BOLIVIA
Esas banderas de los pueblos originarios de Bolivia se
propagan como expresión de rebeldía. Sus colores representan el tiempo,
la energía, la cultura, el planeta y el espacio cósmico.
Desde Bolivia, como una onda expansiva, comienzan a propagarse los multicolores de las banderas whipalas, como símbolo indígena de la resistencia y la rebeldía.
‘‘¡La whipala se respeta!”, se inscribe en la consigna que se multiplica en la sucesión de los hechos de convulsión política y cultural en ese país.
Los adversarios del gobierno de Evo Morales quemaron esas banderas, símbolo de la pluralidad de los pueblos indígenas, y eso aumentó los motivos de indignación por la imposición de la fuerza y como una afrenta contra la representación de los pueblos originarios de Bolivia.
Como manifestación de la filosofía andina, el estandarte expresa con sus colores el tiempo, la energía, la cultura, el planeta, la ideología, la economía y el espacio cósmico.
Ahora se retoma como parte de la hermandad y la protesta contra el golpe de Estado.
En las calles de La Paz, la capital boliviana, manifestantes y partidarios del ex presidente Evo Morales portan esa prenda durante las movilizaciones, mientras en redes sociales ha surgido la convocatoria para pintar whipalas en todo el mundo, ‘‘por la dignidad de los pueblos” contra cualquier oligarquía, el fascismo y la encarnación del imperialismo.
Mientras algunos han colocado whipalas en sus casas, también se ha reportado que se venden como pan caliente. Y desde la mirada global y protestas alrededor del mundo, los colores se multiplican para patentizar el descontento con hechos recientes en la nación andina, además del creciente temor ante la represión, los abusos y la invisibilización.
En Twitter se ha creado la etiqueta #Whipala, en la que se agrupan videos de las manifestaciones e imágenes de ese símbolo. En contraparte, algunos la descalifican y la llaman ‘‘invento comunista de los 70”.
Destaca un video con el rostro enfurecido de una mujer adulta, de largo cabello trenzado y los rasgos característicos de los grupos andinos, mientras en su mano mueve con fiereza el estandarte de colores.
‘‘¡Las mujeres estamos de pie! ¡Esta whipala se respeta! ¡Malditos! Al presidente como a Cristo le han dejado. Pero el presidente Evo no está solo”, grita.
Otros añaden que el pueblo está dolido, mientras se dicen humillados y despojados por las trasnacionales. ‘‘Escuchen a las mujeres de El Alto que llegaron hasta La Paz, la rabia histórica se ha despertado, hay dolor, memoria, dignidad y no se van a rendir”, es una de las descripciones del video.
‘‘Más vigente que nunca”, ‘‘Quemar la whipala es un mensaje claro. El racismo y exterminio indígena en Bolivia”, son un sentir común que crece y es parte de la lucha que se vive.
También afirma que el desprecio por la prenda es de los golpistas e imperialistas, pues lo que hacen es declarar la guerra contra los pueblos originarios.
Publicado el 14 Noviembre, 2019
Desde Bolivia, como una onda expansiva, comienzan a propagarse los multicolores de las banderas whipalas, como símbolo indígena de la resistencia y la rebeldía.
‘‘¡La whipala se respeta!”, se inscribe en la consigna que se multiplica en la sucesión de los hechos de convulsión política y cultural en ese país.
Los adversarios del gobierno de Evo Morales quemaron esas banderas, símbolo de la pluralidad de los pueblos indígenas, y eso aumentó los motivos de indignación por la imposición de la fuerza y como una afrenta contra la representación de los pueblos originarios de Bolivia.
Como manifestación de la filosofía andina, el estandarte expresa con sus colores el tiempo, la energía, la cultura, el planeta, la ideología, la economía y el espacio cósmico.
Ahora se retoma como parte de la hermandad y la protesta contra el golpe de Estado.
En las calles de La Paz, la capital boliviana, manifestantes y partidarios del ex presidente Evo Morales portan esa prenda durante las movilizaciones, mientras en redes sociales ha surgido la convocatoria para pintar whipalas en todo el mundo, ‘‘por la dignidad de los pueblos” contra cualquier oligarquía, el fascismo y la encarnación del imperialismo.
Mientras algunos han colocado whipalas en sus casas, también se ha reportado que se venden como pan caliente. Y desde la mirada global y protestas alrededor del mundo, los colores se multiplican para patentizar el descontento con hechos recientes en la nación andina, además del creciente temor ante la represión, los abusos y la invisibilización.
En Twitter se ha creado la etiqueta #Whipala, en la que se agrupan videos de las manifestaciones e imágenes de ese símbolo. En contraparte, algunos la descalifican y la llaman ‘‘invento comunista de los 70”.
Destaca un video con el rostro enfurecido de una mujer adulta, de largo cabello trenzado y los rasgos característicos de los grupos andinos, mientras en su mano mueve con fiereza el estandarte de colores.
‘‘¡Las mujeres estamos de pie! ¡Esta whipala se respeta! ¡Malditos! Al presidente como a Cristo le han dejado. Pero el presidente Evo no está solo”, grita.
Otros añaden que el pueblo está dolido, mientras se dicen humillados y despojados por las trasnacionales. ‘‘Escuchen a las mujeres de El Alto que llegaron hasta La Paz, la rabia histórica se ha despertado, hay dolor, memoria, dignidad y no se van a rendir”, es una de las descripciones del video.
‘‘Más vigente que nunca”, ‘‘Quemar la whipala es un mensaje claro. El racismo y exterminio indígena en Bolivia”, son un sentir común que crece y es parte de la lucha que se vive.
También afirma que el desprecio por la prenda es de los golpistas e imperialistas, pues lo que hacen es declarar la guerra contra los pueblos originarios.
"Hagamos juntos un gran wiphalazo”
Organismos de Derechos Humanos convocaron a una marcha por Bolivia
PÀGINA 12 - 16 de noviembre de 2019
Imagen: Joaquín Salguero
“La
respuesta que dio el Gobierno Nacional fue clara: nunca reconoció que
lo que sucede en Bolivia es un golpe de Estado”, dijo con contundencia Estela de Carlotto.
El marco fue la conferencia de prensa convocada ayer por Abuelas,
Madres Línea Fundadora, Familiares y la APDH, enttre otros organismos de
Derechos Humanos. “Denunciamos las violaciones a los Derechos Humanos
en Bolivia y repudiamos una vez más el golpe cívico, policial y militar,
orquestado por los Estados Unidos”, decía el documento que leyeron.
Finalmente convocaron a una marcha para el próximo lunes en Plaza de
Mayo, a la que asistirán organizaciones sindicales, políticas y
culturales. “Así cómo hicimos el pañuelazo frente al dos por uno, el lunes hagamos juntos un gran wiphalazo”, gritó Taty Almeida.
“Desde el Gobierno dijeron claramente que no era conveniente darle ningún tipo de protección a Evo, por eso tuvo que irse a México. Pero sabemos que en cuanto Alberto esté como presidente, se van a abrir los brazos de la Argentina para recibirlo en nuestro país”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La acompañaron entre otros la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, Vera Jarach de Madres Línea Fundadora, Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Horacio Verbitsky, presidente del Cels, Carlos Pisoni de H.I.J.O.S., María Elena Naddeo de la APDH.
Además de repudiar el Golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el Estado Plurinacional de Bolivia, los organismos presentes hicieron un pedido concreto: “Requerimos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales que desconozcan a la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez, nombrada por una cúpula militar, y/o a cualquier autoridad surgida de la ilegitimidad de un golpe de Estado de sectores civiles, militares y policiales. Solicitamos, además, que exijan que se permita sesionar a la Asamblea Legislativa para que la crisis política tenga un cauce institucional adecuado”.
También criticaron la postura tomada por la OEA: “en vez de promover la democracia y la gobernabilidad, este organismo, bajo la clara influencia de Estados Unidos, dirigió sus acciones hacia la desestabilización de un Presidente con mandato vigente, a tal punto que no lo respaldó cuando Morales decidió convocar a nuevas elecciones”. Luego denunciaron que “hace tiempo ya que su Secretario General, Luis Almagro, ha demostrado que actúa bajo un marcado prejuicio ideológico, quebrantado todos los principios que deben regir a la OEA”.
Tras denunciar las violaciones a los DDHH que están sufriendo tanto ex funcionarios del gobierno, como sus familiares, periodistas y el pueblo en general, también subrayaron en el escrito que “el golpe de Estado en Bolivia no es un hecho aislado: hace semanas el pueblo chileno se manifiesta en las calles contra el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y continuado por la presidencia de Sebastián Piñera, quien utiliza a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes contra la población y sostener los privilegios para pocos contra los derechos de todos”.
Vera Jarach también tomó la palabra y señaló que “hay un clima en la región que nos debe tener muy preocupados, porque se parece muchísimo a lo que sucedió en los años 70. Por eso tenemos que repudiar lo de Bolivia y hacer todo lo posible para que se haga justicia y Evo pueda volver al lugar que le corresponde”.
El encuentro concluyó con el testimonio de una mujer boliviana que se encontraba entre el público y que les agradeció a las Abuelas y los distintos Organismos por acompañar a su pueblo. “Estamos viviendo momentos muy duros todos los que tenemos familia allá y queremos agradecer tanto apoyo. Ojalá todo el pueblo boliviano supiera que ustedes nos están apoyando”, dijo entre lágrimas. Todos, también las Abuelas, se pusieron de pie y comenzaron a cantar y aplaudir: “Evo no está solo, carajo”.
Informe: Melisa Molina.
“Desde el Gobierno dijeron claramente que no era conveniente darle ningún tipo de protección a Evo, por eso tuvo que irse a México. Pero sabemos que en cuanto Alberto esté como presidente, se van a abrir los brazos de la Argentina para recibirlo en nuestro país”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La acompañaron entre otros la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, Vera Jarach de Madres Línea Fundadora, Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Horacio Verbitsky, presidente del Cels, Carlos Pisoni de H.I.J.O.S., María Elena Naddeo de la APDH.
Además de repudiar el Golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el Estado Plurinacional de Bolivia, los organismos presentes hicieron un pedido concreto: “Requerimos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales que desconozcan a la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez, nombrada por una cúpula militar, y/o a cualquier autoridad surgida de la ilegitimidad de un golpe de Estado de sectores civiles, militares y policiales. Solicitamos, además, que exijan que se permita sesionar a la Asamblea Legislativa para que la crisis política tenga un cauce institucional adecuado”.
También criticaron la postura tomada por la OEA: “en vez de promover la democracia y la gobernabilidad, este organismo, bajo la clara influencia de Estados Unidos, dirigió sus acciones hacia la desestabilización de un Presidente con mandato vigente, a tal punto que no lo respaldó cuando Morales decidió convocar a nuevas elecciones”. Luego denunciaron que “hace tiempo ya que su Secretario General, Luis Almagro, ha demostrado que actúa bajo un marcado prejuicio ideológico, quebrantado todos los principios que deben regir a la OEA”.
Tras denunciar las violaciones a los DDHH que están sufriendo tanto ex funcionarios del gobierno, como sus familiares, periodistas y el pueblo en general, también subrayaron en el escrito que “el golpe de Estado en Bolivia no es un hecho aislado: hace semanas el pueblo chileno se manifiesta en las calles contra el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y continuado por la presidencia de Sebastián Piñera, quien utiliza a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes contra la población y sostener los privilegios para pocos contra los derechos de todos”.
Vera Jarach también tomó la palabra y señaló que “hay un clima en la región que nos debe tener muy preocupados, porque se parece muchísimo a lo que sucedió en los años 70. Por eso tenemos que repudiar lo de Bolivia y hacer todo lo posible para que se haga justicia y Evo pueda volver al lugar que le corresponde”.
El encuentro concluyó con el testimonio de una mujer boliviana que se encontraba entre el público y que les agradeció a las Abuelas y los distintos Organismos por acompañar a su pueblo. “Estamos viviendo momentos muy duros todos los que tenemos familia allá y queremos agradecer tanto apoyo. Ojalá todo el pueblo boliviano supiera que ustedes nos están apoyando”, dijo entre lágrimas. Todos, también las Abuelas, se pusieron de pie y comenzaron a cantar y aplaudir: “Evo no está solo, carajo”.
Informe: Melisa Molina.
La wiphala invade Argentina
©
Sputnik / Francisco Lucotti
02:57 19.11.2019(actualizada a las 09:47 19.11.2019) SPUTNIK NEWS
Por Francisco Lucotti
El
feriado del 18 de noviembre fue el día elegido por la colectividad
inmigrante y organizaciones sociales para una masiva, emocionante y
colorida movilización hacia la Plaza de Mayo, centro político de Buenos
Aires, en repudio del golpe de Estado en Bolivia y la represión en el
país vecino.
El
bombo de cuero latía como un corazón, acompañado por el rápido rasgueo
del charango (pequeña guitarra andina), mientras el dulce y aireado
sonido la quena (flauta hecha de cañas) silvaba una melodía en honor a la Pachamama, deidad de la madre tierra venerada en el altiplano; melodía que se volvía canto en la voz de cientos de manifestantes.
Una rapsodia de amor y unidad se transformó en un canto de guerra, un
grito por el honor de un pueblo de sangre y pasado indígena que pide no
volver atrás, a los años de opresión, racismo y sumisión que el Gobierno de facto de Bolivia pareciera querer reinstalar a través de la violencia.
En un nuevo acto de rechazo al golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales, las calles de Buenos Aires volvieron a colmarse de manifestantes en una marcha y acto multitudinario a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino.
En un nuevo acto de rechazo al golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales, las calles de Buenos Aires volvieron a colmarse de manifestantes en una marcha y acto multitudinario a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino.
"No queremos que haya más muertos en Bolivia, queremos la paz y que la prensa tenga la libertad de trabajar. Queremos que se muestre a todos los hermanos muertos en Cochabamba y en La Paz, que este Gobierno dictador no está dejando. En los canales de Bolivia solo pasan dibujos animados", denunció a Sputnik Juan, referente de la organización Frente Nacional Movimientos del Sur.Una gran parte de la colectividad boliviana, que cuenta con alrededor de 400.000 personas viviendo en Argentina, estuvo presente y acompañada por miles de argentinos, muchos de ellos militantes de numerosas organizaciones sociales, populares, de derechos humanos y de pueblos originarios.
"Hoy decimos basta a la xenofobia y el racismo que instalaron Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho [líderes opositores a Evo Morales]. Estamos hermanos y hermanas en pie de lucha, no vamos a bajar los brazos hasta que la violencia cese en Bolivia", dijo a Sputnik Sandra Carreño, secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa en Argentina.La whiphala, la bandera multicolor que representa a aymaras y quechuas del área andina de América del sur, así como la tricolor de Bolivia pintaron las calles de Buenos Aires desde el mediodía hasta entrada la tarde en un fluir constante de personas que confluyó en un acto que tuvo presentaciones musicales, en un día de calor sofocante que también tuvo unos minutos de tormenta torrencial y granizo.
(Chile) Cañete: Derriban estatuas de Pedro de Valdivia y García Hurtado de Mendoza
Opazo
02/11/2019 - EL CIUDADANO (Chile)
@_Aukin
Durante la jornada de este sábado, las estatuas de Pedro de Valdivia y
de García Hurtado de Mendoza, ubicadas en la plaza de Cañete, fueron
derribadas por un grupo de personas, según consignó Radio Biobío.
De acuerdo al reporte de la emisora, cerca de 500 comuneros mapuche llegaron al sector a participar en una marcha convocada en la zona. En este contexto, los bustos fueron arrancados de sus bases, rayados y lanzados al piso.
De acuerdo al reporte de la emisora, cerca de 500 comuneros mapuche llegaron al sector a participar en una marcha convocada en la zona. En este contexto, los bustos fueron arrancados de sus bases, rayados y lanzados al piso.
Radio Biobío
Radio Biobío
"Queríamos hacer respetar nuestros derechos, pero no nos han entendido, nos han gasificado y después de eso nos han metido bala"
https://www.facebook.com/lid.
Soldados en la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, donde fallecieron seis manifestantes, 20 de noviembre de 2019.Aizar Raldes / AFP
En este sentido, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas y anular la vigencia del decreto
que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que
participan "en los operativos de restablecimiento y estabilidad del
orden interno".
"Tras el decreto gubernamental, recordamos a Bolivia que los militares no deberían ejercer tareas policiales. Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de Derechos Humanos. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza", instó en Twitter la ONU.
Fuerzas de seguridad durante la protesta en Senkata, El Alto, Bolivia, el 19 de noviembre de 2019David Mercado / Reuters
Además, la jefa de la Defensoría del Pueblo ha reiterado su anterior
petición, dirigida a la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine
Áñez, de anular la vigencia del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participan "en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno", y que ha sido calificado por el presidente dimitido, Evo Morales, de "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
La defensora del Pueblo ha tachado de "insulsa" la vigencia de este polémico decreto y ha indicado que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con una solicitud para reconocerlo contrario a la constitucionalidad y dejar claro, de este modo, que "los hechos que están ocurriendo el día de hoy, de muertes y heridos no van a quedar en la impunidad".
"Recordar a la Policía y a los militares que no hay decreto, ley, ni Constitución que los salve de un juicio penal ordinario de estos casos, es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio, sin perseguir, ni intervenir, sin balas, ni muertos", ha señalado Cruz.
En ese sentido, ha llamado a las autoridades de facto a evitar las acciones y discursos que puedan promover la persecución de dirigentes de protesta social y la criminalización de los grupos que rechazan a la autoproclamada presidenta Áñez.
En conclusión, la defensora del Pueblo ha opinado que desmovilizar a las FF.AA. podría convertirse en un primer paso del Gobierno de facto en el camino de un acercamiento e inicio de un diálogo con el objetivo de buscar la pacificación de Bolivia.
CHILE
Este miércoles, la Mesa del Sector Público concretó
una nueva jornada de paralización nacional, esta vez, debido a las
graves violaciones a Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado
contra miles de chilenos en el contexto de las manifestaciones
ciudadanas.
URUGUAY
MARGARITAS
18 de noviembre de 2019, 23:02hs - LR 21
Próximo a la hora 19 se realizó una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo para luego marchar rumbo a Plaza Libertad, bajo la consigna: “Hasta encontrar a todas y todos los compañeros y compañeras”.
La “Marcha de las Margaritas” fue convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).
“En el marco de las elecciones nacionales entendemos que es fundamental para nuestro país reivindicar, junto a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la verdad y la justicia”, indicaron los organizadores a través de un comunicado.
La Marcha de las Margaritas, en honor al símbolo de Madres, es parte de una lucha consecuente para que “nunca más haya retrocesos en el derecho y la justicia de nuestro país”, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la pasada dictadura.
“Por tal motivo, pretendimos instalar el tema en el debate público antes de la segunda vuelta electoral del próximo domingo 24”, dijo Errandonea en declaraciones a la prensa.
Marcha de las Margaritas, ayer, por 18 de Julio.
De acuerdo al mismo medio, el tránsito
vehicular fue interrumpido en el sector, y un contingente de carabineros
se encontraba a la espera de la realización de la convocatoria.
Finalmente, a eso de las 12:40 horas, la emisora en la zona reportó
algunos incidentes cuando la marcha transitaba a la altura de la Conadi.
Actualizado: El operativo represivo en El Alto ayer dejó al menos seis muertos
por Agencias / Marco Teruggi / La Haine
LA HAINE - 20/11/2019
"Nos
matan. Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado". "Han
sacado combustible a fuerza de bala, gases y con una violencia
increíble"
Los
manifestantes bolivianos, que se encuentran en El Alto, bastión de
movimientos campesinos e indígenas que apoyan al presidente Evo
Morales, denunciaron este martes en declaraciones el uso
desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía contra
los participantes en las marchas de protesta en esa zona.
"Aquí nos están matando como a perros, como a un animal", dijo Silverio, un residente local, quien tiene a su cuñado en urgencias debatiéndose entre la vida y la muerte y "ha visto con sus propios ojos" cómo disparaban contra los manifestantes.
El hombre recrimina al gobierno en transición la brutal represión: "Nos matan. Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado".
"Han sacado combustible a fuerza de bala, gases y con una violencia increíble", relató, por su parte, otro manifestante. "Nos han pisoteado nuestra dignidad como indígenas originarios", señaló una mujer.
Previamente, la Defensoría del Pueblo informó que el operativo militar y policial realizado este 19 de noviembre en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, dejó al menos 6 personas muertas y decenas de heridos.
Evo se pronuncia
Este organismo, asimismo, reportó la necesidad urgente de médicos, medicamentos y ambulancias para atender a unos 30 heridos en ese operativo.
El depuesto presidente, Evo Morales, a través de Twitter, denunció esta acción policial y militar: "El gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia".
En otra publicación posterior, el dimitido mandatario denunció que "la dictadura de Mesa, Camacho, Áñez y sus cómplices, Albarracín y Villena, provocó hoy seis muertes de hermanos alteños en una operación coordinada con EE.UU.". "Que las nuevas generaciones y el mundo sepan que así actúa la derecha sumisa a las políticas genocidas contra el pueblo humilde", concluyó.
17:00. Están matando a la gente en El Alto con una represión militarizada
Los militares están disparando desde helicópteros a los manifestantes en Senkata (oeste de Bolivia) y ya hay más de 10 fallecidos, dijo a Sputnik la dirigente social y defensora de derechos humanos Bettyna Valencia.
Manifestantes que se encontraban en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, fueron reprimidos este martes por agentes policiales con tanquetas y helicópteros militares.
La Defensoría del Pueblo ha confirmado que al menos tres personas murieron producto del ataque militar y al menos otras 30 resultaron heridas. Las tres personas han muerto producto de impacto con arma de fuego militar.
Asimismo, el hospital Corazón de Jesús emitió un comunicado que indica que muchas personas llegaron gravemente heridas después del ataque policial.
Producto de la arremetida de fuerzas represivas contra la población, la Defensoría del Pueblo solicitó atención médica urgente a los protestantes, "se necesita Médicos, Medicamentos y Ambulancias para atender a los heridos que se encuentran en el Centro de Salud Panorámica II de Senkata- El Alto", agregan.
Según testimonios de la comunidad, un enorme contingente de la
policía llegó para atacar con gases lacrimógenos y disparos contra
masivas concentraciones que se mantienen en vigilia a las afueras de la
distribuidora de combustible para no permitir la salida de camiones que
buscan abastecer a La Paz.
Con el propósito de intensificar la represión, el Gobierno de facto militarizó las zonas de Senkata en El Alto y Plaza Murillo en La Paz, y sobrevuelan las regiones de mayores concentraciones populares.
Un manifestante afirmó que son cuatros la personas muertas, sin embargo, la información hasta el momento no ha sido confirmada.
Previo al golpe de Estado, grupos derechistas habían tomado la plata de hidrocarburos aludiendo una "medida de presión para que se restituyera la democracia". Ahora el pueblo responde con la misma medida, pero esta vez luchando por democracia real.
La Defensoría del Pueblo estima que desde el golpe de Estado, 24 personas han fallecido, 50 permanecen detenidas y 715 heridas.
En un momento, para repudiar los ataques a balazos, varios pobladores volaron con dinamita una de las paredes de la planta de YPFB.
“¡Nos están matando!”, alertó un vecino en cercanías de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. La tensión ha vuelto al lugar y hasta después del mediodía continuaban los intentos de los campesinos de rodear el perímetro del centro de carburantes en medio del estruendo de explosiones y de disparos. Según versiones de los vecinos, los fallecidos son más.
En varios videos difundidos por manifestantes a través de Whatsapp se
ve a los militares en esa zona abrir fuego contra los manifestantes,
varios heridos y al menos un hombre con una hemorragia por un disparo.
Tras la salida del convoy volvió la tensión en lugar. Los movilizados reactivaron los puntos de bloqueo con fogatas. Otro grupo intentó nuevamente dañar la pared con la cual se resguarda la planta y logró derribar una parte.
En el otro extremo de la urbe, en la zona de Río Seco, otro grupo de vecinos en lucha comenzó a apedrear algunos vehículos que circulaban en el lugar para romper el paro de actividades convocado por una coordinadora que articula las protestas en ese sector.
Después que la policía masacró a pobladores de Senkata, el ministro de Hidrocarburos, Victor Hugo Zamora, informó que unas pocas cisternas lograron salir de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hacia La Paz para romper el férreo bloqueo que ya está produciendo desabastecimiento.
Un fuerte contingente militar y policial abrió el camino a alrededor de 20 cisternas y camiones que transportan gasolina, diesel y gas.
"Aquí nos están matando como a perros, como a un animal", dijo Silverio, un residente local, quien tiene a su cuñado en urgencias debatiéndose entre la vida y la muerte y "ha visto con sus propios ojos" cómo disparaban contra los manifestantes.
El hombre recrimina al gobierno en transición la brutal represión: "Nos matan. Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado".
"Han sacado combustible a fuerza de bala, gases y con una violencia increíble", relató, por su parte, otro manifestante. "Nos han pisoteado nuestra dignidad como indígenas originarios", señaló una mujer.
Previamente, la Defensoría del Pueblo informó que el operativo militar y policial realizado este 19 de noviembre en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, dejó al menos 6 personas muertas y decenas de heridos.
Evo se pronuncia
Este organismo, asimismo, reportó la necesidad urgente de médicos, medicamentos y ambulancias para atender a unos 30 heridos en ese operativo.
El depuesto presidente, Evo Morales, a través de Twitter, denunció esta acción policial y militar: "El gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia".
En otra publicación posterior, el dimitido mandatario denunció que "la dictadura de Mesa, Camacho, Áñez y sus cómplices, Albarracín y Villena, provocó hoy seis muertes de hermanos alteños en una operación coordinada con EE.UU.". "Que las nuevas generaciones y el mundo sepan que así actúa la derecha sumisa a las políticas genocidas contra el pueblo humilde", concluyó.
17:00. Están matando a la gente en El Alto con una represión militarizada
Los militares están disparando desde helicópteros a los manifestantes en Senkata (oeste de Bolivia) y ya hay más de 10 fallecidos, dijo a Sputnik la dirigente social y defensora de derechos humanos Bettyna Valencia.
"En Senkata nos están matando, disparando, hay muchas personas que están muertas. La policía se llevó a tres, los van a hacer desaparecer. Había 32 personas muertas en total pero aquí hay más de diez. Nos están disparando por helicóptero, están todos armados, están desquiciados", dijo Valencia con la voz entrecortada a Sputnik.Valencia dijo entre sollozos que se había refugiado en una tienda mientras se desataba la represión.
Manifestantes que se encontraban en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, fueron reprimidos este martes por agentes policiales con tanquetas y helicópteros militares.
La Defensoría del Pueblo ha confirmado que al menos tres personas murieron producto del ataque militar y al menos otras 30 resultaron heridas. Las tres personas han muerto producto de impacto con arma de fuego militar.
Asimismo, el hospital Corazón de Jesús emitió un comunicado que indica que muchas personas llegaron gravemente heridas después del ataque policial.
Producto de la arremetida de fuerzas represivas contra la población, la Defensoría del Pueblo solicitó atención médica urgente a los protestantes, "se necesita Médicos, Medicamentos y Ambulancias para atender a los heridos que se encuentran en el Centro de Salud Panorámica II de Senkata- El Alto", agregan.
Con el propósito de intensificar la represión, el Gobierno de facto militarizó las zonas de Senkata en El Alto y Plaza Murillo en La Paz, y sobrevuelan las regiones de mayores concentraciones populares.
Un manifestante afirmó que son cuatros la personas muertas, sin embargo, la información hasta el momento no ha sido confirmada.
Previo al golpe de Estado, grupos derechistas habían tomado la plata de hidrocarburos aludiendo una "medida de presión para que se restituyera la democracia". Ahora el pueblo responde con la misma medida, pero esta vez luchando por democracia real.
La Defensoría del Pueblo estima que desde el golpe de Estado, 24 personas han fallecido, 50 permanecen detenidas y 715 heridas.
En un momento, para repudiar los ataques a balazos, varios pobladores volaron con dinamita una de las paredes de la planta de YPFB.
“¡Nos están matando!”, alertó un vecino en cercanías de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. La tensión ha vuelto al lugar y hasta después del mediodía continuaban los intentos de los campesinos de rodear el perímetro del centro de carburantes en medio del estruendo de explosiones y de disparos. Según versiones de los vecinos, los fallecidos son más.
"¿Qué está esperando Evo Morales para tomar el palacio de Gobierno de nuevo? ¿Por qué los países de Latinoamérica no están haciendo nada y están dejando que maten a la gente como en la época de Adolf Hitler?", dijo Valencia.Los represores consiguen que salga un mínimo convoy con combustible
Tras la salida del convoy volvió la tensión en lugar. Los movilizados reactivaron los puntos de bloqueo con fogatas. Otro grupo intentó nuevamente dañar la pared con la cual se resguarda la planta y logró derribar una parte.
En el otro extremo de la urbe, en la zona de Río Seco, otro grupo de vecinos en lucha comenzó a apedrear algunos vehículos que circulaban en el lugar para romper el paro de actividades convocado por una coordinadora que articula las protestas en ese sector.
Después que la policía masacró a pobladores de Senkata, el ministro de Hidrocarburos, Victor Hugo Zamora, informó que unas pocas cisternas lograron salir de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hacia La Paz para romper el férreo bloqueo que ya está produciendo desabastecimiento.
Un fuerte contingente militar y policial abrió el camino a alrededor de 20 cisternas y camiones que transportan gasolina, diesel y gas.
Dirigente social: militares disparan desde helicóptero a manifestantes en Bolivia
19 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN (HONDURAS)
MONTEVIDEO, URUGUAY
(Spútnik) Los militares están disparando desde helicópteros a los manifestantes en Senkata (oeste de Bolivia) y ya hay más de 10 fallecidos, dijo a Spútnik la dirigente social y defensora de derechos humanos Bettyna Valencia.
«En Senkata nos están matando, disparando, hay muchas personas que están muertas. La policía se llevó a tres, los van a hacer desaparecer. Habían 32 personas muertas pero aquí hay más de diez. Nos están disparando por helicóptero, están todos armados, están desquiciados», dijo Valencia con la voz entrecortada a Spútnik.
Valencia dijo entre sollozos que se había refugiado en una tienda mientras se desataba la represión.
Al responder a una llamada de Spútnik, Valencia, quien ha participado en más de 25 marchas con los sectores indígenas desde que Evo Morales (2006-2019) renunció a la presidencia el 10 de noviembre, solo pudo decir «nos están matando a todos, estoy escondida, el teléfono está intervenido, no puedo hablar».
Luego dijo en audios de la plataforma Whatsapp una y otra vez que se está produciendo una «masacre».
La escasez de gasolinas, diésel y gas domiciliario envasado en La Paz comenzó a sentirse desde principios de la semana pasada pero se agravó el jueves cuando los bloqueos antigubernamentales en la zona de El Alto se extendieron hasta los accesos a Senkata, una gran planta de despacho de combustibles que sirve a ambas ciudades y provincias cercanas.
En varios videos difundidos por manifestantes a través de Whatsapp se ve a los militares en esa zona abrir fuego contra los manifestantes, varios heridos y al menos un hombre con una hemorragia por un disparo.
«¿Qué está esperando Evo Morales para tomar el palacio de Gobierno de nuevo? ¿Por qué los países de Latinoamérica no están haciendo nada y están dejando que maten a la gente como en la época de Adolf Hitler? Como hacían con los judíos, ahora lo hacen con los indios y campesinos de Bolivia. La gente indígena, de tez morena, está siendo masacrada de tal manera que si ven que hay un blanco, lo protegen», dijo a Spútnik Valencia.
El lunes la activista boliviana Adriana Guzmán, de la comunidad aymara e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal, dijo a Spútnik que en Bolivia ocurren detenciones arbitrarias, torturas y hacinamiento de detenidos.
«Hay detenciones ilegales; solo en el centro de La Paz hay 75 detenidos; no se les permite el uso del baño (…) han sido golpeados; hay 55 hombres y 20 mujeres, han sido torturados y obligados a declarar cosas falsas, como que traían piedras en la mochila», dijo Guzmán a Spútnik sobre arrestos llevados a cabo por las autoridades.
Bolivia está sumergida en una crisis política desde que Morales renunció a la presidencia, presionado por las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.
Tras la partida de Morales hacia el exilo en México, que le otorgó asilo, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del parlamento que no tenían el quórum requerido.
La investidura de facto de Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis, entre ellos al menos 9 fallecidos y 122 heridos por represión combinada de la policía y fuerzas armadas desde el viernes, cuando los uniformados arremetieron contra una marcha de cocaleros en el departamento boliviano de Cochabamba (centro).
(Spútnik) Los militares están disparando desde helicópteros a los manifestantes en Senkata (oeste de Bolivia) y ya hay más de 10 fallecidos, dijo a Spútnik la dirigente social y defensora de derechos humanos Bettyna Valencia.
«En Senkata nos están matando, disparando, hay muchas personas que están muertas. La policía se llevó a tres, los van a hacer desaparecer. Habían 32 personas muertas pero aquí hay más de diez. Nos están disparando por helicóptero, están todos armados, están desquiciados», dijo Valencia con la voz entrecortada a Spútnik.
Valencia dijo entre sollozos que se había refugiado en una tienda mientras se desataba la represión.
Al responder a una llamada de Spútnik, Valencia, quien ha participado en más de 25 marchas con los sectores indígenas desde que Evo Morales (2006-2019) renunció a la presidencia el 10 de noviembre, solo pudo decir «nos están matando a todos, estoy escondida, el teléfono está intervenido, no puedo hablar».
Luego dijo en audios de la plataforma Whatsapp una y otra vez que se está produciendo una «masacre».
La escasez de gasolinas, diésel y gas domiciliario envasado en La Paz comenzó a sentirse desde principios de la semana pasada pero se agravó el jueves cuando los bloqueos antigubernamentales en la zona de El Alto se extendieron hasta los accesos a Senkata, una gran planta de despacho de combustibles que sirve a ambas ciudades y provincias cercanas.
En varios videos difundidos por manifestantes a través de Whatsapp se ve a los militares en esa zona abrir fuego contra los manifestantes, varios heridos y al menos un hombre con una hemorragia por un disparo.
«¿Qué está esperando Evo Morales para tomar el palacio de Gobierno de nuevo? ¿Por qué los países de Latinoamérica no están haciendo nada y están dejando que maten a la gente como en la época de Adolf Hitler? Como hacían con los judíos, ahora lo hacen con los indios y campesinos de Bolivia. La gente indígena, de tez morena, está siendo masacrada de tal manera que si ven que hay un blanco, lo protegen», dijo a Spútnik Valencia.
El lunes la activista boliviana Adriana Guzmán, de la comunidad aymara e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal, dijo a Spútnik que en Bolivia ocurren detenciones arbitrarias, torturas y hacinamiento de detenidos.
«Hay detenciones ilegales; solo en el centro de La Paz hay 75 detenidos; no se les permite el uso del baño (…) han sido golpeados; hay 55 hombres y 20 mujeres, han sido torturados y obligados a declarar cosas falsas, como que traían piedras en la mochila», dijo Guzmán a Spútnik sobre arrestos llevados a cabo por las autoridades.
Bolivia está sumergida en una crisis política desde que Morales renunció a la presidencia, presionado por las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.
Tras la partida de Morales hacia el exilo en México, que le otorgó asilo, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del parlamento que no tenían el quórum requerido.
La investidura de facto de Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis, entre ellos al menos 9 fallecidos y 122 heridos por represión combinada de la policía y fuerzas armadas desde el viernes, cuando los uniformados arremetieron contra una marcha de cocaleros en el departamento boliviano de Cochabamba (centro).
Los cocaleros de Bolivia continuarán con las protestas pese a los muertos por la represión
La respuesta de la policía y el ejército contra un
sector productor de hoja de coca afín a Evo Morales deja un saldo de
nueve muertos en el gremio. En total, se estima que han perdido la vida
23 personas durante las protestas en el país.
Imágenes del funeral de los cocaleros fallecidos por la represión de las autoridades bolivianas. / A. Favio Rodríguez
Cochabamba (Bolivia)
19/11/2019 14:44 - A. Favio Rodríguez R. - PÙBLICO
Humberto Mamani carga una
pena. Carga tristeza, bronca y llanto. En su hombro derecho sostiene en
alto, junto a otros cinco hombres, el ataúd de César Cipe, uno de los
nueve productores de coca que falleció en medio de la represión del
ejército y la policía hacia los manifestantes que protestaban contra el mandato de la autoproclamada presidenta
interina del país amazónico-andino, Jeanine Áñez. Fue el resultado de
otra jornada violenta que llenó de luto el municipio de Sacaba el pasado
viernes, en Cochabamba –ciudad al centro de Bolivia–.
En medio de cientos de personas afines al
expresidente Evo Morales, otros cuatro ataúdes se podían ver a la
distancia, separados entre la muchedumbre que marchaba por la avenida.
“¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!”, se escuchaba en un grito
estruendoso. El malestar de la gente se podía resumir en la leyenda de
un pasacalle, pintado con un aerosol rojo, que rezaba: “Justicia para
nuestros muertos”.
El jueves 14 de noviembre se había anunciado que una
marcha se llevaría a cabo desde el municipio de Sacaba, parte de la
provincia Chapare –región que catapultó a Morales al escenario
político–, hacia la ciudad de Cochabamba. El objetivo de esta
movilización era la realización de una junta en la plaza principal de la
metrópoli que determinaría las acciones a tomar para continuar con las protestas contra el mandato interino de Áñez.
Posterior a la multitudinaria reunión, el plan del sector productor de hoja de coca era
desplazarse a La Paz, la sede de Gobierno, para unirse a los otros
colectivos que se estuvieron manifestando los últimos días exigiendo el
retorno de Morales y el “respeto a la democracia”. Sin embargo, debido a
que un par de semanas antes partidarios y opositores a Morales tuvieron
choques violentos en Cochabamba, el ejército decidió establecer un
cerco a dos kilómetros de Sacaba para evitar el desplazamiento de los
cocaleros.
Las protestas se han cobrado ya la vida de 23 personas en Bolivia. / A. Favio Rodríguez
Desde muy temprano en la mañana hasta el mediodía del
jueves, la tensión se hizo sentir en la zona de Huayllani, donde se
plantó el ejército. Se temía que la situación pudiera escalar
rápidamente y acabar en otro hecho violento desde que la crisis
postelectoral del país inició después del 20 de octubre. Ante el fuerte
cerco, los movimientos sociales del trópico cochabambino no forzaron su paso.
Una fuerte lluvia que se extendió al menos durante casi una hora calmó
los ánimos. Decidieron replegarse y continuaron con su marcha entre las
calles del municipio de Sacaba. No lo anunciaron, pero regresarían al
día siguiente para poder cumplir con su objetivo.
El viernes se volvió a registrar otro careo
entre la policía, el ejército y los manifestantes, caracterizados por su
obstinación y determinación. Solicitaron nuevamente el paso para
acceder a la ciudad, pedido que les fue denegado. A medida que pasaban
las horas, la tensión incrementaba. Era como un cóctel molotov sin
ningún margen más que estallar tarde o temprano.
Las Seis Federaciones del Trópico, el ente matriz de
Morales, se mantenían firmes frente a las fuerzas del orden. Cantaron el
himno nacional y la desesperación pudo más que cualquier razonamiento.
El diálogo, como última instancia, fracasó y los cocaleros rompieron el primer cerco alrededor de las 17.00
(hora local). La respuesta inmediata fue el uso de agentes químicos
para dispersar y reprimir a los manifestantes. En medio de gritos,
mientras las latas de gas lacrimógeno nublaban todo alrededor, los
campesinos empezaron a correr con desesperación en busca de resguardo.
La carga del ejército contra los productores de coca
Selina Torrico, una mujer agricultora de 45 años,
había llegado apenas unos momentos antes de que rompieran el primer
cerco. Bajó del bus que la dejó en la intersección que separaba a los
manifestantes del bloqueo de la policía para unirse a sus compañeros en
la protesta. Sin saber qué pasaba, empezó a lagrimear y a atorarse por
el efecto del gas lacrimógeno. Empezó a correr sin rumbo, siguiendo a
las siluetas que veía moverse. Había mujeres con niños en sus brazos
escapando.
"A los hombres les pegaron con palos, con fierros, con cualquier cosa que encontraron a la mano", Selina Torrico, manifestante
Logró
ocultarse con otro grupo de mujeres en un casa, donde las encontraron
un grupo de soldados. Un integrante del cuerpo de seguridad la sostuvo
con fuerza de su muñeca y comenzó a jalonearla violentamente de un lado a
otro, “como si fuéramos trapos”, cuenta. “Nos han puesto de rodillas y
con una patada me empujaron al suelo. A los hombres les pegaron con
palos, con fierros, con cualquier cosa que encontraron a la mano.
‘Buenos son para marchar, ¿no? Disque pacifistas habían sido, ¿no?’,
gritaban mientras nos pateaban y nos llevaban para detenernos”, recuerda
Torrico con la voz entrecortada, casi por quebrarse en llanto.
Sonia Rodríguez, una mujer cocalera, comenzó a
correr cuando vio las latas de gas lacrimógeno cayendo del cielo. Se
giró en dirección opuesta inmediatamente y mientras se desplazaba lo más
rápido que pudo, escuchó un disparo. No se giró, “ni por si
acaso”, según recuerda. Se tiró al suelo y se oía a un helicóptero
sobrevolar el área. “Parecía una guerra entre dos países diferentes”,
afirma.
Apenas una hora después, a eso de las 18.00, el hospital México, en Sacaba, estaba colapsado.
Una joven médica trataba de parar el sangrado de la cabeza de un
hombre, mientras gritaba desesperada “¡alguien que no esté haciendo nada
para darme una mano!”. Su pedido se perdió en medio del caos y los
alaridos de las personas que no paraban de llegar al centro médico. Las
camillas y sillas de ruedas no alcanzaron para la cantidad de gente que
seguía tratando de ingresar al sanatorio. En los alrededores de la
entrada había colchones en el piso con heridos siendo atendidos por
enfermeras y personal médico, que no alcanzaban para apaciguar el caos.
El mismo escenario se repetía en las diferentes clínicas de Cochabamba
durante el transcurso de la noche.
El duelo por los fallecidos
Después de la confusión y el desorden llegó el
silencio. Los hospitales se vaciaron, ya no había gente gritando o
preguntando por sus familiares. Muy pocos llegaban para ver las listas
de heridos en los diferentes centros médicos, esperando que el nombre de
sus seres queridos no figure en ellas. Los cinco fallecidos ya
estaban de vuelta en Huayllani. En medio de la avenida, entre barricadas
y fogatas para protegerse y no sentir el frío, las personas murmullaban
alrededor de los cinco ataúdes que estaban colocados lado a lado. Cada
caja de madera tenía su arreglo floral encima, la wiphala, una decena de
velas que se iban consumiendo y latas usadas de gas lacrimógeno y
casquillos de balas que medían por lo menos 10 centímetros.
Los cocaleros despidieron a sus fallecidos, pero continuarán con las protestas. / A. Favio Rodríguez
A
lo lejos, se podía escuchar a una mujer que gritaba en quechua sin
poder contener el llanto. “Nosotros como gente campesina mantenemos a
los pueblos, a las ciudades con nuestro trabajo, sembrando papa, arveja
[guisante], para que en las ciudades puedan comer. Nosotros queríamos
hacer respetar nuestros derechos, pero no nos han entendido, nos han
gasificado y después de eso nos han metido bala. Tenemos muertos y
cualquier cantidad de heridos. Ahora nosotros qué culpa tenemos para que
nos hagan esto”, continuaba inconsolable con su reclamo.
Desde que comenzó la crisis política en Bolivia, el conflicto se ha cobrado la vida de 23 personas
y se ha registrado más de 715 heridos, según el último informe de la
Defensoría del Pueblo de Bolivia. Respecto a la represión del pasado
viernes, la policía dio a conocer que se encontró al menos a una decena
de cocaleros portando explosivos caseros, dinamita y un par de
escopetas, entre otros objetos contundentes. También argumentaron que la
marcha de los productores de hoja de coca “no tenía nada de pacífica”.
Sin embargo, ante los hechos ocurridos en Sacaba, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos condenó el "uso desproporcionado de
la fuerza militar y policial" y agregó que “el Estado tiene el deber de
respetar el derecho humano a la protesta pacífica”.
A pesar de las pérdidas humanas, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba resolvieron el sábado por la tarde continuar con las medidas de presión hasta que la presidenta interina renuncie. Dijeron adiós a sus compañeros, que vivieron una última noche sin amanecer.
Bolivia: Denuncian más de 30 heridos y 2 muertos por la feroz represión en Senkata (Videos)
Por Red Eco Alternativo
Última actualización Nov 19, 2019
La
planta de YPFB (empresa hidrocarburífera boliviana) en Senkata, en el
distrito 8 de El Alto, se encontraba bloqueada por manifestantes que
piden la renuncia de la autoproclamada presidenta golpista Jeanine Áñez y
luchan contra el golpe de Estado.
Según
los corresponsales en el lugar, tras una brutal represión el Ejército
logró sacar una tanda de camiones de combustible y garrafas, pero luego
los alteños volvieron a bloquear a tres cuadras de la planta. Los
manifestantes se están reagrupando luego de haber sido dispersados por
el enorme operativo militar y policial.
La
Policía disparó gases lacrimógenos desde helicópteros, pero los
manifestantes se reagruparon y tiraron abajo una de las paredes de la
planta con el objetivo de volver a bloquear.
videoshttps://www.facebook.com/lid.
La ONU pide "rendición de cuentas" por las muertes de manifestantes en Bolivia
Publicado:
20 nov 2019 16:50 GMT - RT
El martes, un operativo militar y policial en una planta
de hidrocarburos dejó seis muertos y decenas de heridos.
La
ONU advirtió que "no se puede aceptar" la muerte de manifestantes en
Bolivia y destacó la necesidad de que haya una rendición de cuentas
cuando se registran casos de "violencia o fallecimientos".
En unas declaraciones a la prensa en Nueva York, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó la importancia de permitir las manifestaciones y de que "el Gobierno muestre contención".
Para el portavoz, "ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable" y "en casos de violencia y de fallecimientos debe haber rendición de cuentas".
"Hemos visto reportes de cómo los civiles mueren en las protestas tratando de ejercer su derecho a expresarse y los responsables deben rendir cuentas", reiteró.
Policía
durante una protesta contra el Gobierno de facto en Cochabamba, donde
murieron 9 manifestantes por disparos, 15 de noviembre de 2019.AFPEn
estos momentos, se encuentra en Bolivia el enviado de Naciones
Unidas, Jean Arnault, quien junto a la Conferencia Episcopal Boliviana y
la Unión Europea, mantiene contactos entre las partes con el objetivo
de lograr la pacificación.
Mientras tanto, el martes un operativo policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al dimitido presidente Evo Morales, dejó seis muertos y unas 30 personas heridas.
Los manifestantes, que bloquearon la planta para protestar contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía.
Por su parte, Fernando López, ministro de Defensa del actual Gobierno de facto de Bolivia, aseveró que "de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil" durante el operativo.
En total, desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que dieron inicio a una crisis política, han fallecido 30 personas, y 27 de esas muertes tuvieron lugar tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, según datos de la Defensoría del Pueblo.
En unas declaraciones a la prensa en Nueva York, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó la importancia de permitir las manifestaciones y de que "el Gobierno muestre contención".
Para el portavoz, "ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable" y "en casos de violencia y de fallecimientos debe haber rendición de cuentas".
"Hemos visto reportes de cómo los civiles mueren en las protestas tratando de ejercer su derecho a expresarse y los responsables deben rendir cuentas", reiteró.
"Uso desproporcionado de la fuerza"
Asimismo, comentó que la ONU está "preocupada por los acontecimientos", y pidió a todos los actores que "den una oportunidad al diálogo, incluyendo el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras".Mientras tanto, el martes un operativo policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al dimitido presidente Evo Morales, dejó seis muertos y unas 30 personas heridas.
Los manifestantes, que bloquearon la planta para protestar contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía.
Por su parte, Fernando López, ministro de Defensa del actual Gobierno de facto de Bolivia, aseveró que "de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil" durante el operativo.
En total, desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que dieron inicio a una crisis política, han fallecido 30 personas, y 27 de esas muertes tuvieron lugar tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, según datos de la Defensoría del Pueblo.
"Tras el decreto gubernamental, recordamos a Bolivia que los militares no deberían ejercer tareas policiales. Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de Derechos Humanos. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza", instó en Twitter la ONU.
Defensoría del Pueblo de Bolivia exige al Gobierno de facto desmovilizar al Ejército tras las muertes de civiles en Senkata
Publicado:
20 nov 2019 04:47 GMT - RT
Además, presentó ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional un recurso para reconocer la inconstitucionalidad del
polémico decreto que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad
penal.
La
defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ha exigido al Gobierno de facto este
19 de noviembre desmovilizar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia
después de que se registraran 6 muertes de civiles y unas 30 personas heridas en el marco del operativo militar y policial realizado este martes en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto.
"En este momento, las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano y hay que ser conscientes de que la primera acción de pacificación que tiene que realizar el Estado, es desmilitarizar", ha aseverado Cruz, exigiendo a la Fiscalía y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) investigar lo sucedido y castigar a los responsables.
"En este momento, las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano y hay que ser conscientes de que la primera acción de pacificación que tiene que realizar el Estado, es desmilitarizar", ha aseverado Cruz, exigiendo a la Fiscalía y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) investigar lo sucedido y castigar a los responsables.
La defensora del Pueblo ha tachado de "insulsa" la vigencia de este polémico decreto y ha indicado que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con una solicitud para reconocerlo contrario a la constitucionalidad y dejar claro, de este modo, que "los hechos que están ocurriendo el día de hoy, de muertes y heridos no van a quedar en la impunidad".
"Recordar a la Policía y a los militares que no hay decreto, ley, ni Constitución que los salve de un juicio penal ordinario de estos casos, es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio, sin perseguir, ni intervenir, sin balas, ni muertos", ha señalado Cruz.
En ese sentido, ha llamado a las autoridades de facto a evitar las acciones y discursos que puedan promover la persecución de dirigentes de protesta social y la criminalización de los grupos que rechazan a la autoproclamada presidenta Áñez.
En conclusión, la defensora del Pueblo ha opinado que desmovilizar a las FF.AA. podría convertirse en un primer paso del Gobierno de facto en el camino de un acercamiento e inicio de un diálogo con el objetivo de buscar la pacificación de Bolivia.
Bolivianos relatan cómo fue el operativo policial contra manifestantes en El Alto
En Bolivia, la Defensoría del Pueblo informa con urgencia de la necesidad de médicos y medicamentos para atender a los heridos en la ciudad de El Alto.
Además, confirma a RT que al menos 6 personas murieron durante la operación policial para desbloquear una planta petrolera en esa localidad, que produjo decenas de heridos.
VIDEO:
Enviado por Carlos Mejia
Bolivia. Evo Morales denuncia cerco militar a plaza en La Paz
Por PL
Publicado el Nov 19, 2019
Evo
Morales, desde su asilo en México, denunció que la Plaza Murillo en el
centro de La Paz, se encuentra cercada por tanquetas militares.
‘Denunciamos
ante la comunidad internacional que al viejo estilo de las dictaduras,
la Plaza Murillo se encuentra cercada de tanquetas militares’, escribió
en su cuenta en Twitter.Añadió que ‘el gobierno golpista de
Mesa, Camacho y Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa
Plurinacional. #GolpeDeEstadoEnBolivia.’
Tras la asonada golpista contra Evo Morales el pasado 10 de noviembre, diversos sectores fundamentalmente campesinos, indígenas, docentes y mujeres, iniciaron intensas jornadas de movilizaciones para exigir la renuncia del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.
Bloqueos de carreteras, vigilias, marchas y cabildos son algunas de las formas de protestas, varias de ellas reprimidas por el ejército y la policía.
La autoproclamada mandataria firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados contra las movilizaciones.
‘El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad’, señala.
La orden fue promulgada el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
Asimismo, según la agencia de noticias Fides, ante la salida de carros con GLP y cisternas con combustible, de la planta de Senkata en la ciudad de El Alto, rumbo a La Paz, manifestantes intentaron oponerse, pero fueron dispersados por la Policía que utilizó agentes químicos.
rgh/otf
prensa-latina.cu/index.php?o=Tras la asonada golpista contra Evo Morales el pasado 10 de noviembre, diversos sectores fundamentalmente campesinos, indígenas, docentes y mujeres, iniciaron intensas jornadas de movilizaciones para exigir la renuncia del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.
Bloqueos de carreteras, vigilias, marchas y cabildos son algunas de las formas de protestas, varias de ellas reprimidas por el ejército y la policía.
La autoproclamada mandataria firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados contra las movilizaciones.
‘El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad’, señala.
La orden fue promulgada el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
Asimismo, según la agencia de noticias Fides, ante la salida de carros con GLP y cisternas con combustible, de la planta de Senkata en la ciudad de El Alto, rumbo a La Paz, manifestantes intentaron oponerse, pero fueron dispersados por la Policía que utilizó agentes químicos.
rgh/otf
Por qué Bolivia es una pieza codiciada en plena guerra comercial
El país andino tiene la mayor reserva de litio del
mundo, es un importante productor de gas natural y juega un rol político
dentro de América del Sur y organizaciones como la OEA a favor de
gobiernos como Venezuela.
Gente paseando por las calles con una bandera de Bolivia. / EFE
LA PAZ
14/11/2019 08:56 - DIEGO AITOR SAN JOSÉ - PÚBLICO
Bolivia tiene algo más de
un millón de metros cuadrados de superficie (el doble de España), una
población de 11 millones y no tiene salida al mar. Es el único país de
América del Sur que no tiene una conexión natural directa con el
comercio marítimo lo que ha provocado numerosas tensiones a lo largo de
la historia con Chile. Y, sin embargo, el golpe de Estado que estos
últimos días acabó con los 14 años de gobierno ha ocupado un importante
espacio informativo. ¿Acaso Bolivia tiene algún interés político o económico para la partida global?
La respuesta es sencilla: sí. Esto no quiere decir que haya habido injerencias extranjeras o que no las haya habido. Pero Bolivia es un país que brilla en medio del continente sudamericano.
Uno de los principales motivos para este resplandor es el litio. El
país andino dispone, según cálculos de la empresa estadounidense SRK, 21
millones de toneladas en el salar de Uyuny,
lo que supone la mayor reserva de este metal en el mundo. Este material
es utilizado en la industria del vidrio y cerámica y para las baterías de todo tipo de instrumentos electrónicos como móviles o los coches.
La extracción del litio ha traído varios problemas al gobierno boliviano. El ejecutivo de Evo Morales tenía firmados dos contratos con una empresa alemana y con otra empresa china, la primera para fabricar baterías para el mercado europeo y la segunda para procesar esta materia prima en Asia. Sin embargo, las protestas en la región de Potosí, una de las más pobres del país, obligaron al gobierno a suspender los contratos.
El principal problema punto de fricción fue en el porcentaje de las
regalías, es decir, qué cantidad de la inversión se quedaba en el
territorio. El gobierno estipulado un 3%, algo que no convencía a los potosinos que saben en en otros países la regalía es mayor.
Además del litio, Bolivia dispone de reservas en otros materiales mineros como oro, plata, plomo, cobre y zinc en un yacimiento que según el ex ministro de Minería, César Navarro, tendría un valor de unos 8.800 millones de dólares. Este yacimiento tuvo también su polémica ya que fue una concesión recuperada por Morales
a la empresa canadiense South American Silver que demandó al gobierno
reclamando más de 300 millones de dólares. En 2018, un tribunal falló a
favor del Estado boliviano que solo tuvo que pagar 25 millones.
El gas supone seguramente la joya de la corona
El gas supone seguramente la joya de la corona. Según
estimaciones de la CIA en el año 2017, Bolivia ocupa el número 41 en
cantidad de reservas de gas natural en el mundo. El país recibe en torno a 1.200 millones de euros al año de la exportación de este hidrocarburo a Brasil y Argentina principalmente, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior a mediados de 2019.
Eso sí, en los cuatro primeros meses del año perdió un 30% del valor de
sus ventas, especialmente por la caída de demanda de Brasil, que no
crece económicamente y que ha comenzado a comprar gas licuado a EEUU.
De los gobiernos progresistas que
inundaron el continente en la primera década de los 2000, Evo Morales y
Bolivia eran los más estables
Pero el gas es un valor simbólico para los bolivianos y especialmente para el gobierno de Evo Morales. Su nacionalización en 2006
a partir de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia fue
determinante para el crecimiento del país y para que desde el Estado se
pudieran poner en marcha políticas sociales que redujeran la pobreza a mínimos históricos.
No obstante, esta nacionalización no afectó a la relación con empresas
como Repsol que sigue trabajando en el país y su presidente, Antonio
Brufau, que ahora ven en el derrocamiento del líder indígena un motivo de preocupación.
Más allá de lo económico (que también es político),
Bolivia resulta un país importante en la geoestrategia regional y
mundial. De los gobiernos progresistas que inundaron el continente
en la primera década de los 2000, Evo Morales y Bolivia eran los más
estables, un ejemplo de crecimiento económico y estabilidad política
para una región que había perdido el poder en Brasil, Ecuador, Argentina
y Paraguay y con Venezuela viviendo momentos muy complicados. La
presencia de Morales en el poder era un símbolo en un momento en el que
Argentina vuelve a la izquierda, la derecha chilena está en problemas y
el Frente Amplio de Uruguay se juega su continuidad en semana y media.
Especial es la relación de Bolivia con Venezuela. Morales es un aliado de Maduro en los principales foros internacionales. Por ejemplo, cuando la Organización de Estados Americanos llamó a no reconocer a Maduro, Evo lo calificó de atentado . La autoproclamada nueva presidenta, Jeanine Áñezm
invitó a Juan Guaidó, líder opositor y autoproclamado presidente de
Venezuela, a instalar a un embajador de su gobierno en el país.
Previamente, Guaidó había reconocido Áñez como presidenta de Bolivia.
Qué países han reconocido a Áñez, es una muestra de la geopolítica global.
Donald Trump, Bolsonaro y el propio Guaidó han saludado a la que
consideran nueva mandataria del país. Mientras, países como México,
Rusia o China han desconocido al gobierno surgido del golpe de Estado . Las buenas relaciones con estos dos países en temas comerciales, pero también en cuestiones estratégicas y políticas, son el otro orden mundial
que va contra la hegemonía estadounidense. Un ‘cambio de bando’ por
parte de Bolivia sería un golpe para los intereses de ambas potencias en
la región.
CHILE
La rebelión 18-O cumple un mes y entra a su segunda etapa
By Paul Walder
Noviembre 18, 2019
El
fantasma de Pinochet nuevamente vigila la escena política. Hace su
aparición en las calles, representada con fidelidad en la desatada e
incontrolada violencia policial, en las violaciones a los derechos
humanos y en los poderes del estado, que nos muestran sin pudor su
estructura y sus bases ancladas en la dictadura cívico militar. El
denominado “acuerdo por la paz y una nueva constitución” evacuado por el
Legislativo el jueves pasado, publicitado por sus gestores como el
verdadero fin de la presencia de Pinochet en la política chilena, como
el fin de la transición, ha demostrado con el paso de las horas ser un
pacto hecho, precisamente, con aquellos restos. Así lo ha comprendido el
mercado, que tiene generalmente un olfato canino ante estas
circunstancias, el gobierno, los medios hegemónicos y, por cierto, todo
el sistema político salvo algunas excepciones. El establishment ha
reaccionado con euforia no por un supuesto fin de las revueltas sino por
la continuidad, por lo menos en las grandes estructuras, del orden
actual. “El modelo”, la bestia que ha dado origen a esta rebelión
popular, sobreviviría en una futura constitución.
Hay
no pocos argumentos que apoyan esta afirmación. La bolsa de Santiago,
que había caído más de quince puntos desde el inicio de las revueltas,
saltó de euforia el jueves, el dólar bajó y todas las cúpulas
empresariales se sumaron a la invitación de la paz gubernamental con
expresiones que daban por superada la crisis y nos invitaban a retomar
las actividades cotidianas. Un clima de triunfo ha rodeado a los poderes
establecidos, que han clavado el acuerdo parlamentario en el centro del
tinglado político.
Al
observar un poco de lo sucedido en Chile durante las últimas horas a
través de la prensa y las redes sociales, hay ciertos motivos para
afirmar que estamos ante un nuevo pacto de las elites. El relato
aparecido en la prensa hegemónica sobre los eventos que van desde el
martes 12 a la madrugada del viernes 15, ya sea ficción, rumor o
especulación, nos aclara un poco la espesura de estos días. La Tercera
titulaba ayer con un titular tremendo, “Las horas en que estuvo en
peligro la democracia”, para levantar una narración un poco innecesaria
que tiene como objetivo elogiar a todo el sistema político. ¿Doctrina
del shock para hacernos temblar? El pacto final habría salvado no solo
al propio Piñera, sino a toda la institucionalidad. Un acuerdo entre la
casta política que aprueba una salida pero mantiene al margen a la
población. El abismo entre el estado, los poderes y el pueblo se expresa
en pleno.
Las
generalidades del acuerdo de doce puntos llevó a todos tipo de análisis
e interpretaciones. Ha sido un hito la decisión de cambiar la
constitución de 1980, pero también se desata un torrente de dudas por la
enorme e insuperable desconfianza de la población en la clase política y
en los poderes en la sombra. El mecanismo de elección de los delegados
y, en especial el quórum de dos tercios exigido para la aprobación de
los artículos, ha levantado intensos debates durante el fin de semana.
No
es un debate de expertos y técnicos. Es, y debe ser, un debate político
que tiene al menos dos variantes o causas. De partida, es la
institucionalidad, el poder constituido, que empuja y canaliza el
proceso constituyente. Es el establishment, la clase controladora, el
peso de los desequilibrios de poder otra vez expresados en decisiones
políticas. Porque durante las negociaciones del acuerdo no participó
nadie, ningún representante, de las organizaciones que están desde hace
un mes en las calles. Un acuerdo a puertas cerrada para empujar un
proceso acordado por ellos. Ante ello y con el historial de trampas y
traiciones, la desconfianza no solo es evidente, sino natural.
La
otra causa del rechazo del pacto por sectores del Frente Amplio y el
Partido Comunista, y de toda la población movilizada en las calles, es
el alto quórum para aprobar artículos constitucionales y el poder de
veto otorgado a la minoría. Cómo se llegará a acuerdos para asuntos tan
fundamentales como la paridad de género y el fin del patriarcado, sobre
los derechos humanos y sociales, con la concepción del estado, si es
unitario, federal, plurinacional, si el sistema político es o no
presidencial o si es parlamentario, si se mantiene el senado o si es es
unicameral, o, en aspectos económicos, qué pasa con el infame sistema de
pensiones, con los recursos naturales en manos de capitales
extranjeros, cómo protegemos el medio ambiente y los derechos de las
otras especies, qué se hace con los tratados de libre comercio ya
firmados que atan de manos al Estado. Será difícil que asuntos tan
estructurales para un país se resuelvan, como han dicho quienes
defienden el acuerdo, con simples leyes. Un terreno muy incierto en el
que estará, sin duda alguna, el lobby de las corporaciones y todo tipo
de intereses con sus bases puestas en Wall Street y agencias de
inversión internacionales. Ante esta montaña de dudas, y ante la
experiencia de la transición, las sospechas con el paso de las horas
decantan en certezas.
Hemos
visto los primeros efectos del acuerdo, que tiene como objetivo
desmovilizar e instalar a la fuerza la normalidad del mercado. Una paz
impuesta con la policía cargada de gases y sus proyectiles letales que a
las pocas horas ha fracturado al Frente Amplio y aumentado la
desconfianza y también la ira de la población movilizada en la clase
política. Pero no será lo único.
La
historia no se detuvo en Chile pese a los pactos de la transición. Y
hoy parece recuperar terreno de forma acelerada. Las elites ya hicieron
su movida y la seguirán manteniendo. "¿Y el pueblo dónde está? ¡El
pueblo está en la calle exigiendo dignidad!"
PAUL WALDER
Crisis social: paro del Sector Público moviliza a 16 gremios a nivel nacional
Este miércoles 20
de noviembre, los gremios que conforman la instancia sindical
convocaron a una nueva jornada de paralización en el contexto del
estallido social que atraviesa el país. La protesta contó con la
adhesión de funcionarios del Registro civil, quienes acusaron prácticas
antisindicales.
Rodrigo Fuentes
Miércoles 20 de noviembre 2019 18:33 hrs.
Son 16 los gremios que se integraron a este llamado a huelga por 48
horas, el segundo después de la convocatoria impulsada la semana pasada
por la instancia sindical.
Entre las organizaciones participantes están la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM), la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, los Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), entre otros.
En este segundo día, también adhirieron los trabajadores del Registro Civil, por tal motivo, el servicio cerró sus oficinas en todo el país, atendiendo solo a través de turnos éticos para casos de emergencia.
A raíz de la masiva adhesión, los dirigentes sindicales de esta vital repartición denunciaron amenazas por parte del director nacional Jorge Álvarez Vásquez a través, por ejemplo, del bloqueo del correo electrónico institucional de la organización laboral.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil de Chile (Anercich), Julio Peña, llamó a la ciudadanía a comprender las razones del paro en que participa el servicio, este, en el contexto de las demandas sociales que se han expresado en las calles.
“Nosotros tenemos toda la voluntad de conversar, de dialogar, de construir frente a una autoridad amenazante. Por tanto, el llamado es al ministro de Justicia, a su subsecretario, para que ordenenal director, porque la pelea no es con las autoridades, la batalla es en conjunto con el mundo social, la gente lo está pasando mal”, afirmó.
Los trabajadores de la salud también hicieron patente su adhesión a este segundo día de paro nacional, concretando este miércoles una masiva marcha por la Alameda.
Los gremios del sector protestaron ante la nula respuesta que ha tenido el Gobierno sobre los cuatro puntos que solicitaron para atender las demandas sociales.
La presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Consuelo Villaseñor, precisó que entre las peticiones se encuentra establecer la salud como un derecho constitucional, el incremento del per cápita a 10 mil pesos en atención primaria, el aumento del gasto en salud al 6 por ciento del PIB y la creación de un seguro universal.
“Emplazamos al Presidente a que escuche a la ciudadanía, que escuche a los funcionarios públicos, a los estudiantes, a las mujeres, a las organizaciones feministas, a todos y todas, ya que por algo estamos aquí marchando. Que se tomen todas las medidas que sean necesarias para contar con los derechos básicos que tenemos como sociedad”, argumentó.
Los trabajadores de los servicios públicos recalcaron que sus demandas sectoriales se suman a las de la ciudadanía que quiere un nuevo país, más precisamente una Asamblea Constituyente efectiva y no una construida por la clase política, ya que -alertaron- son parte del problema por negarse a legislar en beneficio de la gente y también en el contexto de la desigualdad en el país.
Al respecto, el dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, expresó que se evaluará la convocatoria, donde no se descarta repetir en los próximos días acciones de protesta en los distintos servicios públicos movilizados.
“Le exigimos al Ejecutivo que se siente a trabajar con la Mesa del Sector Público, estas demandas que son fundamentales, a lo que se suma lo de sala cuna universal, equidad de género, carrera funcionaria, mejorar condiciones en salud, educación, vivienda digna, para resguardar a la gente de la rapiña de los empresarios. Sin embargo, la autoridad no lo está haciendo”, subrayó.
Además del paro nacional de los funcionarios dependientes del Estado, se concretó en la Plaza de la Dignidad una gran concentración por NO + AFP.
COLOMBIA
Entre las organizaciones participantes están la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM), la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, los Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), entre otros.
En este segundo día, también adhirieron los trabajadores del Registro Civil, por tal motivo, el servicio cerró sus oficinas en todo el país, atendiendo solo a través de turnos éticos para casos de emergencia.
A raíz de la masiva adhesión, los dirigentes sindicales de esta vital repartición denunciaron amenazas por parte del director nacional Jorge Álvarez Vásquez a través, por ejemplo, del bloqueo del correo electrónico institucional de la organización laboral.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil de Chile (Anercich), Julio Peña, llamó a la ciudadanía a comprender las razones del paro en que participa el servicio, este, en el contexto de las demandas sociales que se han expresado en las calles.
“Nosotros tenemos toda la voluntad de conversar, de dialogar, de construir frente a una autoridad amenazante. Por tanto, el llamado es al ministro de Justicia, a su subsecretario, para que ordenenal director, porque la pelea no es con las autoridades, la batalla es en conjunto con el mundo social, la gente lo está pasando mal”, afirmó.
Los trabajadores de la salud también hicieron patente su adhesión a este segundo día de paro nacional, concretando este miércoles una masiva marcha por la Alameda.
Los gremios del sector protestaron ante la nula respuesta que ha tenido el Gobierno sobre los cuatro puntos que solicitaron para atender las demandas sociales.
La presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Consuelo Villaseñor, precisó que entre las peticiones se encuentra establecer la salud como un derecho constitucional, el incremento del per cápita a 10 mil pesos en atención primaria, el aumento del gasto en salud al 6 por ciento del PIB y la creación de un seguro universal.
“Emplazamos al Presidente a que escuche a la ciudadanía, que escuche a los funcionarios públicos, a los estudiantes, a las mujeres, a las organizaciones feministas, a todos y todas, ya que por algo estamos aquí marchando. Que se tomen todas las medidas que sean necesarias para contar con los derechos básicos que tenemos como sociedad”, argumentó.
Los trabajadores de los servicios públicos recalcaron que sus demandas sectoriales se suman a las de la ciudadanía que quiere un nuevo país, más precisamente una Asamblea Constituyente efectiva y no una construida por la clase política, ya que -alertaron- son parte del problema por negarse a legislar en beneficio de la gente y también en el contexto de la desigualdad en el país.
Al respecto, el dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, expresó que se evaluará la convocatoria, donde no se descarta repetir en los próximos días acciones de protesta en los distintos servicios públicos movilizados.
“Le exigimos al Ejecutivo que se siente a trabajar con la Mesa del Sector Público, estas demandas que son fundamentales, a lo que se suma lo de sala cuna universal, equidad de género, carrera funcionaria, mejorar condiciones en salud, educación, vivienda digna, para resguardar a la gente de la rapiña de los empresarios. Sin embargo, la autoridad no lo está haciendo”, subrayó.
Además del paro nacional de los funcionarios dependientes del Estado, se concretó en la Plaza de la Dignidad una gran concentración por NO + AFP.
COLOMBIA
Colombia cierra todos sus pasos fronterizos por la huelga nacional contra Iván Duque
Publicado:
20 nov 2019 03:08 GMT - RT
El Gobierno anunció varias disposiciones de seguridad en
el país, frente al paro nacional y protestas convocadas para este
jueves.
El Gobierno de Colombia ha anunciado este martes el cierre de todas sus fronteras fluviales y terrestres, de cara al paro nacional convocado para este jueves 21 de noviembre.
La medida afectará a 12 puntos fronterizos (límites con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú) y estará vigente a partir de la medianoche de este miércoles, y hasta las 05:00 de la madrugada del viernes.
También dispone la suspensión del porte de armas, el control migratorio, y una serie de "instrucciones en materia de orden público" a alcaldes distritales y municipales, según reza en el borrador del decreto que ha publicado la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades, esta disposición tiene "el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las marchas", que sindicatos y movimientos estudiantiles anunciaron para este jueves en todo el país, en rechazo a las políticas de gobierno del presidente Iván Duque respecto a cuestiones como las pensiones, los salarios y condiciones de trabajo, así como las propuestas de reformas de los citados sectores.
"Una vez se reabra la frontera, los diferentes pasos fronterizos serán reforzados con más oficiales de Migración, con el fin de evitar que se vayan a presentar congestiones con aquellos viajeros que se encuentran represados dentro del territorio nacional", destaca el comunicado.
La medida afectará a 12 puntos fronterizos (límites con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú) y estará vigente a partir de la medianoche de este miércoles, y hasta las 05:00 de la madrugada del viernes.
También dispone la suspensión del porte de armas, el control migratorio, y una serie de "instrucciones en materia de orden público" a alcaldes distritales y municipales, según reza en el borrador del decreto que ha publicado la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades, esta disposición tiene "el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las marchas", que sindicatos y movimientos estudiantiles anunciaron para este jueves en todo el país, en rechazo a las políticas de gobierno del presidente Iván Duque respecto a cuestiones como las pensiones, los salarios y condiciones de trabajo, así como las propuestas de reformas de los citados sectores.
"Una vez se reabra la frontera, los diferentes pasos fronterizos serán reforzados con más oficiales de Migración, con el fin de evitar que se vayan a presentar congestiones con aquellos viajeros que se encuentran represados dentro del territorio nacional", destaca el comunicado.
Colombia: ¿A las calles con palos y machetes?
por Mauricio Reyes
LA HAINE - 20/11/2019
Las fuerzas represivas del narco-régimen
colombiano permanecen desde este 18 de noviembre en acuartelamiento por
el paro nacional del 21
Mucho
se ha hablado del Paro Nacional del 21 de noviembre. Los medios de
comunicación, políticos y hasta celebridades comentan por redes sobre
este magno evento, pero, ¿por qué tanta publicidad, prensa y escándalo?
Es la primera vez que en Colombia un paro se publicita de esta manera. El puerquito valiente (Subpresidente Duque) en cada una de sus alocuciones, entrevistas y discursos habla de él. ¿Presidente, por qué bombardearon a niños? El paro nacional es patrocinado por el Foro de São Paulo. ¿Presidente? De qué me hablas, viejo.
Muy preocupados se ve la oligarquía, hasta grupos de autodefensas crearon en Medellín, Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades. Con vídeos falsos y comunicados en redes atemorizan, y en radio y televisión se pavonean incitando a la violencia. Tan asustados se ven los uribistas que aparecen estudiantes antiparo en la universidades públicas, patrocinados por el rector, o aquellos que en las movilizaciones gritan y gritan ¡Sin violencia, sin violencia!
Aquellos que replican y rechazan cualquier manifestación de rebeldía, no reconocen la violencia que ejerce el Estado. Desde la masacre a nuestros pueblos ancestrales, pasando por el nacimiento de la república y hasta la actualidad, esta violencia se ejerce en campos y ciudades, desplaza al campesino, somete a la trabajadora y estigmatiza y asesina al joven.
Son ejemplo de la violencia de la élite, la masacre de las bananeras, así como la represión a campesinos e indígenas en Minga o la mutilación a nuestros estudiantes que reclaman educación digna y de calidad. Pero también es violencia el asesinato sistemático de los líderes sociales, la muerte de los colombianos a manos de las EPS [empresas privadas de salud] y un sistema de salud pública precario, así como la desnutrición de nuestros niños en todo el territorio nacional, violencia que se ejerce en lo social, económico, político y cultural.
Si me preguntan ¿a las calles con palos y machetes? Claro que sí, y no solo con palos y machetes, con azadones y azadas para construir soberanía alimentaria, con lápices y libros para aprender con los jóvenes y estudiantes sobre la educación, con comparsas y redoblantes llevando alegría y arte, y con la convicción de movilizar conciencias hacia los cambios y las transformaciones de una nueva sociedad.
Trochando Sin Fronteras / La Haine
Las Fuerzas Militares y la Policía en acuartelamiento por el paro nacional
Sputnik
Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia permanecen desde las 6.00 (11.00 GMT) de este 18 de noviembre en acuartelamiento de primer grado por orden del comandante de las FFMM, Luis Fernando Navarro, quien instruyó la medida como prevención ante el paro nacional del 21 de noviembre.
«Permítome [sic] ordenar a partir de las 06.00 del lunes 18 de noviembre primer grado de acuartelamiento clave rojo por ocasión del paro nacional programado para el 21 de noviembre», señaló Navarro en un radiograma con fecha del 14 de noviembre y que circula en redes sociales.
En su comunicado, el oficial también solicita «prever planes de intervención en coordinación con autoridades» y disponer «esfuerzos de búsqueda a fin de evitar éxitos de amenazas», así como también extremar medidas de seguridad en instalaciones militares e infraestructura del Estado.
Diferentes organizaciones sociales, sindicatos, profesores del sector público, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros, participarán el 21 de noviembre en un paro nacional que prevé masivas movilizaciones en las principales ciudades del país para protestar contra iniciativas relacionadas con aumento en la edad de pensión, reducción del salario mínimo para jóvenes, medidas fiscales sugeridas por la OCDE y el FMI, entre otras.
Asimismo, la marcha busca manifestarse ante el Gobierno por la muerte de líderes sociales, por los intentos de regular la protesta social, y porque se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía.
Es la primera vez que en Colombia un paro se publicita de esta manera. El puerquito valiente (Subpresidente Duque) en cada una de sus alocuciones, entrevistas y discursos habla de él. ¿Presidente, por qué bombardearon a niños? El paro nacional es patrocinado por el Foro de São Paulo. ¿Presidente? De qué me hablas, viejo.
Muy preocupados se ve la oligarquía, hasta grupos de autodefensas crearon en Medellín, Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades. Con vídeos falsos y comunicados en redes atemorizan, y en radio y televisión se pavonean incitando a la violencia. Tan asustados se ven los uribistas que aparecen estudiantes antiparo en la universidades públicas, patrocinados por el rector, o aquellos que en las movilizaciones gritan y gritan ¡Sin violencia, sin violencia!
Aquellos que replican y rechazan cualquier manifestación de rebeldía, no reconocen la violencia que ejerce el Estado. Desde la masacre a nuestros pueblos ancestrales, pasando por el nacimiento de la república y hasta la actualidad, esta violencia se ejerce en campos y ciudades, desplaza al campesino, somete a la trabajadora y estigmatiza y asesina al joven.
Son ejemplo de la violencia de la élite, la masacre de las bananeras, así como la represión a campesinos e indígenas en Minga o la mutilación a nuestros estudiantes que reclaman educación digna y de calidad. Pero también es violencia el asesinato sistemático de los líderes sociales, la muerte de los colombianos a manos de las EPS [empresas privadas de salud] y un sistema de salud pública precario, así como la desnutrición de nuestros niños en todo el territorio nacional, violencia que se ejerce en lo social, económico, político y cultural.
Si me preguntan ¿a las calles con palos y machetes? Claro que sí, y no solo con palos y machetes, con azadones y azadas para construir soberanía alimentaria, con lápices y libros para aprender con los jóvenes y estudiantes sobre la educación, con comparsas y redoblantes llevando alegría y arte, y con la convicción de movilizar conciencias hacia los cambios y las transformaciones de una nueva sociedad.
Trochando Sin Fronteras / La Haine
Las Fuerzas Militares y la Policía en acuartelamiento por el paro nacional
Sputnik
Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia permanecen desde las 6.00 (11.00 GMT) de este 18 de noviembre en acuartelamiento de primer grado por orden del comandante de las FFMM, Luis Fernando Navarro, quien instruyó la medida como prevención ante el paro nacional del 21 de noviembre.
«Permítome [sic] ordenar a partir de las 06.00 del lunes 18 de noviembre primer grado de acuartelamiento clave rojo por ocasión del paro nacional programado para el 21 de noviembre», señaló Navarro en un radiograma con fecha del 14 de noviembre y que circula en redes sociales.
En su comunicado, el oficial también solicita «prever planes de intervención en coordinación con autoridades» y disponer «esfuerzos de búsqueda a fin de evitar éxitos de amenazas», así como también extremar medidas de seguridad en instalaciones militares e infraestructura del Estado.
Diferentes organizaciones sociales, sindicatos, profesores del sector público, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros, participarán el 21 de noviembre en un paro nacional que prevé masivas movilizaciones en las principales ciudades del país para protestar contra iniciativas relacionadas con aumento en la edad de pensión, reducción del salario mínimo para jóvenes, medidas fiscales sugeridas por la OCDE y el FMI, entre otras.
Asimismo, la marcha busca manifestarse ante el Gobierno por la muerte de líderes sociales, por los intentos de regular la protesta social, y porque se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía.
HAITÌ
Tras el pacto de "unidad", el pueblo vuelve a tomar las calles de Haití
por Lautaro Rivara
LA HAINE - 20/11/2019
La ONU reconoció 42 muertos a comienzos de noviembre, pero la actuación represiva no deja de recrudecer
Tras
la firma de los acuerdos de la oposición partidaria para una eventual
transición del poder gubernamental, en una situación represiva y de
inseguridad que no deja de agravarse, y coincidiendo con una fecha
sensible del calendario nacional haitiano, diferentes sectores y
organizaciones relanzaron las movilizaciones en todo el país.
Tanto las zonas altas de la zona metropolitana, comerciales y residenciales, como las barriadas populares marginalizadas de la capital Puerto Príncipe, fueron sacudidas en la madrugada de ayer por diversos tiroteos de origen desconocido que aparentemente no han dejado un saldo de víctimas ni heridos. Según las denuncias de los movimientos sociales urbanos se trata de nuevos intentos de aterrorizar y desmovilizar a la población. También ha sido denunciado el sobrevuelo amenazante de drones de última tecnología.
Estas tentativas buscarían evitar que las mayorías populares retomen el control de las calles, tras algunos días de una tregua parcial que destrabó sólo algunas actividades comerciales y civiles en la capital, sin posibilitar sin embargo el recomienzo de la actividad escolar ni los flujos habituales de transporte. Pese a esto nunca dejaron de sucederse manifestaciones más fragmentarias y bloqueos de rutas en los departamentos del interior del país, en una crisis que comenzó a comienzos de septiembre.
A este cuadro de situación debe sumarse la permanente infiltración de paramilitares desde los EEUU, hecho que ya había sido corroborado en el marco de las masivas protestas de febrero de este año, cuando siete hombres, estadounidenses en su mayoría, fueron arrestados portando un arsenal de guerra y avanzados equipos de telecomunicaciones. Tras su captura, estos serían rápidamente extraditados sin mediar prácticamente ninguna investigación. Idéntica situación se repitió la semana pasada cuando el ciudadano norteamericano de origen haitiano Jacques Yves Sébastien Duroseau, un ex miembro de las fuerzas armadas, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint L'Ouverture en posesión de un cargamento de armas y municiones.
Diferentes sectores de la oposición denunciaron que su llegada al país parte de una demanda expresa del presidente Jovenel Moïse, para intentar así controlar y reprimir las manifestaciones mediante la utilización de grupos irregulares y la perpetración de masacres como las de La Saline y Carrefour-Feuilles. O de asesinatos selectivos como el que sufrió el periodista Néhémy Joseph.
Hasta ahora, ni los funcionarios de los EEUU ni su embajada en Puerto Príncipe se han pronunciado al respecto, pese a la visible responsabilidad de sus autoridades aeroportuarias en el arribo de este mercenario al país.
El 13 de noviembre culminó en el país la breve estancia del buque hospital USNS Comfort, el más grande de su tipo con el que cuenta la marina norteamericana. Según la embajadora en Puerto Príncipe, Michele Sison, este habría venido para ofrecer "servicios médicos gratuitos en tierra y mar, medicina familiar e intervenciones quirúrgicas". Su despliegue, junto con el de helicópteros de la marina, levantó numerosas sospechas tras la difusión de las imágenes que mostraban a militares extranjeros desembarcando en el puerto capitalino, reviviendo los peores recuerdos de la ocupación norteamericana de 1915-1934.
Se trata de la misma embarcación que el vicepresidente Mike Pence y el almirante del Comando Sur, Craig Faller, destinaron para atender la presunta crisis de los refugiados venezolanos en Latinoamérica, como parte de su estrategia de instalar la noción de excepcionalidad que permita una "ocupación humanitaria" en la República Bolivariana de Venezuela.
Pese a que un informe de Amnistía Internacional constató el uso desproporcionado de la fuerza en la represión llevada adelante por la Policía Nacional, y pese a que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reconoció 42 muertos a comienzos de noviembre, la situación represiva no deja de recrudecer. El día de hoy, en el marco del relanzamiento de las protestas antigubernamentales, cuatro personas fueron heridas en Delmas 95 por individuos armados de civil que no pudieron ser identificados. Los damnificados fueron dos manifestantes, un periodista y un policía.
Miles de manifestantes se movilizaban coincidiendo con un nuevo aniversario de la Batalla de Vertières, aquella que diera la victoria en 1803 a la "Armada Indígena" de Jean-Jacques Dessalines contra las fuerzas napoleónicas, dando paso al triunfo de la Revolución Haitiana de 1804. El presidente Jovenel Moïse prescindió de la tradicional visita al sitio histórico, ubicado a 240 km al norte de la capital, y se limitó a ofrecer una ofrenda floral en el Museo del Panteón Nacional, ubicado a escasos metros del palacio de gobierno. Lo hizo rodeado de un fuerte operativo policial, en una conmemoración casi clandestina que impidió el acceso del público al recinto.
Los convocantes de la jornada fueron las diferentes coaliciones opositoras que acaban de llegar a un entendimiento por el que, en una eventual transición política, la presidencia sería ocupada por un juez de la Corte de Casación, y la primatura por un miembro de la oposición política.
Se trata de la Alternativa Consensual, comandada por el Sector Democrático y Popular del abogado André Michel, parte de la oposición parlamentaria de la tradicional clase política y representante de algunos de los más importantes factores de poder; de la Pasarela, iniciativa que pretende oficiar de puente entre los diversos sectores de oposición, y que es impulsada por Bernard Craand, un tecnócrata que se desempeñó como coordinador del Foro Económico hasta septiembre de este año; de «Mache Kontre» conformado por los partidos socialdemócratas OPL, Fusión y otros agrupamientos menores; del flamante Bloque Democrático del ex Ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo, Victor Benoit, disidente de la coalición socialdemócrata y fiel exponente de una pequeña burguesía conservadora; y por último del Foro Patriótico, coalición de más de 60 movimientos sociales urbanos y rurales, sindicatos y partidos políticos de izquierda, espacio que resulta el más representativo a las movilizaciones de calle pese a su persistente espontaneidad.
Cada uno de estos grupos junto con el sector de la sociedad civil, designarán dos representantes para elegir a las nuevas autoridades de concretarse la esperada dimisión de Jovenel Moïse, exigida por prácticamente todos los sectores de la vida nacional.
Hasta la fecha, sin embargo, continúa el apoyo al gobierno por parte del último y determinante factor de poder en el país. Se trata de los EEUU, quiénes han garantizado hasta ahora la continuidad en el poder del ultraneoliberal partido PHTK. A cambio, la geopolítica norteamericana puede contar con el accionar de Haití contra Venezuela en espacios regionales como la OEA y la Comunidad del Caribe; con el sostenimiento de las relaciones con Taiwán y con el consecuente bloqueo de los intereses comerciales chinos en el país; y también con amplias prerrogativas para la explotación minera estadounidense y canadiense al norte del territorio insular.
@LautaroRivara. Sociólogo, periodista y brigadista internacional en Haití
Telesur
Tanto las zonas altas de la zona metropolitana, comerciales y residenciales, como las barriadas populares marginalizadas de la capital Puerto Príncipe, fueron sacudidas en la madrugada de ayer por diversos tiroteos de origen desconocido que aparentemente no han dejado un saldo de víctimas ni heridos. Según las denuncias de los movimientos sociales urbanos se trata de nuevos intentos de aterrorizar y desmovilizar a la población. También ha sido denunciado el sobrevuelo amenazante de drones de última tecnología.
Estas tentativas buscarían evitar que las mayorías populares retomen el control de las calles, tras algunos días de una tregua parcial que destrabó sólo algunas actividades comerciales y civiles en la capital, sin posibilitar sin embargo el recomienzo de la actividad escolar ni los flujos habituales de transporte. Pese a esto nunca dejaron de sucederse manifestaciones más fragmentarias y bloqueos de rutas en los departamentos del interior del país, en una crisis que comenzó a comienzos de septiembre.
A este cuadro de situación debe sumarse la permanente infiltración de paramilitares desde los EEUU, hecho que ya había sido corroborado en el marco de las masivas protestas de febrero de este año, cuando siete hombres, estadounidenses en su mayoría, fueron arrestados portando un arsenal de guerra y avanzados equipos de telecomunicaciones. Tras su captura, estos serían rápidamente extraditados sin mediar prácticamente ninguna investigación. Idéntica situación se repitió la semana pasada cuando el ciudadano norteamericano de origen haitiano Jacques Yves Sébastien Duroseau, un ex miembro de las fuerzas armadas, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint L'Ouverture en posesión de un cargamento de armas y municiones.
Diferentes sectores de la oposición denunciaron que su llegada al país parte de una demanda expresa del presidente Jovenel Moïse, para intentar así controlar y reprimir las manifestaciones mediante la utilización de grupos irregulares y la perpetración de masacres como las de La Saline y Carrefour-Feuilles. O de asesinatos selectivos como el que sufrió el periodista Néhémy Joseph.
Hasta ahora, ni los funcionarios de los EEUU ni su embajada en Puerto Príncipe se han pronunciado al respecto, pese a la visible responsabilidad de sus autoridades aeroportuarias en el arribo de este mercenario al país.
El 13 de noviembre culminó en el país la breve estancia del buque hospital USNS Comfort, el más grande de su tipo con el que cuenta la marina norteamericana. Según la embajadora en Puerto Príncipe, Michele Sison, este habría venido para ofrecer "servicios médicos gratuitos en tierra y mar, medicina familiar e intervenciones quirúrgicas". Su despliegue, junto con el de helicópteros de la marina, levantó numerosas sospechas tras la difusión de las imágenes que mostraban a militares extranjeros desembarcando en el puerto capitalino, reviviendo los peores recuerdos de la ocupación norteamericana de 1915-1934.
Se trata de la misma embarcación que el vicepresidente Mike Pence y el almirante del Comando Sur, Craig Faller, destinaron para atender la presunta crisis de los refugiados venezolanos en Latinoamérica, como parte de su estrategia de instalar la noción de excepcionalidad que permita una "ocupación humanitaria" en la República Bolivariana de Venezuela.
Pese a que un informe de Amnistía Internacional constató el uso desproporcionado de la fuerza en la represión llevada adelante por la Policía Nacional, y pese a que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reconoció 42 muertos a comienzos de noviembre, la situación represiva no deja de recrudecer. El día de hoy, en el marco del relanzamiento de las protestas antigubernamentales, cuatro personas fueron heridas en Delmas 95 por individuos armados de civil que no pudieron ser identificados. Los damnificados fueron dos manifestantes, un periodista y un policía.
Miles de manifestantes se movilizaban coincidiendo con un nuevo aniversario de la Batalla de Vertières, aquella que diera la victoria en 1803 a la "Armada Indígena" de Jean-Jacques Dessalines contra las fuerzas napoleónicas, dando paso al triunfo de la Revolución Haitiana de 1804. El presidente Jovenel Moïse prescindió de la tradicional visita al sitio histórico, ubicado a 240 km al norte de la capital, y se limitó a ofrecer una ofrenda floral en el Museo del Panteón Nacional, ubicado a escasos metros del palacio de gobierno. Lo hizo rodeado de un fuerte operativo policial, en una conmemoración casi clandestina que impidió el acceso del público al recinto.
Los convocantes de la jornada fueron las diferentes coaliciones opositoras que acaban de llegar a un entendimiento por el que, en una eventual transición política, la presidencia sería ocupada por un juez de la Corte de Casación, y la primatura por un miembro de la oposición política.
Se trata de la Alternativa Consensual, comandada por el Sector Democrático y Popular del abogado André Michel, parte de la oposición parlamentaria de la tradicional clase política y representante de algunos de los más importantes factores de poder; de la Pasarela, iniciativa que pretende oficiar de puente entre los diversos sectores de oposición, y que es impulsada por Bernard Craand, un tecnócrata que se desempeñó como coordinador del Foro Económico hasta septiembre de este año; de «Mache Kontre» conformado por los partidos socialdemócratas OPL, Fusión y otros agrupamientos menores; del flamante Bloque Democrático del ex Ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo, Victor Benoit, disidente de la coalición socialdemócrata y fiel exponente de una pequeña burguesía conservadora; y por último del Foro Patriótico, coalición de más de 60 movimientos sociales urbanos y rurales, sindicatos y partidos políticos de izquierda, espacio que resulta el más representativo a las movilizaciones de calle pese a su persistente espontaneidad.
Cada uno de estos grupos junto con el sector de la sociedad civil, designarán dos representantes para elegir a las nuevas autoridades de concretarse la esperada dimisión de Jovenel Moïse, exigida por prácticamente todos los sectores de la vida nacional.
Hasta la fecha, sin embargo, continúa el apoyo al gobierno por parte del último y determinante factor de poder en el país. Se trata de los EEUU, quiénes han garantizado hasta ahora la continuidad en el poder del ultraneoliberal partido PHTK. A cambio, la geopolítica norteamericana puede contar con el accionar de Haití contra Venezuela en espacios regionales como la OEA y la Comunidad del Caribe; con el sostenimiento de las relaciones con Taiwán y con el consecuente bloqueo de los intereses comerciales chinos en el país; y también con amplias prerrogativas para la explotación minera estadounidense y canadiense al norte del territorio insular.
@LautaroRivara. Sociólogo, periodista y brigadista internacional en Haití
Telesur
Marcha de las Margaritas por verdad y justicia para detenidos desaparecidos en dictadura
Este lunes 18 de noviembre se realizó la Marcha de las Margaritas, cuyo objetivo fue reivindicar la lucha por verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
MARGARITAS
18 de noviembre de 2019, 23:02hs - LR 21Próximo a la hora 19 se realizó una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo para luego marchar rumbo a Plaza Libertad, bajo la consigna: “Hasta encontrar a todas y todos los compañeros y compañeras”.
La “Marcha de las Margaritas” fue convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).
“En el marco de las elecciones nacionales entendemos que es fundamental para nuestro país reivindicar, junto a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la verdad y la justicia”, indicaron los organizadores a través de un comunicado.
La Marcha de las Margaritas, en honor al símbolo de Madres, es parte de una lucha consecuente para que “nunca más haya retrocesos en el derecho y la justicia de nuestro país”, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la pasada dictadura.
La búsqueda de detenidos desaparecidos debe continuar
En dicho marco, el integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, remarcó que el tema de la “búsqueda de los detenidos desaparecidos no fue mencionado en el reciente debate presidencial, aunque ambos candidatos están de acuerdo en continuar con la búsqueda”.“Por tal motivo, pretendimos instalar el tema en el debate público antes de la segunda vuelta electoral del próximo domingo 24”, dijo Errandonea en declaraciones a la prensa.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
«La impunidad construye fascismo»
Se realizó ayer la Marcha de las Margaritas, bajo la consigna «a encontrar a todas y todos los compañeros y compañeros»
Ultima actualización Nov 19, 2019 - LA REPÚBLICA UY
Fue
un recordatorio para todos. Desde la explanada de la Intendencia de
Montevideo (IM) hasta la plaza Libertad, cientos de personas se
movilizaron en la llamada Marcha de las Margaritas, bajo la consigna
«Hasta encontrar a todas y todos los compañeros y compañeras»,
reclamaron que la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura
cívico-militar esté en la agenda política de esta campaña electoral y no
se recuerde «como algo del pasado».
Así lo definió el secretario de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), Mauro Conti. «Nosotros lo que queríamos decir es que el tema de verdad y justicia no es cosa del pasado porque hoy hay muchos familiares que necesitan respuesta», consignó a LA REPÚBLICA.
Además, el motivo de la marcha -organizada entre la FEUU, Fucvam y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos- fue «un tema de cómo construimos democracia» puesto que «la impunidad construye fascismo» y se debe «reivindicar la democracia no sólo en Uruguay, sino en los casos de Chile y Bolivia donde se está matando gente con la mayor de las impunidades».
La integrante de Madres y Familiares, Elena Zaffaroni, coincidió con Conti y recordó que en el continente «hay una vuelta de la represión, con los mismos métodos». Para Zaffaroni, debido al contexto regional, es bueno «reafirmar el compromiso» que hicieron los candidatos a la Presidencia que se reunieron con la organización previo a la primera vuelta del 27 de octubre.
Este año, más allá de la campaña, tuvo dos grandes mojones: primero, la confesión de José Nino Gavazzo sobre su responsabilidad en el asesinato de Roberto Gomensoro y, por otro, el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier en el Batallón Nº 13.
Para Conti, ambos hechos «conmocionaron a la sociedad, y eso implicó que decir que no se debe seguir buscando a los desaparecidos tiene un costo político»; de no haber sucedido, Conti dijo que si bien no puede suponer, cree que «el discurso de Manini de decir ‘esos son temas del pasado’, se habría impuesto más». «Estos últimos gobiernos han hecho cosas», reconoció Zaffaroni, pero aclaró que ha sido gracias al movimiento popular que se han logrado avances.
«Este tema lo ha sostenido la gente, hemos avanzado con el reclamo popular, dijo, y consideró que es «esencial» que la búsqueda de desaparecidos sea «política de Estado más allá de quién gane». Por el mismo lado, Conti aseguró que «sea la fórmula que sea, acá hay un pueblo que va a seguir marcando cuál es el camino».
Así lo definió el secretario de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), Mauro Conti. «Nosotros lo que queríamos decir es que el tema de verdad y justicia no es cosa del pasado porque hoy hay muchos familiares que necesitan respuesta», consignó a LA REPÚBLICA.
Además, el motivo de la marcha -organizada entre la FEUU, Fucvam y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos- fue «un tema de cómo construimos democracia» puesto que «la impunidad construye fascismo» y se debe «reivindicar la democracia no sólo en Uruguay, sino en los casos de Chile y Bolivia donde se está matando gente con la mayor de las impunidades».
La integrante de Madres y Familiares, Elena Zaffaroni, coincidió con Conti y recordó que en el continente «hay una vuelta de la represión, con los mismos métodos». Para Zaffaroni, debido al contexto regional, es bueno «reafirmar el compromiso» que hicieron los candidatos a la Presidencia que se reunieron con la organización previo a la primera vuelta del 27 de octubre.
Este año, más allá de la campaña, tuvo dos grandes mojones: primero, la confesión de José Nino Gavazzo sobre su responsabilidad en el asesinato de Roberto Gomensoro y, por otro, el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier en el Batallón Nº 13.
Para Conti, ambos hechos «conmocionaron a la sociedad, y eso implicó que decir que no se debe seguir buscando a los desaparecidos tiene un costo político»; de no haber sucedido, Conti dijo que si bien no puede suponer, cree que «el discurso de Manini de decir ‘esos son temas del pasado’, se habría impuesto más». «Estos últimos gobiernos han hecho cosas», reconoció Zaffaroni, pero aclaró que ha sido gracias al movimiento popular que se han logrado avances.
«Este tema lo ha sostenido la gente, hemos avanzado con el reclamo popular, dijo, y consideró que es «esencial» que la búsqueda de desaparecidos sea «política de Estado más allá de quién gane». Por el mismo lado, Conti aseguró que «sea la fórmula que sea, acá hay un pueblo que va a seguir marcando cuál es el camino».
Organizaciones que apoyan búsqueda de desaparecidos manifestaron preocupación por la “irrupción” de Cabildo Abierto
18 de noviembre de 2019 |
Política nacional
| Foto:
Mariana Greif - LA DIARIA
Este lunes se llevó a cabo la Marcha de las Margaritas, en reclamo de verdad y justicia.
Bajo una fina lluvia, que después se transformó en diluvio,
habló ayer Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en la Marcha de las Margaritas que
convocó la organización junto a otros colectivos sociales. La marcha
comenzó a las 19.15 en la explanada de la Intendencia de Montevideo y
llegó a la plaza Libertad media hora después. Los manifestantes, que
ocuparon cuadra y media de 18 de Julio, fueron con margaritas en la
mano, símbolo de la organización.
Errandonea manifestó la preocupación de Madres y Familiares por “la irrupción de este partido militar, Cabildo Abierto [CA], y el enorme peso que puede ejercer en la coalición hoy opositora”. Dijo que el “principal referente” de CA, Guido Manini Ríos, “tuvo todo en sus manos mientras fue comandante en jefe del Ejército para entregar información veraz sobre los detenidos, y nunca lo hizo. Sí eligió mentir y avalar lo actuado por las Fuerzas Armadas en la dictadura”, afirmó. Además, dijo que en las filas de ese partido hay quienes reivindican la dictadura, “responsables de desaparición forzada” y “verdugos” de las cárceles. Afirmó que, a pesar de que en CA expulsaron al convencional de Rocha Juan Cardoso por incitar en las redes sociales, meses atrás, a la creación de un escuadrón de la muerte, “estas medidas las han tomado cuando el escándalo los golpea, nunca antes”. Errandonea recordó a Germán Dorrego, un integrante del partido que llevaba simbología neonazi al participar en un acto. “Es innegable que por afinidades ideológicas estas personas adhieren a este partido”, sostuvo. Además, señaló que el tema de los derechos humanos casi no ha estado presente en la agenda electoral y aseguró que los avances fueron “producto de la inmensa perseverancia de tantos años”, no sólo de Familiares, sino de “los colectivos de derechos humanos, sindicales y sociales de todo el país”. En su discurso también dijo que las organizaciones ven con “preocupación lo que está sucediendo en nuestra América Latina”, producto de “las políticas represivas que se están viviendo hoy y a las que no estamos ajenos”.
Por su parte, Gustavo González, secretario general de otra de las organizaciones convocantes, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, dio un encendido discurso en el que dijo que a pocos días de las elecciones no puede quedar por fuera de la agenda pública “la lucha por la verdad y la justicia, hasta que aparezca la última y el último de nuestros desaparecidos”. “Nosotros debemos de adelantarnos a una posible ofensiva. Todos y todas. No se pueden hacer los boludos, han escuchado a este Cardoso que quiere reagrupar los escuadrones de la muerte: salvaje”, dijo sobre el caso del convencional de CA. Luego pronosticó que “se vienen tiempos complejos” y destacó que en dos meses América Latina “ha cambiado en forma turbulenta”. “Tenemos que ver que 220 jóvenes que luchan en Chile se han quedado sin vista por la represión de los carabineros”, agregó.
Dijo que Madres y Familiares son un verdadero ejemplo de “coraje” y recordó a Luisa Cuesta y María Almeida de Quinteros, “que están en cada uno de ustedes, que fueron capaces de venir a esta plaza y gritar: ‘Se escucha, se escucha, arriba los que luchan’ ¡Más fuerte carajo!”, arengó.
Por su parte, Carlos Sosa, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE, dijo que la región se encuentra en un “cruce de caminos”. A su juicio, lo que está pasando “es una luz que debe indicarnos que los pueblos no debemos bajar los brazos, sino, por el contrario, redoblar la lucha para conquistar lo que consideramos que es de nuestro pueblo”. Destacó el rechazo a la reforma constitucional sobre temas de seguridad que fue puesta a consideración de la población el 27 de octubre: “Gracias a que el pueblo y los sectores más humildes comprendieron que era preocupante” fue rechazada, “pero eso nos indica que tenemos que seguir peleando. Por eso estamos aquí, por quienes dieron la vida reivindicando una transformación revolucionaria que implicaba que los más humildes debían ir primero”.
Errandonea manifestó la preocupación de Madres y Familiares por “la irrupción de este partido militar, Cabildo Abierto [CA], y el enorme peso que puede ejercer en la coalición hoy opositora”. Dijo que el “principal referente” de CA, Guido Manini Ríos, “tuvo todo en sus manos mientras fue comandante en jefe del Ejército para entregar información veraz sobre los detenidos, y nunca lo hizo. Sí eligió mentir y avalar lo actuado por las Fuerzas Armadas en la dictadura”, afirmó. Además, dijo que en las filas de ese partido hay quienes reivindican la dictadura, “responsables de desaparición forzada” y “verdugos” de las cárceles. Afirmó que, a pesar de que en CA expulsaron al convencional de Rocha Juan Cardoso por incitar en las redes sociales, meses atrás, a la creación de un escuadrón de la muerte, “estas medidas las han tomado cuando el escándalo los golpea, nunca antes”. Errandonea recordó a Germán Dorrego, un integrante del partido que llevaba simbología neonazi al participar en un acto. “Es innegable que por afinidades ideológicas estas personas adhieren a este partido”, sostuvo. Además, señaló que el tema de los derechos humanos casi no ha estado presente en la agenda electoral y aseguró que los avances fueron “producto de la inmensa perseverancia de tantos años”, no sólo de Familiares, sino de “los colectivos de derechos humanos, sindicales y sociales de todo el país”. En su discurso también dijo que las organizaciones ven con “preocupación lo que está sucediendo en nuestra América Latina”, producto de “las políticas represivas que se están viviendo hoy y a las que no estamos ajenos”.
Por su parte, Gustavo González, secretario general de otra de las organizaciones convocantes, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, dio un encendido discurso en el que dijo que a pocos días de las elecciones no puede quedar por fuera de la agenda pública “la lucha por la verdad y la justicia, hasta que aparezca la última y el último de nuestros desaparecidos”. “Nosotros debemos de adelantarnos a una posible ofensiva. Todos y todas. No se pueden hacer los boludos, han escuchado a este Cardoso que quiere reagrupar los escuadrones de la muerte: salvaje”, dijo sobre el caso del convencional de CA. Luego pronosticó que “se vienen tiempos complejos” y destacó que en dos meses América Latina “ha cambiado en forma turbulenta”. “Tenemos que ver que 220 jóvenes que luchan en Chile se han quedado sin vista por la represión de los carabineros”, agregó.
Dijo que Madres y Familiares son un verdadero ejemplo de “coraje” y recordó a Luisa Cuesta y María Almeida de Quinteros, “que están en cada uno de ustedes, que fueron capaces de venir a esta plaza y gritar: ‘Se escucha, se escucha, arriba los que luchan’ ¡Más fuerte carajo!”, arengó.
Por su parte, Carlos Sosa, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE, dijo que la región se encuentra en un “cruce de caminos”. A su juicio, lo que está pasando “es una luz que debe indicarnos que los pueblos no debemos bajar los brazos, sino, por el contrario, redoblar la lucha para conquistar lo que consideramos que es de nuestro pueblo”. Destacó el rechazo a la reforma constitucional sobre temas de seguridad que fue puesta a consideración de la población el 27 de octubre: “Gracias a que el pueblo y los sectores más humildes comprendieron que era preocupante” fue rechazada, “pero eso nos indica que tenemos que seguir peleando. Por eso estamos aquí, por quienes dieron la vida reivindicando una transformación revolucionaria que implicaba que los más humildes debían ir primero”.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Oratoria de Madres y Familiares en la Marcha de las Margaritas
Buenas noches.
Una vez más agradecemos a FUCVAM,
impulsor de esta idea, FEUU, Colectivo No a la Reforma, FFOSE y a todos
los colectivos y personas que participan en esta convocatoria.
Todos los colectivos que convocamos a
esta actividad, estamos unidos en esta larga lucha y convencidos de que
el tema de los Derechos Humanos sólo pervive y avanza por la exigencia
de la gente movilizada, que lo mantiene en la calle.
Por eso nos une también la enorme
preocupación de lo que está sucediendo en nuestra América Latina, por
las políticas represivas que se están viviendo hoy y a las cuales no
estamos ajenos.
Hemos visto golpes de estado, disfrazados
en Honduras, Brasil y Paraguay y descarados como el de Bolivia. Vemos
con horror la salvaje y desmedida represión en Chile y Bolivia
principalmente, como hace poco vimos en Ecuador.
Todo esto, sumado a lo que sucede con
Venezuela, la desesperación por intervenir externamente en los
conflictos internos de estos países, nos muestra una gran ofensiva desde
los Estados Unidos implementando regímenes serviles y represivos.
La vieja Doctrina de la Seguridad
Nacional, sigue imperando en las Fuerzas Armadas y en las ideologías de
derecha de todo el continente, y cuando irrumpen en el escenario
político, su receta es la más salvaje represión.
Por todo esto, saludamos conmovidos la
resistencia de los pueblos hermanos, que se ven enfrentados nuevamente a
estas fuerzas criminales.
Y seguimos haciendo el mismo llamado: el
compromiso para construir las garantías irrenunciables para que esto no
ocurra nunca más en nuestro país, por encontrar a los desaparecidos, por
restituir la verdad y la justicia en todos sus términos, para que el
Estado tenga un compromiso con su pueblo y no ejerza el terror sobre él.
Hoy a 6 días de la segunda vuelta
electoral, volvemos a plantear la exigencia de que gane quien gane, la
búsqueda de los detenidos desaparecidos y la justicia deben ser una
política de Estado. Que los compromisos asumidos por los diferentes
partidos políticos, no queden en meras declaraciones.
En nuestro país vemos con preocupación la
irrupción de este partido militar, Cabildo Abierto, y el enorme peso
que puede ejercer en la coalición hoy opositora en el escenario
político, cuyo principal referente tuvo todo en sus manos mientras fue
Comandante en Jefe del Ejército, para entregar información veraz sobre
los detenidos desaparecidos y nunca lo hizo, si eligió mentir y avalar
lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura. En sus filas cobijan a
quienes reivindican la dictadura militar, responsables de desaparición
forzada, asesinatos y verdugos de las cárceles. Hoy expulsan a un
integrante ante la denuncia realizada por colectivos sociales de un
llamamiento a constituir “escuadrones de la muerte”, así como hace no
tanto, sacó de sus filas a portadores de emblemas nazis. Estas medidas
las han tomado cuando el escándalo los golpea, nunca antes. Es innegable
que por afinidades ideológicas estas personas adhieren a ese partido.
Vemos con preocupación que el tema Derechos Humanos casi no ha estado presente en la agenda de esta campaña electoral.
Los avances que se han hecho son producto
de la inmensa y perseverante lucha de tantos años llevada adelante no
sólo por los familiares sino por vastísimos colectivos de derechos
humanos, sindicales, sociales y partidarios de todo el país, y por ese
inmenso pedazo de nuestro pueblo que se vuelca a las calles cada 20 de
mayo.
Es por esto que hoy estamos acá. Es por
esto que hoy reiteramos el llamado a mantenernos movilizados, exigiendo
verdad, memoria, justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Sólo con la movilización de todo el pueblo, es que lograremos avanzar sobre estos objetivos.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo, 18 de noviembre de 2019.
