miércoles, 28 de febrero de 2018

Necesitamos un feminismo para el 99%. Por eso las mujeres haremos huelga este año // 8M ¿Por qué la huelga feminista del 8 de marzo es diferente a todas las demás? // Día Internacional de la Mujer: El movimiento feminista llama a todas las mujeres a secundar la huelga el 8 de marzo // “La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real” // HONDURAS: Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras // Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección // La insurrección popular es la vía, lo demás son engaños // URUGUAY: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos: Comunicado a la opinión pública // Red de Agroecología contra la ley de riego

Necesitamos un feminismo para el 99%. Por eso las mujeres haremos huelga este año

Angela Davis, Nancy Fraser, Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Barbara Smith y Keeanga-Yamahtta Taylor publicaron hoy en The Guardian este llamamiento al paro internacional del 8 de marzo. Contra la violencia machista, contra el silencio forzado al que se nos quiere someter, contra el capitalismo que promueve desigualdad, racismo y misoginia, dicen: #WeStrike.

Necesitamos un feminismo para el 99%. Por eso las mujeres haremos huelga este año

Por: LatFem Fotos: Mario Tama/Getty Images


El 8 de marzo del año pasado, las mujeres de todo tipo marchamos, dejamos de trabajar y tomamos las calles en cincuenta países del mundo. En los Estados Unidos, nos unimos, marchamos, dejamos los platos a los hombres, en todas las grandes ciudades del país y en innumerables más pequeñas. Cerramos tres distritos escolares para demostrarle al mundo, una vez más, que mientras nosotras sostenemos la sociedad, tenemos también el poder de dejar de hacerlo.

El 8 de marzo vuelve y las cosas empeoraron para nosotras en este país.

En un año de la administración Trump, no solo fuimos atacadas con violencia verbal y amenazas misóginas bajo la apariencia de declaraciones oficiales: el régimen de Trump puso en marcha políticas que van a hacer que esos ataques continúen contra nosotras a través de las vías institucionales.

La Ley de Recorte de Impuestos y Empleos les quita los beneficios a lxs trabajadorxs de bajos salarios, de los cuales la gran mayoría son mujeres. Planea atacar con salvajismo a Medicaid y Medicare, los únicos dos programas de salud que quedan en este cruel paisaje neoliberal, para ancianxs y pobres, enfermxs y discapacitadxs, planificación familiar y niñxs y, por lo tanto para las mujeres, que hacen la mayor parte del trabajo de cuidado. Y mientras la ley le niega atención médica a lxs niñxs migrantes, introduce un fondo de ahorro universitario para los “niñxs por nacer”, una manera escalofriante de establecer por una vía legal los “derechos” del/a “niñx por nacer” atacando así nuestro derecho fundamental a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos.

Pero esa no es toda la historia.

Con estos múltiples frentes de batalla abiertos contra nosotras, no nos hemos acobardado. Nosotras también hemos luchado.

Cuando durante el otoño pasado las mujeres con visibilidad pública y acceso a los medios internacionales decidieron romper el silencio sobre el acoso y la violencia sexual, las compuertas finalmente se abrieron y una corriente de denuncias públicas inundó la red. Las campañas #MeToo, #UsToo y #TimesUp visibilizaron lo que la mayoría de las mujeres ya sabían: ya sea en el trabajo o en la casa, en las calles o en el campo, en las cárceles o en los centros de detención para migrantes, la violencia machista, con su particular impacto racista, acecha la vida cotidiana de las mujeres.

Lo que también quedó claro es que el silencio público sobre lo que siempre hemos conocido, soportado y contra lo que hemos luchado, no existe simplemente porque tenemos miedo o vergüenza de hablar: el silencio se impone. Lo imponen las leyes del Congreso, que hacen que las mujeres deban pasar casi un año de consejería obligatoria y mediación, si se atreven a presentar una denuncia. El silencio está influido por un sistema de justicia penal que rechaza como rutina los relatos de las mujeres usando niveles suplementarios de intimidación y violencia. En los campus universitarios, administradores bien dispuestos saben encontrar vías “legales” para proteger a la institución y al agresor, mientras arrojan a las mujeres a los lobos. Los fundamentos racistas de estos procedimientos legales exigen compromisos de fondo.

#Metoo, #UsToo y #TimesUp no solo han expuesto a los violadores y misóginos, sino que hicieron un tajo en el velo que oculta a las instituciones y las estructuras que les habilitan esa conducta.

La violencia machista de corte racial es internacional, como debe ser la campaña en su contra. El imperialismo estadounidense, el militarismo y el colonialismo fomentan la misoginia en todo el mundo. No es coincidencia que Harvey Weinstein, en sus largos años de tratar de silenciar y aterrorizar a las mujeres, usara la empresa de seguridad Black Cube, formada por ex agentes del Mossad y otras agencias de inteligencia israelíes. Sabemos que el mismo Estado que envía dinero a Israel para tratar con brutalidad a la palestina Ahed Tamimi y su familia, también financia las cárceles en las que mujeres afroamericanas como Sandra Bland y otras han muerto.

Entonces, el 8 de marzo haremos huelga contra la violencia machista, contra los varones que cometen actos de violencia y contra el sistema que los protege.

Creemos que no fue accidental que nuestras hermanas con posición social fueran las que primero hicieron visible lo que todos sabíamos. Sus posibilidades de hacerlo visible eran más grandes que las de nuestras hermanas de bajos ingresos, a menudo de color, que limpian habitaciones en ese lindo hotel de Chicago o las de las hermanas que recogen frutas en los campos californianos.

La gran mayoría de nosotras no hablamos porque no tenemos un poder colectivo en nuestros lugares de trabajo y se nos niega cobertura social, como la atención médica gratuita, fuera de ellos. El trabajo, con su salario bajo, con su gerente intimidante y su jefe abusivo, con sus largas horas, se convierte en lo único que tenemos miedo de perder, ya que es el único medio para llevar los alimentos a nuestras familias y poder cuidar a nuestros enfermxs.

No mantenemos nuestra boca cerrada. Nos vemos obligadas a mantener la boca cerrada por el capitalismo.

Entonces, el 8 de marzo hablaremos, individualmente, contra los abusadores que trataron de arruinar nuestras vidas, y hablaremos colectivamente contra la inseguridad económica que nos quiere impedir hablar.

Vamos a parar porque queremos exponer a nuestros abusadores. Y haremos huelga porque necesitamos seguridad social y trabajos que tengan salarios dignos para poder alimentar a nuestras familias, del mismo modo que derecho a sindicarnos, en caso de que nos despidan por defendernos del abuso.

Entonces, el 8 de marzo haremos huelga por el encarcelamiento masivo, la violencia policial y los controles fronterizos, contra la supremacía blanca y las guerras imperialistas estadounidenses, contra la pobreza y la violencia estructural en nuestras escuelas y hospitales, que envenena nuestras aguas y alimentos y nos niega una justicia reproductiva.

Y vamos a parar por los derechos laborales, la igualdad de derechos para todxs lxs migrantes, por un salario digno y equitativo, porque la violencia sexual en el lugar de trabajo puede agravarse cuando no tenemos una protección colectiva.

El 8 de marzo de 2018 será un día de feminismo para el 99%: un día de movilización de las mujeres negras y morenas, de las cis y bi, de las lesbianas y las mujeres trans, de las pobres y las de bajos salarios, de las que hacen trabajos de cuidado no remunerados, de las trabajadoras sexuales y de las migrantes.

El 8 de marzo #NosotrasParamos.

Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Angela Davis, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Nancy Fraser, Barbara Smith, Keeanga-Yamahtta Taylor

8M ¿Por qué la huelga feminista del 8 de marzo es diferente a todas las demás?

Las movilizaciones y la huelga para el Día Internacional de la Mujer están convocadas en más de 150 países por una sociedad más justa e igualitaria. Éste es sólo uno de los datos que convierten en única esta convocatoria.
8-marzo-feminista
Manifestación del 8 de marzo de 2017 en Madrid.  Fernando Alvarado / EFE
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga nueva, inédita, una huelga de las mujeres, que grita quererlas "libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes". Así, se hace un llamamiento a secundar los paros, para todas las mujeres que puedan y por todas las mujeres que no. Pero, ¿sabes en qué consiste y qué significa esta huelga feminista, y por qué no es como las demás?
Las movilizaciones y la huelga están convocadas en más de 150 países, por lo que se trata de un paro internacional de mujeres. En 2017, ya en varios lugares, como Polonia o Argentina, se inició un movimiento en pro de esta iniciativa. Entonces, en España y otros 57 países se convocaron paros entre las 12.00 h y las 12.30 h. Este 8 de marzo, sin embargo, se pretende conseguir ampliarlo al total de la jornada.

¿Quiénes están llamadas a hacer huelga?

Todas las mujeres están llamadas a la huelga. La huelga feminista no es una huelga al uso, no solo afecta a las fábricas, oficinas o despachos: se conforma como una llamada contra cualquier tipo de violencia que viven las mujeres por ser mujeres con el fin de demostrar que, si ellas paran, se para el mundo. Por lo tanto, las incluye a todas. A las que tienen empleos remunerados y a las que trabajan en su casa o en las de otros, a las que cuidan niños, mayores, o personas dependientes, a las de las ciudades, a las de los pueblos, a las de todos los orígenes, a las de todas las identidades. A todas ellas, esta huelga las invita a parar, a dejar por unas horas de sacarlo todo adelante para que la sociedad se dé cuenta del valor que aportan.

¿Qué significa una huelga feminista?

La huelga del 8M es feminista porque no es una huelga al uso, no se limita a una huelga laboral. En primer lugar, la del 8M es una huelga de cuidados, una huelga del trabajo doméstico, del soporte emocional. El 8M se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, tan invisibles, muchas veces no pagadas y de las que suelen encargarse ellas. Se trata de hacer ver que, sin todo ese trabajo silencioso, el resto del mundo se cae, y es necesario ponerlo en valor.
La convocatoria implica, también, una huelga de consumo, es decir: llama a no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son reclamos de consumo, y la tiranía estética a la que las somete el mercado.
huelga-feminista-artivismo
Artivismo Feminista. / Instagram
También es una huelga laboral que quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el 'techo de cristal' —las dificultades extra que tienen las mujeres para alcanzar puestos de dirección—, la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza.
Del mismo modo, están llamadas a la huelga todas las mujeres del sector educativo para reclamar "una educación pública, laica y feminista".

¿Quién la convoca?

Está coordinada por la Comisión 8 de Marzo, que integra a multitud de colectivos feministas, y que lleva trabajando desde 2017 -el 8 de marzo de ese año ya se propuso un paro de mujeres durante 30 minutos al mediodía- para lograr llevar esta iniciativa a cabo.
Todos los grandes sindicatos se han sumado a esta convocatoria, aunque con propuestas diferentes. UGT y CCOO registraron una convocatoria de paros parciales de dos horas por turno, mientras que CNT y CGT lo han hecho apoyando los paros totales las 24 horas. Puedes elegir sumarte a cualquiera de las dos modalidades, aunque las organizadoras llaman a una huelga de 24 horas.
Una característica importante de esta huelga es que se ha promovido y organizado de abajo hacia arriba, y no al revés. Es decir, la iniciativa de la huelga ha nacido primero en las calles, en los barrios y distritos y se ha macerado en asambleas abiertas. No ha sido una propuesta de los sindicatos, sino del movimiento feminista.

¿Necesito estar afiliada para que me cubra la ley?

Es necesario que, para que una huelga sea legal, la convoquen los sindicatos. Sin embargo, una vez hecho esto, cualquier persona puede secundarla, esté o no afiliada. Puesto que los sindicatos no pueden convocar una huelga sólo para mujeres, ésta convocatoria también ampara a los hombres que decidan no asistir a su puesto de trabajo. Como toda huelga, si decides sumarte al paro, esto tendrá repercusiones sobre tu salario de ese día, que variará dependiendo de si la realizas de forma parcial (dos horas) o el día completo. No es necesario que avises en tu trabajo con antelación de si secundarás o no la huelga.

¿Puedo sumarme a la huelga siendo hombre?

Legalmente, los hombres tienen derecho a sumarse a la huelga feminista. Sin embargo, la Comisión 8M explica que, si los hombres también hacen huelga, se pierde el sentido que diferencia la huelga feminista de la huelga general: visibilizar "los huecos" que quedarían si las mujeres dejasen de llevar a cabo todas sus actividades. Por lo tanto, las organizadoras solo están convocando a las mujeres.

¿Y si soy hombre y quiero participar?

Desde el movimiento feminista se ha recomendado que los hombres que quieran dar apoyo a la huelga feminista lo hagan a través de otras acciones, como cubrir a sus compañeras en el entorno laboral o estudiantil para que ellas puedan no asistir, encargarse del cuidado de menores, mayores o personas dependientes para desahogar a las mujeres que normalmente lo hacen, y otros métodos para facilitar que las mujeres sean las verdaderas protagonistas ese día y encuentren el menor número de trabas posibles para ello.

¿Habrá movilizaciones también ese día?

Sí, hay organizadas marchas y movilizaciones en las distintas ciudades españolas. Además, cada ciudad, pueblo o distrito está convocando distintas actividades durante el día que se pueden consultar en las redes sociales y la página web de la Comisión 8M.
La marcha que se celebrará en Madrid, y que se espera que tenga un seguimiento masivo, al igual que ocurrió el año pasado, saldrá desde Atocha a las 19.00 h y llevará a cabo un largo recorrido hasta desembocar en la Plaza de España.

¿Por qué se celebra el 8 de marzo?

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha conmemora el 8 de marzo de 1909, cuando 129 empleadas de la fábrica textil Cotton de Nueva York fueron asesinadas al prender su propio dueño fuego a la fábrica mientras todas ellas se encontraban dentro haciendo una protesta que exigía derechos laborales. Además, el color del feminismo es el violeta porque, según se dice, el humo que brotaba de aquel incendio era color violeta, como las telas que allí se encontraban ese día. Así, en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, la política y pensadora comunista Clara Zetkin decidió proponer dicha fecha como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a las trabajadoras de Cotton.

Estado español

Día Internacional de la Mujer: El movimiento feminista llama a todas las mujeres a secundar la huelga el 8 de marzo

La primera huelga legal, respaldada por sindicatos y algunos partidos políticos, propone un paro laboral, de los cuidados, estudiantil y de consumo. Las organizadoras anuncian que tanto la huelga como las movilizaciones desbordarán todas las previsiones.
Foto 8 M

Integrantes de la Coalición del 8M de Madrid en rueda de prensa llamando a la huelga de mujeres / Público- Marisa Kohan
El movimiento feminista ha hecho este jueves un llamamiento a todas las mujeres a secundar la huelga de mujeres convocada para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. "No es una huelga al uso, puesto que no es sólo un paro laboral en sentido tradicional", afirmó este jueves Justa Montero, miembro de la Comisión del 8M, una plataforma de organizaciones feministas que están coordinando la huelga y la marcha del próximo día ocho. 
"Se trata de demostrar que sin nosotras se para el mundo", enfatizaron las convocantes en una rueda de prensa este jueves, que se realizó en el área central del mercado de San Fernando, en el Madrileño barrio de Lavapiés. La elección de este espacio no era baladí, puesto que la convocatoria de la huelga incluye el ámbito laboral, el de los cuidados, el estudiantil y el del consumo.
"Hemos querido hacer este evento en un mercado, porque tiene mucho que ver con la manera en que las mujeres consumimos y de lo que se trata es de abrir debates de cómo el consumo afecta a las mujeres y cómo nosotras podemos modificarlo", afirmó una de las organizadoras.
La huelga y las movilizaciones tendrán también un gran impacto en el área de la educación, donde desde hace meses se están organizando grupos de información y de apoyo a la huelga. Reclaman que la educación sea pública y laica e incluir como una parte fundamental del currículo la educación afectivo-sexual. También reclaman el incremento de las becas y la bajada de las tasas y medidas para acabar con la división sexual de los estudios, que "reproducen estereotipos patriarcales sobre qué estudian las niñas y los niños", afirmó Sara Naila, una joven activista. Las estudiantes están convocadas a secundar la huelga tanto en las universidades como en los centros de secundaria.

Derechos de huelga garantizados

Por primera vez, los sindicatos se suman activamente a la convocatoria de huelga. En la convocatoria del año pasado, las fuerzas sindicales se habían limitado a plantear paros simbólicos. Sin embargo, en esta ocasión todos los sindicatos han convocado a la huelga. Comisiones Obreras y UGT lo hicieron el pasado 27 de enero, llamando a paros de dos horas por turno. Otros como CNT, USO y la CGT, se decantaron por convocar un paro general de 24 horas. 
La coalición 8M ha puntualizado que este respaldo sindical supone que todas las mujeres tienen garantizado el derecho a huelga laboral durante las 24 horas y volvieron a resaltar que la huelga es de mujeres, a pesar de que los sindicatos no pueden restringirla sólo a un sexo, por lo que convocan a hombres y mujeres.
Entre los partidos políticos que activamente se han sumado a esta huelga figuran Podemos e Izquierda Unida y Compromís, mientras que el PSOE manifestó que se sumaba a las convocatorias de CCOO y UGT. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos apoyan la iniciativa. Las organizadoras daban por descontada la postura del partido del Gobierno, pero criticaron la posición de Ciudadanos al que pidieron que "no haga trampas". La portavoz de Igualdad de esta formación en el Congreso, Patricia Reyes, afirmó hace unos pocos días que "algunas somos feministas pero no comunistas", para justificar su rechazo a la iniciativa y añadió: "A mí lo que me molesta es que algunos intenten utilizar el feminismo y a la mujer como un instrumento para otros fines que nada tienen que ver con la igualdad".
Para Justa Montero, la formación naranja "apoya las políticas públicas liberales que están llevando a la precariedad y a brutales recortes".  Recordó también que las organizaciones feministas están haciendo "propuestas muy concretas, como en educación afectivo sexual o en la necesidad de ratificar el convenio de la OIT sobre empleadas del hogar. La posición de Ciudadanos nos hace preguntarnos cuál es el problema que tienen con estas propuestas, ya que lo rechazan porque dicen que es una huelga ideológica. Que hablen de su ideología".

La lucha continúa

No es la primera batalla. Montero explicó que esta huelga y las movilizaciones que la acompañan vienen ya de una tradición que comenzó en Islandia en 1975. Ese año las mujeres de aquel país, hartas de las discriminaciones y los abusos decidieron parar. El seguimiento de un 90% de los paros provocó una serie de reformas que culminaron cuatro años más tarde con la elección de la primera presidenta de Islandia, y la primera mujer en dirigir un gobierno en Europa.
Importantes fueron, también para las organizadoras, las movilizaciones que tuvieron lugar en Polonia en 2016, cuando las mujeres salieron masivamente a las calles para frenar una ley que pretendía prohibir el aborto y las registradas en Argentinas que, bajo el lema "Ni una menos", llamaron a la huelga internacional el año pasado y sigue siendo un referente de la lucha por los derechos de las mujeres.
"Nosotras venimos de un recorrido similar", señaló Montero, recordando las grandes manifestaciones del Tren de la Libertad, que en 2013 consiguieron dejar en papel mojado la reforma legal del aborto que pretendía el Gobierno del PP de la mano del entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. "Este año necesitamos ir un paso más allá", añadió Montero.

Más de 300 organizaciones 

Según las organizadoras, más de 300 organizaciones de distinto tipo se han sumado ya a la huelga y las movilizaciones, sin contar a las organizaciones feministas que ya forman parte de la Comisión 8M.
Las convocantes afirmaron que en breve se conocerá la hora y el recorrido de la manifestación que tendrá lugar en Madrid, que se espera que sea una de las más multitudinarias. El recorrido será largo y amplio para poder acoger una gran cantidad de manifestantes. Según las organizadoras, se espera que este año se supere con creces el medio millón de manifestantes que se estima participaron el año pasado.

“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”

Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones y colectivos diseñan en Zaragoza el paro de trabajo, cuidados, consumo y estudios convocado para el 8 de marzo
Mujeres que han participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar la huelga del 8 de marzo, orquestada como una forma de hacer visibles todas las injusticias y discriminación a la que se ven sometidas.E.B.
Mujeres que han participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar la huelga del 8 de marzo, orquestada como una forma de hacer visibles todas las injusticias y discriminación a la que se ven sometidas.E.B.
“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”, sostiene Justa Montero, histórica activista del movimiento en España y que este fin de semana ha participado, en el Centro Social Luis Buñuel de Zaragoza, en el encuentro estatal preparatorio del paro, señalado para el 8 de marzo, día de la mujer. “Paramos para decir basta, no podemos ni queremos vivir así. El futuro no puede ser así”, añadió.
Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales, de colectivos y entidades feministas y de movimientos sociales han participado en las jornadas preparatorias del paro, que la coordinadora quiere extender a cuatro ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y los estudios.
“Hay una territorialización de la estructura, y cada territorio se organizará con libertad, como considere oportuno”, explica la zaragozana Julia Cámara.
En ciudades como Madrid y como la capital aragonesa, por ejemplo, se complementan las actividades preparatorias por áreas de trabajo con las sesiones informativas en los barrios. “Nos hemos dotado de medios de coordinación”, anota.

Más de un centenar de organizaciones y colectivos

El encuentro ha dado lugar a un manifiesto que se hará público a mediados de la próxima semana. “Han participado mujeres de todo el arco político y sindical, de organizaciones como Amnistía Internacional, de grupos ecologistas y de coordinadoras estudiantiles, además de colectivos feministas de todo el país”, explica Cámara, que indica que será a partir de la difusión de la proclama cuando comiencen a recabar la adhesión de organizaciones.
“Esperamos una respuesta positiva de todos los sindicatos y que estén a la altura de las circunstancias”, señaló Montero, que llamó la atención sobre aspectos de la huelga de cuidados como la necesidad de “organizar unos servicios mínimos para garantizar los que son imprescindibles con la participación de las mujeres y los hombres”.
Las portavoces de la coordinadora de asociaciones de mujeres que han participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar la huelga del 8 de marzo, que tiene carácter internacional.EFE/Javier Cebollada
Las portavoces de la coordinadora de asociaciones de mujeres que han participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar la huelga del 8 de marzo, que tiene carácter internacional.EFE/Javier Cebollada
“Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se sumen para visibilizar el paro”, anotó Elizabeth Cordero, que simultáneamente, y tras visibilizar la adhesión de las mujeres de origen migrante a la convocatoria (“antes no nos sentíamos ‘parte de’, y ahora sí”), apeló “a todas las mujeres para que si tu sindicato no apoya esta huelga, desafíliate”.

“Queremos pararlo todo”

Para Montero, la convocatoria de paro en esos cuatro ejes “va más allá de una huelga laboral”, ya que responde al “trabajo de muchos años” y su objetivo es “cambiar la idea de cuáles son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan”. “Sin nosotras ni se produce ni se reproduce: se para el mundo, y eso es lo que queremos denunciar”, añadió, en una reivindicación de la “centralidad” de la mujer y la “injusticia” que con frecuencia soporta.
“Con esta huelga queremos pararlo todo, que paren nuestras ciudades y nuestros pueblos”, anotó, para desgranar las luchas que confluyen en la convocatoria: el rechazo a las violencias machistas, el empoderamiento femenino, el respeto a todas las identidades sexuales, la denuncia de la precariedad, central en conflictos laborales como los de las empleadas de geriátricos vizcaínos, las empleadas de Berskha o las camareras de piso, conocidas como kellys, la repulsa de la xenofobia o la denuncia de la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), a los que Cordero se refirió como “cárceles racistas” en las que “han muerto compañeras”.
Montero moduló las expectativas de la convocatoria en ámbitos como el del consumo. “En un día no lograremos un gran cambio, pero sí es un paso hacia un consumo más responsable”, señaló. No obstante, insistió en que el objetivo de la movilización no termina con el paro del 8 de marzo. “Tenemos un horizonte que va más allá –dijo-. Nos sabemos muchas y nos sabemos fuertes”.

“Medios para multiplicar la potencialidad”

Coincide con Cámara, para quien “el proceso de lucha feminista no acaba el 8 de marzo sino que continúa, y hemos de dotarnos de medios para multiplicar la potencialidad del movimiento feminista”.
En este sentido, destacó que las 400 participantes en el encuentro prácticamente triplican al centenar y medio que asistió a las primeras jornadas, celebradas en Elche en septiembre, algo que, junto al centenar de organizaciones y colectivos de los que forman parte, “asegura el éxito de la convocatoria”.
La coordinadora tiene previsto convocar un encuentro tras el 8 de marzo para valorar el paro y establecer nuevas líneas de trabajo.
HONDURAS

Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras

Por: Sandra Cuffe/The Intercept
fotos de Orlando Sierra
Era la media noche cuando rompieron la puerta. Los niños, de 3 y 6 años, y sus padres estaban profundamente dormidos en su casa en Pimienta, un pueblo a 18 millas al sur de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras. “Llegaron a las tres de la madrugada”, dijo la madre de dos niños cuya casa fue saqueada.
Agentes de las fuerzas especiales entrenados y apoyados por los EE. UU., Conocidos como TIGRES, así como agentes de investigación criminal registraron el hogar familiar, voltearon las camas y rompieron las almohadas mientras ella y sus hijos observaban. Su pareja ya había sido esposado y llevado afuera.
“Mis hijos estaban asustados y llorando”, le dijo a The Intercept frente a un juzgado de San Pedro Sula. “Nos trataron como criminales, apuntando con sus armas hacia nosotros”.
Según la ley hondureña, las órdenes de registro solo deben ejecutarse entre las 6 am. y las 6 p. M., Pero se han reportado numerosos casos de redadas nocturnas por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, cuando el gobierno hondureño reprime las protestas contra las elecciones impugnadas que entregaron la presidencia a Juan Hernández en noviembre.
La Secretaría de Seguridad de Honduras afirma que las redadas y detenciones en Pimienta se llevaron a cabo legalmente, sobre la base de informes de la comunidad, cubiertos por órdenes de arresto, supervisados ​​por un fiscal y llevados a cabo durante las horas permitidas por la ley.
Los chalecos antibalas y los objetos robados fueron confiscados durante los registros, escribió un portavoz de la Secretaría en respuesta a preguntas de The Intercept. Sin embargo, todos los relatos de las redadas y arrestos de los residentes y testigos de Pimienta cuentan una historia diferente: redadas nocturnas y al amanecer, niños aterrorizados y la participación de TIGRES. A algunos residentes se les dijo que había una orden de registro y otros no, pero nadie recordaba haber visto uno.
En total, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 10 redadas en las primeras horas del 26 de diciembre y arrestaron a 11 residentes de Pimienta por cargos relacionados con la destrucción de propiedades y el asalto a agentes de policía en el contexto de protestas contra el fraude electoral.
Las fuerzas especiales de TIGRES han sido controvertidas desde su fundación en 2013, y su corta historia ha sido perseguida por denuncias de robo y corrupción relacionadas con narcotraficantes.
Formados en Honduras y en los Estados Unidos por Green Berets del 7. ° Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne), los TIGRES reciben un apoyo sustancial del Departamento de Estado de EE. UU. Y han sido participantes activos en la represión gubernamental durante la actual crisis política en Honduras.
Hernández prestó juramento para su segundo período el 27 de enero, dos meses después de que las elecciones generales del 26 de noviembre se vieron empañadas por informes generalizados de fraude. Una temprana ventaja de 5 puntos que favorecía al candidato opositor Salvador Nasralla se evaporó luego de que el sistema de transmisión de datos electorales se desconectara durante horas. Los observadores de la Organización de los Estados Americanos documentaron una serie de irregularidades y se negaron a respaldar la victoria de Hernández, alegando que era imposible tener certeza alguna sobre el resultado.
A los pocos días de las elecciones, los partidarios de la oposición salieron a las calles de todo el país, desafiando un estado de excepción y un toque de queda para protestar por el fraude electoral. Los mítines, marchas y bloqueos de carreteras que sacudieron el país durante dos meses completos continúan aquí y allá.
La respuesta del gobierno ha sido una violenta represión estatal en curso, con las fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes en múltiples ocasiones. Más de 35 manifestantes y transeúntes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad y otros autores desconocidos, cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. Al menos 22 personas continúan encarceladas en diferentes partes del país por cargos relacionados con protestas.
La administración de Trump ha apoyado a Hernández, un aliado estadounidense desde hace mucho tiempo en la región, como el vencedor de las elecciones, y la asistencia de seguridad continúa fluyendo. El Departamento de Estado emitió una certificación en noviembre, dos días después de las elecciones impugnadas, lo que permitió a Honduras recibir millones de dólares de ayuda condicionada al progreso en materia de derechos humanos y corrupción.

El gobierno ilegal ha sido particularmente violento en el noroeste de Honduras, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El apoyo de la alianza de oposición es más fuerte en la región, que también impulsa la economía nacional, y los manifestantes han estado bloqueando las carreteras principales durante meses. Joaquín Mejía, un abogado que trabaja como investigador de derechos humanos para el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, conocido como ERIC, un grupo de defensa dirigido por jesuitas, cita la larga historia de resistencia beligerante de la región como un factor clave detrás de la efusión de protestas y bloqueos y la consiguiente represión y militarización. “Las fuerzas militares actuaron como si estuvieran en una zona de guerra, en el sentido de que continuaron con la lógica de disparar rondas en vivo contra las personas que protestaban: una población desarmada”, dijo Mejía a The Intercept en la oficina de ERIC en El Progreso, Yoro. . Las fuerzas de seguridad también dispararon gases lacrimógenos indiscriminadamente, incluso en los hogares de las personas, y sometieron a los detenidos a un trato cruel e inhumano, dijo Mejía. “Entraron en hogares sin órdenes de registro”, agregó. “Los miembros de la institución [policía nacional] solo portan armas no letales para desalentar actos violentos y durante los desalojos [de protestas] los procedimientos policiales buscan evitar daños a terceros”, dijo la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad cuando se le preguntó sobre los informes. del uso excesivo de la fuerza, incluido el disparo de balas reales.
“La Policía Nacional emprende todas sus acciones en cumplimiento de la ley, con estricto respeto por los derechos humanos y los procedimientos policiales establecidos en el Manual de Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas”, escribió la Dirección a The Intercept, aunque no está claro exactamente a qué documento se refieren. Sin embargo, la oficina hondureña en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho declaraciones públicas condenando el uso del gobierno de la fuerza excesiva contra los manifestantes, así como ataques a defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios. El transporte y el disparo de armas por parte de las fuerzas de seguridad durante los desalojos de las protestas ha sido ampliamente documentado en fotografías, videos, informes de los medios de comunicación y grupos de derechos humanos. “
Los miembros de TIGRES, que ahora está bajo la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la fuerza policial, estuvieron a la vanguardia de las operaciones conjuntas para arrestar manifestantes en las ciudades de Pimienta y Villanueva, en Cortés. El mandato de las Unidades de Grupos de Respuesta de Inteligencia y de Seguridad Especial, cuyo acrónimo significa “tigres” en español, a menudo se informa que es para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas. Ese puede ser el caso en la práctica; sin embargo, ninguno de ellos se menciona explícitamente en la ley que creó la fuerza, que simplemente establece que su propósito es abordar “las principales amenazas a la seguridad pública”.
Los TIGRES fueron creados por ley en 2013. Hernández, era presidente del Congreso Nacional en ese momento y fue quien propuso el proyecto de ley. La capacitación de los agentes de TIGRES comenzó en 2014, después de que Hernández asumió la presidencia hondureña. Green Berets del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. (Airborne) y miembros de Comandos Jungla, una fuerza de élite de la policía colombiana, entrenaron a los agentes de TIGRES, que fueron reclutados de la policía y las fuerzas militares hondureñas. A la graduación de junio de 2014 de la primera ola de TIGRES asistió Lisa Kubiske, embajadora de los Estados Unidos en Honduras en ese momento.
Los instructores de Green Berets y Comandos Jungla entrenaron a otra clase de TIGRES en un curso básico de Comando de 12 semanas al año siguiente. Según una publicación en Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. O INL, a mediados de 2015, un total de 322 agentes habían completado el curso, que es la capacitación básica para todos TIGRES.
En febrero de 2015, los agentes de TIGRES viajaron a la Base de la Fuerza Aérea de Eglin en Florida durante dos semanas de entrenamiento avanzado del 7º Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne). Junto con la puntería, el entrenamiento de combate urbano fue un componente clave en Eglin. En 2016, miembros de TIGRES y del Ejército hondureño completaron entrenamiento especial con la Fuerza de Tarea Caiman, impartida por miembros de la Guardia Nacional de la Florida. TIGRES también participó en al menos una misión médica interinstitucional dirigida por el Comando Sur de los EE. UU., Cuya Task Force Bravo tiene su base en la base conjunta de Soto Cano, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital hondureña.
El Departamento de Estado de EE. UU., A través del INL, apoya a TIGRES y a otras unidades y fuerzas especiales hondureñas con una combinación de capacitación, financiamiento, investigación y asesoría. El INL también ha contribuido fondos para la construcción y equipamiento de un segundo complejo TIGRES, en El Progreso, cuya ceremonia de inauguración se llevó a cabo en enero de 2017. Las otras instalaciones de TIGRES están ubicadas en Lepaterique, a 40 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
Un vocero dijo que el Departamento de Estado está “al tanto de varias denuncias graves de violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas en el período posterior a las elecciones y ha pedido al gobierno de Honduras que investigue de manera rápida y exhaustiva todos esos incidentes y llevar a los perpetradores ante la justicia “.}
Tres días después del arresto del 26 de diciembre de 2017 de 11 residentes de Pimienta por parte de TIGRES y otros agentes de la ley, más de 20 familiares de los detenidos se congregaron frente a un juzgado de San Pedro Sula, esperando noticias de la audiencia en el interior. Varios familiares hablaron con The Intercept, pero todos pidieron el anonimato debido a problemas de seguridad.
“Hay miedo, mucho miedo”, dijo a The Intercept Ovidio Silva, un pastor evangélico local en Pimienta que acompaña a algunos de los familiares de los detenidos en San Pedro Sula. “Más que nada, me preocupan los jóvenes de nuestro municipio”, dijo.
Silva ha sido pastor en Pimienta durante los últimos 14 años. Ha conocido a la mayoría de los arrestados durante años, muchos de ellos desde que eran niños; son principalmente jóvenes trabajadores, dijo. Mientras que algunos pueden haber participado en protestas de la oposición, él afirma que no tuvieron nada que ver con los incidentes de incendio premeditado y asalto a oficiales de policía de los cuales son acusados.
En diciembre, cuatro policías fueron desarmados y desvestidos en ropa interior en medio de las protestas en Pimienta. El gobierno dice que los oficiales fueron atacados y agredidos por los manifestantes, y las fotografías parecen indicar que fueron golpeados. Los residentes de Pimienta dicen que los agentes se habían infiltrado en las protestas, por lo que fueron removidos, desarmados y detenidos para evitar que instigaran la violencia. Finalmente fueron entregados a otras fuerzas de seguridad.
También se inició un incendio dentro de la estación de policía en Pimienta. En medio de protestas en diciembre, varias estaciones de policía en toda la región fueron blanco de incendios y otros daños. Según los manifestantes de la oposición, el daño a las estaciones de policía se infligió en respuesta directa a las fuerzas de seguridad que abrieron fuego con rondas en vivo durante los desalojos de los bloqueos de carreteras.
Silva pasó tres años en la fuerza policial nacional en la década de 1990 y cree que los responsables de cualquier delito en Pimienta deben enfrentar la justicia, pero es crítico con las redadas y arrestos. Los lugareños temen a las autoridades y los residentes son juzgados en los medios como delincuentes, dijo. Los 10 hombres arrestados en Pimienta (uno de los detenidos era una mujer) se afeitaron la cabeza antes de ser llevados a la audiencia del 29 de diciembre.
Más recientemente, los agentes de TIGRES estuvieron involucrados en el arresto de siete personas en Villanueva, incluido Javier Rubí, concejal del concejo municipal electo de la alianza opositora. Fueron acusados ​​de cargos relacionados con incendios premeditados y daños y perjuicios en la estación de policía de Villanueva. Los siete fueron liberados después de una semana debido a la falta de pruebas.
El veterano activista Edwin Espinal y otro manifestante, Raúl Álvarez, no tuvieron tanta suerte. Frente a tres cargos relacionados con la destrucción de la propiedad en el Hotel Marriott en Tegucigalpa durante una protesta el 12 de enero, se encuentran en prisión preventiva en la prisión de La Tolva, a 40 millas al este de la capital. Un pequeño campamento del ejército se encuentra directamente al otro lado de la carretera de la cárcel.
El director de esa prisión es Osman Alexis Rivera Rosales, quien figura en la lista de estudiantes en tres cursos de 1996 en la Escuela de las Américas de EE. UU. O SOA, ahora conocido como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. (La lista de participantes del curso, obtenida por el grupo de defensa sin fines de lucro SOA Watch a través de la solicitud de Freedom of Information y publicada en línea, solo cubre de 1946 a 2004, por lo que el entrenamiento de Rivera en EE. UU. Puede no haber terminado ahí).
No se han recibido informes de violentas maltrataciones en La Tolva, aunque Espinal y Álvarez estuvieron en celdas de aislamiento durante 22 horas al día durante sus primeras dos semanas allí, y ninguno ha podido recibir ninguna visita de sus familiares. Pero las generaciones anteriores de graduados de SOA estuvieron entre los peores violadores de los derechos humanos en Centroamérica durante la década de 1980, y ese es el precedente que pone a los activistas hondureños nerviosos ante las tropas entrenadas por los EE. UU. Que se vuelcan contra los manifestantes.
“Volveremos a los viejos tiempos”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Las cosas pueden empeorar, porque junto con la práctica anterior, las fuerzas de seguridad del estado ahora están mejor entrenadas y mejor equipadas, le dijo a The Intercept.
“Hoy tienen toda la experiencia, todos los conocimientos, y saben que no les pasa nada con ningún tipo de violación de los derechos humanos cometidos, ya sea individual o colectivamente, contra la ciudadanía”, dijo.


Amnistía Internacional dice que niveles de inseguridad en Honduras son altos


Los niveles de inseguridad en Honduras siguen siendo “altos” y la “impunidad generalizada” continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia, según el informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.
“Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente”, añade el estudio de AI.
Cita que el Gobierno hondureño anunció la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, que debía estar operativo en 2018, como en efecto ya está en marcha.
Sobre las protestas masivas derivadas del presunto “fraude” en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, según la Alianza de Oposición contra la Dictadura, AI señala que “fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad”, incluso con “armas letales”.
Además, centenares de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días.
Durante las protestas hubo al menos 31 muertos y se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas por las fuerzas de seguridad, destaca el informe.
Agrega que los defensores de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos.
Según el estudio, la gran mayoría de los ataques registrados contra defensores de los derechos humanos “seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios”.
Sobre la investigación del asesinato de la medioambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016, “apenas se avanzó”, ni hay información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato, según AI.
El organismo señala que aunque hubo algunos avances en la protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar su protección integral.
Destaca además que seguía la vulneración de varios pueblos indígenas y persistían los conflictos por tierras para campesinos en el Valle del Aguán, en el noreste del país.
También denuncia que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) seguían afrontando altos niveles de violencia de género, y que entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de féminas.
Sobre la violencia en Honduras, resalta que sigue siendo un factor clave de emigración forzada y que, según la Oficina de las Naciones Unidas para Refugiados, 14.735 hondureños habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos, desde donde miles también son deportados. EFE

Surge Comité Nacional por la liberación de presos políticos en contexto post electoral

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 20 presos en cárceles del país producto de su oposición a la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, motivó a diferentes
organizaciones sociales y de derechos humanos a conformar el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y presentarse ante la opinión pública este jueves en Tegucigalpa.
Este comité surge dos meses y medio después de ocurrido el proceso electoral (26 de noviembre de 2017), donde la ciudadanía reclamó el triunfo a nivel presidencial de Salvador Nasralla, candidato de una alianza de partidos de oposición, y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revirtió y consumó la ilegal reelección del nacionalista Juan Orlando Hernández.
Como objetivo principal, el Comité Nacional exige “de manera coordinada, precisa y comprometida” la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas.
El Comité planteó la urgencia de actuar para la libertad de -hasta ahora- 22 personas presas, pero “sin abrir avenidas a perdones o negociaciones anticipadas con la banda criminal que ha secuestrado el Estado”.
Las cárceles donde se tiene registro de las 22 personas presas son: El Centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida, Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso (La Tolva), Centro Penal de El progreso, departamento de Yoro y Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Bárbara (El Pozo).
Hasta la fecha, cifras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), revelan que existe 22 presos políticos (una mujer), 80 personas criminalizadas judicialmente y 38 asesinatos por razones políticas.
Las ocho organizaciones que integran el comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras son: Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH).
Le siguen, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Coalición contra la Impunidad, Red Internacional de Derechos Humanos que tiene su sede en Estados Unidos y Canadá, Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Convergencia contra el Continuismo, Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH) y Vía Campesina, pero se espera la integración de otras.
Protestar se ha convertido en delito
Para la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, es necesario colocar donde corresponde a quienes hoy se encuentran como presos políticos por protestar, condenar y repudiar “el peor acto que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2017”.
“Protestar se ha convertido en un delito en nuestro país y organizaciones con trayectoria por la defensa de la libertad y la vida no podemos seguir en quietud y silencio ante la embestida que tenemos. Peor cuando quieren imponer su verdad absoluta, desde quienes cometen el delito de detener ilegalmente a nuestros presos y presas”, sostuvo Oliva.
En el comunicado, el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos mencionó que las organizaciones que lo conforman han vivido momentos críticos en las décadas de los años 70’s, 80’s y 90´s y actualmente, enfrentaron los indebidos procesos, el uso desmedido de la fuerza, ocultamiento y desaparición de liderazgos sociales y ejercido litigio internacional luego de enfrenta los efectos de los diferentes golpes al país en los últimos ocho años.
También denunciaron las diferentes opiniones surgidas, tanto desde el gobierno como del Partido Nacional, en las que acusan a la ciudadanía opositora y liderazgos de los partidos políticos de oposición de “robarse las elecciones junto a las maras”.
Lo anterior fue reafirmado por el ex candidato a diputado por el Partido Nacional y capitán retirado Billy Joya, denunciado por organizaciones de derechos humanos por su participación en la década de los 80’s en casos de desaparición forzada en el país.
Joya, quien goza de la impunidad en el país, afirmó en un foro televisivo que “esos que llaman presos políticos los vimos saqueando, quemando y destruyendo la propiedad privada de hondureños trabajadores e inocentes”.
Al respecto, el Comité Nacional puntualizó que tiene conocimiento de quienes asesoran la Mesa de Crisis post electoral son “los asesinos del batallón de la muerte 3-16 que toman decisiones al interior de la dictadura actual, quienes han reclamado beneficios y amnistías por sus crímenes”.
Ante el escenario descrito, este Comité hará uso de los mecanismos informales de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales y lograr el objetivo de obtener la libertad de quienes se encuentran presos por razones políticas.

Dictadura de JOH mantiene a 22 presos políticos

Tegucigalpa
Durante el lanzamiento del Comité Nacional por la liberación de los presos políticos en Honduras que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández después de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, se dio a conocer que existen 22 privados de libertad distribuidos en cuatro cárceles del país.
Después del 26 de noviembre, fecha que se desarrollaron las elecciones generales, la población hondureña salió  las calles cuando se denunció del fraude electoral que se estaba fraguando en el Tribunal Supremo Electoral en favor del candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, quien buscaba de manera ilegal la reelección.
Ante el mar de gente en las calles a nivel nacional en protesta exigiendo se respetara la voluntad del pueblo, el Gobierno de Juan Orlando Hernández decreto toque de queda por diez días y comenzó a reprimir violentamente las protestas, las que han dejado como saldo miles de personas detenidas, centenares de heridos y cerca de 40 víctimas mortales, de las que no hay ninguna investigación y están en completa impunidad.
Para hacer la defensa formal en cada caso de los presos políticos junto a las familias, sus amistades, vecindarios y organizaciones fraternas a nivel local y regional, para hacer de este ejercicio legal, ético y solidario una nueva escuela del debido proceso y de presión global, se ha constituido el Comité Nacional por la liberación de prisioneros políticos en Honduras.
De acuerdos a datos presentados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer a los medios de comunicación la creación de este comité, de diciembre de 2017 a enero del presente año, el régimen de Juan Orlando Hernández a privado de su libertad por razones políticas a 22 ciudadanos, los que están en situaciones precarias en los centros carcelarios en los que están recluidos.
De acuerdo a los datos proporcionado por la organización humanitaria, con más de 35 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, en el Centro de Penal de Tela se encuentra recluida una mujer junto a su pequeña hija y su compañero de hogar, quien ha sido acusada por participar en la movilizaciones contra el fraude y la dictadura de que ha implantado en el país Juan Orlando Hernández.
A continuación damos a conocer el listado de los privados de libertad por razones políticas de acuerdo a los datos recabados por el Cofadeh.
LISTADO DE PRESOS POLÍTICOS HONDURAS PERÍODO DICIEMBRE 2017 A ENERO 2018
Una Persona de Pimienta Privada de Libertad en el Centro Penal de Tela
1.    Lourdes Johana Gómez Núñez.
Dos Personas Privadas de Libertad En el Centro Penal de Moroceli, conocido como La Tolva
1.    Edwin Robelo Espinal
2.    Raúl Eduardo Álvarez
Nueve Personas Recluidas en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso.
1.    Arles Saúl Cardona Saavedra.
2.    Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
3.    Jhony Andrés Salgado Fuentes.
4.    Dany Javier Banegas Reyes.
5.    Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
6.    Omar Enrique Velásquez Yánez.
7.    Antony Reynaldo Acosta.
8.    Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
9.    Marvin Antonio Godoy Arias.
Diez Personas de Pimienta: Recluidos en el Centro Penal de Ilama conocido como El Pozo.
1.    Daniel Eduardo Santos Ordóñez
2.    José Orlando Santos Ordoñez
3.    Edwin Nahún Amaya Sánchez
4.    Mynor Ariel Reyes Mejía
5.    Roque Jacinto Alvarenga Corea
6.    Wilfredo Cáceres Sagastume
7.    Francisco Miguel Gómez Martínez
8.    Melvin Mauricio Chávez Pérez
9.    Jonathan Ricardo Perla López
10.    Santos Ramón Paredes Quiroz
Radio Progreso

Luego de la renuncia del vocero de la MACCIH, cree demanda de organismo internacional bajo responsabilidad de la ONU

Feb 19, 2018
Luego de la renuncia del vocero de la MACCIH, cree demanda de organismo internacional bajo responsabilidad de la ONU
Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá de las opiniones públicas, el país entero sabe que las investigaciones de la red de diputados involucran directamente al gobierno de Juan Orlando Hernández y a sus diputados.
Todos lo saben, incluso Juan Jiménez Mayor, ahora ex vocero de la MACCIH, quien el pasado jueves renunció a su cargo, por motivos ligados a esa presión, pero que no se atreve a decirlo concretamente. Mayor a través de una carta enviada a la opinión pública dijo que luego de una jornada de reflexión tomó la decisión de dejar su cargo, por fuertes diferencias con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dirige Luis Almagro.
Sobre todo, en los representantes políticos y de estas misiones impera la diplomacia, sus discursos lo reflejan y sus afirmaciones las respaldan. En el noticiero vespertino de Televicentro Juan Jiménez fue entrevistado para que reaccionara sobre su renuncia, le consultaron sobre la relación de él con el presidente Juan Orlando Hernández, él contestó que sí lo han dejado trabajar.
La población reaccionó de inmediato a esas declaraciones, y lamentó que la diplomacia le impidiera a Mayor decir claramente que el origen de la crisis de la MACCIH fue la falta de respaldos a la lucha contra la corrupción e impunidad de parte de Casa presidencial.
En entrevista a Radio Progreso, Mayor dijo hace unos días que la investigación en el caso de la red de diputados se orienta a varios diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mayor aseguró que una de las hipótesis en el caso es el soborno, que recibieron estos diputados. Jiménez Mayor no se atrevió a decir que ese dinero de los sobornos fue para elegir la actual composición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mayor no se atreve, pero la clase política de oposición y las organizaciones críticas de la administración gubernamental sí, ellos han denunciado e incluso interpusieron recursos ante la justicia nacional e internacional, por los procedimientos viciados de elección de la CSJ, Ministerio Público y otras instituciones que han sido cooptadas por el presidente Hernández.
“En Honduras hay un grave problema, y es de institucionalidad, todo acá es dominado por Juan Orlando Hernández, acá hay que pedirle permiso a él para investigar, para judicializar y para hacer justicia, este es un problema estructural”, dijo el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Sequeira.
Sequeira, quien ahora es militante activo del Partido Liberal, aseguró que acá si no se hacen cambios profundos, sobre todo en el tema de independencia de poderes, la impunidad seguirá reinando en el país.
En ese enfoque, la MACCIH empezó a tener problemas. “Nos estábamos preparando para esto, y el momento ha llegado, toca luchar para salir adelante”, manifestó Mayor. Y es que la MACCIH ha sido muy criticada por diversos sectores, criticada por su diplomacia, por no decir las presiones que tiene y por no mencionar con nombre y apellido las principales amenazas a su trabajo.
El origen de la crisis actual en la MACCIH se da a partir de las amenazas y obstáculos generados por el partido Nacional, partido al que Mayor nunca se atrevió a enfrentar públicamente. Mayor lo dijo entre líneas: “no he recibido amenazas, pero contrataron una firma auditora para que me investigue, les aseguro que no encontrarán nada”, relató en su momento el ex vocero de la MACCIH.
Todo surgió a partir de su anunció de investigar a diputados, incluyendo altas figuras del partido Nacional, por tal razón sus denuncias contra los que lo están amenazando, evidentemente apuntan hacia el oficialismo.
Mayor renunció, y dejó claro que el punto toral de su determinación es por diferencias con Luis Almagro, a quien le reclamó vía administrativa por correos electrónicos, la contratación de personas que no abonarán nada a la institución y que incluso eso se podría convertir en malversación de fondos.
Juan Jiménez no renunció solo, lo acompañó su personal de confianza. Julio Arbizú integrante de esta estructura también anunció su retiro y dijo en redes sociales que lamenta que la OEA no los respalde en esta lucha contra la corrupción, y aseguró que Honduras no se merece esto, que hay una verdad escondida y que algún día saldrá a la luz.
Esa verdad de la que habló Arbizú es de múltiples interpretaciones, y eso se da por el carácter diplomático de esta Misión, la que les impide por cualesquiera que sean los motivos, encarar y denunciar a los responsables.
Ante el anuncio los políticos aprovecharon para llevar agua a su molino. El partido Liberal emitió un comunicado solidarizándose con Mayor y denunciando al partido de gobierno de ser el responsable de limitar el trabajo a la MACCIH, en ese mismo enfoque lo hizo la Alianza de Oposición que además denunció el papel de la OEA, y dijo que en Honduras es urgente la presencia de una Comisión independiente como la de Guatemala, la CICIG.
Pero no solo los opositores aprovecharon para hacer uso de sus discursos, también lo hizo el presidente, el principal responsable de la crisis de la MACCIH. Juan Orlando Hernández dijo: “Yo pedí a Mayor que no renuncie, le prometí mi apoyo para que pueda trabajar, pero él me dijo que no cambiaría de posición, así que afirmo mi apoyo a la OEA y cuando nombren su sustituto, también lo apoyaremos como lo hemos venido haciendo”.
Las declaraciones de Hernández y su partido son contrarias a sus acciones, ya que son ellos quienes pretenden mantener un pacto de impunidad, así lo han comprobado con la reforma a la Ley de Presupuesto, la Ley de Secretividad, entre otras.
Mayor se va del país y de la Misión con esa deuda, de no haber denunciado lo que sucede a lo interno de la MACCIH, de mencionar quienes le están obstaculizando las investigaciones, y de dar avances contundentes de las mismas.
Por ahora la gente ha salido a las calles, con menos intensidad que en meses anteriores, pero con algo totalmente claro: que es necesario y urgente retomar la lucha organizada para combatir la corrupción y judicializar a los responsables del saqueo de los fondos estatales.

Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre) decidió la tarde de este miércoles, declararse en insurrección total y crear los Comandos de Insurrección (CI).
Reunidos este día en Tegucigalpa, ratificaron  que no reconocen a Juan Hernández como Presidente de Honduras, y condenan la violencia y la represión contra el pueblo que protesta en defensa de su voto a favor de la Alianza de Oposición y Salvador Nasralla.
Los comandos de insurrección estarán integrados por los secretarios generales y coordinadores de los 18 departamentos acompañada de la Bancada Legislativa del Partido Libertad y Refundación Libre, explica el comunicado emitido esta misma tarde.

Nota relacionada La insurrección popular es la vía,  lo demás son engaños

 Aquí lo resuelto:
1.- Declararse a nivel nacional, en INSURRECCIÓN TOTAL como lo demanda la Constitución de la República, mediante el método de la NO VIOLENCIA e instruir a todo el pueblo que rechaza a Juan Orlando Hernández para que por medio de los colectivos, organizaciones de trabajadores, estudiantes, gremios, empresarios, alcaldes, vicealcaldes y regidores municipales, para que implementen esta Estrategia de Insurrección hasta derrotar la dictadura y hacer que se respete el triunfo de la Alianza y Salvador Nasralla.
2.-Aprobar la creación de los comandos de insurrección (CI) como nueva forma de organización político partidaria, integrada a través de quienes se implementaran las acciones y  estrategias aprobadas.
3.- Ratificar un voto de confianza al Coordinador General en demanda de un proceso de mediación y no el diálogo falso convocado por el Presidente ilegal La mediación debe ser vinculante c incluir la Auditor. Forense del Sistema de Transmisión y toda la documentación electoral; la celebración de nuevas elecciones o la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente Originaria; la investigación de los más de 40 asesinatos; la liberación inmediata de todos los presos políticos y la anulación de los procesos penales que con prueba falsa se han presentado en los juzgados cn contra de los manifestantes.
4.- Reactivar a partir de este fin de semana en todo el país, las movilizaciones, plantones y acciones de protesta.
5.- En el marco de la sesión partidaria, se eligen como enlaces de la Bancada Legislativa a cuatro diputados propietarios, quienes de forma rotativa ejercerán la vocería de la Bancada, iniciando con el Diputado por el Departamento de Francisco Morazán,  Jorge Luis Cáliz.
“Un ejército No violento, debe estar tan preparado que haga innecesaria la guerra” Mahatma Ghandi.
Coordinación General Libertad y Refundación (Libre)

La insurrección popular es la vía,  lo demás son engaños

Por: Jaime Flores 
La insurrección popular iniciada es el camino escogido por el pueblo hondureño para derrocar al tirano juan Orlando (a propósito) y deshacerse de esta cavernaria oligarquía, que por defender sus sacrosantos intereses y su estado patrimonial no le importa apuntalar la dictadura.
Las luchas sociales no son fáciles, pero no hay otra opción si queremos derrocar al tirano y a la oligarquía y deshacernos para siempre de este estado patrimonial, casi feudal, fuente de inagotables privilegios para los oligarcas.
La insurrección ha empezado a dar sus frutos; el sistema no funciona con la normalidad. La banca ha tenido que cerrar y contratar más carros blindados para proteger sus valores, las importaciones y exportaciones han sido afectadas y algunas redes eléctricas han sido saboteadas.
Esto se ha logrado gracias a los focos insurreccionales; las tomas de carreteras, puentes, quema de llantas, que si bien no ha sido generalizado en todo el país, han afectado zonas productivas y han provocado caos e inestabilidad. Se ha golpeado al poder político y económico en donde más les duele, no entienden otro lenguaje.
Estas manifestaciones bañadas de juventud, han obligado a la oligarquía a colocar  láminas en sus negocios aunque se miren horribles, a encerrarse, a generarle gastos, a que demuestre miedo y nerviosismo a que saquen a sus hijos al extranjero a que se inyecten más neurobión.
Ahora los jóvenes solo protegidos de su audacia, valentía, dignidad, astucia y creatividad se enfrentan a fieras de acero y fusil, les gritan, los desafían no se dejan golpear, ni capturar: Este arrojo no es más que  insurrección popular. 
Que se cumpla la consigna: ¡Si no hay justicia para todos, que no haya paz para nadie! ésta no debe ser excluyente.
Los dirigentes, que los hay dentro de la oposición, saben que no hay otra salida. Se debe continuar con la organización de las masas; con la conformación de colectivos, células y círculos, se debe estar en todos lados y en ninguno.

Nota relacionada Insurrección total hasta sacar a JOH

Otro componente infaltable es la formación a la población, la cual a través del abordaje de ciertos temas históricos, debe generar odio de clase en las masas hacia sus opresores. Sin odio al tirano, y a la oligarquía no hay insurrección posible.
No hay otra salida; el diálogo y las reformas es caer en la trampa como sucedió en el 2009 y seguirle el juego al sistema y al tirano, al de la Honduras de aquí y al de la Honduras de allá. Se debe continuar, generalizar y profundizar los focos insurreccionales; en temas sociales, no hay regreso

Claves para el entendimiento y desmoronamiento del proyecto dictatorial de JOH desde el movimiento social: Padre Melo

Por: Belinda Ramos - Miembro de la Coordinadora de Solidaridad Guatemala – Honduras
El pasado 13 de febrero, el líder social y religioso, Padre Ismael Moreno, S. J., se reunió con  representantes de diversas organizaciones sociales y populares de Guatemala, con el fin de exponer y analizar la situación crítica por la que atraviesa actualmente Honduras. La actividad se desarrolló en la Casa de la Memoria – Kaji Tulam, en la ciudad de Guatemala, con una duración de aproximadamente dos horas y la asistencia de unas 50 personas.
El Padre Ismael Moreno –conocido como Padre “Melo”– inició el conversatorio hablando del monopolio  de los medios de comunicación de Honduras y la práctica inexistencia de medios de comunicación independientes a nivel nacional. En este contexto, recordó el sabotaje sufrido a la antena de Radio Progreso en Tegucigalpa la noche del 9 al 10 de diciembre, lo que impidió la transmisión durante dos semanas, acusando del atentando a grupos económicos agresivos que detentan el poder del Estado, la economía y la política en Honduras.

Durante su intervención,  el Padre Melo  habló de una nueva etapa coyuntural en Honduras que se inicia con la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el 27 de enero. Se trata de la implementación de un proyecto autoritario con rasgos autárquico –dictatorial–  bajo el poder de una persona. Esta etapa, fue precedida de 36 años –desde inicios de los ochenta– de democracia tutelada, bajo la tutela del ejército hondureño y la presencia activa de EE.UU. para el despliegue de la política de seguridad y la lucha contrainsurgente contra Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en aquella época.
Con la implantación del modelo neoliberal –conforme al conferencista– los militares pasaron a un segundo plano, y Honduras se convierte en una base para el traslado de la droga de América Latina hacia EE.UU.. Sigue la democracia tutelada; sin embargo, esta democracia se empieza a desmoronar cuando salieron sus subproductos: el desempleo, las maras, las políticas neoliberales, más pobreza, la violencia, etc. Durante esta etapa, un momento crucial fue la llegada, a través de las elecciones del 2005, de Manuel Zelaya a la presidencia de la república, quien tomó posesión en enero de 2006  y empezó después un proceso de ruptura con las tradicionales alianzas y a mirar hacia Venezuela, Brasil y Cuba como países para ampliar las relaciones políticas y económicas del país, lo que conllevó –desde el punto de vista de las élites y de EE.UU– una amenaza tremenda que llevó al golpe de Estado de junio de 2009. Se da así una ruptura del pacto social que surgió a inicios de los años ochentas y que dio origen a la Constitución de 1981, que permitía –entre otros asuntos–el control de la violencia, elecciones tuteladas, etc., y empieza una nueva etapa de democracia autoritaria, esto es: una etapa en la que se mantiene la formalidad de la democracia, pero que cada vez más se utiliza la coerción y menos el consenso, y que adquiere rasgos militares y autoritarios.  
El Padre Melo señaló que las elecciones después del golpe de Estado de 2009 fueron “inútiles” porque ya no correspondieron a un pacto social. Se da así una incapacidad gubernamental de impulsar políticas públicas que tengan consenso social, por lo que los sucesivos gobiernos van perdiendo legitimidad. Con los gobiernos de Pepe Lobo y luego con Juan Orlando Hernández, se produjo asimismo una militarización del Estado y la sociedad. La inversión del presupuesto nacional en seguridad y defensa subió hasta estar por encima del 50% del total de la inversión.  Se creó la Policía Militar del Orden Público. Toda la institucionalidad – incluyendo al RENAP, el TSE, la CSJ, la Fiscalía General del Estado- pasa a ser controlada por un pequeño grupo liderado por Juan Orlando Hernández. Asimismo, se conformó un Consejo Nacional de Defensa Nacional con miembros de los tres poderes del Estado, desde donde se toma todas las decisiones. El asunto prioritario es la seguridad, no el desarrollo. El golpe de gracia al pacto social de inicios de los ochentas se da cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que el presidente de la república podría reelegirse, violentando así la constitución de 1981 y sus artículos pétreos, referentes a la soberanía nacional, tipo de gobierno y la reelección, que no podían reformarse. Desde ese momento, conforme al Padre Melo, el proceso electoral es fraudulento  e ilegal, por lo que los partidos de la oposición debieron retirarse del proceso y obligar a no celebrarlo.
Con el reconocimiento del gobierno de Juan Orlando Hernández por el Departamento de Estado de los EE.UU el 22 de diciembre de 2017, se sella la ilegalidad y el proceso fraudulento. Se llega así a una etapa en la que se instala el proyecto de autoritarismo dictatorial, apoyado en seis elementos: 1) Un régimen inevitablemente mercenario, que solo puede sobrevivir comprando gobernabilidad y voluntades, y que emplea enormes recursos para comprar al Ejército, la Policía Militar, al empresariado y a los propios funcionarios. 2) La militarización de la sociedad, con 39 asesinatos por el régimen después de las elecciones, 15 por balas de la Policía Militar del Orden Pública dirigida por Juan Orlando Hernández. 3) Un gobierno de populismo barato, mesiánico, en el que “ todas las cosas quedan intactas”, pero que invierte millones de lempiras en programas sociales. Se trata de un gobierno que se apoya en la oligarquía más rica de Honduras, y que busca el apoyo de la gente más pobre del país. 3) Un Cerco mediático de los medios de comunicación, quinta columna del régimen y que se encargan del control social. 5) Un sustento jurídico justificador: “todo lo que se hace se hace en nombre de la Ley”, incluyendo el encarcelamiento de más de 50 personas. 6) El sustento divino, en el que “para cualquier babosada se habla de Dios”. Desde ese momento, la ley deja así de ser objetiva para convertirse en una ley del régimen. La institucionalidad deja de ser Estado de Derecho.
Durante su intervención el Padre Melo se refirió asimismo a las convergencias y diferencias entre los sectores populares y la Alianza de Oposición. Entre las coincidencias mencionó la lucha contra la dictadura y por el Estado de Derecho. La mayor divergencia se encuentra en que la Alianza de Oposición no aceptó la demanda de anulación de las elecciones por su invalidez, respaldar el informe de la OEA y convocar a nuevas elecciones. Por otro lado, mientras que la oposición convocó a un diálogo nacional, desde el sector social se plantea que no puede haber diálogo sin que:
1) Se investigue y judicialice el asesinato de las personas desde el 27 de noviembre, y se resuelva la situación de los presos políticos –cerca de 60– judicializados por participar en las movilizaciones de protesta contra el fraude electoral y la dictadura de JOH.
2) Se desmilitaricen los territorios y las instituciones.
3) Se resuelva la inconstitucionalidad del régimen, para lo que se debe abrir un proceso de enjuiciamiento por delito contra la patria, incluyendo el enjuiciamiento de los magistrados del TSE.
4) Se abran y se le den seguimiento a los casos de corrupción, entre ellos los que está involucrado el dictador Juan Orlando Hernández.
5) Se garantice, a instancias de la ONU, la anulación de las elecciones y la convocatoria a nuevas elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente el Padre Melo refirió a distintas acciones de solidaridad que desde la región centroamericana se pueden articular, como trabajar por la soberanía regional, situar en la agenda internacional la situación por la que está atravesando Honduras, expresar por distintos medio el repudio a la dictadura de JOH, y preparar condiciones logísticas por la salida de la gente de su tierra natal, por motivos de represión y persecución del régimen.
Padre Ismael Moreno* Sacerdote Jesuita, líder religioso y social hondureño. Encargado de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación -ERIC-SJ–. Forma parte de la Coalición contra la Corrupción en Honduras.

URUGUAY
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Comunicado a la opinión pública

Montevideo, 1° de marzo 2018.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria.
Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente.
Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas.
El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes.
Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.
Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido  de las habituales “chicanas”.
Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).
No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).
La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias.
Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas.
La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.
No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.
Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.
Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

miércoles, 21 de febrero de 2018

Sindicatos de trabajadores rurales y movimientos sociales hacen propuesta al PIT- CNT



El pasado 6 de febrero el Sindicato de Peones de Estancias, el Sindicato Único del Arroz y Afines, el Movimiento por la Tierra, Redes Amigos de la Tierra y la Unidad Cooperaria Nº 1 Cololo enviaron al PIT-CNT la siguiente carta que propone una plataforma programática para abordar en común los problemas rurales desde una perspectiva de clase.

Mesa Representativa del PIT – CNT
Secretariado Ejecutivo
Coordinación del Interior

Por la presente, los representantes del Sindicato de Peones de Estancias (SIPES) y del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), junto al Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza (MxLT), la Unidad Cooperaria N° 1 – Cololó y compañeros y compañeras integrantes de Redes Amigos de la Tierra, elevamos esta nota al PIT – CNT, en la figura de su Mesa Representativa, a través de la cual solicitamos una reunión para discutir el contexto actual y para que se considere la instrumentación colectiva, a partir de la capacidad de convocatoria de la Central Sindical, de la realización de un gran Acto de Masas que exprese en la actual coyuntura económica, productiva y social que vive el país, la posición del Movimiento Obrero y la sociedad civil organizada en torno a la esencia de la problemática agraria. Esta iniciativa surge del encuentro que mantuvimos el día 2 de febrero pasado en la sede del PIT – CNT de la calle Jackson. El fundamento es el siguiente:

1. Entendemos que es necesario y urgente realizar una lectura de la estructura y la coyuntura actual desde la perspectiva de la clase trabajadora, desde el pensamiento ambiental crítico y desde las distintas experiencias asociativas y unidades productivas de la producción familiar en defensa de la soberanía alimentaria y territorial, dada la coyuntura de ofensiva de la derecha conservadora. Estamos absolutamente convencidos que lo que ocurre a raíz de la movilización de productores a la que estamos asistiendo, no es solo un asunto rural que afecta la producción, sino de alta política, puja distributiva pura y dura que se adelanta a los consejos de salarios y a la rendición de cuentas.

2. Nos encontramos en un momento histórico donde la clase trabajadora defiende y avanza en sus conquistas o en su defecto, la consecuencia será que las fuerzas reaccionarias y de derecha se posicionen y avancen, avasallando las conquistas obtenidas a través de la lucha de los trabajadores y los sectores populares Deseamos proponer a Uds. arribar a grandes acuerdos programáticos para el campo pero con mirada nacional, que se contrapongan a la solución gestionista y monetarista presentada por la consigna "un solo Uruguay" y que puedan contener entre los puntos principales los siguientes:

2.1 Defender, sin ningún tipo de concesiones, la plena realización de los Derechos de los y las asalariados/as rurales, conquistados a través de la lucha del movimiento obrero organizado.

2.2 Aumentar los impuestos a las grandes extensiones de tierras como principal financiador de las políticas de soporte para trabajadores rurales y productores familiares.

2.3 Avanzar a un ritmo más acelerado para tierras de propiedad pública tengan como destino al Instituto Nacional de Colonización (INC), pasando los medios de producción a manos de los trabajadores y trabajadoras asociados y productor@s familiares. El cerno de la política de repoblamiento de la campaña está en la asignación de tierras que multiplique lo ya invertido por el INC y proyectos productivos, varias veces, brindando a su vez, condiciones de soporte material y financiero al ingreso.

2.4 Intervenir desde el Estado en el mercado de arrendamientos, transparentando y socializando la información sobre el papel de la renta en la economía nacional (en la perspectiva de fortalecer una propuesta equitativa de pago de renta, a través de un porcentaje del producto)

2.5 Impulsar la descentralización efectiva de los recursos públicos privilegiando el interior del país, en particular los sectores rurales. En este sentido, generar subsidios a los trabajadores y trabajadoras rurales que actualmente viven en el campo y a todos aquellos que deseen establecerse, priorizando en este proceso, a la población más joven y a los núcleos familiares.

2.6 Abordar integralmente el problema del Recambio Generacional en nuestra campaña, considerando el papel fundamental de la enseñanza como una herramienta de ejecución de un proyecto de transformación social y reproducción de una nueva realidad.

2.7 Promover desde las organizaciones sociales, el movimiento estudiantil y los distintos sujetos de la educación formal y no formal en sus diferentes niveles (Primaria, Secundaria-CETP-UTU, Universidad y entidades portadoras de proyectos de educación popular), un nuevo abordaje de la Educación Agraria y Cooperativa, en donde la práctica concreta, la autogestión docente-estudiantil, el trabajo y la convivencia en los territorios de la Agricultura Familiar y el trabajo rural, sean una base indisoluble de experiencia y concientización para el reploblamiento de la campaña y la participación gradual en proyectos agrarios que ya están en funcionamiento.

2.8 Defender y avanzar en la propiedad social de elementos estratégicos para la vida como la tierra, el agua, la semilla y la energía en un marco de defensa de la soberanía de los pueblos.

2.9 Construir un proyecto interinstitucional desde una perspectiva popular y de soberanía alimentaria y territorial, estableciendo precios justos para la alimentación de la población trabajadora.

3. Es el momento de aunar fuerzas y afianzar el bloque social de los cambios en una coyuntura donde se elevan las tensiones con el capital. La derecha social, económica y política, se está presentando como alternativa de poder ante productores familiares y trabajadores del interior, elevando como propuesta un modelo de sociedad que significa un retorno al neoliberalismo (negación de las diferencias de clase, respuestas económicas generales sin distinguir las diferencias socio territoriales y productivas, privatizaciones y achique del estado).

Desde esta perspectiva, creemos que es necesario y urgente delimitar un campo de alianzas entre el Movimiento Sindical, el Movimiento Estudiantil, Organizaciones Sociales y Organizaciones y Redes de la Producción Familiar Agropecuaria, para incidir en la Agenda Pública y combatir el avance de las fuerzas reaccionarias y conservadoras. El objetivo es contraponer y resistir un impulso creciente de la derecha neoliberal que no solo se manifiesta en nuestro país sino en el conjunto de América Latina, anteponiendo los intereses de la clase trabajadora profundizando la lucha de clases.

Atte.
Sindicato de Peones de Estancias
Sindicato Único del Arroz y Afines
Movimiento por la Tierra
Redes Amigos de la Tierra
Unidad Cooperaria Nº 1 Cololo