«Política exterior de EE.UU. sigue sin cambiar pues Biden mantiene las sanciones contra países que no se doblegan a sus intereses»
El politólogo y activista estadounidense, Noam Chomsky, resaltó este lunes durante el Conversatorio «Peligros y posibilidades de nuestros tiempos», que la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, liderado por Joe Biden continúa en la misma dirección, pues siguen manteniendo las sanciones contra los países que no se alinean a sus demandas.
“Estados Unidos hace lo que debe hacer para poder controlar el mundo, Cuba es víctima de las peores sanciones, comparable con Venezuela, Irán y algunos otros pueblos que han sido exitosos en su desafío de la dominación de EE.UU, … Estados Unidos es el padrino que no acepta este tipo de desobediencia, incluso de los países más pequeños… Se ha endurecido la política contra Irán, se presionan a países para que no reciban a médicos cubanos”
Recalcó que a Cuba se le ha torturado casi desde su independencia, desde 1959, “es víctima de las peores sanciones. El gobierno de los Estados Unidos la califica como una amenaza e impide que sean enviados médicos y medicinas cubanos a los países”. Asimismo, manifestó que, a pesar del horrible bloqueo, Cuba ha creado cuatro vacunas para combatir la pandemia por la COIVD-19 y estas son totalmente gratuitas para el pueblo.
De igual manera, denunció que Estados Unidos ha venido torturando al pueblo haitiano por años a través de las intervenciones que han abonado para que actualmente sea un símbolo de pobreza y miseria, “esto es algo que tiene que ver con el imperialismo”.
Criticó además que la Unión Europea siga sumisa a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las naciones a pesar de que sean contrarias a los derechos universales, “”La Unión Europea rechaza las sanciones contra Irán pero deben respetarlas, de lo contrario serán echados del sistema financiero”.
“Si continuamos como venimos vamos directo al suicidio. Si alguien viera el mundo desde afuera vería una tendencia suicida por mantener las ganancias, no importa cuál sea el efecto”, puntualizó.
Por su parte, el canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza rechazó contundentemente las herramientas que ha utilizado el gobierno de los EE.UU. para someter a los pueblos digno y soberanos, “EE.UU. no tiene autoridad moral y legal para imponer medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos”.
Recordó que Venezuela ha sufrido “una agresión sin parangón en nuestra historia. Duele ver a niños y adultos sufrir con enfermedades crónicas a causa del criminal bloqueo… No importa quién esté en la Casa Blanca, sea Trump o Biden es un entramado corporativo, militar, industrial que busca eternizar el sistema capitalista”.
Multilateralismo
Arreaza aseguró que el multilateralismo “bien concebido, bien llevado, no es útil para los imperios, por el contrario, representa para ellos una amenaza y un riesgo”.
Por ello, destacó que se ha concebido un grupo de países que apoya el multilateralismo entre los estados que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales, de EE.UU. y la EU, con el objetivo de compartir experiencias y crear mecanismos “para que ese gran poder de Estados Unidos no pueda hacerle daño a los pueblos, o por lo menos sea mucho más difícil y el sufrimiento de los pueblos sea menor”.
De igual manera, indicó que desde las Naciones Unidas se seguirá denunciando y rechazando las sanciones, contra Cuba, Venezuela e Irán y contra cualquier país.
Fuente: https://www.vtv.gob.ve/noam-
Credit Suisse despide a dos altos ejecutivos y elimina las bonificaciones para sus directivos por los colapsos de Greensill y Archegos Capital
Debido a las pérdidas sufridas por su relación con el fondo de inversión Archegos Capital Management y con la empresa de servicios financieros Greensill Capital, el banco suizo Credit Suisse ha comunicado este martes sobre el despido de dos altos ejecutivos, un recorte de sus dividendos y la suspensión del pago de bonificaciones a los miembros del consejo ejecutivo de ese grupo financiero.
Greensill Capital se declaró en quiebra a principios de marzo ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Gran parte de la actividad de esa firma financiera británica se sustentaba en la concesión de préstamos para que las compañías puedan hacer frente a los pagos a proveedores. Greensill Capital financiaba sus servicios principalmente a través de fondos de Credit Suisse, que había asignado 10.000 millones de dólares para dichas operaciones.
Mientras tanto, a finales de marzo se conoció sobre la quiebra de Archegos Capital Management, resultando en miles de millones de dólares en pérdidas para varios grandes bancos. Credit Suisse fue uno de los más afectados con un perjuicio de 4.400 millones de francos suizos (unos 4.700 millones de dólares). Se prevé que esos colapsos provocarán al banco suizo una pérdida neta de aproximadamente 965 millones de dólares en el primer trimestre del 2021.
Las medidas adoptadas por Credit Suisse
Por esas razones, el consejero delegado de la banca de inversiones de Credit Suisse, Brian Chin, abandonará el cargo el 30 de abril, mientras que la jefa de riesgos, Lara Warner, ha sido cesada de sus funciones este 6 de abril.
La junta directiva de la entidad financiera suiza, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, también ha decidido reducir a 0,10 francos su propuesta de dividendo por acción. Además, se han eliminado las bonificaciones que sus altos ejecutivos habrían recibido en base al desempeño del banco en el 2020, así como el pago de las primas en función del rendimiento prospectivo durante el período 2021-2023.
Por su parte, el presidente de la junta directiva de Credit Suisse ha renunciado a su bonificación personal de 1,6 millones de dólares.
«Signos de colapso» en Brasil
El jueves registró otro pico de muertes; actualmente genera el 24% de todas los fallecimientos por coronavirus en el mundo
El jueves por la noche, el Ministerio de Salud de Brasil informó la espantosa cifra de más de 100.000 nuevos casos de covid-19 confirmados en un solo día, la cifra más alta del país desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento, un total de 303.462 personas han muerto en el país por causa del virus, según datos oficiales. Pero son los promedios de siete días los que pintan un panorama aún más sombrío.
Con 15.963 muertes del 19 al 25 de marzo y 14.610 muertes en la semana anterior, esas son las cifras más altas de la pandemia hasta ahora y van en la dirección equivocada. Según un informe de la CNN, Brasil ha registrado aproximadamente el 24% de todas las muertes por coronavirus en todo el mundo durante las últimas dos semanas, según datos de la universidad Johns Hopkins.
Una variante de covid-19, la P1, continúa arrasando en el país y los expertos coinciden en que es más contagiosa y potencialmente produce una enfermedad más grave que las cepas anteriores. Incluso la gente más joven no se salva. De los 26 estados de Brasil más su distrito federal, solo uno o dos en un día determinado tienen tasas de ocupación de UCI por debajo del 80%.
Más de la mitad están por encima del 90%, lo que significa que si los sistemas de salud aún no han colapsado en esos estados, corren un riesgo inminente de hacerlo.
Los sistemas de salud se han visto inundados de pacientes a los que ya no pueden atender adecuadamente debido a una falta crítica de espacio y suministros.
Mientras Brasil sufre hasta el momento los peores días de esta pandemia, hay «signos de colapso» en todos los niveles del sistema de salud en casi todos los estados del país.
Socorristas, personal de hospitales e incluso empleados del cementerio le han dicho a CNN que esta última ola los ha doblegado.
«Es un escenario de guerra», dijo el paramédico Luis Eduardo Pimentel en São Paulo. «Apenas puedo describir lo que estoy viendo, es muy triste lo que le está pasando al país».
Describió llamadas continuas por covid-19, muertes que se podrían evitar y hospitales tan sobrecargados que toman suministros de donde pueden.
CNN habló con él después de que terminó su turno, antes de lo esperado, luego de que un hospital tomó la camilla en la que había traído a su paciente de covid-19: el hospital se había quedado sin camas. Ejemplos como este son innumerables. En un video entregado a CNN la semana pasada, se ve a 12 ambulancias con pacientes adentro esperando afuera de un hospital de São Paulo para que se hayan camas disponibles en el interior. CNN visitó el jueves un hospital designado para tratar pacientes de covid-19 que había dejado de aceptar personas porque se habían quedado sin espacio. En una sección normalmente reservada para 16 pacientes de cuidados semi-intensivos, se estaba tratando a casi el doble de pacientes.
Varios ya habían sido intubados y normalmente habrían sido enviados a una UCI, pero ese espacio no existe en el hospital.
Cuando las tasas de UCI llegan al 90%, como ocurrió en Sao Paulo el jueves, están efectivamente llenas, dijo Geraldo Reple Sobrinho, presidente del Consejo de Secretarios Municipales de Salud del estado. «En realidad, eso significa la ocupación total de la cama porque cada vez que hay un paciente que es dado de alta o muere, se necesita tiempo para limpiar esta cama y cambiar el equipo. Se necesitan cuatro o cinco horas».
Mientras tanto, más y más pacientes siguen muriendo. En varios días recientes, ha habido tantas muertes que los entierros en los cementerios de São Paulo ocurren cada pocos minutos. Los crematorios no han podido seguir el ritmo. En un video compartido con CNN, se aprecia al menos dos docenas de ataúdes esperando ser incinerados: la demanda es aproximadamente tres veces mayor de lo que la instalación puede manejar en un solo día.
A medida que su país se tambalea durante este último brote, el presidente Jair Bolsonaro aún tiene que tomar medidas significativas para intentar implementar una respuesta nacional coordinada.
Entregó un discurso televisado al país el martes por la noche, diciendo que 2021 sería el «año de la vacuna».
Pero los críticos condenaron el discurso de 3 minutos como un intento poco entusiasta de un rescate de relaciones públicas en un día en el que Brasil estableció su propio récord de muertes por coronavirus registradas en un solo día.
El gobierno federal pareció cometer otro autogol al día siguiente, y el Ministerio de Salud anunció que requeriría más información de los municipios que reportan información sobre las víctimas de covid-19.
Eso provocó una preocupación inmediata de que los requisitos adicionales reducirían el número de muertes por covid-19 que se informan.
Esas preocupaciones parecieron justificarse de inmediato, ya que el número de muertes reportadas el miércoles fue casi 1.200 menos que el día anterior.
Al final del día miércoles, el Ministerio de Salud suspendió los nuevos requisitos de informes después de una severa reacción de los estados y el público.
En ausencia de una respuesta federal coordinada, las restricciones implementadas diseñadas para detener la propagación del virus se han dejado en manos de los estados.
Bolsonaro ignora el colapso y pide el fin de la cuarentena
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los gobernadores eliminar las cuarentenas pese al colapso sanitario del país porque “la gente tiene que volver a trabajar”.
“La vuelta del derecho a trabajar es esencial”, advirtió el mandatario al participar del lanzamiento del programa de subsidios de 55 dólares por 4 meses para casi 40 millones de brasileños en el Palacio del Planalto, en una nueva embestida contra gobernadores e intendentes, un día después de la crisis militar en la que cayeron los tres jefes de las fuerzas armadas porque se negaron a actuar políticamente contra las cuarentenas.
Bolsonaro contradijo así a su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien minutos antes, tras la primera reunión del comité Covid-19, recomendó respetar el distanciamiento social en Semana Santa, aunque sin respaldar las cuarentenas y toques de queda.
“Con las restricciones, los gobernadores e intendentes están haciendo un estado de sitio, algo que yo no puedo hacer sin autorización del Congreso”, dijo Jair Bolsonaro.
Y dejó entender que los científicos se equivocaron. Dijo que “teóricamente” las cuarentenas eran para preservar el sistema hospitalario, pero igualmente están en situación de colapso.
El mandatario dijo que “hay hambre” en la población y advirtió que “no sabemos adónde iremos a parar si la pobreza sigue avanzando”, el mismo día en el que se conoció que el desempleo en enero de 2021 tuvo un índice del 14,2%, el mayor para el período, casi 4 millones de personas más sin trabajo comparado con el primer mes de 2020.
El auxilio de emergencia de 55 dólares fue aprobado por el Congreso y será por cuatro meses, espacio en el que el país espera lograr una vacunación masiva, con producción propia en los laboratorios estatales de la china Corona Vac y la anglosueca AstraZeneca.
El presidente de Diputados, Arthur Lira, dijo que la situación también podrá aliviarse cuando los privados puedan importar sus propias vacunas para aplicarlas a empleados de grandes empresas, lo cual colaborará con el sistema público de salud.
Brasil tiene contratadas más de 510 millones de vacunas -Sputnik V, Covax Facility, Pfizer y Janssen- hasta diciembre y ya ha aplicado dosis al 7% de su población con Corona Vac y AstraZeneca.
Bolsonaro intentó cambiar el foco de su agenda tras la crisis militar mientras evalúa los nuevos nombres para las tres fuerzas armadas, en un Gobierno que se ha montado con un perfil cívico-militar y que ha perdido popularidad con el avance de la pandemia y la reaparición del líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, habilitado para competir en los comicios de 2022.
El negacionismo y la falta de políticas claras para luchar contra el coronavirus
Bolsonaro, responsable de la tragedia humanitaria que vive Brasil
Por Gustavo Veiga
Mientras se prolonga el desastre humanitario en Brasil, el apellido Bolsonaro acompañado por el adjetivo genocida ya asimila más de 11 millones de resultados en google. Son casi tantos como los infectados por covid-19 en un país que de atractivo turístico mundial, va camino a transformarse en un paria casi imposible de visitar en la actualidad. El presidente que este domingo cumplió 66 años es el máximo responsable de la tragedia – que se acerca a velocidad inusitada hacia los 300 mil muertos – pero no el único que gobierna. El partido militar, las cúpulas de sus fuerzas armadas, son cómplices. Más un sector civil donde sobresalen pastores evangélicos sumidos en un fanatismo místico suicida y hasta médicos negacionistas – ni siquiera hacen falta economistas - que bajan línea contra el lockdown de los gobernadores. Analistas brasileños ya encuadran la conducta del militar ultraderechista sin partido en la ley 2.889 de 1956 que define al delito de genocidio y establece penas para ello.
Las diatribas de Bolsonaro contra quienes le pedían sensatez a un insensato, su definición sarcástica y cínica del virus como “gripezinha”, a esta altura se volvieron folclóricas. Pero sus medidas para frenar el cierre de economías estaduales, su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para mantener la apertura de la actividad a cualquier precio, su veto a una ley aprobada en el Congreso que cedía más presupuesto para atender las necesidades de los médicos infectados por el virus o al blindaje en el Parlamento para que no se reduzcan los recursos contra la pandemia, incluso su negativa a comprar la vacuna china, son decisiones políticas concretas que causaron un daño irreparable. Todas ellas tuvieron consecuencias más problemáticas que los mentados cambios de ministro de Salud – ya van cuatro - que realizó desde que asumió el gobierno el 1° de enero de 2019.
El sitio jornalistaslivres.org es uno de los más críticos con la política que lleva adelante Bolsonaro. El periodista Homero Gottardello definió a la situación actual como “el genocidio brasileño de la covid-19” y trazó una comparación con datos arrojados por el Holocausto. “Ocupa el segundo lugar después de los campos de exterminio de Bełżec, Treblinka y Auschwitz”, escribió. En el mismo medio digital hay un artículo de Claudio Guedes ilustrado con una foto trucada, como de prontuario del presidente, y un cartel que sostiene con sus manos que dice: “genocida”.
El periodista sostiene que “el mandatario, ante la constatación de que el nuevo virus actuaba de manera diferente en distintos sectores de la población, afectando más gravemente a los ancianos y a las personas con enfermedades preexistentes, optó por no adoptar medidas restrictivas inmediatas y simples acciones preventivas que colaborarían con la no propagación del virus en el país, como ya se había hecho con innegable éxito en China, donde se detectó y enfrentó el virus por primera vez”.
Gottardello advierte que “en el país del bolsonarismo, la matanza llega a todos, independientemente de su orientación política, religión, edad o nivel socioeconómico. A finales de abril, habrá más de 350.000 víctimas de covid-19, más que el número de muertos en tres de los seis peores campos de exterminio nazis en la Segunda Guerra Mundial”. También señala que el exministro de Ciudadanía del militar, el neurólogo y actual diputado federal por Río Grande do Sul, Osmar Terra, “fue, como mínimo, el portavoz de la ‘solución final’ brasileña”.
El médico partidario de Bolsonaro es de tuitear mensajes que dicen: “La mitad o más de la población activa no puede parar, de lo contrario moriríamos de hambre o por falta de cuidados. Estas decenas de millones de personas, que salen todos los días a trabajar, vuelven a casa por la noche y pueden contaminarse ¡Dentro de la casa contaminan a toda la familia!”.
Sus argumentos podrían encuadrar en lo que Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal” pero adquirieron espesura política cuando el propio Lula calificó al gobierno actual como “genocida”. La palabra utilizada para definir crímenes de lesa humanidad contra los armenios a comienzos del siglo XX hasta los tutsis de Ruanda en 1994, adquirió sentido jurídico universal en 1946. Su encuadre legal se remonta a fines de ese año, cuando se creó la Asamblea General de la ONU, que aprobó la Resolución 96. Ahí apareció por primera vez el término “genocidio” en un documento de la comunidad internacional. Se lo definió como “la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros”.
La política de Bolsonaro también tiene propaladores entre los pastores que le aportaron un gran caudal electoral a su candidatura. Silas Malafaia es uno de ellos. Le pidió al presidente que debía “convocar a las fuerzas armadas para establecer la ley y el orden”. No lo hizo porque hubiera manifestaciones populares en la calle pidiendo la cabeza del militar, sino contra las medidas de los gobernadores que restringen movimientos porque los sistemas de salud están colapsados en la mayoría de los estados. “Nuestra democracia no puede tener salida así”, escribió Malafaia en twitter, el autor de una frase que causó estupor en 2020: “La iglesia es una agencia de salud emocional, tan importante como los hospitales”. El pastor aclaró que su mensaje al presidente no era “un pedido de golpe militar”.
Las declaraciones recientes del vicepresidente, el general Antonio Hamilton Mourao – que tiene casi 2 millones de seguidores en Twitter- dan pie a teorías conspirativas. Dijo que Bolsonaro era “responsable de todo lo que pasa o deja de pasar” cuando cambió al médico Marcelo Queiroga por el general Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud, aunque su discreto segundo plano ya no le permite esquivar su relación directa con la tragedia humanitaria. Es el segundo hombre del Estado. Un Estado cuyos puestos fueron colonizados de manera abrumadora por militares retirados y en actividad.
El partido de los uniformados según un artículo publicado en The Intercept Brasil “está activo y en campaña por la reelección”.
“¿Con Bolsonaro?”, se preguntó: “Tal vez no. Otros nombres están sobre
la mesa, incluido Sergio Moro”. En el mismo sitio digital, el periodista
Leonardo Martins señaló que los policías militares consiguieron
aportarle 14 millones de votos al jefe de Estado ultraderechista en
2018. Ahora –dice- “están decepcionados” con él. El mayor Olimpio, un
senador que fue aliado político de Bolsonaro y murió por Covid-19 en los
últimos días, era uno de ellos. Tuvo que poner la cara por el
presidente cuando la fuerza se amotinó en varios cuarteles. Esos
policías hoy consideran “un traidor” al principal responsable de la
tragedia brasileña.
Brasil registra más muertes diarias por COVID-19 que Estados Unidos
La Organización Panamericana de la Salud advierte acerca de la situación crítica del país sudamericano.
El número diario de muertes reportadas en Brasil entre el 24 y el 31 de marzo fue superior al de Estados Unidos, «el motor de la epidemia en las Américas durante el segundo semestre de 2020”, aseguró la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La transmisión actual del virus SARS-CoV-2 en Brasil es alta o muy alta en todas las regiones del país simultáneamente. Esta es «una de las principales diferencias» respecto a la primera ola de coronavirus que sufrió la nación sudamericana el año pasado.
La aparición de la variante p1 agravó profundamente la situación en el país y en los países vecinos a los que llegó, por ejemplo, Uruguay.
Para la OPS la implementación de las medidas de salud pública en Brasil “estuvo por debajo del nivel óptimo” en la mayor parte del territorio.
«Brasil es un ejemplo de cómo la aplicación parcial de las medidas de salud pública o la flexibilización prematura de las mismas pueden repercutir negativamente en la dinámica de la transmisión. Algunos países de la región, incluidos Paraguay, Uruguay y Cuba, experimentan brotes de mayor magnitud que los que enfrentaron en 2020», Organización de las Naciones Unidas.
Situación regional
Desde el 1 de enero de 2021 se han reportado más de 19,7 millones de casos en las Américas y han fallecido más de 475.000 personas por COVID-19, reportó la doctora Carissa F. Etienne de la OPS. Agregó: «Durante las últimas cuatro semanas, hemos informado alrededor de un millón de casos nuevos en promedio cada 7 días. Esto indica que la transmisión todavía está muy activa en demasiados lugares de nuestra región».
Etienne indicó que durante la pasada semana el número de muertes ascendió a 34.000 y que las tasas más altas correspondieron a Brasil, Chile y Paraguay.
La experta mencionó que la reciente afluencia de casos «está desbordando los hospitales de varios países». También señaló que las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos superan el 80% en todos los estados brasileños excepto en dos, y que los hospitales jamaicanos están funcionando muy por encima de su capacidad.
El coronavirus lleva al borde a los cementerios de Sao Paulo: exhuman cuerpos de viejas tumbas mientras los sepultureros trabajan toda la noche
El brote de coronavirus en Brasil es el segundo más mortífero del mundo detrás del que sufre Estados Unidos, con una media de unos 3.000 muertos y 75.500 nuevos casos diarios durante la última semana, un ritmo que no ha dejado de aumentar desde febrero.
El repunte de los decesos por covid-19 está obligando a los cementerios de São Paulo, la ciudad más poblada del país, a tomar medidas extraordinarias para poder enterrar a todos los muertos, informa Reuters.
Las funerarias están exhumando cuerpos de viejas tumbas para hacer espacio a los fallecidos por coronavirus. Los sepultureros del cementerio de Vila New Cachoeirinha, en la zona norte de la urbe, abrieron las tumbas de personas enterradas hace años, embolsando los restos descompuestos para trasladarlos a otro lugar.
Aunque la reubicación de los restos es habitual en los cementerios, según la secretaría municipal responsable de los servicios funerarios, esa práctica ha adquirido un carácter urgente a medida que Brasil sufre su peor oleada de coronavirus desde que comenzó la pandemia.
Sao Paulo también ha recurrido a los entierros nocturnos para hacer frente a la demanda, con algunos cementerios autorizados a permanecer abiertos hasta las 22:00 horas. En el camposanto de Vila Formosa, trabajadores con mascarillas y equipo de protección completo han estado cavando hileras de tumbas bajo la luna llena esta semana.
La ciudad registró 419 entierros el martes, la mayor cantidad desde que comenzó la pandemia. Si este ritmo se mantiene, el ayuntamiento afirmó que tendrá que tomar más medidas de contingencia.
El vicepresidente de Brasil dice que las muertes en este país "superaron el límite del sentido común"
El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, declaró este jueves que el número de muertes "superó el límite del sentido común", después de que el día anterior el país superase los 300.000 fallecidos por covid-19.
Mourao hizo estas declaraciones a los periodistas en el Palacio de Planalto cuando se refirió al nuevo comité permanente para hacer frente al coronavirus, anunciado el miércoles por el presidente Jair Bolsonaro.
"Vamos a enfrentarnos a lo que está ahí e intentar de todas las maneras posibles disminuir la cantidad de contagios y, obviamente, el número de muertos que superó el límite del sentido común", comentó.
Postura contraria
Sin embargo, el vicepresidente se manifestó en contra de un confinamiento general a nivel nacional. "No veo condiciones para un confinamiento nacional, que es algo que se está discutiendo. En un país desigual como el nuestro esto es imposible de implementar. Se quedará solo en el papel. Creo que estas medidas restrictivas tienen que estar a cargo de los gobernadores y alcaldes, porque cada uno sabe cómo está la situación en su zona", declaró.
Sus declaraciones contradicen la postura de Bolsonaro, quien desde el inicio de la pandemia se ha mostrado contrario a la medidas impuestas por los gobernadores. La semana pasada, el presidente incluso intentó sin éxito que la Corte Suprema derogase las medidas adoptadas en tres estados.
Este mismo mes, el vicepresidente admitió que el Gobierno falló a la hora de orientar a la población en los cuidados básicos de protección e higiene personal frente a la pandemia. También al ser preguntado sobre el cambio del titular de Salud, el cuarto desde el comienzo de la pandemia, Mourao aseguró que el ministro ejecuta las decisiones del presidente, por lo que Bolsonaro es "responsable de todo lo que ocurre y deja de ocurrir".
El Ministerio de Salud notificó el miércoles 2.009 decesos en las últimas 24 horas y el país alcanzó así el miércoles 300.685 decesos y superó los 12,2 millones de casos.
El sistema hospitalario está prácticamente colapsado con más de un 90 % de ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en casi todos los estados y la amenaza de falta de oxígeno y medicamentos. Por su parte, la prestigiosa Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) recomendó 14 días de confinamiento en los estados que estén al límite de su capacidad en las UTIs.
Brasil: Bolsonaro dice que la solución para erradicar las noticias falsas es cerrar la prensa
El mandatario volvió a atacar la libertad de prensa en Brasil y la condenó como «fábricas de noticias falsas» y amenazó: «si alguien extrapola en algo, tiene los tribunales para apelar».
Jair Bolsonaro volvió a atacar la libertad de prensa en Brasil. Para él, el problema de las fake news es sencillo de resolver: basta con cerrar toda la prensa tradicional.
También amenazó con una demanda : «Lo correcto es sacarlo de circulación, no lo haré porque soy demócrata, Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Antagonista… que son fábricas de fake news.
El discurso del presidente aparece en un video publicado el lunes (15) en el canal de Instagram de su hijo Eduardo y ocurrió luego de que éste hiciera referencia a publicaciones en su página de Facebook retiradas del aire por promover información falsa.
No es la primera vez que Bolsonaro ataca a la prensa. Según él, los medios de comunicación inventan noticias para perjudicarlo. Según la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2020 se produjeron 580 ataques a la prensa brasileña promovidos por el «sistema Bolsonaro», en su mayoría por el propio presidente y su entorno a través de las redes sociales.
Fuente: Brasil 247
¿Milicias bolsonaristas en el horizonte?: Alerta en Brasil tras flexibilizar el presidente por decreto el uso de armas
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la firma de varios decretos que permiten aumentar el número de armas que pueden poseer los brasileños, llegando en algunos casos hasta ocho, es decir, el doble de lo que se permitía hasta ahora.
La decisión del presidente ha sido aplaudida por sus seguidores, pero es cuestionada por la oposición, que teme que sea solo una estrategia para armar a sus simpatizantes, es decir, crear milicias bolsonaristas con miras a las elecciones presidenciales de 2022.
Bolsonaro confirmó su decisión durante el fin de semana a través de redes sociales, en mensajes en los que incluyó el acceso a los cuatro decretos presidenciales que facilitan el armamento de civiles en el país sudamericano.
Desde su campaña electoral y luego ya como presidente, Bolsonaro siempre ha defendido el uso de armas. De hecho, uno de los símbolos que más se ha popularizado entre sus seguidores lo representan las ametralladoras o pistolas plasmadas en todo tipo de memorabilia alusiva a su Gobierno.
En cuanto asumió el cargo, una de las primeras medidas de Bolsonaro fue autorizar, también por decreto y sin pasar por el aval del Congreso, el derecho de todos los ciudadanos a poseer cuatro armas y, en casos excepcionales, otras dos, para lo que se flexibilizaron los requisitos de compra.
En 2019 el presidente intentó reforzar esta política armamentista con más facilidades, pero algunas de sus medidas fueron revocadas por los poderes Legislativo o Judicial.
Sin embargo, ahora vuelve a sacarlas adelante a través de decretos que favorecen a tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas porque les permite aumentar tanto el número de armas como de municiones.
Sin requisitos psicológico
Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, es uno de los diputados que ha examinado con más detenimiento las implicaciones de la decisión presidencial.
"La política de armas de Bolsonaro se centra en flexibilizar la legislación de los CAC (coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores), que reúne a poco más de 400.000 personas, para ampliar el acceso a armas y municiones y debilitar su fiscalización", escribió el legislador en redes sociales.
De estos usuarios, advierte, la mitad la forman tiradores a quienes en 2019 el presidente ya les había permitido aumentar de 16 a 60 el número de armas que podían poseer, aunque sólo con una autorización del Ejército que ahora ya no será necesario tramitar. Es decir, que a partir de ahora van a tener muchas más facilidades para armarse.
También explicó que los decretos aumentan la cantidad de municiones que los CAC podrán comprar y producir. "Los cazadores podrán comprar hasta 25.000 cartuchos para armas de uso permitido y 5.000 para uso restringido por parte de las fuerzas de seguridad ¡Eso significa 68 rondas de fuego por día!", advierte.
Para que nos hagamos una idea del impacto que puede tener esta medida, el diputado explica que solo de enero a mayo de 2020 el crecimiento de municiones comercializadas fue de un 98 % en comparación con el mismo período de 2019, alcanzando los 6,3 millones.
"Da miedo que solo en mayo se vendieran 1,5 millones de cartuchos: ¡más de 2000 por hora!", afirma, al tiempo que critica a Bolsonaro por haber eliminado el requisito para que un psicólogo evalúe la idoneidad de algún solicitante para poseer armas.
"Ahora cualquier profesional puede preparar el documento. Y la certificación de capacitación técnica para el uso del arma puede ser otorgada por el club que frecuenta el tirador", lamentó.
Desvío de armas al crimen organizado
Freixo alerta que esta expansión exponencial de armas y municiones en circulación, asociada a la eliminación de los mecanismos de inspección y rastreo, favorecerá los desvíos y obstaculizará las investigaciones policiales, beneficiando al crimen organizado, a las milicias y a los narcotraficantes.
Asimismo, explica que cuando presidió el comité sobre Tráfico de Armas y Municiones de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, él y sus compañeros legisladores llegaron a la conclusión de que la mayoría de las armas incautadas a delincuentes fueron desviadas del mercado legal dentro del Estado a través del tráfico o robo.
"En otras palabras, el mercado legal abastece al clandestino. Las consecuencias para la seguridad pública son, por supuesto, muy graves, pero eso no es todo. El principal objetivo del presidente es armar a sus fanáticos partidarios y poner la democracia en la mira", denuncia.
En ese sentido, recuerda que el propio Bolsonaro ya anunció que si pierde la reelección en los comicios generales del próximo año, la violencia en Brasil será mayor que la invasión del Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump del pasado 6 de enero.
"Es una amenaza explícita que, de llevarse a cabo, implica la formación de milicias bolsonaristas. Eso es lo que está en juego", señala.
La diputada Taliria Petrone, por su parte, explicó que al menos 500.000 personas han muerto por armas de fuego en la última década en Brasil.
"Eso significa el 70 % de los homicidios. PSOL presentará un proyecto para detener los decretos. ¡Tenemos que detener este genocidio!", escribió, al tiempo que denuncia que para el Gobierno es más prioritario armar a la población que salvar la vida de los enfermos por la pandemia.
Diputados brasileños presentan un nuevo 'impeachment' contra Bolsonaro por interferencia en las Fuerzas Armadas
En medio de la crisis entre la cúpula militar y el Gobierno de Brasil, varios líderes de los partidos de la oposición presentarán este jueves un nuevo pedido de 'impeachment' contra el presidente, Jair Bolsonaro, por supuesta interferencia en las Fuerzas Armadas.
El grupo de congresistas de la Cámara de Diputados y el Senado acusa a Bolsonaro de "crímenes de responsabilidad" relacionados con la salida esta semana del ministro de Defensa, Fernando Azevedo, y tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Consideran que Bolsonaro atentó contra las instituciones democráticas al querer utilizar a los militares en un intento de "abuso de poder".
"El cambio en el Ministerio de Defensa anunciado el lunes confirma las preocupaciones de la sociedad brasileña por un nuevo ataque del presidente Jair Bolsonaro con el objetivo de usar a las Fuerzas Armadas políticamente", apuntan en la petición recogida por la prensa.
Bolsonaro sustituyó al titular de Defensa después de que este se negase a introducir la política en los cuarteles. Al día siguiente, y por primera vez desde el restablecimiento de la democracia, se anunció la salida en bloque de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Los parlamentarios advierten de que estas sustituciones suponen un intento del presidente de "apoderarse de los cuarteles" para incitar a una "revuelta natural de los militares".
Según la ley de 'impeachment' si el mandatario, sus ministros, los magistrados del Supremo Tribunal Federal o el procurador general incurren en los "crímenes de responsabilidad", que atentan contra la Constitución y los poderes públicos establecidos, la pena contempla la salida del cargo y la inhabilitación política hasta por cinco años.
"Radicalización bolsonarista"
El documento fue firmado por los senadores de la oposición Jean Paul Terra Prates, del Partido de los Trabajadores (PT); Randolfe Rodrigues, líder de la minoría en el Senado; Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL); Alessandro Molon, del Partido Socialista Brasileño (PSB) y Arlindo Chinaglia, presidente de la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios convocaron este miércoles una sesión virtual en la que Terra Prates afirmó que Brasil "es la mayor amenaza mundial" por las nuevas variantes del coronavirus y "por el oscurantismo de un Gobierno que coquetea con el autoritarismo".
Por su parte, Freixo dijo que el mandatario "quiere subvertir el papel constitucional de las Fuerzas Armadas para que ellas le sirvan a su proyecto de poder autoritario". "Estamos delante de una escalada de radicalización bolsonarista y el Parlamento tiene el deber de proteger la democracia", afirmó.
Molon recordó que tres comandantes de las Fuerzas Armadas renunciaron al mismo tiempo, lo que no ocurría en ese país desde 1985, con el restablecimiento de la democracia. "Estamos atentos a la embestida de Bolsonaro contra la democracia, por eso presentamos una nueva petición de 'impeachment', manifestó.
En la misma línea, Chinaglia dijo que la propuesta que han introducido ante la Cámara tiene la finalidad de "impedir que el presidente continúe practicando crímenes de responsabilidad" y que "presione" a las Fuerzas Armadas para que "avalen sus delirantes tentativas autoritarias y golpistas".
El mandatario brasileño acumula unas 70 peticiones de destitución impulsadas por distintos sectores políticos, tanto de la derecha como de la izquierda.
Cayó Ernesto Araújo, el canciller de Bolsonaro
Desde Brasilia
Cayó el canciller brasileño, Ernesto Araújo. Es el segundo ministro devorado en seis días (el anterior fue el titular de Salud, Pazuello) por la crisis política más grave desde que Jair Bolsonaro llegó al gobierno en enero de 2019.
La renuncia fue presentada hoy al mediodía cuando el mandatario recibió en el Palacio del Planalto al diplomático de extrema derecha, que la semana pasada citó en el Senado una frase en latín que era repetida por Benito Mussolini.
La renuncia de Araújo, un bolsonarista íntegral ( e integrista) fue publicada en los diarios Folha de San Pablo y O Globo, y dada como segura por fuentes parlamentarias consultadas hoy al mediodía por PáginaI12.
El detonante fue la polémica entre Araújo y senadores que le enrostraron la falta de gestiones diplomáticas para obtener vacunas en el exterior cuando Brasil se convirtió en el epicentro de la crisis sanitaria, siendo el país con más muertos por día en todo el mundo desde hace por lo menos dos semanas.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el titular de Diputados, Arthur Lira, los dos oficialistas, exigieron la salida de Araújo, en línea con otros congresistas que amenazaron realizar un impeachment con el ministro saliente. E insinuaron que no descartan la idea de un juicio político contra el propio Bolsonaro.
La pandemia fuera de control y el retorno de Luiz Inácio Lula, gracias a la restitución de los derechos políticos de los que fue privado en 2018 para facilitar la victoria de Bolsonaro, están demoliendo la gestión del capitán retirado.
Con Lula agigantado, de vuelta al ring, colocando la vacuna como cuestión principal y llamando a los principales líderes mundiales a una cumbre extraordinaria por la pandemia, Bolsonaro se vio al espejo y comprendió lo que es: un personaje diminuto sin proyección internacional.
Luego de que enviudó de su hacedor, Donald Trump, Bolsonaro perdió su brújula diplomática, quedando aislado, sin interlocutores ni siquiera de derecha, que lo ven como un caso de psiquiatrico.
Sin currículum para asumir el Palacio Itamaraty, Araújo conquistó cierta notoriedad en el ambiente diplomático por un líbelo aparecido en 2017 donde caracterizó a Donald Trump como el salvador de Occidente en una cruzada ante el marxismo cultural. Un gramsciano al revés.
Sus enemigos son la ONU, la OMS, la igualdad de género y la amenaza comunista escondida detrás de cualquier crítico a la dictadura militar.
Desde esa mirada oblicua Araújo cargó contra el gobierno chino el año pasado cuando surgió la pandemia del coronvirus, Siguiendo el guión dictado por Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.
El ahora excanciller atribuyó el virus a una conspiración en la que estaría envuelto hasta el Partido Comunista de China. Estas afirmaciones desataron la nada frecuente ira del embajador Yang Wanming, quien, de hecho, suspendió las relacione con Araújo, justo cuando Brasil más necesitaba de la diplomacia de la vacuna para acceder a los fármacos del gigante asiático.
Desbandada: ministro de defensa de Brasil renuncia a su cargo
La renuncia del ministro ocurrió a escasas horas de presentarse la renuncia del canciller. También renunció la secretaria de educación.
El gabinete ministerial del presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sufrido varias bajas en las últimas horas. El ministro de defensa, Fernando Azevedo e Silva anunció su renuncia a pocas horas de la dimisión del canciller, Ernesto Araujo.
La dimisión del jerarca se anunció mediante un comunicado que este presentó ante la opinión pública. En el documento, Azevedo e Silva no indica la razón de la dimisión del ministro.
Sin embargo, según informan algunos medios y periodistas de Brasil, la renuncia de Azevedo e Silva habría sido a solicitud del propio Bolsonaro.
En una reunión que se realizó este lunes en el Palacio de Planalto, el presidente solicitó al ministro que abandonara el cargo, así indicó G1 y GloboNews.
«Agradezco al Presidente de la República, a quien dediqué mi lealtad a lo largo de estos más de dos años, la oportunidad de haber servido al país como ministro de Defensa», dice el comunicado de Azevedo e Silva.
Azevedo e Silva permaneció durante dos años y tres meses al frente del Ministerio de Defensa. Fue el segundo militar que estuvo a cargo de la cartera desde que se creó el ministerio, en 1999.
En la nota divulgada por el despacho ministerial, el jerarca indicó que durante su gestión mantuvo a las Fuerzas Armadas «como instituciones del Estado«. Estas declaraciones siguen la línea de las que brindó hace algunos días, donde indicó que la política no debe“pasar los muros de los cuarteles”.
No son los únicos
Además del canciller y ministro de defensa, la secretaría de Educación Básica, Izabel Lima Pessoa, pidió su dimisión en el cargo. La secretaria está a cargo de uno de los puestos más importantes dentro de la estructura del Ministerio de Educación.
La secretaria estaba en funciones desde agosto del año pasado y, entre otras tareas, se encargaba de acciones como la articulación y apoyo a las redes educativas.
Un estudio calcula que 19 millones de brasileños pasaron hambre durante los últimos meses de 2020
Al menos 116,8 millones de brasileños sufrieron algún tipo de inseguridad alimentaria durante los últimos meses de 2020 y, entre ellos, 19,1 millones pasaron hambre, según un estudio dirigido por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
De entre ellos, 43,4 millones (20,5 % de la población) no tuvieron suficiente comida -lo que supone una inseguridad alimentaria moderada o grave-, y 19,1 millones (9 %) pasaron hambre. La encuesta se realizó entre el 5 y el 24 de diciembre de 2020 y los resultados se refieren a los tres meses anteriores de la recopilación de los datos.
"El escenario no deja dudas de que la combinación de las crisis económica, política y sanitaria provocó una inmensa reducción de la seguridad alimentaria en todo Brasil", reza el estudio.
La investigación destaca que la inseguridad alimentaria creció en todo el país en 2020, mientras que las desigualdades regiones continuaron acentuándose. El índice de seguridad alimentaria estaba por encima del 60 % en el norte del país y en 70 % en el nordeste, mientras que el percentual nacional se situaba en un 55,2 %.
Además, se pasó hambre en un 11,1 % de los domicilios encabezados por mujeres, frente a un 7,7 % de las hogares en los que la referencia era un hombre.
Ayuda de emergencia
Esta semana, Brasil reanuda la ayuda de emergencia para las personas más vulnerables para la que se habilitará una partida de 44.000 millones de reales (más de 7.700 millones de dólares) y se espera que se beneficien 45,6 millones de familias.
El promedio del subsidio será de 250 reales (44 dólares) durante cuatro meses, pero puede variar de 159 a 375 reales (28 a 66 dólares), dependiendo de la composición de las familias. Un monto menor que el del año pasado, cuando fueron cinco pagas de entre 600 y 300 reales (106 y 53 dólares).
Tanto los inscritos en el programa de asistencia social Bolsa Familia y los trabajadores informales podrán acceder al auxilio. También podrán hacerlo las familias con un ingreso mensual de hasta tres salarios mínimos (573 dólares), aquellas con un ingreso familiar por persona de hasta medio salario mínimo (95 dólares) y los que recibieron la ayuda de emergencia en 2020.
Bolsonaro, el presidente que acumula el récord de 64 pedidos de 'impeachment' y que aspira a reelegirse en 2022
Ya sea por violaciones ambientales, ataques a la prensa y a la democracia, pero principalmente por la irresponsabilidad e indiferencia con la que ha manejado la pandemia de coronavirus, lo que ha provocado una catástrofe social, económica y sanitaria, Jair Bolsonaro ya se convirtió en el presidente de Brasil que enfrenta un mayor número de pedidos de juicio político.
Desde que comenzó a gobernar el 1 de enero enero de 2019, en la Cámara de Diputados ya se apilaron 64 trámites de destitución que buscan interrumpir una gestión que debe terminar el 1 de enero de 2023, luego de los comicios presidenciales de fines de 2022 en los que Bolsonaro buscará ser reelecto para un segundo periodo de cuatro años.
Hasta ahora, la Cámara de Diputados ya rechazó cinco pedidos de 'impeachment' gracias, sobre todo, a las alianzas políticas que mantiene el presidente, lo que contrasta con la presión social en las calles que se traduce en recurrentes protestas masivas y cacerolazos.
Las encuestas también muestran la debacle de la imagen presidencial. De acuerdo con el último sondeo publicado por el Instituto Datafolha, y publicado en el diario Folha de Sao Paulo, en los últimos dos meses el número de ciudadanos que considera que Bolsonaro es un mal o pésimo presidente aumentó del 32 % al 40 %. Y el rechazo a su gobierno ya alcanza el 51 %.
Esto demuestra que el negacionismo le ha costado caro a un presidente que minimizó la pandemia, se resistió a usar mascarillas y siguió realizando actos masivos y abrazándose con sus seguidores, se contagió de Covid, no quiso aplicar cuarentenas ni ningún tipo de controles, promovió medicamentos no autorizados contra el coronavirus, se burló de los muertos y en solo un año ya tuvo a cuatro ministros de Salud.
Los desmanejos en torno a la emergencia sanitaria tuvieron un punto culminante en las últimas semanas en la ciudad de Manaos, con hospitales colapsados y falta de respiradores, aunque hoy la situación es crítica en toda la Amazonia brasileña.
La indolencia del gobierno bolsonarista se ha traducido en 9,1 millones de casos de coronavirus y más de 220.000 muertos, lo que ha convertido a Brasil en el país latinoamericano con más contagios y el segundo a nivel mundial con más fallecimientos, solo después de Estados Unidos.
Juicio y castigo
La semana pasada, líderes religiosos de Brasil presentaron ante la Cámara de Diputados una nueva propuesta de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, bajo el cargo de "crímenes de responsabilidad" por su estrategia ante la pandemia, que contó con la firma de 380 integrantes de 17 iglesias.
"Ante la crisis más grave de la salud pública en la historia del país y del planeta, el presidente irresponsablemente osciló entre el negacionismo, el menosprecio y el sabotaje", acusaron.
El 23 de enero, al grito de 'Fuera Bolsonaro', en todas las capitales brasileñas se registraron marchas para exigir la destitución de Bolsonaro. Para entonces, diputados de oposición ya habían pedido un juicio político al acusar al presidente de ser responsable de políticas criminales que dejaron sin oxígeno a Amazonas, por sabotear investigaciones científicas y campañas de vacunación y desestimar el uso de mascarillas.
Los expresidentes Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Roussef ya se pronunciaron en el mismo sentido, en tanto que el gobernador de Sao Paulo, un antiguo aliado de Bolsonaro, directamente lo calificó como "genocida".
El año pasado, comunidades indígenas ya habían exigido el juicio político contra el presidente acusándolo de crímenes de lesa humanidad por violar disposiciones de cuidado al medio ambiente.
A mediados de julio, además, miembros de la cultura y líderes sociales brasileños, entre ellos el legendario cantante Chico Buarque, exigieron un juicio político contra Bolsonaro por sus frecuentes ataques contra la prensa, sus políticas ambientales y, otra vez, el desastre humanitario provocado durante la pandemia.
Antes, en mayo, más de 400 organizaciones exigieron el 'impeachment' acusando a Bolsonaro de atacar a la democracia con sus llamados a cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo. "Ha usado los poderes inherentes a su posición con el propósito reconocido de materializar la obtención espuria de intereses de carácter personal, con el objetivo de salvaguardar familiares de investigaciones policiales", señalaron.
Incertidumbre
El inicio de un juicio político depende del líder de la Cámara de Diputados, quien a su vez es el segundo en la línea sucesoria del gobierno en Brasil después del presidente.
Ese cargo lo dejará este lunes Rodrigo Maia, un parlamentario conservador que el año pasado descartó la posibilidad de que avanzaran las decenas de trámites contra Bolsonaro, pero que ahora, a punto de dejar el puesto, ya advirtió que efectivamente puede ser acusado.
"Estamos en un momento de pandemia y no es momento de decidir un 'impeachment' sin motivación", aseguró a mediados de 2020.
"El principal error del gobierno del presidente es la cuestión de la vacuna, por este tema, si no se organiza rápido, puede que sufra un proceso de destitución muy duro que sería el resultado de la organización de la sociedad", le dijo a principios de enero al portal Metropoles, en una declaración que evidenció su cambio de postura.
Por eso, esta mañana a través de las redes sociales se replicó el pedido de que, antes de dejar el cargo, Maia acepte iniciar un juicio político contra el presidente.
En caso de que eso no ocurra, el sucesor de Maia tendrá en sus manos la decisión de avanzar o no con la destitución.
El candidato de Bolsonaro a presidir la Cámara de Diputados es Arthur Lira, un aliado del derechista Partido Progresista que le garantiza protección legislativa, a diferencia de Baleia Rossi, abanderado del Movimiento de la Democracia Brasileña, quien, a pesar de que también es conservador, podría abrir la puerta al juicio que tanto teme el presidente.
La candidatura de Rossi era también apoyada por partidos de izquierda, pero la semana pasada Gleisi Hoffman, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que a su vez tiene el bloque más grande en Diputados, puso en duda el respaldo unánime luego de que el legislador dijera en una entrevista que un juicio político contra Bolsonaro podría ser inadecuado en este momento porque sumiría al país en un contexto de inestabilidad en medio de la pandemia.
El problema para Rossi es que el PT quiere que se avance en los trámites parlamentarios contra Bolsonaro, aunque no necesariamente desemboquen en una destitución, por lo que más tarde se comprometió a honrar los compromisos firmados con los partidos que apoyan su llegada a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero antes, claro, deberá ganarle el puesto a Lira.
La respuesta
Bolsonaro confía plenamente en que todos los pedidos de juicio político quedarán frenados. Para ello, ya lo dijo, confía en la ayuda de Dios.
"Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político, ninguno es por corrupción, solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto, inventan fake news para sacarme", le dijo el pasado 15 de enero al canal TV Band.
Pero más allá de la política sanitaria, el otro frente que pesa sobre Bolsonaro es la economía, que en 2020 se desplomó en un 4,5 %, en tanto que el desempleo ya alcanza el 14,6 %, lo que implica que más de 14 millones de brasileños están sin trabajo.
"Brasil está quebrado y yo no puedo hacer nada", dijo el presidente el pasado 5 de enero a un grupo de simpatizantes. Con su ya conocido dejo de desprecio e insensibilidad social, aseguró que una de las principales razones del desempleo es que gran parte de la población "no está preparada para hacer casi nada".
Los lemas "¡renuncia, Bolsonaro!" y "¡fuera, Bolsonaro!", se replicaron de inmediato en las redes sociales y en las calles, pero a pesar de las decenas de pedidos de juicio político, por ahora ningún proceso en su contra está garantizado.
Cecilia González
"Solo Dios me sacará del cargo": Bolsonaro desestima los pedidos de juicio político de la oposición por la crisis en Manaos
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó este viernes los pedidos de juicio político en su contra por la crisis hospitalaria que atraviesa Manaos, la capital del estado de Amazonas, ante el incremento de casos de coronavirus.
"Solo Dios me sacará del cargo", afirmó el mandatario en diálogo telefónico con el periodista José Luiz Datena, conductor del programa televisivo Brasil Urgente.
Datena consultó a Bolsonaro por las recientes declaraciones del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien en una rueda de prensa lo calificó de "genocida" por sus políticas sanitarias frente a la pandemia de coronavirus-19. "En otro país, esto quizás podría ser catalogado como genocidio", fueron las palabras de la máxima autoridad paulista.
Bolsonaro respondió que Doria era un "niño" y un "mediocre", y lo acusó de estar "políticamente muerto en São Paulo".
Varios espacios de la oposición, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT), pidieron este viernes la apertura de los procesos de juicio político de destitución contra el presidente Bolsonaro, que debe analizar el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Hasta ahora, Maia no ha avanzado con ninguna de las 60 presentaciones de 'impeachment' al líder derechista, aunque en una reciente entrevista con el diario Metrópoles, advirtió: "El principal error del Gobierno del presidente Bolsonaro es la cuestión de la vacuna. Por este tema, si no se organiza rápido, puede ser que sufra un proceso de destitución muy duro".
"Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político —contrarrestó Bolsonaro—. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mi, inventan 'fake news' para sacarme", aseguró.
Bolsonaro aseguró que no puede ser culpado de lo que ocurre en Manaos porque el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que el Poder Ejecutivo no podía objetar las cuarentenas y decisiones de estados y municipios.
"El Supremo me mandó a tomar cerveza a la playa, me dijo que no me metiera. Pero no atendí a lo que dijo la corte y fui a proponer el tratamiento precoz a Manaos, que estaba abandonada", dijo el presidente brasileño.
El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, ya ha admitido que los hospitales en Manaos se encuentran desbordados y que, además, hay una grave falta de cilindros de oxígeno para los enfermos de covid-19 que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y dependen de respiradores mecánicos.
"Fascista" y "genocida": los gritos y carteles que recibieron a Bolsonaro al inaugurar el año legislativo en Brasil
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue recibido con gritos y pancartas de repudio al inaugurar el año legislativo y en medio de las decenas de pedidos de juicio político que hay en su contra, principalmente por su manejo de la pandemia de coronavirus.
"Fascista" y "genocida" fueron algunos de los gritos que se escucharon cuando Bolsonaro comenzó a hablar ante el pleno parlamentario, en una sesión que culminó con el abandono de los legisladores de izquierda, quienes también mostraron letreros con el mismo mensaje que se replica en cada marcha opositora: "Fuera Bolsonaro", "¡Juicio político, ya!".
"Nos vemos en 2022", fue la respuesta irónica del presidente en referencia a los comicios generales del próximo año, en los que buscará la reelección a pesar del declive que registra su popularidad por la tragedia que ha representado una pandemia que ya dejó 9,3 millones de casos y 228.000 fallecidos, lo que convierte a Brasil en el segundo país con más muertes por coronavirus después de EE.UU.
Más tarde, Bolsonaro entregó a los parlamentarios las iniciativas que quiere que se aprueben este año, entre las que se incluyen leyes para privatizar la empresa estatal energética Eletrobras, mayor acceso a las armas, reformas fiscales y educativas y regularización de territorios en el Amazonas.
La agenda legislativa presidencial no corre riesgos, ya que el pasado lunes dos de sus aliados fueron elegidos como presidentes de ambas Cámaras: Rodrigo Pacheco en el Senado y Arthur Lira en Diputados.
Además de impulsar sus proyectos de ley, ambos le garantizan a Bolsonaro el blindaje necesario para evitar que avance alguno de los 64 pedidos de juicio políticos que se han interpuesto en su contra desde que comenzó a gobernar, en enero de 2019, y de los cuales cinco ya fueron desestimados.
Bolsonaro rechaza la aplicación de un confinamiento nacional en Brasil y asegura que "la mayoría de la población contrae el virus en casa"
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a rechazar la aplicación de una cuarentena nacional en el país, a pesar del récord de muertes y casos diarios por coronavirus alcanzado en los últimos días.
En un discurso oficial brindado desde el Palacio de Planalto, el mandatario brasileño destacó el "récord" de creación de empleo alcanzado en enero de este año, con 260.000 nuevos puestos, y señaló que las medidas de restricción de circulación por la pandemia hacen "más pobres a los pobres".
"Algunos sectores importantes de la sociedad quieren un decreto de 'lockdown' (confinamiento) nacional o regional", reconoció el presidente, pero afirmó que políticas como esas, a las que comparó con un "estado de sitio", afectan a los trabajadores y estos pueden llegar a "la depresión y el suicidio".
"Respete la ciencia, no funcionó", sostuvo. Y agregó que "investigaciones serias en Estados Unidos muestran que la mayoría de la población contrajo el virus en casa".
En otro tramo del discurso, Bolsonaro cuestionó a quienes critican a su Gobierno y lo llaman "negacionista", y pidió dejar de "politizar" la cuestión de la pandemia. "Debemos luchar contra el virus y no contra el presidente", dijo.
"No sabemos cuándo esto va a acabar, si es que acaba" y "si se comprobara que un 'lockdown' de 30 días acaba con el virus acepto, pero eso no es así", manifestó el mandatario.
"¿Debería cambiar mi discurso? ¿Debería volverme más maleable? ¿Debería ceder? Si me convencen de lo contrario, lo haré. Pero todavía no me han convencido", declaró.
Según Bolsonaro, Brasil se ubica en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a la inoculación de su población. El jefe de Estado aseguró que el Gobierno tiene 500 millones de dosis contratadas hasta el final de este año. Y prometió que próximamente el país producirá y exportará vacunas al mundo. "Somos algo excepcional", señaló.
Las declaraciones del presidente derechista se dan en momentos en que Brasil suma más de 2.000 muertos diarios en promedio en los últimos siete días, y con 24 de los 26 estados y la capital, Brasilia, en colapso sanitario.
Brasil: el Lava Jato, Moro, Lula, 300 mil muertos y la hipocresía de la Corte Suprema
En este artículo la autora analiza las irregularidades de la justicia brasileña en el caso Lava Jato.
Tarde (quizá no demasiado tarde), el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) no fue tratado con imparcialidad en unas investigaciones de corrupción, lo que aumenta sus posibilidades de competir contra el presidente Jair Bolsonaro en los comicios del próximo año, mientras en el país se suman casi 300 mil los muertos por la desidia oficial ante la pandemia de la covid-19.
La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) tomó esa decisión por tres votos contra dos, lo que sin duda supone un duro golpe para la credibilidad de la gigantesca y muy publicitada operación anticorrupción Lava Jato, de la que el juez Sérgio Moro era la principal figura, y en el fallo se establece que adoptó decisiones sesgadas. Por los servicios prestados, Moro fue premiado por Bolsonaro con el ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La votación del Supremo (la Corte Suprema de justicia) sobre la parcialidad del ex juez y ex ministro Sérgio Moro, cinco años después del papel que jugó en el golpe institucional que llevó al juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y la detención arbitraria del ex mandatario Lula da Silva, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.
Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante, los militares y los grandes capitales nacionales y trasnacionales, ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.
La jueza Carme Lúcia, quien se había pronunciado a favor de Sérgio Moro en 2018, votó a favor del juzgamiento sobre la parcialidad de Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula, incluidos los casos del tríplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula.
En ese momento el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, demostró la grosera injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte el habeas corpus presentado por la defensa de Lula.
Villas Bôas afirmó que «cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad», lo que determinó que el STF (que eligió a Moro, el magistrado ponente de la operación Lava Jato) no solo se subordinó total a estas declaraciones abiertamente golpistas, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato, señala Tatiane Lópes.
Mensajes filtrados en 2019 por el sitio The Intercept Brasil demostraron una colusión entre Moro y los fiscales de la operación Lava Jato durante el proceso que al final envió a prisión a Lula por corrupción y lavado de dinero, acusaciones de las que nunca se presentó una sola prueba.
La decisión del STF sepulta la reputación de Moro y de la investigación Lava Jato que dirigió durante años. Moro sentenció a cientos de dirigentes empresariales y políticos, convirtiéndose en una de las figuras públicas mejor conocidas de Brasil, al punto de amagar con lanzarse como candidato a la presidencia tras abandonar el gabinete de Bolsonaro. Unos lo calificaron de héroe, otros lo acusaron de ser un falaz fanático.
El fallo del Supremo se produce después de una decisión por separado del juez Edson Fachin, del 8 de marzo último, de anular las dos condenas contra Lula, con el fundamento de que fue juzgado en un tribunal sin la debida jurisdicción y estableció que podría volver a ser sometido a un juicio en un tribunal federal de la capital Brasilia.
Si bien la decisión de Fachin despejó el camino para que Lula se enfrente a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, también fue interpretada como un recurso para evitar un fallo sobre las acusaciones de parcialidad de Moro, y así preservar las condenas y credibilidad de la investigación Lava Jato.
Moro entra a la historia como un juez que, por motivos externos al sistema penal, optó por despojar de sus derechos políticos a un gran líder con quien no estaba de acuerdo, dijo en un comunicado el senador Jean Paul Prates, del PT. Esta decisión combinada con la anulación de las condenas de Lula al inicio del mes lo deja más que claro: ¡es inocente!
Los jueces prohibieron ayer que las supuestas pruebas reunidas en la pesquisa Lava Jato sobre la presunta supuesta propiedad de Lula de un tríplex en la localidad costera de Guaruja, estado de Sao Paulo, sean utilizadas en cualquier juicio futuro.
El Instituto Lula señaló que el fallo es una victoria de la verdad: STF decide, Moro parcial. La defensa de Lula alegó que Moro perjudicó al ex mandatario a lo largo de toda la instrucción del proceso y actuó con motivaciones políticas. Los abogados de Lula -Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins-, señalaron que esperan que este fallo sirva de guía para que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo, imparcial e independiente.
Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia de la Fundación Getúlio Vargas, refirió que el fallo regresa al punto de partida cualquier proceso de corrupción contra Lula, y consolida su candidatura rumbo a las elecciones de 2022. Pero también ofrece un rayo de esperanza para otros que han sido encarcelados. El temor es que muchos reclusos interpondrán recursos para anular sus sentencias.
El fallo abre esa discusión, puntualizó, aun cuando la sospecha de Moro que revisó el STF concierne a un único caso de las dos condenas dictadas hasta ahora contra Lula en el tribunal de Curitiba, donde actuaba el ex juez.
Moro dictó en 2017 una sentencia contra Lula de 9 años y medio de cárcel, llevados a 12 años y un mes –en enero de 2018– por un tribunal de segunda instancia y reducida después a ocho años y 10 meses en 2019 por una corte superior. Lula fue condenado a 17 años de cárcel en otro juicio iniciado por Moro, pero concluido por su sucesora cuando el juez se convirtió en ministro.
La Izquierda Diario indica que tanto el imperialismo como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016.
Por otro lado, añade, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula.
Cacerolazos: Fora Bolsonaro
Brasil alcanzó este martes un nuevo récord de muertes por coronavirus al registrar 3.251 decesos en las últimas 24 horas. De esta manera, la cifra total asciende a 298.676 fallecidos, mientras que la escasez de oxígeno y medicamentos para los contagiados amenaza con agravar el colapso del sistema sanitario. Por su parte, los cementerios trabajan con turnos extendidos y los cadáveres se acumulan en pasillos de los hospitales públicos por saturación de cámaras frigoríficas.
Por eso es que Bolsonaro despertó la noche del martes la más grande protesta en su contra. Durante un mensaje por cadena nacional en que intentó explicar el colapso sanitario que vive el país producto de la pandemia, miles de brasileños de todas las ciudades y de todas las clases sociales cacerolearon desde sus balcones al grito de “Fora Bolsonaro”, “genocida”. Las cacerolas sonaron en favelas y en los barrios de clase alta de todos los estados.
Los 12 millones de contagiados y casi 300 mil muertos son la prueba de que Brasil es el que peor combatió la pandemia. Y el repudio se mantuvo contenido hasta que, en un mensaje de apenas tres minutos por cadena nacional, Bolsonaro dijo que el país fue “uno de los que más vacunó en el mundo”. “En breve será autosuficiente” en la producción de vacunas contra la covid-19, indicó. «Quiero tranquilizar al pueblo y afirmar que las vacunas están garantizadas», agregó, pero ya pocos le creyeron.
Juaraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
'El Plan Lula' o cómo el fiscal jefe de Lava Jato creó una estrategia de denuncias y ataques para destruir al expresidente de Brasil
"Consumir la moral" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, destruir su imagen ante la opinión pública y retirarlo de la escena política. Esos fueron algunos de los objetivos de Deltan Dallagnol, quien fue jefe de los fiscales de la operación anticorrupción 'Lava Jato', a la hora de elaborar una estrategia bautizada como 'El plan Lula' para denunciar y atacar al exmandatario.
Así queda reflejado en una serie de mensajes entre los fiscales de 'Lava Jato', y que forman parte de la información recopilada por la Policía en la llamada 'Operación Spoofing', encargada de "desarticular una banda que practicaba delitos cibernéticos".
En 2019, en el marco de esa operación, la Policía detuvo a los 'hackers' que piratearon los celulares del exjuez Sergio Moro, de Dallagnol y otras autoridades y fiscales de 'Lava Jato'. Los mensajes revelaban cómo Moro se coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente.
El mes pasado, Ricardo Lewandowski, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), hizo públicas partes de estas conversaciones. Y esta semana, los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentaron ante el STF un nuevo recurso con esos intercambios de mensajes.
"El plan Lula"
La estrategia diseñada por Dallagnol, y compartida en un grupo con otros fiscales, se basó en una serie de denuncias masivas contra Lula para publicarlas en los medios de comunicación y distribuirlas en cinco semanas.
"Creo que está un poco desactualizado, pero tenemos que organizar los próximos pasos. ¿Alguien tiene algo más actualizado?", pregunta Dallagnol, quien en un momento dice que se dispone de "poco tiempo".
El entonces fiscal también sugiere a los integrantes del grupo que piensen una manera de elaborar una denuncia contra Lula para hacer evidente su "papel central" en el esquema de corrupción de la estatal Petrobras.
Dallagnol enumera detalladamente los asuntos a tratar cada semana. Entre ellos, destacan casos como el apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del Estado de São Paulo, por el que Lula terminó siendo condenado.
En el recurso, presentado por la defensa del líder petista, los abogados explican que el objetivo "admitido en los mensajes" era desgastar la imagen de Lula, así como enviarle a prisión "sin prueba de culpa e ignorando las pruebas de su inocencia para apartarle de las elecciones presidenciales de 2018".
"Proyecto político"
Los abogados también denuncian un proyecto de los fiscales para financiar una campaña contra el voto de determinados políticos en las elecciones.
"El material analizado muestra que, en la práctica, Lava Jato se otorgó el derecho de definir quién podría ser candidato y quién no podía ser candidato en el país, en una actividad claramente extraña a las atribuciones de miembros del Ministerio Público y de los fundamentos que estructuran la Constitución de la República", apuntan.
La defensa alega que mientras unos actuaban para condenar a Lula, otros lo hacían de manera simultánea en frentes "acordes a la manera de actuar de una formación política".
Tanto el exjuez Sergio Moro como los fiscales del grupo de trabajo 'Lava Jato' no reconocen la autenticidad de los mensajes.
El exmandatario y líder fundador del PT fue condenado en el marco del operación 'Lava Jato' y no pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2018 por no cumplir con la denominada Ley de la Ficha Limpia, que prohíbe que los condenados sean candidatos.
Lula llegó a pasar un año y medio en prisión hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento. El expresidente siempre ha negado las acusaciones contra él y ha reiterado que ha sido víctima de una conspiración.
Esta semana, un juez anuló todas las condenas contra él al considerar que el tribunal que lo juzgó en Curitiba, en el estado de Paraná, no era competente, por lo que quedaron restablecidos sus derechos políticos.
El Supremo de Brasil determina que el exjuez Sergio Moro fue parcial en el caso de Lula
La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó este martes que el exjuez Sergio Moro fue parcial en los procesos que condenaron a prisión al expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la operación 'Lava Jato'.
Por tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala del máximo tribunal declaró que Moro actuó parcialmente en el proceso contra el exmandatario. Durante la audiencia de este martes, la magistrada Cármen Lúcia cambió el sentido de su voto y afirmó que fue el juez federal fue "parcial" durante el proceso contra el exmandatario.
Lúcia expuso que había elementos que evidenciaron que la actuación de Moro no fue imparcial y que favoreció a la Fiscalía, por lo que se trató de un juicio con irregularidades en el proceso.
Investigación de cero
Con esta decisión, la investigación sobre el presunto caso de corrupción y lavado de dinero por un triplex situado en Guarujá, Sao Paulo, deberá empezar de cero.
Por
el caso de Guarujá, Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión
por corrupción y lavado de dinero. El expresidente permaneció un año y
siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el
Supremo declaró inconstitucion
El pasado 8 de marzo, el magistrado Edson Fachin anuló todas las condenas impuestas por la Justicia Federal de Paraná al expresidente al considerar que Moro no tenía competencias jurídicas porque los procesos deberían haberse juzgado en Brasilia y no en Curitiba. Con esta decisión, Lula da Silva recuperó sus derechos políticos.
La defensa del histórico fundador del Partido de los Trabajadores (PT) sostiene que Moro recibió y aceptó la invitación por parte de Jair Bolsonaro para incorporarse al Gobierno, lo que indicaría que tuvo motivaciones políticas durante todo el proceso contra el líder petista, ya que Lula da Silva lideró todas las encuestas de opinión y era el gran favorito para ganar los comicios de 2018, pero fue vetado de su candidatura en el proceso judicial.
La tesis de los abogados de Lula da Silva ganó fuerza en 2019, cuando el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez Moro se coordinó con los fiscales para encarcelar al histórico líder petista.
La magistrada Lúcia apuntó que su decisión corresponde exclusivamente al 'habeas corpus' presentado por la defensa de Lula da Silva, en donde quedaron en evidencia algunos sesgos por parte de Moro.
"No estoy, por tanto, haciendo ningún tipo de referencia a la Operación Lava Jato", declaró Lúcia, de acuerdo con medios locales.
Reacciones
La decisión del STF fue celebrada por el Partido del Trabajo.
"Al proclamar que Sergio Moro nunca fue un juez imparcial, sino un verdugo, la Corte Suprema garantiza a Lula los derechos robados por Lava Jato", escribió la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, en su cuenta de Twitter.
"Hoy
ha comenzado el camino para recuperar la credibilidad del Poder
Judicial brasileño. Victoria de la justicia, la ley y la esperanza",
agregó la también diputada federal.
Un juez del Supremo de Brasil anula las condenas contra Lula da Silva, que podrá ser candidato a las elecciones
El magistrado Fachin admite un recurso del expresidente y anula cuatro casos contra él, incluidos dos por los que perdió el derecho a concurrir a los comicios de 2018
Un juez del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, ha decidido este lunes en una decisión inesperada que el tribunal que juzgó al expresidente Lula da Silva no era competente y, en consecuencia, anuló cuatro procesos en los que el veterano líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado por corrupción. Sergio Moro dirigía aquel juzgado de Curitiba. El fallo también restablece los derechos políticos que Lula perdió al ser condenado. El izquierdista, de 75 años, no descarta presentarse a las presidenciales previstas en 2022.
«La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla», declaró el pasado viernes en una entrevista a este diario Lula, excluido por estar condenado de la carrera electoral que aupó a Jair Bolsonaro a la presidencia hace más de dos años.
Los casos anulados ahora por Fachin, tras un recurso presentado por el expresidente, son los concernientes a un apartamento triple ubicado en Guarujá, una finca en Atibaia (en los cuales fue condenado a varios años de prisión) y otros dos procesos relacionados con el Instituto Lula. El expresidente fue condenado por corrupción y blanqueo de dinero, por recibir prebendas a cambio de favores políticos. Lula salió de la cárcel, gracias a un fallo del Tribunal Supremo, en noviembre de 2019.
Los comentaristas coinciden en que el fallo da inicio a la campaña electoral. Pero el alcance judicial y político definitivo de esta decisión adoptada en solitario por uno de los once jueces del Supremo se irá aclarando en las próximas semanas y meses. La justicia brasileña era de tradición extremadamente garantista, pero eso cambió a partir de los procesos relacionados con el escándalo Lava Jato. Tampoco es raro que un tribunal o un juez dicten un fallo totalmente distinto al adoptado tiempo atrás.
El equipo de abogados de Lula ha respondido con un comunicado que ha tuiteado el mandatario: «La decisión que hoy (por el lunes) afirma la falta de competencia de la Justicia Federal de Curitiba y el reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal». La nota no hace ninguna referencia a la posibilidad de concurrir a unas elecciones. El PT también reaccionó con cautela: «Estamos esperando el análisis jurídico de la decisión del juez Fachin, que reconoce con cinco años de retraso que Sergio Moro nunca pudo haber juzgado a Lula», tuitéo la presidenta del partido, Gleissi Hoffman. El sistema judicial brasileño contempla que los jueces del Supremo tomen decisiones unipersonales. La Fiscalía anunció que prepara un recurso contra la decisión.
Bolsonaro se ha referido a la noticia para decir que el juez Fachin «siempre tuvo una fuerte relación con el PT» y que cree que el pueblo no quiere a Lula de candidato. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ha ahondado en la incógnita en su primera reacción al fallo al tuitear: «Mi mayor duda ante esta decisión en solitario (del juez) es si era para absolver a Lula o a Moro».
Porque con esta decisión, el Supremo no entra a valorar si el juez actuó de manera parcial o no al juzgar al político izquierdista. El magistrado Fachin sostiene que aquellos casos no debieron juzgarse en Curitiba, en el juzgado que dirigía Sergio Moro, sino en el Distrito Federal, donde los deriva en su inesperado fallo. Todos los procesos regresan a la casilla uno. Curitiba es la ciudad de Paraná donde más fuerza tomó la investigación de corrupción Lava Jato y donde el exlíder de la izquierda latinoamericana estuvo preso durante 19 meses. Brasil enterró recientemente la operación Lava Jato mientras avanzan las ramificaciones en otros países de la región.
El fallo judicial disparó el dólar hasta los 5,88 reales y la Bolsa cayó con fuerza. La decisión de Fachin sacude el tablero político brasileño en un momento en que la pandemia está fuera de control, con los hospitales desbordados en varios Estados y el resto del país al límite. Las críticas contra Bolsonaro por su nefasta gestión de la epidemia y su incapacidad de garantizar la cantidad necesaria de vacunas se acumulan.
La decisión es una victoria para Lula, que presentó un recurso de habeas corpus ante el Supremo hace más de dos años en cuanto Moro anunció que aceptaba la invitación del ultraderechista Bolsonaro para ser ministro de Justicia. El antiguo juez salió del Gobierno con un portazo acusando al mandatario de injerencia para proteger a sus hijos ante investigaciones judiciales. Lula siempre ha insistido en que Moro no fue imparcial, como reiteró hace tres días en entrevista con este diario. «Mi inocencia está demostrada y la culpabilidad del ministerio público, de [el exjuez Sergio] Moro y de la Policía Federal, más que probada», dijo. «Hubo una conspiración para evitar que Lula pudiera volver a la presidencia de Brasil. Involucraron a mucha gente en una mentira, reforzada por los medios de comunicación».
Preguntado si se presentaría a unas elecciones en caso de resolver sus problemas judiciales, mostró entusiasta su disposición tras recordar que Joe Biden es mayor que él y que tendrá 77 años en 2022: «Si en ese momento los partidos de izquierda entienden que puedo representarlos, no tengo ningún problema en hacerlo. El PT, sin embargo, tiene otras opciones, como Fernando Haddad [candidato en 2018], y algunos gobernadores».
A un año y siete meses de las elecciones presidenciales, Brasil tenía este lunes por la mañana una certeza: la docena de nombres que han sonado en los últimos meses para encabezar alguna candidatura eran de varones, según se recordaba con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lo que nadie esperaba era que a media tarde la decisión de un juez del Supremo abriera la carrera electoral. La voluntad de Bolsonaro de presentarse a la reelección es evidente. Con el apoyo de un tercio del electorado era el candidato más potente sin duda. Los analistas intentan discernir ahora a quién favorece más el fallo de Fachin, si a Lula, a Bolsonaro… En Brasil, como buena cuna de telenovelas, los giros de guión son algo cotidiano.
Terremoto político en Brasil tras la anulación de las condenas a Lula da Silva
La decisión de un juez del Tribunal Supremo de Brasil de anular todas las condenas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 75 años, ha caído como una bomba en el país: el veterano líder izquierdista podrá participar en las elecciones presidenciales de 2022.
La eventual vuelta del histórico fundador del Partido de los Trabajadores (PT) a la primera línea de la política aumentaría la polarización en Brasil y le restaría opciones al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección.
Todo ello se da en medio de un brutal aumento de muertes y contagios por la pandemia del coronavirus en Brasil, con su red hospitalaria al borde del colapso. Y de una lenta campaña de vacunación, de la que dependerá la recuperación económica del país y que tendrá mucho peso en la campaña electoral.
"Víctima de una conspiración"
Tras un recurso presentado por los abogados de Lula, el juez Edson Fachin anuló todas las condenas impuestas por la Justicia Federal de Paraná al expresidente al considerar que ese tribunal no era competente. De este juzgado estaba al cargo entonces el exjuez Sergio Moro, que más tarde sería ministro de Justicia de Bolsonaro.
Con la decisión de Fachin quedaron anulados cuatro procesos contra Lula relacionados con un triplex situado en Guarujá, una hacienda en el municipio de Atibaia y otro vinculado al Instituto Lula. Por el caso de Guarujá, Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero. El expresidente permaneció un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.
Fachin, en su decisión del lunes, consideró que Moro no tenía competencias jurídicas porque los procesos deberían haberse juzgado en Brasilia y no en Curitiba. Ahora deberán reiniciarse en la capital. También concluyó que las irregularidades atribuidas a Lula no tienen relación con el esquema de desvíos de dinero de la estatal Petrobras, piedra angular de la operación 'Lava Jato'.
La Fiscalía General ya comunicó que apelará la decisión de Fachin.
El líder del PT siempre ha negado las acusaciones contra él y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentará a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, que ganó Bolsonaro. En 2019, el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula.
Polarización
Nada más conocer la noticia sobre la anulación de los procesos del líder del PT, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no teme enfrentarse a Lula en los próximos comicios. "El pueblo brasileño no va a querer un candidato como ese en 2022", comentó.
Por el momento, Lula, que dejó la Presidencia con más de un 80 % de aprobación, no ha hecho ninguna declaración sobre su vuelta al ruedo político. Según fuentes del PT, citadas por Folha de Sao Paulo, el petista no ha tomado una decisión formal, pero sí ha mostrado su disposición "a retomar el comando del Palacio de Planalto".
Una encuesta de opinión publicada este fin de semana por O Estadão de Sao Paulo indica que Lula tendría más capital político que Bolsonaro. Según el sondeo, un 50 % de los entrevistados votaría al petista si volviese a ser candidato, mientras que un 44 % dice que no escogería ni a Lula ni a Bolsonaro.
"Si creías que Brasil estaba polarizado políticamente, siéntate porque el show acaba de empezar", escribió en Twitter el analista Thomas Traumann.
La decisión de Fachin desacredita a Moro, quien hace un año renunció a su cargo como ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro tras acusar al mandatario de "interferencia política" en la Policía Federal (PF).
Este martes, el juez Gilmar Mendes anunció que por la tarde se juzgará el recurso presentado por la defensa de Lula que cuestiona la imparcialidad de Moro en todos los casos contra el exmandatario.
Una decisión del Supremo en su contra por parcialidad podría tener un impacto sobre todos los procesos en los que estuvo al cargo e incluso suponer la anulación de los casos de 'Lava Jato', la mayor operación anticorrupción de la historia del país.
Marta Miera
URUGUAY
Este lunes 5
Paro nacional de 24 horas en todas las dependencias del BROU
Los trabajadores reclaman «falta de respuesta a varios planteos sindicales» y exigen un «ámbito de negociación real y de buena fe».
La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), confirmó que este lunes realizarán un paro nacional de 24 horas en todas las dependencias del Banco República del Uruguay (BROU)
«Con el correr de los meses se fueron acumulando una serie de reclamos de nuestro sindicato sin ser atendidos por el directorio del Banco República», expresa el comunicado del sindicato bancario. Además remarcan que el «paro será de carácter nacional» y abarcará todas las dependencias del banco estatal.
«Debemos hacer especial énfasis en la falta de respuestas para los temas vinculados al resguardo sanitario, en el marco de la lucha contra la covid-19, para los miles de trabajadores que se desempeñan en forma presencial»en el banco estatal, expresa el comunicado.
Según el sindicato, los trabajadores se enfrentan «a la inexistencia de medidas que minimicen» su riesgo, «en una clara falta de voluntad política», también «al desguace del negocio y, por lo tanto, de los servicios» que se brindan a la población, «con recortes absurdos de presupuesto y eliminación de vacantes».
También aseguran que el banco «no ha instrumentado la atención por agenda» y no hay «dotaciones en resguardo ni traslados transitorios para eliminar la movilidad para compañeros que se trasladan a largas distancias, ni atención a familias por cierre de centros educativos, etcétera».
«La negociación de buena fue fue violentada por modificaciones secretas a las estructuras del banco, que no fueron discutidas con el sindicato como lo establece el convenio colectivo. Tampoco existen soluciones que garanticen la integridad física y psicológica de los trabajadores en contacto con el público, ante el recrudecimiento de la violencia contra ellos», sostiene el sindicato.
AEBU citó a una conferencia de prensa para este lunes a las 12, en el local sindical y agregan que se difundirá un comunicado de prensa en el que «detallan todas las demandan realizadas por el sindicato, y se denuncian tanto las inexistencias de un ámbito de negociación como el deterioro de los servicios del banco por falta de personal».
El increíble Uruguay: ataque a los médicos, troll centers y libertad responsable
La situación en Uruguay se agrava día a día. Los contagios diarios superan los tres mil, y de mantenerse esta situación los centros de cuidados intensivos van a colapsar. En este momento la capacidad está al 70% y las autoridades médicas tendrán que elegir quién puede acceder a una cama y quién no.
Los números oficiales varían día a día de manera considerable. Desde el 23 de marzo hasta la fecha los números oficiales no coinciden con los casos reales. El 23 se informaron 1.800 caso y resultaron ser 2.070. El 24 se informaron 1.800 y fueron 2.500. El 25 se informaron 1.700 y fueron 2.300. El 26 se informaron 1.805 y fueron 2.897. El 27 del pasado mes se informaron 2.044 cuando en realidad fueron 2.941 y así podríamos seguir.
La libertad responsable
Desde el inicio de la pandemia el presidente Luis Lacalle Pou se basó en el pilar de la “libertad responsable”, un eufemismo del sálvese quien pueda acorde al tiempo civilizatorio en el que vivimos. La libertad responsable es una declaración ideológica y política. Es la estampa con la que el primer mandatario y el gobierno se escudan a la hora de hacerse cargo de sus responsabilidades.
Profundicemos un poco más en qué implica la libertad responsable. Primero, apunta al individuo como unidad básica de la sociedad. Ya ni siquiera estamos hablando de oponer al individuo con el colectivo. Sino que las familias quedan fuera del discurso, las organizaciones de cualquier tipo, las instituciones y por supuesto el gobierno.
Discursivamente se lavan todas las responsabilidades y jerarquías. Se pone en el mismo plano a un ministro de Salud con un trabajador de a pie. Claro que le cabe responsabilidad a la sociedad en su conjunto sobre tomar recaudos ante la pandemia. Pero si la culpa es de todos, la culpa termina siendo de nadie. O peor aún, y como siempre sucede, los responsables quedan impunes, silbando por lo bajo.
La libertad responsable es el “hacete cargo de vos mismo”. El gobierno te da 1200 pesos (26 dólares) por dos meses consecutivos. Te sube las tarifas públicas dos veces en menos de nueve meses. El salario real cae por primera vez en los últimos quince años, la jubilación aumenta por debajo de la inflación y los nuevos pobres son 100 mil. Otros miles comerán en ollas populares. El 50% de las empresas no cumplen con los protocolos sanitarios y miles de trabajadores pagan desde su bolsillo los costos del teletrabajo.
A esta concepción se pliega el discurso del “malla oro” que el presidente ha utilizado más de una vez, haciendo referencia al líder en las carreras ciclistas. El pelotón somos todos nosotros y los malla oro son los empresarios privados que mueven la economía y nos sacan a todos adelante. Como si en el ciclismo todos fueran del mismo equipo.
Pero más allá de eso, también reviste otra concepción ideológica. El sector privado empresarial que nos salvará a todos no es más que la teoría del derrame explicado con una metáfora paupérrima.
Terror mediático y virtual:
De la libertad responsable pasamos a que la culpa siempre está en todos lados menos en el gobierno. Marchas, gente tocando el tambor, aglomeraciones en plazas públicas, el Frente Amplio, las feministas y todo aquel que no comulgue con el gobierno.
De allí parece que vienen todos los focos de contagio pero nada se dice de las fronteras que siguen abiertas. Cada día, llegan desde Brasil a la ciudad de Rivera, decenas de ómnibus repletos de gente que iba a comprar en el free shop de dicha ciudad. Los focos vienen también de las fiestas clandestinas en lugares del jet set que abundan en Punta del Este y otros lugares. Mientras, los ómnibus, a la hora de ir a trabajar, van repletos.
Desde hace menos de diez días se ha desatado una campaña mediática insólita contra los médicos. Si, está leyendo bien. Contra los médicos en medio de la pandemia. Hoy son los nuevos enemigos del gobierno.
Los que ayer eran vitoreados y aplaudidos desde todos los balcones a las 20 horas, hoy los medios de comunicación, el troll center del gobierno, más sus fieles figuras públicas en redes sociales, han soltado todo la artillería. Incluso cuando hubo voces que planteaban una situación similar en el Grupo Asesor Científico y Honorario (GACH) del propio gobierno, fueron demonizados y vilipendiados.
El Sindicato Médico del Uruguay junto con 35 instituciones que incluyen a la Facultad de Enfermería, Medicina, Psicología, entre otras, realizaron una conferencia de prensa en conjunto para advertir de la gravedad de la situación que está atravesando Uruguay.
Enseguida se lanzó la campaña por redes con el hashtag #SindicatodelMiedo y todos los dardos apuntaron a ellos. La analista de redes sociales, Daniela de los Santos investigó cómo evolucionó esta campaña mediática. La misma surge de las entrañas del Partido Nacional y los tuiteros en sus perfiles tienen descripciones como “blancos, patriotas, antizurdos, libertarios, liberales, librepensadores y otros calificativos similares”, escribe la analista.
“Es lamentable que dentro de este panorama que encuentra una mayoría de verdaderos héroes, una minoría de dirigentes, especialmente la circunstancial mayoría del Sindicato Médico del Uruguay, haya decidido desde el comienzo de la pandemia ser un brazo político ya no del Frente Amplio, sino de sus sectores más radicales”, señalaba un editorial diario oficialista El País, el primero de abril.
Editoriales como estas las encontramos día a día. Son una cuenta más en el collar del antisindicalismo, de esa tesis casi conspiranoica donde en una mesa se sientan unos pocos a dominar a miles en un sindicato.
Desde el gobierno y afines son los primeros en decir que no se politice la pandemia. Apenas una voz discordante aparece o simplemente alerta a dónde podemos llegar de seguir así, con las escasas medidas del gobierno, la maza se aplica sin prurito alguno.
Así las cosas, el gobierno no se ensucia las manos y sus dirigentes, influencers, periodistas amigos y el troll center salen a condenar o a defender posturas. Lo mismo sucedió con el #YoUruguayo y el #Uruexit frente al intercambio con el presidente argentino Alberto Fernández.
Campañas orquestadas, ataque a los médicos, persecución mediática. El sistema de salud empieza a colapsar, mientras el presidente se pasea (otra vez) por los medios argentinos del Grupo Clarín clamando por Tratados de Libre Comercio para que los malla oro sigan siendo más oro que nunca.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Últimas andanzas del faraón y sus cortesanos
Por Enrique Ortega Salinas.
La semana pasada comentamos, con tanto asombro como indignación, lo que cuesta mantener en la mansión de Suárez y Reyes a Luis Lacalle Pou. Lo más llamativo no es que se pasara de 20 guardias a 80; sino que los uruguayos estén pagando para que el presidente y su familia tengan cocineras, niñeras, peluqueras, maquilladoras, camareros y personal de lavandería. Lo más escandaloso es que gastemos 47.000 pesos mensuales en servicio veterinario para atender a la “mascota presidencial”, según datos de la Contraloría General de la Nación dados a conocer por El Eco digital.
Debemos felicitar al nacionalista Martin Lema, quien siendo presidente de la Cámara de Diputados promovió un recorte de gastos que suma un ahorro anual de 3.250.000 dólares. Entre otras cosas, se recortó el infame “gasto de prensa”. El conjunto de medidas, apoyado por todos los legisladores (sobre los cuales pesaba la presión social) contrasta con los lujos faraónicos del presidente de la República. 400.000 dólares por mes y 24 millones de dólares es lo que nos costará mantenerlo con su esposa y tres hijos en dicha mansión.
Gracias al medio digital “Otros titulares” nos enteramos de la compra directa 5116/2021, realizada por Presidencia de la República, cuyo monto no es alarmante, sino el detalle y el destino. Se trata de un gasto de $9.915 por un surtido de almacen: pan rallado, mayonesa, queso, carne, manteca, lentejas, crema doble, canela, etcétera. El punto es que hasta la comida le pagamos a la familia del presidente.
Aparte de eso, el año pasado, Lacalle sacó a un médico de la Udelar para atender a su padre de manera personal. Como hemos señalado antes, la medida no es ilegal; pero no parece ética, considerando los envidiables ingresos que tienen tanto el padre como el hijo.
Viendo la tormenta de críticas que estas informaciones levantaron en las redes sociales, y a modo de contraataque, la diputada colorada por Colonia Nibia Reisch hizo un pedido de informes sobre el destino del dinero recibido por la venta de la casa presidencial de Punta del Este, tratando de arrojar sombras sobre el gobierno de José Mujica. La respuesta de Alejandro “Pacha” Sánchez, en la radio M24, fue contundente. Acusó de ignorante a la legisladora derechista y de intentar enchastrar al expresidente, a sabiendas de que “esa información fue aprobada en la Rendición de Cuentas del año 2013”. Sánchez expresó que Reisch debería retractarse públicamente y decir que “ese dinero fue efectivamente al Plan Juntos como establecía la Ley y que además se llevó adelante conforme a todos los procedimientos establecidos, rindiendo cuentas no solo ante el Parlamento sino ante el Tribunal de Cuentas de la República”.
La estrategia de la derecha es elemental: al quedar al descubierto infinidad de hechos de corrupción de la coalición en poco más de un año, tratar de enlodar a la oposición.
Mientras tanto, y por esos días, nos enteramos de que el BSE gastó 1 millón de pesos en «regalos institucionales», mediante el mecanismo de compra directa y sin especificar en qué consisten. 200 unidades de no sabemos qué ni para quienes a casi 5.000 pesos cada una. El 25 de marzo, y tras haber circulado por las redes que el Ministerio de Turismo había comprado autoadhesivos exteriores a dos tintas (Compra Directa 415/2020) a FIMARAN S.R.L. por valor de $51.484, el MINTUR canceló la adjudicación. Tal como sucedió con las ya famosas milanesas con puré y las engrampadoras del MRREE, las echadas para atrás se realizaron luego del buchoneo de los cibernautas.
En diciembre, la Licitación Abreviada 21299/2020 llamó también la atención desde las redes sociales. Se trataba de la contratación de un servicio de tratamiento de olores en la Tahona por el periodo de 12 meses. El contrato se adjudicó a la empresa Bantial S.A.
Nada como tener de vecino a un presidente para que todo se arregle de inmediato en el barrio. Esto no era así a principios del siglo pasado. Uno de los vecinos se lamentó por aquel tiempo ante un periodista: – Es cierto que he tenido el honor de vivir en la misma calle que el señor Presidente de la República; pero no podría arrendar a nadie los beneficios, porque desde que Don Batlle y Ordóñez asumió el cargo hasta que lo entregó, no ha venido ninguna máquina del gobierno a arreglarla, ni ha mejorado ninguno de los servicios, ni hemos obtenido privilegio alguno.
Blancos pillos
Por otra parte, continúa el nepotismo en filas multicolores. Tal como informó Búsqueda, el Intendente de Florida Guillermo López, dejando a un lado el informe negativo de la JUTEP y el articulo 36 del Código de Ética de la función Pública, contrató a su propio hermano, el exdiputado nacionalista Arturo López, para un cargo de particular confianza, grado 10, como asesor del Director de Asuntos Legales y Jurídicos y con un salario superior al del jerarca inmediato superior.
Pero no todos los blancos han podido eludir la ley. Una nueva pericia realizada al expresidente de la Junta de Cerro Largo Gustavo Viera, determinó que el exedil nacionalista estaba apto para ir a la cárcel por dos años y medio por explotación sexual de menores. Viera había sido condenado el 9 de diciembre; pero por problemas de salud se le otorgó la prisión domiciliaria, medida que se revierte con una segunda evaluación médica.
En Dolores, el arquitecto y alcalde Juan Andrés Oronoz, fue condenado a seis meses de prisión efectiva y seis más de libertad vigilada. El político del Partido Nacional había contactado a un menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp, incurriendo en un delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal. Sergio Puglia lo había apoyado fervorosamente durante la campaña resaltando en un video sus cualidades personales.
El mismo libretista
Y mientras transcurrían todos estos eventos, una foto del presidente caminando por la calle con su esposa (aparentemente de compras) como una pareja más, llenó de emoción y orgullo a sus seguidores. Solos, sin custodia. La imagen daba a entender que el cariño popular era su mejor defensa. Ahora, si bien es cierto que la mayoría de nuestros presidentes podía hacer esto porque no somos un pueblo salvaje, la realidad saltó pocas semanas después. Juan Raúl Ferreira publicó una foto más amplia donde se mostraba que la pareja estaba siendo filmada por todo un equipo de profesionales. Era, una vez más, puro marketing; una puesta en escena planificada previamente.
La estrategia que le diera un buen resultado a Mauricio Macri, por lo menos durante su primer año y antes de que el desastre en Argentina fuera absoluto, está siendo reflotada detalle por detalle en Uruguay. Las fotos de ambos presidentes comprando verduras, cruzando un alambrado, paseando con la esposa, conversando con niñas, etcétera, parecen fotocopias.
A los duranbarbistas no les importa quedar al descubierto. Saben que aun así, esta clase de marketing político continúa surtiendo efecto. El dilema es cómo evitar que siguiendo el mismo camino de Macri, tanto en lo publicitario como en lo político y económico, se llegue al mismo fin. Hay señales de alerta. Si bien Lacalle II conserva un alto índice de popularidad, ya comenzó la línea descendente.
En fin, ya quedan menos de cuatro años de circo y joda. A resistir compatriotas… y para la próxima, por favor, a pensar antes de votar.
Allanamientos a autocultivadores
¿La DEA está detrás del registro de facto del Ministerio del Interior?
El paulatino pero vertiginoso cambio en las políticas sobre la regulación y consumo de sustancias por parte de las nuevas autoridades en sus declaraciones públicas, sumado a las extrañas razones de realizar allanamientos contra autocultivadores registrados en el Ircca, generan la razonable duda de que si no hay injerencia directa sobre las fuerzas uruguayas de la Agencia Internacional, hay un alineamiento político de claro corte punitivo.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) había vuelto a Uruguay en 2012 después de muchos años de operar en el territorio desde su oficina central regional en Buenos Aires.
Los constantes roces de los funcionarios de esa agencia con el gobierno de los Kirchner (similares a los que tenia con los gobiernos de Bolivia y Venezuela) los llevó a tomar la resolución de instalar su oficina regional en la embajada de Estados Unidos en Uruguay, en la que estuvieron hasta el año 2019. La decisión era un poco sorpresiva, ya que en 2012 se estaba en pleno debate del proyecto de Ley de Regularización del mercado y consumo del cannabis, proyecto sobre el que la DEA se había pronunciado públicamente en contra, al igual que la mayoría de los legisladores de la oposición en aquel momento, mucho de los cuales ahora están en el Poder Ejecutivo.
El 12 de diciembre de 2013, una nota de la BBC consignaba: “La Administración para el Control de las Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) rechazó la nueva ley que regula la producción y venta de la marihuana en Uruguay aprobada el martes por el Congreso”.
Consultado sobre el tema por el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, el vocero de esa entidad gubernamental estadounidense, Rusty Payne, dijo que «la legalización de la marihuana, sin importar cómo comience, vendrá a costa de nuestros niños y de la seguridad pública».
Payne agregó en su comunicado que «creará dependencia y temas de tratamiento, así como abrirá la puerta al uso de otras drogas, a la disminución de la salud, el comportamiento delincuencial y a conductores narcotizados».
“El Senado de Uruguay convirtió este martes al país sudamericano en la primera nación del mundo en la que el Estado controla la producción y venta del cannabis”.
Sin embargo, consultados varios exjerarcas del Ministerio del Interior, policiales y de la Junta Nacional de Drogas de los gobiernos frenteamplistas, manifestaron a Caras y Caretas que los oficiales de enlace de la DEA con las autoridades uruguayas no se manifestaron abiertamente en contra de la ley y se limitaban a aportar información operativa a la policía uruguaya.
Para algunos de estos ex jerarcas, el celo mayor de las autoridades uruguayas era que la DEA no tuviera contactos horizontales con las fuerzas del orden del Uruguay, entre los que se encontraban algunos oficiales contrarios a la ley, pero los contactos horizontales nunca se pudieron comprobar y menos controlar. Para otros exjerarcas, los oficiales de la DEA “vendían” a los oficiales uruguayos su experiencia dentro del contexto del famoso Plan Colombia, un fracaso que no resolvió el problema tras dejar un baño de sangre, y que obligó a que algunos países como Uruguay asimilaran la experiencia de varios estados de Estados Unidos de transitar el camino de la legalización y la regulación del mercado cannábico.
Con alfombra roja
Con el triunfo de Lacalle Pou, que paradojalmente fue impulsor de legalizar y regular el consumo y la producción de cannabis, el Ministro Jorge Larrañaga volvió tras sus pasos.
En 2011 ya había dejado claro su postura, manifestando: «No estoy de acuerdo con el proyecto de ley sobre legalizar el autocultivo de la marihuana. En países donde se habilitó están de vuelta».
Con la derrota a cuestas, no resulta extraño el fuerte impulso contra las políticas heredadas del gobierno anterior sobre el tema cannabis y la solicitud de que la DEA vuelva al país.
En junio de 2020 el Ministro Larrañaga expreso a la prensa: “Me he comunicado con la DEA (la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el tráfico de drogas) así como con “otras agencias de seguridad” internacionales con el objetivo de que se instalen en Uruguay.
Nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico. Se fue a Buenos Aires porque -repito- nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay.
Yo he hablado con las agencias y me parece importante que puedan estar en Uruguay porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico.
Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que librar en el país (…) Si no libramos esta guerra con toda decisión, con todos los costos que pueda tener, vamos a tener numerosos dramas en la vida nacional”.
Al exsubsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez no le consta que la DEA se fuera del país por la falta de respuestas de las autoridades del momento. “La DEA fue muy importante en brindar información que permitió llevar adelante importantes procedimientos como la famosa Operación Campanita. Seguro se fueron porque consideraron que el combate al narcotráfico por parte de las las autoridades uruguayas era suficiente.
En octubre de 2020 Uruguay pidió formalmente a Estados Unidos que reabra la oficina de la DEA en Uruguay para colaborar con el Ministerio del Interior.
El planteo fue realizado por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al reunirse con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ulrich Brechbuhl.
El jerarca norteamericano había viajado a Uruguay, entre otras cosas, para analizar la cooperación entre ambos países en temas como seguridad.
Además, el propio canciller Francisco Bustillo en su visita a Estados Unidos buscó profundizar en el planteo con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Sin embargo, en febrero de 2021 y quizás por la confidencialidad con que se manejan estas agencias (recordemos que la DEA, “hija” del expresidente Richard Nixon también es una agencia de Inteligencia), la embajada de Estados Unidos en su página afirma que “la DEA está activamente involucrada en Uruguay”, mientras se espera su retorno a Montevideo.
El caso que más dejó evidenciada la participación activa de la DEA en Uruguay fue el operativo de extradición en mayo de 2020 del narco mexicano líder de los Cuines, Gerardo González Valencia.
Pechando la Ley
El ministro Jorge Larrañaga, contrario a la regulación del mercado cannábico, ha pedido información del Ministerio del Interior al Ircca para tener la lista de usuarios registrados como consumidores de marihuana, algo que violenta la propia ley aprobada, pero que, además, podría perfectamente -a través de la orden de un juez- solicitarle al Ircca si en ese caso en particular hay un registro de autocultivadores o un club, pero para ese caso en particular en el marco de una investigación, no una liberación total de los usuarios y de los registros.
Registro de facto
Los allanamientos contra autocultivadores y clubes de membresía, incluso emprendimientos de capitales privados, se vienen repitiendo con distintas excusas.
En las localidades de Sauce, Guichón, Punta Rubia, Valizas, Punta del Diablo (allanamientos en general contra los que el director de la Intendencia de Rocha, Martín Rodríguez, vecino de la zona, alguna vez calificó de hippies), zona rural de Fray Bentos, y en otros puntos del país, el procedimiento se ha reiterado, en general contra autocultivadores ya registrados y donde no se ha podido demostrar que posean más de las seis plantas establecidas por ley.
Estas actuaciones han ameritado denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y hay preocupación en los clubes cannábicos por su realización sistemática sin que el ministro Larrañaga ofrezca explicaciones.
El allanamiento, mas allá de sus resultados, expone públicamente al sujeto allanado y las fuerzas de seguridad realizan una suerte de registro forzoso.
Para Julio Rey, registrado como autocultivador, en el Ircca, en los hechos lo que se está avalando por parte del Ministerio del Interior es “cuál es el peso de una ‘denuncia anónima’ a la hora de constituir semiplena prueba de delito a fines de poder ordenar un allanamiento o inspección de los cultivos e incluso cuál es la validez del llamado ‘allanamiento voluntario’, ya que para entrar a un hogar, salvo por expresa voluntad de sus responsables, solo se podría con orden de allanamiento por escrito y con firma de un juez. No podemos dejar de nombrar la criminalización de un completísimo colectivo de cultivadores regulados, sobre los cuales las declaraciones del ministro y su ministerio extiende una tenebrosa sombra de sospechas infundadas”.
¿Y la DEA?
En enero de este año, el ministro Jorge Larrañaga anunció que centrará el combate al narcotráfico (¿narcomenudeo?), dotando a la Policía de drones para los operativos y nuevo armamento para la Guardia Republicana Nacional, específicamente calibre 9 mm y 565 con equipamiento de miras especiales.
Tenemos razones para pensar que la DEA no hará de agencia de compras de armamento; tampoco se los ve públicamente identificados participando en los operativos, y los humildes ranchos en Rocha en los que ingresaron no parecen haber demandando muchísimo trabajo de Inteligencia y menos formar parte del narcotráfico.
¿Son los auto cultivadores conejillos de Indias para procedimientos de mayor envergadura?
Por ahora el único efecto que logrará es que los cultivadores no se registren y volvamos a la sombra gris del mercado irregular.
Y a todo esto, ¿que hace la DEA en Uruguay?
Caras y Caretas consultó al Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y al Director General de Secretaría, Dr. Luis Calabria, sobre la presencia de la agencia internacional en Uruguay, pero han mantenido profundo y prolongado silencio.
