corte Suprema en el caso Citizen United.
Según Open Secrets, una reciente investigación sobre este tipo de donaciones arrojó que solamente el 10% de este dinero es reportado por las campañas políticas a la Comisión Electoral Federal. El estudio también concluyó que en estas elecciones entre ambos candidatos han recibido aproximadamente 350 millones por ese concepto. En esencia, las “reglas” que rigen el financiamiento electoral son tan flexibles que en la actualidad no se sabe con certeza cuánto dinero recauda y gasta cada aspirante. Las cifras que se divulgan son las que declaran las campañas según sus cálculos políticos e intereses. La realidad indica que cualquier estimado sobre estos montos es una aproximación conservadora. En la práctica, el dinero fluye sin límites en función de preservar los intereses del gran capital.
Según la revista Forbes, hasta el pasado mes de agosto Biden había recibido donaciones de 131 multimillonarios estadounidenses y en el caso de Trump se reportaban aportes financieros de 99 billonarios. De acuerdo al sitio Open Secrets, las principales contribuciones para ambos candidatos provienen del sector financiero, compañías inmobiliarias, empresas de seguros, fondos de inversiones, firmas de abogados y corporaciones vinculadas al sector energético. En el caso de Biden, además sobresalen aportes importantes provenientes de las compañías asociadas a las nuevas tecnologías, así como de directivos de la televisión y el cine.
También se han realizado donaciones que ascienden a 224 000 000 por parte de organizaciones e instituciones republicanas y demócratas calificadas como “ideológicas” que promueven temas de diversa índole. Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la mayor cantidad de dinero proviene de California (117 millones), Nueva York (72 millones), Florida (37 millones), Washington DC (34) y Texas (32), territorios en los que existe una alta concentración de billonarios y donde tienen su sede gran parte de las compañías más poderosas del país.
El respaldo financiero de Trump se ha originado en fuentes diversas que van desde influyentes compañías de petróleo y gas, poderosos inversionistas, magnates inmobiliarios hasta amigos cercanos vinculados al sector financiero, de la industria del entretenimiento y las nuevas tecnologías. Entre sus principales donantes sobresalen billonarios del área energética como: Kelcy Warren, CEO del gigante de oleoductos Energy Transfer Partners, el magnate petrolero Harold Hamm dueño de la compañía Continental Resources y Jeff Hilderman propietario de Hilcorp Oil. Además, también ha realizado contribuciones Jim Justice, actual gobernador de Virginia Occidental y billonario con inversiones en este sector. Entre todos han aportado más de 20 000 000 de dólares.
Según Open Secrets, Trump ha recaudado entre los sectores inmobiliario, de seguro y financiero aproximadamente 43 millones. Entre sus contribuyentes más significativos están: Steve Wynn, magnate de casinos y hoteles de Las Vegas, Stephen Schwarzman CEO de Blackstone uno de los principales bancos de inversión, Andrew Beal importante banquero de Texas y los hermanos Lorenzo y Frank Fertitta dueños de varios casinos. De su entorno más cercano, sobresalen sus amigos millonarios Ike Perlmutter, director ejecutivo de la productora Marvel Entertainment y Peter Thiel, cofundador de la plataforma de pagos en línea PayPal e integrante de la junta directiva de Facebook. El principal donante individual de Trump ha sido Timothy Mellon, miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, con 10 000 000.
Como dato de interés, el segundo estado que más dinero ha aportado a la campaña de Trump ha sido la Florida con 37 000 000 y las contribuciones provienen fundamentalmente de Miami Beach, North Palm Beach, Boca Ratón, Palm Beach y West Palm Beach. Por lo tanto, hacia el sur se concentran los más “generosos” contribuyentes del candidato republicano en una campaña marcada por la promoción del odio, la violencia y la denominada “lucha contra el socialismo”.
El apoyo financiero a Biden se ha centralizado fundamentalmente en cinco áreas: el sector financiero de Wall Street con más de 50 000 000 de dólares, las compañías de las nuevas tecnologías con sede en el Valle del Silicio en California que han aportado más de 20 000 000, las firmas de abogados, los bienes raíces y la industria del entretenimiento. Entre sus principales donantes sobresalen los influyentes banqueros: James Attwood, director ejecutivo de Carlyle Group; Josh Bekenstein, codirector de Bain Capital; Alan Leventhal, jefe ejecutivo de Beacon Capital y Jonathan Gray, presidente de Blackstone. Todos ellos además de aportar dinero han organizado eventos de recaudación de fondos en este sector.
El candidato demócrata ha sido respaldado por varios multimillonarios vinculados a las nuevas tecnologías, entre los que se destacan: Reed Hastings, cofundador de Netflix; Connie Ballmer, filántropa y esposa de Steve Ballmer ex CEO de Microsoft; Laurene P Jobs, esposa del cofundador de Apple; Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google y Reid Hoffman fundador de la red social LinkedIn. Entre los donantes de la industria cinematográfica resaltan Steven Spielberg y la filántropa Mellody Hobson, esposa del productor George Lucas. La familia Pritzker dueña del consorcio hotelero Hyatt y propietaria de una de las fortunas más grandes en Estados Unidos también ha financiado a Biden. Uno de los principales donantes individuales ha sido el filántropo George Soros, quien en este ciclo electoral ha ofrecido 8 millones.
Según un artículo publicado recientemente en The Washington Post, hasta este momento Trump ha gastado alrededor de 800 millones y Biden 414. Por lo tanto, en apenas unos meses ambos candidatos han invertido más de 1 200 millones de dólares en el camino hacia la Casa Blanca y por si fuera poco ha trascendido que el candidato republicano está valorando desembolsar 100 millones de su fortuna personal para reelegirse. En esencia, todo esto es posible porque existe un sistema electoral concebido para garantizar y defender los intereses de la élite económica que solo puede funcionar bajo las reglas de la democracia del dinero.
(Tomado de Contexto Latinoamericano)
El otro Vietnam: EEUU claudica en Afganistán tras 19 años de guerra
Más de tres décadas de guerra en Afganistán han provocado la devastación en las principales ciudades. Foto: Abdullah/El Salto Diario
Pocos días después de los atentados del 11-S de 2001 en Estados Unidos el Gobierno de George W.Bush obtenía un cheque en blanco de la Cámara de Representantes y del Senado para iniciar sus acciones planetarias de castigo, su cruzada del Bien contra el Mal.
La resolución aprobada autorizaba al presidente de los Estados Unidos “para el uso de toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones y personas que él considere que de forma determinante planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron al ataque terrorista que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, o a los que que ampararon a tales organizaciones o personas, para prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra Estados Unidos cometidos por esas naciones, organizaciones o personas”.
En el Senado, republicanos y demócratas votaron juntos, unánimemente. En la Cámara de Representantes 420 votaron a favor y solo una congresista votó en contra, la demócrata negra Barbara Lee.
“Reflexionemos un momento”, dijo Lee, “pensemos en las implicaciones de nuestra decisión de hoy para que las cosas no entren en una espiral fuera de control. [...] Este es un asunto muy complejo, y la iniciativa militar es una reacción unidimensional a un problema multidimensional”.
Fue en vano, todos y todas sus colegas de partido votaron a favor de esa ilimitada autorización que sirvió para que Bush, autoerigido en la personificación del Bien, lanzara rápidamente la primera fase de su Guerra contra el Terror... con más terror.
Su primer blanco, Afganistán, bajo control del movimiento integrista islámico de los talibán desde 1996, a quien Washington acusó de albergar a los que supuestamente habían cometido los atentados del 11-S: Osama bin Laden y las milicias de su organización, Al Qaeda.
Paradójicamente, Al Qaeda y sus muyaidin fueron aliados clave de EE UU durante la guerra 1979-1989 contra las tropas soviéticas que habían acudido a Afganistán en apoyo de su gobierno socialista, asediado por milicias de ‘señores de la guerra’. Muchos veteranos de esa guerra se enrolaron también en el movimiento talibán.
En diciembre de 2001 los talibán eran desalojados del poder por la poderosa maquinaria de guerra puesta en marcha por EE.UU.; habían pasado menos de tres meses del comienzo de la amplísima y devastadora operación militar.
Los mandos del Pentágono se mostraban convencidos de que acabarían con “los flecos” que quedaban en pocos meses más, que se impondría un gobierno local sumiso y que las multinacionales petroleras y gasísticas estadounidenses, británicas y de otros países aliados que colaboraran harían pingües negocios, al igual que las que trabajaran en la reconstrucción del país. Un plan de rapiña en toda regla del cual fue cómplice la OTAN y la ONU. Pero todo se torció.
Diecinueve años y cientos de miles de muertos después, los talibán están cada vez más fuertes; controlan buena parte del territorio afgano, negocian de tú a tú con Washington el plan de retirada total de las tropas estadounidenses, y ponen condiciones al régimen de Kabul para firmar un alto el fuego definitivo a la guerra.
Donald Trump tiene prisa, la retirada de las tropas del frente bélico más prolongado que ha tenido nunca Estados Unidos era uno de sus objetivos. Se ha convertido en una guerra totalmente antipopular en EE UU, nadie quiere más bajas ni más gastos.
Trump pretendía lograrlo antes de las elecciones del 3 de noviembre para cumplir con la promesa que hizo ya hace cuatro años pero el tiempo se está acabando y ya parece casi imposible que pueda anunciarse un calendario concreto y realista para la retirada. Todos los anuncios hechos en el pasado se han incumplido, incluso el último, de febrero.
Estados Unidos se comprometió a una retirada gradual de los 12 000 efectivos que tenía en febrero, que debería estar terminada totalmente a mediados de 2021. Foto: AFP
Según el Pentágono, en los 19 años de guerra EE.UU. ha gastado más de 800 000 millones de dólares, unos 680 000 millones de euros, monto que no incluye ni la atención de los miles de veteranos de guerra ni el gasto por los intereses de la deuda contraída para financiar la guerra.
En febrero pasado el representante especial de EE UU Zalmay Khalizad y el cofundador del movimiento talibán, el mulá Abdul Ghani Baradar, se estrecharon la mano en Qatar tras firmar un acuerdo presentado como histórico. Sin presencia de representantes del Gobierno de Afganistán, EE UU y los talibán firmaron un acuerdo, antes impensable, para poner fin a la guerra.
El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, y varios de los líderes máximos del movimiento talibán acudieron a la firma oficial del acuerdo en Doha, logrado tras nueve rondas de negociaciones fallidas.
Con este acuerdo Estados Unidos se comprometió a una retirada gradual de los 12 000 efectivos que tenía en febrero, que debería estar terminada totalmente a mediados de 2021.
A cambio, los talibán, que se autodenominan Estado Islámico de Afganistán aunque EE UU no los reconoce como tal, se comprometieron a no atacar desde la firma de ese acuerdo ni a tropas estadounidenses ni de sus aliados, ni a ‘contratistas’ —eufemismo utilizado para los mercenarios contratados por el Pentágono— o personal civil auxiliar, hasta la finalización de la retirada.
Los talibán, que en el documento son citados como “el Taliban”, se comprometieron igualmente a impedir que ni sus fuerzas ni Al Qaeda o cualquier otro grupo insurgente atente contra intereses de Estados Unidos o sus aliados.
Además de las 2 451 bajas que sufrió Estados Unidos, Reino Unido tuvo 455, Canadá 158, Francia 86, Alemania 54, Italia 48 italianos, Australia 41, Polonia 40, España 34 y otros países un número inferior.
Sin embargo, EE UU firmó el acuerdo de febrero en solitario y al exigir a los talibán a lo largo de todo el documento como condición que no atacaran a las fuerzas e intereses estadounidenses solo puso como coletilla “y sus aliados”.
La otra condición importante que puso Estados Unidos fue que los talibán aceptaran sentarse a negociar con el Gobierno de Ashraf Ghani, algo a lo que los milicianos islámicos siempre se habían negado. Y aún sin estar presente el Gobierno en esas negociaciones de febrero, Washington lo comprometió a un intercambio de prisioneros con sus enemigos.
A regañadientes, el Gobierno afgano liberó a casi 5 000 prisioneros a cambio de 1 000 militares y policías. Cuando finalmente el 12 de septiembre pasado la delegación del Gobierno de Kabul y la potente y representativa delegación talibán —integró a sus distintas facciones y tribus— se sentaron frente a frente para negociar en Doha, habían transcurrido siete meses del acuerdo entre EE UU y los insurgentes.
La “reducción de las hostilidades” prometidas entonces por los talibán quedaron solo en el papel firmado, no se confirmaron sobre el terreno. En ese periodo, mientras el Pentágono comenzaba la retirada de sus tropas los milicianos intensificaban su accionar armado contra las fuerzas gubernamentales en numerosas provincias, superando en esos meses el número de ataques realizados durante todo 2019.
Eufóricos al ver las prisas del Pentágono por retirar sus tropas los talibán golpearon incluso en vísperas de la reunión con el Gobierno del 12 de septiembre pasado.
Tres días antes de esa esperada cumbre, el 9 de septiembre, tuvo lugar un atentado terrorista con explosivos en Kabul contra una caravana de vehículos en la que viajaba el vicepresidente primero afgano y jefe de la Inteligencia, Amrullah Saleh. Aunque él solo sufrió heridas leves diez personas —la mayoría escoltas suyos— murieron y una quincena resultó herida.
Los talibán negaron ser autores del atentado, que según algunas fuentes podría haber sido cometido por un comando del ISIS, el Estado Islámico, activo también en Afganistán.
El 11 de septiembre, un día antes del encuentro entre el Gobierno y los talibán, los insurgentes lanzaron ataques en 18 provincias en una demostración de fuerza antes de la reunión. Llegaron a la reunión con sus ‘kalashnikov’ aún humeantes.
Un hombre huye del lugar de un ataque con dos niños pequeños en Jalalabad. Foto: Noorullah Shirzada/ AFP
Según un informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), en el primer semestre de 2020 ya han muerto al menos 1 200 civiles y 2 176 resultaron heridos. Entre los muertos hubo 340 niños.
La UNAMA atribuye el 58% de esas muertes a los insurgentes, la mayoría como consecuencia de atentados suicidas, minas y secuestros extorsivos, y el 23% a las fuerzas de seguridad afganas por sus bombardeos contra posiciones enemigas. La UNAMA asegura que el mayor número de muertes de niños fue producida por los bombardeos y ataques gubernamentales.
De acuerdo a los datos de UNAMA, desde 2009, cuando empezó a registrarse por primera vez de forma sistemática el número de víctimas civiles, han muerto en Afganistán 32 000 personas y más de 60 000 han resultado heridas.
Las negociaciones entre los representantes del Gobierno y los 21 delegados del movimiento talibán encabezados por el jeque Abdul Hakim solo acaban de empezar. Son las primeras negociaciones directas y de ahí su valor pero no será fácil mantenerlas y avanzar en los acuerdos.
El Gobierno actúa a la defensiva, consciente de que la retirada de las tropas estadounidenses y de otros países integrantes de la coalición internacional y el desmantelamiento de varias bases lo debilita militarmente frente a los insurgentes, a pesar de que las fuerzas gubernamentales cuentan con 350.000 efectivos.
Durante estos años han sido múltiples los cambios que hicieron tanto EE.UU. como sus aliados de la coalición internacional en la configuración de las fuerzas de seguridad ante los fracasos habidos, las deserciones, infiltraciones, las matanzas en las que se vieron involucradas.
La estructura central actual se asienta en el ANÁ (Ejército Nacional de Afganistán en sus siglas en inglés), el ejército regular de ámbito nacional; el ANA-TF (Fuerzas Territoriales del Ejército Nacional de Afganistán), de ámbito territorial o provincial y la ALP (Policía Local Afgana).
La gran preocupación del Gobierno afgano es que actualmente el mantenimiento de unas fuerzas tan numerosas solo es posible por los donantes internacionales pero de acuerdo a la Declaración de la Cumbre de Varsovia sobre Afganistán, Kabul tendrá que asumir su financiación a partir de 2024, y eso es algo inimaginable hoy día.
Los talibán lo saben y su objetivo es volver a hacerse con el poder. No ocultan su objetivo de suprimir las dos Cámaras y la Constitución actual.
Aunque durante las negociaciones los seguidores de Hibatullah Akhundzada —líder máximo de los talibán— al menos de palabra se han mostrado relativamente menos intolerantes, la población no olvida la brutalidad con la que aplicaron la sharia —ley islámica— cuando controlaron el país entre 1996 y 2001.
Aún hoy día en zonas rurales fuera del control gubernamental es habitual que tribunales islámicos afines apliquen castigos corporales, mutilaciones o lapidaciones a mujeres adúlteras, homosexuales o delincuentes o ejecuciones sumarias de soldados y policías gubernamentales capturados.
La población civil afgana sigue en vilo los resultados de las negociaciones, especialmente en las zonas rurales y más particularmente las mujeres, doblemente víctimas de esta guerra.
A pesar de las limitaciones en avances sociales que ha habido en el país desde el derrocamiento del poder talibán, con gobiernos corruptos, sectarios y autoritarios, las mujeres han experimentado cambios innegables, visibles por ahora al menos en las ciudades.
La Administración Trump no tiene tiempo ni interés en ese drama del país que invadió y devastó. Foto: Sputnik.
El acceso de la mujer a la educación que los talibán les negaban —en un país que aún hoy día cuenta con solo un 43% de alfabetismo—; el derecho a que el nombre de la madre se incluya junto al del padre en los documentos de identidad; su posibilidad de hacer algunas actividades sin ser acompañadas por un hombre, incluso acudir a un gimnasio o participar en política, representan para la mujer afgana una verdadera revolución.
Este avance tan básico, tan lejos de una igualdad real y tan distinto en las zonas rurales, podría frenarse y retroceder bruscamente de lograr que el movimiento talibán vaya controlando cada vez más zonas del territorio afgano.
La Administración Trump no tiene tiempo ni interés en ese drama del país que invadió y devastó.
Lo deja librado a su suerte.
Está más preocupada por su propia supervivencia, por poder rentabilizar electoralmente ante las presidenciales de EE UU de noviembre el haber cumplido con el compromiso de retirar las tropas estadounidenses después de tantos años de guerra.
No está en sus planes como no lo ha estado en ninguno de los presidentes que lo precedieron hacer un balance de los terribles resultados políticos, sociales, humanitarios y geopolíticos provocados por esa aventura militar.
La «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos ha desplazado a 37 millones de personas
Traducido por Marwan Pérez para Rebelión.
Durante la última semana ha surgido un considerable debate en torno a un cálculo que ayudé a producir, que muestra que las guerras que ha librado el gobierno de los EE. UU. desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, han obligado al menos a 37 millones de personas, y quizás hasta 59 millones, a huir de sus hogares.
Como coautor del informe, elaborado para el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, me animó el interés generado en los medios -desde el New York Times hasta Fox News– por las millones de personas desplazadas en la «guerra global contra el terrorismo» de Estados Unidos. Mis coautores de la American University y yo nos dimos cuenta de que nadie, ni dentro ni fuera del gobierno de los Estados Unidos- había calculado previamente cuántas personas han desplazado estas guerras.
El informe estima de manera conservadora que ocho de las guerras de «contraterrorismo» más violentas en las que ha participado el gobierno de EE. UU. desde el 11 de septiembre (Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria y Yemen) han producido 8 millones de refugiados y 29 millones de desplazados internos. El total de 37 millones de desplazados es más que los desplazados por cualquier guerra desde al menos el comienzo del siglo XX, excepto la Segunda Guerra Mundial.
Las críticas al informe se centraron en el grado en que el gobierno de EE. UU. es responsable del desplazamiento en los ocho países.
La gente estuvo de acuerdo en que la administración de George W. Bush lanzó las guerras en Afganistán e Irak. Sin embargo, algunos han dicho que los otros países que incluimos en nuestra estimación (Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria y Yemen) son conflictos increíblemente complejos en los que el gobierno de Estados Unidos ha sido un combatiente menos central, por lo que es difícil decir qué papel, si lo hay, ha jugado el gobierno de los Estados Unidos en la creación del desplazamiento.
Sin embargo, el propósito de nuestro informe no es evaluar la responsabilidad relativa del desplazamiento entre diferentes actores. Nuestro informe dice claramente: «No estamos sugiriendo que el gobierno de EE. UU. o que los Estados Unidos, como país, sean los únicos responsables del desplazamiento». Los talibanes, las milicias iraquíes sunitas y chiítas, el Estado Islámico, Al Qaeda, el gobierno del Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos, y Bashar al Assad comparten una responsabilidad considerable junto con otros combatientes, gobiernos y actores.
En cambio, nuestro objetivo, en la línea con otros más amplios del proyecto Costs of War, es arrojar luz sobre los costos no reconocidos de la «guerra contra el terrorismo» del gobierno de los Estados Unidos que ha durado 19 años.
Nuestro estudio se centra en los ocho países en los que el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad significativa en las guerras que ha lanzado (Afganistán y la guerra superpuesta a menudo ignorada en Pakistán provocada por la invasión de Afganistán e Irak); escalado como un combatiente importante (Libia y Siria); o intensificado mediante ataques con drones, asesoramiento en el campo de batalla, apoyo logístico, venta de armas y otra ayuda militar (Yemen, Somalia y Filipinas).
Naturalmente que estos son conflictos complejos donde muchos actores – y en muchos casos EEUU no ha sido el actor principal – han cometido la violencia que ha desplazado a las personas. Aun así, incluimos países más allá de Afganistán e Irak en nuestro recuento porque el gobierno de EE. UU. ha desempeñado un papel sistémico, profundo e innegable en estas «otras guerras» a través del despliegue de tropas de combate de «guerra contra el terrorismo», las contribuciones de apoyo militar, la retórica de » contraterrorismo” y los trillones de dólares que han apoyado estos esfuerzos. Tener en cuenta los efectos de la totalidad de nuestra “guerra contra el terror” es una responsabilidad que los ciudadanos estadounidenses no pueden ignorar.
Con Siria en particular, muchos lectores del informe han notado con razón la dificultad de evaluar el papel de Estados Unidos en la causa del desplazamiento. Nuevamente, no culpamos solo al gobierno de Estados Unidos por el desplazamiento de los 7.1 millones de sirios que incluimos en nuestro total. La profunda responsabilidad recae en otros combatientes que han desempeñado un papel más importante durante la guerra civil siria (2011-presente). Incluyen a Assad y el gobierno sirio, el Estado Islámico, los grupos rebeldes sirios, los gobiernos ruso y turco y otras fuerzas externas.
Como resultado, nuestra metodología para calcular el desplazamiento vinculado a la participación de Estados Unidos en Siria fue conservadora. Comenzamos nuestro cálculo en 2014, cuando el ejército de EE. UU. comenzó a luchar en Siria, pero podríamos haber incluido un mayor número de desplazados dado el apoyo que EE. UU. dio a los rebeldes sirios desde al menos 2013. Algunos argumentarían que deberíamos incluir a todos los desplazados de Siria (probablemente más de 20 millones de personas desde 2011) dado el papel de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán en la desestabilización del Medio Oriente y la creación del Estado Islámico y otros grupos militantes.
Nuestro cálculo también se centró estrechamente en los sirios desplazados en y desde cinco de las 14 provincias de Siria donde las fuerzas estadounidenses han combatido al Estado Islámico y operado desde bases militares desde 2014. Así es como obtenemos la cifra de 7,1 millones de desplazados, que es bastante menos de la mitad del total de las personas desplazadas de Siria. Es importante tener en cuenta que nuestro cálculo es una estimación basada en los mejores datos disponibles de la agencia para los refugiados de la ONU, ACNUR y otras organizaciones internacionales; las estadísticas de desplazamiento son siempre estimaciones que dan un sentido de la escala del desplazamiento más que unos recuentos precisos.
El punto más importante es que decenas de millones de personas han sido desplazadas por las guerras que el gobierno de Estados Unidos ha librado desde 2001 en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Solo en Afganistán e Irak la población total de desplazados alcanzó los 14,5 millones. Esta suma en sí supera el desplazamiento en cualquier guerra desde principios del siglo XX, excepto la Segunda Guerra Mundial. El total de nuestro informe también incluye a 3,7 millones de paquistaníes; 1,7 millones de filipinos; 4,2 millones de somalíes; 4,4 millones de yemeníes; 1,2 millones de libios; y los 7,1 millones de sirios, todos desplazados.
En última instancia, ningún número puede transmitir la inmensidad del daño causado por el desplazamiento. Para las personas, familias, pueblos, ciudades, regiones y países enteros, el desplazamiento ha causado un daño incalculable a nivel físico, social, emocional y económico. Alentamos a otros a desarrollar y mejorar nuestra investigación.
Esperamos que muchos estén de acuerdo en lo fundamental: debemos centrarnos en el sufrimiento de quienes se ven obligados por la guerra a huir de sus hogares.
David Vine es profesor de Antropología en la American University en Washington, DC. Es director de la Clínica de Antropología Pública de la Universidad Americana y miembro de la junta del Proyecto Costs of war de la Universidad de Brown. El libro más reciente de Vine, The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State (University of California Press), se publicará el 13 de octubre.
Fuente: https://fpif.org/the-u-s-war-
Foto de portada: Tony Fischer – CC BY 2.0
Sobrina de Trump alerta sobre las consecuencias de reelegir al "hombre más peligroso del mundo"
Atidisturbios controlando a los manifestantes cerca de la Casa Blanca en Washington. Reuters
Mary L. Trump, sobrina del presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que lo que más le preocupa de que su tío sea reelegido es que la democracia estadounidense “resultaría muy afectada”. La autora de ‘Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’ habló con EL TIEMPO sobre su libro y su relación con el presidente.
¿Quién es Donald Trump para usted?
Donald ha sido alguien que pasó de tener muy poca presencia en mi vida a ser alguien que, en virtud de su puesto en la Oficina Oval, ha tenido un impacto muy grande en mi día a día en una manera que nunca pude anticipar.
Cuando yo era una niña y cuando estaba en mis 20, nosotros nos llevábamos bien, pero yo no lo tomaba particularmente en serio. Todavía es difícil hacerlo. Pero tengo que tomar su comportamiento como algo serio, pues ha tenido un impacto muy grande en mí y en los demás. Yo trato de despegarme de nuestra relación porque hace un poco más difícil darme cuenta diariamente de que él es mi tío.
-¿Cómo fue para usted crecer en la familia Trump y cerca de él?
A veces, con la retrospectiva entendemos lo mal que estaban las cosas o qué tan disfuncionales eran. Mi familia no es la única familia disfuncional que ha existido. Solo parecía normal la forma como eran las cosas. En la casa de mis abuelos, el racismo, la forma como eran tratadas las mujeres, como ciudadanas de segunda clase, y la frialdad parecía normal. Sin embargo, yo me la llevaba bien con mis tíos, aunque nunca fui cercana a ninguno. Esto es algo que se vuelve más claro años después cuando no se está en medio de eso.
-En su libro hay detalles del comportamiento de su tío. ¿Qué la llevó a poner ahí toda esta información y recuerdos sobre él?
Lo primero es que si él no hubiera llegado a la Casa Blanca, yo nunca hubiera escrito el libro. Una parte de eso era sentir la obligación de ayudar a la gente a entender quién es él y por qué es peligroso. Como psicóloga yo entiendo lo importante que es la historia, y cómo la historia personal de la familia de alguien es importante para entenderlo. No hubiera sido muy fácil hablar sobre sus comportamientos actuales, que todos podemos ver, sin ponerlo a él en contexto. Eso era extremadamente importante para mí.
-En el camino se encontró con muros porque la familia Trump trató de detener la publicación del libro. ¿Cómo fue esa batalla para usted?
Sabía que iba a pasar. Si no hubieran tratado de demandarme habría entrado en un ‘shock’ (risas). Era algo para lo que yo estaba preparada. Lo que yo encontré interesante es que en la discusión de querer parar el libro, ellos dijeron que este contendría cosas muy malas. Y ellos no tenían ni idea de lo que había en libro, no lo habían leído. Eso me hizo pensar: ‘¿Qué clase de cosas malas tienen ellos en la cabeza? Porque claramente están pensando en cosas muy malas que hicieron. ¿Por qué están tan preocupados?’. Si no hubieran hecho nada, ¿cuál era problema?
-Usted dijo que para su tío ‘mentir era una forma de engrandecimiento’. ¿Eso explica por qué hace afirmaciones que muchas veces no son ciertas?
Es exactamente eso. No es la única razón, pero es, de lejos, la más grande. Muy en el fondo, Donald sabe que no está consumado, que no es exitoso, que no es grandioso en ningún aspecto. Cuando él dice estas cosas no solo está tratando de convencerse a sí mismo, sino también a mi abuelo. Creo que Donald aún le tiene mucho miedo, a pesar de que ha estado muerto por más de 20 años.
-¿Cuál es la consecuencia de tener un presidente al que usted describe como un narcisista?
Es extremadamente peligroso. Y Donald no es realmente el problema, son los facilitadores los que son el problema. Debido a que se le ha permitido que actúe como alguien que no tiene preocupaciones fuera de sí mismo, él no va a ayudar a nadie que dañe su posibilidad de hacer dinero o de ser popular con su base. El resto de nosotros siempre vamos a ser puestos de últimos.
Y si él puede hacer más dinero o cree que puede mantener el poder sin hacer nada respecto al virus, no va a hacer nada, no importa cuánta gente muera de manera innecesaria.
No solo es peligroso en este punto, es criminal a un grado en el que no creo que nosotros ni siquiera entendamos todavía.
-Expertos dicen que va a ser difícil que Trump deje la presidencia y que un ejemplo de eso es que él cuestiona el voto por correo. ¿Cómo se explica eso desde una perspectiva psicológica? ¿Se trata de un apego al poder?
Creo que opera en un par de niveles. Hay una especie de nivel práctico en el que si él pierde, seguramente iría a la cárcel por crímenes que ha cometido. Le gustaría evitar eso, me imagino. Y desde el punto de vista psicológico, yo sé que para alguien muy narcisista y muy inseguro, perder crearía tanto dolor que lo encontraría intolerable. Él también tiene la idea de que tiene que ganar a cualquier costo porque si no lo hace, no solo sería doloroso, significaría que es un perdedor, lo que en nuestra familia era condenado.
Donald tiene mucho más en juego que estar en la Oficina Oval. Es su psique entera la que tiene que proteger, incluso si él no sabe que eso es lo que está haciendo. Por eso tenemos que estar alarmados, por los límites a los cuales él está dispuesto a llegar. Él ya está haciendo trampa. Usted mencionó su disposición para socavar la confianza de la gente en el voto por correo. Él ya está socavando la confianza sobre la legitimidad de las elecciones, aunque nadie ha votado todavía.
-Hace poco, Trump sugirió aplazar las elecciones en EE. UU. Pareciera que está llegando a esos límites...
Él no tiene el poder para posponer la elección. No depende de él. Pero es solo para crear confusión y restar confianza. Él tiene la visión de que las cosas siempre funcionan a su favor.
Crear caos funciona a su favor porque evita que la gente se enfoque en lo que él está haciendo, que es realmente lo que necesitamos dejar de hacer. Nada de lo que él está haciendo es sorprendente. Hay mucho en juego para él, práctica y psicológicamente. Lo que me preocupa es la forma como lo está haciendo. Y qué poca resistencia hay por parte del Partido Republicano.
-¿Qué es lo que más le preocupa a usted de la posibilidad de que Trump sea reelegido?
Creo que el experimento estadounidense llegaría a su final. Nuestra democracia resultaría muy afectada, no habría forma de regresar de eso. No creo que nuestra democracia se pueda recuperar. Y también me preocupa que los resultados malos de eso tengan impacto en el resto del mundo. Va a ser malo para todos nosotros.
¿Qué puede explicar que él todavía tenga tanto apoyo en EE. UU.?
No creo que sea tanto como la gente puede llegar a creer. Es, sobre todo, que el 100 por ciento de los republicanos elegidos, personas en su partido político, en el Senado, en el Congreso, en su gabinete y en las cortes, todavía lo apoyan. Están dispuestos a permitirle que haga lo que él siente que necesita hacer para robarse su camino a la Oficina Oval (...)
No veo cómo alguien, además de los que son verdaderamente racistas, misóginos y antiinmigrantes, lo puede apoyar. Es muy extraño para mí, sinceramente.
¿Cree que hay alguna forma de parar esa persistencia para quedarse en el poder?
El único potencial para que las cosas cambien sería si Joe Biden gana por un margen enorme. Tendría que ser una avalancha para que nadie pudiera pretender que hubo trampa, que los resultados de las elecciones no fueron legítimos. Es la única cosa que yo veo.
-¿Hay algo positivo que usted vea en Trump?
No. Ya no. Nosotros solíamos llevarnos bien y, de hecho, él me caía bien. No creo que yo haya pensado que él era una persona particularmente buena, pero él tenía una chispa de algo de él que se podría haber vuelto amabilidad. Pero mi abuelo lo destruyó y dejó muy claro que ese tipo de cosas no eran aceptables para él.
-¿Cuál fue ese momento de ruptura en su relación?
No fue nada personal, así suene raro. Después de que me di cuenta de que mis abuelos me desheredaron, en 1999, y mis tías y mis tíos no hicieron nada para ayudarnos, yo dejé de ser parte de la familia. Pasó muy rápido, y nunca cambio.
-Usted dijo que haría todo lo que estuviera en su poder para evitar que él fuera reelegido...
Así es. Y no necesariamente sé qué es eso que debo hacer, pero si puedo hacer cualquier cosa para ayudar en la campaña de Joe Biden o tan solo seguir hablando con la gente sobre lo que yo creo son psicopatologías muy peligrosas, porque no se van a poner mejor.
(Tomado de El Tiempo)
URUGUAY
LA CLASE OBRERA LEVANTA LA CABEZA
Marcha de los trabajadores de la industria: un antes y un después en la movilización popular
14 sindicatos de la Confederación de Trabajadores de la Industria se movilizaron esta mañana demandando trabajo, renta básica transitoria para mitigar el desempleo y seguros de paros especiales, de los que carecen algunos sectores, tales como los cinco mil trabajadores del citrus. (Videos)
Hoy por la mañana los gremios nucleados en la Confederación de Industria del Uruguay marcharon desde la explanada de la Intendencia Muncipal (IM) hasta la Torre Ejecutiva, donde presentaron al presidente Lacalle una nota con sus demandas y las firmas recolectadas por reactivación del trabajo, aprobación de una renta básica provisoriapara atender la emergencia generada por la pandemia y por las políticas restrictivas contenidas en la LUC y por la habilitación de un seguro de paro para sectores que carecen del mismo.
Marcharon por 18 de julio trabajadores de 13 sindicatos del campo y la ciudad y fue particularmente importante la participación de los trabajadores citrícolas del litoral, que se concentraron en la localidad de Young para marchar sobre la capital.
Si el objetivo inicial de la recolección de firmas era lograr diez mil adhesiones, esa meta se superó largamente, ya que hasta el momento hay más de veinte mil y la tarea se prolongará una semana más.
Más allá de la cantidad de trabajadores de distintas ramas movilizados, esta marcha debe ser recordada por establecer un vínculo efectivo entre los trabajadores del campo y la ciudad y por desnudar las durísimas perspectivas que se avecinan para los mismos.
Así, los trabajadores de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) denunciaron la precariedad de las condiciones de trabajo y en particular, los arroceros se refirieron a las ganancias que está obteniendo el sector, que al tiempo que incrementa el área sembrada, condena a los regadores a atender 200 hectáreas diarias en jornadas exhaustivas, con salarios menguados, cuando cada una de esas hectáreas rinde 2.000 dólares de rentabilidad. Desde el sector de los peones rurales llegaron las demandas de seguridad laboral y que sean reglamentadas las condiciones de trabajo al aire libre, cuya desatención cuesta la vida de media decena de peones al año. Un párrafo aparte mereció el uso irresponsable de agroquímicos, cuya toxicidad cae sobre las espaldas de los trabajadores.
Les siguieron los operarios de Envidrio, que desde abril tienen la planta parada y carecen de seguro de paro.
Los trabajadores del citrus quizás sean los que padecen una situación más angustiosa, ya que a fin de mes termina la zafra, caracterizada por ser inusualmente breve, por lo que no pudieron cumplir los 150 jornales requeridos para acceder al seguro de paro. Desde hace ocho años los citrícolas contaban con un seguro de paro especial que les posibilitaba la supervivencia en los períodos post-zafra, lo que ahora les fue negado, con lo que cinco mil familias afrontan la incertidumbre de lo que acontecerá en breve.
Los trabajadores de la industria del pan, por boca de un delegado de Los Sorchantes, denunciaron la precipitada quiebra de las pequeñas panificadoras y la hegemonía de las trasnacionales con la consiguiente pérdida de empleo.
Los trabajadores de la empresa láctea Calcar, enfrentando adeudos impagos,amenazados por la pérdida del 40% de su salario y desgarrados por el despido de 54 operarios también alzaron su voz.
Los trabajadores de mar agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) pusieron el énfasis en la pretensión de las patronales pesqueras de reducir cinco trabajadores en cada «mano» de descarga obligando a los jornaleros a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. En la alocución final, el directivo del Suntma Roberto Cardozo denunció el intento de introducir carneros para realizar ese trabajo con el apoyo de Prefectura, lo que fue impedido por el sindicato, agregando que «no queremos carneros en el puerto». Reivindicó la lucha de los compañeros que desde hace 40 días levantan su carpa en Capurro y específicamente denunció la situación de un pesquero de corvina negra que está ocupado por la mitad de su tripulación ante el riesgo de fuga, mientras la otra mitad rodea la casa del empresario Ignacio Arocena en Punta Ballena.
La presencia de mujeres trabajadoras fue importante y también la naturaleza diferenciada de algunas de sus demandas, como la de que dejen de ser postergadas salariamente por su condición de mujeres.
En los videos que acompañan esta cobertura gráfica, se da cuenta pormenorizadamente de cada una de las intervenciones, de la composición de la masa abigarrada de obreros que cubrieron cuatro cuadras a lo largo de 18 de julio y que convergieron en la Torre Ejecutiva con su dolor, su incertidumbre, sus angustias, pero también con una voluntad de resistencia y de lucha que viene de la mano de la esperanza.
En defensa del trabajo y la industria nacional
Los sindicatos industriales se movilizaron esta mañana por la avenida 18 de julio y realizaron un acto central frente a la Torre Ejecutiva, para reclamar por trabajo de calidad, en defensa de la Industria Nacional, y en rechazo de los recortes y retrocesos que plantea el gobierno a través de la LUC y en el presupuesto quinquenal.
La movilización de los sindicatos industriales contó con la participación de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) quienes incorporaron a la plataforma algunos reclamos sectoriales como la situación que atraviesan los trabajadores del citrus, en particular.
Manteniendo la distancia física recomendada por las autoridades sanitarias y utilizando tapabocas prácticamente sin excepciones, miles de personas marcharon desde la explanada de la Intendencia hasta la Plaza Independencia con pancartas, banderas y carteles que referían a las consignas de la convocatoria de los sindicatos industriales.
Enrique Méndez, integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), comenzó su intervención hablando de la histórica y conocida sensibilidad del movimiento sindical ante el sufrimiento de otros y otras. “Acá abajo sabemos lo que es el dolor de nuestras compañeras y compañeros de nuestro pueblo”, dijo en clara alusión a la falta de políticas y medidas que atiendan las urgencias de la gente, por parte del Poder Ejecutivo. Méndez sostuvo que “los de abajo” son quienes se conmueven ante el dolor de quienes perdieron su trabajo o tienen que hacer fila en una olla popular para alimentar a sus hijos, “o cuando pasamos frente a la heroica carpa de la resistencia del SUNTMA que lleva adelante una lucha brutal en defensa de los puestos y las condiciones de trabajo”.
Méndez aludió al presidente de la República y su equipo ministerial de gobierno al cuestionar el silencio ante las propuestas del PIT-CNT y la Intersocial para atender las urgencias de los sectores más desprotegidos en el marco de la crisis actual. “Los de acá arriba” de la Torre Ejecutiva no se sensibilizan con las madres que esperan en las ollas haciendo fila con sus niños para darles un plato de comida, cuestionó. “No se conmueven quienes han resuelto que el peso de la crisis caiga sobre los hombres” y “cuando se resuelven despidos y atrocidades” que impactan directamente en los más desprotegidos.
El representante de la FTIL, dijo que desde el gobierno se continúa con la lógica de discursos de campaña electoral pero sin dar soluciones a las trabajadoras y los trabajadores del Citrus. “Son 5 mil familias que hoy no reciben respuestas cuando la productividad aumentó de forma brutal en el sector rural”. En otro momento de su intervención se refirió a la situación que atraviesa la industria láctea, concretamente en relación a “los errores empresariales” y la concentración de capitales en pocas manos afecta directamente el trabajo de calidad y directamente la permanencia de los puestos de trabajo. “En el día de hoy, nuestras compañeras y compañeros del sindicato de CALCAR siguen sin percibir su pago mensual frente a un planteo que les pretende recortar el 40% de su salario, con 54 despidos atrás, barbaridades para el interior del país”, fustigó.
El dirigente de la FTIL invitó a la prensa y los medios de comunicación “a conocer las historias de las trabajadoras y los trabajadores rurales”, a que recorran el interior y “conozcan de primera mano las condiciones lamentables” en las que muchas veces tienen que desempeñar su trabajo, contaminados con pesticidas o arriesgando su vida los días de tormentas eléctricas.
Por su parte, Laura Mezzetti, dirigente del Sindicato de la Aguja, dijo que la crisis actual impactó en mayor medida en las mujeres jefas de hogar, “que hoy no tienen un ingreso y tienen que ir a hacer cola a una olla popular para darle de comer a sus hijos, compañeras que son nuestras, que saben trabajar, que son productivas, y lamentablemente todavía hay lugares que por el solo hecho de ser mujer, les pagan menos que a los hombres cuando realizan las mismas tareas”. Mezzetti dijo que las mujeres “no estamos solamente para cuidar el hogar, lavar los platos como nos dicen o cuidar los hijos, las mujeres somos productivas, sabemos trabajar, tenemos calidad en nuestras manos y por eso nos encontramos reclamando puestos de trabajo, defendiendo la industria porque queremos y sabemos trabajar, porque no queremos tener que ir a una olla popular a pedir un plato de comida para nuestros hijos, por todo ello, necesitamos respuestas y fortalecer la industria para tener puestos de trabajo, produciendo en nuestro país y no comprando a los chinos, con la calidad de la industria nacional, con nuestras manos”, subrayó en su alegato en defensa de la industria nacional.
Esta mañana también hizo uso de la palabra la dirigente de la Coordinadora del Citrus, Miriam Perdomo, quien explicó que hay 5 mil familias del litoral que están a punto de quedarse sin trabajo ni derecho a cobertura del seguro de paro. Explicó que desde la coordinadora del citrus se han realizado distintos planteos para contar con un seguro de paro especial para el sector teniendo en cuenta las particularidades del mismo. "Hemos golpeado puertas y si bien en un principio nos escucharon y se mostraron afines a otorgarlos, hace unos pocos días nos comunicaron que no es posible un seguro especial por falta de presupuesto", aseguró. "No hay presupuesto para nosotros pero hay 21 millones de dólares para la compra de aviones para el Ejército", cuestionó. "No hay presupuesto para los trabajadores pero hay para duplicar el sueldo de los directores de los entes", insistió. "En estos momentos, cuando más necesitamos la presencia del Estado, el mismo nos da la espalda y nos deja a la deriva", cuestionó.
En tanto Roberto Cardozo, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), recordó que el gremio está atravesando “momentos bravísimos” y saludó a quienes mantienen “aguantando” la carpa en Capurro desde hace más de 70 días en defensa de las fuentes de trabajo. Asimismo, denunció que hubo intentos para ingresar “carneros” al Puerto, advirtió que eso no se va a permitir y expuso la situación de un barco que está ocupado por sus trabajadores ante el riesgo de fuga de su “multimillonario” propietario. Según contó Cardozo, además de ocupar el barco, otro grupo de trabajadores está instalado frente al chalet que tiene el propietario en Punta Ballena, “y los compañeros no se van a ir hasta que pague los despidos y las licencias correspondientes”.
Políticas contracíclicas
Antes de hacer uso de la palabra en el acto (ver nota), el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a los medios de comunicación que los sindicatos de la industria se movilizaron en defensa del trabajo nacional y en reclamo de medidas contracíclicas, como la inversión pública en desarrollo, que las compras públicas del Estado se enfoquen en las redes de proveedores nacionales, entre otras. Abdala dijo a la prensa que el movimiento sindical entiende que el gobierno debería atender las necesidades de los sectores más vulnerables a través del ingreso básico de emergencia, “no solamente para sostener” a dichos sectores sino “para reactivar el mercado interno, a los pequeños productores, comerciantes e industriales agropecuarios” y que el Poder Ejecutivo debería “tender una mano” a los trabajadores del campo mediante un seguro de paro especial, tal como lo ha venido reclamando el sector de la naranja. “El presidente de la República dijo en la Asociación Rural que estaba con el campo, bueno, los trabajadores de la naranja son del campo y esperan que se atienda ese reclamo”, mencionó. En este sentido, dijo que hasta el momento, las medidas implementadas por el gobierno “son insuficientes” y recordó que la Cepal dejó en evidencia que “Uruguay es el país de América Latina que menos ha invertido en solventar a los sectores socialmente más castigados”.
FUS no descarta "agudización" de conflicto
El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, no descartó una agudización del conflicto en caso que el gobierno en un plazo de diez días no brinde una respuesta concreta a los reclamos del sector en los Consejos de Salarios.
“Nosotros no vamos a la lucha como gimnasia pero está claro que los planteos que hemos hecho y el despliegue en el cuidado de la salud de los uruguayos debe tener un reconocimiento” afirmó Bermúdez tras una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“El gobierno nos pidió una prórroga de diez días y si no hay una respuesta concreta en este plazo, lo que va a haber es una profundización del conflicto, por lo menos eso es lo que lo vamos a plantearle a las compañeras y compañeros”, afirmó.
En este sentido, el dirigente, anunció que la FUS comenzó con encuentros regionales en todo el país, a “recorrer el camino de informar a los trabajadores y trabajadoras en qué situación estamos y evaluando alternativas”.
El secretario general de la FUS, recordó que las negociaciones comenzaron en el mes de julio y “hoy a la altura que estamos de octubre no hay un convenio firmado y no lo hay básicamente porque el gobierno que asumió el 1° de marzo tiene un objetivo y es (concretar) un ajuste social sobre la asistencia a las grandes mayorías populares”.
“No vale que el gobierno se desespere por ver cuántos argentinos vienen a Punta del Este o cómo se sostiene el grado inversor si no se preocupa por cuidar a los trabajadores de la salud y esto significa que tengan un salario que por lo menos les permita sostener sus mínimas necesidades y eso es parte de la discusión en la que estamos hoy parados”, concluyó.
Presupuesto: FFSP advierte riesgo de “hipotecar el futuro de la salud pública"
Los trabajadores de la salud pública volvieron a reclamar mayor presupuesto en el marco de las discusiones del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal que enmarca los fundamentos y las orientaciones económicas de políticas públicas del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Los trabajadores agremiados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya han manifestado su disconformidad con el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que sostienen que queda evidenciado que el gobierno prioriza lo fiscal sobre lo social y en ese sentido, en el marco de movilizaciones y reuniones “para cambiar aspectos fundamentales”, es que el pasado martes 6 la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizó una jornada de concientización frente a la Intendencia de Montevideo, repartiendo volantes y juntando firmas para ser presentadas a las autoridades, solicitando que el personal de la salud sea incluido en una ley de insalubridad que contemple necesidades salariales y beneficios jubilatorios.
Como parte de la movilización, se realizó una intervención urbana a cargo de un grupo de actores que están colaborando con la FFSP. El colectivo artístico recreó una emergencia en el sistema de salud por la falta de presupuesto. La performance incluyó una lectura de reclamos y culminó con la consigna “que los aplausos se transformen en presupuesto”.
Consultado el presidente de la FFSP, Martin Pereira, manifestó que estas jornadas “buscan mostrar el déficit que se va a generar si no se asignan más recursos; los trabajadores hemos denunciado una alarmante pérdida salarial y de servicios si se aprueba este presupuesto tal como está presentado”. Pereira recordó que ya se realizaron varias intervenciones urbanas de concientización y movilizaciones en Montevideo “y vamos a seguir haciéndolas en la capital pero también en algunas ciudades del interior del país”, aseguró.
“Este proyecto de presupuesto quinquenal privilegia los aspectos económicos y (trata) de mejorar el déficit fiscal por sobre la calidad de vida de las personas, por ejemplo, el régimen de certificaciones que quiere introducir un artículo donde nos descuentan el 30% del sueldo por estar enfermos, o la segura pérdida de salario real de un 5% para los trabajadores públicos y de ASSE. Entendemos que de no haber cambios, se hipoteca el futuro de la salud pública, porque los trabajadores en las áreas especializadas van a priorizar lo económico y van a migrar hacia el sector privado, nosotros queremos mantener la calidad de atención en ASSE. Seguimos apostando a tener más recursos humanos bien pagos y con todas las herramientas para toda la población y que la atención sea la misma, tanto en Montevideo como en el resto del país”, agregó.
Desde el sindicato, reclaman la contratación de más personal para atender el incremento en la demanda de usuarios, que actualmente son 80 mil y cuya cifra se proyecta alcance a los 120 mil socios nuevos para fin de año, “pero mientras estamos discutiendo esto, hay directores de hospitales que en el afán de ajustarse al plan de recortes que está planteado en el presupuesto, piensan eliminar o recortar fuertemente el trabajo de los compañeros y compañeras tercerizados o con contratos a término, que realizan las tareas de limpieza, cocina, cuidado de los usuarios dentro del hospital. El gremio considera que estos compañeros son fundamentales en el equipo de salud, que, sin dudas sin ellos, la asistencia se va a ver tremendamente perjudicada tanto en su atención como en su correcto funcionamiento”, concluyó Pereira.
¿Y el protocolo?, bien, gracias
Docentes y funcionarios del liceo 18 ocuparon el centro educativo
Los docentes del Liceo 18, ubicado en Millán y Pantaleón Sotelo, han procedido a la ocupación del mismo y reclaman se aumenten los auxiliares de servicio
Las discrepancias sobre el aumento de la presencialidad en diferentes niveles educativos, suma en esta jornada un nuevo capítulo.
Los docentes del Liceo 18, ubicado en Millán y Pantaleón Sotelo, han procedido a la ocupación del mismo y reclaman se aumenten los auxiliares de servicio.
De acuerdo a información de Subrayado, los docentes manifiestan que, “con el cambio en el dictado de clases con más grupos, no pueden cumplir con los protocolos de higiene dada la situación de coronavirus.
En atención a ello “reclaman por la falta de auxiliares de servicio para cumplir con las medidas de limpieza e higiene dada la situación de pandemia por coronavirus”, una posición que ha sido planteada por otros liceos y que aparece como una de las críticas que desde ADES Montevideo, se realizan a las condiciones laborales de los docentes.
Anteriormente, los docentes y funcionarios del núcleo sindical del Liceo 39 de Piedras Blancas, habían denunciado cómo la ausencia de auxiliares de servicios constituía un impedimento para organizar una mayor frecuencia de horarios docentes y asegurar así una mayor asistencia de los diferentes turnos y niveles de estudiantes
Al liceo 18, ocupado en esta jornada, asisten 900 alumnos de 1º a 4º.
Tal y como acontece en otros centros educativos, allí también y con motivo de la emergencia sanitaria, en semanas distintas concurren los grupos de 1º y 3º y por otro lado los de 2º y 4º”, señala el medio de prensa.
De acuerdo a la información, “en los últimos días a los docentes les fue informado que todos los alumnos pasarán a la presencialidad de forma simultánea”, algo que se plantea sería imposible de sostener ante la ausencia de la cantidad necesaria de auxiliares de servicio que aseguren el cumplimiento del protocolo sanitario establecido por Salud Pública.
En su denuncia, los docentes señalaron al medio que “con este cambio, los docentes sostienen que no les alcanza el tiempo para acondicionar los salones y que se cumpla lo que se establece en el protocolo de medidas de higiene por coronavirus (…) Reclaman que se incorporen dos auxiliares de servicio para cada turno y que les asignen recursos o materiales de limpieza” así como “que carecen de ropa de trabajo y que los materiales de limpieza dan justo para fin de mes”, razones estas que hacen inviable la correcta desinfección de “la planta que fue habilitada”.
Presupuesto
Nueva embestida del gobierno para «privatizar» Ancap
Coalición busca derogar el monopolio de combustibles para puertos. La iniciativa fue rechazada por el Frente Amplio.
La Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda prosiguió en las últimas horas con la discusión de las modificaciones y aditivos introducidos al proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal. Una de las discusiones que retornó a la consideración de los legisladores fue la derogación del monopolio de los combustibles. A través de un aditivo, desde la coalición se pretendía derogar el monopolio para el abastecimiento de buques y aeronaves.
El artículo que fue rechazado por el Frente Amplio, señalaba textualmente: «El monopolio creado por el artículo 1 de la Ley Nº 8.764 de 15 de octubre de 1931 no regirá para la importación, comercialización y exportación de combustibles derivados del petróleo, con destino a abastecer buques o aeronaves de servicio comercial de transporte de cargas o pasajeros».
La iniciativa generó una discusión en el seno de la coalición y finalmente se resolvió solo incluir los puertos administrados por la ANP, cambio que también fue rechazado por el Frente Amplio. La nueva redacción establece: «El monopolio creado por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 y administrado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, no regirá en el Puerto de Montevideo y cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos».
El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez criticó el nuevo intento del gobierno de «privatizar» la comercialización de combustibles. «Además permite que Ancap arriende sus instalaciones. Un negoción para los privados: alquilan, no invierten y participan del 25% del mercado de venta», expresó.
pretenden dejar de descontar las cuotas sindicales
Blancos insistirán en reglamentar la actividad sindical
El proyecto pretende que los sindicatos tengan personería jurídica y elecciones por voto secreto y el tercero que se presenta en este sentido.
La libertad sindical vuelve a estar en la mira de la coalición multicolor, ahora con el proyecto que los senadores Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y Amín Niffouri presentarán en el Parlamento y que insiste con la personería jurídica para el Pit-Cnt y el voto secreto.
Así lo anunció Bianchi en su cuenta de Twitter. Indicó que el proyecto pretende obligar a la central sindical a tramitar su personería jurídica, a elegir autoridades por voto secreto y derogar la obligación del descuento sindical por planilla.
Se trata del tercer proyecto en este sentido. Hay dos, uno presentado por Cabildo Abierto y otro por el diputado blanco Pablo Viana, que también insisten con la personería jurídica.
Los proyectos se suman a las opiniones que casi a diario referentes de la coalición expresan sobre la actividad de los sindicatos y su vida.
El anterior fue presentado por el diputado nacionalista Pablo Viana, exjefe de campaña del senador Juan Sartori.
Se trata de un texto de 16 artículos que prevé, entre otras cosas, que las “organizaciones sindicales que no cumplan con el requisito de la personería jurídica no podrán ejercer válidamente la representación de sus afiliados ni ninguno de los derechos que les acuerda la ley, estando impedidas de desarrollar cualquier tipo de actividad”.
El proyecto de Viana apunta a generar un movimiento sindical funcional al empresariado.
Obligados
Su proyecto, entre otras cosas, propone la obligatoriedad de la personería jurídica para los sindicatos.
Se involucra en la vida interna de los sindicatos al proclamar el derecho a la información.
Al igual que la ley 15.137 de Asociaciones Profesionales de la dictadura, divide a los sindicatos en organizaciones de primer, segundo y tercer grado.
Deja sin efecto la licencia sindical y por lo tanto la posibilidad de actuar de los dirigentes sindicales.
En mayo legisladores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto para obligar a la personería jurídica de las organizaciones sindicales.
En su artículo 2° se establece que el estatuto “deberá garantizar el pleno funcionamiento de la democracia interna”, así como “la separación de poderes” entre sus organismos.
Establece la “libre elección” de sus directivos, mediante el voto directo, universal y secreto.
Fernando Pereira: "La defensa de los comedores escolares"
Los comedores escolares no son sólo la condición necesaria de extender la jornada pedagógica, son también un espacio para compartir la mesa y el menú, y educar en hábitos alimentarios. Por todo esto, también por razones nutricionales, el Magisterio ha defendido y defiende este servicio creado en 1920, al que se destinan $ 2000 millones del Impuesto de Primaria.
Reabrir este servicio es un objetivo común que tiene que ser compatible con el protocolo para prevenir el COVID-19.
Por eso la FUM-TEP solicitó al Consejo de Primaria las condiciones que permitan atender esos criterios sabiendo que un comedor tipo prevé un metro cuadrado por comensal, pero que la distancia física sostenida impone casi el doble, es decir que son aprox. 60 los alumnos que pueden almorzar en cada tanda.
Cumplir con estos máximos, con los tiempos de desinfección y ventilación, y con el servicio en las condiciones de higiene requiere más personal auxiliar; materiales de limpieza suficiente, espacios locativos adecuados, reglamentación clara que proteja y regule el servicio, y mantener en forma complementaria el sistema de viandas.
Pero, especialmente, exige respetar la organización y los plazos que cada escuela se dio para que el comedor observe el protocolo vigente.
La FUM respaldará a aquellos equipos de auxiliares y docentes que se nieguen a implementar un servicio que violente esos protocolos y alerta sobre los riesgos que ello implicaría.
Conocemos muchas escuelas que por el número de auxiliares que tienen o cumplen con el protocolo sanitario, o cumplen con el servicio de comedor y ésta es una circunstancia qué hay que evitar, y una forma es contratar el personal auxiliar suficiente.
Sin dudas todos deberíamos llamarnos a la reflexión, para no llegar a imposiciones inapropiadas.
Fernando Pereira
Presidente de AFUPRIM
PIT-CNT rechaza "por forma y contenido" proyecto que posterga licencias
Ante la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que modifica el cómputo de licencia para el seguro de paro y establece la postergación del goce de licencia, el PIT-CNT declara:
Que dicho proceso, una vez más, desconoce los instrumentos de negociación colectiva, la participación tripartita y el diálogo social.
Que al mismo tiempo se establecen, en un contexto especial determinado por la emergencia sanitaria, modificaciones sobre el régimen general de licencia, que implican retrocesos sobre derechos conquistados hace décadas por los trabajadores y trabajadoras del Uruguay.
Los nuevos criterios para computar los jornales que generan derecho a la licencia, flexibilizan y desregulan en el derecho a la licencia de los trabajadores, violentan la normativa internacional establecidas en el Convenio 132 de OIT y concentran discrecionalmente en el Poder Ejecutivo quien podrá resolver de forma arbitraria.
Entendemos que es atendible la necesidad de buscar mecanismos especiales para regular la situación generada por la emergencia sanitaria, pero los mismos no deben realizarse al margen de la negociación tripartita y que en ningún caso debería utilizarse la pandemia como excusa para establecer recortes en los derechos laborales.
Por ello, rechazamos por razones de forma y contenido la iniciativa planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Una vez más expresamos nuestra disposición al diálogo permanente, entendiendo que asuntos de esta envergadura requieren de consensos y acuerdos entre los diferentes actores.
Secretariado Ejecutivo
Montevideo, miércoles 7 de octubre de 2020.
Bleier, duelo, sanación y compromiso
A un año de la aparición de los restos mortales de Eduardo Bleier, este miércoles 7 se realizó un acto conmemorativo, que incluyó una marcha desde el Museo de la Memoria (MUME) hasta el ex Batallón Nº 13 de Infantería de avenida de las Instrucciones.
El acto se desarrolló en un clima de profunda emoción, con momentos de silencio respetuoso y otros donde las palabras abrazaron la historia.
El periodista Gerardo Bleier, explicó que la posibilidad de realizar el duelo, trae consigo cierta sanación, pero también renueva "el compromiso por seguir buscando a los detenidos desaparecidos" cuyos restos aún no se han podido hallar, y posibilitar que todas las familias puedan tener un momento sanador.
Según explicó Bleier, la aparición de los restos "es la resurrección de una ética". En otro momento, se preguntó "¿por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué debimos esperar 43 años para identificar sus restos? ¿Qué significaban Eduardo Bleier y los demás detenidos salvajemente torturados en el 300 Carlos? Ellos contenían un profundo humanismo radical".
Bleier dijo que en todas partes del mundo está resurgiendo el fascismo y que por ello, "es necesario comprenderlo en profundidad, estar alertas por la construcción de la calidad de la democracia que es la que garantiza el ejercicio de la política".
Inddhh: se necesitan 800.000 dólares por año para buscar desaparecidos
En la actualidad se están realizando excavaciones en tres sitios: la Brigada de Comunicaciones Nº 1, el ex Batallón Nº 13 y el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) entregó a la Asamblea General del Poder Legislativo el presupuesto que necesita para cumplir con el mandato de trabajar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
El monto incluye la contratación de equipo de técnicos, el alquiler de una retroexcavadora, exámenes de ADN, consultorías del Equipo Argentino de Antropología Forense, licencias de software, entre otros gastos.
«La negativa de los perpetradores o testigos directos a proporcionar información veraz sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos obliga a definir amplias extensiones de terreno para excavar en función de informes indirectos y a destinar mayores recursos humanos y financieros durante más tiempo», dice el documento.
En la actualidad se están realizando excavaciones en tres sitios: la Brigada de Comunicaciones Nº 1, el ex Batallón Nº 13 y el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14.
