CHILE
Manuel
Cabieses Donoso, director por varias décadas de la revista Punto Final,
ha sido también uno de los críticos más directos y punzantes del modelo
neoliberal. Desde las páginas de ese medio, un impreso quincenal que ha
tenido la valentía de denunciar durante toda la transición las
injusticias del capital sobre el pueblo chileno con el apoyo de toda la
clase política, se anunció también la catástrofe. No fueron pocos los
testimonios de decenas de líderes sociales y personas que preveían el
colapso neoliberal. Una advertencia, un llamado que Manuel Cabieses
levantó cada quince días de la emblemática revista.
En
estos días, sus palabras son absolutamente necesarias para comprender
el trance que vive Chile. En esta breve conversación podemos hallar
ideas e interpretaciones sobre el estallido social, la insurrección
popular, los escenarios posibles, los liderazgos y el rol de la
izquierda en este proceso . Chile despertó y seguirá despierto.
Punto
Final siempre se definió como una revista de izquierda. Pero durante
toda la transición junto con exponer un pensamiento de izquierda como
mirada partisana, también lo hizo de forma crítica contra los múltiples
efectos del modelo neoliberal, aquellos que hoy puedes ver en pancartas y
oír en asambleas ciudadanas como demandas. A diferencia de muchos
observadores que hoy dicen estar sorprendidos con la insurrección
popular, tú advertiste que el modelo ya no podía continuar más sin
efectos catastróficos. ¿Por qué motivos crees que esto reventó hoy y
durante el gobierno de Piñera? ¿Por qué no lo hizo antes, por ejemplo,
durante Bachelet? ¿Es que la Concertación y Nueva Mayoría podían
contener los extremos del neoliberalismo?
-“Punto
Final advirtió, como otros analistas del fenómeno, que el
neoliberalismo no solo es una forma extrema del capitalismo moderno. Es
también un sistema integral de dominación social, cultural y política.
Crea una elite oligárquica en todos los terrenos. No solo superexplota a
los trabajadores, también oprime a las clases medias y a la
intelectualidad. Corrompe todo lo que toca, en especial a los políticos,
y acumula un poder tan enorme que no deja lugar al disenso. Llega un
momento en que sus víctimas no tienen otra alternativa que la rebelión.
Es lo que sucede en Chile.
La
Concertación -y en especial la Nueva Mayoría- disponían de cierta
capacidad de cooptación de las burocracias sindicales, gremiales y
poblacionales. Esto les permitió postergar una crisis inevitable. El
entusiasmo socialdemócrata de esos gobiernos alcanzó niveles grotescos,
como, por ejemplo, cuando el diputado comunista Daniel Núñez dio por
superado el neoliberalismo. Afirmó que Bachelet “pasará a la historia
como la mandataria que lideró, superando el permanente boicot de la
derecha, el proceso para dejar atrás el neoliberalismo y avanzar con
reformas que han beneficiado directamente a miles de familias
vulnerables y de sectores medios”. (1)
Ahora es el tiempo de una nueva política, que la voluntad del pueblo se convierta en política
La
indignación y rabia de un pueblo requieren un tiempo de maduración.
Pero cuando la chispa incendia la pradera, en este caso la “evasión” en
el Metro de los estudiantes secundarios, sucede lo que estamos viendo:
una insurrección desarmada y pacífica, pero insurrección al fin y al
cabo por cuanto pretender derribar el sistema”.
En las
marchas leemos centenares de carteles escritos a mano con demandas de
todo tipo, pero estas demandas tienen un elemento en común, que es la
crítica al neoliberalismo. ¿Está también presente aquí un pensamiento de
izquierda? ¿Está la izquierda presente en las marchas?
-“Sí,
por supuesto…La Izquierda está presente en esta insurrección que recoge
sus valores sobre justicia e igualdad .Pero también están presentes los
objetivos de lucha femeninos, medioambientales, de sexo, contra el
TPP, etc. La Izquierda chilena está desarticulada. Ha sufrido años de
persecución, el derrumbe de los “socialismos reales”, etc. No está en
condiciones de asumir la conducción del movimiento. Sin embargo sus
distintas fracciones pueden contribuir a forjar una dirección unitaria
que lleve al triunfo a este movimiento antioligárquico. En este
movimiento se funden doctrinas: marxismo, anarquismo, cristianismo,
etc. En esta fragua puede forjarse una Izquierda tan amplia, diversa y
creativa como la misma insurrección”.
Hablamos de un movimiento, pero nadie se atreve hoy a calificarlo. ¿Qué ves tú en el movimiento? ¿Lo calificarías?
-“Es
una insurrección, ni más ni menos que una insurrección, aunque no diga
su nombre. Pone en riesgo toda la estructura institucional. Exige la
renuncia de Piñera y una Asamblea Constituyente. Pretende cambiar el
país de arriba abajo. Calificarla solo como “explosión social” después
de más de 17 días de incesantes protestas callejeras y las
manifestaciones más grandes de la historia del país, es quedarse muy
corto en la apreciación. Chile está al borde del cambio histórico…a la
medida de una insurrección“.
Distintas fracciones de la izquierda pueden forjar una dirección que lleve al triunfo a este movimiento antioligárquico
Están
algunos sindicatos, la CUT, el Colegios de Profesores, los estudiantes y
otros en la plataforma Unidad Social. Pero el movimiento es mucho más
amplio. ¿Qué estrategia debe tener Unidad Social? ¿Debe conducir el
movimiento? ¿Tiene la capacidad de hacerlo?
-“Es
importante que exista la mesa de Unidad Social. Pero necesita llegar a
ser una instancia real de unidad social, o sea incluir a los diferentes
sectores sociales, ideológicos y culturales que desafían al modelo
neoliberal. Sería engañoso que pretendiera aparecer ahora como la
conducción del movimiento. Ni siquiera están aún todos los trabajadores.
Una minoría de los asalariados están organizados en sindicatos (20,6%),
y la CUT representa sólo una porción. Ahora, sin embargo, es el momento
de unir a la mayoría de los trabajadores con los pobladores, jubilados,
estudiantes, mujeres, pueblos originarios, profesionales, artistas,
pequeños y medianos empresarios, etc. La estrategia de acumulación de
fuerza es obvia: no cejar en la lucha y no caer en el oportunismo”.
Por
décadas ha habido una enorme brecha entre la clase política y la
población, incluso con las organizaciones sociales. En este momento,
eso es indudablemente una enorme falencia. ¿Cómo ves la recomposición de
esta relación en momento en que no hay ninguna figura que conduzca?
-“No
creo que la tarea de hoy sea “recomponer” la relación del pueblo con la
“clase política”. Eso ya quedó atrás y no por culpa de las
organizaciones sociales. Ahora es el tiempo de una nueva política: que
la voluntad del pueblo se convierta en política. Desde luego habrá que
elegir representantes de la voluntad popular para deliberar en la
Asamblea Constituyente y conformar la nueva institucionalidad. Pero
serán -espero- representantes del pueblo sujetos a la revocación de sus
mandatos si no cumplen sus compromisos.
La Izquierda no está en condiciones de asumir la conducción del movimiento
En
cuanto a la ausencia de liderazgos: van a surgir en el curso de este
proceso. Serán nuevas caras de hombres y mujeres ajenos por completo a
la corrupción de los políticos que nos han gobernado durante 30 años.”
El auge y
el fortalecimiento del movimiento ciudadano avanza de forma paralela a
la decadencia del gobierno, su nula capacidad de respuesta y al
desprestigio y desconfianza ciudadana con la clase política más
tradicional. ¿Qué salida política puedes observar? ¿Crees que el frente
Amplio y el PC por si solos pueden abrir una salida política que
canalice las demandas ciudadanas?
-“El
camino que llevará a la democracia participativa pasa por la
convocatoria a la Asamblea Constituyente. Una nueva Constitución
permitirá echar abajo, pacífica y democráticamente, la carroña de
institucionalidad que heredamos de la dictadura. La renuncia del
presidente Piñera podría aliviar la tensión, evitar más derramamiento de
sangre, atender las demandas sociales más urgentes y convocar la
Constituyente en mejores condiciones de orden público.
No
creo que el FA y el PC, juntos o separados, puedan canalizar las
demandas ciudadanas. Es una tarea superior a sus fuerzas que, además,
exige una conducta muy definida de antagonismo con el sistema. No veo en
partidos del FA, esa disposición. Representan más bien una versión
moderna de la política tradicional.”
¿Están las bases para una Asamblea Constituyente?
-“Sí
están las bases políticas y sociales para el plebiscito que consulte al
pueblo si quiere Asamblea Constituyente. No solo es una aspiración de
una minoría (que se viene planteando desde hace más de 40 años). Ahora
es la voz potente de un pueblo que la exige. Una necesidad democrática
impostergable, el oxígeno que dará vida a una democracia participativa e
igualitaria en derechos.”
(1) El Mostrador, 1 de junio del 2017 (“PC califica como “contundente” la cuenta pública de Bachelet).
PAUL WALDERElogio a la insumisión
By Paul Walder
Noviembre 06, 2019
“Lo
peor que nos puede pasar es volver a la normalidad” se leía en el texto
levantado como consigna en una de las marchas. Un poeta escribía hace
unos días en estas mismas pantallas que siente estupor de volver a la
normalidad al tiempo que centenares de miles, que son millones, han
optado por permanecer en las calles, en las plazas y levantar sueños
colectivos, una ilusión que une hoy en día en este trance a una
comunidad que fue durante décadas aislada y enemistada bajo un proyecto
económico y cultural de características catastróficas.
El
Chile neoliberal, ese país imaginario de las elites arrogantes ha
colapsado. Lo que presenciamos no es un colapso económico ni político,
sino cultural. Lo que cruje hoy es la fatiga del material del
capitalismo extremo, es la fractura de la hegemonía neoliberal. Aquello
que hoy presenciamos en las calles y plazas de Chile no es, o no solo
es, el rechazo al control económico y político, a la soga del trabajo
extenuante, de las asfixiantes horas en el transporte y las deudas en
el cuello, sino la emergencia, cuan erupción, de otra cultura o
contracultura. El Chile insumiso parece germinar desde las comunidades
como una nueva fuerza cultural. Como ya han escrito otros, hemos pasado
de un yo, egoísta, temeroso y desconfiado, a un nosotros, que nos
conforma y nos refuerza.
Estamos
en un quiebre de la historia. En qué sentido. El curso de la historia,
que para los marxistas clásicos conduciría al socialismo, parece dar
otras vueltas. La rebelión en Chile no sabemos si es una revolución, y
ningún analista ni observador ha querido usar (todavía) esta expresión o
conceptualización, sino es una insurrección contra el autoritarismo
neoliberal, contra el látigo de las oligarquías. Desde este momento
podemos ver con claridad la continuidad de la dictadura desde los
cuarteles a las elites políticas y económicas. El peso insoportable del
neoliberalismo es la dictadura capitalista expresada por otras
instituciones, o la dictadura perfecta, si se nos antoja citar a Vargas
Llosa cuando definió al corrupto México bajo el PRI.
Los
sanguinarios militares chilenos no fueron necesarios durante treinta
años. Estaban bien alimentados y acariciados por las elites en sus
cuarteles. Eso es un hecho porque el mercado, el consumo y una corrupta y
comprada clase política hicieron el resto. Una supuesta democracia,
binominal, espuria, con senadores designados, con un tribunal
constitucional lleno de pinochetistas y privilegiados, ha sido el
reemplazo de los fusiles y los agentes de la CNI. Un armazón provisional
que ha vuelto a mostrar hoy su estructura original contra un pueblo en
rebeldía. Desde el inicio de las manifestaciones la única respuesta del
gobierno ha sido nuevamente los fusiles y proyectiles con un número
creciente de personas asesinadas, heridas y torturadas. Bajo ciertas
intensidades, los derechos humanos no son parte del régimen neoliberal.
Bajo ciertas presiones, el neoliberalismo tenderá a olvidarse de la
democracia liberal y regresar a sus orígenes militares.
De
todo eso nos hemos dado cuenta. Del autoritarismo y la violencia del
Estado, pero también del control permanente bajo cuerdas, del desprecio y
el clasismo, de la prensa mentirosa, de la insoportable clase política.
Del sistema como aquella estructura instalada para convertirnos en
piezas al servicio de las oligarquías y corporaciones. Nos hemos dado
cuenta y ya no nos amedrenta. Nos indigna.
Estamos
en un proceso de descubrimiento de nuestras libertades y posibilidades.
De reconocimiento, de exhibiciones y aprendizajes. En las marchas y
concentraciones son miles con sus propias consignas trazadas a mano,
miles en su humanidad y colectividad. Este es un movimiento de
comunidades libres en expansión y diversión, un grito iconoclasta que
surge de los territorios, que esperó siglos para levantarse y derribar
estructuras fusionadas con una república desigual y mentirosa.
La
acumulación de fuerzas emergió desde los territorios y subjetividades,
desde las orillas. Una fusión brillante que se ha tomado las calles para
reclamar simplemente el derecho que tienen los pueblos a la
autodeterminación, a establecer sus destinos. En este proceso, solo
queda seguir adelante.
PAUL WALDER
Chile en estado de protesta permanente
By Guillermo Correa Camiroaga
Noviembre 05, 2019
Fotos: Guillermo Correa Camiroaga
Pese
a todas las maniobras desplegadas por el gobierno, las elites y los
poderes fácticos buscando adormecer el movimiento popular rebelde, el
pueblo chileno sigue más despierto que nunca luchando contra los abusos y
las desigualdades sociales. Todos los días, a lo largo de todo el
territorio nacional, la protesta popular, en sus más variadas formas de
rebeldía, sigue con fuerza levantando sus demandas que buscan recuperar y
conquistar los derechos pisoteados desde el 11 de septiembre de 1973.
La
exigencia central que ha levantado el pueblo chileno es la de realizar
una Asamblea Constituyente que termine con la Constitución dictatorial,
eliminando de raíz los pilares privatizadores, represivos y excluyentes
sobre los que se sustenta el sistema neoliberal imperante en nuestro
país, pero a través de un mecanismo verdaderamente democrático y
participativo. El movimiento extraparlamentario, que embrionariamente
comienza a gestarse en territorios y barrios, carece actualmente de la
fuerza necesaria para oponerse a todos los otros actores que buscan
encauzar esta demanda, con diferentes matices y énfasis en materias de
reivindicaciones sociales, en la institucionalidad creada durante la
dictadura cívico militar. Este es un campo en disputa y el estado de
protesta permanente en que se encuentra el pueblo de Chile da a entender
que las chilenas y chilenos están empeñados en romper el muro que
impide ir más allá de esta democracia restringida.
La
jornada del lunes en Valparaíso se inició con un Punto de Prensa en
la Plaza Cívica, en donde diferentes dirigentes de la Mesa Social
denunciaron la brutal represión ejercida en contra de los porteños y
porteñas por las Fuerzas Policiales, exigiendo la renuncia del
Intendente Regional, Jorge Martínez, “ya que siendo la
máxima autoridad regional, la forma de actuar de las policías depende
directamente de las directrices emanadas desde ese mando”, manifestaron.
Mientras
en los territorios, cerros y barrios de la V región siguen
desarrollándose distintas iniciativas de base, las marchas y protestas
callejeras continúan sin detenerse. Hoy lunes 04 de noviembre, a partir
de las 14 horas, se realizaron dos marchas simultáneas que partieron
desde Valparaíso y Quilpué hacia la Plaza de Viña del Mar, para unirse
en dicho lugar a las viñamarinas y los viñamarinos y luego, en una
multitud cercana a las 20.000 personas, continuar con una gigantesca
marcha por la Avenida Libertad hacia 14 Norte.
Las
calles céntricas de Viña del Mar perdieron hoy su tranquilidad y las
barricadas y acciones directas se multiplicaron en distintos rincones
de la ciudad jardín.
Fotografía facilitada por Lorenzo Vásquez Alvarado
En el
resto de las ciudades de Chile las manifestaciones de rebeldía y de
movilización callejera se replicaron de igual forma, confirmando que el
estado de protesta permanente ha pasado a ser la “normalidad” en que se
desenvuelve la vida cotidiana a lo largo de todo el territorio
nacional.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 04 noviembre 2019
De la Quinta a La Moneda: la caminata que unió a los pueblos en rebeldía.
3 noviembre, 2019
Natalia Pravda
Por Asamblea de Coordinación Popular.
El viernes 01 de noviembre,
desde la Asamblea de Coordinación Popular, espacio de coordinación que
articula a múltiples organizaciones populares, territoriales,
feministas, sociales, de luchas socioambientales, medios independientes,
educadorxs populares, secundarixs, entre otras, nos organizamos para
recibir a la entrada de Santiago a los y las compañeras que
emprendieron una caminata desde la región de Valparaíso a La Moneda y
que comenzó en Limache el miércoles 31 de octubre.
La organización de la
marcha fue espontánea y autoconvocada, demostrando la firme decisión de
los pueblos y territorios por no abandonar la lucha que comenzó hace más
de dos semanas, contra los abusos, la corrupción, la desigualdad, la
falta de democracia y la violencia que han provocado quienes detentan el
poder hace más de 30 años.
Esperamos al grupo de
caminantes junto a la Asamblea Popular de Conchalí en la sede del Centro
Cultural El Cortijano, quienes habían preparado alimentos, atención
médica y abundante líquido. Las y los vecinos se movieron con toda una
organización de solidaridad activa, expresando en hechos la frase “solo
el pueblo apoya al pueblo”. En la espera, nos reconocimos en la lucha
que parte desde abajo, donde se tejen redes resistentes a la represión,
la invisibilización, a la manipulación, y que hoy resiste también las
negociaciones que por arriba traman los mismos de siempre y que tratan
de acallar la protesta social.
Llegaron muchas personas,
convocadas por las redes y por boca a boca de vecinos y vecinas que
querían conocer a las y los caminantes, que dispusieron su tiempo y
energía en esta hazaña. Entre quienes respondieron al llamado estaba
Paulette Díaz, de la Colectiva de Mujeres Autistas, quien señaló que el
Estado ha mutilado y ha generado nuevas discapacidades en más de 130
personas que han sido alcanzadas por perdigones de la policía en sus
ojos. También asistieron les compañeres estudiantes de la ACES, a
quienes una y otra vez agradecemos el haber sido la sabia de este
proceso de rebeldía popular. Estaba presente además una compañera de
Quintero-Puchuncaví, quien nos relató las estrategias que usa el
extractivismo para obligarles a abandonar esos territorios. Éramos
cientos y la espera se hizo corta gracias al entusiasmo de la gente y la
música de una pareja de cantores populares.
La emoción se desbordó
cuando logramos visibilizar por la carretera el lienzo de las y los
caminantes. Aplausos y gritos inundaron los alrededores, donde nunca
dejaron de escucharse las bocinas, los cacerolazos y las risas. Mujeres,
hombres, niños y niñas salieron al encuentro de las y los caminantes,
quienes a pesar del agotamiento saltaban, corrían, gritaban por el logro
cumplido. El recibimiento cargado de gratitud les provocó sonrisas y
lágrimas, y las palabras de aliento y reconocimiento se agolparon en sus
oídos [vídeo de recepción al final de esta nota]
Escuchamos sus palabras,
sus sentimientos y sus demandas; también hablaron las organizaciones
presentes. Se recordó a las y los asesinados, se exigió castigo a los culpables de estas muertes y de las torturas. Coincidimos en expresar que este proceso de rebelión está comenzando bajo la consigna Vamos por todo.
Después de un breve
descanso, retomaron la caminata pero ahora acompañados por quienes los
esperamos en Conchalí, porque muchas personas nos preparamos para
caminar junto a ellos y ellas hasta el destino final, La Moneda.
Toda la alegría y
solidaridad que recibieron durante los más de cien kilómetros que
separan a Limache de Santiago fue violentada por el despliegue represivo
de carabineros frente a La Moneda. Esa es la cara del gobierno
criminal que debemos enfrentar, es es la cara del Estado que durante los
últimos 46 años y durante estos días ha asesinado, mutilado,
secuestrado, torturado, ejercido violencia política sexual y
desaparecido a quienes luchan. De esta violencia hay responsables uno de ellos Sebastián Piñera.
Pero esa actuar criminal y
cobarde no puede con las ansias de cambiarlo todo. Hoy más que nunca
sabemos que esta lucha es desde y para distintos territorios, que es
contra la mercantilización de la vida, la criminalización y la violencia
policial, que es por Wallmapu libre, que es también la lucha de los
pueblos de Haití, Ecuador, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia, que es
una lucha para erradicar al capital asesino de las tierras de América
Latina.
Juicio y Castigo a los responsables de los asesinatos, tortura y violencia sexual
Libertad a lxs presxs políticos
Renuncia de Piñera
A fortalecer la organización popular y territorial
A quince días del estallido siguen los cabildos y las movilizaciones
La rutina de lo inesperado se apodera de Chile
Las
marchas autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La
represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo
Parque Bustamante.
Por María Daniela Yaccar
PÁGINA 12 - 03 de noviembre de 2019
Resistiendo los chorros de los camiones hidrantes en las calles de Santiago.
Imagen: EFE
Imagen: EFE
Desde Santiago
La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.
Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.
A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.
“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.
Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.
El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual.
Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.
Crédito: Migrar Photo
Más de un millón de personas marcharon el viernes en la capital chilena. Foto: AFP.
Una información de AFP indica que Estados Unidos acusó este jueves a
Rusia de usar alborotadores en las redes sociales para "exacerbar la
división" en Chile, donde una ola de protestas contra el gobierno ha
dejado 20 muertos.
La Casa Blanca aludió a un actor extranjero en un comunicado emitido por la mañana, después de que el presidente estadounidense Donald Trump llamara a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para expresarle su apoyo.
"Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate en Chile", dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.
El diplomático indicó que hay claras señales de personas que están "aprovechando el debate" para "exacerbar la división y fomentar el conflicto" en el país sudamericano, principalmente "mediante el uso y abuso de las redes sociales y de alborotadores".
Las protestas que comenzaron en Chile hace casi dos semanas contra un alza del precio en el billete del metro derivaron en un movimiento amplio de indignación contra el gobierno y varias instituciones.
En el marco de las protestas el gobierno -que a los pocos días revocó el alza del transporte- decretó el estado de emergencia y durante varios días impuso el toque de queda.
La crisis obligó a Piñera a anunciar el miércoles la cancelación de la organización del encuentro de líderes del foro APEC -al que asistiría Trump- y de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP25, que debían realizarse en pocas semanas más en Santiago.
Con respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas en Chile hechas por varias organizaciones, el funcionario dijo que no tiene "suficientes detalles".
La Casa Blanca informó este jueves que Trump llamó a su homólogo chileno para expresarle su apoyo y denunció que hay "esfuerzos extranjeros para minar las instituciones" en el país.
El diplomático estadounidense dijo que Rusia ha incrementado su influencia en América Latina.
"Parece que prefieren a una región dividida y que el debate democrático esté imbuido en el conflicto, lo cual es lamentable", dijo sobre los rusos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció la semana pasada un "patrón" de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba –orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile–, atribuyéndoles a estos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.
Tras la crisis, Piñera cambió su gabinete con el objetivo de aplacar las protestas que denuncian los bajos salarios y las magras pensiones y sobre todo la desigualdad en un país con un alto nivel de PIB per cápita pero con una marcada brecha entre ricos y pobres.
Las protestas también apuntan contra la Constitución pinochetista impuesta por el régimen militar que rigió el país desde 1973 hasta inicios de los 90, la cual ha mediatizado la democracia chilena durante tres décadas.
El Golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el Gobierno Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende fue organizado y apoyado por la Agencia Central de Inteligencia, bajo órdenes de la Casa Blanca.
Su objetivo principal fue acabar con el proceso de izquierda en Chile e imponer a sangre y fuego un férreo programa económico neoliberal, bajo la conducción de economistas chilenos formados en la Escuela de Chicago, los llamados "Chicago Boys"
El señor Trump y su Departamento de Estado tienen mucha razón en declarar que las protestas sociales crecientes en Chile tienen amparo desde fuera del país sudamericano. Pero su origen no está ni en Moscú, ni Caracas, ni La Habana. Apunten mejor hacia Langley, Washington y Chicago.
La crisis política y social que actualmente atraviesa Chile es algo
que se discute en todo el territorio nacional, pues las razones que
gatillan este estallido social han afectado de forma transversal, y por
largas décadas, a cada una de las personas que habitan y conviven en las
distintas regiones, ciudades, comunas, barrios, y en el caso de
Valparaíso, cerros y quebradas.
Pero, es a propósito de la falta de respuestas del gobierno nacional, ante una serie de demandas sostenidas por la ciudadanía por largo tiempo, que, desde la base de la sociedad, el pueblo chileno ha comenzado un proceso de debate y reflexión con el objetivo de dibujar el camino para la construcción de nuevo Chile.
En Valparaíso ese proceso ya está en marcha. Diversas instancias de participación se han comenzado a multiplicar en diferentes partes de la comuna, donde las movilizaciones ciudadanas, los diálogos, los cabildos, las actividades comunitarias, culturales, y las cotidianas discusiones a escala barrial, han permitido el encuentro de la ciudadanía y el inicio de un proceso constituyente.
Al respecto, Valentina Guajardo, presidenta de la agrupación Acción Basura, comentó que “nos estuvimos reuniendo en el sector 5, nos presentamos entre todos los que participamos del cabildo, desde juntas de vecinos, organizaciones y ONG, y compartimos cuales son las preocupaciones y las demandas que a lo largo de estos 30 años y más han estado en la opinión pública y de qué forma podemos hacer que esas demandas se establezcan como un petitorio comunal, para poder llevar eso a una Asamblea Constituyente, demostrando que aunque el gobierno, la clase política y los medios de comunicación no pongan prioridad a esta necesidad, las bases ya nos estamos comenzando a organizar para comenzar el proceso de una nueva constitución”.
Para ello, el municipio porteño se ha puesto a disposición para aportar en el fortalecimiento de este proceso constituyente, con el objetivo de alcanzar las transformaciones esperadas, y una nueva constitución para Chile, emanada de desde los territorios, ratificando su compromiso con la comuna y reconociendo la diversidad de expresiones existentes en ella, las que permiten nutrir este proceso de construcción colectiva. El municipio ha trabajado en una propuesta de transformación democrática del territorio, que se basa en procesos de participación social y política vinculante, orientadas por el bien común.
Respecto a esta idea, Tania Madriaga, directora de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio porteño aseguró que “nosotros creemos que la transformación solo es posible cuando se ponen los intereses de los habitantes, del pueblo, de la gente, por sobre los intereses de los grupos políticos particulares. El gobierno local tiene que ser una herramienta del interés común, general y democrático de los y las habitantes”.
Las desigualdades presentes en nuestra sociedad han llevado a la ciudadanía a cuestionar la actual Constitución, dando paso al inicio de un proceso propio del poder constituyente originario, con el objeto de dejar sin efecto un texto ilegitimo para la ciudadanía. Pero, para que los y las habitantes se logren reconocer en el texto constitucional, es necesario establecer un nuevo pacto social a través de una nueva Constitución, que permita una convivencia con un trato más justo, igualitario y democrático.
“Me parece muy valioso el momento que se está viviendo, en términos de organización y reacción, y de la metodología que se ha estado anunciando. Que la Municipalidad se ponga al servicio de que la gente se exprese y discuta, me parece maravilloso. Espero que esto no pare, que las asambleas sigan y que vayan tomando cuerpo orgánico, donde se empiece a tener más claro como el pueblo se tiene que organizar y poder democratizar todo el país”, comentó David Soto, secretario de la Junta de Vecinos 134 Barrio Puerto.
Sin embargo, para concretar lo anterior, se requiere modificar el actual marco jurídico constitucional, para que este permita convocar a un plebiscito, que tenga por objeto constituir una Asamblea Constituyente u otro mecanismo dedicado exclusivamente a redactar una nueva Constitución Política. Para esto, el municipio porteño realizó una propuesta de una serie de herramientas que permitan organizar este proceso.
Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, concluyo tras la realización de la tercera Asamblea Ciudadana, organizada por la alcaldía de Valparaíso, que “en nuestra comuna el proceso constituyente ya empezó. Esta es la tercera asamblea en la que estamos participando junto a diversas organizaciones del territorio. Realizamos un trabajo sectorizado y posteriormente un plenario donde se tomarán definiciones de cómo seguir. Las asambleas proponen avanzar hacia un cabildo constituyente comunal, que a través de un plebiscito constituyente en Valparaíso, pueda definir nuestra posición, de cara a lo que viene. Se repte la necesidad de instalar una Asamblea Constituyente y esa es también la opinión que yo como alcalde tengo de este momento político”.
“Creo que si bien comienza a instalarse la necesidad del cambio de la constitución, lo que no está claro y donde existen diferencias evidentes con el gobierno y parte de la oposición es quien detenta el poder constituyente. Nosotros creemos que el poder constituyente no lo puede detentar el Congreso, sino que lo debe detentar el pueblo de Chile, que debe avanzar en organización, para construir esta nueva constitución, que esperamos inicie en nuestro país un nuevo momento histórico”, finalizó el edil porteño.
La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.
Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.
A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.
“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.
Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.
El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual.
Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.
Chile demanda: Pase libre estudiantil, IVA cero a canasta básica, rebaja de tarifas serv. básicos, aumento de pensión mínima….
3 noviembre, 2019
Editor CT
[Todo esto sobre la base de juicio y
castigo a los violadores civiles y miltares de los DD.HH., partiendo por
Piñera. No a la impunidad! Nota el editor CT.]
Luz, agua, GES, Metro, TAG, arriendos y contribuciones: el tren de alzas que asfixió a los chilenos
por Catalina Albert y Benjamín Miranda/CIPER.Desde abril de 2018 una serie de alzas golpearon el presupuesto de los hogares. Subió la luz, el agua, la prima GES de isapres, el TAG, los arriendos y las contribuciones. Cuando las alzas tocaron el Metro, el estallido fue inevitable. CIPER consultó a las compañías proveedoras de estos servicios si están dispuestas a reformular el cálculo de sus tarifas, incluyendo factores que consideren el impacto en los usuarios. También preguntamos a las principales asociaciones empresariales si es posible mejorar los salarios de sus trabajadores directos y subcontratados. Aunque todavía no hay medidas concretas, acusaron el golpe de la calle y están discutiendo el tema.
Muchos son los chilenos que se cansaron
de vivir con angustia la última semana de cada mes. Al menos un millón
doscientos mil de ellos salieron a la calle el pasado viernes 25. El
cóctel que detonó el estallido de octubre tiene varios ingredientes: que
lo que ganan no les alcanza para pagar por bienes y servicios de
primera necesidad (alimentos, salud, vivienda, transporte y servicios
básicos); que los sueldos están estancados y una parte importante de los
trabajadores tiene empleos considerados precarios; que la mayoría de
los jubilados recibe pensiones que los condenan a la pobreza; y que son
muchos los hogares que se han endeudado para poder cumplir con sus
obligaciones, a través de tarjetas de crédito que los exponen a
múltiples abusos (vea el reportaje de CIPER “Maldita tarjeta: créditos y
deudas en el ojo del estallido social que remece a Chile”).
Aunque el gobierno anunció un puñado de
medidas que apuntan a abaratar el costo de la vida (anular las últimas
alzas del Metro y la luz, congelar el TAG, complementar con fondos
fiscales el sueldo mínimo hasta completar $350 mil y aumentar 20% las
pensiones más bajas), la calle las rechaza, por insuficientes. Lo que
exige son soluciones permanentes y no parches.
El tren de alzas que terminó de asfixiar
a los chilenos comenzó su recorrido en abril de 2018 hasta
descarrilarse en octubre de 2019. En abril del año pasado el Servicio de
Impuestos Internos (SII) anunció un aumento de las contribuciones de un
30% en promedio, aplicable en tres años. En enero pasado, se anunció un
incremento de 6,4% en las tarifas del TAG. En mayo las cuentas de la
luz anotaron un alza de un 10,5% promedio. En septiembre, las isapres
subieron un 50%, en promedio, la prima GES (mientras Fonasa sólo lo hizo
en un 3%). A inicios de octubre la luz volvió a subir otro 9,2%
promedio. Y el último vagón del tren de alzas fue el incremento del
transporte público en $30. Esta fue la chispa que terminó con el tren
fuera de las vías: los estudiantes secundarios se organizaron y llamaron
a saltarse en masa los torniquetes del Metro, bajo la consigna “evade
como Piñera”.
“Un tercio de las personas de los grupos de ingresos más bajos usa un 30% de su presupuesto en transporte. Eso es una barbaridad”, dice el investigador académico del COES Luis Valenzuela.
Todo esto en un marco donde el 50% de
los asalariados recibe ingresos inferiores a $400 mil mensuales, según
las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) en agosto pasado. La misma institución informó que el
desempleo en el último trimestre (julio-septiembre de 2019) alcanzó un
7% y la tasa de ocupación informal un 28,5%. El Banco Central determinó,
en su informe de cuentas nacionales de 2018, que el endeudamiento de
los hogares llegó a un máximo histórico de un 73,3% en relación al
ingreso disponible.
Uno de los factores que más afecta la
calidad de vida de las personas es el alto precio de la vivienda: una
búsqueda rápida en el sitio de anuncios inmobiliarios TocToc arroja, por
ejemplo, que el departamento más barato que podría encontrar en
Santiago centro (dos dormitorios, un baño, 38 mts2), sale $270 mil
mensuales, además de otros $50 mil en gastos comunes. En San Miguel es
parecido: dos dormitorios, un baño, por $285 mil (48 mts2, no hay
información sobre gastos comunes). Lo mismo ocurre en Estación Central,
Independencia, Recoleta, Ñuñoa y Providencia. Chile tiene un déficit de
500 mil viviendas (más que las que faltaban en 1998): es decir, medio
millón de familias viven de allegadas, o hacinadas, o en campamentos, o
en la calle.
PANEL DE EXPERTOS
En Chile hay libertad de precios, que
son fijados por el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, sin
intervención del Estado. Esto es así, salvo para los servicios básicos
que están regulados y las concesiones estatales, cuyas tarifas fueron
establecidas por contrato o son determinadas por “paneles de expertos”.
Hasta ahora esos cálculos solo consideran factores económicos, sin
incluir el efecto que producen en la calidad de vida de los usuarios.
Así ocurrió, por ejemplo, con la última alza del pasaje del Metro: un “panel de expertos” consideró –según consignó El Mercurio– “la variación del precio del petróleo diésel, el IPC, el incremento del costo de la mano de obra, la tasa de cambio, entre otros”.
“Un tercio de las personas de los grupos
de ingresos más bajos usa un 30% de su presupuesto en transporte. Eso
es una barbaridad”, dice el académico Luis Valenzuela. Pero nadie pensó
que era importante considerar en el cálculo el factor que expone este
investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social
(COES).
Crédito: Migrar Photo
El incremento del precio del pasaje,
aunque solo fue de $30, tuvo un enorme impacto en el sector más
vulnerable de la población. Así lo señala Diego Pardow, profesor del
Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y director
de Espacio Público, quien sostiene que se subestimó el efecto de la
medida en una sociedad empobrecida: “No los deja en la quiebra, pero sí
con una sensación de vulnerabilidad que se acrecienta con otras alzas.
Se entiende que este aumento fue un disparador, pero esto ya se veía
venir. Hay estudios que desde hace tiempo vienen hablando de la
desigualdad en Chile y sus efectos”.
CIPER consultó a compañías que ofrecen
servicios regulados por el Estado y a otras organizaciones gremiales del
empresariado, qué medidas están adoptando –tras el estallido social–
para establecer un “nuevo trato”, particularmente respecto de aumentar
los sueldos de sus trabajadores (incluyendo a los subcontratados) e
integrar en el cálculo de tarifas el efecto sobre la calidad de vida de
los ciudadanos. La mayoría dijo que ha puesto en marcha iniciativas para
que sus asociados se hagan cargo, pero hasta ahora no hay nada
concreto.
ABANDONAR LA LÓGICA DE “PROTEGER LA INVERSIÓN”
¿Qué tan ahogados están los chilenos a
la hora de pagar por bienes y servicios? El investigador Diego Pardow
indicó a CIPER que los procesos que se utilizan para fijar las tarifas
deben salir de la lógica de la “protección de las inversiones”. Lo que
debe pesar ahora, sostiene, es la “protección de la eficiencia”. Esto,
dice el experto, porque cuando se implementó la fijación de tarifas de
ciertos bienes y servicios (como el agua, la luz o las autopistas) “la
idea era proteger a las empresas privadas. Eran los años ‘90 y se
querían dar garantías a la inversión: ‘no le voy a expropiar, este es un
país estable’”.
Pardow lo explica así: “Cuando uno
contrata un seguro de salud para un niño, son caros, porque andan
corriendo, se arriesgan. Para un adulto es más barato, porque no se cae
tanto. Chile es un ‘país adulto’ y las empresas no tienen riesgos tan
altos. ¿Por qué hay que garantizarles, por ley, una rentabilidad
mínima?”.
Algunas empresas ya acusaron el golpe. La financiera Tanner anunció en un correo electrónico enviado a sus empleados que “a contar de noviembre el ingreso mínimo (en esa empresa) será de $602.000”. Además, informó que se “sentarán a dialogar” con sus subcontratistas para que mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores.
En un golpe comunicacional ampliamente difundido, el empresario Andrónico Luksic -dueño del holding Quiñenco, que incluye a la CCU, el Banco de Chile y Enex, entre otras compañías- anunció por Twitter:
“A partir del 1 de enero de 2020
ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de
$500.000. No son muchos en esa realidad, pero desde enero no será
ninguno”.
Y agregó, aludiendo al resto de los controladores del sector privado del país: “Subamos los estándares. Espero que más empresas se puedan sumar”.
El investigador Diego Pardow indicó a CIPER que los procesos que se utilizan para fijar las tarifas deben salir de la lógica de la “protección de las inversiones”. Lo que debe pesar ahora, sostiene, es la “protección de la eficiencia”.
No todas las compañías están dispuestas a
dar el paso. El quiebre quedó en evidencia en el Consejo de la Sofofa,
cuando el presidente de Gasco, Matías Pérez, se refirió a Luksic, sin
nombrarlo, tildando su propuesta de “oportunismo y moralina”. El gerente
legal de Quiñenco –el ex ministro Rodrigo Hinzpeter– respondió por el
grupo Luksic. Calificó la intervención de Pérez como una “falta de
respeto” y recordó que el mismo gerente de Gasco protagonizó un video,
que se hizo viral a comienzos de este año, cuando expulsó a un grupo de
religiosas de una playa aledaña a su casa en el Lago Ranco. El “se me van”
con que Pérez humilló a esas personas, es probablemente uno de los
episodios que mejor refleja el origen de la protesta actual por el trato
que brinda la elite a los ciudadanos comunes y corrientes.
Frente al round entre Hinzpeter y Pérez,
el presidente de la Sofofa, Bernardo Matte, intervino y pidió evitar
los ataques personales. Pero, lo que dejó en evidencia ese
enfrentamiento es que no hay consenso dentro del mundo empresarial entre
aquellos que consideran inevitable hacerse cargo de las demandas de la
calle y quienes apuestan al agotamiento de las movilizaciones para dejar
todo tal como está hasta ahora.
La Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC) envió a CIPER una copia de las declaraciones que dio su
presidente, Alfonso Swett, luego del consejo de ese gremio del martes
29. En ellas, Swett explicó que acordaron “hacer diálogos con nuestros trabajadores y sus colaboradores”. Y se establecieron tres “pilares” para entablar esas discusiones:
- “Cómo enfrentar en conjunto, como empresa con nuestros trabajadores y sus familias, el endeudamiento que hoy viven millones”.
- “Cómo enfrentar la situación de los salarios, que hacen insostenibles muchas alzas y muchas deudas”.
- “Cómo apoyar a los que han tenido pérdidas materiales o sufrido daños o tenido problemas para llegar a sus trabajos”.
Swett no especificó medidas y evitó
opinar sobre un aumento del salario mínimo o la reforma tributaria
impulsada por el gobierno, porque son temas de “política pública”.
La Sofofa pidió a CIPER enviar las
preguntas por correo, pero no respondió hasta la publicación de este
artículo. Lo mismo ocurrió con la Asociación de Concesionarios de Obras
de Infraestructura Pública (Copsa), a la que se consultó por su
predisposición a rediseñar el cálculo de las tarifas que cobran sus
miembros, especialmente el TAG de las autopistas.
CIPER consultó a la Asociación Nacional
de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) si considera razonable
revisar el método de cálculo de las tarifas de su sector, para
incorporar factores asociados al impacto en el costo de la vida de sus
usuarios. La respuesta, por escrito, señala que solo están dispuestos a
revisar las tarifas para considerar factores ambientales (sequía y
cambio climático), pero no se pronuncia por el impacto de las alzas en
los hogares:
“El marco regulatorio del sector
sanitario, y su modelo tarifario, fueron diseñados hace 30 años. Por
tanto, es muy razonable pensar en revisar la regulación, especialmente
con el objetivo de incorporar los cambios fundamentales que marcan
nuestra realidad actual: la prolongada y creciente sequía que afecta a
nuestro territorio y los eventos provocados por el cambio climático”.
En el holding Quiñenco
explicaron a CIPER que la propuesta de Andrónico Luksic considera solo a
los trabajadores directos “como un primer paso” y que, para concretarla
las medidas, deberán ser discutidas en los directorios de cada
compañía del grupo. También señalaron, respecto de mejorar las
condiciones salariales de los trabajadores subcontratados por las
empresas del holding, que deberán “fijar políticas antes de las
licitaciones (de los servicios externalizados)” y que “han ido
revisando los contratos de las empresas subcontratistas” cada vez que ha
habido denuncias de condiciones laborales precarias.
Desde Quiñenco informaron a CIPER que el
gobierno “no se ha acercado” en particular al holding para dialogar
sobre las medidas que se podrían incorporar en lo que se ha denominado
“nuevo pacto social”, ya que el acercamiento oficial de La Moneda se
está llevando a través de conversaciones con las grandes asociaciones
gremiales.
Fuente:
https://ciperchile.cl/2019/11/La rebelión en Chile efectivamente vino de afuera: de Chicago, Washington y Langley
Por:
Redacción de Cubadebate
1 noviembre 2019
| CUBADEBATE
Más de un millón de personas marcharon el viernes en la capital chilena. Foto: AFP.La Casa Blanca aludió a un actor extranjero en un comunicado emitido por la mañana, después de que el presidente estadounidense Donald Trump llamara a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para expresarle su apoyo.
"Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate en Chile", dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.
El diplomático indicó que hay claras señales de personas que están "aprovechando el debate" para "exacerbar la división y fomentar el conflicto" en el país sudamericano, principalmente "mediante el uso y abuso de las redes sociales y de alborotadores".
Las protestas que comenzaron en Chile hace casi dos semanas contra un alza del precio en el billete del metro derivaron en un movimiento amplio de indignación contra el gobierno y varias instituciones.
En el marco de las protestas el gobierno -que a los pocos días revocó el alza del transporte- decretó el estado de emergencia y durante varios días impuso el toque de queda.
La crisis obligó a Piñera a anunciar el miércoles la cancelación de la organización del encuentro de líderes del foro APEC -al que asistiría Trump- y de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP25, que debían realizarse en pocas semanas más en Santiago.
Con respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas en Chile hechas por varias organizaciones, el funcionario dijo que no tiene "suficientes detalles".
La Casa Blanca informó este jueves que Trump llamó a su homólogo chileno para expresarle su apoyo y denunció que hay "esfuerzos extranjeros para minar las instituciones" en el país.
El diplomático estadounidense dijo que Rusia ha incrementado su influencia en América Latina.
"Parece que prefieren a una región dividida y que el debate democrático esté imbuido en el conflicto, lo cual es lamentable", dijo sobre los rusos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció la semana pasada un "patrón" de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba –orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile–, atribuyéndoles a estos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.
Tras la crisis, Piñera cambió su gabinete con el objetivo de aplacar las protestas que denuncian los bajos salarios y las magras pensiones y sobre todo la desigualdad en un país con un alto nivel de PIB per cápita pero con una marcada brecha entre ricos y pobres.
Las protestas también apuntan contra la Constitución pinochetista impuesta por el régimen militar que rigió el país desde 1973 hasta inicios de los 90, la cual ha mediatizado la democracia chilena durante tres décadas.
El Golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el Gobierno Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende fue organizado y apoyado por la Agencia Central de Inteligencia, bajo órdenes de la Casa Blanca.
Su objetivo principal fue acabar con el proceso de izquierda en Chile e imponer a sangre y fuego un férreo programa económico neoliberal, bajo la conducción de economistas chilenos formados en la Escuela de Chicago, los llamados "Chicago Boys"
El señor Trump y su Departamento de Estado tienen mucha razón en declarar que las protestas sociales crecientes en Chile tienen amparo desde fuera del país sudamericano. Pero su origen no está ni en Moscú, ni Caracas, ni La Habana. Apunten mejor hacia Langley, Washington y Chicago.
Construir un nuevo Chile desde los territorios: La propuesta de organización ciudadana en Valparaíso para una nueva Constitución
Pero, es a propósito de la falta de respuestas del gobierno nacional, ante una serie de demandas sostenidas por la ciudadanía por largo tiempo, que, desde la base de la sociedad, el pueblo chileno ha comenzado un proceso de debate y reflexión con el objetivo de dibujar el camino para la construcción de nuevo Chile.
En Valparaíso ese proceso ya está en marcha. Diversas instancias de participación se han comenzado a multiplicar en diferentes partes de la comuna, donde las movilizaciones ciudadanas, los diálogos, los cabildos, las actividades comunitarias, culturales, y las cotidianas discusiones a escala barrial, han permitido el encuentro de la ciudadanía y el inicio de un proceso constituyente.
Al respecto, Valentina Guajardo, presidenta de la agrupación Acción Basura, comentó que “nos estuvimos reuniendo en el sector 5, nos presentamos entre todos los que participamos del cabildo, desde juntas de vecinos, organizaciones y ONG, y compartimos cuales son las preocupaciones y las demandas que a lo largo de estos 30 años y más han estado en la opinión pública y de qué forma podemos hacer que esas demandas se establezcan como un petitorio comunal, para poder llevar eso a una Asamblea Constituyente, demostrando que aunque el gobierno, la clase política y los medios de comunicación no pongan prioridad a esta necesidad, las bases ya nos estamos comenzando a organizar para comenzar el proceso de una nueva constitución”.
Para ello, el municipio porteño se ha puesto a disposición para aportar en el fortalecimiento de este proceso constituyente, con el objetivo de alcanzar las transformaciones esperadas, y una nueva constitución para Chile, emanada de desde los territorios, ratificando su compromiso con la comuna y reconociendo la diversidad de expresiones existentes en ella, las que permiten nutrir este proceso de construcción colectiva. El municipio ha trabajado en una propuesta de transformación democrática del territorio, que se basa en procesos de participación social y política vinculante, orientadas por el bien común.
Respecto a esta idea, Tania Madriaga, directora de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio porteño aseguró que “nosotros creemos que la transformación solo es posible cuando se ponen los intereses de los habitantes, del pueblo, de la gente, por sobre los intereses de los grupos políticos particulares. El gobierno local tiene que ser una herramienta del interés común, general y democrático de los y las habitantes”.
Las desigualdades presentes en nuestra sociedad han llevado a la ciudadanía a cuestionar la actual Constitución, dando paso al inicio de un proceso propio del poder constituyente originario, con el objeto de dejar sin efecto un texto ilegitimo para la ciudadanía. Pero, para que los y las habitantes se logren reconocer en el texto constitucional, es necesario establecer un nuevo pacto social a través de una nueva Constitución, que permita una convivencia con un trato más justo, igualitario y democrático.
“Me parece muy valioso el momento que se está viviendo, en términos de organización y reacción, y de la metodología que se ha estado anunciando. Que la Municipalidad se ponga al servicio de que la gente se exprese y discuta, me parece maravilloso. Espero que esto no pare, que las asambleas sigan y que vayan tomando cuerpo orgánico, donde se empiece a tener más claro como el pueblo se tiene que organizar y poder democratizar todo el país”, comentó David Soto, secretario de la Junta de Vecinos 134 Barrio Puerto.
Sin embargo, para concretar lo anterior, se requiere modificar el actual marco jurídico constitucional, para que este permita convocar a un plebiscito, que tenga por objeto constituir una Asamblea Constituyente u otro mecanismo dedicado exclusivamente a redactar una nueva Constitución Política. Para esto, el municipio porteño realizó una propuesta de una serie de herramientas que permitan organizar este proceso.
Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, concluyo tras la realización de la tercera Asamblea Ciudadana, organizada por la alcaldía de Valparaíso, que “en nuestra comuna el proceso constituyente ya empezó. Esta es la tercera asamblea en la que estamos participando junto a diversas organizaciones del territorio. Realizamos un trabajo sectorizado y posteriormente un plenario donde se tomarán definiciones de cómo seguir. Las asambleas proponen avanzar hacia un cabildo constituyente comunal, que a través de un plebiscito constituyente en Valparaíso, pueda definir nuestra posición, de cara a lo que viene. Se repte la necesidad de instalar una Asamblea Constituyente y esa es también la opinión que yo como alcalde tengo de este momento político”.
“Creo que si bien comienza a instalarse la necesidad del cambio de la constitución, lo que no está claro y donde existen diferencias evidentes con el gobierno y parte de la oposición es quien detenta el poder constituyente. Nosotros creemos que el poder constituyente no lo puede detentar el Congreso, sino que lo debe detentar el pueblo de Chile, que debe avanzar en organización, para construir esta nueva constitución, que esperamos inicie en nuestro país un nuevo momento histórico”, finalizó el edil porteño.
Grave: Denuncian que agentes de civil están realizando detenciones selectivas en Concepción
Resumen
El portal Resumen
difundió el registro en video de una violenta detención realizada por
agentes policiales de civil y carabineros en el centro de Concepción.
De acuerdo al reporte, la detención tuvo lugar en Maipú con Lincoyán, cuando un efectivo de civil sujetó violentamente por el cuello a un manifestante que iba caminando con una joven en un lugar donde no había ni barricadas ni enfrentamientos.
Los gritos de la joven hicieron que se agrupara gente alrededor, momento en el que otro agente de civil se encargó de sacarla del lugar, mientras desde un radiopatrulla un carabinero se bajó con un bastón a golpear al joven mientras otros agentes de civil lo esposaban, subiéndolo a un automovil civil.
Posteriormente, de acuerdo a varios testigos, el efectivo de civil que realizó la detención continuó deambulando por el lugar.
Crédito: Migrar Photo
De acuerdo al reporte, la detención tuvo lugar en Maipú con Lincoyán, cuando un efectivo de civil sujetó violentamente por el cuello a un manifestante que iba caminando con una joven en un lugar donde no había ni barricadas ni enfrentamientos.
Los gritos de la joven hicieron que se agrupara gente alrededor, momento en el que otro agente de civil se encargó de sacarla del lugar, mientras desde un radiopatrulla un carabinero se bajó con un bastón a golpear al joven mientras otros agentes de civil lo esposaban, subiéndolo a un automovil civil.
Posteriormente, de acuerdo a varios testigos, el efectivo de civil que realizó la detención continuó deambulando por el lugar.
Juicio y castigo para los criminales, partiendo por Piñera.
31 octubre, 2019
Natalia Pravda
Sindicatos mineros le dan un portazo al Gobierno: Diálogo sólo será posible si se aclaran asesinatos y violaciones a los DD.HH. en marchas.
Por The Clinic.
Además, aseguraron que pese a cumplirse con todos los requisitos “no estamos disponibles para que las soluciones se realicen por las vías parlamentarias”.
Además, aseguraron que pese a cumplirse con todos los requisitos “no estamos disponibles para que las soluciones se realicen por las vías parlamentarias”.
Un fuerte mensaje emitieron los principales 24 sindicatos mineros que
se reunieron el pasado 26 de octubre para analizar la situación del
país, donde declararon su apoyo a las demandas de los trabajadores.
En el comunicado subrayan que “somos
parte integral de esta clase trabajadora que sufre y que hoy se
manifiesta en las calles, por esta acumulación de rabia ante los atropellos e injusticias que este Gobierno y otros han golpeado sistemáticamente a nuestra sociedad, de la cual somos parte”.
“Los atropellos e injusticias a nuestros
derechos son más profundos y no sólo son algo circunstancial de este
nefasto Gobierno, sino que responden a un ordenamiento mayor, a un sistema capitalista y extractivista que estratégicamente responde a intereses económicos y políticos, mas no a las necesidades legitimas de los pueblos”, advierten.
En esa línea, declaran que “ante los intentos gubernamentales de abrir espacios de diálogo con el sector minero declaramos nuestro rechazo a estas estratagemas“.
Los sindicatos acusan que “mientras exista violencia institucional a
través de la imposición de un Estado de Excepción por motivos
políticos, con Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía civil en las
calles oprimiendo y vulnerando los derechos de quienes nos manifestamos
legítimamente no se podrá llegar a ningún acuerdo fructífero”.
“No estamos disponibles a estos intentos y maquinaciones mientras
no se den las condiciones necesarias para el esclarecimiento de todos
los asesinatos a manos de las fuerzas opresoras del Estado, y se
clarifiquen las cifras reales de heridos y los graves atropellos y
vulneración de derechos, tales como: la tortura, abusos de connotación
sexual, uso excesivo de fuerza, secuestros y detenciones ilegales”,
agregaron.
Para ellos, “se requiere que estos procesos sean realizados por un organismo internacional junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con todas las garantías y medidas judiciales correspondientes”.
“De igual manera declaramos que de existir en algún momento espacios o condiciones para dar solución a estos conflictos, no estamos disponibles para que estos se realicen por las vías parlamentarias, menos con las influencias e intereses de los partidos políticos”, puntualizan.
Es más, consideran que “es absolutamente necesario que estos espacios sean representados por los propios trabajadores y
sus organizaciones legítimamente respaldadas y validadas por la
decisión soberana de nuestras bases y las fuerzas vivas del pueblo.
Participando siempre junto a otras organizaciones o gremios de
trabajadores y de la sociedad civil”.
Baltasar Garzón: “Tarde o temprano Sebastian Piñera pagarás los delitos de DDHH cometidos en Chile”.
Presidente:
Soy Baltasar Garzón, el juez español que
ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de
1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho
con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto
quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa
que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos
originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva
con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.
Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos
han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un
estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político
alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo que,
debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a
Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y
la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de
los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda,
según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el
país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Así
mismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables,
con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y
constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la
ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y
el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace
años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país
desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero,
nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi
total desprotección social.
Como la máxima autoridad política, usted debe saber
que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena
dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo
lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y
desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó
varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la
entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables
ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No
hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho.
Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado
son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o
indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones
adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación,
con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo
etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos
progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el
Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien
quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.
Es por ello, señor Presidente, que en
los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes
secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que
reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente
atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas,
la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado
a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas,
de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de
Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse
presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.
La violencia engendra violencia
Quizás no le guste oír esto, pero usted,
como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en
democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan
actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una
estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los
militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.
De más está decir que la violencia
engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina,
que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y
más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden
público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o
destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es
para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar.
La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se
suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que
luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero,
señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de
objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.
“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto
no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”,
afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer
fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el
agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.
Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos
a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos
humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de
la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque,
además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal
Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una
comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en
Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.
No le quepa duda, señor Presidente, que
no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la
culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael
Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto
Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con
el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el
continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por
aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.
Sobre la responsabilidad del Presidente de la República por crímenes perpetrados bajo el estado de emergencia.
Por Juan Pablo Mañalich R.El entorno del Presidente Piñera parece no advertir que si los militares y policías desplegados durante el estado de emergencia llegan a cometer delitos de lesa humanidad, él podría llegar a tener responsabilidad penal como autor. El columnista explica las condiciones en que esto podría configurarse y argumenta, además, que desde el punto de vista del derecho penal internacional, el Jefe de Estado podría llegar a ser responsabilizado por eventuales crímenes cuya perpetración no impidió, si se demuestra que hizo caso omiso de información de que esos crímenes se iban a cometer.
En una declaración emitida el miércoles
23 de octubre, el Ministro de Justicia se refirió a presuntos delitos
perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden bajo la
vigencia del estado de emergencia decretado por el Presidente de la
República. Sobre ello dijo que “todos los que tengan responsabilidades
deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas”.
Las declaraciones y el comportamiento de
otros personeros de Gobierno, incluido el mismo Presidente de la
República, hacen dudar de que en su entorno inmediato exista claridad
acerca de quiénes pudieran llegar a tener responsabilidad por tales
delitos.
Desde el punto de vista del derecho
interno, las normas pertinentes van más allá del Código Penal, pues
también es aplicable la Ley 20.357 -vigente desde el 18 de julio 2009-,
que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra. Esa ley habilita a los tribunales chilenos para conocer buena
parte de los crímenes sobre los cuales la Corte Penal Internacional
puede llegar a ejercer su jurisdicción “complementaria”.
Entre esos delitos figuran, por ejemplo, la tortura y la desaparición forzada de personas.
Crédito: Migrar Photo
Las reglas contenidas en la Ley 20.357
complementan y modifican la regulación penal general. Por ejemplo, su
art. 40 declara imprescriptibles tanto la acción penal respecto de los
crímenes tipificados, como las penas que eventualmente se impongan. A su
vez, el art. 35 fija las condiciones bajo las cuales pueden resultar
responsables, como autores, los civiles o uniformados que ostenten la
calidad de “autoridades o jefes militares”. Esto incluye, en primerísimo
lugar, a quien sea Jefe de Estado al momento de ser cometidos los
crímenes.
Para que los delitos eventualmente perpetrados por agentes policiales
o militares bajo la vigencia del estado de emergencia puedan resultar
constitutivos de crímenes de lesa humanidad (tipificados en la Ley
20.357) es necesario que cumplan las condiciones establecidas en su art.
1º.
Crédito: Migrar Photo
URUGUAY
Preocupa a maestros el documento de la oposición sobre “transformación de la educación”
Foto: Montevideo Portal - Pablo Scutari (archivo)
Estas condiciones son: (1) que las acciones constitutivas de los delitos formen “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”; y (2) que este ataque “responda
a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan
sobre algún territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de
hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.
La propia ley define, en su art. 2º, qué
se entiende por un ataque “generalizado” o “sistemático”: el ataque es
generalizado cuando consiste en “un mismo acto o varios actos
simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un
número considerable de personas”; es sistemático, en cambio, cuando consiste en “una
serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de
tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de
personas”.
Crédito: Migrar Photo
Serán los tribunales los que deben
establecer, sobre la base de la persecución penal que pueda iniciar el
Ministerio Público, si las condiciones recién reseñadas pueden haberse
cumplido. Pero en principio es difícil poner en cuestión que las
circunstancias que acompañan al actual estado de emergencia vuelven
concebible que los acontecimientos se estén desarrollando en una
dirección que pueda llevar a ello.
Al respecto, cabe subrayar que la
existencia de una política de Estado que sirva de contexto a la posible
comisión de los crímenes en cuestión, según lo exige el art. 1º de la
ley, no necesariamente tendrá que haber sido reconocible al inicio de la
situación durante la cual haya tenido vigencia el estado de emergencia.
Es perfectamente imaginable, en cambio, que esa política de Estado se
haya vuelto suficientemente reconocible en algún momento o a partir de
un hito posterior.
Sería irresponsable obviar la
importancia de esta última observación. Tanto el Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) como el propio gobierno de Chile han validado
públicamente información que vuelve fundada la sospecha de que, durante
la vigencia del estado de emergencia, miembros de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad desplegadas han perpetrado delitos que podrían
resultar punibles bajo la Ley 20.357, a saber: homicidio (art. 4º) y
tortura (art. 7º Nº 1). Es incierto, pero en ningún caso descartable,
que a aquellos pudieran añadirse crímenes de lesión corporal gravísima
(art. 5º Nº 2), de privación ilegal de libertad por más de cinco días o
de secuestro calificado (art. 5º Nº 7), así como de abuso sexual
calificado (art. 5º Nº 8).
El punto crucial es, en cualquier caso,
el siguiente. Según el art. 35 de la Ley 20.357, las personas que hayan
ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y
que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes
(de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido
conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes.
El art. 35 formula, así, una versión
considerablemente más estrecha de la regla sobre “responsabilidad de los
jefes y otros superiores”, contenida en el art. 28 del Estatuto de
Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional. Al
margen de otras diferencias, ese art. 28 hace posible afirmar la
responsabilidad, entre otros, del Jefe de Estado respectivo que, aun no
teniendo conocimiento de los crímenes cuya perpetración no impidiera, “deliberadamente
hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los
subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”.
Esto último debería ser tenido en cuenta
en el análisis prospectivo de la responsabilidad penal que, desde el
punto de vista del derecho internacional, pudiera llegar a ser
atribuible al Presidente de la República, en referencia a los hechos
punibles perpetrados por agentes de Carabineros y del Ejército bajo la
vigencia del estado de emergencia que él decretó.
Este artículo es parte del proyecto
CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre
la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos
fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio
abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional
que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico
recibe aportes de tres centros de estudios: el Centro de Estudios de
Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de
Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Instituto Milenio
Fundamentos de los Datos (IMFD). Estos aportes no condicionan la
libertad editorial de CIPER.
Fuente:
https://ciperchile.cl/2019/10/URUGUAY
Presidente Fenapes: «La coalición plantea que la educación está en crisis para luego privatizarla»
Marcel Slamovitz opinó que los partidos que están en la alianza liderada por Lacalle Pou «no defienden la educación pública».
Ultima actualización Nov 5, 2019 - LA REPÚBLICA uy
El
presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria (Fenapes), Marcel Slamovitz, opinó que el documento borrador
presentado por la coalición «no defiende a la educación pública».
«Afecta la libertad de cátedra, y daña el estatuto del funcionario docente, da lugar al acomodo y va en detrimento del sistema escalafonario que se traduce en pérdida laboral», señaló a República Noticias.
Asimismo, agregó que «para los estudiantes existe el menoscabo de la educación pública así como también su mercantilización, además hay un artículo de eliminar asignaturas como literatura y filosofía de ciclo básico, lo que va a llevar a tener una educación para ricos y una para pobres, como el modelo chileno». «Es una lucha entre el despotismo y la libertad más allá de las diferencias y críticas que le hemos hecho a este gobierno», añadió.
Sobre uno de los puntos en materia de educación que indica el documento borrador, Slamovitz señaló que «primero se intenta plantear que está en crisis para luego privatizarla, es lo que ha hecho Pablo da Silveira como mensajero privatizador».
«Hay un punto que dice que cada centro elija las disciplinas y las asignaturas que crea necesario y eso empobrece la educación porque nadie va a obligar a los centros privados a hacer lo mismo, y eso hace también que se empobrezca la educación de los más pobres. Esto es muy grave, sería el fin de la educación pública desde la época vareliana hasta ahora», sostuvo.
«Ahora también se habla de la extensión de liceos militares, es un acuerdo de la derecha con la ultraderecha violando la libertad de cátedra. Todos los chicos deben estudiar lo mismo de Artigas a Montevideo en los liceos, esto es una discriminación negativa el apuntar el presupuesto estatal a liceos militares», agregó.
Slamovitz indicó que «está muy claro que sí» la oposición reducirá el presupuesto para la educación. «La discusión es más amplia, es la libertad contra el fascismo, algo como lo que hace Bolsonaro en Brasil donde están las escuelas sin partido, donde se viola la libertad de cátedra, donde se delata a los profesores que tienen pensamiento crítico. Vamos a estudiar no sólo lo educativo sino las libertades, es una lucha también entre la libertad y el despotismo», dijo.
Consultado sobre la idea de los 136 modelos propuestos por el excandidato colorado Ernesto Talvi, el presidente del gremio dijo que «nada se habla». «La coalición sólo habla de liceos militares. Lo de Talvi eran liceos públicos con gestiones privadas, este es un cóctel de extrema derecha al estilo Bolsonaro. Alertamos a la población de que más allá del descontento que exista con el gobierno actual la discusión es más profunda y los trabajadores sindicalizados estamos con la verdad». Por último, Slamovitz indicó que la coalición opositora «tiene un desprecio grande hacia los trabajadores sindicalizados».
«Afecta la libertad de cátedra, y daña el estatuto del funcionario docente, da lugar al acomodo y va en detrimento del sistema escalafonario que se traduce en pérdida laboral», señaló a República Noticias.
Asimismo, agregó que «para los estudiantes existe el menoscabo de la educación pública así como también su mercantilización, además hay un artículo de eliminar asignaturas como literatura y filosofía de ciclo básico, lo que va a llevar a tener una educación para ricos y una para pobres, como el modelo chileno». «Es una lucha entre el despotismo y la libertad más allá de las diferencias y críticas que le hemos hecho a este gobierno», añadió.
Sobre uno de los puntos en materia de educación que indica el documento borrador, Slamovitz señaló que «primero se intenta plantear que está en crisis para luego privatizarla, es lo que ha hecho Pablo da Silveira como mensajero privatizador».
«Hay un punto que dice que cada centro elija las disciplinas y las asignaturas que crea necesario y eso empobrece la educación porque nadie va a obligar a los centros privados a hacer lo mismo, y eso hace también que se empobrezca la educación de los más pobres. Esto es muy grave, sería el fin de la educación pública desde la época vareliana hasta ahora», sostuvo.
«Ahora también se habla de la extensión de liceos militares, es un acuerdo de la derecha con la ultraderecha violando la libertad de cátedra. Todos los chicos deben estudiar lo mismo de Artigas a Montevideo en los liceos, esto es una discriminación negativa el apuntar el presupuesto estatal a liceos militares», agregó.
Slamovitz indicó que «está muy claro que sí» la oposición reducirá el presupuesto para la educación. «La discusión es más amplia, es la libertad contra el fascismo, algo como lo que hace Bolsonaro en Brasil donde están las escuelas sin partido, donde se viola la libertad de cátedra, donde se delata a los profesores que tienen pensamiento crítico. Vamos a estudiar no sólo lo educativo sino las libertades, es una lucha también entre la libertad y el despotismo», dijo.
Consultado sobre la idea de los 136 modelos propuestos por el excandidato colorado Ernesto Talvi, el presidente del gremio dijo que «nada se habla». «La coalición sólo habla de liceos militares. Lo de Talvi eran liceos públicos con gestiones privadas, este es un cóctel de extrema derecha al estilo Bolsonaro. Alertamos a la población de que más allá del descontento que exista con el gobierno actual la discusión es más profunda y los trabajadores sindicalizados estamos con la verdad». Por último, Slamovitz indicó que la coalición opositora «tiene un desprecio grande hacia los trabajadores sindicalizados».
Fenapes analiza propuestas de Lacalle Pou que «precarizan» la educación
«No
hay una solo palabra sobre incrementar el presupuesto y tampoco sobre
cubrir los cargos que faltan», aseguraron desde el sindicato.
4 noviembre, 2019 - CARAS Y CARETAS
El
consejo ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria (Fenapes), se reunirá este lunes para analizar las propuestas
educativas que el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle
Pou, quiere acordar con los demás partidos de oposición.
Desde Fenapes aseguraron que las medidas comprendidas en el documento son «sumamente preocupantes».
El
dirigente de Fenapes, Javier Iglesias, declaró en Radio Uruguay que
«desconoce los problemas reales de la educación pública de hoy. No hay
una sola palabra sobre incrementar el presupuesto, no hay una sola
palabra sobre la necesidad de cubrir los cargos que hacen falta en
liceos y escuelas. Hay una mención muy general a la construcción de
liceos, pero se suma la necesidad de generalizar el modelo de liceo
militar en el interior y de la impresión da una gran impericia y un gran
desconocimiento por parte de los supuestos expertos».
Iglesias dijo que otro de los inconvenientes que se esconden refieren a una “precarización de contenidos” académicos que debería preocupar a la población.
Desde Fenapes aseguraron que las medidas comprendidas en el documento son «sumamente preocupantes».
Iglesias dijo que otro de los inconvenientes que se esconden refieren a una “precarización de contenidos” académicos que debería preocupar a la población.
Preocupa a maestros el documento de la oposición sobre “transformación de la educación”
La Federación Uruguaya de Magisterio -Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), expresa su preocupación por el contenido del documento de pre acuerdo de la oposición en referencia a la educación, en el cual se plantea la “modificación de la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”.
EDUCACIÓN
04 de noviembre de 2019, 23:22hs - LR21
Este lunes 4 de noviembre, la FUM-TEP emitió un comunicado sobre el
documento que presentaron los partidos de la coalición opositora de cara
al balotaje, denominado: “Compromiso por el país”, específicamente en
el punto Nº 8: “Transformar la educación”.
El sindicato de los maestros entiende que “es necesario ahondar más en las propuestas presentadas”, contar con mayor información acerca de a qué se refiere el documento político de la oposición sobre algunos aspectos, tales como: “El rol que pretende asignarles a las direcciones escolares, la reforma del estatuto vigente, la creación de un nuevo estatuto docente y no docente, y la eliminación de los consejos desconcentrados pasando a ser unipersonales integrados al CODICEN”.
Por otro lado, la FUM-TEP manifiesta su preocupación sobre algunos aspectos allí mencionados, “en especial a lo que hace a la gobernanza en la ANEP, la pérdida de la autonomía al pretender fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional”.
En el documento de pre acuerdo de la oposición se plantea la “modificación de la gobernanza de ANEP a través de la sustitución de los actuales consejos desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al CODICEN, los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN, con voz y sin voto”.
El sindicato de los maestros entiende que “es necesario ahondar más en las propuestas presentadas”, contar con mayor información acerca de a qué se refiere el documento político de la oposición sobre algunos aspectos, tales como: “El rol que pretende asignarles a las direcciones escolares, la reforma del estatuto vigente, la creación de un nuevo estatuto docente y no docente, y la eliminación de los consejos desconcentrados pasando a ser unipersonales integrados al CODICEN”.
Por otro lado, la FUM-TEP manifiesta su preocupación sobre algunos aspectos allí mencionados, “en especial a lo que hace a la gobernanza en la ANEP, la pérdida de la autonomía al pretender fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional”.
En el documento de pre acuerdo de la oposición se plantea la “modificación de la gobernanza de ANEP a través de la sustitución de los actuales consejos desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al CODICEN, los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN, con voz y sin voto”.
Profundizar detalles
“Es fundamental profundizar en los detalles de las modificaciones planteadas de cara un eventual gobierno de la coalición opositora, superando los posicionamientos genéricos sobre un tema tan sensible para las comunidades educativas y en consecuencia para el conjunto de la sociedad”, expresa el gremio de maestros en el comunicado que lleva la firma de la secretaria general de FUM-TEP, Elbia Pereira.
Maestras pidieron detalles del documento que será firmado por los líderes de la coalición
La FUM-TEP emitió un comunicado pidiendo detalles sobre cuatro puntos y expresando preocupación por otros.
04.11.2019 18:44 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto: Montevideo Portal - Pablo Scutari (archivo)
La Federación Uruguaya de Magisterio -
Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado en
relación al documento presentado por el Partido Nacional al resto de los
partidos que integrarán la coalición opositora que enfrentará al Frente
Amplio en el balotaje.
El documento se divide en 13 lineamientos y uno de ellos refiere a la educación. El comunicado de las maestras está específicamente dedicado al apartado llamado "Transformar la educación".
"Es necesario ahondar más en las propuestas presentadas y contar con mayor información acerca de a qué se refiere el documento político de la oposición", señala el escrito de las maestras.
En este sentido, el pedido de detalles se refiere al rol que se pretende asignar a las direcciones escolares, la reforma del estatuto vigente, la creación de un nuevo estatuto docente y no docente y la eliminación de los consejos desconcentrados pasando a ser unipersonales integrados al CODICEN.
"Por otro lado, expresamos nuestra preocupación sobre algunos aspectos allí mencionados, en especial a lo que hace a la gobernanza en la ANEP y la pérdida de la autonomía al pretender fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional", añade el escrito.
"Es fundamental profundizar en los detalles de las modificaciones planteadas de cara a un eventual gobierno de la coalición opositora, superando los posicionamientos genéricos sobre un tema tan sensible para las comunidades educativas y en consecuencia para el conjunto de la sociedad", concluye.
Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) también manifestó preocupación por el documento presentado en la coalición.
Uno de los integrantes del Consejo Ejecutivo de Fenapes, Javier Iglesias, dijo a Radio Uruguay que en el documento queda demostrada la falta de conocimiento de la problemática actual que vive la educación.
"Desconoce los problemas reales que hay en la educación pública hoy. No hay una sola palabra sobre la necesidad de incrementar el presupuesto, no hay una sola palabra sobre necesidades de cubrir la cantidad de cargos que hacen falta hoy en liceos y escuelas", admitió Iglesias.
Este lunes se reúne el Consejo Ejecutivo de Fenapes, analizará las propuestas en materia de educación de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou y emitirá una declaración al respecto.
Aquí el documento completo de la coalición.
Montevideo Portal
El documento se divide en 13 lineamientos y uno de ellos refiere a la educación. El comunicado de las maestras está específicamente dedicado al apartado llamado "Transformar la educación".
"Es necesario ahondar más en las propuestas presentadas y contar con mayor información acerca de a qué se refiere el documento político de la oposición", señala el escrito de las maestras.
En este sentido, el pedido de detalles se refiere al rol que se pretende asignar a las direcciones escolares, la reforma del estatuto vigente, la creación de un nuevo estatuto docente y no docente y la eliminación de los consejos desconcentrados pasando a ser unipersonales integrados al CODICEN.
"Por otro lado, expresamos nuestra preocupación sobre algunos aspectos allí mencionados, en especial a lo que hace a la gobernanza en la ANEP y la pérdida de la autonomía al pretender fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional", añade el escrito.
"Es fundamental profundizar en los detalles de las modificaciones planteadas de cara a un eventual gobierno de la coalición opositora, superando los posicionamientos genéricos sobre un tema tan sensible para las comunidades educativas y en consecuencia para el conjunto de la sociedad", concluye.
Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) también manifestó preocupación por el documento presentado en la coalición.
Uno de los integrantes del Consejo Ejecutivo de Fenapes, Javier Iglesias, dijo a Radio Uruguay que en el documento queda demostrada la falta de conocimiento de la problemática actual que vive la educación.
"Desconoce los problemas reales que hay en la educación pública hoy. No hay una sola palabra sobre la necesidad de incrementar el presupuesto, no hay una sola palabra sobre necesidades de cubrir la cantidad de cargos que hacen falta hoy en liceos y escuelas", admitió Iglesias.
Este lunes se reúne el Consejo Ejecutivo de Fenapes, analizará las propuestas en materia de educación de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou y emitirá una declaración al respecto.
Aquí el documento completo de la coalición.
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
«El PN y sus aliados discuten a espaldas de la gente un ajuste fiscal contra los trabajadores»
Gerardo
Núñez cuestionó a la eventual coalición multicolor y detalló que «el FA
trabaja para frenar esa ofensiva conservadora y para profundizar las
transformaciones».
Ultima actualización Nov 5, 2019 - LA REPÚBLICA uy
El
diputado reelecto por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, dijo a
República Radio de LaCatorce10 que «el PN y sus aliados discuten a
espaldas de la gente un ajuste fiscal contra los trabajadores y
jubilados»; y resaltó que esperan el voto de wilsonistas y batllistas
como Fernando Amado.
Núñez adelantó la estrategia del Frente Amplio para lograr la victoria en el balotaje y lograr el cuarto gobierno de la coalición de izquierda: «Salimos a dar pelea para lograr darle continuidad a las políticas que viene desarrollando el FA desde hace 15 años», remarcó el parlamentario.
«El Partido Nacional y sus aliados discuten en secreto y a espaldas de la gente su programa de ajuste fiscal contra trabajadores y jubilados; el FA trabaja para frenar esa ofensiva conservadora y para profundizar las transformaciones», señaló. En esa línea el legislador dejó en claro que a su entender «es algo absolutamente peligroso que se discuta en silencio ese programa que en realidad es la Ley de Urgente Consideración. Por eso respaldamos todas las iniciativas de los ciudadanos que exigen conocer su contenido».
Añadió que lo que se sabe es que se pretende por parte de la oposición «la entrega de empresas públicas. Ojalá no prospere esta iniciativa, primero porque se dé una victoria del Frente Amplio en el balotaje o porque no lo logren a nivel parlamentario, para lo cual tendrían los votos».
Con relación a los apoyos que esperan por parte de sectores de la oposición para el balotaje, recordó cómo Fernando Amado se sumó al Frente Amplio y eso» representa que una ola batllista podría sumar al FA de igual manera, como algunos wilsonistas. Que no son nuevas, ya que el FA lo ha logrado en anteriores oportunidades, y esperemos que esta vez nos ayuden a lograr una victoria el 24″. Vale recordar que Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson, milita por el Espacio 609. «Esperemos que haya muchos uruguayos que no quieran que Uruguay se transforme en la Argentina de Macri o en el Brasil de Bolsonaro», acotó.
Seguridad y convivencia
Acerca de la reforma «Vivir sin miedo» que no alcanzó los votos dijo que fue un llamado de atención para el sistema político, ya que hay uruguayos que piensan que militarizar resolvería el tema de la inseguridad. «Lejos de colocarlos en el banco de acusados, lo que debemos es conversar y debatir más, ya que el camino solamente de la represión o de aumentar penas no resuelve nada, sino que debemos tener una mira más global enfocada en la seguridad y en la convivencia», dijo.
Puntualizó que el FA tiene «una idea clara en el tema seguridad, donde hay 12 puntos». «Recordemos que en el 2000 un policía ganaba $ 5.000, hoy está arriba de los 32.000, se ha redignificado la función de la Policía apostando a la convivencia y a la prevención de la secuencia delictiva y no tanto a la represión», agregó Núñez.
Finalizando, Gerardo Núñez destacó la buena votación que tuvo el PCU el 27 de octubre, el cual llevó a que el sector tenga dos legisladores en la Cámara de Senadores, pero enfatizó que lo fundamental fue que reorganizamos varios comités de base y la estructura de la fuerza en varios lugares.
Núñez adelantó la estrategia del Frente Amplio para lograr la victoria en el balotaje y lograr el cuarto gobierno de la coalición de izquierda: «Salimos a dar pelea para lograr darle continuidad a las políticas que viene desarrollando el FA desde hace 15 años», remarcó el parlamentario.
«El Partido Nacional y sus aliados discuten en secreto y a espaldas de la gente su programa de ajuste fiscal contra trabajadores y jubilados; el FA trabaja para frenar esa ofensiva conservadora y para profundizar las transformaciones», señaló. En esa línea el legislador dejó en claro que a su entender «es algo absolutamente peligroso que se discuta en silencio ese programa que en realidad es la Ley de Urgente Consideración. Por eso respaldamos todas las iniciativas de los ciudadanos que exigen conocer su contenido».
Añadió que lo que se sabe es que se pretende por parte de la oposición «la entrega de empresas públicas. Ojalá no prospere esta iniciativa, primero porque se dé una victoria del Frente Amplio en el balotaje o porque no lo logren a nivel parlamentario, para lo cual tendrían los votos».
Con relación a los apoyos que esperan por parte de sectores de la oposición para el balotaje, recordó cómo Fernando Amado se sumó al Frente Amplio y eso» representa que una ola batllista podría sumar al FA de igual manera, como algunos wilsonistas. Que no son nuevas, ya que el FA lo ha logrado en anteriores oportunidades, y esperemos que esta vez nos ayuden a lograr una victoria el 24″. Vale recordar que Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson, milita por el Espacio 609. «Esperemos que haya muchos uruguayos que no quieran que Uruguay se transforme en la Argentina de Macri o en el Brasil de Bolsonaro», acotó.
Seguridad y convivencia
Acerca de la reforma «Vivir sin miedo» que no alcanzó los votos dijo que fue un llamado de atención para el sistema político, ya que hay uruguayos que piensan que militarizar resolvería el tema de la inseguridad. «Lejos de colocarlos en el banco de acusados, lo que debemos es conversar y debatir más, ya que el camino solamente de la represión o de aumentar penas no resuelve nada, sino que debemos tener una mira más global enfocada en la seguridad y en la convivencia», dijo.
Puntualizó que el FA tiene «una idea clara en el tema seguridad, donde hay 12 puntos». «Recordemos que en el 2000 un policía ganaba $ 5.000, hoy está arriba de los 32.000, se ha redignificado la función de la Policía apostando a la convivencia y a la prevención de la secuencia delictiva y no tanto a la represión», agregó Núñez.
Finalizando, Gerardo Núñez destacó la buena votación que tuvo el PCU el 27 de octubre, el cual llevó a que el sector tenga dos legisladores en la Cámara de Senadores, pero enfatizó que lo fundamental fue que reorganizamos varios comités de base y la estructura de la fuerza en varios lugares.
USD 60 millones por año
Propuesta multicolor implicaría beneficio millonario para grandes terratenientes
En
su cuenta de twitter el Ec. Álvaro García remarcó uno de los puntos
negativos que contiene el documento de la coalición multicolor en
materia impositiva en el sector agropecuario.
6 noviembre, 2019 - CARAS Y CARETAS
García
criticó con datos y números concretos uno de los aspectos que trata el
documento de la propuesta multicolor de la coalición. El economista
dijo, «la propuesta multicolor implicaría, de aplicarse en su totalidad,
una transferencia de USD 60 millones por año a los mayores poseedores
de tierras en el país. Eso suma aproximadamente los impuestos al
patrimonio y de primaria rurales».
En referencia al mismo tema, Gustavo Viñales, un especialista en temas tributarios, sostuvo en la misma red social que «el documento de coalición multicolor tiene un objetivo claro: eliminar el Impuesto de Primaria a inmuebles rurales cuyo destino es la educación pública, y eliminar Impuesto al Patrimonio que sólo pagan grandes productores, menos del 10% s/total.»
La
medidas incluidas en documento firmado por coalición multicolor tienen
un sentido regresivo y de menor equidad. Rebaja de impuestos a la tierra
para grandes propietarios agro y IASS para altas jubilaciones, concluyó
Viñales.
En referencia al mismo tema, Gustavo Viñales, un especialista en temas tributarios, sostuvo en la misma red social que «el documento de coalición multicolor tiene un objetivo claro: eliminar el Impuesto de Primaria a inmuebles rurales cuyo destino es la educación pública, y eliminar Impuesto al Patrimonio que sólo pagan grandes productores, menos del 10% s/total.»
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Comienza acción hacia la conmemoración de los 25 años de la Marcha del Silencio
IMÁGENES DEL SILENCIO
Comienza acción hacia la conmemoración de los 25 años de la Marcha del Silencio
Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos comenzó una acción hacia la conmemoración de los
25 años de la Marcha del Silencio, que se celebrará el 20 de mayo de
2020. A través de la iniciativa “Imágenes del Silencio” distintos
referentes de las diversas áreas del acontecer nacional se tomarán una
fotografía abrazando cada uno de los retratos de los desaparecidos
durante la última dictadura cívico militar, en un gesto que construye
“memoria y reclama verdad y justicia”.
06 de noviembre de 2019, 02:01hs
Para ello, los organizadores invitaron a
personalidades de todos los ámbitos, a ser retratados abrazando la foto
de uno de los desaparecidos.
Desde este mes de noviembre y hasta mayo
de 2020 se realizará una cuenta regresiva, día por día con una
personalidad y un desaparecido.
Se encuentran activas las redes sociales del proyecto fotográfico denominado: “Imágenes del Silencio”: Instagram: @imagenes.del.
Este miércoles 6 de noviembre se publica el primer retrato de la cuenta regresiva hacia la 25º Marcha del Silencio.
Es memoria
La fotografía es memoria. Es un vínculo
con el pasado pero sobre todo un posicionamiento ante el futuro. Hace
parte de la memoria colectiva que refiere a los recuerdos que una
sociedad guarda, comparte y transmite a las nuevas generaciones, como
clave para comprender el rumbo de todo grupo humano, expresan los
impulsores del proyecto.
En 2014, un equipo integrado por
Annabella Balduvino, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula y Cecilia Vidal
abordó la tarea de recopilar fotografías de las Marchas del Silencio
realizadas, en la exposición “Imágenes del Silencio: 20 años de
marchas”.
En el marco de la conmemoración de la 25º marcha se ha incorporado al equipo a Elena Boffetta y Federico Panizza.
Cada 20 de mayo, el pueblo marcha en
silencio. Miles de personas interpelan año a año a las autoridades, en
busca de respuestas. Desde ese silencio atronador, surge este proyecto
fotográfico.
Fuente: LR21