Noam Chomsky: Trump inventa mentiras locas para mantener la atención sobre él // Las tres grandes crisis que enfrenta la humanidad, según Noam Chomsky // Trump acusa a California de proteger a inmigrantes que, aseguró, son “horribles criminales” // El liberalismo oligárquico latinoamericano por Emir Sader // Estado español: Jubilados: Los pensionistas asaltan la calle, la agenda del Gobierno y Twitter // Jubiletas, ¡qué grandes sois! // ¿Un 15M de los del pelo gris? por Juan Carlos Monedero // URUGUAY: Conflicto en el agro uruguayo. El capital a la ofensiva // La séptima ronda de Consejos de Salarios será la más grande de la historia
Noam Chomsky: Trump inventa mentiras locas para mantener la atención sobre él
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El lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky. Foto: Reuters.
Desde su cubículo en la Universidad de Tucson, a la que acaba de mudarse, el lingüista, sociólogo e intelectual Noam Chomsky concedió una entrevista a Telesur en la que habló de la historia reciente de Estados Unidos, la estrategia hegemónica de esta nación y la función que tiene el gobierno de Donald Trump
para conservar las corporaciones estadunidenses como dueñas del mundo, a
costa del calentamiento global y el riesgo de un conflicto nuclear. El filósofo opina que el presidente de los Estados Unidos realiza sus
descabelladas declaraciones con la intención de desviar el foco de
inetrés hacia su persona y alejarlo de su gestión.
“Desde el punto de vista del poder, Donald Trump
está haciendo daño, pero desde el punto de vista de las élites, les
está dando todo lo que quieren. De hecho, lo que sucede en Estados
Unidos, si lo piensan, es como una bola demoledora a dos niveles. Trump
está consciente de que su papel es que la atención internacional esté
enfocada en él en todo momento, cada vez que uno enciende la televisión,
o abre un periódico, ahí está. Para mantener la atención pública sobre
él, tienen que hacerlo parecer loco”.
Subraya el intelectual que “todos los días hay una locura
tras otra. Después inventa alguna mentira loca, como la de que a su
inauguración asistió la mayor multitud de la historia, como si fuera
algo importante”.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante la celebración de la pascua. Foto: Reuters.
Chomsky sostiene que las corporaciones estadunidenses están
conscientes de que el mundo puede ser destruido por el cambio climático y
una guerra nuclear, simplemente no les importa, pues su único interés
es la ganancia monetaria:
“Si vemos a Donald Trump o al secretario de Estado, Rex
Tillerson, ellos saben perfectamente que los seres humanos causamos el
calentamiento global. Trump está construyendo muros alrededor de todos
sus campos de golf para asegurarse que el mar no los destruya cuando
éste suba de nivel, si bien aún no ha construido un muro en la frontera
con México”.
Sobre la Agencia Central de Inteligencia reflexiona:
“la CIA no actúa por su cuenta. Es una agencia del Poder Ejecutivo.
Ellos hacen lo que se les ordena. Una de sus tareas es permitir que el
Ejecutivo diga que no sabe lo que está ocurriendo. Si algo sale mal, si
se comete alguna atrocidad, se puede culpar de ello a la CIA, y el brazo
ejecutivo, que es el que da las órdenes, tiene la posibilidad de
deslindarse de toda responsabilidad. Así que cuando hablamos de la CIA,
en realidad hablamos del centro ejecutivo del gobierno”. Asimismo, Chomsky explica el reciente patrón de invasiones
estadunidenses a diversos países, y asegura que después de la guerra de
los Balcanes, el tema de la “intervención humanitaria” se volvió parte de la agenda internacional de Estados Unidos. (Información de La Jornada/ TeleSur)
Las tres grandes crisis que enfrenta la humanidad, según Noam Chomsky
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Noam Chomsky considera que la humnidad enfrenta tres crisis fundamentales. Foto: BBC.
La humanidad enfrenta una crisis moral que representa amenazas más graves que las vividas en la Guerra Fría y a la sociedad parece no importarle, declaró este domingo el filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky. Durante su presentación en el festival Ciudad de las Ideas, que se celebró este fin de semana en Puebla (México), el lingüista afirmó que la sociedad actual se enfrenta a tres grandes crisis, todas con un factor común: la crisis moral de deshumanización. “Todavía recuerdo ese 6 de agosto de 1945”, aseguró el intelectual sobre el día que la bomba atómica
fue lanzada sobre Hiroshima (Japón) para apuntar la primera de estas
crisis, la nuclear. Recordó que estaba en un campamento de verano cuando
sucedió y entonces: “A nadie le importó. Salí solo a caminar y
desde entonces he seguido el comportamiento temerario por parte de los
líderes políticos”. Chomsky dijo que acabar con la guerra nuclear es sencillo porque
“sabemos cómo enfrentar el problema” y la solución es deshacerse de las
armas pero los intereses particulares de determinados países prevalecen
ante la paz mundial. En pleno siglo XXI la historia de las Guerras
Mundiales parece quedar muy atrás para los jóvenes, sin embargo la
amenaza es mayor porque los países están más armados que nunca y en una
carrera armamentística y de exhibición de poder con una actitud de
provocación constante al “enemigo”, indicó el analista nacido hace 89
años en Filadelfia, Estados Unidos. “En el caso del cambio climático los signos ya están, la ciencia ha demostrado las consecuencias”, sostuvo Chomsky al resaltar la segunda crisis, la ambiental.
Comentó que la Comisión Nacional del Cambio Climático en EEUU ha
informado de que existe la posibilidad de que el nivel del mar se eleve
hasta dos metros en este siglo, lo cual ha sido negado por la administración de Donald Trump. Imaginar las consecuencias de que se produjera un incremento del
nivel de mar es escalofriante porque si hoy hay problemas de refugiados
“piense cómo sería si Nueva York estuviera bajo el agua”, sostuvo.
Consideró inverosímil que EEUU, “el Estado más importante en la historia
de la humanidad, está rehusando participar para enfrentar el problema”. La tercera crisis que enfrenta la humanidad es el riesgo inminente a una pandemia
porque “estamos en el vértice de catástrofes posibles y no lo estamos
tomando en serio” reiteró. En una conversación con el fundador del
festival Ciudad de las Ideas, Andrés Roemer, y el físico Lawrence Krauss,
Chomsky criticó los tratados comerciales advirtiendo que no buscan el
beneficio de la sociedad sino satisfacer los intereses de quienes los
formulan. “Los tratados de libre comercio no lo son; están diseñados por
ejecutivos corporativos, inversores que buscan su propio interés, son
convenios de intereses” enfatizó Chomsky. Además, acusó al gobierno de
EEUU de imponer unas leyes que dificultan el desarrollo de tecnologías
renovables. (Con información de EFE)
Trump acusa a California de proteger a inmigrantes que, aseguró, son “horribles criminales”
Foto/AFP AP
WASHINGTON, 22 de febrero .— El
presidente Donald Trump advirtió que sopesa sacar de California a los
agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE por sus siglas en inglés), alegando que el estado "no ha
dado ayuda" a su gobierno en la lucha contra la pandilla centroamericana
MS-13.
California, dijo, se convertirá "en un
nido de delincuentes" cuando el gobierno retire a los agentes y los
californianos "pronto nos estarán rogando que regresemos", dijo el
mandatario en una reunión con funcionarios estatales y locales sobre
maneras de evitar la violencia armada en las escuelas.
Denunció que California, un estado de
mayoría demócrata que votó abrumadoramente por Hillary Clinton en las
elecciones de 2016, "ha estado realizando un trabajo de administración
deplorable".
Dijo que el hecho de que el estado tiene
varias ciudades que se han declarado "ciudades santuario" para
inmigrantes "es una vergüenza" que lleva "a la protección de estos
horribles criminales".
Los comentarios parecen ser parte de la
campaña del gobierno por presionar a las municipalidades que se han
declarado "ciudades santuario" para inmigrantes y obligarlas a cooperar
con las autoridades federales migratorias.
El Departamento de Justicia ha amenazado
con negarle millones de dólares en asistencia federal a las ciudades que
se nieguen a compartir datos sobre migrantes. Es parte fundamental de
la política de Trump de amenazar a las ciudades que se resisten a hacer
cumplir las leyes federales migratorias.
Trump profirió su amenaza en el encuentro
con los funcionarios locales y estatales, aseverando que su gobierno
está tratando de combatir a la MS-13 pero que California "no ha dado
ayuda" en ese sentido.
"Honestamente, si yo quisiera sacar a
toda nuestra gente de California se crearía un nido de delincuentes como
jamás se ha visto en California. Lo único que yo tendría que hacer es
decir 'ICE y la Patrulla Fronteriza, sálganse de California' y estarían
abrumados allá. Habría allí una delincuencia como nadie jamás ha visto
en este país".
Agregó: "Si llegáramos a sacar al ICE de
allí, si llegáramos a decir, 'Hey, sálganse de California, que se las
arreglen solos', en dos meses nos estarán rogando que regresemos.
Rogándonos. Y ¿saben qué? Estoy sopesándolo".
La Casa Blanca no comentó de inmediato sobre el tema.
Diversas municipalidades se han mostrado
desafiantes ante las amenazas. Se han entablado varias demandas _incluso
en Chicago, Filadelfia y California_ denunciando que el gobierno
central se está extralimitando al amenazar con retirar el
financiamiento.
Bajo Trump, el Departamento de Justicia
ha culpado a las políticas de "ciudades santuario" por la delincuencia y
la violencia de las pandillas y ha criticado a las jurisdicciones que
se niegan a obedecer los dictámenes del gobierno en cuanto a las leyes
migratorias.
California desafia a Trump iniciando el 2018 como estado "santuario" para inmigrantes
Hoy
California es formalmente un "estado santuario" para los
inmigrantes, sin importar su condición legal, con la entrada en vigor a
partir de hoy de una ley que de paso consolida la abierta confrontación
que mantiene con el presidente de EE.UU., Donald Trump. En virtud de esta norma, los diferentes cuerpos policiales
californianos ya no podrán preguntar a los residentes su estatus
migratorio ni participar en acciones coordinadas por el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU, y solo pondrá en manos
de este a los detenidos que han cometido ciertos crímenes, en su mayoría
graves. "Sacar a los inmigrantes de las sombras no solo es beneficioso para
todo el estado de California, es lo correcto", afirmó a Efe el
presidente interino del Senado californiano, Kevin de León. De León fue promotor de la norma SB54, conocida como el Acta de los
Valores de California y que, según dijo, constituye "un mensaje a
Washington y al resto de la nación" de que no serán "partícipes de la
política impulsada por la prepotencia". Rubricada en octubre pasado por el gobernador estatal, el demócrata
Jerry Brown, la ley no permite a los agentes locales y estatales
investigar, interrogar o detener a personas en California solo porque
sospechen que son inmigrantes sin papeles. La ley, que prácticamente deja en manos del Gobierno de EE.UU. muchas
de las labores relacionadas con Inmigración, ayuda a "preservar la
confianza" entre las autoridades locales y la comunidad inmigrante, "lo
cual es crítico para la seguridad pública", señaló De León. A partir de este lunes, por tanto, los agentes de ICE necesitarán una
orden judicial para hacer redadas en lugares de trabajo o acceder al
historial de un empleado, a la vez que las autoridades universitarias no
podrán cooperar con oficiales de Inmigración y los propietarios de
vivienda no podrán divulgar la ciudadanía de sus inquilinos. Territorio santuario "quiere decir que por todo el estado las
familias inmigrantes, especialmente las que son indocumentadas, pueden
vivir un poquito más seguras", resumió en declaraciones a Efe Francisco
García, de la iglesia Episcopal Holly Faith de Inglewood. Aunque no el primero en declararse "estado santuario", honor que
ostenta desde 1987 Oregón, el vecino del norte, California sí es el
primer estado de gran población de indocumentados, por lo menos 2
millones de personas, que se erige en refugio para estos inmigrantes. Además de estos dos estados, hay unas 200 ciudades y condados en
EE.UU. que se han declarado "santuario", como las urbes californianas
San Diego y San Francisco; además de Nueva York, Boston y Chicago, entre
otras, y que constituyen un respiro para los cerca de 11 millones de
inmigrantes irregulares que se calcula viven en el país. El Acta de Los Valores de California ha sido una de las respuestas de
este estado a las políticas del presidente Trump, cuya campaña
electoral y Presidencia se han basado en un polémico y duro discurso
contra la inmigración. El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, que tiene en la mira a
las "ciudades santuario", ha criticado también en varias ocasiones las
medidas "santuario" y aseguró que las ciudades que adoptan estas
legislaciones son los "mejores amigos" de los traficantes,
contrabandistas y pandilleros. En medio de esta guerra, el pasado mes de noviembre el juez federal
William Orrick, de San Francisco, bloqueó de forma permanente la orden
ejecutiva del presidente Trump de negar fondos a estas jurisdicciones
por no cooperar con Inmigración, lo que fue celebrado por las ciudades y
condados del país que se han declarado "santuario". La polémica se reavivó días después cuando un jurado declaró no
culpable a un indocumentado mexicano por la muerte de la joven Kate
Steinle, en San Francisco, un caso que había sido utilizado por Trump
para defender su plan de construir el muro fronterizo y atacar a las
"ciudades santuario". Al movimiento santuario se han sumado desde la década de 1980 las
iglesias de EE.UU., cuando daban cobijo a refugiados que huían de las
guerras civiles en Centroamérica, como recuerda García, líder también de
la organización Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica
(CLUE), que aglutina a cristianos, musulmanes y judíos. "Mientras no tengamos una reforma migratoria justa, que incluya a
todos, va a haber necesidad de iglesias santuario", aseveró García. Mientras tanto, indocumentados como el mexicano Rómulo Avelica, de 49
años y que fue arrestado en febrero por agentes policiales y de
Inmigración cuando dejaba en la escuela a una de sus cuatro hijas,
agradecen que California sea ya un "estado santuario". "Para mí significa mucho, que otras familias no vayan a pasar lo que
yo pasé, que vayan a tener más tranquilidad, que vayan a tener más paz y
que no tengan el riesgo de que puedan separar a los papás de sus
hijos", declaró a Efe Avelica, quien en agosto evitó la deportación y
logró salir en libertad bajo fianza.
Fiscal de California acusa a Trump de abuso de poder y defiende a inmigrantes
EFE-USA - Washington
El fiscal
general de California, Xavier Becerra, habla sobre la situación de los
inmigrantes durante una rueda de prensa hoy, miércoles 6 de diciembre de
2017, en Washington DC, (Estados Unidos). EFE
El fiscal general
de California, Xavier Becerra, criticó hoy duramente al Gobierno del
presidente, Donald Trump, al que acusó de falta de transparencia y abuso
de poder, a la vez que defendió que los inmigrantes "son quienes
revitalizan el sueño americano".
"California cuenta con la mayor
cantidad de familias inmigrantes de EEUU, y somos la sexta economía del
mundo. Sin ellos no seríamos número uno en tecnología y en
manufacturas", afirmó Becerra en una rueda de prensa en Washington.
Becerra,
que fue congresista demócrata durante más de dos décadas, subrayó que
los inmigrantes "han probado ser la sangre de la economía californiana, y
son quienes revitalizan el sueño americano".
El fiscal general
californiano cargó contra la falta de transparencia del Gobierno de
Trump, ante quien ha interpuesto dos demandas.
Una, sobre
posibles conflictos de interés en la Agencia Medioambiental (EPA); y
otra, sobre la base jurídica para finalizar el programa de protección
para los llamados "soñadores" o beneficiarios de la Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA), que afecta a inmigrantes jóvenes
llegados en su niñez al país.
Este programa, rubricado por el
expresidente Barack Obama mediante una orden ejecutiva, fue derogado en
septiembre por Trump, quien dio hasta marzo de 2018 al Congreso para que
encuentre una solución al respecto.
"Rehusar ofrecer esta
información es un absoluto abuso del poder y falta de transparencia
(...) El Gobierno federal no está por encima de la ley", agregó Becerra,
al quejarse de que solicitó al Ejecutivo información sobre EPA y DACA,
sin haber recibido nada.
Asimismo, situó a California como
ejemplo de progresismo en EEUU y a la vanguardia de las políticas
pro-inmigración y de energías limpias del país.
"Lo que ocurre en California finalmente ocurre en el resto del país", agregó Becerra.
El liberalismo oligárquico latinoamericano
por Emir Sader
En
el debate con Andrés Manuel López Obrador, uno de los más conocidos
teóricos de la “restauración neoliberal”, Enrique Krauze, protesta por
haber sido calificado de conservador. Los liberales latinoamericanos
siempre creen que la defensa de las libertades es lo que los define. Se reivindican la filiación al liberalismo europeo, que fue la
ideología de la burguesía ascendiente en la lucha en contra el
feudalismo. Trasfieren mecánicamente el rol del liberalismo en Europa
para América Latina, sin darse cuenta de como los marcos históricos de
los dos continentes son muy distintos, definiendo naturalezas
radicalmente diferentes para el liberalismo. En América Latina el liberalismo fue la ideología de los modelos
primario exportadores, es decir, de la derecha oligárquica, con su
defensa de la apertura de los mercados. Estuvo asociada a los regímenes
políticos de derecha, entre ellos las dictaduras militares. Se opone al Estado, a los liderazgos populares, a sus políticas
–tildadas de “populistas”– de distribución de renta, de reconocimiento
de los derechos sociales de todos. El liberalismo en América Latina
nunca se ha identificado con la defensa de la “libertad”, salvo que
consideremos que la “libertad de prensa” de los medios represente ello. El liberalismo por acá, oponiéndose al Estado, se ha identificado con
el mercado; por lo tanto con el gran empresariado y sus políticas
económicas liberales y neoliberales. Ha sido siempre de derecha. La derecha, en Europa, se ha identificado con la defensa del Estado y
de la nación. Pero bajo la concepción chovinista, segun la cual un
Estado es siempre mejor que el otro. No hay dominación externa. En América Latina es la izquierda la que asume la defensa del Estado y
de las cuestiones nacionales, en contra la exploración externa. El
liberalismo fue siempre apropiado por la derecha en América Latina. En la era neoliberal, la conexiona entre liberalismo y mercado se
ha vuelto estructural. Se ha dado la convergencia entre el liberalismo
económico y el liberalismo político. En México, la llegada de los
gobiernos del PAN a la presidencia en 2000 fue saludada como la
democratización de México. Claro que, después de los fracasos de los
gobiernos de ese partido, los liberales no han hecho ningún balance de
sus ilusiones y siguen apoyando candidatos de los partidos
tradicionales, para evitar lo que para ellos es el mal más grande: la
alternativa de izquierda. Así en toda América Latina. Fernando Henrique Cardoso, supuestamente
social demócrata, incorporó a los liberales a su gobierno, para realizar
un gobierno neoliberal. En todos lados los liberales se han acomodado a
los intereses del mercado, peleando contra el Estado y su capacidad de
inducir el desarrollo económico, de garantizar los derechos sociales a
la massa siempre postergada de la población, de poner en práctica políticas externas soberanas. Los liberales latinoamericanos confunden combate contra el Estado
como combate por las libertades. No se dan cuenta de que quien expropia
los derechos de la gran mayoría de la población no es el Estado, sino el
mercado, que ellos añoran como supuesto espacio de libertad. Libertad
del capital, del gran empresariado, que expropia derechos, concentra
renta –eso lo que hace el mercado, frente al Estado mínimo que propugnan
los liberales-. Los ricos no necesitan del Estado. Tienen los bancos privados, tienen
transporte privado, tienen educación privada, tienen planos privados de
salud. Los que necesitan del Estado son los mas frágiles, los mas
desvalidos, los excluidos, con tal que sea un Estado que deje ser
instrumento de los poderosos y de los millonarios. Los liberales no entienden América Latina, porque no se dan cuenta de
que vivimos en sociedades capitalistas, en era neoliberal. Que vivimos
en sociedades oprimidas por el imperialismo. Son categorías esenciales
–capitalismo, neoliberalismo, imperialismo– que ellos desconocen. Ahora los liberales se concentran, en México, en atacar a la
candidatura que puede rescatar a México de las desgracias que los
gobiernos neoliberales y el Tratado de Libre Comercio con EEUU han
traído para el país. Su pánico es que un gobierno que defienda los
intereses de la gran mayoría de la población mexicana, que defienda los
intereses nacionales de México, que acerque México a América Latina,
triunfe. Pero esa es la esperanza de la mayoría del pueblo mexicano y
también de América Latina. Derrotar al neoliberalismo y a la
subordinación a EEUU para afirmar un México justo y soberano.
Los regímenes de excepción
Por Emir Sader
Página 12 - 21 de febrero de 2018
Michel Temer, Mauricio Macri y Lenín Moreno
Los
regímenes de excepción son el tipo de sistema político que corresponde a
los gobiernos de restauración liberal. En Argentina, en Brasil, en
Ecuador, se revelan como el modelo político compatible con gobiernos que
reaccionan en contra de los gobiernos populares, antineoliberales. Son sistemas basados en la judicialización de la política,
como forma de criminalizar a los líderes populares, así como a los
movimientos sociales y a las formas alternativas de medios de
comunicación. Una alianza entre los medios monopólicos de comunicación,
los partidos de derecha, sectores del Poder Judicial y de la policía son
el bloque político que implementa los regímenes de excepción. Un rasgo típico de esos regímenes de excepción es la
persecución a los líderes populares, por lo que representan como defensa
de los programas antineoliberales, de extensión de los derechos
sociales y políticos, de soberanía nacional, de crecimiento económico y
de expansión del mercado interno de consumo de masas. Típicos de la coyuntura política actual son los intentos de
excluir a los líderes más populares que esos países han tenido en este
siglo de la posibilidad de que puedan volver a ser candidatos a
presidentes. Lo que ha pasado recién en Ecuador es una expresión más de
que regímenes que adhieren a proyectos antipopulares y antidemocráticos
tienen como obsesión excluir la posibilidad de enfrentarse a
candidaturas que representan exactamente lo que ellos tratan de
contradecir. Lo que confirma que el gobierno de Moreno traiciona el
mandato que ha recibido es que nada de lo que hace –incluso el
referendo– estaba en su programa electoral y deja de defender lo que sí
estaba en ese programa. Pone la responsabilidad de la situación
económica en los supuestos gastos excesivos del gobierno de Rafael
Correa, precisamente como dice la derecha ecuatoriana. Y como hacen las
derechas de Argentina y de Brasil. Para defender ese tipo de posición, no puede enfrentarse a
Correa, que representa exactamente lo opuesto. Entonces tiene como
objetivo central su exclusión como posible candidato que proponga el
retorno del programa más exitoso de la historia de Ecuador. Así como también la derecha boliviana se empecina en
intentar que Evo Morales pueda ser candidato de nuevo. Sabe que no puede
enfrentarlo en una campaña democrática, por eso le gustaría excluirlo. A
la vez que desarrolla la campaña mediática –en la prensa tradicional y
en internet– más sucia que Bolivia ha conocido, similar a la que hizo
para el referendo con la absurda invención de una supuesta amante e hijo
clandestino de Evo. Trata de rebelar a sectores de clase media que se sienten
incomodados por la afirmación de los derechos de la masa indígena del
pueblo boliviano, por eso desarrolla campañas racistas, de
discriminación, con mentiras y acusaciones falsas. Sabe que es la única
manera de conquistar apoyos para disputar con Evo Morales, responsable
del gobierno que ha transformado de la manera más extraordinaria a
Bolivia. De la misma manera, en Argentina se busca criminalizar a
Cristina Kirchner, para intentar excluirla, vía judicialización de la
política, de la posibilidad de que vuelva a disputar la presidencia del
país y ejercer plenamente su liderazgo popular, sin las absurdas
acusaciones con que intentan ensuciar su prestigio y su apoyo popular.
Conforme el gobierno de Macri va perdiendo apoyo, resultado sobre todo
de su política económica antipopular favorable a los bancos, necesita
intensificar los ataques a Cristina, para buscar que no se imponga la
comparación central en el país, entre el gobierno antineoliberal de ella
y el gobierno neoliberal de Macri. Lula es objeto de la más monstruosa campaña de persecución
política, paralela al apoyo popular expresado en todas las encuestas,
que lo convierte en el único líder brasileño en condiciones de pacificar
el país y retomar un proyecto que ha hecho crecer la economía con una
distribución de renta como Brasil nunca había conocido. Se suceden los
procesos, al mismo tiempo que explotan los escándalos en torno a los
mismos jueces que lo acusan, por recibir sobrepagos para vivienda –aun
teniendo fastuosas casas propias–, como forma de superar el techo
salarial que podrían recibir. Moro lo justifica como forma de aumentar
los sueldos millonarios que ya tienen. Se suman así las persecuciones a Lula, a Evo Morales, a
Rafael Correa, a Cristina, como formas de intentar excluirlos de la
disputa política via judicial e intentos de destrucción de imagen
pública. Es otro rasgo de los regímenes de excepción que se han
instalado en Argentina, en Brasil y que ahora surge en Ecuador y que es
el proyecto de la derecha en Bolivia. La izquierda, el movimiento popular, todos los que defienden
la democracia en nuestros países, tienen que empeñarse a fondo en la
resistencia en contra de los regímenes de excepción, en la denuncia de
su carácter antidemocrático, en su objetivo de restauración neoliberal.
De ese enfrentamiento depende el futuro del continente por mucho tiempo.
Estado español
Jubilados: Los pensionistas asaltan la calle, la agenda del Gobierno y Twitter
Las protestas de miles de jubilados contra la
precarización de las pensiones rememoran el 15M y obligan a los partidos
a reaccionar, después de meses eclipsados por el conflicto de
Catalunya.
Miles
de jubilados y pensionistas, convocados por la plataforma de
asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia, se han
manifestado hoy por las calles de Bilbao. EFE/MIGUEL TOÑA
Los padres de Clara
C. fueron maestros de la escuela pública, afincados en Sevilla capital, y
jubilados desde hace ocho años. La pensión de un funcionario docente
está por encima de la media de los jubilados andaluces, pero los padres
de Clara siempre se han movido por conciencia política. No acuden a una
huelga ni se suman a una manifestación para defender únicamente sus
derechos.
El miércoles Carlos le contó a su hija que irían a la protesta de pensionistas
convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de
Pensiones, un movimiento de base que ha rebasado el peso sindical y
política, y que aspira a ganarse su espacio en el Pacto de Toledo.
Clara, periodista de profesión, le contestó, incrédula: “No se ve gran movimiento en las redes sociales,
no creo que vaya mucha gente”. Y se equivocó. La manifestación abarrotó
la Plaza Nueva de Sevilla con miles de asistentes, fue llamativa en
Madrid, Barcelona, La Coruña, Murcia (estaban convocadas en 30
ciudades), y se desbordó en Bilbao, con más de 35.000 personas…
Las concentraciones
han sido el reflejo del descontento y la preocupación de miles de
personas por el deterioro de la Seguridad Social, por el vaciamiento de
la hucha de las pensiones, y por la subida pírrica del 0,25%
anunciada por el Ministerio de Empleo (entre dos y tres euros), que
apenas cubre el aumento del IPC, y el repunte brutal de la factura de la
luz y del agua. Este mes, la Seguridad Social ha destinado 8.925
millones a pagar 9,5 millones de pensiones contributivas.
La pensión media en España,
incluyendo las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación,
viudedad y orfandad, se sitúa en 932,20 euros al mes
La pensión media en España, incluyendo las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad y orfandad, se sitúa en 932,20 euros al mes.
Pero este promedio es engañoso porque esconde una brecha de género: los
hombres perciben de media 1.247 euros al retirarse y las mujeres 797
euros. Hay 6,3 millones de jubilados en el país, que cobran una pensión
media levemente más alta (1.077,52 euros mensuales), seguidas de las de
incapacidad permanente (940 euros). El promedio de una pensión de
jubilación ronda los 652 euros al mes.
Miles
de jubilados, que secundan una concentración en defensa del sistema
público de pensiones, han cortado la Carrera de San Jerónimo en Madrid
cerrando así el acceso al Congreso de los Diputados. EFE/ Zipi
Clara se equivocó con el pronóstico sobre la
protesta de pensionistas y se alegró por ello. Y luego lo contó así en
su cuenta personal de Twitter: “Me equivoqué. Y cuánto me alegro. Está la generación que sale a la calle y la otra, que tuitea
(tuiteamos). Qué gran lección”. El tuit de Clara tuvo un éxito
tremendo. Se multiplicó exponencialmente en pocas horas gracias a que
algunos militantes incombustibles y líderes de opinión en esta red
social, con miles de seguidores (se hacen llamar influencer),
reprodujeron su mensaje. También lo hicieron periodistas (que no habían
cubierto la manifestación), políticos, como la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, y probablemente cientos de nietos e hijos de jubilados
afectados por la precariedad de las pensiones. "A veces tengo la impresión de que vivimos en una burbuja y que no nos damos cuenta de lo que está pasando en la calle"
La
joven periodista sevillana no asistió a la manifestación de los
pensionistas porque se encontraba trabajando. Su tuit era una crítica y
una autocrítica con la que miles de tuiteros se sintieron identificados,
“quizá por eso ha tenido tanto éxito”, dice. “A veces tengo la
impresión de que vivimos en una burbuja y que no nos damos cuenta de lo
que está pasando en la calle. Lo que no vemos en nuestro Twitter o en
nuestro Facebook es como si no existiera”, avisa. Y añade: “La trascendencia de las redes sociales es relativa:
un tuit de la Policía, de hoy mismo, dando el pésame a la familia del
ertzaintza fallecido en los incidentes del Athletic contra el Spartak ha
tenido menos relevancia que el mío. No tiene sentido”.
"Puede que no todos los pensionistas tengan Facebook, pero todos tienen whatsapp y las cadenas han funcionado muy bien"
El
padre de Clara no tiene cuenta de Twitter ni de Facebook, pero las
protestas de miles de jubilados en toda España no habrían tenido éxito
sin las redes sociales. “Llevábamos un año preparando esta
manifestación. Puede que no todos los pensionistas tengan Facebook, pero
todos tienen whatsapp y las cadenas han funcionado muy bien. Las redes
nos han servido para amplificar la convocatoria, para multiplicar el
boca a boca”, dice Cristóbal Páez, banquero, prejubilado a los 53
años. Páez se metió en la Plataforma sevillana de pensionistas hace un
año y desde entonces “no ha parado de trabajar”, organizando asambleas
locales, dando charlas en asociaciones de vecinos, ayuntamientos, plazas
y calles…
Patricio Pérez, mecánico, jubilado
con 66 años, se enteró de la movilización porque “un par de abueletes
vinieron a dar una charla al centro de mayores”. “Que la pensión apenas
me llega para todo lo que tengo encima, eso ya lo sabía yo. Ahora, lo del pitorreo de que el Gobierno me la suba dos euros
y permita que las eléctricas me manden una factura de la luz de 230
euros en invierno, eso te hace levantarte”, dice. Patricio tiene una
pensión de mil euros con la que mantiene su hogar (su mujer, ama de
casa, su hijo mayor y su esposa, ambos parados). Cuatro de cada diez
jubilados andaluces están en una situación similar, sosteniendo con sus
pensiones una familia con algún miembro en paro, según datos de CCOO.
Redes y boca a boca
El éxito de la convocatoria del jueves se
debe a una conjunción de las nuevas tecnologías y las viejas fórmulas de
movilización social, en la que los pensionistas son expertos veteranos.
Los miembros de las plataformas en defensa de las pensionesjustas han
acudido donde sabían que encontrarían adeptos para la causa: a los
centros de mayores, a las puertas de los centros de salud y de
hospitales, a las asociaciones de vecinos de los barrios más longevos…
“No ha sido de un día para otro. Hemos dado charlas, hemos entregado
folletos en mano, nos hemos movilizado cada mes durante el último año a
las puertas de la Tesorería de la Seguridad Social”, dice Soledad Ruiz,
responsable de pensiones de UGT.
El éxito de la convocatoria del
jueves se debe a una conjunción de las nuevas tecnologías y las viejas
fórmulas de movilización social
Los
jubilados llevan movilizándose activamente desde la primavera de 2016,
indignados por el “deterioro del Sistema Público de Pensiones a
consecuencia de las dos reformas laborales de 2011, aprobada por un
Gobierno del PSOE, y de 2013 con el PP. A ningún sociólogo le ha
sorprendido esta explosión social.
En marzo del año pasado, el Catedrático de
Economía aplicada y uno de los primeros comparecientes en el Pacto de
Toledo, Santos Ruesga, ofreció una conferencia sobre el futuro de las
pensiones en la asociación Córdoba Futura, donde las charlas no suelen
convocar a más de 40 personas. Esta vez la asistencia se triplicó, el
aforo se quedó minúsculo lleno de jubilados. “No me sorprende el éxito de la manifestación,
porque los pensionistas son un colectivo bien organizado y muy activo.
Es normal que el tema se haya calentado, el Gobierno ha contribuido a
ello proponiendo una subida ridícula del 0,25%, y luego ha arrojado
gasolina al sugerir a los ciudadanos que vayan ahorrando para un plan de
pensiones privado”, explica Manuel Pérez Yruela, profesor de
Investigación de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(IESA).
Manuel Pérez Yruela cree que gran
parte de la sociedad y de los medios han estado “distraídos” con el
procés catalán, mientras la “indignación de los jubilados iba creciendo”
Pérez
Yruela cree que gran parte de la sociedad y de los medios han estado
“distraídos” con el procés catalán, mientras la “indignación de los
jubilados iba creciendo”. “Este último año, ni el foco informativo ni la
atención política ni el trending topic han estado sobre el problema de
las pensiones, sino sobre Catalunya y el procés independentista”,
advierte. En efecto, el 1 de octubre del año pasado, miles de jubilados llegaron en cuatro columnas a Madrid,
desde distintos puntos del país, en una marcha protesta en defensa de
las pensiones. Coincidió con una fecha clave en el procés catalán que
absorbió todas las portadas y titulares, y no consiguieron que la
sociedad real y la sociedad virtual girase la cabeza para escuchar su
protesta.
Imagen
de la concentración de jubilados en defensa del sistema público de
pensiones, en la Carrera de San Jerónimo en Madrid, frente al Congreso
de los Diputados. EFE/Jesús Narvaiza
Lola Castro, 74 años, fue maestra en
un colegio de las Tres Mil Viviendas, uno de los barrios más castigados
de Sevilla, prejubilada por enfermedad hace diez años. Cobra una
pensión de casi 2.000 euros mensuales, pero: “Yo no he ido a la
manifestación por mí, sino por esas criaturas que después de 30 años
trabajando cobran una pensión de 400 o 600 euros”, dice.
Lola es activista, ha convencido a muchas “amigas de gimnasia” para asistir a la protesta,
y a otras no, porque “no creían que una manifestación fuera a
solucionar nada”. “Yo les dije, bueno, tú quédate en casa que ya voy yo a
solucionarle la papeleta a tus hijas y a tus nietas”, explica entre
risas. Está contenta por el resultado, por la multitud de gente que
encontró en el centro de Sevilla. Dice que está “conectada” a las
plataformas y a otros pensionistas por whatsapp, donde “se entera de
todo”. “Yo tengo Facebook, pero no lo manejo muy bien. Busco cosas
directamente en Internet”.
Existe una brecha digital que aleja a las personas mayores de las nuevas tecnologías, pero esto no les ha apeado de la protesta
para defender sus pensiones. Al contrario. Hay cursos de manejo de
internet para mayores que organiza el ayuntamiento que se han convertido
en centros de captación de jubilados para engordar la multitud de
manifestantes. “Muchos abuelos conocen y se manejan con whatsapp por sus
nietos. Además les mueve la misma indignación que el 15M, lo de ahora es poco para lo que viene, este movimiento va a crecer mucho más”, advierte Juan Alcántara, de la plataforma en defensa de las pensiones de Córdoba.
La Coordinadora en Defensa del Sistema de Pensiones
La Coordinadora Estatal en Defensa del
Sistema Público de Pensiones nació desde abajo, probablemente cuando un
grupo de pensionistas gallego acudió al despacho de una experta en
Relaciones Laborales y Seguridad Social de Pontevedra, Victoria Porta,
que hoy es la portavoz del movimiento. Ella explica cómo la protesta
crece desde las bases, desde los afectados, y poco a poco van sumando a
expertos y catedráticos y la marea se ramifica por toda España.
El movimiento adquiere tanta
altura, que finalmente UGT y CCOO piden sumarse, aceptando la condición
de no llevar banderas a las manifestaciones
El movimiento adquiere tanta altura, que finalmente UGT y CCOO piden sumarse,
aceptando la condición de no llevar banderas a las manifestaciones. Los
sindicatos de clase han luchado por las pensiones con el mismo ahínco,
en paralelo a las plataformas, pero con desigual resultado. La
manifestación que convocaron el pasado 15 de febrero no tuvo tanto
impacto como la del jueves. Si tardaron en converger, dice Porta, es
porque recelaban de que la protesta de los jubilados indignados “metiera
en el mismo saco la reforma laboral de Zapatero y la del PP”.
Manifestación
de jubilados y pensionistas por las calles de Bilbao (Vizcaya) en
defensa de unas pensiones dignas, del sistema público de pensiones y de
su actualización en base al IPC. EFE/MIGUEL TOÑA
La llamada marea marrón ha sabido tejer
alianzas y reconciliar sectores históricamente enfrentados, porque han
encontrado en el deterioro de las pensiones un objetivo común. Así
explica Porta la rotunda movilización que ha habido en Bilbao,
con más de 35.000 personas en la calle. El movimiento de jubilados
integró a los sindicatos nacionalistas LAB y ELA, que hasta entonces
habían marchado por separado porque reivindican que Euskadi gestione su propia caja de pensiones.
“Esa reivindicación tenía dividido al País Vasco. Al final
nacionalistas y no nacionalistas logramos ponernos de acuerdo en guardar
nuestras banderas y nuestros símbolos para hacer un frente común contra
un Gobierno que nos está robando”, explica Porta. Y la unidad ha
visibilizado una fuerza común inédita en Euskadi desde hacía mucho
tiempo.
Multitudinarias concentraciones toman las
calles en todo el Estado contra la mísera subida de las pensiones y en
defensa de pensiones dignas
Por Kaos. Laboral y Economía KAOS EN LA RED - Publicado en: 22 febrero, 2018
Decenas de miles de personas, la mayoría pensionistas, han salido a
protestar en las principales ciudades del Estado contra la subida del
0’25% y en defensa de pensiones públicas dignas, convocados por la
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones,
plataforma que agrupa a centenares de mareas y colectivos de
pensionistas y trabajadores de todo el estado que exigen la derogación
de las reformas de pensiones del 2011 y 2013 de los gobiernos de
Zapatero y Rajoy.
Decenas de miles de personas, la mayoría pensionistas, han salido
esta mañana a protesta contra la pérdida de poder adquisitivo de las
pensiones y en defensa de pensiones públicas dignas. Entre la mañana y
la tarde son más de 80 las ciudades donde se han concentrado o se
concentrarán los pensionistas, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones,
Plataforma que agrupa a centenares de mareas y colectivos de
pensionistas y trabajadores en todo el estado que se oponen a las
reformas de las pensiones del 2011 y 2013 aprobadas por los gobiernos de
Zapatero y Rajoy y exigen su derogación.
Madrid: “Menos ladrones y más pensiones” En Madrid los pensionistas han cortado el tráfico frente al Congreso al grito de “menos ladrones y más pensiones”
y han ocupado la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los
Diputados, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo y rodeando
la sede parlamentaria. Los manifestantes han conseguido romper el cordón
policial en varios puntos para llegar hasta las mismas puertas de la
Cámara Baja. A gritos de “¡Ladrones, ladrones!” y con
las manos en alto, los manifestantes han bajado por la calle hasta
llegar a las puertas del Congreso, cortando el tráfico en la Carrera de
San Jerónimo. Los jubilados han respondido los intentos de la Policía
por contener su avance con gritos de “Somos pensionistas, no terroristas“.
Los miles de concentrados han expresado su descontento por la subida de esta prestación al 0,25%. Un
portavoz de los organizadores ha reclamado que los incrementos de las
pensiones cubran el incremento de los precios, recuperando el poder
adquisitivo perdido en los últimos años, y que los Presupuestos
Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de
la Seguridad Social.
“¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones y también la dependencia!“,
coreaban los manifestantes, que han dedicado proclamas contra la
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la presidenta de la
comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, o el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.
A Báñez le recriminaban la carta enviada a los pensionistas sobre la subida del 0,25% -“una subida de mierda“, lamentaban varias pancartas-, a Villalobos le han pedido que se dejara de echarse “la siesta”
y saliera a hablar con los pensionistas, y a Rajoy, directamente le
retrataban con una foto con el dictador Francisco Franco: “No sé de qué os sorprendéis. Ya os dije que iba a ser Franco con vosotros“, rezaba una pancarta.
Durante la concentración, varios diputados de
Podemos, IU, En Comú Podem y En Marea se han unido a la protesta, que ha
llegado a extenderse por toda la Carrera de San Jerónimo, Plaza de las
Cortes incluida, llegando casi a la propia Plaza de Neptuno.
También ha estado presente el secretario general
de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas, aunque ha sido
increpado por varios manifestantes. De hecho, en varios momentos se ha
coreado un lema clásico en las protestas ‘indignadas’: “!PSOE, PP, la misma mierda es!“, aunque con una nueva coletilla dedicada a Ciudadanos.
Algunos diputados han expresado su sorpresa por el
alcance de la marcha, recordando que ni en las manifestaciones del 15-M
ni en las de la Marcha de la dignidad habían podido superar el control
policial y alcanzar los aledaños del Congreso.
“Muchos tenemos que tomar nota. Nuestros abuelos
nos están enseñando lo que hay que hacer”, ha dicho el diputado Íñigo
Errejón, criticando que “el problema fundamental de las pensiones no es
que haya mucha gente mayor, es que las condiciones de trabajo de los que
trabajamos hoy no ayudan a sostenerlas”.
Bilbao: “Manos arriba, esto es un atraco”
“Manos arriba, esto es un atraco”, “el rescate de las autopistas,
para los pensionistas” y “Mariano Corleone nos roba las pensiones”, han
sido algunos cánticos de protesta.
Una
manifestación multitudinaria ha inundado este jueves el centro de
Bilbao para reclamar unas pensiones dignas. Según la policía municipal,
35.000 pensionistas se han congregado frente al Ayuntamiento de la
ciudad vizcaína y han emprendido una marcha hasta la sede de la
subdelegación del Gobierno español, superando las concentraciones que ya
se han realizado varios lunes desde enero.
Pentsionistak Martxan, junto con las plataformas de
Álava, Gipuzkoa y Navarra, son las propulsoras de las concentraciones
que Bilbao ha vivido frente a su ayuntamiento desde enero “consecuencia directa de las reformas de las pensiones impulsadas por los distintos gobiernos del PSOE y del PP“.
El
objetivo de la marcha es unir fuerzas y movilizarse conjuntamente en
protesta de la escasa subida impuesta por el Gobierno, los recortes las
pensiones públicas y la precaria situación en que se encuentran multitud
de pensionistas. De hecho, en cifras de la Seguridad Social, en
España hay casi dos millones de personas que cobraron entre 600 y 650
euros el pasado mes enero, siendo el tramo más numeroso; en la renta más
baja, la de 150 euros o menos, hubo más de 90.000.
Barcelona: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” La convocatoria en Barcelona, encabezada por la Marea Pensionista, ha
logrado llenar la céntrica Plaça Catalunya con varios miles de
participantes. En ella varios representantes del movimiento han
intervenido para exigir, entre otras reivindicaciones, la derogación de
las reformas contra las pensiones públicas llevada a cabo por los
gobiernos del PP y del PSOE, la actualización de las pensiones según el
IPC, la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años
(que sobrepasa el 7%), la dignificación de las pensiones públicas con
cargo a los presupuestos del Estado (el Estado Español dedica un 10% del
PIB a pensiones mientras Italia destina el 14’5%) y la eliminación de
la brecha de género. Sobre este último punto, se ha hecho además un
llamamiento a secundar la huelga feminista internacional del próximo 8
de marzo. Durante la concentración se han coreado consignas como “”gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden“, “manos arriba, esto es un atraco“, “estos ladrones, nos roban las pensiones“, “públiques sí, privades no“, “la lucha es el único camino“, “Rajoy dimisión” o “el pueblo unido jamás será vencido“. Los portavoces de la Marea han lamentado que el Ayuntamiento de
Barcelona no hayan dotado a este acto de la megafonía adecuada a pesar
de haber sido avisados. Concluida la concentración, alrededor de dos mil
personas han decidido continuar la protesta por Vía Laietana hasta
Plaça Sant Jaume.
Fuente: Agencias, prensa y redacción de Kaosenlared
La protesta de los pensionistas se convierte en un clamor y desborda el centro de Barcelona
Por Tomeu Ferrer - El Diari del Treball KAOS EN LA RED - Publicado en: 23 febrero, 2018
La Marea Pensionista reúne en las principales ciudades catalanas a
decenas de miles de manifestantes en defensa de las pensiones públicas y
vinculadas al IPC.
La concentració dels pensionistes ha omplert Plaça de Catalunya foto: Tomeu Ferrer
Miles de personas convocadas por la Marea Pensionista han salido
a la calle en Barcelona, en la Plaza Cataluña, y también en otras
ciudades del país, como Sabadell y Terrassa, también a Reus y en Lleida,
entre otros lugares. En el ámbito estatal los jubilados y pensionistas
han hecho concentraciones y manifestaciones en Madrid y en las
principales ciudades. En Barcelona los concentrados han llenado la Plaza de Cataluña. Han
sobrepasado las previsiones de los organizadores que disponían de un
equipo de megafonía que no ha permitido que los mensajes llegaran a la
mayoría de los asistentes. Esto ha hecho que uno de los
oradores, Domiciano Sandoval, se quejara de la carencia de apoyo del
Ayuntamiento. Desde la tarima se han recordado los objetivos de la jornada:
protestar contra la subida ‘de mierda’ del 0,25% de las pensiones y
reclamar el regreso al mecanismo de revalorización automática vinculando
las pensiones al IPC. En la misma línea se ha criticado el vaciado de
la hucha de las pensiones por el gobierno del PP. La ministra
Fátima Báñez y el presidente español, Mariano Rajoy, han sido blancos de
las críticas. Sandoval, líder de la Marea Pensionista, ha advertido a los
concentrados que «hoy empieza un nuevo ciclo de movilizaciones». Antes
una pensionista ha llamado desde el estrado a la adhesión de los
jubilados a la huelga del 8 de marzo. «Esta movilización tiene que tener
incidencia y tiene que ser también huelga de consumo», ha dicho.
Sandoval ha dejado claro que «todos somos mujeres» refiriéndose a la
protesta del 8 de marzo. También ha convocado a los pensionistas a
participar activamente en la manifestación que se hará el 24 de marzo en
favor de la renta básica: «no puede ser que la administración deje
abandonados los que no tienen nada», ha dicho.
Manifestació de pensionistes a Via Laietana foto: Tomeu Ferrer
“Nos nos doblegaron” El 5 de mayo ha prevista también una asamblea masiva de la Marea
Pensionista en las Cocheras de Sants. Las movilizaciones tienen como
objetivo echar un pulso al gobierno «para que abandone las políticas
‘austericidas’ y haga una apuesta en favor del Estado de bienestar», ha
dicho Sandoval, que ha acabado citando a Marcelino Camacho, fundador de
CCOO: «Ni nos domaron, ni nos doblegaron ni nos domesticarán», ha dicho. Los ánimos están calientes entre las mujeres y los hombres
pensionistas. Sin esa toma de conciencia no se explicaría que las 10 de
la mañana la plaza de Cataluña se llenara de gente llegada de Barcelona y
las poblaciones de su entorno. Muchos carteles hechos a mano indican de
donde venían: La Plataforma Unitaria de Pensionistas de Badalona,
la vocalía de pensionistas de la asociación de vecinas y vecinos de la
Barceloneta o varias entidades de l’Hospitalet y también de lugares como
Mataró, entre otros. Cuando la concentración no se había dado por acabada ha empezado una
manifestación espontánea. Desde plaza de Cataluña ha surgido un grupo
que ha ido andando hacia Vía Laietana. Aproximadamente eran unas 10.000
personas. Delante no había pancarta, sólo carteles hechos a mano. «Es
una injusticia, toda la vida trabajando para que ahora nos digan que
suben una miseria», afirmaba María, de l’Hospitalet, desde la segunda
fila de la manifestación. A su lado Jordi, de la Barceloneta, explicaba
también que «cuando hay que comprar armamento siempre hay dinero, pero
para la gente que ha cotizado durante 40 años nos dicen que no hay un
duro». Otros espontáneos se añadían y echaban pestes del gobierno
español y de su política.
Un grup de pensionistes a Plaça de Catalunya foto: Tomeu Ferrer
Estos ladrones, nos quitan las pensiones Otra cosa que se notaba en la manifestación y antes en la
concentración era una cierta imagen de amplia unidad: el catalán y el
castellano se sentían en las consignas con normalidad. Y entre las
reivindicaciones se notaba una mezcla considerable. La gente gritaba:
«el pueblo unido jamás será vencido», «más pensiones y menos aviones», o
«esto nos pasa por un gobierno facha». También se han sentido con
fuerza algunos gritos que recordaban al 15M: «no hay pan para tanto
chorizo», o «Rajoy dimisión» o el clásico entre los jubilados:
«estos ladrones, nos quitan laspensiones». Finalmente, una consigna que
mueve a la gesticulación: «manos arriba, esto es uno atraco», mientras
todos levantaban las manos. Entre la multitud de personas manifestándose, la mayoría con canas,
un grupo de chicas jóvenes, «de Sants», señala la Montse, «estamos
sorprendidas de ver la marcha que tienen los jubilados» explican. Parece
que en el Gobierno del PP se le ha abierto un nuevo frente: la protesta
de los jubilados, que apenas empieza.
La «subida de mierda» del 0,25% mantiene en pie de guerra
a un colectivo tan heterogéneo y numeroso como es el de los
pensionistas. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en
Bilbo, Donostia y Gasteiz, para advertir de que lucharán «lo que esté en
sus manos» por un sistema público de pensiones digno.
Agustín GOIKOETXEA
Los colectivos de pensionistas no piensan «rendirse» y anuncian que proseguirán con las protestas hasta que haya cambios.
De «histórica» fue calificada la manifestación que ayer al
mediodía colapsó el centro de Bilbo para exigir unas pensiones públicas
dignas, actualizadas conforme al IPC y no al 0,25% que ha impuesto el
Gobierno de Mariano Rajoy. En torno a 25.000 personas participaron en la
protesta, según los organizadores, aunque algunas fuentes aún elevaron
esa cifra de asistentes. La dimensión de la movilización ya se atisbaba más de media
hora antes de que arrancase ante la casa consistorial bilbaina, donde
miles de personas se agolpaban esperando su inicio. En algunos de los
carteles escritos a mano se reflejaba el espíritu que movía a muchos de
los reunidos: «Lucharon, luchamos y lucharemos por unas pensiones
dignas». «No nos vamos a rendir», insistieron. Entre ellos, un grupo de mujeres, en su mayoría viudas,
llegadas de Barakaldo que, con un lazo marrón en el pecho, confesaron
que eran asiduas a las protestas. «La subida del 0,25% es una burla»,
enfatizaba una de ellas, viuda desde hace 12 años. No ocultaron que les
toca apretarse el cinturón, ya que algunas deben ayudar a sus hijos.
«Mira, a esta, como su marido era autónomo, le han quedado 340 míseros
euros», apuntó Luci, la que ejerció de portavoz, entre una cascada de
opiniones. «Vamos tirando pero muy que muy ajustados, porque además
tratamos de apoyar a nuestros hijos que tampoco lo están pasando bien,
la verdad», añadió. La plaza Ernesto Erkoreka y el puente del Ayuntamiento
estaban a rebosar cuando comenzaron a corearse consignas como «menos
ladrones, más pensiones», «manos arriba, esto es un atraco» o
«corruptos, ladrones, nos roban las pensiones». Uno de ellos, Koldo, de
61 años, jubilado desde 2010 «con 41 años cotizados», se siente «un
privilegiado» con los 2.230 euros que percibe mensualmente. «El problema
es que con la edad que tengo, con subidas del 0,25% y un incremento
medio de los precios del 1,35%, lo tengo claro dentro de diez años». «Aquí hay mucha gente que tiene que mirar cuando va a la
compra o pensar si pone o no la calefacción. Es triste. La gente lo está
pasando realmente mal y mandar una carta diciendo que le suben el 0,25%
es una provocación», añadió. Cerca, una octogenaria, se mostraba
dispuesta a luchar y dejaba claro que no tiene intención de arredrarse.
«Yo corrí muchas veces antes los grises», desveló orgullosa. Finalmente, la cabeza de la marcha con el lema ‘‘Pensiones
públicas dignas. No al 0,25%» enfiló el puente del Ayuntamiento en
dirección a la calle Ibáñez de Bilbao; la calle Buenos Aires, hasta la
plaza Circular, estaba totalmente colmatada. Los protagonistas eran las
mujeres y los hombres indignados por la actitud del Gobierno Rajoy hacia
este colectivo. Para mostrarles su apoyo estuvieron, entre otros, la
secretaria general de CCOO, Loli García; su homólogo de UGT, Raúl Arza; o
el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, además de cargos
públicos del PSE y de Podemos. Paso a paso, miles y miles de pensionistas caminaron hacia
Gran Vía, pasando por Jardines de Albia, entre gritos de «pentsionistak
aurrera» o «fuera ladrones de las instituciones». Muchas sonrisas al ver
la dimensión de la marcha y la esperanza de que sus reivindicaciones
sean atendidas por los políticos, muy criticados por muchos de los
asistentes. «No a las pensiones vitalicias», se pudo oír. «Al igual que
antes salieron los del 15M, hoy salimos nosotros en defensa de unas
pensiones públicas dignas», repitieron mientras animaron a trabajadores y
jóvenes a sumarse a la lucha contra los planes del Gobierno español.
Emplazamiento al PNV
Al llegar a la altura de Sabin Etxea, hubo gritos emplazando
al PNV a tomar partido el un sistema público de pensiones y otros que
reclamaban una pensión mínima de 1.080 euros, como recomienda la Carta
Social Europea, y exigían a los jeltzales que no apoyen al PP en Madrid. Gotzon, de 61 años, pensionista por incapacidad desde hace
cuatro años, no tiene tan claro ese compromiso. «PNV y PSE están
respaldando los planes privados de pensiones. No tengo tan claro esa
apuesta por lo público», comentó después de quejarse de que el valor
real de su pensión ha descendido en más de 300 euros. «Para no acabar en la pobreza, pensiones dignas», «si nos
cabreamos, no votamos», «las pensiones son un derecho», «basta de robar a
los pensionistas» o «esta lucha la vamos a ganar» fueron otras de las
consignas que se sumaron al largo repertorio. En la confluencia de Gran Vía con Alameda Mazarredo, frente a
la sede del BBVA, un grupo de jóvenes mostró una pancarta con el lema
‘‘¡Que no nos roben lo luchado! Etorkizun duin baten alde. Gazteon
oraina borrokan da’’, firmada por Ernai. La marcha llegó a la plaza Elíptica, ubicándose la cabecera
frente a la Subdelegación del Gobierno español, donde a la conclusión,
cientos de los participantes entregaron las cartas en las que se les
comunicó el incremento de su pensión en un 0,25%, para devolvérselas
simbólicamente al Ejecutivo Rajoy. Los portavoces de las organizaciones convocantes dieron
lectura a un comunicado en el que dijeron sentirse «hartos de que nos
tomen el pelo, de que nos suban la mísera cantidad del 0,25% desde hace
unos años, y de que esta situación se repita hasta 2022, lo que supondrá
una pérdida de nuestras pensiones no menor al 10%». «Resulta indignante
–añadieron– que nos diga la señora ministra de Trabajo, Fátima Báñez,
que no hemos perdido poder adquisito desde que están en el poder». «Miente cuando dice que no se pueden subir más, para así
poder mantener las pensiones», espetaron. «La riqueza en el conjunto del
Estado ya ha superado los niveles anteriores al año 2008. Los
beneficios de la banca sigue aumentado y las retribuciones de las
grandes empresas se han incrementado en un 15%», argumentaron. En consecuencia, instaron al Gobierno de Rajoy «a quitarse
la careta» y reconocer que «lo que pretenden es privatizar la Seguridad
Social, en beneficio de los grandes poderes financieros y de las
compañías de seguros».
Declaraciones
«Seguiremos saliendo a las calles hasta que paremos al Gobierno de Rajoy. La subida del 0,25% es una burla» «Reivindicamos que nadie tenga una pensión inferior a 1.080 euros y que las mujeres dejen de malvivir con 700 euros» «Hace tiempo que se inició el recorte de las pensiones públicas y todo apunta a que se está fraguando el golpe definitivo» «Aquí hay mucha gente que tiene que mirar cuando va a la compra o pone la calefacción»
Jubiletas, ¡qué grandes sois!
por David Bollero
Jubiletas,
¡qué grandes sois! Y digo ‘jubiletas’ con todo el cariño del mundo y la
tranquilidad de que no me dejo fuera a las mujeres que, como en el
resto de las edad, son las grandes damnificadas de una sociedad
patriarcal y machista que les hace la vida tan cuesta arriba. Lo vivido
ayer en muchas ciudades de España, cuando miles y miles de pensionistas escupieron a la cara un Gobierno mezquino y mentiroso, me hincha el corazón, me llena de orgullo por esas personas que son las que realmente hacen eso que algun@s llaman patria. Ni siquiera voy a entrar en una exposición de cifras, porque sólo
enfrentar la subida del 0,25% de las pensiones con lo que ha subido la
luz, el gas, el teléfono, la comida, los medicamentos… basta para
sumarse a todas esas personas que ayer dieron una lección de dignidad al tirarse a la calle y reclamar justicia social tras haber cotizado 40 y 50 años. Rajoy y sus secuaces son más amigos de los planes de pensiones privados. Ellos prefieren sumarse a la inmundicia moral de la CEOE,
esa que pretende fichar a mayores de 45 años con contratos de formación
y no pagar a los becarios que hacen tareas como cualquier otr@
trabajador/a. Y ante eso, ante el modo en que se está pisoteando los
derechos de l@s pensionistas, fue un gustazo ver cómo estos llegaban hasta la misma puerta del Congreso de los Diputados y las Diputadas mientras en otras ciudades de España también sacaban los colores a un Gobierno inepto. La demoscopia nos dice que la mayor parte, con bastante diferencia además, de los votos del PP proceden de las personas mayores de 65 años.
¿Se acordarán estas personas cuando acudan de nuevo a las urnas? Uno
quiere pensar que sí, que lo vivido ayer en toda España tendrá su
reflejo en las elecciones. Una democracia, como la española, que expulsa a sus jóvenes y ningunea a sus mayores es una basura.
Esos movimientos forman parte de la receta de gentuza, como la CEOE,
que en medio de la crisis más grande en décadas continúan
enriqueciéndose mientras vampirizan a la clase trabajadora. Desde esta tribuna, seguiré reclamando esta dignidad, esta lucha por los derechos civiles, tomando como ejemplos los de Coca-Cola en lucha, l@s trabajador@s de Siemens-Gamesa
o, ahora, los jubiletas, ¡que sois muy grandes! Sumémosnos toda la
gente de bien a esta oleada de personas a los que no les tiemblan las
piernas a la hora de plantarse ante un Gobierno indigno y reclamar lo
que nos arrebataron, lo que tanto nos costó conseguir. Se acabó
intentar recuperarlo arañando poquito a poquito: demos un zarpazo para
tomar lo robado y, de paso, quitar de en medio a toda esa gentuza. Comiendo Tierra
por Juan Carlos Monedero
¿Un 15M de los del pelo gris?
Nunca llegamos en el 15M tan cerca de los leones de las Cortes. Los
abuelos indignados lo han hecho. El gobierno del PP terminará
golpeándoles. Y entonces nadie dejará de saber que comienza otra etapa
en nuestro país. A los viejos no se les pega. Aunque lo han hecho en
Murcia y lo han hecho en Catalunya. Por las pensiones no se les pega
porque han sido el colchón durante la crisis. Y nadie muerde la mano que
te ha dado de comer. Una escena de la Comuna de París de 1871 me trae a la memoria a los
verdaderos protagonistas de la Transición hoy de regreso en las calles.
Fueron los grandes olvidados en un tiempo de grandes esperanzas y
grandes decepciones. Finales de mayo de 1871. Derrotados los comuneros
por los ejércitos de Versalles y de Bismarck, bajaba de Montmartre una
recua de presos camino de la cárcel o el exilio. Un general a caballo
apareció y dio la orden de separar de la fila a los que tenían el pelo
gris. El sargento confundido pidió explicaciones. Pero el general le
gritó y el oficial obedeció amedrentado. A empujones, los soldados del
general llevaron hasta un muro a los escogidos y allí mismo fueron
fusilados. El sargento, escandalizado, volvió a preguntar y el general
le contestó altanero: ¡no has entendido nada! Estos que tienen el pelo
gris ya eran adultos cuando la revolución de 1848. Si ahora han vuelto a
levantarse, ¡es que estos son los verdaderamente peligrosos! Los abuelos y abuelas de pelo gris han salido a las calles de toda
España. Después de ver los rescates bancarios, el robo de los contratos
públicos, los sobres con el nombre de Eme punto Rajoy escrito en el
dorso, el vaciamiento de la hucha de las pensiones, a sus nietos
emigrando, a sus hijos regresando a casa, de ver el Parlamento
paralizado, a los telediarios ensalzando al gobierno, la gota que ha
colmado el vaso ha sido una subida de las pensiones del 0,25% que no
cubre ni siquiera la inflación. Seguro que también ha ayudado el consejo
de Celia Villalobos diciéndoles que vayan guardando dos euros todos los
meses. Y seguro que también ha ayudado el movimiento de mujeres jóvenes
que pide consejo a las más mayores para la huelga del 8 de marzo. Y un
cansancio de Catalunya que lo contaban las encuestas pero lo ignoraban
los periódicos y los telediarios. Si al caldo del cocido le echas
solamente una bandera sale aguado. ¿Dónde estaban los jóvenes en las manifestaciones del jueves?
Estarán. Cuando Gallardón decidió dar marcha atrás treinta años la ley
de interrupción voluntaria del embarazo, en las primeras protestas
estaban las mujeres mayores que ya no iban a reproducir pero que no
querían ver cómo se perdía una lucha que tanto les costó. Poco a poco se
fueron incorporando las generaciones más jóvenes hasta que muy pronto
tomaron el relevo. Si el movimiento de los pensionistas se mantiene,
puede ser el renacer de la protesta social. Las calles se desactivaron por la ley mordaza, por la ligera
mejora de las cifras macroeconómicas que generaron alguna expectativa, y
porque era el momento de que Unidos Podemos y los cinco millones de
votos que tiene detrás demostraran si podían cambiar las cosas desde los
parlamentos y los ayuntamientos. Algo se ha cambiado, sin duda, pero el
PP sigue en el gobierno. Los abuelos han entendido que no estamos ante un debate técnico.
Después del asalto a la sanidad pública y a la educación pública, el
tesoro que queda por saquear son las pensiones. Estamos hablando del 12%
del presupuesto de España con 140.000 millones de euros. El gobierno
del PP, con el apoyo de Ciudadanos (y desgraciadamente también del PSOE)
es un gobierno con una sensibilidad especial para los bancos. Ahí está
el rescate de 80.000 millones de euros al sector bancario. Y ahí está la
figura de Luis De Guindos, un hombre de Lehman Brothers, colocado en el
Banco Central Europeo. Los jubilados han necesitado su tiempo, pero se han dado cuenta de
que solo presionando van a poder recuperar el bienestar perdido. Se han
dado cuenta de que tampoco se trata de buscar soluciones solo para
ellos, porque de nada sirve que les suban las pensiones si la sanidad
pública se privatiza (ahí está el crecimiento del gasto en medicamentos
de los ancianos en unas medicinas, además, más caras desde que salieron
de la Seguridad Social). Y de nada sirve mejorar unos euros cada mes si
sus hijos y sus nietos siguen sin empleo y sin vivienda. ¿Estamos ante un 15M de los yayoflautas? Las condiciones están dadas,
aunque nunca se sabe cual es el índice de saturación en los conflictos
sociales. Las titubeantes palabras de Méndez de Vigo jurando que van a
subir las pensiones son una clara señal de que el PP se ha asustado. No
va a poder mantener al tiempo su promesas a los capitales financieros y
cumplirle a los abuelos que eran su principal granero de votos. Los abuelos son prudentes, quieren cambios tranquilos y tienen miedo
cuando no ven las cosas claras. Es su derecho después de toda una vida
viviendo. Es justo cuando se mira el metro de la vida y se sabe que
estás ya en la parte más corta. Pero también por eso mismo, la protesta
de los ancianos es más demoledora, porque no tienen tiempo para
traicionar a sus hijos y a sus nietos. En España, el trabajo que
construyeron los que se la jugaron para salir del franquismo se está
yendo por el desagüe. Y es muy normal que no quieran que nadie les robe
su obra. Si los abuelos toman las calles, España va a liderar el siglo
XXI en Europa, porque todo lo demás va a venir de suyo. Y las gente del
pelo gris volverán a ganar esta batalla.
Las investigaciones de Lezo y de Gürtel acorralan a Cospedal y a López del Hierro
La ministra de Defensa era la consejera de
Transportes de la Comunidad de Madrid cuando se adjudicó a OHL el tren
de Navalcarnero, uno de los contratos que la Guardia Civil investiga por
a una presunta comisión de 1,4 millones que la constructora quería
pagar a Ignacio González en Suiza, pero que acabó en una cuenta del
empresario Adrián de la Joya en ese país. Su marido también está bajo
sospecha por los presuntos pagos al PP que aparecen en los papeles de
Bárcenas.
La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal junto a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro
La nota de
prensa enviada por el Partido Popular anunciaba a la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, como el más alto cargo del Gobierno y
del PP que acompañaría al exministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, en el acto convocado el lunes por el periódico que preside
Mauricio Casals y dirige Francisco Marhuenda, La Razón.
Pero, inesperadamente, la todopoderosa
secretaria general de los populares quedó relegada a un tercer plano,
junto al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mientras el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la vicepresidenta, Soraya Saéz
de Santamaría, fueron los que acapararon toda la atención desde el
estrado. ¿El motivo? Todo indica que lo son las causas judiciales que
cercan la financiación ilegal del PP y que últimamente apuntan
directamente a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del
Hierro.
"La foto de Cospedal rodeada de Mauricio Casals, Marhuenda y el presidente de Atresmedia, José Creuheras,
habría sido demoledora, porque ellos tres han tenido que ir a declarar a
la Audiencia Nacional por el caso Lezo y aparecen en las escuchas de la
Guardia Civil. Y ella está en el punto de mira de la misma
investigación por la concesión del tren de Navalcarnero a OHL", aseguran
fuentes de la causa.
Un
momento del acto de 'La Razón', presidido por Rajoy, con el ex ministro
del Interior, Fernández Díaz, en el estrado. Cospedal está sentada
enfrente (derecha).
Una carrera meteórica, de consejera a secretaria general
María Dolores de Cospedal entró en diciembre de 2004 en la política madrileña por la puerta grande, sustituyendo a Francisco Granados como consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid.
En 2006 dejó ese cargo para irse como presidenta del PP manchego y en
2008 entró en Génova 13 como secretaria general del partido, ya con un
gran conocimiento sobre los tejemanejes de presunta financiación ilegal
que ahora se investigan en Lezo, Gürtel y Púnica.
El caso que más le atañe es el del tren de Navalcarnero, una concesión que llevó a cabo en 2005 en contra del criterio del Gobierno central y por el que siempre se ha contado que Ignacio González pretendía cobrar una comisión de 1,4 millones en Suiza. Aunque, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cobró el consejero de Indra Adrián de la Joya,
quien recibió esa cantidad en una de sus cuentas suizas y se la quedó
–según su propia declaración ante el juez– sin que nadie se la reclamase
después.
Un montaje orquestado desde la ejecutiva
del PP cuando Cospedal ya era secretaria general y en el que estarían
involucrados, según Ignacio González, el número dos de Planeta, Mauricio Casals; el extesorero Álvaro Lapuerta; el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, su yerno, Javier López Madrid, y el comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión.
El empresario de la 'jet set' Adrián de la Joya (derecha), junto a su abogado a la salida de la Audiencia. PÚBLICO
Cospedal tuvo mucho interés en adjudicar rápidamente la concesión del tren de Navalcarnero
En
una entrevista concedida en febrero de 2005, Cospedal dejó bien claro
su interés por adjudicar rápidamente una concesión que sería "ruinosa",
según OHL. La actual ministra de Defensa afirmaba entonces: "Si en el plazo de un mes seguimos sin conocer oficialmente las intenciones del Ministerio,
nosotros empezaremos ya, sin perder más tiempo, a hacer los proyectos
para construir un tren de Cercanías hasta Navalcarnero. Los vecinos de
la localidad contarán con este servicio."
Y retaba al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero:
"La Radial 1, que no aparece en los proyectos del Ministerio, la
consideramos totalmente necesaria porque el corredor de la nacional de
Burgos está muy atascado y supondría un beneficio para los conductores
contar con una alternativa para el tráfico. Por ello, estoy dispuesta a
hacer lo mismo que con el tren a Navalcarnero. Sólo le doy un mes al
Ministerio y, si para entonces no tengo respuesta, comenzaremos a
realizar el proyecto de esta vía de peaje y la construiría la
Comunidad".
Ahora es además Francisco Granados y el ex consejero de Mintra, Jesús Trabada,
quien le han recordado al juez de la Audiencia Nacional que instruye
las tramas Púnica y Lezo –y que ha unificado en una sola pieza la
presunta financiación ilegal del PP madrileño–, Manuel García Castellón,
que los contratos para las obras de Metro Ligero de Madrid se firmaron
en enero de 2005, tras la llegada de la actual ministra de Defensa a la
consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Y la UDEF aducía no saber quién era "Lopez Hierro"
Más de 10 años han pasado antes de que el nombre de Cospedal aparezca relacionado con la corrupción madrileña
y también una década ha transcurrido hasta que Álvaro Pérez, conocido
como el Bigotes y en prisión por la trama Gürtel, ha empezado a ayudar a
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para
que pueda identificar en la trama al actual marido de la ministra de
Defensa, Ignacio López del Hierro.
Un poderoso empresario que lleva
vinculado al PP, según aparece en de los papeles de Bárcenas y explican
diferentes fuentes del PP de Madrid, "desde que Manuel Fraga gobernaba
el partido siendo Alianza Popular". Y, según la contabilidad de Bárcenas, "Lopez Hierro", "L. Hierro" o "LdH" donó por lo menos 114.000 euros.
Sin embargo, la UDEF mantenía hasta hace poco que no había podido identificar a la persona que aparecía en esas anotaciones.
Ayer, en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, el
Bigotes aseguró que Ignacio López del Hierro y Castillo es uno de los
que aparecen "nueve, diez y hasta once veces" en la contabilidad
paralela de Luis Bárcenas. Y ha añadido que López del Hierro y el
"edecán" de Rajoy, Ángel Piñeiro, "aparecen como atizantes"; "son de los
que vienen a soltar el mondongo, y los medios chitón". Como en el caso
de Cospedal.
López del Hierro ha anunciado que pondrá
una querella contra el Bigotes por vincularle al caso Gürtel. Sin
embargo, el exconsejero de Metrovacesa y actual consejero de Iberdrola
Inmobiliaria es la piedra de Rosetta de los casos de corrupción que tiene entre manos la Audiencia Nacional: "Te permite pasar de los papeles de Bárcenas, a la trama Lezo y a los negocios de Jordi Pujol Jr en África", se ríe un investigador.
En Fiscalía se abre una nueva línea de investigación.
URUGUAY
Conflicto en el agro uruguayo. El capital a la ofensiva
El
verano uruguayo se vio sacudido por la extensión de una serie de
protestas de productores rurales reclamando al Gobierno medidas urgentes
para enfrentar lo que entienden como una crisis de rentabilidad en el
sector[1].
El movimiento de los “productores autoconvocados”, tuvo su origen por
fuera de las gremiales patronales agropecuarias tradicionales. Si bien
inicialmente expresó el malestar de pequeños y medianos productores de
diversos rubros, rápidamente fue apadrinado por los grandes capitales
agrarios y cuenta con el apoyo de todo el arco político de la oposición,
las principales cámaras empresariales, las gremiales patronales rurales
y la asociación de dueños de medios de comunicación. Estos últimos
convocaron y realizaron una extensa cobertura de lo que fue la primera
demostración de fuerzas de este movimiento: una concentración en una
localidad en el interior del país el pasado 23 de enero, a la que
asistieron cerca de 6.000 personas[2].
Entre
las medidas exigidas destacan la devaluación de la moneda, el
abaratamiento de costos (energético, impositivo) y la atención al
problema del endeudamiento del sector. Su principal planteamiento es que
el “campo” está cargando con un Estado “ineficiente” y “gigantesco”,
que debe ajustarse[3].
La economía política del malestar neo-ruralista
La clave general para entender la “crisis” del agro radica en el descenso de la renta agraria como consecuencia del fin del boom
de precios de las materias primas a mediados de 2014. El peso
sobrevaluado permitió capturar indirectamente la renta agraria y
sostener el poder de compra externa del conjunto de la economía a costa
de los márgenes del negocio agroexportador, debido a que el peso alto
disminuye los ingresos en pesos de quienes reciben dólares por sus
exportaciones [4].
La
disyuntiva no es nueva y la enfrentan todos los países exportadores de
materias primas. Por un lado, la sobrevaluación del peso ante una
oscilación abrupta de los ingresos externos, permite contener la
inflación y sostener el salario real, aunque a costa de un deterioro de
la rentabilidad agrícola.
Esta presión sobre la rentabilidad del sector agropecuario lo impacta por lo menos de tres maneras:
Como
un problema de rentabilidad y sobrevivencia en las capas de productores
pequeños, que ya sea por su escala o por ubicarse en rubros
particularmente afectados, conviven con el riesgo de no poder continuar
reproduciéndose a partir de su trabajo y el de su familia.
Como
un problema de achicamiento de márgenes de rentabilidad en aquellos
capitales más dinámicos y/o de mayor escala y en los propietarios de
grandes extensiones de tierra, manifestando una puja de carácter
distributivo y no de crisis abierta.
Como una baja en los
niveles de actividad de otro conjunto de capitales que funcionan de
forma adyacente a los capitales agrarios (transportistas, comerciantes,
rematadores, veterinarias), lo que incluye un conjunto de capitales y
por ende trabajadores de varias ciudades del interior del país cuyo
dinamismo depende directamente de la actividad de los enclaves
agropecuarios.
El capital acaricia su “movimiento de indignados”
Lo
anterior es la base que permite entender la potencia de esta
“revuelta”. Expresa el malestar de todo un entramado social, compuesto
por el pequeño y medio capital que representa un sujeto dinámico e
influyente en el interior del país, que consiguen un poder de
movilización más que relevante sobre todo cuando se articula con el
agro-negocio y los grandes terratenientes.
De
esta manera, llegamos a un punto en el que se está coagulando la
transformación de un malestar derivado de la crisis y del descenso de la
rentabilidad de pequeños y medianos capitales rurales, en la
rearticulación de la agenda del capital. Reclamos legítimos de las capas
más afectadas de productores acaban siendo capturados por propuestas de
reconfiguración regresiva del proceso social y sirven de punta de lanza
en la disputa distributiva por la renta agraria de los capitales en
general. Están confluyendo poder económico, político y mediático, con
gente; lo que le brinda a la derecha su propio movimiento de masas.
Ya
instalado el conflicto a escala nacional, el clivaje que va cobrando
forma es el de productores vs. Gobierno. De un lado, el trabajo, el
esfuerzo y la producción. Por el otro, el gasto, la comodidad y la mala
administración. Una suerte de regreso al mito liberal originario que
opone a las “fuerzas vivas de la producción” con el Gobierno que
malgasta su esfuerzo productivo. Por primera vez desde que gobierna el
Frente Amplio hay una base social genuina que se coloca en el centro de
la escena y se moviliza activamente detrás de una plataforma derechista y
con un discurso que busca erosionar la legitimidad del Gobierno.
Son
fuertes las similitudes con lo ocurrido en Argentina en ocasión de las
movilizaciones del capital agropecuario contra las retenciones a las
exportaciones en el año 2008. La diferencia es que en el caso argentino
la disputa estaba planteada fundamentalmente en el plano impositivo,
mientras que en Uruguay, la vía por la cual los capitales agrarios ven
su rentabilidad disminuida es la cambiaria.
Lo que está en juego
Desde
que comienzan a desaparecer los fundamentos que facilitaron la
implementación de una economía política progresista y su pacto
distributivo implícito (altos precios de exportación e ingresos de
capitales externos), lo que empieza a perfilarse en el horizonte es cómo
y sobre quién se va a procesar el ajuste. En este sentido, la derecha
(social y política) como expresión directa del capital, logra impulso y
gana la iniciativa de cara a un año donde se concentran las
negociaciones de todos los grupos salariales, y donde posiblemente
estará de fondo el debate respecto a reformas laborales regresivas.
Comienza
a rearticularse una mirada más estratégica detrás de los grandes ejes
de una plataforma neoliberal o de gestión de un capitalismo uruguayo sin
altos flujos de renta. El ajuste basado en el abaratamiento de los
salarios y la reducción del gasto estatal, sobre todo el vinculado con
los servicios sociales (educación, salud, seguridad) y al sostén a base
de planes sociales de la población excluida, cobra fuerza.
Por
tanto, lo que empieza a jugarse cada vez con mayor claridad no es solo
la elección de 2019 sino, sobre todo, la salida por derecha al cruce de
caminos que se abre luego de la crisis del modelo de gestión progresista
del capitalismo uruguayo.
Por el
momento, la reacción del Gobierno es intentar quebrar la unidad de los
capitales agrarios y separar el problema por sectores, de modo que las
compensaciones necesarias a ofrecer para desarticular el foco de tensión
sean menos costosas y no le impliquen desarmar el conjunto de finos
equilibrios en los que se mueve a nivel de la sociedad en general, en
particular en un año de negociación salarial. El Poder Ejecutivo ya
realizó una serie de medidas (subsidios a los sectores más afectados,
baja en los costos de la energía eléctrica y gasolinas y refinanciación
de deudas)[5], que las cámaras empresariales rurales y el movimiento de “autoconvocados” ya juzgaron como insuficientes.
El
problema de fondo es que el entramado de capitales agrarios no puede
resolver su crisis de rentabilidad sin avanzar sobre el Estado y el
precio de la fuerza de trabajo, por tanto, hay allí razones de índole
orgánica que obligan a estos capitales a emprender el camino del
activismo político para resolver sus problemas de reproducción.
Por
su parte, el Gobierno requiere recursos para ofrecer un programa
creíble para el pequeño y mediano capital capaz de evitar su crisis. Una
parte de ellos puede conseguirlos con emisión de deuda para seguir
ganando tiempo. Pero tarde o temprano la disyuntiva se instalará y, o
bien cede a las presiones y descarga el ajuste sobre su base asalariada,
o bien avanza sobre el único lugar posible del cual extraer plusvalor
para redistribuir y ganar aliados en la pequeña producción: la renta del
suelo o renta agraria. Situar este último aspecto en el foco del
debate, resulta clave para fisurar la unidad entre los capitales
arrendatarios y los terratenientes.
Entre
los años 2000 y 2015, a partir del empuje de los precios de
exportación, la masa de renta agraria pasó de casi 350 millones de
dólares anuales a 1.650 millones (ver gráfica)[6].
Esto representó un incremento sustancial de los ingresos de los dueños
de tierras, muchos de los cuales ni siquiera operan en sus propiedades y
solamente viven de las rentas, y de un incremento en las ganancias
extraordinarias de aquellos empresarios que son a la vez productores y
dueños del suelo. El Estado se apropia de apenas el 8 % de esta masa de
ingresos, fundamentalmente a través de impuestos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por Oyhantcabal-Sanguinetti, 2017 en base a estadísticas oficiales.
En
la construcción de condiciones políticas para avanzar sobre esta
riqueza desde una perspectiva redistributiva se juega la suerte de las
fuerzas políticas que postulan un modelo de desarrollo inclusivo. Este
movimiento puso en evidencia la importancia de discutir seriamente quién
se apropia y para qué se utiliza la renta agraria en Uruguay.
La séptima ronda de Consejos de Salarios será la más grande de la historia
El
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aseguró que en
la primera quincena de marzo el gobierno presentará los lineamientos
para la séptima ronda de los Consejos de Salarios, “la cual será la más
grande de la historia, con 203 ámbitos de negociación privada más el
sector público”.
Murro se refirió en las últimas horas a la próxima ronda de Consejos
de Salarios, en tal sentido dijo que el Ejecutivo quiere comenzar cuanto
antes. Recordó que el Ministerio de Trabajo solicitó sugerencias al Consejo
Superior Tripartito, integrado por el PIT-CNT y las cámaras de
Industria, Comercio, Transporte, Alimentación, Mercantil y de la
Construcción, sobre “cuáles deben ser las pautas salariales en el marco
de las negociaciones”. Aseguró que ya ha recibido documentos de parte de algunas de las cámaras y del PIT-CNT. Murro dijo que también le han solicitado más plazo, ante lo cual la secretaría de Estado accedió.
La ronda de negociación más grande de la historia
“Estimamos que en la primera quincena de marzo el gobierno presentará
los lineamientos para la séptima ronda, que será la más grande de la
historia, e implicará 203 ámbitos de negociación privada más el sector
público”, resaltó Murro en declaraciones a la prensa. “Queremos comenzar cuanto antes y negociar los más rápido, dentro de lo razonable”, agregó el secretario de Estado. Dijo que ha escuchado opiniones de empresarios y trabajadores que también quieren negociar en forma rápida. Remarcó que en este 2018 existe mucha actividad porque además de los
Consejos de Salarios, está la Rendición de Cuentas, que es la última en
la que el Ejecutivo puede incrementar el gasto. Además es un año
preelectoral, se realizará el Congreso del PIT-CNT y han cambiado
algunas direcciones de cámaras empresariales. “Se trata de elementos que
deben tenerse en cuenta”.