jueves, 2 de junio de 2011

Graves incidentes entre policía y organizaciones sociales/Publican por error compra de equipos para espionaje/Suprema Corte niega malestar con jueza que participó en Marcha del Silencio/Saravia trabaja con dirigentes de primer nivel del PN

"Asesoramiento" yanqui-israeli,proximo paso ? "medidas prontas de seguridad" y escopetas riot ?

"fueron respondidas por la Policía con efectivos protegidos con palos, escopetas con balas de goma y escudos, disparos hacia los integrantes de la marcha y camionetas de dispersión."

Graves incidentes entre policía y organizaciones sociales

31.05.2011 | 20.22 El Espectador

A escasos metros del Ministerio del Interior, se desarrollaron intensos incidentes entre la Policía y manifestantes contrarios a la realización de operativos de saturación organizados por la cartera.

Frente a los estudios de El Espectador, cercanos a la sede ministerial, arribó la nutrida marcha contra los mega operativos de seguridad que la cartera viene realizando en diferentes barrios de Montevideo y Canelones.

Los grupos Solidaridad y Acción, y Plenaria, Memoria y Justicia, así como grupos barriales, salieron a las 18 horas desde el callejón de la Universidad hasta  que, sobre las 20 horas arribaron al Ministerio del Interior, su destino, lugar donde el fuerte vallado instalado alrededor de la sede generó la violencia en el lugar por varios minutos.

Ni bien los manifestantes se posicionaron sobre la zona vallada, la policía se acercó a ellos y allí comenzaron una serie de enfrentamientos.

Detonaciones, generadas por bombas de estruendo, bombas molotov y pedradas, fueron las armas utilizadas por los manifestantes, la cuales fueron respondidas por la Policía con efectivos protegidos con palos, escopetas con balas de goma y escudos, disparos hacia los integrantes de la marcha y camionetas de dispersión.

La escena se extendió por unos 10 minutos.

El clima de tensión que quedó instalado en las inmediaciones del Ministerio.

Incidentes en marcha contra operativos policiales

La manifestación de grupos radicales contra los últimos megaoperativos derivó en serios incidentes; se arrojaron cócteles molotov y la Policía respondió con balas de goma

+ - 31.05.2011, 20:15 hs Texto:El Observador
  • © AP
     
    Los manifestantes derribaron vallas y la Policía reprimió

La marcha que varios grupos radicales realizaron en la tarde de este martes en protesta contra los últimos operativos de seguridad de la Policía terminó en serios incidentes. Según pudo presenciar El Observador, los manifestantes arrojaron piedras y cócteles molotov contra la sede del ministerio, a lo que las fuerzas del orden respondieron con balas de goma de advertencia. De todos modos, los incidentes no dejaron de momento detenidos ni heridos.

Los incidentes comenzaron cuando los cerca de 120 manifestantes -representantes de organizaciones como Solidaridad y Acción, Plenaria Memoria y Justicia-, que habían partido desde la Universidad de la República, llegaron hasta la esquina del Ministerio del Interior, en Río Branco y Marcedes, donde lo esperaban vallas instaladas previamente. Los radicales comenzaron con cánticos hacia la Policía, para luego derribar las vallas. Incluso algunos de los más exaltados amenazaron al fotógrafo de El Observador que se encontraba cubriendo los hechos.

Allí se movilizó un camión policial de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) ubicado en la esquina de Julio Herrera y Mercedes hacia los manifestantes, además de un grupo de policías a pie. Los radicales respondieron arrojando pedradas y cócteles molotov, y luego retrocedieron ante el avance policial por Río Branco y luego Colonia, hasta dispersarse en la Plaza del Entrevero.

Según se informó desde el Ministerio del Interior las fuerzas policiales disuadieron tirando dos disparos de goma “por elevación”, aunque según pudo presenciar El Observador los disparos fueron varios más.

Los incidentes no dejaron heridos ni detenidos hasta el momento. De todos modos, el vocero de la Jefatura de Policía de Montevideo, Juan Carlos Duré, explicó que todo “está en proceso” y que puede haber novedades más adelante.
La amplia mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse cuando derribaron el vallado, principalmente los estudiantes y las familias con niños que se integraron para protestar de forma pacífica.
Anti Megaoperativos

Las organizaciones anunciaron la marcha con la concepción de que los operativos de saturación son “razzias” y “criminalizan a la pobreza”. Desde el Ministerio del Interior ya se había anunciado que se esperaban incidentes en el transcurso de la marcha, y que iba a preparar un dispositivo de seguridad para responder a posibles agresiones. Además, fuentes de la cartera informaron a El Observador acerca de la certeza de que los manifestantes tienen vinculación con el grupo radical argentino Quebracho.
Ninguno de los manifestantes consultados por El Observador estaba al tanto de quiénes organizaban la movilización.

No obstante, hubo adherentes identificaron como integrantes de la Federación Anarquista (grupo Solidaridad y Acción), Partido de los Trabajadores, Movimieto Afro, Plenaria Memoria y Justicia y de diversos grupos vecinales.
El Observador quiso comunicarse el lunes con la Federación Anarquista, pero éstos se negaron a dar declaraciones, aludiendo que “la prensa es un invento del imperio.”
El Grupo “Solidaridad YAccion” de tendencia anarquista, creó una página de Facebook para promocionar la marcha en la que expresa que “en los últimos días todos los medios de “comunicación” nos han mostrado casi diariamente y en directo, tal cual, uno reality show: los mega-operativos… con milícos de todos los colores y hasta helicópteros, sitiando a los barrios más pobres de nuestra ciudad, golpeando, maltratando, humillando, violentando todo supuesto derecho, pateando puertas, detentando decenas de personas por “averiguación”, alrededor de un 99% de los/as detenidos/as en estos operativos fueron liberados/as, ya que no habían elementos probatorios de una conducta ‘delictiva’”.

Último Momento

Incidentes en el centro de Montevideo




Manifestantes que protestaban contra los operativos de saturación se enfrentaron con la Policía en las inmediaciones del Ministerio del Interior.
De la marcha participaban integrantes del Plenario Memoria y Justicia y algunos dirigentes sindicales.
Los manifestantes derribaron el vallado que montó la policía para impedirles el paso y lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas antidisturbios que controlaban la marcha.
Tras ello los agentes cargaron contra los manifestantes, unas 250 personas, disparándoles balas de goma.
Quienes arrojaban las piedras y los cócteles llevaban el rostro cubierto.
Según las primeras versiones habría varios detenidos.
El País Digital
Transparencia gubernamental...por error

Publican por error compra de equipos para espionaje

02.06.2011 | 9.06 El Espectador

La Presidencia divulgó por error en su sitio web la compra de equipamiento de espionaje para la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (Dinacie), un procedimiento que por su naturaleza no debió haber sido público, dijo a Búsqueda el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez.

La resolución publicada habilitó a la Dinacie a comprar de forma directa a una firma israelí “un bloqueador de celulares, un micrófono para pared, y dos relojes grabadores de voces”
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El Diablo los cria...y ellos apoyan la prescripcion

LANGÓN: DEFIENDE PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

Lo pasado archivado

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31.05.2011 

La SCJ confirmó que los delitos cometidos en la dictadura son crímenes comunes y no de lesa humanidad. El Dr. Miguel Langón, abogado del gral.Miguel Dalmao, dijo a Montevideo Portal que "la prescripción busca la paz social, el olvido y la tranquilidad. No 
tener lo que estamos viviendo ahora por primera vez en la historia".
A juicio del Dr. Miguel Langón, abogado del Gral. Miguel Dalmao, explicó que hay dos sistemas a nivel mundial referidos a la prescripción de los delitos. "El americano, que no admite prescripción prácticamente de ningún delito grave. En los delitos continental-europeo (Italia, Francia y España), la tradición que tenemos en América Latina es que los delitos prescriben. Por una cantidad de razones abundantes. Hay una presunción de olvido, la posibilidad que la persona que se va a juzgar no es la misma que cometió en el delito, el país cambió y también esta la posibilidad del perdón. Fundamentalmente la dificultad enorme de conseguir pruebas valederas. Condenar a un individuo por un delito cometido hace 30 años, plantea el problema de la enorme posibilidad de castigar por un mera sospecha".
El catedrático agregó que en un sistema jurídico de derecho, es necesario probar "quién disparó o dio la orden. Eso justifica y es la razón más fuerte de la prescripción. La prescripción busca la paz social, el olvido y la tranquilidad. No tener permanentemente lo que estamos teniendo ahora por primera vez en la historia".
Según publica hoy el diario El País, "la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre".
El matutino agrega que "en una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada".
Dos décadas
Consultado por Montevideo Portal, el Dr.Miguel Langón, recalcó que el Código Penal establece claramente que los delitos graves prescriben a los 20 años.
"El Derecho Penal es hijo de la realidad. 20 años son 20 años. ¿Cuando parten los homicidios? A partir del momento de la muerte. Es un voluntarismo considerar que el período que duró la dictadura se haya suspendido la prescripción. La Ley no lo dice en ninguna parte y es interpretativo. El Código establece claramente los motivos de interrupción de la prescripción. Y que haya una dictadura no está en ninguna parte. Si se fuera a aplicar, lo menos que se puede pedir es que se pruebe que lo que se alega es verdad", dijo Langón.
"Como todo el mundo está conteste en que hay que eliminar el período de la dictadura, yo lo acepto. Entonces empieza a correr el 1º de marzo de 1985. Venció el 1º de marzo de 2005. El año que asumió el ex presidente Tabaré Vázquez. Ahí están los 20 años. Pero se saca de la galera el Artículo 123 del Código Penal, que es un artículo de Ley. Quienes critican que el Código Penal es fascista, esta es una de las cosas más fascistas que puede tener", recalcó.
Montevideo Portal

N e s t o r 
rana 059
Västerås, Suecia

Suprema Corte niega malestar con jueza que participó en Marcha del Silencio

La Suprema Corte de Justicia había cursado un pedido de informes a la jueza penal Mariana Mota para que dé su versión sobre los trascendidos de prensa, que informaron sobre su presunta presencia en la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo.
La corporación indicó en un comunicado que la magistrada informó a los ministros del máximo órgano judicial, pero aclaró que los mismos "no han manifestado malestar alguno en relación a la referida" situación.
Si bien el texto señala que no se requirió un "informe ampliatorio" a la jueza, aclaró que "el asunto continúa a estudio de la corporación", quien aún no ha adoptado ninguna resolución.
La Ley de la Judicatura (15.750) establece en su artículo 94 que los jueces se abstendrán de "expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite".
Mota había declarado al semanario Búsqueda que ese 20 de mayo estuvo "en la calle" (18 de Julio, donde se realiza la manifestación) y reconoció que en el lugar dialogó con el senador suplente y abogado denunciante en varias causas Óscar López Goldaracena.
La jueza tramita varios expedientes por crímenes de la dictadura, como por ejemplo el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry. También procesó al coronel (r) Carlos Calcagno por la desaparición de dos uruguayos en Paraguay, y a los oficiales (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y José Araújo por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
El País Digital

Las culebras se siguen enroscando...

Saravia trabaja con dirigentes de primer nivel del PN

31.05.2011 | 11.32 El Espectador

En la conformación de su nuevo grupo político el actual senador frenteamplista afirmó que está trabajando junto a "dirigente del Partido Nacional de primer nivel", pero no adelantó nombres para "no crear incertidumbres". A fin de año definirá su pasaje o no al Partido Nacional.
Saravia trabaja con dirigentes de primer nivel del PN

En los últimos meses, el senador frenteamplista Jorge Saravia se ha convertido en un personaje con mucha visibilidad en el espectro político nacional.

En marzo propuso que los militares colaboren con la policía y, al estilo de las misiones de paz de la ONU, ingresen a asentamientos para combatir el delito. Esa postura lo dejó sólo en su fuerza política.
Luego, en abril, votó en contra del proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad. Con esa actitud se puso a todo su partido en contra al punto que el Espacio-609 lo definió como “autoexcluido” y ahora su comportamiento es evaluado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Desde entonces ha dado varios pasos a contramano del oficialismo.

Por ejemplo, a principios de este mes se reunió con dirigentes colorados y dijo que podría apoyar la reforma para bajar la edad de imputabilidad a cambio del respaldo colorado a su idea de internar a los menores infractores en granjas pertenecientes a las FFAA.

Y la semana pasada rechazó la idea del presidente José Mujica de incrementar los impuestos a explotaciones de más de 2.000 o más hectáreas, a la que calificó de ingenua y elaborada por "muchos payadores tecnócratas".

Se sabía que estaba manejando la posibilidad de regresar al Partido Nacional, del que se escindió en el año 2001 para acompañar a Mujica. Pero esta semana anunció que buscará crear un espacio “republicano federal”, tendría una tendencia de centro izquierda, y que estaría integrado por frenteamplistas, nacionalistas y colorados.

 “Todos coincidimos en un pensamiento republicano de defensa irrestricta de las leyes, la Constitución de la República y la participación soberana del pueblo, en ello nos identificamos tanto los que somos blancos, batllistas o frenteamplistas que estamos trabajando en esta idea. Y federal porque tiene una conformación federal y tiene postulados federales de lo que tiene que ver un proyecto estratégico de integración el Latinoamérica, lo integramos ciudadanos todos artiguistas que provenimos de distintas tendencias ideológicas, pero por un proyecto común”, explicó Saravia en el programa En Perspectiva.

“No estamos hablando del tema electoral, que eso se dará más adelante, a fin de año. Esto desemboca en un tema electoral, pero hoy estamos en la construcción de un espacio”, agregó.

Saravia afirmó que el espacio ya tiene comisiones trabajando en temas de salud, de educación, en seguridad y en política económica. “Tenemos coincidencias muy fuertes con economistas de línea del Partido Nacional”, aseguró.

Este espacio no se transformará en un nuevo partido político, adelantó Saravia. “Tenemos pensado en una definición a futuro en ir ubicados dentro de un partido, dentro de los lemas”, agregó.

“Este espacio, si participa en el Partido Nacional lo hará en la competencia. No es la idea generar listas al senado e ir detrás de algunas candidaturas porque los ciudadanos blancos que están en el grupo tampoco se identifican con esas candidaturas. Si pretendemos darle contenido al proyecto de país que entendemos que ni los partidos tradicionales del pasado lo lograron, ni el Frente Amplio lo está logrando. Estamos haciendo una propuesta nueva que enamore a la gente para pensar en el Uruguay del siglo XXI”, explicó.

Saravia adelantó que no irá atrás de la candidatura de Larrañaga o Lacalle “si es que definiéramos adentro del Partido Nacional porque los ciudadanos que acompañan este grupo no se identifican con esas candidaturas. Si vamos ahí es para competir”.

“No vamos a ir contra la candidatura de nadie. Si fuéramos en el Partido Nacional no es ni contra Lacalle o Larrañaga, es por una construcción de ideas nuevas y si fuéramos en el Frente Amplio es para revertir una línea ideológica que en el programa de gobierno se está torciendo”, explicó.

Saravia informó que dirigente del Partido Nacional de primer nivel están trabajando en este espacio, pero no adelantó nombre para “no crear incertidumbres”. “Si ponemos a la gente delante de la idea vamos a andar mal”.
Rescate de la memoria para sembrar futuro
Mónica Xavier

Ante la no aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, los frenteamplistas tenemos nuestros dolores por la incomprensión, la insensibilidad, por el exceso de protagonismo de algunos integrantes de la fuerza política y además porque hay cosas que están confusas y no deben seguir estándolo. Frente a ellas no podemos darnos el lujo de quedar paralizados. Mónica Xavier
Por eso, estuvimos una vez más en la Marcha del Silencio junto a Familiares de Detenidos Desaparecidos, el pasado viernes 20 de mayo, y estamos en la Comisión del Frente Amplio buscando nuevas alternativas... y así continúa esta lucha.

No aceptamos que hoy se nos diga que el Frente Amplio no tuvo espacios para plantear el debate; los Socialistas, que sentimos la necesidad de ampliar las instancias democráticas de decisión del Frente, tenemos muy claro que en esta oportunidad no fueron los tiempos o esos ámbitos los que faltaron, sino seguramente diferencias sobre el "como", aunque estemos unidos como ningún otro partido en la lucha contra la impunidad.

Resulta que hoy muchos critican cualquier salida que planteemos para dar cumplimiento a los objetivos de desterrar la caducidad y la impunidad, que además significan cumplir con remover los obstáculos que impidieron la investigación de esos crímenes como pide el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Seguramente, no les sirva nada, como nada hicieron durante las décadas que gobernaron y debió venir un gobierno del Frente Amplio para habilitar que la justicia comenzara a investigar dando todas las garantías. Durante la dictadura, el que perdió fue el país, y no aceptamos lecciones de democracia de quienes fueron cómplices de dramáticas situaciones vividas en el Uruguay.

Teniendo en cuenta que uno de cada tres uruguayos nació después de la dictadura la actual discusión es muy importante para conocer los hechos y no permitir que se tergiverse la historia. No permitamos que se olvide que la dictadura asesinó, secuestró, violó, robó, torturó, persiguió a los ciudadanos por sus ideas. Tampoco olvidemos que esa etapa fue responsable del inicio de la diáspora uruguaya en el mundo, que comenzó a emigrar obligadamente.

Si permitiéramos o nos permitiéramos confundir el concepto de venganza con el de justicia, cometeríamos un error imperdonable.

Acá no hay odio y las acciones de los familiares de detenidos desaparecidos, de las organizaciones políticas y sociales no son producto del odio o la venganza, sino sencillamente la búsqueda de los caminos para alcanzar Verdad y Justicia.

Yo me pregunto estimados lectores, ¿ustedes dejarían sin conocer la desaparición de un ser querido?, ¿verdad que no?......Porqué se lo vamos a pedir a Familiares, en definitiva, ¿por qué le vamos a endilgar a la historia de nuestro pueblo una actitud de cobardía y desinterés frente a estos crímenes?.

Dejemos de lado lógicas que no son las de la gran mayoría que peleó contra la dictadura; dejemos de lado la lógica de los combatientes. Que la tengan quienes enfrentaron de determinada manera la democracia y la pérdida de la misma. Pero, nosotros, los que estuvimos peleando todos los días hasta que finalmente se pudo vislumbrar la democracia, tenemos que continuar rescatando esa memoria, que será esencial para que nuestros jóvenes puedan seguir pensando en una perspectiva de futuro, sin amenazas al sistema institucional y profundizando la democracia en forma cotidiana.

Así como fue el pueblo, sus organizaciones sociales, gremiales y políticas, que dieron batalla para reconquistar la democracia, hoy siguen dando pelea para reconquistar la verdad.

Pero hay otros aspectos que quedaron al descubierto en estos debates, como lo señalara el compañero diputado Roque Arregui en la sesión del pasado 19. Quienes criticaron fuertemente el proyecto interpretativo por el supuesto desconocimiento de las dos consultas populares, presentaron proyectos de ley en 2005 (diputados del Partido Nacional); 2009 (diputado del Partido Nacional José Carlos Cardoso); y en este período de gobierno (diputados Cardoso, Berois, Caram, Trobo y Casas) que promovían la derogación de la ley 15.848 (Ley de Caducidad). Todos fueron presentados luego de una o las dos consultas populares. Interrogados los promotores de dichos proyectos sobre como se entienden esas contradicciones, recibió por respuesta un profundo ...y prolongado silencio.

Tampoco podemos pensar que desconocen dichos pronunciamientos la Suprema Corte de Justicia, los catedráticos que comparecieron en el Parlamento ni la Corte Interamericana.

De igual forma, Arregui les recordó a los otros partidos su posición sobre el Holocausto judío y el armenio, ¿no se busca allí también la verdad y la justicia? ¿Porqué medirlo con diferente vara?
Por último, la fuerza política sostuvo siempre que la erradicación definitiva de la impunidad no terminaba con la votación de "la Interpretativa", por tanto, seguiremos buscando todas las formas posibles para lograr verdad y justicia. Y en la solución de este tema, un aspecto clave es no dejar pasar el tiempo y que se nos vengan encima los plazos de prescripción de los delitos.
Sembrando...y cosechando

Vázquez recogerá ideas de Astori en su planteo de reestructura del FA

Plebiscito interno. Buscan reducir peso de los comunistas en los órganos
Valeria Gil
"Democratizar al Frente Amplio". Este concepto ha sido manejado por Danilo Astori públicamente y por Tabaré Vázquez en conversaciones con dirigentes de la coalición de izquierda. La reforma del FA que prepara Vázquez recoge ideas de Astori.
Asamblea Uruguay lidera una movida junto a sus aliados del Frente Líber Seregni (Nuevo Espacio y Alianza Progresista) para que en dos meses el Frente Amplio convoque a un plebiscito interno y defina su nueva estructura, con menos pesos de las bases y más presencia de los sectores.
Se busca reducir el peso de las bases dentro del Congreso (órgano que elige al candidato a Presidente de la República y aprueba el programa de gobierno), que responden en su mayoría al Partido Comunista. Si bien el número de integrantes del Congreso es variable, apenas 85 de pertenecen a los sectores políticos, mientras que los representantes de las bases pueden llegar a 1.800.
Bajo el concepto de "democratización" del Frente Amplio también trabaja el expresidente Tabaré Vázquez, que ya trasmitió a sus allegados, su "coincidencia en grandes líneas" con el vicepresidente Danilo Astori.
Vázquez planteó en más de una oportunidad su preocupación respecto a la actual estructura de la izquierda y trasmitió a sus allegados la necesidad de hacer una "renovación profunda e inevitable" para superar la crisis institucional que vive la izquierda.
Fuentes cercanas al ex mandatario dijeron a El País que Vázquez entiende que "el plebiscito es el único camino para recuperar la confianza del pueblo frenteamplista".
Astori fue el primero en hablar de "democratización del Frente Amplio", en el acto del 17° aniversario de Asamblea Uruguay el pasado sábado 21 de mayo.
Allí sostuvo que el proceso recorrido por el Frente para anular la Caducidad, dejó en descubierto "la contradicción que existe entre la estructura del FA y el pueblo frentista".
En el mismo tono, Astori agregó: "No podemos ignorar que ya son demasiados los ejemplos de que esto nos puede volver a pasar en el futuro. Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente".
El fracaso de la anulación de la ley de Caducidad dejó al descubierto el desequilibrio interno entre las bases y los sectores políticos que integran la coalición.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y los 85 de las bases, que responden mayoritariamente al Partido Comunista.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del FA. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo apenas el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009.
Para ajustar la estructura del FA al caudal electoral, el senador Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) planteó la realización de un plebiscito interno.
Hace un mes, Baráibar se encontró con Vázquez en la Asociación Española y ambos conversaron acerca del planteo de reestructura que presentó Asamblea Uruguay.
"Me dijo que había leído unas columnas mías en un medio de prensa y que en términos generales compartía la línea de trabajo", contó el senador oficialista a El País.
Algunas semanas después del encuentro, Baráibar se comunicó con Eduardo Bandeira (secretario personal de Váz-quez) y se puso a disposición para cualquier consulta acerca del planteo de reestructura del FA. Pero hasta ahora, no recibió ningún llamado de parte del expresidente para concretar una entrevista formal.
La Comisión de Reestructura del FA -que tiene a estudio la propuesta del Frente Líber Seregni- se volverá a reunir el próximo viernes, para ajustar detalles de nuevos cambios a artículos del estatuto del FA.
Hasta la semana pasada se acordaron cambios a 80 artículos, pero quedan por ajustar otros 36 puntos que refieren a la representatividad de las bases en los organismos de dirección de la coalición.
Las modificaciones deben ser presentadas primero ante un Plenario Nacional y si no hay acuerdo podrán ser sometidas a consulta entre los afiliados a la coalición. De todas formas, el resultado no es vinculante.
"Pensamos que dentro de dos o tres meses podríamos estar convocando a un plebiscito y en principio nuestra idea es llamar a elecciones este mismo año, pero con una nueva estructura", indicó Baráibar.
A su vez, el legislador explicó que hablar de quitarle poder a las bases "genera mucha irritación en las propias bases, así como en el Partido Comunista", por lo que prefiere hablar de "reducir las orientaciones que tienen hoy los comités de base que las vinculan dentro del Plenario a los comunistas".
Baráibar insistió en la necesidad de generar una paridad entre los miembros que representan a las bases y a los sectores dentro del Congreso Nacional de la coalición.
"Tiene que haber un mismo criterio, en la Mesa son mitad y mitad y en el Plenario también; lo que decimos es que se corresponda con el mapa político actual", argumentó Baráibar.
Más propuestas. El MPP, sector del presidente José Mujica, dará a conocer en los próximos días un nuevo planteo para reestructurar a la coalición de izquierda.
El coordinador de bancada de Diputados del sector, Gonzalo De Toro, dijo a El País que se está elaborando una proyecto que modifica la estructura de funcionamiento del Frente.
"Estamos analizando qué cosas tomamos de lo que está arriba de la mesa, acá lo que hay que hacer es sumar propuestas que permitan que el Frente se adecue a la realidad actual en las condiciones de segundo gobierno", explicó De Toro.
La iniciativa está siendo trabajada en el Ejecutivo y en el Secretariado del sector y será presentada formalmente al resto de la izquierda luego de que se realice la reunión de la Dirección Nacional del MPP.
¿Qué Frente Amplio se quiere? ¿Para qué? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son los acuerdos políticos necesarios entre la fuerza política? Esas son las preguntas que intenta responder el informe ideológico que prepara el principal sector de la izquierda.
Por otra parte, De Toro explicó que se entiende que la elección de las nuevas autoridades dentro del FA "debe reunir una participación importante de la masa frenteamplista, para conducir las transformaciones que se necesiten".
El MPP había planteado con anterioridad la necesidad de elegir al presidente y vicepresidente de la coalición por "elección a padrón abierto con adhesión simultánea".
Los cambios en la estructura pueden sugerir también modificaciones a las mayorías que se requieren para la toma de decisión. Así como a la metodología y funcionamiento de los órganos de dirección, como lo son el Plenario y el Congreso.
El Congreso tiene a su cargo la elección de los candidatos presidenciales y el programa.
"El tema es serio, es importante y el MPP va a asumir esto con la responsabilidad que tiene y merece el Frente, pero estamos trabajando para que esta reforma de la estructura se concrete este mismo año", señaló De Toro.
El legislador remarcó que se busca llegar a 2012 con una nueva estructura, que permita continuar trabajando "para brindarle sostén y apoyo al gobierno y asegurar una proyección hacia adelante".
Por otro lado, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) también anunció la entrega de otro planteo. Según dijo, el plan que presentará permitirá "una mayor coordinación del trabajo del gobierno y la fuerza política".
El País Digital

El clima de la "tolerancia cero" se expande...la "formula" la patento Giuliani,ex alcalde de Nueva York,aliado de Bush y de la maffia neoyorkina

El Pinar: la muerte de un ladrón pudo ser "linchamiento"

La Justicia ordenó la detención de dos hombres por el caso
Hoy declaran ante la Justicia dos de los involucrados en la muerte de un delincuente de 20 años, ocurrida tras una rapiña en un almacén de El Pinar sobre la hora 20 del sábado 28 de mayo.
Tanto el dueño del comercio como otro de los participantes en el suceso, volverán a declarar esta mañana en el Juzgado de Ciudad de la Costa. Ya habían dado su testimonio a las autoridades el domingo, pero ayer fueron nuevamente conducidos por la Policía y quedaron detenidos por disposición judicial.
Según manifestaron fuentes vinculadas a la investigación, la Policía trabaja en la búsqueda de más involucrados tras declaraciones de testigos que afirman que los hechos no se desarrollaron como el comerciante manifestó en su primera declaración.
Según los datos recogidos inicialmente, el joven habría sido desarmado dentro del local, luego que el comerciante pidiera al delincuente que lo dejara atender a su madre, de 65 años, que comenzó a descompensarse al ser amenazada con un arma de fuego.
Entonces el comerciante se abalanzó sobre el ladrón, según su relato. Se tomaron a golpes de puño y salieron del local, donde un tercero se sumó a la gresca.
Mientras los tres individuos luchaban, según se desprende de las declaraciones del comerciante y la otra persona, el arma se disparó, hiriendo al propio delincuente en un tobillo. El delincuente se desvaneció, golpeándose la cabeza, de acuerdo al relato brindado por los ahora detenidos. Aprovechando esta situación, el comerciante y el otro involucrado, lo habrían atado con un cable, para que no volviera a atacar.
Luego los dos hombres llamaron a la Policía, que trasladó al joven al Centro de Salud de Ciudad de la Costa, donde le practicaron técnicas de reanimación durante más de 20 minutos.
Por otro lado, un familiar del delincuente fallecido, que prefirió no ser identificado, contó a El País que testigos afirman que un cliente desarmó al joven dentro del local y lo maniató para ser entregado a la Policía. Según esta versión, tres individuos -entre ellos el dueño del comercio- lo golpearon ferozmente en las afueras del local. A estas tres personas se les habría sumado una cuarta, según lo manifestado por un testigo que pasó por el lugar.
"Le patearon la cabeza, estando atado y en el piso hasta matarlo", sostuvo el familiar del delincuente fallecido.
El fallecido fue identificado como A.E.O.R., de 20 años, quien, según pudo saber El País, era oriundo de la ciudad de Las Piedras, pero hacía un tiempo se había mudado junto a su familia a El Pinar.
El País Digital

Delincuente muerto por policía

De todos los días

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30.05.2011 20:12

Un delincuente fue abatido por la policía luego de asaltar un comercio de Malvín Norte y tomar a una mujer como rehén. El ladrón fue baleado en la axila, y falleció horas más tarde en el Hospital Pasteur. Tres de sus cómplices lograron escapar, pero uno de ellos fue capturado minutos después y está a disposición de la Justicia.
En la tarde del lunes, cuatro delincuentes ingresaron en una tienda de ropa de Camino Carrasco y 20 de Febrero, en la zona de Malvín Norte. Allí, redujeron a dos empleadas y una clienta, y exigieron el dinero y algunas prendas de vestir, informó Canal 4.
Luego, tres de ellos escaparon por Camino Carrasco al momento en que llegaba la policía. El otro no logró huir, por lo que decidió utilizar a la clienta como "escudo".
Al escuchar la voz de alto de la policía arrojó al suelo a la mujer, y recibió un balazo en la axila. Fue internado en el Hospital Pasteur, donde falleció. El delincuente traía una pistola 765, con la que había amenazado a sus víctimas.
La mujer que fue tomada como rehén dijo que los ladrones estaban "tranquilos" y que "sólo querían plata y ropa", con excepción del que luego cayó abatido. "El que me sacó armado para afuera estaba violento", dijo. "Cuando vio que venía la policía me agarró a mí", explicó, y señaló que no recuerda más porque "él me empujó, el policía le disparó y yo corrí".
Uno de los cómplices del rapiñero fue capturado minutos después por funcionarios de Radio Patrulla. Se le incautó un bolso lleno de mercadería.
Montevideo Portal

Reclusos de Rivera denuncian maltrato

Acusan a policías de agredirlos y de avasallar derechos
RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ
Un grupo de presos denunció malos tratos durante su traslado al centro de reclusión de Cerro Carancho, realizada el martes pasado.
A través de un comunicado, los procesados aseguran que durante el traslado se avasallaron los derechos humanos: denuncian que fueron agredidos "con golpes de puños, puntapiés, cachiporrazos", y que hasta les cortaron "el pelo con un cuchillo". En algunos casos "(los policías) pretendieron ahorcarnos con sus cinturones", relataron en la carta.
Además, sostienen que hay dificultades con el abastecimiento de agua y con la energía eléctrica en el complejo donde están recluidos.
Los reclusos indicaron que la mayoría de los detenidos prefirió no denunciar la situación por temor a eventuales represalias.
Al enterarse de la denuncia, el abogado y edil nacionalista Pablo Ruppel, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, se contactó con el comisionado parlamentario.
"Estamos pasando mal, por culpa de cinco o diez que protagonizaron el motín del domingo" 21, comentó uno de los reclusos a Radio Rivera. El hombre, en prisión desde hace 19 meses, señaló que "hay gente que está acostumbrada a estar presa; para ellos, la cárcel es su casa", por eso "salen de la cárcel y vuelven a los dos o tres días". Para este recluso "no estaban dadas las condiciones para el traslado, pero por culpa de esos vivos todos nos perjudicamos".
La defensoría de oficio anunció que realizará contactos para determinar la veracidad de las denuncias.
El País Digital

En medio del alboroto, noticias que se cuelan

La nueva consigna: YANQUIS SI, CUBA NO !!

"En marzo pasado se firmó en Montevideo un acuerdo entre ambos países que fue calificado de "histórico", y que abarca cinco áreas claves. Se trata de coordinación mutua en materia de catástrofes naturales, evolución y perspectivas sobre la participación de Uruguay en las misiones de Paz, planes de transformación en los correspondientes ministerios de Defensa, consolidación de organismos multilaterales sobre Defensa y los programas referidos a la organización de la décima conferencia de ministros de Defensa del hemisferio que se realizará el año entrante en Uruguay."

Esta si que sera "la herencia maldita"...
"una agenda conjunta y la complementación entre la Defensa de ambos países, entre los que se incluye la instrucción militar."

SERÁ EN EL MES DE JULIO

Rosadilla a los Estados Unidos

El ministro visitará el centro de la defensa norteamericana.

Ministro Luis Rosadilla.
Ministro Luis Rosadilla.
El titular de Defensa Nacional Luis Rosadilla visitará Washington y el Pentágono en el próximo mes de julio.
El viaje es producto de una invitación que ya fue hecha por Frank Mora, secretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. La misma fue planteada en ocasión de su visita a Montevideo en marzo pasado y confirmada ahora por el encargado de asuntos internacionales del Ministerio de Defensa, brigadier (r) Jerónimo Cardozo en su reciente viaje a los Estados Unidos.
Recientemente, luego de un viaje a Perú y Venezuela, Jerónimo Cardozo estuvo tres días en Washington DC donde también visitó el Pentágono.
El ministro de Defensa uruguayo y el subsecretario adjunto de EEUU Frank Mora buscarán identificar aristas comunes, una agenda conjunta y la complementación entre la Defensa de ambos países, entre los que se incluye la instrucción militar.
En marzo pasado se firmó en Montevideo un acuerdo entre ambos países que fue calificado de "histórico", y que abarca cinco áreas claves. Se trata de coordinación mutua en materia de catástrofes naturales, evolución y perspectivas sobre la participación de Uruguay en las misiones de Paz, planes de transformación en los correspondientes ministerios de Defensa, consolidación de organismos multilaterales sobre Defensa y los programas referidos a la organización de la décima conferencia de ministros de Defensa del hemisferio que se realizará el año entrante en Uruguay.


Vázquez plantea acuerdo político para eliminar Caducidad

El ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, reclamó una "política de Estado" para terminar con la Ley de Caducidad, asegurando que es un "problema de todos".

Propuso establecer una negociación en la que se integren todos quienes estén en contra de la misma.

El ex presidente Tabaré Vázquez participó en el cumpleaños 40 del Comité de Base 18 de Mayo del barrio Colón, en lo que anunció, será una serie de actividades en distintos Comités de todo el país para hablar de las políticas del gobierno nacional y de los departamentales.

En su discurso de casi una hora, Vázquez sentó su posición sobre la Ley de Caducidad y los caminos para derogarla.

Leyó párrafos de dos libros ­"¿Dios existe?" que recoge una polémica entre el entonces cardenal Joseph Ratzinger y Paolo Flores D'Arcais, y "Diálogo Político, derechos humanos en América Latina" de varios autores­ para establecer que los temas de derechos humanos no se pueden zanjar por la votación de las mayorías, y que es un asunto de toda la sociedad.

El ex presidente dijo que no debía demonizar a nadie por el resultado de la votación del pasado jueves, llamó a desdramatizar la situación, y convocó a reflexionar con serenidad. (NE: Nos gustaría que lo dijera mientras mira a los ojos a los familiares que buscan hace más de 30 años.)

Consideró que la Ley de Caducidad es "indigna e injusta, porque no pone a todos los ciudadanos iguales ante la ley, y menos ante la vida", y que la inmensa mayoría de los frenteamplistas y ciudadanos de otros partidos, están de acuerdo en que no debe existir en el sistema jurídico uruguayo.

"Si es lógico y natural que es un problema de todos, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, del sistema político, de los uruguayos todos, ¿por qué no abrimos una etapa de reflexión, de análisis, nos sentamos alrededor de una mesa quienes estamos en contra de esta Ley, y buscamos entre todos la salida para que esta Ley no esté más presente en el sistema jurídico uruguayo?.

"Tenemos que buscar ese camino, que podrá ser la derogación, quizás si, que habrá que dictar actos administrativos por parte del Poder Ejecutivo, también" y agregó que el Poder Judicial debe seguir actuando".

Agregó que "quizás sea oportuno, prudente, como en su momento se buscó para derogar la Ley, con la comisión contra la Ley de Caducidad, que hoy, quizás sin necesidad de crear una comisión, busquemos un acuerdo político para derogarla".

Vázquez sostuvo que una ley sin consenso político y social está destinada a no ser aplicada, a terminar en un cajón.

En el resto de su discurso, el ex presidente defendió lo actuado en "los seis años de gobierno frenteamplista" reivindicando una continuidad en las políticas. Resaltó la reforma en la salud ­recordó que en Las Láminas en Bella Unión la mortalidad infantil bajó del 52 al 11 por mil­, especialmente el Plan Ceibal, la baja de la desocupación del 17 a menos del 6%, "la mejor política social es el trabajo".

Y finalmente defendió "el excelente trabajo" del gobierno municipal de Montevideo, mencionando las obras de movilidad, la inversión en limpieza, las policlínicas, entre otras políticas sociales.

La Republica

CHILE. DOS DE SUS HIJAS PUSIERON LA BANDERA CHILENA SOBRE EL ATAÚD CON LOS RESTOS DEL EX PRESIDENTE

Exhuman restos de Allende para saber si se suicidó o lo ejecutaron

Los restos del ex presidente socialista chileno Salvador Allende fueron exhumados ayer, en una diligencia que busca confirmar si se suicidó o fue ejecutado en medio del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet.

Santiago  - AFP
Las últimas palabras de Allende. "No voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo".
Las últimas palabras de Allende. "No voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo".
Los restos de Allende -muerto el 11 de septiembre de 1973 tras casi tres años al frente de su gobierno socialista- fueron desenterrados en una fría mañana en Santiago por orden del juez Mario Carroza, que desde el 27 de enero busca aclarar judicialmente las causas de su muerte.
El trámite judicial "tiene un profundo sentido moral e histórico para Chile", declaró el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, a cargo junto a expertos extranjeros de examinar el cadáver de Allende, que según la versión oficial aceptada por su familia se suicidó con un fusil regalado por su amigo, el ex presidente cubano Fidel Castro.
Dos de sus hijas, Isabel y Carmen Paz, llegaron hasta el Cementerio General de Santiago portando claveles rojos y, una vez abierta la tumba, pusieron una bandera chilena sobre el ataúd.
Frente al mausoleo aguardaban políticos, policías y decenas de periodistas. Mientras se concretaba la diligencia, su hija Isabel permaneció en segunda fila tras los peritos y el juez, abrazada a su hija Marcia y visiblemente emocionada.
Cuando apareció el ataúd negro se hizo un largo silencio, solamente interrumpido por el "¡Viva Allende!" lanzado por el dirigente de pescadores Jorge Paredes.
El ataúd fue cargado a un furgón del SML y partió en un cortejo fúnebre con la familia y los acompañantes de comitiva. Antes de cerrar las puertas, la nieta de Allende le lanzó un clavel rojo, flor que los familiares de las víctimas de la dictadura suelen ofrecer a sus desaparecidos y ejecutados. "Este proceso judicial busca establecer la verdad sobre lo ocurrido en ese trágico 11 de septiembre de 1973", dijo Isabel Allende, actual senadora de la República, al leer emocionada una declaración al final de la diligencia que tardó unos 45 minutos.
"Reafirmando lo que hemos dicho a lo largo de estos años, nuestra convicción de que el presidente Allende tomó la decisión de morir como un gesto de coherencia política, (...) no debemos olvidar que su muerte ocurrió en el contexto de bombardeo y asalto al palacio presidencial de La Moneda", agregó.
El director del SML, Patricio Bustos, precisó que ahora se tomará un examen radiológico de las osamentas, se hará una clasificación de antropología y se trabajará en conjunto con odontólogos y forenses balísticos.
El estado de conservación de las osamentas es clave. "Nosotros objetivamente tenemos la dificultad del tiempo transcurrido y el estado de conservación de los restos, pero al mismo tiempo tenemos el avance científico ocurrido en estos años", dijo Bustos. La exhumación no devuelve "la dignidad a estas personas porque nunca se la arrebataron", afirmó el español Francisco Etxeberría, uno de los peritos extranjeros que participará en las pericias a petición de la familia Allende.
Se trata de la segunda autopsia de los restos de Allende. Pocas horas después de la muerte de Allende, los agentes de la dictadura sometieron su cadáver a una autopsia en el Hospital Militar de Santiago y concluyeron que se había suicidado, una versión que la familia del ex mandatario siempre consideró creíble.
En septiembre de 1990, a poco de finalizar la dictadura de Pinochet, el cadáver de Allende fue llevado de su entierro clandestino en un panteón de Viña del Mar (120 km al oeste de Santiago), al Cementerio General. Esa operación se llevó a cabo de noche, de forma casi secreta y presenciada por un puñado de personas. En esa ocasión el cadáver no fue sometido a pericias sino a un reconocimiento ocular.
Para irlo sabiendo: los crimenes de lesa humanidad
NO PRESCRIBEN !!

Procesados 20 cargos militares de El Salvador por matar a Ellacuría

El juez les acusa de asesinato y crímenes de lesa humanidad

MANUEL ALTOZANO - Madrid - 31/05/2011
El rector de la Universidad Centroamericana (Uca), el jesuita español Ignacio Ellacuría, se había convertido en una amenaza para los sectores más reaccionarios del Gobierno y el Ejército de El Salvador. Su talante de diálogo y sus esfuerzos para conseguir la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo fueron percibidos como un intento de acabar con la influencia de la Tandona, como se conocía al grupo de militares que copaban los puestos de máxima responsabilidad en el Ejército durante la guerra que asoló el país entre 1982 y 1992. Así que varios de sus miembros organizaron toda una campaña de desprestigio contra él y prepararon y ejecutaron su asesinato y el de otros cinco jesuitas, cuatro de ellos también españoles. En la operación militar murió además la mujer y la hija del guardián de la universidad.
Los soldados trataron de culpar de la matanza a la guerrilla del FMLN
Casi 11 años después de estos hechos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado y ha ordenado la captura internacional del que era ministro salvadoreño de Defensa cuando se produjeron los hechos, Rafael Humberto Larios, y los 19 militares que idearon, organizaron y perpetraron la matanza. El magistrado considera que todos ellos habrían cometido los presuntos delitos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad al haber aprovechado un "contexto inicial de guerra" para culminar una "vulneración de derechos humanos" de carácter "xenófobo" que tuvo como único objetivo a los jesuitas de la Uca. En total, les corresponderían hasta 270 años de cárcel, de los que el juez exonera al expresidente Alfredo Cristiani, al que los querellantes apuntaban como encubridor de la masacre.
La resolución de Velasco cuenta cómo el plan para acabar con el jesuita español comenzó tras la ruptura de las negociaciones entre el Ejecutivo y la guerrilla y la posterior vuelta a las armas, a finales de octubre de 1989. El Ejército lanzó entonces una "operación psicológica" consistente en emitir amenazas a través de todas las emisoras de radio, muchas de las cuales iban contra Ellacuría, al que se acusaba de "cerebro del FMLN", lo que, según el juez, tenía por objeto "crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándolos como el enemigo".
El siguiente paso, concluido cuatro días antes de los asesinatos, consistió en registrar la Universidad Centroamericana, jaleada desde el Gobierno salvadoreño como "centro de planificación" y "refugio seguro del FMLN" a través de las ondas, y en apostar un grupo de soldados a sus puertas para controlar a todos los que entraban o salían. A pesar de lo infructuoso del registro, el ministro Larios ordenó una nueva entrada en el centro en busca de "terroristas". Esta segunda intervención fue ejecutada por la unidad de élite del batallón Atlacatl, la misma que finalmente perpetró los crímenes tres días después, el 16 de noviembre. El juez cree que solo era la preparación de la matanza.
El relato de su ejecución es estremecedor. En su camino hacia la residencia de los sacerdotes, los soldados se encontraron con la esposa y la hija del guardián de la universidad, que trataron de protegerse junto a los religiosos. Estos salieron alarmados del edificio, pero los miembros del comando les obligaron a tirarse en el suelo. Entonces, uno de los soldados disparó contra Ellacuría y sus compañeros Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un fusil AK-47 de fabricación soviética, para tratar de simular que los asesinatos habían sido cometidos por la guerrilla. "Esto es una injusticia. Eres escoria", es lo último que acertó a decir Martín Baró, según un testigo de su muerte.
Al mismo tiempo, otro militar disparaba contra la esposa y la hija del guardián "mientras se agarraban la una a la otra". Cuando el sargento que estaba al mando descubrió que aún seguían vivas, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte. Este descargó por completo sobre ellas el cargador de su fusil M-16.
Además del exministro Larios, Velasco imputa estos delitos al exjefe de Estado Mayor René Emilio Ponce; a los exviceministros Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano; al exjefe del Estado Mayor René Emilio Ponce; al responsable de la brigada de Infantería Francisco Elena y a varios miembros del comando de élite del batallón Atlacatl que se encargaron de apretar el gatillo. Después de hacerlo, echaron la culpa a sus adversarios al dejar escrito en la pared: "El FMLN ejecutó a los enemigos espías".
Relato de una victima de los "delitos comunes"

Argentina CARLA RUTILA ARTES DEJO ESPAñA Y SE RADICARA EN LA ARGENTINA

El regreso de una nieta

Apropiada por el parapolicial Eduardo Ruffo, quien la sometió a toda clase de vejámenes, Carla recuperó su identidad en 1985. Dos años más tarde, su abuela Matilde la llevó a España. El sábado regresó al país corrida por la crisis económica.
 Por Juan Carlos Martínez
Pagina 12
Carla Rutila Artés (35), aquella niña que en 1976 fue apropiada por el parapolicial Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la banda de Aníbal Gordon que actuaba en el centro de tortura y muerte que fue Automotores Orletti durante la dictadura militar, acaba de regresar a la Argentina.
Rodeada por sus tres hijos y todavía con las huellas del viaje que emprendieron en Madrid el viernes 6 de mayo, Carla sintetizó las razones que determinaron su decisión de abandonar España después de casi veinticinco años de residencia en aquel país, al que había llegado en julio de 1987 con su abuela, Matilde Artés.
“La situación económica en España es muy grave. Hay cinco millones de parados. Yo soy uno de ellos, tengo tres hijos y no me quedó otra opción que venir a la Argentina, donde me han prometido un trabajo”, explicó Carla a poco de su arribo.
Carla llegó al país el sábado pasado junto con sus hijos, Graciela (16), Anahí (12) y Enrique (7), todos ellos nacidos en España. Había estado en la Argentina en agosto del año pasado, cuando vino para dar testimonio en la causa por la que acaban de ser condenados el nombrado Ruffo (25 años de cárcel), el general Eduardo Rodolfo Cabanillas (perpetua), Honorio Carlos Martínez Ruiz (25 años) y Raúl Antonio Guglielminetti (20 años).
Carla fue recuperada el 24 de agosto de 1985 en un operativo en el que se detuvo a Ruffo y a otros miembros de la banda en una quinta cerca de Pilar. La niña fue restituida en la madrugada del 25, exactamente nueve años después de su secuestro en Bolivia.
Dos años después, su abuela Matilde Artés escapó con ella a España por temor a que Carla, que entonces tenía diez años, pudiera caer nuevamente en poder de Ruffo, quien había quedado en libertad merced a las leyes de punto final y obediencia debida dictadas durante el gobierno de Alfonsín tras el levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1987.
“Yo soy chef, preparaba comidas y las llevaba a domicilios de personas mayores, pero no podía sostener los gastos de la casa. La situación familiar se agravó tanto que en los últimos tiempos tenía que ir a buscar comida a centros de ayuda social”, reveló Carla.
“Hablé con Estela de Carlotto y le pedí que intercediera y de esa manera pude lograr que me enviaran los pasajes para viajar con mis tres hijos con la promesa de un trabajo”, expresó Carla. Ella y sus hijos están momentáneamente alojados en un hotel a la espera de una solución concreta en materia laboral, lo que le permitirá comenzar una nueva etapa de su agitada vida.
“Yo agradezco a las Abuelas por su intervención y lo mismo a Enrique Borcel, presidente del Observatorio Hispano Argentino de Madrid, quien hace poco le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haciendo referencia a mi situación. No dudo de que la Presidenta intervino, cosa que debo agradecerle en nombre de mis hijos y del mío propio”, dijo Carla.
La odisea de Carla
Carla nació el 28 de junio de 1975 en Lima, Perú. No era su lugar de residencia, pero allí se produjo el parto porque sus padres eran militantes populares que recorrían la geografía latinoamericana luchando contra las dictaduras. De Perú pasó con su madre, Graciela Rutila, a Bolivia, donde su padre fue asesinado por la dictadura de Hugo Banzer y allí comenzó para ella una odisea interminable. Graciela, quien era estudiante, había apoyado una huelga de trabajadores mineros en Oruro. Fue el comienzo del fin para aquella joven. La detuvieron el 2 de abril de ese año, la torturaron y junto con su pequeña hija la trasladaron a la Argentina en el marco del Plan Cóndor. Ambas fueron confinadas en Automotores Orletti, donde la niña fue apropiada por el torturador Eduardo Alfredo Ruffo. Carla tenía un año y tres meses cuando la separaron de su madre, cosa que recordó durante su testimonio en agosto pasado frente al Tribunal Oral que juzgó los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese campo de concentración.
Mientras permaneció en Orletti, la niña fue sometida a vejámenes delante de su madre para que ésta proporcionara información que sus verdugos trataban de sacarle sometiendo a la criatura a lo que se conocía como el submarino: la sumergían en un recipiente de agua caliente para pasarla de inmediato a otro de agua fría.
El martirio para Carla continuó durante los nueve años que permaneció en el hogar de los Ruffo. La propia Carla, en su declaración de agosto, reveló que Ruffo no sólo la sometía a malos tratos, sino que abusaba sexualmente de ella desde los cinco años.
Los fantasmas del pasado siguieron rondando por su existencia. En 1987, una nueva odisea: la fuga de la Argentina porque la impunidad de asesinos y torturadores ponía nuevamente en riesgo su libertad.
En España comenzó una nueva vida. Fue madre a los veinte años. Tuvo otros dos hijos, a los que crió con la ayuda de su abuela por ausencia de apoyo paterno. Luchó a brazo partido para salir a flote. Pero la crisis económica de España la puso entre la espada y la pared.
En un viaje a Madrid, Néstor Kirchner le había dicho: “Carla, no podemos devolverte a tus padres, pero siempre te acompañaremos”.
Por eso Carla está de vuelta en el país, ahora con tres hijos y con la esperanza de encontrar aquí el final de su larga e injusta odisea.
“Quiero darles la nacionalidad argentina y una educación basada en los valores de la libertad, la justicia y los derechos humanos, como querían mis padres, como me enseñó mi abuela”, dijo Carla.

Prescripcion ?

ARGENTINA  ANA QUADROS, URUGUAYA, NARRO SU PASO POR EL CENTRO CLANDESTINO AUTOMOTORES ORLETTI

“Orletti en sí era todo un infierno”

Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó. Narró una discusión entre argentinos y uruguayos sobre el viaje de los detenidos a Montevideo. Mencionó a Manuela y Carlos Santucho, Sara Méndez y María Claudia Irureta Goyena.
 Por Alejandra Dandan
Pagina 12
Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. “¿Cómo que no sabés de mí?”, le dijo. “Si yo conozco a tantos otros.” Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: “Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos”.
Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: “Quiero empezar desde antes”. En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba “requerida” y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.
Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: “A mí –aseguró– me pareció un disparate”.
A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. “Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto.” Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.
En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.
“Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?”
Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: “Sésamo”, dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. “Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos.” Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, “yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra”.
El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. “Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos.”
Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho “fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’”.
Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. “Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí.”
Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: “Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien”. La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: “También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso”.
En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: “No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales”. Miró su cuerpo en la primera ducha: “No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo”.
Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. “Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos.” Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.
Los uruguayos les propusieron una negociación: la “vida” a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: “Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol”.
El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.
Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. “Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?”
Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.

Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad/Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre/los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad

"Como te digo una cosa, te digo la otra", ahora la Suprema Corte

La SCJ resuelve que los desaparecidos, desaparezcan, de nuevo !! La desaparicion forzada de prisioneros ES DELITO DE LESA HUMANIDAD, y lo seguira siendo HASTA QUE
SE SEPA SU DESTINO Y SE JUZGUE A LOS RESPONSABLES. Son delitos que NO PRESCRIBEN.La SCJ va contra los principios vigentes internacionalmente.Quitandole por decreto y formalmente el caracter de crimenes de lesa humanidad quieren hacerlos prescribir en noviembre.Es una maniobra leguleya que no soluciona nada pues todo el mundo
lo entiende: SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD y mas tarde o mas temprano, asi seran juzgados.A no olvidarse que esos delitos pueden ser juzgados EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER PAIS.Ya veremos....


Uno voto en contra en la Suprema Corte, y asi argumento :
"Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".
"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación."

Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad

Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre | Piden anulación de lo actuado en el caso Gelós Bonilla
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.
En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.
La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.
Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.
La respuesta de la Corporación ante ese planteo ratificará la posición de los ministros en cuanto a que se trata de ilícitos comunes. Los ministros de la SCJ acordaron ayer el texto de la contestación que enviarán a Guianze, el cual será firmado en las próximas horas, dijeron fuentes judiciales a El País.
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.
Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto (1973-1985), la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.
Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.
En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados -entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao- sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.
LOS ARGUMENTOS. El fallo de la SCJ que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.
La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Para la mayoría de los ministros de la Corporación, "al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...".
Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del "principio de legalidad", establecido en la Constitución.
Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.
La resolución de la SCJ tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.
Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".
"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación.

Abogados recusan a Mota; la Corte sancionaría a la jueza

Los abogados de cinco militares retirados indagados por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, ocurrida en 1976, plantearon ayer la recusación de la jueza penal Mariana Mota, quien tiene a su cargo el expediente.
El planteo de los defensores es causado por la presencia de la magistrada en la "Marcha del Silencio" que tuvo lugar el pasado viernes 20 por la avenida 18 de Julio, donde se reclamó conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura.
Mota reconoció que estuvo en la movilización en la última edición del semanario Búsqueda. Incluso, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en varios de los expediente por violaciones a los derechos humanos, relató que en el lugar se encontró con la magistrada.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le pidió a Mota que confirmara oficialmente si estuvo o no en la marcha. Los ministros de la Corporación analizan la situación de la jueza desde el viernes pasado.
Según fuentes de la SCJ, la situación generó gran molestia entre los ministros del máximo órgano del Poder Judicial. Incluso, los ministros pidieron a la jueza que amplíe algunos aspectos del informe que presentó inicialmente.
Los informantes estimaron que en virtud de la "gran molestia" que generó el hecho entre los ministros de la SCJ, es altamente factible que la magistrada sea sancionada por la Corporación.
NULIDAD. Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo (hija del militar José Gavazzo) recusaron a Mota en el marco de la causa que indaga la desaparición de Gelós Bonilla.
Para los abogados, que patrocinan a cinco militares, si la magistrada continúa a cargo del expediente "no se estarían dando las garantías del debido proceso".
En el escrito de recusación, los abogados señalan que su presencia en la "Marcha del Silencio" fue "expresamente" reconocida por la jueza, por lo que no se trata de un hecho "controvertido" sino de "una realidad".
A su vez, los defensores solicitaron que "se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy así como las futuras" que realice Mota en caso de que continúe a cargo del expediente que indaga el caso de Gelós Bonilla.
Según Mikolic, Figueredo y Gavazzo, la recusación y nulidad de todas las pruebas "es el único camino hábil y legítimo para salvaguardar las garantías del debido proceso y los indagados en esta tan particular causa".
En tal sentido, los abogados advierten que en el expediente que investiga la desaparición de Gelós Bonilla "existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza".
Al respecto, los defensores señalan no solamente la participación de Mota en la "Marcha del Silencio" sino que relatan que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de ninguno de ellos en las audiencias, a pesar de haber sido designados como defensores.
Eso obedeció a que, según Mota, esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados. Pero los abogados dicen que ello no es así, por lo que se les impide "ejercer una digna defensa".
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT respaldó a Mota por su presencia en la "Marcha del Silencio". Para la central obrera, el reclamo de "verdad y justicia" es "responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de este país máxime si son integrantes del Poder Judicial".
El País Digital


30.05.11
- Uruguay
Los límites de la voluntad popular

Marcelo Ferreira
Profesor Titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Adital
Mayo 24 de 2011.

El Congreso uruguayo decidió no anular la ley de amnistía de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La decisión, adoptada por mínimo margen, avaló la postura del presidente José Mujica, quien consideró que la anulación implicaría aparecer ante el pueblo "pasándole por arriba a dos plebiscitos”.

En efecto, la ley 15.848 –o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –, promulgada en 1986 por un gobierno democrático, fue confirmada por el pueblo uruguayo en dos oportunidades (referéndum de 1989 e iniciativa popular de 2009), lo que constituye el único argumento visible a su favor, por cuanto nadie discute el hecho de su palmaria invalidez jurídica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que "la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos...” (Caso Gelman vs. Uruguay; sentencia del 24 de febrero de 2011). Y la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela, del 19 de octubre de 2009.

Sentado ello, y por muy vigoroso que parezca el argumento de la primacía de la voluntad popular, verificamos que su aparente fuerza irresistible se desvanece inmediatamente.

La Corte Interamericana determinó que "el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional... La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos... en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías..”. Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sentó que "el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley” (Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet).

Estos pronunciamientos abrevan en las ideas del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos "están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado... no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad”. Tales derechos "forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no”, y actúan como factores de legitimación y deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones. Y reitera que "ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad, o no decidir la satisfacción de un derecho social” (Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed.Trotta, Madrid, 2006).

En esa línea, y tal como destaca la Corte Interamericana, varios tribunales del mundo rechazaron la validez de plebiscitos en cuestiones que involucraran derechos humanos. En los EE.UU. la Corte Suprema rechazó un referéndum sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, y expresó "los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones” (Perry v. Schwarzenegger). Y en el caso Romer v. Evans anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría (Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M Mchunu). Y la Corte Constitucional de Eslovenia rechazó la posibilidad de realizar un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia legal de una minoría (caso de los "Erased”).

En definitiva, el respeto de los derechos humanos no está sujeto a reglas mayoritarias. Y la decisión del Congreso uruguayo no es el fin del camino, porque la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá a plantearse una y otra vez ante los tribunales, hasta que las víctimas y todo el pueblo uruguayo obtengan la justicia con memoria que tanto merecen.

El Frente insistirá por ley de Caducidad

La Mesa Política hará "autocrítica" el próximo lunes
La Comisión sobre Caducidad del Frente Amplio encomendó al presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, hacer contactos con el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la ley 15.848, en cumplimiento del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandató al Estado a "eliminar las trabas jurídicas" para la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura.
El representante por las bases del interior en la comisión, Alejandro Arismendi, dijo a El País que las gestiones de Brovetto estarán orientadas a "evitar la descoordinación entre el gobierno y la fuerza política", tal como sucedió en el caso del proyecto anulatorio de la Caducidad.
En la Mesa Política, los sectores que integran la coalición acordaron que los temas sean discutidos "hasta agotar el debate interno". De tal forma que "no queden temas pendientes y se puedan saldar las discusiones antes de salir a la prensa", dijo a El País una fuente que participó del encuentro.
En la próxima sesión de la Mesa Política, se realizará una "autocrítica" del proceso que culminó en el fracaso de la anulación de la Caducidad.
Mientras tanto, ayer quedó integrada la comisión especial para el estudio de los mecanismos que dejarían sin efecto la norma. Entre los miembros están la senadora Mónica Xavier (PS) y los diputados Aníbal Pereyra (MPP), Jorge Orrico (AU), José Bayardi (VA) y Carlos Coitiño (PVP), entre otros. Además se pidió la participación de la CAP-L, sector que no integra formalmente el Frente Amplio.
En el marco de la comisión se estudiará dejar sin efecto la Caducidad a través de diferentes mecanismos. Asamblea Uruguay plantea la derogación de la ley, lo cual no tiene efectos retroactivos.
El Movimiento de Participación Popular propuso la modificación del artículo 239 de la Constitución, para que los fallos de las cortes internacionales de derechos humanos pasen a ser considerados como ley en el sistema jurídico uruguayo.
La Corriente Izquierda de Liberación volvió a insistir en la anulación de la ley de Caducidad. Según expresaron en la reunión, por mayoría simple se puede disponer la anulación de una norma basados en el artículo 85 de la Constitución.
El País Digital

Se siguen atando lazos con el sionismo racista y asesino...ahora en el espionaje

El gobierno adquiere equipos para espías 

Dos relojes pulsera que graban conversaciones, un aparato que bloquea los teléfonos celulares y un micrófono para instalar en la pared son los elementos que la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) se dispone a comprar para su tarea específica, según una resolución del Poder Ejecutivo firmada por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa Luis Rosadilla.
Los elementos se adquirirán en forma directa, sin llamado a oferentes, por un monto de unos $ 110.000, es decir aproximadamente US$ 5.800.
Entre los fundamentos de la aprobación de la compra directa se señala en la resolución del Poder Ejecutivo que "resultaría altamente inconveniente" dar a conocer proveedores, cantidades y especificaciones técnicas de los instrumentos, que son de origen israelí.
Este material se destinará a tareas de inteligencia que lleva a cabo personal de la Dinacie.
El País Digital

Vázquez prepara reforma del FA; promueven "plebiscito interno"


  • José Mujica por Arotxa



















Encrucijada oficialista. Para el expresidente la renovación debe ser "profunda e inevitable" La movida en la coalición de izquierda es para quitarle poder a las bases en los órganos de dirección | w Valenti dice que la estructura actual es "inaceptable"
VALERIA GIL
El expresidente Tabaré Vázquez propondrá en las próximos días una "renovación profunda e inevitable" de la coalición de izquierda, coincidiendo con una movida en el Frente Amplio para quitarle poder a las bases en los organismos de dirección.
"Tabaré va a plantear ideas propias acerca de la reestructura y sus iniciativas van a estar dirigidas a la fuerza política; él se va a enfocar a eso y no tanto al gobierno", dijo a El País un allegado al expresidente.
El vicepresidente Danilo Astori ya había planteado la necesidad de "democratizar" el funcionamiento de la coalición.
En el Frente Amplio se inició una movida para quitarle poder a las bases. En caso de que fracase la negociación, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases.
Es que el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad dejó al descubierto el desequilibrio interno entre las bases y los sectores políticos que integran la coalición.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y los 85 de las bases, que responden mayoritariamente al Partido Comunista. Por otra parte, el Congreso frenteamplista (órgano que se encarga de la elección del candidato a la Presidencia de la República y define el programa de gobierno) tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los cuales apenas 85 son delegados de los sectores.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del FA. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo tan solo el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009.
La disparidad entre las bases y los sectores generó en la izquierda una movida para retirarle poder a los militantes que operan a través de los comités. Una comisión que trabaja en la reestructura de la coalición que se reunió el viernes 27, acordó cambios a 80 artículos del Estatuto del FA, pero quedan por ajustar otros 36 puntos que refieren a la representatividad de las bases en los organismos de dirección de la coalición.
El senador Carlos Baráibar dijo a El País que Asamblea Uruguay hizo un planteo para alcanzar la paridad entre bases y grupos políticos dentro del Congreso. La propuesta de Asamblea Uruguay es apoyada por sus aliados en el Frente Líber Seregni: el Nuevo Espacio y Alianza Progresista.
A partir de este acuerdo, Baráibar explicó que se intentará tejer un consenso con los demás sectores para que prospere la iniciativa en el próximo Plenario Nacional, donde se requieren de dos tercios de votos de los presentes para su aprobación.
De fracasar el planteo, Baráibar indicó que Asamblea Uruguay pedirá la convocatoria de un "plebiscito interno" para que los afiliados al FA con al menos 30 días de antigüedad puedan opinar si aceptan un cambio de estructura y sobre qué criterios.
El resultado de la consulta directa a los frenteamplistas no es vinculante, ya que el Congreso será el órgano que en última instancia definirá si acepta o no el cambio de representatividad de las bases. Pese a ello, Baráibar indicó que este mecanismo de democracia directa previsto en el estatuto del FA "pesa por sí solo y condiciona cualquier tipo de decisión".
Para realizar el llamado a plebiscito interno se requieren dos quintos de votos de los miembros del Plenario, por lo que los delegados de los sectores lo pueden convocar sin necesidad de recurrir a las bases.
Además, según trasmitieron a Asamblea Uruguay los demás grupos en la Comisión de Reestructura, "ninguno bloqueará la posibilidad de consulta al pueblo frentista".
Si prospera la modificación de la estructura del FA, se debe convocar a elecciones internas para integrar la Mesa Política, el Secretariado, el Plenario, el Congreso y se elige también al presidente y vicepresidente de la coalición. Los sectores que resulten más votados quedarán con la mayoría de los delegados y así podrán incidir más en la toma de decisiones de la fuerza política.
La propuesta de equiparar bases y sectores en el Congreso, no genera acuerdo dentro de la izquierda. "Sabemos que no será fácil, aunque no hay nada imposible", advirtió Baráibar.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) aún no fijó posición oficial sobre el planteo, dijo a El País Jorge Meroni, representante del sector en la comisión. En tanto, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista en principio no acompañan la iniciativa, ya que trabajan en la confección de propuestas paralelas.
El senador Enrique Rubio (VA) adelantó a El País que presentará la próxima semana otro plan para cambiar las mayorías que se exigen en la toma de decisiones dentro del Plenario, para evitar desencuentros entre la fuerza política y el gobierno.
Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que el PS entiende que hay que adecuar la estructura no solo en cuanto a las bases, sino en lo que respecta a los sectores. "Hay grupos que no tienen necesidad de estar en todas las líneas de representación y pueden ser tan útiles como otros que por su desarrollo pueden estar en otros ámbitos", explicó.
Cada grupo político por el hecho de integrar el Frente Amplio tiene la posibilidad, más allá de su peso electoral, de tener al menos un representante en el Plenario y la Mesa Política; sistema que se conoce como "base uno". Sobre la eliminación de este derecho, hay coincidencias entre Asamblea, los socialistas y la Vertiente.
"La idea no es dejarlos sin representación, pero sí exigirles un mínimo de votos", explicó Baráibar.

Congreso y Plenario Nacional

El Congreso Nacional del Frente Amplio se reúne cada 30 meses y tiene como potestades la designación de candidatos únicos a la presidencia y vicepresidencia de la República y definir las líneas de acción política. Se integra de un número variable, de los cuales 85 son delegados de los sectores políticos y el resto responde a las bases. Para ser representante por las bases se requiere haber participado de las asambleas preparatorias del congreso. El Plenario Nacional es el máximo órgano de dirección de la coalición de izquierda y es el encargado de proponer al Congreso el programa de gobierno. Se integra de 85 delegados por los sectores políticos y 85 representantes de las bases. Entre los sectores el MPP concentra 26 delegados, seguido de 10 de Asamblea Uruguay, 9 del Partido Socialista y 5 de la Vertiente Artiguista.

Bottinelli: "Si esto no cambia, estalla"

La desproporción entre los representantes de las bases y de los sectores dentro del Plenario y el Congreso del Frente Amplio es vista con preocupación por analistas que conocen bien la interna de la izquierda pero que no ocupan cargos en la orgánica frenteamplista.
"Tarde o temprano si esto no se modifica, estalla", dijo a El País el director de Factum, Óscar Bottinelli, ex secretario político del líder histórico de la coalición de izquierda, Líber Seregni.
Según Bottinelli, la desproporción parte de que el voto de los afiliados no se corresponde al del electorado frenteamplista.
Dentro de los adherentes a la coalición, alrededor de 30.000 votaron a los delegados de base que son la mitad del Plenario, y unos 200.000 eligieron la otra mitad que corresponde a los sectores.
"Al FA se le va a hacer insostenible continuar con la toma de decisiones en bases a sectores políticos con amplio respaldo ciudadano y que aparecen diluidos en ese Plenario", sentenció Bot-tinelli.
Esteban Valenti, exjefe de campaña del expresidente Tabaré Vázquez, opinó que "la estructura del FA hace tiempo que no responde a la realidad política". Valenti explicó que "el 50% del Plenario y el 100% del Congreso pertenecen a las bases, que mueven entre 2.000 y 2.500 personas a lo sumo; y que éstas tengan la misma cantidad de votos que los partidos que obtuvieron 1,1 millones de votos en las elecciones nacionales y 200.000 en las elecciones internas, es inaceptable".
El ex senador y ex canciller Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista, dijo a El País que "hay que ajustar" la estructura del FA al caudal electoral de los sectores, pero sin "borrar todo lo que son hoy las bases". Su compañero de partido el ex diputado Guillermo Chifflet, defendió la representatividad de las bases en los órganos de conducción de la coalición. "Las decisiones en el Frente Amplio siempre han sido sabiamente manejadas desde las bases. Creo que la participación popular más amplia de los militantes es lo que permite tener una organización democrática y adherentes realmente informados", dijo.
El País Digital

Negocian con otros partidos espacio “republicano federal”

30.05.2011 | 7.24 El Espectador

El senador Jorge Saravia está negociando junto al senador blanco Eber Da Rosa y otros dirigente de diferentes sectores la conformación de un espacio “republicano federal” compuesto por blancos, frentistas y colorados.
Negocian con otros partidos espacio “republicano federal”

Saravia dijo a El País en Tacuarembó que su alejamiento del Frente Amplio se debe a “diferencias programáticas y en el presupuesto”.

“Con Da Rosa tenemos coincidencias ideológicas, pero también he tenido reuniones con dirigentes del Frente Amplio, del Partido Colorado y con mucha dirigencia del Partido Nacional para formar un espacio republicano que después veremos en dónde realizaremos las alianzas a futuro”, manifestó Saravia.

PCU contra plan de "democratización"

Reclaman que se amplié la discusión interna en el Frente
El senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, dijo que el verdadero debate no debe girar en torno a "si hay más o menos lugares para las bases", en referencia a las iniciativas internas que apuntan a reformar los órganos de dirección del Frente Amplio. Para el legislador comunista lo importante es analizar "cómo le damos vida a la fuerza política".
En ese marco, los comunistas pretenden que "los grandes temas nacionales" se discutan primero en los comités de base antes que aparezcan en la prensa o en alguna de las dos cámaras del Parlamento. Lorier criticó ayer que temas grandes, como el TLC con Estados Unidos o la reforma tributaria, no se discutieran antes en la interna.
El legislador comunista opinó que primero se deben analizar en la fuerza política, es decir la Mesa Política, el Plenario Nacional, los comités de bases y los partidos que integran la coalición.
"Se discute después (que aparezcan los planes en la prensa) y aparecemos nosotros como los malos de la película, los que metemos palos en la rueda".
De esa forma respondió Lorier a la idea del expresidente Tabaré Vázquez de una "profunda e inevitable renovación" del manejo del poder en el Frente Amplio.
La iniciativa de Vázquez se suma a la propuesta de Asamblea Uruguay de "democratizar" el funcionamiento de la fuerza política, de tal suerte que la composición refleje también el peso electoral de los sectores.
El Plenario Nacional del FA es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y 85 de las bases, con fuerte peso del PCU.
El Congreso tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los que sólo 85 son delegados de los sectores.
El País Digital

¿Una guiñada al ala izquierda?

por Martín Aguirre
Al expresidente Batlle se le atribuye haber anunciado que el suyo iba a ser un "gobierno divertido". Pero a la hora de facilitar titulares a los medios de prensa, el Presidente Mujica parece correr sin competencia. Mientras los analistas y dirigentes políticos todavía buscan comprender el impacto final de toda la crisis por la Ley de Caducidad, el mandatario detonó otra "bomba" que estuvo a punto de causar una baja en el propio gabinete de ministros. La idea lanzada por Mujica de aumentar los impuestos a las grandes extensiones agropecuarias ha desatado una tormenta, y dejado tanto a jerarcas oficiales como a dirigentes opositores divididos entre la incredulidad y el desconcierto.
Es verdad que no es un tema nuevo. Se sabía que en el MPP, la propuesta de cambios tributarios al agro se venía analizando hace tiempo. También es verdad que casi nadie discute el fondo del asunto; la posible justicia de que algunas áreas de la producción rural que se habían beneficiado de recortes impositivos en tiempos de la crisis, pudieran aportar un poco más al erario público. Pero lo que ha generado más revuelo ha sido la forma en que se cristalizó el anuncio. El mismo se realizó a mediados de semana, con el habitual tono asertivo que utiliza el mandatario y, lo más llamativo, sin que hubieran sido previamente consultados ni el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, ni el de Economía, Fernando Lorenzo. También generó inquietud la falta de definiciones claras al hacer un anuncio de tal envergadura. No se sabe exactamente quiénes se verán afectados (se habló primero de predios superiores a 2 mil hectáreas, pero después se pasó a 2.500), no se sabe los montos ni porcentajes de aumento, ni tampoco el destino de los nuevos ingresos. Primero se dijo que serían destinados a obras de infraestructura, pero luego el Presidente afirmó que parte podría ir al Instituto de Colonización, o incluso a generar un fondo para "políticas anticíclicas" para el propio agro.
Pese a esta falta de definiciones, Mujica sí marcó que la propuesta se implementará en corto plazo, señalando que "tiene que estar laudado antes de la primavera". Y agregó que "en esto no me bajo".
Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro Aguerre amenazó renunciar, y sólo se mantuvo en el cargo tras una larga charla con el mandatario. Las gremiales tampoco disimularon su fastidio. Particularmente duras fueron las palabras de la Federación Rural, entidad que nuclea a productores pequeños y medianos con la que Mujica tuvo mucha sintonía en sus épocas de senador. El presidente Bidegain, dijo que la propuesta es "poco seria", y su inminente sucesor Miguel Sanguinetti sostuvo que "el cambio continuo del rumbo de Mujica comienza a sembrar dudas sobre la planificación del sector en el largo plazo".
A nivel político las reacciones fueron todavía más contundentes. El senador Larrañaga afirmó que "Mujica nos deja a todos más boleados que paisano en pista de ballet". "¿Para qué estuvo el presupuesto quinquenal? ¿Para qué estamos procesando la ley de asociación público privada?". Hasta el senador Saravia se mostró molesto con la medida y dijo que "habría que discutir primero el presupuesto nacional en donde tenemos US$ 60 millones destinados a cargos de confianza".
Donde la propuesta presidencial encontró fuerte respaldo fue en el vicepresidente Astori, quien dijo que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" por lo que "no hay que ver ningún peligro". Una posición que más de un analista ha contrastado con lo que decía Astori hace unos meses ante propuestas similares del Partido Comunista, a las que calificaba de "oportunismo tributario", criticando la visión de que a "aquel sector que le va bien hay que castigarlo con impuestos". Tal vez en este apoyo de Astori se pueda ver el motivo de un anuncio que a todas luces parece apresurado, aún para los estándares poco ortodoxos a los que tiene acostumbrado Mujica a la clase política. No parece casual que esta medida "explote" a días del último fiasco con la Ley de Caducidad, en la cual Presidente y Vice dieron un golpe duro a los sectores más ideologizados del Frente Amplio. Estos sectores controlan con mano férrea varios resortes de poder tanto en el Frente, como a nivel sindical, que pueden llegar a complicar al gobierno, en caso de un choque abierto.
La medida de aumentar impuestos al agro es indudablemente simpática a estos sectores, que aún ven (increíblemente) a esa parte del país como un reducto de la oligarquía rentista, cuando no de multinacionales explotadoras. A tal punto llega esa visión, que en un diario oficialista el comentario ante las críticas del sector rural fue que "vamos a tener una protesta en 4x4". El hecho de que el anuncio no haya sido coordinado con los ministros del ramo, también contribuye a dar la impresión de que se trata de un tema planteado de apuro, y sin una planificación ordenada.
Queda por ver si todo esto será suficiente para sacar de agenda las divisiones causadas por la Caducidad. También si alcanzará para saciar el encono que el resultado de ese debate ha dejado en los sectores de base. Y por último, si todo eso compensará las consecuencias negativas que estos cambios puedan generar en un sector tan importante para la economía del país.

La frase I.

"La tierra se valorizó, queremos que sigan haciendo guita, y que sigan invirtiendo, pero el Estado necesita recursos". (Presidente José Mujica)
La frase II.
"La pregunta es si es conveniente, a 3 años de una reforma impositiva, incluir un nuevo impuesto que afecta a todo un sector". (Experto en derecho agrario, Horacio de Brum).
El País Digital

Un "cable a tierra" del FA inactivo

Comités de base. Hay 190 en Montevideo, 80 en Canelones y 250 en el resto del país
"la mayoría solo "abren sus puertas durante las elecciones y luego dejan de funcionar".
RAÚL MERNIES
Los comités de base son el centro de la militancia política del Frente Amplio. Sin embargo, hoy la mayoría solo "abren sus puertas durante las elecciones y luego dejan de funcionar".
Los comités de base han disminuido considerablemente en los últimos siete años. Según las cifras oficiales manejadas por el Frente Amplio en 2006, en Montevideo había 192, en Canelones 110, y unos 400 en el resto del país.
El encargado de Organización del Frente Amplio, Alfredo Curbelo, explicó a El País que actualmente hay 190 en la capital, 80 en la localidad canaria y unos 250 desperdigados en el resto del interior.
"Estos fueron los que participaron en la última elección del pasado 25 de agosto", afirmó. "Pero hay que tener en cuenta que muchos abren para las elecciones y después dejan de funcionar", agregó.
En Montevideo la división territorial de los comités está basada en 18 coordinadoras, cuyas jurisdicciones se corresponden con las de los Centros Comunales Zonales (CCZ) creados durante la Intendencia de Tabaré Vázquez (1990-1995).
Aunque hay algunos que funcionan en casas de familia, o militantes que viven en los locales, Alfredo Curbelo aseguró que en el Frente Amplio "no tenemos militancia rentada".
"No hay nadie en los comités de base que reciba dinero directo del Frente Amplio. Sí tenemos funciones políticas que son pagas, como la mía o la de la compañera de finanzas, o los de propaganda", explicó.
El grueso de los integrantes de las bases está en el interior. En diálogo con El País, Alejandro Arismendi, integrante de la coordinadora departamental de los comités de base de Florida, contó cómo funcionan, y dio su opinión sobre las iniciativas para quitarles poder.
"En la regional estamos en contacto a través de Internet, y cada tanto nos juntamos en algún departamento. En Florida, la Mesa Política está integrada por 10 grupos y 10 representantes de comités de base. La coordinadora departamental se reúne todos los martes y ahí charlamos de los temas que se hablaron en la Mesa Política. Ese mismo día yo me contacto con los compañeros de las otras regionales a través de mails", explicó.
Consultado sobre la representatividad de los delegados de las bases, Arismendi se limitó a explicar que lo que pasa es que los "sectores mayoritarios" quieren tener "las manos más libres", indicando que eso "es lícito, tan lícito como el derecho que tenemos nosotros a estar representados".
"El informe que envío a la regional llega a unos 20 compañeros, y eso a su vez `repica` a otros tantos, que lo hacen llegar a los comités de base, que hacen reuniones", sin poder cuantificar cuántos participan de los comités habitualmente.
Respecto de la reestructura y la posible pérdida de poder agregó: "Distintos grupos y en distintos momentos han planteado la posibilidad de buscar un alternativa para quitarle peso a las bases. El tema es que ese 50% dentro del Plenario le da una garantía a la gente de que está representada, si no dominan los sectores políticos y sus ideologías, y la opinión de la gente queda en un segundo plano", dijo Arismendi.
Además agregó que "los delegados de las bases somos laburantes, no hay políticos entre nosotros, somos el cable a tierra que tiene el Frente Amplio".
Como conclusión, Arismendi afirmó: "El tema del mucho poder o poco poder dentro del Frente no es tan así, el tema de la Caducidad ya lo demostró, el poder está en las manos de cada uno".
Sobre la posibilidad de realizar un plebiscito interno en el FA para modificar el estatuto y sacarle poder a las bases, soltó: "Acá llegó la versión y personalmente no tengo problema; que lo hagan. Si la gente es la que decide que las bases tenemos que tener menos poder, lo asumiremos. Pero que sea la gente, no un sector", afirmó. Y finalizó la charla diciendo: "Vox populi, vox dei".
El País realizó ayer en la tarde una recorrida por siete comités de base de distintas zonas de Montevideo, pero no encontró militantes, tan sólo puertas cerradas y candados en las ventanas.
Los vecinos del comité "Luis Galeano" ubicado dentro de un complejo de viviendas en Camino Carrasco y Oncativo, dijeron a El País que "hace tiempo no se ve movimiento".
"Por lo menos hace un mes, que no veo a nadie acá en este local, está todo cerrado", contó una de las vecinas que reside en las viviendas del complejo habitacional.
La misma historia se repitió en otros comités de base. "A vencer", "Tassino", "Liberación", "Por el Cambio, "Salvador Allende", todos se encontraban con las persianas bajas y en las pizarras no se anunciaba ninguna reunión a realizarse en los próximos días.
El comité de base "Gaycurú" (Evaristo Ciganda y Millán) ya no se encontraba en esa dirección, aunque así figuraba dentro de una lista de Coordinadoras del Frente Amplio. Los vecinos de la zona dijeron a El País que hace dos años el comité se mudó del barrio.
El local de la Coordinadora B (Arenal Grande y Maldonado) se encontraba abierto, pero no había ninguna reunión de militantes. "Lo que hay es un cumpleaños, nos prestaron el salón por el fin de semana y ya nos estamos retirando", dijo a El País un señor que se encontraba en la puerta de la sede.
Los sábados no son días habituales de encuentro en los comités de base, ya que la mayoría se reúne los jueves. Sin embargo, en un gran número de comités las reuniones semanales se fueron espaciando y ahora se realizan una vez al mes o "cuando hay una actividad política puntual", dijeron a El País fuentes de la dirección del FA.
El País Digital

Miedo y asco en MVD
La columna de Daniel Figares. 
Aratirí a Cielo Negro.
Daniel Figares

El pasado viernes 13 de mayo una marcha integrada x unas mil personas, un centenar de ellas a caballo, transitó x la Avenida General Flores hasta llegar al Palacio Legislativo, que fue rodeado x jinetes y personas de a pie al grito de "¡corruptos!", "¡vendepatrias!" y "¡traidores!".
El centro de todas las críticas fue la minera Aratirí, un megaproyecto de minería a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del Uruguay, concretamente en la localidad de Valentines (una población de unos 250 habitantes ubicada a unos 20 kilómetros de Cerro Chato en la unión de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres), pero que abarcará en forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha.
El proyecto de la minera Aratirí tiene como objetivo la extracción de 10 millones de toneladas anuales de hierro. El gobierno lo ha destacado como el mayor emprendimiento minero de la historia del país con una inversión de unos US$ 1.500 millones para un negocio de unos 20 años.
La empresa Aratirí (filial local del grupo anglo-suizo Zamin Ferrous) pretende extraer hierro para su exportación en bruto, a través de un puerto que construirá en Rocha, hacia China e India.
Los mineroductos que utilizaría Aratirí para llegar al puerto son de 212 kilómetros, bordearían la Laguna Negra y saldrían a la costa uruguaya entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, en una terminal portuaria.
Todo, dentro del contexto de los proyectos que ya están a estudio esperando la inminente aprobación de la ley de asociación público –privada; de la promoción keynesiana que hace este gobierno de los puertos nacionales como centros de entrada para toda la región, buscando asociaciones con empresas de logística y distribución; y de la creciente demanda de infraestructura portuaria como consecuencia del fuerte incremento del comercio exterior. (Solamente en la comparación interanual de los primeros cuatro meses del año, la Administración Nacional de Puertos (ANP) consignó un incremento de un 45 % de la actividad.)
Algunos números: hasta el momento se sabe x las prospecciones realizadas que hay unas 250 millones de toneladas de material mineralizado pero se estima que habría unas 1100 millones. Para que la perforación sea rentable basta con 600 millones.
Luego de extraer el mineral, se realiza un tratamiento para obtener el hierro beneficiado y ese producto se exporta al exterior. Si bien el precio del producto internacional varía según la época, se estima que una tonelada de hierro beneficiado se vende a entre 60 y 100 dólares. El Estado uruguayo se lleva un 3% y el propietario del campo un 5% del valor medio del hierro en el mercado, menos los costos de producción y traslado. (Un productor que era uno de los manifestantes de la marcha del pasado viernes dijo en televisión que mientras la minera podría llevarse unos 1000 millones de dólares al año, el canon que establecía el gobierno como su ganancia era de 90 millones de dólares anuales; cosa que es cierta.)
La Comisión de Productores Agropecuarios de Cerro Chato y Valentines, entregó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, unas muestras de agua sucia, supuestamente contaminadas, de las prospecciones que está realizando la minera Aratirí, y expresaron su desconfianza hacia ese proyecto. (Unos 200 productores de Florida y Durazno han presentado recursos jurídicos para impedir el ingreso de la minera a sus predios.)
Otro productor, de apellido Bacchetta, informó que según la propuesta de Aratirí presentada ante la Dinama el pasado 4 de marzo, se destaca que para depositar la tierra removida y descartada -solo se rescata alrededor de un tercio del total del volumen de tierras removido en minerales-, se construirá un tanque de 53 metros de profundidad y 2.400 hectáreas de superficie. Al terminar el período de explotación, estimado en 20 años, la empresa "sellaría" ese depósito, con una capa de tierra fértil. (Que de todas formas dejaría los residuos en el lugar, y sin mucha posibilidad de que esa capa de tierra fértil no sea más que la alfombra que oculta la basura debajo.)
“Este gobierno se ha comportado como cómplice y co-gestor de emprendimientos de las multinacionales”, dijo el productor.
En las páginas del célebre libro “La Torta y las Migajas”, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), Ediciones Trilce-2010, el ingeniero agrónomo Ruben Elías, analiza la cuestión en un artículo llamado sugestivamente “El Hierro del Uruguay para el Futuro de Nuestros Hijos”.
Dice Elías: “El siglo XXI nos muestra una nueva estrategia de las empresas transnacionales, adquirir mediante inversiones extranjeras directas el control de importantes recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía, etc.). debemos tener en cuenta que el control estratégico no necesariamente pasa x la propiedad, en la minería pasa x concesiones, en algunos cultivos x arrendamientos, si bien la propiedad parece ser la modalidad dominante de las empresas en la actual fase neocolonial donde la economía uruguaya se inserta.”
Alertando que “los minerales, los hidrocarburos y el agua subterránea son bienes comunes [de la nación], son patrimonio de los habitantes de este territorio, los de hoy  y de mañana”, y que “en el caso de la extracción de minerales e hidrocarburos debemos saber que no se reponen, desaparecen. No son renovables, son limitados y muchas de las sustancias minerales son la base de las modernas tecnologías”.
Reflexionando sobre la importancia estratégica del hierro como sustancia en una Sociedad de Acero (componente esencial del siglo 21), Elías se pregunta: “Si no se tiene un proyecto de país productivo, y los destinos de las inversiones lo determinan las empresas multinacionales [transnacionales], solo se pueden esperar malos resultados. ¿Quién y cuándo se determinó que la mayor inversión del quinquenio en Uruguay sería un mega proyecto minero?; ¿A quién se le ocurre que el canon (porcentaje que debe pagar la minera) que puede ser un monto interesante, se fraccione y se distribuya, diluyéndose de manera tal que resulte imposible un gran emprendimiento?; ¿Cuál es la justificación para que el dueño del suelo reciba una parte del canon x el subsuelo del cual somos propietarios todos, cuando la ley prevé que reciba indemnizaciones x las pérdidas que le ocasiona la actividad minera?; si el mineral de hierro es una substancia básica de las tecnologías del siglo XXI, ¿acaso con la misma prontitud que se está dispuesto a votar otras leyes no se debería declarar estratégico el mineral de hierro para que su explotación quede reservada al Estado?”
Sabe muy bien Elías que “es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras, que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional”.
Y sabe más que bien que DOS TERCIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL OCURRE ENTRE EMPRESAS TRANSNACIONALES, Y QUE LA MITAD DE ESE VOLUMEN COMERCIAL ES INTRAFIRMA, O SEA QUE SE REALIZA AL INTERIOR DE LAS GRANDES CORPORACIONES (un negocio entre ellos mismos). (Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC.)
Ahora me pregunto yo: ¿Que el COUNTRY MANAGER DE ZAMIN FERROUS, EL INGENIERO FERNANDO PUNTIGLIANO HAYA SIDO PRESIDENTE DE LA ANP (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS) 2005-2009, JUSTO QUE QUIEREN HACER UN PUERTO, NO ES UNA ESPECIE DE VENTAJA?
¿SIGUEN GIRANDO? (FUNCIONARIO PÚBLICO-FUNCIONARIO PRIVADO QUE SE ASOCIA CON EL ESTADO.)
Dice Elías: “Podemos decidir sacrificar una parte de ese [nuestro] patrimonio para financiar un proyecto país, pero no canjearlo x espejitos de colores”.
… Como país, la verdad es que estamos más cerca de las últimas palabras del escritor francés Francois Rabelais que de otra cosa:
“DEBO MUCHO DINERO, NO TENGO NADA. EL RESTO SE LO DEJO A LOS POBRES.” 
DanielFigares
(En base a Montevideo Portal, diario El País, Espectador.com, diario La República y Ultimas Noticias.)

Por Ivonne Leites. - Blog Atea y sublevada. 
Algo es algo...

ARGENTINA: EL GOBIERNO ACORDO CON EL CLUB DE PARIS LA DEUDA LEGITIMA CON REFINANCIACION

Lo que se paga y lo que no

Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.
 Por Roberto Navarro
Pagina 12
El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.
El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: “A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada”.
En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. “Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos (ver nota aparte)”, señaló una fuente de Economía.
Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el “paraguas” del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.
Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.
Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. “Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo”, señaló a Página/12 una fuente de Economía. “Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos”, completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.
La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. “Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país”, es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.
Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.
Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. “La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias.”
Wednesday 18 may 2011

Productores rurales, pobladores de la costa y sindicatos

Tras la movilización del 13 de mayo, en defensa de la tierra y los recursos naturales, las organizaciones convocantes de la marcha realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Federación de Funcionarios de OSE donde explicaron su oposición al proyecto de minería a cielo abierto y brindaron una primera evaluación de la acción realizada

Por Luciana Siri (Movimiento por un Uruguay Sustentable)
“Nos estaba costando mucho llegar a la gente y con esta movilización nos quedamos sorprendidos de la forma en que se convocó, de la conciencia popular que se está tomando”, señaló Eduardo Echeverriborda, productor de Las Palmas, una de las zonas que se encuentra en el epicentro del proyecto minero. “Eso y la diversidad que tuvo la marcha nos ha conmovido, porque es la opinión pública la que puede golpear las puertas de las autoridades para que revisen esto que es serio”, resumió. De todos modos, Echeverriborda advirtió que hasta que el grupo de productores organizados no se juntara a hacer una evaluación, las reflexiones sobre la marcha eran a título personal.
Por su parte, Arturo Abella, presidente de la Comisión de Vecinos y Amigos de La Esmeralda, subrayó el aspecto positivo que ha despertado Aratirí: “Al tener tres patas, la parte de la minera, el mineroducto y el mega puerto, el proyecto nos ha unido a todos para discutir qué país queremos”, manifestó en referencia a la alianza entre diversos sectores tales como los productores rurales, comunidades costeras y organizaciones montevideanas que se sumaron a la convocatoria de la marcha.
En esa misma línea, Ricardo Rodríguez, representante de la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP), manifestó que los vecinos de esa localidad se sumaron en apoyo por considerar que “este proceso que ocurre con la minera Aratirí es uno más de una serie de procesos y proyectos y actividades que van hacia un modelo de país que no es sostenible” y comparó que “así como los compañeros están enfrentando a Aratirí, nosotros en La Paloma estamos enfrentando al modelo forestal”. Rodríguez, al igual que Abella, manifestó la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo al cual se dirige Uruguay: “un modelo de país que pone en peligro a sus recursos naturales, la calidad de vida y de trabajo de la gente”.
De izq a der: Ricardo Rodriguez (UVLP); Carlos Sosa (FFOSE); Ervis Loiley (FFOSE); Victor Bacchetta (periodista); Fernando Becerra (productor rural); Eduardo Echeverriborda (ídem); Julio Gómez (ídem) y Federico Cantera (ídem).
El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos Sosa, explicó el apoyo del sindicato a la movilización por considerarla una herramienta clave para hacer cumplir la reforma de la Constitución, aprobada en el plebiscito de 2004, donde la ciudadanía se pronunció en defensa de los recursos hídricos como derecho humano básico. “La Constitución establece que cualquier emprendimiento que se haga en nuestro país en una cuenca acuífera tiene que ser con la participación del pueblo y de la ciudadanía, que es quien en última instancia decide si ese emprendimiento vulnera uno de los principios fundamentales que es, en primer lugar, el derecho del acceso al agua de buena calidad. De ser así, ese emprendimiento no puede ser llevado adelante”, señaló Sosa quien agregó que, “en el marco del bicentenario y en defensa de la soberanía, nuestros recursos tanto de la tierra como hídricos están siendo vulnerados (…). Nosotros como sindicato, como trabajadores, entendemos que este proyecto en el Uruguay, destroza nuestro hábitat y en última instancia va a terminar con la calidad de vida de nuestro pueblo”.
Estado de situación
El periodista Victor Bacchetta, a cargo de la moderación de la mesa, dejó en claro que no es un movimiento contra toda explotación minera sino que es una acción que cuestiona a un tipo de minería en particular surgido en las últimas décadas. Según describió, es un tipo de explotación que nace en un contexto de desarrollo tecnológico que permite la extracción con procedimientos de separación a gran escala, lo que lleva a la generación de grandes volúmenes de desechos y a una especulación muy fuerte en la medida que los commodities, las materias primas, se han incorporado al sistema financiero internacional. “Esto hace que surjan empresas y capitales interesados ante un tipo de explotación como esta que es sumamente depredadora, donde los costos ambientales son altísimos pero sumamente rentables para estas empresas porque ellas no pagan esos costos sino que los pagamos nosotros”, manifestó el periodista, quien señaló que por este motivo hay países como Costa Rica, en América Latina, que han prohibido la minería metálica a cielo abierto y también la Comunidad Europea está tomando medidas.
En América del Sur existen varias explotaciones de este tipo, en zonas casi semidesérticas como en la Cordillera, alejadas de las poblaciones. Aún así, manifestó Bacchetta, “esa minería tiene un alto impacto porque afecta las fuentes de agua que vienen de la altura y las comunidades que dependen de esa agua para su cultivo y consumo son afectadas”. Por esta razón, justificó la gran preocupación de la zona en la que se quiere instalar la minera: “en el centro del país, en el medio de la pampa húmeda, en el medio de una zona cultivada, poblada, con una población que tiene una tradición productiva y de vida”.
Otro de los aspectos que preocupa es la dinámica de la empresa que se encuentra por detrás de Aratirí (Zamin Ferrous) que es una multinacional de origen indio que genera a nivel nacional “empresas de corta vida para elaborar proyectos concretos como el de este tipo y que, una vez conseguidos los acuerdos gubernamentales, vende el proyecto”, señaló Baccheta, quien ejemplificó con una situación de este tipo y con la misma empresa ocurrida en el noreste de Brasil, en el estado de Bahía.
Aspecto de la concentración frente al Palacio Legislativo. 
Agujeros
Los representantes de las organizaciones y grupos movilizados indicaron que sus argumentos más fuertes en contra del proyecto minero son tomados precisamente del informe de impacto ambiental que realizó la minera y que puede ser leído en la página de la DINAMA. Según explicaron, son muchos los aspectos que preocupan, razón por la cual, el movimiento constituyó una comisión compuesta por profesionales de diversas especialidades con el propósito de brindar un análisis reflexivo y técnico sobre lo que por ahora es la única fuente de información oficial sobre el proyecto.
Un ejemplo concreto que genera alarma es con respecto a cuál sería el futuro del pueblo de Valentines, habitado por unas 500 personas que se encontraría en el medio de la explotación minera. Según lo establecido por la propia empresa, el área de seguridad es de 1.000 metros. Sin embargo, el pueblo se encuentra a 600 metros de uno de los núcleos extractivos, en donde se explotarán 235 toneladas de explosivos cada dos días, explicó Federico Cantera, productor rural de la zona de Valentines.
Hoy el informe de la empresa se encuentra en manos de la DINAMA. Luego que termine ese proceso en el cual la DINAMA puede solicitarle a la empresa más información, se inician las instancias de divulgación y audiencia públicas, luego de los cual debe darse la definición del gobierno. Sin embargo, Bacchetta resaltó algunas contradicciones en torno a que, si bien el proyecto formalmente está en una fase de estudio, hay declaraciones de algunas autoridades políticas así como de la propia empresa que indicarían que ya hay algunos acuerdos. Como un ejemplo de esta situación, mencionó el puerto de aguas profundas por donde saldría la exportación de hierro, sobre el cual ya se decidió el lugar donde sería construido. “En rigor esa concesión no se podría hacer antes de estar aprobado el proyecto”, concluyó Bacchetta.
Los productores manifestaron su preocupación también ante la falta de garantías por parte del gobierno de brindar los controles ambientales necesarios y, llegado el caso de sancionar, de hacer que la sanción sea cumplida. Un ejemplo son los informes trimestrales que debe hacer la empresa para dar cuenta de los pozos que realiza. Para Gómez, esa información es cuestionable porque no hay forma de verificarla si no es inspeccionando el terreno, tal como quedó comprobado en días pasados. A raíz de una inspección pedida por los productores, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) encontró 68 pozos que no estaban declarados. Esto llevó a que la dirección multara a la empresa. “Sin embargo, cuando esa multa iba a ser corroborada por su monto, ante el Ministerio de Industria surgen dudas. Entonces ¿quién le asegura al Uruguay que se vaya a controlar como es debido?”, cuestionó el productor.
Actividades subvaloradas
Tanto los productores agrarios como los vecinos de las comunidades costeras no comprenden porqué se insiste en introducir una industria que pone en riesgo dos actividades productivas que han demostrado sostenibilidad en el tiempo y que aún no están desarrolladas en su máximo potencial. Fernando Becerra, productor de Durazno, enfatizó que las 120.000 hectáreas involucradas, son parte de una tierra que tiene una gran capacidad productiva que no ha sido aprovechada porque “no han habido políticas que vayan en esa dirección”. No obstante, son tierras cuidadas por generaciones, que han demostrado una gran productividad y que están “sumamente cerca de cumplir con un protocolo internacional de certificación de producción de alimentos orgánicos que casi no se encuentra ya en ninguna parte del mundo”, señaló.
En cuanto a la zona costera, Abella indicó que la terminal portuaria estaría ubicada en La Angostura, una zona donde la Laguna Negra se acerca al mar y que involucra a La Esmeralda, Aguas Dulces, Valizas y Punta del Diablo. “Es una zona altamente sensible desde el punto de vista ambiental y nosotros pensamos que este proyecto va a interrumpir el desarrollo turístico que se viene dando en la zona. El gobierno cuando elige esa zona dice que es un lugar que no tiene turismo, algo lógico porque es un predio de 5 kilómetros de costa que está en manos del Ministerio de Defensa. En todo caso, en lugar de dárselo a Aratirí, ¿porqué no pensar un plan de desarrollo turístico para esa zona, un proyecto más amigable con el ambiente, que va a generar más fuentes de trabajo y que va a repartir mucho mejor la torta?”, concluyó.
 Publicado en  Observatorio Minero del Uruguay

Por Ivonne Leites. - Blog Atea y sublevada.
Wednesday 18 may 2011

La cuenta regresiva.

Solo faltan 5 meses. ¡Estamos llegando! A partir de noviembre se acabarán las posibilidades de revancha de éstos resentidos y recalcitrantes izquierdistas y los pupilos del Super Ratón quedaran impolutos de cualquier "presunta" responsabilidad por apremios físicos e ilegales.Las "presuntas" boletas de los PRESUNTOS  desaparecidos,(fiambre en Brasil) acaban de ser blanqueadas por la muy fiel Suprema Corte de...¿Justicia? en una forma más potable que las "presuntas" violaciones a los derechos humanos en su modalidad de desaparición forzada.-
 
Nadie tuvo la lúcida profundidad de análisis y la brillante , valerosa decisión del compañerito Víctor que con su inquebrantable militancia rectilínea , vió la importancia que el tema siguiese sobre el tapete (aunque más no sea hasta noviembre) y no extinguirlo dándo vuelta la página como quieren los milicos y la derecha.-
Es - como yo - un incomprendido más.-
                          MAU-MAU                                                         

Públicos presentan en junio queja ante OIT contra gobierno

Pit-Cnt. Acompaña a COFE por ley laboral
Diego Ferreira
El ala de sindicatos públicos presentará una queja contra el gobierno uruguayo ante la OIT, por incumplimiento de la ley de negociación colectiva. Los gremios estatales informarán hoy al respecto al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
La posición del Departamento de Públicos del Pit-Cnt es presentar esta queja en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a celebrarse en Ginebra en junio, informó a El País el responsable del departamento, Alejandro Laner.
El objetivo de esta movida es "jerarquizar el ámbito de negociación colectiva" -desconocido por el gobierno en reiteradas ocasiones, según los sindicatos-, a fin de "tener un proceso periódico de reuniones" para discutir criterios salariales, condiciones de trabajo y hasta iniciativas legislativas, como por ejemplo la ley de Participación Público Privado (PPP).
En esta jornada, una delegación del Departamento de Públicos se reunirá con el ministro Brenta para "explicar porqué entendemos necesario hacer esta queja" y de paso intentar que "el gobierno asuma que no ha respetado la ley" de negociación colectiva, dijo a El País José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
Consultado sobre el punto, el ministro Brenta señaló que esperará a la reunión de hoy para hacer comentarios.
"Nos vienen pasando para la cueva", se quejó López al aludir a la escasa negociación entre el gobierno y sus funcionarios. En el debe, los gremios achacan al gobierno el no haber tenido participación en la discusión del Presupuesto, los criterios salariales, la reforma del Estado y las condiciones laborales.
Con estos argumentos COFE se ubicó como el promotor original de la queja contra el gobierno, y elaboró un texto a cargo del abogado Daniel Parrilla.
El Pit-Cnt apoya "en principio" la propuesta de COFE aunque la postura final saldrá de la reunión de hoy con Brenta, acotó Laner. En cambio, López no titubeó y reafirmó que "la definición de COFE de seguir para adelante con esto está; sería muy bueno si lo hacemos a nivel de todos los públicos".
De seguir adelante con la queja, el Pit-Cnt tomará el documento de Parrilla, ampliándolo de modo que incluya a todos los funcionarios del Estado.
Texto BASE. La queja de COFE, a la que accedió El País, afirma que el gobierno ha "violentado" los principios de la ley de negociación colectiva y convenios de OIT. El texto dice que la actitud del gobierno ha sido "absolutamente omisiva y prescindente" respecto a las actuaciones o conductas que permitan consolidar "una auténtica negociación de las condiciones laborales en el sector público".
En la queja se admite que hubo reuniones de la mesa de negociación a nivel de rama entre julio y septiembre de 2010, pero en ellas los planteos sindicales no tuvieron "eco" en los delegados del gobierno.
Eso se repitió durante la elaboración del Presupuesto, ya que no se cumplió con la entrega de información a los trabajadores, amparada en la ley.
"Nada de esto ocurrió, la respuesta de los representantes del Poder Ejecutivo en cuanto a la información, en tanto base de discusión y debate fue nula", critica el documento.
Así, COFE se enteró del contenido del Presupuesto cuando el gobierno "publicó en su página web, el referido proyecto".
Otro cuestionamiento pasa por la inclusión de condiciones laborales y salariales que "no fueron acordadas o negociadas con COFE" sino que fueron "elaboradas y definidas unilateralmente" por fuera de la negociación colectiva. A esto suman el decreto que obliga a los funcionarios a cumplir un mínimo de seis horas de trabajo.
El último punto que objeta COFE refiere a las ocupaciones en las dependencias del Estado.
Los trabajadores defienden su interpretación de la ocupación como modalidad de la huelga y por tanto rechazan el decreto que prohíbe esas medidas en las oficinas públicas.
El documento plantea que se ha generado una dualidad en este tema, si se considera la actuación del gobierno ante las ocupaciones en la rama privada. "Han quedado configurados dos regímenes diferentes. Uno para públicos y otro para privados. Las enormes diferencias existentes entre ellos, que involucran aspectos conceptuales y de principios, no responden a criterio de razonabilidad o legalidad alguno", concluye el texto.

OIT: visita en el segundo semestre

La negociación colectiva es motivo de discusión entre los actores sociales en la rama pública y en la privada.
A la presentación de la queja de los sindicatos estatales contra el gobierno por el incumplimiento de la ley de negociación colectiva en el sector público, la norma que rige la negociación a nivel de los privados provocará la llegada de una delegación de OIT en el segundo semestre de este año.
La visita responde a la queja presentada en 2010 por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias ante la OIT en la que cuestionaron distintos aspectos de la ley de negociación colectiva y que fueron acompañados por el Comité de Libertad Sindical del organismo.
Ante ello, el comité sugirió al gobierno a que, en consulta con las partes, tomara medidas para modificar la ley.
La falta de avances tras esta recomendación, motivó un nuevo reclamo empresarial ante OIT. El organismo propuso el envío de una delegación de expertos a Uruguay para observar la situación en torno a la ley.
Finalmente, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció en abril la invitación al director general de OIT, Juan Somavia, o a quien él designe, para que llegue a Uruguay a "comprobar el estado de las relaciones laborales".
Por otra parte, fuentes sindicales indicaron que en la conferencia de OIT, el gobierno y la delegación del Pit-Cnt harán un planteo "en conjunto" en defensa de la ley laboral.
El País Digital