La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene la intención de buscar la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, del Reino Unido, siguiendo los pasos de la Administración anterior, informa The New York Times.
Según el diario, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó esta semana un escrito apelando a un tribunal británico para que anule la sentencia que bloqueó la extradición del activista australiano al país norteamericano.
El 4 de enero, la jueza británica de distrito Vanessa Baraitser rechazó la extradición de Assange a EE.UU., donde afronta cargos por espionaje y piratería informática, por temor a que el activista pudiera suicidarse debido a su delicada salud mental, que se vería agudizada por el aislamiento al que, probablemente, sería sometido en una prisión estadounidense.
Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense tenía que enviar un mensaje en apoyo de su apelación del fallo, presentada el 19 de enero, último día de la Administración Trump. Por lo tanto, esta decisión era la primera oportunidad para que la Administración Biden reconsiderara su postura, pero una portavoz de la Fiscalía de la Corona británica confirmó el viernes que el Gobierno de EE.UU. presentó el escrito.
La información también fue confirmada por el portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU., Marc Raimondi. "Seguimos buscando la extradición", señaló.
Grupos de derechos humanos y libertades civiles lamentan que el caso podría sentar un peligroso precedente que representaría una grave amenaza para la libertad de prensa.
Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros sin Fronteras, indicó que el grupo estaba "extremadamente decepcionado" por lo ocurrido y aseguró que "esto marca una gran oportunidad perdida para que el presidente Biden se distancie del terrible historial" de la Administración anterior en cuanto a la libertad de prensa.
Actualmente, Assange, de 49 años, se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). Fue detenido en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, luego que el Gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo.
Libertad para Assange
Persecución mundial contra Wikileaks: EEUU pretende condenar a Assange a cadena perpetua como escarmiento a los periodistas de investigación
Como dijo el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, "si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa". Porque EEUU pretende sentarlo en el banquillo por publicar informaciones auténticas sobre los crímenes de guerra cometidos por EEUU, y condenarlo a 175 años de prisión en aislamiento total. "Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos", afirmaba Melzer hace un año. Hoy se decide su extradición a EEUU.
barcelona/ginebra
03/01/2021 23:31 carlos enrique bayo @tableroglobal - PÚBLICOEs una guerra total contra el periodismo de investigación. En esto coinciden no sólo cientos de los más prestigiosos reporteros y editores del mundo, sino también exjefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos, líderes políticos, legisladores, premios Nobel y Pulitzer, asociaciones internacionales de juristas y de médicos, eminencias de todos los campos del conocimiento...
Pero EEUU y el Reino Unido –con la cooperación de varios de sus aliados– parecen dispuestos a violar flagrantemente las leyes internacionales y los principios básicos del derecho, así como sus propios tratados y jurisprudencia, para destruir mediante un juicio-farsa al creador de Wikileaks, Julian Assange, ya muy lesionado por haber sufrido durante una década "formas persistentes y progresivamente severas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos sólo pueden describirse como tortura psicológica", según el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer.
Ya ha sido una pantomima el proceso legal instruido en el Reino Unido contra él: primero pretendiendo que su arresto domiciliario y confinamiento en asilo diplomático durante siete años se debía a su incriminación en un supuesto caso de abuso sexual en Suecia –un montaje de la Fiscalía sueca que retiró de golpe en cuanto ya no fue necesario para retenerlo en custodia–; luego condenándolo a una desproporcionada pena de 50 semanas de prisión en aislamiento total (impidiéndole preparar su defensa) por un presunto incumplimiento de fianza –infracción que en Gran Bretaña se suele castigar con una simple multa–; y sobre todo poniendo al frente de la causa a una jueza con interés económico y personal directo en el caso.
Una jueza con intereses personales directos contra Assange
Lady Emma Arbuthnot fue designada magistrada-jefe de Westminster en octubre de 2016 por la misma ministra de Justicia del Gobierno conservador, Liz Truss, con la que esa jueza asistió dos años antes a un encuentro confidencial de dos días a puerta cerrada en Bilbao, organizado y financiado por compañías vinculadas al British Foreign Office. El ministro británico para Europa, David Lidington, participó en ese foro anual, Tertulias, que además estuvo presidido por el propio esposo de la jueza.
Porque el marido de esa magistrada, Lord Arbuthnot of Edrom, es un exministro de Defensa cuyos estrechos vínculos empresariales y económicos con las corporaciones militares y de inteligencia británicas fueron desvelados... precisamente por Wikileaks. Y la jueza también viajó ese año con su esposo a otro de esos foros reservados para las élites políticas y empresariales: el Tatlidil, organizado en Estambul por los gobiernos turco y británico.
Tanto Tertulias como Tatlidil son encuentros reservados de alto nivel sobre los que muy poco se sabe, pero el medio de investigación británico Declassified UK ha descubierto que comparten la misma dirección postal en Reino Unido.
En resumen, Lady Arbuthnot recibió regalos y viajó a gastos pagados por una compañía militar y de ciberseguridad vinculada a su marido, cuyas relaciones fueron destapadas por Wikileaks, pero se negó a aceptar ningún conflicto de interés al juzgar el caso Assange desde 2017 hasta mediados de 2019, emitiendo dos controvertidos veredictos que consumaron el cerco judicial contra él.
Emma Arbuthnot ya no preside directamente el tribunal británico que juzga a Assange y decidirá este lunes sobre su extradición a EEUU, pero es la magistrada jefe de los 300 jueces de distrito de Inglaterra y Gales, con "responsabilidad de liderazgo" sobre todos ellos, y sigue dirigiendo y orientando el trabajo de los jueces bajo su mando, que emitirán el veredicto.
Más aún, el hijo de Arbuthnot, Alexander, está vinculado financieramente a una compañía creada por la inteligencia del Reino Unido para combatir las filtraciones de información sensible, Darktrace, en la que trabajan agentes especializados contratados directamente a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU.
Ahora bien, si Assange es extraditado a EEUU, serán precisamente esos servicios secretos estadounidenses los que controlarán el jurado del otro juicio-farsa con el que se pretende acabar con el creador de Wikileaks por atreverse a desvelar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense.
Un jurado escogido entre empleados de la CIA y la NSA
Como exponen los juristas internacionales Lawyers for Assange, en EEUU Assange será juzgado "en el infame 'tribunal de espionaje' en procedimientos secretos ante un jurado elegido por una población en la que la mayoría de las personas elegibles para la selección del jurado trabajan para la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado".
Pero eso no es todo. Fueron la CIA y la NSA las que contrataron a la empresa española Undercover Gobal, S.L. –actualmente bajo investigación en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional– para que espiara ilegalmente a Assange durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres, cuya seguridad perimetral estaba encargada a esa compañía UC Global con sede en Jerez de la Frontera.
UC Global grabó en vídeo secretamente todas las reuniones de Assange con sus abogados y asesores –además de a los médicos y otros visitantes que recibió en su confinamiento–, de forma que tanto los fiscales militares de EEUU como los miembros del jurado tendrán acceso a esas grabaciones ilegales de las conversaciones del inculpado con su equipo defensor.
Sólo ese hecho invalida irremediablemente todo el procedimiento judicial instruido en secreto por EEUU contra Assange, porque viola sus derechos fundamentales de defensa legal en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el "derecho a un proceso equitativo".
Una Ley de Espionaje diseñada para perseguir disidentes
Sin embargo, hay muchos otros motivos jurídicos para desestimar, por ilegal, la demanda de extradición de EEUU, empezando por el hecho de que 17 de los 18 cargos contra Assange se basan en la Ley de Espionaje de 1917, promulgada específicamente para la persecución política de disidentes y activistas antiguerra en su momento, y cuyo propio nombre certifica su naturaleza intrínsecamente política.
No sólo el Tratado de Extradición entre el Reino Unido y EEUU prohíbe específicamente la extradición por delitos políticos en su artículo 4, sino que la extradición política está también prohibida por los principios del derecho internacional, como en el Convenio Europeo de Extradición de 1957 (artículo 3), en el Tratado Modelo de Extradición de la ONU (artículo 3a), en el Estatuto de la OIPC-Interpol, y en todos los tratados bilaterales ratificados por Estados Unidos desde hace más de un siglo.
Assange pasaría el resto de su vida en una celda de máxima seguridad confinado en solitario durante 20 horas al díaOtro de los motivos para su desestimación es el temor fundado de que Assange sufra tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante en EEUU, puesto que las autoridades de ese país ya han anunciado que sería condenado a una pena de 175 años –en ese país las penas se cumplen hasta el fallecimiento del reo– en una prisión de máxima seguridad, aislado de todo contacto exterior y sometido a confinamiento en solitario 20 horas diarias.
Además, en una de sus peticiones a la Corte británica, las autoridades estadounidenses admiten abiertamente que a Assange se negarán las protecciones a la libertad de expresión y de prensa garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, aduciendo que no le corresponde ese derecho por no ser ciudadano norteamericano.
Finalmente, la extradición a EEUU de un editor y periodista por realizar actividades periodísticas en Europa y revelar verazmente los crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense, equivaldría a condenar a muerte la libertad de prensa para acallar bajo amenaza de durísimo castigo a los alertadores o whistleblowers, cuya defensa y protección acaba de sancionar la Directiva de la UE promulgada el 17 de diciembre de 2019.
Un vídeo de militares disparando contra heridos y niños
En este caso está demostrado que lo que busca EEUU es castigar la divulgación de materiales como el vídeo del Ejército conocido como "Collateral Murder", en el que la tripulación de un helicóptero militar estadounidense ametralla de forma indiscriminada a un grupo de civiles, matando a una docena de ellos, incluidos dos fotógrafos de Reuters. Lo más terrible de las imágenes es que se ve cómo después rematan a tiros a los heridos y disparan a sabiendas incluso contra niños.
En el vídeo se puede escuchar cómo uno de los militares norteamericanos dice: "Está herido", refiriéndose a una víctima que se arrastra. "Estoy disparando", agrega, y todos ríen. Entonces llega una furgoneta y el conductor baja a auxiliar a otro herido. Con él van dos niños y los militares del helicóptero comentan que es culpa suya por llevar a sus hijos a la guerra, antes de abrir fuego de nuevo, alcanzando al herido, el padre y un niño en pleno rescate. Es el paradigma de un crimen de guerra y su difusión exclusiva constituye el mejor ejemplo de periodismo de investigación.
"Inculpado por pedir, recibir y publicar información"
Como subraya el exdirector del diario The Guardian Alan Rusbridger, "de lo que se acusa a Assange es lo mismo o muy similar a lo que se hace en periodismo y es sorprendente que no haya más gente que vea las inquietantes implicaciones que tiene este caso para todos los periodistas".
En otras palabras, "Assange está inculpado de pedir información, recibir información y publicar información", constata Barton Gellman, periodista ganador de los premios Pulitzer y Emmy. "Y no me importa decir que eso es exactamente lo que yo hago".
El filósofo y escritor Noam Chomsky recuerda que los métodos empleados por el espionaje de EEUU para desacreditar y destruir psicológicamente a Assange antes de su juicio, con el objetivo de que la opinión pública internacional no reaccione a esa farsa con indignación, son los de siempre:
Noam Chomsky: "Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje""Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Papeles del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del Gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los fontaneros de la Casa Blanca de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje".
Exactamente eso mismo, pero con una técnica mucho más sofisticada y prolongada en el tiempo, es lo que se hizo con la ayuda de la Fiscalía sueca al fabricar un montaje policial imputando a Assange abusos sexuales, pese a que ninguna mujer le acusó nunca de eso –el testimonio de la afectada (sólo pedía que él se hiciese la prueba del sida tras mantener relaciones sexuales consentidas) fue manipulado por la Policía y filtrado a la prensa sensacionalista en cuestión de horas–; perpetuando durante años la ficción de que se seguía un procedimiento judicial, pero negándose a tomar declaración al acusado en la embajada donde estaba asilado; y finalmente retirando los falsos cargos en cuanto la Corte Suprema de Suecia exigió pruebas concretas y ya no era necesaria esa falsa imputación para retener a Assange en Londres.
Las consecuencias de todo esto para el futuro del periodismo son devastadoras. Como explicaba el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, a la revista suiza Republik:
Melzer: "Si el periodismo de investigación es clasificado como espionaje, imperarán la censura y la tiranía en todo el mundo""Si el periodismo de investigación es clasificado como espionaje y puede ser perseguido judicialmente en todo el mundo, entonces la censura y la tiranía imperarán. Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos. Los crímenes de guerra y las torturas no están siendo encausados judicialmente. Circulan vídeos en YouTube donde soldados norteamericanos alardean de empujar a mujeres iraquíes al suicidio mediante violaciones sistemáticas. Nadie lo investiga. Y al mismo tiempo una persona que revela estas cosas está amenazada con una pena de 175 años de cárcel. Durante todo una década ha sido abrumado con acusaciones que no se pueden probar y que lo están destruyendo. Y no se hace nadie responsable, ni se exige responsabilidades. El contrato social se está erosionando y si no exigimos que alguien rinda cuentas también nosotros perderemos nuestros derechos antes o después. El poder corrompe si no se vigila".
Otros temas del especial 'Persecución mundial contra Wikileaks':
Persecución mundial contra Wikileaks: La jueza libra a Assange de la extradición pero avala las imputaciones de EEUU contra el periodismo de investigación
"El sistema ha triunfado... Él no debería haber sido empujado hasta el borde del suicidio," advierte Nils Melzer, Relator Especial de la ONU contra la Tortura, tras la sentencia que apoya los argumentos de los fiscales limitando los derechos de libertad de prensa y a recibir información veraz y rechaza todas las razones de la defensa del creador de Wikileaks... salvo la de que su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad norteamericana pondría en peligro su vida.
londres
04/01/2021 22:47 Actualizado: 05/01/2021 11:17 - carlos enrique bayo @tableroglobal - PÚBLICODos hechos probados trágicos –el deterioro de la salud mental de Julian Assange tras una década de confinamiento y las brutales condiciones de reclusión en la prisión de máxima seguridad de EEUU (Florence ADX)– han salvado de momento al fundador de Wikileaks de acabar sus días entre rejas tras ser condenado a 175 años de cárcel por una Ley de Espionaje de 1917 que castiga la revelación de secretos de Estado aunque sean crímenes de guerra.
Porque la magistrada de distrito del Tribunal de Westminster Vanessa Baraitser, en su sentencia de 132 folios por la que rechaza la demanda de extradición presentada por EEUU, repite al pie de la letra casi todos los argumentos estadounidenses que socavan la libertad de prensa y de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de ese país.
El único motivo que aduce la jueza para no entregar a Assange a la Justicia Militar estadounidense por los supuestos delitos de publicar informaciones auténticas es que los acusadores estadounidenses no la han convencido de que el reo no acabaría suicidándose si fuera sometido a la pena que piden contra él.
"La sentencia es una victoria para Assange, pero sus implicaciones para la libertad de prensa son mucho más complicadas", explicaba tras estudiar el veredicto Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia de Nueva York. "El tribunal deja claro que habría concedido la extradición a EEUU si no fuera por los temores sobre su salud mental y por las durísimas condiciones en las que sería encarcelado allí".
"El tribunal avala la acusación de EEUU al tiempo que rechaza la extradición y eso es una amenaza para el periodismo de investigación""En otras palabras, el tribunal avala la acusación de EEUU al mismo tiempo que rechaza la extradición. Y eso plantea una amenaza para el periodismo de investigación. Nos preocupan especialmente los cargos de la imputación que acusan a Assange de haber violado la Ley de Espionaje simplemente por el hecho de haber publicado secretos clasificados. Porque esas imputaciones constituyen un ataque sin precedentes contra la libertad de prensa, calculado para disuadir a periodistas y editores de ejercer sus derechos que la Primera Enmienda debería proteger", concluye Jaffer, quien fuera el subdirector del Departamento Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
De hecho, prácticamente todas las personalidades internacionales del mundo de la comunicación han expresado su grave preocupación por el contenido de la sentencia, ya que va desestimando una por una todas las razones de la defensa de Assange sobre las violaciones del derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, e incluso desprecia de un plumazo hechos incontestables que invalidan la propia instrucción del caso.
La jueza desestima las pruebas del espionaje cometido por la empresa española UC Global en la Embajada de Ecuador en Londres
Por ejemplo, Baraitser aduce que no es tarea de los tribunales británicos entrar en el caso del espionaje cometido en la Embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global, que grabó secretamente en vídeo las reuniones confidenciales de Assange con sus abogados y médicos. La jueza afirma que no puede valorar esos hechos demostrados y de dominio público porque no tiene acceso al sumario sobre el caso que se instruye en la Audiencia Nacional española, pese a que la defensa del creador de Wikileaks le presentó las pruebas de esa violación del procedimiento judicial secreto contra el acusado y testimonios de que el espionaje de EEUU planeó envenenar o secuestrar a Assange durante su asilo diplomático.
"No olvidemos que agentes norteamericano planearon asesinar a Julian en territorio británico, sus colaboradores británicos fueron también blanco del espionaje y sus documentos fueron robados, y sus operaciones ilegales incluso apuntaron a nuestro bebé de seis meses", recordaba tras la sentencia, en la puerta del edificio judicial Old Bailey, la pareja de Assange, Stella Moris, refiriéndose al caso de UC Global. "Es repugnante, y también una amenaza para todos. Así que no celebraremos mientras nuestros niños sigan privados del amor y el afecto de su padre".
La pareja de Assange, Stella Moris, apela al presidente de EEUU y avisa del peligro de "perder nuestras libertades"Moris hizo un llamamiento a la defensa de la libertad de Assange porque "los derechos de Julian están entrelazados con los derechos de todos nosotros. Y podemos perder nuestras libertades en un abrir y cerrar de ojos. Llamo a todos los que conocen los hechos a denunciar el conjunto de ilegalidades que han conducido al encarcelamiento de Julian. Y apelo al presidente de los EEUU a que ponga fin a esta persecución ahora mismo".
La norteamericana Freedom of the Press Foundation (Fundación Libertad de Prensa) también admitió que "la decisión sobre la demanda de extradición no fue tomada en base a la libertad de prensa, sino que la jueza dictaminó, esencialmente, que el sistema penitenciario de EEUU es demasiado represivo como para extraditar" al reo. No obstante, expresó su esperanza de que "sin embargo, el resultado [del veredicto] protegerá al periodismo en todas partes".
Por su parte, el International Press Institute (IP), una red global de editores, directivos de medios de comunicación y destacados periodistas que trabajan por la libertad de prensa, manifestó que "la decisión de denegar la extradición solicitada por el Gobierno de EEUU es una victoria para la libertad de prensa" porque "su procesamiento bajo la Ley de Espionaje habría sentado un peligroso precedente que tendría un efecto pavoroso para el trabajo de los periodistas en Estados Unidos y el resto del mundo".
El director de la Oficina de Asistencia del IPI, Ravi R. Prasad, también lanzó un "llamamiento al Gobierno de EEUU para que retire sus imputaciones con Assange bajo la Ley de Espionaje y ponga fin a su intento de extradición".
Nils Melzer: "El veredicto es una advertencia para todos los periodistas que cubren crímenes de guerra"
Pero muchos otros observadores fueron bastante menos optimistas sobre el futuro del caso y sus consecuencias para la libertad de prensa y el periodismo de investigación. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, subrayó que las argumentaciones del veredicto de Baraitser constituyen "una advertencia para todos los periodistas que cubran crímenes de guerra".
"El sistema ha triunfado... Él [Assange] no debería haber sido empujado hasta el borde del suicidio", denunció Melzer en declaraciones a la cadena de televisión Russia Today. "Se ha ganado una batalla, pero el tribunal británico ha ido demasiado lejos en la justificación del argumentario utilizado por EEUU para justificar esas imputaciones, que básicamente criminalizan el periodismo de investigación".
La jueza "avala que cualquier otro periodista pueda ser extraditado por imputaciones idénticas""Sólo rechaza la extradición por razones puramente médicas, pero mantiene toda la construcción acusatoria contra la libertad de información. Así que EEUU no ha perdido tanto con este veredicto, puesto que en la práctica avala que cualquier otro periodista pueda ser extraditado a causa de imputaciones idénticas a las que presenta contra Assange, y la sentencia sigue siendo muy intimidatoria para todos los periodistas en todas partes. Y prácticamente lava la cara de los que han violado sus propias leyes y tratados internacionales para someter a Assange a muchos años de persecución y tortura", sentenció Melzer.
El afamado analista y escritor británico Owen Jones, escribía en The Guardian: "La maquinaria de guerra de EEUU depende de su capacidad para maquillar realidades humanas brutales. Si civiles inocentes pueden ser asesinados silenciosamente y sin consecuencias, entonces no habrá nada que pueda evitar que muchas más personas sufran ese mismo destino".
“Condenamos el juicio amañado contra Julian Assange y exigimos su liberación inmediata”
Miembros del Consejo de la INTERNACIONAL PROGRESISTA apoyan la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se está llevando a cabo contra él actualmente en Londres
Noam Chomsky y 24 firmas más 29/09/2020
Boceto del juicio de Julian Assange.
Max Gede“Cada vez que presenciamos una injusticia y no actuamos, entrenamos a nuestro carácter a ser pasivo en su presencia y así eventualmente perdemos toda la capacidad de defendernos a nosotrxs mismxs y a lxs que amamos.” Julian Assange
Nosotrxs, miembros del Consejo de la Internacional Progresista, apoyamos la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se está llevando a cabo contra él actualmente en Londres. Julian Assange ha sido un periodista, editor e intelectual que ha definido el mundo y cuya labor ha sido crucial para promover la justicia mundial. El enjuiciamiento estadounidense de un ciudadano australiano por sus actividades periodísticas realizadas en países soberanos de Europa constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Lo que es más peligroso, sienta un precedente jurídico que significa que cualquier disidente de la política exterior de los EE.UU. puede ser enviado a este país para ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Los resultados del caso amenazan la libertad de expresión y la soberanía nacional en todo el mundo.
Wikileaks ha sido una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo en su lucha por la verdad y la justicia. El trabajo de Assange como editor y periodista de WikiLeaks ha revelado más fechorías gubernamentales que cualquier otro medio de publicación en este siglo, desde el blanqueo de dinero hasta la corrupción en países como Islandia o Namibia. Aunque recibió premios internacionales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, sólo cuando Wikileaks comenzó a revelar los crímenes del gobierno de EE.UU. –en particular, sus crímenes de guerra en Irak, la tortura en la Bahía de Guantánamo y el programa ilegal de guerra cibernética de la CIA revelado por los documentos filtrados de “Vault 7”– Assange fue tratado como un criminal y terrorista por los Estados Unidos.
Debemos recordar que Assange esta siendo procesado ahora por nada más que actos de publicación.
Creemos que el apoyo a Julian Assange en el caso contra la extradición es una prueba de fuego para las fuerzas progresistas en todo el mundo. A pesar de su consecuencia historica, este caso se ha mantenido demasiado tranquilo y es la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas levantar la voz. Mientras tanto, se ha dejado a Assange languidecer en el aislamiento, primero en la embajada del Ecuador en Londres, y ahora en la prisión de Belmarsh, donde se le mantiene en confinamiento 23 horas cada día. Assange ya ha sufrido bastante y su prolongado encarcelamiento podria llevar a la perdida de uno de los más valientes editores del siglo XXI. No apoyar a Assange en esta coyuntura sería un acto de cobardia monumental, y excepcional autodaño.
Sabemos que el caso de Julian Assange determinara más que solo su destino. El resultado del caso de Assange lleva el peso de nuestra seguridad colectiva contra los abusos de lxs poderosxs. Si no nos levantamos ahora, si no encontramos el valor para hablar en nombre de Assange, sera enviado a un tribunal secreto, encarcelado de por vida, y dejado a morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad internacional con Assange se necesita ahora más que nunca.
Lucharemos contra la extradicion a EE.UU. hasta que sea libre.
Signatarios:
Julian Aguon
Abogado de Derechos Humanos, Micronesia
Slim Amamou
Activista, Túnez
Celso Amorim
Ex Ministro de Exterior de Brasil
Renata Avila
Abogada de Derechos Humanos, Guatemala
Alicia Castro
Activista política y sindical, Argentina
Noam Chomsky
Lingüista, EE. UU.
Rafael Correa
Ex Presidente de Ecuador
Tasneem Essop
Activista climática y por la justicia social, Sudáfrica
Nick Estes
Historiador, Tribu Lower Brule Sioux
Harry Halpin
Co-fundador de Nym Technologies, EE. UU.
Rachmi Hertanti
Indonesia por la Justicia Global
Srećko Horvat
Filósofo y co-fundador de DiEM25, Croacia
Giorgio Jackson
Político y activista, Chile
Scott Ludlam
Escritor, activista y ex senador, Australia
Harsh Mander
Activista por los derechos humanos y escritor, India
John McDonnell
MP del Partido Laborista, Reino Unido
Kavita Naidu
Defensora de los derechos humanos, Fiji
Vijay Prashad
Director de Tricontinental: Instituto para la Investigación Social, India
Aruna Roy
Fundora MKSS, India
Arundhati Roy
Novelista, India
Ahdaf Soueif
Autor, Egipto
Yanis Varoufakis
Economista and Secretario General de MeRA25, Grecia
Mona Seif
Activista de derechos humanos, Egipto
Natália Bonavides
Congresista, Brasil
Andrés Arauz
Candidato presidencial, Ecuador
Autor:
Filadelfia, EE.UU, 1928. Lingüista, filósofo y activista estadounidense. Profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Presidente de honor de CTXT.
Autor > y 24 firmas más
La Plataforma en Defensa de la Libertad (PDLI) celebra que Reino Unido no extradite a Assange a EEUU y pide la retirada de los cargos
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información pedirá hoy a embajador de de EEUU en España que se retiren los cargos contra el fundador de Wikileaks.
madrid
11/01/2021 00:11 públicoLa Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se va a dirigir este lunes al embajador de Estados Unidos en España para pedir, al igual que otras organizaciones internacionales, la retirada de todos los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que un tribunal británico decidiera denegar su extradición por razones de salud.
A pesar de que la resolución de la justicia británica "dista mucho de amparar el derecho a la información y las filtraciones periodísticas", afirma la PDLI en un comunicado, "puede suponer un primer paso para la libertad definitiva de Assange".
"Si Assange hubiese sido extraditado por publicar información, ningún periodista estaría a salvo en Europa"Antes de conocer la decisión judicial, la PDLI (igual que ha venido haciendo en relación con este caso en los últimos años) remarcaba la trascendencia de la misma para la libertad de prensa y la seguridad de fuentes y periodistas que publican filtraciones: "Si Julian Assange hubiese sido extraditado por publicar información, ningún periodista estaría a salvo en Europa", recordaba una vez más el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.
La presidenta de la PDLI y directora de Público, Virginia Pérez Alonso, también destacaba el alcance de este juicio: "La persecución al fundador de Wikileaks es un claro aviso a navegantes. Los nueve años que lleva encerrado y la petición de extradición a EEUU buscan provocar un claro efecto disuasorio en otros periodistas. Y esto es devastador para la libertad de información".
De haber sido extraditado, Assange se enfrentaría a una posible condena de más de 175 años de prisión por la aplicación de dos normas muy polémicas que no cuentan con las suficientes garantías: la Ley de Espionaje y la Ley de Fraude informático (Computer Fraud and Abuse Act), subraya la PDLI.
"Assange merece especial protección, ya sea en tanto que whistleblower o como periodista. La difusión por su parte de ciertos datos podría ser ciertamente problemática desde una perspectiva legal, pero ello no hubiese justificado la extradición", puntualiza Joan Barata, jurista experto en estándares internacionales sobre libertad de expresión, y miembro de la PDLI.
Los cables españoles y la ‘Ley Sinde’
La PDLI también ha recordado el papel de Wikileaks en la defensa de la libertad de Internet, en el contexto de la aprobación en España de la contestada Ley Sinde:
"Wikileaks reveló los cables de la embajada estadounidense en España que demostraban la subordinación de nuestros poderes públicos a los intereses de la industria del entretenimiento", recordaba el director legal de la PDLI, quien, además, aparece mencionado en los documentos revelados por la plataforma de Assange como Surfer’s Lawyer por su actividad en redes sociales contra la norma de copyright.
Los EEUU, decididos a castigar a Assange por desvelar su crueldad en la guerra de Irak
Vijay Prashad
13/09/2020
El 7 de septiembre de 2020, Julian Assange dejará su celda de la prisión de Belmarsh, en Londres, y acudirá a una vista que decidirá su destino. Después de un largo periodo de aislamiento, pudo por fin reunirse con su pareja —Stella Moris— y ver a sus dos hijos —Gabriel (de tres años) y Max (de uno)— el 25 de agosto. Después de la visita, Moris declaró que le parecía haberlo visto “muy dolorido”.
La vista a la que se enfrenta Assange nada tiene que ver con las razones de su detención en la embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019. Se le detuvo ese día por su incomparecencia a la hora de entregarse a las autoridades británicas en 2012, que le habrían extraditado a Suecia: en Suecia, en ese momento, se habían formulado acusaciones contra Assange por delitos sexuales que se retiraron en noviembre de 2019. Ciertamente, después de que las autoridades suecas decidieran no procesar a Assange, debería haber sido puesto en libertad por el gobierno británico, pero no lo fue.
La verdadera razón de la
detención no fue nunca la acusación formulada en Suecia, sino el deseo
del gobierno norteamericano de hacerlo comparecer en los EE.UU. por toda
una serie de cargos. El 11 de abril de 2019, un portavoz del Ministerio
del Interior británico declaró: “Podemos confirmar que se ha detenido a
Julian Assange en relación con una solicitud de extradición de los
Estados Unidos de Norteamérica por delitos de índole informática”.
Manning
Al día siguiente de la detención de Assange, la organización [británica] Article 19 [que defiende la libertad de expresión e información] publicó una declaración que afirmaba que, si bien las autoridades británicas habían manifestado “en principio” que querían detener a Assange por escapar a su su fianza judicial en 2012 en relación con la solicitud de extradición, había quedado ya claro que la detención se debía a que le reclamaba el Departamento de Justicia norteamericano. Los EE.UU. buscaban a Assange por una “acusación federal de conspiración para cometer una intrusión en ordenadores al avenirse a romper la contraseña de un ordenador de carácter clasificado del gobierno norteamericano”. A Assange se le acusó de ayudar a Chelsea Manning, revelador de secretos gubernamentales, en 2010, cuando Manning pasó a WikiLeaks—dirigido por Assange— un explosivo caudal de información clasificada del gobierno norteamericano que contenía pruebas claras de crímenes de guerras. Manning pasó siete años en la cárcel antes de ver conmutada su sentencia por el entonces presidente norteamericano, Barack Obama.
Durante el tiempo que Assange pasó en la embajada de Ecuador y ahora, mientras languidece en la cárcel de Belmarsh, el gobierno norteamericano ha tratado de crear un caso irrefutable en su contra. El Departamento de Justicia norteamericano ha imputado a Assange por 18 cargos al menos, entre ellos la publicación de documentos clasificados, y un cargo de haber ayudado a Manning a romper una contraseña y acceder ilegalmente a un ordenador del Pentágono. Una de las imputaciones —desde 2018— deja claro el caso en contra de Assange.
La acusación de que Assange publicara los documentos no constituye el cargo central, puesto que los documentos los publicó también toda una serie de medios, como el New York Times y el Guardian. La acusación clave consiste en que Assange “animó activamente a Manning a suministrar más información y se avino a romper la contraseña encriptada de los ordenadores del Departamento de Defensa norteamericano conectados con la red Secret Internet Protocol Network (SIPRNet), una red del gobierno de los EE.UU. que se utiliza para documentos y comunicaciones clasificadas. A Assange se le acusa asimismo de conspirar para cometer intrusión en ordenadores al avenirse a romper ese código encriptado”. El problema con esto es que parece que el gobierno de los EE.UU. no tiene pruebas de que hubiera colusión entre Assange y Manning para acceder al sistema norteamericano.
Manning
no niega haber entrado en el sistema, haber descargado los materiales y
enviárselos a WikiLeaks. Una vez se hizo esto, WikiLeaks, al igual que
los demás medios de comunicación, publicó los materiales. Manning pasó
siete difíciles años en la cárcel por su papel en la transmisión de los
materiales. Debido a la falta de pruebas contra Assange, a Manning se le
pidió que testificara contra él ante un gran jurado. Se negó y se
encuentra de nuevo en prisión; las autoridades norteamericanas están
utilizando su encarcelamiento como forma de obligarla a testificar en
contra de Assange.
Lo que Manning le mandó a Assange
El 8 de enero de 2010, WikiLeaks anunció que había “encriptado videos de de bombardeos norteamericanos sobte civiles”. El video, publicado más tarde como “Asesinato colateral” mostraba con crueldad en sus detalles de qué modo el 12 de julio de 2007, los helicópteros norteamericanos AH-64 Apache, abrieron fuego con sus armas de 30 milímetros contra un grupo de iraquíes en Nuevo Bagdad; entre los muertos se encontraba un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, Namir Noor-Eldeen, y su chófer, Saeed Chmagh. Reuters pidió inmediatamente información sobre las muertes; le ofrecieron la versión oficial y le comunicaron que no había video, pero Reuters insistió inútilmente.
En 2009, un periodista del Washington Post, David Finkel, publicó The Good Soldiers, basado en el periodo que pasó “empotrado” en el batallón 2-16 del Ejército norteamericano. Finkel se encontraba en el barrio de Al-Amin con los soldados norteamericanos cuando oyeron disparar a los helicópteros Apache. Finkel había visionado para su libro la cinta (esto resulta evidente en las páginas 96 a 104); defiende al Ejército norteamericano, afirmando que “la tripulación del Apache había seguido las reglas para entablar combate” y que “todo el mundo había actuado de manera apropiada”. Los soldados, escribió, eran “buenos soldados, y había llegado la hora de cenar”. Finkel había dejado claro que existía un video, aunque el gobierno norteamericano negara su existencia ante Reuters.
El video es espantoso. Muestra la insensibilidad de los pilotos. La gente que estaba sobre el suelo no disparaba contra nadie. Los pilotos abren fuego indiscriminadamente. “Mira esos cabrones muertos”, comenta uno de ellos, mientras dice otro “Bonito”, después de haber disparado contra los civiles.
Se detiene una furgoneta en el lugar de la carnicería y sale de ella una persona para ayudar a los heridos, entre los que se cuenta Saeed Chmagh. Los pilotos solicitan permiso para disparar sobre la furgoneta, consiguen rápidamente la autorización y abren fuego contra ella. Ethan McCord, especialista del ejército —y parte del batallón 2-16 en el que estaba “empotrado” Finkel con ellos —inspeccionó la escena sobre el terreno minutos después. En 2010, McCord le contó a Kim Zetter, de la revista Wired, lo que había podido contemplar: “Nunca había visto antes a nadie a quien le hubieran disparado una ráfaga con armas de 30 milímetros. No parecía real, en el sentido de que no parecían seres humanos. Estaban destrozados”.
En la furgoneta, McCord y otros soldados encontraron gravemente heridos a Sayad Mutashar (de diez años de edad) y Doaha Mutashar (de cinco); su padre, Saleh—que había tratado de rescatar a Saeed Chmagh— yacía muerto en el suelo. En el video el piloto advertía que había niños en la furgoneta: “Bueno, la culpa es suya por meter a sus niños en una refriega”, comenta despiadadamente.
Robert Gibbs, secretario de prensa del presidente Barack Obama, declaró en abril de 2010 que los hechos del video resultaban “extremadamente trágicos”. Pero ya se había tirado de la manta. Este video mostraba al mundo el verdadero carácter de la guerra norteamericana en Irak, que el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, había tachado de “ilegal.” La publicación del video por parte de Assange y WikiLeaks abochornó al gobierno de los Estados Unidos. Todas sus pretensiones de guerra humanitaria carecían de credibilidad.
En ese punto comienza la campaña para destruir a Assange. El gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que quiere juzgar por todo a Assange, hasta por traición. A la gente que desvela el lado obscuro del poder norteamericano, como Assange y Edward Snowden, no se les da cuartel. Hay una larga lista de personas —gente como Manning, Jeffrey Sterling, James Hitselberger, John Kiriakou, y Reality Winner— que, de vivir en países señalados por los Estados Unidos, serían consideradas disidentes. Manning es un héroe por poner al descubierto crímenes de guerra; a Assange, que simplemente le ayudó, se le persigue a plena luz del día.
El 28 de enero de 2007, pocos meses antes de morir a manos de militares norteamericanos, Namir Noor-Eldeen tomó en Bagdad una fotografía en la que un muchacho con un balón de fútbol bajo el brazo rodeaba un charco de sangre. Junto a la sangre de un rojo brillante había unos cuantos libros escolares arrugados. El ojo humano de Noor-Eldeen escogió esa fotografía, en la que el chico rodea el peligro como si no fuese otra cosa que basura en la acera. Eso era lo que la “ilegal” guerra norteamericana le había hecho a su país.
Después de todos estos años, la guerra sigue viva y coleando en un tribunal de Londres: allí luchará Julian Assange—que reveló la verdad de las muertes — para no convertirse en una víctima más de la guerra norteamericana contra Irak.
Recomenzó el juicio contra el creador de Wikileaks
Lula Da Silva dijo que Julian Assange debería ser tratado como un héroe
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva dijo que el creador de Wikileaks Julian Assange debería ser tratado como un héroe. “Todos los que creen en la democracia, todos los que creen en los derechos humanos, no pueden permitir que Assange sea extraditado”,
tuiteó el exmandatario. "Debería ser tratado como un héroe por haber
denunciado los fraudes del Departamento de Estado americano.Todos los
países democráticos deberían pdir a gritos su libertad.También el premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió la liberación del
periodista australiano. Esta semana recomenzó en Inglaterra el juicio en su contra. La justicia británica deberá decir si le concede o no la extradición a Estados Unidos. El gobierno norteamericano lo acusa de espionaje y piratería informática tras haber publicado en 2010 más de 700.000 documentos clasificados. De avalarse su extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.
El apoyo de Lula
Lula Da Silva también manifestó su apoyo al activista australiano en una entrevista con Russia Today. “Assange debería recibir el premio Nobel por haber denunciado las fallas de la CIA a todo el mundo. (...) No es el rol de un gobierno democrático espiar a sus socios. Y Assange expuso eso”, sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Además resaltó la labor del periodista al develar los delitos que EEUU cometió en el mundo. “Assange no debería ser penado por lo que hicieron agentes de la CIA que tomaron fotos e hicieron grabaciones en todo el mundo para su beneficio económico. El Reino Unido debe tener al menos un poco de respeto por los Derechos Humanos”, dijo el exmandatario.
El fundador de Wikileaks se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra desde abril de 2019.
El juicio de extradición había empezado en febrero pero fue pospuesto
por la pandemia del coronavirus. Semanas antes del reinicio el fiscal
que representa a la Justicia de EEUU, James Lewis, presentó nuevas denuncias contra el imputado. La defensa de Assange informó que no le dieron acceso a esas pruebas con tiempo suficiente, por lo que pidió a la jueza Vanessa Baraitser
que las excluya del caso. Pero la magistrada rechazó el pedido. Luego
le pidieron que aplace el proceso para poder evaluar las denuncias. La
jueza tampoco hizo lugar a ese pedido.
Por su parte Pérez Esquivel se sumó al pedido del expresidente de Brasil. "Los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña llevan a cabo una persecución desde hace años en contra de Julian Assange", afirmó el Premio Nobel en una carta abierta. Además sostuvo que el gobierno norteamericano busca silenciar y ocultar sus políticas de terror. "Es urgente proteger su integridad psicofísica y ser conscientes de que si es extraditado a Estados Unidos le aplicarían una pena de 175 años de prisión, lo cual equivaldría a una condena a muerte", enfatizó Pérez Esquivel.
Persecución contra el periodismo
Decenas de ONG y periodistas a lo largo del mundo vienen denunciando las irregularidades en el caso. Kristinn Hrafnsson periodista de Wikileaks informó que no dejan que Assange se encuentre con sus abogados. “Julian no puede ver a sus abogados desde hace cinco meses. Recién ahora que empezó el juicio pudo encontrarse cara a cara con ellos”, sostuvo el periodista. Además Fidel Narvaez, excónsul de la embajada de Ecuador en Londres, habló de las arbitrariedades cometidas por la justicia británica. “Existe una persecución judicial en contra de Julian Assange. Se lo ha demostrado por las condiciones tan opresivas con las que ha sido tratado. Ha estado en aislamiento completo. Eso lo pone en condiciones injustas de debido proceso”, sostuvo el funcionario. El fundador de Wikileaks estuvo siete años viviendo en la embajada de Ecuador como asilado político.
Las revelaciones publicadas en WikiLeaks expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de DDHH en todo el mundo. El juicio contra el activista durará entre tres y cuatro semanas. Hay muchas posibilidades que cualquiera sea el resultado del juicio la parte perjudicada apele. Lo que significa que todo el proceso podría alargarse durante años.
Nadie que asistiera a las sesiones del proceso (como fue mi caso en una fase anterior) podía haber dejado de caer en la cuenta del sesgo y, en ciertas ocasiones, la abierta hostilidad que mostró Baraitser hacia los abogados de la defensa. El grueso de su juicio fue por el estilo. La defensa presentó numerosos argumentos según los cuales no debería extraditarse a los EE.UU. a Assange – por encima de todo, que los EE.UU. habían presentado cargos políticos, no criminales, contra Assange, lo cual prohibe el tratado de extradición entre el Reino Unido y los EE.UU.– y falló en contra de casi todos ellos.
Dictaminó que no existía base para pensar que no se respetarían los derechos constitucionales de Assange en los EE.UU. o que se vería sometido a un castigo arbitrario tras la extradición. Negaba por último, en los últimos párrafos del fallo, que se tratara de una persecución de motivaciones políticas encaminada a silenciar a un periodista, con lo que esencialmente salvaba las apariencias en lo que respecta al gobierno británico.
Por el contrario, falló en contra de la extradición sobre la base de que resultaría ‘opresivo por razones de perjuicio mental’: que en las condiciones previas al juicio en los EE.UU., sometido a aislamiento en una cárcel de máxima seguridad, pudiera no evitarse que Assange se suicidara.
Tal parece que fue al espectro de ‘supermax’ – la brutal realidad del sistema carcelario norteamericano – al que se sentó en el banquillo y se encontró culpable. Pura hipocresía. La cárcel londinense de Belmarsh, tristemente famosa, en la que se mantuvo en aislamiento a Assange después de ser detenido por la fuerza en la embajada de Ecuador, ¿es por comparación una zona humanitaria? A finales de 2019, los médicos que reconocieron a Assange redactaron una carta abierta al gobierno británico, declarando que ‘podría morir en prisión sin atención médica urgente’, debido a las condiciones en las que se le mantenía. Nils Melzer, Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, advirtió que ‘Assange mostraba todas las señales típicas de las víctimas de tortura psicológica’, al haber permanecido en régimen de aislamiento a todos los efectos durante más de un año a fecha de hoy’. Pero Baraitser despachó su testimonio sin más ni más.
Su veredicto es sólo el primer paso. No sabemos si a Assange se le otorgará fianza a la espera del recurso norteamericano o si la juez se mostrará vengativa. En su vista mañana para la fianza, el tribunal se mostrará más preocupado por el riesgo de fuga que por el riesgo de asesinato. Y aunque Baraitser expresara su seria preocupación por su bienestar psicológico, es improbable que la salvaguarde emitiendo una orden de protección.
Siguen planteándose preguntas sobre las verdaderas razones de esta clemencia. ¿Hizo saber la inminente administración de Biden que prefería evitar su procesamiento en los EE.UU., en el que el New York Times se vería obligado a defender los derechos de Assange de acuerdo con la Primera Enmienda, puesto que también había publicado materiales de Wikileaks? ¿Quería el gobierno británico vincular esto al atasco de su caso de extradición de Anne Sacoolas, la mujer del diplomático norteamericano que atropelló a un adolescente británico en agosto de 2019? Todavía pueden aparecer más detalles. Pero, como se dice en los deportes, una victoria es una victoria. La negativa a la extradición debería ser objeto de celebración, sean cuales fueren sus motivos.
Como sabe la mayoría de la gente, el caso contra Assange – iniciativa de Eric Holder, Fiscal General norteamericano con Obama – es poco más que un intento de suprimir la libertad de expresión. En un mundo en el que la propaganda visual resulta central para hacer la guerra, las contraimágenes representan un problema para los belicistas. Cuando Al Yazira difundió filmaciones de tropas norteamericanas que atacaban a civiles durante la Guerra contra el Terror, un general del Ejército norteamericano – acompañado por un jeep repleto de soldados armados – entró en la sede del canal de noticias en Qatar para exigir una explicación. El director de la emisora, un palestino de voz suave, le explicó que informaban sencillamente de las noticias. Un año después, fue despedido de su puesto.
De modo parecido, Wikileaks obtuvo grabaciones del ataque en 2007 de un helicóptero norteamericano contra civiles desarmados en Bagdad. Se oyó exclamar a los pilotos: ‘¡Que ardan todos!’, y hacer bromas después de disparar contra dos niños: ‘Bueno, es culpa suya por meter a sus hijos en la refriega’. Ese macabro cinismo conmocionó a muchos después de que el video se difundiera de modo masivo. El crimen que presentaba no era novedoso, ni era comparable en volumen a anteriores atrocidades (matanzas de prisioneros de guerra en Corea, guerra química en Vietnam, bombardeo en alfombra en Camboya, y así sucesivamente). Pero el Pentágono estalló con que el video de Wikileaks alentaría represalias terroristas. El problema no consistía evidentemente en cometer crímenes de guerra, sino en grabarlos con una cámara. Por lo tanto, a Chelsea Manning, que filtró el material, y a Assange, que lo publicó, se les debe obligar a sufrir las consecuencias.
Wikileaks arrojaba luz sobre las verdaderas razones de las intervenciones militares de la década del 2000, que nada tenían que ver con la libertad, la democracia o los derechos humanos, salvo como contraseñas de la acumulación de capital. Recurriendo a la Red para esquivar los medios tradicionales, Assange publicó más de dos millones de cables diplomáticos y registros del Departamento de Estado que dejaban al descubierto la maquinaria del Imperio Norteamericano. La reacción del Estado norteamericano ha caído a menudo en lo absurdo, como un perro que sin pensar tratara de hincarle el diente a todo y acabara mordiéndose su propia cola; Assange apuntó que ‘para marzo de 2012, el Pentágono había llegado a crear un filtro automático para bloquear todo tipo de correos electrónicos, incluidos los que llegaban al Pentágono, que contuvieran la palabra Wikileaks’. En consecuencia, los fiscales del Pentágono que preparaban la acusación contra Chelsea Manning se encontraron con que no estaban recibiendo correos electrónicos importantes ni del juez ni de la defensa.
La venganza era un motivo menor. El objetivo primordial consistía en disuadir a otros reveladores de secretos. Pero esto resultaba miope e insensato. Quienes denuncian los crímenes de guerra, la corrupción o las infracciones empresariales son gente habitualmente valerosa pero ‘corriente’, a menudo bastante conservadora, que trabaja en instituciones del “establishment”: pensemos en Edward Snowden, otrora empleado de la CIA, o en Daniel Ellsberg, antiguo marine. ¿Sucumbiría tan fácilmente a esa clase de disuasión una persona así, cuya entera visión del mundo se ha visto agitada por algún horror en su conciencia? El intento de llevar a cabo un escarmiento con Manning y Assange casa mal con la mentalidad de los reveladores de secretos, cuyo sentido de la injusticia les impulsa a aceptar las consecuencia de las filtraciones, cambiándoles la vida.
Ellsberg, el funcionario del Departamento de Estado, que entregó al New York Times los Papeles del Pentágono secretos, se convirtió finalmente en prenda adorada de los liberales, sobre todo entre los demócratas, pues puso de manifiesto las mentiras y fechorías de Nixon durante la guerra de Vietnam. Dudo que Julian Assange llegue alguna vez a alcanzar tan exaltado estatus en alguno de los dos lados del Atlántico. Ha sido difamado por medios de todo el espectro político. Los periódicos liberales han hecho cola para afirmar que ‘no es un periodista’, sino un ‘activista’, o, tal como dijo el Boston Herald, un ‘espía’. Su juicio nunca tuvo la cobertura merecida en el NYT, el Washington Post or el Guardian. Este último, pese a haber publicado el material de Wikileaks en 2011, parece hoy haber abandonado por completo el periodismo de investigación serio. Por contraposición, El País y el Suddeutsche Zeitung fueron más objetivos.
Considerando lo que Assange ha sufrido, unas cuantas semanas de libertad en la Gran Bretaña confinada serán un regalo del cielo. Se acabó el espacio atestado y la falta de luz solar; tendrá oportunidad de abrazar a su pareja y sus hijos, de utilizar un ordenador, de coger un libro cualquiera. ‘Estoy entero, si bien literalmente rodeado de asesinos’, le escribió a un amigo desde Belmarsh. ‘Pero los días en los que podía leer y hablar y organizarme para defenderme y defender mis ideales y a mi gente han terminado…’
Tal vez no.
En marcha el proceso para su extradición
El juicio estalinista a Julian Assange
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
John Pilger ha informado durante años del largo y épico calvario de Julian Assange. El 7 de septiembre dirigió estas palabras a las personas reunidas en el exterior del Juzgado Central Penal de Londres al comienzo de la última fase del las audiencias que dictaminarán la extradición del editor de Wikileaks.
«La primera vez que me reuní con Julian Assange, hace más de diez años, le pregunté por qué había puesto en marcha Wikileaks. Él me contesto: ‘Porque la transparencia y la rendición de cuentas [de gobiernos e instituciones] son cuestiones morales esenciales de la vida pública y del periodismo’”.
Nunca había oído a un editor invocar a la moralidad de esta manera. Assange cree que los periodistas son agentes del pueblo, no del poder. Cree que nosotros, la gente, tenemos el derecho a conocer los secretos más oscuros de quienes afirman actuar en nuestro nombre.
Si los poderosos nos mienten tenemos el derecho a saberlo. Si dicen una cosa en privado y otra en público tenemos el derecho a saberlo. Si conspiran contra nosotros, como hicieron Bush, [Tony] Blair [y Aznar] sobre Irak, y luego pretenden ser demócratas, tenemos el derecho a saberlo.
Este propósito moral es una amenaza para la conspiración de los poderes que pretenden sumir en guerras a buena parte del mundo y desean enterrar vivo a Julian en los Estados Unidos fascistas de Trump.
Un informe de alto secreto del Departamento de Estado de 2008 describía al detalle cómo Estados Unidos debería combatir esta nueva amenaza moral. Una campaña de desprestigio personal (dirigida en secreto) contra Julian Assange conseguiría “publicidad negativa y llevarle a un enjuiciamiento criminal”.
El objetivo era silenciar y criminalizar a Wikileaks y a su fundador. Página tras página, el informe mostraba la guerra que se preparaba contra un solo ser humano, y contra los mismos principios de libertad de expresión, libertad de pensamiento y democracia.
La fuerza de combate imperial serían aquellos que se dicen periodistas: las grandes figuras de los llamados grandes medios, especialmente los “liberales” que marcan y patrullan los perímetros de la disidencia.
Y eso es lo que pasó. He sido periodista más de 50 años y nunca he visto una campaña de desprestigio de tal calado: el asesinato de la personalidad de un hombre que no quiso unirse al club, que creía que el periodismo está al servicio del público, nunca al servicio de los de arriba.
Assange avergonzó a sus perseguidores. Publicó una exclusiva tras otra. Sacó a la luz la fraudulencia de las guerras promovidas por los medios de comunicación y la naturaleza homicida de las guerras de EE.UU., la corrupción de los dictadores, la vileza de Guantánamo.
Nos obligó a los occidentales a mirar al espejo. Mostró que quienes pontifican la verdad oficial en los medios de comunicación son colaboracionistas; yo los llamaría periodistas de Vichy. Ninguno de esos impostores creyó a Assange cuando este avisó de que su vida estaba en peligro, que el escándalo sexual de Suecia era un montaje y que su destino final era el infierno de Estados Unidos. Y tenía razón, tenía razón una y otra vez.
El juicio de extradición que se celebra en Londres esta semana es el acto final de una campaña angloamericana para enterrar a Julian Assange. No es un proceso reglamentario, es una venganza programada. La acusación de EE.UU. está claramente amañada, es una farsa demostrable. Hasta ahora, las vistas han sido reminiscentes de sus equivalentes estalinistas en la Guerra Fría*.
En la actualidad, el país que nos dio la Carta Magna, Gran Bretaña, se distingue por haber abandonado su propia soberanía al permitir que una potencia extranjera maligna manipule la justicia y por la tortura psicológica despiadada a Julian –una forma de tortura que, según ha señalado el experto de Naciones Unidas Nils Melzer, fue perfeccionada por los nazis porque era más efectiva para derrumbar a sus víctimas.
Cada vez que he visitado a Assange en la prisión de Belmarsh he comprobado los efectos de dicha tortura. La última vez que le vi había perdido más de diez kilos de peso; sus brazos carecían de músculo. Era increíble que no hubiera perdido su excelente sentido del humor.
En cuanto a su país de origen, Australia, ha demostrado una vergonzosa cobardía. Su gobierno ha conspirado en secreto contra uno de sus propios ciudadanos que debería ser considerado héroe nacional. No por nada el presidente George Bush hijo nombró al primer ministro australiano su “ayudante de sheriff”.
Se dice que lo que pase con Julian Assange las próximas tres semanas, debilitará o destruirá la libertad de prensa en Occidente.¿Pero de qué prensa hablamos? ¿Del Guardian? ¿De la BBC? ¿Del New York Times? ¿Del Washington Post de Jeff Bezos? [¿De El País?; añadido del traductor].
No, claro que no. Los periodistas de estos medios pueden respirar tranquilos. Los Judas del Guardian que coquetearon con Julian**, explotaron su valioso trabajo, hicieron su agosto y luego le traicionaron no tienen nada que temer. Están a salvo porque les necesitan.
La libertad de prensa ahora está en manos de unas pocas personas honestas: las excepciones, los disidentes de internet que no pertenecen a ningún club, que ni son ricos ni están cargados de premios Pulitzer, pero hacen buen periodismo, desobediente, ético; personas como Julian Assange.
Ahora nuestra responsabilidad es apoyar a un verdadero periodista cuyo auténtico coraje debería servirnos de inspiración a todos los que seguimos creyendo que la libertad de prensa es posible. Yo le aplaudo.
N.deT.:
* Se ha negado a Amnistía Internacional el derecho a asistir por videollamada como observadora.
**El Guardian fue uno de los diarios elegidos por Wikileaks para publicar sus documentos filtrados.
John Pilger es un periodista, escritor y documentalista antiimperialista australiano. Merecedor de múltiples premios y muy crítico con los grandes medios. Ha apoyado a Assange a lo largo de su reclusión. Se le puede seguir en su web www.johnpilger.com
Fuente: https://www.counterpunch.org/
La presente traducción puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y su nombre a su autor, a su editor y a Rebelión como fuente de la misma
El tiempo se hace escaso para encontrar la solución definitiva a la cuestión afgana, ya que en términos prácticos y estratégicos el primero de mayo está la vuelta de la esquina y para esta fecha, según el acuerdo de Doha (Qatar) entre Estados Unidos y el Talibán, ya no deberían quedar efectivos estadounidenses en Afganistán, terminando así con la guerra más larga de la historia norteamericana.
La urgencia de Trump por concretar ese acuerdo, además de que le permita cerrar, con cierto disimulo, uno de los fracasos militares más notables de la historia norteamericana, estaba en poder exhibir esa derrota militar como un éxito político, durante la campaña electoral que derivaría en las elecciones de noviembre pasado.
Finalmente, ese acuerdo no alcanzó hasta ahora aplacar mínimamente la guerra, sino todo lo contrario, ya que desde que se firmó cumplirá un año a fines de febrero solo ha beneficiado al Talibán, al que se le ha reconocido, su cabal dimensión, su importancia militar y su poder político.
La torpeza de Trump con Afganistán, ahora, entre tantas otras, la deberá salvar el presidente Joe Biden, aunque este escollo, ya lo ha enfrentado en otras oportunidades. Como vicepresidente de Barak Obama, se opuso al aumento de las fuerzas estadounidenses que el entonces presidente aprobó en 2009. Aunque hoy, la situación en Afganistán quizás sea más critica que en ese año. Biden, posiblemente se siga aferrando a la idea de la reducción de los efectivos norteamericanos, aunque sabe que no solo en mayo no alcanzará esa meta, sino que, para entonces los 2500 hombres que todavía permanecer en Afganistán, sean demasiado pocos. Ya que, de continuar con la actual escalada de violencia del Talibán, necesitará más que “buenos gestos” para que cumpla con los acuerdos, y detenga los ataques y atentados. La cuestión afgana es de tal envergadura que el nuevo presidente norteamericano prefirió mantener en su puesto a Zalmay Khalilzad, el enviado especial de Trump y quien llevó a cabo las negociaciones en Doha, y les habría generado confianza a los muyahidines.
Washington, para cumplir con lo pactado, debe esperar que las negociaciones intraafganas, que comenzaron en Doha en septiembre del año pasado, a buen ritmo a pesar de la renuencia del presidente Ashraf Ghani, el que según los talibanes es un mero “títere” de Estados Unidos, alcancen a resolver cuestiones tan espinosas como el intercambio de prisioneros que en la actualidad se encuentran estancadas. Otro aspecto es que se reduzcan de manera significativa y rápida las operaciones cada vez más sangrientas, contra efectivos del Ejército Nacional Afgano (ENA), edificios gubernamentales y atentados a periodistas, maestros, médicos, activistas de derechos humanos, funcionarios de todo nivel, religiosos, que han resultado heridos y asesinados en ataques como el que le costó la vida a dos juezas de la Suprema Corte el pasado enero. Al tiempo que se registra un incremento notable en el número de los ataques contra las mujeres por no adoptar las normas de la sharia.
Si bien es cierto que el accionar de los talibanes sigue siendo el gran escollo para la paz, no es menos cierto que otro de los factores fundamentales que están impidiendo la concreción de los acuerdos es la corrupción de la clase política afgana, y los altos mandos del ENA, que se ha enriquecido de manera escandalosa con el desvío de los fondos aportados por los Estados Unidos y sus socios occidentales, para sostener la guerra , construir infraestructura y mejorar las condiciones de vida de la población civil.
La negativa de Ghani y de sus socios políticos a admitir la realidad, con el riesgo de ser procesados por corrupción, y si no se llega a un acuerdo definitivo, puede conducir a un final trágicamente parecido al del ex presidente Mohammed Najibula, asesinado por los talibanes en 1996, tras la retirada de los soviéticos, y el país puede sumirse en una nueva etapa de guerra interna. El resultado más previsible sería que el Talibán retorne al poder como lo estaba en 2001 y que estos veinte años de guerra, con sus correspondientes gastos en vidas y recursos financieros, hayan sido absolutamente inútiles, además de confirmar lo que para muchos es ya una realidad: Afganistán ha sido otro Vietnam en la historia norteamericana.
Frente a las constantes acusaciones a los talibanes por sus acciones militares, las que siempre asume con particular “hidalguía”, éstos dicen no ser los únicos responsables de la violencia y responsabilizan a otros grupos que operan en el país como el Daesh Khorasan, un jugador cada vez más importante en ese panorama y a los que el Taliban, como parte del acuerdo de Doha, deben ayudar a combatir. Aunque el punto más crítico a cumplir por parte de los hombres del mullah Hibatullah Akhundzada sigue siendo romper la antigua y fuerte alianza con al-Qaeda.
Dado el marco de situación, el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), con una vasta experiencia en el terreno durante muchos años, en su último informe ha recomendado a la nueva administración norteamericana no concretar el retiro de tropas, postergar mayo como fecha límite para la retirada de las fuerzas estadounidenses y en vez de plazos fijos, establecer condiciones.
Esperando a los bárbaros
Tal como en la prodigiosa novela del Nobel sudafricano John M. Coetzee, todas las ciudades afganas se encuentran “esperando a los bárbaros”, los informes cada día son más alarmantes y a pesar de las bajísimas temperaturas, esas sombras indefinibles se mueven ágiles en torno a las ciudades, que se han convertido solo en puestos de avanzadas, esperando el asalto día tras día. El Talibán, este año, tras la ofensiva de otoño con la que capturaron amplias áreas de territorio, al contrario de otras oportunidades, no las han abandonado, sino que la mayoría fueron mantenidas, a pesar de los intentos del ENA y los ataques aéreos estadounidenses, con el fin de presionar para cuando se reanuden las congeladas negociaciones de Doha. Como sucede con la norteña ciudad de Khunduz, capital de la provincia del mismo nombre, ya tomada en diferentes oportunidades por los talibanes, los integristas han establecido puestos de control y vigilancia en sus cercanías y atacan bases militares con pequeños drones artillados.
En proximidades de Pul-i-Khumri, capital de la provincia de Baghlan, no solo han tomado diferentes tramos rutas, amenazando la comunicación con Kabul, sino que ya están asediando a sus pobladores. En el sur del país, en la mítica ciudad Kandahar, cuna del movimiento talibán y de su fundador el mullah Omar, de gran importancia política y económica, para todo el sur del país, y fronteriza con Pakistán, los muyahidines se han hecho de varias aldeas vecinas, acercándose a esa capital provincial como no lo habían hecho desde que la debieron abandonar tras la invasión norteamericana.
Donde se apunte, siempre surgen los mismos síntomas de la debacle, los soldados cada vez peor pertrechados, los muertos ni siquiera son reportados, para que sus sueldos sean repartidos entre los jefes; los heridos deben permanecer en sus puestos, mientras los mandos rapiñan suministros militares, víveres y combustibles, con los que se cree, con bastante certeza, negocian con los terroristas por dinero u otras “prebendas” como sus propias vidas. Estas realidades han impedido la entrega a las fuerzas de seguridad afganas del campo aéreo de Kandahar, otrora una importante base norteamericana, por ahora resguardado por un pequeño número de efectivos estadounidenses y de la OTAN, en apoyo de hombres del ENA, mal entrenados y sin espíritu de combate.
Se cree que en las próximas semanas el equipo de analistas de Biden, podrán presentarle un informe detallado de la verdadera situación afgana, con lo que el presidente podrá determinar un plan a seguir, aunque ya los hombres del mullah Akhundzada, que según fuentes indias habría muerto tras un ataque aéreo en Queta, la capital de Beluchistán (Pakistán), informaron que ante cualquier modificación al acuerdo de Doha lo declararían nulo, precipitando a los Estados Unidos y la OTAN, que todavía mantiene cerca de 10 mil hombres en el territorio, a una guerra en que Biden no tiene rumbo.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/
La Doctrina Biden en Centroamérica
La región centroamericana es una de las principales áreas de influencia política de EEUU. Sus relaciones están caracterizadas por ser interdependientes pero profundamente asimétricas; para EEUU es clave garantizar el control político de Centroamérica en tanto asegura rutas geoestratégicas para el comercio y seguridad.[i] Esta condición atraviesa a cualquier Gobierno estadounidense y convierte a Centroamérica en una región sensible a los cambios en EEUU
Este artículo repasa las estrategias centrales que impulsará Biden en Centroamérica, donde se prevén algunos cambios de táctica mas no de objetivos, y las distancias con Trump podrían interpretarse como claves discursivas pero parecen acortarse en las acciones concretas. Prueba de ello son las medidas tomadas por Biden a menos de un mes en la Casa Blanca: revocatoria del decreto de Trump de 2017 que criminalizaba la presencia indocumentada, memorándum para preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la eliminación de los Acuerdos del Tercer País Seguro,[ii] a la vez que enfatiza que la seguridad fronteriza y los “desafíos humanitarios” de la frontera sur son claves en su Administración.
La seguridad como punto de partida
La prosperidad de América Latina y la seguridad nacional de EEUU es considerada por el Gobierno estadounidense como de interés mutuo.[iii], lo que implica que toda su política exterior hacia la región parte del objetivo y/o interés de garantizar la seguridad estadounidense a través de estrategias de poder suave o duro, pero con la seguridad como punto de partida.
Para Centroamérica, Biden marca su prioridad en el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, identificando al flujo migratorio como uno de los principales desafíos a contrarrestar y ubicando el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción como las claves para atacar las raíces de la migración forzada. Así, se identifica a la corrupción como el “cáncer” que al Triángulo Norte le “impide progresar significativamente en cualquiera de los otros desafíos”[iv], por lo que es necesario poner “la lucha contra la corrupción en el centro de la política de EEUU en Centroamérica”.[v]
Será clave la asistencia para el desarrollo -vinculada a la seguridad nacional- en función de la mejora de la “gobernanza” y la asistencia técnica en los aparatos judiciales, lo cual se instrumentalizará a través de reformas en las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y la asistencia técnica a jueces y fiscales para el combate de delitos financieros. Se prevé la creación de una nueva agencia como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para investigar la corrupción en el Triángulo Norte y una mayor presencia de los agregados de los departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas.[vi]
De esta forma, esta especie de “lawfare a la inversa” podría constituirse en la punta de lanza de la política estadounidense hacia Centroamérica.[vii] Esta cuestión no es nueva para Biden, quien como vicepresidente de la Administración Obama impulsó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG llevó a cabo la investigación, junto a la Fiscalía General de la República, del caso sobre el sistema de corrupción encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien posteriormente fue obligado a renunciar y encarcelado junto a la vicepresidenta Baldetti. Sin embargo, estas destituciones no implicaron un cambio político para Guatemala, y en su lugar provocaron el blindaje del Pacto de Corruptos; ello da cuenta de la dinámica de “lawfare a la inversa”, es decir, la intromisión estadounidense en diferentes países en función de fortalecer gobiernos neoliberales.
Hoy la CICIG sigue expulsada del territorio guatemalteco, mientras que Nayib Bukele creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en conjunto a la OEA -un organismo internacional con alta injerencia estadounidense.- Son de público conocimiento las declaraciones bipartidistas del Congreso saliente en rechazo a distintas acciones autoritarias impulsadas por Bukele, además de que el hermano de Juan Orlando Hernández está siendo juzgado en EEUU[viii] Así, es probable que las herramientas del lawfare proliferen en la región o que los gobernantes centroamericanos decidan alinearse –nuevamente– a las políticas hegemónicas de EEUU El lawfare estaría en la extensión de la jurisdicción estadounidense a través de las reformas al Poder Judicial y la cooperación en términos judiciales.
Asimismo, aunque por el momento la Administración Biden no haya explicitado cómo se llevarán a cabo las políticas de seguridad enmarcadas en el poder duro (bélico-militar), hay que tener en cuenta que las estrategias de mediano-largo plazo y el modus operandi del Pentágono (articulado al complejo industrial militar) trascienden al “color” de las administraciones (republicanas o demócratas).[ix] Ciertamente, habrá una continuidad respecto a la presencia militar de EEUU (ejercicios conjuntos, capacitación, bases militares, etc.) en Centroamérica para contrarrestar el narcotráfico, responder a desastres naturales y detener la influencia china y rusa.[x]
Cuestión migratoria: asistencia para el desarrollo y seguridad
En su primer día en la Casa Blanca, Biden revocó el decreto[xi] emitido por Trump el 25 de enero de 2017 que, entre otras medidas, criminalizaba la permanencia indocumentada, considerándola como una amenaza a la seguridad pública y nacional. A través de la Orden Ejecutiva[xii] se plantea que los inmigrantes han ayudado a fortalecer las familias, las comunidades, las empresas, la fuerza laboral y la economía de EEUU y reitera que la política de la Administración entrante se enfocará en proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad pública. Biden también emitió un memorándum para preservar y fortalecer DACA[xiii] y proclamó la interrupción de los fondos de emergencia para la construcción del muro fronterizo con México.[xiv]
Las políticas migratorias son un ejemplo claro de la articulación entre la asistencia para el desarrollo y la seguridad. Se supone que Biden apostará por una política migratoria integral, pero que no necesariamente será menos securitizada. La Estrategia Integral para América Central tiene un presupuesto previsto de cuatro mil millones de dólares, obtenidos por fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED en la región.
El 2 de febrero, el nuevo presidente ratificó por medio de tres órdenes ejecutivas i) las medidas migratorias vinculadas a la reunificación familiar, ii) la creación de un marco regional integral para abordar las causas y mejorar la administración de los flujos migratorios desde América del Norte y Centroamérica, y iii) la posibilidad de proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo de quienes migran por la frontera sur de EEUU [xv] Ese mismo día, la Presidencia comunicó la culminación de los Acuerdos del Tercer País Seguro con el Triángulo Norte. Aun así, en el comunicado oficial se establece que esas acciones no significan que las fronteras estén abiertas sino que son un paso más de la estrategia que pretende detener la migración forzada a través de la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad.[xvi]
A lo largo de la campaña, Biden se posicionó en las antípodas de la gestión realizada por Trump, en particular en lo referente a la cuestión migratoria. Sin embargo, es clave remarcar que la política migratoria “línea dura” no es exclusiva de la Administración republicana. Con el pretexto de solucionar la “crisis humanitaria” suscitada por el incremento de la migración, Obama propuso la creación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y Biden fue uno de sus principales articuladores, reuniéndose a menudo con los líderes del Triángulo Norte para redactar las directrices de la Alianza. Asimismo, el nombramiento del cubanoamericano Alejandro Mayorkas como secretario del Homeland Security, retrotrae a las acciones más sombrías de la Administración Obama-Biden, como el inicio del uso de instalaciones para detención de migrantes similares a cárceles, política que fue continuada por la Administración Trump.
Asistencia para el desarrollo recargada
La Administración demócrata reubicará la asistencia para el desarrollo como uno de los pilares fundamentales de la política exterior estadounidense, otorgando un rol político más protagónico a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[xvii] Se espera, incluso, la incorporación de la USAID al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, algo que no se ha hecho antes.[xviii]
Expertos de think tanks y asesores de Biden afirman que la asistencia a los países subdesarrollados significará más seguridad para EEUU, y que mientras Trump redujo los fondos para Centroamérica durante la crisis migratoria, Biden planea aumentar significativamente el presupuesto orientado a la región, que pasaría de 750 millones de dólares a 4 mil millones de dólares[xix].
Diversos sectores coinciden en que es la vía más efectiva para reducir la llegada de migrantes a la frontera de EEUU y reducir las actividades criminales. En este punto, la asistencia para el desarrollo y la cuestión migratoria “son una misma cosa”. Esa es la visión de los principales think tanks estadounidenses, que han planteado lo mismo durante la Administración Trump.[xx]Se parte del común acuerdo de que es necesario que EEUU sea “proveedor” de asistencia, aunque en los hechos la asistencia no ha demostrado cambios sustanciales en las condiciones estructurales en los países centroamericanos. Esta situación se debe, en parte, a que los intereses concretos de organismos como USAID se orientan a garantizar la expansión de las empresas y el complejo industrial-militar estadounidense. El resultado es la dependencia de las economías centroamericanas y un rol protagónico de EEUU en la toma de decisión de asuntos domésticos de estos países, desde del ámbito del ordenamiento jurídico, hasta aspectos de seguridad, salud, educación, etc. en un esquema asimétrico en el que EEUU condiciona la ayuda.
No se avecinan cambios estructurales en la política exterior de EEUU hacia Centroamérica. Más allá del uso político y propagandístico que el Gobierno de Biden haga de una asistencia para el desarrollo más abultada y de una política migratoria “más humana”, es claro que éstas estarán aún más articuladas a políticas de seguridad, principalmente en relación a políticas anticorrupción (lawfare) y antinarcóticos. La política exterior, por tanto, sería una extensión de la política de seguridad en EEUU, estrategias que no han demostrado efectos positivos, sino todo lo contrario. De igual manera, el incremento de esquemas de cooperación en la región implican una mayor incidencia política (sobre todo que conforman el Triángulo Norte) con organismos multilaterales y de préstamo que hacen de la región, una región endeudada y dependiente.
Notas
[i] Según los planteamientos del geopolítico Nicolas Spykman.
[ii] https://www.celag.org/trump-
[vii] Por lawfare a la inversa se entienden a las
estrategias jurídicas utilizadas para fortalecer y/o asegurar Gobiernos
neoliberales o bien para dar una buena imagen a la intervención jurídica
de Estados Unidos. Los casos de Colombia, Perú y Guatemala parecen
enmarcarse en esa línea. https://www.celag.org/leer-
[ix] Lajtman, Tamara (2020) “Trump y la renovación del militarismo imperial en ALC”. En Romano, Silvina Trumperialismo: Estados Unidos y la guerra permanente contra América Latina. Madrid: CELAG-Mármol-Izquierdo.
[xi] https://www.govinfo.gov/app/
[xii] https://www.govinfo.gov/app/
[xx] https://www.celag.org/ee-uu-y-
Redes y medios, el paraíso de los conspiranoicos
Periodista español. Fue Director fundador del sitio alternativo en Internet Rebelión. Publlica habitualmente sus columnas en el diario español Público. Ha escrito varios libros sobre temas de periodismo, comunicación y política. En twitter @pascual_serrano
Varios centenares de negacionistas, convocados por la Plataforma Policías por la libertad. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
Como no comprenden el mundo, no comprenden la ciencia, no comprenden los razonamientos políticos e ideológicos, comienzan a ver oscuras y ocultas intenciones y poderes
Que si las vacunas llevan un chip, que si el coronavirus se transmite por la red 5G, que si los demócratas estadounidenses son pedófilos satánicos, que si Soros anda moviendo los hilos a favor del independentismo catalán y Putin desestabilizando las elecciones de Estados Unidos. Grupos de tarados obsesionados con paranoias absurdas siempre los ha habido, pero hemos de reconocer que nunca como hoy han tenido tanta capacidad y poder para convencer y movilizar, incluso a manifestarse por miles. Nunca las instituciones y la ciencia han debido hacer tanto esfuerzo para explicar hechos científicos o desmontar fabulaciones tan absurdas. ¿Cuál es el motivo actual de su éxito y constante presencia? Sin duda la existencia de un nuevo ecosistema comunicacional idóneo para ellos.
Los llamados conspiranoicos surgen desde cualquier parte del espectro ideológico. Por eso coinciden ultraderechistas y ácratas en manifestaciones contra las mascarillas y las vacunas. Todos contra el Estado opresor y controlador (precisamente el Estado que otros pedimos que incremente su capacidad de acción para ofrecer sanidad, educación o pensiones). Las dos posiciones se arrogan lo rebelde, lo políticamente incorrecto, el creerse orgullosamente distintos del rebaño. Pero, como en toda campana de Gauss, uno se puede salir por la orilla de los listos o por la orilla de los imbéciles. Ellos, claro, siempre se consideran de los listos.
La prepotencia y soberbia que les impide percibir algo fuera de su orejeras suele ser su mecanismo de defensa ante una sociedad y un ambiente que no comprenden o en el que no saben desenvolverse, ello les lleva a reivindicar opciones peregrinas con tal de ubicarse fuera de la información oficial y de las instituciones. Al igual que sucede con los dogmas religiosos, ellos no soportan las deficiencias de la ciencia y necesitan vivir con certezas, aunque para ello deban expulsar la razón. Les ocurre como con los nacionalismos, en tiempos de incertidumbres y complejidades lo mejor es reivindicar la tierra, los orígenes y los ancestros, ahí no puede haber error ni nada malo. Si para el nacionalista su terruño es la Arcadia feliz que le ofrece las seguridades, para el conspiranoico lo es su teoría en torno a la cuál giran todas sus certezas.
Como no comprenden el mundo, no comprenden la ciencia, no comprenden los razonamientos políticos e ideológicos, comienzan a ver oscuras y ocultas intenciones y poderes. La necesidad de mantener una mínima dignidad ante el exterior les lleva a optar por reafirmarse en su ideas por absurdas que sean, y como tampoco soportan que directamente se les ignore, creen que sufren una persecución organizada y la censura de sus ideas, lo que aumenta su orgullo y sensación de poder. Son peligrosos.
Como decía anteriormente, estos perfiles mentales siempre fueron anecdóticos e irrelevantes en cualquier sociedad. Pero ahora, la llegada de internet, pero sobre todo con las redes sociales que les han abierto toda una ventana de protagonismo. Ellos, que nunca tuvieron a más de dos personas escuchándoles, ahora pueden dirigirse a toda la humanidad desde su Facebook o a los 20 miembros de su grupo de Whatsapp del trabajo o de la familia, toda una multitud para alguien al que nunca nadie le hizo caso. Mi abuela decía que era mentira que el hombre hubiera llegado a la luna, que todo era un montaje. Evidentemente, ninguno le hacíamos caso, pero ahora tendría cientos de seguidores en Facebook y seguro le llamarían en alguna televisión.
No es solo esto lo que les permiten las redes. Gracias a los algoritmos y a los filtros creamos una burbuja ideológica en nuestras redes donde solo nos relacionamos a los que piensan como nosotros. El conspiranoico, que antes se sentía solo en el pueblo o en el barrio, ahora se encuentra con sus iguales y todos ellos se reafirman en su verdad de la buena y la persecución a la que se ven sometidos por su rebeldía e incorrección.
También nuestro ecosistema mediático opera a su favor. Si en nuestros medios se premia lo espectacular, lo curioso, lo extravagante, qué mejor noticia que unos tipos que dicen que las vacunas llevan un chip, que las antenas 5G transmiten el coronavirus o que Putin está detrás del procés catalán. Si lo espectacular termina siendo la noticia con la que se consigue más éxito, más audiencia, más clicks, más likes, lo verdaderamente importante es que sea espectacular, no que sea verdad, que la protagonizan unos descerebrados o que sea irrelevante. Doscientos terraplanistas manifestándose en la Gran Vía madrileña, con el aspecto, la indumentaria, las pancartas y los slogan que ustedes se puedan imaginar, dan para una buena noticia de televisión. Nada comparable a lo aburrido de dos mil trabajadores con banderas sindicales gritando contra un cierre de la empresa.
Lo grave de todo esto es lo peligrosas que pueden ser corrientes de iluminados en tiempos de pandemia, en tiempos de amenazas de populismos fascistas que embisten contra las instituciones de convivencia, iluminados que se dicen rebeldes pero que tienen como enemigos a la ciencia pero no a la banca usurera o a multinacionales que saquean recursos naturales y explotan trabajadores. Y que están aprovechándose de lo peor de un sistema de redes sociales que ha democratizado la inseguridad informativa y el caos, y un sistema de medios tradicionales que están abandonando el rigor y la investigación para premiar la espectacularidad y el sensacionalismo.
El todo o nada
URUGUAY
ACODIKE, despidos y política del miedo
Como consecuencia del despido de 15 trabajadores de ACODIKE, los trabajadores nucleados en la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (ALFAS) resolvieron instalar una carpa sindical en rechazo a las medidas de la patronal.
Este jueves se desarrolló una instancia de negociación tripartita convocada por la Dirección Nacional de Trabajo, pero según pudo saber el Portal del PIT-CNT la situación permanece incambiada por lo que el sindicato resolvió mantenerse en estado de asamblea permanente.
La carpa instalada frente a la planta de ACODIKE, viene siendo mantenida por un grupo rotativo de trabajadores, cuidando mantener las medidas sanitarias preventivas en el marco de la pandemia.
Esta mañana, el Portal del PIT-CNT visitó la carpa y dialogó con Riciel Farías, presidente de ALFAS, Cristian Cardozo, secretario general y Diego Correa, vocal, quienes coincidieron en señalar que la situación por la que atraviesan es consecuencia de una "política antisindical" de la empresa.
Cardozo dijo al Portal que la empresa informó del despido de 15 trabajadores del área granel y que está decidida a dejar el modelo de negocio de la distribución a granel.
"Aunque parezca insólito, la empresa alega que en estos años los únicos que hemos ganado fuimos los trabajadores y que ellos pierden plata".
Desde la perspectiva del sindicato, la actitud patronal es de franco desconocimiento de la organización sindical y la empresa "apuestan a debilitar al sindicato".
Según el secretario general de ALFAS, "no hay voluntad de la patronal" en acercar las partes y generar ámbitos de negociación para arribar a una salida que conforme a todas las partes.
Riciel Farías, presidente de ALFAS, sostuvo que es "insólito" que la empresa alegue pérdidas y que afirme "que los únicos beneficiados en los últimos cinco años hemos sido los trabajadores", como consecuencia del sistema de productividad que está directamente relacionado a las ventas. "Si la empresa vende más, nosotros ganamos más, y si no se veden más, no ganamos más, pero según dice la patronal, nosotros ganamos y ellos pierden".
Para los integrantes del Ejecutivo de ALFAS, los argumentos de la empresa "no son creíbles para nadie".
Modelo neoliberal
En clave de análisis y coyuntura, desde ALFAS consideran que hay un modelo neoliberal que está ganando terreno en el país y que se contrapone con los intereses de los trabajadores. "Acá van por la lógica del sálvese quien pueda, ACODIKE intenta implementar una suerte de embestida contra la herramienta sindical y eso se traduce en eliminar trabajadores que para nosotros son fundamentales en esta estructura. Se trata de compañeros que fueron delegados desde hace muchos años y a los que la alternativa que se les plantea es que abran una empresa unipersonal. Eso es un modelo que tratan de imponer y que tiene como pilar la política del miedo; a quienes están junto a la empresa, se les garantiza la estabilidad y no se les amedrenta. En cambio, si sos parte del sindicato te caerá todo el peso del terror, las represalias y tratarán de hacerte sentir el miedo a perder el trabajo con el que mantenés a tu familia".
Cardozo remarcó que es inadmisible que se apliquen despidos de manera intempestiva, sin recurrir a los ámbitos naturales de negociación colectiva. "La actitud es antisindical, no hay vueltas. Incluso a la anterior instancia convocada en el Ministerio de Trabajo, que era presencial, ellos no asistieron porque dijeron que tenían miedo a posibles expresiones de violencia como por ejemplo, los petardos que se tiran en las movilizaciones".
Solidaridad
En este contexto y a pesar de la complejidad del panorama, ALFAS ha logrado llegar a una solución para siete de los trabajadores despedidos. Aún resta encontrar una respuesta laboral concreta para los restantes.
Mientras tanto, la carpa sindical seguirá de pie y ALFAS en régimen de asamblea permanente.
La carpa está sostenida por trabajadores y trabajadoras, y también hijos e hijas que llegan a apoyar a sus seres queridos. Entre mates individuales, ya no compartidos como antes, algún partido de truco o conga, un poco de música, percusión y cocina, la carpa contiene el espíritu de lucha sindical.
"Sabemos que la solidaridad sindical siempre está, el barrio está, y agradecemos todos los aportes de alimentos para ayudarnos a seguir adelante, no es fácil estar acá, no es fácil con los despidos y bolsillos flacos, toda solidaridad es bienvenida. Acompañados, nunca solos, estamos acá y vamos a resistir".
SUNCA: El gobierno "se viste con ropa ajena"
En la conferencia de prensa realizada hoy por el gobierno, al referirse a los fondos y medidas que se destinaron a atender la pandemia, se hizo especial referencia a la partida especial de $ 16.505 conquistada en marzo por las y los trabajadores de la construcción.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche afirmó que el gobierno asumió el costo y financiamiento de esa partida, que situó en 17 millones de dólares.
El SUNCA desmiente esta afirmación de la ministra Arbeleche. Esa partida fue conquistada con lucha por el SUNCA en instancias de negociación tripartita, con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo.
El costo total y financiamiento de esa partida especial para atender
el impacto económico y social de la pandemia, como quedó establecido en
el acuerdo, hecho público además apenas se firmó, se reparte de la
siguiente manera: más de un 50 % lo financiaron los empresarios de la
construcción; un 23 % aproximadamente lo financiaron los trabajadores al
aportar un jornal de la licencia generada y el equivalente a un jornal
del aguinaldo, dichos montos fueron retenidos por el BPS en el caso de
los trabajadores incluidos en la Ley 14.411 y por las empresas en el
caso
de los trabajadores no incluidos en esta ley.
Por lo tanto, el costo que asumió el gobierno de esa partida no es el 100 % como se trasladó en la conferencia de prensa.
EL SUNCA rechaza que el gobierno se atribuya como iniciativa propia una medida que se tuvo que tomar precisamente ante la ausencia de respuestas desde el propio gobierno.
El SUNCA también rechaza que se desconozca los resultados de la negociación llevada adelante principalmente entre las partes involucradas, en el marco de la negociación colectiva, en medio de la pandemia. Si esta negociación no hubiese existido y no se hubiera llegado a este acuerdo, que amparó a las y los trabajadores, miles más hubiéramos ingresado al seguro de paro, el costo se hubiera triplicado, generando ahí si un costo superior para el Estado. Además de mayor incertidumbre para las y los trabajadores.
El SUNCA reclama al gobierno la firma del decreto presidencial que garantice que las y los trabajadores con edad avanzada y enfermedades preexistentes (tratamientos oncológicos, diabetes con casos insulina dependientes , trasplantes), así como las compañeras embarazadas, sean certificados y accedan a una cobertura especial que preserve su salud y sus ingresos en medio de esta crisis. Aspecto que también se acordó en la negociación y que el Poder Ejecutivo aún no cumple.
¡Si el Gobierno se quiere vestir o embanderar con algo que sea con esa firma!!!
Por Sunca
Comité Ejecutivo Nacional
Montevideo 8 de febrero del 2021
Maldonado
Trabajadores de Conaprole buscan salvar la planta de San Carlos
La empresa comunicó a los trabajadores la decisión de avanzar hacia el cierre absoluto de la planta. El sindicato denuncia que la empresa pretende tercerizar la distribución y advierte por la pérdida de puestos de trabajo.
No es la primera vez que se registra un conflicto en la planta de Conaprole de San Carlos. Desde hace algunos días la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa viene negociando, una vez más, por la Planta Industrial 10, en el departamento de Maldonado.
En septiembre de 2019, mediante un acuerdo tripartito, ambas partes habían resuelto que la planta, que en aquel momento ocupaba a 40 personas, pasaría a ser centro de distribución. En la actualidad trabajan 17 personas.
El acuerdo iba a ser revisado al año de entrar en vigencia. Sin embargo, ahora Conaprole les transmitió a los trabajadores la decisión de avanzar hacia el cierre absoluto.
Esta decisión llevó a que el sindicato tomará algunas medidas en los primeros días de febrero. Los trabajadores resolvieron cortar con las horas extras, rechazar los cambios de turno y no realizar tareas que no se ajusten estrictamente a las categorías designadas por la cooperativa.
El sindicato argumenta que la empresa pretende tercerizar la distribución y alerta por el futuro de los 17 empleados.
Ante esta situación el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó para este jueves a una reunión tripartita en la sede ministerial para lograr una salida al conflicto.
SUTEL denuncia que el Gobierno busca aniquilar los proyectos en materia de telecomunicaciones
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) denunció que el Gobierno busca “aniquilar los proyectos llevados adelante en los últimos años en materia de telecomunicaciones, minimizando al máximo el rol de ANTEL e impidiendo que continúen las inversiones que han llevado a Uruguay a los primeros lugares en la región y en el mundo”.
A través de una declaración, el gremio de los trabajadores de las telecomunicaciones, expresó que los cambios que se proponen en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la nueva Ley de Medios “atentan contra la empresa de las telecomunicaciones, la debilitan y la colocan en una situación de total desventaja competitiva frente a las grandes multinacionales a las que sólo les interesa aumentar sus ganancias y no brindar un servicio universal y de calidad a la sociedad”.
Este viernes 19 de febrero se cumplen 19 años de la presentación de más de 700.000 firmas contra los artículos 612 y 613 incluidos en la Ley 17.296 de Presupuesto, del gobierno de Jorge Batlle.
El artículo 612 permitía vender a privados hasta el 40% de las acciones de ANCEL, y el artículo 613 establecía la posibilidad de asociar a ANTEL a empresas privadas en sus distintas líneas de negocios.
Tras la presentación de las firmas por parte Comisión pro Referéndum, el gobierno de Batlle derogó dichos artículos, evitando así la consulta popular.
Desventaja
En ese marco, este viernes 19 de febrero, SUTEL reafirmó su posición contraria a las iniciativas promovidas por el Gobierno tendientes “colocar a ANTEL en una situación de desventaja brutal frente a sus competidores, debilitando a la empresa pública para que deje de ser eficiente y rentable”.
Desde el sindicato se indicó que en la actualidad el país está “ante medidas que atentan contra ANTEL y la empujan hacia el fracaso, al igual que los gobiernos blancos y colorados que en 1992 y 2001 pretendieron aniquilar la empresa pública privatizándola y entregarla a las grandes multinacionales en perjuicio del país y particularmente de los trabajadores”.
SUTEL expresa que “los trabajadores de ANTEL no permitirán este atropello”, y aseguran que la LUC y a la nueva Ley de Medios es una “burla a la decisión del pueblo que en 1992 y 2001 fue muy claro en las urnas y con su firma”.
El gremio de las telecomunicaciones manifiesta que se continuará con la defensa de las empresas públicas “redoblando la participación, organización y la lucha de los trabajadores”.
PERJUCIO PARA LOS TRABAJADORES Y LA POBLACIÓN
AEBU espera respuesta de ANV sobre cierre de dependencia
El proyectado de cierre de la sucursal Paso de los Toros de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) es apenas la punta visible de un problema más amplio y más hondo.
Se conoció hace unos días que la sucursal Paso de los Toros de la ANV, cuyos tres funcionarios están a un año de jubilarse, corría riesgo de cierre. Esta situación alarmó al sindicato y en igual medida sensibilizó a los ediles departamentales.
María Eugenia Estoup, presidenta de la Comisión Representativa de la ANV, puso marco a la situación planteada: «La ANV es nueva relativamente —tiene 10 años— y no había terminado de llenar toda su estructura cuando apareció en el Presupuesto la reducción de la provisión de vacantes a un funcionario nuevo por cada tres que se jubilen. Todavía estábamos armando una empresa cuando apareció esto», expresó la dirigente.
A este hecho agregó: «Además, muchos de quienes hoy estamos venimos de la reestructura del BHU, al que durante 15 años no había entrado gente [por decisión del gobierno presidido entonces por Jorge Batlle]. Nos estamos jubilando todos ahora. Hay jubilaciones masivas y se ha hecho imposible que se puedan llenar los cargos vacantes».
Estoup no sabe «cuándo discutieron en la OPP que la dotación de personal de la ANV no alcanzaba». Pero hay algo claro: «Queremos que, si este es un tema de dotación de personal, el directorio de la Agencia vaya a la OPP a plantear que falta gente». Hace ya tiempo que la Representativa de la ANV se movilizó por este tema. «Nosotros pedimos una reunión paritaria con el directorio y este nos contestó que tenían una sesión prevista y nos llamarían con posterioridad». Sin embargo, no llegó la contestación esperada y para Estoup este silencio probablemente responda al contagio con covid-19 sufrido por el director Borsari.
«Lo que planteamos claramente en un comunicado emitido es que las reestructuras tienen que ser discutidas con AEBU y en este caso nos encontramos con una que afectaría las condiciones de trabajo de los funcionarios. Tenemos dos aspectos a considerar: por un lado, el cierre de la sucursal y que la ANV desaparezca de la localidad; por otro, saber qué pasa con los funcionarios que están trabajando en ella. En el comunicado expresamos que, habida cuenta de que ya dos directores habían planteado su opinión contraria al cierre, queríamos tener un pronunciamiento oficial sobre el tema. Eso precisamente es lo que vamos a requerir en la paritaria. Primero preguntar por qué están iniciando un proceso de cierre sin una consulta previa con el sindicato —tal como lo dice el convenio— y luego recabar la posición oficial del directorio. Es muy auspicioso que ya dos directores de los tres se hayan manifestado a favor de mantener abierta la sucursal», entendió.
Jorge Bermúdez (FUS): "No están cuidando a los que cuidan"
Esta tarde la Comisión de Salud del Senado recibió a una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para analizar distintos relacionados a la pandemia.
Al término del encuentro, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, informó que el intercambio fue fructífero y revelador del interés de ambas partes por abordar asuntos de la pandemia en la emergencia sanitaria.
Bermúdez señaló que en el encuentro de esta jornada, quedó aclarado que los trabajadores "no tuvimos nada que ver con el aumento de casos de COVID-19 tal como se había manifestado en esta Comisión". En relación a la gravedad de la situación de la pandemia, también quedó de manifiesto "el compromiso de los trabajadores de la salud en el combate a dicha pandemia" tal como ha acontecido desde el 13 de marzo.
A la FUS le preocupa la perspectiva "incierta" por el escenario del comercio internacional de quienes ejercen el poder empresarial sobre las vacunas. Según denunció Bermúdez, hay países a los que a cambio de las vacunas se les ha exigido hasta una porción de su territorio. Al respecto, dijo que Uruguay se encuentra en una situación "muy compleja", porque "somos un país pobre, periférico y muy pequeño" y por tanto, "no somos centro de los desvelos de las multinacionales farmacéuticas". En este sentido, señaló que la FUS comprende que el gobierno no pueda definir con precisión cuándo llegarán las vacunas pero remarcó la necesidad que la población esté suficientemente informada para que se convenza sobre la necesidad de vacunarse. "No alcanza que alguien diga «crean en mi», acá no se trata de un tema de fe sino de responsabilidad" y que quien tiene que hablarle a la población y transmitirle las certezas es la autoridad sanitaria.
Por otra parte, el secretario general de la FUS remarcó que se debería hablar de una "canasta de vacunas" y no de dos o tres marcas de laboratorios porque parecería que se le está haciendo promoción a determinadas empresas y enfatizó que no se deben generar "falsos debates", sino que el gobierno tiene que ser más claro en el manejo de la información. "Me parece que los que dicen que no hay que politizar el tema son los que lo están politizando", agregó.
Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo relacionado a los descuentos que se les efectiviza a los trabajadores durante el periodo que tienen que realizar la cuarentena preventiva. "Hasta ahora no lo han resuelto por lo que no están cuidando a los que cuidan" y ante un escenario en el que la situación sanitaria del personal de la salud se complique, Bermúdez señaló que se podría considerar una "catástrofe".
Por último, el dirigente aclaró que la FUS no considera que el gobierno "esté improvisando" en el manejo de la pandemia y que incluso el comienzo de la emergencia sanitaria "lo manejó muy adecuadamente", lo que quedó explicitado ya que "hemos compartido posiciones del gobierno". Sin embargo, sostuvo que ahora el país está atravesando "el segundo tiempo" de la pandemia "que no parece ser tan fácil como el primero". De todos modos, reiteró que la postura de los trabajadores y las trabajadoras es constructiva. "Estamos para construir, queremos que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien con las vacunas, a los uruguayos nos irá bien. Por eso venimos, golpeamos la puerta y les decimos que acá estamos, si precisan algo, acá estamos. No queremos ni codirigir ni decirle al gobierno lo que tiene que hacer, pero que no nos vengan a decir a nosotros que hagamos lo que en realidad debe hacer el gobierno", sentenció.
Reportaje de El Descamisado
Qué mirada tiene sobre el sector agrario de tu país? Aquí venimos desarrollando una propuesta denominada «La Marcha al Campo» que se propone para aportar a la lucha contra la pobreza y desocupación estructural (sintéticamente) la utilización de tierras fiscales y bosques nativos (en nuestro país hablamos de millones de hectáreas) para la creación de unidades asociativas en forma de cooperativas de trabajo, que impliquen una propuesta de transformación a mediano y largo plazo, de desconcentración poblacional en mega-urbes, que frene la sangría poblacional del campo a la ciudad, que produzca alimentos de manera sustentable y que por supuesto, genere fuentes de trabajo entre cientos de miles de desocupados que tiene nuestro país, incluyendo además acciones de capacitación, puesta en valor de infraestructura olvidada (la red ferroviaria, por ejemplo), construcción de viviendas en nuevas colonias agrícolas, etc.
¿Ves factible algo similar en el Uruguay? ¿Como está conformada la tenencia de la tierra? ¿Sería una solución viable promover la vuelta al campo también en Uruguay, como forma de enfrentar la desocupación y la pobreza?
Cuando la marejada popular nos sacó de entre rejas, Raúl Sendic Antonaccio ya se había armado con una idea parecida a “La Marcha al Campo” y, desde el pique, se dedicó a organizar el “Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza”.
Su punto de partida era ese 11% de la población de Montevideo, la que vivía en asentamientos irregulares, en condiciones de exclusión social y política, cuyo árbol genealógico los vinculaba al trabajo en el campo, ya fuere porque pertenecían a la última ola de expulsados por el latifundio, o porque lo habían sido sus padres o sus abuelos. La existencia de la marginación urbana es consecuencia directa del latifundio, de su modo de aumentar la rentabilidad vinculado a la concentración de la propiedad, la expulsión de trabajadores y pequeños propietarios y su consecuente migración hacia la periferia urbana.
En Uruguay, entendía Raúl, no existe campesinado, por lo cual, el “hambre de tierra” es propio de las familias del territorio marginado. Es la solución a la miseria de su vida. De esa manera, la cuestión agraria queda ligada a la solución a la marginación social. En primer lugar, era preciso que “toda la tierra que exceda las 2.500 hectáreas en propiedad privada no cooperativa pasará de pleno derecho… a la propiedad del Estado”. Expropiación sin pagar indemnización ninguna: bastante usufructuaron los latifundistas de su propiedad abusiva, bastante explotaron la riqueza natural que pertenece al pueblo, decía Raúl en las “mateadas”.
La gestión del cúmulo expropiado debía quedar en manos del Estado, que podría administrarla directamente – en Uruguay hay ejemplos de ello- o entregar la gestión gratuitamente a familias de colonos, que podrían usufructuarlas individualmente o en forma de cooperativas agrarias al estilo de la que existe en Cololó, departamento de Soriano. A cada familia cooperativista o usufructuaria se le entregaría una hectárea para instalar vivienda, jardín, gallinero, huerta, etc. La reforma agraria es el inicio del proceso revolucionario.
El propósito era radicar en el campo una buena parte de las familias marginadas en las plantas urbanas y privilegiar un nuevo modo de gestión de la tierra, repoblar la tierra y gestionarla colectivamente, un modelo totalmente opuesto al del latifundio. Transformar el modo de gestionar la producción agropecuaria en escuela de una nueva filosofía de vida, formar en la cooperación y el comunitarismo las mujeres y hombres que serán las columnas humanas de la transformación revolucionaria.
Luego de la desaparición física de Raúl Sendic Antonaccio, quedaron unos pocos militantes agrupados alrededor de su memoria y de sus ideas sobre la reforma agraria necesaria para resolver la cuestión de la pobreza. La moderación ideológica abarcó la renuncia total a la reforma agraria. Por parte del MLN (T) y del Movimiento de Participación Popular (MPP), ambos totalmente integrados a la moderación liberal, cuidadosos de no hacerse sospechosos de radicalismo revolucionario.
En el año 2009 publicaste un libro acerca del Raúl Sendic. ¿Nos podés hacer una breve semblanza del compañero?
Hombre de pocas palabras, Raúl Sendic Antonaccio se dirigía directo a la almendra del asunto, a la cuestión del poder, es decir, analizaba cómo, unos lo ejercen al hacer política y otras y otros se someten a las políticas de los poderosos. Ahí estaba, según Raúl, “el alma de los hechos”, como decía Onetti. Esa manera de percibir la realidad le permitió entender cada uno de sus actos o de sus dichos como una forma de resistir el ejercicio de poder al que lo sometían. La lucha por el poder se concretaba en cada bala que le tiraron y en cada golpe de puño que le propinaron. Entender así el mundo lo hizo transitar invicto los interrogatorios y calabozos cuarteleros: sin rendirse nunca.
Al salir de entre rejas, esperaba un mundo que había cambiado mucho, en particular, el Uruguay ya no era el mismo de los ’60, pero Raúl no había perdido su manera revolucionaria de ver el mundo, se negó a moderarse y ceder ante el empuje de las ideas liberales. Esa firmeza en las ideas se trasluce en cada acto público, mateada o frente a la presión del periodista. En abril de 1986, le contestó a Víctor Lavagno de la revista “Crisis”:
– “Y actualmente ¿la revolución ha vuelto a la literatura?
– Visto en perspectiva histórica, estamos en un momento de acumulación de fuerzas, tanto en Uruguay como en otros lados, pero de ninguna manera hemos perdido las esperanzas en un cambio total que transforme el hombre y la sociedad. Nosotros pensamos en una vía socialista que cuente con la mayoría del pueblo” […] “Históricamente se ha demostrado que el pueblo es estratega, o sea, que no basta con hacer un movimiento con una plataforma muy pulida y hermosa, sino que hay que mostrar un aparato capaz de llevar esa plataforma a su meta”. […] “El pueblo ve en los frentes una alternativa válida para llegar al poder, de allí el éxito en Centroamérica de los frentes formados por movimientos que a veces tienen ideologías muy diferentes entre sí. Nosotros debemos aprender de esa historia, pulir acuerdos y desacuerdos y constituir grandes frentes como aparatos idóneos para llegar al poder” […]
– ¿Ya no ve el socialismo como la panacea?
– Lo que no se ve es que sea tan fácil la creación de una sociedad socialista perfecta. Es claro que en los países subdesarrollados el socialismo significa un salto tremendo cuantitativo en el nivel de vida y en la justicia social, pero ya no hay esa mística de que venía el socialismo e inmediatamente surgía un hombre nuevo, que traía consigo un cambio radical de la mentalidad humana. Hoy tenemos una visión más realista pero no menos deseable de una sociedad socialista.
– ¿Y esa visión realista cómo se traduce en materia de métodos?
– En el hecho de que jugamos en la legalidad cuando es necesario, con los frentes cuando son necesarios y con la lucha violenta cuando es necesaria, siempre siguiendo lo que el pueblo está pidiendo en cada etapa. Los pueblos de estas latitudes ya han tenido demasiada violencia, y ahora están pidiendo legalidad, entonces, se hace así.” […] “Si mañana se hiciere aquí una experiencia socialdemócrata, fracasaría. Nosotros necesitamos soluciones drásticas sobre la propiedad y la explotación de la tierra y de la industria, como demostró la experiencia cubana. También el factor nacional debe ser predominante, tanto en lo político como en lo cultural, aunque siempre con una visión regional de unión con los países que padecen los mismos problemas”.
En otra entrevista, de noviembre de 1987, dejó documentado que:
– ¿Se siente o se ha sentido usted derrotado?
– Nunca me he sentido derrotado, porque nosotros dimos la lucha hasta el último cartucho y cedimos ante un poder militar superior…”
– ¿Han abandonado definitivamente los tupamaros la lucha armada?
– Nosotros nos comprometimos a respetar esta legalidad que se nos ha dado y ahora hacemos lo que el pueblo reclama en el país. Que es un poco de paz. […] De manera que en mi país el Estado de Derecho deja mucho que desear y el gobierno comparte el poder con las Fuerzas Armadas. En Uruguay no está consolidada la legalidad democrática y nosotros estamos dispuestos a defenderla si se ve amenazada…”
En el acto del Estadio Franzini, el 19 de diciembre de 1987, Raúl sentenció:
– “La urgencia de una unidad opositora, la urgencia de un Frente Grande hoy es para detener esta extranjerización. Extranjerización al capital financiero internacional a través de la venta de tierras […] Extranjerización por las zonas francas, extranjerización al acatar la política económica decretada por el Fondo Monetario”. […] Hay que aumentar los salarios para devolver al pueblo trabajador uruguayo por lo menos el poder adquisitivo que le quitó la dictadura. Eso no se puede transar.
No hay que pagar un dólar más por deuda externa. Ésta configura una estafa descomunal y no se puede seguir quitando el alimento, la salud y la enseñanza a los uruguayos para darle más capital al gran capitalismo. Esto tampoco admite transacciones ni fórmulas intermedias.
Las empresas sobre endeudadas que deben a la banca estatal más que su capital, deben pasar al poder del Estado y, a través de éste, a sus trabajadores. […] Hay muchas empresas en las mismas condiciones; concretamente 900 de ellas han sido calificadas por el propio Estado como insolventes para pagar su deuda con esos bancos, y no hay una acción conjunta de los sectores progresistas hacia su control popular.
Y tenemos el agro, cada vez más olvidado a medida que se va despoblando y, en consecuencia, perdiendo votantes. […] Nada de esto se puede negociar. Ha habido demasiado diálogo con los militares fascistas. Y ha habido demasiada poca concertación para el cambio”.
[…] “En definitiva, estamos por la unidad, por la unidad sin exclusiones. Pero no reunirnos para transar, para contemporizar con el gobierno. Tampoco estamos para transar con el que transa. Como se ve, somos bastante imbancables, compañeros”.
No formar un movimiento político para transar ni para transar con los que transan.
Con la autoridad de ser el fundador y la referencia histórica del movimiento, los dichos de Raúl Sendic Antonaccio expresaban el modo de ser y de sentir de la enorme mayoría de los tupamaros: habíamos sido derrotados, pero no queríamos rendirnos nunca. Jugábamos en la legalidad, la voluntad popular se imponía, pero, se hacía política en la legalidad apostando a la formación de las columnas humanas que lucharían para instalar el poder organizado del pueblo trabajador. Jugar en la legalidad no significaba transar con el poder, ni transar con los que transan.
Mientras Raúl vivió, nadie, ninguno de los hoy integrados en cuerpo y alma a la democracia burguesa. Cuestionó su mirada de lucha por el poder. Para incorporarse al pragmatismo liberal y al olvido y perdón de los crímenes de lesa humanidad, debieron esperar que se apagaron los ecos del enorme cortejo que lo acompañó hasta el cementerio de La Teja. Recién entonces se sintieron fuertes para abdicar de los postulados de Raúl: transitar la legalidad es necesario, en determinados momentos, no para siempre. La cuestión es cómo aislar a los dueños del poder, los de afuera de fronteras y los de entrecasa. Cómo aislar las ideas que propagan sus operadores intelectuales, sean orgánicas o apóstatas que cruzaron de vereda.
Colaboraron con la entrevista: Jerónimo Meincke, Sabino Ledesma, Ramiro Mases, Rubén Bonelli y José Rey
