A 50 años de la publicación original del clásico de Eduardo Galeano
Lanzan una edición especial de "Las venas abiertas de América Latina"
El clásico de la izquierda latinoamericana cumple cincuenta años. “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”. Así comienza Las venas abiertas de América Latina, libro que Eduardo Galeano publicó en 1971, cuando tenía 31 años. Sabía que podía resultar “sacrílego que este manual de divulgación hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas”. Esa irreverencia en la forma quizá sea la clave de la fascinación que fue provocando en los lectores de distintas generaciones. Para celebrar este aniversario, la editorial Siglo XXI lanzó una reedición especial con excepcionales viñetas de Tute. El próximo 13 de abril se cumplirán seis años de la muerte del escritor uruguayo y para acompañar el lanzamiento la editorial compartirá durante todo el mes videos de referentes de la cultura leyendo fragmentos de la obra. El primero de estos famosos lectores es el cantautor catalán Joan Manuel Serrat.
Historia del saqueo
“Es América Latina, la región de las venas abiertas”, advierte Galeano en “Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta”, título de la introducción del libro. “Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos (…) Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron”, se lee en este libro donde el autor analiza la historia de la explotación económica y la dominación política a la que fue sometida la región, desde la colonización europea hasta la década del 70 del siglo XX.
En las más de 480 notas del libro se puede rastrear las eclécticas fuentes utilizadas por Galeano; hay textos leídos y citados de Alexander Von Humboldt, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre, José María Rosa, Tulio Halperin Donghi, Celso Furtado, Fernando Ortiz, Gregorio Selser, José Carlos Mariátegui, José Luis Busaniche, Darcy Ribeiro, Dardo Cúneo, Raúl Scalabrini Ortiz, Jorge Abelardo Ramos, José Hernández, Rodolfo Ortega Peña, Rogelio García Lupo y Karl Marx y su famoso “Discurso sobre el libre cambio”, en Miseria de la filosofía, entre otros. La literatura latinoamericana también es una fuente para el escritor uruguayo, que recupera aspectos de las obras de los escritores cubanos Miguel Barnet (Biografía de un cimarrón) y Alejo Carpentier (El reino de este mundo), del peruano Mario Vargas Llosa (La casa verde) y del guatemalteco Miguel Ángel Asturias con su trilogía Viento fuerte (1950), El papa verde (1954) y Los ojos de los enterrados (1960), tres libros en los que aparece la explotación de los trabajadores en las plantaciones de banana y cómo Guatemala es sometida por la norteamericana United Fruit Company.
Han pasado cincuenta años desde la publicación de Las venas abiertas de América Latina, libro que, según el propio autor, había sido escrito “para conversar con la gente” y divulgar “ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente”. Galeano recuerda en el epílogo añadido “Siete años después” que la respuesta más estimulante no surgió de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios ocurridos en la calle: la muchacha que iba leyendo el libro para su compañera de asiento y terminó parándose y leyendo en voz alta para todos los pasajeros mientras el ómnibus atravesaba las calles de Bogotá; o la mujer que escapó de Santiago de Chile con el libro envuelto entre los pañales del bebé; o el estudiante que durante una semana recorrió las librerías de la calle Corrientes, en Buenos Aires, y lo fue leyendo de a pedacitos, de librería en librería, porque no tenía dinero para comprarlo. El escritor uruguayo decía que los comentarios más favorables no los recibió de ningún crítico de prestigio, sino de las dictaduras militares que lo elogiaron prohibiéndolo: “No puede circular en mi país, Uruguay, ni en Chile, y en la Argentina las autoridades lo denunciaron, en la televisión y los diarios, como un instrumento de corrupción de la juventud. ‘No dejan ver lo que escribo’, decía Blas de Otero, ‘porque escribo lo que veo’”.
Julio Cortázar contó que cuando terminó de escribir Rayuela pensó que había escrito un libro de un hombre de su edad para lectores de su edad. La gran maravilla fue que esa novela, cuando se publicó en Argentina y en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes no había pensado. Quizá con Galeano y Las venas...suceda algo parecido. El uruguayo tenía 31 años cuando publicó el libro que resultó un tanto incómodo para la propia izquierda latinoamericana a la que estaba dirigida. En El cazador de historias, libro póstumo publicado en 2016, un año después de la muerte de Galeano, el propio escritor confesaba: “En 1970, presenté Las venas abiertas de América Latina al concurso de Casa de las Américas, en Cuba. Y perdí. Según el jurado, ese libro no era serio. En el 70, la izquierda identificaba todavía la seriedad con el aburrimiento”.
El círculo vicioso
A Galeano se le hacía “cuesta arriba” leer algunas obras valiosas de ciertos sociólogos, politólogos, economistas o historiadores escritas en código. “El lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la profundidad. Puede esconder simplemente, en algunos casos, una incapacidad de comunicación elevada a la categoría de virtud intelectual. Sospecho que el aburrimiento sirve así, a menudo, para bendecir el orden establecido: confirma que el conocimiento es un privilegio de las élites”, plantea Galeano en “Siete años después”, un texto que escribió en el exilio de Calella (Barcelona) en abril de 1978. Pero también le pasaba algo parecido con “cierta literatura militante dirigida a un público de convencidos”. “Me parece conformista, a pesar de toda su posible retórica revolucionaria, un lenguaje que mecánicamente repite, para los mismos oídos, las mismas frases hechas, los mismos adjetivos, las mismas fórmulas declamatorias. Quizás esa literatura de parroquia esté tan lejos de la revolución como la pornografía está lejos del erotismo”, compara el escritor uruguayo.
Hay fragmentos del libro que parecen escritos en 2021, como si Galeano hubiera tenido la capacidad de poner el dedo en la llaga de una permanencia dolorosa. “El FMI y el Banco Mundial ejercen presiones cada vez más intensas para que los países latinoamericanos remodelen su economía y finanzas en función del pago de la deuda externa. El cumplimiento de los compromisos contraídos, clave de la buena conducta internacional, resulta cada vez más difícil y se hace al mismo tiempo más imperioso (…) Es el círculo vicioso de la estrangulación: los empréstitos aumentan y las inversiones se suceden y en consecuencia crecen los pagos por amortizaciones, intereses, dividendos y otros servicios; para cumplir con esos pagos se recurre a nuevas inyecciones de capital extranjero, que generan compromisos mayores, y así sucesivamente”.
En Las venas, como asumía el propio autor, el pasado aparece convocado por el presente. “Este libro es una búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente, que también hace historia, a partir de la base de que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla –propone Galeano-. Las venas proviene de la realidad, pero también de otros libros, mejores que este, que nos han ayudado a conocer qué somos, para saber qué podemos ser, y que nos han permitido averiguar de dónde venimos para mejor adivinar adónde vamos. En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que no resulte, por lo menos, sospechosa”. Ese tiempo presente se extiende durante cincuenta años. “La industrialización dependiente agudiza la concentración de la renta, desde un punto de vista regional y desde un punto de vista social. La riqueza que genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes e incluso los profundiza (…) Son los estratos más altos de la pirámide social los que recogen los frutos, amargos para muchos, de los aumentos de la productividad”, precisa Galeano.
Un libro que no para de venderse
A fines de los años ochenta, Carlos Díaz, el director editorial de Siglo XXI, tenía quince años cuando tuvo su primer trabajo en un stand de la Feria del Libro. “Como era muy pibe, me pusieron a cuidar la mesa donde estaban todas las novedades y los libros más llamativos. Mi trabajo era cuidar que no se los robaran y reponer lo que se vendía. Y veía que había un libro que no paraba de venderse y todo el tiempo tenía que reponerlo. A la noche cuando volví a casa, les dije a mis viejos: hay un libro que no para de venderse, que es impresionante, Las venas abiertas de América Latina. Mi viejo (Alberto Díaz), que había estado involucrado en la primera edición del libro, me contó quién era Galeano y por qué era importante el libro”, recuerda Díaz a Página/12. Entonces, mientras trabajó en la Feria del Libro, Díaz aprovechaba cuando le tocaba el turno para ir a comer y se llevaba el libro para leerlo. “Me acuerdo que en un momento me puse ansioso porque quería llegar al siglo XX y me salteé la etapa colonial para llegar al siglo XX. El libro me fascinó, me lo devoraba en mis ratos de comida. Tal vez había cosas que no entendía, pero era tan entretenido, tan lindo, que seguía avanzando. Nunca me imaginé que muchos años después iba a terminar teniendo un vínculo con Galeano”, dice el director editorial de Siglo XXI.
A Díaz le encanta el planteo de Galeano cuando dice que a pesar de ser un libro de historia, de economía, de política, Las venas se lee como una historia de amor o de piratas. “En la referencia a la división internacional del trabajo que consiste en países que ganan y países que pierden se ve el espíritu del libro. Hay que remontarse a la década del 70, donde a veces el hiper academicismo era tan sofisticado y complejo que volvía ininteligible para mucha gente los problemas que trataba. Eduardo renegaba de eso. Al mismo tiempo tampoco tenía una posición anticademicista, para nada. Él renegaba mucho del izquierdismo medio berreta, panfletario, de decir consignas que de tanto repetirse se vuelven huecas y ya no sabés de qué estás hablando, que empobrecen el pensamiento. Él logró hacer un libro que se nutrió de textos académicos, pero también de otras historias y del saber popular, y pudo generar un libro muy especial que reflejaba lo que era el mundo de esa época”, reflexiona el editor de Galeano y menciona que en el epílogo “Siete años después” el escritor uruguayo subraya que “el sistema ha multiplicado el hambre y el miedo; que la riqueza continúa multiplicándose y la pobreza difundiéndose”.
“Si tuvieras que pensar en siete años cómo vas a describir el futuro de Argentina o de América Latina, no va a ser muy distinto –aclara Díaz-. Eduardo está dolido porque dice que pasaron siete años de la publicación del libro y las cosas siguen igual. Yo creo que en los setenta se inauguró una etapa de la historia que todavía no terminó y eso sigue vigente hoy, cincuenta años después de escrito y publicado el libro. Lo bien escrito que está, lo entretenido que es y la vigencia de los problemas que toca explican su vigencia y por qué sigue siendo un gran éxito. Eduardo odiaba que hablaran de cuántas ediciones llevaba publicadas, de cuántos volúmenes vendió, porque le parecía que era como prostituirlo, pero a él le encantaba las aventuras en torno al libro. Cualquier historia que se enteraba le fascinaba. El éxito fue el boca en boca y cómo sigue leyéndose con pasión”.
En abril de 2009, durante la Quinta Cumbre de las Américas, el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez le regaló un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina a su colega estadounidense, Barack Obama. En apenas veinticuatro horas, la obra de Galeano saltó desde la posición 60.280 de los libros más vendidos en el sitio web de Amazon al puesto diez. En abril de 2014, un año antes de su muerte, el escritor uruguayo participó de la II Bienal del libro y la lectura en Brasilia. “No volvería a leer Las venas abiertas de América Latina, porque si lo hiciera caería desmayado”. La confesión sorprendió a más de uno. “Fue una declaración que se interpretó de manera maliciosa por gente que no lo quería bien a Eduardo, que les encantó ver ahí la posibilidad de destruir una de las obras más simbólicas de la izquierda latinoamericana”, reflexiona Díaz sobre el impacto que generó esa declaración.
“A Eduardo le pasaban cosas muy humanas con el libro. Obviamente que lo adoraba, era importantísimo para él, pero lo escribió cuando tenía 31 años. No volvió a hacer un libro como Las venas y se fue volcando cada vez más hacia el microrrelato, a historias más pulidas, más trabajadas, condensando el contenido y la escritura. En ese sentido él hace referencia a que hay cosas que las hubiera hecho de otra manera. Algunos aprovecharon esas declaraciones a la ligera y un poco ambiguas para tratar de defenestrar un libro que es todo un símbolo de la izquierda latinoamericana”, agrega el director editorial de Siglo XXI.
Las últimas líneas del libro de Galeano son una invitación abierta y
una cuenta pendiente: “Es mucha la podredumbre para arrojar al fondo del
mar en el camino de la reconstrucción de América Latina. Los
despojados, los humillados, los malditos tienen, ellos sí, en sus manos,
la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa
social: para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar
por derribar a sus dueños, país por país. Se abren tiempos de rebelión y
de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de
los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente,
sobre las conciencias de los hombres”.
Wall Street: La caída del fondo Archegos hace perder miles de millones a los grandes bancos y resucita los fantasmas de Lehman Brothers
La liquidación del 'hedge fund' (fondo de cobertura) ha provocado cuantiosas pérdidas en Credit Suisse, Nomura y, posiblemente, en Deutsche Bank y Mitsubishi UFJ Financial Group.
NUEVA YORK (EEUU)
01/04/2021 16:31 EFE - PÚBLICOLa liquidación de unos 30.000 millones de dólares del hedge fund (fondo de cobertura) familiar Archegos, gestionado por el inversor chino Bill Hwang, acusado en el pasado de fraude, ha provocado cuantiosas pérdidas a Credit Suisse, Nomura y, posiblemente, Deutsche Bank y Mitsubishi UFJ, y obligado a sopesar de nuevo el riesgo de productos financieros derivados, que ya estuvieron detrás de la crisis de Lehman Brothers.
El escándalo por la liquidación del fondo Archegos sigue extendiéndose entre los bancos de inversión en Nueva York, Tokio y Zurich, aunque es el banco Credit Suisse el que podría tener que asumir las mayores pérdidas por las operaciones del hedge fund de Hwang. Y es que, analistas del banco Berenberg estiman que las pérdidas de Credit Suisse podrían superar los 3.000 millones de dólares.
Para Credit Suisse, que ha adelantado que las perdidas pueden ser "altamente significativas", este sería el segundo gran error en su división de banca de inversión tras el de la financiera Greensill Bank, que este mes se declaró en bancarrota por prácticas contables que han sido comparadas con las de la eléctrica Enron.
Nomura, el banco de inversión japonés que se hizo con parte de las operaciones de Lehman Brothers tras su quiebra en 2008, ha revelado unas pérdidas de 2.000 millones y este martes su compatriota Mitsubishi UFJ Financial Group dijo que también se ha visto afectado y está estimando el agujero que dejó su exposición a Archegos.
Según el Wall Street Journal, Morgan Stanley y Goldman Sachs se deshicieron de sus compromisos con el hedge fund el viernes pasado para limitar pérdidas, después de que Archegos pidiera liquidar algunas posiciones en pérdidas.
Morgan y Goldman fueron los más rápidos en deshacerse de su exposición a Archegos, mientras que otros, como Deutsche Bank, Wells Fargo y UBS, habrían conseguido limitar pérdidas a última hora.
El tigre Hwang
En el centro de la polémica está el millonario inversor Bill Hwang, un coreano-americano que hizo su fortuna tras la crisis de los tigres asiáticos de los 90 y se convirtió en exitoso inversor hasta que se vio vinculado con una denuncia de insider trading o tráfico de información privilegiada cuando era el gerente de Tiger Asia, por la que pagó una multa de 44 millones de dólares.
Hwang regresó a Wall Street con Archegos Capital Management, su brazo inversor personal y que operaba en secreto gracias a instrumentos financieros derivados que le permitían adoptar grandísimas posiciones en empresas cotizadas sin necesidad de adquirir los títulos con la mediación de los bancos de inversión afectados, que a cambio recaudaban cuantiosas comisiones.
El fondo llegó a acumular hasta la semana pasada 40.000 millones de dólares en activos, con un capital neto de uno 10.000 millones, la mayoría a nombre de Hwang y de su familia.
Según algunos analistas, las posiciones de Archegos podría haber superado los 50.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales se evaporaron en cuestión de días.
En opinión de billonario y exsocio de Goldman Sachs Mike Novogratz la caída de Archegos es algo "nunca visto", por lo "silencioso, concentrado y rápido de la desaparición de capital", además de ser "la mayor pérdida personal de riqueza de la historia" para Hwang y su familia.
Los derivados financieros, de nuevo bajo la lupa
"Este es un momento difícil para la familia de Archegos Capital Management, nuestros socios y empleados. Hwang y su equipo discuten cuál es el mejor camino", explicó la noche del martes el "hedge fund" en un comunicado.
La montaña rusa financiera de Hwang comenzó con la concentración de un altísimo volumen de posiciones en un número limitado de acciones, entre ellas ViacomCBS, Discovery o las chinas GSX Techedu, Baidu o Vipshop Holdings.
Con el inicio de las caídas en ViacomCBS y otras posiciones a comienzos de la semana pasada las pérdidas comenzaron a acumularse en Archegos, que utilizaba un tipo de derivados "swap" conocidos como CFD, que con la mediación de un banco permite abrir posiciones en base a una acción sin tener que adquirirla, con alto apalancamiento y alto riesgo si el precio no sube.
Los CFD o Contract For Differences se intercambian en el mercado OTC u over-the-counter entre inversores institucionales de manera opaca. Estos actores hacen uso de estos contratos porque permiten grandes beneficios sin reservar capital, además de tener ciertas ventajas fiscales en el caso de Reino Unido.
Según el presidente de Heritage Capital, Paul Schatz, lo que ha ocurrido "no es una sorpresa", con los mercados artificialmente sostenidos con la ayuda de Reserva Federal. En su opinión, estos derivados "no deberían existir de la manera actual, ya que favorecen un Wall Street "del Salvaje Oeste".
Cuello blanco, dinero sucio
Jennifer Taub: "Los crímenes de cuello blanco suponen en EEUU entre 200.000 y 800.000 millones de dólares al año"
La autora de 'El gran dinero sucio.
El escandaloso e invisible coste de la violencia de cuello blanco y
corbata' denuncia que los autores de estos crímenes casi nunca van a la
cárcel. "Esta impunidad amenaza la democracia", alerta.
Washington
03/04/2021 08:55 Manuel Ruiz Rico@ManuelRuizRico - PÚBLICOSe denomina crimen de cuello blanco y corbata (white collar crime, en inglés) a los delitos protagonizados por las grandes corporaciones privadas y entes financieros y que, por lo tanto, son efectuados no a pie de calle sino por alguien que toma decisiones en un despacho. Sin embargo, Jennifer Taub, profesora de Derecho en la Western New England University School de Springfield (Massachusetts), afirma que "cuando oímos la palabra crimen la asociamos sólo a los actos de violencia y robo a pie de calle y no a los delitos de cuello blanco".
Taub ha dedicado a estudiar este fenómeno un libro de casi 300 páginas, en las que revela que "mientras que el primer tipo de delitos tradicionales supone en Estados Unidos, según el FBI, 16.000 millones de dólares anuales, los crímenes de cuello blanco se estima que cuestan al contribuyente entre 300.000 y 800.000 millones". Y encima, las grandes empresas y las personas con nombre y apellidos responsables de los delitos casi nunca acaban con sus huesos en la cárcel. El último ejemplo, la crisis económica de 2008.
Esta disfuncionalidad es la que aborda Taub en su obra El gran dinero sucio. El escandaloso e invisible coste de la violencia de cuello blanco y corbata (Big Dirty Money. The Shocking Injustice and Unseen Cost of White-Collar Crime), publicado en septiembre del año pasado en Estados Unidos. El libro no sólo es un relato de escandalosos episodios de crímenes de cuello blanco en el que desfilan multinacionales como DuPont, Boeing y su 737MAX, Walmart, Enron, Barclays o Citigroup, y magnates y evasores de impuestos como Donald Trump, sino también un alegato contra la impunidad de estos crímenes. "Ni siquiera existe en Estados Unidos una agencia federal que recabe datos oficiales de la magnitud real de estos delitos. Los datos de que disponemos son estimaciones", denuncia Taub en una entrevista telefónica con Público.
En Estados Unidos hay unos 2,3 millones de personas en la cárcel, sin embargo, casi ninguna de esos reclusos es un hombre o mujer de cuello blanco y corbata sino personas que están entre rejas a menudo por crímenes relativamente menores. "Esta impunidad es una amenaza contra la democracia actual, la gente deja de creer en las instituciones", dice Taub. "Alguien como George Floyd fue detenido y acabó asesinado por no pagar una cuenta de 20 dólares. Así que en estos Estados Unidos de hoy puedes acabar en la cárcel por un pequeño robo o un crimen menor, pero a las grandes compañías que han cometido graves delitos, muchas veces de evasión fiscal, o a gente como Trump, no les pasa nada".
"Siempre se pone todo el foco en la víctima"
La autora alerta de una contradicción peligrosísima: "En este país se alaba muy a menudo a la persona de éxito, al triunfador que ha logrado hacer una gran fortuna, pero siempre se olvida a las víctimas de sus acciones. Creo que esto sucede por dos motivos: en primer lugar, la persona que comete el crimen de cuello blanco y corbata suele ser alguien casi venerado porque existe un cierto culto a la persona, así que esto vuelve invisibles a las víctimas, que incluso se culpan a sí mismas".
"La segunda razón", añade, "tiene que ver con que cuando alguien es víctima de un crimen de este tipo sufre un proceso parecido al que han sufrido las mujeres cuando han sufrido un abuso sexual: son cuestionadas, qué estabas llevando, por qué fuiste a esa fiesta, por qué hiciste esto o lo otro. Se pone todo el foco en la víctima y no en el perpetrador".
"Cuando alguien te rompe el cristal del coche y te roba un objeto que hay en su interior, todo el mundo te dice ¡oh, cuánto lo siento!, pero si alguien te tima por teléfono o con una inversión, la gente tiende a culparte a ti, piensan que eres estúpido y tonto por haber caído en la estafa, es culpa tuya por no haber investigado más a la empresa en cuestión o por haber dado curso a tu codicia", dice Taub.
Es la vergüenza del perdedor, del loser, un arquetipo muy estadounidense y una figura explotadísima por Trump en su mandato. Se puede ser lo que sea menos un loser, ser un loser es lo peor, una desgracia, es algo casi antiamericano. "Esto va unido", dice Taub, "al mito americano de que cualquiera que trabaje duro puede lograr lo que se proponga. Lógicamente, no es cierto, pero está muy arraigado y su correlato es que si no logras lo que te propones, si eres pobre, es que no has dado lo suficiente, es decir, te lo mereces".
En caso contrario, si uno es alguien poderoso, muy rico, una persona de éxito, un winner, "se entiende que todo lo que uno ha logrado lo ha conseguido de manera limpia, honesta, trabajando mucho, y por lo tanto, merece que conserve toda es riqueza y esa persona merece ser alabada y venerada. Todo esto es absolutamente falso pero es un mito muy difícil de romper".
Otro elemento que complica las cosas, dice Taub, es que "el crimen de cuello blanco es mucho más complicado de explicar que el delito tradicional, como un robo al uso. Si alguien te roba el ordenador en el coche en un parking, uno denuncia, la empresa del parking revisa las cintas de seguridad y se ve al ladrón entrando en tu coche y cogiendo el portátil. Listo. Pero si una empresa te engaña con una inversión y te arruinas, es completamente diferente, no hay un vídeo de alguien robándote y encima ¡la gente pensará que fuiste codicioso o torpe!".
El Departamento de Justicia ha claudicado
La impunidad de los autores de estos crímenes, a menudo personas riquísimas que dirigen empresas poderosas, ha pasado por fases diferentes. "En los años 70 y 80", dice Taub, "los fiscales hacían mejor su trabajo y perseguían el crimen con más ahínco, pero en los últimos 20 años no se ha hecho tanto".
Según la autora, lo que sucedió a partir del año 2000 fue que se ha optado cada vez más por los llamados acuerdos de encausamiento diferido (deferred prosecution agreement o DPA, en inglés) y los acuerdos de no encausamiento (non-prosecution agreement o NPA). "Ambas herramientas se han hecho muy populares entre los fiscales federales e implica no perseguir a los propietarios de las empresas sino llegar a acuerdos económicos, así se logra que el proceso judicial sea más rápido y además el gobierno logra que las empresas denunciadas paguen dinero".
¿Cuál es el problema? Que los autores de los delitos se van de rositas sin pestañear. "En mi opinión, lo que sucede es que la gente en el Departamento [Ministerio] de Justicia llegó a ver la enorme escala de los casos y cómo de complicado sería llevarlos a juicio y sencillamente perdieron el coraje de afrontarlos", dice Taub.
Fue, al menos en parte, lo que sucedió en 2008, con un añadido más perverso: "En el caso de esta crisis, los bancos responsables de aquella crisis estaban en una posición tan poderosa que pudieron decir: si no nos rescatas el sistema entero se viene abajo, aquello de ser demasiado grande para caer (too big to fail), y eso es lo que hicieron los gobiernos: rescatarlos sin perseguir esos delitos".
Taub advierte también que el problema de disponer de datos oficiales sobre la repercusión económica de estos delitos tiene que ver con un defecto de base: "El sistema de recogida de información que el FBI usa actualmente para sus estadísticas sobre crímenes y delitos consiste en obtener datos de las comisarías de policía. Esto ya es una limitación importante. Si me roban el bolso, voy a la policía local y pongo una denuncia, pero en muchos casos, los delitos no son denunciados en las comisarías. Si uno sabe que su vecino está defraudando impuestos, no llama a la policía. Y lo mismo sucede con una gran fortuna: si el gobierno federal lo pilla evadiendo impuestos, lo normal es que se llegue a un acuerdo y listo. Ninguna comisaría ni ninguna agencia federal consignan la cantidad defraudada y ésta es la norma para los crímenes de cuello blanco y corbata".
Esa invisibilidad es la que hace, lamenta Taub, que cada vez que uno oye las palabras crimen o delito lo que se le viene a la mente es un asalto en la calle, un coche o una vivienda robadas, pero casi nunca piensa en las víctimas que ha podido dejar atrás la acción ilegal de una multinacional, de un banco o de un responsable político.
El caso Purdue Pharma: 18.515 fallecidos
Y esto está directamente relacionado con un concepto que Taub explora en su libro: el de criminogenia. "Apela a la atmósfera que ayuda a que el crimen aumente, como si fuera una placa de Petri de un laboratorio [donde se cultivan las células]. Normalmente se insiste en que la pobreza es criminogénica", dice Taub, "porque vivir en un entorno sin recursos induciría al delito, pero en realidad lo que es criminogénico es la extrema riqueza, porque si tienes mucho dinero y una elevada posición acabarás muy tentado de evadir impuestos o de cometer otras ilegalidades porque tu elevada situación te suele situar en una situación de impunidad. Estos entornos de riqueza extrema son criminogénicos, pero siempre se habla de la pobreza".
De la multitud de casos de corrupción y crímenes de cuello blanco que Taub desmenuza en su libro, la autora se queda con uno: el de Purdue Pharma y su OxyContin. En 2007, dicha compañía y tres altos ejecutivos (ninguno de ellos miembros de la familia propietaria, los Sackler) se declararon culpables de haber comercializado con un etiquetado irregular el producto OxyContin, un fármaco para el dolor severo. OxyContin era muy adictivo y sólo indicado para enfermos terminales, aunque esta información no se dejó tan clara, con lo que fueron juzgados por incumplir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.
El opioide llegó a suponer más del 90% de las ventas de Purdue. En el año 2000, las ventas de OxyContin alcanzaron los mil millones de dólares. Aquello era un filón, así que un año después la empresa gastó cuarenta millones en bonus a sus comerciales para que vendieran el fármaco a todo trapo. En junio de 2001, Purdue había ganado ya 3.000 millones de dólares vendiendo el OxyContin.
Esta facturación se tradujo en muertes. Según el libro de Taub, en 2007 habían fallecido de sobredosis del opioide 18.515 personas. La empresa se declaró culpable de un delito grave y pagó una multa. Los tres directivos sólo se declararon culpables de delitos menores y evitaron la prisión. "Sus autores eran reincidentes, se hicieron ricos con la muerte y el asesinato de personas a través de una droga altamente adictiva. Y nadie fue a la cárcel. Es un caso brutal y cruel".
Siete ciudades del planeta mantienen el riesgo de estallido de burbuja inmobiliaria pese a la covid-19
La Gran Pandemia no ha desplegado sus
tentáculos recesivos sobre siete grandes capitales del mundo, cuyos
mercados inmobiliarios siguen insuflando precios al alza. Hasta el
punto, de que el banco de inversión suizo UBS, los sigue catalogando de
burbujas inflacionistas. Casi todas, europeas -Zúrich, Ámsterdam, París,
Múnich y Fráncfort- a las que se unen Hong-Kong y Toronto.
MADRID
18/10/2020 08:31 - DIEGO HERRANZ - PÚBLICOLa mayor recesión en tiempos de paz de la última centuria no ha pasado factura a los mercados inmobiliarios de Zúrich, Ámsterdam, París, Hong-Kong, Toronto, Fráncfort y Múnich. Según un reciente estudio del banco de inversión suizo UBS, y de forma creciente, conforman las siete grandes capitales del planeta cuyos precios de vivienda siguen instalados bajo burbujas de valor durante la larga travesía de la Gran Pandemia en este complejo ejercicio económico de 2020.
El riesgo de un estallido, dicen los expertos de UBS, es alto pero improbable. Dependiendo de los coletazos que todavía pueda generar la recesión mundial; en función del curso que tomen los acontecimientos de la covid-19. Dejando entrever que las opciones de que suceda una debacle de los precios de la vivienda en estas latitudes surgirán, esencialmente, porque la crisis sanitaria, que ya ha desembocado en una económica, se convierta en un convierta en un nuevo tsunami financiero. Una amenaza que también revela como catastrófica la sala de máquinas del FMI.
El UBS Global Real Estate Bubble Index 2020 se configura a partir de tres bloques de indicadores. El primero, vincula la relación de los descensos de los mercados inmobiliarios respecto de caídas de los PIB, y su decalaje temporal. En su edición de este año, de hecho, asegura que el número de transacciones descendió en la mayoría de las ciudades del planeta entre abril y junio, periodo de mayor intensidad de la primera oleada de la epidemia y de los confinamientos más rigurosos. En comparación con el mismo trimestre de 2019. El segundo bucea en la capacidad de compra y concluye que, en la primera mitad del ejercicio, no experimentaron descensos notables debido a las “facilidades crediticias a corto plazo a empresas y al mantenimiento de la mayor parte de las horas de trabajo de los empleados que, sin embargo, empezaron a hacer mella en el tercer trimestre por los procesos de destrucción de empleo, que afectan de forma directa a los ingresos familiares”. El tercer compendio de indicadores indaga en las ayudas gubernamentales que, en numerosas ciudades, han recaído sobre los propietarios de inmuebles, entre los que el informe cita los subsidios en alquileres e hipotecas, rebajas fiscales y reducción de cargas administrativas sobre las 25 ciudades que engloba el estudio desde 2001. De las que 21 encarecieron sus precios en los cuatro trimestres previos al tercero de este año, entre julio y septiembre, donde concluye el análisis de UBS.
En este contexto es en el que el banco de inversión suizo enmarca a las siete capitales a las que sigue considerando burbujas inmobiliarias. Un escenario que USB tilda de "insostenible", pero que podría continuar en el tiempo si se elude la tormenta financiera. Sus diagnósticos tienen en cuenta y se ajustan a la inflación.
Por orden creciente de sobrevaloración, estas son las aguas turbulentas por las que navegan los precios de las siete capitales en mayor riesgo de estallido de burbujas inmobiliarias.
Zúrich.
La capital financiera suiza evoluciona con unos precios inmobiliarios un 50% más caros que en 2010. Donde, sin embargo, permaneces desocupadas viviendas. "La crisis del coronavirus ha dejado algunos trazos complejos. Porque los inmuebles del centro histórico de la ciudad se siguen beneficiando de una alta demanda, que no se ha resentido en los últimos trimestres". Es el combustible de su calentamiento. "En la actualidad, menos del 0,5% del stock de viviendas se ofrece al mercado, la ratio más baja de todo el país". La crisis económica "todavía no ha creado un impacto directo sobre el mercado de vivienda de Zúrich, que mantiene los precios al alza".
Ámsterdam
Los precios en la ciudad holandesa aumentaron un 10% anualmente entre 2013 y 2018 por la creciente demanda de operaciones de compraventa. Evolución que se ralentizó en el ecuador de 2019, aunque conserva un encarecimiento desde entonces del 4%. La propensión y disponibilidad de inmuebles y el endurecimiento de los criterios hipotecarios "limitará en los próximos meses el alza de los precios", pero con tendencia inflacionista.
París
Residir en la capital francesa ha supuesto un incremento de los costes del 30% desde 2015 y del 6% sólo en 2019. Resultado de las laxas condiciones hipotecarias y del repunte de demanda por parte de fondos de inversión extranjeros en busca de vivienda de lujo. A pesar de los rigores en el acceso a la vivienda. Un profesional cualificado necesita trabajar 16 años para ahorrar por el coste de un inmueble de 60 metros cuadrados, el segundo valor más alto de las ciudades que analiza el estudio en el que se deja constancia de una incipiente fuga de residentes por los altos precios de la vivienda. Es, a juicio de sus analistas, el factor más determinante sobre el valor del sector inmobiliario parisino en el futuro.
Hong-Kong
En continuo encarecimiento entre 2003 y 2019 como resultado de la prosperidad económica del enclave chino y las elevadas demandas de inversión. Sin embargo, la recesión ha ralentizado el alza. Hasta reducir los precios en un 5% desde mediados de 2019. Aun así, y pese a las revueltas sociales por el final del status quo autonómico del territorio decretado por Pekín, que también ha contribuido a paralizar el rally alcista de su mercado inmobiliario, UBS augura repuntes moderados pero sostenidos en sus precios desde finales de 2021. En apoyo de su tesis, su servicio de estudios desvela las limitaciones en las licencias de construcción, especialmente en Greater Bay Area, su centro financiero, alrededor del cual han surgido las viviendas de lujo de los milmillonarios que residente en Hong-Kong, en busca precisamente de compradores con elevado poder adquisitivo capaces de evitar la alta presión fiscal sobre la vivienda impuesta por China y de eludir ejecuciones hipotecarias. La burbuja es de menor dimensión que en 2019, pero sigue siendo de gran calibre, explica el informe.
Toronto
La radiografía de UBS resalta que la ciudad canadiense más cara para vivir ha duplicado el precio de sus viviendas en los últimos doce años, como resultado del aumento de población y de las condiciones crediticias favorables derivadas de la larga fase de bajos tipos de interés. En los últimos cuatro trimestres, los precios han aumentado un 6%. Aunque la demanda emite ya señales de cierto agotamiento y la apreciación del dólar canadiense haya congelado el interés de compra de inversores extranjeros.
Fráncfort
Otro ejemplo de capital en la que se ha doblado el precio de la vivienda en el último decenio. Con persistencia al alza. Porque entre mediados de 2019 y mediados de 2020, el valor inmobiliario se ha incrementado en un 8%. Su condición de centro financiero europeo, cada vez más indiscutible, está detrás del aumento poblacional, de la atracción laboral y del despegue de los ingresos de sus residentes. Empieza a emitir signo de saturación con los primeros vestigios de salidas de residentes hacia otras ciudades limítrofes. A pesar de lo cual -aminoramiento de la actividad y freno a la creación de empleo- la demanda inmobiliaria permanece intensa mientras las condiciones prestamistas sigan siendo tan ventajosas.
Múnich
Ostenta para los investigadores del sector inmobiliario de UBS la mayor burbuja actual. En los últimos diez años, el alza de precios ha sido del 8% cada año. El mayor recorrido de las 25 ciudades analizadas. Lidera su ranking por segundo año consecutivo. Al igual que en el segmento del alquiler. En la capital bávara ha jugado un papel determinante las inversiones especulativas, que han tirado de la demanda, "incluso más que las condiciones financieras".
"Incertidumbre a largo plazo"
Para Claudio Saputelli, responsable de Real Estate en USB Global Wealth Management, explica que "el incremento de los precios de los inmuebles en las grandes capitales nos conduce, en un periodo de máxima alerta sanitaria, a cuestionar la necesidad de vivir junto a las sedes de oficina en el centro de las ciudades". Sobre todo, con fenómenos como el teletrabajo y la ausencia de reuniones presenciales en boga. Las presiones alcistas "han propiciado que muchas personas se hayan planteado y decidido ir a vivir en los barrios del extrarradio". Algo que también se deben plantear urbes "con altos índices de endeudamiento o económicamente débiles", que tendrán que responder a un escenario de recesión como el actual "con aumento de impuestos o mayores recortes públicos y sociales". La suma de estos factores -asegura Saputelli- "crea incertidumbres a largo plazo alrededor de las ciudades y de sus demandas de viviendas y oficinas urbanas". Más elocuente aún es Matthias Holzhey, uno de los coautores del estudio, para quien, a pesar de que, en algunas capitales, sus burbujas inmobiliarias parecieran inmunizadas de los efectos económicos del coronavirus, con perspectivas, incluso de una mayor aceleración del valor a medio plazo, como Múnich, Toronto o Hong-Kong, "la ausencia de una corrección del mercado y el potencial alza de las ganancias de capital de sus propietarios, pueden aún pasar factura a los precios". Porque las perspectivas de inversiones para compra o alquiler empiezan a generar sensibilidades opuestas al alto encarecimiento de las viviendas en estas localidades. Situación que expanden a ciudades que se han quedado fuera de su catalogación de burbujas inmobiliarias como San Francisco, Los Ángeles, Boston, Vancouver, Londres, Singapur, Dubái, Varsovia, con fuertes tasas de valoración excesiva o, en menor medida Nueva York y gran parte de ciudades asiáticas. Y cita como ejemplo de descenso gradual Sídney. La apelación a Madrid habla de caída de valores inmobiliarios que están asociadas a la hibernación y recesión económica.
Secretario General de la ONU augura una crisis de deuda en economías emergentes con "consecuencias catastróficas para la vida de las personas"
El mundo se enfrenta a severos problemas de sostenibilidad de la deuda tras la crisis de coronavirus que no han sido debidamente entendidos ni manejados, según ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En declaraciones a The Financial Times, el alto funcionario señaló que la "respuesta al covid-19 y a los aspectos financieros [de la crisis] ha sido fragmentada", así como "demasiado limitada en escala y tardía", mencionando también entre los contratiempos las existentes "divisiones geopolíticas".
Según Guterres, el hecho de que solo seis países fueran incapaces de pagar su deuda externa el año pasado —Argentina, Belice, Ecuador, el Líbano, Surinam y Zambia— ha creado la "ilusión" de estabilidad y "la percepción errónea de la seriedad de la situación".
El funcionario señaló que grandes países emergentes de ingreso medio, como Brasil y Sudáfrica, se han endeudado fuertemente gracias a prestadores nacionales y no inversores extranjeros, a tasas de interés mucho mayores que aquellas de las que gozan los países ricos. Esto hace que los peligros parezcan menos visibles que en las crisis anteriores en los mercados emergentes.
La incapacidad para fortalecer la sostenibilidad de la deuda presenta la "amenaza de que comprometamos la recuperación de las economías en desarrollo con consecuencias catastróficas para la vida de las personas: la expansión de la hambruna y la pobreza, y problemas dramáticos en los sistemas de salud y de educación". Estos, sostuvo, en muchas ocasiones llevan a la inestabilidad, perturbaciones sociales y conflictos. "Ahora todo está entrelazado", subrayó.
El Banco Mundial evalúa que unos 120 millones de personas se han visto bajo el umbral de la pobreza debido a la crisis de covid-19, la mayoría de los "nuevos pobres" se encuentran en los países de ingreso medio. La ONU anteriormente advirtió que el impacto severo a largo plazo de la pandemia podría llevar a la pobreza extrema a más de 200 millones de personas, elevando el número total a más de 1.000 millones de personas para el año 2030.
El mundo enfrenta una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos, advierte una agencia de la ONU
Los desastres naturales, el cambio climático y las enfermedades que atacan los cultivos y el ganado se ven agravados por el impacto de la pandemia de covid-19 en la agricultura y la seguridad alimentaria, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
"En ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos familiares y desconocidos, interactuando en un mundo hiperconectado y un panorama que cambia precipitadamente", reza el reporte.
El estudio destacó que la agricultura sustenta los medios de vida de más de 2.500 millones de personas, la mayoría de ellas en países de bajos ingresos, donde ese sector sigue siendo un motor clave para su desarrollo.
Asimismo, la agricultura "sigue absorbiendo una parte desproporcionada de los daños y pérdidas provocados por los desastres", destacó la FAO. La frecuencia e intensidad crecientes de estos cambios "están perturbando la vida de las personas, devastando los medios de subsistencia y poniendo en peligro todo nuestro sistema alimentario".
Según el informe, de 2008 a 2018, miles de millones de dólares se perdieron como resultado de la disminución de la producción agrícola y ganadera tras los desastres. Las pérdidas en estos sectores durante el período alcanzaron los 30.000 millones de dólares para África subsahariana y del norte, y 29.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe. En este lapso, Asia experimentó una pérdida de producción agrícola y ganadera valorada en unos 49.000 millones de dólares.
En diciembre pasado, la ONU advirtió que el coronavirus podría contribuir a que otras 251 millones de personas caigan en un estado de pobreza extrema, elevando el número total a más de 1.000 millones para el año 2030.
ONU: 270 millones de personas están al borde de la hambruna en todo el mundo
David Beasley, director general del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés), cuantifica en 270 millones el número de personas de todo el mundo que se encuentran al borde de la hambruna, informa Reuters. La cifra equivale a las poblaciones combinadas de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
"Debido a tantas guerras, al cambio climático, al uso extendido del hambre como arma política y militar, y a la pandemia global que hace todo exponencialmente más difícil, unos 270 millones de personas se dirigen hacia la hambruna", alertó Beasley este jueves en un discurso que pronunció en Roma (Italia) tras recoger la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz 2020 en representación del WFP, que ha coordinado la logística médica durante la pandemia del coronavirus.
¿Qué nos depara 2021?
"La incapacidad de abordar estas necesidades causará una pandemia de hambre que será enorme en comparación al impacto del covid-19", continuó el jefe de la WFP. "De esos 270 millones de personas, 30 millones dependen en un 100 % de nosotros para sobrevivir", subrayó.
En noviembre, Beasley aseguró que el próximo año será peor para la humanidad que 2020, por lo que lanzó una advertencia a los líderes mundiales: sin inversiones de miles de millones de dólares "vamos a tener hambrunas de proporciones bíblicas en 2021".
"Logramos
atraer la atención en 2020 [...] porque los líderes mundiales
respondieron con dinero, programas de estímulo y aplazamientos de la
deuda", señaló. Ahora que el covid-19 se está intensificando de nuevo,
las economías continúan deteriorándose, ante todo en los países de
ingresos bajos y medios, y hay una nueva ola de confinamientos y
paralización de actividades, concluyó.
Secretario general de la ONU advierte de que millones de personas en todo el mundo pueden morir de hambre "si no se toman medidas inmediatas"
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este jueves que millones de personas pueden enfrentarse a una situación de hambruna si no se toman medidas inmediatas.
En su informe durante una reunión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre seguridad alimentaria, el alto cargo indicó que "hay más de 30 millones de personas en más de tres docenas de países, a un paso de la declaración de hambruna".
Guterres afirmó que la hambruna ya "no tiene nada que ver con la falta de alimentos" y ahora "es en gran parte provocada por el hombre". "Se concentra en países afectados por conflictos prolongados a gran escala. [...] A fines de 2020, más de 88 millones de personas padecían hambre aguda debido a conflictos y a la inestabilidad, un aumento del 20 por ciento en un año", destacó.
"Las proyecciones para 2021 apuntan a una continuación de esta aterradora tendencia. Debo advertir al Consejo que nos enfrentamos a múltiples hambrunas provocadas por conflictos en todo el mundo. Si no se toman medidas inmediatas, millones de personas llegarán al borde del hambre extrema y la muerte", aseveró.
Según el secretario general, se espera que la crisis alimentaria se intensifique y se extienda por las regiones del Sahel, el Cuerno de África, así como en Sudán del Sur, Yemen y Afganistán.
"En Yemen, cinco años de conflicto han desplazado a cuatro millones de personas en todo el país. Muchos yemeníes se enfrentan a la pena de muerte ya que el hambre generalizada acecha a su nación", lamentó Guterres.
Para lidiar con la situación, Guterres decidió establecer un grupo de trabajo de alto nivel, dirigido por el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, para llamar la atención de forma coordinada sobre la prevención de la hambruna y movilizar el apoyo en los países más afectados.
Jefe del Programa Mundial de Alimentos: "2021 será catastrófico y el peor año de crisis humanitarias desde el inicio de la ONU"
El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, predijo este viernes que el año 2021 será "catastrófico" y agregó que en una docena de países la hambruna está "llamando a la puerta", recoge Reuters.
"2021 será literalmente catastrófico en base a lo que estamos viendo en esta etapa del juego", señaló Beasley durante una reunión especial de la Asamblea General sobre el covid-19.
De acuerdo con el alto cargo, es probable que el próximo año sea "el peor año de crisis humanitarias desde el inicio de las Naciones Unidas" hace 75 años. "No vamos a poder financiarlo todo [...] así que tendremos que priorizar, como digo, los icebergs frente al Titanic", agregó.
Por su parte, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una inyección inmediata de 4.300 millones de dólares en un programa mundial de intercambio de vacunas.
"Simplemente no podemos aceptar un mundo en el que los pobres y los marginados sean pisoteados por los ricos y poderosos en la estampida de las vacunas", declaró Ghebreyesus. "Esta es una crisis global y las soluciones deben compartirse de manera equitativa como bienes públicos globales", subrayó.
Este martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que el mundo se enfrenta al "mayor desafío humanitario desde la Segunda Guerra Mundial". Guterres señaló que los niveles de pobreza extrema "han aumentado por primera vez en 22 años" y anunció que la organización necesita 35.000 millones de dólares para "llevar ayuda vital a 160 millones de las personas más vulnerables".
Crece la incertidumbre, la emisión monetaria y el endeudamiento en el mundo
El dato relevante es la inyección de 650.000 millones dólares en una pronta emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI, o la fuerte emisión de los principales países capitalistas del mundo [1].
La titular del FMI confirma que sin esa inyección de recursos la situación del 2020 podría haber sido peor y aún hoy existe diversidad de situación, que sólo excluye en su mensaje a China y a EEUU. La incertidumbre, especialmente para los países más empobrecidos trasciende el presente y se proyecta hasta mediados de la década, agravando la situación social de la población de menores ingresos.
Lo problemático de la situación es que todo lo que se hace apunta a recomponer las condiciones del ciclo del capital, sin proponerse una modificación del modelo productivo y de desarrollo, claro que ello no puede pedirse a los actores hegemónicos del sistema mundial, sean los capitales transnacionales más concentrados, los principales Estados nacionales del orden capitalistas, o los organismos internacionales, surgidos para monitorear los intereses de la dominación capitalista.
Mientras se “resuelve” la condición de posibilidad de funcionamiento del orden capitalista mundial, el impacto social regresivo se extiende. Es notorio el problema con la extensión y propagación de la pandemia por el coronavirus con casi 130 millones de contagiados y casi 3 millones de fallecidos, situación que se hace compleja especialmente para los países de América Latina y el Caribe.
En todo el mundo recrudece el problema sanitario y económico, aún con las perspectivas “mejoradas” que anuncia el FMI, relativizando la expectativa ante la diversidad de situaciones. Dice la titular del FMI en el discurso mencionado:
“La pérdida acumulada de ingreso per cápita, en comparación con las proyecciones de antes de la crisis, será del 11% en las economías avanzadas de aquí al próximo año. En el caso de los países emergentes y en desarrollo, excepto China, la pérdida será mucho peor y alcanzará el 20%, un recorte de una quinta parte de lo que ya es un ingreso per cápita mucho menor que en los países más ricos. Esta pérdida de ingreso significa que millones de personas caerán en la indigencia, se quedarán sin hogar y padecerán hambre. Esto se ve claramente, pero muchas otras cosas no están tan claras.”
El análisis continúa con tono dramático para señalar que: “En realidad, uno de los mayores peligros es la extrema incertidumbre que nos acecha.”
Queda claro que aun cuando se destaca el rápido crecimiento de China, incluso de EEUU, aun en menor dimensión, estos serán motor de la economía mundial, pero sin resolver los problemas económicos de los vulnerables de cada país. Incluso con serias dificultades en la potencia hegemónica, que más allá del gigantesco apoyo en efectivo del último plan de gasto y asistencia fiscal por 1,9 billones de dólares de la administración Biden, el impacto regresivo de la COVID19 y el cierre de la economía, afecta al tercio empobrecido de la población de ese país.
Ni hablar de América Latina y del Caribe, fuera del radar de las expectativas de ganancia de los inversores externos, salvo aquellos orientados al saqueo de los bienes comunes: la tierra, el agua, los hidrocarburos, el litio, entre muchos de los que la región cuenta en abundancia. Por eso preocupa el endeudamiento creciente del mundo y de la región, que puede resolver problemas financieros en la coyuntura, pero hipoteca el futuro.
El FMI llama la atención sobre el endeudamiento público y privado de los últimos años y si bien señala que ha contribuido en el último año con unos 100.000 millones de dólares en préstamos otorgados por el organismos. A esos fondos hay que sumar los créditos otorgados por países y los provenientes del sistema financiero.
Todo ese conjunto constituye una burbuja que atiende en la coyuntura la demanda de liquidez, leyendo la experiencia de la crisis del 2007-09, pero habilitando una siembra de una burbuja que podría estallar a corto plazo. Es más, la recuperación estadounidense podría significar aumento de las tasas de interés, algo que se espera dispare la Reserva Federal. Ello sumará al carácter impagable de las actuales deudas de varios países hipotecados por impagables deudas que condicionan el presente y el futuro de esos países.
Para muestra hay que observar a la Argentina, “beneficiada” en 2018 con un préstamo del FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones. El BCRA publicó una investigación dando cuenta que esos recursos facilitaron la salida (fuga) de capitales, sea por pago de deudas, remisión de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Ahora el Fondo pretende recuperar esos recursos, a sabiendas de la imposibilidad de cancelación hasta el 2024, según lo previsto.
Por eso, se abrieron negociaciones con el gobierno argentino, que incluirán en el monto final los intereses punitorios y otras cargas por el impago, extendiendo el pago a 10 años, probablemente, pero sin ninguna posibilidad de cancelar, salvo un gigantesco ajuste fiscal que condenaría a profundizar los actuales problemas sociales con un 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Más grave aún es que el préstamo fue en Derechos Especiales de Giro (DEG), condenando vía devaluación de la moneda estadounidense a acrecentar la deuda con el FMI.
La incertidumbre es por la situación sanitaria y económica. No habrá solución si no se modifica el patrón de producción y distribución en cada país, en la región y en el mundo. Por ello es que existen expectativas en la dinámica política crítica en varios países, con elecciones próximas en Perú o Ecuador, incluso las elecciones por la reforma constitucional en Chile, o las recurrentes crisis políticas del gobierno de Brasil.
El cambio de clima político se viene proyectando desde los cambios institucionales en México, la Argentina o Bolivia, pero especialmente por la impronta del descontento y la protesta, caso de Haití y diversas movilizaciones desplegadas más allá del “aislamiento” o el “distanciamiento” por la pandemia. Entre la disputa institucional y la organización popular se juega la potencia de un nuevo tiempo que habilite cambios locales y muy especialmente una perspectiva de integración no subordinada.
Es una potencialidad para avanzar en la cooperación productiva de vacunas de origen regional, con Cuba a la cabeza de esos desarrollos, pero también demostrada experiencia de otros procesos nacionales de investigación y producción al respecto. En esa cooperación regional se juega no solo la solución de los pueblos, sino la posibilidad de pensar en otro mundo posible.
Nota: [1] Kristalina Georgieva. Discurso del 30/03/2021, en: https://www.imf.org/es/News/
Los multimillonarios de EE.UU. han aumentado su riqueza en 1,3 billones de dólares durante la pandemia
Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, los multimillonarios estadounidenses aumentaron colectivamente su riqueza en cerca de 1,3 billones de dólares, lo que equivale a decir en 44,6 %, según un informe publicado este martes por el Instituto de Estudios Políticos y basado en datos de Forbes.
El grupo de expertos monitoreó lo que ha sido el patrimonio neto de los estadounidenses más ricos entre el 18 de marzo de 2020 y el 18 de marzo de 2021, y reveló que al menos 43 personas se unieron a las filas de los multimillonarios solo en el último año, recoge el diario The Independent.
Así, Jeff Bezos, fundador de Amazon, vio crecer su riqueza en 57,6 %, mientras que la del fundador de Tesla, Elon Musk, se expandió en un asombroso 558 % durante el mismo período.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo nacional de EE.UU. superó el 6 % el pasado febrero, con alrededor de 10 millones de personas consideradas en paro, muy por encima de los niveles del mismo mes de 2020, cuando el desempleo era de alrededor de 3,5 %.
"Los especuladores de la pandemia están obteniendo ganancias inesperadas de su riqueza durante una época de sufrimiento generalizado para la mayoría de la gente", lamenta Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad del Instituto de Estudios Políticos.
Entre los 10 mayores beneficiarios de la pandemia, el informe nombró a los propietarios de los líderes de comercio electrónico y servicios financieros Quicken Loans y Square, a la plataforma de criptomonedas Coinbase y a las redes sociales Snapchat y Twitter.
La OIT denuncia que 64 millones de mujeres perdieron su empleo durante la pandemia
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) rindió homenaje a los enormes esfuerzos realizados por las mujeres en la pandemia de COVID-19, durante la cual 64 millones de mujeres perdieron su empleo y además han estado más expuestas a situaciones de violencia y acoso.
Con motivo del mes del Día Internacional de la Mujer y del mes de la Mujer, la OIT expresó su “reconocimiento y gratitud a todas las mujeres trabajadoras, a aquellas que han trabajado en primera línea y que han asumido una carga desproporcionada y sin precedentes brindando trabajo de cuidado no remunerado durante la pandemia”.
En tal sentido, la OIT remarca que el COVID-19 ha cambiado el mundo en forma radical, incluso la vida laboral, y entre los más perjudicados se encuentran las mujeres.
Pérdida de empleo, violencia y acoso
En 2020, “la pérdida de empleo de las mujeres se situó en un 5% frente a un 3,9% en el caso de los hombres”. Es decir que “64 millones de mujeres perdieron su empleo durante la pandemia”.
Por otro lado, “la reducción de las horas de trabajo remunerado fue más pronunciada para las mujeres que para los hombres”. Como resultado, “las mujeres ganaron menos, ahorraron menos y fueron más propensas que los hombres a caer en la pobreza”.
Las mujeres, además, “han estado más expuestas a situaciones de violencia y acoso”.
“En las últimas décadas se han obtenido lentos avances a costa de arduos esfuerzos y ahora no podemos permitirnos un retroceso que aumente aún más las desigualdades de género”, advierte la OIT.
En tal sentido, el organismo internacional indica que el futuro debe ser más prometedor. “Debemos aprender de esta situación y verla como una oportunidad para reconsiderar nuestros planteamientos y construir sobre bases más sólidas da cara al futuro”.
Pide construir un paradigma “más justo y equitativo que tenga en cuenta los errores del pasado, pero también los logros”.
En tal sentido, la OIT manifiesta que se trata de “una cuestión de voluntad política de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores”.
Por ello, el organismo plantea actuar de inmediato para “priorizar la creación de empleos que beneficien por igual a las mujeres y a los hombres, invertir en políticas del cuidado de alcance universal para ayudar a los trabajadores con responsabilidades relacionadas con el cuidado, abogar por una mayor presencia de las mujeres en puestos de liderazgo, y asegurar la dignidad y la seguridad de todos los hombres y todas las mujeres que participan en el mercado de trabajo”.
Políticas con perspectiva de género
“Invirtamos en las mujeres como parte de una recuperación centrada en las personas. Esto requiere un liderazgo fuerte, transparente y sostenido, en el que las mujeres ocupen un lugar central en las decisiones y planes y participen activamente en los procesos”, propone la OIT.
Asimismo, manifiesta que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores “deben impulsar el cambio a través de políticas con perspectiva de género, y las mujeres deben participar en la elaboración de políticas”.
En el marco del Día Internacional del Trabajo se ha fijado como objetivo: “aumentar la presencia de las mujeres en puestos de dirección y lograr un futuro más equitativo”.
“El camino que nos espera no es sencillo ni fácil. La humanidad sólo podrá dar lo mejor de sí cuando la igualdad de género se haga realidad para todos y en todas partes”, puntualizó la OIT.
Alemania: Avanza la iniciativa ciudadana que quiere "socializar" más de 200.000 viviendas de grandes empresas en Berlín
En febrero arrancó la segunda recogida de firmas de la campaña Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía. De completarse, se convocaría un referéndum el mismo día de las elecciones federales y regionales de Berlín, el 26 de septiembre.
berlin
20/03/2021 22:34 - Javier Pérez de la Cruz@japedela - PÚBLICOLas calles de Berlín lucen de morado y amarillo. Son los colores de la iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía. A falta de conciertos y convocatorias de manifestaciones, sus carteles son los encargados de adornar la ciudad.
El fin es que el Gobierno berlinés "socialice" unas 240.00 viviendas de la ciudad, propiedad de grandes empresas que poseen más de 3.000 pisos, como Deutsche Wohnen. La cantidad con la que se indemnizaría a las compañías es objeto de disputa entre los organizadores y el Ejecutivo local.
La maquinaria de esta campaña ciudadana funciona a pleno rendimiento: tienen poco más de tres meses para recoger 170.000 firmas y poder convocar un referéndum. Si lo consiguen, la consulta se celebrará el próximo 26 de septiembre, el mismo día que otras dos elecciones: las generales y las regionales de Berlín.
"La respuesta está siendo increíblemente positiva. Estamos llegando a mucha gente", asegura Ingrid Hoffmann, del círculo de coordinación de la campaña. La semana que viene se cumplirá el primer mes desde el arranque de la recogida y se publicará cuántas firmas han acumulado hasta el momento. "La sensación es muy buena. Yo soy la encargada de recoger todas las firmas que llegan por correo a una dirección única. Y te puedo decir que sí hay mucho movimiento".
La palabra "expropiar" (enteignen) continúa en el nombre de la campaña, pero los miembros de la iniciativa hace tiempo que emplean el término menos agresivo de "socializar" (vergesellschaften), que recoge el artículo 15 de la Constitución de la República Federal de Alemania.
Largo proceso
La campaña arrancó hace años, pero esta última fase ha coincidido con la pandemia y su correspondiente confinamiento.
No obstante, los activistas no solo cuentan con la ayuda de cientos de voluntarios repartidos por todos los barrios de la ciudad, sino también con plataformas de gran repercusión, como la principal asociación de inquilinos de Berlín, la Berliner Mieterverein, así como con el portal Change.org, que posee decenas de miles de correos electrónicos de berlineses. Ahí se puede descargar tanto el formulario como el sobre necesarios para entregar la documentación. La web también se hace cargo del coste de envío. Además da la posibilidad de facilitar aún más el proceso: con un clic te envían la documentación a tu casa. Ya no se necesita ni una impresora.
El confinamiento contrasta con las movilizaciones multitudinarias a las que tan acostumbrados estaban los berlineses. En 2019, tras una manifestación a la que acudieron unas 50.000 personas, los organizadores sumaron 15.000 firmas en unas pocas horas. Esa primera fase de recogidas se completó muy rápidamente. Pero después el proyecto se estancó en la mesa del responsable de Interior de Berlín, el socialdemócrata Andreas Geisel. La iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía incluso llegó a demandar al político por no tramitar la autorización del referéndum. Finalmente el mandatario dio luz verde.
El objetivo inicial era celebrar la consulta en 2020. "Así habríamos tenido nosotros toda la atención", explica Hoffmann. Con el retraso del año pasado, a los organizadores no les queda otra opción que acatar la ley y aceptar que el referéndum se celebre el mismo día que las otras dos elecciones. "No está claro si nos beneficiará o perjudicará. De esta manera será más fácil cumplir el quorum del 25%, pero tendremos que convencer al menos a 613.000 electores de que voten sí".
La vivienda en Berlín es sinónimo de alquilar. De los casi dos millones de pisos de la capital, uno y medio son pisos de este tipo.
Sin duda, en la intensa jornada electoral que vivirán Alemania y Berlín el 26 de septiembre, la vivienda será, junto a la salud y la pandemia, el principal tema de la campaña.
Regular precios
El precio de los alquileres es un problema existencial de la capital del Muro. En pocos años pasó de ser uno de sus principales atractivos a convertirse en su gran inconveniente. En la primera década del siglo XXI, los precios, ridículos en comparación con cualquier otra capital europea, comenzaron a dispararse. Hoy ya mira de frente a las urbes más caras del continente.
En 2015 se llevó a cabo el primer intento de regular el aumento desbocado. La conocida como Mietpreisbremse (freno a los precios del alquiler) se aprobó a nivel federal, con los votos a favor de los socialdemócratas (SPD) y los conservadores (CDU/CSU). Desde la izquierda se criticó que no era una ley lo suficientemente ambiciosa.
Su impacto fue muy reducido. El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) lo resumía así: "La ley solo puede funcionar en su forma actual si los nuevos contratos de alquiler en la región aumentaron al menos un 3,9% cada año durante los cuatro años anteriores a la introducción de la ley". Y ni siquiera así se pudo frenar el encarecimiento en Berlín. Entre 2016 y 2017, la capital alemana fue la ciudad del mundo donde más creció el precio de la vivienda: un 20,5% respecto al año anterior.
Por eso el Gobierno local, coalición de socialdemócratas (SPD), ecologistas (Verdes) y poscomunistas (Die Linke), promovió una regulación más estricta, la bautizada como Mietendeckel, que congela los arrendamientos durante cinco años y establece un tope al precio de la vivienda de alquiler de 9,80 euros por metro cuadrado. Tras un año en vigor, todos los centros de estudios, desde los más liberales a los más progresistas, apuntan en la misma dirección: lo subida de los precios en nuevos contratos se ha reducido, los alquileres de muchas viviendas se han abaratado, pero la oferta ha caído en picado. El tormento que suponía buscar piso en Berlín no ha cambiado durante los últimos 12 meses.
Lucha política
El Tribunal Constitucional todavía debe ratificar la legalidad de la Mietendeckel. Son muchos los que están convencidos de que los jueces de Karlsruhe tumbarán la ley. Mientras tanto, algunos abogados ofrecen consejo a los propietarios sobre cómo "escapar" de las leyes, tanto la Mietpreisbremse como la Mietendeckel.
Los activistas hacen referencia a este contexto para justificar la necesidad de "socializar". "La Mietendeckel dura cinco años, la socialización es para toda la vida", es el mantra entre ellos.
El momento en el que la campaña encara su recta final no podría ser más tenso. Alemania celebra este año elecciones federales. Se termina la era de Angela Merkel. Y se renueva el Senado de la ciudad-Estado de Berlín.
Die Linke, el partido más izquierdista del arco parlamentario, es el único que apoya directamente la iniciativa. Ecologistas y socialdemócratas están divididos internamente. Lo Verdes se muestran abiertos al diálogo, pero parte de la dirección rechaza la medida. El SPD se posicionó en contra, aunque sus juventudes votaron a favor de las expropiaciones.
La oposición (conservadores, liberales y extremaderecha) se oponen de plano. Aunque es el partido de Angela Merkel es el que lidera la beligerancia. La CDU es la formación que más ‘grandes donaciones’ (por encima de 50.000 euros) recibió en 2020. El principal dispensador: el sector inmobiliario. Solo el constructor berlinés Christoph Gröner donó al partido conservador 800.000€.
El desenlace de la campaña "Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía" acabará, probablemente, en el Tribunal Constitucional. El artículo 15, al que apelan los activistas, nunca se ha utilizado en una resolución judicial.
Y eso que los organizadores optaron por que la consulta no fuera vinculante. La experiencia de 2015, cuando se intentó promover un referéndum sobre la vivienda vinculado a un proyecto de ley, acabó fracasando por las dudas legales que planteaba. No obstante, en caso de victoria, sí presentarán al Parlamento de Berlín un borrador de ley como propuesta para socializar las casi 240.000 viviendas. "Si la movilización es lo suficientemente grande, el Gobierno no podrá ignorarnos", concluye Ingrid Hoffmann.
Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo e impuestos a los ricos
La presidente de Nueva Zelanda, Jacinda Ardem, determinó la medida para paliar la crisis por el covid-19
Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a las personas más ricas, estas medidas que entrarán en vigor mañana.
Las medidas son parte de los esfuerzos de la mandataria Jacinda Ardern para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto de la covid-19.
El salario mínimo, desde el día de mañana se elevará de 18,90 NZD
(13,19 USD o 11,27 EUR) a 20 NZD (13,96 USD o 11,93 EUR) a la hora.
En consonancia con lo dicho el lunes por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.
Esta medida que forma parte de una promesa electorales claves y que beneficiará a 175.000 personas.
La nueva medida
Desde el día jueves, aumentará el impuesto máximo hasta elevarlo 39% a los ingresos de las personas que ganen más de 125.654 dólares. Anteriormente el tope del mismo rondaba el 33%.
Esta medida afectara aun total del 2% de los contribuyentes. La medida dará un poco de aire al fisco, ya que se pretende recaudar un total de 550 millones de NZD (dólar de Nueva Zelanda), un total de 348 millones de dólares americanos.
Esto corresponde al año financiero del presente 2021. Arden dijo el lunes, posterior a la reunión del Gabinete, que la serie de medidas que entran en vigor este 1 de abril.
«Representan «mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a nuestros (pobladores) más vulnerables». El aumento del salario mínimo, beneficiará a muchos trabajadores durante la pandemia de la covid-19.
Su medida ha sido elogiada por los sindicatos y criticada por los
negocios que reclaman que aún no se han recuperado de los daños
económicos dejados por el coronavirus.
Las medidas sanitarias que ha tomado el país para eliminar los
contagios, motivó diversos confinamientos, especialmente en la ciudad de
Auckland.
«Precisamente cuando unos 1.000 negocios han cerrado recientemente, y cuando especialmente mucha gente del sector de la hostelería nos dice que no pueden más con los incrementos porque tienen problemas para pagar los alquileres», señaló este miércoles la líder de la oposición, Judith Collins.
El fantasma de la escasez de vacunas recorre el mundo
Imagen: AFP
La escasez de vacunas contra el coronavirus es hoy la principal preocupación de los gobiernos de todos los países del mundo.
En un escenario en el que la producción de los laboratorios no alcanza a
cubrir la enorme demanda, las empresas no liberan las patentes y las
naciones más poderosos acaparan las dosis, la Unión Europea amenazó a
los laboratorios con cerrar las exportaciones de vacunas hasta que
cumplan con las entregas a los países miembro. Alemania, a su vez, advirtió que no tiene suficientes dosis para frenar una tercera ola, en Reino Unido trascendió que se reducirá drásticamente el suministro de vacunas desde el 29 de marzo y España analiza, al igual que otros países, dar una sola dosis para generar inmunidad de rebaño. En América Latina la situación es todavía más sensible:
Brasil tiene problemas económicos para comprar el antídoto y tanto
Paraguay como Uruguay tienen los sistemas de salud colapsados y
dificultades para acceder a las vacunas. La preocupación del Gobierno
argentino crece mientras continúa la negociación con distintos
laboratorios y se siguen recibiendo dosis para enfrentar la segunda ola
de contagios, que se aproxima con la llegada del otoño.
En la conferencia de prensa del jueves, el presidente Alberto Fernández quiso alertar sobre este conflicto internacional. "Solo 18 países han recibido el 88 por ciento de las vacunas que se han distribuido hasta ahora y solo 15 de ellos recibieron más del 10 por ciento de las vacunas que compraron. Esta es la realidad del mundo de 2021: la escasez, la desigualdad y la demora de las vacunas", advirtió el mandatario.
Durante las últimas semanas, en Argentina se aceleró el proceso de vacunación y la llegada de nuevas dosis. Hasta el momento, se aplicaron 3.134.454 de dosis y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el viernes la llegada de 330 mil Sputnik V. Además, en las próximas horas arribará un vuelo con más antídotos provenientes de Rusia y, si bien aún no se sabe la cantidad exacta, entre martes y jueves llegarán tres millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. Sin embargo, en Casa Rosada crece la preocupación ante un contexto mundial que se complejiza cada día más en relación al acceso a las vacunas.
En una entrevista publicada este domingo, el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, aseguró que durante la última conversación que sostuvo el Presidente con su par, Vladímir Putin, éste dijo que "Argentina es nuestra prioridad", solo que les sucede "algo que pasó en todo el mundo: escasez de capacidades para producir la cantidad necesaria". "Nuestro contrato con Argentina será cumplido, pero tenemos pausas que no hubiéramos querido", se sinceró y estimó que la entrega podrá cumplirse en su totalidad durante este año. Además, recordó la existencia de acuerdos para producir la vacuna en Argentina, lo cuál "sería de gran ayuda para mejorar la situación".
La escasez: un problema global
El caso de la UE es paradigmático respecto de cómo los países centrales ejercen presión para acaparar las vacunas. Este sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, anunció que retendrán las exportaciones de la empresa británica en Bélgica AstraZeneca si ésta no entrega a Bruselas las dosis de vacuna acordadas, por entregar dosis a países que no forman parte de la UE. "Tenemos la opción de bloquear las exportaciones planeadas, ese es el mensaje para AstraZeneca: primero cumples tu contrato con Europa y luego empiezas a proveer a otros países", afirmó Von Der Leyen.
A principios de mes, Italia implementó una medida similar al impedir la salida de un cargamento de 225 mil dosis de vacunas de AstraZeneca con destino a Australia. Cuando los medios pidieron explicaciones, cerca del Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, expresaron que la decisión "no era contra Australia", sino "contra la compañía, que no ha respetado lo estipulado en su contrato con Italia”.
Los países más poderosos de la UE, como Alemania, igual siguen teniendo faltantes de vacunas.
La semana pasada, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, advirtió que
"no hay suficientes vacunas en Europa para detener una tercera ola”.
Ante el temor de que las cifras vuelvan a crecer, Spahn indicó que
"cuando estén inmunizados los de mayor riesgo podremos hablar de
aperturas". La jefa de gabinete del Ministerio de Salud alemán, Sonia
Tarragona, este domingo sostuvo que ante la falta de vacunas están
evaluando "dar una sola dosis" porque los números de casos "están
creciendo en varias regiones y no podemos saber cuándo van a estar las
vacunas".
Reino Unido también sufre la escasez. En una carta que
se hizo pública la semana pasada, el servicio de salud advirtió a los
centros de vacunación de toda Inglaterra sobre una "reducción
significativa" de los suministros a partir del 29 de marzo y que duraría
un mes. Este país está implementando la aplicación de una sola dosis
para alcanzar una mayor cantidad de personas inmunizadas en menos
tiempo.
España analiza imitar esta estrategia y por la falta de vacunas informó que las personas que ya tuvieron covid solo recibirán una aplicación. Además, frenarán la aplicación de primeras dosis a personas de 80 años para garantizar la segunda a mayores de 90. Otros países como Dinamarca, Hungría o Polonia, debido a la lentitud de los laboratorios europeos, comenzaron a negociar vacunas con China y Rusia.
El sistema Covax, que se planteaba como una alternativa solidaria para distribuir vacunas, no ha logrado cumplir con las expectativas que tenían muchos países que invirtieron en él. La semana pasada Paraguay, que se encuentra ante un colapso sanitario, manifestó su “insatisfacción” por la llegada tardía de las dosis. Brasil, uno de los países que está siendo más afectado por la pandemia, tiene graves problemas para pagar el antídoto. El expresidente, Inácio "Lula" Da Silva, pidió al mandatario estadounidense, Joe Biden, que convoque una reunión del G20 para abordar este tema y que los países centrales donen sus sobrantes. En este contexto, toma más fuerza que nunca el reclamo por la liberación de las patentes de las vacunas, una propuesta impulsada por India y Sudáfrica, que el Gobierno Argentino apoya enfáticamente.
"Hemos estado pidiendo a los países desarrollados que compartan algunas de las vacunas que han comprado y en muchas situaciones han comprado más de lo que necesitan. Ha habido mucho acaparamiento. No tiene sentido. Estoy muy preocupado por esta distribución tan injusta de vacunas".
(Del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una entrevista transmitida ayer por el canal canadiense CBC).
De Página 12
Alemania pide a la Comisión Europea que adquiera la vacuna rusa Sputnik V para toda la UE
Las autoridades alemanas solicitaron a la Comisión Europea que adquiera la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V para el conjunto de los Estados integrantes, según declaró este miércoles a los periodistas un representante del Gobierno de ese país, recoge el periódico Die Zeit.
"Opinamos que esto debería hacerse de nuevo a través del sistema europeo. [...] Consideraríamos correcto que las conversaciones comenzaran lo antes posible", señaló el vocero.
"Estamos viendo ahora que la Comisión está en proceso de iniciar el procedimiento" de la compra conjunta del fármaco ruso para la UE, agregó el representante, citado por Politico. Normativamente, el primer paso en esa dirección es que la Comisión determine qué Estados miembros están interesados en una determinada vacuna, antes de entrar en negociaciones contractuales sobre el número de dosis.
Por el momento, la Sputnik V está a la espera de su aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que comenzó el procedimiento de revisión continua ('rolling review') del fármaco el 4 de marzo. Entre tanto, dos miembros de la UE, Hungría y Eslovaquia, autorizaron el uso de la vacuna rusa sin esperar por la aprobación del regulador europeo.
Por su parte, el funcionario alemán señaló que el proceso de adquisición de Sputnik V a nivel europeo "puede comenzar ahora, mientras aún está en curso" la autorización regulatoria, y precisó que las negociaciones oficiales con Rusia al respecto aún no han comenzado.
La semana pasada, la canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró que su país está listo para ordenar Sputnik V si la EMA la aprueba. "Si el pedido no se produjera [por parte de la UE], y todavía no veo ningún signo de esto, entonces tendremos que ir solos por el camino alemán. Es posible y lo haremos", adelantó Merkel.
- A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase de Sputnik V, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es apta para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios relevantes.
- La vacuna rusa ya ha sido aprobada en más de 50 países.
El mundo se enfrenta a "una nueva pandemia", denuncia Angela Merkel
Alemania ha decidido extender hasta el 18 de abril la mayoría de las restricciones anticovid para combatir la tercera ola de la pandemia, según anunció recientemente la canciller Angela Merkel, informa la agencia Reuters.
En conversaciones con los líderes de los 16 estados del país, Merkel presionó para que se adoptara una postura más severa para enfrentar el virus, ralentizando de este modo los planes para la reapertura gradual de la economía acordados a principios de mes. "Ahora estamos en una situación muy grave", subrayó la canciller en diálogo con la prensa, agregando que ahora se trata de "una nueva pandemia", debido a la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus.
En este contexto, Merkel ha recomendado abstenerse de realizar viajes al extranjero y ha asegurado que los ciudadanos alemanes con intención de regresar al país serán sometidos a pruebas antes de cualquier vuelo. Asimismo, anunció un periodo de "días tranquilos", entre el 1 y el 5 de abril, que coincide con la Pascua en la nación europea, en el cual se espera que la ciudadanía permanezca en casa para reducir el contacto social. Por tal motivo se pedirá a las iglesias que durante esta festividad trasmitan en línea sus servicios religiosos.
En medio de una carrera contrarreloj para vacunar a su población, Alemania había comenzado a suavizar sus restricciones a principios de este mes. No obstante, la propagación de variantes más infecciosas del coronavirus ha aumentado los casos, generando preocupación en los servicios de salud ante una posible sobrecarga de no introducirse restricciones.
De acuerdo con el gobernador de Baviera, Markus Soeder, el país probablemente esté viviendo "la fase más peligrosa de la pandemia", ya que las nuevas cepas del coronavirus se extienden con mayor rapidez y afectan a más personas, no solo a la tercera edad.
El endurecimiento de las restricciones se produce poco después de que el Instituto Robert Koch, la agencia de control y prevención de enfermedades de Alemania, informara que la tasa de contagios semanal por cada 100.000 habitantes se había situado en 107 este lunes, superando el umbral de las 100 personas, por encima del cual las unidades de cuidados intensivos comienzan a quedarse sin capacidad. Para el 19 de febrero la cifra era de 56.
La Pfizer y su cruel manera de ganar
Los ejemplos sobran, pero este engrifa los pelos. En 1996 el gigante farmacéutico Pfizer habría cometido un genocidio en Nigeria. En medio de una epidemia de meningitis ensayó un nuevo medicamento en 200 niños/as afectados/as por la enfermedad, murió la mayoría y el resto quedó gravemente afectado, incluso con deformaciones físicas.
El ensayo se hizo sin comunicárselo a sus familiares y sin la autorización del Comité de Ética de Nigeria, es decir, en la más completa ilegalidad; lo que más tarde dio lugar a una demanda del Estado federal nigeriano por 7 mil millones de dólares, que serían destinados a acciones de reparación a los familiares de las víctimas.
El caso tiene una clara connotación racista y un fondo criminal: niños/as negras fueron usados como “conejillos de India” o como “ratones de laboratorios”, aprovechando esa epidemia; y no es casual que salga a relucir ahora a raíz de las bochornosas conductas de las grandes corporaciones farmacéuticas -incluida Pfzer, Astrax Zeneca, Moderna y las del paquete de la OMS- dentro del tema de las vacunas anti-Covid.
Las vacunas contratadas, parcialmente pagadas, no han llegado a los países empobrecidos porque se privilegia la venta a sobreprecio (¡especulación!) a los países súper-ricos y éstos a su vez prohíben la exportación de las vacunas hasta tanto no sea vacunada toda su población. Es el caso de nuestra República Dominicana.
La perfecta combinación entre los gigantes un dinero que brota de la explotación y la estafa a los pueblos empobrecidos. La indignación ha crecido tanto que, hasta la OMS, que sabía que eso iba a ser así y lo calló, ha tenido que protestar para salvar las apariencias.
A manera de ejemplo el Gobierno dominicano contrató en términos onerosos con Pfizer casi ocho millones de vacunas, y no ha llegado una sola. Con Astrax-Zeneca contrató 20 millones de unidades, le adelantó 8 millones de dólares y no ha llegado nada, porque las 30 mil recibidas con esa marca fueron compradas a otra firma comercial en la India.
Los chinos, sin embargo, con los que no se había contratado nada, salvaron al Gobierno de un engorroso tranque. Los despreciados por miedo a EEUU le dieron una tierna galleta sin mano a esta gobernación de colonia estadounidense. Solo sorprende a los tontos, ni siquiera a los sinvergüenzas, que quien decidió actuar así en Nigeria, no sería capaz de hacer lo que está haciendo con la Covid-19.
El desprecio de los imperios de la superioridad blanca hacia los países colonizados, es medular. ¿Y acaso no lo sabían las autoridades dominicanas y de muchos otros países dependientes? Si la respuesta es no, su ineptitud es grave; y si es sí, entonces la cosa es peor.
La colonialidad del pensamiento de no pocos gobernantes parecidos al Presidente dominicano, Luis Abinader, es tan fuerte y en nuestro caso llega al colmo de ser tan perjudicial que, bajo presiones estadounidense, el Estado dominicano ha incurrido en el distanciamiento político-diplomático respecto a Cuba en un tema tan sensible como el de la cooperación para enfrentar la pandemia.
De esa manera se ha privado al pueblo dominicano de la valiosa experiencia y gran eficacia de Cuba, que, con su generosa solidaridad, pudo reducir sensiblemente el impacto de esta tragedia, que se aproxima a los 3,300 fallecidos, una cifra que duplica el total del Caribe Insular.
¡También esta manera de provocar sufrimientos, junto a todas las demás, disfruta de la más absoluta impunidad!
“Hemos pagado cuatro veces el valor de la vacuna. Las patentes deben retirarse, es una pandemia”
04.02.2021 - España - Redacción Madrid
(Por Casandra Greco* / ctxt
Marc Botenga (Bruselas, 1980) es una rara avis dentro del Parlamento Europeo. Joven, paciente, enérgico, de atenta escucha y carcajada honesta, rezuma una gran solidez ideológica y formativa. Alejado de la política vacía del opinion maker cree firmemente en lo que dice. De un gran rigor profesional destaca por ser una de las voces más comprometidas en la lucha por los derechos laborales, sociales y sanitarios. Experto en derecho, encabezó la lista por el Parti du Travail de Belgique (Bélgica) en 2019. Las preguntas que ha elevado a la Comisión Europea son siempre incisivas. Sus intervenciones en las sesiones plenarias no dejan nunca indiferente. No se rinde y tampoco da margen a la escapatoria fácil de la realpolitik.
Su nombre ha saltado a los medios de comunicación internacionales por haber sido el primer eurodiputado en acceder a la consulta “censurada” de uno de los seis acuerdos de compra anticipada de vacunas anti-covid-19 por parte de la Comisión Europea. En esta entrevista, que resume una hora de conversación, ofrece una reflexión pausada y honesta dentro de la vorágine pandémica que nos circunda.
–Usted hizo público que solo dispuso de 50 minutos para consultar el contrato firmado con la farmacéutica alemana CureVac bajo estricta vigilancia y permitiéndole acompañarse exclusivamente de un bloc de notas y un lápiz. Parece casi la secuencia de un film de espionaje en plena guerra fría. Sin embargo los contratos tratan de vacunas, de un bien público destinado a garantizar el derecho fundamental a la salud. Y esto me lleva a preguntarle: ¿La covid-19 está alterando el derecho de acceso a la información pública o es un caso aislado? ¿Existe transparencia en la Unión Europea (UE)?
–No. Esta es una transparencia ficticia, esto es, sujeta a filtros. Y, por tanto, que no está a la altura de lo que cabría esperar cuando se utilizan fondos públicos para financiar algo que es de vital importancia para el mundo entero. Así que ciertamente, no, esto no es transparencia. De hecho, la expresión que utilicé en el pleno parlamentario es que la Comisión Europea (CE) ha privatizado la transparencia.
–¿En qué sentido?
–Dejó que la industria farmacéutica decidiera qué mostrarnos y qué no. En ese sentido, ha sido menos transparente que las autoridades estadounidenses, mucho más abiertas al publicitar el contrato y la totalidad de sus cláusulas. Con posterioridad a la sesión plenaria, la Comisión decidió publicar una versión censurada del contrato de CureVac en su web. Se puede decir que ganamos esa pequeña batalla. Es una victoria importante. Es evidente que estamos aún muy lejos de donde debemos estar. Estoy a favor de la transparencia total, es decir, de un control independiente sobre las vacunas, sobre la administración… Eso lo tengo muy claro.
–El presidente de la Comisión de Salud, Pascal Canfin, definió la falta de transparencia en lo que respecta al precio, rapidez de distribución y cláusulas de indemnización de las vacunas ante daños inesperados como una ‘orgía de omisiones.’ Parece que hay preguntas aún sin respuesta. ¿Es así?
–Creo que todo lo que refiere Pascal Canfin es cierto. La ausencia de transparencia es claramente un problema. La CE se esconde tras el secreto comercial. Lo que me parece improcedente e injusto: ¿por qué no se debería revelar el secreto comercial en Europa? Quiero decir, lo que es público en Estados Unidos tiene que ser público en Europa. Pero pienso que tampoco deberíamos subestimar aquello que sí sabemos de estos acuerdos. En este punto difiero un poco de Pascal Canfin. En mi opinión, ciertas cosas las conocemos y son inquietantes. Sabemos, por ejemplo, que la propiedad intelectual, la patente, permanece al 100% en manos de la industria.
–¿Y eso qué implica?
–Esto implica que, si bien los fondos públicos han financiado la investigación, el desarrollo, la capacidad productiva…, la propiedad final de la vacuna sigue siendo de la empresa. Esto se traduce, a fin de cuentas, en que es la empresa la que decide la cantidad de vacunas que se puede producir y el precio de venta. Ahora estamos viendo las consecuencias del problema. En muchos Estados miembros, Pfizer realmente ha decidido limitar el número de dosis, es decir los viales de vacuna, que se van a distribuir. En el caso específico de Italia hemos constatado que hace dos semanas recibieron aproximadamente unas 160.000 dosis menos de lo acordado. La UE ha conferido el monopolio a las empresas farmacéuticas. Lo mismo sucede a nivel internacional. La política tiene un margen de maniobra muy limitado. En cambio, si elimináramos la patente, muchas más empresas podrían fabricar la vacuna. Dispondríamos de un mayor número de vacunas en menor tiempo y esto nos permitiría disponer de campañas de vacunaciones mucho más rápidas.
–¿Y qué hay de la responsabilidad legal sobre los ‘daños’?
–Que no conocemos en profundidad los términos sobre esta responsabilidad, es cierto y no. Efectivamente, Canfin no se equivoca al afirmar que hay párrafos censurados. Desafortunadamente, esto es cierto. Pero también vemos claramente en el contrato (punto 1.23.3) –aunque no en detalle– que la responsabilidad recae en los Estados miembros. Esto está meridianamente claro en el contrato. En caso de daños serán los Estados miembros quienes asuman el coste. Las propias farmacéuticas –CureVac y otra industria filial de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)– nos avisaron cuando vinieron al Parlamento. Nos dijeron: “Ustedes, deben pagar. Deben correr este riesgo”. Así que no estamos completamente a ciegas. Vemos cosas y ciertas cosas son muy inquietantes porque ilustran que seremos nosotros quienes asumamos el pago y no las farmacéuticas.
–Pero no debería ser así…
–Si. Esta no es una cláusula habitual, por así decir, en los contratos europeos. Es algo que se hace, de vez en cuando, en EE.UU, pero raramente en la UE. Realmente nos enfrentamos a una situación en la que la UE, la Comisión Europea, ha cedido más que en anteriores ocasiones.
–Existe una Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’ para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita. Yo misma la firmé el otro día ¿Qué opina?
–Esta es una iniciativa realmente importante que acaba de lanzarse. Piense que esta iniciativa es clave, incluso para España, porque las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de la salud, pero también los partidos políticos que trabajan en este tema permiten darle una gran visibilidad. Es una iniciativa que pide transparencia pero también que se retiren las patentes por una razón básica: se trata de una pandemia. Es decir, no solo hemos pagado ya tres, cuatro veces el valor de esta vacuna –en lo que se refiere a investigación, desarrollo, producción, licencia de compra…–, sino que nadie estará protegido hasta que todos estemos protegidos. Y, por tanto, esto es un problema de salud pública mundial. Y por eso nosotros, con nuestro grupo, y también en sesión plenaria, hemos respaldado esta iniciativa. Esperamos que consiga atraer una auténtica movilización social y, obviamente, también en España.
–La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, aseguró a los eurodiputados que “sus peticiones de transparencia han sido escuchadas”. ¿Está de acuerdo? ¿En qué se traduce concretamente?
–Lo desconocemos. Llegó a decir en una sesión plenaria que el contrato de Pfizer se haría público, que tenían un acuerdo con Bourla. Luego, dos horas más tarde, hubo un tuit del portavoz de la Dirección General de Salud (DG-Santè), quien afirmó todo lo contrario. Expuso: “No tenemos aún un acuerdo con Pfizer”. La Comisión no es del todo clara. Hace promesas porque está bajo presión.
–Hasta este momento estamos hablando de la transparencia de los contratos de compra, pero ¿aquí acaba la transparencia?
–Aquí hay otro aspecto problemático, que es la transparencia de aquello que denominamos “brotes”. En Bélgica, por ejemplo, durante mucho tiempo, no se podía determinar el foco real de infección. Era un problema porque no sabíamos dónde estaba el origen. ¿Por qué? No se quería dar a conocer este dato porque no se quería presionar a las empresas, a las fábricas de producción, etc. Ahora lo sabemos. Sabemos que gran parte de las infecciones tenían lugar en el ámbito laboral. Lo que debería incitar a los gobiernos a realizar más inspecciones para ver si cumplen con las normas establecidas. En lo que respecta a los datos de las estadísticas, en general es todo un reto obtenerlas a nivel local pero también a nivel nacional. Por ejemplo, el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) discrimina cada zona de riesgo por colores, pero estos no se interpretan ni se utilizan de la misma manera en todos los países. Para decirlo claramente, los países los adaptan un poco a su modo, ¿no? Y por lo tanto, incluso esto es un problema, si bien, mucho más capilar. Por nuestra parte, siempre abogamos y reclamamos todavía aún hoy la disposición de todos los datos posibles en open access. Los solicitamos, por ejemplo, para poder identificar los brotes, conocer la cantidad de vacunaciones realizadas… Aunque parezca insólito, en Bélgica, hasta hace poco, hasta hace dos semanas no había datos públicos oficiales del número de vacunas realizadas.
–Hemos cruzado el umbral de los dos millones de muertes
asociadas con la covid-19. Los países europeos han estado en el
epicentro de la pandemia y el exceso de mortalidad en las tres oleadas.
En su opinión, ¿ha pesado quizás más la economía que la salud o son
otros los motivos?
–Hemos visto que la economía ha pesado más que la salud en diferentes momentos. Lo vimos en su tiempo en Lombardía (Italia), cuando la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) presionaba para no cerrar ciertas fábricas y lo vemos ahora con la vacuna. Sin embargo, el punto en el que nos encontramos ahora es el mismo. Sí, este es un sistema económico problemático. Sin embargo, según pasa el tiempo, esta crisis está abriendo una oportunidad para poner sobre la mesa ciertas cosas. Pienso, por ejemplo, en la idea de invertir en salud pública. Durante años, hemos asistido a importantes recortes en diversos países. Hemos visto a la Comisión Europea insistir a los países miembros en sus recomendaciones, hasta en 63 ocasiones, para que redujeran el gasto público en salud. Hemos visto privatizaciones en todas partes. Pero hoy crece el número de personas que dicen: “Realmente necesitamos un sistema de salud muy fuerte con una primera línea de base (médicos de atención primaria) mejor financiada que antes”. Este cambio también lo constatamos en las vacunas. En el caso de medicamentos esenciales, dependemos por completo de la buena voluntad del poder farmacéutico. Ahora bien, ¿es esto normal? Desde este punto de vista veo un resquicio de esperanza. Es decir, veo todo lo que salió mal, pero también veo que hay una cierta apertura en la opinión pública para cambiar la lógica de las cosas.
–¿Cómo valora el papel desempeñado por la UE en la gestión del SARS-CoV-2? ¿Ha estado la Unión Europea a la altura de esta pandemia y de la ciudadanía? Los ciudadanos tuvieron la impresión de que la UE actuó casi a cámara lenta y de modo algo caótico ¿Cuál es su opinión?
–Esta no es una elucubración. Fue así. Es decir, hemos presenciado todas estas luchas intestinas nacionales, nacionalistas, de los diferentes países. Alemania que bloqueaba el material médico… En mi opinión, ocurrieron situaciones y olas muy negativas porque todos los países han hecho lo mismo, han actuado cada uno, un poco a su manera ¿no? La UE se construyó principalmente como un espacio de competitividad económica y claramente esto ha dificultado la coordinación. Por ejemplo, Lombardía dijo: “Si cerramos, entonces tal vez, la región del norte, nuestro país perderá competitividad frente a Alemania”. La dinámica del mercado y de la competencia es, no obstante, el ADN de la UE. Lo que hace muy difícil cooperar, colaborar…
La idea de negociar conjuntamente con las farmacéuticas era buena porque si la UE dice: “Somos 27 Estados miembros, 450 millones de personas, negociamos a un precio más alto que cada país”… Lamentablemente, después, han negociado, vamos a decirlo así, mal. Cedieron a las demandas de las compañías farmacéuticas. Alemania decidió luego negociar en paralelo…
–¿Es un problema de falta de competencias?
–Hay quienes dicen que esto sucede porque la UE no tiene competencias. Yo creo que no es cuestión de competencias sino de voluntad; de si queremos o no; de si renunciamos a nuestra competitividad económica o pensamos en la salud pública como una prioridad. La respuesta en cada uno de los Estados ha sido optar por la competitividad económica, lamentablemente. La UE tiene una enorme responsabilidad en el debilitamiento de los sistemas nacionales de salud y en la austeridad. Esto es algo que no debemos olvidar. El hecho de reclamar un poder competencial es consecuencia directa del tipo de Europa que hemos construido. También han existido pequeños bellos momentos como la compra común agrupada de vacunas ¿no? Lo que más me preocupa ahora, sin embargo, es que la UE está ideando un nuevo programa de salud, es decir, un Programa Europeo de Salud, y allí el sector privado jugaría un papel muy importante. Me temo que si lo permitimos, la construcción de esta Europa de la salud acabe siendo, en realidad, una construcción de mercado más que de un sector público de salud a nivel europeo. Y esto, lo temo, lo temo mucho.
–“Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”. Este es el lema de la OMS y la UE. Para garantizar la igualdad de acceso a las vacunas en los países pobres se creó la herramienta COVAX. Sin embargo, en estos días, el mismo director general de la OMS ha publicado este impactante tuit: “Se han administrado más de 39 millones de dosis de la vacuna en al menos 49 de los países de mayores ingresos. Solo 25 dosis se han administrado en uno de los países de menores ingresos. No 25 millones, ni 25.000, sólo 25 dosis”. ¿Es esto un fracaso moral?
–En terceros países es un desastre, una catástrofe moral. Esto es lo que dijo Tedros Adhanom porque habrá cerca de setenta países que no tendrán acceso a la vacuna este año. Algunos países y personas deberán esperar a 2024. Sí, esta es una catástrofe inmoral por falta de solidaridad. Se pidió que se suspendiera la patente a Sudáfrica y la UE lo rechazó, en consonancia con la Organización Mundial del Comercio. Lo encuentro escandaloso. Sobre el tuit de Tedros, son las cifras las que destrozan la retórica de la CE sobre la solidaridad internacional. No se trata de elegir entre Europa o el resto del mundo. La elección que debía hacerse es: ¿queremos beneficios privados a través de patentes o queremos una vacuna pública y común? Esa era la elección, una elección que todavía nos estamos planteando hoy día.
–Ante el imparable número de muertes y la incertidumbre de mutaciones que podrían poner en peligro la eficacia de las vacunas, el Parlamento Europeo ha pedido una mayor solidaridad a todos los agentes implicados, incluidos los gobiernos y la industria farmacéutica. ¿Tiene su grupo europarlamentario medidas concretas para garantizar un mejor acceso, equidad y rapidez en la distribución de vacunas?
–Más allá de que el trabajo se desarrolle aquí y allá o en comisiones parlamentarias, la cuestión realmente importante es apoyar la iniciativa ciudadana de la que hablamos antes porque es un instrumento legal. Es decir, si estas personas consiguen un millón de firmas, entonces, en ese caso, la Comisión debe dar respuesta. Este no es un detalle menor. Debe también trasladárnosla a nosotros como parlamentarios, lo que otorgaría un peso específico a las iniciativas parlamentarias en marcha. Si se consigue el respaldo social, podríamos intervenir en el pleno y decir: “No somos solo nosotros, tenemos detrás a un millón de ciudadanos”.
Disponemos de instrumentos suficientes –como las licencias obligatorias a nivel nacional– y, por tanto, todas las opciones técnicas están ahí. La voluntad política, si la hay, bastaría para ponerlas en práctica. Y para eso confiamos mucho en la movilización social.
–La Unión Europea es responsable de negociar los contratos de compra (vacunas, pruebas, etc.), firmar contratos y velar por el cumplimiento de sus términos. A pesar de ello, ha habido mucha polémica en los últimos días por los retrasos en la distribución de la vacuna por parte de Pfizer y de AstraZeneca, lo que puede poner en riesgo los planes de vacunación de los grupos más vulnerables. Italia amenazó con activar a la Abogacía del Estado por incumplimiento de contrato. Seis Estados miembros enviaron una carta de protesta a la Comisión Europea. El Reino Unido quería salvar la vacuna ofreciendo una sola dosis. Angela Merkel está trabajando en un presunto acuerdo con Rusia para ayudarse mutuamente en la producción y uso de vacunas. El diario israelí Globes hizo público un acuerdo firmado con Pfizer el pasado 6 de enero por el que, supuestamente, la farmacéutica daría prioridad a Israel para algunos de los envíos si el país le proporcionaba datos epidemiológicos para evaluar la efectividad de la vacuna.
¿Qué está pasando con la distribución de la vacuna en Europa? ¿Prevalece el nacionalismo sobre la salud pública mundial? ¿Es un grito desesperado de sálvese quien pueda? ¿Hay alguna forma de evitar estos aparentes dobles juegos? ¿Podrían estos nacionalismos de las vacunas penalizar también a la UE?
–Desconozco los detalles, pero hay quien dice que Israel podría haber pagado supuestamente al menos el doble que la CE y, por lo tanto… En definitiva, es el modelo económico el que es incorrecto. Pfizer es una empresa que quiere obtener beneficios económicos. Tienen una vacuna que es eficaz pero que, sin embargo, tiene un gran defecto, que es que debe conservarse a una temperatura inferior a la estándar, esto es, a -70ºC. Sí de aquí a dos o tres meses disponemos de una vacuna que simplemente se puede guardar en la nevera, quizás la de Pfizer empezaría a venderse poco, poco, poco. Y por lo tanto, Pfizer ahora maximiza las ganancias y vende rápidamente. Presiona y vende. Cuando alguien viene y dice supuestamente que paga el doble, entonces Pfizer le da prioridad a Israel… Es un problema y no sé hasta qué punto es legal si se compara con el contrato llevado a cabo con la CE. En otras palabras, lo verdaderamente problemático del asunto es que relegamos el poder de decisión a la empresa. La lógica del asunto israelí demuestra la perversión del modelo actual. Si tienes mayor capacidad de compra, adquieres más vacunas. Si no la tienes, como ocurre en África o en otros países, no las tendrás este año. Hay 70 países en el mundo que no accederán a estas vacunas este año. Debemos reflexionar sobre el tipo de modelo económico del que estamos hablando.
–¿El punto de partida de este desequilibrio en el acceso a las vacunas podría deberse también de alguna manera a que fueron los países ricos quienes consiguieron asegurar la reserva de compras masivas de vacunas a precios de mercado? No existe ninguna ley internacional que impida la ejecución de acuerdos de compra anticipada. ¿Debería existir?
–Me parece difícil vetar la compra anticipada a escala internacional. La única contramedida posible sería partir en dos la patente. Es decir, lo repito, si la vacuna, un fármaco, es de propiedad privada, entonces la empresa propietaria puede venderla como quiera y a quien quiera. Si queremos evitarlo, debemos impedir que se convierta en propiedad privada. Lo cual, me parece muy legítimo, en la medida en que la hemos financiado todos. Ciertamente, las compras anticipadas o bilaterales que ha llevado a cabo la UE, Israel, etc., niegan las vacunas a otros, pero esto es posible solo porque la vacuna es de propiedad privada. Si fuera de propiedad pública, sería imposible hacer algo así.
–La sociedad europea tiene mucha confianza en que los fondos europeos para la recuperación servirán para reconstruir una nueva Europa ¿Podemos hablar de victoria? ¿Existe el riesgo de que los fondos de recuperación acaben desarrollando planes alejados de los ciudadanos, de sus necesidades y sentimientos?
–Por supuesto. Lo positivo es que, por primera vez, se ha desarrollado un mecanismo de solidaridad europea; un mecanismo que, aunque limitado, no deja de ser importante porque comporta, entre otras cosas, la cesión de préstamos conjuntos, etc. En mi opinión, esto constituye de por sí una victoria. Por lo que respecta, sin embargo, a las prioridades y a cómo se gastarán estos fondos, será objeto también de lucha a nivel nacional. Cada país, cada región, tendrá que sopesar cómo se gastarán estos fondos. Un problema grave es que el objetivo de estos fondos no es otro que el de favorecer la competitividad de las empresas. Por lo que acabaríamos financiando proyectos que antepongan la competitividad y, por tanto, los intereses empresariales. Con todo, todavía hay espacio para la garantía social y climática, aunque menor. La prioridad número uno es la competitividad. La número dos es digital y verde. Ambas se citan como meros instrumentos para alcanzar esta competitividad. Pienso que debería ser al revés. La meta debería ser social, pragmática. Aquí el único objetivo es la competitividad. En mi opinión, ésa es la mayor debilidad de este plan europeo. No obstante, si los países utilizan estos fondos para fortalecer, no sé, estructuras, ejes y dimensiones públicas, entonces pueden tener un impacto muy positivo. Pero me temo que, también a nivel nacional, la lógica que prevalecerá será otra muy distinta. Todo dependerá de los gobiernos y de la movilidad oceánica de la gente.
–Cuando uno lee el contenido de los fondos de recuperación europeos estos parecen centrarse principalmente en la digitalización y la transición ecológica a través de la activación de uniones público-privadas. La inversión en el sector público (por ejemplo, en la salud pública, la ciencia pública, la sanidad pública…) parece mucho más matizada o casi inexistente. ¿Me equivoco…?
–Es toda una contradicción en sentido estricto. Sí, efectivamente, esta es la lógica europea de todos los tiempos. Lamentablemente, es así. Pero también es cierto que hay una cierta apertura a las entidades públicas. En este preciso momento, se juega la carta de los proyectos que los países miembros propondrán a la UE. Está sobre la mesa una petición de reformas estructurales como contrapartida a la que nos oponemos vivamente. Esa es otra lucha que lidiar. Con todo, hay un pequeño margen de maniobra, que si bien no cambiará la lógica de este proceso sí que guiará la forma de combatirlo. Existen muchas cosas por las que seguir luchando. Ahora se debe luchar por lo concreto: qué proyectos [salen adelante], con qué garantías sociales, climáticas, etc. Y, luego está, efectivamente, toda la lucha de fondo de cómo garantizamos y nos movilizamos para lograr anteponer el bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos, de la gente a la competitividad internacional. Ésta es, digamos, la línea base a seguir.
–¿Hay entonces un mensaje de esperanza para la sociedad europea?
–Cuando reflexionamos sobre la UE, una cosa que constatamos es que existe un enorme sentido de unidad entre las diferentes empresas connacionales que aún siguen logrando coordinarse en las luchas. Consiguen sacar adelante proyectos conjuntos. Y creo que a nivel de las luchas sociales, lo hacemos demasiado poco.
Necesitamos una unidad social por y para el pueblo, para los trabajadores europeos. Y lo vemos una vez más en las vacunas. Lograr esto es importante porque no podemos ganar estas batallas solo en Bélgica, solo en Italia, solo en Alemania… Necesitamos un movimiento social europeo. Es obvio, y por lo tanto, mi esperanza es esa. Veo que, en los últimos años, los trabajadores de Ryanair, por ejemplo, pero también otros trabajadores, han lanzado movimientos europeos. Espero que esta pandemia y todo el debate en torno a las vacunas pueda permitirnos fortalecer la dimensión europea de nuestras luchas.
* Casandra Greco es investigadora científico-social, filósofa, bioeticista y experta en salud pública y medicina preventiva.
Afusmi denunció «manejo errático» y «falta a la verdad» en proceso de vacunación
«El Ministro de Salud faltó a la verdad cuando expresó, casi enojado, que habían sobrado 50000 vacunas porque el personal de los sectores prioritarios no había concurrido a vacunarse», denunció la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Integral.
La Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Integral (Afusmi) emitió un comunicado en el cual manifiestan su «profundo malestar» ante el manejo del proceso de vacunación que están realizando las autoridades de Salud Pública.
El comunicado hace referencia a las «inclemencias del virus» que vienen padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como la sociedad en general. Manifiestan que «los grandes problemas que vienen dándose en el sector de la salud, son consecuencia de las políticas a aplicarse».
Por otro lado, se mencionan las dificultades laborales que está padeciendo el sector, la sobrecarga de las actividades y las preocupaciones «ante una segunda gran ola de contagios que agrava la situación epidemiológica del país».
Ante este escenario, se refirieron a las últimas medidas anunciadas por el gobierno en la conferencia del pasado martes que calificaron como «más de lo mismo». Para el sindicato, las medidas buscan «apelar a la libertad responsable como eufemismo de un Estado ausente».
«Un Estado que asiste poco y nada, que escucha a medias al Grupo de Científicos que lo asesora y que deja a cargo de la población el manejo de la pandemia. Esta manera de no gobernar, perjudica claramente a los más vulnerables», expresa la misiva.
Entre vacunas, ausencias y mentiras
Afusmi expresó su disconformidad «en lo referido a la inscripción de los trabajadores que deberían estar habilitados para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech, que se llevó a cabo, según lo estipulado por el Ministerio de Salud Pública, entre el viernes 12 y sábado 13 de marzo».
El sindicato denunció que «no se contempló a todos los grupos mencionados como prioritarios». «En algún CTI, ni siquiera la totalidad del personal de enfermería se encontró habilitado para agendarse».
Asimismo, explicaron, Auxiliares de Servicio, Licenciadas en nutrición, personal de Tisanería, Licenciados en Fisioterapia, Neumocardiología y otros servicios que cumplen funciones dentro del área no estaban habilitados, por lo que no pudieron realizar la inscripción para vacunarse».
Ante esta situación, Afusmi expresó: «El Ministro de Salud faltó a la verdad cuando expresó, casi enojado, que habían sobrado 50000 vacunas porque el personal de los sectores prioritarios no había concurrido a vacunarse».
«Si bien seguramente deben haber existido casos en que alguna persona decidiera no vacunarse, muchísimos compañeros con voluntad de hacerlo no estuvieron (y hasta la fecha no lo están) habilitados. Ese, es un manejo miserable de la información», sentenciaron.
Atropello neoliberal
Por otro lado, el comunicado enfatizó en que «no se tuvo en cuenta el cuidado del personal de Salud», a pesar de que «se dice pomposamente que somos la primera línea de defensa” contra el coronavirus. Como ejemplo de lo dicho, enumeran diversas situaciones como envíos masivos de trabajadores a seguro de paro y flexibilizaciones en las condiciones de trabajo.
«Debemos puntualizar que el personal de salud está compuesto en un 80% por mujeres, muchas veces con menores a cargo; estas compañeras tuvieron muchas dificultades en los meses de suspensión total de clases presenciales y no fueron contempladas», agrega el documento aclarando que «podrían seguir enumerando situaciones».
Para finalizar, el sindicato realiza una serie de cuestionamientos como la dificultad del gobierno para explicar el proceso de vacunación, sus costos y la determinación de los grupos prioritarios.
En las últimas líneas solicitan que «en nombre de la pandemia no se justifiquen atropellos de carácter neoliberal, a nuestros derechos y a nuestra libertad (que no parece ser la misma el Gobierno dice defender)».
PIT CNT critica que no se cobre un impuesto a empresarios, como se hará con funcionarios
Tras el anuncio del presidente Lacalle, la central sindical criticó que “los grandes sectores empresariales” siguen “sin participar en contribuir con los recursos necesarios para sostener la emergencia social”.
El PIT CNT emitió un comunicado en el que criticó que el gobierno haya establecido que los funcionarios públicos de sueldos altos tendrán que pagar un “tributo COVID-19” mientras que los grandes empresarios no tendrán que hacerlo.
El Secretariado Ejecutivo de la central sindical expresó algunas reflexiones sobre las medidas anunciadas este martes por el presidente Luis Lacalle Pou. Una de las medidas dictadas por el presidente es que “se va a reinstalar el tributo COVID-19 a los sueldos públicos en las mismas condiciones del año pasado durante dos meses”, y afirmó que “lo que se recaude por ese concepto va a ser destinado a las actividades que van a ser perjudicadas por la reducción de la movilidad”.
Concretamente, lo que se pondrá en marcha nuevamente es el “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19”, que grava las remuneraciones y prestaciones nominales del personal del Estado mayores a 120.000 pesos.
En su declaración, el PIT CNT expresó: “No compartimos el criterio adoptado por el Gobierno para incrementar la recaudación, que supone exclusivamente un impuesto a los funcionarios públicos, mientras los grandes sectores empresariales que un año sí y otro también acumulan grandes riquezas, siguen sin participar en contribuir con los recursos necesarios para sostener la emergencia social”.
La central obrera también se manifestó sobre otras medidas anunciadas por el gobierno nacional. “Es notorio que el crecimiento exponencial de la pandemia requería medidas que disminuyan la movilidad. Así lo venían planteando distintos actores del quehacer sanitario del país, en particular las sociedades científicas”, inició su declaración el PIT CNT.
“De todas maneras, llama la atención la forma de implementación de dicha disminución de la movilidad, en tanto primero se interrumpe la presencialidad educativa, al tiempo que se mantienen diferentes actividades comerciales y empresariales”, añadió la central obrera.
Además, expresó que “aquellas medidas que implican restringir la movilidad requieren la inmediata aprobación del ingreso básico de emergencia”.
No obstante, el PIT CNT celebró que “se comenzarán a implementar propuestas del movimiento sindical, tales como que los trabajadores no pierdan horas ni jornales en caso de vacunarse”.
“Dejamos clara la voluntad de diálogo de nuestro PIT CNT a los efectos de contribuir desde el movimiento sindical para atenuar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia”, concluyó la declaración.
Montevideo Portal
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE): ante los anuncios realizados por el Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou nuestra Confederación en representación de 52 sindicatos informa:
Ante los anuncios realizados por el presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), manifiesta que:
Compartimos las medidas adoptadas en cuanto a las restricciones de movilidad. El avance de la pandemia en las últimas semanas en nuestro país ha generado un aumento de las personas cursando la enfermedad, aumento de las camas ocupadas en CTI y lo más grave, un incremento de la cantidad de fallecidos, lo cual es irrecuperable;
Nuestro país comenzó hace menos de un mes una campaña amplia de vacunación la cual debe necesariamente ir acompasada con medidas de restricción de la movilidad en todo el país. COFE insta a todos los trabajadores a vacunarse contra el COVID dado que es una de las principales herramientas que podemos utilizar en forma individual y colectiva para combatir la pandemia;
Nuevamente el gobierno instrumenta el Impuesto COVID 19, que recae en gran medida sobre el salario de los funcionarios públicos. El Gobierno de coalición aplica desde marzo de 2020 una política de ajuste fiscal, donde el salario y empleo de los trabajadores públicos son variables de ajuste, se rebajaron los salarios, se establecieron descuentos por licencias médicas, se cesaron cientos de contratos en todo el Estado, se recortaron cargos y vacantes, se aumentaron los precios de las tarifas públicas.
Sin embargo, no se anuncia ninguna medida impositiva para el gran capital, las grandes ganancias, el sector financiero, las grandes cadenas de supermercados ni sobre todos aquellos sectores que han tenido un crecimiento de sus ganancias desde el inicio de la pandemia, así como tampoco sobre los salarios gerenciales de estos sectores de actividad.
Solicitamos al presidente conocer el destino de estos fondos y que lo recaudado con este impuesto se destine efectivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Recordemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que Uruguay invirtió un 0.7 % de su Producto Bruto Interno para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, siendo uno de los países que invirtió menos en la región.
Seguimos planteando la Renta Básica y la Canasta de prestaciones de servicios públicos, porque el #QuedateEnCasa sin asegurar la alimentación es condenar a muchos uruguayos a la miseria y sin los servicios básicos la educación a distancia y teletrabajo son imposibles de realizar.
El Gobierno instrumenta el impuesto COVID 19, sin embargo, continúan las exoneraciones fiscales al gran capital, continúan las designaciones discrecionales de cargos de dirección en el Estado y continúa la asistencia financiera a quienes no lo necesitan.
Consejo Directivo de COFE _ 24 de marzo de 2021
Un fantasma recorre Uruguay: las ocupaciones
Si hay un tema que nos ha acompañado a lo largo de la historia reciente de nuestro país y hoy vuelve a la palestra a propósito de lo ocurrido con Friopan es el de las ocupaciones de los lugares de trabajo y su legitimidad como medida de acción sindical. Es que cada hecho noticioso que involucre la acción colectiva de los trabajadores es una buena excusa para traer a colación este fenómeno que sobrevuela la opinión pública esquivando fuegos cruzados entre quienes se resisten y quienes lo defienden.
Varios factores pueden explicar su trascendencia, pero hay uno que se impone: en un sistema de relaciones laborales como el uruguayo, en el que la protección estatal a través de la producción de normas resulta acotada, fragmentaria (no hay un Código del Trabajo o una Ley o Estatuto General del Trabajo) e incompleta (son leyes aisladas, sobre temas específicos, lo que deja muchos espacios vacíos de regulación), la protección que los trabajadores se dan a sí mismos resulta crucial.
En este escenario, la ocupación –en tanto modalidad del derecho de huelga– se presenta como una herramienta reivindicativa potente que lleva al límite la tensión capital-trabajo, permitiendo que –en algunos contextos– se constituya como la medida más eficaz o idónea para modificar la normalidad productiva que al trabajador le aparece como injusta o insatisfactoria.
¿Cómo es posible, en un país en donde la protección de los trabajadores viene principalmente de la mano de la acción sindical –considerando el marcado abstencionismo normativo– y en donde el derecho de huelga tiene un margen amplio de expresión, que se siga insistiendo en la ilicitud de la ocupación de los lugares de trabajo?
Un error y dos falacias en el debate actual conducen a la respuesta.
Partamos por el error. Las ocupaciones de los lugares de trabajo son una manifestación de la huelga y esta, un derecho fundamental de los trabajadores. Así, son equivocadas las afirmaciones del presidente de la República unos meses atrás de que “una cosa es hacer huelga y otra cosa es ocupar”, o del ministro de Trabajo y Seguridad Social en oportunidad de debatirse la ley de urgente consideración (LUC) en la Cámara de Senadores, cuando sostuvo que “la ocupación no es una extensión del derecho de huelga”. No estamos ante dos cosas distintas, sino que una (la ocupación) es una forma en que se expresa la otra (huelga).
Entre los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución se encuentra la huelga (artículo 57); incluso la Convención Nacional Constituyente que debatió la incorporación de este derecho por primera vez planteó a la huelga como “la única arma que tiene el obrero en sus manos para hacer triunfar sus legítimas reivindicaciones”.
Este carácter fundamental obliga a entender su contenido como amplio o extenso (principio pro homine), lo que significa que debe entenderse como huelga protegida –y, por tanto, lícita– cualquier alteración o interrupción colectiva de la normalidad productiva en la empresa.
¿Qué actos –entonces– quedan comprendidos dentro de la conducta de huelga? Todos aquellos que la comunidad acepte como eficaces a efectos de alterar el proceso productivo, incluyendo la ocupación de los lugares de trabajo, en tanto se trata de una modalidad que es socialmente reconocida como valiosa en nuestro país.
Esto no equivale a sostener que la huelga es un derecho absoluto, sino que, como cualquier otro derecho fundamental, podrá ser restringido en un eventual conflicto o colisión con otro derecho fundamental si el daño producido a este es grave, en el sentido de desproporcionado, situación que deberá resolverse en el caso concreto atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
De esta manera, las intenciones deliberadas de restringir a priori este derecho a través de la pretensión de que la medida no perjudique el trabajo del no huelguista o el derecho de propiedad del empresario no resultan ser jurídicamente plausibles. Por ello, quienes las sostienen, a efectos de apoyar su juicio o punto de vista, echan mano a un argumento de autoridad: esto es lo que ha sostenido la Organización Internacional del Trabajo (OIT). He aquí la primera falacia.
Veamos el motivo. Si bien es cierto que el organismo internacional ha señalado que las ocupaciones “deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, estamos ante una falacia de autoridad por cuanto quienes invocan este argumento sólo lo hacen valer por quien lo dice, sin analizar si las razones de fondo son jurídicamente correctas. De hecho, hay razones que desbancan las sostenidas por el referido organismo: determinar de antemano que el derecho de huelga cede ante otros derechos (trabajo-propiedad) implica una lectura unilateral en perjuicio del derecho de huelga con el propósito de dejarla sin eficacia, por lo que la acción queda vacía de contenido y se transforma en un contrasentido, lo que resulta contrario a lo que promueve la propia Constitución.
Pero además, ¿no resulta artificial invocar un atentado a la propiedad cuando no hay intención de apropiarse de los bienes y tampoco hay destrucción de estos?, ¿es posible hablar de vulneración a la libertad de trabajo de los no huelguistas cuando la medida de ocupación es una reacción ante un inminente cierre o cuando el interés que se reivindica es el de conservar los puestos de trabajo?
Muchas son las hipótesis en las que puede ejercerse esta acción, y no siempre la ocupación es expresión de violencia o de atentado a otros derechos. No obstante, el descrédito se ha apoderado de este fenómeno y ello ha quedado en evidencia a propósito de la reapertura de la causa penal llevada adelante por la empresa Friopan a raíz de la ocupación ocurrida en la planta en 2019.
Si bien la instancia judicial que se intenta nuevamente no tiene como finalidad debatir sobre la legitimidad de la acción, es decir, sobre si esta queda o no al amparo del derecho de huelga, hay quienes se hacen eco de una denuncia de delitos de apropiación indebida, daños y amenazas para insistir en que las ocupaciones de los lugares del trabajo son –por regla– violentas, que no se trata de una manifestación del derecho de huelga y que resultan, por tanto, ilícitas.
Vemos aquí la segunda falacia. Considerar ciertas situaciones excepcionales como si fueran habituales o representativas y usarlas como fundamento para formular (o reafirmar) una teoría o juicio induce necesariamente al error. Este es, precisamente, otro de los errores argumentativos presentes en el debate actual, el error de disponibilidad, es decir, la falsa generalización de que todas las ocupaciones son violentas.
En nuestro país se reconoce a los trabajadores un medio de presión eficaz que importa la no realización de trabajo convenido y libertad para alterar el proceso productivo cualquiera sea la modalidad elegida por los trabajadores. Claro que se puede abusar de este derecho, como de cualquier otro, pero esto no puede ser el argumento central para afirmar su ilicitud.
No obstante, no parece aventurado decir que flota en el ambiente, cada vez que una huelga con ocupación se produce, un malestar impropio del ejercicio de un derecho fundamental. ¿Cómo es posible que un fenómeno social elevado a la categoría de derecho fundamental no merezca la consideración y el respeto propio de tales derechos?
El malestar empresarial, los intereses productivos en juego y la histórica preeminencia del derecho de propiedad del empresario y de libertad de trabajo de los no huelguistas en relación con el derecho de huelga han contribuido a ello.
Andrea Rodríguez Yaben es abogada especialista en Derecho del Trabajo.
Uruguay: la pandemia real y el mal gobierno desdibujan al mediático y clasista Lacalle
La gestión de la semana pasada del gobierno derechista uruguayo fue tan mala que se vio obligado a anunciar que iba a anunciar medidas para frenar el desastre sanitario. Es que Uruguay había pasado a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes.
El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año. Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay entró en zona roja de riesgo
«A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta», señaló Gonzalo Moratorio, virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo. Por su parte, el nefrólogo Oscar Noboa sostuvo que «cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos».
La conferencia de Lacalle Pou en sí, fue deprimente desde el inicio: el “tranquilo que vienen más vacunas” no logró disimula siquiera la ausencia de respuestas claras. Las medidas siguen siendo o mínimas o irreales, porque la pandemia es utilizada como herramienta mediática, sacando del foco de que Uruguay está con un gobierno sin mando ni coordinación real.
La suspensión obligatoria de las clases anunciada por el mediático presidente, reafirma algunas orientaciones y decisiones anteriores, pero al mismo tiempo contradice otras, por lo menos en dos grandes áreas. Pero en el gobierno neoliberal, una vez más, pesa la voluntad de lograr resultados fiscales, aun en áreas tan delicadas como esta y cuando no se trata de millonadas.
El propio Lacalle reconoce que los centros educativos no han sido un generador importante de contagios de covid-19, con apenas 2,5% del total de los identificados, y poco más de un centenar de brotes contra los 6.000 cuyo origen se detectó en contactos intrafamiliares.
El presidente jerarquiza mantener la actividad de las empresas (en especial de las mayores) y quiere llegar cuanto antes a una reanudación plena, a tal punto que se le pueden reprochar avances prematuros e imprudentes en esa dirección. Sin embargo, es claro que mientras no se restablezca la obligación de ir a clase persistirán, en una gran cantidad de hogares, problemas importantes para que los adultos puedan retomar sus actividades habituales, advierte Ladiaria .
En el fondo y en la superficie hay una cuestión relacionada con el gasto público. Tanto las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre la necesidad de volver a la presencialidad obligatoria, para “proteger el sistema educativo” como las demandas de organizaciones de familiares de estudiantes y sindicatos de docentes, orientadas a crear condiciones más seguras, requieren desembolsos extra por parte del Estado.
Pero también hay una cuestión ideológica. Cuando los indicadores sanitarios mostraban a Uruguay en una situación privilegiada, Lacalle pregonó dentro y fuera de fronteras su apuesta a la “libertad responsable”, y eso les permitió a muchas personas creer que aquí se potenciaban del mejor modo posible las virtudes de un pueblo sensato y las de un gobernante sabio, que confiaba en la gente sin imposiciones ni paternalismos.
Mientras los indicadores se desbocan, el presidente apela nuevamente a su peculiar concepto de la libertad individual, esta vez para transferir la culpa de las desgracias a decisiones equivocadas de la gente. En el fondo, hay –sin dudas- una cuestión de clase. Esta decisión, presuntamente “neutra”, tiene un impacto social desigual: afecta más y peor a la gente pobre.
Todos los problemas los resuelven privados, al final parecería que el afán privatizador es consecuencia de ser inútiles: lo único que ha hecho este gobierno de manera pública ha sido comprar cosas y con malos resultados. Además la coalición multicolor ya está en campaña interna, sumida en una guerra de posiciones dentro del gobierno, señala Mate Amargo.
El centroizquierdista Frente Amplio (FA), que gobernó 15 años, no votó a fines del año pasado la limitación del derecho constitucional de reunión, y menos aún votará la nueva iniciativa enviada por Presidencia que prorroga esa limitación y habilita que se renueve en forma automática cada 30 días.
La figura de Lacalle Pou se va desdibujando, o la realidad y las actitudes suyas y de su gobierno la va desdibujando. Por ejemplo, la ministra de Economía aprobaba una exoneración al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el ministro de relaciones exteriores seguía gastando a rolete (como denuncian sus correligionarios) .
Para completar, un director de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) acomodando a militantes de su partido político, en guerra dentro de la coalición derechista de gobierno; y el intendente de Rivera filtrando una decisión del gobierno y luego, ante la marcha atrás, acusando que le hackearon la cuenta, olvidándose que lo dijo en una entrevista que quedó filmada.
Luvis Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Blanquillo firma
En Blanquillo todos se conocen. Lugar pintoresco, enmarcado por tonos pasteles y matices insospechados de verde, conjugados con pinceladas ocres, azules y grises que acarician el paisaje del lugar. Blanquillo es un pueblo del departamento de Durazno en el que viven unas 1200 personas. Lleva su nombre por un arroyo cercano que está rodeado por un monte nativo de Sebastiania Brasiliensis, más conocidos como «los blanquillos». Allí todos se conocen. Y saben cómo piensa el vecino y la vecina de casi todas las casas del pueblo. En Blanquillo, la gente del pueblo sabe casi todo de los demás. Acaso por ello, Marina pensó que la mejor forma de recolectar firmas para derogar los 135 artículos de la LUC no era colocar una mesa en la plaza ni hacer mucho ruido como para no incomodar a nadie. Marina decidió salir casa a casa, puerta a puerta, a ver a sus conocidos más cercanos, con los que sabe que puede hablar con confianza, sin vueltas, sin miedo a represalias y charlar de sus preocupaciones -que en muchos casos son compartidas- de los aspectos «tenebrosos» de esta ley «espantosa». Marina sabe bien cómo es la gente de allí. Divina. Humana. Tranquila. Eso es lo que adora de su pueblo. Pero el poder es el poder. En el Capitolio o en Blanquillo. El poder casi siempre impone sus reglas. Y en ocasiones, de manera impiadosa.
Marina Corena nació en Blanquillo, igual que sus papás que también son de allí. Ella dice que ese es su lugar en el mundo aunque deja un ínfimo huequito para la duda, por si acaso. Solo una vez se fue por razones laborales y se vino a Montevideo, pero eso duró poco. A los dos años le dieron de baja en la Policía y se volvió a su casa. De niña fue a la Escuela N° 32, «Maestro Agustín Ferreiro» a la que ahora concurren sus dos hijos. Casi todas sus maestras se jubilaron menos una que sigue trabajando y también fue maestra de uno de sus hijos. “Tratamos de no hablar mucho de cómo me portaba yo en la escuela con los deberes y en clase para no quedar pegada delante de mis hijos” (risas). Mejor no hablar de ciertas cosas. Ahora Marina es una comerciante reconocida en su comunidad. Y en sus ratos libres sale a juntar firmas para derogar los 135 artículos de la LUC. “Por ahora voy a ver a los conocidos que ya sé cómo piensan, vamos a asegurar esas firmas. Después habrá tiempo de salir a hablar con otra gente para conversar sobre la LUC”. Su militancia es en las calles y con las familias. Trata de no mezclar su actividad comercial con la militancia social porque en la campaña electoral a través de su Facebook personal hizo algunos «vivos» y hubo quienes «le pasaron factura» por pensar distinto.
Marina dice que es fundamental informarse para poder dialogar sobre la LUC con las vecinas y vecinos. Que todo juega en contra. La pandemia y los miedos que tratan de agitar. Y que seguramente uno de los aspectos que los gobernantes machacarán es el tema de la inseguridad. Que ese fue «el caballito de batalla» con el que ganaron las elecciones y con eso «asustarán» nuevamente a la gente. “Ya bastante circo hicieron los medios asustando a la gente en los últimos años, así que seguramente eso será lo que volverán a hacer”. Según su percepción, el miedo y la inseguridad fueron usados políticamente para asustar a los votantes y eso en el interior se percibe de manera más evidente. También sostiene que en algunos lugares del interior hay una mirada sesgada hacia los sindicatos. “Lo que pasa es que acá la costumbre siempre fue tener a la gente «en negro», y si alguien reclama que le paguen lo que le corresponde por derechos laborales sabe que después le va a costar carísimo, que seguramente no lo tomarán de otro trabajo”. Hay casos dolorosos de familias rotas por la situación económica, que Marina conoce de primera mano y trata de apoyar como puede porque la sindicalización para defender los derechos de los trabajadores es dinamitada de manera persistente por los dueños del poder local.
“Acá la principal fuente de trabajo es la Intendencia. Son de los peores salarios municipales del país. Y ahí hablar de paro es mala palabra. Hay persecución laboral, política, pero los trabajadores tienen muy poco margen, falta trabajar ahí en concientizar a la gente para que comprenda que no se pueden dejar amedrentar, que la solución siempre es con la organización sindical”.
Viejos fantasmas
En este contexto, en su pueblo, Marina sale cada día a juntar firmas de vecinos y vecinas de Blanquillo.
Y está convencida que se van a lograr las 700 mil firmas necesarias para derogar 135 artículos de la LUC.
“Yo aportaré algunas de acá, de Blanquillo, tal vez no serán muchas, pero suman. Todas suman”.
EL PAQUETE BIDEN Y EL SUR
El gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete económico para afrontar la crisis. Las medidas se orientan a incentivar la demanda interna. Inversiones en infraestructura, aporte de 1400 dólares a cada persona con ingresos anuales menores a 75.000 dólares, transferencias a gobiernos estatales, créditos fiscales, fondos para alquileres, entre otras medidas.
La lejanía con las recetas de manuales liberales y neoliberales, es notoria. La historia se repite, Estados Unidos, la Comunidad europea, suelen estimular la actividad económica con inversión pública, subsidios de todo tipo a empresas y consumidores, emisión de moneda.
Compras del Estado, armamentismo, guerras, son otra cara, menos publicitada de la misma estrategia, que también está presente en los primeros movimientos del nuevo gobierno de Estados Unidos, que exhibe un belicismo acelerado en todos los frentes, a la par que eleva su agresividad contra sus grandes competidores como China y Rusia.
El norte no abandonó nunca, el pensamiento de Keynes, con el silencio de los grandes organismos internacionales, que paralelamente promovían en el mundo dependiente, políticas económicas de cuño liberal y neoliberal, aunque admitiendo regalos al sistema financiero y a grandes “inversores” del exterior.
Sin embargo, vientos más flexibles se filtran en propuestas recientes del Banco Mundial y Fondo monetario internacional hacia el sur, aunque es díficil evaluar el grado de realidad o si son solo “para la tribuna”.
De todas maneras, pandemia y crisis mediante, sus informes oficiales, incluyen, en el recetario mayor cobertura y prolongación de prestaciones sociales, aún al costo de alejarse de la reducción de gastos e inversiones públicas tan apreciados por la ortodoxia del liberalismo económico.
Un “aroma keynesiano”, se filtra en el texto. “Lo más probable es que la deuda adicional asumida para financiar tales iniciativas tenga en última instancia un costo nulo, ya que habrá incrementado el tamaño de la economía y la base tributaria futura”.
Las propuestas, parecen dejar de lado, la teoría del “derrame” que promovía concentración de ingresos para financiar supuestas inversiones y crecimiento que gotearían hacía sectores populares“las medidas de tributación y gasto deberían privilegiar iniciativas que ayuden a estimular el producto potencial, garantizar un crecimiento participativo que beneficie a todos”.
Incluso se apunta a una tributación que recaiga sobre la riqueza. “Los gobiernos quizás deban plantearse la posibilidad de incrementar los impuestos progresivos aplicados a los particulares más acaudalados y a los que se ven menos afectados por la crisis (por ejemplo subiendo las tasas impositivas vigentes para las categorías de ingreso más altas, las propiedades más costosas, las ganancias de capital y los patrimonios), así como la posibilidad de modificar la tributación de las empresas para asegurarse de que paguen impuestos acordes con sus ganancias “i
Es difícil rastrear las causas de las “herejías” del FMI respecto a la religión liberal, aunque la histora reciente de los créditos otorgados por el organismo al gobierno Macri parece tener influencia. Sus apoyos financieros se iban como en un colador hacia el exterior, potenciando la deuda pública.
Tampoco son de descartar razones políticas, incluyendo descalabros electorales de gobiernos cuyas conducciones económicas eran o son dirigidas por sus alumnos más adictos.ii
Las interroganters son muchas y quedan abiertas a las más diversas respuestas.
Mientras tanto el gobierno uruguayo contnúa refugiado en su fundamentalismo neoliberal. Recorte de gastos, inversiones, salarios públicos, privatizaciones, mas apertura a todo tipo de mercancías y capitales.Y nada de impuestos a los acaudalados, aunque los admita el Fondo.
GOTITAS DE ECONOMIA
- Los datos del BCU, con la nueva base de cálculo, registran un descenso del PBI de 5.9% en 2020. El presupuesto quinquenal lo elaboraron suponiendo una caída de 3.5% para el año citado.
- El INE registró una tasa de desocupación de 10.7% para enero de 2021 en Uruguay. Ultimo dato registrado. Si querés, sumale, seguros de paro y los que no buscaron trabajo por la pandemia.
- Tienda Inglesa en Uruguay, que tiene entre sus accionistas al grupo Goldman Sachs, expande sus negocios en el país comprando supermercados en los departamentos de Maldonado y Canelones.
- El Mercosur, cumplio 30 años. De integración real, entre los países del área, poquito. Apenas zona de libre comercio. Y algunos financistas, mercaderes y gobiernos como el uruguayo, lo quieren todavía más abierto. ¿Será para importar sin aranceles y revender a la zona compitiendo con productos locales protegidos?
- El gobierno de Estado Unidos amenaza con sanciones a las empresas que participen de la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2, que a través del Baltico duplicaría el suministro de gas a Alemania. Los supuestos defensores de la “libertad económica” al desnudo.
- Un buque encallado en el estrecho del Canal de suez, que une el Mediteráneo con el Mar Rojo entorpece el tráfico en la zona Por allí pasa el 30% de tránsito de contenedores y 12% del comercio mundial. Especialmente entre Europa y Asia.
iIdem.
ii, Pese,incluso, al enorme apoyo, desinformación e inexactitudes, difundidas por prensa masiva pro imperialista e incluso la parcialidad de algunos poderes judiciales.
