COVID-19 en el mundo: ONU advierte que la hambruna podría alcanzar “proporciones bíblicas”
para finales de 2020, el número de personas que padecen hambre podría aumentar en un 80 % a nivel mundial y en un 269 % en los países latinoamericanos. Foto: Reuters.
Agravados por el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus, los problemas de desnutrición y de hambruna, podrían alcanzar “proporciones bíblicas”, advirtió David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas(ONU).
Según señaló este sábado en una entrevista con TASS, en los próximos seis meses la entidad necesitará casi 5 000 millones de dólares en fondos para seguir adelante con sus actividades humanitarias, que buscan mitigar las consecuencias de la pandemia.
“Todos nuestros datos, incluido el pronóstico del PMA sobre un aumento del 80 % (a nivel mundial) en el número de personas que padecen inseguridad alimentaria —de 140 millones antes de la pandemia a 270 millones para finales de este año—, apuntan a un desastre real. Estamos en riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas”, alertó Beasley.
Según las estimaciones de la agencia humanitaria, la falta de seguridad alimentaria afectará en especial a América Latina, donde se prevé un crecimiento de un 269 % en el número de personas que padecen hambre y desnutrición.
Una situación igualmente dramática —agregó— se observa en la parte oriental y central de Asia, donde se prevé un aumento del hambre del 135 %, mientras que en Sudáfrica esta proporción ascenderá a casi el 90 %.
“La misión del PMA es la de proporcionar alimentos a 138 millones de personas en 2020. Se trata de la mayor operación humanitaria de la historia, y esta crisis sin precedentes requiere una cantidad increíble de dinero”, aseveró Beasley. “El PMA necesita 4.900 millones de dólares durante los próximos seis meses para continuar su labor humanitaria en 83 países”, agregó el funcionario, señalando que para la mayoría de estos países la ayuda de la organización internacional es “la única oportunidad de sobrevivir”.
(Con información de RT en Español)
El presidente del Banco Mundial advierte sobre 100 millones de personas en extrema pobreza por la pandemia
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió este jueves que la pandemia del covid-19 podría haber llevado hasta 100 millones de personas a la pobreza extrema. En una entrevista con AFP, Malpass señaló que esta situación hace "imperativo" que los acreedores reduzcan el monto de la deuda de los países pobres en riesgo más allá del compromiso de suspender los pagos de la deuda.
Las estimaciones previas de la entidad financiera vaticinaban que serían 60 millones de personas las que caerían en la extrema pobreza por la pandemia, pero nuevos cálculos sitúan esta cifra en 70 a 100 millones de personas. El presidente de la entidad financiera con sede en Washington aseveró que "podría aumentar" si la situación epidemiológica empeora o se prolonga.
"La vulnerabilidad de la deuda es alta, y el imperativo de conseguir luz al final del túnel para que puedan entrar nuevos inversores es sustancial", señaló Malpass.
Los países del G20 con economías avanzadas ya se han comprometido a suspender los pagos de la deuda de las naciones más pobres hasta el final del año, y hay probabilidades de que la medida se extienda hasta el próximo año por la pandemia. Sin embargo, Malpass sostuvo que esto no será suficiente, ya que la recesión económica significa que los países que ya están luchando para proporcionar seguridad a sus ciudadanos no estarán en mejores condiciones como para hacer frente a los pagos más tarde.
El Banco Mundial se ha comprometido a destinar 160.000 millones de dólares en fondos a 100 países hasta junio de 2021, en un esfuerzo por abordar la emergencia inmediata, mientras que este año ya ha asignado unos 21.000 millones de dólares para paliar los efectos del covid-19.
Afirmó que muchos países no podrán pagar sus deudas
Stiglitz advierte sobre la crisis
Imagen: AFP
El premio Nobel Joseph Stiglitz mostró preocupación por el nivel de endeudamiento de los países de menores ingresos. Así lo hizo a través de una nota de opinión en el portal Project Syndicate. “Son economías que tienen un total de 130 mil millones de dólares en vencimientos de deuda este año, de lo cual alrededor de la mitad se explica a partir de los compromisos de pago con acreedores privados”, planteó.
El investigador alertó que “con buena parte de la actividad económica suspendida y la recaudación fiscal en caída libre, muchos países no podrán evitar el default”. Latinoamérica no es la excepción entre los países emergentes.
El economista fue uno de los líderes globales que apoyó los criterios de reestructuración propuestos por la Argentina para alcanzar un acuerdo de canje con los principales fondos de inversión del mundo. Stiglitz aseguró que una de las alternativas para los países de ingresos bajos y medios es avanzar en un programa de recompra voluntaria de bonos.
“Estas operaciones son habituales en el sector corporativo y resultaron eficaces en los noventa en América Latina y luego en el caso de Grecia. Tienen además la ventaja de que evitan las duras condiciones típicas de los acuerdos de canje de deuda”, mencionó el investigador. Propuso un mecanismo multilateral de recompra de deuda a cargo del Fondo Monetario Internacional.
“El FMI puede usar recursos ya disponibles, los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos, y fondos complementarios de un consorcio mundial de países e instituciones multilaterales”, indicó. Agregó que “una de las posibilidades es que los países que no necesiten toda su asignación de derechos especiales de giro (unidad de cuenta del FMI) puedan donarla o prestarla al nuevo mecanismo”. “Para garantizar la máxima reducción de deuda con un nivel dado de gasto, el FMI puede celebrar una subasta, anunciando que sólo recomprará una cantidad limitada de bonos”, agregó.
El premio Nobel es fuertemente crítico de los inversores internacionales por su falta de voluntad para colaborar en solucionar los problemas de deuda de países de menores recursos. Por ello plantea en su agenda de investigación propuestas para reestructurar la arquitectura financiera global (apuntado a coordinar a las instituciones como el FMI para que jueguen un rol de intermediario y permitan equilibrar el desbalance entre grandes fondos de inversión y países pobres).
La columna en Project Syndicate – uno de los portales de opinión más importantes del mundo- fue escrita en conjunto con su colega Hamid Rashid. El economista hace meses que define a los bonistas privados que negociaron con la Argentina como inversores “cortos de vista, testarudo e insensibles”.
También plantea como un problema que las cláusulas de acción colectiva pensadas a partir de 2014 para facilitar reestructuraciones de deuda (y evitar a los fondos buitres) no sean “tan eficaces como se esperaba”. Stiglitz aseguró que “varios miembros del G-20 y el FMI suspendieron los vencimientos de deuda de este año. Pero buena parte de los beneficios del alivio provisto por los acreedores institucionales irá a manos de acreedores privados que se niegan a hacer algo similar”.
El mundo financiero pospandemia es impredecible. La economía global enfrenta fuertes desequilibrios
La bomba de deuda de Estados Unidos
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Los inversores globales reciben informes con datos alarmantes: el 40 por ciento de la deuda externa de los países emergentes enfrenta riesgo de incumplimiento el próximo año. Las advertencias no recaen únicamente sobre las economías no desarrolladas.
El establishment financiero mundial empieza a mirar con desconfianza el sobreendeudamiento de Estados Unidos. La deuda de ese país representaba el 35 por ciento del Producto en 2007. La cifra se elevó a 70 por ciento en 2013 y este año superará el 100 por ciento.
El presupuesto del Tesoro estadounidense tiene el desequilibrio más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Cubrirlo requiere acumular nuevas deudas.
El año pasado el déficit fiscal de Estados Unidos fue del 5 por ciento del PIB. Este año se ubicará en el 18 por ciento y el año que viene en torno del 11 por ciento. Las cifras fueron estimadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano.
Estos datos no pasan desapercibidos entre los analistas.
Insostenible
Son cada vez más los economistas que aseguran que Estados Unidos se enfrenta a una bomba de deuda. La comparación que hacen es con los primeros años de la posguerra.
En la década del '40 el nivel de endeudamiento del Tesoro había alcanzado el 120 por ciento del Producto. Pero en la década del '60 la cifra ya era menor al 40 por ciento.
En esos años la economía estadounidense se benefició de un período dorado de producción interna. Las fábricas inglesas, alemanas y japonesas habían quedado destruidas. Los países de Asia no eran un foco manufacturero. Era otro mundo.
El planteo que hacen ahora los economistas críticos del sobreendeudamiento de Estados Unidos es que no existen las mismas condiciones para absorber los pasivos.
Puesto en otras palabras: los niveles de endeudamiento actuales no son sostenibles porque la capacidad para crecer de la economía es muy distinta.
Estados Unidos creció a ritmos de casi 4 por ciento por año durante la década del '50. Se trata de un ratio casi imposible de lograr en los próximos años.
Tres desequilibrios
El mundo pospandemia es impredecible. Pero una de las pocas afirmaciones robustas que puede hacerse es que la economía global deberá enfrentarse a tres desequilibrios importantes.
El primero es el estancamiento de los mercados internos, tanto en las economías desarrolladas como en los países emergentes.
Resulta extraño encontrar un economista que considere que no cambiarán los patrones de consumo de la población en favor de una mayor propensión al ahorro (por la incertidumbre o el efecto de las nuevas costumbres). El resultado sería una reducción del consumo e impacto sobre la demanda agregada de las economías.
El segundo desequilibrio se encuentra en el mercado laboral. Parece improbable que la crisis del coronavirus no acelere cambios en los esquemas productivos y el reemplazo del trabajo humano a favor de la automatización y la robotización.
La falta de crecimiento y la dificultad para sostener el empleo son dos problemas concentrados en la economía real.
El tercer desequilibrio, en cambio, se concentra en la financiera: la bomba de deuda de las potencias maduras y del mundo en desarrollo.
El Banco de Inglaterra advierte que Reino Unido podría sufrir la mayor recesión en más de 300 años
El Banco de Inglaterra advirtió que la economía del Reino Unido podría sufrir la mayor recesión económica en más de 300 años a causa del coronavirus, informa Reuters.
La economía del Reino Unido podría reducirse hasta un 25% durante el segundo trimestre del año en curso y la tasa de desempleo alcanzar hasta el 9% de la fuerza laboral británica.
Asimismo, existe la posibilidad de un decrecimiento económico del 14% durante el 2020, la mayor caída desde la 'gran helada' que azotó Europa en 1709.
Ante este panorama, el Comité de Política Monetaria del banco de Inglaterra votó este martes a favor de mantener la tasa de interés de referencia en 0,1% e invertir 645.000 millones de libras esterlinas (más de 793.900 millones de dólares) en la compra de bonos.
No obstante, el Banco Central de Inglaterra señala que la economía británica podría tener un repunte del 15% durante el próximo año de relajarse las medidas cierre de negocios durante los próximos meses.
Alemania sufre en el segundo trimestre del año la peor caída del PIB del último medio siglo
La economía de Alemania se ha contraído un 10,1 %
en el segundo trimestre de este año, su mayor caída en al menos medio
siglo, lo que indica la escala del reto al que se enfrenta Europa tras
el golpe sufrido por negocios y hogares por la paralización económica causada por la pandemia del coronavirus.
Los recortes de empleos
y las crecientes preocupaciones por nuevos rebrotes de covid-19 están
desacelerando el regreso a los niveles prepandémicos de la economía, explica la agencia Bloomberg.
El desempleo sigue siendo un gran factor de riesgo. Así, la aerolínea alemana Lufthansa está recortando miles de puestos de trabajo, mientras que el fabricante automotriz Daimler, propietario de Mercedes, ha anunciado una reducción de horas laborales durante un año para algunas categorías de sus trabajadores.
Asimismo, el país germano experimentó importantes caídas en el consumo, las exportaciones y las inversiones entre abril y junio.
"El ritmo de recuperación dependerá parcialmente de la eficacia de la estimulación gubernamental por valor de 130.00 millones de euros [153.000 millones de dólares] aprobada en junio y de cuán rápido se elevará la demanda de las exportaciones alemanas. Pero el pronóstico es altamente incierto incluso tras el acuerdo fiscal sin precedentes de la Unión Europea apoyado por Alemania y Francia", señala la agencia.
El desplome del 10,1% la locomotora económica de Europa es un presagio de cifras aún peores en otras partes del bloque comunitario, según Bloomberg, que espera que España, Francia e Italia reporten el próximo viernes contracciones aún más drásticas en sus PIB.
Francia sufre su peor desplome económico desde la Segunda Guerra Mundial
La economía francesa ha sufrido una caída récord del 13,8 % en el segundo trimestre de este año, según revelan los últimos datos de la agencia nacional de estadísticas INSEE, que evidencian el alto coste de la paralización económica provocada por el covid-19.
Este
desplome histórico supone el tercer trimestre consecutivo de
decrecimiento luego de que la economía gala empezara a contraerse a
finales del año pasado, antes de que la pandemia del coronavirus
empezara a golpear Europa. La economía continuó su descenso en los
primeros tres meses de 2020, cuando se introdujeron las medidas de
cuarentena y el cierre de negocios, cayendo un 5,9 %.
Conforme a los últimos datos, el consumo interno, uno de los principales impulsores económicos, ha caído entre abril y junio aún más que en el primer trimestre del año, el 11 % frente a casi el 6 %, respectivamente.
El Gobierno galo ha declarado que el país está sufriendo la peor conmoción económica desde la Segunda Guerra Mundial. El gobernador del Banco de Francia, Villeroy de Galhau, pronosticó esta semana un desplome del 10 % para el global del año 2020 y afirmó no cree que la economía regrese a los niveles previos a la crisis hasta principios de 2022.
El devastador impacto de la pandemia, que ha borrado años del crecimiento del PIB, se ha dejado sentir a lo largo de toda Europa. El descenso de Francia es peor que el de Alemania, la locomotora económica de la región, que reportó este jueves una caída sin precedentes del 10,1 % para el segundo trimestre del años. España reveló sus datos este viernes, con un estrepitoso desplome del 18,5 % en el mismo periodo. Por su parte, el PIB de Italia, la tercera economía europea, decreció más el 12 %.
A fecha de hoy, se registran 1,7 millones de infectados y 182.136 muertes por covid-19 en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Algunos gobiernos europeos ya se muestran preocupados sobre una posible segunda ola de la enfermedad después de que varias naciones, entre ellas, Francia y España, hayan experimentado un aumento de los casos tras la reapertura de sus fronteras.
Caída histórica del PIB español: se hunde un 18,5 % en el segundo trimestre por la crisis del coronavirus
El Producto Interior Bruto de España ha caído en el segundo trimestre de este 2020 un 18,5 % debido a que los meses de abril, mayo y junio se han visto marcados por una congelación de la actividad económica por el confinamiento decretado por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.
La consecuencia ha sido la contracción de la riqueza del país de forma nunca vista en la historia reciente que, además, ha hecho que la nación entre en recesión técnica, al encadenar dos trimestres seguidos de desplome del PIB. Se trata de la tercera vez que España entra en recesión en este siglo, las dos primeras veces se produjo durante la crisis de 2008, que en el país ibérico tuvo forma de 'W'.
Una economía lastrada por el consumo
La economía ha sido lastrada por la demanda, sobre todo la nacional. Así, el consumo de los hogares cayó un 21,2 % en este segundo trimestre, debido al cierre de numerosos sectores comerciales y de ocio y a la preocupación de las familias por sus puestos de trabajo, según el documento publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su parte, el gasto público aumentó un 0,4 %, muy por debajo de la subida del 1,8 % que experimentó el primer trimestre, cuando hubo de hacer frente al aluvión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En cuanto al empleo, el INE analiza las horas efectivamente trabajadas, como variable "que refleja de manera más clara los efectos inducidos en el empleo por la pandemia y las sucesivas medidas adoptadas para combatir sus efectos". Así, recoge que las horas trabajadas han disminuido un 24,8 % y que los puestos equivalentes a tiempo completo descienden un 18,5 %.
El desplome de la economía española desde abril a junio se aproxima a lo pronosticado por diferentes instituciones: la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) predijo una caída del 20 %; el banco BBVA, del 17 %; y el Banco de España, del entorno al 20 %.
La crisis económica tiene fuerte impacto en el comercio internacional y en la organización de la producción global
La pandemia aceleró el ciclo de la desmundialización
Imagen: AFP
En el último capítulo de La Teoría General, Keynes explicó que “si las naciones pudieran aprender a alcanzar y mantener el pleno empleo usando únicamente la política económica interna, ningún país tendría un motivo poderoso para imponer a los otros países sus productos y rechazar los de sus vecinos”.
Esta cita muestra que, como siempre, Keynes se extirpa del corset de la simplicidad del modelo explicativo sobre las presuntas ventajas del intercambio integrándolo en la dimensión macroeconómica. Y cuando se comprende la relación entre el comercio internacional y la realidad económica interna de cada país los presuntos misterios y ventajas del impacto del comercio exterior se desvanecen.
Al final de los años '80 y hasta la Gran Recesion provocada por la especulación financiera en Estados Unidos en 2008, se observa un rápido crecimiento de las exportaciones no solo en valores absolutos, sino también de la proporción de éstas respecto a la riqueza global (PIB), lo cual significana que una parte creciente de lo producido al interior de algunos países se destinaba a otros espacios geográficos.
La medición de este crecimiento fue, en parte, errónea puesto que las cadenas de valor hacían que, por ejemplo, las exportaciones de componentes electrónicos de algunos países hacia China aparezcan luego contadas como exportaciones chinas del producto terminado; vale decir se contaba dos veces.
A partir de 2009 esas cadenas de valor se orientaron a la baja, salvo en 2011 y 2012, y esa tendencia se aceleró en los años siguientes hasta la severa y brusca caída con la pandemia de la codiv-19.
Mundialización
El concepto de mundialización surgió como explicación de esta evolución del comercio y fue descripto por los economistas ortodoxos como una tendencia “natural”, debido al progreso de las comunicaciones, Internet, los transportes.
Los más osados sugirieron que el grado de mundialización podía medirse a través de la variación de dicha relación. Y algunos fueron mucho más allá puesto que se atrevieron a sostener que era el aumento del comercio el que arrastraba el crecimiento de la economía mundial tomando como paradigma la economía china.
Los intercambios económicos fascinan a funcionarios y economistas, y son importantes para un país dado que en el cálculo del PIB, las exportaciones se suman mientras que las importaciones se restan. Lo que se exporta es trabajo y empleo contenido en los bienes y servicios, pero lo que se importa es desempleo cuando se compra en el exterior lo que podría producirse en el propio país.
Si no existen otros condicionantes, políticos, sanitarios, el precio del bien es la variable más importante en el intercambio y es por esto que la Organización Mundial del Comercio (OMC) y economistas ortodoxos han adoptado como modelo explicativo de la manera en que se desarrolla el comercio el principio de las “ventajas absolutas”. Estas fueron expuestas por Adam Smith en el Libro IV de su obra Sobre la Naturaleza y el Origen de la Riqueza de las Naciones.
En ese texto se afirma que "el comportamiento de un buen padre de familia es de no tratar de hacer en su casa por sí mismo lo que le costará menos de comprar afuera”. Pero para poder importar el prudente padre de familia de Smith, que es el rey, debe poder vender algo para pagar lo que compra y, como lo señala Keynes, quizás tenga que limitar sus costos -“hambrear a su propia familia”- para disminuir el precio de los productos para vender y así obtener los medios para poder comprar lo que desea.
Esto puede hacerse de manera visible o con disimulo, pueden limitarse los salarios o el acceso a la salud o la educación, y practicar el dumping social. Pero en la actualidad, los que importan y los que exportan y recogen los beneficios son los individuos y las empresas y no “el país”, como dicen los modelos.
Vale decir que el producto de las ventas puede volver al país o no, si quienes realizan las operaciones lo desean o los gobiernos lo imponen. Se recuerda en ese sentido el 17 de noviembre 2017 cuando Macri firmó un decreto por el cual las empresas exportadoras tenían un plazo de 10 años (antes 3 meses) para repatriar las divisas obtenidas. Esta medida hizo disminuir la entrada de dólares, precipitó el pedido del crédito al FMI y fue una de las medidas que provocaron la crisis financiera de 2018.
Smith trató de mostrar y convencer, lo que olvidan de explicar demasiado seguido los profesores de Comercio Internacional, que permitiendo que entren a precios módicos, sin aranceles, los alimentos desde Francia, eso permitiría de abaratar el valor de los salarios y favorecer a los burgueses urbanos, perjudicando a los aristócratas terratenientes.
Vale decir que, como señala Keynes, el objetivo del comercio no es sólo comprar un bien inexistente en un espacio económico determinado, sino modificar los parámetros macroeconómicos al interior de cada espacio o país. Esto permite mostrar que, en el intercambio, hay quienes ganan y quienes pierden ya que la consecuencia de la apertura del comercio provocará una ganancia para aquellos productores que pueden exportar y expandir su producción y una perdida para los que proveen bienes que serán sometidos a una concurrencia que es, en general, desleal puesto que el comercio hay dumping y subsidios que abaratan el producto.
La historia y la actualidad muestran que la fuerza de los exportadores está además ligada a la dominación política, y que sin ésta no hay una perennización de la corriente exportadora.
Apertura
La globalización fue promovida en las instancias internacionales mediante una incitación a una “apertura de los mercados”, como “garantía de la paz” que favoreció en primer lugar a los flujos financieros especulativos y a la provisión a menor precio de bienes para el consumo de los trabajadores con objetivos similares a los imaginados por Adam Smith.
Vía la importación a precios más bajos se incrementaba la capacidad adquisitiva de los salarios pero se creaba desempleo. Luego se pasó a una nueva etapa, a través de la transferencia de capitales y tecnología, que en el modelo de Smith no está contemplada, que fue la instalación de los procesos de producción de textiles, indumentaria, farmacéuticos, construcción naval, química pesada, metalurgia hacia ciertos países emergentes.
Esto produjo, en los años '90, en los países avanzados y también en Argentina, la desindustrializacion.
En la optimización de las cadenas de creación de valor cada empresa definía para disminuir el costo en un espacio geográfico particular donde se realizaba la operación específica sobre cada producto. Pero a partir de la primera década del siglo se observó lo que se llamó el “estancamiento secular”.
Los países avanzados ya no crecían más a pesar de tasas de ganancias importantes y la consolidación de masivas transferencias de ingresos de los sectores medios y populares hacia el “top 1%” (superricos).
La ortodoxia afirma que el comercio mundial enriquecía los países pero, por el contrario, su expansión empobreció vastos sectores sociales, multiplicó los llamados trabajadores pobres, los “perdedores de la mundialización”.
Esto ocurrió tanto en Estados Unidos, que es un país con un importante déficit de la balanza de pagos, puesto que en el periodo 1980 (Reagan) y 2010 el ingreso medio en valores constantes del 50 por ciento de las personas que ganan menos disminuyó. También en Alemania que en 2016 tenía un excedente de la balanza comercial equivalente al PIB de Bélgica, pero donde casi el 20 por ciento de la población gana menos del 60 por ciento de la mediana del ingreso y es considerada como pobre.
Como lo indica Keynes en el texto mencionado, para ser más “competitivo” cada país se autoimpone -o el FMI le aplica- programas de austeridad. Así se puede observar que el comercio, con el neoliberalismo, no enriquece sino que empobrece a la mayoría de las naciones.
Ruptura
La crisis del 2008 produjo la primera ruptura importante en el cuento de hadas y se impusieron cambios institucionales en la Reunión del G20 en Londres, en abril del 2009. Los Estados Unidos con el apoyo de Argentina, Brasil, China y México propusieron reforzar la vigilancia de la legalidad de las transferencias financieras especulativas, en particular de los productos derivados, a través del GAFI, lo cual provocó una caída del 40 por ciento de las mismas.
En lo que concierne la industria y los servicios, como se indicas más arriba, la ralentización de las exportaciones es una evidencia estadística y hay que explicar su origen.
La relocalización o reinteriorizacion parcial de los procesos de producción de bienes o de servicios, incluso de la industria del software, se dio en tres fases:
1. Se desarrolló a partir del 2008 con una dinámica económica propia en los países avanzados debido a la caída de la demanda, el incremento de los precios de los productos importados por el alza de los costos salariales en los países emergentes, las perdidas ligadas a la falta de controles de calidad, el incremento de los costos del transporte y en el caso europeo las nuevas regulaciones ecológicas que pueden interpretarse como una barrera no arancelaria. Además la progresiva sustitución de las importaciones de energía que llevó a los Estados Unidos al autoabastecimiento petrolero.
2. Antes de la pandemia hubo un cambio en la posición de Estados Unidos, y de Trump en particular, con la promoción del “America primero”, que instauró un proteccionismo de facto y específico para cada producto para favorecer las empresas estadounidenses frente a las importaciones, como el caso del acero y el aluminio. Pero también, en la aeronáutica, el queso parmesano, los tomates en lata, el champagne, el whisky o el jerez. La Argentina conoce bien el caso de la carne vacuna y los limones. Más importante para el futuro es el ensayo de trabar toda “desamericanizacion” de las tecnologías de punta. Esto va desde la sobreimposición a las exportaciones de Airbus, o la tecnología 5G en la prohibición de aplicaciones chinas.
3. Se despliega en la actualidad con la pandemia: los países avanzados descubrieron que eran dependientes de importaciones y que esto era una fragilidad de sus economías que costaba muy cara. La imposibilidad de disponer de barbijos o de medicamentos banales, como el paracetamol, ya que se habían desmantelado sectores enteros de producción y el aprovisionamiento dependía de las importaciones, provocó un cambio abrupto en la evaluación de las supuestas bondades de la mundialización.
No es la primera vez, puesto que Francia e Italia habían llegado a un acuerdo para mantener la industria de construcción naval nacionalizando las empresas, lo mismo pasó con las compañías de aviación, o la nacionalización de facto de la industria ferroviaria de material rodante. En la urgencia, el Estado francés acaba de programar el gasto de 10 mil millones de euros y Alemania, España, Italia y Gran Bretaña han tomado medidas similares para reinternalización de algunos procesos de producción de bienes semiestratégicos, como el aluminio, aceros especiales o la alimentación.
Pero varias empresas escaldadas por el “América Primero” han comenzado a tomar otras precauciones, como Samsung que acaba de anunciar el desplazamiento de usinas de China a Vietnam ante la eventualidad de la aplicación de aranceles políticos.
Los procesos económicos reflejan las relaciones y tensiones sociales y políticas imperantes. La observación de la evolución actual muestran que se ha abierto un lento pero inexorable ciclo de cambios y de turbulencias en las relaciones económicas internacionales.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.
La pandemia ha sido buen negocio para los multimillonarios en EEUU
Cada vez más ejecutivos y banqueros expresan alarma por lo que llaman el caos del Gobierno de Trump, sobre todo en su inepto manejo de la crisis del coronavirus. Foto: Carlo Allegri/Reuters.
La doble crisis –salud pública y económica– ha devastado la vida de millones, pero para unos cuantos multimillonarios la pandemia ha resultado ser buen negocio en Estados Unidos.
Entre el 18 de marzo y principios de agosto, la riqueza total de los multimillonarios estadounidenses (aquellos que poseen fortunas mayores a 1 000 millones de dólares) se incrementó en 685 000 millones de dólares.
Hoy día, los multimillonarios estadounidenses gozan de una riqueza combinada de más de 3.65 billones de dólares, revelaron investigadores de inequality.org, un proyecto del Institute for Policy Studies (IPS).
Unos 467 multimillonarios vieron incrementarse su riqueza desde mediados de marzo, cuando oficialmente se declaró una emergencia nacional por el coronavirus, con la riqueza total de este club incrementándose 30% desde inicios de la pandemia hasta la fecha.
Entre los que más se han beneficiado durante este periodo están Jeff Bezos (Amazon), con un incremento de su riqueza neta de 71 000 millones; Mark Zuckerberg (Facebook), con un incremento de 38 000 millones de su fortuna personal (de hecho, ya superó los 100 000 millones en su riqueza personal); Elon Musk (Tesla), con 46 000 millones, y Bill Gates, con 14 000 millones.
Durante ese periodo, unas 160 000 personas han fallecido por la COVID-19, entre un total de más de cinco millones de contagiados en Estados Unidos. A la vez, unos 30 millones están recibiendo beneficios de desempleo, sin contar a los que no tienen derecho a esa asistencia, incluido todo migrante indocumentado y sus familias. Nuevos cálculos indican que un tercio de los inquilinos en Estados Unidos no podrán pagar sus rentas en agosto, reportó Bloomberg.
El senador Bernie Sanders está promoviendo un proyecto de ley para imponer un impuesto de 60% sobre el incremento de estas fortunas durante este periodo, lo cual podría generar más de 400 000 millones de dólares para dedicarlos a gastos médicos de los más necesitados.
Un impuesto de emergencia sobre la riqueza de multimillonarios es justo lo que se requiere. Estos permanecerán miles de millones de dólares más ricos que el año pasado y una porción de su extrema riqueza sería desplegada para abordar la crisis de la COVID-19, argumenta Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad de IPS.
Los nuevos datos son una actualización del informe sobre los
multimillonarios en tiempos de pandemia, emitido este año
(ips-dc.org/billionaire-
Por otro lado, aunque el Gobierno de Donald Trump ha beneficiado a los más ricos a través de una reducción en impuestos, desmantelamiento de normas y regulaciones y menos controles sobre el manejo de capital, los guardianes de Wall Street están invirtiendo cada vez más en la campaña del contrincante demócrata, Joe Biden.
De hecho, durante los últimos meses el sector financiero ha apoyado la candidatura de Biden cuatro veces más que la de Trump, otorgando hasta la fecha unos 44 millones de dólares para el demócrata frente a solo nueve millones para el presidente, según datos calculados por el Center for Responsive Politics.
Entre las razones de la creciente desconfianza hacia Trump, según varias entrevistas con altos ejecutivos de Wall Street en los últimos meses, incluido Jamie Dimon, el poderoso ejecutivo en jefe del banco estadunidense más grande, JPMorgan Chase, está el reconocimiento explícito de que la creciente desigualdad económica extrema no es sostenible.
Asimismo, cada vez más ejecutivos y banqueros expresan alarma por lo que llaman el caos del Gobierno de Trump, sobre todo en su inepto manejo de la crisis del coronavirus, reportó el New York Times.
(Tomado de La Jornada)
CADA 14 DÍAS HAY NUEVO BILLONARIO EN AMÉRICA LATINA DESDE INICIO DEL COVID
- Publicado: 28 Julio 2020
Cada dos semanas nace un nuevo milmillonario en América Latina, observa la organización Oxfam, quien ha estudiado los datos de Forbes desde el 18 de marzo al 12 de julio para medir el impacto en los bolsillos de las 73 personas más ricas de la región, cuyo patrimonio aumentó en 48,200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia.
El director interino de Oxfam, Chema Vera, cuestiona que mientras millones de personas en América Latina se enfrentan a condiciones de hambre, desalojo, despido y con el temor a enfermarse, “los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La economía en América Latina experimenta está en peligro a raíz de la pandemia Covid-19, según estimaciones de Oxfam al menos 52 millones de personas caerán en pobreza y unas 40 millones perderían sus empleos; sin embargo, también se presenta un escenario insólito ya que los multimillonarios de la región han aumentado su riqueza a pesar de las estrictas medidas de confinamiento adoptadas por los países.
Oxfam ha analizado datos de la revista Forbes, encontrando que para la región, desde marzo pasado, cuando el virus ya era un problema, en promedio nace un nuevo multimillonario cada dos semanas, algo contradictorio si se toma en cuenta que los últimos cinco meses millones de personas han cargado con dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde o ya colapsados.
Para el caso, observando los datos de Brasil, los 42 milmillonarios aumentaron su patrimonio neto de 123,100 millones de dólares en marzo a 157,100 millones en julio; los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27 % hasta alcanzar los 26,700 millones de dólares.
“Los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad”, observa Oxfam que recalca sus estimaciones sobre una pérdida de 113,400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, equivalente al 59 por ciento del gasto en salud pública de la región.
“Mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días”, afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, Chema Vera.
“Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011”, recalcó.
El equipo de Oxfam analiza que América Latina ya era la región más desigual del mundo antes de la pandemia, y los “esfuerzos” de los Gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por esa desigualdad y la corrupción, ambas profundamente arraigadas, “y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto”.
“En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal, y casi una de cada cinco vive en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia, con lo que la lucha contra la pobreza retrocedería 15 años”.
Como dato curioso, Oxfam apunta que en promedio, la inversión pública en salud de los países de América Latina es del 4 por ciento de la producción nacional de cada país, la mitad que los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
“Décadas de privatización e inversiones insuficientes han dejado a los sistemas de salud pública de la región terriblemente mal preparados e incluso los han convertido en un factor que contribuye al aumento de las infecciones por coronavirus”, sentencia Oxfam.
"El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde", concluye Vera.
Desahucios en EEUU: Un tercio de los hogares de Estados Unidos no pudo pagar la hipoteca o el alquiler en julio
20 millones de estadounidenses están
en riesgo de ser desahuciados en septiembre, cuando finalizará la
moratoria a los desalojos establecida por el gobierno de Donald Trump
cuando empezó la pandemia en el país.
Washington
19/07/2020 08:32 Manuel Ruiz Rico @ManuelRuizRico - PÚBLICOEl 32% de los hogares de Estados Unidos no pudieron hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca en julio debido a la crisis económica desatada por el coronavirus, que tiene al país norteamericano con más de 40 millones de personas en el paro. Según los datos de la web Apartment List, el 13% de los hogares sólo pudieron pagar una parte del alquiler o hipoteca mientras que el 19%, prácticamente uno de cada cinco, no pudieron realizar ningún pago en absoluto.
No es la primera vez que emergen datos tan preocupantes sobre un derecho básico como es la vivienda. Un informe del Instituto Aspen centrado sólo en el alquiler ya alertó a mediados de junio de que al menos 20 millones de estadounidenses estarán en riesgo de ser desahuciados cuando llegue septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque el 31 de agosto expira la moratoria a los desahucios fijada por la administración Trump al principio de la pandemia. 20 millones de personas es el 6,11% de la población de Estados Unidos, lo que equivaldría a que en España 2,9 millones de personas fueran desahuciadas al terminar agosto. Y eso sería sin contar los desalojos por impago de hipotecas.
El país se debate entre la crisis económica y el paro galopante y un presidente, Donald Trump, empeñado desde junio en forzar a toda costa la reapertura económica; claro que esa estrategia del Gran Regreso, como él la denomina, ha disparado los contagios y muertes por coronavirus, especialmente en Estados del sur como Texas, Florida y Arizona. Sin embargo, ese presunto Gran Regreso no lo están notando los hogares: la web Apartment List ya alertó en mayo que el 24% de ellos no habían podido pagar su alquiler o hipoteca, un porcentaje que subió al 31% en mayo y que desde entonces se mantiene estable: en junio fue del 30% y este mes el dato ha alcanzado su máximo del 32%.
"Los desahucios masivos serían un desastre", alerta el informe del Instituto Aspen, que sigue: "Tanto para los individuos como para las familias, los desahucios provocan un daño severo y cuando se extienden en la sociedad se producen consecuencias muy significativas para comunidades enteras e incluso afectarían a la velocidad de la recuperación futura".
Esta amenaza de los desahucios masivos la ha desencadenado la pandemia de coronavirus pero, junto a ésta, hay otras aristas así como un telón de fondo igualmente responsable de la situación. Una de esas aristas es el modelo de cobertura sanitaria basado fundamentalmente en pólizas privadas que el trabajador obtiene a través del empleador. En Estados Unidos, antes de la crisis del coronavirus, había más de 40 millones de personas sin seguro médico o con uno muy malo. Con los niveles de desempleos disparados por la pandemia, esta cifra supera los 60 millones. Esto significa, que personas en el paro tienen que asumir el coste de sus pólizas médicas o, si no, de las facturas en el caso de que necesiten de atención sanitaria. Es un gasto más que se añade a la hipoteca o alquiler, la factura de la compra y a la deuda o los gatos generales de esa persona o familia.
Y ése es, de hecho, el telón de fondo: un sistema económico basado en el endeudamiento. Según los datos de un informe de la Reserva Federal publicado en febrero (antes de declararse la pandemia), la deuda de las familias estadounidenses ascendía a 14,15 billones de dólares, la cifra más alta de la historia. Es decir, una media de 43.272 dólares por ciudadano (37.930 euros). De esa cifra total, las hipotecas suponían 9,56 billones de dólares mientras que la deuda por estudios ocupaba el segundo lugar con 1,51 billones, cifra que también supone un máximo histórico.
El informe alerta de que la deuda estudiantil es tan elevada que puede lastrar el futuro de los jóvenes puesto que en Estados Unidos el acceso a cualquier hipoteca o crédito (no sólo para adquirir un bien o servicio sino de tipo formativo, etcétera) depende de que uno disponga de un buen historial de crédito (credit score); dicho historial se exige en multitud de ocasiones, incluso para alquilar una vivienda. El vicepresidente de la Reserva Federal en Nueva York, Wilbert Van Der Klaauw, señaló en un comunicado que "los datos muestran que la transición a la delincuencia de quienes han contraído una deuda con su tarjeta de crédito ha aumentado constantemente desde 2016, especialmente entre los jóvenes".
Los jóvenes son los que más problemas están teniendo para afrontar el pago de sus alquileres o hipotecasLos jóvenes son, de hecho, los que más problemas están teniendo para afrontar el pago de sus alquileres o hipotecas. El 41% de quienes tienen entre 18 y 29 años no han podido afrontar el pago completo de julio (el 21% lo ha hecho parcialmente y el 20% no ha podido pagar nada), un porcentaje que es del 35% entre los 30 y los 44 años. De los 45 a los 60 años baja al 29% y para las personas por encima de los 60 años es del 19%.
El nivel de renta del hogar es determinante también, sin embargo, nadie está exento de los impagos, hasta el punto de que el 24% de los hogares con más de 100.000 dólares de ingresos anuales (87.500 euros) no ha podido pagar su alquiler o hipoteca en julio. Con todo, para los hogares con ingresos de hasta 25.000 dólares (21.900 euros) la tasa es de impago es del 42% mientras que en la franja de 25.000 a 50.000 dólares alcanza el 36%.
Richmond, epicentro de los desahucios en EEUU
A pesar de la moratoria federal a los desahucios, muchas demandas de desalojo siguen llegando a los juzgados. En Richmond, la capital del Estado de Virginia, es una de las ciudades donde más está sucediendo esto. No es extraño: la ciudad es la segunda del país con un índice más alto de desahucios mientras que el Estado ostenta la tasa más elevada en Estados Unidos. Según los datos del Laboratorio de Desahucios de la Virginia Commonwealth University, entre 2000 y 2016, el 11% de las viviendas de la capital recibieron una orden de desalojo. El dato para toda Virginia fue del 5,12%, más del doble que la media nacional. Estos datos contrastan con el hecho de que Richmond, ciudad de 223.000 habitantes (1,2 millones si se toma el área metropolitana) es la sede de nueve de las 500 compañías más grandes del país y sólo cinco áreas metropolitanas albergan más empresas de entre las 500 compañías de mayor tamaño. Sin embargo, algunos barrios de Richmond tienen una tasa de desahucio del 33%.
Una investigación de este mes del Laboratorio de Desahucios asegura haber identificado "1.055 demandas de desahucios que afectarían a 108 edificios de viviendas en Richmond y [los municipios del área metropolitana Henrico y Chesterfield, y que habrían sido tramitados a pesar de que esas propiedades estarían cubiertas bajo la ley de la moratoria". La investigación asegura que "esto significa que hay motivos para estar preocupados por el hecho de que los inquilinos en estos casos no están disfrutando de las protecciones a las que tienen derecho para la ley federal".
Kathryn Howell, directora del Laboratorio de Desahucios, explica a Público que la existencia de 1.055 demandas sobre 108 edificios "implica la existencia de casos en los que hay propietarios que están demandando a múltiples inquilinos en un solo edificio". Y todo ello, a pesar de que los inquilinos están cubiertos por la ley federal aprobada por la administración Trump.
Otro problema que afecta a otras viviendas en todo el país, advierte Howell, es que la ley aprobada por Trump tiene agujeros: "La moratoria federal", explica, "sólo cubre propiedades que estén relacionadas de algún modo con fondos de la administración federal, como la Asociación Federal de Hipotecas [una empresa hipotecaria con fondos públicos creada por Roosevelt durante la Gran Depresión] o la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios [respaldada también por el gobierno federal]. Muchas de las demandas que han llegado a los tribunales de Richmond son precisamente sobre viviendas que no están relacionadas con esta situación".
Varias asociaciones por el derecho a la vivienda están convocando manifestaciones frente a los tribunales de RichmondDesde primeros de julio varias asociaciones por el derecho a la vivienda están convocando manifestaciones frente a los tribunales de Richmond para protestar por la tramitación de los desahucios en medio de la pandemia y a pesar de la moratoria federal e incluso de una ley estatal de Virginia. El 1 de julio una de esas protestas acabó siendo atacada por la policía, que usó gas pimienta para disolverla. Ese día, Cole Blisset, miembro del Sindicato de Inquilinos de Richmond, declaró a la NBC, declaró que la capital y el Estado de Virgnia "tienen la absoluta necesidad de proteger a los inquilinos para que éstos no tengan que elegir emplear todos sus ingresos en el pago del alquiler. Tenemos familias enteras que literalmente se enfrentan a la decisión de elegir entre pagar por la comida, por la atención médica o pagar el alquiler".
Según el Laboratorio de Desahucios, en estos momentos, hay un total de 3.871 expedientes de desalojos de viviendas entre Richmond (2.212 casos), Henrico (945) y Chesterfield (714) que están siendo tramitados por los juzgados de la capital de Virginia, a pesar de que el 27% de los cuales está en teoría protegido por la ley federal. Es por esto por lo que Howell propone que "para que la moratoria legal sea efectiva, una posible solución sería que los juzgados requieran a los propietarios que demuestren previamente que sus viviendas están exentas de la moratoria antes de proceder a tramitar la demanda de desahucio, cosa que se está haciendo en algunos Estados, como Michigan".
A pesar de los agujeros de las moratorias federales y estatales, éstas unidas al cierre de los juzgados durante ciertos momentos de la pandemia del coronavirus, entre enero y mayo de este año, señala otra investigación del laboratorio dirigido por Howell, "los propietarios han presentado en el área metropolitana de Richmond un total de 9.770 demandas de desahucios frente a las 17.633 del mismo período del año pasado". Y a pesar del pronunciado descenso, de las 80.664 viviendas habitadas de Richmond ciudad, 4.447 (un 5,53%) ha recibido entre enero y mayo de este año una demanda para ser desalojada. De ahí que la investigación del Laboratorio de Desahucios alerte del riesgo de que, una vez termine la moratoria a finales de agosto, se produzca "una oleada de desahucios masivos".
En plena pandemia, millones de estadounidenses privados de agua potable
Según varios estudios y análisis, los servicios de abastecimiento de agua de los EEUU son comparables a los de las regiones más desfavorecidas del mundo. El deterioro de la infraestructura, la contaminación de las aguas subterráneas y las reservas naturales, así como el fuerte aumento del precio del agua ponen en peligro la vida de varios millones de personas.
Al menos 30 millones de ciudadanos estadounidenses viven en áreas donde el agua no respeta las normas de salubridad. Y más de 2 millones de hogares no tienen acceso al agua corriente, según las cifras de la Agencia de Protección Ambiental publicadas a principios de 2020 (1). ¿Cómo es posible una situación así en uno de los países más rico del mundo?
Las redes de distribución de agua en los EEUU han sido dejadas en gran parte al abandono por los poderes públicos durante varias décadas. Fueron construidas en el período de posguerra y la mayor parte de la infraestructura de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas está ahora en mal estado, envenenando lentamente a la población. En un momento en que en los EEUU hay casi 3 millones de casos de coronavirus y más de 130.000 muertes, la inminente crisis del agua podría afectar a todo el país a largo plazo, permitiendo al mismo tiempo que el virus siga devastando el país.
Tras una evaluación a nivel nacional de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales y aguas servidas en 2017, la Asociación estadounidense de ingenieros civiles le atribuyó una nota de "D" a todo el sistema de agua. Una mala calificación en una escala que va de la A a la E y que refleja las deficiencias del suministro de agua en los EEUU. Desde la década de 1970, el apoyo federal para el mantenimiento de la infraestructura y los servicios de agua ha disminuido casi a la mitad. Ello ha dado lugar a una drástica sangría financiera de las autoridades locales, las que a veces han utilizado medios fraudulentos para obtener algunos ahorros en el mantenimiento de las redes de agua.
Los precios del agua aumentaron un 80% entre 2010 y 2018
En la ciudad de Flint, Michigan, los habitantes siguen pagando el precio de la voracidad de sus representantes. Hace seis años, el gobernador de Michigan había decidido hacer que el río local fuera el suministro de agua de la ciudad. Esta decisión fue dictada por el deseo de eludir los tributos exigidos por la ciudad de Detroit, el principal proveedor de agua a las colectividades de los alrededores. Tras la aparición de decenas de casos de enfermedades infecciosas y neurológicas entre la población, varias investigaciones mostraron que las pruebas utilizadas para garantizar la seguridad del agua habían sido realizadas a la ligera, y que el río Flint estaba en realidad altamente contaminado con plomo debido a la erosión de las infraestructuras.
Este escándalo sanitario fue mediatizado y terminó con la condena de varios funcionarios estatales y locales. Sin embargo, la ciudad de Flint no es un caso aislado. Ya en 2016, una investigación del diario 'The Guardian' demostró que más de 30 ciudades estadounidenses habían utilizado los mismos métodos fraudulentos para analizar el agua distribuida en su territorio.
Sin poder contar con la ayuda federal, las autoridades locales dependen de los tributos de los residentes para financiar el mantenimiento de las redes. Por lo tanto, para poder realizar los trabajos de modernización, muchos municipios han aumentado los impuestos sobre los servicios de agua. Una encuesta publicada en junio por 'The Guardian' y por la asociación de consumidores Consumer Reports, señala que los impuestos sobre el agua y el tratamiento de aguas residuales aumentaron en un 80% entre 2010 y 2018 (2). En Austin, la capital de Texas, por ejemplo, el precio del agua aumentó en un 154%. Los habitantes tienen que pagar ahora facturas anuales que superan a menudo los 1400 dólares, el equivalente de más de 100 euros por mes. (3)
Según la asociación 'Circle of Blue', el aumento de las tarifas del agua no es un fenómeno limitado a las ciudades y a los estados rurales. Al menos 30 de las más grandes ciudades de los EEUU se ven afectadas por esos aumentos, que amenazan directamente a las clases medias y trabajadoras. (4) En la ciudad de Flint, donde el agua "potable" está todavía contaminada con plomo, la ciudad corta regularmente el agua a las familias en dificultades. En 2017, casi 8.000 hogares que no podían pagar sus facturas fueron simplemente privados de agua corriente.
Infraestructuras para el petróleo, pero no para el agua
Los organismos e instituciones encargados de la supervisión del agua son formales: los EEUU deben invertir en un plan de emergencia para mejorar las redes de agua y adaptarlas a los diferentes riesgos y al cambio climático. A pesar de las advertencias e investigaciones, el gobierno federal se concentra cada vez más en las políticas de desregulación y de extractivismo. El 1 de junio, la administración Trump enmendó la Ley de Agua Limpia -un decreto para la protección del agua potable- con el objetivo de permitir la construcción de varios oleoductos, perforaciónes, y de extracción minera y de petróleo en el país.
Estos procesos contribuyen activamente a la contaminación del agua y del suelo. Sin una regulación política, California y Nuevo México -amenazados tanto por las sequías e incendios como por la perforación petrolera y la extracción de uranio- podrían ser los primeros estados en enfrentarse a una escasez catastrófica de agua dentro de 20 o 30 años, advierte el Instituto de Investigaciones sobre el agua.
Mary Grant, investigadora medioambiental de la Universidad de Duke y activista de 'Food and Water Watch' [Observatorio de la comida y el agua], declaró a 'The Guardian': "La crisis del agua está amenazando a todo el país. La magnitud de la crisis requiere modificaciones fundamentales en los sistemas y redes de agua. El agua está siendo tratada como una mercancía o un lujo que beneficia solamente a los más ricos".
Notas
1) Cifras de la Environmental Protection Agency publicadas en Time, https://time.com/longform/
2) Ver el portal de Consumer Reports, https://www.consumerreports.
3) Ver artículo de Guardian, https://www.theguardian.com/
4) Informe publicado en el portal Vox, https://www.vox.com/science-
Nagasaki clama nuevamente por un mundo sin armas nucleares
El Parque de la Paz de Nagasaki ha acogido la ceremonia por el 75 aniversario del bombardeo nuclear de la ciudad. Foto: AFP.
Nagasaki conmemoró hoy el 75 aniversario del ataque atómico estadounidense sobre la ciudad. El alcalde y los cada vez menos sobrevivientes instaron a los líderes mundiales, incluido el jefe de su gobierno, a hacer más por prohibir las armas nucleares.
A las 11:02 de la mañana, el momento en el que el bombardero B-29 Bockscar lanzó una bomba de plutonio de 4,5 toneladas (10.000 libras), los sobrevivientes y otros participantes en el acto se pusieron en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los más de 70.000 muertos.
El ataque del 9 de agosto de 1945 llegó tres días después de que Estados Unidos arrojara su primera bomba atómica en Hiroshima, el primer ataque nuclear del mundo, que mató a 140.000 personas. El 15 de agosto, la rendición de Japón puso fin a la II Guerra Mundial.
En el acto en el Parque de la Paz de Nagasaki, reducido por la pandemia del coronavirus, el alcalde, Tomihisa Taue, leyó una declaración de paz en la que expresó su preocupación porque los estados nucleares se han retirado de los esfuerzos de desarme en los últimos años.
En lugar de eso, afirmó, están actualizando y reduciendo el tamaño de las armas nucleares para facilitar su uso. Taue señaló a Estados Unidos y Rusia por aumentar el riesgo al distanciarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.
“Como resultado, la amenaza de que se utilicen armas nucleares se está volviendo cada vez más real”, dijo Taue. Señalando que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares entró en vigencia hace 50 años, Taue instó a Washington y Moscú a encontrar una “senda viable” hacia su desarme nuclear en el proceso de revisión del tratado el año que viene.
“El verdadero horror de las armas nucleares aún no ha sido transmitido de forma adecuada al mundo en su conjunto” pese a los esfuerzos de los hibakusha, o sobrevivientes a las bombas atómicas, señaló.
También instó al gobierno y los legisladores en Japón a firmar con premura el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, establecido en 2017.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, asiste a la ceremonia por los 75 años del bombardeo de Nagasaki. Foto: EFE/EPA.
Tras participar en la ceremonia, el primer ministro de Japón. Shinzo Abe, criticó el tratado por ser poco realista. Ninguno de los estados nucleares se ha unido y no tiene un apoyo mayoritario ni siquiera entre estados no nucleares, afirmó.
“El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares se adoptó sin tener en consideración la realidad del duro entorno de seguridad nacional”, dijo Abe en una conferencia de prensa. “Debo decir que el tratado difiere de la posición y estrategia de Japón” aunque ambos compartan el objetivo de abolir las armas nucleares, afirmó.
Abe ha rechazado varias veces firmar el texto y reiterado que Japón no quiere elegir bando, sino servir como puente entre los estados con armas nucleares y los que no las tienen, para fomentar el diálogo y alcanzar una prohibición. Sobrevivientes y grupos pacifistas dicen que en la práctica, Japón está poniéndose de parte de Estados Unidos y otros estados nucleares.
Aunque Tokio renuncia a poseer, producir o almacenar armas nucleares, como aliado de Estados Unidos acoge a 50.000 tropas estadounidenses y está protegida por las armas nucleares estadounidenses. Los acuerdos de seguridad firmados tras la II Guerra Mundial complican que Japón firme el tratado al tiempo que refuerza sus fuerzas armadas ante amenazas de Corea del Norte y China, entre otras.
Un grupo de sobrevivientes ha expresado una creciente sensación de urgencia por contar sus historias con la esperanza de llegar a las generaciones más jóvenes para que continúen sus esfuerzos por alcanzar un mundo sin armas nucleares.
Vigilia en memoria de las víctimas del ataque nuclear sobre la ciudad japonesa de Nagasaki en el 75º aniversario. Foto: Getty Images.
“A los sobrevivientes no nos queda mucho tiempo”, dijo Shigemi Fukabori, de 89 años. Cuando Nagasaki fue bombardeada, él era un estudiante de 14 años movilizado para trabajar en un astillero.
“Estoy decidido a seguir contando mi historia para que Nagasaki sea el último lugar de la Tierra en sufrir un ataque atómico”, afirmó.
Fukabori, que perdió a cuatro hermanos casi de forma instantánea, dijo que nunca olvidaría las pilas de cuerpos carbonizados, los tranvías destrozados y a los heridos pidiendo ayuda y agua con desesperación mientras él corría de vuelta a su casa tras la catedral de Urakami, que también quedó casi destruida.
“No queremos que nadie más pase por esto”, dijo.
(Con información de AP)
Chile 1970-73: La revolución desarmada(*).
- por Franck Gaudichaud (*)
La posibilidad de que los Cordones Industriales reaccionen a las maniobras militares y se lancen al combate en defensa de la revolución representó uno de los mayores temores para los golpistas chilenos. Pero tal respuesta nunca llegó.
En Chile, como en otras latitudes, la célebre frase de Carl von Clausewitz según la cual «la guerra es la continuación de la política por otros medios» parece verificarse. Como lo subraya la historiadora María Angélica Illanes: «El tema de la historia de la Unidad Popular y de los cordones industriales debiera ser, más bien, el de la no-insurreccionalidad armada de la vía chilena. Tema que en realidad constituye la gran pregunta sobre la historia del movimiento obrero en Chile».
Comprender el fin del poder popular implica entonces, interesarse en la ofensiva que llevó a cabo la oposición, las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares durante los últimos meses de la UP, pero también en los preparativos de la izquierda y de los Cordones Industriales para enfrentarlos.
«Si a Ud. le sobra una mano, amárrele los cordones a Allende»
Como lo subraya la sociología de los movimientos revolucionarios, «a las imágenes y a los símbolos revolucionarios, la contrarrevolución responderá con contraimágenes y contrasímbolos. Presentará la revolución inminente, o en curso, bajo rasgos amenazadores y sangrientos; describirá las consecuencias nefastas; denunciará a los ‘agitadores’, ‘provocadores’, ‘revolucionarios utópicos’ o ‘revolucionarios profesionales’, etc. El lenguaje y el simbolismo de la contrarrevolución no son menos ricos que los de la revolución».
Después del Tancazo la contrarrevolución chilena lanza una intensa campaña ideológica. El objetivo es acompañar «la estrategia de invierno» de la oposición y preparar el ambiente para una intervención militar. Esta ofensiva reivindica los valores nacionales e invoca el respeto de la democracia amenazada por la «dictadura marxista».
Se escoge con habilidad el ángulo de ataque, ya que busca atemorizar a una población cansada de las dificultades cotidianas. Se sugiere la existencia de un poder popular poderoso, organizado y armado.
A fines de julio, Tribuna, periódico del Partido Nacional, publica en su portada «Si a Ud. le sobra una mano, amárrele los cordones a Allende». Para esta prensa, los Cordones Industriales servirían para «establecer, como lo pide el MIR, la ‘dictadura popular’». Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en nombre de la mayoría del Parlamento, emiten una larga declaración en julio de 1973: «Debemos señalar que se habla abiertamente por los más altos representantes del Ejecutivo de la constitución de un poder popular.
Esto significa de hecho crear un ejército paralelo en el cual están interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta a todas luces intolerable». Los diputados agregan «quien tiene la mayor responsabilidad de esta crítica situación es el gobierno».
El tema de un mítico ejército de los Cordones Industriales es a menudo evocado y además combinado con otro temor: un posible cerco de las ciudades del país por el poder popular. Las capacidades de los CI se consideran gigantescas como «dispositivos de fuerza» a través de los cuales «el marxismo está en condiciones de ejercer el control sobre medios de producción, sectores residenciales, establecimientos de enseñanza y, en general, sobre toda la actividad ciudadana en el Gran Santiago».
En abril 1973, la revista derechista Qué Pasa ya había publicado un alarmante informe especial cuyo título explícito es: «Pueden los ultras copar Santiago?» y que precisamente incluye un mapa detallado de los cordones industriales, «puntos clave» y campamentos de Santiago. «El copamiento, en verdad, ha sido ya planeado por la ultraizquierda –y se habla de él sin disimulo- como respuesta a una eventual “aventura sediciosa” de la oposición […]. En una emergencia, la ultra izquierda puede dejar a Santiago sin servicios públicos: agua, luz, correos, teléfono y telégrafos y locomoción del Estado. Ferrocariles y LAN no serán tan fácilmente paralizables, pero ello también se conseguiría en definitiva mediante la acción de los campamentos y cordones».
Este miedo a las clases peligrosas, inscrito espacialmente, subraya hasta qué punto el movimiento obrero ha comenzado a trastornar las jerarquías sociales y también las espaciales, al menos en el plano de las representaciones colectivas. Se trata en este caso de un «efecto de lugar» tangible del poder popular.
El ataque a los Cordones Industriales también proviene de los dirigentes sindicales de la DC, quienes –debemos recordarlo– representan una de las fuerzas dominantes del movimiento obrero y que bajo la conducción de Ernesto Vogel, vicepresidente de la CUT, y organizados en el Frente de Trabajadores Unitarios (FUT), se rebelan contra las movilizaciones del poder popular.
La idea del «desbordamiento» del gobierno por extremistas incontrolados es una constante. En su editorial del 5 de agosto de 1973, El Mercurio escribe que «la acción de grupos armados continúa, pese de los esfuerzos de los militares por contener esta acción subversiva». El efecto buscado es claramente el de aterrorizar a la población.
Para completar la embestida, el 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de acusación constitucional en contra del gobierno por haber sobrepasado sus atribuciones. Este texto sirve para justificar el golpe militar al mismo tiempo que denuncia explícitamente el «llamado ‘poder popular’, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria». Para la revista Qué Pasa, frente a los cordones y el peligro de «copamiento» de la capital que representarían, la conclusión también parece obvia: «¿Quién resistiría? La respuesta es sencilla, solo las Fuerzas Armadas».
«¡No a la guerra civil!»
Hasta los últimos momentos de Allende, la mayoría de la UP moviliza sus tropas en torno a la consigna repetida hasta el cansancio de «No a la guerra civil!», sin darse cuenta que ésta –en gran parte– ya había comenzado. Sólo unos días previos al golpe, la dirección del PC arenga a sus militantes afirmando que «así como la legalidad del Gobierno es una fuerza contra el golpe, así lo es también el predominio del espíritu profesional … en las filas de las Fuerzas Armadas».
Una de las mentiras más grande de la Junta Militar fue hacer creer que la izquierda estaba extremadamente bien preparada desde el punto de vista militar y lista para organizar un «autogolpe» con el objetivo de terminar con las instituciones democráticas y las Fuerzas Armadas.
Paralelamente a este supuesto «plan Z», los oficiales golpistas hablaban de la presencia de 15 mil peligrosos guerrilleros extranjeros. Esta imagen fantasmagórica es omnipresente en el «libro blanco» de la dictadura cuya redacción es encargada al historiador reaccionario Gonzalo Vial.
Estos antecedentes han sido desestimados por todas las investigaciones serias que se han realizado posteriormente, incluida la comisión presidencial Verdad y Reconciliación (1990) que reconoce la ausencia casi total de resistencia armada el día del golpe de estado. La mayor parte de los testimonios señalan que ningún partido estimó realmente lo que podría significar la violencia del golpe de estado.
Hoy, Carlos Altamirano precisa «Yo sostengo que, en lo fundamental, el gran vacío, el gran error de nuestro gobierno y de la experiencia de la UP fue haber pretendido realizar una ‘revolución’ sin armas. Una revolución desarmada». Este «vacío histórico» también ha estado en el centro de la autocrítica del Partido Comunista a partir de 1977, la opción táctica que realiza la izquierda antes de 1973 es respetar el funcionamiento de las instituciones militares.
Allende y los «gradualistas» se proponen asegurar el monopolio de las armas para los militares y creen poder reforzar su cohesión, integrándolos al gabinete cívico-militar. Por su parte, el MIR y –en menor medida– el MAPU de Garretón y el PS, levantan la idea de la necesidad de armar al pueblo, aunque paralelamente llaman a los soldados y oficiales «honestos» a desobedecer a los generales «sediciosos». La organización de Miguel Enríquez multiplicó los llamados en ese sentido.
El MIR –con fuerzas muy limitadas y bajo la conducción de Andrés Pascal Allende– intentó realizar un trabajo político semiclandestino con soldados y suboficiales. El PC parece haber hecho lo mismo. Así como lo reconoce hoy Manuel Cabieses, existía en toda la izquierda la convicción de que amplios sectores militares estaban dispuestos a defender el gobierno.
Adonis Sepúlveda –senador socialista en 1973– también lo ha confidenciado: la UP puso todas sus esperanzas de resistencia en manos de los mismos militares. «El Partido Socialista no tenía –ni podía tener– una estrategia de combate para luchar solo. Su acción estaba encuadrada dentro de las medidas de defensa del gobierno. Pues bien, el gobierno preparó planes de defensa, pero esos planes los dirigía […] el general Pinochet, como comandante en jefe».
Por cierto, las direcciones de cada partido también han previsto una cierta cantidad de medidas. El Libro blanco de la dictadura habla de decenas de miles de revólveres y pistolas, metralletas, lanzallamas y otros cañones antitanques, pero la realidad es muy distinta. En su testimonio, Carlos Altamirano entrega sus cálculos: «No habría, entre militantes comunistas, socialistas, del MAPU e incluso del MIR, más de 1500 personas con una mínima formación militar. ¿Qué llamo ‘mínima formación militar’? Simplemente con capacidad de disparar armas livianas».
Hacen parte de los efectivos militares del PS la guardia personal de Allende (GAP) –algunas decenas de hombres bien preparados– y unas 150 personas que pertenecen al aparato militar del partido. Los «Grupos Especiales Operativos» (GEO) socialistas son los que se supone deben formar a los militantes para resistir los primeros momentos del golpe de estado y quienes elaboraron un plan de defensa del gobierno, llamado «Plan Santiago».
Este se basa sobre la teoría de los círculos concéntricos: se trata de desplazarse desde el centro hacia la periferia, amplificando el arco de la resistencia y retrasando el avance de los militares sediciosos. Para ello se contaba con la ayuda de los Cordones Industriales y de militares leales así como con acciones subversivas militantes que tendrían lugar en las provincias.
La Fuerza Central del MIR y algunos miembros de los Grupos Político Militares (GPM, en la base de la organización) también habían accedido a cursos de entrenamiento paramilitar, a veces incluso en El Cañaveral donde son formados los miembros del GAP. Según Guillermo Rodríguez, la Fuerza Central del MIR está compuesta por unos cuarenta hombres armados y divididos en dos unidades, equipados de fusiles e incluso lanzacohetes. Miguel Enríquez, Andrés Pascal y Arturo Villabela redactan el «plan estratégico de lucha político-militar contra el golpe», el cual es aprobado en febrero de 1972.
Para Pascal Allende, el plan vacila entre dos opciones, sin realmente decidirse entre, por un lado, la ocupación de territorios urbanos en la perspectiva de una acumulación de fuerzas junto a los militares de izquierda y, por el otro, el repliegue defensivo en el campo, para desde allí librar una guerra de guerrillas. Como sea, el MIR habría contado con no más de 200 armas de guerra y espera recibir otro tanto de parte de los soldados o del GAP, en caso necesario.
Los comunistas disponen de las «comisiones de vigilancia» (de 10 militantes) y de varios «grupos chicos» (5 personas). Estos últimos forman un contingente de alrededor 200 personas, bien preparados. Según un informe posterior de Luis Corvalán, el armamento del PC se limita a un número indeterminado de armas cortas, 400 fusiles automáticos y 6 lanzagranadas (con 3 proyectiles cada uno). El secretario general debe admitir además que de todos modos, la formación político-militar nunca fue realmente tomada en serio por la dirección.
Por lo demás, si se realizaron algunas reuniones de coordinación entre los diferentes aparatos militares de los partidos de izquierda, esto quedó en un nivel extremadamente embrionario. Sin embargo, aún convencida de contar con el apoyo de una mayoría de militares, la izquierda se deja llevar por un verbalismo revolucionario bélico, muy alejado de su real capacidad político-militar.
Así, el 11 de agosto de 1973, Luis Corvalán ante una multitud de militantes enardecidos declara: «Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud. En una situación tal, que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra, que no usemos como arma de combate».
Con la misma elocuencia el MAPU anuncia, el 24 de agosto de 1973: «Mañana, cuando empiece el combate, bajo el ruido de la dinamita y la metralleta, al calor de los gritos y canciones del pueblo, abriremos el camino a la verdadera victoria».
«Mañana, cuando empiece el combate…»
Si los mil días de la Unidad Popular habían sido vertiginosos, el tiempo sufrió una enorme aceleración el 11 de septiembre. Fue un día de definiciones. Lo que estaba en juego no solo era la política, el cambio, el socialismo, lo que ahora estaba en el centro de todo era la vida sin abstracciones, era la propia vida. A principios de septiembre, Patria y Libertad ya no vacila en distribuir a gran escala panfletos que le dejan dos «alternativas» a Allende: la renuncia inmediata o el suicidio.
Todos saben que el enfrentamiento está próximo, que es una cosa de horas, a lo más, de días. Como lo recuerda Rigoberto Quezada, el tema del armamento vuelve una y otra vez a ser discutido en las bases obreras: «el golpe estaba anunciado en los diarios, en la radio y hasta por el presidente del Senado, Eduardo Frei (padre). Se hablaba mucho de la revolución española, por ejemplo, donde los obreros asaltaron los cuarteles y se armaron».
El golpe está presente en todas las bocas y en todos los espíritus. Allende tiene plena consciencia de esta coyuntura dramática y juega su última carta, aunque tardía: el llamado a un referéndum popular, para cambiar la constitución con la esperanza de poder estabilizar el gobierno hasta las elecciones presidenciales de 1976. Con bastante certeza se puede decir que si el golpe de estado ocurre precisamente el 11 de septiembre, es porque el presidente de la República tiene proyectado convocar al plebiscito esa misma tarde, como se lo ha anunciado personalmente al general Pinochet. Este último no necesita más para decidirse a actuar rápidamente.
No nos detendremos aquí en los detalles de las operaciones militares que van desde la intervención de la Armada en el puerto de Valparaíso, temprano en la mañana del 11 de septiembre, hasta los desplazamientos de tropas en la capital, acontecimientos ya bastante conocidos. Se trata de una guerra relámpago de algunos días, una guerra interna llevada a cabo en vistas del poder total. Comprende el uso de aviones de caza y tanques, y empuja al suicidio del presidente Allende en el palacio presidencial de La Moneda, a eso de las dos de la tarde.
Rechazando el ultimátum de los oficiales, Allende decide resistir algunas horas sin dejar el palacio presidencial como se lo solicita el aparato militar del PS. Junto a algunas personas de su círculo cercano y miembros del GAP, el compañero-presidente tuvo el tiempo de pronunciar su último discurso (conocido como el «Discurso de las grandes Alamedas») que es también un testamento político dejado a las generaciones futuras.
Como lo ha explicado posteriormente el escritor Gabriel García Márquez, la muerte de Allende en La Moneda en llamas es una parábola que resume las contradicciones de la vía chilena: la de un militante socialista, defendiendo metralleta en mano, una revolución que él deseaba pacífica y una Constitución formulada por la oligarquía chilena a inicios del siglo. Esta muerte es también la de un hombre íntegro y fiel a sus principios y compromisos hasta el final.
Hasta las 8 de la mañana del mismo 11 de septiembre, el presidente de la República tuvo confianza en la lealtad del general Pinochet y espera, de un minuto a otro, su intervención en defensa del gobierno. Es sin embargo este último quien encabeza la rebelión.
Los soldados, carabineros o suboficiales que rechazan lo que consideran una traición, son inmediatamente fusilados. La estrategia militar desencadenada en la capital sigue un plan simple pero eficaz: incursión directa a La Moneda para destruir (simbólica y físicamente) el poder central y desde allí, dirigirse hacia la periferia con la prioridad de tomar el control de los Cordones Industriales. En sus memorias, el general Pinochet manifiesta su sorpresa ante la débil resistencia encontrada en los CI: «Luego se inició una dura labor de limpieza. En esos momentos finales no recibimos en los cordones industriales ninguna de las reacciones que temíamos». Inmediatamente después del golpe de estado, en el mundo circularon numerosos rumores que anunciaban una oposición masiva de los obreros chilenos al golpe.
Hoy conocemos más precisamente la amplitud de esta reacción popular y «primera resistencia». En efecto, el principal foco de resistencia tuvo lugar en la zona sur de Santiago, gracias al accionar de militantes de izquierda aguerridos, miembros de los aparatos militares del PS y del MIR que se desplazaron dentro de los Cordones, muchas veces con el apoyo activo de los trabajadores dispuestos a combatir.
Una vez iniciado el golpe, el aparato militar del PS (encabezado por Arnoldo Camú) logra congregar y armar a una centena de hombres, mientras que en la industria FESA del CI Cerrillos se reúne la Comisión Política de este partido. Las instrucciones consisten en iniciar un plan de defensa del gobierno que intentaría liberar una zona de la ciudad donde pudiesen coordinarse acciones en colaboración con los obreros de los CI de San Joaquín, Santa Rosa y Vicuña Mackenna. El punto de encuentro fijado es la industria Indumet (CI Santa Rosa), donde se reúnen los responsables del PC, del PS y del MIR y a los cuales se suman alrededor de 200 trabajadores combativos. A las 11 de la mañana, los dirigentes nacionales de cada organización evalúan su capacidad político-militar inmediata. Como lo relata Patricio Quiroga, testigo de esta reunión, para los militantes la precariedad de la preparación es evidente. La propuesta del PS (tomar por asalto una unidad militar para avanzar hacia La Moneda) es rechazada por el PC, que prefiere confiar en la reacción tan esperada de las Fuerzas Armadas (para finalmente pasar a la clandestinidad).
Por su parte, Miguel Enríquez –que está de acuerdo en intervenir– anuncia que la Fuerza Central del MIR necesita varias horas más para estar operativa, y reunir… solo cincuenta hombres bien armados. Según Guillermo Rodríguez, el MIR desde el 6 de septiembre había puesto en vigilia su aparato político-militar (y por ello había enterrado las armas), persuadidos de que el gobierno estaba en un nuevo proceso de conciliación con la derecha.
Rápidamente, las fuerzas represivas intervienen, lo que obliga a los hombres armados a arrancar por la parte de atrás de Indumet. Ahí se produce la dispersión de varios de ellos, entre los cuales se cuenta un grupo dirigido por Miguel Enríquez, que escapa de la zona. Es desde aquí también que se inicia el peligroso periplo de varios militantes socialistas, incluida la columna dirigida por Arnoldo Camú. Esta huida se desarrolla en el desorden, aunque después de enfrentamientos en la población La Legua, varios de los combatientes logran llegar a su objetivo: la fábrica Sumar-Polyester. Sumar es emblemática ya que en esta industria, varias decenas de armas de guerra han sido efectivamente encaminadas y distribuidas por el PS.
«Con estas armas se comenzaría a organizar la resistencia en Sumar Poliéster, y los esfuerzos de los trabajadores de la industria se verían ampliados a primeras horas de la tarde, cuando comienzan a llegar a la fábrica algunos de los trabajadores y militantes que se habían replegado directamente desde Indumet, así como aquellos que habían realizado el camino por La Legua, los cuales además venían reforzados por algunos pobladores militantes del comité local Galo González del PC. De esta forma se va tejiendo, en las primeras horas de la tarde del 11, una espontánea alianza para combatir el golpe». Desde esta misma fábrica, el grupo de Camú logra incluso impactar –desde una copa de agua– un helicóptero que sobrevuela la zona y tiene que replegarse, acontecimiento grabado en la memoria obrera y de la población La Legua hasta hoy.
Pero es la excepción que confirma la regla. Ya en la tarde, varios militantes han caído bajo las balas y la mayoría de los trabajadores combativos de los CI se encuentran paralizados, a falta de directivas y armamento. El anuncio de la muerte de Allende, para muchos de ellos, significa el fin de toda tentativa de oponerse al golpe de estado. La dirección del MIR, muy rápidamente, decide que el enfrentamiento es imposible y que deben replegarse.
Por su parte la CUT, se quedó muda, sin organización, ni radios clandestinas capaces de articular a los trabajadores. Este dato es aún más impresionante si recordamos que sólo algunos días antes (el 4 de septiembre), la central sindical había logrado reunir a varias centenas de miles de personas en apoyo al gobierno. Sin ningún poder de reacción, la caída de Allende es también la de la CUT, poniendo de este modo término a una larga crisis del movimiento sindical.
Sin embargo, fueron miles los que, en vano, esperaron las armas en sus respectivas industrias. Mireya Baltra, que el día del golpe va al Cordón Vicuña Mackenna por orden de su partido, admite «los obreros me pedían las armas…». El sentimiento de José Moya, que también aguarda en su fábrica el armamento con que luchar, lo encontramos en la mayoría de los militantes de los CI: «Pasamos toda la noche esperando armas que no llegaron nunca. Sentíamos balaceras por el Cordón San Joaquín, donde había varias empresas; ahí tenían armamento por lo menos en una de ellas, una empresa textil, la Sumar […] nuestro sueño era que en cualquier momento nos podía llegar armamento y también podíamos hacer lo mismo. Pero no pasó nada».
En Valparaíso, la misma constatación: «teníamos un sentimiento de impotencia total –recuerda Pierre Dupuy-. Es inconcebible. ¿Qué están haciendo los dirigentes de la UP? […] es más fuerte que yo, tengo que gritar, nuestros dirigentes nos han traicionado».
Sin hablar de traición, el pequeño grupo que milita en el CI Cerrillos también rechaza las instrucciones de su partido de replegarse. Durante la mañana, patrullas de soldados recorren las avenidas e instalan ametralladoras y tanquetas frente a las fábricas, controlando inmediatamente las vías de acceso a los CI. Es el caso en Vicuña Mackenna y también en Cerrillos. En la zona en la que Guillermo Rodríguez es encargado, cuando él llega al lugar ya hay varios batallones militares fuertemente armados: «Yo diría que no hubo funcionamiento [del sistema de defensa] para el 11 de septiembre en el Cordón y tampoco lo hubo de la estructura del MIR. Quienes llegamos ahí a tratar de conducir la situación somos los miembros de la dirección del GPM. No llegó ninguno de los que respondían a mi mando, nos quedamos sin armamento».
Después de varios retrasos, estos militantes de Cerrillos logran formar un contingente bastante considerable en la industria Perlak, abandonada por los trabajadores. Al anochecer, a pesar de varios enfrentamientos con los soldados, dos pequeños grupos de 20 y 30 personas siguen dispuestos a pelear. El desbande general es tal que recuperan armas abandonadas en los CI por otros militantes de la UP.
Durante toda la noche, atacan a las patrullas que pasan cerca y dificultan el desplazamiento de las unidades militares. Este tipo de actos heroicos ocurren en varios lugares del país, pero todo es muy precario, sin coordinación ni centralización de las direcciones de los partidos, a tal punto que, durante la noche, los dos grupos que resisten en Cerrillos intercambian disparos entre ellos, creyendo que se enfrentaban al enemigo: un militante es mortalmente herido…
En el caso de ex–Yarur, «cuando no aparecieron ni las fuerzas amigas, ni las armas, y quedó claro que Allende estaba muerto y la batalla militar perdida, los angustiados trabajadores fueron enviados a sus casas. Unos pocos líderes se quedaron en ex–Yarur, ya fuera para vigilar la fábrica contra robos y daños de los cuales pudieran hacerlos responsables, ya en una última postura de desafío que terminó cuando las tropas se acercaron a la fábrica y los líderes más revolucionarios saltaron el muro del recinto y desaparecieron en la resistencia clandestina».
Hernán Ortega, después de una reunión realizada en Fensa, ordena el repliegue inmediato de los CI: «porque lo que vi venir, era una masacre». A pesar de algunas reacciones valientes pero esporádicas, ese 11 de septiembre de 1973 los Cordones Industriales se mantuvieron paralizados. Esta afirmación es confirmada, indirectamente, por una revisión minuciosa de las sentencias dictadas por los tribunales militares después del golpe de estado: solo se realizaron siete consejos de guerra, involucrando a 55 personas relacionadas con los Cordones Industriales.
En las poblaciones más organizadas se repite la misma situación. Según Christine Castelain, solo el campamento Ho-Chi-Minh posee un cierto grado de preparación (y dos metralletas). En Nueva Habana, hacia las 10 de la mañana, se realiza una reunión de la directiva y más tarde, una de los cuadros pobladores del MIR. Por lo demás, sólo hay un fusil para defender todo el campamento, razón por la cual el MIR llama a no seguir a los pobladores que decidieran resistir. Por su parte, Abraham Pérez insiste en la falta de preparación de los miristas del campamento para enfrentar este tipo de situación.
Recuerda que en un primer momento, cuando el golpe comienza, es el único dirigente presente en una asamblea que tuvo lugar en el campamento y en la que participan 500 personas que le preguntan cuándo llegarán las armas. En el sur, misma situación, misma impotencia: la represión en Constitución –por ejemplo– comenzaría alrededor de las 23 horas del día 11 de septiembre de 1973, profundizándose el día 12 contra obreros, pobladores y militantes de izquierda en general, bajo la dirección de efectivos militares de la Escuela de Artillería de Linares al mando del capitán Juan Morales Salgado, sin posibilidad de resistencia.
Finalmente, sin la ayuda de soldados de izquierda y sin una planificación político-militar de largo plazo, el poder popular es incapaz de organizar una resistencia armada al golpe de estado. Como lo dice hoy Guillermo Rodríguez, quien junto a sus compañeros y a pesar de todo combatió ese día, «creo que peleamos para la historia en ese momento, pero era para dejar clavada una banderita diciendo: hicimos el intento y en otras partes no se hizo nada».
La represión y el inicio del terrorismo de estado
La violencia de estado invade el país y pone en su mira, en primer lugar, a los militantes de izquierda y dirigentes del movimiento sindical y popular, a todos aquellos que se lanzaron en la aventura del poder popular. En los testimonios, la dimensión traumática de esas horas de violencia intensa es omnipresente. Es el inicio del «período negro» para los militantes que sufrirán la detención, tortura, el asesinato de sus cercanos, el exilio y/o la clandestinidad durante años.
Al mismo tiempo que la dictadura impone su manto de terror al conjunto de la sociedad, los habitantes de las poblaciones, los obreros de los Cordones, los militantes de izquierda conocen el significado concreto de lo que puede representar el terror de estado.
Un ejemplo entre muchos es el de Carlos Mujica, trabajador de la industria metalúrgica Alusa, militante del MAPU y delegado del Cordón Vicuña Mackenna: «El día del golpe ya había muertos en la calle, los traían de otro lado, los tiraban ahí […] ¡y uno no podía hacer nada! Creo que lo más duro fue en ese tiempo, en el año 1973, 1974. Después en 1975 me va a buscar la CNI a Alusa, me llevan detenido y me llevan a la Villa Grimaldi, ahí a uno lo tiraban arriba de la parrilla, en un somier y le aplicaban corriente en las piernas, en los muslos. Ellos sabían que era delegado del sector…».
Son centenas de miles los que pasan por las manos de los servicios secretos de la Junta Militar y que son torturados. «Guillermo Orrego tenía 24 años y trabajaba en Standar Eléctric, fábrica que era filial de la ITT norteamericana y pertenecía al Cordón Industrial Vicuña Mackenna. El 11 de septiembre de 1973 estuvo en su fábrica, junto a decenas de trabajadores, para cumplir el llamado de los Cordones y la CUT de cuidar las fábricas y empresas.
Al día siguiente, fue detenido en otra fábrica del sector, Textil Progreso, donde se dirigió para tratar de coordinar la resistencia. Guillermo fue trasladado al Estadio Chile, en el centro de Santiago, donde vio a Víctor Jara antes de ser asesinado, aproximadamente el 16 de septiembre fue transferido al estadio nacional, en la escotilla 7. Algo similar vivió Ismael Ulloa, que era dirigente sindical de Cristalerías Chile, también perteneciente al Cordón Vicuña Mackenna. Luego de ser detenido, Ismael estuvo en el estadio nacional, desde el 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre, casi 50 días. Muchos de los detenidos recuerdan las torturas que sufrieron, como Germán, quién era interventor –es decir, estaba el frente del proceso de paso al área de propiedad social del estado– de la fábrica Sumar Sedas».
Varios miles de sindicalistas y militantes son, hasta hoy, detenidos-desaparecidos. En Constitución, figuras del movimiento popular local como Arturo Riveros Blanco (nombrado gobernador después de la toma de la ciudad) o José Alfonso Saavedra Betancourt, dirigente sindical y del CCT hacen parte de las personas inmediatamente arrestadas y siguen hoy siendo detenidos-desaparecidos. En el caso del primero, los testimonios confirman que fue detenido por carabineros: «A primera hora del día siguiente, Riveros se dirigió a la Celco, donde participó en una reunión con dirigentes sindicales.
Antes de que ésta terminara, los militares rodearon la industria y comenzaron a detener a la mayoría de los sindicalistas y trabajadores, todos los cuales eran individualizados por un escribiente de carabineros que los acompañaba. En estas circunstancias fue detenido Riveros y trasladado, junto al resto, en un microbús de locomoción colectiva a la Comisaría de Carabineros, ubicada junto a la Gobernación».
A escala nacional, la cantidad de muertos desde septiembre de 1973 es todavía imprecisa y varía según los cálculos. Según Nathaniel Davis, embajador de Estados Unidos en Chile al momento del golpe de estado, «las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe varían desde menos de 2500 a más de 80 mil. Una lista de 3 mil a 10 mil muertos cubre las estimaciones más fiables». Esta represión está claramente dirigida a las clases populares como lo prueban las estadísticas oficiales de la Comisión Verdad y Reconciliación (1991), según la cual: «El conjunto de actos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del estado, se comienzan a producir desde el mismo día 11 de septiembre, con la detención y posterior desaparición o muerte de algunas de las personas que se encontraban en el Palacio de La Moneda, o en algunos recintos universitarios o industriales, como ocurre por ejemplo en la Universidad Técnica del Estado o en fábricas de los denominados “cordones industriales”, las que fueron allanadas por efectivos militares, procediéndose a la detención de las personas que se encontraban en ellos».
En el documental Septiembre chileno –realizado en caliente, después del golpe–, Bruno Muel recoge el testimonio de un obrero metalúrgico del Cordón Vicuña Mackenna que relata cómo cerca de 90 obreros habrían sido fusilados por los soldados en su fábrica (sin que se haya podido comprobar este dato). Una de las primeras medidas de la Junta tiene como objetivo aplastar al movimiento sindical y prohíbe la CUT. La derrota del movimiento revolucionario implica verdaderas purgas políticas al interior de las empresas que –en el caso de las más importantes– sufren la razzia por parte de los militares: en Madeco hay más de 270 detenidos, 500 personas son inmediatamente despedidas en Sumar, y también se lleva a cabo una represión más dirigida, como en Yarur y Cristalerías Chile.
Muchos patrones participan activamente en el sistema de delación y arresto de los militantes que instala la Junta, como sucede precisamente en la fábrica Elecmetal: «El 17 de Septiembre de 1973, la Empresa Elecmetal, ubicada en Avenida Vicuña Mackenna 157; fue devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar. El directorio de esta empresa entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa y otros del cordón Vicuña Mackenna, a un piquete compuesto por efectivos del Ejército y Carabineros. Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, [los hermanos] Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores fueron asesinados brutalmente y luego repartidos en diversas calles de Santiago. Solo por casualidad sus cuerpos fueron encontrados en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N. Sus cuerpos presentaban señales torturas y múltiples impactos de bala. La decisión de entregarlos fue tomada por el directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Oficial de los Golpistas Patricio Altamirano, quien personalmente retiene en su oficina a Juan Fernández Cuevas y lo entrega a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehículo de carabineros y otro dispuesto por la misma empresa».
Al parecer, Armando Cruces, uno de los máximos líderes de los Cordones de Santiago, también es arrestado en esta misma ola represiva de Elecmetal pudiendo escapar –y posteriormente partir al exilio– sólo porque lo dieron por muerto: «confundieron su sangre con la sangre de sus compañeros». Otro caso represivo es el de la textil Sumar. Las cuatro plantas son allanadas el 12 de septiembre e intervenidas por efectivos del Ejército. El 23 de septiembre son detenidos una veintena de trabajadores, entre ellos Ofelia Villarroel (encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados y militante comunista), Adrián Sepúlveda (obrero de la sección Hilandería y delegado del personal) y Donato Quispe (obrero boliviano).
Estos tres trabajadores, reconocidos por su compromiso sindical, son ejecutados este mismo día, Hernán Ovalle Hidalgo era el oficial al mando. Según informa la Comisión Verdad y Reconciliación: «Testimonios múltiples y concordantes de obreros y empleados que se encontraban en el interior de la empresa señalan que las víctimas fueron detenidas allí, por funcionarios del Ejército, y luego separadas de los otros trabajadores que también habían sido detenidos, siendo esta la última vez que se les ve con vida. Los cadáveres de los afectados fueron encontrados en la vía pública, en la carretera General San Martín».
Esta represión y militarización de los lugares de trabajo sobrevuela todo el país y se acompaña con el despido de 100 mil asalariados inscritos en las «listas negras» de la Junta (para que no pudiesen ser recontratados). Al mismo tiempo, la dictadura impone la ley marcial, clausura el Congreso, suspende la Constitución y prohíbe la actividad de los partidos políticos, incluidos aquellos que apoyaron el golpe de estado.
La represión antiobrera sigue en los meses siguientes en la capital, como también en provincia. En octubre 1973 ocurre la llamada «caravana de la muerte», dirigida por el general Sergio Arellano Stark y que deja más de 100 muertos, decenas de personas torturadas en las seis ciudades visitadas por la criminal comitiva, violando incluso las disposiciones de la propia justicia militar. Al dar cuenta de los hechos en Antofagasta, El Mercurio –gran apoyo ideológico de la dictadura– relata: «Se procedió a la ejecución de Mario Silva Iriarte, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso y Miguel Manríquez Díaz, implicados todos en la formación de los denominados ‘cordones industriales’.
El comunicado oficial de la Oficina de Relaciones Públicas de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio informó que ‘las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional’».
Poco a poco, Pinochet y sus acólitos le otorgan a la represión una dimensión transnacional. En coordinación con los otros regímenes militares de la región y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, organizan lo que se conoce como la «Operación Cóndor». Y es claramente en el marco de la relación de fuerzas políticas mundiales que se inscribe este fin trágico de la Unidad Popular. Se trata de una victoria estratégica del imperialismo que permite, no sólo retroceder en los numerosos progresos sociales conquistados durante estos mil días, sino también transformar Chile en un verdadero laboratorio: el de un capitalismo neoliberal, hasta entonces desconocido en otras latitudes.
Este pequeño país del Sur se convierte así en el primero en experimentar sus recetas bajo la conducción de los Chicago boys. Los 17 años de dictadura corresponden a lo que Tomás Moulian ha llamado «revolución capitalista» debido a la gran remodelación que sufrirá la sociedad. Se trata, de hecho, de una contrarrevolución en el sentido más estricto del término. Y la magnitud de la violencia de estado es claramente desproporcionada vista la resistencia que se le opone, lo que sólo se explica porque no se trataba únicamente de asesinar los individuos más activos en el proceso de la UP, sino también de arrancar las huellas, en lo más profundo de su enraizamiento social, de las experiencias autogestionarias que se habían multiplicado.
Maurice Najman, que viajó a Chile para observar la UP, afirma en octubre de 1973, «en definitiva, los militares intervinieron en el momento en que el desarrollo del poder popular planteaba e incluso comenzaba a resolver, la cuestión de la formación de una dirección política alternativa a la Unidad Popular». Frente al golpe de estado, Najman había creído en una rápida resistencia armada. Este pronóstico errado se debe a una visión sobredimensionada de la fuerza del poder popular. La oposición masiva a la dictadura sólo aparecerá más tarde, a comienzos de los años ochenta, con las grandes protestas.
(**) Franck Gaudichaud es doctor en ciencias políticas y catedrático en estudios latinoamericanos en la Universidad Toulouse II Jean Jaurès. Es miembro del consejo editorial de la revista ContreTemps y colaborador de Jacobin América Latina.
Fuente: https://jacobinmag.com/2020/
Respuestas ante un estado ausente
La Intersocial llegó para quedarse
Más de 30 colectivos y organizaciones sociales que integran la Intersocial se preparan para las próximas movilizaciones y convocan al pueblo a plegarse a la lucha “por el presupuesto popular, por más recursos para la lucha contra la violencia de género, en rechazo a la LUC y con especial énfasis en la lucha por la memoria, verdad y justicia.
Luego de que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley del presupuesto quinquenal en el Parlamento, las organizaciones sociales nucleadas en la Intersocial manifestaron su intención de continuar la lucha ante “un recorte fundamental en todas las áreas prioritarias para la población laboriosa de este país”, así lo expresó Gustavo González, secretario general de Fucvam y vocero de la Intersocial, durante la conferencia de prensa del pasado 8 de setiembre.
“Nuevamente se confirma que esta crisis la van a pagar las trabajadoras y los trabajadores”, dijo convocando a la población a participar en la movilización prevista para el 10 de setiembre en el Palacio Legislativo. Además, informó que la Intersocial también se adherirá al paro general del Pit-Cnt que tendrá lugar el día 17 de setiembre.
“La Intersocial llegó para quedarse. Estamos en una estructuración social fundamental y es clave hoy en día generar un frente social contra la ofensiva de la restauración del modelo neoliberal”, explicó.
González también hizo referencia a la existencia de más de 200 ollas populares en todo el país y a las 80.000 personas que están acudiendo a ellas. “Estas cifras hablan por lo claro de la justicia de nuestro planteo”, señaló informando que en las próximas movilizaciones se acopiarán alimentos para colaborar con la subsistencia de las iniciativas solidarias.
La Intersocial viene trabajando desde su origen en la elaboración de una plataforma reivindicativa de propuestas que buscan atenuar los efectos de la crisis actual, en el entendido de que está profundizando las desigualdades que ya existían en la sociedad. Algunas de estas medidas son la renta básica, la canasta de servicios a precios accesibles y el presupuesto para poder hacer cumplir la Ley integral de violencia basada en género y hacia las mujeres (Ley N° 19.580). También se está reclamando por mejores salarios y por más presupuesto para la salud, la vivienda y la educación pública.
En la movilización del Jueves 10 se leyó una proclama que contenía alguno de los ejes temáticos mencionados. La encargada de la lectura fue Amira Fagúndez, militante estudiantil en la Asociación de Estudiantes de Veterinaria (AEV) y más recientemente, en la Intersocial. En entrevista con el Portal del Pit-Cnt, Fagúndez dijo que la coyuntura es muy compleja y que, «ante un Estado ausente», las organizaciones sociales deben salir a dar las batallas por las grandes mayorías.
La joven militante también opinó que es importante que las nuevas generaciones «tomen la posta» en la defensa de las causas populares y de los sectores más vulnerables.
Con respecto a la Ley de Urgente Consideración, manifestó la importancia de que la gente comprenda realmente de qué se trata el articulado. «Más allá de que pueda parecer algo distante, lejano, una masa de artículos, igual que el Presupuesto, que se discuten en otros lugares que no son los cotidianos de todos los días, que uno no es parte y que está lejos de esa realidad, precisamente ahí, en esos artículos se están definiendo nuestra educación y la de sus hijos, ahí se definen el la vivienda, el trabajo y tantas cosas que afectarán nuestras vidas». «Hay que conversar con la gente para transmitirle que por más que los contenidos de la LUC puedan parecer temas pesados y densos, ahí están los temas que nos van a afectar a corto, mediano y largo plazo. Por eso debemos mirar en perspectiva de futuro y ver de qué manera esa LUC y este Presupuesto van a afectar nuestras vidas», agregó.
La dirigente de la FEUU, Amira Fagúndez, hizo referencia a la consigna de la Intersocial, «Organizar la lucha es mantener la esperanza», y explicó que el colectivo de organizaciones sociales sale a las calles porque tiene la convicción de que el futuro «puede y va a ser mejor. «Por todo lo que entendemos es una vida digna, como lo es poder llevar un plato de comida diariamente a cada familia, mandar a nuestros hijos e hijas a una educación pública de calidad y todo lo que representa una vida digna en materia de salud, vivienda, trabajo, memoria, verdad y justicia, entre otros derechos fundamentales».
La dirigente de la FEUU, con 24 años de edad, es hija de trabajadores y primera generación universitaria. Contó que se involucró en las causas sociales porque lo aprendió de su familia progresista y de sus abuelos «militantes sociales de toda la vida».
La joven militante reflexionó sobre el panorama actual y confesó que nunca imaginó vivir algo así. Nunca pensé que fuéramos a caer tan bajo. Para cualquiera de mi generación era impensado imaginar todo esto. Eso nos saca la rebeldía afuera. Las injusticias nos hierven la sangre. Es momento de salir a dar batallas y no aflojar y por eso hay que trillar con la Intersocial y sumar cada vez más organizaciones sociales para recomponer el tejido social. Eso es algo vital porque la LUC ya está aprobada y llegó para quedarse si es que no hacemos algo para revertir eso».
Presupuestos que matan
Si bien una de las promesas electorales de la coalición multicolor fue dotar a la Ley integral de violencia basada en género y hacia las mujeres de recursos para cumplir con su aplicación, el presupuesto que presentó el gobierno trajo malas noticias: no hay aumento de recursos para combatir esta problemática, que hace rato se volvió urgente. Según datos relevados por la Coordinadora de Feminismos de Uruguay, ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va del año.
Caras y Caretas dialogó con Valeria Caggiano, integrante de la Intersocial Feminista, sobre cómo afectó el presupuesto la lucha contra la violencia de género, así como la decisión de postergar la implementación completa de la Ley 19.580 para 2024, informada semanas atrás por Búsqueda.
«Impactó significativamente y de forma negativa porque el acuerdo de no asignación de recursos, o de todos los recursos que se necesitan a nivel del Poder Judicial, suponen una postergación de la implementación de la ley».
Caggiano explicó que uno de los problemas más graves se da a nivel del sistema de respuesta integral, ya que la falta de recursos pone en pausa la creación de más juzgados especializados en violencia de género. «Ponemos el foco en ese tema porque cuando se presenta una situación de violencia en la interna de un hogar, además de las agresiones físicas, verbales u otros tipos de violencia, muchas veces hay responsabilidades de ese entorno adulto sobre niñas, niños, sobre la vivienda, bienes o pensiones económicas. Cuando estas situaciones se judicializan si no existen los juzgados especializados, implica que las mujeres tengan que pasar por una serie de instancias judiciales reiterativas donde se dan procesos de revictimización». En estos casos, señaló, las victimas deben exponerse a continuos relatos de lo sucedido y por lo tanto, de alguna manera, a volver a vivenciar las situaciones de violencia que padecieron. «La ley presenta a los juzgados especializados como forma de resolver si existen decisiones para tomar en materia penal. El diseño de la ley prevé que ese juzgado pueda expedirse en esa materia, pero que también pueda resolver lo que haya a nivel de justicia de familia, tramites de tenencia, custodias, violencia patrimonial, si se comparte el bien en el que viven o si la pareja tiene una empresa en común, entre otras situaciones», detalló. «La idea de esos juzgados especializados es que den respuesta a todos los ámbitos en los que la justicia necesita dirimir lo que esa situación de violencia tensiona. En tal sentido, es una muy mala noticia que no se destinen al sistema de Justicia los recursos que se necesitan para instalar esos juzgados en todo el país».
La entrevistada también opinó que esta falta de recursos trae como consecuencia «un acceso diferencial a la justicia». A su entender, las mujeres podrán o no acceder a estos a un juzgado especializado, según el lugar donde les tocó vivir, ya que actualmente hay muy pocos en funcionamiento.
Al concluir, Caggiano aseguró que la falta de recursos para atender la problemática de la violencia de género no se explica con la falta de disponibilidad de presupuesto o al decir que la ley de violencia de género es ambiciosa, sino que es un tema de reasignación de recursos y de algunas capacidades ociosas. «Acá hay un problema de voluntad política», sentenció.
Sima se declaró en conflicto
El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se declaró en conflicto tras no llegar a un acuerdo del ajuste salarial. El sector es uno de los grandes beneficiados por la pandemia algo que quedó evidenciado con el incremento de las ventas de los laboratorios, y sin embargo, la propuesta ofrecida a los trabajadores suponía pérdida salarial.
El grupo está integrado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) y la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS). En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo hizo una excepción y se firmaron dos actas. Los subgrupos del Sindicato de la Química sí llegaron a un acuerdo. En reuniones bipartitas, se negoció una clausula de paz y ratificación de beneficios. Sin embargo, el SIMA no llegó a ningún acuerdo con las cámaras empresariales y rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo.
"El acta de acuerdo no refleja la realidad de nuestro sector, un sector que viene en crecimiento, transformándose y con buenas perspectivas pero si firmábamos, perdíamos salario", explicaron.
Según explicó al Portal del PIT-CNT, Nicolás Tourón, secretario general del SIMA, durante la pandemia las empresas del sector incrementaron notoriamente sus ventas, duplicando en algún caso las cifras de ingresos por comercialización de sus productos. "Sin embargo hoy los empresarios nos dan la espalda".
En este marco, el SIMA se declaró en conflicto este viernes y el próximo lunes realizará un plenario de delegados de base para evaluar las posibles medidas a adoptar. Por lo pronto, se comenzará a trabajar a reglamento y se está gestando la posibilidad de realizar una movilización.
Según adelantó Tourón, el sindicato está en contacto con sus asesores legales y valorará distintas opciones de movilización y lucha, en el marco de la nueva realidad que impone la vigencia de la Ley de Urgente Consideración (19.889).
"El sindicato apela a la negociación colectiva, ese es un aspecto central para nosotros, y al mismo tiempo no se puede desconocer que especialmente el sector farmacéutico no se vio afectado por la pandemia y por tanto tiene condiciones para garantizar que no haya pérdida de salario real y que se establezca una estrategia clara para la conservación de los puestos de trabajo", explicó Tourón.
Sindicato de Conaprole exige a la empresa que cumpla con los acuerdos firmados
La AOEC realiza red de asambleas en plantas industriales de todo el país para analizar la situación y no descarta que una asamblea general defina nuevas y más medidas de lucha.
Los trabajadores de Conaprole se encuentran realizando una red de asambleas a lo largo y ancho del país en todas las plantas industriales para tratar una serie de temas en los que no ha tenido acuerdo con la empresa en los últimos tiempos, informaron a LA REPÚBLICA desde la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).
«Hay temas que en los que se exigen que haya respeto de los acuerdos firmados, como efectivizaciones y zafralidad, donde la empresa mantiene pendiente el cumplimiento de estos, y donde todavía se sigue reivindicando la efectivización de trabajadores pasados de jornales, como la incorporación de los trabajadores que son los más antiguos, contando con 7, 8, 9 y 10 zafras de trabajo ininterrumpido», explicaron desde el gremio de obreros de la cooperativa.
Por otro lado, también ha habido retroceso en el laudo del fondo de retiro, en el cual «la empresa no tiene interés en buscar soluciones a este beneficio», argumentaron.
Recordemos que los trabajadores de Conaprole, desde 1972 tienen un fondo de retiro, donde con el aporte de los trabajadores y de la empresa se genera este beneficio que asegura al momento del retiro una partida de dinero que es considerada por la AOEC como «muy importante».
Cabe acotar que luego de culminada esta red de asambleas, en la segunda quincena de setiembre se realizará la asamblea de delegados de la AOEC donde se analizarán los temas a llevar a una próxima asamblea general que resolverá los pasos a dar por el gremio.
Trabajadores industriales: "El gobierno habla mucho y hace poco"
El próximo 3 de setiembre, un conjunto de sindicatos que vienen
trabajando por la conformación de la Confederación de Sindicatos de la
Industria, presentarán una campaña de firmas dirigida al Presidente de
la República, en defensa del trabajo de calidad y de la Industria
Nacional.
Según explicó al Portal del PIT-CNT, el integrante del
Secretariado Ejecutivo de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y
Ramas Afines (UNTMRA), Eduardo Burgos, un conjunto de sindicatos viene
trabajando en la conformación de la Confederación de Sindicatos de la
Industria para "respaldar y promover el trabajo sindical de los
trabajadores y trabajadoras de sectores que atraviesan distinto tipo de
dificultades".
Hasta el momento, el espacio de trabajo sindical está integrado por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), la Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (ONODRA), el Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar (SOCA), Mesa Coordinadora del Pan, el Sindicato Único de trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), la Unión de Trabajadores Aceiteros (UTA), la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA), la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), la Unión de Obreros Curtidores (UOC), el Congreso Obrero Textil (COT), el Sindicato Único de la Aguja (SUA), la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay (FOPCU) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ).
Burgos dijo al Portal de la central sindical que la idea es poder ampliar el espacio de trabajo y que se sigan incorporando otros sindicatos vinculados a la industria.
El próximo jueves se desarrollará una nueva instancia de trabajo en la que uno de los ejes centrales estará colocado en la defensa del empleo y el trabajo de calidad. "Ese es uno de los temas que más nos preocupa a los trabajadores y las trabajadoras, es por ello que hacia allí apuntarán distintas ideas que venimos manejando para impulsar".
Burgos explicó que el conjunto de sindicatos y organizaciones que vienen trabajando de cara a la conformación de la Confederación de Sindicatos de la Industria, nuclean a 70 mil trabajadores y trabajadoras aproximadamente.
"Si bien Uruguay tiene un bajo nivel de industrialización, las cifras de personas implicadas no son menores, por lo que entendemos resulta imperioso actuar en defensa del empleo, así como también, en relación a que el INEFOP continúe desempeñando el rol que le corresponde de fortalecimiento y capacitación de los trabajadores y las trabajadoras". Otro de los aspectos que el conjunto de sindicatos de la industria considera imprescindible defender es la renta básica transitoria "para aquellas familias que no tienen un ingreso asegurado y que hoy la están pasando muy mal".
Según Burgos, el gobierno "habla mucho pero hace poco" en relación al empleo y la industria nacional. "Hay algunos actores del gobierno que están planteando un discurso con respecto a eso, pero a la hora de la realidad, no se ve nada. Y por lo visto en estas horas en relación al presupuesto nacional, lo que indica el mensaje del gobierno es todo lo contrario: en plena crisis el gobierno plantea achicar. El gobierno prefiere mantener las cuentas en orden cuando hay miles de personas comiendo en ollas populares, pasándola muy mal. Lo que el Presidente está planteando es recortar recursos en los sectores más sensibles que son los que van a pagar la crisis social, que es mucho más grande que la crisis económica".
Para el integrante de la UNTMRA, esa lógica que aplica el Poder Ejecutivo es la "receta neoliberal" que va en contra de los intereses de las grandes mayorías. "En plena crisis lo que propone el gobierno es ahorrar, cuando en realidad el Estado tiene que ser la locomotora del desarrollo mediante la inversión en obra pública. Hoy lamentablemente se han perdido 100 mil puestos de trabajo y la receta del gobierno ha sido aplicar más recortes".
Firmas por el empleo
Burgos adelantó al Portal que en la reunión de trabajo del próximo jueves 3, de la que participarán las direcciones de los sindicatos de la industria de cara a la conformación de la Confederación de Sindicatos de la Industria, se dará el puntapié inicial a una campaña de recolección de firmas dirigida al Presidente de la República, en defensa del trabajo de calidad y de la Industria Nacional. "Entendemos que él es el responsable de tomar decisiones y generar políticas públicas activas. Y creemos que esa carta sería bueno que la firmaran los trabajadores pero también comerciantes de barrio, vecinos y empresarios. Esto apunta a favorecer el trabajo de almaceneros, feriantes, los comercios del barrio, las empresas y los empresarios que por más diferencias que tengamos con el mundo empresarial, seguramente que en la defensa de los puestos de trabajo y de la industria nacional podremos estar del mismo lado".
Por último, Burgos explicó que el conjunto de sindicatos vinculados a la industria están considerando la posibilidad de armar "fogones" en la zona metropolitana en rechazo de los recortes presupuestales y para difundir la campaña de firmas en defensa del trabajo de calidad y la industria nacional. "Los hijos de los trabajadores que van a la educación pública van a ver recortados el presupuesto en educación. Las familias que se queden sin el Fonasa van a pasar a la salud pública que sabemos tendrá recortes presupuestales, también hay recortes en el área de vivienda y nosotros pretendemos que la crisis no la paguen los más vulnerables sino que se apliquen políticas macroeconómicas que protejan a las grandes mayorías", concluyó.
Trabajadores del gas denunciaron intención del Gobierno de reprivatizar el servicio público natural por cañería
Los trabajadores del gas natural por cañería, nucleados en la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), llevaron adelante este jueves una asamblea general, en la cual, tras analizar la situación del sector, emitieron un comunicado -al que accedió LA REPÚBLICA- en el que resolvieron por unanimidad llevar adelante una serie de acciones y medidas.
La resolución
«Saludar y respaldar plenamente la resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT del jueves 9, respecto a reclamar al Poder Legislativo la no aprobación de los artículos 299 y 300 del Presupuesto Quinquenal.
Iniciar el proceso de construcción de una iniciativa de reforma constitucional que evite que las empresas y servicios públicos sean privatizados directa o indirectamente, para lo cual se comenzarán a realizar contactos con el movimiento sindical y el campo popular en general, sin perjuicio de lo cual reiteramos nuestra posición favorable a la realización de un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración por el camino largo y logrando las mayores adhesiones.
Reafirmar la propuesta de plan estratégico de desarrollo del servicio público de gas natural y de reestructura asociada al mismo.
Participar activamente en la preparación y ejecución de la movilización conjunta que se está planificando con los demás sindicatos de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap a realizarse en los próximos días, a efectos de denunciar la política general hacia Ancap y sus colaterales, y reclamar cambios sustantivos en la misma».
Además, la Uaoegas resolvió trasladar estas resoluciones a la Comisión integrada de Presupuesto y Hacienda de Diputados a la que le han solicitado ser recibidos; a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, la que recibió al gremio este jueves a la tarde; y a la bancada de Diputados del FA, con la que se reunirán este lunes 14.
