España:
Declaración de Guerra al Pueblo Trabajador, que volverá a hacer suyas
las calles de todo el Estado en respuesta unitaria y combativa a la
brutal agresión
El PP vota solo los recortes y evita los aplausos en el Congreso
Montoro insiste: “No hay dinero en las arcas públicas para pagar servicios”
Los recortes "obedecen a las recomendaciones de la UE, que son obligaciones", dice el ministro
Rubalcaba afea la ausencia del presidente del Gobierno en un debate de gran trascendencia
Mientras el Ejecutivo defiende sus medidas, la prima de riesgo ha llegado a los 582 puntos
De los 312 diputados que han votado, 180 han apoyado los recortes y 131 en contra
El Congreso ha convalida hoy el mayor recorte presupuestario de la historia democrática,
solo con los votos del PP, la crítica durísima del resto de grupos
parlamentarios y el argumento repetido por el Gobierno de que se trata
de obligaciones que impone la Unión Europea y que no hay más remedio que
cumplir. Solo ha apoyado al PP el diputado de UPN, Carlos Salvador, y
los de la izquierda minoritaria ni siquiera han querido participar en la
votación y han abandonado el hemiciclo. De los 312 diputados que han
votado, 180 han apoyado los recortes, 131 en contra, y ha habido una
abstención
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha asumido la defensa del decreto, en ausencia durante el debate del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha querido ni estar en su escaño. No ha habido esta vez diputados del PP jaleando la intervención del Gobierno. Sí ha habido un amplio despliegue policial con altas vallas en el perímetro del Congreso y la alarma de una prima de riesgo que ha llegado a los 582, rozando el récord histórico, mientras se debatía el recorte.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado al Congreso de los Diputados poco antes de las dos de la tarde, cinco horas después de que arrancara el debate sobre el duro ajuste de su Ejecutivo.
Rajoy ha permanecido en su despacho de La Moncloa toda la mañana y solo se ha desplazado a la Cámara baja para votar el decreto que convalida el tijeretazo de 65.000 millones de euros. Según fuentes del Ejecutivo, ha mantenido una reunión con el presidente de Siemens.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afeado esta mañana la ausencia del presidente en una sesión plenaria de tanta trascendencia.
En las réplicas, balbuciente, el ministro ha perdido varias veces el
hilo y su discurso ha sido el del mal menor, el de aprobar estos
recortes que afectan a las prestaciones de desempleo, a la dependencia,
al salario de los funcionarios y a la subida del IVA, entre otros,
porque sería mucho peor para España, porque pondría en riesgo el futuro
en Europa.
También ha sido el discurso del dramatismo, reiterando el argumento que la víspera provocó una subida de la prima de riesgo: “No hay dinero en las arcas públicas”.
“Lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo porque lastra las posibilidades de que aumente el bienestar ciudadano”, ha asegurado. “Hay que prescindir de aquello de lo que podemos, no todo cabe en la oferta de servicios públicos”.
Ha sido el discurso de la confrontación al tachar de “demagogia fiscal”, “escándalo” y “retóricas de izquierdas” las propuestas sobre impuestos de la oposición, especialmente, el impuesto sobre grandes fortunas que le propuso Rubalcaba para los contribuyentes a los que el Gobierno les ha aplicado la amnistía fiscal.
“¿Lo va a decir usted que es el que ha dejado a España a los pies de los caballos de Europa?”, le ha preguntado Montoro al líder socialista, recreándose en la suerte de la mirada a la herencia recibida que, según ha explicado, justifica y hace imprescindibles estas medidas, por duras que sean.
Para mitigar los efectos políticos de esas medidas, ha anunciado una iniciativa contra los especuladores, de tal forma que se endurezca el tratamiento fiscal de las plusvalías, especialmente, de quienes en poco tiempo obtienen altos beneficios.
El ministro ha repetido palabras como “sacrificios” y “esfuerzos” dirigidos, especialmente, a los funcionarios para los que ha dirigido dos mensajes: el del trabajo para ampliar su jornada laboral y el eufemismo para encubrir le reducción de retribuciones.
“Lo que hacemos es pedirle al funcionario que trabaje más tiempo. No se puede decir que por trabajar más se deteriora el servicio”, les ha dicho a los empleados públicos.
Para amortiguar el efecto de la reducción salarial para los
funcionarios les ha dicho que “no hay una bajada de las retribuciones,
lo que hay es un retraimiento de la paga de diciembre que queda
postergada a su inclusión en el fondo de pensiones".
Cuatro horas de debate sobre un conjunto de medidas que, según le explicó el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, modifican totalmente los Presupuestos Generales del Estado de este año cuya tramitación llevó varios meses en el Congreso y el Senado. El líder socialista ha endurecido su discurso sobre el de la semana pasada para decirle al Gobierno: “Así no podemos seguir, porque estamos provocando desafección”. Hoy sí ha levantado el ánimo a sus diputados.
Ha afeado al Gobierno que evite el debate en el Congreso, mientras que se discute el plan de rescate a la banca española en otros parlamentos, especialmente en el de Alemania.
Su cara a cara con el ministro de Hacienda ha sido especialmente duro, con confrontación entre el tono del ministro plagado de reproches al pasado de Rubalcaba y el de dura crítica del líder socialista. Este ha exigido al Gobierno que se plante ante Europa porque, ha dicho, “estamos en un combate desigual”, con previsiones de déficit imposibles de cumplir y exigiendo sacrificios para nada. “Coja un avión a Bruselas y diga que los recortes son una barbaridad”, le ha dicho a Montoro.
Rubalcaba ha sido especialmente duro con la ausencia de debate, con el hecho de que el presidente no estuviera presente y con las formas de un decreto que modifica esos Presupuestos. “Tres meses después de aprobarse los Presupuestos todo está peor, no cuadraban las cifras y ahora se cambia todo”, le ha dicho.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha protagonizado hoy el duro debate en el Congreso sobre los recortes de su Gobierno. El tema era duro y el enfrentamiento dialéctico ha sido acorde. Estas han sido las frases más destacadas del ministro.
- "Lo que hoy traemos aquí hay que hacerlo. Hay que renunciar a lo que no es financiable ni posible, si queremos conseguir éxitos. Hay que explicarlo sin subterfugios. Lo que hacemos no responde a decisiones improvisadas. Estamos reestructurando el sector público".
- "Es el momento de decir las cosas claras: hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene para crecer".
- "Tenemos que decir que de una crisis como esta salimos trabajando más, todos. Tenemos que pedir más compromisos a los que tienen trabajo en la función pública".
- "La debilidad de nuestra economía es la deuda externa".
- "Hay que decir las cosas como son, hay que decir dónde esta nuestra debilidad".
- "Hay que reducir servicios públicos para crecer. Las decisiones se derivan de recomendaciones de la UE".
- "Lo que hacemos es pedirle al funcionario que trabaje más tiempo. No se puede decir que por trabajar más se deteriora el servicio”.
- "Actuamos por necesidad".
- "Si queremos ser Europa tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla".
- "No hay una bajada de las retribuciones, lo que hay es un retraimiento de la paga de diciembre que queda postergada a su inclusión en el fondo de pensiones".
“Este decreto es la certificación de seis meses de errores. Nunca
tantos habrán pagado por tantos errores”, ha reprochado el líder
socialista a Montoro.
Las medidas, según el socialista, supondrán “dos décimas más de recesión y 200.000 empleos perdidos”. Rubalcaba, mucho más concreto que hace una semana frente a Rajoy, ha hablado de “sectarismo político” del Gobierno, por ejemplo, al arremeter en la anterior legislatura contra la subida del IVA y, en cambio, proponer ahora una mayor.
Una por una, Rubalcaba ha criticado todas y cada una de las propuestas, incluyendo advertencias para el futuro como su rechazo a bajar las cuotas de la seguridad social y a reformar las pensiones.
El líder socialista ha cerrado con la reiteración de la oferta de pacto, pero exigiendo al Gobierno que trasmita a Europa que “con estas medidas no salimos de la crisis” y lamentando que “como los malos toreros, Rajoy ha gritado 'dejadme solo' y lo malo es que los errores del Gobierno lo pagan España y los españoles”.
“Una democracia es el Gobierno de la mayoría con respeto de la minoría”, ha sido toda la respuesta del ministro a esa oferta de pacto.
Rubalcaba le ha replicado con el compromiso de responsabilidad, descartando actuaciones como la de la frase que Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, atribuye a Montoro antes de las elecciones generales: “Dejad caer a España que ya la levantaremos nosotros”.
El ministro, balbuciente en varios momentos de la réplica, no ha negado haber pronunciado la frase. Se ha limitado a responder: “Están emperrados en una supuesta frase mía”; “yo estaba trabajando en una alternativa” y “si el señor Zapatero hubiera acortado esa legislatura nos hubiéramos ahorrado muchos sufrimientos y no hubiéramos llegado a este nivel de deterioro”.
El debate ha certificado también la brecha entre el Gobierno del PP y los partidos nacionalistas que, en algún momento, le han apoyado, especialmente de CiU. El portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez Llibre, ha reprochado a Montoro que no haya habido diálogo con el resto de partidos y lamentado medidas concretas como la subida del IVA, sin que vaya acompañada de incentivos para la economía.
Tanto él como Pedro Azpiazu (PNV) han asegurado que el impacto del decreto será muy negativo, acentuando la recesión.
Especialmente duros han sido los portavoces de Izquierda Plural y de UPyD, Joan Coscubiela y Rosa Díez, respectivamente. Ambos, desde sus respectivas posiciones, han arremetido contra el Gobierno por lo injusto de los recortes.
“Lo peor no son las medidas injustas, sino las mentiras, porque usted nos ha engañado y está insultando a los funcionarios”, ha dicho Díez, quien ha mantenido un agrio enfrentamiento con el ministro. La portavoz de UPyD ha asegurado que ha apreciado que Montoro tachaba de “vagos” a los funcionarios y, a instancias del ministro, se ha negado a retirar a frase.
Para Coscubiela, “es una ley portaaviones cargada de armas de destrucción masiva”.
En el Grupo Mixto, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha lamentado que se eliminen derechos; Carlos Salvador (UPN), pese a apoyar el decreto, ha asegurado: “Estamos a las puertas de un conflicto social muy grave”, como prueban las vallas que rodean el Congreso; Enrique Álvarez Sostres (FAC) ha lamentado las rectificaciones del Gobierno; Joan Baldoví (Compromis) ha llamado a la movilización contra los recortes; Francisco Jorquera (BNG) ha pedido que se convoquen elecciones o un referéndum sobre las medidas; Pedro Quevedo (Nueva Canarias) ha criticado que se liquiden los servicios públicos; Teresa Jordá (ERC) ha acusado al PP de engañar, mentir y “expoliar” a Cataluña y Sabino Cuadra (Amaiur) ha afirmado: “El Gobierno es una franquicia de Merkel y si fuéramos españoles, que no lo somos, estaríamos avergonzados”. A lo que ha agregado: “No se van a ir ustedes de rositas, se le va a helar la sonrisa”.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ha asumido la defensa del decreto, en ausencia durante el debate del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha querido ni estar en su escaño. No ha habido esta vez diputados del PP jaleando la intervención del Gobierno. Sí ha habido un amplio despliegue policial con altas vallas en el perímetro del Congreso y la alarma de una prima de riesgo que ha llegado a los 582, rozando el récord histórico, mientras se debatía el recorte.
Rajoy se ausenta del debate y solo acude para votar el decreto
CARLOS E. CUÉEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado al Congreso de los Diputados poco antes de las dos de la tarde, cinco horas después de que arrancara el debate sobre el duro ajuste de su Ejecutivo.
Rajoy ha permanecido en su despacho de La Moncloa toda la mañana y solo se ha desplazado a la Cámara baja para votar el decreto que convalida el tijeretazo de 65.000 millones de euros. Según fuentes del Ejecutivo, ha mantenido una reunión con el presidente de Siemens.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afeado esta mañana la ausencia del presidente en una sesión plenaria de tanta trascendencia.
También ha sido el discurso del dramatismo, reiterando el argumento que la víspera provocó una subida de la prima de riesgo: “No hay dinero en las arcas públicas”.
“Lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo porque lastra las posibilidades de que aumente el bienestar ciudadano”, ha asegurado. “Hay que prescindir de aquello de lo que podemos, no todo cabe en la oferta de servicios públicos”.
Ha sido el discurso de la confrontación al tachar de “demagogia fiscal”, “escándalo” y “retóricas de izquierdas” las propuestas sobre impuestos de la oposición, especialmente, el impuesto sobre grandes fortunas que le propuso Rubalcaba para los contribuyentes a los que el Gobierno les ha aplicado la amnistía fiscal.
“¿Lo va a decir usted que es el que ha dejado a España a los pies de los caballos de Europa?”, le ha preguntado Montoro al líder socialista, recreándose en la suerte de la mirada a la herencia recibida que, según ha explicado, justifica y hace imprescindibles estas medidas, por duras que sean.
Para mitigar los efectos políticos de esas medidas, ha anunciado una iniciativa contra los especuladores, de tal forma que se endurezca el tratamiento fiscal de las plusvalías, especialmente, de quienes en poco tiempo obtienen altos beneficios.
El ministro ha repetido palabras como “sacrificios” y “esfuerzos” dirigidos, especialmente, a los funcionarios para los que ha dirigido dos mensajes: el del trabajo para ampliar su jornada laboral y el eufemismo para encubrir le reducción de retribuciones.
“Lo que hacemos es pedirle al funcionario que trabaje más tiempo. No se puede decir que por trabajar más se deteriora el servicio”, les ha dicho a los empleados públicos.
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- El ajuste más duro de la democracia
Cuatro horas de debate sobre un conjunto de medidas que, según le explicó el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, modifican totalmente los Presupuestos Generales del Estado de este año cuya tramitación llevó varios meses en el Congreso y el Senado. El líder socialista ha endurecido su discurso sobre el de la semana pasada para decirle al Gobierno: “Así no podemos seguir, porque estamos provocando desafección”. Hoy sí ha levantado el ánimo a sus diputados.
Ha afeado al Gobierno que evite el debate en el Congreso, mientras que se discute el plan de rescate a la banca española en otros parlamentos, especialmente en el de Alemania.
Su cara a cara con el ministro de Hacienda ha sido especialmente duro, con confrontación entre el tono del ministro plagado de reproches al pasado de Rubalcaba y el de dura crítica del líder socialista. Este ha exigido al Gobierno que se plante ante Europa porque, ha dicho, “estamos en un combate desigual”, con previsiones de déficit imposibles de cumplir y exigiendo sacrificios para nada. “Coja un avión a Bruselas y diga que los recortes son una barbaridad”, le ha dicho a Montoro.
Rubalcaba ha sido especialmente duro con la ausencia de debate, con el hecho de que el presidente no estuviera presente y con las formas de un decreto que modifica esos Presupuestos. “Tres meses después de aprobarse los Presupuestos todo está peor, no cuadraban las cifras y ahora se cambia todo”, le ha dicho.
Del retraimiento en la paga a dejar las ideas en la orilla
RAÚL LIMÓNEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha protagonizado hoy el duro debate en el Congreso sobre los recortes de su Gobierno. El tema era duro y el enfrentamiento dialéctico ha sido acorde. Estas han sido las frases más destacadas del ministro.
- "Lo que hoy traemos aquí hay que hacerlo. Hay que renunciar a lo que no es financiable ni posible, si queremos conseguir éxitos. Hay que explicarlo sin subterfugios. Lo que hacemos no responde a decisiones improvisadas. Estamos reestructurando el sector público".
- "Es el momento de decir las cosas claras: hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene para crecer".
- "Tenemos que decir que de una crisis como esta salimos trabajando más, todos. Tenemos que pedir más compromisos a los que tienen trabajo en la función pública".
- "La debilidad de nuestra economía es la deuda externa".
- "Hay que decir las cosas como son, hay que decir dónde esta nuestra debilidad".
- "Hay que reducir servicios públicos para crecer. Las decisiones se derivan de recomendaciones de la UE".
- "Lo que hacemos es pedirle al funcionario que trabaje más tiempo. No se puede decir que por trabajar más se deteriora el servicio”.
- "Actuamos por necesidad".
- "Si queremos ser Europa tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla".
- "No hay una bajada de las retribuciones, lo que hay es un retraimiento de la paga de diciembre que queda postergada a su inclusión en el fondo de pensiones".
Las medidas, según el socialista, supondrán “dos décimas más de recesión y 200.000 empleos perdidos”. Rubalcaba, mucho más concreto que hace una semana frente a Rajoy, ha hablado de “sectarismo político” del Gobierno, por ejemplo, al arremeter en la anterior legislatura contra la subida del IVA y, en cambio, proponer ahora una mayor.
Una por una, Rubalcaba ha criticado todas y cada una de las propuestas, incluyendo advertencias para el futuro como su rechazo a bajar las cuotas de la seguridad social y a reformar las pensiones.
El líder socialista ha cerrado con la reiteración de la oferta de pacto, pero exigiendo al Gobierno que trasmita a Europa que “con estas medidas no salimos de la crisis” y lamentando que “como los malos toreros, Rajoy ha gritado 'dejadme solo' y lo malo es que los errores del Gobierno lo pagan España y los españoles”.
“Una democracia es el Gobierno de la mayoría con respeto de la minoría”, ha sido toda la respuesta del ministro a esa oferta de pacto.
Rubalcaba le ha replicado con el compromiso de responsabilidad, descartando actuaciones como la de la frase que Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, atribuye a Montoro antes de las elecciones generales: “Dejad caer a España que ya la levantaremos nosotros”.
El ministro, balbuciente en varios momentos de la réplica, no ha negado haber pronunciado la frase. Se ha limitado a responder: “Están emperrados en una supuesta frase mía”; “yo estaba trabajando en una alternativa” y “si el señor Zapatero hubiera acortado esa legislatura nos hubiéramos ahorrado muchos sufrimientos y no hubiéramos llegado a este nivel de deterioro”.
El debate ha certificado también la brecha entre el Gobierno del PP y los partidos nacionalistas que, en algún momento, le han apoyado, especialmente de CiU. El portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez Llibre, ha reprochado a Montoro que no haya habido diálogo con el resto de partidos y lamentado medidas concretas como la subida del IVA, sin que vaya acompañada de incentivos para la economía.
Tanto él como Pedro Azpiazu (PNV) han asegurado que el impacto del decreto será muy negativo, acentuando la recesión.
Especialmente duros han sido los portavoces de Izquierda Plural y de UPyD, Joan Coscubiela y Rosa Díez, respectivamente. Ambos, desde sus respectivas posiciones, han arremetido contra el Gobierno por lo injusto de los recortes.
“Lo peor no son las medidas injustas, sino las mentiras, porque usted nos ha engañado y está insultando a los funcionarios”, ha dicho Díez, quien ha mantenido un agrio enfrentamiento con el ministro. La portavoz de UPyD ha asegurado que ha apreciado que Montoro tachaba de “vagos” a los funcionarios y, a instancias del ministro, se ha negado a retirar a frase.
Para Coscubiela, “es una ley portaaviones cargada de armas de destrucción masiva”.
En el Grupo Mixto, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha lamentado que se eliminen derechos; Carlos Salvador (UPN), pese a apoyar el decreto, ha asegurado: “Estamos a las puertas de un conflicto social muy grave”, como prueban las vallas que rodean el Congreso; Enrique Álvarez Sostres (FAC) ha lamentado las rectificaciones del Gobierno; Joan Baldoví (Compromis) ha llamado a la movilización contra los recortes; Francisco Jorquera (BNG) ha pedido que se convoquen elecciones o un referéndum sobre las medidas; Pedro Quevedo (Nueva Canarias) ha criticado que se liquiden los servicios públicos; Teresa Jordá (ERC) ha acusado al PP de engañar, mentir y “expoliar” a Cataluña y Sabino Cuadra (Amaiur) ha afirmado: “El Gobierno es una franquicia de Merkel y si fuéramos españoles, que no lo somos, estaríamos avergonzados”. A lo que ha agregado: “No se van a ir ustedes de rositas, se le va a helar la sonrisa”.
EL TIJERETAZO DEL GOBIERNO »
El PP aprueba el gran recorte con el rechazo de todos los partidos
- La prima de riesgo ha rozado máximos mientras se debatían las medidas del tijeretazo de 65.000 millones de euros
- El presidente del Gobierno se ausenta del debate y solo acude a la votación de las medidas
- Montoro insiste en que no hay dinero en las arcas para pagar los servicios públicos y que hay "un retraimiento de la paga" extra
Cristobal Montoro, hoy en el Congreso. / ÁLVARO GARCÍA
Fernando Garea El País
Madrid
2131
La Cámara convalida el decreto exclusivamente con los votos populares
y el de UPN. El ministro de Hacienda niega que se rebaje el sueldo a
los funcionarios: "Hay un retraimiento de la paga". Mientras el
Ejecutivo defendía sus medidas, la prima de riesgo ha llegado a los 580
puntos, rozando el máximo histórico
La presión en los mercados sube por las dudas sobre España
El Tesoro ha pagado el interés más alto desde 1995. Alemania vota hoy el rescate europeo a EspañaLos sindicatos se preparan para las concentraciones hoy en toda España
Fernández Toxo y Méndez creen que las movilizaciones de esta tarde serán "multitudinarias" y exigen un referéndum
protestas contra los recortesSabotaje a 97 furgones policiales en Madrid - El ministro del Interior defiende el blindaje del Congreso
Montoro: "No hay dinero en las arcas para pagar servicios públicos"
El ministro de Hacienda asume que las "recomendaciones" expresadas por la Unión Europea son auténticas "obligaciones" para el Gobierno. "Hay que renunciar a lo que no es financiable ni posible", recalca
JUANMA ROMERO (@JuanmaRomero) El País Madrid 19/07/2012 09:05 Actualizado: 19/07/2012 12:15Noticias relacionadas
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Montoro salva la extra de Navidad del 0,57% de los funcionarios
Sobran servicios públicos porque no se pueden pagar. Así que hay que echar mano de la motosierra. Sobre esa base justificó esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su defensa del real decreto ley de medidas de ajuste que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado –que anunció traumáticamente Mariano Rajoy dos días antes– y que este jueves convalidará el Congreso. "Hay que renunciar a lo que no es financiable, a lo que no es posible, y hay que explicarlo con claridad, sin subterfugios.
Lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo, porque lastra la vida
de los ciudadanos. Nos conviene hacerlo, nos conviene renunciar si
queremos éxitos. Hay que reducir servicios públicos porque nos conviene para crecer". Lo dijo de forma aún más rotunda y desnuda, ahondando en lo que avanzó ayer: "No hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos".
El Gobierno siguió con sus acometidas a los funcionarios. Este miércoles, el ministro les dijo que corría peligro el pago de sus nóminas.
Hoy les dijo que no se "deteriora" el servicio público por hacerles
trabajar más horas, les advirtió de que su estabilidad en el empleo no
es en modo alguno un "seguro de vida laboral", y que no se les rebaja su
nómina, sino que se ha aprobado un "retraimiento de su paga"
extra de diciembre, "que queda postergada a la inclusión en el fondo
de pensiones a partir de 2015 de acuerdo con necesidades
presupuestarias". Que lo que se hace, en fin, es "asimilar" sus
condiciones a las de la empresa privada. Todo tras una semana de
protestas continuas y que esta tarde vivirán un momento cumbre con las manifestaciones contra los recortes convocadas en todo el país por los sindicatos. "No son decisiones caprichosas. Estamos reestructurando la economía, estamos reestructurando el sector público",
sostuvo el ministro, porque financiar los servicios públicos "con
déficit y deuda" es llevar al país "al fracaso y al desencanto".
"Actuamos por necesidad, ella es la que marca el camino", afirma
Montoro,
durante su primera intervención en el Congreso, insistió muchísimo en
que "es momento de decir las cosas claras", de hacer pedagogía, pese a
que en todo este tiempo el Ejecutivo ha escondido la letra pequeña de
sus ajustes, parte de la cual hubo que descubrirla en el BOE publicado el pasado sábado. Sí reconoció, con meridiana claridad, que si el Gobierno ha dado vía libre al ajustazo, es por las "recomendaciones, que son obligaciones" de la UE. Es decir, que el Gabinete de Mariano Rajoy, como ya dijo el presidente a la Cámara, no tiene "libertad" para elegir y que actúa por orden estricta de sus socios europeos.
"Tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla"
El ministro disfraza la rebaja a los funcionarios: es un "retraimiento de su paga" de Navidad
Claro
que señalar a Europa también tenía una derivada: el Gobierno quiere que
se eche la culpa a la UE, intentando hacer ver que el tijeretazo está
vacío de ideología. "Actuamos por necesidad,
la necesidad es la que marca el camino, la que hace que parte de
nuestras ideas queden a la orilla del camino". Por ello, reclamó mucho
"realismo" a los grupos –aparte de apoyo, pero ninguno se lo dará al
PP–. "Si queremos ser Europa, construir más Europa, tenemos que dejar
parte de nuestras ideas en la orilla para hacer de la necesidad virtud".
Montoro incluso aludió a la célebre sentencia de José Ortega y Gasset
de que "España es el problema y Europa la solución". Se puede
parafrasear hoy, dijo, de forma más "lisa y llana": "Los problemas de España se resuelven en Europa porque España es Europa, y Europa no será entendida nunca sin España".
Por
lo demás, el ministro glosó las razones de cada una de las grandes
medidas contenidas en el real decreto ley, necesarias, señaló, para
fomentar el crecimiento y reanimar el empleo frente a la "herencia"
recibida de los socialistas. Subrayó con especial dramatismo la caída de
los ingresos: 70.000 millones menos desde 2007 a 2012, una "catástrofe recaudatoria".
Corrección de las plusvalías "para luchar contra la especulación"
El Ejecutivo se muestra impermeable a otras alternativas, aferrado como está a que no hay más camino que sus recortes. Montoro,
en su réplica a Alfredo Pérez Rubalcaba –con ello el PSOE quiso
significar la importancia del debate–, le desautorizó una de sus
propuestas: un impuesto a las grandes fortunas. "Eso es demagogia
tributaria, demagogia fiscal", porque las grandes rentas "ya están
gravadas". El titular de Hacienda se apoyó en que Europa pide asentar
los ingresos más en los impuestos indirectos (y con mayor potencial
recaudatorio, como el IVA) y menos en las rentas del trabajo. "España tiene una recaudación del 35% del PIB, el nivel más bajo del mundo desarrollado, siete puntos menos que en 2007. ¿No tiene responsablidad el Gobierno anterior del fraude fiscal?".
El Gobierno se escuda en la baja recaudación para aumentar el IVA
Más
reproches a Rubalcaba: que el PSOE no se "comprometa" con Europa,
haciendo un "flaco servicio a España". Y para sacar pecho frente a los
socialistas, Montoro prometió llevar a la Cámara la "corrección del sistema de plusvalías para luchar contra la especulación",
que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en su
reforma tributaria de 2006, para que ahora el tratamiento fiscal de las
mismas sea "equiparable" al de otros países de la Unión Europea.
Al final de réplicas y contrarréplicas, el responsable de Hacienda reclamó a Rubalcaba que "reconsidere" su voto en contra. "Saben por qué lo hacemos, y saben que la alternativa sería peor. No debemos fallar a los españoles".
Los socialistas endurecen su posición contra los recortes
Valenciano asegura que su partido dará “un no como una casa” a la convalidación del decreto
Elena Valenciano. E / EFE
El PSOE endureció este lunes notablemente su discurso contra los recortes aprobados por el Gobierno. La número dos de los socialistas, Elena Valenciano,
le puso voz a la posición del partido, tras la ejecutiva, con varios
tonos más de dureza con respecto al mantenido en los días anteriores.
La dirección del PSOE analizó el decreto publicado el sábado y el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, les expuso su posición, para llegar a la conclusión de que es inasumible. Según la expresión de Valenciano, “tendrá un no como una casa” del PSOE en el debate de convalidación.
Además del contenido, que según los socialistas es inasumible, critican también que el Gobierno haya incluido recortes en el BOE de los que no habló Rajoy en el Congreso, ni la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros.
También que el Gobierno no haya contestado siquiera a la oferta de pacto que Rubalcaba le hizo en el pleno del pasado miércoles. Valenciano puso de manifiesto el hecho de que el Ejecutivo no mantenga relaciones ni con sindicatos ni asociaciones. “Pero no quieren. Han decidido hacerlo solos aunque lo hagan mal”, aseguró la vicesecretaria socialista. Por eso, anunció que el PSOE mantendrá en los próximos días reuniones con asociaciones y grupos sociales afectados por el recorte. Según dijo, se trata de tejer una red en contra de las medidas del Gobierno. Valenciano minimizó la manifestación que se produjo el viernes por la noche ante la sede central socialista, en la calle de Ferraz. El interés de la dirección socialista es el de explicar que no son lo mismo que el PP y que los ciudadanos diferencien entre ambos partidos.
Además, aseguró que los socialistas respaldarán todas las protestas que se convoquen contra las medidas del Ejecutivo y apoyarán las movilizaciones que promuevan los sindicatos. Rubalcaba presidió luego una reunión de consejeros de economía socialistas dirigentes provinciales, en la que denunció que Rajoy impone a las comunidades un ajuste superior en el 40% al que realiza su propio Gobierno.
La dirección del PSOE analizó el decreto publicado el sábado y el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, les expuso su posición, para llegar a la conclusión de que es inasumible. Según la expresión de Valenciano, “tendrá un no como una casa” del PSOE en el debate de convalidación.
Además del contenido, que según los socialistas es inasumible, critican también que el Gobierno haya incluido recortes en el BOE de los que no habló Rajoy en el Congreso, ni la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros.
También que el Gobierno no haya contestado siquiera a la oferta de pacto que Rubalcaba le hizo en el pleno del pasado miércoles. Valenciano puso de manifiesto el hecho de que el Ejecutivo no mantenga relaciones ni con sindicatos ni asociaciones. “Pero no quieren. Han decidido hacerlo solos aunque lo hagan mal”, aseguró la vicesecretaria socialista. Por eso, anunció que el PSOE mantendrá en los próximos días reuniones con asociaciones y grupos sociales afectados por el recorte. Según dijo, se trata de tejer una red en contra de las medidas del Gobierno. Valenciano minimizó la manifestación que se produjo el viernes por la noche ante la sede central socialista, en la calle de Ferraz. El interés de la dirección socialista es el de explicar que no son lo mismo que el PP y que los ciudadanos diferencien entre ambos partidos.
Además, aseguró que los socialistas respaldarán todas las protestas que se convoquen contra las medidas del Ejecutivo y apoyarán las movilizaciones que promuevan los sindicatos. Rubalcaba presidió luego una reunión de consejeros de economía socialistas dirigentes provinciales, en la que denunció que Rajoy impone a las comunidades un ajuste superior en el 40% al que realiza su propio Gobierno.
Los documentos del rescate que el Gobierno ha ocultado a España
Holanda, Alemania y Finlandia votan el rescate español, pero España ni lo debate
Los parlamentos de esos países han difundido los documentos de la operación
El Gobierno español ha pedido el rescate con fondos europeos para
recapitalizar la banca. Es una operación que ha puesto a España bajo
todos los focos internacionales. Supone pedir una ayuda de hasta 100.000 millones de euros
que pasarán a engrosar la deuda pública. Y, sin embargo, el Parlamento
español ni ha debatido ni se ha pronunciado sobre el rescate, del que el
Gobierno apenas ha dado cuenta al Congreso, más allá de alguna alusión
de pasada en el debate de los recortes que protagonizó Mariano Rajoy o de alguna pregunta parlamentaria en las sesiones de control del Gobierno.
El contraste es más brutal porque son los Parlamentos de otros países
europeos lo que sí están debatiendo y votando un rescate que afecta
principalmente a España. El Parlamento holandés, el Bundestag alemán y el Parlamento finlandés han votado las condiciones por las que se regirá el sistema financiero español, mientras el Parlamento español lo ignoraba.
Más aún, para que los diputados de esos países pudieran formarse
criterio y votar en consecuencia, los Gobiernos de sus países han puesto
a su disposición una retahíla de documentos sobre el rescate español
que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido ocultos. Gracias a esos
documentos hemos sabido qué previsión desembolsos había, qué
posibilidades de uso de los fondos se abrían o qué opinaba la Unión
Europea sobre nuestra capacidad para devolver el dinero del rescate.
¿Cuáles son los documentos del rescate español?
- Entre los documentos del rescate español, el más importante es el llamado Memorando de Entendimiento. Es el que deja claro cuáles son las 32 condiciones sobre el sector financiero que ha de cumplir el Gobierno español y en qué plazos para recibir el dinero del rescate. Además, es el que deja claro que España debe cumplir plenamente las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la política económica, como la subida del IVA o la supresión de la deducción por compa de vivienda, obedecidas ya por el Gobierno. El memorando de entendimiento fue conocido internacionalmente cuando lo desveló EL PAÍS en su página web el pasado día 10 de julio. Sin embargo, pese a que en ese momento se convirtió en un documento de dominio público, el Gobierno español sigue sin difundirlo oficialmente y fue el Gobierno holandés el que lo publicó en su página web días después.
- Junto a ese documento, el Gobierno holandés también facilitó el análisis sobre la idoneidad de España para recibir el rescate. ese documento tiene una conclusión inquietante. Señala que "España parece tener capacidad suficiente para devolver el préstamo basándose en el supuesto de que los costes de financiación caigan desde los altos niveles actuales". Algo que, interpretado en sentido contrario, pone en duda la sostenibilidad de la deuda española a los tipos actuales. El documento, cómo no, está disponible en la página web del Gobierno holandés. España no lo ha hecho público.
- El Gobierno holandés divulgó incluso un documento supuestamente "confidencial" del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con la propuesta de dicho fondo de rescate de un mecanismo para facilitar el rescate de España para recapitalizar la banca. Gracias a la difusión de ese documento se conoció que se estimaba que el banco malo dispondría de 25.000 millones de euros, que habría desembolsos en cuatro tramos y cuánto se calculaba para cada uno de esos tramos, información toda ella que el Gobierno español tampoco facilitó a la opinión pública.
- Fue el Gobierno finlandés, a través de su ministra de Finanzas, Jutta Urpilainen, y no el español, el que anunció que España y Finlandia habían llegado a un acuerdo por el que España daba a Finlandia, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, una garantía de 770 millones sobre la devolución del rescate. En este caso, hay que decir, que la diferencia fue cuestión de horas y que el Ministerio de Economía y Competitividad también facilitó información detallada al respecto.
- El último documento del que la opinión pública española se ha enterado gracias a la publicación por parte de instituciones de otros países es aquel del que hoy da cuenta EL PAÍS, puesto a disposición de los diputados alemanes por parte del Bundestag. Es un documento clave del rescate, el segundo en importancia tras el memorando de entendimiento. Se trata del Acuerdo Marco para el Mecanismo de Asistencia Financiera, es decir, el contrato entre España y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, e incluye importantes novedades. La principal es que las cláusulas de ese contrato con el fondo de rescate contemplan que, con un procedimiento simplificado, España pueda solicitar que el dinero del rescate que sobre de la recapitalización de la banca, se utilice para la compra de deuda pública tanto en el mercado primario (nuevas emisiones) como en el secundario. Además, los parlamentarios alemanes han tenido también acceso al memorando de entendimiento y a otros documentos del rescate español de los que siguen sin disponer (salvo por los medios de comunicación) los diputados españoles.
El FMI prevé que España prolongue la recesión a 2013 con una caída del 0,6%
El FMI cree que España e Italia son las principales amenazas para la economía mundial
La economía española será la que más retroceda de las grandes el año próximo
Las medidas de ajuste tendrán un impacto a la baja en el PIB, sobre todo en 2013
Fuente: FMI
La economía española no encuentra reposo. Ni el rescate para sanear
el sector financiero ni el mayor plan de ajuste de la democracia han
conseguido convencer a los inversores, como ha demostrado el
comportamiento ascendente de la prima de riesgo (560 puntos) y la caída
del 2% del Ibex. Como remate, uno de los pocos organismos que hasta
ahora tenía una previsión positiva, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), rectifica. Prevé que la economía española retroceda en 2013 un
0,6%, frente al mínimo crecimiento del 0,1% con que contaba antes. Este
desplome es el mayor de las grandes economías y de signo contrario al
crecimiento calculado para la UE (1%). El organismo considera que España
e Italia son las principales amenazas para la economía mundial e insta
al BCE a comprar deuda.
Con ese retroceso del 0,6% previsto para el próximo año, la economía española será la que tenga el año próximo la peor evolución
de todo el mundo entre los grandes países. Solo Italia le acompañará en
el terreno negativo, aunque con un retroceso la mitad de intenso
(-0,3%). Para este 2012, el FMI cree que la economía española caerá este
año algo menos de lo que preveía, un 1,5%, en lugar del 1,8% que había
dicho hasta ahora. Su previsión para este año es, de ese modo, mejor que
el 1,7% de caída que preveía el Gobierno. Hay, eso sí, un importante
matiz: el Fondo no toma en cuenta en sus cálculos el efecto recesivo de
las nuevas medidas de ajuste
aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy como la subida del IVA, la
supresión de la paga extra de los funcionarios y el recorte adicional de
inversiones y gasto público.
En opinión de Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, se han
adoptado "pasos importantes, pero solo tendrán éxito si pueden
financiarse a un tipo de interés razonable". En este punto, el organismo estima que tanto España como Italia pagan un sobreprecio de 200 puntos básicos por culpa de las tensiones que pesan sobre los mercados de deuda.
Es ahí, ante la evidencia de que la presión de los mercados sobre
algunos países (España o Italia, sobre todo), donde el FMI reclama al
BCE, presidido por Mario Draghi, que de un paso adelante, y le pide medidas "no convencionales", como la compra de bonos de países periféricos.
Sobre el impacto que tendrán
las medidas de ajuste en el PIB, los técnicos del organismo que dirige
Christine Lagarde han reconocido que las subidas de impuestos y recortes
aprobados "rebajarán ligeramente la proyección de crecimiento". De
momento, además, consideran que se notarán más en 2013. El Fondo, han
añadido, está analizando las medidas y está en consultas con el Gobierno
español con vistas a una nueva revisión cuyo resultado se conocerá a
final de mes. En cualquier caso, han negado que vayan a afectar al
conjunto de la economía internacional o a la de la eurozona.
De hecho, sin esperar a esa revisión, donde empeoran las previsiones
de verdad es para el año que viene. El FMI se había quedado al margen de
la idea general de que la economía decrecería ese año y tenía un
previsión de crecimiento del 0,1%, un optimismo en el que prácticamente
solo le acompañaba el Gobierno, con su previsión oficial del 0,2%. La
mayoría de los servicios de estudios españoles y extranjeros y la propia Comisión Europea
contaban con un año más de retroceso. El FMI rectifica y se suma a ese
consenso generalizado. Ahora prevé que la economía se contraiga un 0,6%.
En cuanto al perfil de evolución, la economía estará cayendo a un
ritmo anual del 2,3% a finales de este año, según el informe del Fondo
Monetario Internacional. El punto más bajo se tocará previsiblemente
entre finales de este año y comienzos del próximo, en el que se iniciará
una gradual recuperación. Así, aunque para el año que viene se prevé
una caída media anual del 0,6%, la economía estaría ya creciendo a un
ritmo interanual del 0,6% en el cuarto trimestre del año que viene.
El déficit estaba descontrolado
Las previsiones del Fondo sobre el déficit público español han
perdido buena parte de su valor desde el momento en que no incorporan el
último plan de ajuste aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero
ayudan en parte a explicar dicho ajuste más allá de las imposiciones
europeas. Según el FMI, el déficit iba camino de situarse en el 7% del
producto interior bruto (PIB) cuando el objetivo era del 5,3%
Ahora, la Unión Europea ha permitido a España un punto extra de déficit
para este año y el Gobierno de Rajoy ha aprobado medidas con un impacto
estimado para este año de 13.500 millones (en torno a 1,3 puntos del
PIB), con lo que el objetivo estaría al alcance.
Para 2013, la previsión de déficit era del 5,9%, pero el Gobierno
cuantifica las medidas aprobadas para ese año en 22.860 millones (casi
2,2 puntos del PIB), con lo que de cumplirse sus previsiones también
estaría a su alcance.
En cuanto a la deuda pública, el FMI prevé que suba al 90,3% este año
y al 96,5% el próximo, pero con dos grandes salvedades: una, no se
toman en cuenta las nuevas medidas, y dos, se computa todo el rescate
bancario como deuda por su importe máximo, de 100.000 millones. Pero las
perspectivas para la deuda pública española no son buenas. El FMI no ve
dónde está el techo, algo que solo ocurre para España y Japón.
Desde la cueva: los vampiros van por más...
Lagarde considera que el rescate bancario no ha devuelto la confianza
El Fondo resalta la salida de capitales de España e Italia
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde. / EFE
Las medidas para estabilizar el sistema financiero español no han
restaurado la confianza del mercado, según subraya el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Esa es la conclusión, por otro lado bastante
evidente, del organismo que dirige Christine Lagarde sobre el efecto que
ha tenido en los mercados la petición por parte de España del rescate europeo para sanear su sector financiero.
El FMI señala que la preocupación por las necesidades de
recapitalización del sistema bancario español se han traducido en
fuertes caídas en el mercado de renta variable.
Además, los costes de financiación mayoristas también se han disparado
hasta máximos tanto para las cédulas hipotecarias como para la deuda no
garantizada.
El organismo constata que para los inversores sirvió de poco consuelo
la solicitud de España del pasado 19 de junio de rescate para sus
sistema financiero. A su juicio, si bien la solicitud de la ayuda
externa proporcionaba un respaldo apropiado para la reestructuración de
segmentos del sector financiero, la respuesta adversa inicial del
mercado "refleja la falta de un programa integral para reestructurar el
sistema bancario y la falta de detalles sobre el préstamo", dice el
informe de estabilidad financiera del organismo publicado este lunes.
El informe también indica que algunos participantes del mercado
también expresaron su preocupación de que el apoyo, en forma de un
préstamo al Estado, podría representar una deuda privilegiada con
respecto a la de los titulares actuales de la deuda pública española.
Según el Fondo, la decisión de la cumbre de la UE de finales de junio
de que el apoyo financiero podría adoptar en un futuro la forma de
recapitalización directa de los bancos y de que no goce de la condición
de acreedor privilegiado ayudaron a disipar algunas de estas
preocupaciones.
Salida de capitales
El FMI también refleja en su informe de estabilidad financiera
que la fuga de capitales de España e Italia han erosionado la base de
inversores extranjeros en ambos países, como han venido reflejando los
datos del Tesoro sobre tenencias de deuda y los de la balanza de pagos
que publica el Banco de España. Esa salida de capitales ha convertido a
la banca española cada vez en más dependiente del Banco Central Europeo.
El informe del FMI también indica que se ha abierto una brecha en la
evolución del crédito en los países del euro. Se ha contraído en Grecia,
España, Portugal e Irlanda, mientras que se ha mantenido más estable en
algunos de los países centrales.
"El desapalancamiento es también una preocupación para muchas
empresas periféricas", añade el Fondo, "debido a su dependencia
histórica de la financiación bancaria y el riesgo de que rebajas de
crédito y la disminución del apetito de los inversores podría conducir a
los costos de endeudamiento más alto, incluso para los emisores de alta
calidad crediticia".
Los sindicatos exigen al Gobierno un referéndum sobre los recortes
Fernández Toxo y Méndez creen que las movilizaciones de esta tarde serán "multitudinarias"
Hay concentraciones convocadas en más de 80 ciudades
Candido Méndez (i), de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de CC OO. / Álvaro García
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez,
respectivamente, han pedido al Gobierno un referéndum sobre sus
recortes para que la población exprese si está de acuerdo con ellos. Los
dos sindicatos han convocado para esta tarde manifestaciones y concentraciones
en más de 80 ciudades españolas, a las que también se han sumado otras
asociaciones. En Madrid, la movilización comenzará a las 20.30 en la
plaza de Neptuno y llegará hasta la Puerta del Sol.
Méndez y Toxo creen que la participación ciudadana en las movilizaciones será “multitudinaria”. Así lo han manifestado en una entrevista concedida a la Cadena SER. A esta protesta le seguirán nuevas acciones a las que los sindicatos quieren sumar a todos los colectivos, incluidos parados y pensionistas. Méndez ha asegurado que, dadas las circunstancias, están obligados a contemplar la posibilidad de una huelga general.
Méndez ha afirmado que se contemplan todas las opciones: "No hay ningún referente de la magnitud del atropello que el Gobierno está haciendo. Estamos en una agresión multidireccional. Esto afecta al 99,99% de la población. Por eso pensamos que hay que tomar iniciativas inclusivas".
Según ha informado el PSOE en un comunicado, además de Gutiérrez asistirán a la protesta en Madrid las portavoces de la Función Pública y de Empleo en el Congreso de los Diputados, Meritxel Batet y Concha Gutiérrez, respectivamente, así como otros diputados y senadores.
Esta mañana, los sindicatos con participaciòn en la función pública, entre ellos CC OO, UGT y CSI-F, participan en una reunión para adoptar medidas conjuntas frente a los ajustes acordados por el Gobierno.
Además de las manifestaciones convocadas para esta tarde, Méndez ha apuntado que a lo largo del día probablemente también habrá concentraciones espontáneas. CC OO y UGT han reclamado a la ciudadanía que "mire a su alrededor" y se movilice en contra de las nuevas medidas del Ejecutivo.
“La sociedad española percibe que la política del Gobierno es suicida en términos económicos porque va a provocar una mayor depresión de la actividad económica y un fuerte aumento del desempleo”, ha dicho Fernández Toxo, a lo que Méndez ha añadido que hay un “clamor popular” contra los ajustes porque llevarán al país a la “ruina”.
Ambos dirigentes sindicales han insistido en que el Gobierno debe convocar un referéndum porque, según Fernández Toxo, está gobernando en "fraude democrático", ya que concurrió a las elecciones con un programa que está en las "antípodas" de lo que está aplicando, ha apuntado Méndez. En su opinión, deberían hacer al pueblo una pregunta "clara" para que pueda opinar sobre lo que está aconteciendo, y han apuntado que si el Ejecutivo no lo hace, los sindicatos procurarán crear las condiciones para que la ciudadanía se pueda posicionar.
Esta tarde, Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, se reúne con representanes de más de 40 organizaciones de mujeres para abordar las repercusiones en estos colectivos de los últimos recortse aprobados por el Gobierno.
Méndez y Toxo creen que la participación ciudadana en las movilizaciones será “multitudinaria”. Así lo han manifestado en una entrevista concedida a la Cadena SER. A esta protesta le seguirán nuevas acciones a las que los sindicatos quieren sumar a todos los colectivos, incluidos parados y pensionistas. Méndez ha asegurado que, dadas las circunstancias, están obligados a contemplar la posibilidad de una huelga general.
Méndez ha afirmado que se contemplan todas las opciones: "No hay ningún referente de la magnitud del atropello que el Gobierno está haciendo. Estamos en una agresión multidireccional. Esto afecta al 99,99% de la población. Por eso pensamos que hay que tomar iniciativas inclusivas".
El PSOE envía una delegación de perfil bajo a la marcha en Madrid
El PSOE se sumará esta tarde a las manifestaciones convocadas por CC OO y UGT contra los últimos recortes aprobados por el Gobierno, entre ellas la de Madrid, a la que acudirá una delegación encabezada por el eurodiputado y vocal en la Ejecutiva Sergio Gutiérrez.Según ha informado el PSOE en un comunicado, además de Gutiérrez asistirán a la protesta en Madrid las portavoces de la Función Pública y de Empleo en el Congreso de los Diputados, Meritxel Batet y Concha Gutiérrez, respectivamente, así como otros diputados y senadores.
Además de las manifestaciones convocadas para esta tarde, Méndez ha apuntado que a lo largo del día probablemente también habrá concentraciones espontáneas. CC OO y UGT han reclamado a la ciudadanía que "mire a su alrededor" y se movilice en contra de las nuevas medidas del Ejecutivo.
“La sociedad española percibe que la política del Gobierno es suicida en términos económicos porque va a provocar una mayor depresión de la actividad económica y un fuerte aumento del desempleo”, ha dicho Fernández Toxo, a lo que Méndez ha añadido que hay un “clamor popular” contra los ajustes porque llevarán al país a la “ruina”.
Ambos dirigentes sindicales han insistido en que el Gobierno debe convocar un referéndum porque, según Fernández Toxo, está gobernando en "fraude democrático", ya que concurrió a las elecciones con un programa que está en las "antípodas" de lo que está aplicando, ha apuntado Méndez. En su opinión, deberían hacer al pueblo una pregunta "clara" para que pueda opinar sobre lo que está aconteciendo, y han apuntado que si el Ejecutivo no lo hace, los sindicatos procurarán crear las condiciones para que la ciudadanía se pueda posicionar.
Esta tarde, Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, se reúne con representanes de más de 40 organizaciones de mujeres para abordar las repercusiones en estos colectivos de los últimos recortse aprobados por el Gobierno.
María Tardón
Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de
Madrid que trata de asuntos relacionados con la violencia de género.
No equivocarse de enemigo
Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.
Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero,
aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos
hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más
remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de
tanta injusticia.
Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad
en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino
una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la
neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos
frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.
Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está
abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos
principios de igualdad de participación, y selección por mérito y
capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso
correspondan.
Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha
obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la
piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y
la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a
vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de
Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien
premeditada.
Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones,
especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que
menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los
sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral
de los funcionarios públicos.
Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se
indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un
clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de
coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y
sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.
Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.
Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el
reproche general hacia quienes así se expresan, desde la
responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de
establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el
contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto
enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos
colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando
víctimas, perjudicados por tales decisiones.
Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño
ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la
visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-
Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son
esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas
posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes,
con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías,
guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de
Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base
de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada
vez mayores.
¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que
quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y
constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de
jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según
las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de
asuntos resueltos.
No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de
gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar
descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar
el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la
sociedad.
Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus
retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a
comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus
familias.
Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada
uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países
de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles
del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único
que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España
como Nación.
Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el
dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.
Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que
ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra
cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los
numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría
pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes
de que acabe con todo un sistema que no da para más.
Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas,
a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función
pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos
estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites
tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores,
consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien
llevarse consigo.
También las miles de empresas públicas sin más función que la de
sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el
control, la transparencia y la regularidad de toda actuación
administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a
dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de
los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.
Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que
nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del
derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo
hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.
Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno
de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas,
ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos
deteriorando cada día un poco más.
De las distintas quejas que un informativo recogía de los
funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la
atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en
veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...
Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas. No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.
¡ No pasarán ! : ¡ Solo el pueblo salva al pueblo !
Inédita unidad sindical y social ante los recortes de Rajoy
Más de veinte organizaciones y colectivos respaldan las manifestaciones de esta tarde. La indignación contra las duras medidas del Gobierno recorrerá las calles de más de ochenta ciudades de todo el país
ELENA HERRERA Madrid 18/07/2012 20:16 Actualizado: 19/07/2012 08:59 Público
Imagen de la primera gran manifestación en Madrid contra la reforma laboral, el 19 de febrero de 2012.EFE
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El mayor hachazo al Estado del bienestar anunciado hace hoy ocho días por el presidente del Gobierno y ampliado después en el Boletín Oficial del Estado tendrá una respuesta unitaria en la calle. Más
de veinte organizaciones sociales y sindicales, incluido el Movimiento
15-M, respaldan esta tarde la convocatoria de manifestaciones acordada
por las principales centrales, CCOO y UGT, horas después de que Mariano
Rajoy desplegara en el Congreso su nuevo paquete de recortes. Las movilizaciones tendrán lugar en más de ochenta pueblos y ciudades de todo el país.
De manera inédita, aseguran fuentes sindicales, los logos de los principales sindicatos de clase lucirán en la cabecera de la marcha de Madrid junto a organizaciones sectoriales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Actores o la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT). También estarán representados en esa pancarta la Confederación Europea de Sindicatos (CES) o el CSI-F, organización que tiene altas cotas de afiliación en la función pública, uno de los colectivos más afectados por las medidas del Gobierno del PP.
La Plataforma Social en defensa del Estado del bienestar y los Servicios Públicos también tendrá su hueco en la cabecera. Desde este colectivo, integrado por más de 55 sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, se anima a plantar cara en la calle a unas medidas que, según sus integrantes, el Gobierno ha adoptado para volver a "eximir" de responsabilidades y compromisos al sector financiero, empresarial y a las rentas más altas. Todo ello, continúan, mientras se "carga" contra los parados, los pensionistas, los dependientes, los enfermos, los empleados públicos y la ciudadanía en general.
Se da la circunstancia además que, poco antes que eche a andar la manifestación de Madrid, está previsto que la mayoría conservadora en el Congreso refrende el real decreto que incluye las duras medidas con las que el Gobierno pretende reducir el déficit público. Entre ellas, la subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios, o la reducción de la prestación por desempleo.
La crudeza de estos recortes, insisten los convocantes, ha motivado que organizaciones y sindicatos hayan hecho un "esfuerzo de unidad" para plantarles cara. También el 15-M, que aunque acordó secundar la convocatoria de CCOO y UGT con el mismo recorrido, no estará en la cabecera. No obstante, participantes del movimiento de los indignados aseguran a Público que, aunque mantienen sus reticencias respecto a las cúpulas de las centrales mayoritarias, entre sus integrantes ha comenzado a calar la idea de que es necesaria la unidad.
Argumentos similares arguyen desde CGT, sindicato anarcosindicalista tradicionalmente alejado de las tesis defendidas por UGT y CCOO. Su secretario de Acción Sindical, Ángel Luis García, dice que es momento de "estar a la altura". "La situación ha cambiado, el ataque a los derechos de los trabajadores es tan brutal que merece una respuesta unitaria", señala.
Fuentes de unas centrales mayoritarias aseguran, asimismo, que el objetivo es que las insignias de CCOO y UGT no tengan "protagonismo absoluto" en estas manifestaciones. "El objetivo es sumar a todo lo que se mueve, a sindicatos minoritarios, plataformas sociales, asociaciones de vecinos e incluso al 15-M", señalan. No obstante, en la marcha de Madrid habrá dos pancartas. "Una primera [lona] en la que participarán las confederaciones sindicales, así como otro tipo de organizaciones, y una segunda pancarta, compuesta por representantes de las organizaciones sindicales madrileñas", informa el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Madrid, José Manuel Juzgado Feito.
Al término de la manifestación de Madrid tampoco habrá discursos de los líderes sindicales. Serán los escritores Benjamín Prado y Lourdes Ortiz los que leerán un manifiesto que recoge las reivindicaciones y las quejas de todos los convocantes.
CONSULTA EL MAPA INTERACTIVO DE LAS MANIFESTACIONES CONVOCADAS EN TODA ESPAÑA
De manera inédita, aseguran fuentes sindicales, los logos de los principales sindicatos de clase lucirán en la cabecera de la marcha de Madrid junto a organizaciones sectoriales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Actores o la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT). También estarán representados en esa pancarta la Confederación Europea de Sindicatos (CES) o el CSI-F, organización que tiene altas cotas de afiliación en la función pública, uno de los colectivos más afectados por las medidas del Gobierno del PP.
La Plataforma Social en defensa del Estado del bienestar y los Servicios Públicos también tendrá su hueco en la cabecera. Desde este colectivo, integrado por más de 55 sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, se anima a plantar cara en la calle a unas medidas que, según sus integrantes, el Gobierno ha adoptado para volver a "eximir" de responsabilidades y compromisos al sector financiero, empresarial y a las rentas más altas. Todo ello, continúan, mientras se "carga" contra los parados, los pensionistas, los dependientes, los enfermos, los empleados públicos y la ciudadanía en general.
Se da la circunstancia además que, poco antes que eche a andar la manifestación de Madrid, está previsto que la mayoría conservadora en el Congreso refrende el real decreto que incluye las duras medidas con las que el Gobierno pretende reducir el déficit público. Entre ellas, la subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios, o la reducción de la prestación por desempleo.
La crudeza de estos recortes, insisten los convocantes, ha motivado que organizaciones y sindicatos hayan hecho un "esfuerzo de unidad" para plantarles cara. También el 15-M, que aunque acordó secundar la convocatoria de CCOO y UGT con el mismo recorrido, no estará en la cabecera. No obstante, participantes del movimiento de los indignados aseguran a Público que, aunque mantienen sus reticencias respecto a las cúpulas de las centrales mayoritarias, entre sus integrantes ha comenzado a calar la idea de que es necesaria la unidad.
Argumentos similares arguyen desde CGT, sindicato anarcosindicalista tradicionalmente alejado de las tesis defendidas por UGT y CCOO. Su secretario de Acción Sindical, Ángel Luis García, dice que es momento de "estar a la altura". "La situación ha cambiado, el ataque a los derechos de los trabajadores es tan brutal que merece una respuesta unitaria", señala.
Fuentes de unas centrales mayoritarias aseguran, asimismo, que el objetivo es que las insignias de CCOO y UGT no tengan "protagonismo absoluto" en estas manifestaciones. "El objetivo es sumar a todo lo que se mueve, a sindicatos minoritarios, plataformas sociales, asociaciones de vecinos e incluso al 15-M", señalan. No obstante, en la marcha de Madrid habrá dos pancartas. "Una primera [lona] en la que participarán las confederaciones sindicales, así como otro tipo de organizaciones, y una segunda pancarta, compuesta por representantes de las organizaciones sindicales madrileñas", informa el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Madrid, José Manuel Juzgado Feito.
Al término de la manifestación de Madrid tampoco habrá discursos de los líderes sindicales. Serán los escritores Benjamín Prado y Lourdes Ortiz los que leerán un manifiesto que recoge las reivindicaciones y las quejas de todos los convocantes.
CONSULTA EL MAPA INTERACTIVO DE LAS MANIFESTACIONES CONVOCADAS EN TODA ESPAÑA
Comentarios: 161
| JUANMA ROMERO
El ministro de Hacienda advierte de que "hay que renunciar a lo
que no es financiable ni posible" y argumenta que "no hay dinero en las
arcas públicas para pagar los servicios públicos".
#19J: no llores, lucha
CC.OO.
y UGT, junto con la Plataforma Social en Defensa del Estado del
Bienestar y de los Servicios Públicos y numerosos colectivos sociales y
organizaciones sindicales, saldrán a la calle hoy en más de 80
manifestaciones para expresar su rechazo a las nuevas medidas del
Gobierno, entre las que se contemplan la subida del IVA, la supresión de
la paga extra de Navidad a los empleados públicos y el recorte de la
prestación por desempleo a partir del sexto mes.
Bajo el lema ‘Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo, somos
más’, los convocantes quieren que las calles de toda España se
conviertan en un clamor contra los últimos ajustes del Gobierno, que
consideran una “agresión sin precedentes”, que retrasará la salida de la
recesión y provocará más paro en un país que ya tiene cinco millones de
desempleados.
A las manifestaciones se han sumado ya organizaciones como CSI-F,
USO, el Consejo General de la Juventud y la CGT, entre otras, aunque la
Plataforma Social por el Estado del Bienestar la conforman ya 55
organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y COAG.
La organización de autónomos UATAE ha animado este miércoles a los
trabajadores por cuenta propia a manifestarse mañana contra las medidas
del Gobierno al considerar que afectan gravemente al colectivo por la
vía de la subida del IVA y de las retenciones en el IRPF.
El acto central de las protestas tendrá lugar en Madrid, a las 20.30
horas, con una manifestación entre la Plaza de Neptuno y la Puerta Sol.
"Tejazo" en Madrid
Decenas de “lecheras” aparecen con las ruedas pinchadas en la madrugada del #19J
Decenas
de “lecheras” estarán inoperativas hoy después del sabotaje que
sufrieron anoche. Casi un centenar de vehículos ha amanecido con las
ruedas pinchadas, según ha informado el Sindicato Unificado de
Policía (SUP). Los vehículos se encontraban dentro del recinto policial
de Moratalaz, en una zona vallada y protegida donde solo acceden
agentes o personal de visita perfectamente identificado.
Las ruedas han sido pinchadas hasta dos y tres veces con un punzón
desde un lateral, lo que hace imposible que sean reparadas por los
mecánicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Esta tarde hay
convocada una manifestación, que se prevé multitudinaria, a partir de
las 20.30 entre la plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, a la que están
llamados miles de funcionarios y se espera que lleguen autocares de
otras regiones.
Sabotaje a 97 furgones policiales antes de la manifestación de funcionarios
Los vehículos amanecen con las ruedas pinchadas en una zona policial vallada y con seguridad
Los daños ascienden a entre 30.000 y 40.000 euros
La Jefatura Superior afirma que ya está resuelto el problema
Dos furgonetas con las ruedas pinchadas en el recinto policial del distrito madrileño de Moratalaz. / SUP
Sabotaje a las furgonetas de la Unidad de Intervención Policial
(UIP, más conocidos por antidisturbios) de Madrid esta noche, apenas
unas horas antes de la manifestación de funcionarios convocada para esta
tarde. En el último balance ofrecido a media mañana por el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), son 97 los vehículos dañados con 140 ruedas pinchadas, cuyo
coste oscila entre los 30.000 y 40.000 euros. Fuentes policiales rebajan
sin embargo el número de furgonetas afectadas a 30. En torno a las dos
de la tarde, la jefatura ha informado de que ya se había resuelto el
problema.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha restado importancia a este ataque en su comparecencia en el Congreso, al afirmar que ha sido un "pequeño sabotaje", que no ha afectado a la movilidad de los vehículos, informa Efe. Los vehículos policiales, ha añadido, han estado operativos en seguida, puesto que las ruedas se han cambiado en muy poco tiempo. La jefatura ha confirmado posteriormente este extremo.
Los vehículos se encontraban dentro del recinto policial de Moratalaz, en una zona vallada y protegida donde solo acceden agentes o personal de visita perfectamente identificado. Las ruedas han sido pinchadas hasta dos y tres veces con un punzón desde un lateral, lo que hace imposible que sean reparadas por los mecánicos de la jefatura. Fuentes del SUP aseguran que esta mañana se buscaba a toda velocidad algún taller que suministre un número tan elevado de neumáticos y que había problemas para localizarlos. Esta tarde hay convocada una manifestación, que se prevé multitudinaria, a partir de las ocho y media de la tarde entre la plaza de Neptuno y la Puerta del Sol. Están llamados miles de funcionarios y se espera que lleguen autocares de otras regiones.
Las furgonetas pertenecen a la unidad de Madrid y a otras llegadas de otros puntos de la península (Málaga, Bilbao y Málaga, entre otros) para reforzar la seguridad de la capital con motivo de las movilizaciones sociales registradas tras los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.
También la Jefatura de Policía había advertido previamente del inicio de una investigación para detener al autor o los autores de estos pinchazos, según este portavoz. A la sede policial de Moratalaz se ha desplazado el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, junto con otros mandos para comprobar in situ los daños causados. El SUP ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a los agentes que puedan ser denunciados por este tema, a pesar de que no sean afiliados suyos.
El sindicato ha lamentado y condenado el incidente de las furgonetas y lo ha atribuido al malestar que existe dentro del cuerpo ante los continuos recortes que está sufriendo la policía. Además de la paga extra, se les ha quitado el plus de productividad y los tres días libres que tenían en Navidades y Semana Santa. Un centenar de agentes se concentró el pasado martes, convocados por los sindicatos Confederación Española de Policía (CEP) y Unión General de Policías (SUP), a las puertas del complejo policial de Canillas en Madrid, donde se celebraba un acto de presentación de nuevos agentes para la capital, presidido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha restado importancia a este ataque en su comparecencia en el Congreso, al afirmar que ha sido un "pequeño sabotaje", que no ha afectado a la movilidad de los vehículos, informa Efe. Los vehículos policiales, ha añadido, han estado operativos en seguida, puesto que las ruedas se han cambiado en muy poco tiempo. La jefatura ha confirmado posteriormente este extremo.
Los vehículos se encontraban dentro del recinto policial de Moratalaz, en una zona vallada y protegida donde solo acceden agentes o personal de visita perfectamente identificado. Las ruedas han sido pinchadas hasta dos y tres veces con un punzón desde un lateral, lo que hace imposible que sean reparadas por los mecánicos de la jefatura. Fuentes del SUP aseguran que esta mañana se buscaba a toda velocidad algún taller que suministre un número tan elevado de neumáticos y que había problemas para localizarlos. Esta tarde hay convocada una manifestación, que se prevé multitudinaria, a partir de las ocho y media de la tarde entre la plaza de Neptuno y la Puerta del Sol. Están llamados miles de funcionarios y se espera que lleguen autocares de otras regiones.
Las furgonetas pertenecen a la unidad de Madrid y a otras llegadas de otros puntos de la península (Málaga, Bilbao y Málaga, entre otros) para reforzar la seguridad de la capital con motivo de las movilizaciones sociales registradas tras los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.
Rueda pinchada en una de las furgonetas de antidisturbios. / Investigación del sabotaje
El ministro ha señalado que se ha abierto una investigación para averiguar quién ha podido cometer este sabotaje, que se ha producido en un recinto donde hay cámaras de seguridad, según ha apuntado. También ha añadido que no es la primera vez que se producen este tipo de incidentes, algo que ya se produjo en el pasado y que acabó con la expulsión del cuerpo de la persona que lo había hecho, aunque no ha mencionado el episodio concreto.También la Jefatura de Policía había advertido previamente del inicio de una investigación para detener al autor o los autores de estos pinchazos, según este portavoz. A la sede policial de Moratalaz se ha desplazado el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, junto con otros mandos para comprobar in situ los daños causados. El SUP ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a los agentes que puedan ser denunciados por este tema, a pesar de que no sean afiliados suyos.
El sindicato ha lamentado y condenado el incidente de las furgonetas y lo ha atribuido al malestar que existe dentro del cuerpo ante los continuos recortes que está sufriendo la policía. Además de la paga extra, se les ha quitado el plus de productividad y los tres días libres que tenían en Navidades y Semana Santa. Un centenar de agentes se concentró el pasado martes, convocados por los sindicatos Confederación Española de Policía (CEP) y Unión General de Policías (SUP), a las puertas del complejo policial de Canillas en Madrid, donde se celebraba un acto de presentación de nuevos agentes para la capital, presidido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó
La represión vuelve a las cuencas mineras, ahora en San Román de Bembibre, donde los antidisturbios disparan con bala
La
represión ha vuelto a las cuencas mineras. En este caso le ha tocado el
turno a San Román de Bembibre, que vive una noche de represión de las
fuerzas se seguridad del Estado, que han tomado la localidad que se
encuentra totalmente a oscuras.
No parece que las fuerzas de orden vayan a permitir las protestas
obreras como vienen demostrando desde hace semanas en las cuencas
mineras, a pesar de que en los últimos días muchos ciudadanos pensaban
que los uniformados pudiesen moverse por algo más que por su propio
sueldo.
La realidad es que éste pueblo del Bierzo ha sido tomado por los
antidisturbios que han entrado en la localidad a la caza de mineros,
como en anteriores ocasiones hicieron en diversas localidades de León y
Asturias.
Como aquellas veces, se han instalado inhibidores de frecuencia para dificultar la comunicación entre
los
mineros, los ciudadanos, así como para dificultar la difusión con el
exterior. En esta ocasión además los antidisturbios disparan con balas,
en principio de fogueo, pero la escalada de represión parece no tener
fin.
Algunas calles de la localidad han sido cortadas por los mineros y
por vecinos, que continúan así con la lucha de las cuencas por defender
el sector minero, el principal sector productivo de éstas y del que
depende el sustento de decenas de miles de familias.
Ni la televisión, ni la radio, ni la prensa del régimen está
informando de lo que está sucediendo, y sólo a través de las redes
sociales los ciudadanos
pueden informarse de la represión en San Román de Bembibre.
En la oscuridad de la noche y sin compasión, las fuerzas represivas
aclaran así cual va a ser su posición frente a las protestas que están
multiplicándose por todo el país, y que continúan también en las zonas
mineras.
Sabino Cuadra: “El PP quiere vengarse de más de un siglo de lucha minera”
por Kaos. Memoria histórica
Miércoles, 18 de Julio de 2012 16:56
Un recuerdo especial, hoy 18 de julio, para todas las víctimas del
alzamiento fascista del 36 y de los 40 años de Dictadura franquista, así
como una denuncia de la Ley de Amnistía de 1977 que dejó impunes todos
esos crímenes...
Amaiur, al margen del necesario debate que es preciso tener
respecto al modelo energético a defender, VOTARÁ A FAVOR de la moción
presentada por entender que las posibles discrepancias que puedan
tenerse sobre el mismo deben pasar ahora a un segundo término.
Queremos expresar en primer lugar nuestra más estrecha SOLIDARIDAD con los pueblos mineros y TODAS SUS LUCHAS, las de las marchas y los encierros y también las de sus calles y montes. Solidaridad con las combativas mujeres y jóvenes de sus cuencas. Solidaridad también, con todas las personas detenidas, multadas, golpeadas…, a quienes trasmitimos nuestro abrazo más caluroso.
Amaiur quiere denunciar a la vez el CARÁCTER DÉSPOTA de este Gobierno, arrogante con los de abajo y sumiso para con los de arriba, que tan solo atiende a las exigencias de la CEOE, la Banca o el FMI.
Amaiur entiende que, más allá del CONFLICTO LABORAL, el Gobierno está pretendiendo acabar con todos esos pueblos que han protagonizado a lo largo del último siglo muchas de las más fuertes luchas obreras y conquistado importantes victorias laborales y sindicales. Trata así, de vengarse de ese pasado, romperles el presente y robarles el futuro.
Como DICE LA CANCIÓN, la voz de los mineros y su lucha está subiendo hoy a todos los montes y bajando a todos los barrancos. Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros y también de los rayos y los truenos, va a ser la matrona de esa tormenta social que ya se ha iniciado en tantos y tantos lugares y que va a dejar muy corta la huelga general del pasado 29 de marzo.
Los Acuerdos firmados en su día deben ser respetados. Los recortes deben ser anulados. El futuro de los pueblos mineros y sus gentes debe ser garantizado.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS MINEROS!
http://www.amaiur.info/2012/
Queremos expresar en primer lugar nuestra más estrecha SOLIDARIDAD con los pueblos mineros y TODAS SUS LUCHAS, las de las marchas y los encierros y también las de sus calles y montes. Solidaridad con las combativas mujeres y jóvenes de sus cuencas. Solidaridad también, con todas las personas detenidas, multadas, golpeadas…, a quienes trasmitimos nuestro abrazo más caluroso.
Amaiur quiere denunciar a la vez el CARÁCTER DÉSPOTA de este Gobierno, arrogante con los de abajo y sumiso para con los de arriba, que tan solo atiende a las exigencias de la CEOE, la Banca o el FMI.
Amaiur entiende que, más allá del CONFLICTO LABORAL, el Gobierno está pretendiendo acabar con todos esos pueblos que han protagonizado a lo largo del último siglo muchas de las más fuertes luchas obreras y conquistado importantes victorias laborales y sindicales. Trata así, de vengarse de ese pasado, romperles el presente y robarles el futuro.
Como DICE LA CANCIÓN, la voz de los mineros y su lucha está subiendo hoy a todos los montes y bajando a todos los barrancos. Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros y también de los rayos y los truenos, va a ser la matrona de esa tormenta social que ya se ha iniciado en tantos y tantos lugares y que va a dejar muy corta la huelga general del pasado 29 de marzo.
Los Acuerdos firmados en su día deben ser respetados. Los recortes deben ser anulados. El futuro de los pueblos mineros y sus gentes debe ser garantizado.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS MINEROS!
http://www.amaiur.info/2012/
Las mineras, desalojadas del Congreso
La policía expulsa a trabajadoras del carbón y esposas de mineros tras interrumpir el debate sobre la continuidad del sector en un hemiciclo semivacío
EFE Madrid 18/07/2012 16:28 Actualizado: 18/07/2012 21:17
Un grupo de trabajadoras de la minería y esposas y familiares de mineros protestan en la tribuna de invitados del Congreso. EFE
La policía ha desalojado esta tarde de la tribuna de invitados del Congreso a un grupo de mujeres trabajadoras de la minería y esposas y familiares de mineros del carbón
que han interrumpido con gritos el debate que se estaba desarrollando
en el hemiciclo semivacío sobre la continuidad de esa actividad.
El
incidente ha comenzado cuando una de las mujeres, minera prejubilada,
se ha levantado del asiento y ha llamado "mentiroso" al diputado del PP
Rafael Hernando, cuando éste se refería a la protección social que
tienen los mineros. "¡Mentiroso! ¡Qué se siente el ministro a negociar. Yo marché con 52 años!", se ha quejado la mujer.
Varios
agentes la han sacado entonces de la sala, mientras que el presidente
de la Cámara, Jesús Posada, pedía restablecer el orden. El diputado del
PP ha continuado su intervención apenas unos segundos, ya que el resto
de mujeres ha comenzado a corear "¡estas son las mujeres del carbón!".
Entretanto, un minero prejubilado gritaba con fuerza "¡más carbón y
menos Bankia! antes de ser expulsado también.
Los diputados del PSOE e IU presentes en el hemiciclo han despedido a los desalojados con aplausos,
lo que ha indignado a algunos parlamentarios del PP. "¡Se las
quitasteis vosotros!, han espetado algunos a las filas socialistas, y
unos y otros se han culpado de la situación.
"Trato vejatorio" a las mujeres del carbón
La
secretaria adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Luisa
Carcedo, ha dirigido una carta al presidente del Congreso en la que
denuncia el trato "totalmente injustificado" a las mujeres del carbón, que han sido sometidas a "controles personales claramente desproporcionados y, en algunos casos, de carácter vejatorio".
Carcedo denuncia que el grupo se ha visto obligado a quedarse en ropa interior en el control de acceso
"No pueden aplicarse otros calificativos a actuaciones como obligarlas a despojarse de su calzado y prendas de vestir, camisetas e incluso pantalones, exceptuando únicamente la ropa interior",
ha asegurado Carcedo. Ha sido a la llegada del grupo a la Cámara,
antes de entrar en el hemiciclio, cuando se habrían visto sometidas "no
sólo a las normas ordinarias de seguridad imprescindibles para
garantizas que nos e producen graves alteraciones en las sesiones", sino a otros controles "claramente desproporcionados".
Carcedo
añade que se han tomado estas medidas a pesar de que las mujeres iban
con un atuendo que "no facilita la introducción de instrumentos
peligrosos ni la ocultación de medios que puedan utilizarse para
alterar el orden". "Además, se nos hace difícil pensar que se haya dado el mismo trato al resto
de los asistentes a tribunas de la sesión de hoy, lo que añadiría un
rasgo discriminatorio absolutamente inaceptable", continúa.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Carcedo expresa una "enérgica protesta" por el trato que han recibido las mujeres del carbón y solicita que "facilite a dichas mujeres y a este grupo parlamentario una explicación sobre dicha actuación policial".
Goldman Sachs empieza a descargar carbón colombiano en Asturias
En El Musel continúa la descarga de carbón colombiano perteneciente al banco de inversiones Goldman Sachs.
Unas labores, que se centran en el traslado del carbón en camiones
desde la terminal de graneles sólidos, EBHISA, donde se acumulan unas
100.000 toneladas, hasta el muelle norte de la ampliación de El Musel,
donde se han descargado ya más de 50 toneladas.
Además, se espera la llegada de un segundo barco procedente de colombia con otras 150.000 toneladas.
Goldman Sachs, que no ha querido dar información al respecto, hace
acopio del carbón a la espera de que suba el precio para revenderlo a la
térmica de Aboño.
La operación fue negociada por el ex director de la Autoridad Portuaria, Julio de la Cueva, el pasado mes de abril.
La criminalización de las protestas6 detenidos en Sabadell por la huelga del 29M
La
ola represiva puesta en marcha por Felip Puig continua, las detenciones
referentes a la huelga general parece no tener fin, hoy le ha tocado
en la ciudad de Sabadell.
Se les acusa de coacción, desorden público y daños, aunque todo
apunta a otra campaña de amedrentamiento contra los movimientos
sociales en Sabadell.
Han sido 6 las detenciones, pero uno de ellos al comprobar que
físicamente resultaba imposible que estuviera en los hechos que se le
acusan, ha sido puesto en libertad.
En la puerta de la comisaria de los mossos d’escuadra en la
Carretera de Prats de Lluçanés, 401, se encuentra un nutrido grupo de
apoyo a los 5 detenidos.
Han sido puestos en libertad con cargos tres de ellos sobre las 17h.
Los dos que aún están detenidos se espera que salgan en breve.
El primer detenido a sido el vocalista del grupo “At Versaris” Pau
Llonch es redactor en el SIPS, corresponsal de La Directa, miembro del
MPS i de la PAH-Sabadell.
Video relacionado:
Hacia un "estado de emergencia" permanente
El PP apoya el plan de CiU para endurecer las medidas contra manifestantes
Entre otras medidas, los convergentes proponen crear un delito de violencia urbana. El resto de grupos parlamentarios alertan del peligro de limitar derechos fundamentales
EFE Madrid 18/07/2012 17:48 Actualizado: 18/07/2012 18:59 Público
Variios policías detienen a un manifestante en uno de los desalojos de la Puerta del Sol de Madrid durante el aniversario del 15-M. -EFE
La necesidad de endurecer los castigos contra manifestantes
es otro de los asuntos en los que están de acuerdo conservadores y
convergentes. El PP se ha mostrado este miércoles a favor de una moción
de CiU que, entre otras medidas, propone la creación del delito específico de violencia urbana, así como de una nueva definición del delito de alteración del orden público y atentado.
A
falta de la votación de mañana en el pleno del Congreso, el partido que
sustenta al Gobierno ha anunciado durante el debate su apoyo a una
iniciativa que, en líneas generales, coincide con el anuncio del Gobierno de un endurecimiento del Código Penal para atajar "la espiral de violencia" que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".
No obstante, el texto ha suscitado el rechazo del resto de grupos parlamentarios, que han alertado del peligro de limitar derechos fundamentales como el de reunión o manifestación.
La
moción propone también una nueva regulación de las circunstancias
agravantes en los actos de violencia urbana, como el uso de explosivos o
líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte
de objetos peligrosos y contempla la prisión provisional como medida
cautelar. Asimismo pide una tipificación específica de la difusión
de cualquier tipo de información que tenga por objeto organizar o
promover la participación de actos de alteración del orden público, siempre que sean constitutivos de delito.
De
forma paralela, solicita una actualización del catálogo de infracciones
y sanciones para adaptarlos a las nuevas conductas, como la ocultación
del rostro, la resistencia pasiva, la desobediencia a la autoridad o el
bloqueo de la vía pública.
Para CiU, también se hace necesaria una modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión
con la finalidad de "armonizar" el legítimo ejercicio de este derecho
constitucional con una "más eficaz protección" de la seguridad ciudadana
y del orden público.
En defensa de la iniciativa, el diputado de CiU Jordi Jané
ha asegurado que es necesario "amparar" a los ciudadanos que
legítimamente ejercen el derecho de manifestación pero son perturbados
por quienes pretenden aprovechar este derecho para alterar el orden
público.
En esta misma línea, el diputado del PP Conrado Escobar
ha negado que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno
sea una apuesta por un "estado policial", sino que trata de buscar el
equilibrio entre seguridad y libertad.
No ha estado en absoluto de acuerdo el diputado del PSOE Pedro José Muñoz,
que ha considerado que la iniciativa trata de "vincular" el ejercicio
de los derechos ciudadanos con actitudes delictivas que ya están
previstas en el ordenamiento jurídico. "No es bueno utilizar el Código
Penal como contención del ejercicio de los derechos ciudadanos", ha
alertado.
Esta moción tiene muchas semejanzas con la reforma del
Código Penal que anunció el Gobierno el pasado abril. Con esta
modificación, el Ejecutivo persigue el endurecimiento de las
sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka
en el País Vasco o pretende que la resistencia pasiva sea considerada
resistencia a la autoridad. Otra de las medidas anunciadas en la
reforma es que sea considerado "delito de integración en organización
criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las
convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden
público". 
Arturo González
Puntadas sin hilo
Represión político-policial
16 jul 2012
Público
Uno de los mayores deméritos conseguidos en tan breve tiempo por
el Gobierno es el miedo a la Policía y a las Fuerzas de Seguridad del
Estado que sienten los ciudadanos, bastante aliviado hasta ahora en que
reverdecen viejos tiempos.
El diputado señor Duran i Lleida, con su aparente mesura, es un especialista en ofender a los españoles, permanentemente a los andaluces catalogándolos de vagos de barra de bar, y ahora al conjunto de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes. Son los privilegios injustificables de la inmunidad parlamentaria.
Este miércoles, su grupo de Convergencia y Unió, presenta en el Congreso de los Diputados una moción para la creación del delito específico de violencia urbana, así como la modificación del Derecho de Reunión y Manifestación, cuya sustanciación supone retrotraernos a la durísima y creíamos que superada legislación franquista. No es temerario decir que CIU y PP son compinches en la propuesta. Por si no es bastante el asedio económico a los ciudadanos, quieren ampliarlo al recorte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, desarrollados y practicados hasta ahora con aceptable suerte. La derecha quiere prevenir y reprimir lo que sabe que se les viene encima.
El delito de violencia urbana ya está en el Código y por tanto no es necesario introducirlo. Y si se produjeran daños o lesiones como consecuencia de esa violencia, también están regulados en el Código llamado de la democracia que ahora quieren abatir. Salvo que CIU quiera romper y sobrepasar el universalmente admitido Principio de la Proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta. Lo cual sería rotundamente inconstitucional.
También pretenden con la moción el establecimiento de prisión cautelar para esa violencia urbana. Que también iría frontalmente contra el principio constitucional de que la prisión provisional solo se puede acordar en determinadas condiciones, como posibilidad de fuga o de eliminación de pruebas, nunca de plano o a capricho del juez. Por eso fue un escándalo jurídico y social la prisión decretada contra los estudiantes catalanes que se manifestaron hace cuatro meses.
Equiparar la violencia urbana, como pretenden, con la kale borroka supondría dar un sentido político de subversión terrorista a la casi totalidad de incidentes y altercados callejeros que ocurran en España. Si esto cuaja, media España sería terrorista.
Sancionar la multirreincidencia, como quieren, puede llevar a situaciones ajurídicas, como que quien robe varias veces una gallina puede ser condenado a mucha más pena que quien atraca un banco y se lleva millones.
La otra cuestión conexa con la que al parecer están altamente preocupados es con el derecho de reunión y manifestación. Debería bastar para que los proponentes desistiesen recordarles que éste es un derecho clave e inalienable en la democracia y que en modo alguno se puede permitir su restricción. ¿Reunirse y manifestarse contra la guerra de Irak, como se hizo masivamente en España, o contra cualquier guerra puede ser delito? ¿Son delito las múltiples y espontáneas manifestaciones de ayer y hoy mismo de los funcionarios? No se debe confundir el origen con el efecto, porque si producida cualquier manifestación se tiran piedras o rompen escaparates, será lo que tenga sanción penal, pero no el hecho de la reunión o manifestación. Podría llevarnos al absurdo de que un viandante ajeno que se acercase por mera curiosidad a ‘ver’ la manifestación fuese golpeado, detenido y castigado, turistas incluidos.
Y entre las numerosas delicatesen que nos preparan, naturalmente no se han olvidado de prohibir los rostros tapados. Ellos sí los pueden ocultar, pero no quienes se manifiestan. Quieren tenernos fichados a golpe de helicóptero, archivos y cámaras ultrasónicas para saber a quién detienen y a quien dan los palos. Manifestarse será un riesgo. Un uppercut en el corazón de la democracia.
Es decir, todo un catálogo de represión – del que este artículo es botón de muestra -, que nos convierte en ciudadanos asustados y humillados, bajo el repugnante aserto de que el que nada hace nada tiene que temer. ¡Se llaman políticos demócratas y no lo son!
El diputado señor Duran i Lleida, con su aparente mesura, es un especialista en ofender a los españoles, permanentemente a los andaluces catalogándolos de vagos de barra de bar, y ahora al conjunto de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes. Son los privilegios injustificables de la inmunidad parlamentaria.
Este miércoles, su grupo de Convergencia y Unió, presenta en el Congreso de los Diputados una moción para la creación del delito específico de violencia urbana, así como la modificación del Derecho de Reunión y Manifestación, cuya sustanciación supone retrotraernos a la durísima y creíamos que superada legislación franquista. No es temerario decir que CIU y PP son compinches en la propuesta. Por si no es bastante el asedio económico a los ciudadanos, quieren ampliarlo al recorte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, desarrollados y practicados hasta ahora con aceptable suerte. La derecha quiere prevenir y reprimir lo que sabe que se les viene encima.
El delito de violencia urbana ya está en el Código y por tanto no es necesario introducirlo. Y si se produjeran daños o lesiones como consecuencia de esa violencia, también están regulados en el Código llamado de la democracia que ahora quieren abatir. Salvo que CIU quiera romper y sobrepasar el universalmente admitido Principio de la Proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta. Lo cual sería rotundamente inconstitucional.
También pretenden con la moción el establecimiento de prisión cautelar para esa violencia urbana. Que también iría frontalmente contra el principio constitucional de que la prisión provisional solo se puede acordar en determinadas condiciones, como posibilidad de fuga o de eliminación de pruebas, nunca de plano o a capricho del juez. Por eso fue un escándalo jurídico y social la prisión decretada contra los estudiantes catalanes que se manifestaron hace cuatro meses.
Equiparar la violencia urbana, como pretenden, con la kale borroka supondría dar un sentido político de subversión terrorista a la casi totalidad de incidentes y altercados callejeros que ocurran en España. Si esto cuaja, media España sería terrorista.
Sancionar la multirreincidencia, como quieren, puede llevar a situaciones ajurídicas, como que quien robe varias veces una gallina puede ser condenado a mucha más pena que quien atraca un banco y se lleva millones.
La otra cuestión conexa con la que al parecer están altamente preocupados es con el derecho de reunión y manifestación. Debería bastar para que los proponentes desistiesen recordarles que éste es un derecho clave e inalienable en la democracia y que en modo alguno se puede permitir su restricción. ¿Reunirse y manifestarse contra la guerra de Irak, como se hizo masivamente en España, o contra cualquier guerra puede ser delito? ¿Son delito las múltiples y espontáneas manifestaciones de ayer y hoy mismo de los funcionarios? No se debe confundir el origen con el efecto, porque si producida cualquier manifestación se tiran piedras o rompen escaparates, será lo que tenga sanción penal, pero no el hecho de la reunión o manifestación. Podría llevarnos al absurdo de que un viandante ajeno que se acercase por mera curiosidad a ‘ver’ la manifestación fuese golpeado, detenido y castigado, turistas incluidos.
Y entre las numerosas delicatesen que nos preparan, naturalmente no se han olvidado de prohibir los rostros tapados. Ellos sí los pueden ocultar, pero no quienes se manifiestan. Quieren tenernos fichados a golpe de helicóptero, archivos y cámaras ultrasónicas para saber a quién detienen y a quien dan los palos. Manifestarse será un riesgo. Un uppercut en el corazón de la democracia.
Es decir, todo un catálogo de represión – del que este artículo es botón de muestra -, que nos convierte en ciudadanos asustados y humillados, bajo el repugnante aserto de que el que nada hace nada tiene que temer. ¡Se llaman políticos demócratas y no lo son!
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Gota de la PODREDUMBRE BANCARIA: Con la podredumbre que va
apareciendo en bancos y cajas, culminada de momento con el engaño masivo
de las participaciones preferentes aprovechándose de la ignorancia y
necesidad de los clientes (niños, analfabetos, deficientes mentales,
ahorradores, etcétera, con plazos de contrato hasta dentro de mil años),
no se comprende como no hay ningún banquero ni ejecutivo de cajas en la
cárcel, no se comprende por qué no desaparecen muchas de esas
entidades, y no se comprende por qué el Gobierno insiste en sanearlas
con nuestro dinero para luego devolverlas al negocio privado y privativo
de los causantes.
BARRICADA GRÁFICA
Kolabora kon la policía...GOLPÉATE TÚ MISM@!
CNT apoya las Marchas por la Dignidad 2012 de los/as parados/as
por CNT Comité Confederal
Miércoles, 18 de Julio de 2012 18:54
CNT apoya las marchas que confluirán en Madrid el día 21 y anima a sumarse a ellas.
En el mes de junio, cientos/as de desempleados/as
iniciaron marchas desde diferentes ciudades del Estado para denunciar
la Reforma Laboral, la reforma sanitaria, los recortes en educación, la
supresión de ayudas sociales, la subida de impuestos, la reducción
salarial y la larga batería de medidas antisociales y antiobreras que
está ejecutando el Gobierno, para cumplir con las exigencias de los
mercados y el capitalismo.
Marchas que partieron desde Galicia, Asturias,
Cataluña, Andalucía, Levante etc., con los objetivos de sumar apoyos y
solidaridad entre los/as trabajadores/as, desempleados/as,
organizaciones sindicales, movimientos sociales y del conjunto de la
sociedad a su paso por las ciudades y localidades, así como visibilizar y
denunciar el drama del desempleo y la exclusión social, al que el paro y
la precariedad/explotación laboral empuja a cerca de cinco millones de
trabajadores/as y amenaza constantemente a toda la población activa.
Desde la Confederación Nacional del Trabajo, apoyamos
esta iniciativa y animamos a sumarse a las movilizaciones y protestas
previstas para el próximo sábado 21 de julio en Madrid.
¡Contra el paro, reparto del trabajo y reparto de la riqueza!
¡Igualdad económica y social!
Secretaría de Acción Social
Secretariado Permanente del Comité Confederal, CNT-AIT
¡¡¡Libertad al camarada de la UJCE Aragón!!! ¡¡Basta de represión policial!!
Nota de prensa de la UJCE Aragón.
Ante los hechos ocurridos en Zaragoza el día de hoy, 18 de julio. Su represión solo echa gasolina a las calles.
Durante la concentración frente al Palacio de la Aljafería que ha tenido lugar a las 16:30 de la tarde en Zaragoza, un camarada de la UJCE- Aragón ha sido injustamente detenido. La concentración estaba convocada con motivo de la visita a las Cortes Aragonesas de Soraya Saenz de Santamaría y de Cristobal Montoro para denunciar la brutal ofensiva a los derechos de la clase trabajadora que la Troika ha ordenado y el PP está ejecutando.La protesta transcurrió de manera pacífica hasta que la policía se lanzó contra los manifestantes para detener a nuestro camarada utilizando una fuerza desproporcionada. Tras la detención, la policía actuó con extrema violencia agrediendo a varios camaradas durante una carga policial.Al enterarse de la detención, Raúl Ariza, Secretario General del PCE-Aragón y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha personado frente a la policía para conocer el paradero de nuestro camarada detenido. Pero el jefe del operativo policial le ha recibido con empujones y diciendole que “el acta de concejal se la pasaba por el forro“. Ante esto, Raúl Ariza le ha solicitado el número de identificación, ya que ni el jefe del operativo ni ningún policía llevaba visible el número de placa, pero, como ya habían hecho otros policias ante las peticiones de camaradas de la UJCE, se ha negado a identificarse. Varias horas después de los hechos un camarada ha sido parado por la policía, y le han multado por supuesta “obstrucción a la justicia”, por haber intentado evitar la detencion de su compañero. Más tarde, otro camarada ha tenido que huir cuando, mientras caminabam hacia la sede del Partido a las diez de la noche, una furgoneta de policía se ha detenido frente a él, y de ella han bajado varios agentes que han avanzado en su dirección. Nuestro camarada, de tan solo 18 años, sigue detenido. Pasará la noche en el calabazo y mañana por la mañana lo someterán a un juicio rápido en el que se le acusará falsamente de atentando contra la autoridad y resistencia. Tenemos videos que atestiguan que es una falsa acusación.
El nivel de hostilidad hacia nosotros y nosotras, no solo hoy, sino
día a día y cada vez más, es evidente y en aumento exponencial. Este
tipo de detenciones, agresiones e intimidaciones a la que nos estamos
viendo sometidos los Jóvenes Comunistas en Aragón y en todo el Estado
responde a una simple estrategia: meter miedo a los y las jóvenes para
que no se organicen y luche contra el sistema capitalista y por el
Socialismo.Ante estos hechos, exigimos la puesta en libertad
inmediata y sin cargos de nuestro camarada y nos sumamos a la exigencia
hecha por Izquierda Unida de Aragón, en la que se pide abrir un
expediente sancionador al jefe del operativo de la policía nacional. (Leer)
Pero como decíamos en el comunicado de ayer sobre la jornada de lucha del 19J:“A la Troika, al Gobierno y a sus fuerzas de choque en la calle les decimos alto y claro: NO TENEMOS MIEDO.”
¡¡¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!!!¡¡¡GOLPE A GOLPE HASTA DERROTAR AL CAPITAL!!!PIEDRA GANA A TIJERA. CONTRA LOS RECORTES: ¡HUELGA GENERAL!
¡¡¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!!!¡¡¡GOLPE A GOLPE HASTA DERROTAR AL CAPITAL!!!PIEDRA GANA A TIJERA. CONTRA LOS RECORTES: ¡HUELGA GENERAL!
Ya se verá quienes se joden al final...
El PP salda el "¡Que se jodan!" de Fabra con una simple amonestación
El presidente del Congreso la ha amonestado verbalmente en su despacho por su "conducta totalmente inadecuada". La diputada ha pedido perdón a través de una carta dirigida a Posada
ELENA HERRERA Madrid 17/07/2012 11:59 Actualizado: 17/07/2012 20:12 Público
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Andrea Fabra, tras conocer los recortes a parados: "Que se jodan"
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha dicho este martes en rueda de prensa que el PP ha sancionado con una "amonestación por escrito" a Andrea Fabra.
De esta manera, ha indicado, se ha remitido a la parlamentaria un
"apercibimiento" como forma de reprobación de una conducta que es
"completamente impropia" y afecta al "decoro y dignidad" de la
Cámara.
Por otro lado, el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha explicado al comienzo de la sesión plenaria de esta tarde que había convocado a la diputada en su despacho oficial, donde la ha amonestado verbalmente por su "conducta totalmente inadecuada" en el pleno de la semana pasada en el que Fabra se refirió con un irrespetuoso "¡Que se jodan!" a los parados después de que Rajoy anunciara el tijeretazo en las prestaciones por desempleo. Es la primeera vez que el presidente del Congreso reprueba en su despacho el comportamiento de un diputado.
Posada ha explicado además que no procede ordenar que se retire del Diario de Sesiones la expresión que utilizó la parlamentaria durante el debate porque no aparece recogida en este documento, pero sí ha querido que quede constancia de su reprobación por su comportamiento. "Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado.
No obstante, esta mañana el presidente del Congreso aseguró que no había escuchado el exabrupto que la parlamentaria dedicó a las personas que verán recortadas sus prestaciones tras las últimas medidas del Gobierno. "No escuché nada, si lo hubiera escuchado le habría ordenado retirarlo. Lo que sé es por lo que ha ido apareciendo en las redes", aseguró en los pasillos del Congreso.
A través de otra carta dirigida al presidente del Congreso ha sido la propia Andrea Fabra la que ha pedido "perdón" por una expresión "inapropiada" que, insisite, dedicó a los diputados socialistas. En el texto, la parlamentaria señala que cometió un "error" por el que no se siente "honrada". Preguntada por este asunto en los pasillos de la Cámara, la diputada se ha remitido a la carta y ha dicho que no iba a hacer "más declaraciones".
Con gesto serio, la diputada del grupo popular ha seguido desde su escaño las palabras del presidente. La decisión de Posada se produce después de que el PSOE y la Izquierda Plural le hubieran reclamado actuar contra Fabra. Fuentes de la dirección socialista consultadas or Efe han señalado que se conforman con la petición de perdón que ha formulado la parlamentaria a través de una carta enviada a Posada, máxime cuando las excusas no son un comportamiento habitual del PP, han subrayado.
En mayo de 2006, el entonces presidente del Congreso Manuel Marín (PSOE), sí expulsó del hemiciclo al diputado conservador Vicente Martínez Pujalte tras tres llamadas al orden.
Por otro lado, el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha explicado al comienzo de la sesión plenaria de esta tarde que había convocado a la diputada en su despacho oficial, donde la ha amonestado verbalmente por su "conducta totalmente inadecuada" en el pleno de la semana pasada en el que Fabra se refirió con un irrespetuoso "¡Que se jodan!" a los parados después de que Rajoy anunciara el tijeretazo en las prestaciones por desempleo. Es la primeera vez que el presidente del Congreso reprueba en su despacho el comportamiento de un diputado.
Posada ha explicado además que no procede ordenar que se retire del Diario de Sesiones la expresión que utilizó la parlamentaria durante el debate porque no aparece recogida en este documento, pero sí ha querido que quede constancia de su reprobación por su comportamiento. "Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado.
No obstante, esta mañana el presidente del Congreso aseguró que no había escuchado el exabrupto que la parlamentaria dedicó a las personas que verán recortadas sus prestaciones tras las últimas medidas del Gobierno. "No escuché nada, si lo hubiera escuchado le habría ordenado retirarlo. Lo que sé es por lo que ha ido apareciendo en las redes", aseguró en los pasillos del Congreso.
A través de otra carta dirigida al presidente del Congreso ha sido la propia Andrea Fabra la que ha pedido "perdón" por una expresión "inapropiada" que, insisite, dedicó a los diputados socialistas. En el texto, la parlamentaria señala que cometió un "error" por el que no se siente "honrada". Preguntada por este asunto en los pasillos de la Cámara, la diputada se ha remitido a la carta y ha dicho que no iba a hacer "más declaraciones".
Con gesto serio, la diputada del grupo popular ha seguido desde su escaño las palabras del presidente. La decisión de Posada se produce después de que el PSOE y la Izquierda Plural le hubieran reclamado actuar contra Fabra. Fuentes de la dirección socialista consultadas or Efe han señalado que se conforman con la petición de perdón que ha formulado la parlamentaria a través de una carta enviada a Posada, máxime cuando las excusas no son un comportamiento habitual del PP, han subrayado.
En mayo de 2006, el entonces presidente del Congreso Manuel Marín (PSOE), sí expulsó del hemiciclo al diputado conservador Vicente Martínez Pujalte tras tres llamadas al orden.
Sin caretas: éste es el capitalismo real.
"Este recorte hará que decenas de miles mueran sin llegar a recibir la ayuda"
Los afectados por los recortes en dependencia denuncian que los ajustes del Gobierno suponen “el asesinato del espíritu de la ley” y anuncian su adhesión “incondicional” a las marchas convocadas este jueves.
ALEJANDRO TORRÚS Madrid 19/07/2012 01:12 Actualizado: 19/07/2012 07:48 Público
Manifestación de personas dependientes el pasado noviembre en Valencia. Imagen de archivo.JUAN NAVARRO
La ayuda que reciben los dependientes para que sean cuidados
por un familiar en casa se reducirá en un 15% como mínimo. El tiempo de
espera para ser reconocidos por el Estado se amplía en dos años a los
seis meses ya establecidos. Los dependientes moderados no entrarán en el
sistema hasta 2015 y la Administración tampoco pagará la Seguridad
Social a los personas que tengan que dejar de trabajar por cuidar a un
familiar dependiente. Estas son, grosso modo, los cambios que el Congreso de los Diputados ratificará en el día de hoy en la Ley de Dependencia. A ojos de los dependientes: “El asesinato del espíritu de la ley”, señala a Público Jaime Esteban García, coordinador estatal de las plataformas en defensa de la ley de dependencia.
Por
ello, desde las diferentes plataformas de defensa de la Ley de
Dependencia llaman a los afectados y a sus familias a unirse a
cualquiera de las diferentes manifestaciones contra los recortes del Ejecutivo que se llevarán a cabo en el día de hoy . “Creemos que hay que gritar claro y alto que con voluntad política esta ley es viable económicamente y que una vez más nuestros responsables políticos cargan contra los más débiles y necesitados”, denucia García.
De
hecho, la responsable de la plataforma por la dependencia de Alcorcón
(Madrid), Alicia Resino encabezará la marcha que recorrerá la capital
por delante de la pancarta inicial de la manifestación Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo.
“Llevamos casi seis años luchando por el correcto funcionamiento de
esta ley y para que todos los dependientes tengan acceso a unas ayudas
que les pertenecen y que necesitan. El futuro es negro, pero no vamos a dejar de luchar”,
enfatiza Resino. Los sindicatos convocantes han querido destacar con
este gesto la importancia de la Ley de Dependencia para el Estado del
bienestar. “Vuelven a atacar a los más necesitados”, señalan fuentes de
UGT.
Los dependientes de Castilla La Mancha, por su parte, acudirán este jueves al pleno del Congreso para dejar patente su rechazo a las medidas.
“Dice el Gobierno que con estas medidas quieren que los dependientes
recurramos a los centros, pero los públicos no tienen plazas disponibles
y los privados tienen un coste aproximado de 1.900 euros al mes. ¿Quién
puede soportar esos costes?”, se pregunta Enrique Rivas, responsable de
la plataforma de Castilla La Mancha. Desde el País Valencià, Jaime
Esteban García, también anima a los ciudadanos a “tomar la calle” y enfundarse la camiseta naranja en defensa de los trabajadores sociales."
La reducción de, al menos, un 15% de la ayuda a las familias afectará a 435.180 personas“Atentado contra las personas dependientes”
La
reacción de los organizaciones sociales de personas dependientes y su
llamamiento a salir a la calle tiene una explicación. La aporta el
presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales,
José Manuel Ramírez, en un comunicado: “[Es un] atentado contra las
personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de
profesionales, contra las empresas del sector y contra las
administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de
España”, escribe Ramírez sobre la reforma de la Ley de Dependencia.
La reducción de un mínimo del 15% en la ayuda a los dependientes con cuidados familiares afectará a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben.
Esta medida supondrá para el Gobierno dejar de gastar 285 millones de
euros durante el primer año. Desde las plataformas no se entiende cómo
puede haber "tanto dinero para unos" y "tan poco para otros" complicando
aún más las economías familiares de los dependientes. "Con una persión
de 400 o 500 euros quieren que te pagues una residencia. Es un empujón
más a las familias”, apunta José Ausín, abogado y asesor jurídico de la
plataforma de Alcorcón.
Aunque para Ausín, la “perversión moral”
que representa esta reforma se refleja en la segunda reforma: la
Administración tendrá dos años de plazo, más allá de los seis actuales,
para tramitar un expediente. Hasta ahora, cuando el Estado se demoraba
más de seis meses en la tramitación se creaba una deuda con la persona
dependiente. Ahora, el Estado tendrá dos años extra y dispondrá de hasta
ocho para pagar las deudas contraídas con las familias. Esta nueva
norma provocará que “decenas de miles de personas mueran en su casa
bajo el cuidado de un familiar esperando recibir las prestaciones por
dependencia que reconoce la ley”, señala Ausín.
Actualmente
hay aproximadamente 250.000 personas dependientes con derecho a
prestación esperando los trámites administrativos de los que, según el
Instituto Nacional de Estadística, el 54% son mayores de 80 años, es
decir, 140.400 personas. La esperanza de vida en esta franja de edad se
sitúa entre los dos y los tres años. Por lo que, como insiste Ausín,
“muchas personas morirán sin ver reconocidas su derecho o simplemente
dejarán de reclamar lo que les pertenece”. “Es igual a derogar la ley”,
añade el letrado, que advierte de la importancia de salir a la calle en
el día de hoy: “Una vez que un derecho se pierde, ya no se recupera”,
añade.
La
reforma también afecta a los dependientes moderados. No podrán entrar
en el sistema hasta 2015, mientras tanto sus necesidades podrán ser
cubiertas por los "servicios sociales de los ayuntamientos", según
argumenta el Ejecutivo. Sin embargo, las arcas públicas municipales no andan en su mejor momento,
sobre todo tras el recorte de 400 millones de euros en la partida de
servicios sociales que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, y las
plataformas se temen que "no entrarán nunca".
Por
último, el Ejecutivo también decidió que el Estado dejaría de aportar
las cuotas a la Seguridad Social de las personas que cuiden de
familiares dependientes. En este caso, el Gobierno dio a elegir dos
opciones a las cuidadoras: o dejáis de cotizar o pagáis las cuotas.
Cientos de funcionarios cortan por tercer día consecutivo el tráfico por los recortes
Funcionarios cortan la Castellana a la altura de Nuevo Ministerios. | Efe- El Paseo de la Castellana ha sido una de las vías afectadas
- Se han concentrado a las puertas de los ministerios
- En Zaragoza, cien policías nacionales han cortado el tráfico
Cientos de funcionarios han salido a las calles en diferentes puntos de España cortando el tráfico en protesta por los nuevos recortes aprobados por el Gobierno que, entre otras medidas, les ha dejado sin paga de Navidad.
En Madrid, varios centenares de empleados públicos han paralizado el tráfico del Paseo de la Castellana a la altura del complejo de Nuevos Ministerios, que concentra los departamentos de Empleo, Fomento y Medio Ambiente.
Es el tercer día consecutivo en el que los empleados públicos cortan la Castellana para protestar contra las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno.
Durante la concentración de este martes, los manifestantes
profirieron proclamas contra los recortes del Gobierno, como "¡Quiero mi
paga!", "¡Manos arriba, esto es un atraco!" y gritos de "¡Dimisión!".
Asimismo, se podían ver algunas pancartas en las que se leían lemas como
'El próximo parado, un diputado'.
El corte de tráfico se ha repetido en diferentes
puntos de la capital. En el Ministerio de Sanidad, los funcionarios han
cortado también a las 12.000 horas el tráfico a la altura del Paseo del
Prado, mientras que los de los Ministerios de Industria, Energía y
Turismo, y de Economía y Competitividad también han ocupado la calzada a
la altura de la madrileña Plaza de Cuzco.
En Zaragoza, unos cien policías han salido a la calle
para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno, un "hachazo
inmundo" que está dejando a estos profesionales muy "maltrechos", según
han dicho.
Los policías se han sentado en el paso de cebra ubicado frente a la
comisaría del paseo María Agustín, en la capital aragonesa, sobre las
11.00 horas, y han cortado el tráfico durante media hora, aunque las repercusiones han sido mínimas ya que estaba la Policía Local regulando la circulación.
Cientos de funcionarios se manifiestan frente al Ministerio de Hacienda
Los empleados públicos cortan la madrileña calle Alcalá en el quinto día de protestas
Corean 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'La próxima parada que sea Andrea Fabra'
Concentración de funcionarios frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid, en protesta por los recortes del Gobierno. / ÁLVARO GARCÍA
Centenares de funcionarios se han manifestado esta tarde frente a la
sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, en protesta por los recortes anunciados por el Gobierno
a sus condiciones laborales y a sus sueldos. Sin descanso y por quinto
día consecutivo, los empleados públicos de distintas áreas han vuelto a
echarse a las calle al grito de Manos arriba, esto es un atraco o La próxima parada que sea Andrea Fabra. Los funcionarios, que hoy han conocido que si ganan menos de 962 euros conservarán la paga extra,
no cejan en su protesta. La afluencia de manifestantes ha obligado a
cortar la madrileña calle Alcalá, en la que se encuentra la sede del
Ministerio de Hacienda. La concentración, que ha sido convocada por UGT,
CCOO y CSI-F, ha durado cerca de hora y media, y ha estado custodiada
por al menos doce furgones de policía.
Los manifestantes han portado una pancarta con el lema Contra los recortes, contra la reforma laboral y por los derechos de los empleados y empleadas de la función pública y algunos llevaban una camisetas que dicen No soy culpable, no soy político, no soy alto cargo. Como ya ha ocurrido en anteriores protestas, han pedido a los agentes de policía que vigilaban la concentración que se sumaran a ella, en su condición también de empleados públicos. Menos asesores, más trabajadores o Gobierno dimisión son otros de los lemas que han sido coreados. La protesta ha discurrido con ambiente indignado pero también festivo. No se han producido incidentes.
Esta mañana, a la ola de protestas se han sumado agentes de la Policía Nacional fuera de servicio. Un centenar de ellos, convocados por los sindicatos Confederación Española de Policía (CEP) y Unión General de Policías (SUP), se ha concentrado a las puertas del complejo policial de Canillas, en Madrid, donde se celebraba un acto de presentación de nuevos agentes para la capital, presidido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Aunque los sindicatos esperaban que estuviera también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, finalmente no ha acudido. Estaba a esa hora en un acto de tráfico.
Los agentes no iban de uniforme, lo que supondría una falta contra el reglamento, sino que llevaban camisetas de los sindicatos, gorras azules y ruidosas vuvuzelas. Frente a ellos, una docena de compañeros de la Policía Nacional y algunos agentes municipales les impedían el paso. Los manifestantes, cuya concentración había sido comunicada a Delegación del Gobierno y autorizada según ha precisado el SUP, han gritado "fuera, fuera" a la llegada de Cosidó y de otras autoridades como la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la consejera de Presidencia y Justicia de Madrid, Regina Plañiol, que han sido recibidas con pitadas y bocinazos.
También esta mañana en la capital, un grupo de funcionarios públicos que trabajan en Nuevos Ministerios han cortado por unos minutos el tráfico en el paseo de la Castellana. Durante la protesta, los funcionarios han portado pancartas con lemas como Quieren arruinar el país y camisetas con leyendas como Yo una vez tuve derechos, y tras su protesta de quince minutos, que han hecho coincidir con su tiempo de descanso, han regresado a sus puestos de trabajo.
La de hoy es la quinta jornada de protesta de los funcionarios, en pie de guerra desde que el Gobierno hizo público el nuevo paquete de recortes que incluye la eliminación de su paga extra de Navidad o la reducción a la mitad de sus días de libre disposición, conocidos como moscosos. La manifestación más multitudinaria fue la del pasado domingo, que incluía una convocatoria de acampada frente al Congreso que finalmente no se llevó a cabo por el blindaje policial.
Precisamente, todos los grupos parlamentarios consideran excesivo el blindaje de seguridad que rodea al Congreso de los Diputados para impedir que posibles manifestantes alcancen los accesos a la Cámara Baja. El grupo de Izquierda Plural va a intentar aligerar de medios policiales los alrededores del Congreso mediante una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para que "la seguridad del Estado liberen de vallas al Congreso", según ha anunciado su portavoz José Luis Centella.
Los manifestantes han portado una pancarta con el lema Contra los recortes, contra la reforma laboral y por los derechos de los empleados y empleadas de la función pública y algunos llevaban una camisetas que dicen No soy culpable, no soy político, no soy alto cargo. Como ya ha ocurrido en anteriores protestas, han pedido a los agentes de policía que vigilaban la concentración que se sumaran a ella, en su condición también de empleados públicos. Menos asesores, más trabajadores o Gobierno dimisión son otros de los lemas que han sido coreados. La protesta ha discurrido con ambiente indignado pero también festivo. No se han producido incidentes.
Esta mañana, a la ola de protestas se han sumado agentes de la Policía Nacional fuera de servicio. Un centenar de ellos, convocados por los sindicatos Confederación Española de Policía (CEP) y Unión General de Policías (SUP), se ha concentrado a las puertas del complejo policial de Canillas, en Madrid, donde se celebraba un acto de presentación de nuevos agentes para la capital, presidido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Aunque los sindicatos esperaban que estuviera también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, finalmente no ha acudido. Estaba a esa hora en un acto de tráfico.
Los agentes no iban de uniforme, lo que supondría una falta contra el reglamento, sino que llevaban camisetas de los sindicatos, gorras azules y ruidosas vuvuzelas. Frente a ellos, una docena de compañeros de la Policía Nacional y algunos agentes municipales les impedían el paso. Los manifestantes, cuya concentración había sido comunicada a Delegación del Gobierno y autorizada según ha precisado el SUP, han gritado "fuera, fuera" a la llegada de Cosidó y de otras autoridades como la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la consejera de Presidencia y Justicia de Madrid, Regina Plañiol, que han sido recibidas con pitadas y bocinazos.
También esta mañana en la capital, un grupo de funcionarios públicos que trabajan en Nuevos Ministerios han cortado por unos minutos el tráfico en el paseo de la Castellana. Durante la protesta, los funcionarios han portado pancartas con lemas como Quieren arruinar el país y camisetas con leyendas como Yo una vez tuve derechos, y tras su protesta de quince minutos, que han hecho coincidir con su tiempo de descanso, han regresado a sus puestos de trabajo.
La de hoy es la quinta jornada de protesta de los funcionarios, en pie de guerra desde que el Gobierno hizo público el nuevo paquete de recortes que incluye la eliminación de su paga extra de Navidad o la reducción a la mitad de sus días de libre disposición, conocidos como moscosos. La manifestación más multitudinaria fue la del pasado domingo, que incluía una convocatoria de acampada frente al Congreso que finalmente no se llevó a cabo por el blindaje policial.
Precisamente, todos los grupos parlamentarios consideran excesivo el blindaje de seguridad que rodea al Congreso de los Diputados para impedir que posibles manifestantes alcancen los accesos a la Cámara Baja. El grupo de Izquierda Plural va a intentar aligerar de medios policiales los alrededores del Congreso mediante una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para que "la seguridad del Estado liberen de vallas al Congreso", según ha anunciado su portavoz José Luis Centella.
“Que empiecen arrimando el hombro los que han metido la mano”
Los funcionarios reclaman recortes "desde arriba" y exigen que se valore su labor
Funcionarios públicos que trabajan en Nuevos Ministerios, en Madrid, cortan el tráfico en el paseo de la Castellana. / J.J. Guillén
Los funcionarios no piensan dar tregua, y continúan con las protestas por los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy: la supresión de la paga de Navidad y la reducción a tres de los días de libre disposición,
los conocidos como moscosos. Ya lo han advertido hoy los empleados
públicos que trabajan en la zona madrileña de Nuevos Ministerios al
final de su concentración: "Mañana volveremos", en un vuelco irónico del
"Vuelva usted mañana", de Mariano José de Larra. Ahora, reclaman
"recortes desde arriba" y exigen que se valore su labor. Mientras tanto,
se deshacen planes y otros tienen que ser atados para el futuro, de
acuerdo con el dinero que se disponga. Estas son algunas de las
historias de estos empleados públicos:
PALOMA DE ANDRÉS: "El ratoncito Pérez se ha jubilado". Esta funcionaria gana 1.300 euros al mes después de 30 años en el Ministerio de Empleo.
Los sueldos que entran en su casa, dice, "son bastante normales". Su
marido es autónomo y tiene un hijo de 10 años. "He pagado 150 euros por
libros". Como su hijo necesita apoyo en sus estudios, además, de Andrés
paga 100 euros mensuales por una academia. El plan le parece ahora
claro: "Le sacaré a mi hijo un real decreto en casa para decirle que los
Reyes son los padres, y el ratoncito Pérez se ha jubilado".
JUAN CARLOS SAN CRISTÓBAL: "Estoy educando a mi hija en la austeridad". Es funcionario de la Oficina de Patentes y de Marcas del Ministerio de Industria
y tiene 45 años. San Cristóbal exige que "los de arriba" se sometan a
las leyes, y que estas deben cambiar. "Que empiecen arrimando el hombro
los que han metido la mano". En su casa, entra su sueldo —que no llega a
los 1.000 euros— además del de su mujer, también mileurista. Este
empleado público afirma que, con una hipoteca de 430 euros, llegan a fin
de mes "muy cortitos". Este año no se van a poder permitir unos días de
vacaciones. Sus planes para el futuro: San Cristóbal asegura que está
educando a su hija en la austeridad.
FERNANDO FERNÁNDEZ GIL: "Vivimos permanentemente asustados". Este empleado público de Intervención Delegada del Ministerio de Fomento
tiene 55 años, 36 de los cuales ha dedicado a la Administración.
Fernández se muestra muy enojado: Los 1.400 euros que cobraba antes se
han reducido ahora a 1.200 y su mujer está en el paro. Se siente
afortunado porque su hipoteca es pequeña, por lo que, de momento, su
familia está recortando "en lo superfluo". De acuerdo con este
funcionario, el gran problema es la falta de esperanza, que las cosas
van a peor. "Vivimos permanentemente asustados", asegura. Los planes de
Fernández para el futuro: "Me estoy buscando las alubias por otro lado.
Si me surge otro trabajo por las mañanas, allí me iré si puedo ganar más
dinero".
PATROCINIO NIETO MORENO: "No me afecta tanto, pero a otros compañeros sí". Nieto es jefa de servicio en la Dirección General de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta funcionaria ha estado "toda su vida" en la empresa privada y lleva
seis años en el sector público. Con un salario neto de 2.300 euros
mensuales, y "al ser una persona sola", los recortes no le van a afectar
"tanto". Se solidariza con otros compañeros que sí van a salir
perjudicados por la eliminación de la paga extra. Planes de futuro de la
funcionaria: cambiar planes, de hecho. Nieto no va a poder acometer las
obras que tenía proyectadas para su casa.
PILAR ECHEVARRÍA: "¿De qué vamos a vivir...?".
Echevarría, de 56 años, apunta a su edificio con hastío y dice: "Aquí
llevo 36 años metida". Echevarría se refiere al de Nuevos Ministerios,
donde es funcionaria en la Dirección General de Carreteras de Fomento.
Echevarría mueve la cabeza, irritada, en gesto de rechazo. Su salario es
de 1.100 euros mensuales y a su marido —quien trabaja en banca— le van a
hacer un ERE.
"¿De qué vamos a vivir...?", se pregunta. "Encima, nos echan la culpa a
los funcionarios. Nos han quitado los moscosos, que era lo único que
teníamos..." La empleada pública afronta una hipoteca y sus dos hijos,
periodistas, se encuentran en paro. Planes de futuro: "A este paso,
vamos a tener que suprimir todos los gastos".
MERCEDES HERNÁNDEZ: "Estas medidas no están justificadas".
Hernández desempeña su labor en el área de Informática del Ministerio
de Empleo y tiene 59 años, 26 consagrados a la función pública.
Hernández gana 1.500 euros. A pesar de que en su caso sostiene que no va
a tener problemas, ha estado en todas las concentraciones de sus
compañeros. "Estas medidas no están justificadas", afirma sin titubear.
Somoza en Nicaragua también tenía un "bunker"
Los grupos ven excesivo el blindaje del Congreso para protegerlo de las protestas
Izquierda Plural quiere que se retiren las vallas
Blindaje policial en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. / Javier Lizón (EFE)
Todos los grupos parlamentarios consideran excesivo el blindaje de seguridad que rodea al Congreso de los Diputados
para impedir que posibles manifestantes alcancen los accesos a la
Cámara Baja. "A mi no me gusta esta imagen pero no voy a inmiscuirme en
las decisiones que tome la Seguridad del Estado", ha dicho el portavoz
del Grupo Popular, Alfonso Alonso. Tampoco le gusta a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez,
a quien les resulta "excesivo por injustificado", y de la misma opinión
participan los portavoces de Izquierda Plural, José Luis Centella ( IU )
y Joan Coscubiela ( ICV).
En principio solo estos últimos intentarán aligerar de medios policiales los alrededores del Congreso mediante una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para que "la seguridad del Estado liberen de vallas al Congreso", según anuncia José Luis Centella. Desde que empezaran las manifestaciones contra los recortes anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ciudadanos que protestan en las calles intentan acercarse lo más posible al Congreso, como sede de la soberanía popular, en el que, además, el jueves se convalidarán dos decretos con los recortes. Nada más que el presidente del Gobierno anunció la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios el pasado miércoles, varios cientos de funcionarios se concentraron frente al Congreso lo que provocó la presencia de un intenso despliegue policial para que cruzaran la calle, donde estaba el Gobierno en pleno y todos los diputados.
Aunque el representante del Grupo Popular ha afirmado que no le gusta este despliegue policial en torno al Congreso, sobre todo las vallas metálicas, invocó el pasado inmediato para recordar al PSOE que con los gobiernos socialistas el despliegue era parecido, "cuando Rubalcaba era ministro del Interior", señaló el popular Alfonso Alonso.
En principio solo estos últimos intentarán aligerar de medios policiales los alrededores del Congreso mediante una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para que "la seguridad del Estado liberen de vallas al Congreso", según anuncia José Luis Centella. Desde que empezaran las manifestaciones contra los recortes anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ciudadanos que protestan en las calles intentan acercarse lo más posible al Congreso, como sede de la soberanía popular, en el que, además, el jueves se convalidarán dos decretos con los recortes. Nada más que el presidente del Gobierno anunció la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios el pasado miércoles, varios cientos de funcionarios se concentraron frente al Congreso lo que provocó la presencia de un intenso despliegue policial para que cruzaran la calle, donde estaba el Gobierno en pleno y todos los diputados.
Aunque el representante del Grupo Popular ha afirmado que no le gusta este despliegue policial en torno al Congreso, sobre todo las vallas metálicas, invocó el pasado inmediato para recordar al PSOE que con los gobiernos socialistas el despliegue era parecido, "cuando Rubalcaba era ministro del Interior", señaló el popular Alfonso Alonso.
PROTESTAS DE FUNCIONARIOS »
Agentes de la Policía Nacional se suman a la movilización contra los recortes
Un centenar de agentes protesta sin uniforme en la presentación de nuevos policías en Madrid
Entre 500 y 600 funcionarios cortan el tráfico en la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios
CSI-F, UGT y CC OO convocan a las 19.00 frente al Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá
Concentración de policías nacionales ante la comisaría de Canillas en protesta por los recortes. / SAMUEL SÁNCHEZ
Sin descanso y por quinto día consecutivo, los funcionarios se están echando hoy a las calles de Madrid contra los recortes anunciados el viernes por el Gobierno a sus condiciones laborales y a sus sueldos. A la ola de protestas
se han sumado hoy agentes de la Policía Nacional fuera de servicio. Un
centenar de ellos, convocados por los sindicatos Confederación Española
de Policía (CEP) y Unión General de Policías (SUP), se ha concentrado a
las diez de la mañana a las puertas del complejo policial de Canillas
en Madrid, donde se celebraba un acto de presentación de nuevos agentes
para la capital, presidido por el director general de la Policía,
Ignacio Cosidó. Aunque los sindicatos esperaban que estuviera también el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, finalmente no ha acudido.
Estaba a esa hora en un acto de tráfico.
Los agentes no iban de uniforme, lo que supondría una falta contra el
reglamento, sino que llevaban camisetas de los sindicatos, gorras
azules y ruidosas vuvuzelas. Frente a ellos, una docena de compañeros de
la Policía Nacional y algunos agentes municipales les impedían el paso.
Los manifestantes, cuya concentración había sido comunicada a
Delegación del Gobierno y autorizada según ha precisado el SUP, han
gritado "fuera, fuera" a la llegada de Cosidó y de otras autoridades
como la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la consejera de
Presidencia y Justicia de Madrid, Regina Plañiol, que han sido recibidas
con pitadas y bocinazos.
Entre los manifestantes se encontraban Emilio y Jorge, que han
preferido no dar sus apellidos por miedo a represalias. Ambos son
agentes de policía valencianos destinados en Madrid, con mujer e hijos
en Valencia. El recorte de sueldo a los funcionarios y la merma en los
días libres los angustia. “Si quiero ir a ver a mi familia, entre la
gasolina y menos días de vacaciones, tengo que pensármelo dos veces más
que antes”, ha comentado Emilio, indignado. “Yo tengo una hipoteca en
Valencia y que mantenerme también en Madrid, sin ayudas y encima me
recortan el sueldo, ¿de donde saco el dinero?”, se lamentaba Jorge.
El portavoz de la CEP, Lorenzo Nebreda, ha indicado que esta
concentración pretende hacer ver al director "el malestar por los
recortes en las retribuciones y en los derechos sociales en un colectivo
ya maltratado de por sí, lo que pone en riesgo la seguridad de los
ciudadanos". Por su parte, el portavoz del SUP, Serafín Giraldo, ha
recalcado que al trabajador se le están "recortando derechos en
beneficio de los privilegios de los políticos" y ha criticado "cómo las
autoridades venían en coche oficial y respaldados por guardaespaldas".
Con esta concentración, la Policía Nacional ha iniciado su calendario
de protestas después de varios días en los que se han visto frente a
frente con los manifestantes, también funcionarios, a los que han impedido acercarse al Congreso, donde el domingo pensaban acampar. Allí, tuvieron un gesto muy aplaudido y emotivo: cambiar los cascos por las gorras.
El secretario general del SUP, Felipe Brihuega García, ha explicado
que los agentes se sumarán a todas las movilizaciones que se convoquen y
a las que puedan acudir. En este sentido, Brihuega ha indicado que
tienen más miedo a la inseguridad económica del momento que a los
posibles expedientes que les puedan abrir si se manifiestan. Además, SUP
estudia poner en marcha sus propias medidas. Fuentes del sindicato no
descartan una huelga tipo “gafas de madera”, o lo que es lo mismo, una
huelga de bolis caídos. En la Policía Municipal de Madrid, los sindicatos mayoritarios ya han hecho un llamamiento en este sentido a sus compañeros (7.000 agentes).
Funcionarios públicos cortan el tráfico en el paseo de la Castellana. /
A mediodía, los funcionarios de la Administración
General del Estado estaban llamados un día más —la convocatoria es para
toda la semana— a reunirse a las puertas de cada departamento
ministerial y centros de trabajo. La más destacable de estas protestas
se ha podido ver, como en días precedentes, en el paseo de la Castellana
a la altura de Nuevos Ministerios. Allí, entre 500 y
600 empleados públicos, sobre todo de los Ministerios de Empleo,
Agricultura y Fomento, han cortado durante un cuarto de hora el tráfico.
Con los brazos en alto, se han plantado en mitad de la calzada, donde
han impedido el paso de los vehículos con los brazos en alto y al grito
de "Rajoy dimisión, manos arriba esto es un atraco". También han
coreado "con Fabra, Cospedal y Rajoy no comemos hoy". Entre los
manifestantes, una funcionaria llevaba la cabeza tocada con un velo
negro, que sobresalía entre banderas de los sindicatos. "Voy de luto por
la tristeza y la impotencia", ha contado con indignación esta
trabajadora, María del Carmen Barroso, que lleva 35 años como personal
laboral en el Ministerio de Fomento y es liberada sindical. "Hemos
retrocedido 30 años en derechos", ha protestado. "Los funcionarios somos
muy pacíficos y pacientes, pero jamás he visto una situación como
esta", ha comentado mientras caminaba junto con sus compañeros.
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Los empleados públicos se han quejado durante la concentración de que
no se aprecia su labor, ni el hecho de que hagan oposiciones. "Nos
maltratan", es una de las frases que más se han repetido. "Que recorten
desde arriba" , "Que los diputados se bajen el sueldo base, hasta que no
se arregle esto", rezaba uno de los carteles que un empleado público
exhibía en mitad de la Castellana, con un dibujo de Mafalda, (personaje
símbolo de la reivindicación social). "Estamos indignados, humillados,
jodidos y puteados, gracias a los políticos por vuestra gran labor", no
paraban de repetir, para exigir a continuación que "el próximo parado
que sea un diputado". A las 12.15, la concentración, que se ha llevado a
cabo de forma pacífica y sin presencia policial, se ha disuelto. Los
funcionarios han ido regresando a sus puestos de trabajo gritando "a por
ellos, a por ellos" y anunciando: "Volveremos mañana".
A esa misma hora, más de 300 funcionarios, en su
mayoría pertenecientes al Ministerio de Justicia, se manifestaban
uniformados con las camisetas amarillas que simbolizan la protesta en la
calle Génova, rodeando la sede del PP. "Nuestro dinero
se los dais a los banqueros", han coreado al unísono. "Oe, Oe, Oe, oa, a
Rajoy le queremos preguntar por qué cojones hay que recortar mientras
ellos no paran de robar", cantaban.
"Arriba, abajo, recortes al carajo", "esta lucha la vamos a ganar",
"pues no me da la gana, la banca siempre gana", "hunden al obrero,
rescatan al banquero" son otros de los lemas de los trabajadores de
Justicia. Durante la concentración, se han producido pitadas a algunos
empleados que entraban y salían de la sede del PP. "No hay pan para
tanto chorizo", les han espetado mientras llegaban dos furgonetas de
antidisturbios, que no han intervenido. Tras media hora de protesta, los
empleados de Justicia han regresado a sus puestos entre sonoras pitadas
y tras haber interrumpido unos minutos la circulación en la calle de
Génova.
También se han realizado otros cortes por protestas en el paseo del
Prado a la altura del Ministerio de Sanidad, o la calle O'Donnell, ante
el hospital Gregorio Marañón. Además, cerca de 300 funcionarios de la
Universidad Autónoma y del CSIC han cortado la M-607 o carretera de Colmenar Viejo, durante cerca de 45 minutos.
Los empleados públicos volverán a concentrarse por la tarde, esta vez
frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La
concentración, convocada por CSI-F, UGT y CC OO, tendrá lugar a partir
de las siete de la tarde frente a la sede del Ministerio en la calle
Alcalá.
Con información de Luis Piñero Quintana, Flor Gragera y F. Javier Barroso.
Cuando quiere el capitalismo los tira como trapos viejos. ¡ Qué lección !
Los militares, dispuestos a plantarse ante los recortes del Gobierno
Sería la primera protesta castrense contra un Ejecutivo del PP. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) cree que la aplicación del tijeretazo de Rajoy provocará un "caos".
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 16/07/2012 14:37 Actualizado: 16/07/2012 16:02 Público
Dos miembros de la AUME en una imagen de archivo. EFE
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La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) no descarta convocar una manifestación específica de militares contra el decreto de recortes
aprobado el viernes por el Gobierno. El "malestar" e "inquietud"
instalados en el colectivo tras conocer la rebaja de retribuciones y
derechos puede estallar en una concentracion que sería la primera de
militares contra un Ejecutivo del PP en la historia, tras las cuatro
manifestaciones registradas desde 2007 contra los gobiernos de Rodríguez
Zapatero.
El secretario general de la AUME, Mariano Casado, declaró a Público que no descartan convocar una manifestación "específica" de militares en protesta por los recortes, haciendo uso del derecho de reunión que les asiste como al resto de los ciudadanos. AUME, que agrupa a unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, convocó cuatro manifestaciones entre noviembre de 2007 y octubre de 2010, contra el encarcelamiento de su líder, el brigada Jorge Bravo, y contra legislaciones con las que discrepaban, como la Ley de Carrera Militar.
Tras el tijeretazo de Rajoy, la asociación hizo público un comunicado en el que anunciaba que se sumaría a las iniciativas ciudadanas contra los recortes, pero además, según explicó Casado, estudiará en los órganos de la asociación llevar a cabo "reivindicaciones específicas" del colectivo. Una manifestación de militares sería la primera organizada contra un Gobierno del PP. Sí ha habido en el pasado fuerte malestar de sectores de las Fuerzas Armadas con un Ejecutivo del PP, en concreto por la gestión del ministro Federico Trillo tras el accidente aéreo del Yak-42, donde murieron más de 60 efectivos que regresaban de Afganistán.
Casado ha insistido en reclamar al Ministerio de Defensa que, antes de recortar el sueldo a los militares, elimine los gastos supérfluos que se producen en los cuarteles con motivo de celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversarios de promociones, uso de pabellones de cargo, juras de bandera civiles o participación en fiestas religiosas. La AUME tiene conocimiento de que se trata de prácticas generalizadas en cuarteles de toda España, aunque no tiene cuantificado su coste. Cree que el Ministerio sí puede establecer el dinero que se gasta en estas actividades y ordenar el ahorro de esas partidas, junto a otras como la reducción del uso de vehículos oficiales o de aeronaves.
En España hay unos 130.000 militares, de los cuales 80.000 son soldados y marineros, y el resto, suboficiales y oficiales. Los peor parados con los recortes son los primeros, que, en sus primeros años de contrato con las Fuerzas Armadas, tienen sueldos que no alcanzan los 900 euros. Defensa ya ha anunciado una reducción de efectivos, de cerca de 2.000 militares, en los próximos años, debido a la crisis.
El secretario general de la AUME, Mariano Casado, declaró a Público que no descartan convocar una manifestación "específica" de militares en protesta por los recortes, haciendo uso del derecho de reunión que les asiste como al resto de los ciudadanos. AUME, que agrupa a unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, convocó cuatro manifestaciones entre noviembre de 2007 y octubre de 2010, contra el encarcelamiento de su líder, el brigada Jorge Bravo, y contra legislaciones con las que discrepaban, como la Ley de Carrera Militar.
Tras el tijeretazo de Rajoy, la asociación hizo público un comunicado en el que anunciaba que se sumaría a las iniciativas ciudadanas contra los recortes, pero además, según explicó Casado, estudiará en los órganos de la asociación llevar a cabo "reivindicaciones específicas" del colectivo. Una manifestación de militares sería la primera organizada contra un Gobierno del PP. Sí ha habido en el pasado fuerte malestar de sectores de las Fuerzas Armadas con un Ejecutivo del PP, en concreto por la gestión del ministro Federico Trillo tras el accidente aéreo del Yak-42, donde murieron más de 60 efectivos que regresaban de Afganistán.
Los militares piden que se eliminen gastos superfluos en los cuarteles en lugar de recortar sueldos
Además,
Casado cree que la disposición adicional sexta del decreto de recortes,
publicado por el BOE el pasado sábado, es demasiado genérica al
concretar la aplicación de las medidas a las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil, obviando la complejidad de la regulación de estas
instituciones. En su opinión, la redacción de la norma generará un "caos" en la aplicación de las medidas.Casado ha insistido en reclamar al Ministerio de Defensa que, antes de recortar el sueldo a los militares, elimine los gastos supérfluos que se producen en los cuarteles con motivo de celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversarios de promociones, uso de pabellones de cargo, juras de bandera civiles o participación en fiestas religiosas. La AUME tiene conocimiento de que se trata de prácticas generalizadas en cuarteles de toda España, aunque no tiene cuantificado su coste. Cree que el Ministerio sí puede establecer el dinero que se gasta en estas actividades y ordenar el ahorro de esas partidas, junto a otras como la reducción del uso de vehículos oficiales o de aeronaves.
En España hay unos 130.000 militares, de los cuales 80.000 son soldados y marineros, y el resto, suboficiales y oficiales. Los peor parados con los recortes son los primeros, que, en sus primeros años de contrato con las Fuerzas Armadas, tienen sueldos que no alcanzan los 900 euros. Defensa ya ha anunciado una reducción de efectivos, de cerca de 2.000 militares, en los próximos años, debido a la crisis.
Sin caretas: la "libertad de expresión" cuando el sistema capitalista está en crisis.
ERE EN RTVV »
El comité de empresa de RTVV convoca dos días de huelga contra el ERE
Los empleados tomaron Canal 9 tras conocer el ERE que afectará a 1.295 personas
La deuda del ente público ronda los 1.300 millones de euros
Concentración de trabajadores de Canal 9 contra el ERE. / JORDI VICENT
El comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha
convocado dos días de huelga para los próximos 27 y 28 de julio en
protesta por la propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE)
presentada por la dirección del ente, que prevé hasta 1.295 despidos,
han informado fuentes sindicales.
Los trabajadores también han reclamado a la empresa la paralización de los expedientes anunciados este lunes a los empleados que interrumpieron el desarrollo de la emisión de Canal 9 durante la primera edición del Noticies 9 en protesta por el ERE.
RTVV avanzó que, además, está analizando los hechos por si los mismos fueran constitutivos de algún tipo de ilícito penal, en cuyo caso el ente lo pondría en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
Ahorro: La dirección calcula que RTVV se ahorrará 54 millones de euros en salarios, puesto que en 2011 el gasto de personal estaba situado en 73,86 millones de euros y en 2013 se prevé pagar solo 17,74 millones en nóminas.
Canal 9: La televisión pública será la que más trabajadores eche a la calle. Pasará de 1.247 profesionales a 253. Serán despedidos 994 trabajadores.
Ràdio 9: La radio valenciana se deshará de 103 trabajadores sobre una plantilla total de 170 empleados. La plantilla final se quedará en 67 trabajadores.
El Ente: Los servicios centrales de RTVV se reducirán de 247 trabajadores a 74. Serán despedidos 173 empleados.
NouMultimedia: La empresa que se hace cargo de la web corporativa elimina 25 de sus 31 puestos de trabajo. Se quedará con solo 6 profesionales.
Según informa Intersindical en su cuenta de Twitter, la Policía ha
vuelto a presentarse en la sede de Canal 9. Ayer, agentes de la Policía
de la Generalitat -la encargada de la seguridad en los edificios
públicos- ya se personaron en el edificio de Burjassot respondiendo a un
aviso del ente.
Tras la celebración de la reunión del comité de empresa, los trabajadores se han concentrado ante la sede de Canal 9 en Valencia y en Alicante en señal de protesta por el ERE.
Mientras, el consejero de Esquerra Unida del País Valencià en RTVV, Guillermo Sampedro, ha tildado esta mañana de "derroche indignante" el dinero que se han gastado los directivos del ente "en un informe, el de Garrigues, que es un corta y pega del informe encargado anteriormente a Price Waterhouse y que costó prácticamente lo mismo". El informe de Price, encargado en diciembre de 2010 para reestructurar el ente, costó 180.000 euros, y el de Garrigues, que se contrató a principios de año para concretar el ERE, otros 125.000.
Sampedro, en un comunicado, ha señalado que es "insultante" el despido de casi 1.300 trabajadores "mientras algunas consultoras hacen negocio con informes repetidos". Además, ha denunciado la "clara persecución" que va a iniciarse a la hora de despedir al personal. EU ha exigido que se anulen todos los expedientes abiertos a los miembros del comité de empresa y a los trabajadores que ayer protagonizaron la protesta a los estudios de RTVV.
Por su parte, el grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente para que el Consell "explique las razones que le han llevado a la aprobación" de un ERE que considera "desproporcionado e injusto". El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha destacado que los trabajadores de RTVV "no son responsables de la situación de ruina en que se encuentra". Así, considera que "es el PP y los directivos a los que ha ido poniendo al frente quienes deben dar explicaciones sobre cómo y por qué ha multiplicado la deuda de RTVV por 40 desde que gobiernan".
En cambio, el portavoz en funciones del grupo popular en las Cortes, Rafael Maluenda, ha afirmado que el ERE "se realiza para adaptar la estructura del ente a los nuevos tiempos y ajustar una empresa sobredimensionada", y ha lamentado que la oposición "utilice a los trabajadores con el único fin de hacer agitación".
El anuncio de la dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de despedir al 76% de la plantilla, es decir, echar a la calle a 1.295 trabajadores de la empresa pública, desembocó este lunes en una protesta espontánea de indignación creciente que logró paralizar durante horas las emisiones de Canal 9. Por primera vez en la historia de la televisión pública española, un grupo de trabajadores irrumpió en un plató de una cadena y logró interrumpir la programación sin que mediara un anuncio de huelga.
Ocurrió pasadas las dos de la tarde, cuando Canal 9 debía acometer la emisión de los informativos de Notícies 9. En antena se logró ver en directo a los trabajadores protestando por el expediente de regulación de empleo (ERE) y clamando contra la dirección hasta que a las 14.20 la pantalla se fundió a negro. 15 minutos después comenzó a emitirse una programación enlatada.
“Este es el día más triste de nuestras vidas”, clamaba en antena con un megáfono en la mano una integrante del comité de empresa. “Vamos a luchar por todos los puestos de trabajo”, aseguró otro trabajador. Poco después, varios agentes de la policía autonómica, según fuentes sindicales, entraron en el estudio de informativos con el fin de desalojarlo y accedieron a la zona desde la que se emite la señal, con el fin de “garantizar” la emisión. En las puertas de RTVV se apostaron varias patrullas. A pesar de ello, las protestas de trabajadores en la sede en Burjassot de Canal 9 continuaron toda la tarde.
El desencadenante fue el anuncio que hizo la dirección del ERE que el Gobierno del popular Alberto Fabra lleva masticando desde hace más de un año. A las doce de la mañana, la dirección convocó a los miembros del comité de empresa para explicarles los drásticos recortes programados en la empresa. Así, RTVV ha decidido finalmente despedir a 1.295 de los 1.695 trabajadores de su plantilla. El objetivo es dejar una empresa pública con apenas 400 profesionales. Un tijeretazo que afecta casi por igual a todas las empresas del grupo.
Así, Canal 9, con 1.247 empleados, tendrá que despedir a 994. En Ràdio 9, que cuenta actualmente con 170, se desharán de 103 trabajadores. La sección digital de la empresa, denominada NouMultimedia, pasará de 31 empleados a solo 6. Y los servicios centrales de la casa, conocidos como el ente, reducirán su plantilla de 247 puestos de trabajo a 74.
Era una escabechina anunciada. La dirección de RTVV y la Generalitat, en manos del PP, llevan más de un año planificando el tijeretazo que acabará con una televisión cuyas pérdidas en los últimos años rondaban ya los 300 millones anuales. Una cantidad difícil de enjugar con una aportación pública que se ha reducido de 112 millones en 2010 a 85 el ejercicio pasado. Y más aún, si la audiencia se ha estancado a la baja en apenas un 5% de los telespectadores.
RTVV, que comenzó sus emisiones en 1989 con el objetivo de ser el medio de comunicación de referencia en valenciano, se convirtió en un instrumento político de difícil renuncia. En 1995, con una plantilla de 653 trabajadores y una deuda de apenas 30 millones de euros, pasó a manos del PP. Desde entonces, ha duplicado su número de empleados y ha multiplicado sus números rojos por 40. La oposición se ha pasado los últimos tres lustros denunciando que las nuevas contrataciones se hacían para conseguir empleados afines al PP a costa de marginar a los antiguos profesionales. La deuda actual ronda los 1.300 millones y el gasto de personal en 2011 fue de 73,86 millones.
En verano de 2010, el director general de RTVV, José López Jaraba, convocó un concurso que se adjudicó por 180.000 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar un ajuste en la organización de Canal 9. Jaraba negó las conclusiones del informe tanto a la oposición como al consejo de administración. A principios de este año, la dirección anunció que afrontaría un ERE y decidió encargar un nuevo informe, que ganó por 125.000 euros el gabinete Garrigues, que marcaría las líneas maestras del ERE. Ayer se supo que PwC ya determinó en 2011 que la plantilla debería reducirse a 387 trabajadores.
Desde la oposición se criticó ayer que Fabra diera vía libre al ERE, que afectará sin duda a muchos afiliados y familiares de cargos del PP, una vez que ya han concluido los congresos provinciales del partido. También cuestionaron que se anuncien los despidos en pleno verano, apenas cuatro días después de aprobarse la nueva ley de RTVV y una vez que ha concluido el periodo de sesiones en las Cortes valencianas, para evitar el debate político con los partidos de la oposición.
Los trabajadores también han reclamado a la empresa la paralización de los expedientes anunciados este lunes a los empleados que interrumpieron el desarrollo de la emisión de Canal 9 durante la primera edición del Noticies 9 en protesta por el ERE.
RTVV avanzó que, además, está analizando los hechos por si los mismos fueran constitutivos de algún tipo de ilícito penal, en cuyo caso el ente lo pondría en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
Cómo despedir a tres cuartas partes de la plantilla
RTVV: La dirección expuso ayer las dimensiones del expediente de regulación de empleo (ERE) de la radiotelevisión pública. Sobre una plantilla de 1.695 trabajadores, serán despedidos 1.295. RTVV tendrá al final solo 400 empleados.Ahorro: La dirección calcula que RTVV se ahorrará 54 millones de euros en salarios, puesto que en 2011 el gasto de personal estaba situado en 73,86 millones de euros y en 2013 se prevé pagar solo 17,74 millones en nóminas.
Canal 9: La televisión pública será la que más trabajadores eche a la calle. Pasará de 1.247 profesionales a 253. Serán despedidos 994 trabajadores.
Ràdio 9: La radio valenciana se deshará de 103 trabajadores sobre una plantilla total de 170 empleados. La plantilla final se quedará en 67 trabajadores.
El Ente: Los servicios centrales de RTVV se reducirán de 247 trabajadores a 74. Serán despedidos 173 empleados.
NouMultimedia: La empresa que se hace cargo de la web corporativa elimina 25 de sus 31 puestos de trabajo. Se quedará con solo 6 profesionales.
Tras la celebración de la reunión del comité de empresa, los trabajadores se han concentrado ante la sede de Canal 9 en Valencia y en Alicante en señal de protesta por el ERE.
Mientras, el consejero de Esquerra Unida del País Valencià en RTVV, Guillermo Sampedro, ha tildado esta mañana de "derroche indignante" el dinero que se han gastado los directivos del ente "en un informe, el de Garrigues, que es un corta y pega del informe encargado anteriormente a Price Waterhouse y que costó prácticamente lo mismo". El informe de Price, encargado en diciembre de 2010 para reestructurar el ente, costó 180.000 euros, y el de Garrigues, que se contrató a principios de año para concretar el ERE, otros 125.000.
Sampedro, en un comunicado, ha señalado que es "insultante" el despido de casi 1.300 trabajadores "mientras algunas consultoras hacen negocio con informes repetidos". Además, ha denunciado la "clara persecución" que va a iniciarse a la hora de despedir al personal. EU ha exigido que se anulen todos los expedientes abiertos a los miembros del comité de empresa y a los trabajadores que ayer protagonizaron la protesta a los estudios de RTVV.
Por su parte, el grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente para que el Consell "explique las razones que le han llevado a la aprobación" de un ERE que considera "desproporcionado e injusto". El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha destacado que los trabajadores de RTVV "no son responsables de la situación de ruina en que se encuentra". Así, considera que "es el PP y los directivos a los que ha ido poniendo al frente quienes deben dar explicaciones sobre cómo y por qué ha multiplicado la deuda de RTVV por 40 desde que gobiernan".
En cambio, el portavoz en funciones del grupo popular en las Cortes, Rafael Maluenda, ha afirmado que el ERE "se realiza para adaptar la estructura del ente a los nuevos tiempos y ajustar una empresa sobredimensionada", y ha lamentado que la oposición "utilice a los trabajadores con el único fin de hacer agitación".
El anuncio de la dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de despedir al 76% de la plantilla, es decir, echar a la calle a 1.295 trabajadores de la empresa pública, desembocó este lunes en una protesta espontánea de indignación creciente que logró paralizar durante horas las emisiones de Canal 9. Por primera vez en la historia de la televisión pública española, un grupo de trabajadores irrumpió en un plató de una cadena y logró interrumpir la programación sin que mediara un anuncio de huelga.
Ocurrió pasadas las dos de la tarde, cuando Canal 9 debía acometer la emisión de los informativos de Notícies 9. En antena se logró ver en directo a los trabajadores protestando por el expediente de regulación de empleo (ERE) y clamando contra la dirección hasta que a las 14.20 la pantalla se fundió a negro. 15 minutos después comenzó a emitirse una programación enlatada.
“Este es el día más triste de nuestras vidas”, clamaba en antena con un megáfono en la mano una integrante del comité de empresa. “Vamos a luchar por todos los puestos de trabajo”, aseguró otro trabajador. Poco después, varios agentes de la policía autonómica, según fuentes sindicales, entraron en el estudio de informativos con el fin de desalojarlo y accedieron a la zona desde la que se emite la señal, con el fin de “garantizar” la emisión. En las puertas de RTVV se apostaron varias patrullas. A pesar de ello, las protestas de trabajadores en la sede en Burjassot de Canal 9 continuaron toda la tarde.
El desencadenante fue el anuncio que hizo la dirección del ERE que el Gobierno del popular Alberto Fabra lleva masticando desde hace más de un año. A las doce de la mañana, la dirección convocó a los miembros del comité de empresa para explicarles los drásticos recortes programados en la empresa. Así, RTVV ha decidido finalmente despedir a 1.295 de los 1.695 trabajadores de su plantilla. El objetivo es dejar una empresa pública con apenas 400 profesionales. Un tijeretazo que afecta casi por igual a todas las empresas del grupo.
Así, Canal 9, con 1.247 empleados, tendrá que despedir a 994. En Ràdio 9, que cuenta actualmente con 170, se desharán de 103 trabajadores. La sección digital de la empresa, denominada NouMultimedia, pasará de 31 empleados a solo 6. Y los servicios centrales de la casa, conocidos como el ente, reducirán su plantilla de 247 puestos de trabajo a 74.
Era una escabechina anunciada. La dirección de RTVV y la Generalitat, en manos del PP, llevan más de un año planificando el tijeretazo que acabará con una televisión cuyas pérdidas en los últimos años rondaban ya los 300 millones anuales. Una cantidad difícil de enjugar con una aportación pública que se ha reducido de 112 millones en 2010 a 85 el ejercicio pasado. Y más aún, si la audiencia se ha estancado a la baja en apenas un 5% de los telespectadores.
RTVV, que comenzó sus emisiones en 1989 con el objetivo de ser el medio de comunicación de referencia en valenciano, se convirtió en un instrumento político de difícil renuncia. En 1995, con una plantilla de 653 trabajadores y una deuda de apenas 30 millones de euros, pasó a manos del PP. Desde entonces, ha duplicado su número de empleados y ha multiplicado sus números rojos por 40. La oposición se ha pasado los últimos tres lustros denunciando que las nuevas contrataciones se hacían para conseguir empleados afines al PP a costa de marginar a los antiguos profesionales. La deuda actual ronda los 1.300 millones y el gasto de personal en 2011 fue de 73,86 millones.
En verano de 2010, el director general de RTVV, José López Jaraba, convocó un concurso que se adjudicó por 180.000 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar un ajuste en la organización de Canal 9. Jaraba negó las conclusiones del informe tanto a la oposición como al consejo de administración. A principios de este año, la dirección anunció que afrontaría un ERE y decidió encargar un nuevo informe, que ganó por 125.000 euros el gabinete Garrigues, que marcaría las líneas maestras del ERE. Ayer se supo que PwC ya determinó en 2011 que la plantilla debería reducirse a 387 trabajadores.
Desde la oposición se criticó ayer que Fabra diera vía libre al ERE, que afectará sin duda a muchos afiliados y familiares de cargos del PP, una vez que ya han concluido los congresos provinciales del partido. También cuestionaron que se anuncien los despidos en pleno verano, apenas cuatro días después de aprobarse la nueva ley de RTVV y una vez que ha concluido el periodo de sesiones en las Cortes valencianas, para evitar el debate político con los partidos de la oposición.
Sin caretas: asegurarse el monopolio medíatico
ERE EN RTVV
Fabra se asegura el control de la plantilla de Canal 9 tras el ERE
La circunstancia de tener una oposición aprobada no se valorará ni en la radio ni en la televisión a la hora de decidir quiénes serán despedidos
Trabajadores de RTVV celebraron ayer por la mañana una asamblea ante las instalaciones de Burjassot. / JORDI VICENT
Presidencia de la Generalitat se ha garantizado el control sobre la
plantilla que quedará en Canal 9 tras el expediente de regulación de
empleo (ERE) que afectará a 1.295 trabajadores de la radio televisión
pública valenciana. Alberto Fabra seguirá controlando con el mando a
distancia los contenidos de Canal 9, como antes hicieron sus antecesores
Francisco Camps y Eduardo Zaplana.
Los 10 criterios que empleará la dirección de Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV) para decidir qué personas se irán a la calle y cuáles
seguirán son tan interpretables que la dirección de Canal 9 tiene las
manos libres para elegir al personal que considere más afín. Desde la
dirección de RTVV se subrayó que el bufete de abogados que ha coordinado
el ERE no se arriesgaría a que un juez tumbara el proceso e incurrir en
responsabilidad civil. Nada se dijo, sin embargo, de las posibles
reclamaciones individuales que, de hecho, van a interponer numerosos
trabajadores ante los tribunales.
El hecho de haber aprobado una oposición no supondrá un criterio preferente (no figura en el decálogo) puesto que la dirección considera que sólo los trabajadores de la matriz del grupo, el Ente Público RTVV, que cumplen ese criterio tienen la condición de funcionarios. Allí se reducirá la plantilla de 247 trabajadores a 74. Así, a la hora de seleccionar a los 173 despedidos, la dirección sí podría tener en cuenta el paso por una oposición. Pero, ya sin mirar ese criterio, en Canal 9 se irán a la calle 994 trabajadores, en Ràdio 9 otros 103 y en la división digital, 25 más.
De los 1.695 trabajadores actuales de RTVV, alrededor de 960, según el comité de empresa, han aprobado una oposición para hacerse con el puesto de trabajo, es decir, más del doble de la plantilla final a la que se reducirá la televisión autonómica tras el ERE.
Sin embargo, según explicó ayer la dirección, que se maneja bajo la premisa de “o ERE o cierre”, la salida del personal será escalonada, para permitir que la programación de la televisión autonómica se vaya externalizando poco a poco. De cualquier forma, todo finalizará a más tardar el 31 de agosto de 2013, tal y como ha estipulado el gabinete de abogados Garrigues, que se ha convertido en la empresa liquidadora tras ganar por 125.000 euros el concurso de RTVV.
Eso sí, en un país con una economía prácticamente intervenida, todo parece indicar que la autoridad competente en materia laboral no pondrá pegas a que RTVV despida a sus trabajadores con una indemnización de solo 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.
En ese sentido, la dirección de la televisión valenciana aclaró ayer que si en la documentación entregada al consejo de administración no figura el coste total que supondrá el despido colectivo de más de mil trabajadores es porque el proceso está abierto a negociación. Es decir, la dirección no sabe a cuántos se despedirá al final, en qué condiciones se prejubilarán o qué gasto habrá en programas de formación y de recolocación previstos en las medidas sociales del ERE.
Entre los criterios sí que se incluye la puntualización de que la causa preferente del ERE “es netamente económica” y que por ello “resulta evidente” que se considerará “el mayor coste que suponga mantener vigente un contrato de trabajo frente a otros”. Es evidente que los trabajadores con más antigüedad, y entre ellos los que fundaron Canal 9 en 1989 en tiempos de un Gobierno socialista, están más amenazados.
Lógicamente, a toda empresa le interesa quedarse con trabajadores con experiencia profesional. Y Canal 9 valorará “desde un punto de vista cualitativo” esa experiencia, pero da igual que el trabajador “la haya tenido dentro o fuera de la empresa”. Del mismo modo, numerosos puntos del decálogo hecho público por RTVV quedan al criterio subjetivo de los evaluadores, como la polivalencia funcional del empleado, las buenas prácticas profesionales, las aptitudes de gestión de equipo y las habilidades de interacción social. En lo negativo, serán puntos a restar la existencia en el expediente personal de “actuaciones disciplinarias” o “quejas de compañeros”, además del absentismo laboral, siempre que no esté justificado.
También se explica que en aquellos puestos de trabajo expuestos al público en general “también se valorarán las aptitudes profesionales inherentes a dicha exposición”, quizá en referencia a una presencia física agradable. En definitiva, RTVV se quedará con “los profesionales que puedan ofrecer un mayor nivel de eficiencia y eficacia en sus servicios”.
De momento, parece claro que RTVV acometerá un plan de prejubilaciones puesto que en la documentación entregada a los consejeros hay una relación con 95 personas de más de 55 años.
Ante esta falta de concreción, los sindicatos representados en el comité de empresa poco pueden hacer. Salvo convocar, como hicieron ayer, una huelga de 48 horas en RTVV que tendrá lugar los días 27 y 28 de julio, además de una protesta programada para hoy durante la celebración del consejo de administración que lance el ERE. Ayer, la programación en Canal 9 continuó casi con normalidad. La dirección solo suprimió la emisión del programa Ocupa’t, previsto a las 13.30, después de que la plantilla finalizara una protesta a las puertas de la sede de la televisión en Burjassot. Según los trabajadores sí se notó una mayor presencia de la seguridad privada y de los agentes de la Policía Autonòmica en las zonas de acceso a Canal 9, en los platós de televisión y en la sala de control de las emisiones.
Las críticas de los trabajadores continuaron ayer. El último objetivo del proceso “es dejar el patrimonio de los valencianos al servicio de empresas privadas vinculadas al PP”, denunció ayer el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, que añadió: “Es incomprensible que se plantee el despido de todos los cámaras de una televisión o de todos los técnicos de una radio”. Y así parece, puesto que entre los profesionales a sacrificar, figuran 127 cámaras, 90 guionistas y 90 redactores en Canal 9, o 24 técnicos de sonido, 12 redactores y 46 guionistas en Ràdio 9. Los sindicatos explican que una empresa privada que se haga con el servicio de contratación de operarios de cámaras puede hacer mucho dinero a costa de Canal 9.
Es más, Mifsud denunció que se vaya a echar a la calle a nueve asesores lingüistas en una televisión que por definición tiene que ser el vehículo de referencia de la difusión de la lengua propia, el valenciano.
UNA TELEVISIÓN EN QUIEBRA
Deuda. La deuda de RTVV, al cierre de 2011, se eleva a 1.309 millones de euros.
E Pérdidas. Acumulado de 812,2 millones en cuatro años (203 de media). Se pasó de 245,2 millones de 2008 a los 171,3 en 2011.
Ingresos por programas propios. Las ventas solo han supuesto unos ingresos de 66,1 millones de euros (una media de apenas 16,5 millones al año), pues han caído de los 40,5 millones de 2008 a solo 1,1 millones en 2011.
Aportación de la Generalitat. Ha caído en tres años de los 120 millones de euros de 2009 a los 85 millones de 2011.
Publicidad. Los ingresos publicitarios han supuesto apenas 90 millones de euros en cuatro ejercicios (una media de 22,5). Se han desplomado desde los 29,2 millones de 2008 a los apenas 16,3 en 2011.
Gasto de personal. Las nóminas suman 316 millones en cuatro años (79 de media).
Gastos financieros. 116,6 millones en cuatro años (29 millones de media anual).
Compra de programas. RTVV ha gastado en derechos de emisión 420 millones en cuatro años (105 de media).
Deuda. La deuda de RTVV, al cierre de 2011, se eleva a 1.309 millones de euros.
E Pérdidas. Acumulado de 812,2 millones en cuatro años (203 de media). Se pasó de 245,2 millones de 2008 a los 171,3 en 2011.
Ingresos por programas propios. Las ventas solo han supuesto unos ingresos de 66,1 millones de euros (una media de apenas 16,5 millones al año), pues han caído de los 40,5 millones de 2008 a solo 1,1 millones en 2011.
Aportación de la Generalitat. Ha caído en tres años de los 120 millones de euros de 2009 a los 85 millones de 2011.
Publicidad. Los ingresos publicitarios han supuesto apenas 90 millones de euros en cuatro ejercicios (una media de 22,5). Se han desplomado desde los 29,2 millones de 2008 a los apenas 16,3 en 2011.
Gasto de personal. Las nóminas suman 316 millones en cuatro años (79 de media).
Gastos financieros. 116,6 millones en cuatro años (29 millones de media anual).
Compra de programas. RTVV ha gastado en derechos de emisión 420 millones en cuatro años (105 de media).
El hecho de haber aprobado una oposición no supondrá un criterio preferente (no figura en el decálogo) puesto que la dirección considera que sólo los trabajadores de la matriz del grupo, el Ente Público RTVV, que cumplen ese criterio tienen la condición de funcionarios. Allí se reducirá la plantilla de 247 trabajadores a 74. Así, a la hora de seleccionar a los 173 despedidos, la dirección sí podría tener en cuenta el paso por una oposición. Pero, ya sin mirar ese criterio, en Canal 9 se irán a la calle 994 trabajadores, en Ràdio 9 otros 103 y en la división digital, 25 más.
De los 1.695 trabajadores actuales de RTVV, alrededor de 960, según el comité de empresa, han aprobado una oposición para hacerse con el puesto de trabajo, es decir, más del doble de la plantilla final a la que se reducirá la televisión autonómica tras el ERE.
Despidos escalonados en septiembre
“Defendemos una televisión enteramente pública con servicios externalizados”, explican desde la dirección. Y añaden que “los servicios contratados fuera son mucho más baratos que los que se hacen dentro”. Y por ello el ERE ya está lanzado, y se gestionará al ritmo que ahora permite la ley tras la última reforma laboral. El consejo de administración votará esta tarde (17.30) en un pleno el inicio de los trámites. La negociación entre la dirección y los trabajadores finalizará el próximo 20 de agosto. Y apenas ocurra eso, el consejo de administración volverá a reunirse para aprobar definitivamente el ERE.Sin embargo, según explicó ayer la dirección, que se maneja bajo la premisa de “o ERE o cierre”, la salida del personal será escalonada, para permitir que la programación de la televisión autonómica se vaya externalizando poco a poco. De cualquier forma, todo finalizará a más tardar el 31 de agosto de 2013, tal y como ha estipulado el gabinete de abogados Garrigues, que se ha convertido en la empresa liquidadora tras ganar por 125.000 euros el concurso de RTVV.
Eso sí, en un país con una economía prácticamente intervenida, todo parece indicar que la autoridad competente en materia laboral no pondrá pegas a que RTVV despida a sus trabajadores con una indemnización de solo 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.
En ese sentido, la dirección de la televisión valenciana aclaró ayer que si en la documentación entregada al consejo de administración no figura el coste total que supondrá el despido colectivo de más de mil trabajadores es porque el proceso está abierto a negociación. Es decir, la dirección no sabe a cuántos se despedirá al final, en qué condiciones se prejubilarán o qué gasto habrá en programas de formación y de recolocación previstos en las medidas sociales del ERE.
Entre los criterios sí que se incluye la puntualización de que la causa preferente del ERE “es netamente económica” y que por ello “resulta evidente” que se considerará “el mayor coste que suponga mantener vigente un contrato de trabajo frente a otros”. Es evidente que los trabajadores con más antigüedad, y entre ellos los que fundaron Canal 9 en 1989 en tiempos de un Gobierno socialista, están más amenazados.
Lógicamente, a toda empresa le interesa quedarse con trabajadores con experiencia profesional. Y Canal 9 valorará “desde un punto de vista cualitativo” esa experiencia, pero da igual que el trabajador “la haya tenido dentro o fuera de la empresa”. Del mismo modo, numerosos puntos del decálogo hecho público por RTVV quedan al criterio subjetivo de los evaluadores, como la polivalencia funcional del empleado, las buenas prácticas profesionales, las aptitudes de gestión de equipo y las habilidades de interacción social. En lo negativo, serán puntos a restar la existencia en el expediente personal de “actuaciones disciplinarias” o “quejas de compañeros”, además del absentismo laboral, siempre que no esté justificado.
También se explica que en aquellos puestos de trabajo expuestos al público en general “también se valorarán las aptitudes profesionales inherentes a dicha exposición”, quizá en referencia a una presencia física agradable. En definitiva, RTVV se quedará con “los profesionales que puedan ofrecer un mayor nivel de eficiencia y eficacia en sus servicios”.
De momento, parece claro que RTVV acometerá un plan de prejubilaciones puesto que en la documentación entregada a los consejeros hay una relación con 95 personas de más de 55 años.
Ante esta falta de concreción, los sindicatos representados en el comité de empresa poco pueden hacer. Salvo convocar, como hicieron ayer, una huelga de 48 horas en RTVV que tendrá lugar los días 27 y 28 de julio, además de una protesta programada para hoy durante la celebración del consejo de administración que lance el ERE. Ayer, la programación en Canal 9 continuó casi con normalidad. La dirección solo suprimió la emisión del programa Ocupa’t, previsto a las 13.30, después de que la plantilla finalizara una protesta a las puertas de la sede de la televisión en Burjassot. Según los trabajadores sí se notó una mayor presencia de la seguridad privada y de los agentes de la Policía Autonòmica en las zonas de acceso a Canal 9, en los platós de televisión y en la sala de control de las emisiones.
Las críticas de los trabajadores continuaron ayer. El último objetivo del proceso “es dejar el patrimonio de los valencianos al servicio de empresas privadas vinculadas al PP”, denunció ayer el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, que añadió: “Es incomprensible que se plantee el despido de todos los cámaras de una televisión o de todos los técnicos de una radio”. Y así parece, puesto que entre los profesionales a sacrificar, figuran 127 cámaras, 90 guionistas y 90 redactores en Canal 9, o 24 técnicos de sonido, 12 redactores y 46 guionistas en Ràdio 9. Los sindicatos explican que una empresa privada que se haga con el servicio de contratación de operarios de cámaras puede hacer mucho dinero a costa de Canal 9.
Es más, Mifsud denunció que se vaya a echar a la calle a nueve asesores lingüistas en una televisión que por definición tiene que ser el vehículo de referencia de la difusión de la lengua propia, el valenciano.
Telemadrid entra en quiebra técnica
El ente pide dinero a Aguirre para pagar a proveedores y abonar nóminas de julio y agosto
Necesita con urgencia 88 millones de euros y los bancos le niegan financiación directa
Trabajadores de Telemadrid, RTVE y Efe se manifiestan contra los recortes. / ÁLVARO GARCÍA
Las dificultades económicas por la que atraviesan las cadenas
autonómicas de televisión se ceban en Telemadrid. Las entidades
financieras le han cerrado el grifo y el ente público no puede hacer
frente a los vencimientos inmediatos de los créditos. Necesita con
urgencia 88 millones de euros. Y no los tiene. La solución ideada por la
compañía que dirige José Antonio Sánchez pasa por solicitar fondos a la
Comunidad de Madrid. Una llamada de socorro a la presidenta Esperanza
Aguirre para poder abonar las nóminas de los trabajadores
correspondientes a los meses de julio y agosto, pagar a proveedores y
amortizar créditos.
Esta ausencia de fondos deja a Telemadrid en situación de quiebra técnica, como denuncia la oposición socialista. Sus representantes en el Consejo de Administración rechazaron avalar la operación de emergencia presentada a este organismo el pasado martes y censuraron la gestión del equipo directivo.
Las principales entidades financieras españolas han manifestado su
negativa a financiar de forma directa a Telemadrid, que propone recibir
una inyección de capital de manera indirecta: que los bancos den dinero a
la Comunidad y que esta se lo rebote a Telemadrid. “Se trataría de un
cambio en la fuente de financiación”, argumenta la cadena, que ha visto
cómo se le han cerrado a cal y canto las puertas de los mercados.
De los 88 millones de euros que necesita con premura, 34 corresponden a un crédito concedido por el alemán LandsBank, de Baviera, que ha recibido instrucciones de su central de amortizar todas las operaciones al vencimiento, según los datos que la compañía ofreció al Consejo de Administración. Y el vencimiento lleva fecha del 30 de julio.
Además, Bankia le reclama 3,6 millones; Banesto, 12 y Bankinter, seis. De momento, solo esta última entidad está dispuesta a renovar el crédito. En total, para atender las reclamaciones de los bancos, Telemadrid necesita de manera inmediata 50 millones, a los que se unen los 37 millones de endeudamiento previstos este año en su presupuesto.
La llamada de auxilio de Telemadrid es alta y clara. Sus directivos admiten que después de varias reuniones con las principales entidades financieras —en algunas de la cuales participaron miembros del Gobierno de Aguirre— estas han hecho saber su negativa a financiar de forma directa a Telemadrid. El ente asegura, sin embargo, que los bancos sí están dispuestos a llevar a cabo una operación de financiación directa a la Comunidad para que “posteriormente, sea esta la que aporte a Telemadrid los fondos”.
Para llevar a cabo este cambio de financiación, los gestores de la compañía han solicitado autorización al Consejo de Administración, organismo en el que el PP goza de una aplastante mayoría. “Nosotros no podemos avalar una operación que es fruto de una mala gestión, que hemos denunciado, en la que no hemos podido participar nada más que con sugerencias no atendidas nunca”, es la respuesta que ha dado el portavoz de los consejeros socialistas, Eduardo Sotillos. Su propuesta “formal” es que la comunidad garantice el pago de las nóminas de los trabajadores y desembolse los 20 millones de euros que corresponden al segundo trimestre del contrato-programa (la subvención pública).
Ahora la cantidad que pide a la comunidad es cuatro veces mayor. La
televisión regional necesita 88 millones de euros, de los que 37,9
corresponden a la deuda aprobada en el presupuesto del actual ejercicio y
50,1 a la refinanciación de operaciones anteriores. Sus directivos
dejan en manos de la dirección general de Política Financiera la
elaboración de un calendario para formalizar los pagos.
Y, a ser posible, cuanto antes. Telemadrid admite que para julio y agosto necesita 64,8 millones, entre los que se incluyen 15,4 para el pago de proveedores y acreedores, 4,9 para abonar las nóminas de los más de 1.000 trabajadores que actualmente componen la plantilla de Radiotelevisión Madrid, y 5,5 millones para cubrir seguros sociales e impuestos. El ente confía en que la Comunidad le abone “en los próximos días” los 19,9 millones de euros del contrato programa del segundo trimestre. De manera que es necesario que realice un desembolso adicional de 44,9 millones en estos dos meses. Sin esta inyección de liquidez, Telemadrid se colocaría al borde del precipicio.
Los socialistas ven en este plan un proyecto para “sanear la compañía, endosar la deuda a la comunidad, preparar un expediente de regulación de empleo como el de la radiotelevisión valenciana y luego venderla al mejor postor”, asegura el consejero Sotillos, que planteó como única salida la dimisión de Sánchez y de todo el equipo directivo. “Sería una forma de delimitar responsabilidades y no contribuir a la teoría de que son los trabajadores los causantes de la crisis, como se repite machaconamente”, dijo durante la sesión del Consejo.
Para conocer con profundidad el estado económico de la televisión autonómica, los socialistas han pedido una auditoría de gestión que haga frente a la “opacidad” de las cuentas. La deuda acumulada supera ya los 240 millones de euros. Para este año, los gastos (principalmente destinados a personal y adquisición de contenidos) ascienden a 131 millones. La comunidad aporta 78,9 millones y los ingresos publicitarios previstos rondan los 30 millones, aunque el desplome del sector puede suponer una notable rebaja en la recaudación. Para cuadrar las cuentas, el presupuesto de este año contempla un endeudamiento de 37 millones.
El recurso a la deuda, precisamente, está prohibido en la reforma de la ley audiovisual que ayer se debatió en el Senado. El portavoz del PP, Alejandro Muñoz-Alonso, fue tajante al defender la posibilidad de que las televisiones públicas regionales se puedan privatizar: “No podemos prolongar el despilfarro de los fondos públicos que suponen las autonómicas”, dijo el senador. El senador recordó que en 2010, las 12 televisiones regionales (todas salvo la extremeña y muchas de ellas gestionadas por el PP) costaron 1.750 millones de euros, de los que el 80% procedían de los impuestos. La oposición, sin embargo, ve en esta “contrarreforma” una vía para romper el modelo público, que garantiza el pluralismo, la independencia y la neutralidad.
La brutalidad del ataque hasta genera resistencias cupulares.
Esta ausencia de fondos deja a Telemadrid en situación de quiebra técnica, como denuncia la oposición socialista. Sus representantes en el Consejo de Administración rechazaron avalar la operación de emergencia presentada a este organismo el pasado martes y censuraron la gestión del equipo directivo.
Las deudas
- Créditos. Antes de que termine el año, Telemadrid tiene que hacer frente al vencimiento de créditos concedidos por diversas entidades financieras: LandesBank alemán (34,5 millones de euro), Bankia (3,6), Banesto (12) y Bankinter (6). Solo esta última entidad ha accedido a la renovación.
- Pagos. En julio y agosto el ente público necesita disponer de 64,7 millones. En esta cantidad se incluye el abono de las nóminas (4,9 millones), los seguros sociales e impuestos (5,5) y el pago a proveedores y acreedores (15,4). Además, se contabilizan los 34,5 para amortizar la deuda con el LandesBank, otros 3 a corto plazo de Banesto y los intereses de préstamos (1,3).
De los 88 millones de euros que necesita con premura, 34 corresponden a un crédito concedido por el alemán LandsBank, de Baviera, que ha recibido instrucciones de su central de amortizar todas las operaciones al vencimiento, según los datos que la compañía ofreció al Consejo de Administración. Y el vencimiento lleva fecha del 30 de julio.
Además, Bankia le reclama 3,6 millones; Banesto, 12 y Bankinter, seis. De momento, solo esta última entidad está dispuesta a renovar el crédito. En total, para atender las reclamaciones de los bancos, Telemadrid necesita de manera inmediata 50 millones, a los que se unen los 37 millones de endeudamiento previstos este año en su presupuesto.
La llamada de auxilio de Telemadrid es alta y clara. Sus directivos admiten que después de varias reuniones con las principales entidades financieras —en algunas de la cuales participaron miembros del Gobierno de Aguirre— estas han hecho saber su negativa a financiar de forma directa a Telemadrid. El ente asegura, sin embargo, que los bancos sí están dispuestos a llevar a cabo una operación de financiación directa a la Comunidad para que “posteriormente, sea esta la que aporte a Telemadrid los fondos”.
Para llevar a cabo este cambio de financiación, los gestores de la compañía han solicitado autorización al Consejo de Administración, organismo en el que el PP goza de una aplastante mayoría. “Nosotros no podemos avalar una operación que es fruto de una mala gestión, que hemos denunciado, en la que no hemos podido participar nada más que con sugerencias no atendidas nunca”, es la respuesta que ha dado el portavoz de los consejeros socialistas, Eduardo Sotillos. Su propuesta “formal” es que la comunidad garantice el pago de las nóminas de los trabajadores y desembolse los 20 millones de euros que corresponden al segundo trimestre del contrato-programa (la subvención pública).
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- Los recortes llegan a las televisiones autonómicas
- La subvención cubre el 75% del coste de las autonómicas
Y, a ser posible, cuanto antes. Telemadrid admite que para julio y agosto necesita 64,8 millones, entre los que se incluyen 15,4 para el pago de proveedores y acreedores, 4,9 para abonar las nóminas de los más de 1.000 trabajadores que actualmente componen la plantilla de Radiotelevisión Madrid, y 5,5 millones para cubrir seguros sociales e impuestos. El ente confía en que la Comunidad le abone “en los próximos días” los 19,9 millones de euros del contrato programa del segundo trimestre. De manera que es necesario que realice un desembolso adicional de 44,9 millones en estos dos meses. Sin esta inyección de liquidez, Telemadrid se colocaría al borde del precipicio.
Los socialistas ven en este plan un proyecto para “sanear la compañía, endosar la deuda a la comunidad, preparar un expediente de regulación de empleo como el de la radiotelevisión valenciana y luego venderla al mejor postor”, asegura el consejero Sotillos, que planteó como única salida la dimisión de Sánchez y de todo el equipo directivo. “Sería una forma de delimitar responsabilidades y no contribuir a la teoría de que son los trabajadores los causantes de la crisis, como se repite machaconamente”, dijo durante la sesión del Consejo.
Para conocer con profundidad el estado económico de la televisión autonómica, los socialistas han pedido una auditoría de gestión que haga frente a la “opacidad” de las cuentas. La deuda acumulada supera ya los 240 millones de euros. Para este año, los gastos (principalmente destinados a personal y adquisición de contenidos) ascienden a 131 millones. La comunidad aporta 78,9 millones y los ingresos publicitarios previstos rondan los 30 millones, aunque el desplome del sector puede suponer una notable rebaja en la recaudación. Para cuadrar las cuentas, el presupuesto de este año contempla un endeudamiento de 37 millones.
El recurso a la deuda, precisamente, está prohibido en la reforma de la ley audiovisual que ayer se debatió en el Senado. El portavoz del PP, Alejandro Muñoz-Alonso, fue tajante al defender la posibilidad de que las televisiones públicas regionales se puedan privatizar: “No podemos prolongar el despilfarro de los fondos públicos que suponen las autonómicas”, dijo el senador. El senador recordó que en 2010, las 12 televisiones regionales (todas salvo la extremeña y muchas de ellas gestionadas por el PP) costaron 1.750 millones de euros, de los que el 80% procedían de los impuestos. La oposición, sin embargo, ve en esta “contrarreforma” una vía para romper el modelo público, que garantiza el pluralismo, la independencia y la neutralidad.
La brutalidad del ataque hasta genera resistencias cupulares.
Recortes presupuestarios
Andalucía retirará su recorte salarial a los empleados públicos
Jiménez: “No habrá dos quebrantos en las nóminas de los funcionarios”
Santiago Herrero recibe en la sede de la patronal andaluza al vicepresidente andaluz, Diego Valderas (derecha). / JULIÁN ROJAS
Los empleados públicos andaluces tuvieron ayer una noticia de alivio.
El PSOE anunció que el Ejecutivo andaluz dará marcha atrás y estudiará
en su reunión de hoy formulas para no aplicar el recorte salarial
aprobado por el que se reducía un 5% de media los salarios de los
261.399 empleados públicos de la comunidad, y se eliminaban los
complementos en la paga extraordinaria de verano.
“No vamos a aplicar dos sanciones a los empleados públicos. No habrá dos quebrantos en las nóminas de los funcionarios de Andalucía”, recalcó ayer el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. El anuncio lo realizó tras reunirse con los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, a los que Jiménez trasladó el apoyo de los socialistas a las movilizaciones sindicales contra las medidas de recorte del Gobierno central.
Jiménez indicó que el recorte salarial de los funcionarios será únicamente el que ha decretado el Gobierno de Mariano Rajoy. “Lo que ha regulado el Gobierno central será lo que se aplique en los salarios de los trabajadores públicos de la comunidad andaluza, pues no hacerlo sería prevaricación por parte de la Junta”, apuntó Jiménez.
El vicesecretario de los socialistas andaluces acusó además al Ejecutivo de Rajoy de estar asfixiando económicamente a las comunidades. “El Gobierno de Rajoy, que se ha escondido en Granada, mintió antes del Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros. Por mucha mayoría absoluta que tenga no tiene legitimidad para hacer lo que está haciendo, menos para asfixiar y comprometer la liquidez de las comunidades”, dijo.
El recorte salarial a los funcionarios adoptado por la Junta suponía 747 millones de euros para la tesorería autonómica. La Consejería de Hacienda no confirmó ayer la anulación del recorte. Fuentes de este departamento indicaron que el equipo de Carmen Martínez Aguayo ha trabajado todo el fin de semana en jornadas maratonianas para preparar una propuesta. “Aún no hay ningún papel”, indicaron estos medios, “para llevar mañana” [por hoy] al Consejo de Gobierno.
Desde el PP, su flamante presidente regional, Juan Ignacio Zoido, aplaudió el anuncio e indicó que la Junta “rectifica y sigue la estela” planteada por su partido, en relación a que había “otras políticas” que se podían aplicar en el plan de ajuste sin tocar el sueldo a los funcionarios.
Desde Almería, si embargo, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a Mario Jiménez de haber “incitado claramente las revueltas callejeras” a los ciudadanos tras manifestar que las medidas adoptadas la pasada semana en el Consejo de Ministros suponen un “golpismo” a la Constitución Española.
Crespo añadió que Andalucía “es de las [comunidades] más grandes de España y de las que más tiene que aportar a su situación, porque su situación es bastante problemática”, y añadió que la Administración andaluza debe “adelgazar” para ser “viable y sostenible”, informa Europa Press.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, planteará hoy en el Consejo de Gobierno que se paralice la tramitación del proyecto de decreto-ley que contempla el plan de ajuste de la Junta para evitar que “se recorte dos veces” a los funcionarios en Andalucía tras las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno. Valderas denunció asimismo el "bloqueo y la asfixia a las cuentas autonómicas" que se viene ejerciendo desde Madrid, por lo que su formación, Izquierda Unida, es partidaria de dar una respuesta a través del Consejo de Gobierno y del Parlamento andaluz.
“No deja de ser una buena noticia que la Administración haya oído las numerosas voces de los miles de empleados públicos que han rechazado desde un principio este plan de ajuste”, señaló el sindicato, cuya dirección se reunirá hoy con la consejera de Hacienda y Adminisración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
El sindicato de enfermería Satse también mostró su satisfacción por la retirada de la bajada de sueldos del plan de ajuste de la Junta lo que, según esta organización, es consecuencia directa del “rechazo frontal y la masiva movilización de los empleados públicos”. En cualquier caso, Satse asegura que estudiará el nuevo escenario y continuará trabajando para “minimizar” el impacto de los recortes aplicados por el Gobierno autonómico. Satse pretende también seguir adelante con las movilizaciones contra las medidas de ahorro anunciadas por la Junta y el Gobierno central. “Es necesario frenar la escalada sin precedentes de recortes y eliminación de derechos sociales puestas en marcha por las administraciones”, sostiene el sindicato.
“No vamos a aplicar dos sanciones a los empleados públicos. No habrá dos quebrantos en las nóminas de los funcionarios de Andalucía”, recalcó ayer el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. El anuncio lo realizó tras reunirse con los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, a los que Jiménez trasladó el apoyo de los socialistas a las movilizaciones sindicales contra las medidas de recorte del Gobierno central.
Jiménez indicó que el recorte salarial de los funcionarios será únicamente el que ha decretado el Gobierno de Mariano Rajoy. “Lo que ha regulado el Gobierno central será lo que se aplique en los salarios de los trabajadores públicos de la comunidad andaluza, pues no hacerlo sería prevaricación por parte de la Junta”, apuntó Jiménez.
El vicesecretario de los socialistas andaluces acusó además al Ejecutivo de Rajoy de estar asfixiando económicamente a las comunidades. “El Gobierno de Rajoy, que se ha escondido en Granada, mintió antes del Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros. Por mucha mayoría absoluta que tenga no tiene legitimidad para hacer lo que está haciendo, menos para asfixiar y comprometer la liquidez de las comunidades”, dijo.
El recorte salarial a los funcionarios adoptado por la Junta suponía 747 millones de euros para la tesorería autonómica. La Consejería de Hacienda no confirmó ayer la anulación del recorte. Fuentes de este departamento indicaron que el equipo de Carmen Martínez Aguayo ha trabajado todo el fin de semana en jornadas maratonianas para preparar una propuesta. “Aún no hay ningún papel”, indicaron estos medios, “para llevar mañana” [por hoy] al Consejo de Gobierno.
Desde el PP, su flamante presidente regional, Juan Ignacio Zoido, aplaudió el anuncio e indicó que la Junta “rectifica y sigue la estela” planteada por su partido, en relación a que había “otras políticas” que se podían aplicar en el plan de ajuste sin tocar el sueldo a los funcionarios.
Desde Almería, si embargo, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a Mario Jiménez de haber “incitado claramente las revueltas callejeras” a los ciudadanos tras manifestar que las medidas adoptadas la pasada semana en el Consejo de Ministros suponen un “golpismo” a la Constitución Española.
Crespo añadió que Andalucía “es de las [comunidades] más grandes de España y de las que más tiene que aportar a su situación, porque su situación es bastante problemática”, y añadió que la Administración andaluza debe “adelgazar” para ser “viable y sostenible”, informa Europa Press.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, planteará hoy en el Consejo de Gobierno que se paralice la tramitación del proyecto de decreto-ley que contempla el plan de ajuste de la Junta para evitar que “se recorte dos veces” a los funcionarios en Andalucía tras las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno. Valderas denunció asimismo el "bloqueo y la asfixia a las cuentas autonómicas" que se viene ejerciendo desde Madrid, por lo que su formación, Izquierda Unida, es partidaria de dar una respuesta a través del Consejo de Gobierno y del Parlamento andaluz.
Satisfacción sindical
El anuncio de la retirada por parte de la Junta de la rebaja salarial a los empleados públicos llegó en medio de una nueva jornada de movilizaciones contra los recortes convocada, en esta ocasión, por el sindicato CSIF. La decisión del Gobierno andaluz fue bien acogida, aunque los representantes sindicales advirtieron de que seguirán adelante con sus protestas.“No deja de ser una buena noticia que la Administración haya oído las numerosas voces de los miles de empleados públicos que han rechazado desde un principio este plan de ajuste”, señaló el sindicato, cuya dirección se reunirá hoy con la consejera de Hacienda y Adminisración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
El sindicato de enfermería Satse también mostró su satisfacción por la retirada de la bajada de sueldos del plan de ajuste de la Junta lo que, según esta organización, es consecuencia directa del “rechazo frontal y la masiva movilización de los empleados públicos”. En cualquier caso, Satse asegura que estudiará el nuevo escenario y continuará trabajando para “minimizar” el impacto de los recortes aplicados por el Gobierno autonómico. Satse pretende también seguir adelante con las movilizaciones contra las medidas de ahorro anunciadas por la Junta y el Gobierno central. “Es necesario frenar la escalada sin precedentes de recortes y eliminación de derechos sociales puestas en marcha por las administraciones”, sostiene el sindicato.
Y resquebraja la disciplina partidaria.
El Gobierno de Extremadura (PP) se enfrenta a Rajoy por la ecotasa
Recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida del Ejecutivo central que obliga a los extremeños a pagar más por el recibo de la luz
EFE
Madrid
16/07/2012 11:25
Actualizado: 16/07/2012 11:45
El Gobierno extremeño, gobernado por el PP, ha anunciado hoy
que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del
Ejecutivo central relativa al déficit tarifario que afecta a la ecotasa
autonómica, que instauró el PSOE en Extremadura.
Así lo ha
afirmado hoy en Mérida el consejero de Economía y Hacienda, Antonio
Fernández, que ha rechazado "el fondo y la forma" de la iniciativa.
Enfrentándose al partido que pertenece, Fernández ha manifestado el "total desacuerdo" de Extremadura con la decisión del Gobierno
sobre la ecotasa. Ha afirmado que daña a los consumidores y "penaliza" a
una región que exporta al resto del país el 75% de la energía que
produce. Además, Fernández ha recalcado que Extremadura "sufre" el
impacto medioambiental de las eléctricas y la "peligrosidad social" de
la Central Nuclear del Almaraz (CNA), en Cáceres.
El Parlamento extremeño aprobó por unanimidad el pasado junio gravar más a las compañías eléctricas y telefónicas.
A propuesta del PSOE, la llamada ecotasa (lo que pagan por incidir en
el medio ambiente) pasa de estar gravada con 0,0037 euros por kilovatio a
0,005 (5 euros por megavatio por la producción de energía de origen
termonuclear e hidroeléctrica). Ese acuerdo parlamentario queda ahora
anulado porque el Gobierno dice ahora que sean los extremeños y no las compañías eléctricas los que asuman ese coste y paguen más en su recibo de la luz.
El Ejecutivo argumenta que han proliferado las tasas autonómicas sobre
las compañías y que la decisión adoptada por una comunidad autónoma no
puede repercutir en el conjunto de los ciudadanos españoles. O alienta sabotajes a los planes hambreadores en los gobiernos regionales
Canarias no aplicará la reducción del 5% a los empleados públicos
La decisión tiene que ver con los recortes anunciados por el Ejecutivo central
El Gobierno de Canarias
no aplicará la reducción del 5% acordada en el Parlamento regional para
los empleados públicos del Archipiélago. Lo ha anunciado el consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad Francisco Hernández Spínola (PSOE),
quien señaló que el Ejecutivo de las islas calcula que por “lo que hasta
el momento” se conoce, el recorte es superior al 5% que acordó el
Parlamento regional.
En cualquier caso, el Ejecutivo insular considera “injustas” los recortes. En declaraciones a EL PAÍS, el consejero de Hacienda, Javier González Ortíz, advierte que Canarias ya ha cumplido y “no es posible seguir ajustando los servicios públicos en las Islas”. Ortiz indica que "los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas no tienen sentido en el caso de Canarias ya que el Archipiélago ha cumplido de sobra con los objetivos de estabilidad y somos las segunda Comunidad autónoma que menos deuda per cápita tiene en todo el Estado”.
Además, el responsable del área de Hacienda del Gobierno canario ha recordado que fruto de las anteriores medidas impuestas por Mariano Rajoy, el Gobierno de Canarias aprobó un paquete urgente de recortes para garantizar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad. Así, el ejecutivo regional aprobó una subida temporal del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incrementando el tipo general desde el 5% actual al 7%, y elevando el establecido con el 2% al 3%, mientras que se mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%. Con esta medida, el Gobierno canario prevé recaudar 250 millones de euros, muy lejos de los 800 millones previstos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, Canarias ya aprobó, el pasado mes de abril, el recorte del 5 % en las retribuciones de los 62.000 empleados públicos lo que supondrá un ahorro de 130 millones de euros.
Por su parte, el presidente canario, Paulino Rivero, acusó a Rajoy de “orquestar una campaña para desprestigiar el modelo autonómico”. Del mismo modo, Rivero aseveró que “precisamente ahora que el Gobierno del PP pone las cosas aún más difíciles a las comunidades autónomas, es cuando con más fuerza que nunca debemos defender los avances experimentados por el Estado gracias a la descentralización política y administrativa de los últimos treinta años”.
En la misma línea, Paulino Rivero consideró injustas las nuevas restricciones del Estado ya que las comunidades autónomas “hemos impulsado mejoras en educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, ordenación del territorio, turismo, cultura o deportes, desde los distintos territorios podemos y debemos decir, alto y claro, que en el objetivo de racionalizar y ganar en eficiencia es el Estado el que debe adelgazar de forma importante su estructura administrativa”. Así ante los nuevos recortes, el presidente canario apuesta por la eliminación de “buena parte de la Administración periférica del Estado y suprimir estructuras, algún ministerio, en su caso, que carecen de sentido al estar las competencias ya descentralizadas”.
En cualquier caso, el Ejecutivo insular considera “injustas” los recortes. En declaraciones a EL PAÍS, el consejero de Hacienda, Javier González Ortíz, advierte que Canarias ya ha cumplido y “no es posible seguir ajustando los servicios públicos en las Islas”. Ortiz indica que "los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas no tienen sentido en el caso de Canarias ya que el Archipiélago ha cumplido de sobra con los objetivos de estabilidad y somos las segunda Comunidad autónoma que menos deuda per cápita tiene en todo el Estado”.
Además, el responsable del área de Hacienda del Gobierno canario ha recordado que fruto de las anteriores medidas impuestas por Mariano Rajoy, el Gobierno de Canarias aprobó un paquete urgente de recortes para garantizar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad. Así, el ejecutivo regional aprobó una subida temporal del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incrementando el tipo general desde el 5% actual al 7%, y elevando el establecido con el 2% al 3%, mientras que se mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%. Con esta medida, el Gobierno canario prevé recaudar 250 millones de euros, muy lejos de los 800 millones previstos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, Canarias ya aprobó, el pasado mes de abril, el recorte del 5 % en las retribuciones de los 62.000 empleados públicos lo que supondrá un ahorro de 130 millones de euros.
Por su parte, el presidente canario, Paulino Rivero, acusó a Rajoy de “orquestar una campaña para desprestigiar el modelo autonómico”. Del mismo modo, Rivero aseveró que “precisamente ahora que el Gobierno del PP pone las cosas aún más difíciles a las comunidades autónomas, es cuando con más fuerza que nunca debemos defender los avances experimentados por el Estado gracias a la descentralización política y administrativa de los últimos treinta años”.
En la misma línea, Paulino Rivero consideró injustas las nuevas restricciones del Estado ya que las comunidades autónomas “hemos impulsado mejoras en educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, ordenación del territorio, turismo, cultura o deportes, desde los distintos territorios podemos y debemos decir, alto y claro, que en el objetivo de racionalizar y ganar en eficiencia es el Estado el que debe adelgazar de forma importante su estructura administrativa”. Así ante los nuevos recortes, el presidente canario apuesta por la eliminación de “buena parte de la Administración periférica del Estado y suprimir estructuras, algún ministerio, en su caso, que carecen de sentido al estar las competencias ya descentralizadas”.
O hace imposibles las alianzas con otros partidos derechistas
CiU se distancia del PP y rechazará el decreto con los ajustes de Rajoy
La Generalitat estudia acciones legales para poder incrementar el déficit
El secretario general de CDC y líder de
CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol (i), y el portavoz de CiU en
el Congreso y dirigente de UDC, Josep Antoni Duran Lleida. / ANDREU DALMAU (EFE)
Las malas maneras utilizadas por el Gobierno para hacer pública la
última oleada de recortes han provocado que, incluso Convergència i
Unió, inicialmente favorable a los ajustes, diera ayer un portazo al
Partido Popular. Los nacionalistas catalanes no serán esta vez aliados
del Gobierno para convalidar el real decreto con todos los ajustes
anunciados la semana pasada y que el Congreso votará el jueves.
El enfado en las filas nacionalistas es mayúsculo porque los recortes invaden todo tipo de competencias de la Generalitat y se han hecho sin consenso. Además, CiU continúa indignada porque el Gobierno se niega a compartir con las autonomías el incremento de un punto del límite de déficit concedido por Bruselas a España. “El trato que recibimos marca un punto de inflexión en la relación en Madrid entre CiU y el Gobierno del PP”, sentenció ayer Josep Antoni Duran i Lleida.
La Generalitat esperaba que el Gobierno atendería su petición de ampliar medio punto el objetivo de déficit autonómico de este año, pero en lugar de esto se encontró con que el límite se mantenía inalterable para este año y se reduce cuatro décimas (hasta el 0,7% del PIB el año que viene). CiU considera que esto es un acto de “deslealtad e insolidaridad”.
Para Duran, la respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue “completamente irresponsable, impresentable e inconcebible”, y “cierra el paso a una colaboración con el Gobierno del Estado”. En opinión de Duran, “las cosas no pueden ser como hasta ahora”.
Otras fuentes de CiU apuntan a un serio problema en las formas del PP para continuar la colaboración. “Nada podía seguir igual después del Qué se jodan de la diputada Andrea Fabra”, sintetizaban ayer estas fuentes.
Sin lanzarse a la rebelión total, CiU trató ayer de dejar claro que no piensa aplicar en Cataluña algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno central. Concretamente anunció que estudiará “todo tipo de medidas legales” para evitar que Cataluña tenga que aplicar a rajatabla la reducción de déficit hasta el 0,7%. Esto no impedirá que los dos Gobiernos sigan colaborando siempre que el lenguaje no sea el de la imposición o amenaza de apercibimiento. Por ejemplo, para finales de esta semana está previsto un contacto técnico entre el Ministerio de Hacienda y el departamento catalán de Economía para seguir la evolución de las medidas de ajuste en Cataluña.
En lo referente a la liberalización de horarios comerciales, Duran dejó claro que la Generalitat no piensa aplicar el decreto del Gobierno. “Cataluña no aplicará la ley estatal, sino la ley catalana”. Esto no tiene por qué suponer una insumisión, pues la ley catalana ya permite la apertura en domingo en los municipios turísticos que lo pidan.
Lo que sí se encargó de delimitar Duran es el ámbito de su desencuentro con el PP. Dejó claro que el cambio en las relaciones es “en Madrid”. No es un asunto baladí. En Cataluña, el Gobierno de CiU sigue siendo completamente dependiente del PP. Mañana mismo CiU se verá obligada a recurrir de nuevo al PP si quiere frenar varias propuestas de la izquierda. Entre ellas la de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Estabilidad que en su día votaron PP y CiU y que abre la puerta a la intervención de las comunidades que incumplan los objetivos de déficit.
El enfado en las filas nacionalistas es mayúsculo porque los recortes invaden todo tipo de competencias de la Generalitat y se han hecho sin consenso. Además, CiU continúa indignada porque el Gobierno se niega a compartir con las autonomías el incremento de un punto del límite de déficit concedido por Bruselas a España. “El trato que recibimos marca un punto de inflexión en la relación en Madrid entre CiU y el Gobierno del PP”, sentenció ayer Josep Antoni Duran i Lleida.
La Generalitat esperaba que el Gobierno atendería su petición de ampliar medio punto el objetivo de déficit autonómico de este año, pero en lugar de esto se encontró con que el límite se mantenía inalterable para este año y se reduce cuatro décimas (hasta el 0,7% del PIB el año que viene). CiU considera que esto es un acto de “deslealtad e insolidaridad”.
Para Duran, la respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue “completamente irresponsable, impresentable e inconcebible”, y “cierra el paso a una colaboración con el Gobierno del Estado”. En opinión de Duran, “las cosas no pueden ser como hasta ahora”.
Otras fuentes de CiU apuntan a un serio problema en las formas del PP para continuar la colaboración. “Nada podía seguir igual después del Qué se jodan de la diputada Andrea Fabra”, sintetizaban ayer estas fuentes.
Sin lanzarse a la rebelión total, CiU trató ayer de dejar claro que no piensa aplicar en Cataluña algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno central. Concretamente anunció que estudiará “todo tipo de medidas legales” para evitar que Cataluña tenga que aplicar a rajatabla la reducción de déficit hasta el 0,7%. Esto no impedirá que los dos Gobiernos sigan colaborando siempre que el lenguaje no sea el de la imposición o amenaza de apercibimiento. Por ejemplo, para finales de esta semana está previsto un contacto técnico entre el Ministerio de Hacienda y el departamento catalán de Economía para seguir la evolución de las medidas de ajuste en Cataluña.
En lo referente a la liberalización de horarios comerciales, Duran dejó claro que la Generalitat no piensa aplicar el decreto del Gobierno. “Cataluña no aplicará la ley estatal, sino la ley catalana”. Esto no tiene por qué suponer una insumisión, pues la ley catalana ya permite la apertura en domingo en los municipios turísticos que lo pidan.
Lo que sí se encargó de delimitar Duran es el ámbito de su desencuentro con el PP. Dejó claro que el cambio en las relaciones es “en Madrid”. No es un asunto baladí. En Cataluña, el Gobierno de CiU sigue siendo completamente dependiente del PP. Mañana mismo CiU se verá obligada a recurrir de nuevo al PP si quiere frenar varias propuestas de la izquierda. Entre ellas la de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Estabilidad que en su día votaron PP y CiU y que abre la puerta a la intervención de las comunidades que incumplan los objetivos de déficit.
Allí donde tiene posibilidades que la izquierda de el ejemplo y resista
El PCA pide “derogar” el plan de ajuste que la Junta de Andalucía “rompa con los recortes”
El
Partido Comunista de Andalucía (PCA) se ha mostrado este domingo
partidario de que IULV-CA exija a la Junta la “derogación” del proyecto
de ley 9/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de Hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de
la Junta de Andalucía , a la vez ha llamado a los ciudadanos a sumarse a
las movilizaciones convocadas para el próximo día 19 de julio por UGT y
CCOO contra los “recortes”, y ha anunciado que “dará la batalla” para
que el Gobierno andaluz – en el que está IULV-CA – “rompa” en sus
presupuestos de 2013 “con la lógica de recortes impuesta por el
Ejecutivo del PP y la UE”.
Así lo ha acordado el Comité Central del PCA, que se ha reunido este
domingo en Sevilla y que ha aprobado el informe político del secretario
general de esta formación, José Manuel Mariscal, que ha recibido un
total de 58 votos a favor, por dos abstenciones y un voto en contra.
Además, el Comité Central ha acordado difundir las siete propuestas
que recoge la resolución política aprobada hace unas semanas por la
Conferencia del Partido Comunista de España (PCE).
Provocaciones de los tiburones de los directorios
Brufau justifica su sueldo de 7,6 millones en que paga mucho a Hacienda
"Las arcas públicas tienen que estar contentas" con lo que ingresan por los directivos del Ibex, dice el responsable de Repsol
El presidente de Repsol, Antoni Brufau,
justificó hoy su astronómico sueldo (de 7,6 millones de euros en el año
2011), así como el del resto de directivos de las compañías del Ibex 35,
por su alta fiscalidad, del 56 por ciento, con cuyo ingreso "las arcas
públicas tienen que estar más que contentas". El responsable de Repsol
contestó así a la petición de moderación salarial lanzada a estas
empresas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras conocerse
que en 2011 sus directivos se subieron las retribuciones un 5 por
ciento, pese a que sus beneficios cayeron un 34 por ciento.
En una reunión en Lleida con el comité ejecutivo del consorcio Globallleida, que él mismo preside, Brufau hizo la declaración de principios de que "el sueldo no es lo más importante" e insistió en que el 56 % de los sueldos de los directivos de las empresas que cotizan en el Ibex va a parar a las arcas públicas.
Brufau ha replicado así al ministro de Economía y ha señalado que la tasa fiscal española, sobre todo la que se paga en Cataluña, es la más alta de Europa y sólo la supera Suecia.
"Estos sueldos llevan aparejados la mayor fiscalidad de Europa, por lo que más de la mitad se va para las arcas públicas, que tienen que estar más que contentas", ha señalado. Brufau entiende que la propuesta de rebaja de sueldos se enmarca en una petición general para que el país se apriete el cinturón y que todo el mundo se sacrifique. Sin embargo, ha señalado que no es bueno hacer demagogia o crear alarma social. "El Estado se lo debe tomar en serio y tener en cuenta otras variables.
Personalmente creo que los sueldos no son lo más importante", dijo. Sin embargo ha añadido que "todo el mundo tiene que ser prudente, con su vida personal, con su nivel de ingresos y con sus gastos". "Cuando la gente sufre hay que ser solidarios. ¿Cómo? Pues hay matices", ha concluido, sin detallar más.
En una reunión en Lleida con el comité ejecutivo del consorcio Globallleida, que él mismo preside, Brufau hizo la declaración de principios de que "el sueldo no es lo más importante" e insistió en que el 56 % de los sueldos de los directivos de las empresas que cotizan en el Ibex va a parar a las arcas públicas.
Brufau ha replicado así al ministro de Economía y ha señalado que la tasa fiscal española, sobre todo la que se paga en Cataluña, es la más alta de Europa y sólo la supera Suecia.
"Estos sueldos llevan aparejados la mayor fiscalidad de Europa, por lo que más de la mitad se va para las arcas públicas, que tienen que estar más que contentas", ha señalado. Brufau entiende que la propuesta de rebaja de sueldos se enmarca en una petición general para que el país se apriete el cinturón y que todo el mundo se sacrifique. Sin embargo, ha señalado que no es bueno hacer demagogia o crear alarma social. "El Estado se lo debe tomar en serio y tener en cuenta otras variables.
Personalmente creo que los sueldos no son lo más importante", dijo. Sin embargo ha añadido que "todo el mundo tiene que ser prudente, con su vida personal, con su nivel de ingresos y con sus gastos". "Cuando la gente sufre hay que ser solidarios. ¿Cómo? Pues hay matices", ha concluido, sin detallar más.
A no dejar apagar el FUEGO resistente
Bomberos de Mieres se desnudan para protestar contra los recortes
Los trabajadores denuncian que "los gobiernos sólo saben recaudar dinero de los bolsillos de los ciudadanos"
EFE
Madrid
19/07/2012 11:28
Actualizado: 19/07/2012 12:09
Bomberos de Mieres (Asturias) se han desnudado esta mañana en
señal de protesta por los recortes anunciados por el Gobierno y que se
unen a otros que dicen están sufriendo desde hace más de dos años. Ocho
bomberos han realizado esta iniciativa en la base de Mieres a las ocho
de la mañana, que es cuando tiene lugar el cambio de turno.
También
han querido apoyar así a todos los trabajadores de la administración
pública y han manifestado su "disconformidad con los últimos recortes".
"A causa de la crisis económica que ningún trabajador público o privado
ha generado, los gobiernos sólo saben recaudar dinero de nuestros bolsillos", han comentado.
Los
trabajadores de la administración pública han tenido que "pasar unas
oposiciones más o menos duras", han señalado, a la vez que han apuntado
que en su caso, como en otros, se les piden unos exámenes en los que se
compite entre los mejores para poder llegar a un puesto de trabajo
seguro.
¿Eurócratas de izquierda?
“Hay
dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una es con la
espada, la otra es con la deuda”. John Adams, Presidente de los Estados
Unidos.
Por Emilio Pizocaro
Es increíble constatar que la izquierda institucional en España no se
pongan de acuerdo en lo primordial. ¿ Que hacer con el Euro? ¿ Debemos
impulsar la salida o hay que quedarse con la moneda única?
Esto ocurre justo cuando España está técnicamente en depresión
económica y es intervenida por el FMI y el BCE . Esto ocurre justo en
los momentos en que la zona euro puede entrar en un escenario aún peor;
la deflación. Justo cuando hay analistas, de todo signo, que le dan poca
vida a la moneda inventada por el capitalismo financiero europeo.
Quien da en la diana es el periodista José Manuel Martín Medem. En un
reciente artículo titulado “El embrujo abrazador de Euro”. Martín Medem
afirma :“…la elaboración de un programa político ( de la izquierda)
tropezaría con una pregunta que sólo tiene el debate como respuesta:
¿qué hacemos con el euro?…”
Es verdad. La confrontación de dos puntos de vistas en el debate de
la Fundación de Investigaciones Marxistas abre un tema de difícil encaje
.
DOS PUNTOS DE VISTA ANTAGÓNICOS
Por un lado el sociólogo Armando Fernández Steinko y el economista
Ricardo García Zaldívar, sostienen en este orden, que :“…la izquierda NO
debe proponer la salida del euro” y “rechazar el euro es como rechazar
el capitalismo…”.
Por el otro Pedro Montes y Jorge Fonseca afirman “…tenemos que
marcharnos del euro que nunca debió nacer y que la izquierda nunca debió
aceptar…” y que “…le entregamos a la burguesía las armas para
acosarnos”, “…No podemos pagar la deuda y ( debemos) romper con el euro,
es lo único que le permitiría a la izquierda salir de esta
perversidad…”.
Quizás lo más patético es que tanto Steinko como Pedro Montes
comparten sillas en la coordinadora federal de la asociación Socialismo
21 y tienen en la práctica posiciones antagónicas.
En este asunto la diferencia de opiniones parece ser fundamental.
Tiene que ver con la instrumento que tiene el neoliberalismo para
imponer sus políticas de recortes. Esta herramienta se llama Euro.
La financiarización de la economía ha marchado a paso de ganso
gracias a la moneda única. Difícilmente la “burbuja inmobiliaria” habría
crecido tan rápido y con una magnitud tan desproporcionada sin los
prestamos en euros de la banca alemana y francesa. Hoy, la potencia
hegemónica que usa la divisa, como una moderna división panzer para
arrasar con los restos del soberanía nacional , es el capital financiero
germano de la Merkel.
LA HISTORIA DEL PROGRAMA DE ALLENDE
Perdonadme, pero creo que la siguiente historia puede explicar mi punto de vista.
“En el año 1950 , comunistas, socialistas e izquierdistas encabezados por el Doctor Salvador Allende , elaboraron un programa para una Revolución Democrática en Chile. Ese programa definía con claridad quienes eran los enemigos fundamentales de pueblo o dicho de otra manera quienes eran las fuerzas económicas y políticas que impedía el progreso del país. En Chile como en toda América Latina , era y es, el imperialismo y las oligarquías criollas aliadas a la potencia imperial.
“En el año 1950 , comunistas, socialistas e izquierdistas encabezados por el Doctor Salvador Allende , elaboraron un programa para una Revolución Democrática en Chile. Ese programa definía con claridad quienes eran los enemigos fundamentales de pueblo o dicho de otra manera quienes eran las fuerzas económicas y políticas que impedía el progreso del país. En Chile como en toda América Latina , era y es, el imperialismo y las oligarquías criollas aliadas a la potencia imperial.
Una de la clave del programa de la revolución democrática era la
nacionalización de las riquezas naturales, empezando por el cobre, que
se hallaba en manos de compañías norteamericanas.
Allende fue a las elecciones presidenciales con ese programa y no logró superar el 5 por ciento. Pero no se dejó abatir. Tenía claro que el camino sería largo. En septiembre de 1970, 20 años más tarde, el Doctor Allende llegó al gobierno con el mismo programa anti-imperialista, que fue su bandera de lucha política.
Allende fue a las elecciones presidenciales con ese programa y no logró superar el 5 por ciento. Pero no se dejó abatir. Tenía claro que el camino sería largo. En septiembre de 1970, 20 años más tarde, el Doctor Allende llegó al gobierno con el mismo programa anti-imperialista, que fue su bandera de lucha política.
El “Chicho Allende ” estaba apoyado en una amplia coalición de
izquierda, que por 1.000 días plantó cara al imperio con el cumplimento
estricto del programa prometido; el programa de una revolución
democrática, popular , antiimperialista y antioligárquica . El imperio
dominaba sin contrapesos en Latinoamérica y todos sabemos que paso…
Washington respondió con el golpe y la muerte.”
El caso chileno es digno de atención. El programa de Allende era el
resultado de un análisis acertado de las contradicciones tanto
secundarias como principales de la sociedad chilena.
En ese sentido la nacionalización del cobre y la riquezas naturales era determinante para la soberanía económica . Si no se materializaba no había progreso para Chile. Tanto es así, que fue votada por la unanimidad del Congreso , incluyendo los votos favorables de la derecha. Esa extraña unanimidad fue el resultado de largos años de pedagogía política de las fuerzas de izquierda.”
En ese sentido la nacionalización del cobre y la riquezas naturales era determinante para la soberanía económica . Si no se materializaba no había progreso para Chile. Tanto es así, que fue votada por la unanimidad del Congreso , incluyendo los votos favorables de la derecha. Esa extraña unanimidad fue el resultado de largos años de pedagogía política de las fuerzas de izquierda.”
A que viene el cuento chileno. Volvamos a España pues. Así como en
Chile la nacionalización de cobre fue la clave para el desarrollo
económico en la España de hoy la clave para salir de la crisis y
desatascar el desarrollo de las fuerzas productivas es la salida del
Euro.
HAY QUE SALIRSE DEL EURO
España no tiene otra salida . Debe salirse del Euro y no se debe
pagar la deuda. Además es una deuda que debe auditarse porqué está
demostrado que se trata de una estafa de la Banca, que ha funcionado con
lo que se llama esquema ponzi o estafa piramidal.
Sin lugar a dudas la salida de euro como bandera y la vuelta a una
moneda nacional que sea símbolo de la soberanía económica , podría
permitir crear un gran frente político y social que se oponga a la
dictadura de los mercados financieros.
La indefinición de la izquierda institucional en este punto puede
resultar muy grave. En Francia y Alemania los neo-fascistas han
levantado la bandera de la salida del euro y están creciendo ante
nuestros horrorizados ojos, recordándonos un pasado cercano.
El columnista estrella del más importante semanario alemán, el
Spiegel, Wolfgang Münchau nos pide tener presente que el ascenso del
nazismo en Alemania en la década del 30 tuvo entre otros responsables al
“ SPD – socialdemocracia alemana- por haber tolerado la política
económica deflacionista del socialcristiano conservador Heinrich Brüning
durante la República de Weimar”.
SIN SOBERANIA ECONÓMICA NO HAY SOBERANIA POLÍTICA
En medio de una crisis sistémica del capitalismo la historia tiene a
repetirse. Tenemos de una izquierda institucional timorata, sin un
programa que apunte a los enemigos fundamentales y por lo tanto sin
capacidad de crear un frente social y político creíble. Ciertos
intelectuales vuelven a confundir política con ojo táctico. La historia
demuestra que no hay táctica que valga sin una estrategia consistente.
No confundamos. La Europa de los mercaderes no tiene nada que ver con
la Europa de los pueblos. Tiene razón Samir Amin, el proyecto europeo
actual se erige sobre la lógica de profundizar el poder de los
monopolios: “No hay moneda sin Estado, ahora bien, no hay Estado
europeo, y la perspectiva de que surja está excluida de lo posible. El
euro es una moneda administrada unilateralmente por el capital de los
monopolios; el estatuto del Banco central Europeo lo prevé precisamente.
“
Sin soberanía económica, no hay soberanía política . Hoy la realidad
canta. Para sacar a España de la crisis es necesario ejercer la
soberanía., tanto la política como la económica. Una no se entiende sin
la otra. El resto es un exceso de prudencia conservadora.
Para avanzar en un proceso emancipador necesitamos unir a amplios
sectores del pueblo con un proyecto de desarrollo económico. La única
eyección que tenemos es levantar la bandera de la salida del Euro y
elaborar un programa para una revolución democrática.
Entre la política de la avestruz de algunos “tácticos” y la audacia que propone Samir Amir, yo me apunto con la audacia
Esta sí que se la debés a los millones de desocupados
Fabra se disculpa por escrito: “Cometí un error del que no me siento honrada”
PSOE e Izquierda Plural piden la entrega del acta de la diputada valenciana tras el exabrupto del pasado miércoles
El PP amonesta por escrito a Andrea Fabra por gritar “¡Que se jodan!”
El PP intenta a toda costa frenar la enorme vía de agua abierta por
el exabrupto de Andrea Fabra, sin que eso suponga que la diputada pierda
el acta. Todo ha quedado en una amonestación y una petición escrita de
disculpas por parte de la diputada por Castellón. Y todo ha terminado
con las palabras del presidente del Congreso, Jesús Posada, quien ha
amonestado al comienzo del pleno de esta tarde, en una intervención no
prevista en el orden del día, a la parlamentaria que el miércoles gritó
en el hemiciclo "¡que se jodan" mientras Mariano Rajoy anunciaba los
nuevos recortes.
"Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado Posada, que esta mañana ya había apercibido en privado a la parlamentaria popular. Fabra, una de los primeros en llegar al hemiciclo, escuchaba con gesto grave mientras recibía el apoyo de algunos de sus compañeros de bancada.
La diputada ha evitado, en cualquier caso, unas disculpas públicas y ha optado por excusarse a través una carta dirigida al presidente de la Cámara baja. "En calidad de presidente del Congreso le ruego le haga llegar al Grupo Parlamentario Socialista, pero también al resto de los grupos de la Cámara , mi sincera petición de perdón por inapropiada expresión proferida durante el pleno del pasado 11 de julio", arranca la misiva de Fabra. Y reconoce: “Cometí un error del que no me siento honrada”. Al salir del hemiciclo tan solo ha pronunciado unas palabras. "He pedido disculpas por carta al Grupo Socialista y al resto de la Cámara y no voy a decir nada más", ha dicho. Esta es la única declaración que ha hecho, pasadas las seis y media de la tarde en el pasillo del Congreso. Al salir unos minutos del hemiciclo ha estado acompañada, en un claro gesto de arropamiento, por el diputado por Valencia y vicesecretario del PP Esteban González Pons, y se les ha unido el portavoz parlamentario Alfonso Alonso. Reconvención sí, pero no reprobación y mucho menos apertura de expediente con castigo, como han reclamado sin éxito los grupos de la izquierda.
Esta mañana, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su grupo parlamentario había sancionado con una "amonestación por escrito" a la diputada. Después de casi una semana de defensa cerrada de la diputada por Castellón, hija del expresidente de la Diputación y exbarón provincial del PP, el partido ha optado por censurar ya oficialmente ese comportamiento que ofreció en bandeja un lema a las protestas contra las nuevas medidas del Gobierno.
La carta dirigida a Fabra, firmada por José Antonio Bermúdez de Castro, número dos de los populares en el Congreso, deja claro con un tono firme que este tipo de actitudes perjudican la imagen del grupo parlamentario y que no se tienen que volver a repetir.
Esta amonestación, sin embargo, queda lejos de la apertura de un expediente que reclamaban tanto el PSOE como Izquierda Plural, y tampoco supone una sanción económica, como ocurre cuando los diputados rompen la disciplina de voto. De ninguna manera, además, ni el PP ni la propia Fabra han llegado a plantear una dimisión. En el caso de Juan Morano, el senador por León que votó a favor de las ayudas del carbón, el PP apenas tardó dos semanas en multarle, abrirle expediente y echarle. Y después de que este se diera de baja del partido tras más de 20 años de militancia, la dirección aún le pidió que renunciara a su escaño de parlamentario.
El respaldo oficial a la diputada exhibido la semana pasada ya se había convertido ayer, en la sede nacional del PP, en una regañina pública, aunque suave. La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, calificó de “censurable” ese comportamiento y aseguró que no era "el mejor ejemplo para la ciudadanía". Esto es, la primera manifestación pública de censura tardó cinco días.
Esta diputada lanzó un exabrupto el pasado miércoles cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba los recortes para los desempleados que reciban el subsidio. “Que se jodan”. Esta es la expresión de esta diputada por Castellón por la que el PSOE e Izquierda Plural piden la entrega de su acta, es decir, que deje de ser diputada. También el Grupo Popular le recrimina esa expresión aunque no considera que deba entregar el acta. Es más, le encuentra el atenuante de que los parlamentarios socialistas estaban armando demasiado ruido e interrumpían al presidente.
Desde el miércoles pasado hasta ahora las versiones se van suavizando a favor de la diputada. Ella misma ha asegurado que esa expresión no iba dirigida a los perceptores del subsidio de desempleo sino a los socialistas. “Yo no escuché nada. Si hubiera oído esa expresión la hubiera obligado de inmediato a que la retirara, pero no he oído nada”, se ha justificado el presidente del Congreso, Jesús Posada.
En cuanto se conocieron los hechos, Twitter se inundó de críticas furibundas a la diputada popular, hasta el punto de que el hashtag #andreafabradimisión se convirtió en trending topic (tema más comentado).
La diputada es la primogénita de los cuatro hijos del dirigente del PP, Carlos Fabra, conocido por su suerte con la lotería y acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal en una causa judicial en la que se vio involucrada pero en la que no se llegó a imputarla, informa María Fabra. Es la única que se ha dedicado a la política. Pese a que esta es la tercera legislatura que vive desde un escaño, la primera vez, en 2007, no lo hizo tras someterse a un proceso electoral sino que fue designada como senadora territorial a propuesta de su propio partido y tras una votación favorable en las Cortes valencianas, en las que el PP contaba con mayoría absoluta. Hasta entonces había ocupado únicamente una vocalía en el comité ejecutivo provincial que presidía su padre.
"Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado Posada, que esta mañana ya había apercibido en privado a la parlamentaria popular. Fabra, una de los primeros en llegar al hemiciclo, escuchaba con gesto grave mientras recibía el apoyo de algunos de sus compañeros de bancada.
La diputada ha evitado, en cualquier caso, unas disculpas públicas y ha optado por excusarse a través una carta dirigida al presidente de la Cámara baja. "En calidad de presidente del Congreso le ruego le haga llegar al Grupo Parlamentario Socialista, pero también al resto de los grupos de la Cámara , mi sincera petición de perdón por inapropiada expresión proferida durante el pleno del pasado 11 de julio", arranca la misiva de Fabra. Y reconoce: “Cometí un error del que no me siento honrada”. Al salir del hemiciclo tan solo ha pronunciado unas palabras. "He pedido disculpas por carta al Grupo Socialista y al resto de la Cámara y no voy a decir nada más", ha dicho. Esta es la única declaración que ha hecho, pasadas las seis y media de la tarde en el pasillo del Congreso. Al salir unos minutos del hemiciclo ha estado acompañada, en un claro gesto de arropamiento, por el diputado por Valencia y vicesecretario del PP Esteban González Pons, y se les ha unido el portavoz parlamentario Alfonso Alonso. Reconvención sí, pero no reprobación y mucho menos apertura de expediente con castigo, como han reclamado sin éxito los grupos de la izquierda.
Esta mañana, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su grupo parlamentario había sancionado con una "amonestación por escrito" a la diputada. Después de casi una semana de defensa cerrada de la diputada por Castellón, hija del expresidente de la Diputación y exbarón provincial del PP, el partido ha optado por censurar ya oficialmente ese comportamiento que ofreció en bandeja un lema a las protestas contra las nuevas medidas del Gobierno.
La carta dirigida a Fabra, firmada por José Antonio Bermúdez de Castro, número dos de los populares en el Congreso, deja claro con un tono firme que este tipo de actitudes perjudican la imagen del grupo parlamentario y que no se tienen que volver a repetir.
Esta amonestación, sin embargo, queda lejos de la apertura de un expediente que reclamaban tanto el PSOE como Izquierda Plural, y tampoco supone una sanción económica, como ocurre cuando los diputados rompen la disciplina de voto. De ninguna manera, además, ni el PP ni la propia Fabra han llegado a plantear una dimisión. En el caso de Juan Morano, el senador por León que votó a favor de las ayudas del carbón, el PP apenas tardó dos semanas en multarle, abrirle expediente y echarle. Y después de que este se diera de baja del partido tras más de 20 años de militancia, la dirección aún le pidió que renunciara a su escaño de parlamentario.
El respaldo oficial a la diputada exhibido la semana pasada ya se había convertido ayer, en la sede nacional del PP, en una regañina pública, aunque suave. La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, calificó de “censurable” ese comportamiento y aseguró que no era "el mejor ejemplo para la ciudadanía". Esto es, la primera manifestación pública de censura tardó cinco días.
Esta diputada lanzó un exabrupto el pasado miércoles cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba los recortes para los desempleados que reciban el subsidio. “Que se jodan”. Esta es la expresión de esta diputada por Castellón por la que el PSOE e Izquierda Plural piden la entrega de su acta, es decir, que deje de ser diputada. También el Grupo Popular le recrimina esa expresión aunque no considera que deba entregar el acta. Es más, le encuentra el atenuante de que los parlamentarios socialistas estaban armando demasiado ruido e interrumpían al presidente.
Desde el miércoles pasado hasta ahora las versiones se van suavizando a favor de la diputada. Ella misma ha asegurado que esa expresión no iba dirigida a los perceptores del subsidio de desempleo sino a los socialistas. “Yo no escuché nada. Si hubiera oído esa expresión la hubiera obligado de inmediato a que la retirara, pero no he oído nada”, se ha justificado el presidente del Congreso, Jesús Posada.
En cuanto se conocieron los hechos, Twitter se inundó de críticas furibundas a la diputada popular, hasta el punto de que el hashtag #andreafabradimisión se convirtió en trending topic (tema más comentado).
La diputada es la primogénita de los cuatro hijos del dirigente del PP, Carlos Fabra, conocido por su suerte con la lotería y acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal en una causa judicial en la que se vio involucrada pero en la que no se llegó a imputarla, informa María Fabra. Es la única que se ha dedicado a la política. Pese a que esta es la tercera legislatura que vive desde un escaño, la primera vez, en 2007, no lo hizo tras someterse a un proceso electoral sino que fue designada como senadora territorial a propuesta de su propio partido y tras una votación favorable en las Cortes valencianas, en las que el PP contaba con mayoría absoluta. Hasta entonces había ocupado únicamente una vocalía en el comité ejecutivo provincial que presidía su padre.
No pudieron escaparse: millones vieron la filmación
El PP contraataca y hace al PSOE responsable del exabrupto de Fabra
El PSOE pide que la diputada Fabra dimita por decir “que se jodan”
Los populares justifican a su diputada porque los socialistas insultaban a Rajoy
ATLAS
“Que se jodan”. Sí, la diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha
reconocido que pronunció esa expresión cuando el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba el pasado miércoles los recortes en
el subsidio de desempleo,
no solo por ahorrar, sino porque su percepción desincentiva el afán de
buscar trabajo. Esa expresión ha motivado que el PSOE pida al presidente
del Congreso, Jesús Posada, y al portavoz del Grupo Popular, Alfonso
Alonso, que retiren el acta de parlamentaria a esta diputada al
considerar sus palabras de extrema gravedad. No parece que consigan ese
objetivo dado que el Grupo Popular arropó ayer a su parlamentaria y pasó
al contraataque. Además, ella ha asegurado que su expresión no se
dirigía a los parados sino a la bancada socialista. La explicación se
completa con una reflexión del portavoz popular, que justifica
implícitamente a su compañera.
“Me llamó poderosamente la atención la actitud de algunos diputados
socialistas, que interrumpieron al presidente del Gobierno con todo tipo
de gestos y exabruptos y con expresiones que son impropias del
Parlamento”, relata Alonso en una carta de contestación dirigida a otra
recibida de su homologa del PSOE, Soraya Rodríguez.
“No puedo negar que esa actitud levantó la indignación en algunos
diputados de mi grupo”, escribe. Para Alonso, la portavoz socialista
hace un “juicio de intenciones basado en una inexactitud”, por lo que le
pide su colaboración para “no dañar injustamente” la imagen de Andrea
Fabra “con una interpretación malintencionada de sus palabras”, ya que,
asegura, la diputada del PP siente “el máximo respeto por los cinco
millones de parados”.
LA CUARTA PÁGINA
España intervenida
A estas alturas poco debería importarnos la calificación de la tutela europea sobre nuestra economía si esta se tradujera en una rápida recuperación del crecimiento y del empleo. Pero es de temer que no será así
ENRIQUE FLORES
Desde el 9 de mayo de 2010 lo esencial de la política económica
española no se formula en nuestro país. Las decisiones anunciadas ayer
por el presidente del Gobierno completan una larga sucesión de
iniciativas no coincidentes básicamente con los planteamientos con los
que los dos últimos gobiernos concurrieron a las elecciones. Se trata,
esencialmente, de imposiciones externas: contrapartidas a los apoyos
financieros, ya comprometidos o potenciales, de la Unión Europea. Son
exigencias no muy distintas de las contenidas en los programas de
rescate hasta ahora conocidos. Al igual que las aplicadas en aquellas
economías periféricas, no son precisamente favorecedoras de la
recuperación a corto plazo del crecimiento económico y del empleo. En
ausencia de recuperación significativa en la demanda interna o de
nuestros principales socios comerciales, tampoco depararán mejoras
inmediatas en el saneamiento de las finanzas públicas.
La principal diferencia con los paquetes aplicados en Grecia, Irlanda y Portugal, además de la denominación formal y del estigma de la intervención, radica en que estos países ya no sufren los rigores propios de la apelación a la financiación en los mercados financieros, mediante subastas de bonos cada día más caras. Nuestro Tesoro no conoce con la certeza de aquellos las condiciones en las que se financiará a partir de ahora; la experiencia también nos obliga a no dar por definitiva la moderada reacción favorable de los mercados a los anuncios del Gobierno. Otra diferencia con los programas exigidos a esos tres países es la asociada a la más estricta condicionalidad específica impuesta sobre el sector bancario español, consecuente con la petición de la línea de crédito destinada a la recapitalización de los bancos.
La intervención sectorial deja lugar a pocas dudas. La detenida revisión del Memorandum of Understanding ( MoU) asociado al apoyo bancario, además de muy serias restricciones sobre la capacidad de actuación de las autoridades españolas, exige una redefinición funcional de competencias y autoridad en el seno de nuestras instituciones, del Gobierno y del Banco de España. Para que no quepan dudas de las muy significativas restricciones en los procesos de toma de decisiones, se establece esa revisión trimestral que ejercerán la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Esa troika deberá ser consultada siempre que se plantee cualquier tipo de decisiones sobre las empresas financieras supervisadas.
Ese estricto control sobre el sistema bancario es comprensible y hasta puede merecer la pena. Quien pone a disposición una suma de hasta 100.000 millones de euros, en condiciones de tipo de interés y vencimiento atractivas, se encuentra legitimado para intervenir en toda regla en el funcionamiento del sistema bancario. Al menos en esos grupos de entidades que necesitarán fondos públicos. Muy probablemente, si la aplicación del calendario detallado en ese documento se cumple sin interferencias de ningún tipo, el conjunto del sistema bancario español quedará mejor capitalizado que el promedio europeo. Contemos, en todo caso, con que los bancos, especialmente los que reciban apoyos, tardarán tiempo en normalizar su oferta de crédito.
Con independencia de otros detalles de ese MoU, tampoco deja lugar a dudas de la vinculación entre la condicionalidad bancaria y la de carácter macroeconómico. Solo desde la ingenuidad podría asumirse que la puesta a disposición de esa línea de crédito pasaría por alto el estrecho marcaje de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas y la intensificación de las reformas estructurales que Bruselas considera necesarias. Algunas de estas últimas con un grado de detalle, como el que se despliega en el punto 31 de ese documento, que más parece el propio de un plan de rescate general que sectorial. A estas alturas poco debería importarnos la calificación de la intervención europea sobre nuestra economía si esta se tradujera en una rápida recuperación de su crecimiento y del empleo. Pero me temo que no será así.
A las decisiones conformadoras del cambio de rumbo en la política económica iniciado en mayo de 2010, además del rápido acuerdo para enmendar la Constitución, se añaden otras que no formaban parte de la voluntad inicial de los gobernantes españoles. Tampoco está claro que sean soluciones adecuadas a la naturaleza de los desequilibrios de nuestra economía, fundamentalmente localizados en el exceso de endeudamiento del sector privado. Deuda a todas luces excesiva de empresas y familias, en su amplísima mayoría con bancos españoles que, a su vez, mantienen elevados pasivos frente a otras empresas financieras del resto del mundo. Prioritaria ha de ser, por tanto, la reducción de ese excesivo apalancamiento privado, con el fin de que deje de alimentar el endeudamiento público. Ahora lo viene haciendo directamente, mediante la aportación de fondos públicos a los bancos, o de forma más gradual, a través de contracciones en la recaudación tributaria consecuentes con la menor generación de rentas: con la continuidad de la recesión y del aumento del desempleo.
Es por ello por lo que el apoyo directo con fondos europeos a la recapitalización de la mayoría de los bancos españoles constituye una buena solución. Mucho más si efectivamente el crédito dispuesto acaba en los balances bancarios, en lugar de engrosar la deuda pública. Y, además, las condiciones en términos de tipos de interés y vencimiento son tan favorables como las que se presumen. Normalizar el funcionamiento de la intermediación bancaria, la asignación de crédito a proyectos viables de inversión, es tan necesario como aislar el potencial contaminador del sector bancario sobre el resto de la economía, en especial sobre las finanzas públicas. Y ahora estamos mucho más cerca de conseguirlo.
Menos evidente es que las decisiones de ajuste que se acaben de adoptar faciliten la otra normalización, la de la actividad real, la inversión empresarial y la reducción del elevado desempleo. Claro que han de ser bienvenidas aquellas reformas en la dirección de mayor racionalización y mejor funcionamiento de los mecanismos de asignación. Pero lo esencial de esos 65.000 millones de euros contribuirá a deprimir aún más la actividad a corto plazo.
La evidencia, dentro y fuera de España, es suficiente: la austeridad presupuestaria indiscriminada y muy concentrada en el tiempo, simultánea con una recesión en el conjunto de la eurozona, no favorece la recuperación inmediata de la economía. Con independencia de cada una de las actuaciones anunciadas ayer, la amplia mayoría de ellas inhibirá las decisiones de gasto de las familias y empresas. Nada claro está que esas nuevas dosis de austeridad generen los efectos favorables esperados sobre los mercados financieros. La evidencia nos dice que la austeridad presupuestaria no es expansiva cuando las demás políticas no palian sus efectos inmediatos depresivos. También sabemos la importancia esencial que en el escrutinio de los mercados de acciones y de bonos juegan las expectativas de crecimiento económico.
Con mayor o menor diligencia, las autoridades españolas han adoptado decisiones que no estaban en sus agendas. Se supone que lo han hecho asumiendo que constituyen una condición necesaria para recibir ayudas sectoriales o genéricas. La primera entrega de las bancarias serán esos 30.000 millones de euros. Pero es posible que España, al igual que Italia, pueda volver a necesitar apoyos como los que el BCE suministró el pasado agosto a través de la compra de bonos públicos de esos tesoros en el mercado secundario. El repertorio de propósitos anunciados ayer por el presidente del Gobierno debería constituir por sí mismo una suerte de garantía para que el tesoro español no tuviera que soportar costes de financiación excesivos, como los incurridos en las últimas subastas o los que señalan los mercados secundarios. De lo contrario, estaríamos en el peor de los escenarios posibles: con políticas propias de un país intervenido, pero sin la ventaja de los relativamente bajos costes de financiación de estos últimos. Sería razonable, en consecuencia, que la capacidad de interlocución de nuestro Gobierno en Bruselas, Fráncfort y Berlín mejorara en una proporción no muy inferior a la que se endurecerán las condiciones de vida de la mayoría de los españoles.
La principal diferencia con los paquetes aplicados en Grecia, Irlanda y Portugal, además de la denominación formal y del estigma de la intervención, radica en que estos países ya no sufren los rigores propios de la apelación a la financiación en los mercados financieros, mediante subastas de bonos cada día más caras. Nuestro Tesoro no conoce con la certeza de aquellos las condiciones en las que se financiará a partir de ahora; la experiencia también nos obliga a no dar por definitiva la moderada reacción favorable de los mercados a los anuncios del Gobierno. Otra diferencia con los programas exigidos a esos tres países es la asociada a la más estricta condicionalidad específica impuesta sobre el sector bancario español, consecuente con la petición de la línea de crédito destinada a la recapitalización de los bancos.
La intervención sectorial deja lugar a pocas dudas. La detenida revisión del Memorandum of Understanding ( MoU) asociado al apoyo bancario, además de muy serias restricciones sobre la capacidad de actuación de las autoridades españolas, exige una redefinición funcional de competencias y autoridad en el seno de nuestras instituciones, del Gobierno y del Banco de España. Para que no quepan dudas de las muy significativas restricciones en los procesos de toma de decisiones, se establece esa revisión trimestral que ejercerán la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Esa troika deberá ser consultada siempre que se plantee cualquier tipo de decisiones sobre las empresas financieras supervisadas.
Ese estricto control sobre el sistema bancario es comprensible y hasta puede merecer la pena. Quien pone a disposición una suma de hasta 100.000 millones de euros, en condiciones de tipo de interés y vencimiento atractivas, se encuentra legitimado para intervenir en toda regla en el funcionamiento del sistema bancario. Al menos en esos grupos de entidades que necesitarán fondos públicos. Muy probablemente, si la aplicación del calendario detallado en ese documento se cumple sin interferencias de ningún tipo, el conjunto del sistema bancario español quedará mejor capitalizado que el promedio europeo. Contemos, en todo caso, con que los bancos, especialmente los que reciban apoyos, tardarán tiempo en normalizar su oferta de crédito.
Con independencia de otros detalles de ese MoU, tampoco deja lugar a dudas de la vinculación entre la condicionalidad bancaria y la de carácter macroeconómico. Solo desde la ingenuidad podría asumirse que la puesta a disposición de esa línea de crédito pasaría por alto el estrecho marcaje de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas y la intensificación de las reformas estructurales que Bruselas considera necesarias. Algunas de estas últimas con un grado de detalle, como el que se despliega en el punto 31 de ese documento, que más parece el propio de un plan de rescate general que sectorial. A estas alturas poco debería importarnos la calificación de la intervención europea sobre nuestra economía si esta se tradujera en una rápida recuperación de su crecimiento y del empleo. Pero me temo que no será así.
A las decisiones conformadoras del cambio de rumbo en la política económica iniciado en mayo de 2010, además del rápido acuerdo para enmendar la Constitución, se añaden otras que no formaban parte de la voluntad inicial de los gobernantes españoles. Tampoco está claro que sean soluciones adecuadas a la naturaleza de los desequilibrios de nuestra economía, fundamentalmente localizados en el exceso de endeudamiento del sector privado. Deuda a todas luces excesiva de empresas y familias, en su amplísima mayoría con bancos españoles que, a su vez, mantienen elevados pasivos frente a otras empresas financieras del resto del mundo. Prioritaria ha de ser, por tanto, la reducción de ese excesivo apalancamiento privado, con el fin de que deje de alimentar el endeudamiento público. Ahora lo viene haciendo directamente, mediante la aportación de fondos públicos a los bancos, o de forma más gradual, a través de contracciones en la recaudación tributaria consecuentes con la menor generación de rentas: con la continuidad de la recesión y del aumento del desempleo.
Es por ello por lo que el apoyo directo con fondos europeos a la recapitalización de la mayoría de los bancos españoles constituye una buena solución. Mucho más si efectivamente el crédito dispuesto acaba en los balances bancarios, en lugar de engrosar la deuda pública. Y, además, las condiciones en términos de tipos de interés y vencimiento son tan favorables como las que se presumen. Normalizar el funcionamiento de la intermediación bancaria, la asignación de crédito a proyectos viables de inversión, es tan necesario como aislar el potencial contaminador del sector bancario sobre el resto de la economía, en especial sobre las finanzas públicas. Y ahora estamos mucho más cerca de conseguirlo.
Menos evidente es que las decisiones de ajuste que se acaben de adoptar faciliten la otra normalización, la de la actividad real, la inversión empresarial y la reducción del elevado desempleo. Claro que han de ser bienvenidas aquellas reformas en la dirección de mayor racionalización y mejor funcionamiento de los mecanismos de asignación. Pero lo esencial de esos 65.000 millones de euros contribuirá a deprimir aún más la actividad a corto plazo.
La evidencia, dentro y fuera de España, es suficiente: la austeridad presupuestaria indiscriminada y muy concentrada en el tiempo, simultánea con una recesión en el conjunto de la eurozona, no favorece la recuperación inmediata de la economía. Con independencia de cada una de las actuaciones anunciadas ayer, la amplia mayoría de ellas inhibirá las decisiones de gasto de las familias y empresas. Nada claro está que esas nuevas dosis de austeridad generen los efectos favorables esperados sobre los mercados financieros. La evidencia nos dice que la austeridad presupuestaria no es expansiva cuando las demás políticas no palian sus efectos inmediatos depresivos. También sabemos la importancia esencial que en el escrutinio de los mercados de acciones y de bonos juegan las expectativas de crecimiento económico.
Con mayor o menor diligencia, las autoridades españolas han adoptado decisiones que no estaban en sus agendas. Se supone que lo han hecho asumiendo que constituyen una condición necesaria para recibir ayudas sectoriales o genéricas. La primera entrega de las bancarias serán esos 30.000 millones de euros. Pero es posible que España, al igual que Italia, pueda volver a necesitar apoyos como los que el BCE suministró el pasado agosto a través de la compra de bonos públicos de esos tesoros en el mercado secundario. El repertorio de propósitos anunciados ayer por el presidente del Gobierno debería constituir por sí mismo una suerte de garantía para que el tesoro español no tuviera que soportar costes de financiación excesivos, como los incurridos en las últimas subastas o los que señalan los mercados secundarios. De lo contrario, estaríamos en el peor de los escenarios posibles: con políticas propias de un país intervenido, pero sin la ventaja de los relativamente bajos costes de financiación de estos últimos. Sería razonable, en consecuencia, que la capacidad de interlocución de nuestro Gobierno en Bruselas, Fráncfort y Berlín mejorara en una proporción no muy inferior a la que se endurecerán las condiciones de vida de la mayoría de los españoles.
SICAV: El paraíso fiscal en España
Enviado por Julio Néstor Sosa Benia
ESPAÑA, S.A.
No es por amargaros el verano, de verdad, sólo que pienso que hay que saber cosas para que después no justifiquemos nuestra apatía con un "si yo lo hubiera sabido".
Clarito y que nos den, que nos lo merecemos.
El cineasta Pedro Almodóvar, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, porque lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1% por él, a diferencia de lo que le sucede a cualquier otroespañol.No son los únicos, ya que personajes de la élite financiera como la ex ministra socialista Mercedes Cabrera, el directivo del Málaga Fernando Hierro o la mediática familia Polanco también.Y todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España¿Cómo lo hacen?
SICAV, PARAÍSO FISCALPara no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria , y para lo que únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros.Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda.Así lo explica en su libro "SICAV, paraíso fiscal" el profesor de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.PROGRESISTAS QUE NO PAGAN COMO LOS DEMÁSTal y como desvela en su libro el profesor Guillermo Rocafort, algunos destacados progresistas que se han caracterizado por apoyar proyectos socialistas, cuando no comunistas, como Pedro Almodóvar, cuya SICAV está gestionada nada menos que por la Banca March , o la ex ministra de Cultura Mercedes Cabrera y la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, que se ha hecho célebremente famosa por sus discursos moralizantes en la televisión, no pagan como los demás.El profesor Rocafort ha señalado a Diario El Aguijón que:"Una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV, y por tanto en un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión de la Agencia Tributaria y pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos".
PONER A LAS ZORRAS A GUARDAR LAS GALLINASEl dinero invertido en las SICAV, y que en algunas ocasiones son constituidas por hombres de paja a los que en el argot financiero se les denomina "mariachis", está únicamente controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -y marido de la ex ministra socialista del PSOE Mercedes Cabrera- era a la vez, y en una claro conflictos de intereses, tal y como señala el autor, propietario de la SICAV Tagomago [según datos de la prensa de la época aportados por el periodista Daniel Montero Bejarano, Arenillas, el mandatario de la entidad encargada de investigar a los "mariachis", poseía él solo el 99,25% de los 9 millones de euros invertidos en Tagomago; el 0,75% restante correspondía a otras al menos 99 personas], constituida junto con el ex Secretario de Estado de Economía David Vergara.Algo que el autor del libro ha señalado gráficamente a Diario El Aguijón como "si pones a las zorras a guardar las gallinas".Rocafort señala en su libro que "llama la atención que fue este -en referencia a Carlos Arenillas- cuando ejercía sus funcionesdescritas [vicepresidente de la CNMV ], que la CNMV paró en 2005 la ofensiva de Hacienda contra las SICAV de manera fulminante".El debate ha sido abierto por este polémico libro editado por la editorial Rambla, y por la brillante exposición del profesor Guillermo Rocafort, en un momento en que la clase media y la mayoría de los trabajadores ven cómo se le suben sus impuestos y la crisis hace mella en su economía.Pero no todos, pagaremos la crisis igual, o al menos eso parece, tras la obra del profesor Rocafort.
Otros inversores en SICAV:
* Emilio Botín, con los 250 millones de euros invertidos en Cartera Inmobiliaria ganó 25 millones de euros en 2009, por los que pagó solo 144.000 en impuestos (ni siquiera llegó al 1% establecido por ley).
* Amancio Ortega, el hombre más rico de España, mantuvo hasta diciembre de 2010 dos SICAV por un total de 163 millones de euros.Su exmujer, Rosalía Mera mantiene más de 500 millones de euros sin pagar apenas impuestos gracias a Breixo y Soandres, siendo ésta la tercera SICAV con más patrimonio del país.
* Alicia Koplowitz tiene el récord de inversión con 473 millones de euros en Morinvest.
* El segundo puesto es para Allocation, la SICAV de la familia del Pino, fundadora de Ferrovial, con 410 millones de euros.
* El famoso empresario secuestrado por ETA en 1988, Emiliano Revilla.
* Santiago Herrero León, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con 10 millones de euros en Cartera Andaluza SICAV.
* La familia Reyzábal, propietaria de los edificios más caros y emblemáticos de Madrid: Edificio Windsord y la Torre Picasso.
* Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.
* José Antonio Castro de Sousa, presidente de NH Hoteles.
* El arquitecto Ricardo Bofill.
* La familia Lladró.
* La infanta Pilar de Borbón y Borbón, hermana del rey, es la presidenta de la cooperativa de inversión Labiernag 2000, con 4,4 millones de euros, y en la que figuran como vocales dos de sus hijos: Beltrán y Bruno Gómez-Acebo de Borbón. La empresa ganó 392.000 euros en 2009, por los que solo tributó 931 euros (el 1% preceptivo hubieran sido 3.920 euros).
* Los exjugadores del Real Madrid Roberto Carlos, Fernando Hierro y Fernando Morientes, con 2,4 millones de euros los primeros y 1,9 millones de euros el tercero de ellos en otras tantas SICAV (Roadsol Inversiones, Ferrosor Inversiones y Josa Inversiones).
* También el ex barcelonista Iván de la Peña abrió (es de suponer que junto a otros 99 inversores como mínimo, que manda la ley) la SICAV Peñasen.
* El histórico presidente del F. C. Barcelona, José Luis Núñez, guarda 154 millones de euros en la SICAV denominada NN2003 [vaya tufo a cuenta en banco suizo que tiene el nombrecito].
* Por supuesto, la empresa más rica del planeta Tierra y eso que su reino no es de este mundo (aunque -modestia que derrocha la pobre- no aparezca en la revista Forbes), la Iglesia Católica , también disfruta en España de estos insolidarios productos de inversión:
o Ángel Vallejo Balda, sacerdote y ecónomo de la diócesis de Astorga, preside la SICAV Vayomer , con 7 millones de euros
o La Orden de la Inmaculada Concepción, custodia 3,5 millones de euros en Francat.
o Las Hijas de la Caridad invierten sus ahorros en Inversiones Deima y Ulls Nous, con 5,4 millones de euros en empresas como Repsol, Telefónica o Bayer o Roche -fabricantes, por cierto de anticonceptivos, ¡qué pecao!-, con lo que ganaron 547.000 euros en 2009.
o Los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, controlan el 99,99% de los más de 11 millones de euros de la SICAV Finanzas Querqus.
* El empresario Rosendo Naseiro, exmiembro de la ejecutiva nacional del PP y protagonista del caso Naseiro, que investigaba la supuesta financiación ilegal del PP y que fue archivado por el Tribunal Supremo tras invalidar las escuchas telefónicas [por cierto, al juez que ordenó las escuchas, ¿también lo echaron con una patada en el culo como a Garzón?].
¿Qué hacen los representantes de la soberanía popular para atajar todo esto?: ponerle zancadillas a Hacienda.
En 2004, Hacienda comenzó un plan de inspección de las SICAV y, aunque el número de inspecciones fue mínimo, el fisco exigió que varias de las cooperativas de inversión investigadas pagara el 35% de sus beneficios igual que cualquier otra empresa. [...]Los dueños de las SICAV movieron sus hilos y buscaron el amparo de... Sí, has acertado: la clase política, esos abnegados hombres y mujeres que luchan con denuedo en el Parlamento representándonos y velando por nuestros derechos y por nuestros intereses, que para eso los votamos, ¿no?.
El 31 de mayo de 2005, el Congreso de los Disputados (porque hay que ver cómo se disputan los escaños, los descendientesde la gran p...) tenía previsto debatir dos propuestas que suponían de facto una amnistía para todas las SICAV.La iniciativa partió de Convergencia i Unió (la pela es la pela, noi).Querían que fuera la CNMV y no Hacienda quien decidiera sobre el uso de "mariachis" en las SICAV, y querían también, ojo al parche, que la normativa se aplicara «no solo a partir de la entrada en vigor de la ley, sino también y de forma especial en relación con los ejercicios anterioresque puedan estar siendo objeto de actuaciones de comprobación o investigación o que lo puedan ser en el futuro».En otras palabras: CiU quería que los inspectores de Hacienda se estuvieran quietecitos.Y contaban con el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Desde entonces, los inspectores de Hacienda han denunciado públicamente presiones por parte del Ministerio de Economía, y más concretamente desde la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, para limitar sus facultades de investigación frente a las SICAV y someterles a un control político.Además, los tribunales de Justicia han anulado las decisiones del fisco contra las SICAV investigadas...
Fuente: "El club de los pringaos", de Daniel Montero. Ed. La Esfera de los Libros, S. L.
P.S.- ¡Que no se te ocurra ocultar unos cuantos cientos de euros en tu declaración de la renta, que si te pillan te crujen! Oculta, si los tienes, de un millón para arriba y saca pecho... ¡A ver quién tiene glándulas de toserte!
--
"No creo en la democracia puramente formal... Lo que me parece imposible aceptar es una democracia fundada en la ética del mercado que, perversa y dejándose llevar sólo por el lucro, imposibilita la misma democracia" (Paulo Freire. Pedagogía de la Indignación. Ediciones Morata. Madrid. 2001, Pág. 59)
Reenvía:Julio-Néstor Sosa Benia (Garufa)
Barrio de la Mondiola, Montevideo-Uruguay
Albolote (al-Bulut), Granada - Andalucía (Estado Españo
Morenés dice ahora que Chávez es un "gran amigo" de España
El titular de Defensa ha dicho estar de acuerdo con que empresas españolas vendan material y equipamiento militar a Venezuela
PÚBLICO / EFE Madrid 18/07/2012 13:41 Actualizado: 18/07/2012 20:21Noticias relacionadas
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es un "gran amigo"
de España. Así lo ha manifestado este miércoles el titular de Defensa,
Pedro Morenés en su intervención en el pleno del Congreso. Es una de las
justificaciones de ha usado el ministro para mostrar su conformidad con
que empresas como Navantia vendan material y equipamiento militar a
Venezuela. De hecho, ha informado de que una delegación de esta compañía
se encuentra estos días en Caracas para intentar vender nuevos
productos al Gobierno de Chávez.
El ministro se ha referido a este
asunto en en la respuesta a una interpelación de IU sobre la política
de defensa y la participación de España en misiones en el exterior.
Esta
afirmación de Morenés supone un extraño cambio de discurso en el PP,
que siempre se ha caracterizado por sus críticas al mandatario
bolivariano. De hecho, cuando estaba en la oposoción, el hoy presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió a Castro y Chávez como "las amistades peligrosas de Zapatero".
Hace
un año y medio, el senador del PP Luis Peral comparó la "política de
apaciguamiento" del Gobierno de Zapatero hacia el presidente venezolano,
Hugo Chávez, con la que los países occidentales tuvieron con la Alemania de Adolf Hitler, "a la que al final tuvieron que enfrentarse con las armas" en la II Guerra Mundial.
El
diputado de IU ha censurado que Estados Unidos considere a Venezuela un
país sospechoso de dar cobertura a grupos terroristas y que este hecho
condicione la relación comercial de España con el país sudamericano.
Morenés
ha corroborado que España, "cuando va en el ejercicio de su soberanía a
tener acuerdos comerciales" con Venezuela, no tiene autorización para
vender aquellos productos estadounidenses que van incluidos en el
material fabricado por la industria española.
Este veto ya se
ejerció a finales de 2005 cuando Washington denegó la licencia de venta
de componentes fabricados por sus empresas para los aviones que el
anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó vender a
Caracas.
Morenés ha recordado al mismo tiempo que Venezuela "no es
precisamente muy amigo de los Estados Unidos y cuyo presidente
(Chávez), por cierto, insulta un día sí y otro no al presidente de EEUU,
que es un gran amigo nuestro, como también lo es el presidente de
Venezuela", ha comentado Morenés.
"Respetemos la soberanía de los
demás si queremos que se respete la nuestra", ha añadido. El titular de
Defensa ha reiterado la importancia que la industria militar tiene en
España por su aportación a la defensa nacional y a la creación de
puestos de trabajo.
Navantia ha mantenido desde 2005 una
colaboración comercial con el Gobierno de Hugo Chávez con la venta de
siete buques de patrulla construidos en el astillero de Puerto Real
(Cádiz) por un importe de 1.200 millones de euros.
El último de
ellos se entregó el pasado 23 de abril, en un acto que contó con la
asistencia del embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez, y el
director general de la SEPI, Francisco Ruiz Jiménez.
Ruiz Jiménez
confió entonces en que la entrega del barco "sólo fuera el punto y
seguido" en las relaciones comerciales con Venezuela y que se abriesen
nuevas oportunidades de negocio.
Bonifacio Cañibano
El rincón del ñángara
Vaya lío… Los amigos de mis amigos son mis amigos
18 jul 2012
Dice Pedro Morenés, que Hugo Chávez es un gran amigo de España. Y
se pone estupendo, como Max en Luces de Bohemia, cuando explica que
nuestro gran amigo Chávez no es amigo precisamente de nuestro gran amigo
Obama, pero que aunque ellos no sean amigos entre sí, son nuestros
grandes amigos.
Ni Objetivo Birmania lo explicaba mejor con aquella canción que decía: Uh! Vaya lio! Los amigos de mis amigas son mis amigos…
Hay que disculparle. El señor Morenés ha tenido un lapsus temporal, se ha olvidado que ahora es ministro de Defensa y se ha puesto a hablar como si estuviera ejerciendo su profesión anterior. La de fabricante de armas. Ha tenido un desdoble de personalidad, un momentáneo trastorno bipolar y ha vuelto a ser por un momento el ejecutivo agresivo de la multinacional MBDA vendiendo misiles por zona centro. ¡Qué tiempos! Todo para colocar un paquete de armas y barcos, de los que fabrica Navantía, al querido amigo Hugo Chávez.
Si Morenés se comportara cómo ministro del PP y dejara de jugar al doctor Jekyll y a mister Hyde, debería de recordar a Manuel Viturro
¿Manuel Viturro?…
Era, en el año 2002, el embajador en Caracas, que dependía directamente de Josep Piqué, que era el ministro de Exteriores del gobierno de Jose María Aznar, que estaba implicado en el golpe de estado contra el gran amigo Hugo Chávez. Era el único diplomático junto con el embajador de EE.UU, Charles Schapiro, que se paseaba por el palacio de Miraflores con el golpista Pedro Carmona, mientras Chávez permanecía detenido por los militares en la Isla de Orchilla.
Morenés también tendría que acordarse que el incidente del Rey con Chávez, aquel del “por qué no te callas” surgió porque el presidente venezolano estaba recordando a Zapatero la participación del gobierno del PP en el golpe de estado y sugiriendo que “Aznar era un fascista”… Esto es lo que decía Chávez, aunque se le oyó poco porque el Rey tiene un vozarrón.
El amigo Chávez es ese caudillo populista y autoritario, cuyo “régimen “no es exactamente democrático, a pesar de que ha celebrado 4 elecciones presidenciales, 4 parlamentarias, 6 regionales y 6 referéndums. En el PP lo saben bien porque a muchas de estas consultas ha ido Jorge Moragas acompañado eventualmente por algún amigote del tipo de Luis Herrero. En el último referéndum Luis Herrero, fue expulsado de Caracas, por las autoridades electorales, por insultar al Presidente.
¿Y qué decir de la tabarra con lo del santuario de ETA? Esa película en la que Caracas es cómo una ciudad en la que los etarras se pasean envueltos en la ikurriña, tienen altos puestos en la administración chavista (que los protege) y por la noche toman copas, en el distrito de Petare, con los guerrilleros de las FARC que son los que ponen la coca.
¿Y lo de la censura de prensa?… Esa falta de libertad que tanto ha denunciado el PP, aunque no haya un solo periódico en Venezuela que no intente machacar a Chávez todos los días. Lo mismo ocurre con las grandes cadenas de televisión, aunque escuchando a Moragas y a sus amigotes parece que el “dictador” las está cerrando todas
¿Y si Venezuela no compra el paquete de Navantia que le intenta colocar Morenés? Pues entonces ya verán como el gran amigo Chávez (gran pana se dice en venezolano) vuelve a ser otra vez el déspota que se intenta perpetuar en el poder, el que quiere cubanizar a su pueblo y el que protege a los terroristas de la región, que es cómo se conoce por estos lares a la guerrilla colombiana. Y puede ser que hasta resurja el juez Velasco con ese sumario, que aparece y desaparece como los ojos del Guadiana y que relaciona, en un círculo perfecto a ETA a las FARC y al gobierno de Hugo Chávez.
Así que para no ahondar en el mito tan actual de que el PP no dice una verdad… y para mantener la coherencia y el tipo, es mejor comportarse como un ministro del PP, en vez de cómo un vulgar vendedor, y decirle al de Caracas que por qué no se calla
Ni Objetivo Birmania lo explicaba mejor con aquella canción que decía: Uh! Vaya lio! Los amigos de mis amigas son mis amigos…
Hay que disculparle. El señor Morenés ha tenido un lapsus temporal, se ha olvidado que ahora es ministro de Defensa y se ha puesto a hablar como si estuviera ejerciendo su profesión anterior. La de fabricante de armas. Ha tenido un desdoble de personalidad, un momentáneo trastorno bipolar y ha vuelto a ser por un momento el ejecutivo agresivo de la multinacional MBDA vendiendo misiles por zona centro. ¡Qué tiempos! Todo para colocar un paquete de armas y barcos, de los que fabrica Navantía, al querido amigo Hugo Chávez.
Si Morenés se comportara cómo ministro del PP y dejara de jugar al doctor Jekyll y a mister Hyde, debería de recordar a Manuel Viturro
¿Manuel Viturro?…
Era, en el año 2002, el embajador en Caracas, que dependía directamente de Josep Piqué, que era el ministro de Exteriores del gobierno de Jose María Aznar, que estaba implicado en el golpe de estado contra el gran amigo Hugo Chávez. Era el único diplomático junto con el embajador de EE.UU, Charles Schapiro, que se paseaba por el palacio de Miraflores con el golpista Pedro Carmona, mientras Chávez permanecía detenido por los militares en la Isla de Orchilla.
Morenés también tendría que acordarse que el incidente del Rey con Chávez, aquel del “por qué no te callas” surgió porque el presidente venezolano estaba recordando a Zapatero la participación del gobierno del PP en el golpe de estado y sugiriendo que “Aznar era un fascista”… Esto es lo que decía Chávez, aunque se le oyó poco porque el Rey tiene un vozarrón.
El amigo Chávez es ese caudillo populista y autoritario, cuyo “régimen “no es exactamente democrático, a pesar de que ha celebrado 4 elecciones presidenciales, 4 parlamentarias, 6 regionales y 6 referéndums. En el PP lo saben bien porque a muchas de estas consultas ha ido Jorge Moragas acompañado eventualmente por algún amigote del tipo de Luis Herrero. En el último referéndum Luis Herrero, fue expulsado de Caracas, por las autoridades electorales, por insultar al Presidente.
¿Y qué decir de la tabarra con lo del santuario de ETA? Esa película en la que Caracas es cómo una ciudad en la que los etarras se pasean envueltos en la ikurriña, tienen altos puestos en la administración chavista (que los protege) y por la noche toman copas, en el distrito de Petare, con los guerrilleros de las FARC que son los que ponen la coca.
¿Y lo de la censura de prensa?… Esa falta de libertad que tanto ha denunciado el PP, aunque no haya un solo periódico en Venezuela que no intente machacar a Chávez todos los días. Lo mismo ocurre con las grandes cadenas de televisión, aunque escuchando a Moragas y a sus amigotes parece que el “dictador” las está cerrando todas
¿Y si Venezuela no compra el paquete de Navantia que le intenta colocar Morenés? Pues entonces ya verán como el gran amigo Chávez (gran pana se dice en venezolano) vuelve a ser otra vez el déspota que se intenta perpetuar en el poder, el que quiere cubanizar a su pueblo y el que protege a los terroristas de la región, que es cómo se conoce por estos lares a la guerrilla colombiana. Y puede ser que hasta resurja el juez Velasco con ese sumario, que aparece y desaparece como los ojos del Guadiana y que relaciona, en un círculo perfecto a ETA a las FARC y al gobierno de Hugo Chávez.
Así que para no ahondar en el mito tan actual de que el PP no dice una verdad… y para mantener la coherencia y el tipo, es mejor comportarse como un ministro del PP, en vez de cómo un vulgar vendedor, y decirle al de Caracas que por qué no se calla
Entrevista desde la cárcel a Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale: “España, como Estado, es un proyecto fallido”
Figura política clave del nacionalismo vasco moderno, Arnaldo
Otegi (Elgoibar, País Vasco, 6 de julio de 1958), impulsor decidido del
proceso de paz y del silencio de las armas de la organización ETA, en
la que militó hasta mediados de la década de los años 80, lleva tres
años encarcelado –de una condena a seis años y medio– bajo la acusación
de pertenecer a la dirigencia de ETA, sentencia acremente criticada por
el nacionalismo vasco, tanto moderado como radical.
Impedido por las autoridades carcelarias españolas de hablar cara a
cara con los medios de comunicación, Otegi accedió a responder un
cuestionario que La Jornada le hizo llegar por
medio de terceras personas. Licenciado en filosofía y letras, casado y
con dos hijos, el líder vasco considera que su sentencia sólo puede
entenderse
Coleccionista, muy a su pesar, de un sinfín de condenas de los tribunales españoles, Otegi fue condenado en 2005 por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por injurias al rey:
La sentencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, en 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a su vez al Estado español a pagar 20 mil euros por daños morales al
si la interpretamos en términos políticos y no jurídicos.
Coleccionista, muy a su pesar, de un sinfín de condenas de los tribunales españoles, Otegi fue condenado en 2005 por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por injurias al rey:
El rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia.
La sentencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, en 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a su vez al Estado español a pagar 20 mil euros por daños morales al
vulnerar la libertad de expresión de Otegi en el caso de las injurias al rey.
-Recientemente el Tribunal
Supremo español sentenció a usted y a otros cuatro compañeros suyos a
tres años y medio más de cárcel –sumarán seis años encarcelados si el
recurso se rechaza– por ser, según los magistrados, los encargados de
desmovilizar a ETA y propiciar la opción política del independentismo.
¿Cómo explica esa sentencia?
–Sólo podemos entenderla correctamente
si la interpretamos en términos políticos y no jurídicos. En términos
jurídicos es una auténtica aberración para cualquiera que cree en el
derecho. Por el contrario, desde un punto de vista político forma parte
de la agenda que manejan los enemigos de la paz en el País Vasco.
–La justicia española, ¿a qué intereses sirve en este caso?
–En la llamada
transición democrática españolano hubo depuración ni petición de responsabilidades a los integrantes de los aparatos del Estado (entre ellos el Judicial), que sostuvieron de manera entusiasta el régimen fascista de Franco. Hoy, algunos componentes de las más altas magistraturas del Estado formaron parte de las estructuras de la dictadura. Así que no puede generarnos ninguna sorpresa el constatar que la mayoría de los integrantes de la judicatura española estén al servicio de los sectores que buscan el colapso del proceso de paz en el País Vasco.
–¿Hay alguna diferencia, en el aparato judicial, en la relación que mantienen con los poderes políticos y económicos?
–La OCDE sitúa el nivel de independencia judicial del Estado español en el puesto 64, justamente entre Egipto e Irán.
Así que debemos ser claros al respecto: en España no hay división de
poderes y no existe la independencia del poder judicial. Si un Estado
así merece el calificativo de democrático es algo que dejo al criterio
de los lectores.
–Se habla mucho, especialmente a raíz de la recuperación del poder por el PP, del poder que ejerce la
derecha mediáticaen la toma de decisiones del presidente Mariano Rajoy. ¿Qué piensa al respecto?
–Mire, yo hago primero una constatación:
¿cómo es posible que en un Estado que ha mantenido un régimen
dictatorial durante décadas no exista la extrema derecha al menos de
manera oficial? Sencillamente porque está integrada en el PP. Así que en
términos intelectuales y como ejercicio para el debate podría conceder
que existen sectores mediáticos que condicionan las decisiones de Rajoy…
Pero en términos de un análisis político riguroso le digo que si esas
decisiones tienen una naturaleza profundamente reaccionaria y
conservadora, es sencillamente porque por encima de cualquier otra
consideración el presidente español es profundamente conservador y
reaccionario.
–¿A quién o a quiénes les interesa que ETA rompa su tregua y retome su actividad?
–A los sectores que estaban cómodos en
el escenario anterior y que temen que la paz deje todavía más en
evidencia su absoluta falta de argumentos democráticos para seguir
negando al Pueblo Vasco sus derechos democráticos.
–¿Ve posible que eso suceda? ¿Usted lo justificaría?
–No va a suceder, pero si ocurriera mostraría mi rechazo frontal en términos políticos.
–¿Qué provocó el surgimiento de ETA, su declaración de tregua permanente?
–ETA nace como organización armada
revolucionaria en respuesta a la estrategia de genocidio nacional que
plantea el régimen de Franco contra el País Vasco, animada también por
acontecimientos históricos como la guerra de Argelia o la propia Revolución Cubana.
La decisión de dar por finalizada su campaña armada es fruto de la
decisión de las bases sociales y militantes de independentismo de
izquierdas de cerrar una fase de nuestro proceso de liberación e iniciar
una nueva que debe desarrollarse única y exclusivamente por las vías
pacíficas y democráticas.
–En este incipiente proceso abierto tras la declaratoria de ETA, ¿a quiénes corresponde asumir responsabilidades y pedir perdón?
–Todas las partes involucradas debemos
asumir nuestras responsabilidades en el dolor que hemos generado con
nuestras palabras o acciones. El reconocimiento del dolor causado nos
corresponde a todos.
–Usted fue militante de ETA hace
más de 30 años. Estuvo encarcelado por esa razón. Al tiempo, ya en
libertad, emergió como líder del movimiento independentista político,
abierto, dando la cara, tanto que llegaron a compararlo los medios
españoles con el irlandés Gerry Adams. ¿Cómo fue esa transición?
–Siempre viví con naturalidad mi compromiso político y fue el encarcelamiento de la mesa nacional de Herri Batasuna
lo que me catapultó a la actividad pública. Desde entonces he tratado
de ser honesto con los principios que siempre deben guiar a un
revolucionario y he trabajado para que el independentismo vasco de
izquierdas hiciera una transición hacia posiciones políticas que
defendieran el uso exclusivo de métodos democráticos. Pero la primera
transición es la que uno necesita hacer en su propia conciencia para
después trasladarla al resto, y ese tránsito es duro, difícil y, al
mismo tiempo, apasionante, sobre todo si culmina con éxito, como es
nuestro caso.
–Lleva tres años tras las rejas. ¿Cómo es su día a día? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Cómo ve al mundo desde la cárcel?
–Haciendo un cómputo global de mis
estancias en la cárcel, llevo 10 años cumplidos. Mi día a día se
estructura (siguiendo los consejos de Nelson Mandela)
entre el deporte, la lectura y el estudio, con el objetivo de seguir
formándome para el día que recupere mi libertad. En cuanto a mi
diagnóstico sobre el mundo, de manera resumida es así: el mundo vive una
auténtica crisis de civilización, en la que convergen al mismo tiempo
una crisis sistémica del capitalismo (de acumulación), una energética
(ya sobrepasamos el pico en la producción petrolera) y una ecológica
(cambio climático), que ponen en riesgo el planeta y nuestra especie.
Todo esto, además, trae como consecuencia lógica un peligrosísimo
escenario de disputa de la hegemonía mundial entre una potencia en
riesgo de ser decadente (Estados Unidos) y las potencias emergentes, como China,
fundamentalmente. En este contexto, la reivindicación de un orden
mundial diferente es una necesidad evidente. O socialismo o barbarie.
–En esa línea, ¿qué opinión le
merece la actitud de los militantes de ETA que se deslindaron de la
organización desde hace algunos años y han optado por salidas
personales?
–Soy crítico en términos políticos con
quienes adaptaron esa decisión, aunque la respeto en términos
personales. Creo profundamente que las decisiones y propuestas deben ser
colectivas, aunque necesariamente después tengan que ser materializadas
en términos individuales.
–¿No cree que se adelantaron, de algún modo, a los tiempos?
–No. Al contrario, pienso que se equivocaron en los tiempos y en las formas.
–¿Es eso condenable?
–La condena es una categoría moral que
desde mi punto de vista no debe emplearse para definir posiciones
políticas. Para mí, su posición es criticable en términos políticos,
pero debe ser expresada en términos escrupulosamente respetuosos.
–¿Hay algo de lo que se arrepienta?
–Para un revolucionario (o aspirante a
serlo) no debe haber juez más severo que su conciencia. Soy
especialmente crítico con algunas cosas que he hecho, así que puedo
señalar a modo de ejemplo dos: las declaraciones que he efectuado y que
han podido añadir más dolor a las víctimas (aún siendo involuntarias) y
el no haber hecho más para evitar la ruptura del último proceso de
diálogo que mantuvimos con el gobierno de Rodríguez Zapatero.
–Ya instalados en el hoy
político, ¿ve al País Vasco independiente? ¿Eso es posible dadas las
condiciones político-económicas que imperan en el mundo?
–En la últimas elecciones celebradas en
el País Vasco estuvimos a mil, 2 mil sufragios de ser la fuerza más
votada. Así que estoy totalmente
convencido de que los vascos seremos un
Estado en Europa. En términos económicos, nuestra renta
per cápita es una de las más altas del continente (34 mil euros),
nuestro tejido industrial es sólido, nuestra geografía envidiable, y
frente a nosotros tenemos una España que acaba de ser auxiliada
parcialmente y corre grave riesgo de ser rescatada totalmente en los
próximos meses. España, como Estado, es un proyecto fallido en términos
políticos y económicos. Nuestra independencia es ya también una
auténtica necesidad económica.
–¿Qué los diferencia a ustedes, los vascos, de los españoles, de los catalanes, de los gallegos?
–Somos sencillamente un pueblo con identidad nacional diferente a la del resto. Ni mejores ni peores.
–¿Bajo qué premisas debería darse la entente cordiale con Madrid?
–La ecuación para el entendimiento tiene
su ingrediente principal en la palabra respeto. Respeto a nuestra
condición nacional y a nuestro derecho a decidir pacífica y
democráticamente nuestro futuro.
–En su más reciente escrito se despide invocando, entre otros personajes, al Che y a Fidel Castro. ¿Qué es para usted América Latina?
–América Latina, y México en primer
lugar, es el continente que acogió a nuestros antepasados cuando
abandonaron el país por razones de persecución política o exclusión
económica (entre ellos algunos de mis familiares que hoy residen en el
DF y a los que envío un gran abrazo).
“Además, es el continente del realismo
mágico, de García Márquez y Neruda, de Carlos Fuentes y Galeano, de
Diego y Frida, de Carpentier, de Camilo y el Che, del
socialismo del siglo XXI, de Zapata y Bolívar, de Allende y Arbenz, de
la Repsol nacionalizada. ¡De tantas cosas! Hay continentes que fabrican
productos. América Latina, además, es la gran fábrica de sueños
libertarios e igualitarios del planeta. Si no existiera deberíamos de
inventarla.”
Tomado de Rebelión
Muere el héroe Théo Francos, Brigadista Internacional, sin repercusión en los medios
Para mí Théo Francos (1914-2012) ha muerto tres veces. La primera vez, el día que lo fusilaron y milagrosamente sobrevivió. La segunda, hace dos días, a sus 98 años en su casa de Baiona. La tercera ha sido hoy, cuando he podido comprobar que su muerte no aparece en ningún medio español.
Por AITOR FERNÁNDEZ / datecuenta.org
Entradilla. En vista de que ni un jodido medio español se ha dignado a
escribir cuatro líneas por tu muerte, Théo, me pongo a escribirlas yo,
una persona sin apenas formación de redactor periodístico, pero a la que
la rabia en el corazón le sigue moviendo a hacer muchas cosas, esta vez
por la impotencia de comprender que, en realidad, a nadie le importa
cuántas veces arriesgaras tu vida por defender la causa antifascista, y
digo causa porque defendiste la causa, la humanidad, por encima de
nacionalidades y banderas. Yo te conocí y pude abrazarte, aunque quizá
al salir de la ciudad no te acordaras ya nunca más de mí, pues tu
memoria estaba completamente desdibujada, lo que no me impidió ser
testigo de tu grandeza.
Théo Francos en 1937
A lo que voy. Desde que conocí tu historia, Théo (contada por primero
por la ARMH y leída luego por los textos de Sofía Moro) quise
conocerte, pero fue dos años después cuando tuve la oportunidad. El
verano pasado viajé a Baiona, en el penúltimo viaje del proyecto
“Vencidxs”, para descubrir en ti a un hombre mucho más pequeño de lo que
había visto en las fotos y vídeos, mermado por la vejez y la memoria,
pero aún así excepcional y humano. Un idealista de verdad, que vino a
luchar a España para derrocar el fascismo, aunque el Partido Comunista
te lo impidiera, con muchos más voluntarios que se llamaron las Brigadas
Internacionales. “¿Cuál es la razón del fascismo, Théo?” “Es la explotación -a pesar de todo tenías momentos de lucidez), a mi padre en Valladolid le hacían trabajar toda la noche con un trozo de pan y de cebolla.” Supongo que a eso querrían que volviéramos, y supongo que por eso tú no sales en los medios hoy.
El miedo nunca se separó de ti. Pero eso no te impidió hacer grandes cosas. Me dijiste que “a veces te despertabas por la noche y llorabas como un chaval”,
supongo que recordando lo que te parecería el fin del mundo, o más
bien, el fin de la humanidad, cuando te enterraban hasta la cintura para
torturarte, en el campo de concentración de Miranda de Ebro, dándote
latigazos a pleno sol y teniéndote así días enteros. “A veces
pienso cómo pude aguantar tanto. La gente, desde fuera del campo, me
tiraba comida o agua, que mis compañeros me daban cuando podían.” Eso
fue la represalia por haberte fugado del campo. Por las alcantarillas.
Porque las Brigadas se habían ido, pero tú te quedaste para seguir
luchando, incluso cuando todo estaba perdido. “Eran los mismos presos los que construíamos el campo –me contaste de forma dispersa- pero
no nuestros barracones, nosotros dormíamos a la intemperie.
Construíamos para los soldados, incluso les hicimos una piscina” Y mientras, seguían exterminando a tus compañeros.
Cuando te liberaron pensabas que volvías a casa a descansar. Pero al llegar viste Baiona tomada por los nazis. “Me escapé en el puente, vi a mi madre de lejos, pero no me pude despedir de ella.” Porque
entonces comenzó una nueva odisea para ti, aunque en realidad era la
misma: seguir combatiendo el fascismo. Te alistaste como paracaidista en
el ejército inglés y en la nueva guerra te esperaban las experiencias
más duras de tu vida. Tuviste que matar a un compañero gravemente
herido, que no tenía el coraje suficiente para tomarse la pastilla de
cianuro que llevábais. En otra misión, al saltar, tu paracaídas quedó
atrapado en el ala del avión: “Lo corté con el cuchillo como pude, y llegué bien a tierra. Me descontaron el coste del paracaídas del sueldo del mes.” Pero
creo que lo peor fue cuando te fusilaron. A mí me parecía increíble.
Viviste un fusilamiento, y por ello llevaste alojada una bala a unos
centímetros del corazón toda tu vida. Te pregunté qué pensabas en esos
momentos: “No sabes lo que está pasando, si es verdad o no. A veces te herían para que sufrieras antes de morir.” Pero tú no moriste, y te salvaron al día siguiente una pareja de campesinos de la resistencia.
Pero también conociste la bondad humana, como aquellos campesinos, o
los ferroviarios que te tiraban comida, o las muchachas que te
escondieron en el granero:“Especialmente me quedaba impresionado por la solidaridad de las mujeres, salvé mi vida muchas veces gracias a ellas.” Mujeres
idealistas y valientes. En Stalingrado te adentraste 30km en las líneas
enemigas con una muchacha rusa de 19 años para volar puentes e impedir
el avance nazi. La reencontraste setenta años después, ella tenía
noventa y tu hijo le decía que no te apretara tan fuerte, que te iba a
matar del abrazo.
Y así ha sido tu vida, Théo. Me hablaste lentamente de tu bisnieto,
perdido en una amalgama de recuerdos que te costaba ordenar. “Papi, tienes que llegar a los 100″,
te decía. Quizá disfrutabas de él porque no podías haberlo hecho con tu
hija, a la que conociste con 20 años por todo lo que tuviste que
trabajar: “Al principio nadie me daba trabajo, así que tuve que
viajar y trabajar fuera, ocupando más de treinta puestos de trabajo
diferentes.” Me imagino que moriste en paz, aunque algo paenado porque veías el fascismo “volviendo a levantar cabeza”. Espero no tener que vivir las terribles experiencias que tú tuviste que vivir.
Conclusión. Y después de todo ¿para qué? -como me dijo también Concha
Carretero- Toda esa gente que fue asesinada, que defendió la libertad
de generaciones que ni conocerían después, que ha pagado con su juventud
y con su vida todos y cada uno de los derechos que ahora tenemos y que
estamos dejando perder uno a uno. ¿Para qué? Para que ningún medio
dedique un par de líneas a tu muerte. Ni Rajoy, ni la selección española
de fútbol, ni la prima de riesgo merecen la mitad del espacio que
debieras de ocupar en los medios. Así que, habiéndolo escrito más mal
que bien por lo que te pido perdón, primero por no poder dedicarte todo
el tiempo que te mereces, y segundo, avergonzado, porque no es éste el
medio principal donde tu muerte debiera figurar. Un general español una
vez te preguntó: “¿Tú no tienes madre? Porque no es normal que una persona realice tantas misiones” “Sí, señor, la tengo, lo hago por convicción” Te contestó muy seguro de sí mismo: “Pues quédate conmigo, porque por lo menos salvarás tu vida. Cuando acabe la guerra, no te van a agradecer nada.” Y era verdad. 