CHILE: pobladores de Freirina y del Valle del Huasco
LEVANTAN BARRICADAS Y MANTIENEN ESTADO DE ALERTA Y DE MOVILIZACIÓN
FUERZA FREIRINA, TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA
FOTO Y TEXTO: José Manuel Gutiérrez Bermedo
Represión en Huasco
La traición de parte del general Ricardo Solas que dijo que venía a dialogar. La detención y secuestro de una mujer huasquina haciendo caso omiso del consejal Pedro Rojas de Huasco... Esta es la democracia en Chile...
LEVANTAN BARRICADAS Y MANTIENEN ESTADO DE ALERTA Y DE MOVILIZACIÓN
Luego de la violenta represión de Carabineros durante la tarde del día martes en Huasco y los últimos acontecimientos en torno al conflicto con Agrosuper y el gobierno empr esarial, los pobladores de Freirina y del Valle del Huasco decidieron levantar las barricadas por ahora para llamar a una jornada de vigilia y alerta frente al conflicto.Después que la comunidad se reuniera para analizar las nuevas acciones frente al conflicto, dirigentes señalaron que la población mantiene las movilizaciones y no cederán hasta que el gobierno retire el proyecto de la termoeléctrica de Punta de Alcalde, se declare el cierre de la Cuenca del río Huasco y se clausure definitivamente la Planta de Agrosuper.
FUERZA FREIRINA
TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA
FOTO Y TEXTO: José Manuel Gutiérrez Bermedo
Un violento ataque de elementos que no está claro si eran trabajadores o guardias de Agrosuper atacaron el vehículo del Alcalde de Vallenar Cristián Tapia y de un personero cercano al edil, Pedro Ceri che. Mientras el Alcalde vallenarino fue atacado por una turba mientras pasaba en su vehículo por la zona, sufriendo daños en la carrocería y ventanas, elementos que se desplazaban en camionetas llegaron hasta la casa de Pedro Ceriche rompiendo las ventanas de su auto para posteriormente huir del lugar. Los hechos de violencia de personas vinculadas a la empresa Agrosuper o de partidarios de ella se suscitan luego que personeros de gobierno realizaran declaraciones responsabilizando a los Freirinenses y a los alcaldes por los despidos de Agrosuper. Miembros de la comunidad del Valle en tanto concuerdan que el Estado trata de endosar los costos de una situación que sólo crearon la administración de los dos últimos gobiernos al permitir el desarrollo de un proyecto empresarial “desmedido, desproporcional e inviable” como es Agrosuper que pretendía instalar en la zona 2 millones de chanchos mientras que los habitantes de Freirina sólo alcanzan a los 6 mil, en una cuenca hídrica que se encuentra agotada y en vías de desaparecer. Asimismo, los trabajadores de Agrosuper que realmente pertenecen a Freirina no superarían a las 40 personas. En una de las observaciones hechas en el estudio sobre el proyecto de Agrosuper se señalaba que de llevarse a cabo las operaciones de Agrosuper, la empresa tendría que traer trabajadores de otros lados del país y alojarlos fuera de la localidad, dada la desproporcionalidad de éste con respecto a la localidad de Freirina, la que evidenciaría insuficiencia en su infraestructura. Por lo que la Instalación de Agrosuper no sólo significó un desastre medioambiental sino que además el pretendido progreso para esta localidad tampoco fue tal. Con todo lo anterior, resulta lógico afirmar, señalan algunos personeros cercanos al movimiento que el propio Estado es el único responsable por la situación de los trabajadores; debiera moralmente asumir ante la comunidad y los trabajadores los daños y perjuicios que se han derivado por el demencial proyecto empresarial; y, dejar de insistir en favorecer el lucro privado por los compromisos comerciales que adquirió el grupo Vial ante Estados Unidos y China.
FUERZA FREIRINA TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA FOTO Y TEXTO: José Manuel Gutiérrez Bermedo
HUASQUINOS DENUNCIAN VIOLENCIA POLICIAL
Pobladores de Huasco, ciudad costera al sur de Freirina, denunciaron ante el abogado de Derechos Humanos, Hiran Villagra, los atropellos y la brutal acción que debieron sufrir de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros el martes recient e en la tarde.La refriega que partió alrededor de la 8 de la noche duró hasta altas horas de la madrugada, luego que un grupo de manifestantes marchara pacíficamente por la ciudad, según relató el propio párroco de Huasco, Aquiles Altamirano.
Los pobladores fueron reprimidos violentamente, recibiendo disparos de lacrimógenas a corta distancia y directa provocando lesiones y quemaduras en diversas personas y algunos menores. Muchos de estos casos no fueron denunciados en su momento por temor a represalias por lo que se desconoce el número real de los heridos.
Uno de los afectados, un bebe de 7 meses, sufrió un pequeño corte en la frente al caer suelo ante la acción policial.
Asimismo, los Carabineros, no contentos con su acción, los efectivos policiales penetraron violentamente las viviendas de al menos dos poblaciones, entre ellas la Villa Victoria, y procedieron a golpear a los pobladores adentros de sus hogares, mofándose de la acción.
De acuerdo a las versiones de los afectados, al señalarle al oficial a cargo que esta acción era ilegal, este habría afirmado que tenían las facultades de realizarlo; otra opinión tiene el abogado Villagra quien manifiesta que la irrupción dentro de las viviendas, el lanzamiento de proyectiles lacrimógenos al cuerpo y las golpizas al interior de las viviendas son hechos graves de violaciones de los derechos humanos y están al margen de la ley y los procedimientos estipulados en ella.
Otro hecho grave que causó impacto en la población la vivió en carne propia el párroco Altamirano cuando se colocó su escapulario y se acerco a Carabineros para dialogar. Los efectivos simplemente le dispararon un proyectil lacrimógeno.
por otra parte, la gran cantidad de proyectiles de gases terminaron por originar un incendio en bosques aledaños a las viviendas.
Finalmente la brutal acción represiva generó la indignación de los moradores, provocando que una gran cantidad de pobladores saliera a las calles defendiendo a sus vecinos hasta obligar a los Fuerzas Especiales a retirarse del lugar en una refriega que duró varias horas.
FUERZA FREIRINA
TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA
Puntadas sin hilo
Arturo González
Repartir dolor
12 dic 2012
Ciertamente, el dolor lo están repartiendo en abundancia, sin que sus cimientos morales crujan. La sociedad española está anegada de dolor. Un dolor atrabiliario, a capricho de la regresión ideológica, cultural, económica y política que están imprimiendo. En un año han fracasado ya en todos los frentes. El dolor es la nueva unidad de medida de España. La mayor impudicia, alteración y prostitución es la de pretender blindarse moralmente con una frase. Poca felicidad han repartido. Nos han marcado a fuego en el alma con el hierro del dolor, divisa privativa de los actuales gobernantes. Todo tipo de dolor:
El dolor de la libertad controlada, el dolor de la educación regresiva a los oscuros tiempos, el dolor de la justicia nunca alcanzada y disminuida, de la ruindad de abusar de la salud de la gente, el dolor que han causado a las personas enfermas dependientes abandonándolas, el dolor de la cultura capada, de la ciencia no impulsada, de lo laboral humillado, de la policía recrudecida, de las diferencias sociales incrementadas, de la pobreza, de la angustia, de la penuria, del temor, del terror ante el futuro, el dolor del hambre, de los comedores sociales, de rebuscar en los desperdicios, de los niños con tupper, el dolor de la deslegitimación política, el dolor de la violación continua de la Constitución, el dolor de los desahucios, de los ahorros preferentes estafados, el dolor de la corrupción consentida, de la sumisión nacional de nuestra soberanía, de atizar las hogueras independentistas, de las ridículas pensiones regateadas e ilegalmente valoradas, el dolor de saber que nos mienten, siempre, todos, el dolor de la entente religiosa más abyecta, el dolor de conseguir que los despreciemos, el dolor de su falta de escrúpulos, de las coartadas estúpidas, el dolor de considerarnos ciudadanos caducados, de la infamia en las comunicaciones, el dolor de la mano dura, de no consensuar nada, de imponer su autoritarismo, de que sean tan cobardes y tan injustos.
Sí, eso es gobernar para ellos, para Gallardón y sus porqueros carentes de toda verdad, el dolor de la chulería del ministro, de su displicencia e insolencia, el dolor de privatizarlo todo para que todo sea más caro, el dolor del endurecimiento de los Códigos siempre en contra de los desfavorecidos y en protección de los poderosos, de la cadena perpetua, el dolor de los indultos arbitrarios y a capricho, el dolor de en un año conseguir cuarenta de retraso, de hacer de los ciudadanos muñecos de pim-pam-pum, de haberlos convertido en esclavos, en objetos, en sospechosos sujetos, el dolor de que la felicidad, un gramo de felicidad, sea un horizonte invisible.
——————–
Gota RECORDATORIO: ¿Recuerdan ustedes que el señor Goirigolzarri, ejecutor de los 5.000 despidos en Bankia y rebaja de salarios en un 40% es aquel señor que percibió una pensión de 68,7 millones de euros al jubilarse? Y encima se ríe estrepitosamente al alimón con el señor Guindos. ¿Qué celebrarán en esas imágenes sobrecogedoras e insultantes, qué les hará tanta gracia? ¿Qué sueldo tendrá ahora este señor en Bankia?
España:
LA REFORMA EDUCATIVA
Alumnos y maestros protestan en 30 ciudades contra la ley de Wert
Ivanna Vallespín El País
Barcelona
225
Este jueves hay convocada una “jornada de lucha contra las políticas de austeridad y el desmantelamiento de la educación"La comunidad educativa se alza contra la 'ley Wert'
Este jueves hay convocada una “jornada de lucha” con manifestaciones en decenas de ciudades
Protestas contra la reforma educativa en Barcelona el pasado lunes. / CARLES RIBAS
Casi una treintena de ciudades españolas vivirán esta tarde manifestaciones simultáneas
“para luchar contra las políticas de austeridad y el desmantelamiento
de la educación”. Los convocantes —profesores, alumnos y familias de
toda España— exigen la dimisión del actual ministro de educación José
Ignacio Wert) y que se abra un proceso de debate en el conjunto de la
comunidad educativa, para que sea esta “la que decida de qué marco
legislativo dotarse para una educación acorde a las necesidades reales
de la sociedad”.
Los convocantes exigen que se deroguen los decretos aprobados por el ministro Wert durante esta legislatura (como el de abril, que sirvió para aumentar las ratios de alumnos por aula, incrementar las horas lectivas del profesorado o limitar las sustituciones de los maestros) y que se retire el actual anteproyecto de ley educativa. “En estos momentos nos encontramos con unas medidas que muestran la incompatibilidad de una educación pública y de calidad dentro de un mercado cuyo único objetivo es el beneficio económico a corto plazo”.
“No aceptamos ni aceptaremos recortes a la educación pública, con el resultado de pérdida de calidad, pluralidad y acceso a un servicio derecho que es fundamental”, aseguran en el manifiesto que acompañará las protestas de este jueves. La mayoría de las marchas se han convocado a las seis de la tarde en ciudades como Madrid (plaza Colón), Sevilla (Puerta de Jerez), Zaragoza (plaza San Miguel), Santander o Toledo, entre otra veintena de municipios.
Uno de los focos de atención será Barcelona, que esta semana vive su segunda respuesta en la calle contra la ley Wert, después de el revuelo generado la semana pasada al conocerse que el borrador de la normativa incluye “ataques”, como se ha calificado en Cataluña, al modelo de escuela y la lengua catalana. El anteproyecto prevé relegar el catalán a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales y las específicas, además de garantizar la escolarización en castellano en colegios privados, a coste de las arcas autonómicas.
El lunes, unas 4.500 personas se concentraron en plaza Sant Jaume en defensa de la lengua catalana. La manifestación de este jueves -de plaza Universitat a la de Sant Jaume- quiere poner de relieve además los aspectos más académicos que también modifica la reforma educativa. El Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), formada por sindicatos, alumnos y AMPAs y convocante de la protesta en Cataluña, considera que “para mejorar la calidad educativa no es necesaria una nueva ley. Es un pretexto partidista en momentos de crisis para imponer un modelo educativo mercantilista, elitista y competitivo”. El MUCE pide también la retirada de la ley Wert porque “nos devuelve a un modelo de escuela segregador y reaccionario”.
Que dimita Wert. Esa ha sido la principal petición de los
que, en una marea verde que ha recorrido 30 ciudades de toda España, han
protestado contra la reforma de la ley educativa promovida por el
ministro de Educación y los recortes educativos del Gobierno.
En Madrid, bajo el lema La educación no es gasto, es inversión. No a los recortes, miles de personas (unas 150.000, según los organizadores) han manifestado su rechazo a una política educativa que han tildado de "franquista" y "excluyente". Desde las 18:30 horas, los manifestantes han marchado desde la plaza de Neptuno hacia el Ministerio de Educación, situado en la calle Alcalá. Los manifestantes han recorrido el Paseo del Prado con chalecos verdes con el eslogan Educación pública de todos, para todos, pegatinas pidiendo la dimisión del ministro José Ignacio Wert y al son de una batukada.
A la marcha han acudido representantes de sindicatos de la enseñanza, padres, estudiantes y profesores convocados por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha afirmado que esta nueva movilización responde a una reforma educativa "que nos devuelve a la época franquista", con la que el PP quiere imponer "reválidas excluyentes" y, entre otras cosas, "expulsar del sistema educativo a los estudiantes de las familias más humildes".
La secretaria general Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, Isabel Galvín, ha expresado también su "rechazo absoluto" al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ha tachado de "excluyente, ideológico y partidista". Ambos han coincido en señalar que la Lomce se ha hecho "sin diálogo" y que el Ministerio de Educación solo ha consensuado el texto con la Conferencia Episcopal Española y con el sector empresarial.
Por su parte, el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Luis Pazos, ha denunciado que la Lomce es "una patada a la Constitución Española". Desde STES, Alberto Carrillo ha destacado que el propósito de la Lomce es "recentralizar el Estado" y ello, a su juicio, "acarrea un alto riesgo de conflicto". "Yugoslavia no queda tan lejos", ha advertido.
ROMPE LA CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA
También miles han recorrido las calles del centro de Barcelona desde las 18:15 horas contra Wert, su ley y los recortes educativos. El lema: Para la cohesión social. Ni Lomce ni recortes.
Convocados por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce), formado por asociaciones de padres, alumnos y sindicatos, han marchado desde la plaza Universitat.
Los sindicatos han pedido la dimisión de Wert, a quien han criticado por "menospreciar a la comunidad educativa" por no dialogar.
Desde los partidos políticos se ha animado a la movilización ciudadana y han criticado al ministro por romper la convivencia lingüística y social. El portavoz del PSC, Jaume Collboni, cree que la reforma es un "ataque" a la escuela en catalán porque separa a los niños de aulas y colegio por razón de lengua cuando ésta no resulta un conflicto en Cataluña.
Joan Herrera, líder de ICV-EUiA, también se ha referido a la reforma como un "ataque múltiple". Así, ha rechazado la segregación de los niños por lengua como, a su juicio, prevé la Lomce, y ha pedido una escuela "pública, laica y en catalán".
Los convocantes exigen que se deroguen los decretos aprobados por el ministro Wert durante esta legislatura (como el de abril, que sirvió para aumentar las ratios de alumnos por aula, incrementar las horas lectivas del profesorado o limitar las sustituciones de los maestros) y que se retire el actual anteproyecto de ley educativa. “En estos momentos nos encontramos con unas medidas que muestran la incompatibilidad de una educación pública y de calidad dentro de un mercado cuyo único objetivo es el beneficio económico a corto plazo”.
“No aceptamos ni aceptaremos recortes a la educación pública, con el resultado de pérdida de calidad, pluralidad y acceso a un servicio derecho que es fundamental”, aseguran en el manifiesto que acompañará las protestas de este jueves. La mayoría de las marchas se han convocado a las seis de la tarde en ciudades como Madrid (plaza Colón), Sevilla (Puerta de Jerez), Zaragoza (plaza San Miguel), Santander o Toledo, entre otra veintena de municipios.
Uno de los focos de atención será Barcelona, que esta semana vive su segunda respuesta en la calle contra la ley Wert, después de el revuelo generado la semana pasada al conocerse que el borrador de la normativa incluye “ataques”, como se ha calificado en Cataluña, al modelo de escuela y la lengua catalana. El anteproyecto prevé relegar el catalán a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales y las específicas, además de garantizar la escolarización en castellano en colegios privados, a coste de las arcas autonómicas.
El lunes, unas 4.500 personas se concentraron en plaza Sant Jaume en defensa de la lengua catalana. La manifestación de este jueves -de plaza Universitat a la de Sant Jaume- quiere poner de relieve además los aspectos más académicos que también modifica la reforma educativa. El Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), formada por sindicatos, alumnos y AMPAs y convocante de la protesta en Cataluña, considera que “para mejorar la calidad educativa no es necesaria una nueva ley. Es un pretexto partidista en momentos de crisis para imponer un modelo educativo mercantilista, elitista y competitivo”. El MUCE pide también la retirada de la ley Wert porque “nos devuelve a un modelo de escuela segregador y reaccionario”.
Miles de personas en 30 ciudades de España se manifiestan contra la ley de Wert (FOTOS)
El HuffPost / Agencias
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Publicado: 13/12/2012 19:26 CET | Actualizado: 13/12/2012 22:04 CET
En Madrid, bajo el lema La educación no es gasto, es inversión. No a los recortes, miles de personas (unas 150.000, según los organizadores) han manifestado su rechazo a una política educativa que han tildado de "franquista" y "excluyente". Desde las 18:30 horas, los manifestantes han marchado desde la plaza de Neptuno hacia el Ministerio de Educación, situado en la calle Alcalá. Los manifestantes han recorrido el Paseo del Prado con chalecos verdes con el eslogan Educación pública de todos, para todos, pegatinas pidiendo la dimisión del ministro José Ignacio Wert y al son de una batukada.
A la marcha han acudido representantes de sindicatos de la enseñanza, padres, estudiantes y profesores convocados por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha afirmado que esta nueva movilización responde a una reforma educativa "que nos devuelve a la época franquista", con la que el PP quiere imponer "reválidas excluyentes" y, entre otras cosas, "expulsar del sistema educativo a los estudiantes de las familias más humildes".
La secretaria general Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, Isabel Galvín, ha expresado también su "rechazo absoluto" al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ha tachado de "excluyente, ideológico y partidista". Ambos han coincido en señalar que la Lomce se ha hecho "sin diálogo" y que el Ministerio de Educación solo ha consensuado el texto con la Conferencia Episcopal Española y con el sector empresarial.
Por su parte, el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Luis Pazos, ha denunciado que la Lomce es "una patada a la Constitución Española". Desde STES, Alberto Carrillo ha destacado que el propósito de la Lomce es "recentralizar el Estado" y ello, a su juicio, "acarrea un alto riesgo de conflicto". "Yugoslavia no queda tan lejos", ha advertido.
ROMPE LA CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA
También miles han recorrido las calles del centro de Barcelona desde las 18:15 horas contra Wert, su ley y los recortes educativos. El lema: Para la cohesión social. Ni Lomce ni recortes.
Convocados por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce), formado por asociaciones de padres, alumnos y sindicatos, han marchado desde la plaza Universitat.
Los sindicatos han pedido la dimisión de Wert, a quien han criticado por "menospreciar a la comunidad educativa" por no dialogar.
Desde los partidos políticos se ha animado a la movilización ciudadana y han criticado al ministro por romper la convivencia lingüística y social. El portavoz del PSC, Jaume Collboni, cree que la reforma es un "ataque" a la escuela en catalán porque separa a los niños de aulas y colegio por razón de lengua cuando ésta no resulta un conflicto en Cataluña.
Joan Herrera, líder de ICV-EUiA, también se ha referido a la reforma como un "ataque múltiple". Así, ha rechazado la segregación de los niños por lengua como, a su juicio, prevé la Lomce, y ha pedido una escuela "pública, laica y en catalán".
30 marchas piden la dimisión de Wert
Manifestaciones en toda España contra la reforma educativa y los recortes. La protesta da síntomas de fatiga
La manifestación convocada por la Plataforma por la Escuela Pública, este jueves en el centro de Madrid. / LUIS SEVILLANO (EL PAÍS)
El llamamiento fue claro: una treintena de marchas en toda España han
pedido este miércoles la destitución del ministro de Educación, José
Ignacio Wert, de forma que pueda abrirse un nuevo debate en la comunidad
de enseñanza sin el proyecto del Gobierno sobre la mesa. Los
manifestantes han exigido que se rectifique el "desmantelamiento" de la
educación pública y, en Cataluña, la defensa de la lengua ha servido
como elemento movilizador. Pero la protesta da señales de fatiga ante la
reiteración de frentes; las marchas de Madrid y Barcelona han reunido a
algunos miles de personas, menos de las que se han movilizado en otras
convocatorias de los últimos meses. “Wert dimite, el pueblo no te
admite”, clamaban en la capital española.
“La educación no es un gasto, es inversión”, fue el lema de central de la protesta celebrada en Madrid y algunos de los lemas más coreados en las protestas de otras ciudades. También se repitieron gritos en contra de la mercantilización de la educación. “En estos momentos nos encontramos con unas medidas que muestran la incompatibilidad de una educación pública y de calidad dentro de un mercado cuyo único objetivo es el beneficio económico a corto plazo”, criticaron los convocantes de las protestas a través de un manifiesto.
La Lomce contempla adelantar a tercero de ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el bachillerato; reválidas en ESO y bachillerato que evalúen la calidad del sistema y fomenten la competitividad entre centros; especialización de las escuelas por materias o planes de calidad.
“Es una ley injusta, que profundiza en la privatización de la educación”, critica César Gómez, estudiante de Historia en la Universidad de Barcelona. Este joven censura que se refuerce la importancia de la asignatura de Religión en la Lomce. “Es una interferencia de la Iglesia en el aula, cargándose todos los avances conseguidos durante dos décadas en pro de la escuela laica”, añade.
Lucía García, que cursa segundo de Bachillerato en Madrid, repartía octavillas anunciando la huelga en educación que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para el próximo febrero. “Tenemos que seguir con la lucha”, razona, “porque esta ley no es democrática. Tampoco está bien que segreguen por sexos o impongan la asignatura de religión obligatoria, que le quita tiempo a otras materias más importantes”. García, que duda entre elegir la carrera de Matemáticas o Química el próximo año, está preocupada por las tasas universitarias que no sabe si podrá afrontar.
Albert Vilallonga desafió al frío de Barcelona y junto a su hijo de siete años salió a la calle para denunciar el “deterioro” que está percibiendo en la escuela. “Mi hijo ha estado dos semanas sin clase porque no han sustituido la profesora que se puso enferma. Se hacen menos excursiones por falta de profesores y se empieza a notar falta de mantenimiento en el patio”, denuncia el padre.
"Por una España plural y libre. Educar, al PP y al clero", se leía en muchas pancartas. Son las que Martín Sagrera, profesor de universidad jubilado, había pasado varios días confeccionando en su casa. En su mano, una veintena de carteles, cantidad que fue mermando según los repartía entre los manifestantes. "Las he hecho porque estamos regresando a tiempos de la dictadura con un sistema educativo que no respeta la diversidad ni religiosa ni de las autonomías. Es contrario a la Constitución", sentencia.
Las protestas no solo dirigieron sus críticas contra los recortes del Gobierno central. Algunas comunidades ya llevan afanándose con las tijeras hace un par de años, como en Cataluña. Uno de los ámbitos donde más se ha notado es en la educación infantil, ya que la Generalitat ha recortado un 50% las subvenciones a las guarderías públicas. Dori Anglada es profesora en el jardín de infancia L'Harmonia de Barcelona y se queja de que la combinación de los ajustes autonómicos y estatales está hacinando las aulas, mientras se reduce el profesorado.
En Madrid, se acusó a la es presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de ser una de las precursoras de los recortes. Así lo cree, Mireille Tumba, profesora de francés en un instituto, que ha acudido a la protesta acompañada de sus dos hijas de 8 y 10 años. "Con Esperanza teníamos el anticipo. Ahora legislan lo que ella ya hacía en Madrid", denuncia. Esta madre de origen belga teme que sus hijas no tengan acceso en España a una educación pública de calidad y no descarta marcharse del país para garantizársela. "No nos manifestamos por una paga extra", se queja en referencia a las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón quien dijo que ese era el motivo por el que protestaban los funcionarios de Justicia. "Parece de broma que la ley que se llame de ‘mejora’ cuando va a empeorar las cosas. En Madrid ya estamos sufriendo los recortes, donde hay alumnos que pasan tres semanas sin profesor porque no se cubren las bajas. Eso no les importa, que hagamos huelga sí", zanja.
La defensa de la lengua también estuvo presente en las comunidades con lengua cooficial, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. El anteproyecto prevé relegar el catalán, el euskera y el gallego a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales y las específicas. Esta polémica hace una semana enfrenta a Gobierno y Generalitat catalana y que se visualizó en el plante de la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, en la reunión del ministro Wert con las autonomías la semana pasada. Ayer Ministerio y Generalitat se reunían de nuevo para intentar acercar posiciones en cuanto al trato del catalán en la Lomce.
En el último año las protestas se están multiplicando, cosa que está empezando a generar cierto cansancio. En Madrid se habían convocado dos manifestaciones, una desde la Plaza de Colón y otra desde la de Neptuno, aunque han confluido en Cibeles, donde se han agrupado pocos miles personas. Una protesta descafeinada comparada con otras organizadas durante el año por la comunidad educativa. También adelgazó la protesta de Barcelona, con una plaza Sant Jaume más despejada que en la del pasado lunes en defensa del catalán, a pesar que la Guardia Urbana cifró la primera en 4.500 y la de ayer en 5.000 personas. No obstante, entre los congregados consultados por este periódico la opinión era común: no importa cuántas manifestaciones haya, hay que ir y seguir con la lucha. "Hay que desalojar a este Gobierno de la Moncloa", ha insistido en su discurso Eduardo Sabina, de Fete-UGT.
Con información de Ezequiel Moltó y Juan Manuel Játiva.
“La educación no es un gasto, es inversión”, fue el lema de central de la protesta celebrada en Madrid y algunos de los lemas más coreados en las protestas de otras ciudades. También se repitieron gritos en contra de la mercantilización de la educación. “En estos momentos nos encontramos con unas medidas que muestran la incompatibilidad de una educación pública y de calidad dentro de un mercado cuyo único objetivo es el beneficio económico a corto plazo”, criticaron los convocantes de las protestas a través de un manifiesto.
La Lomce contempla adelantar a tercero de ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el bachillerato; reválidas en ESO y bachillerato que evalúen la calidad del sistema y fomenten la competitividad entre centros; especialización de las escuelas por materias o planes de calidad.
“Es una ley injusta, que profundiza en la privatización de la educación”, critica César Gómez, estudiante de Historia en la Universidad de Barcelona. Este joven censura que se refuerce la importancia de la asignatura de Religión en la Lomce. “Es una interferencia de la Iglesia en el aula, cargándose todos los avances conseguidos durante dos décadas en pro de la escuela laica”, añade.
Lucía García, que cursa segundo de Bachillerato en Madrid, repartía octavillas anunciando la huelga en educación que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para el próximo febrero. “Tenemos que seguir con la lucha”, razona, “porque esta ley no es democrática. Tampoco está bien que segreguen por sexos o impongan la asignatura de religión obligatoria, que le quita tiempo a otras materias más importantes”. García, que duda entre elegir la carrera de Matemáticas o Química el próximo año, está preocupada por las tasas universitarias que no sabe si podrá afrontar.
Albert Vilallonga desafió al frío de Barcelona y junto a su hijo de siete años salió a la calle para denunciar el “deterioro” que está percibiendo en la escuela. “Mi hijo ha estado dos semanas sin clase porque no han sustituido la profesora que se puso enferma. Se hacen menos excursiones por falta de profesores y se empieza a notar falta de mantenimiento en el patio”, denuncia el padre.
"Por una España plural y libre. Educar, al PP y al clero", se leía en muchas pancartas. Son las que Martín Sagrera, profesor de universidad jubilado, había pasado varios días confeccionando en su casa. En su mano, una veintena de carteles, cantidad que fue mermando según los repartía entre los manifestantes. "Las he hecho porque estamos regresando a tiempos de la dictadura con un sistema educativo que no respeta la diversidad ni religiosa ni de las autonomías. Es contrario a la Constitución", sentencia.
Las protestas no solo dirigieron sus críticas contra los recortes del Gobierno central. Algunas comunidades ya llevan afanándose con las tijeras hace un par de años, como en Cataluña. Uno de los ámbitos donde más se ha notado es en la educación infantil, ya que la Generalitat ha recortado un 50% las subvenciones a las guarderías públicas. Dori Anglada es profesora en el jardín de infancia L'Harmonia de Barcelona y se queja de que la combinación de los ajustes autonómicos y estatales está hacinando las aulas, mientras se reduce el profesorado.
En Madrid, se acusó a la es presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de ser una de las precursoras de los recortes. Así lo cree, Mireille Tumba, profesora de francés en un instituto, que ha acudido a la protesta acompañada de sus dos hijas de 8 y 10 años. "Con Esperanza teníamos el anticipo. Ahora legislan lo que ella ya hacía en Madrid", denuncia. Esta madre de origen belga teme que sus hijas no tengan acceso en España a una educación pública de calidad y no descarta marcharse del país para garantizársela. "No nos manifestamos por una paga extra", se queja en referencia a las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón quien dijo que ese era el motivo por el que protestaban los funcionarios de Justicia. "Parece de broma que la ley que se llame de ‘mejora’ cuando va a empeorar las cosas. En Madrid ya estamos sufriendo los recortes, donde hay alumnos que pasan tres semanas sin profesor porque no se cubren las bajas. Eso no les importa, que hagamos huelga sí", zanja.
La defensa de la lengua también estuvo presente en las comunidades con lengua cooficial, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. El anteproyecto prevé relegar el catalán, el euskera y el gallego a una asignatura de “especialidad” por detrás de las troncales y las específicas. Esta polémica hace una semana enfrenta a Gobierno y Generalitat catalana y que se visualizó en el plante de la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, en la reunión del ministro Wert con las autonomías la semana pasada. Ayer Ministerio y Generalitat se reunían de nuevo para intentar acercar posiciones en cuanto al trato del catalán en la Lomce.
En el último año las protestas se están multiplicando, cosa que está empezando a generar cierto cansancio. En Madrid se habían convocado dos manifestaciones, una desde la Plaza de Colón y otra desde la de Neptuno, aunque han confluido en Cibeles, donde se han agrupado pocos miles personas. Una protesta descafeinada comparada con otras organizadas durante el año por la comunidad educativa. También adelgazó la protesta de Barcelona, con una plaza Sant Jaume más despejada que en la del pasado lunes en defensa del catalán, a pesar que la Guardia Urbana cifró la primera en 4.500 y la de ayer en 5.000 personas. No obstante, entre los congregados consultados por este periódico la opinión era común: no importa cuántas manifestaciones haya, hay que ir y seguir con la lucha. "Hay que desalojar a este Gobierno de la Moncloa", ha insistido en su discurso Eduardo Sabina, de Fete-UGT.
Con información de Ezequiel Moltó y Juan Manuel Játiva.
Miles de personas protestan en Barcelona contra la reforma de Wert
Nueva manifestación en Barcelona para protestar contra la reforma de Wert, pero también para recordarle a Artur Mas que la educación pública de calidad y los recortes configuran un binomio insostenible
AITOR LAGUNAS Barcelona 13/12/2012 19:20 Actualizado: 13/12/2012 22:47 Público
Imagen de la manifestación en Barcelona.PÚBLICO
Si el lunes fue la plataforma Somescola.cat la que convocó
una concentración en la Plaça Sant Jaume de Barcelona y otras
localidades catalanas bajo el lema 'Per un país de tots, l'escola en
català' ('Por un país de todos, la escuela en catalán'), hoy ha tenido
lugar una segunda jornada reivindicativa, con varios miles de personas
que se han manifestado desde la Plaça Universitat hasta la Plaça Sant
Jaume.
Las similitudes acaban aquí porque si en la congregación de principios de semana acudieron distintos representantes de los partidos políticos que están a favor de la inmersión lingüística, hoy las asociaciones que integran la plataforma Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), organizadora de la marcha, han querido ir más allá de la defensa del catalán. De hecho, los recortes en el sector de la educación y el rechazo a la privatización de la enseñanza han protagonizado la mayoría de cánticos. Bajo el lema 'Por la cohesión social, ni LOCME ni recortes', los organizadores han apelado a la lógica al repasar el apoyo político del acto: "Ni rastro de Convergència i Unió".
Sí se han acercado Joan Herrera (ICV-EUiA) y Jaume Collboni (PSC). El primero ha querido recordar que su partido defiende "una escuela pública, laica y en catalán en peligro" mientras que el portavoz socialista ha reclamado "el principio de igualdad que se está diluyendo por culpa de los recortes y proyectos como el de Wert". Asimismo, también ha recordado que desde el PSC son partidarios de "agotar la vía parlamentaria e intentar modificar las leyes" antes de apelar a la insumisión.
Desde Somescola.cat, que ha vuelto a sumarse a la reivindicación, consideran esta marcha la de la "izquierda pedagógica" porque "vela por la educación pública de calidad y defiende a la vez un modelo de inmersión que funciona desde hace décadas en Catalunya". En declaraciones a Público, han querido enfatizar esta marcha por encima de la del lunes. "La de hoy ya estaba planificada antes de conocer la ley Wert. El lunes vivimos una reacción espontánea y necesaria para defender un modelo integrador e inclusivo pero hoy queremos alertar de dos peligros: en primer lugar el del escenario estructural e ideológico mediante el cual la LOCME confiere privilegios a la educación concertada pero en segundo lugar el de los recortes a la educación pública, que merma las oportunidades de nuestros hijos. Lengua y calidad en la enseñanza van de la mano. Segregar por clases, sexo o capacidades no es el modelo que queremos".
CIU ha reducido en más de 600 millones de euros el presupuesto en Educación
A lo largo del trayecto, de más de una hora, se han oído diversos ataques a Artur Mas, sobre todo entre las organizaciones juveniles. Asimismo, la mayoría de pancartas apelaban al derecho a un sistema educativo digno, como el de CCOO: 'Nuestra educación no pagará su deuda'.
Desde que entró al Govern, CIU ha reducido en más de 600 millones de euros el presupuesto en Educación, así como ha eliminado la sexta hora escolar y ha reducido la plantilla de profesores en más de 3.000 puestos de trabajo, lo que supone más niños por profesor y menos recursos.
Al llegar a las puertas del Palacio de la Generalitat, los representantes de la protesta han pedido la dimisión de Wert pero también se han acordado del President de la Generalitat con un sonoro "Mas, ¿dónde estás?". Finalmente, el jefe de gabinete de la secretaría de Govern les ha dejado entrar a la sede presidencial para que pudieran exponer sus reivindicaciones en apenas diez minutos. Muy distinto fue el lunes, cuando los representantes de Somescola.cat fueron recibidos por el propio Artur Mas; la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, la comparecencia del miércoles en el Congreso para explicar el anteproyecto de ley y responder a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios le ha servido de bien poco. Le siguen silbando las orejas, aunque no está solo, por paradójico que pudiera parecer. Y es que la manifestación celebrada hoy en Barcelona también ha servido para recordarle a Artur Mas que, más allá de la postura unitaria en torno a la defensa de la lengua catalana, los recortes que su partido lleva aplicando en los servicios sociales de Catalunya siguen causando indignación entre la comunidad educativa.
Las similitudes acaban aquí porque si en la congregación de principios de semana acudieron distintos representantes de los partidos políticos que están a favor de la inmersión lingüística, hoy las asociaciones que integran la plataforma Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), organizadora de la marcha, han querido ir más allá de la defensa del catalán. De hecho, los recortes en el sector de la educación y el rechazo a la privatización de la enseñanza han protagonizado la mayoría de cánticos. Bajo el lema 'Por la cohesión social, ni LOCME ni recortes', los organizadores han apelado a la lógica al repasar el apoyo político del acto: "Ni rastro de Convergència i Unió".
Sí se han acercado Joan Herrera (ICV-EUiA) y Jaume Collboni (PSC). El primero ha querido recordar que su partido defiende "una escuela pública, laica y en catalán en peligro" mientras que el portavoz socialista ha reclamado "el principio de igualdad que se está diluyendo por culpa de los recortes y proyectos como el de Wert". Asimismo, también ha recordado que desde el PSC son partidarios de "agotar la vía parlamentaria e intentar modificar las leyes" antes de apelar a la insumisión.
Desde Somescola.cat, que ha vuelto a sumarse a la reivindicación, consideran esta marcha la de la "izquierda pedagógica" porque "vela por la educación pública de calidad y defiende a la vez un modelo de inmersión que funciona desde hace décadas en Catalunya". En declaraciones a Público, han querido enfatizar esta marcha por encima de la del lunes. "La de hoy ya estaba planificada antes de conocer la ley Wert. El lunes vivimos una reacción espontánea y necesaria para defender un modelo integrador e inclusivo pero hoy queremos alertar de dos peligros: en primer lugar el del escenario estructural e ideológico mediante el cual la LOCME confiere privilegios a la educación concertada pero en segundo lugar el de los recortes a la educación pública, que merma las oportunidades de nuestros hijos. Lengua y calidad en la enseñanza van de la mano. Segregar por clases, sexo o capacidades no es el modelo que queremos".
"La educación no se puede mercantilizar"
La portavoz de la USTEC, sindicato catalán miembro de STE's Intersindical, una federación de sindicatos de trabajadores de la enseñanza, Rosa Canyadell también ha querido ilustrar el drama de los recortes que CIU lleva aplicando en los últimos dos años. "No puede ser que se dejen de destinar becas para los comedores de centros públicos y no se rebajen los conciertos y subvenciones en los centros de élite y privados". También ha apuntado que "la educación, a diferencia de otros servicios, no se puede mercantilizar como quieren algunos partidos".CIU ha reducido en más de 600 millones de euros el presupuesto en Educación
A lo largo del trayecto, de más de una hora, se han oído diversos ataques a Artur Mas, sobre todo entre las organizaciones juveniles. Asimismo, la mayoría de pancartas apelaban al derecho a un sistema educativo digno, como el de CCOO: 'Nuestra educación no pagará su deuda'.
Desde que entró al Govern, CIU ha reducido en más de 600 millones de euros el presupuesto en Educación, así como ha eliminado la sexta hora escolar y ha reducido la plantilla de profesores en más de 3.000 puestos de trabajo, lo que supone más niños por profesor y menos recursos.
Al llegar a las puertas del Palacio de la Generalitat, los representantes de la protesta han pedido la dimisión de Wert pero también se han acordado del President de la Generalitat con un sonoro "Mas, ¿dónde estás?". Finalmente, el jefe de gabinete de la secretaría de Govern les ha dejado entrar a la sede presidencial para que pudieran exponer sus reivindicaciones en apenas diez minutos. Muy distinto fue el lunes, cuando los representantes de Somescola.cat fueron recibidos por el propio Artur Mas; la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, la comparecencia del miércoles en el Congreso para explicar el anteproyecto de ley y responder a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios le ha servido de bien poco. Le siguen silbando las orejas, aunque no está solo, por paradójico que pudiera parecer. Y es que la manifestación celebrada hoy en Barcelona también ha servido para recordarle a Artur Mas que, más allá de la postura unitaria en torno a la defensa de la lengua catalana, los recortes que su partido lleva aplicando en los servicios sociales de Catalunya siguen causando indignación entre la comunidad educativa.
Esther Vivas
Wert al ataque
11 dic 2012
La reforma educativa del ministro José Ignacio Wert relega el catalán a lengua de “cuarta categoría”. Con la nueva ley tenemos el castellano y la primera lengua extranjera como asignaturas troncales; la segunda lengua extranjera como específica; y en cuarto lugar el catalán como lengua de especialidad. De este modo, los alumnos podrán obtener el título de ESO o Bachillerato sin acreditar conocimiento alguno de catalán, ya que no será necesario examinarse de todas las asignaturas de especialidad. Un ataque en toda regla a un modelo de inmersión lingüística que ha sido un ejemplo, no sólo a nivel educativo sino también social.
Y es que en tiempos de crisis que mejor arma que levantar la bandera del nacionalismo españolista más rancio para minimizar los recortes económicos y sociales. Se trata de crear un conflicto socio-lingüístico y agitar el fantasma de la segregación. Ya lo decía Wert meses atrás, su objetivo, “españolizar a los niños catalanes”. Los tiempos de la “¡Una, grande y libre!”, vuelven. Wert and co. quieren no sólo una educación “española” sino también sexista, clasista, homófoba y autoritaria. No olvidemos la apuesta del PP por financiar los colegios que segregan los alumnos por sexo, a pesar de la oposición del Tribunal Supremo.
La semana pasada la consejera de educación catalana Irene Rigau plantaba al ministro Wert en una reunión afirmando que “el catalán no es negociable”. Pero no sólo la lengua no es negociable. Tampoco es negociable un modelo de educación público y de calidad al cual CiU ha girado la espalda y que lleva años destruyendo. En lo que a recortes y privatización se refiere, CiU es una auténtica pionera en casi todo. Las medidas privatizadoras que contempla la Ley Wert han sido previamente “experimentadas” en Catalunya con la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que ahora la consejera insta a defender, y que fue aprobada por el difunto gobierno Tripartito. No sólo queremos una escuela en catalán, sino que queremos, también, una escuela para todas y todos.
Ayer miles de personas salieron a la calle en Catalunya para decir que “Som escola” y que “Per un país de tots, l’escola en català”. No hay otra. Volvemos a luchar por aquello que nuestras abuelas y abuelos y madres y padres lucharon en tiempos del caudillo. Como decía al principio, “Franco ha WERTo”, pero, ¿es que alguna vez se fue?
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METRO DE MADRID
Cinco trenes de tres líneas de metro afectados por distintos actos de boicot
La Consejería de Transportes denuncia sabotaje sindical en el primer día de paros parciales
Un vagón ha quedado atrapado entre las estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios
Más de 600 viajeros afectados en la L8 al ser activado reiteradamente el freno de emergencia
Catorce personas han sido atendidas por el SAMUR aquejadas de crisis de ansiedad
Afectado un vagón de la línea 3 en Callao y otros tres de la línea 5
El servicio de metro de Madrid ha sufrido esta tarde varias acciones
de boicot que han afectado a un total de cinco vagones de tres líneas
distintas del suburbano (8, 3 y 5), según ha informado la Consejería de
Transportes, que denuncia "sabotaje sindical" en el primero de los 12 días de paros parciales convocados para este mes.
La línea más afectada ha sido la 8 entre las estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios, donde un convoy ha permanecido bloqueado desde las 18.30 hasta pasadas unas dos horas tras ser accionado de forma reiterada el freno de emergencia en un vagón en marcha, según un portavoz de Metro. La persona o personas responsables de este hecho han inhabilitado previamente las cámaras de seguridad para que no pudieran captar imágenes de la acción en tiempo real.
En la línea 3, en la estación de Callao, se ha activado el freno de emergencia a las 18.30 cuando el vagón se encontraba junto al andén. En este caso, la vuelta a la normalidad ha sido rápida.
En la línea 5 ha habido sabotajes en tres trenes entre las siete y las siete y media de la tarde, según un portavoz de Metro. En tres trenes de tres estaciones se han producido averías en los selectores de puertas de las cabinas, el aparato que determina si se deben abrir los accesos de un lado u otro del vagón. Solo los trabajadores de la línea o el personal de mantenimiento tienen acceso a las cabinas donde están estos dispositivos, según el citado portavoz. Ha sido en las estaciones de Capricho (19.03), en Alameda de Osuna (19.10) y en Casa de Campo (19.32).
En la línea 8, más de 600 viajeros han quedado atrapados durante una hora dentro del vagón. Después, han sido derivados a otro tren que se ha colocado en paralelo al afectado para trasladar a los usuarios a la estación de Colombia. Catorce de ellos han sido atendidos de crisis de ansiedad. La Consejería de Transportes cifra en 6.000 las personas afectadas en toda la ruta, que ha visto muy alterado su funcionamiento.
Según los protocolos internos del suburbano, la activación del freno de emergencia por parte de un viajero obliga al conductor del tren a salir de la cabina para reanudar el funcionamiento normal. Cuando esto ha ocurrido en la línea 8, alguien ha vuelto a activar el freno de emergencia al menos otras dos veces, siempre según la versión de Metro de Madrid, que ha dado aviso a la policía municipal y nacional y al SAMUR. La Brigada de Información se ha hecho cargo de las investigaciones, informa F. Javier Barroso.
El incidente se produce a la vez que el primero de los 12 días de paros parciales convocados por los sindicatos para protestar por la eliminación de la paga extra. El consejero de Transportes, Pablo Cavero, ha abandonado esta tarde el pleno de la Asamblea de Madrid para atender la evolución de este episodio.
Respecto a lo ocurrido en la línea 8, Arribas considera “sorprendente” que un tren pueda permanecer parado “más de 40 minutos” tras un sabotaje sin que los viajeros fueran rescatados antes. “Cuando activas el protocolo de emergencia, se avisa a un tren de remolque y, en un día sin paros, de ninguna manera los viajeros se quedarían parados más de 40 minutos en una estación”. El secretario del comité de empresa ha recordado que la expresidenta Aguirre ya acusó a los sindicatos de “un sabotaje” durante otro conflicto con la empresa en 2007 “que luego quedó en nada”. “Es una estrategia para desprestigiar al contrario porque no quieren sentarse a negociar”, según Arribas.
La línea más afectada ha sido la 8 entre las estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios, donde un convoy ha permanecido bloqueado desde las 18.30 hasta pasadas unas dos horas tras ser accionado de forma reiterada el freno de emergencia en un vagón en marcha, según un portavoz de Metro. La persona o personas responsables de este hecho han inhabilitado previamente las cámaras de seguridad para que no pudieran captar imágenes de la acción en tiempo real.
En la línea 3, en la estación de Callao, se ha activado el freno de emergencia a las 18.30 cuando el vagón se encontraba junto al andén. En este caso, la vuelta a la normalidad ha sido rápida.
En la línea 5 ha habido sabotajes en tres trenes entre las siete y las siete y media de la tarde, según un portavoz de Metro. En tres trenes de tres estaciones se han producido averías en los selectores de puertas de las cabinas, el aparato que determina si se deben abrir los accesos de un lado u otro del vagón. Solo los trabajadores de la línea o el personal de mantenimiento tienen acceso a las cabinas donde están estos dispositivos, según el citado portavoz. Ha sido en las estaciones de Capricho (19.03), en Alameda de Osuna (19.10) y en Casa de Campo (19.32).
En la línea 8, más de 600 viajeros han quedado atrapados durante una hora dentro del vagón. Después, han sido derivados a otro tren que se ha colocado en paralelo al afectado para trasladar a los usuarios a la estación de Colombia. Catorce de ellos han sido atendidos de crisis de ansiedad. La Consejería de Transportes cifra en 6.000 las personas afectadas en toda la ruta, que ha visto muy alterado su funcionamiento.
Según los protocolos internos del suburbano, la activación del freno de emergencia por parte de un viajero obliga al conductor del tren a salir de la cabina para reanudar el funcionamiento normal. Cuando esto ha ocurrido en la línea 8, alguien ha vuelto a activar el freno de emergencia al menos otras dos veces, siempre según la versión de Metro de Madrid, que ha dado aviso a la policía municipal y nacional y al SAMUR. La Brigada de Información se ha hecho cargo de las investigaciones, informa F. Javier Barroso.
El incidente se produce a la vez que el primero de los 12 días de paros parciales convocados por los sindicatos para protestar por la eliminación de la paga extra. El consejero de Transportes, Pablo Cavero, ha abandonado esta tarde el pleno de la Asamblea de Madrid para atender la evolución de este episodio.
CC OO: "Es mentira y huele muy mal"
Ignacio Arribas, secretario del comité de Empresa de Metro (CC OO) niega que los sindicatos tengan relación con los sabotajes denunciados por Metro. “Es mentira y huele muy mal”, señala. Arribas ha explicado que “unos 200 trabajadores” han estado durante los paros en un piquete informativo entre Sol, Callao (línea 3), la línea 5 (Antonio Martínez) y la 4 en Bilbao.Respecto a lo ocurrido en la línea 8, Arribas considera “sorprendente” que un tren pueda permanecer parado “más de 40 minutos” tras un sabotaje sin que los viajeros fueran rescatados antes. “Cuando activas el protocolo de emergencia, se avisa a un tren de remolque y, en un día sin paros, de ninguna manera los viajeros se quedarían parados más de 40 minutos en una estación”. El secretario del comité de empresa ha recordado que la expresidenta Aguirre ya acusó a los sindicatos de “un sabotaje” durante otro conflicto con la empresa en 2007 “que luego quedó en nada”. “Es una estrategia para desprestigiar al contrario porque no quieren sentarse a negociar”, según Arribas.
New York recordó a John Lennon
Vea el video:
Diciembre 10, 2012
Neoyorquinos y turistas visitaron el Central Park, en la Gran Manzana, en Nueva York, para homenajear al músico británico John Lennon, al cumplirse 32 años de su asesinato.
La noche del 8 de diciembre de 1980 Lennon, que formó parte de The Beatles , fue asesinado a tiros por un fan en la entrada del emblemático edificio Dakota, donde residencia junto a su esposa, Yoko Ono, y a sólo unos pasos del jardín de Central Park, donde sus seguidores lloraron nuevamente al rememorar su muerte.
Strawberry Fields, esa zona del pulmón de Nueva York presidida por un mosaico con la palabra ‘Imagine’, título del legendario tema compuesto por Lennon, volvió a llenarse el sábado de flores y música en recuerdo al artista de Liverpool.
Admiradores del músico se acercaron, guitarra en mano al Strawberry Fields, rodeado de personas de todas las edades, para volver a hacer sonar temas de The Beatles.
La viuda del músico, la artista Yoko Ono, compartió este mensaje en Twitter para recordar el aniversario: “Piensa paz, actúa paz, extiende paz, Imagina paz. Juntos tenemos el poder de cambiar el mundo”.
Con el mensaje figura una fotografía de su famosa protesta Bed in for peace (En la cama por la paz) de marzo de 1969, durante la que recibieron en pijama y en la cama a más de 300 reporteros en una habitación de un lujoso hotel de Amsterdam para pedir el final de la guerra de Vietnam.
Yoko Ono presentó recientemente una línea de ropa para hombre que diseñó para la marca Opening Ceremony y que está inspirada en su difunto marido. “Tenía un cuerpo muy sexy y era un hombre con una apariencia excepcional. La línea tenía que seguir esa dirección”, declaró a Opening Ceremony cuando presentó su colección a finales de noviembre.
Alrededor de las 10:50 pm del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman ,a quien Lennon le había autografiado una copia del álbum Double Fantasy, y quien esperaba en el Lobby junto al portero de reemplazo José Sanjenis Perdomo, disparó contra Lennon por la espalda cinco veces en la entrada al edificio (Sanjenis Perdomo fue quien lo acusó y el único testigo del hecho). Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11:20 pm.
Al día siguiente, Ono emitió una declaración, diciendo: “No hay funeral para John”. Ono concluyó su declaración con las palabras, “John amaba y rezaba por la raza humana . Por favor, recen por lo mismo”.
Su cuerpo fue incinerado en el Cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en el Central Park de Nueva York, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields.
Enviado por Xavier Avelar
Los gráficos de Gabriel Carbajales
(Chile) Base militar de EE.UU. en Con Con: La penetración
Capitán de Fuerzas Especiales de Carabineros, Nathalie Muñoz, instruye a las fuerzas MOUT en tácticas policiales
Desde principios de este año que en el Fuerte Aguayo, en la localidad de Concón, en la Región de Valparaíso, está operando un cuartel militar estadounidense para el trabajo de un comando de Operaciones Militares en Territorios Urbanos,
MOUT por su sigla en inglés. La base está bajo el mando del Pentágono y
específicamente del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos,
encargado de todo tipo de operaciones militares de esa potencia en
Latinoamérica.
Se informó que esa base sería para
entrenamiento de Fuerzas de Paz al servicio de las Naciones Unidas.
Aunque ninguna autoridad del gobierno de Sebastián Piñera dijo
explícitamente que esos comandos urbanos no pudieran actuar en
territorio chileno ante situaciones de desastres o insurgencias (para
las cuales estarían preparados).
En noviembre de 2012, en una entrevista de la reportera Javiera Olivares,
al politólogo argentino Atilio Borón quien afirmó: “Imagínate lo
adormecidos que están los chilenos, si enfrentaron con total pasividad
la instalación de la base militar de Estados Unidos en el Fuerte Aguayo,
en Concón, a pocos kilómetros de Valparaíso. Esa base -dijo Borón- que
depende del Comando Sur, se especializará en el entrenamiento militar
requerido por un programa del Pentágono denominado MOUT (Operaciones
Militares en Terreno Urbano). Dicho sin eufemismos, entrenamiento de
fuerzas especializadas en la represión de la protesta social. Washington
y Santiago negociaron ese acuerdo en absoluto silencio”.
Un dato aparecido en la publicación
citada -que pone dudas respecto a si ese comando estadounidense metido
en territorio chileno no servirá para adiestrar en represión a chilenos-
es una foto e información de elementos de Fuerzas Especiales de
Carabineros adoctrinándose. Todo el país sabe que las FF.EE. de la
policía uniformada vive de agredir, hostigar, insultar y reprimir a
manifestantes, afrontando varias acusaciones como desvestir muchachas
secundarias. ¿Qué adiestramiento recibieron? ¿Para misiones de paz? El
alto mando de Carabineros nunca dio una explicación por esas fotos de
sus integrantes entrenándose en el campo estadounidense.
En un reportaje sobre el tema, el
periodista Arnaldo Pérez Guerra citó a David Vine, académico de la
American University en Washington, quien manifestó que “el Pentágono
está armando hoy pequeñas instalaciones secretas e inaccesibles con
pocos soldados (…) Es su actual estrategia para mantener su hegemonía en
el mundo. Desde las costas chilenas a las selvas de Honduras, de los
desiertos de Mauritania a las pequeñas Islas Cocos de Australia, Estados
Unidos ha instalado más de 50 ‘bases nenúfares’ y aspira a construir
decenas más. Una ‘red mundial de fuertes fronterizos’ cuyo costo anual
es de 250.000 millones de dólares. En Chile la avanzada la tienen en el
Fuerte Aguayo”.
Alejandro Wolff, embajador de Estados
Unidos en Chile precisó que la base en Concón “es el primer proyecto de
su tipo que se levanta en Chile para apoyar la capacitación de personal
encargado de ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz o de
estabilidad civil”.
El tema es que estos comandos MOUT
tienen el objetivo del “mantenimiento de la paz”, lograr la “estabilidad
civil en zonas urbanas” y apoyar en casas de “desastres naturales”.
Y el comandante en jefe del ejército,
Juan Miguel Fuente-Alba señaló la necesidad de un análisis “relacionado
con los eventuales roles que podrían asumir las fuerzas armadas y el
ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se
generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los
valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar…
Podrían surgir nuevas responsabilidades que deberían estar claramente
identificadas, comprendidas e implementadas por el ejército”.
Todo eso aumenta las incertidumbres y
temores por la base de Concón. ¿Las unidades estadounidenses del MOUT
bajo el Comando Sur van a contribuir a la “estabilidad civil” en Chile?
¿A qué falta de estabilidad se refieren? ¿Por qué los estadunidenses
deberían tener, a través de comandos, un papel ante un desastre natural
en territorio chileno?
Pero más preocupación puede surgir al
leer las palabras del jefe del Ejército que, tácitamente, revive la
doctrina de que a fin de cuentas son los militares los encargados de
mantener el orden político y social en Chile, con ayuda de comandos
estadounidenses. Fuente-Alba habla del “ámbito de la seguridad” (que es
un rol interno) y de “preservar los valores, intereses y bienes de la
sociedad…” ¿Quién determina cuáles son esos? ¿Los militares como en
1973? ¿Las tesis contrainsurgentes que anidan en las Fuerzas Armadas?
¿Cuáles serían esas nuevas responsabilidades? ¿Las que quieren asignar
Rodrigo Hinzpeter y Andrés Allamand en materia de seguridad interna y
represión de movimientos sociales, indígenas y antisistémicos? Hay mucho
paño de donde cortar.
Las fuerzas chilenas, sobre todo Armada y
Fuerza Aérea, tienen lazos estrechos con los militares y ramas bélicas
de Estados Unidos que se desarrollan en la Operación Unitas, el
ejercicio Peacekeeping Operations Americas, la Iniciativa Global en
Operaciones de Paz y labores conjuntas con la Agencia Nacional para el
Manejo de Emergencias y los destinado de oficiales chilenos a la Escuela
de las Américas.
En Telesur, el analista uruguayo Raúl
Zebechi indicó que “el secretario de Defensa, León Panetta, realizó una
gira suramericana que lo llevó a Colombia, su principal aliado militar,
luego a Brasil y finalmente a Chile, donde se acaba de inaugurar la base
militar de Concón. El propósito de este viaje es participar en
consultas con varios de nuestros socios en esta parte del mundo e
intentar fomentar alianzas de seguridad innovadoras en la región”.
En la página Web de la revista Diálogo
del Comando Sur de los Estados Unidos, publicó una nota que define, en
gran medida, las actividades que se efectúan en América Latina y
particularmente Chile. La base de Concón es parte de aquello.
“En una ceremonia que tuvo lugar el 7 de
mayo en Santiago de Chile, el Ejército Sur de los Estados Unidos se
unió a sus aliados del Ejército Chileno y a otras 14 naciones aliadas
para dar inicio oficialmente al Ejercicio Multinacional de Operación de
Mantenimiento de Paz ‘OMP Américas 2012’. La ceremonia de apertura fue
el broche de oro de la excepcional preparación que tuvieron los
representantes de cada nación aliada, según manifestó el director del
Ejercicio Multinacional, General de Brigada Leonardo Martínez Menanteau,
Director de Operaciones Internacionales del Estado Mayor Conjunto
chileno. ‘Se trabajó arduamente en la organización de este ejercicio
para asegurar su éxito’, expresó Martínez. El director del Ejercicio
Multinacional y compañero de Martínez, General de Brigada Manuel Ortiz,
Jr., Subcomandante General del Ejército Sur, estuvo de acuerdo con su
colega. ‘(Los participantes del ejercicio) han trabajado con ahínco y
están bien preparados para el ejercicio’, indicó Ortiz. El Ejército Sur
estadounidense, como componente de comando del servicio del Ejército,
perteneciente al Comando Sur de los Estados Unidos, dirige el ejercicio
anual en apoyo a las iniciativas de paz de la ONU en Centroamérica y
Sudamérica y el Caribe. El Ejercicio Multinacional de cinco días,
diseñado para mejorar la comunicación y desafiar las capacidades de los
participantes para implementar y sostener los estándares de operaciones
de paz de la ONU y para asegurar que los participantes estén preparados
para responder ante desafíos de operaciones de paz, constituye la última
parte del ejercicio OMP-A 2012 de cuatro fases, que tiene lugar en
Chile y en República Dominicana del 19 de marzo al 11 de mayo. La
primera fase del OMP-A 2012 fue un entrenamiento a nivel batallón que se
llevó a cabo del 19 al 23 de marzo en Santo Domingo, República
Dominicana; la segunda fase fue un entrenamiento de líderes subalternos
que se realizó del 2 al 6 de abril en la base para Operaciones Militares
en Territorios Urbanos (MOUT) de Fuerte Aguayo, Chile, y en la tercera
fase se celebró un seminario de líderes de personal del 30 de abril al 2
de mayo en Santiago de Chile. Además de Chile y los Estados Unidos, en
la instancia de OMP-A 2012 participan más de 300 representantes de
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, República
Dominicana, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y
Uruguay. Los líderes del ejercicio señalaron que el entrenamiento junto a
naciones aliadas es más efectivo que el entrenamiento individual de las
naciones. ‘Esto ayuda al desarrollo integral de conocimientos y puntos
de vista para que todos podamos trabajar en conjunto y de forma
combinada’, destacó Martínez. ‘En esta experiencia se viven cosas que
pueden ser muy nuevas para algunos, pero muy conocidas para otros’. Por
su parte, Ortiz manifestó que trabajar codo a codo con homólogos de
naciones aliadas no solo se trata de aprender unos de otros, sino
también de fortalecer las alianzas. ‘Me siento muy orgulloso de estar
aquí en este entorno internacional’, expresó Ortiz. ‘En mi opinión, creo
que lo más valioso de todo esto es que podamos conocernos unos a otros
para el futuro, tanto profesional como personalmente’. Por último, los
ejercicios como Operación de Mantenimiento de Paz ayudan a construir un
marco estratégico de relaciones con naciones aliadas en la región,
mientras se trabaja para perfeccionar la interoperabilidad, la seguridad
y la estabilidad.
Todo apunta que en Chile se establecen
políticas y se materializan proyectos destinados a mantener una fuerza
presencia y capacidad operativa de los militares estadounidenses,
desarrollar planes de Inteligencia a través de organismos de las FF.AA. y
policiales, a dar luz verde a bases militares extranjeras, pretender
involucrar a los militares en funciones internas y desarrollar toda una
política claramente contrainsurgente y de cuidado del sistema a través
de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. La base militar
estadounidense en Concón ayuda y contribuirá mucho a esa política.
Posted by mbecerra on diciembre 13, 2012.Economía - EEUU
La Fed aumentará estímulo ante datos de desempleo decepcionantes
Mantendrá la tasa cercana a cero hasta que la desocupación se ubique cercana a 6,5%
+ Reuters - 12.12.2012, 15:52 hs
- ACTUALIZADO 16:13
Texto: El Observador
La Fed reemplazó su programa de estímulo denominado "Operación Twist", por una nueva compra de bonos que incrementará su hoja de balance.
El banco central se comprometió a comprar US$ 45.000 millones mensuales en bonos del Tesoro, en adición a sus compras por US$ 40.000 millones de activos respaldados por hipotecas que inició en setiembre.
En una medida sorpresiva, la Fed también adoptó umbrales numéricos para la política, una medida que no se esperaba hasta principios del 2013.
La Fed dijo que mantendría las tasas de interés cerca de cero al menos hasta que la tasa de desempleo esté sobre el 6,5%, la inflación proyectada a uno y dos años se mantenga en no más de 2,5%, y las expectativas de inflación a largo plazo sigan contenidas.
Desbalance de poder
Déficit estadounidense coloca al mundo al borde de una gran recesión
Miércoles, 14 de Noviembre de 2012 07:45
Víctor Cardoso/ Agencias/ Clarín
México.-
El mundo se encuentra al borde de una recesión global si demócratas y
republicanos no se ponen de acuerdo en el Congreso para resolver el
déficit fiscal de Estados Unidos; la economía de ese país caería 4 por
ciento y, dada la fragilidad de la recuperación en otros países, el
mundo sería arrastrado a un entorno recesionario, advirtió Guillermo
Ortiz Martínez, presidente del grupo financiero Banorte-Ixe.
Nadie está en
condiciones de resistir esto: si hay una recesión mundial, México se
verá afectado igual que el resto del mundo, dijo tras participar en el
Encuentro Mundial de Banca de la International Chamber of Commerce
México.
En entrevista, Ortiz Martínez habló de los efectos sobre México del llamado abismo fiscal de Estados Unidos.
“De corto plazo, es el
principal problema que afecta no sólo a Estados Unidos sino a la
economía mundial. De acuerdo con el Congressional Market Office –una
oficina de evaluación económica dependiente del Congreso estadunidense,
no del Ejecutivo–, el llamado abismo fiscal quiere decir que si no se
adoptan acuerdos o medidas, entran automáticamente recortes al gasto por
alrededor de 650 mil millones de dólares, lo cual, de acuerdo con esa
agencia, implicaría un impacto sobre la actividad económica de menos 4
por ciento.
“Esto significa que inexorablemente la economía americana
entraría en una recesión y, dada la fragilidad de la recuperación en
otros países –Europa está en recesión, Japón también tuvo crecimientos
negativos del producto interno bruto (PIB) en el último trimestre,
etcétera–, el orbe sería arrastrado a un entorno recesionario. Así que,
obviamente, los ojos del mundo están puestos en esta negociación; es un
tema político y ya veremos qué pasa.
Creo que un aspecto
importante que no se ha medido suficientemente es que el hecho de que
estas negociaciones se prolonguen durante semanas e incluso hasta
inicios del próximo año, puede influir fuertemente en la confianza en
los mercados y tener consecuencias negativas para el mundo. Lo mejor que
le puede pasar a Estados Unidos y al orbe es que se pongan de acuerdo
rápido republicanos y demócratas.
–¿Existe mayor vulnerabilidad de México por el cambio de gobierno?
–No hay ninguna
vulnerabilidad. Creo que el cambio de gobierno se está dando de manera
muy ordenada e incluso durante el periodo electoral no hubo sobresaltos
financieros; así que no tengo ninguna preocupación por eso.
Déficit aumentó 22 por ciento
El déficit
presupuestario de Estados Unidos aumentó 22 por ciento en octubre, el
primer mes del año fiscal 2013, mientras el presidente Barack Obama
inició este martes un cabildeo con los distintos sectores sociales,
sindicales y empresariales, y llamó al Congreso a alcanzar un acuerdo
para evitar el llamado abismo fiscal que, en caso de no solucionarse,
llevará a la economía estadunidense a una inminente recesión.
Barack Obama pretende
reducir el déficit anual de un billón 200 mil millones a 600 mil
millones de dólares, mediante la subida de impuestos a los más ricos. De
no lograrse un acuerdo que permita acotar el prolongado déficit que
durante los cuatro años recientes ha sido superior al billón de dólares
anuales, el país podría entrar en franca recesión a principios del
próximo año. El mandatario cuenta con mayoría demócrata en el Senado,
pero no en la Cámara de Representantes, que tiene presencia mayoritaria
republicana.
El Departamento del
Tesoro informó este martes que el déficit de presupuesto estadunidense
ascendió a 120 mil millones de dólares en octubre, más que la brecha de
114 mil millones de dólares pronosticada por economistas y arriba del
déficit de 98 mil millones de dólares registrado en octubre de 2011. El
crecimiento de los gastos superó al de los ingresos, lo que profundizó
el déficit.
Tras la relección del
presidente Barack Obama la semana pasada, el debate en Washington ha
cambiado rápidamente hacia la combinación de exenciones tributarias y
nuevas reducciones de gastos conocida como abismo fiscal.
El Congreso volvió a
sesionar tras el paro de labores por las elecciones del 6 de noviembre, y
el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y su par demócrata
en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se disponen a reunirse con
legisladores de sus respectivos partidos.
En la Casa Blanca,
Obama comenzó a recibir a dirigentes de sindicatos y grupos liberales
que se espera pidan protección para los programas sociales ante las
demandas de cambios que plantean los republicanos.
El mandatario reiteró
su promesa de campaña de elevar los impuestos a los más ricos, es decir,
a los que ganan más de 250 mil dólares al año.
En tanto, los
republicanos se oponen a un alza tributaria y quieren concentrarse en
los recortes al gasto, al afirmar que mayores tasas de impuesto dañarían
al crecimiento.
Por su parte, el
secretario del Tesoro, Timothye Geithner, advirtió contra la tentación
de no hacer nada para cambiar la reglamentación financiera actual. El
abismo (presupuestario) no tiene nada de seductor, provocaría muchos
daños a la economía estadunidense, esos daños son perfectamente
evitables, agregó. El problema no es tan complicado de resolver, pero no
hacer nada equivaldría a dejar volar sobre la economía estadunidense
mucha incertidumbre, alertó.
La disputa entre
republicanos y demócratas por el ajuste fiscal ya afecta a la economía
estadunidense, dado que las empresas están invirtiendo menos en equipos,
dijo el presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan.
A finales de 2012
expirarán varias medidas impositivas temporales puestas en marcha hace
una década en el gobierno de George W. Bush. Si el Congreso no hace
nada, los impuestos a los ingresos individuales se elevarán fuertemente.
Esta es una faceta
clave del abismo fiscal. Otro elemento son los profundos recortes en los
programas federales que entrarán en vigor en enero si el Congreso no
actúa. Los legisladores temen que los recortes puedan devastar la
economía.
Barack Obama y el
presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner,
declararon querer alcanzar un acuerdo para evitar el abismo, al tiempo
que se mantenían en posiciones irreconciliables, principalmente sobre el
aumento del impuesto a los más ricos.
En 2011, un gobierno
dividido no logró un acuerdo sobre la reducción del déficit que dio paso
a la discusión del abismo fiscal que ahora enfrenta la economía. La
falta de acuerdo político llevó a la influyente agencia calificadora
Standard & Poor’s a rebajar en agosto de 2011 la codiciada nota AAA
de Estados Unidos por primera vez en su historia y el índice de
volatilidad CBOE, la herramienta de Wall Street que mide la ansiedad de
los inversores, a niveles asociados con el pánico.
Mientras el debate por
el abismo fiscal se encona, el Departamento del Tesoro dio a conocer
que en octubre el déficit presupuestario del primer mes del año fiscal
en curso aumentó 20 por ciento. Los desembolsos crecieron a 304 mil
millones de dólares desde casi 262 mil millones el mismo mes del año
pasado, mientras los ingresos subieron a 184 mil millones de dólares
desde 163 mil millones.
Los gráficos de Gabriel Carbajales
El “precipicio fiscal”: un frente económico de pesadilla
Viernes, 16 de Noviembre de 2012 09:05
Chakravarthi Raghavan*/ Clarín
La
reelección de Barack Obama fue recibida con gran alivio, con excepción
quizás del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Para el resto del
mundo, que en enero en la Casa Blanca hubiera un Mitt Romney –en cuyo
equipo de campaña había asesores en política exterior de la era de
George W. Bush- era motivo de alarma.
Pero las perspectivas
en el frente económico son de pesadilla. Tradicionalmente el presidente
electo (incluso reelecto) se toma cierto tiempo para descansar después
de una agotadora campaña electoral de casi un año. Obama no puede darse
ese lujo, ya que el país se enfrenta al “precipicio fiscal”.
Por segunda vez Obama
ha obtenido el mandato de la población estadounidense, con una
impresionante mayoría en el colegio electoral. Sin embargo, los mismos
votantes eligieron no poner fin a la “paralización” que supone un
Congreso hostil que obstruye al presidente. Eligieron una Cámara de
Representantes del mismo tono republicano que en 2010 y un Senado donde
los demócratas conservan la mayoría e incluso aumentan ligeramente su
número de escaños, pero no lo suficiente para superar el
obstruccionismo.
A menos que Obama y el
Congreso negocien en las próximas semanas, la economía se despeñará por
el llamado “precipicio fiscal”, hundiendo a Estados Unidos y al resto
del mundo en una gran crisis financiera y económica.
El “precipicio fiscal”
de Estados Unidos se refiere a cuando expiren, el 31 de diciembre,
importantes rebajas fiscales de la era Bush (a menos que se enmiende la
ley actual). Se recortarán varias de las ayudas sociales para la clase
media, como la suspensión temporal del impuesto sobre nóminas, y otras
concesiones, como el Impuesto Mínimo Alternativo, impuestos sucesorios y
varias deducciones y gravámenes a las empresas. Además, a partir del 31
de diciembre de 2012-1 de enero de 2013 también se producirá la
“confiscación” o la reducción general del diez por ciento en todos los
gastos, que entrará en vigor si no se acuerda un presupuesto y se
aplican leyes adecuadas.
Para que la ley actual
sea enmendada, tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben
negociar una legislación y Obama debería firmarla antes de que entre en
vigor. De lo contrario, las medidas de Bush expirarán a fines de 2012,
al igual que otras disposiciones fiscales temporarias -como el Impuesto
Mínimo Alternativo y varios créditos personales y comerciales-, algunas
de las cuales necesitan extenderse retroactivamente a comienzos de 2012.
Además, el Congreso y
la Administración también deben decidir cómo proteger a los médicos del
programa de asistencia de adultos mayores frente a los drásticos
recortes de las tasas de reintegro y si ampliar o no el seguro de
desempleo a los desempleados a largo plazo. Por otro lado, deben
adoptarse decisiones en cuando a si ampliar, reemplazar o permitir que
expire la reducción fiscal de dos por ciento sobre la nómina para todos
los trabajadores estadounidenses.
En cuanto a la
“confiscación”, en enero de 2013 comenzará a regir un recorte general en
el gasto por 109,000 millones de dólares. La mitad de los recortes
automáticos afectarán al Pentágono, mientras que la otra mitad reducirá
el gasto del resto del gobierno. La mayoría de los organismos
enfrentarán reducciones en sus fondos de 8.2 por ciento.
Estados Unidos caerá
en un “precipicio fiscal” prácticamente sin red de seguridad que lo
contenga, a menos que el presidente y el Congreso acuerden enmendar la
ley actual.
Para complicar aún más
las cosas, la administración Obama debe insistir en aumentar el límite
de la deuda como parte del paquete. Al menos en el nuevo año debe
negociarlo separadamente, y los republicanos exigirán un precio
adicional por ello.
Todos los economistas
coinciden, si bien por distintas razones, que sería un desastre caer en
el “precipicio fiscal”, que hundiría a la economía estadounidense -y con
ella a la del mundo entero- en la Gran Recesión, si no en la Gran
Depresión.
Como señala en su blog
el Premio Nobel Paul Krugman, la preocupación de los economistas
estadounidenses keynesianos surge del hecho de que bajar el déficit
fiscal cuando la economía ya está deprimida ahonda aún más la depresión.
Y agrega que la misma lógica dice que no solo habría que evitar los
recortes en el gasto, como exigiría el “secuestro”, sino que debería
aumentarse ya mismo.
Sin embargo, los anti
keynesianos, los “neoliberales” y los “halcones del déficit”, lejos de
aplaudir el “secuestro” y los recortes de los aumentos impositivos,
están alterados. Porque el recorte general del diez por ciento no solo
afecta programas que benefician a los pobres y los sectores trabajadores
sino también programas que los benefician a ellos. Y contrariamente a
los recortes fiscales que prometieron -y que Romney y los republicanos
anunciaron en la campaña-, la expiración de los recortes fiscales de la
era Bush significa mayores impuestos para los percentiles más altos y
para el “uno por ciento”.
Obama y el Congreso
dominado por los republicanos tendrán que negociar y llegar a alguna
solución sobre el presupuesto y los impuestos. Quedan por delante
algunas semanas de negociaciones tensas para Estados Unidos y el resto
del mundo, que no tiene voz ni voto y cuyas preocupaciones no están
representadas en los medios de comunicación estadounidenses.
Los líderes
republicanos han señalado la necesidad de llegar a una fórmula de
compromiso. Queda por ver si se trata de una mera pose o de un cambio de
política real.
* Editor emérito de South North Development Monitor (SUNS).
Publicado en Red del Tercer Mundo (RTM)Legalización de marihuana en EEUU pone en jaque la lucha antidrogas en México
| Enrique Orellana | |
| tambiensomosiglesiachile@ | |
México, 9 nov (EFE).- La
legalización de la marihuana en dos
estados de EE.UU. pone en jaque la lucha contra las drogas en México,
obliga a una revisión de la estrategia punitiva y da mayor visibilidad
al debate sobre el consumo, según analistas consultados por Efe.
La
aprobación en Colorado y Washington de la despenalización de la
producción, la venta y el consumo de la marihuana es un "paso más hacia
el fin de la guerra" lanzada por el presidente mexicano, Felipe
Calderón, en opinión del excanciller Jorge Castañeda.
"Es
una verdadera aberración que México esté poniendo muertos (60.000 en el
mandato de Calderón), dinero y un costo de imagen internacional muy
importante (...)
para, en parte, impedir el paso a EE.UU. de una sustancia que ya
algunos americanos, no menores, han declarado que quieren que sea
legal", dijo.
Ahora,
apuntó, México debe plantear a Estados Unidos que "es absurdo seguir
con esta guerra, con esta estrategia fracasada desde hace 40 años, sobre
todo a la luz de lo que ya algunos electores han manifestado" .
Castañeda
advirtió sobre el riesgo de que algunos sectores mexicanos estén a
favor de "presionar" al presidente de EE.UU., Barack Obama, "para que
imponga las leyes federales -que consideran la marihuana una droga
ilegal- a Colorado y Washington" y
aseguró que eso hay que combatirlo.
No
obstante, dijo estar seguro de que Enrique Peña Nieto, quien asumirá la
Presidencia mexicana el 1 de diciembre, "no caerá en eso", tras
calificar de "muy acertadas" las declaraciones recientes del coordinador
del equipo de transición, Luis Videgaray, sobre el tema.
"Estamos
atentos a estas modificaciones importantes, que cambian las reglas del
juego con EE.UU. y que nos deben llevar a revisar las políticas
conjuntas contra el tráfico de drogas", señaló Videgaray, quien no
obstante aclaró que Peña Nieto rechaza la legalización.
"Eso
es exactamente lo que debe proceder", aseguró Castañeda, quien señaló
que la posición de algunos mandatarios latinoamericanos a favor de la
regulación de las drogas o la búsqueda de alternativas a la actual
estrategia "muestra claramente una tendencia" en la región.
Lamentó
que México, "el país más afectado por la estrategia punitiva", en lugar
de estar a la cabeza, esté "en la retaguardia de esta tendencia,
incluso resistiéndose a ella".
En
declaraciones a Efe, el periodista Marco Lara destacó que la decisión
de Washington y
Colorado denota la "certeza" del fracaso de la criminalización del
consumo de las drogas, evidente por lo menos desde hace una década.
"Es
una buena noticia porque mantiene arriba el debate sobre la debacle y
los costos humanitarios de la política antidrogas impuesta por la Casa
Blanca", si bien reconoció que hay "otros componentes más relevantes que
la despenalización del consumo".
Aunque
admitió que se trata de "un precedente importante", el experto en
narcotráfico manifestó "serias dudas" sobre un cambio en la actual
estrategia mexicana durante la Administración de Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI).
"Dudo
que tengan la sensibilidad, la autonomía y la visión de Estado como
para desmarcarse", de lo contrario "no tendríamos a (Óscar) Naranjo como
asesor en el tema de política antidrogas", apuntó."Naranjo
es la personificación del Plan Colombia, que es la institucionalización
a gran escala de la criminalización del consumo", señaló Lara y añadió:
"más allá de la retórica, hay una serie de hechos que demuestran que
habrá continuidad".
El
propio Calderón, que recientemente llamó a la ONU a encabezar un debate
sin prejuicios sobre el
combate al narcotráfico para hallar nuevos enfoques, "ha pretendido una
independencia de criterio", pero en la aplicación de la política
antidrogas ha sido "sumiso, servil y acrítico", indicó.
Su
fuerza política, el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la
legalización de la marihuana supone un riesgo para México, dado que los
grupos criminales buscarán obtener recursos a través de otros delitos,
como el secuestro y la extorsión, lo que redundaría en un aumento de la
violencia.
Al
interior del PRI las opiniones son divididas; hay quienes rechazan el
debate de la legalización y piden al Gobierno de EE.UU. una definición
sobre el tema, mientras otras voces admiten la necesidad de abrir una
discusión seria y sin restricciones sobre el tema.
El
izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio la
bienvenida a un debate sin tabúes y temores sobre la despenalización de
las drogas, que puede contribuir a disminuir la violencia en el país.
En
el debate también irrumpió el actor mexicano Gael García, quien
consideró "absolutamente necesaria" la despenalización de la marihuana,
aunque no de otras drogas, y destacó que ello "puede generar un cambio
en la narrativa de la guerra contra las drogas que impuso (Richard)
Nixon". EFE
JESUS FUE AYER EL TEMPLO Y AHORA: "UN INDIGNADO"
“Ex Fiscal General de Estados Unidos se convierte en Comunista”
por Noel Manzanares Blanco
Sábado, 08 de Diciembre de 2012 06:30
La noticia trasciende al calor de Cuba Salud 2012/ Convención
Internacional de Salud Pública, oportunidad en que el antiguo
representante de Washington, Ramsey Clark, aplaudió logros de Cuba y
condenó el Bloqueo Made in USA
Reportes de la Prensa en la Mayor de las Antillas dan fe de que
el Ex Fiscal General de Estados Unidos, Ramsey Clark, reconoció logros
de la Isla al calor de la Convención Internacional Cuba-Salud 2012 que abrió sus puertas el pasado día 3 y concluyó este 7 de Diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana.Concretamente, dijo que la tasa de mortalidad infantil que exhibe Cuba hoy, 4,5 por cada mil nacidos vivos, muy pocos países la han logrado, ni siquiera Estados Unidos con sus riquezas; y que los cubanos tienen mucho que mostrar y pueden ser tomados de modelo, tienen más médicos per cápita que la mayoría de los países con buenas economías.
Asimismo, que la atención sanitaria más toda una serie de programas nacionales de prevención y control de enfermedades, la atención materna y el seguimiento a quienes padecen de afecciones no transmisibles, permite mostrar indicadores importantes de bienestar; y que hay un médico cerca de las personas, mientras que en cualquier parte de la nación la gente tiene acceso a una atención médica.
Igualmente, que el sistema de atención primaria lleva muchos años para cubanas y cubanos, y hoy numerosos países comprenden que es necesario llevar salud a toda la población —so pena de seguir las brechas de los que tienen dinero y pagan, y de los que no lo tienen.
“A Cuba no le interesa la fama, sino la vida de los demás. La mayor fortaleza de los cubanos internacionalistas es salvar vidas, les satisface hacer algo justo, y no esperan reconocimiento”, resaltó Clark, quien además reconoció el desarrollo de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han formado unos 18 mil jóvenes de distintos rincones del mundo, constituyendo “algo realmente digno de elogio”.
Como si fuera poco, el antiguo representante de Washington expresó una idea que remarco: “Y todo esto Cuba lo ha logrado pese al Bloqueo impuesto por Estados Unidos, y hay más asombro cuando sabemos además que este pequeño país dedica recursos humanos a la solidaridad con otros más necesitados”.
Entonces, pensé que en cualquier momento aparece algo así: “Ex Fiscal General de Estados Unidos se convierte en Comunista”
EL CONFLICTO DE LA SANIDAD
“Paralizar el plan sanitario sería la primera medida de ahorro”
Médicos de Madrid emplazan al presidente a una reunión ya que "no ha querido negociar"
"Solo con no poner en marcha el plan de sostenibilidad estaríamos ahorrando 118 millones"
Sanidad cifra el seguimiento del décimo día huelga de facultativos en 22,36%
Antorcha por la sanidad Profesionales
y usuarios de la sanidad, convocados por la asociación de Facultativos
Especialistas, han recorrido la capital con una antorcha que simboliza
la defensa de la sanidad. / CARLOS ROSILLO
Nunca habían estado más unidos —en realidad, nunca se habían unido—
ni más en contra de una decisión que afecta a la sanidad pública. Los
médicos madrileños crearon la semana pasada un "comité coordinador
profesional" que funcionara como interlocutor con la Comunidad de
Madrid. Esta mañana han dado la primera rueda de prensa, a la que han
acudido representantes de los jefes de servicio, de los planes
estratégicos, directores de centros de atención primaria, la Asociación
de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) y el Colegio de Médicos
de Madrid. Y han lanzado tres mensajes: el comité es "el único
interlocutor válido del colectivo médico", es "falso que la Consejería
de Sanidad haya iniciado cualquier tipo de negociación" y manifiesta su
"absoluto rechazo al plan que propone la Consejería".
Los médicos alegan, además de "cuestiones éticas y de calidad", que "la privatización de los centros supone un aumento del gasto sanitario y pone en peligro a corto plazo el acceso equitativo de los ciudadanos al sistema de salud, considerado uno de los mejores y más baratos de Europa". Además, el plan del Gobierno regional, que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, "dificultará las actividades docentes e investigadoras propias de un sistema sanitario moderno y de calidad".
La huelga indefinida de los médicos, convocada por Afem, cumple hoy su décimo día sin que se haya producido ningún acercamiento entre los facultativos, que piden la paralización del plan antes de empezar a negociar, y la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento en el 22,36%.
El comunicado leído por Pedro González, presidente de Afem, señala también: "El consejero nos acusa sin pudor de inmovilistas y no es cierto. No solo estamos dispuestos al cambio sino que somos los principales promotores del cambio. Somos los profesionales sanitarios los que, conociendo la realidad sanitaria desde dentro, somos capaces de ahorrar donde se puede sin dejar de proporcionar a los pacientes la mejor calidad asistencial posible". Los médicos han pedido al presidente, Ignacio González, que se reúna con ellos mañana a las 10 donde él proponga. A esa hora, según ha señalado ya un miembro del equipo del presidente en Twitter, hay Consejo de Gobierno.
Los médicos han insistido en que la negociación de la que habla la Comunidad de Madrid no es tal. Lo que está haciendo la Consejería de Sanidad es "presionar a los jefes de servicio utilizando a los médicos que están con contratos eventuales -situaciones en muchos casos absolutamente fuera de la legalidad- como moneda de cambio para conseguir un mayor ahorro", han explicado, y han subrayado que los eventuales "no van a ser moneda de cambio".
"Paralizar el plan sanitario sería la primera medida de ahorro. Solo con no poner en marcha el plan de sostenibilidad estaríamos ahorrando 118 millones de euros", han asegurado, y han ofrecido datos que demuestran que los hospitales actualmente de gestión mixta cuestan en realidad menos de los 600 euros por habitante y año que asegura el Gobierno regional. "No sabemos de dónde salen sus datos. Ni el consejero ni el presidente han salido a defenderlos", ha asegurado Jesús Frías, jefe de servicio de Farmacología del hospital de La Paz. "No estamos en contra de la sanidad privada. Siempre hemos dicho que son compatibles. Aquí de lo que hablamos es de que los impuestos de los madrileños pasan a empresas privadas, cuando el ahorro debería reinvertirse en la sanidad pública", ha añadido.
José Antonio Serra, jefe de Geriatría del hospital Gregorio Marañón, ha intervenido en nombre de los coordinadores de los planes estratégicos encargados por la Consejería de Sanidad y en los que han trabajado un millar de profesionales. "Los hicimos ya en época de vacas flacas. Propusimos optimizar recursos, agrupar especialidades, hicimos guías de práctica clínica, hacer jornadas de mañana y tarde para aprovechar instalaciones que actualmente cierran por la tarde. Y cuál es nuestra sorpresa cuando ahora vemos que no se ha escuchado, que no hemos podido desarrollarlos. Pedimos que nos deje trabajar con ellos para mantener la calidad", ha explicado. El consejero ha estado durante meses presentando en ruedas de prensa los planes estratégicos de las diferentes especialidades. Sus coordinadores aseguran ahora que son poco menos que papel mojado y que su trabajo no ha servido para nada.
Los médicos alegan, además de "cuestiones éticas y de calidad", que "la privatización de los centros supone un aumento del gasto sanitario y pone en peligro a corto plazo el acceso equitativo de los ciudadanos al sistema de salud, considerado uno de los mejores y más baratos de Europa". Además, el plan del Gobierno regional, que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, "dificultará las actividades docentes e investigadoras propias de un sistema sanitario moderno y de calidad".
La huelga indefinida de los médicos, convocada por Afem, cumple hoy su décimo día sin que se haya producido ningún acercamiento entre los facultativos, que piden la paralización del plan antes de empezar a negociar, y la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento en el 22,36%.
El comunicado leído por Pedro González, presidente de Afem, señala también: "El consejero nos acusa sin pudor de inmovilistas y no es cierto. No solo estamos dispuestos al cambio sino que somos los principales promotores del cambio. Somos los profesionales sanitarios los que, conociendo la realidad sanitaria desde dentro, somos capaces de ahorrar donde se puede sin dejar de proporcionar a los pacientes la mejor calidad asistencial posible". Los médicos han pedido al presidente, Ignacio González, que se reúna con ellos mañana a las 10 donde él proponga. A esa hora, según ha señalado ya un miembro del equipo del presidente en Twitter, hay Consejo de Gobierno.
Los médicos han insistido en que la negociación de la que habla la Comunidad de Madrid no es tal. Lo que está haciendo la Consejería de Sanidad es "presionar a los jefes de servicio utilizando a los médicos que están con contratos eventuales -situaciones en muchos casos absolutamente fuera de la legalidad- como moneda de cambio para conseguir un mayor ahorro", han explicado, y han subrayado que los eventuales "no van a ser moneda de cambio".
"Paralizar el plan sanitario sería la primera medida de ahorro. Solo con no poner en marcha el plan de sostenibilidad estaríamos ahorrando 118 millones de euros", han asegurado, y han ofrecido datos que demuestran que los hospitales actualmente de gestión mixta cuestan en realidad menos de los 600 euros por habitante y año que asegura el Gobierno regional. "No sabemos de dónde salen sus datos. Ni el consejero ni el presidente han salido a defenderlos", ha asegurado Jesús Frías, jefe de servicio de Farmacología del hospital de La Paz. "No estamos en contra de la sanidad privada. Siempre hemos dicho que son compatibles. Aquí de lo que hablamos es de que los impuestos de los madrileños pasan a empresas privadas, cuando el ahorro debería reinvertirse en la sanidad pública", ha añadido.
José Antonio Serra, jefe de Geriatría del hospital Gregorio Marañón, ha intervenido en nombre de los coordinadores de los planes estratégicos encargados por la Consejería de Sanidad y en los que han trabajado un millar de profesionales. "Los hicimos ya en época de vacas flacas. Propusimos optimizar recursos, agrupar especialidades, hicimos guías de práctica clínica, hacer jornadas de mañana y tarde para aprovechar instalaciones que actualmente cierran por la tarde. Y cuál es nuestra sorpresa cuando ahora vemos que no se ha escuchado, que no hemos podido desarrollarlos. Pedimos que nos deje trabajar con ellos para mantener la calidad", ha explicado. El consejero ha estado durante meses presentando en ruedas de prensa los planes estratégicos de las diferentes especialidades. Sus coordinadores aseguran ahora que son poco menos que papel mojado y que su trabajo no ha servido para nada.
Con esa gracia, tan española
13 dic 2012
España tardará 20 años en volver al nivel de bienestar previo a la crisis
Intermón Oxfam alerta de que las políticas de austeridad en el país amenazan la universalidad de derechos como la salud y la educación
Médicos del Mundo, Cáritas, Unicef y la red Compañía de Jesús han colaborado en el informe
España corre el riesgo de perder tres generaciones de bienestar,
derechos sociales y democracia de continuar la política actual de
recortes y austeridad. Según el informe Crisis, desigualdad y pobreza, publicado por Intermón Oxfam, en colaboración con Médicos del Mundo, Unicef, Cáritas y la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús,
el país está a punto de convertirse en una sociedad dual de ricos y
pobres, en las que los primeros ingresarán 15 veces más que los segundos
en solo 10 años. Una desproporción que podría resquebrajar la paz
social.
Los datos son contundentes. José María Vera, director de Intermón, alerta de que de seguir por la senda de los ajustes, "España llegará a los 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión social en 2022". Un 40% de españoles (dos de cada cinco) estaría en situación de pobreza. Una tasa tan elevada que harán falta dos décadas para recuperar los niveles de pobreza anteriores a la crisis, según cálculos de la ONG.
Para llegar a estas conclusiones, la organización ha comparado la situación española actual con la experiencia de países de América Latina durante la llamada década perdida, en los años sesenta y setenta, o la crisis de los tigres asiáticos desatada en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa y rematada con la suspensión de pagos de Rusia un año más tarde, entre otras devastadoras consecuencias para el Este asiático, cuyos niveles de pobreza también se incrementaron exponencialmente. "Después de décadas denunciando la desprotección de las poblaciones pobres en esas regiones del mundo ante la imposición de la austeridad y el ajuste, con consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica", subraya el informe.
El trabajo de la organización basa sus temores en que América Latina y el Este asiático tardaron entre 15 y 25 años en reducir sus niveles de pobreza a los previos a las crisis que padecieron. Su experiencia ha llevado a la organización a concluir que, si no se cambian las políticas que se están aplicando en España, puede llevar entre dos y tres décadas en recuperar el nivel de bienestar que existía antes del inició de la crisis, en 2008.
Vera añade que "las recetas que se están aplicando en España solo van a incrementar el desempleo, la pobreza y la desigualdad". El director general de la organización subraya, al igual que lo hace el estudio, "que existen diferencias entre Europa y América Latina y el este asiático, pero también hay muchas similitudes que puede llevar a España a una situación insostenible". Y añade: "Las mismas políticas de ajuste, que sometieron los organismos internacionales a ambas zonas, son iguales que las que está padeciendo España, solo que bajo otro nombre, austeridad".
El informe sugiere tres líneas de cambio en el modelo de desarrollo necesario para garantizar los derechos fundamentales de las personas y su bienestar. La primera recomendación es la creación de un sistema recaudatorio más justo, "luchando contra los paraísos fiscales, estableciendo medidas fiscales progresivas, e imponiendo una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional", dice Intermón.
La segunda es blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se realizan. La organización también reclama una regeneración democrática, con una mayor transparencia de las instituciones.
Stefan Meyer, director adjunto de Médicos del Mundo, uno de los colaboradores del informe, comenta sentirse "muy preocupado" por la situación de la sanidad en España. Según Meyer, los recortes que se están aplicando en este ámbito "son un retroceso para la sociedad", que "incrementan las evidentes brechas sociales entre los ricos y los más pobres". Además, pone el acento en que "la sanidad es un derecho universal y la política no puede jugar con ella".
Marta Arias, otra de las copartícipes del estudio, directora de sensibilización y políticas de infancia de Unicef, declara que “los niños españoles están en situación de riesgo. Desde 2008 hemos registrado un aumento de la pobreza en los más pequeños y todo indica que esta siga aumentando”, declara.
Intermón Oxfam añade que, a pesar de los evidentes abusos de poder del sistema financiero, no se han exigido las responsabilidades a quienes crearon esta situación —como sí se hizo en Islandia— y que los cambios sociales que está sufriendo la ciudadanía llevarán a una redefinición de un nuevo contrato social entre la ciudadanía y el Estado.
Los datos son contundentes. José María Vera, director de Intermón, alerta de que de seguir por la senda de los ajustes, "España llegará a los 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión social en 2022". Un 40% de españoles (dos de cada cinco) estaría en situación de pobreza. Una tasa tan elevada que harán falta dos décadas para recuperar los niveles de pobreza anteriores a la crisis, según cálculos de la ONG.
Para llegar a estas conclusiones, la organización ha comparado la situación española actual con la experiencia de países de América Latina durante la llamada década perdida, en los años sesenta y setenta, o la crisis de los tigres asiáticos desatada en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa y rematada con la suspensión de pagos de Rusia un año más tarde, entre otras devastadoras consecuencias para el Este asiático, cuyos niveles de pobreza también se incrementaron exponencialmente. "Después de décadas denunciando la desprotección de las poblaciones pobres en esas regiones del mundo ante la imposición de la austeridad y el ajuste, con consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica", subraya el informe.
Fuente: Eurostat e Intermón Oxfam. / EL PAÍSEl trabajo de la organización basa sus temores en que América Latina y el Este asiático tardaron entre 15 y 25 años en reducir sus niveles de pobreza a los previos a las crisis que padecieron. Su experiencia ha llevado a la organización a concluir que, si no se cambian las políticas que se están aplicando en España, puede llevar entre dos y tres décadas en recuperar el nivel de bienestar que existía antes del inició de la crisis, en 2008.
Vera añade que "las recetas que se están aplicando en España solo van a incrementar el desempleo, la pobreza y la desigualdad". El director general de la organización subraya, al igual que lo hace el estudio, "que existen diferencias entre Europa y América Latina y el este asiático, pero también hay muchas similitudes que puede llevar a España a una situación insostenible". Y añade: "Las mismas políticas de ajuste, que sometieron los organismos internacionales a ambas zonas, son iguales que las que está padeciendo España, solo que bajo otro nombre, austeridad".
El informe sugiere tres líneas de cambio en el modelo de desarrollo necesario para garantizar los derechos fundamentales de las personas y su bienestar. La primera recomendación es la creación de un sistema recaudatorio más justo, "luchando contra los paraísos fiscales, estableciendo medidas fiscales progresivas, e imponiendo una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional", dice Intermón.
La segunda es blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se realizan. La organización también reclama una regeneración democrática, con una mayor transparencia de las instituciones.
Stefan Meyer, director adjunto de Médicos del Mundo, uno de los colaboradores del informe, comenta sentirse "muy preocupado" por la situación de la sanidad en España. Según Meyer, los recortes que se están aplicando en este ámbito "son un retroceso para la sociedad", que "incrementan las evidentes brechas sociales entre los ricos y los más pobres". Además, pone el acento en que "la sanidad es un derecho universal y la política no puede jugar con ella".
Marta Arias, otra de las copartícipes del estudio, directora de sensibilización y políticas de infancia de Unicef, declara que “los niños españoles están en situación de riesgo. Desde 2008 hemos registrado un aumento de la pobreza en los más pequeños y todo indica que esta siga aumentando”, declara.
Intermón Oxfam añade que, a pesar de los evidentes abusos de poder del sistema financiero, no se han exigido las responsabilidades a quienes crearon esta situación —como sí se hizo en Islandia— y que los cambios sociales que está sufriendo la ciudadanía llevarán a una redefinición de un nuevo contrato social entre la ciudadanía y el Estado.
POLÉMICA ACTUACIÓN DE LOS 'MOSSOS' EL 14-N
Puig zanja su crisis de credibilidad con el relevo de un comisario de ‘mossos’
El consejero acepta la dimisión del máximo responsable de los antidisturbios, Sergi Pla
Este no le entregó el informe que recoge disparos en la zona donde perdió el ojo Quintana
Mas reafirma en su cargo al consejero de Interior, Felip Puig
El consejero de Interior catalán, Felip Puig, ha elegido la vía más
rápida para salir del atolladero en el que se ha metido. En menos de un
mes, ha dado tres versiones distintas sobre el golpe que recibió Ester Quintana
el día de la huelga general en Barcelona y que le segó el nervio óptico
del ojo izquierdo. Para cerrar el capítulo, Puig ha aceptado la
renuncia del comisario Sergi Pla, jefe de la Comisaría General de
Recursos Operativos, de la que dependen los antidisturbios. Pla no hizo
llegar al consejero un informe, fechado el 21 de noviembre, que recogía
que la policía catalana disparó proyectiles en las inmediaciones del
lugar en el que fue herida Ester Quintana.
Algo que Puig había negado por activa y por pasiva, en rueda de prensa, en sede parlamentaria, y a través de sus portavoces de prensa. “No hubo actividad policial”, llegó a afirmar el consejero al día siguiente de la huelga a los medios.
El caos sobre la explicación de lo que ocurrió en la huelga general se debe a un error “de apreciación” sin “mala fe”, aseguró Puig, por parte de la cadena de mandos, que no consideraron relevantes hacerle llegar un informe detallado de todos los lugares donde dispararon los antidisturbios. Los mossos se limitaron a investigar si a Quintana la hirió un disparo de la policía, aseguran fuentes policiales. Pla dejará de ser comisario jefe de los antidisturbios, pero no se le ha abierto un expediente disciplinario. Fuentes policiales aseguran que ha accedido a ser cabeza de turco de la crisis política, con la certeza de que su nuevo destino no supondrá un castigo.
A pesar de todo, Interior no ha cambiado la versión inicial del accidente de Quintana. “Es imposible por lugar y por hora” que la haya herido una bala de la policía catalana, sostuvo rotundo Puig en una rueda de prensa, tras su segunda comparecencia en el Parlament en 10 días para dar la versión definitiva de lo ocurrido el 14-N. Puig admitió que desconocen qué la golpeó en el ojo, aunque en su primera intervención parlamentaria insinuó que podía deberse a objetos lanzados por vándalos.
También repitió que los mossos no lanzaron pelotas de goma, que suelen rebotar contra el suelo y tienen una trayectora errática. Insisitó en que sólo usaron la lanzadera, un arma de precisión que dispara pelotas de espuma, que no rebota.
Pla, de 52 años, licenciado en Derecho y en Ciencias Policiales, fue nombrado comisario de los Mossos en diciembre de 2009 con Joan Saura (ICV). “Era un hombre de acción y a él le apetecía ir a los antidisturbios más que cualquier otra cosa”, explican fuentes del anterior Ejecutivo. Pla llevaba hasta ese momento cinco años en Tráfico. Antes había dirigido el despliegue de mossos en Badalona y en Sant Adrià, y, antes de eso, ya había formado parte de la División de Recursos operativos, vinculada a los antidisturbios.
Saura le ascendió debido a sus buenos resultados como jefe de Tráfico, donde redujo la siniestralidad. “La condición era que tendría pocos agentes a su cargo. Pensábamos que no iba a ser un problema, pero nos equivocamos”, aseguran esas mismas fuentes, que critican la deriva de los antidisturbios. Otras fuentes policiales le consideran un “buen profesional a pesar de su actitud chulesca”. Pla ingresó en mossos en 1996, procedente de la Policía Nacional, donde trabajó ocho años en estupefacientes. Condecorado con siete medallas, aguarda ahora su nuevo destino, después de que Puig haya aceptado su renuncia por no haberle entregado un informe clave sobre el 14-N.
Puesto que la última explicación de Puig sostiene la misma tesis
sobre el accidente, Puig esgrimió que nunca mintió en el Parlament,
cuando dijo que sólo se había disparado en vía Laietana, la calle donde
se registraron la mayor parte de los conflictos el día de la huelga
general, en la que incluso ardieron dos coches de la Policía Nacional.
“La información fue correcta, pero no completa”, alegó, a pesar de que el 3 de diciembre aseguró ante todos los partidos políticos que cerca de donde estaba la mujer (en paseo de Gràcia con la calle de Casp) no se disparó. Por eso, insistió Puig, no admite ningún error personal como jefe político de Interior. “Pedí toda la información”, indicó. Aunque asumió que, formalmente, es el “último responsable de todo lo que ha pasado”.
El desbarajuste de versiones ha supuesto el descrédito del consejero, de su director de la policía, Manel Prat, y del cuerpo de los Mossos d’Esquadra en general. Por ello Puig puso su cargo a disposición del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, que no aceptó su renuncia.
Antes de la rueda de prensa, Puig explicó a puerta cerrada a los diferentes partidos que la policía catalana disparó siete proyectiles cerca del área en la que sufrió el golpe Quintana (Gran Via, Diputació y Casp con Pau Claris y Roger de Llúria). Además, se lanzaron dos salvas (cartuchos sin pelotas). Esa información constaba ya en el informe previo del 21 de noviembre que no se le hizo llegar y del que desconocía su contenido cuando compareció en el Parlament el 3 de diciembre.
Un vídeo que se hizo público el jueves de la semana pasada fue el inicio del fin de la primera explicación mantenida por Interior sobre las cargas de los antidisturbios. En este se veía a un agente disparando a unos 100 metros de donde fue herida Quintana. Al día siguiente, el director de la policía pidió nuevos informes y descubrió que existía el del 21 de noviembre, donde ya se recogía ese disparo.
Fuentes policiales atribuyen a Puig un error de interpretación cuando aseguraron que no se disparó donde se encontraba la mujer herida, y que eso le llevó a afirmar que solo se disparó en vía Laietana. Además, el día de la huelga general, el director de la policía se encontraba en el Centro de Coordinación, donde junto a varios mandos policiales, seguían y dirigían las cargas de la Brigada Mòbil (Brimo, los antidisturbios) en directo. La actuación en paseo de Gracia fue algo caótica, según diversas fuentes.
El nuevo informe que presentó este jueves Puig desmenuzaba todos los disparos efectuados por la Brimo, por hora y lugar: 640 salvas y 62 pelotas de espuma. El responsable de Interior avanzó además que estudiarán la posibilidad instalar en las escopetas y en las lanzaderas un sistema de GPS para localizar cada uno de los movimientos de la policía. También se plantean colocar cámaras en los cascos de los escopeteros para grabar cada uno de sus movimientos. Todos los partidos pidieron la renuncia de Puig a ser de nuevo consejero de Interior, a excepción de ERC, que se dio por satisfecha con la salida del comisario Sergi Pla.
Algo que Puig había negado por activa y por pasiva, en rueda de prensa, en sede parlamentaria, y a través de sus portavoces de prensa. “No hubo actividad policial”, llegó a afirmar el consejero al día siguiente de la huelga a los medios.
El caos sobre la explicación de lo que ocurrió en la huelga general se debe a un error “de apreciación” sin “mala fe”, aseguró Puig, por parte de la cadena de mandos, que no consideraron relevantes hacerle llegar un informe detallado de todos los lugares donde dispararon los antidisturbios. Los mossos se limitaron a investigar si a Quintana la hirió un disparo de la policía, aseguran fuentes policiales. Pla dejará de ser comisario jefe de los antidisturbios, pero no se le ha abierto un expediente disciplinario. Fuentes policiales aseguran que ha accedido a ser cabeza de turco de la crisis política, con la certeza de que su nuevo destino no supondrá un castigo.
El comisario Sergi Pla, máximo responsable de los antidisturbios.A pesar de todo, Interior no ha cambiado la versión inicial del accidente de Quintana. “Es imposible por lugar y por hora” que la haya herido una bala de la policía catalana, sostuvo rotundo Puig en una rueda de prensa, tras su segunda comparecencia en el Parlament en 10 días para dar la versión definitiva de lo ocurrido el 14-N. Puig admitió que desconocen qué la golpeó en el ojo, aunque en su primera intervención parlamentaria insinuó que podía deberse a objetos lanzados por vándalos.
También repitió que los mossos no lanzaron pelotas de goma, que suelen rebotar contra el suelo y tienen una trayectora errática. Insisitó en que sólo usaron la lanzadera, un arma de precisión que dispara pelotas de espuma, que no rebota.
Un comisario contra la resistencia pasiva
“Resistirse no es pacífico”, dijo el comisario Sergi Pla en el programa Salvados de Jordi Évole. Hablaba sobre el desastroso desalojo de la plaza de Catalunya el 27 de mayo. “Si Gandhi hubiera estado allí, también habría pillado”, añadió. La frase le costó duras críticas y el escarnio público. Aunque, según fuentes de su entorno, él lo asumió con deportividad. Muchas horas de grabación, uno se suelta, y acaba diciendo lo que piensa.Pla, de 52 años, licenciado en Derecho y en Ciencias Policiales, fue nombrado comisario de los Mossos en diciembre de 2009 con Joan Saura (ICV). “Era un hombre de acción y a él le apetecía ir a los antidisturbios más que cualquier otra cosa”, explican fuentes del anterior Ejecutivo. Pla llevaba hasta ese momento cinco años en Tráfico. Antes había dirigido el despliegue de mossos en Badalona y en Sant Adrià, y, antes de eso, ya había formado parte de la División de Recursos operativos, vinculada a los antidisturbios.
Saura le ascendió debido a sus buenos resultados como jefe de Tráfico, donde redujo la siniestralidad. “La condición era que tendría pocos agentes a su cargo. Pensábamos que no iba a ser un problema, pero nos equivocamos”, aseguran esas mismas fuentes, que critican la deriva de los antidisturbios. Otras fuentes policiales le consideran un “buen profesional a pesar de su actitud chulesca”. Pla ingresó en mossos en 1996, procedente de la Policía Nacional, donde trabajó ocho años en estupefacientes. Condecorado con siete medallas, aguarda ahora su nuevo destino, después de que Puig haya aceptado su renuncia por no haberle entregado un informe clave sobre el 14-N.
“La información fue correcta, pero no completa”, alegó, a pesar de que el 3 de diciembre aseguró ante todos los partidos políticos que cerca de donde estaba la mujer (en paseo de Gràcia con la calle de Casp) no se disparó. Por eso, insistió Puig, no admite ningún error personal como jefe político de Interior. “Pedí toda la información”, indicó. Aunque asumió que, formalmente, es el “último responsable de todo lo que ha pasado”.
El desbarajuste de versiones ha supuesto el descrédito del consejero, de su director de la policía, Manel Prat, y del cuerpo de los Mossos d’Esquadra en general. Por ello Puig puso su cargo a disposición del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, que no aceptó su renuncia.
Antes de la rueda de prensa, Puig explicó a puerta cerrada a los diferentes partidos que la policía catalana disparó siete proyectiles cerca del área en la que sufrió el golpe Quintana (Gran Via, Diputació y Casp con Pau Claris y Roger de Llúria). Además, se lanzaron dos salvas (cartuchos sin pelotas). Esa información constaba ya en el informe previo del 21 de noviembre que no se le hizo llegar y del que desconocía su contenido cuando compareció en el Parlament el 3 de diciembre.
Un vídeo que se hizo público el jueves de la semana pasada fue el inicio del fin de la primera explicación mantenida por Interior sobre las cargas de los antidisturbios. En este se veía a un agente disparando a unos 100 metros de donde fue herida Quintana. Al día siguiente, el director de la policía pidió nuevos informes y descubrió que existía el del 21 de noviembre, donde ya se recogía ese disparo.
Fuentes policiales atribuyen a Puig un error de interpretación cuando aseguraron que no se disparó donde se encontraba la mujer herida, y que eso le llevó a afirmar que solo se disparó en vía Laietana. Además, el día de la huelga general, el director de la policía se encontraba en el Centro de Coordinación, donde junto a varios mandos policiales, seguían y dirigían las cargas de la Brigada Mòbil (Brimo, los antidisturbios) en directo. La actuación en paseo de Gracia fue algo caótica, según diversas fuentes.
El nuevo informe que presentó este jueves Puig desmenuzaba todos los disparos efectuados por la Brimo, por hora y lugar: 640 salvas y 62 pelotas de espuma. El responsable de Interior avanzó además que estudiarán la posibilidad instalar en las escopetas y en las lanzaderas un sistema de GPS para localizar cada uno de los movimientos de la policía. También se plantean colocar cámaras en los cascos de los escopeteros para grabar cada uno de sus movimientos. Todos los partidos pidieron la renuncia de Puig a ser de nuevo consejero de Interior, a excepción de ERC, que se dio por satisfecha con la salida del comisario Sergi Pla.
La realidad y el deseo
Luis García Montero
Y ahora van por los jueces
13 dic 2012
El ministro de Justicia ha afirmado que las protestas de los jueces no se deben a criterios éticos sobre sus reformas penales, sino al deseo de mantener privilegios en los sueldos y en la disposición generosa de sus vacaciones y de sus días de asuntos propios. ¡Ahora toca ir a por los jueces!
Primera cosa que nos dice la habladuría del ministro: a los gobernantes les interesa que los ciudadanos se odien entre sí. Por eso levantan rencores. Estos días hemos llegado a oír que parece justo reformar las pensiones y bajarlas porque a los funcionarios también se les ha quitado la paga de navidad. Combate, pues, de boxeo entre funcionarios y pensionistas. El descrédito de un grupo social resulta útil para desactivarlo. El descrédito, además, impide la solidaridad, la protesta en común, la lucha colectiva. Fragmentamos a la sociedad en jueces, pensionistas, funcionarios, enfermos, profesores, y acabamos de forma individual con los derechos de cada colectivo. Uno por uno hasta el naufragio final de todos.
Segunda cosa que nos dice la habladuría del ministro: el empobrecimiento calculado de la población española va a llegar a las clases medias-altas. Queremos pagar la deuda de los bancos de España con los bancos alemanes y no nos basta con empobrecer a los trabajadores y a las clases populares. La pérdida dolorosa de poder adquisitivo llegará también a la burguesía representada por los jueces. Y eso no significa que los pobres vayan a suavizar su sacrificio. Más bien se trata de que algunos aspirantes a ricos deben empobrecerse.
La acusación de vagos y maleantes se había limitado hasta ahora a sectores como el de la educación pública. Los maestros –nos dijeron- protestan ante los recortes porque se han acostumbrado a trabajar poco y a gozar de muchas vacaciones. La educación pública supone el mejor camino para la movilidad social. Facilita el equilibrio democrático de una sociedad no dividida por castas económicas desde la infancia. Degradar a un profesor es atacar el deseo de las clases más humildes, la ilusión de que sus hijos puedan un día disfrutar de un título universitario. Atacar a los jueces no supone ya negar a los de abajo el derecho a subir. Más bien implica avisar a los de arriba de que muchos de ellos deberán bajar.
Tercera cosa que dice la habladuría del ministro: las dificultades crean conciencia. Hace meses que los jueces están apiadándose de los ciudadanos que desahucian con la aplicación ciega de la ley. Según estudian sus asociaciones, los jueces han perdido en los últimos años más del 25 % de su poder adquisitivo. Seguro que algunos de ellos se habrán hipotecado para compra la buena casa que merece quien guarda la llave de la cárcel y la decisión última sobre la libertad de los ciudadanos. Si la hipoteca se lleva el 50% de una nómina, seguro que hay jueces que lo pasan mal en el supermercado. Le están viendo las orejas al lobo. Por eso son ahora más sensibles a las inseguridades penales y a las sombras que afloran en la reforma del ministro. Y el ministro no necesita jueces que miren a los ojos de la gente, sino funcionarios que apliquen las leyes como si se tratasen de protocolos nacidos al margen de la realidad. El protocolo previsto por el ministro busca la criminalización de la pobreza, no la reflexión sobre las injusticias sociales.
La última cosa que quiero decir sobre lo que dice la habladuría del ministro tiene que ver con la democracia. El ataque a las clases medias-altas fue una estrategia propia de los totalitarismos. Hitler, Mussolini y Primo de Rivera utilizaron la demagogia populista y humillaron a la burguesía para asaltar el corazón del Estado. El desprecio del ministro a los jueces ilumina hasta qué punto los poderes financieros están asaltando nuestra sociedad en un sentido totalitario. El secretismo del dinero representa hoy una agresión a la democracia tan grave como las versiones tradicionales del fascismo.
Conviene reaccionar y configurar nuevas mayorías que sean capaces de defender la democracia social frente al capital.
LA CRISIS DE LA SANIDAD PÚBLICA
Los enfermos crónicos pagarán por ir en ambulancia a sus tratamientos
Sanidad establece en cinco euros diarios la tarifa por los traslados no urgentes
Los pacientes con males metabólicos congénitos pagarán por su alimentación
El transporte sanitario no urgente era hasta ahora gratuito. / ULY MARTÍN
El Ministerio de Sanidad ya ha puesto precio al copago del traslado
no urgente en ambulancia: cinco euros por trayecto. Es la tarifa general
que recoge el último borrador sobre la orden del Gobierno por la que se
regulará la aportación de los pacientes al transporte sanitario no
urgente. La orden se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo
Interterritorial (donde están representadas todas las comunidades
autónomas y el Gobierno) previsto para el jueves 20 de diciembre y
extiende el copago a los enfermos crónicos, oncológicos y que precisen
hemodiálisis.
El copago en el transporte sanitario se fijó en el decreto ley de medidas urgentes en materia sanitaria aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril. En él se dividió la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en tres grupos: cartera básica, suplementaria y accesoria. Solo la primera quedó exenta de copago. Y el transporte sanitario no urgente, que hasta ahora era gratis en todas las comunidades, se incluyó en la cartera suplementaria, pero hacía falta una orden para regularla.
Las comunidades y el ministerio han estado trabajando en los últimos meses en la redacción de la norma y el Gobierno presentó el último borrador el pasado 5 de diciembre. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, fija las condiciones que deben cumplir los pacientes para acceder a este transporte y las cantidades que aportará cada usuario en función de su renta. Como norma general, Sanidad ha establecido una base de cálculo de 50 euros por traslado (independientemente del precio real del trayecto y de los kilómetros recorridos). El usuario pagará el 10% de esa tarifa, es decir, 5 euros por traslado. Si el desplazamiento es de ida y vuelta, cada trayecto se considera un traslado, por lo que el coste total será de 10 euros.
El borrador define el transporte sanitario no urgente como “el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria”.
Se establecen tres tipos de traslado: el que lleva al paciente desde un centro sanitario a su domicilio tras el alta hospitalaria o tras ser atendido en urgencias; el traslado “puntual” desde casa del enfermo al centro sanitario o del centro a su casa; y los trayectos “periódicos” desde el domicilio al centro y viceversa. Este tercer tipo supone que el copago se aplicará también para los enfermos crónicos o los que precisan acudir periódicamente a hemodiálisis o a recibir tratamiento oncológico y que, en los primeros borradores, estaban exentos.
En cambio, en las primeras redacciones el copago se extendía también a los traslados de pacientes entre distintos centros sanitarios, por ejemplo, cuando un enfermo necesita una prueba o una atención que no pueden facilitarle en el hospital en el que esté ingresado. Algunas comunidades pidieron a Sanidad que este supuesto quedara exento de aportación del paciente y, finalmente, el Ejecutivo central ha accedido a dejarlo fuera.
Como en el caso del copago farmacéutico, la orden fija unos topes máximos de aportación mensual en función de la renta. Y una novedad respecto al copago de medicamentos es que los pensionistas no tienen un tratamiento especial. Para la mayoría de los ciudadanos (población activa o pensionista con renta de entre 18.000 y 100.000 euros) el tope será de 20 euros al mes, el equivalente a cuatro trayectos. Si necesita más, no tendrá que pagarlos, aunque el borrador de la orden no concreta si, como ocurre con los fármacos, habrá que abonarlo por adelantado y luego la Administración devolverá las cantidades que superen este tope.
El límite mensual para los pacientes con rentas superiores a 100.000 euros anuales será de 60 euros. Y para los usuarios con rentas inferiores a 18.000, el tope será de 10 euros al mes, el mismo que para los beneficiarios de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionado por las mutuas de funcionarios. Para los pacientes que requieran traslados periódicos por un periodo superior a seis meses y con un mínimo de cuatro traslados por semana el tope será el mismo en función de su renta, pero tendrá carácter semestral en vez de mensual. Esta cláusula aliviará, por ejemplo, el copago de la mayoría de enfermos que se tengan que someter a diálisis, que acuden más de dos veces por semana al hospital y, generalmente, durante más de seis meses. Pero no a otros colectivos como los enfermos de cáncer, que pueden precisar un tratamiento de larga duración, pero menor a los seis meses, y que no van dos veces a la semana a recibirlo.
Solo quedan exentos del copago las personas afectadas por síndrome tóxico, los discapacitados que perciban una prestación social y económica, los perceptores de rentas de integración social o de pensiones no contributivas y los parados que hayan pedido la prestación.
Como en el caso de los medicamentos, son las comunidades autónomas las que hasta ahora pagan el transporte de los pacientes y las que gestionarán el copago. Sin embargo, mientras que para el copago farmacéutico las comunidades partían ya de un sistema de pago y de copago establecido, para el caso de las ambulancias, que hasta ahora eran gratis, tienen que empezar de cero. El último borrador de la orden les da seis meses de plazo para hacerlo a partir de la publicación de la orden en el BOE.
El Consejo Interterritorial de la semana que viene aprobará también, previsiblemente, la orden que regula el copago para los dietoterápicos, los productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición enteral, como algunos enfermos de cáncer, pacientes sometidos a cirugías digestivas o enfermos de Alzheimer.
Como en el caso del transporte no urgente, el último borrador, presentado también por el Gobierno el pasado 5 de diciembre, extiende el copago a los pacientes con trastornos metabólicos complejos, en general afectados por enfermedades raras, que necesitan el tratamiento durante toda su vida y para los que estos productos son, en muchos casos, la única fuente de alimentación. Estos pacientes quedaban exentos del pago en el primer borrador, pero Sanidad ha explicado a las comunidades que cuenta con un informe que concluye la imposibilidad de establecer excepciones distintas a las recogidas en el decreto ley de medidas urgentes que regula estos copagos. Es decir, solo quedarán exentos de pagar estos productos los mismos colectivos que en los otros copagos.
Los porcentajes de la aportación que le corresponde a cada paciente en función de su renta varían según el tipo de producto En un grupo de ellos, que incluye las leches hidrolizadas de lactantes con problemas de alergias o intolerancias a productos de la leche, se establecen los mismos porcentajes que para los fármacos: 60% para las rentas superiores a 100.000 euros; 50% para la población activa con rentas de entre 18.000 y 1000.000; 40% para los que cobren menos de 18.000; y 10% para los pensionistas. Para otro grupo de productos, entre ellos, los de uso mayoritario en adultos y niños con problemas metabólicos, la aportación será del 10% para todos los ciudadanos sea cual sea su renta.
Sanidad hizo un primer borrador en el que ya se alertaba de que el elevado precio muchos de estos tratamientos podría suponer que si se aplicaban unos porcentajes de copago similares a los de los fármacos la mayoría de los pacientes tendrían que abonar varios cientos de euros al mes. Para reducir estas cantidades, se han fijado unos importes máximos de aportación que, en la práctica, supone que la mayoría de los pacientes pagarán un euro al día por estos tratamientos, aunque la cantidad puede ser inferior en el caso de que el enfermo pueda alimentarse también por otros medios y los dietoterápicos supongan un complemento a su dieta.
El ministerio está también ya trabajando en la orden que regulará el copago en la prestación ortoprotésica, aunque en este caso todavía no hay un primer borrador. Pero del trabajo realizado hasta ahora por los expertos que están participando en la redacción se extraen ya conclusiones. Entre ellas, según fuentes presentes en algunas de estas reuniones, que solo tendrán derecho a silla de ruedas quienes se queden sin movilidad de forma permanente.
El copago en el transporte sanitario se fijó en el decreto ley de medidas urgentes en materia sanitaria aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril. En él se dividió la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en tres grupos: cartera básica, suplementaria y accesoria. Solo la primera quedó exenta de copago. Y el transporte sanitario no urgente, que hasta ahora era gratis en todas las comunidades, se incluyó en la cartera suplementaria, pero hacía falta una orden para regularla.
Las comunidades y el ministerio han estado trabajando en los últimos meses en la redacción de la norma y el Gobierno presentó el último borrador el pasado 5 de diciembre. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, fija las condiciones que deben cumplir los pacientes para acceder a este transporte y las cantidades que aportará cada usuario en función de su renta. Como norma general, Sanidad ha establecido una base de cálculo de 50 euros por traslado (independientemente del precio real del trayecto y de los kilómetros recorridos). El usuario pagará el 10% de esa tarifa, es decir, 5 euros por traslado. Si el desplazamiento es de ida y vuelta, cada trayecto se considera un traslado, por lo que el coste total será de 10 euros.
El borrador define el transporte sanitario no urgente como “el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria”.
Se establecen tres tipos de traslado: el que lleva al paciente desde un centro sanitario a su domicilio tras el alta hospitalaria o tras ser atendido en urgencias; el traslado “puntual” desde casa del enfermo al centro sanitario o del centro a su casa; y los trayectos “periódicos” desde el domicilio al centro y viceversa. Este tercer tipo supone que el copago se aplicará también para los enfermos crónicos o los que precisan acudir periódicamente a hemodiálisis o a recibir tratamiento oncológico y que, en los primeros borradores, estaban exentos.
En cambio, en las primeras redacciones el copago se extendía también a los traslados de pacientes entre distintos centros sanitarios, por ejemplo, cuando un enfermo necesita una prueba o una atención que no pueden facilitarle en el hospital en el que esté ingresado. Algunas comunidades pidieron a Sanidad que este supuesto quedara exento de aportación del paciente y, finalmente, el Ejecutivo central ha accedido a dejarlo fuera.
Como en el caso del copago farmacéutico, la orden fija unos topes máximos de aportación mensual en función de la renta. Y una novedad respecto al copago de medicamentos es que los pensionistas no tienen un tratamiento especial. Para la mayoría de los ciudadanos (población activa o pensionista con renta de entre 18.000 y 100.000 euros) el tope será de 20 euros al mes, el equivalente a cuatro trayectos. Si necesita más, no tendrá que pagarlos, aunque el borrador de la orden no concreta si, como ocurre con los fármacos, habrá que abonarlo por adelantado y luego la Administración devolverá las cantidades que superen este tope.
El límite mensual para los pacientes con rentas superiores a 100.000 euros anuales será de 60 euros. Y para los usuarios con rentas inferiores a 18.000, el tope será de 10 euros al mes, el mismo que para los beneficiarios de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionado por las mutuas de funcionarios. Para los pacientes que requieran traslados periódicos por un periodo superior a seis meses y con un mínimo de cuatro traslados por semana el tope será el mismo en función de su renta, pero tendrá carácter semestral en vez de mensual. Esta cláusula aliviará, por ejemplo, el copago de la mayoría de enfermos que se tengan que someter a diálisis, que acuden más de dos veces por semana al hospital y, generalmente, durante más de seis meses. Pero no a otros colectivos como los enfermos de cáncer, que pueden precisar un tratamiento de larga duración, pero menor a los seis meses, y que no van dos veces a la semana a recibirlo.
Solo quedan exentos del copago las personas afectadas por síndrome tóxico, los discapacitados que perciban una prestación social y económica, los perceptores de rentas de integración social o de pensiones no contributivas y los parados que hayan pedido la prestación.
Como en el caso de los medicamentos, son las comunidades autónomas las que hasta ahora pagan el transporte de los pacientes y las que gestionarán el copago. Sin embargo, mientras que para el copago farmacéutico las comunidades partían ya de un sistema de pago y de copago establecido, para el caso de las ambulancias, que hasta ahora eran gratis, tienen que empezar de cero. El último borrador de la orden les da seis meses de plazo para hacerlo a partir de la publicación de la orden en el BOE.
El Consejo Interterritorial de la semana que viene aprobará también, previsiblemente, la orden que regula el copago para los dietoterápicos, los productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición enteral, como algunos enfermos de cáncer, pacientes sometidos a cirugías digestivas o enfermos de Alzheimer.
Como en el caso del transporte no urgente, el último borrador, presentado también por el Gobierno el pasado 5 de diciembre, extiende el copago a los pacientes con trastornos metabólicos complejos, en general afectados por enfermedades raras, que necesitan el tratamiento durante toda su vida y para los que estos productos son, en muchos casos, la única fuente de alimentación. Estos pacientes quedaban exentos del pago en el primer borrador, pero Sanidad ha explicado a las comunidades que cuenta con un informe que concluye la imposibilidad de establecer excepciones distintas a las recogidas en el decreto ley de medidas urgentes que regula estos copagos. Es decir, solo quedarán exentos de pagar estos productos los mismos colectivos que en los otros copagos.
Los porcentajes de la aportación que le corresponde a cada paciente en función de su renta varían según el tipo de producto En un grupo de ellos, que incluye las leches hidrolizadas de lactantes con problemas de alergias o intolerancias a productos de la leche, se establecen los mismos porcentajes que para los fármacos: 60% para las rentas superiores a 100.000 euros; 50% para la población activa con rentas de entre 18.000 y 1000.000; 40% para los que cobren menos de 18.000; y 10% para los pensionistas. Para otro grupo de productos, entre ellos, los de uso mayoritario en adultos y niños con problemas metabólicos, la aportación será del 10% para todos los ciudadanos sea cual sea su renta.
Sanidad hizo un primer borrador en el que ya se alertaba de que el elevado precio muchos de estos tratamientos podría suponer que si se aplicaban unos porcentajes de copago similares a los de los fármacos la mayoría de los pacientes tendrían que abonar varios cientos de euros al mes. Para reducir estas cantidades, se han fijado unos importes máximos de aportación que, en la práctica, supone que la mayoría de los pacientes pagarán un euro al día por estos tratamientos, aunque la cantidad puede ser inferior en el caso de que el enfermo pueda alimentarse también por otros medios y los dietoterápicos supongan un complemento a su dieta.
El ministerio está también ya trabajando en la orden que regulará el copago en la prestación ortoprotésica, aunque en este caso todavía no hay un primer borrador. Pero del trabajo realizado hasta ahora por los expertos que están participando en la redacción se extraen ya conclusiones. Entre ellas, según fuentes presentes en algunas de estas reuniones, que solo tendrán derecho a silla de ruedas quienes se queden sin movilidad de forma permanente.
Qué habrá que pagar y qué no
- Se considera transporte sanitario no urgente el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria.
- La indicación del transporte sanitario no urgente requerirá prescripción de un médico.
- La base del cálculo es de 50 euros por trayecto y sobre esta cantidad el usuario aportará el 10% de la cuantía con los siguientes topes: activos o pensionistas: 60 € mensuales para los que tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales; 20 euros mensuales para los que tengan ingresos anuales entre 18.000 y 100.000, y 10 euros mensuales para las rentas inferiores a 18.000 euros al año y para los titulares o beneficiarios de mutualidades de funcionarios.
- Las personas que requieran traslados periódicos durante más de 6 meses y lo utilicen más de 4 traslados a la semana (dos servicios de ida y vuelta) tendrán el mismo límite de aportación pero con carácter semestral, en vez de mensual. Esto, en principio, incluye a los crónicos, paciente de diálisis, oncológicos, que pagarán el transporte sanitario no urgente, según recoge el borrador que representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas debatirán el próximo jueves 20 de diciembre.
- Quedarán exentos de estos pagos los siguientes grupos:
- Afectados por síndrome tóxico.
- Personas con discapacidad que sean beneficiarias del sistema especial de prestaciones sociales y económicas de la ley de integración de personas con discapacidad y las que se encuentren en supuestos de exención contemplados en su normativa específica.
- Perceptores de rentas de integración social.
- Perceptores de pensiones no contributivas.
- Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación.
- Personas que requieran tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, si bien su financiación correrá a cargo de la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina.
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Ruinas griegas
Grecia es el alumno díscolo de la UE, pero su crisis no se explica
únicamente mediante gráficas con perfil de precipicio o estadísticas de
infarto. La actual es también una crisis social, cultural y política;
está en juego su modelo de anclaje en Europa, pero también el reto de
conservar su idiosincrasia en un mundo global.
Un invierno sin calefacción
Por: María Antonia Sánchez-Vallejo | 13 de diciembre de 2012El norte de Grecia es un hermoso e ignorado territorio donde los Balcanes ponen sus barbas a remojar y otorgan al país mediterráneo un oscuro trasfondo geográfico. Desde el otoño hasta la primavera la luz parece tamizada por un cedazo de harina; una niebla como engrudo emborrona la perspectiva del horizonte y el hielo y la nieve erizan sembrados y campos. Es un paisaje casi líquido, como el de las películas de Theodoros Anguelópulos: los meandros de una naturaleza positivada en blanco y negro.
Mes y medio antes de que llegara el invierno, a primeros de noviembre, la temperatura en parte de la región descendió diez grados de golpe; también cayeron las primeras nieves. En el quinto año consecutivo de recesión –el próximo será el sexto-, la penuria de la crisis se confabula con el rigor del clima para pintar un panorama de miseria física, de puro aterimiento.
En los sucesivos ajustes impuestos por la troika a cambio de los recortes, el impuesto sobre el gasóleo para calefacción se ha incrementado hasta el 40%, mientras la población ha visto reducidos a la mitad sus ingresos.Como el bolsillo del ciudadano, el presupuesto para mantenimiento de las escuelas ha sufrido también un tijeretazo del 50%, por lo que muchos establecimientos educativos no podrán encender los radiadores este invierno, según ha alertado la Unión de Ayuntamientos de Grecia (KEDE, en sus siglas griegas).
Los hospitales también corren el riesgo de convertirse en cámaras frigoríficas. En el de Preveza, en la periferia de la región del Epiro, sólo los pacientes ingresados tienen calefacción en sus habitaciones, y con limitaciones: los radiadores eléctricos se encienden únicamente de 7 a 9 de la tarde. El resto de enfermos, y el personal sanitario, deben recurrir a las mantas, las bufandas y los mitones. El precio del gasóleo y los ajustes presupuestarios han yugulado la calefacción central, así que el establecimiento usa calefactores eléctricos, y los familiares de los hospitalizados dan calor con aparatos de aire caliente y estufas portátiles llevados desde casa. Los interruptores de la corriente eléctrica están conmutados para evitar que los empleados cedan a la tentación -o a la necesidad- y enciendan los radiadores fuera de esa franja horaria.
Los recortes han derivado en tragedia en la región de la Tracia, fronteriza con Turquía. En Mesoropi, una localidad situada entre Salónica y Kavala, tres hermanos de 5, 7 y 15 años murieron el sábado al prenderse una estufa de leña mientras pasaban el fin de semana con sus abuelos. La casa disponía de calefacción central, pero la familia, agobiada por la crisis, se calentaba con lumbres; la armazón del techo, de madera, se convirtió en una tea y una inmensa bola de fuego devoró la estructura del edificio, como se aprecia en la imagen. Los dos pequeños murieron carbonizados; el mayor, asfixiado al intentar salvarlos. El alcalde de Mesoropi confirmó que muchos vecinos han recuperado las añejas chimeneas y las salamandras con la crisis. La venta de leña es de los pocos negocios exitosos en el país, como muestra la fotografía de arriba, tomada esta semana en un almacén de madera en pleno casco urbano de Atenas.
Hace unos días, el ministro de Economía, Yanis Sturnaras, causó una sorda polémica al declarar que nadie puede vivir con 500 euros: a muchos les sonó a cinismo; otros lo encajaron como un comentario de mal gusto. Hoy mismo el Eurogrupo ha desbloqueado el esperado nuevo tramo de ayuda para Grecia, 49.000 millones de euros (34.000, de entrega inmediata) que inyectarán al país la liquidez justa para evitar in extremis la quiebra y en su mayor parte se destinarán a recapitalizar los bancos. Muy poco de ese dinero llegará a los radiadores de escuelas, hospitales y casas donde se muere literalmente de frío.
ENTREVISTA CON PEDRO CASALDALIGA,TEOLOGO DE LA LIBERACION " PUEDEN QUITARNOS TODO MENOS LA FIEL ESPERANZA"
Pedro Casaldáliga, obispo de la Teología de la Liberacion
POR PEDRO RAMIRO, MARÍA GONZÁLEZ REYES Y LUIS GONZÁLEZ REYES
A sus 81 años, el obispo emérito de la diócesis de São Felix do Araguaia es uno de los más destacados representantes de la Teología de la Liberación y se ha convertido en un referente para la izquierda latinoamericana. Desde que hace cuatro décadas llegó a Brasil para quedarse, su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los grupos sociales más oprimidos, así como su apoyo a los movimientos brasileños de campesinos sin tierra y a la revolución sandinista en Nicaragua en los años ochenta, hacen que Pedro Casaldáliga sea parte fundamental de la memoria viva de la lucha por la dignidad y por la liberación de los pueblos en América Latina.
A mediados del pasado mes de agosto, Pedro Casaldáliga recibía a un grupo de activistas sociales del Estado español en su humilde casa de São Felix, en el estado brasileño de Mato Grosso, para reflexionar que "la mundialización nos ha dado la oportunidad de reconocer que somos una sola humanidad. Somos todos iguales, debemos serlo, en dignidad y en oportunidades". Así se daba inicio a una conversación en la que se trató desde la situación política de Brasil hasta las perspectivas actuales de la Teología de la Liberación, pasando por el modelo de consumo o los retos de la izquierda latinoamericana.
Pedro Casaldáliga, obispo de la Teología de la Liberación
Desde la perspectiva que da el llevar ejerciendo muchos años el compromiso con las personas más desfavorecidas del planeta, ¿qué significado tiene para ti hoy la solidaridad?
La pregunta que se hace desde el Primer Mundo es ¿qué podemos hacer nosotros? Pues renunciar, por fin, que ya es mucho pedir, al privilegio de ser Primer Mundo. Renunciar a esta condición excepcional de una mínima parte de la Humanidad, si la comparamos con la inmensa mayoría de todo el Tercer Mundo. Estamos intentando subrayar siempre que la solidaridad ha dejado de ser aquella solidaridad paternalista, de enviar la ropa, los medicamentos, ciertos recursos... Ha de ser una solidaridad que va y que viene, mucho más concreta y mucho más exigente: damos y recibimos, para que también la propia solidaridad, además de alimentar personas y curar enfermedades, facilite y estimule la vivencia de la propia cultura. Porque nosotros ayudamos a personas que tienen una cultura, que no son simplemente un estómago y unas venas, sino que son pueblos. Por eso, hemos de procurar que la solidaridad sea constante, consciente, autocrítica, local y global: de ida y de vuelta.
Cuando te viste con Fidel Castro hace veinte años, él afirmó que "la Teología de la Liberación ayuda a la transformación de América Latina mucho más que millones de libros sobre el marxismo". ¿En que se basa actualmente la Teología de la Liberación?
A día de hoy, hay diferentes teologías de la liberación. Lo que se ha hecho es incorporar más explícitamente temas, sectores de la sociedad, de la vida, que antes no eran tan considerados. Han ido surgiendo las cuestiones asociadas a los indígenas, las mujeres, la ecología, los niños de la calle... Ahora, se trata de una teología enriquecida por las reivindicaciones de esos grupos emergentes y, por eso, la Teología de la Liberación ya es muy plural en sus objetivos, siempre dentro de la reivindicación de la liberación. Cuando pedimos liberación para el pueblo negro, pedimos que pueda sentirse con orgullo negro, y que no le sea privada la cátedra, la función publica, el gobierno, que no haya la segregación que todavía hay. Yes que cuando yo vine a América Latina, hace 41 años, los negros, en su inmensa mayoría, no se reconocían como tales. Incluso, se estiraban el pelo para que no pareciera cabello de negro. Ahora están recuperando su orgullo, su identidad. Algo parecido ha ocurrido con la población indígena. Cuando llegué a Brasil se decía que había 150.000 indios, mientras hoy hay un millón. En esta región, por ejemplo, los indígenas tapirapé reconquistaron su territorio, los karajá han reconquistado asimismo una parte de sus territorios, los xavante también... y todo eso tiene espíritu de Teología de la Liberación.
Una de las críticas que se le hace a la Teología de la Liberación por parte de los conservadores es que se trata de una teología muy materialista, que se preocupa mucho de intereses materiales, de necesidades físicas y olvida el espíritu, la oración. Ante eso, yo reivindicaría tres o cuatro trazos que serían indispensables en la Iglesia de Cristo: el primero, la opción por los pobres; el segundo, conjugar fe y vida; el tercero, la Biblia en manos del pueblo; cuarto, la solidaridad auténticamente fraterna.
¿Qué ha permitido que cuajase en América Latina?
En América Latina, la Teología de la Liberación se desarrolló en un momento muy oportuno: acababa de acontecer el Concilio Vaticano II, en el año 1968
cuando yo llegué aquí- corrían vientos de cambio, tenían lugar las dictaduras militares, con lo que el contexto fue propicio para plantar pie y echarse a la liberación. Además, en América Latina hay una cierta unidad de continente. Es el único continente que puede llamarse la patria grande: Nuestra América, como decían los libertadores. Eso facilitó que surgiese una teología característicamente latinoamericana.
Recuerdo siempre cómo las persecuciones, los exilios, las torturas, los mártires, conjugaron mejor toda la realidad latinoamericana. Aquí en Brasil a veces se sentía que estábamos un poco distantes de la América Latina hispanoparlante: un país demasiado grande, con otro idioma... Pero después de todas esas dictaduras militares, donde se mezclaron los cantos y se mezcló la sangre, América Latina es más ella, y es ella y el Caribe. Eso sí, yo prefiero la expresión Nuestra América, porque los libertadores usaban más esa denominación: Bolívar, Martí, Sandino, Fidel...
En la Agenda Latinoamericana que elaboráis cada año, que sirve de base de trabajo a muchos activistas del continente, en 2009 habéis puesto como título "Hacia un socialismo nuevo". ¿Qué quiere decir esto del socialismo nuevo?
¿Quién lo sabe? (risas) Se podría decir también izquierda, o socialismo, pero en cualquier caso hay unas cuantas exigencias indispensables: primero, no se puede tener como objetivo el lucro; segundo, ha de haber una cierta igualdad, unos niveles bastantes igualitarios, por ejemplo, en los salarios de un ministro y de un campesino; se ha de reivindicar un intercambio de países de igual a igual y, finalmente, no se puede aceptar que el capital se haga el dueño del trabajo, de la economía y de la propia democracia.
Como estamos viendo con el caso de Honduras, ¿pueden volver los tiempos de los golpes de Estado a América Latina?
Quién sabe. Al menos, en Nicaragua y El Salvador, ya no podrá haber nunca lo que hubo: habrá injusticias, habrá situaciones complicadas, pero una revolución bastante popular no se pierde por completo.
Eso sí, el hecho de que un país pueda ser masacrado constantemente y no haya nadie que pueda intervenir en eso, da prueba de que la Humanidad está mal. El socialismo no puede aceptar la idea del colonialismo, del imperialismo. En este sentido, debemos gratitud a Cuba, porque, con todos sus pecados y sus excesos, el hecho de contestar tercamente al imperio es un gran servicio para América Latina y para el mundo. En ese sentido, una política mundializada podría suponer una oportunidad global.
Has venido haciendo también mucho hincapié en el problema del consumismo.
Hasta ahora el consumismo ha sido visto como un exceso de vanidades, que si hay que tener cuarenta pares de zapatos, dos televisiones, etc. Pero esto es mucho más serio: se consumen derechos, se consumen necesidades. Si hay un 20 por ciento de personas y familias que están en la situación de estar bien, que viven en la civilización del bienestar, hay un 80 por ciento que no tiene lo fundamental. El consumismo es capitalista, y todo lo malo que tiene el capitalismo lo tiene el consumismo. Si comparas lo que pasa cuando hay un terremoto en Japón y cuando sucede en Honduras, ves que en un sitio mueren tres personas y en el otro, dos mil. Los países del Primer Mundo se permiten ir haciendo, y detrás de nosotros, dicen, el diluvio. Porque lo primero que se mira no es el mundo, es la propia casa.
Para la agenda del año que viene, proponéis como lema "Salvémonos con el planeta".
Dentro de esta visión de globalidad, descubrí por fin que el planeta es nuestra única casa. Y no hay modo de salvarnos nosotros si no salvamos el planeta. Mejor aún: es bueno recordar que podemos acabar los hombres completamente y el planeta seguirá. Hasta por egoísmo, diríamos, ahora nosotros sólo nos salvamos si es con el planeta.
Se ha creado una conciencia que antes no existía: la Amazonia ha sido prácticamente descubierta, por decirlo así, en los últimos tiempos. Para la Iglesia, no existía la Amazonia. Hubo actitudes de algunos "avanzados", más bien con ideas bucólicas que políticas, que eran definidos como unos quijotes simpáticos pero no pasaban de ahí. Últimamente, con la globalización, diversos técnicos y científicos recuerdan que la cosa va en serio. Y se ha llegado a una postura más política.
Frente a todo ello, ¿qué se puede hacer?
Ha de ser un gran proceso de conversión, un cambio de mentalidad. Mientras que creamos que podemos tener todo lo que queramos, no hay solución. Precisamente porque la situación es global, ha de llegar a todas las bases la propuesta de dar una conciencia crítica sobre la situación real. Cada familia tiene el derecho y el deber de poner un cierto tope: si por un lado el padre está en una ONG de solidaridad y por otro lado el hijo está consumiendo a mansalva, con esa conducta estamos desmoralizando lo que estamos construyendo.
Es bueno que salgan tantas noticias en boletines alternativos, para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Como dicen muchos especialistas, no va a haber problemas: ya los hay y llegamos tarde, había que resolver las cosas anteayer. Otros, más esperanzados, dicen que todavía hay tiempo, que aún se pueden resolver los problemas. Sólo que para eso se necesitan políticas oficiales. Es un gesto que una familia tenga un coche en vez de tener tres, pero no resuelve el problema del petróleo.
¿Dónde queda entonces la política?
Solo se puede resolver el problema si hay, de forma simultánea, políticas oficiales y políticas domésticas, grupales, de partidos, asociaciones, ONG. Como se está diciendo mucho ahora, hay que trabajar localmente y globalmente. Hay que dar más valor a la política. Hay que meterse en política, hay que asumir la vocación política. Si no, nos quedamos en cantar canciones de protesta. La política ha sido desmoralizada, ha ido quedando en manos de gente sin conciencia social ni responsabilidad. Tanto los partidos como los sindicatos han supuesto muchas decepciones, pero continúan siendo válidos, aunque ya no son tan hegemónicos porque también hay muchos movimientos sociales y ONG que son muy valiosos.
Las mejores ONG son las muy politizadas: cuidan de ayudar estimulando, ayudar propiciando la acción y la formación. Se debería pedir que las ONG hicieran un examen de conciencia política. Porque están ayudando, sí, pero ¿y estructuralmente? La Iglesia católica siempre ha hecho caridad, pero si no nos metemos con las estructuras, continuaremos con unas que son nefastas.
A un año de las elecciones generales en Brasil, ¿cuál es tu valoración del del Gobierno de Lula?
Lula, aunque quisiera, no podría hacer un Brasil socialista. Ahora bien, él podría propiciar muchos gestos que fueran hacia el socialismo: rebajar los salarios de los más ricos y subir el de los más desfavorecidos; facilitar oportunidades a los grupos humanos que no las tenían; poner el trabajo por encima del capital; no entregarse en cuerpo y alma al agronegocio, sino a la agricultura familiar. ¿Se puede exportar? Claro que sí, pero no dando prioridad a lo que no es prioritario. Su lema del mandato ha sido: que todos los brasileños coman una vez por día. Eso es un paso de proto- socialimo, qué menos que eso, ¿no? Pero, así con todo, hay millones que no comen cada día. Y qué jefe de Estado ha tenido la popularidad del 80 por ciento que ahora tiene Lula.
¿Cómo valoras el papel de los movimientos antiglobalización, los encuentros del Foro Social Mundial y las organizaciones que defienden que "otro mundo es posible"?
Esa conciencia mundializada nos ayuda a comprender que debemos transformar el mundo. No vale con cuidar solo la propia casa y el propio país. La utopía se hace así más posible, porque ya es una utopía con visión política, de solidaridad, con actitudes concretas. Años atrás, ¿quién podría pedir un gobierno mundial? Hoy, hablar de ello ya no es tan utópico. La utopía es hija de la esperanza. Y la esperanza es el ADN de la raza humana. Pueden quitárnoslo todo menos la fiel esperanza, como digo en un poema. Ahora bien, ha de ser una esperanza creíble, activa, justificable y que actúa. Por eso la Teología de la Liberación ha insistido tanto en la praxis: si decimos que Dios es amor hay que practicarlo; si es vida, hay que potenciar la vida. La religión no es praxis, nos decían, es fe. Pero la fe sin praxis es una quimera, y también un sarcasmo. Teóricamente, la cosa está clara; ahora, en la práctica, vamos a ver…
Revista Pueblo, No. 39, septiembre de 2009.
Dossier del Blog El Muerto
Sor Léonie y sor Alice
Los represores llamaban "las monjitas voladoras" a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet fotografiadas en la ESMA
Quien caía secuestrado por la dictadura podía tener tres destinos: que lo liberaran después de unos días o unos años, que lo fusilaran o que muriera en plena tortura o como punto final de esta. Los cuerpos eran enterrados como NN, o entregados a sus familiares como guerrilleros muertos en combate o arrojados al Río de la Plata, al Atlántico o al delta del río Paraná. Cuando un detenido salía de la ESMA con rumbo al vuelo final, se decía que era traslado, pero sus compañeros de cautiverio no sabían qué le iba a suceder.
“El traslado era un enigma, había un silencio sepulcral”, cuenta Ana María Careaga, superviviente de otro centro clandestino de detención, El Atlético, e hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que estuvo en la ESMA y murió en uno de los vuelos de la muerte. Los marinos llevaban en camiones a los detenidos hasta el cercano aeropuerto de Buenos Aires para vuelos domésticos, el Jorge Newbery, u otras bases aéreas y desde allí partían vuelos pilotados por integrantes de la Armada o de la Prefectura Naval (policía de mares y ríos). Las víctimas eran drogadas con pentotal, un barbitúrico que las sedaba por completo pero por poco tiempo. Alguien los empujaba del avión desnudos, atados de manos y pies, encapuchados y golpeados.
Con este tipo de aviones se hicieron los "vuelos de la muerte".
Solo algunos cuerpos fueron encontrados e identificados, como el de la madre de Ana Careaga, Esther Ballestrino, y el de otras cuatro mujeres que con ella integraban el grupo de los 12, que se reunían en la iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de desaparecidos y que fueron secuestrados después de que el marino Alfredo Astiz, El Ángel Rubio, se infiltrara entre ellos. Entre esos restos identificados en 2005 figuran los de otras dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce, y el de una de las dos monjas francesas de aquel grupo, Leonnie Duquet. “Las monjitas voladoras”, bromeaban los marinos en la ESMA, orgullosos de haber inventado un nuevo método de exterminio.
Duquet a la izquierda y Domon a la derecha. La primera llegó a la Argentina en 1949; la segunda, en 1967. Casi dos años después del golpe de Estado de 1976, fueron secuestradas por los militares
Alfredo Astiz se escondió mientras declaraba Gabrielle Domon, hermana de Alice Domon
Gabrielle Domon, hermana de una de las dos monjas francesas secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en 1977, expresó hoy su esperanza "de que este juicio llegue a la verdad", al brindar un testimonio en el que intentó "hacer comprender que esta mujer no era una terrorista". Astiz escuchó en un cuarto contiguo La hermana de la religiosa Alice Domon, secuestrada el 8 de diciembre de 1977 junto el primer grupo de Madres de Plaza de Mayo al término de una misa en la Iglesia de la Santa Cruz de esta capital, se constituyó hoy en la primer testigo en declarar en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5.
El principal imputado por este hecho, el ex marino Alfredo Astiz, alias "El Ángel Rubio", y quien se infiltró en el grupo como presunto familiar de un desaparecido, prefirió no escuchar a la testigo en persona y hacerlo desde un cuarto contiguo. La mujer, junto con varios de sus cinco hermanos, hijos y sobrinos viajaron especialmente desde Francia para esta audiencia, aunque aclaró que desde hace ya algunos años están aquí "siguiendo los pasos de Alice en la Argentina". "Busco hacer comprender que esta mujer no era una terrorista", afirmó la pariente de la religiosa al justificar las cartas recibidas en los años anteriores al secuestro de su hermana en las cuales ratificaba "su compromiso con los pobres y los más necesitados".
A su vez, dijo que junto con sus familiares directos se hallaban "felices de participar (en el juicio) para que se haga justicia", a la vez que expresó su esperanza de que se "llegue a la verdad y tal vez dé alguna respuesta a nuestras demandas". El inicio de la audiencia se demoró más de una hora debido a las dificultades en el traslado de los detenidos, por lo que además de Astiz, no estuvo presente -entre otros acusados- el ex represor Jorge "El Tigre" Acosta.
Detenidos 3 pilotos argentinos que arrojaron al mar a monja durante la dictadura Alfredo Astiz, el Angel Rubio de la Muerte Alfredo Astiz, el Angel Rubio de la Muerte
La testigo reconoció la letra de una carta que habría escrito su hermana durante su cautiverio en la ESMA obligada por sus secuestradores, y dirigida al titular de la Orden religiosa a la cual pertenecía, junto a la otro monja secuestrada, Leonie Duquet.
Junto a ella se le exhibió una copia de la fotografía de las dos monjas debajo de una bandera de la organización Montoneros, que fue tomada en los sótanos de la ESMA y difundida luego en los medios internacionales, para hacerlas aparecer como integrantes de esa organización armada. En su relato de aproximadamente dos horas, leyó párrafos de aquellas cartas enviadas por su hermana a principios de 1977 a su regreso de Francia en las que daba cuenta de la "difícil situación" que se vivía en la Argentina, donde "la persecución es cada vez más grande".
"Vale la pena dar la vida solidaria con los que sufren por la misma causa", señala la religiosa en ese texto en el que da cuenta además de su "acompañamiento" a los primeros grupos de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Al respecto, Alice Domon decía tener "miedo de dejarlas solas" y por esa razón estaba organizando retiros espirituales "para que juntos meditemos en el sacrificio que les es pedido para no correr el riesgo de estar desesperadas en el momento que mas necesiten de Dios".
Respecto de la desaparición de su hermana, recordó haberse enterado el 10 de diciembre de 1977 del secuestro de las dos religiosas a través de un cable de la agencia AFP y que de inmediato su padre y el resto de su familia se movilizó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. "En el momento pensamos que habría un juicio y que las íbamos a encontrar. Si bien estaban en prisión (pensaban) que les iban a hacer algún reproche y que iban a salir", recordó.
Al respecto la jerarquía eclesiástica de Francia y el gobierno realizaron los primeros reclamos, pero las respuestas del gobierno argentino fueron meramente formales, sin dar datos concretos acerca del paradero de las monjas. Igual suerte corrieron las cartas enviadas al Vaticano y al Papa "gestiones que eran respondidas de manera administrativa expresando el apoyo pero nada concreto". "A través de los años mi padre dio su vida y no sabía a dónde dirigirse para saber lo que había pasado con su hija", explicó, a la vez que recordó que Astiz había sido juzgado en rebeldía por la justicia francesa y condenado a prisión perpetua el 16 de marzo de 1990.
Amalia Larralde sobreviviente de la ESMA, relató desde su secuestro el 15 de agosto de 1978, a partir del cual fue sometida a sesiones de torturas en dicho centro clandestino de detención. Quien constituyó la primera testigo en haber vivido personalmente los horrores propios y de otros detenidos ratificó la existencia de "traslados", nombre con el que eufemísticamente se denominaba a los llamados "vuelos de la muerte" y la aplicación de inyecciones de "pentonaval" a los prisioneros que luego iban a ser arrojados a las aguas del Río de la Plata. Entre ellos mencionó al dirigente Daniel Echeverría, quien había sido herido en una pierna y quien fue inyectado por "un enfermero".
Larralde hizo referencia al parto de la detenida embarazada Patricia Rosemblit, a quien asistió junto con un médico de apellido Magnasco, a la vez que recordó que "muchos oficiales estaban al corriente de esto".
A su vez, mencionó que Acosta le había advertido: "vos no viste nada de esto", en ocasión de asistir a otras mujeres a punto de que dieran a luz en la ESMA, en colaboración de otra sobreviviente Sara Solarz.
También recordó que en el último tiempo de permanencia en la ESMA se vivió un clima "esquizofrénico" cuando Acosta, jefe de Inteligencia y del grupo de Tareas 3.3.2 iba a ser trasladado.
"Los mandos le criticaban haber dejado gente viva" y se reprochaban "haber construido un monstruo difícil de controlar", explicó Respecto de la primera de esas aseveraciones, Larralde coincidió con los dichos de Acosta en este mismo juicio semanas atrás, y la segunda frase se atribuye al ex comandante en Jefe de la Armada Eduardo Emilio Massera.
"Acosta pidió ir a España pero los reyes no quisieron", relató a la vez que mencionó que por esa época "nos llevaban a comer afuera y tanto él como sus oficiales eran imbancables".
ARGENTINA: LOS CURAS EN LA OPCION POR LOS POBRES CRITICARON DURAMENTE EL DOCUMENTO OBISPAL
Carta a los “hermanos mayores”
El grupo que lidera Patiño Mayer no ahorró palabras para señalar lo “insuficiente” del escrito difundido el viernes. Una ácida comparación entre las críticas al aborto y la homosexualidad, y la complacencia con la tortura.Por Washington Uranga / Página 12
Los obispos rechazaron haber sido cómplices de la dictadura, los curas les piden una disculpa sincera.
El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres calificó de “pobre” e “insuficiente” el documento emitido el viernes por la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. En el escrito, los obispos católicos retoman el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y aluden a los señalamientos de complicidad con el régimen que se le hacen a la jerarquía católica, situación que fue reconocida recientemente por el dictador Jorge Videla. Lamentan los curas que los obispos hayan perdido otra oportunidad y sostienen que “tanta reticencia durante años a llamar las cosas por su nombre no nos permite confiar plenamente como quisiéramos en la efectividad de estas declaraciones”.
El documento de la Conferencia Episcopal fue también una respuesta a un reclamo planteado por un grupo de aproximadamente cuatrocientos laicos cristianos liderados por el escribano Hernán Patiño Mayer, que exigieron a sus obispos un pronunciamiento sobre un tema que parecía definitivamente cerrado para las autoridades de la Iglesia.
En uno de los párrafos más críticos de la declaración el grupo de sacerdotes dice que “debemos confesar que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más grave que la tortura; que el sexo pre-matrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas-desaparecidas; que engendrar hijos fuera del sacramento del matrimonio sea más grave que apropiarse de niños después de tirar al mar a sus padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas”.
Los Curas en la Opción por los Pobres rechazan la llamada “teoría de los dos demonios” en la cual –dicen– se enmarca el documento episcopal al equipar el “terrorismo de Estado” con la “violencia guerrillera”. Pero respecto de las complicidades entre la dictadura y la jerarquía, los sacerdotes recuerdan que en sus declaraciones “el genocida Videla fue más allá del reconocimiento de una connivencia entre la conducción facciosa del Estado y la cúpula eclesiástica”, ponen en duda las palabras del arzobispo José María Arancedo, quien niega que tal connivencia haya existido, y señalan que existen otras “muchas instancias que no son tenidas en cuenta en el documento” episcopal.
Otro tema está referido a cuánto sabían los obispos de entonces –a quienes la jerarquía menciona como “hermanos mayores”– sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Los curas dicen que “no hace falta demasiada investigación” porque allí están los discursos de monseñor (Victorio) Bonamín, monseñor (Antonio) Plaza, monseñor (Adolfo) Tortolo (presidente de la CEA), por nombrar solo los más emblemáticos”.
Denuncia también el grupo de sacerdotes que, más allá de los párrafos de documentos con los cuales los obispos intentan justificar que algo hicieron en materia de denuncia, “sabemos bien que fueron muchas las voces eclesiásticas episcopales o presbiterales que justificaron la tortura públicamente como un ‘mal menor’, e incluso participaron de las mismas”.
El documento que lleva la firma de Juan Carlos Baigorri, Marcelo Ciaramella, Roberto Murall y Eduardo de la Serna, integrantes del secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, dice que “no se entiende el tibio y limitado pedido de perdón de 2000 si realmente creen que hicieron todo lo debido y necesario. No se entiende el silencio de los nombres de nuestros mártires desaparecidos, asesinados o torturados, como el obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Carlos Bustos, Pablo Gazzarri, Mauricio Silva, Orlando Yorio, Francisco Jálics, Wenceslao Pedernera, Alice Domon, Leonie Duquet y tantos otros, si el supuesto pedido de perdón se pretende serio y responsable”.
Señalan también que en la sociedad faltan muchos sectores que no han hecho su “mea culpa, pero no se trata de especular con el mal de muchos sino de afirmar lo que se espera del pastor: que dé ‘la vida por sus ovejas’”.
Y en referencia a lo que ahora está ocurriendo advierten que “cuando se avanza en los juicios, se escuchan voces que hablan de reconciliación, de perdón, deslizando la idea implícita de que los juicios son motivados por venganza o revanchismo, desdiciendo todo lo que han afirmado de ‘la verdad y la justicia’”. Dicen también los curas que les gustaría ver “una cercanía fraterna de los obispos con los organismos de derechos humanos que siguen luchando por la verdad, la memoria y la justicia en especial las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como en su momento lo hicieron con cariño y valentía Jorge Novak y Jaime de Nevares” para subrayar que “hoy –como ayer– más bien percibimos distancia”.
Desestiman los curas el pedido genérico de perdón hecho por los obispos “porque el pedido de perdón debe ser concreto”, señalando que “ninguno de nosotros (como sacerdotes) aceptaría una confesión tan genérica sin reconocimiento concreto de las faltas o delitos cometidos”. Ante la presunta disposición de la jerarquía a profundizar las investigaciones los sacerdotes denuncian que la Conferencia Episcopal posee “libros bastante documentados sobre este y otros temas semejantes”, piden que los obispos “colaboren en todo con la Justicia, se acerquen a aportar toda la información disponible, y acepten los fallos correspondientes para cerrar heridas no desde el olvido y la impunidad, sino desde la verdad y la justicia que tanto proclamamos”, lamentan que no se encare la complicidad de los capellanes militares con el genocidio, mientras el “condenado por la Justicia Christian von Wernich no fue suspendido en sus licencias o expulsado del ministerio” y “Videla sigue comulgando y lo dice abiertamente a pesar de haber reconocido públicamente su delito que parece no ser entendido como pecado”.
ARGENTINA: EL CENTRO NUEVA TIERRA DE OBISPOS CATOLICOS SE SUMO A LOS DOCUMENTOS CRITICOS AL EPISCOPADO
El Episcopado, presidido por José María Arancedo, emitió un documento opositor antes del 7D.
Por Washington Uranga / Página 12
El Centro Nueva Tierra, una organización que reúne a cristianos, laicos y religiosos de diversas iglesias (católicos en su mayoría), emitió un comunicado en el que “lamenta” la última declaración de los obispos, exige a la jerarquía católica una toma de posición clara sobre los delitos de lesa humanidad, la asunción de responsabilidades para parte de la Iglesia institucional en relación con su actuación durante la dictadura militar y considera “este momento histórico del país y de nuestra patria grande como un período sumamente esperanzador y exigente”, reconociendo en la Argentina “un proceso de inclusión en marcha –difícil, limitado, imperfecto, contradictorio, desafiante– que pone en el centro, como sujeto, a los sectores populares y sus derechos, e invita a todos a trabajar en su profundización”.
En el mismo pronunciamiento, titulado “democracia, esperanza y opción por los pobres en la Argentina hoy” el grupo lamenta “el último documento de los obispos argentinos por cuanto entendemos que su mirada de la realidad no se corresponde con la opción preferencial por los pobres”. Subraya el documento que el planteo de la jerarquía católica “parece ser desde la agenda y los temas de interés de los grupos de poder”. De esta manera, el Centro Nueva Tierra sumó una crítica más a la declaración que el episcopado católico difundió adelantándose a la Navidad y que, el próximo martes 18, será motivo de un encuentro entre las autoridades eclesiásticas y la presidenta Cristina Fernández.
Dicen los cristianos de Nueva Tierra que en la Argentina “sigue pendiente una palabra institucional y valiente que asuma y condene el vínculo de la jerarquía católica con los crímenes de la última dictadura militar. La proclamada Verdad reclama que ese Nunca Más de la Iglesia Católica todavía faltante se concrete”. Sobre el mismo tema, la declaración asegura que “el silencio, la evasión, la vaguedad, son elocuentes para comprender la posición de la jerarquía católica como actor político en el momento actual”, porque “la pasión por la verdad no se entiende sin la pasión por la memoria y la justicia”.
El Centro Nueva Tierra sostiene que “hemos optado por el compromiso solidario ecuménico con los más pobres y la construcción de un país con igualdad y justicia social”, y desde esa perspectiva afirma que “son muchos los logros y mucho lo que falta aún en la búsqueda de una vida digna para todos”. Por eso, reitera, “trabajamos día a día para profundizar este camino promoviendo y exigiendo políticas públicas democráticas, distributivas, consistentes y eficaces; con solidaridad y buena voluntad no alcanza”.
Como lo han hecho otros grupos cristianos en los últimos días, Nueva Tierra dice que “encontramos esperanza en estos tiempos de avance y en el proceso social de largo aliento involucrado”, porque “de una manera insuficiente, parcial, perfectible y –a la vez– bienvenida; trabajo y educación vuelven a ser, efectivamente, ejes centrales para la construcción de mayor igualdad y ampliación de los grados de libertad de nuestro pueblo”. Asegura también que “vivimos en una sociedad atravesada por el conflicto democrático y celebramos el debate ciudadano y la mayor participación –especialmente juvenil– que el momento habilita en el compromiso por una sociedad más justa”.
Al reconocer los problemas, los cristianos señalan que “aunque es evidente que no estamos en el mismo lugar que en el año 2001 o en la década del ’90, momentos de catástrofe social, ausencia del Estado y primado de los privilegios de unos pocos; los logros concretados nos permiten dar cuenta del espesor y la urgencia de lo que todavía falta”.
Proponen entonces que “ir más allá implica seguir trabajando en la democratización de la sociedad y del Estado en todos sus niveles”. Entre otras cosas, subraya la organización que reúne a cristianos enrolados en la opción por los pobres, “precisamos un Estado laico que responda a los intereses del pueblo y no a los poderes fácticos, adalides de una Argentina desigual que se expresan (si lo hacen) negando sus intereses políticos reales”.
En clara alusión al pronunciamiento episcopal de los últimos días, Nueva Tierra sostiene ahora que “los argentinos y argentinas necesitamos hoy mensajes de esperanza y alimento espiritual para las luchas por un país cada día más justo”, porque “no se trata, en ese plano, de posicionarse como oficialismo u oposición sino del lado de los más humildes”. Agregan que “atravesamos un tiempo largo de adviento que interpela a la recreación de una conciencia ética que descubra a Jesús en el otro pobre. Y al pobre, hoy, como aquel que desde su ser otro, frente a la moral de los sectores dominantes, pelea por sus derechos y los elige”. Y sentencian que “la democracia es una mediación y una posibilidad concreta para traducir esa elección cotidiana en decisión colectiva”, para lo cual hay que “renovar la alegría, el coraje y el compromiso”.
“Un período sumamente esperanzador”
La reacción de distintos sectores de la Iglesia ante las críticas del Episcopado no cesa. Esta vez, un grupo de obispos destacó que en la Argentina “se está viviendo un proceso de inclusión en marcha”. El 18 se reúne el Episcopado con la Presidenta.
El Episcopado, presidido por José María Arancedo, emitió un documento opositor antes del 7D.
Imagen: DyN
Por Washington Uranga / Página 12
El Centro Nueva Tierra, una organización que reúne a cristianos, laicos y religiosos de diversas iglesias (católicos en su mayoría), emitió un comunicado en el que “lamenta” la última declaración de los obispos, exige a la jerarquía católica una toma de posición clara sobre los delitos de lesa humanidad, la asunción de responsabilidades para parte de la Iglesia institucional en relación con su actuación durante la dictadura militar y considera “este momento histórico del país y de nuestra patria grande como un período sumamente esperanzador y exigente”, reconociendo en la Argentina “un proceso de inclusión en marcha –difícil, limitado, imperfecto, contradictorio, desafiante– que pone en el centro, como sujeto, a los sectores populares y sus derechos, e invita a todos a trabajar en su profundización”.
En el mismo pronunciamiento, titulado “democracia, esperanza y opción por los pobres en la Argentina hoy” el grupo lamenta “el último documento de los obispos argentinos por cuanto entendemos que su mirada de la realidad no se corresponde con la opción preferencial por los pobres”. Subraya el documento que el planteo de la jerarquía católica “parece ser desde la agenda y los temas de interés de los grupos de poder”. De esta manera, el Centro Nueva Tierra sumó una crítica más a la declaración que el episcopado católico difundió adelantándose a la Navidad y que, el próximo martes 18, será motivo de un encuentro entre las autoridades eclesiásticas y la presidenta Cristina Fernández.
Dicen los cristianos de Nueva Tierra que en la Argentina “sigue pendiente una palabra institucional y valiente que asuma y condene el vínculo de la jerarquía católica con los crímenes de la última dictadura militar. La proclamada Verdad reclama que ese Nunca Más de la Iglesia Católica todavía faltante se concrete”. Sobre el mismo tema, la declaración asegura que “el silencio, la evasión, la vaguedad, son elocuentes para comprender la posición de la jerarquía católica como actor político en el momento actual”, porque “la pasión por la verdad no se entiende sin la pasión por la memoria y la justicia”.
El Centro Nueva Tierra sostiene que “hemos optado por el compromiso solidario ecuménico con los más pobres y la construcción de un país con igualdad y justicia social”, y desde esa perspectiva afirma que “son muchos los logros y mucho lo que falta aún en la búsqueda de una vida digna para todos”. Por eso, reitera, “trabajamos día a día para profundizar este camino promoviendo y exigiendo políticas públicas democráticas, distributivas, consistentes y eficaces; con solidaridad y buena voluntad no alcanza”.
Como lo han hecho otros grupos cristianos en los últimos días, Nueva Tierra dice que “encontramos esperanza en estos tiempos de avance y en el proceso social de largo aliento involucrado”, porque “de una manera insuficiente, parcial, perfectible y –a la vez– bienvenida; trabajo y educación vuelven a ser, efectivamente, ejes centrales para la construcción de mayor igualdad y ampliación de los grados de libertad de nuestro pueblo”. Asegura también que “vivimos en una sociedad atravesada por el conflicto democrático y celebramos el debate ciudadano y la mayor participación –especialmente juvenil– que el momento habilita en el compromiso por una sociedad más justa”.
Al reconocer los problemas, los cristianos señalan que “aunque es evidente que no estamos en el mismo lugar que en el año 2001 o en la década del ’90, momentos de catástrofe social, ausencia del Estado y primado de los privilegios de unos pocos; los logros concretados nos permiten dar cuenta del espesor y la urgencia de lo que todavía falta”.
Proponen entonces que “ir más allá implica seguir trabajando en la democratización de la sociedad y del Estado en todos sus niveles”. Entre otras cosas, subraya la organización que reúne a cristianos enrolados en la opción por los pobres, “precisamos un Estado laico que responda a los intereses del pueblo y no a los poderes fácticos, adalides de una Argentina desigual que se expresan (si lo hacen) negando sus intereses políticos reales”.
En clara alusión al pronunciamiento episcopal de los últimos días, Nueva Tierra sostiene ahora que “los argentinos y argentinas necesitamos hoy mensajes de esperanza y alimento espiritual para las luchas por un país cada día más justo”, porque “no se trata, en ese plano, de posicionarse como oficialismo u oposición sino del lado de los más humildes”. Agregan que “atravesamos un tiempo largo de adviento que interpela a la recreación de una conciencia ética que descubra a Jesús en el otro pobre. Y al pobre, hoy, como aquel que desde su ser otro, frente a la moral de los sectores dominantes, pelea por sus derechos y los elige”. Y sentencian que “la democracia es una mediación y una posibilidad concreta para traducir esa elección cotidiana en decisión colectiva”, para lo cual hay que “renovar la alegría, el coraje y el compromiso”.
ARGENTINA: HIPERCRITICO DOCUMENTO POLITICO DE LA IGLESIA CATOLICA
Imagen: DyN
Por Horacio Verbitsky / Página 12
La Iglesia Católica difundirá hoy un agresivo documento en el que denunciará presiones contra la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial e incluirá pronunciamientos contra el caudillismo, la agudización de los conflictos como forma de construcción democrática, la inseguridad, las complicidades con el narcotráfico, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan y su politización. También criticará las políticas sociales de transferencia directa de recursos a los sectores más vulnerables. No es habitual que los documentos eclesiásticos navideños se hagan públicos un mes antes de la fecha. Así, estas “Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad” parecen menos pensadas para celebrar el nacimiento de Cristo que el vencimiento de la medida cautelar que ha demorado la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Otra particularidad es que el documento no fue discutido ni redactado por los ochenta prelados que componen la Asamblea Plenaria. Ese cuerpo sesionó hace tres semanas y su tiempo de discusión se dedicó a elaborar la respuesta al grupo de Cristianos para el Tercer Milenio. Esos laicos, entre quienes están el ex embajador Hernán Patiño Mayer, el diputado Felipe Solá, la defensora del pueblo porteño Alicia Pierini y la socióloga Ana Cafiero, reclamaron por el silencio de la Iglesia ante las provocativas declaraciones del ex dictador Jorge Videla, a quien a pesar de sus crímenes no se le ha vedado el acceso a la Eucaristía. El documento elaborado el 8 de noviembre, el mismo día de la manifestación opositora en el Obelisco, negó una vez más la documentada complicidad del Episcopado con la dictadura militar. La redacción de un documento político de actualidad fue delegada entonces en una comisión especial. Desde que el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, reemplazó en la presidencia del Episcopado al de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, los documentos eclesiásticos habían mermado su hostilidad al gobierno nacional y se concentraban en temas más generales de interés para la Iglesia, que se arroga la tutoría nacional en cuestiones éticas y sexuales. En este caso, en cambio, reaparecerán los temas políticos que caracterizaron la gestión y la pluma de Bergoglio. El documento llevará la firma colectiva de la 104ª Asamblea Plenaria. Arancedo preside la Conferencia Episcopal y lo acompañan el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, como vicepresidente 1º; el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, como vicepresidente 2º, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía Seguí, como secretario. Bergoglio sigue siendo uno de los veinte miembros de la Comisión Permanente, debido a su cargo como arzobispo de la Capital Federal.
“A casi treinta años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica”, dirán los obispos. “Todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por una dirigencia que no piense sólo en sus propios intereses, sino que se preocupe prioritariamente por el bien común.” Sin la menor referencia a la crisis internacional y a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para impedir su repercusión sobre el nivel de empleo y las remuneraciones, los jerarcas católicos reclamarán por “la dignidad de nuestros hermanos más pobres en su vida personal y familiar, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral. La educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las personas y a las comunidades ser artífices de su propio destino”. Hacía mucho que el Episcopado no cuestionaba las políticas de transferencia directa de recursos, como la Asignación Universal por Hijo, que varios de sus miembros han encomiado. En un tópico recurrente en los documentos eclesiásticos durante la gestión de Bergoglio y habitual en los pronunciamientos de medios y dirigentes políticos de la oposición, los obispos pedirán a Cristo “Concédenos la sabiduría del diálogo” y dirán que la democracia no se construye agudizando los conflictos que existen en toda sociedad, sino mediante los ideales de la amistad social. Una de las sombras que los prelados ven levantarse contra “una vigencia más plena del orden democrático” es la del “excesivo caudillismo, que atenta contra el desarrollo armónico de las instituciones, acentúa su deterioro y menoscaba la autonomía de cada uno de los poderes del estado, tanto en el orden nacional como provincial. Esto es particularmente delicado cuando se trata de la independencia del Poder Judicial”. El documento también incluirá una referencia al federalismo y la república. Lo hará con una cita de la Oración por la Patria, que el Episcopado difundió durante la crisis de fin de siglo, en la que decía que “nos sentimos heridos y agobiados”. El texto que se dará a conocer hoy agregará que el anhelo obispal está contenido en la Constitución Nacional. “Queremos ser una nación basada efectivamente en un sistema republicano, representativo y federal.” Tampoco faltará el tópico clásico de la reconciliación, que los obispos consideran como una deuda pendiente. “Se hace cada vez más necesario generar contextos de encuentro, de diálogo, de comunión fraterna que nos permitan reconocemos y tratamos como hermanos, aborreciendo el odio y construyendo la paz”, dirá. Ese es el tema en debate entre los obispos y los Cristianos para el Tercer Milenio, quienes en su segunda carta pidieron que los obispos “hagan cesar el público pecado de escándalo que se configura hoy, cuando un criminal convicto y confeso de delitos de lesa humanidad, sin arrepentirse ni manifestar voluntad alguna de reparación de las atrocidades cometidas, tiene acceso al sacramento de la Eucaristía”.
Según los obispos, el país padece una crisis moral y cultural. Su texto dirá que “la base de todos los derechos humanos” es la dignidad de la vida desde la concepción hasta su término natural y que el matrimonio entre varón y mujer, “anterior al Estado, es la base de toda la sociedad y nada puede reemplazarla”. Como para la doctrina católica los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, el sistema educativo no debe imponerles “contenidos contrarios a sus convicciones morales y religiosas”. El sistema educativo debe mejorarse, de modo que sus principales beneficiarios sean los más pobres. “La necesaria preparación para la vida cívica de niños y jóvenes debe excluir la politización prematura y partidista de los alumnos.” Hay una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y ésta es una desafiante hipoteca social. Al referirse a lo que llaman “la proliferación del delito y de la consiguiente inseguridad”, los obispos las atribuyen al “crecimiento del crimen del narcotráfico y la red de complicidades que lo sustentan”.
Se adelanta la Navidad
El Episcopado católico dará a conocer hoy el documento más político y agresivo desde que lo preside Arancedo. Adelantado en un mes a la Navidad, denunciará presiones contra la libertad de expresión y la independencia judicial y recogerá el catálogo de reclamos de medios y políticos de oposición: el caudillismo, la agudización de los conflictos en vez del diálogo, la inseguridad, el narcotráfico, la politización de la juventud y las políticas sociales. Un texto con ritmo de caceroleo.
Imagen: DyN
Por Horacio Verbitsky / Página 12
La Iglesia Católica difundirá hoy un agresivo documento en el que denunciará presiones contra la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial e incluirá pronunciamientos contra el caudillismo, la agudización de los conflictos como forma de construcción democrática, la inseguridad, las complicidades con el narcotráfico, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan y su politización. También criticará las políticas sociales de transferencia directa de recursos a los sectores más vulnerables. No es habitual que los documentos eclesiásticos navideños se hagan públicos un mes antes de la fecha. Así, estas “Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad” parecen menos pensadas para celebrar el nacimiento de Cristo que el vencimiento de la medida cautelar que ha demorado la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Otra particularidad es que el documento no fue discutido ni redactado por los ochenta prelados que componen la Asamblea Plenaria. Ese cuerpo sesionó hace tres semanas y su tiempo de discusión se dedicó a elaborar la respuesta al grupo de Cristianos para el Tercer Milenio. Esos laicos, entre quienes están el ex embajador Hernán Patiño Mayer, el diputado Felipe Solá, la defensora del pueblo porteño Alicia Pierini y la socióloga Ana Cafiero, reclamaron por el silencio de la Iglesia ante las provocativas declaraciones del ex dictador Jorge Videla, a quien a pesar de sus crímenes no se le ha vedado el acceso a la Eucaristía. El documento elaborado el 8 de noviembre, el mismo día de la manifestación opositora en el Obelisco, negó una vez más la documentada complicidad del Episcopado con la dictadura militar. La redacción de un documento político de actualidad fue delegada entonces en una comisión especial. Desde que el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, reemplazó en la presidencia del Episcopado al de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, los documentos eclesiásticos habían mermado su hostilidad al gobierno nacional y se concentraban en temas más generales de interés para la Iglesia, que se arroga la tutoría nacional en cuestiones éticas y sexuales. En este caso, en cambio, reaparecerán los temas políticos que caracterizaron la gestión y la pluma de Bergoglio. El documento llevará la firma colectiva de la 104ª Asamblea Plenaria. Arancedo preside la Conferencia Episcopal y lo acompañan el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, como vicepresidente 1º; el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, como vicepresidente 2º, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía Seguí, como secretario. Bergoglio sigue siendo uno de los veinte miembros de la Comisión Permanente, debido a su cargo como arzobispo de la Capital Federal.
“A casi treinta años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica”, dirán los obispos. “Todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por una dirigencia que no piense sólo en sus propios intereses, sino que se preocupe prioritariamente por el bien común.” Sin la menor referencia a la crisis internacional y a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para impedir su repercusión sobre el nivel de empleo y las remuneraciones, los jerarcas católicos reclamarán por “la dignidad de nuestros hermanos más pobres en su vida personal y familiar, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral. La educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las personas y a las comunidades ser artífices de su propio destino”. Hacía mucho que el Episcopado no cuestionaba las políticas de transferencia directa de recursos, como la Asignación Universal por Hijo, que varios de sus miembros han encomiado. En un tópico recurrente en los documentos eclesiásticos durante la gestión de Bergoglio y habitual en los pronunciamientos de medios y dirigentes políticos de la oposición, los obispos pedirán a Cristo “Concédenos la sabiduría del diálogo” y dirán que la democracia no se construye agudizando los conflictos que existen en toda sociedad, sino mediante los ideales de la amistad social. Una de las sombras que los prelados ven levantarse contra “una vigencia más plena del orden democrático” es la del “excesivo caudillismo, que atenta contra el desarrollo armónico de las instituciones, acentúa su deterioro y menoscaba la autonomía de cada uno de los poderes del estado, tanto en el orden nacional como provincial. Esto es particularmente delicado cuando se trata de la independencia del Poder Judicial”. El documento también incluirá una referencia al federalismo y la república. Lo hará con una cita de la Oración por la Patria, que el Episcopado difundió durante la crisis de fin de siglo, en la que decía que “nos sentimos heridos y agobiados”. El texto que se dará a conocer hoy agregará que el anhelo obispal está contenido en la Constitución Nacional. “Queremos ser una nación basada efectivamente en un sistema republicano, representativo y federal.” Tampoco faltará el tópico clásico de la reconciliación, que los obispos consideran como una deuda pendiente. “Se hace cada vez más necesario generar contextos de encuentro, de diálogo, de comunión fraterna que nos permitan reconocemos y tratamos como hermanos, aborreciendo el odio y construyendo la paz”, dirá. Ese es el tema en debate entre los obispos y los Cristianos para el Tercer Milenio, quienes en su segunda carta pidieron que los obispos “hagan cesar el público pecado de escándalo que se configura hoy, cuando un criminal convicto y confeso de delitos de lesa humanidad, sin arrepentirse ni manifestar voluntad alguna de reparación de las atrocidades cometidas, tiene acceso al sacramento de la Eucaristía”.
Según los obispos, el país padece una crisis moral y cultural. Su texto dirá que “la base de todos los derechos humanos” es la dignidad de la vida desde la concepción hasta su término natural y que el matrimonio entre varón y mujer, “anterior al Estado, es la base de toda la sociedad y nada puede reemplazarla”. Como para la doctrina católica los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, el sistema educativo no debe imponerles “contenidos contrarios a sus convicciones morales y religiosas”. El sistema educativo debe mejorarse, de modo que sus principales beneficiarios sean los más pobres. “La necesaria preparación para la vida cívica de niños y jóvenes debe excluir la politización prematura y partidista de los alumnos.” Hay una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y ésta es una desafiante hipoteca social. Al referirse a lo que llaman “la proliferación del delito y de la consiguiente inseguridad”, los obispos las atribuyen al “crecimiento del crimen del narcotráfico y la red de complicidades que lo sustentan”.
Comentario del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres ante el Mensaje al pueblo de la patria difundido ayer por la Conferencia Episcopal Argentina:
Unos 400 laicos, a raíz de las declaraciones del genocida, ex-general Videla, enviaron recientemente una carta a la Conferencia Episcopal
Argentina. En ella formulan una serie de reclamos, todos importantes. La carta fue recibida en mano por el presidente de la Conferencia Episcopal, el que además, recibió luego a un grupo de esos laicos delegados para presentarla y explicar su génesis y el sentido de sus reclamos. Así se convino esperar la reunión de la Asamblea episcopal, donde él presentaría la carta.
Probablemente en respuesta a ella, aunque no se la mencione, los obispos argentinos hacen llegar ayer un mensaje al pueblo de la Patria. Es ante este texto, que consideramos pobre e insuficiente, que quisiéramos señalar algunos aspectos que nos parecen importantes
. Es evidente que todo hecho u omisión debe entenderse en su contexto, y de ello surgen atenuantes y agravantes. Eso ocurre en todos los órdenes de la vida; pero destacar dentro del contexto la "violencia guerrillera" pone -una vez más- un documento episcopal en el marco de la teoría de los dos demonios, teoría que rechazamos sin ninguna duda ya que hubo un solo "demonio" que fue el terrorismo de estado.
. Las declaraciones del genocida Videla fueron bastante más allá del reconocimiento de una connivencia entre la conducción facciosa del Estado y la cúpula eclesiástica. Connivencia que no rechazaríamos tan livianamente como afirma mons. Arancedo, pero que supone muchas otras instancias que no son tenidas en cuenta en el documento.
. A la pregunta de cuánto sabían sus "hermanos mayores", los obispos de tiempos de la dictadura, no hace falta demasiada investigación. Allí están los discursos de mons. Bonamín, mons. Plaza, mons. Tortolo (presidente de la CEA, elegido por sus "hermanos", por si hiciera falta recordarlo), por nombrar sólo los más emblemáticos. Aunque la lista podría fácilmente prolongarse en bastantes nombres más.
. La cita de algunos párrafos nos parece insuficiente y limitado. Res non verba, decían los antiguos. No son algunas pocas palabras lo que se les cuestiona. Pueden haber dicho una palabra en 1972 contra la tortura (no hubiera estado mal repetirla en 1976), pero sabemos bien que fueron muchas las voces eclesiásticas episcopales o presbiterales que justificaron la tortura públicamente como un "mal menor", e incluso participaron de las mismas. No se entiende el tibio y limitado pedido de perdón del año 2000 si realmente creen que hicieron todo lo debido y necesario. No se entiende el silencio de los nombres de nuestros mártires desaparecidos, asesinados o torturados, como el Obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Carlos Bustos, Pablo Gazzarri, Mauricio Silva, Orlando Yorio, Francisco Jálics, Wenceslao Pedernera, Alice Domon, Leoníe Duquet y tantos otros, si el supuesto pedido de perdón se pretende serio y responsable.
. Somos conscientes que muy pocas instituciones hicieron un mea culpa por su actitud en la dictadura. Faltan empresarios, sindicalistas, periodistas, por mencionar algunos; pero no se trata de especular con el mal de muchos sino de afirmar lo que se espera del pastor: que dé "la vida por sus ovejas". Y algunos de esos mártires silenciados, así lo hicieron, por cierto.
. Sin dudas hay heridas abiertas, pero en muchos casos, heridas que declaraciones episcopales no han hecho nada por cerrar, porque cuando se avanza en los juicios, se escuchan voces que hablan de reconciliación, de perdón, deslizando la idea implícita de que los juicios son motivados por venganza o revanchismo, desdiciendo todo lo que han afirmado de "la verdad y la justicia", para empezar. Nos gustaría una cercanía fraterna de los obispos con los organismos de Derechos Humanos que siguen luchando por la verdad, la memoria y la justicia en especial las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como en su momento lo hicieron con cariño y valentía Jorge Novak y Jaime de Nevares. Hoy -como ayer- más bien percibimos distancia.
. Decir que "...reiteramos el pedido de perdón a quienes no hayamos...", es algo vano y falaz. El pedido de perdón debe ser concreto, por esto o por lo otro. Ninguno de nosotros aceptaría una confesión tan genérica sin reconocimiento concreto de las faltas o delitos cometidos. Así dicho simplemente es un pedido de perdón inexistente.
. Es indispensable que se acepten y se apoyen las investigaciones de aquellos tiempos, especialmente cuando se negó que en la CEA hubiera archivos. Hoy hay libros bastante documentados sobre este y otros temas semejantes, afortunadamente. No olvidamos que ante todo somos ciudadanos de la Patria que reclama justicia, y esperamos que todos los miembros de la Iglesia -obispos incluidos, por cierto- colaboren en todo con la justicia, se acerquen a aportar toda la información disponible, y acepten los fallos correspondientes para cerrar heridas no desde el olvido y la impunidad, sino desde la verdad y la justicia que tanto proclamamos.
. Nos parece muy insuficiente la declaración sobre los niños apropiados, porque no se trata sólo de exhortar, o de recordarles a los responsables que están moralmente obligados a declarar. Es sabido que la mayoría de los niños apropiados lo fueron (y en algunos casos con apoyo de instituciones católicas) para dar los niños a familias "occidentales y cristianas". En el texto se extraña que -con toda la firmeza y la autoridad de pastores- no exijan a los llamados cristianos a que den todos los datos que posean sobre los desaparecidos o niños apropiados ilegalmente para el reconocimiento de la verdad y la identidad, o para que tantas familias puedan hacer el luto y dar -al menos interiormente- cristiana sepultura a sus familiares asesinados.
. Lamentamos el silencio acerca de la gravedad del tema de los capellanes militares y su actitud claramente cómplice con el genocidio. El caso del condenado por la justicia Christian von Wernich, que no fue suspendido en sus licencias o expulsado del ministerio, es emblemático, y sigue siendo un pecado que clama al cielo encubierto por un silencio escandaloso. Mientras tanto, Videla sigue comulgando y lo dice abiertamente a pesar de haber reconocido públicamente su delito que parece no ser entendido como pecado.
. En ese sentido, debemos confesar que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más grave que la tortura; que el sexo pre-matrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas-desaparecidas; que engendrar hijos fuera del sacramento del matrimonio sea más grave que apropiarse niños después de tirar al mar a sus padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas, y secuestradas.
Lamentamos que una vez más, nuestros hermanos obispos perdieran la oportunidad de mirar la cara a la sociedad sanguinolenta al borde del camino y expresaran un sincero pedido de perdón, un reconocimiento de su pasado y un deseo concreto de reparación ante la muerte y el genocidio. Tanta reticencia durante años a llamar las cosas por su nombre no nos permite confiar plenamente como quisiéramos en la efectividad de estas declaraciones.
Secretariado del Grupo de Curas en Opción por los Pobres
Pbro. Juan Carlos Baigorri
Pbro. Marcelo Ciaramella
Pbro. Roberto Murall
Pbro. Eduardo de la Serna
Enviado por Enrique Orellana
Chile: Movimiento Acción Ciudadana Antofagasta por la Asamblea Constituyente y Nueva Constitución
1) Necesidad de una Paz Social: A partir de la experiencia política vivida a través de la historia de Chile,
sus reivindicaciones y las transformaciones sociales que se plantearon
en el último gobierno democrático de acuerdo a la institucionalidad de
la Constitución de 1925, que fue quebrantada violentamente por
el Golpe Militar de 1973, que impidió los cambios estructurales en la
sociedad chilena, estableciendo una persecución política sin precedentes
e imponiendo un modelo antichileno contra los intereses del pueblo; el
término de la dictadura impuso una clase política que no ha tenido
voluntad de realizar los cambios estructurales para un nueva democracia e
institucionalidad, acomodándose al sistema en forma oportunista,
cayendo en el descrédito político ante la sociedad como lo acaba de
demostrar estas últimas elecciones (2012). Por este motivo, se hace
necesario un consenso social amplio de toda la ciudadanía para llamar a
una asamblea constituyente, y que el pueblo se dé su constitución del
país que queremos y crear una paz social duradera para todos los
chilenos.
2) Las crecientes y ascendentes
movilizaciones del pueblo muestran que existen y es necesario terminar
con las desigualdades sociales. El pueblo soberano en una Asamblea
Constituyente determinaría en su constitución el modelo económico,
educacional, de salud, el régimen previsional y administración de fondos
de pensiones, reconocería los derechos de los pueblos originarios,
preservaría la naturaleza, asignaría el nuevo rol democrático de los
institutos militares, etc.
3) El acto democratizador de una
Asamblea Constituyente y una nueva constitución deberá establecer una
nueva y moderna democracia de acuerdo a un Estado descentralizado en sus
regiones, creando una nueva institucionalidad donde el pueblo se
exprese soberanamente y en forma autónoma en gobiernos regionales, y un
gobierno central regulador de la vida nacional con una cámara única de
representantes del pueblo que equilibre el desarrollo del país a través
de sus leyes.
Movimiento Acción Ciudadana (MAC) Antofagasta
Fuente fotografía Posted by Wari on diciembre 12, 2012.
Chile: Lista radical de Izquierda ganó la FEC (Federación de Estudiantes de Concepción)
La Lista E “Vamos. Con unidad avanzamos” se impuso
ayer miércoles en la segunda vuelta de las elecciones para renovar mesa
directiva de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC), luego de
obtener 1913 votos derrotando a la lista H, donde se aglutinaban todos
los sectores conservadores de la Universidad que solo alcanzó los 1540
votos.
Si bien la lista de derecha (H) venció en la primera
vuelta con 1541, la lista E que obtuvo 1282 votos contaba con la
ventaja de que el resto de las listas participantes llamaron a favor de
la E como el caso de la lista A que obtuvo 1234 o llamaron a no votar
por la derecha como la lista F de las Juventudes Comunistas (919 votos).
Si bien fue notoria la merma de votantes en la
urnas, producto del cierre del año académico, la nueva FEC sale
fortalecida, ya que a diferencia del año anterior, la directiva tendrá
mayor sintonía con las vocalías, debido al triunfo en la casi totalidad
de estas por parte de la izquierda.
Resumen.cl
Con quién comió Evo Morales en Barcelona
por Pablos Iglesias
Miércoles, 12 de Diciembre de 2012 14:16
Este fin de semana Evo Morales visitó España...
Su agenda incluía, entre otros compromisos, un encuentro con
Rajoy en la Moncloa, su participación en el estreno en Madrid de la
película “Insurgentes” del director boliviano Jorge Sanjinés, así como
un acto en Barcelona con millares de compatriotas. Lo que no trascendió
en los medios fue la comida privada que el primer presidente indígena de
América Latina tuvo el domingo en Barcelona.
Lo habitual en estos casos es que los presidentes se reúnan con empresarios y con inversores pero no era esta la intención del presidente; de hecho no había una sola corbata en la mesa. A la comida (en la que el vino fue sustituido por zumo de naranja y que no tuvo ningún lujo gastronómico) estaban invitados representantes de diferentes asociaciones de bolivianos en España. Hasta aquí todo más o menos normal; a nadie puede extrañarle que un presidente quiera conocer de primera mano la situación de sus ciudadanos en el país.
Sin embargo, el presidente quería escuchar también cómo estaba la situación política en España y para ello pidió que a la comida asistieran también algunos españoles. Tuve el privilegio, en calidad de profesor y director de La Tuerka, de estar entre las cuatro personas de nacionalidad española que asistieron a la comida y de hacer al presidente una breve exposición sobre la crisis de régimen que vive nuestro país y sobre el problema del control de los medios de comunicación. Esto ya es menos normal pero, al fin y al cabo, tampoco es tan extraño que un presidente de izquierdas convoque a profesores de izquierdas para que le hablen del país que visita.
Pero Evo quiso dar un paso más. Quería conocer también al movimiento social más relevante de nuestro país en los últimos tiempos y por eso sentó frente a él a Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ada explicó en detalle al presidente la situación de las personas que son desahuciadas por los bancos y que siguen arrastrando sobre sus espaldas deudas injustas e imposibles de pagar. El presidente escuchó con detalle cómo el país al que emigraron decenas de miles de bolivianos desprotege a sus trabajadores al tiempo que rescata y mima a los bancos. Ada le pidió además algo concreto a Evo; que Bolivia siga el ejemplo de Ecuador y legisle para que los ciudadanos bolivianos con deudas ilegítimas contraídas con los bancos en España, no puedan ser perseguidos en Bolivia. Tras escuchar a la portavoz de la PAH, el presidente indicó inmediatamente a su equipo que tomara nota y se comprometió a estudiar el problema para evitar que la injusticia de las deudas ilegítimas pueda alcanzar territorio boliviano.
Evo es el segundo presidente de gobierno, tras el ecuatoriano Rafael Correa, que recibe a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Quizá Rajoy, más acostumbrado a reunirse con banqueros y empresarios, y que en su día llegó a llamar al presidente de Bolivia “líder exótico”, debería aprender del “exotismo” de un presidente que, escuchando a los movimientos sociales, ha hecho que la economía boliviana haya crecido en su mandato más que en las últimas tres décadas, que gracias al incremento de los ingresos del Estado derivados de las “terribles” nacionalizaciones, hizo que su país, por primera vez desde 1956, tuviera superávit y que ha mejorado en pocos años todos los indicadores sociales de Bolivia.
Estamos en un país en el que la mayoría de los medios han disparado veneno contra lo que llaman “populismo” latinoamericano, intentando ridiculizar y difamar a sus presidentes y que esperan estos días con ansia que el cáncer consiga en Venezuela lo que no consiguieron ni un golpe de Estado, ni todo el dinero privado del mundo. Pero la realidad es tozuda y muestra cada vez más a las claras que la esperanza para los ciudadanos del Sur de Europa apunta, precisamente, hacia el Sur.
http://blogs.publico.es/pablo-
Lo habitual en estos casos es que los presidentes se reúnan con empresarios y con inversores pero no era esta la intención del presidente; de hecho no había una sola corbata en la mesa. A la comida (en la que el vino fue sustituido por zumo de naranja y que no tuvo ningún lujo gastronómico) estaban invitados representantes de diferentes asociaciones de bolivianos en España. Hasta aquí todo más o menos normal; a nadie puede extrañarle que un presidente quiera conocer de primera mano la situación de sus ciudadanos en el país.
Sin embargo, el presidente quería escuchar también cómo estaba la situación política en España y para ello pidió que a la comida asistieran también algunos españoles. Tuve el privilegio, en calidad de profesor y director de La Tuerka, de estar entre las cuatro personas de nacionalidad española que asistieron a la comida y de hacer al presidente una breve exposición sobre la crisis de régimen que vive nuestro país y sobre el problema del control de los medios de comunicación. Esto ya es menos normal pero, al fin y al cabo, tampoco es tan extraño que un presidente de izquierdas convoque a profesores de izquierdas para que le hablen del país que visita.
Pero Evo quiso dar un paso más. Quería conocer también al movimiento social más relevante de nuestro país en los últimos tiempos y por eso sentó frente a él a Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ada explicó en detalle al presidente la situación de las personas que son desahuciadas por los bancos y que siguen arrastrando sobre sus espaldas deudas injustas e imposibles de pagar. El presidente escuchó con detalle cómo el país al que emigraron decenas de miles de bolivianos desprotege a sus trabajadores al tiempo que rescata y mima a los bancos. Ada le pidió además algo concreto a Evo; que Bolivia siga el ejemplo de Ecuador y legisle para que los ciudadanos bolivianos con deudas ilegítimas contraídas con los bancos en España, no puedan ser perseguidos en Bolivia. Tras escuchar a la portavoz de la PAH, el presidente indicó inmediatamente a su equipo que tomara nota y se comprometió a estudiar el problema para evitar que la injusticia de las deudas ilegítimas pueda alcanzar territorio boliviano.
Evo es el segundo presidente de gobierno, tras el ecuatoriano Rafael Correa, que recibe a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Quizá Rajoy, más acostumbrado a reunirse con banqueros y empresarios, y que en su día llegó a llamar al presidente de Bolivia “líder exótico”, debería aprender del “exotismo” de un presidente que, escuchando a los movimientos sociales, ha hecho que la economía boliviana haya crecido en su mandato más que en las últimas tres décadas, que gracias al incremento de los ingresos del Estado derivados de las “terribles” nacionalizaciones, hizo que su país, por primera vez desde 1956, tuviera superávit y que ha mejorado en pocos años todos los indicadores sociales de Bolivia.
Estamos en un país en el que la mayoría de los medios han disparado veneno contra lo que llaman “populismo” latinoamericano, intentando ridiculizar y difamar a sus presidentes y que esperan estos días con ansia que el cáncer consiga en Venezuela lo que no consiguieron ni un golpe de Estado, ni todo el dinero privado del mundo. Pero la realidad es tozuda y muestra cada vez más a las claras que la esperanza para los ciudadanos del Sur de Europa apunta, precisamente, hacia el Sur.
http://blogs.publico.es/pablo-
México: Denuncian anarquistas persecución del GDF
por Laura Castellanos
Domingo, 09 de Diciembre de 2012 19:36
"Nos solidarizamos con los presos en prisión, los visitamos, difundimos su situación, les escribimos cartas"
La militancia anarquista capitalina que
hace trabajo público en favor de presos, estudiantes, en defensa de la
ecología, la autogestión barrial y los derechos de las mujeres, es
criminalizada y perseguida por el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Esto lo denuncia un integrante de Cruz
Negra Anarquista, una de las tres organizaciones que el ex jefe de
gobierno capitalino Marcelo Ebrard responsabilizó de encabezar los
disturbios y destrozos realizados durante las manifestaciones del
primero de diciembre en la capital.
El militante que supera los cuarenta
años de edad, vestido con pantalón de mezclilla y camiseta, habló desde
el anonimato en un parque al sur de la ciudad de México, y deslindó a su
colectivo de las acusaciones en su contra.
"Cruz Negra Anarquista no convocó ni
participó no sólo en la manifestación del primero de diciembre sino en
ninguna de las que se han venido realizando en contra del fraude y de la
imposición de Enrique Peña Nieto", dijo.
El activista expresó que el mismo día de
los hechos Ebrard "sin prueba alguna y sin ningún elemento" señaló de
responsables a su organización que hace trabajo social con presos, a
otra de nombre Bloque Negro, y a la Coordinadora Estudiantil Anarquista
que tuvo presencia en la reciente huelga de la Universidad de la Ciudad
de México (UACM).
"Es una revancha, una venganza política
en contra del movimiento y de las organizaciones anarquistas", apuntó
delante de una joven militante independiente que también participó en la
entrevista.
De igual manera el hombre negó que las
tres organizaciones se hayan conformado en un frente, tal como lo indica
la página Facebook "Unión de Fuerzas Socialistas y Revolucionarias", en
la que supuestamente convocaban a una manifestación en contra del
Teletón de Televisa el 8 de diciembre en la que utilizarían un
estandarte de la Virgen de Guadalupe.
"Lo niego rotundamente, la página es apócrifa", dijo.
Su lectura es que la creación de esta
página y de otra apócrifa adjudicada a Bloque Negro, se suman a una
estrategia de criminalización en su contra.
Como otra prueba agrega la reciente
manipulación cibernética de material de difusión que Cruz Negra promovió
para reunir fondos en favor de los dos presos anarquistas que hay
actualmente en cárceles de la capital: Mario López y Braulio Durán.
Dice que extrañamente empezó a circular
una convocatoria con la dirección y el precio alterado y que incluía la
impartición de "un taller de autodefensa y otro para hacer bombas
molotov".
El activista se mostró preocupado porque
entre ellos ha trascendido que hay órdenes de aprehensión abiertas en
contra de integrantes del movimiento y que pueden cumplirse con total
impunidad.
También expuso que ninguna de las 64
personas detenidas tras los acontecimientos del primero de diciembre fue
reivindicada por la treintena de colectivos anarquistas capitalinos,
aunque no descartó que hubiera habido simpatizantes o activistas que no
tengan relación con éstos.
La joven por su lado precisó que entre
ella y otros de sus compañeros reconocieron a cuatro anarquistas en el
grupo de personas detenidas aunque no han tenido contacto con sus
familias.
El movimiento, dice, está en la incertidumbre: "sabemos que hay 50 órdenes de aprehensión en nuestra contra".
En su opinión los colectivos que hacen
trabajo abierto viven “un repliegue porque este es un momento en el que
la represión se puede ir contra nosotros".
El militante a su vez se explicó los
destrozos del primero de diciembre contra establecimientos del centro
histórico por una suma de factores: la ira popular acumulada por la
llegada de Enrique Peña Nieto al poder y la filtración de
provocadores.
Sin embargo, no descartó que jóvenes
partidarios de la vertiente anarquista insurreccionalista realizaron
actos de sabotaje o de "acción directa" contra lo que consideran
símbolos del capitalismo: cajeros bancarios, cadenas de restaurantes,
hoteles de lujo.
Puntualizó: "Cruz Negra respeta las
estrategias de lucha, cada grupo anarquista tiene sus propio balance y
razones, podemos no compartirlas pero nuestra posición es de respeto y
solidaridad".
Cruz Negra forma parte de una red
mundial de colectivos en contra del sistema carcelario por considerarlo
inhumano y expresión de la descomposición del sistema capitalista.
"Nos solidarizamos con los presos en prisión, los visitamos, difundimos su situación, les escribimos cartas", explicó.
La joven estima que en el Valle de
México hay alrededor de 30 colectivos anarquistas que hacen trabajo de
autogestión popular abierto, con un promedio de 15 a 30 integrantes y
con edades promedio de 25 años.
Italia: confirman cadena perpetua para nazis nonagenarios
Ni olvido ni perdón
15.11.2012 20:05
La Corte de apelación de Roma confirmó el jueves la condena a perpetuidad de dos ex militares nazis, acusados de haber participado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en la masacre de Padule di Fucecchio en Toscania en 1944, se supo de fuente judicial.
Los dos hombres, Fritz Jauss, de 95 años, y Robert Johann Riss, 91 años, habían sido condenados en mayo de 2011 en ausencia por el tribunal militar de Roma.
El tercer condenado, el ex capitán Ernst Pistor, murió después de que se conoció el veredicto.
Un cuarto militar, implicado en el crimen, había muerto antes.
En 2011, el tribunal había decidido igualmente que se pagaran 13 millones de euros por daños y perjuicios a las familias de las víctimas.
En la mañana del 23 de agosto de 1944, los soldados de la 26ª división blindada del ejército alemán allanaron las casas de la zona de Padule di Fucecchio en busca de resistentes, y mataron a todos los civiles que encontraron en el camino, cometiendo una de las peores masacres nazis en Italia.
Jauss estaba acusado de haber dirigido el comando que cometió la mascare, en la que perecieron 94 hombres, en su mayoría ancianos, 63 mujeres y 27 niños.
(Fuente: AFP) / Montevideo Portal
lunes, 4 de junio de 2012
MIRANDO MÁS ALLÁ DEL DOMINGO (3ª parte)
por José Luis Perera
Terminábamos nuestra nota anterior diciendo que estaban en lo cierto quienes decían en el documento previo al Congreso “Líber Seregni” que estábamos (todavía lo estamos) “… atravesando un período histórico, con un entorno político y social, sumamente favorable para el crecimiento de nuestra fuerza, para la expansión de nuestros valores, la consolidación del liderazgo político del Frente Amplio, el desarrollo de nuestro perfil público de acumulación y nuestra implantación en el escenario de la sociedad uruguaya”. Y decíamos también que el razonamiento era correcto, pero le faltaba llegar a la conclusión que estaba a la vista: la relación directa entre el decaimiento de nuestra fuerza política y la acción del gobierno.
LA COYUNTURA HISTÓRICA
¡¡Claro que estábamos, y estamos, ante una coyuntura histórica invalorable!! Que el FA llegara a obtener el gobierno en una coyuntura como aquella, seguramente no estaba en los planes de nadie. El documento de balance agregaba además algo nada menor: “El FA accede al gobierno nacional y a ocho gobiernos departamentales, que en conjunto contienen al setenta y cinco por ciento de la población y la mayor parte del PIB nacional. A la vez obtiene la mayoría absoluta en el parlamento, como consecuencia de un profundo cambio operado en la sociedad uruguaya”.
Y nosotros agregábamos
en ese entonces: con una economía mundial creciendo a niveles nunca vistos en la
historia, con nuevos y más amplios mercados, y con precios record de las
materias primas que exportamos. Una América Latina que crecía, pero además
girando a la izquierda e intentando llevar a cabo los sueños integracionistas
de nuestros libertadores, con nuevos países que se sumaban, con gobiernos
progresistas y con pueblos empujando los cambios. Un imperialismo desacreditado
y acorralado en todos los frentes. De manera que estábamos realmente en un
momento excepcionalmente bueno en el país, en la región y en el mundo; la
recaudación había tenido un crecimiento espectacular; las reservas
internacionales crecían a cifras récord; habíamos hecho ahorros significativos
en el gasto del Estado simplemente terminando con las corruptelas; ya no
perdíamos con las inversiones de ANCAP en Argentina, y estábamos ahorrando por
la compra del petróleo a Venezuela.
Entonces,
las preguntas correctas en ese momento eran: ¿no será que los avances de
nuestro gobierno no están a tono con esas posibilidades de la coyuntura histórica?
¿No será que la militancia se desmoviliza porque no entiende por qué en un
entorno latinoamericano antiimperialista y favorable a la integración, nuestro
gobierno lo primero que hace es firmar un Tratado de Protección de Inversiones
con los Estados Unidos y luego trabaja denodadamente por un TLC, aunque ello le
provoque problemas con los hermanos del Mercosur? ¿No será que la militancia
frenteamplista no entiende como es posible que en un entorno tan favorable
económicamente y con un gobierno del FA quienes más ganen sean los grandes
capitales y el sistema financiero? Incluir estas reflexiones en el balance, no
significaba de ninguna manera no reconocer los avances del gobierno
fundamentalmente en el combate a la pobreza y la indigencia, pero hay quienes
al parecer prefieren contabilizar únicamente en el haber, e incluyen
inmediatamente en el “eje del mal” a quienes intentan ejercer su derecho de
critica y autocrítica. Y por ese camino, se sigue como está. Esto es, si se
viene en caída, se sigue cayendo, como quedó demostrado el domingo 27.
EL PUEBLO SE CONVOCA SOLO
Porque en
una coyuntura de las características que señalábamos más arriba, nadie
puede
extrañarse que la militancia frenteamplista se niegue a salir a combatir
a las
calles empuñando un volante que festeja porque rebajamos el IVA del
pollo,
aunque el pollo suba (esto por cierto que no es un invento, el volante
existió; el gobierno había rebajado el IVA del pollo como forma de
combatir el aumento
del precio de la carne, pero mientras a los genios de propaganda se les
ocurrió
la brillante idea y la pusieron en práctica y los volantes bajaron a los
comités para ser distribuidos, el comercio ya había subido el precio del
pollo
y se había embolsado la rebaja del IVA). O que esa militancia festeje
como si
fuera un acto revolucionario y anti oligárquico destinar 18 millones de
dólares
a la rebaja del boleto urbano, cuando eso significaba en el bolsillo de
un
trabajador aproximadamente 80 pesos por mes, y cuando los empresarios,
en
cambio, acababan de ser beneficiados con la rebaja de impuestos por 64
millones
de dólares con la reforma tributaria.
Lo que
queremos decir, es que si ante una coyuntura histórica, tanto en lo
internacional como en lo nacional, la fuerza política no es capaz de movilizar
al pueblo en apoyo de su gobierno, las causas no hay que buscarlas
exclusivamente en la fuerza política. Porque hay algo que si no lo tenemos
claro no vamos a llegar a ninguna conclusión correcta: cuando el pueblo tiene
un gobierno que lo interpreta a cabalidad, se moviliza solo, sin necesidad de
que lo convoquen. Y ejemplos de ello no faltan, basta mirar hacia Cuba,
Venezuela o Bolivia. Por lo tanto, las invocaciones que hacía el documento de
nuestra fuerza política respecto a “Sacudirnos,
reaccionar cuanto antes y hacer los ajustes de enfoque y funcionamiento
político,…” no deberían estar dirigidas únicamente a la estructura del FA
(que sí necesitaba -y necesita- mejorar su funcionamiento), sino que también
era necesario dirigirlas a nuestro gobierno, y no se hizo.
Estamos de
acuerdo en que el rol de la fuerza política -como planteaba el documento- debe
ser “controlar el cumplimiento de los
grandes lineamientos, evaluar los resultados, generar objetivos y propuestas
hacia el futuro, profundizar su rol de promoción de los principales logros del
gobierno”, pero para eso es necesario que cuando la fuerza política
controla el cumplimiento de los grandes lineamientos y evalúa los resultados y
esta evaluación es crítica, sea tenida en cuenta. Y para promocionar los logros
del gobierno el militante debe estar convencido de que vale la pena
promocionarlos. Estos logros deben ser propios de una fuerza de izquierda, y no
porcentajes o meras cifras macroeconómicas que nada dicen a doña María ni a don
José. El documento señalaba como logros -entre otras cosas- la reestructuración
de la deuda y el mejoramiento de su relación con el PBI (pero olvidaba decir
que la relación mejoró por el aumento del PBI, porque en realidad la deuda ha
seguido aumentando); el aumento de las exportaciones a un valor record de
millones de dólares (sin decir que esto se debía fundamentalmente a la
coyuntura internacional favorable). Y no mencionaba que a pesar del crecimiento
del PBI a niveles previos a la crisis del 2002, los ingresos de la población no
habían crecido de la misma manera, lo que estaba indicando que la torta crecía
pero se seguía distribuyendo en forma desigual.
LOGROS SI, PERO…
En ese
momento decíamos: “No desmerecemos los
logros de nuestro gobierno, pero los militantes de izquierda siempre tuvimos
claro que detrás de los números hay gente de carne y hueso que sufre y que son
el motivo esencial de nuestra militancia. No consideramos una cosa menor que se
haya reducido la pobreza del 31,9 al 24,3 % y el de indigencia del 3,9 al 1,4 %
como señala el documento, pero nos duele que siga habiendo más de 700.000
pobres y 42.000 indigentes (casi 12 estadios centenarios repletos) en un
gobierno nuestro. Y más nos duele cuando eso se da en simultáneo con el pago
por adelantado al FMI. Porque mientras se nos dan porcentajes como demostración
de logros, nosotros convivimos con la gente que no consigue empleo, o con los
que sobreviven con trabajos precarios, o somos los que estamos en contacto con
los que se siguen yendo del país buscando un futuro mejor.” ¿Alguien puede
afirmar que las cuestiones que venimos recordando nada tienen que ver con el
vaciamiento de los comités de base ni con los magros resultados electorales de
hoy?
RESUMIENDO
Sostengo que
en nuestro primer gobierno, el apartamiento de postulados históricos de
izquierda, generó la pérdida de aquellos militantes…yo no diría más
comprometidos (porque los más comprometidos con el proyecto fueron los que se
quedaron), pero sí más entusiastas. Esa es la cuestión medular, porque tal vez
a doña María y a Don José no les haya afectado en lo más mínimo todo lo que
recordamos en las notas anteriores (TLC, tropas a Haití, Tratado de Protección
de Inversiones, maniobras Unitas, etc…), pero si con eso se fueron para la casa
los militantes que luego iban a ir a conseguir el voto de doña María y de don
José, entonces estábamos en problemas.
Los síntomas
más notorios, fueron el desprendimiento de sectores (el 26 de Marzo), el
alejamiento de referentes históricos y éticos, fundadores del FA como
Guillermo Chifflet y Helios Sarthou, el
comienzo de la pérdida de votos en Montevideo y otros departamentos
frenteamplistas, y la notoria pérdida de militantes (que se fue
manifestando en
el progresivo vaciamiento de los Comités de Base). Y si vemos este
progresivo
deterioro de nuestro capital político, y lo analizamos en el contexto de
América Latina, veremos claramente que aquellos países cuyos gobiernos
emprendieron cambios realmente profundos y democráticos (en el sentido
de que
esos cambios se hicieron con la gente), y siguieron siendo
antiimperialistas
coherentes, han ido creciendo sostenidamente en apoyo popular. Es el
caso de
los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En cambio, aquellos
gobiernos
que se limitaron a administrar las grandes variables macroeconómicas y
repartir
de una manera un tanto más equitativa la torta, sin afectar en lo más
mínimo
las relaciones de poder, fueron generando el desencanto, primero en su
militancia y luego en los votantes. Algunos irremediablemente perdieron
su
oportunidad y cedieron el paso a la derecha (Chile) y otros se salvaron
raspando (nosotros, claramente), mientras que resta saber aún el destino
de
hermanos como los brasileños.
En próxima
nota expondremos algunas cuestiones de nuestro segundo y actual gobierno, que
en lugar de modificar lo que hemos expuesto, siguieron por el mismo camino de
expulsar a la militancia más comprometida con las ideas de izquierda.
Convocatoria AND 17 diciembre 2012
13
dic
REUNION DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD LABORAL
13
dic
COMUNICAMOS QUE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD LABORAL SE REALIZO AYER MIÉRCOLES 12/12 A LAS 15:00 HORAS EN AFGAP, URUGUAY 823, ESQ. FLORIDA.
SECRETARIA COFE
AFGAP: e-mail afgap@adinet.com.uy o FAX 29010059
COFE: e-mail cofe@adinet.com.uy o FAX 24014138.
Secretaría de Seguridad Social y Salud Laboral de COFE
Javier Corbo (099 532 211)
Anahí Artigas (099 172 104)
SE ME CHISPORROTEO!!!
13
dic
Mujica sabía todo sobre Pluna pero nadie lo mencionó en la Justicia
Según dijo el empresario López Mena ante la jueza, quién lo contactó fue Lorenzo
De boca de los declarantes salieron otros nombres vinculados de alguna forma con el affaire Pluna, pero a ninguno de ellos se le ocurrió mencionar al presidente José Mujica, pese a que el mandatario estuvo y está al tanto de todas las idas y vueltas que tuvo el polémico negocio.
No solo porque sus llamados a López Mena en los días previos al remate fueron constantes y, a través de ellos, finalmente logró que el empresario cumpliera un rol preponderante en esta historia. Sino también porque se encargó de declarar en varias oportunidades que nada de lo que estaba ocurriendo le era ajeno.
“¿Esto arranca a las tres? Y… tres y cinco termina”, comentó el presidente a sus compañeros de comitiva el 1 de octubre cuando viajaba a Perú para participar de la III Cumbre de América del Sur y Países Árabes, según informó Búsqueda.
Y, efectivamente, ese mismo día, en pocos minutos “el caballero a la derecha” y representante de Cosmo, Hernán Antonio Calvo Sánchez –Antonio Sánchez a los efectos del remate– se quedó con el boleto de compra de los siete aviones Bombardier.
En aquella crónica también se citaba una “fuente oficial” que dijo que había un representante de López Mena “al alpiste” del remate.
El 4 de octubre El Observador publicó la foto en la que, captados un día antes, aparecían almorzando en el restaurante Lindolfo el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, López Mena y Hernán Calvo, entre otros.
Por esas horas Mujica declaró a Subrayado que era “probable” que el dueño de BQB conociera a los responsables de Cosmo porque en verano los buques de la empresa naviera realizan traslados a España.
“Tengo entendido que López Mena intentaba negociar con la empresa española para quedarse con los aviones”, afirmó el mandatario.
El 5 de octubre el portal web de Presidencia informó que López Mena –quien en el correr de setiembre había dicho que no participaría del negocio– entregó a Mujica una propuesta sobre el futuro de los aviones subastados.
En estos últimos días, Calloia declaró ante la Justicia que fue López Mena quien –tras una llamada al BROU– facilitó el camino a Cosmo para conseguir el aval. Y López Mena dijo que fue el ministro Lorenzo quien le pidió que le acercara alguna empresa interesada en hacerse cargo de los aviones. Sobre esas y otras cosas, seguramente Mujica ya estaba informadol
Las gestiones del presidenteFernando Lorenzo. El ministro de Economía reconoció, primero en el Parlamento, luego en el juzgado y ante la prensa, que intervino “personalmente” para que Cosmo y otras empresas “pudieran acceder al aval para participar de la subasta”. Además, lo llamó a Calloia, según declaró el titular del BROU. Tuvo una reunión con López Mena una semana antes de la subasta y, según dijo el empresario a la Justicia, le pidió que trajera un interesado en participar del remate.
12/9. Tras la fallida subasta de los aviones, el presidente Mujica dijo que lo importante es que las aeronaves pudieran volver a “volar”, pero que “el asunto es quien pone la plata”.
3/10. Mujica mandató a los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado a “negociar” con la empresa Cosmo para que alguno de los siete aviones se quedaran en el país, informó Búsqueda.
4/10. Mujica “especuló” con el conocimiento previo entre Juan Carlos López Mena, y los dueños de Cosmo. “Tengo entendido que López Mena intentaba negociar con la empresa española para quedarse con los aviones”, afirmó. Al día siguiente el empresario entregó su propuesta al gobierno.
17/10. “Parece que un empresario que está buscando la de él es un pecador”, dijo Mujica en defensa de López Mena luego de que el senador comunista Eduardo Lorier le dijera al empresario: “Hermano, retirate o te vamos a retirar”.
1/11. Al vencerse el plazo que tenía Cosmo para confirmar su compra, el presidente ordenó a Pluna Ente Autónomo comprar el boleto, pero luego dio la contraorden. Finalmente decidió ejecutar el aval de Cosmo.
28/11. Mujica firmó el proyecto de ley que autoriza al Fideicomiso a negociar las aeronaves de Pluna.
10/12. “Hay tantas cuentas que no hemos cobrado”, dijo Mujica frente a la posibilidad de no cobrar el aval.
Los indagados
Fernando Calloia. Le otorgó el aval a Cosmo en pocas horas y sin aprobación del directorio del BROU, lo que sucedió después. Según el BCU, violó normas bancocentralistas y de lavado de activos. El aval tuvo varios errores, que hoy dificultan su cobro. Dijo que lo dio porque López Mena le dio referencias positivas de Cosmo. Luego señaló que si tenía tiempo de estudiar el tema seis meses no lo daba. El día en que vencía el plazo para que Cosmo pagara, se reunió en Buquebus con López Mena.
La relación previa con Lopez Mena
Viajes a las elecciones. Sobre todo para las elecciones del 2004, pero también para las de 2009 –cuando Mujica fue electo– López Mena hizo rebajas en Buquebús para permitir que uruguayos en Argentina viajaran a votar. Según dijo, para la campaña de Vázquez puso US$ 1 millón.Festejo íntimo El 29 de noviembre de 2009 por la noche, después de haber ganado las elecciones, Mujica hizo un festejo íntimo en el Quincho de Varela –frente a su chacra– y allí estaba López Mena entre los pocos invitados. El presidente habló con él largo rato, como con el resto de los invitados.
Almuerzos del Conrad El dueño de Buquebus y la aerolínea BQB organizó en enero de 2010 un almuerzo con empresarios de todo el mundo en el Conrad de Punta del Este, para que el presidente electo diera un mensaje de aliento a las inversiones. En enero de 2011 lo repitió.
el observador.
Trabajo, empleo y negociación colectiva en Uruguay
13
dic
Por la presente tenemos el agrado de invitarlo/a a la presentación pública de la actualización del MAPA DE GÉNERO: Trabajo, empleo y negociación colectiva en Uruguay.
La presentación tendrá lugar el día martes 18 de diciembre a las 17 hs. en la Sede del PIT-CNT, Jackson 1283.
El
Mapa de Género es una iniciativa conjunta del Centro Interdisciplinario
de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) y la Secretaría de
Género, Equidad y Diversidad sexual del PIT-CNT.
Pretende
ser una herramienta para facilitar la tarea de elaboración de
diagnósticos sobre las brechas de género, en temas tales como el empleo,
el desempleo, los ingresos, la calidad del empleo, la cobertura de la
seguridad social, los logros y déficit en la incidencia política en
organismos tripartitos y sindicales. Asimismo, se espera que sirva de
base a la elaboración de propuestas de política pública y sindical
tendientes a la igualdad de género.
Esperamos contar con tu presencia.
*Se entregará CD con el material a los asistentes
SE BUSCA UNA DEFINICIÓN!!!
13
dic
El orden docente
Expertos que visitaron la comisión en Diputados realizaron críticas a la definición del funcionario público del estatuto.
El
proyecto de ley del Estatuto del Funcionario Público volvió a recibir
cuestionamientos de especialistas académicos. En los últimos dos días la
Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de
Diputados recibió a los politólogos Conrado Ramos y Pedro Narbondo,
quienes desde diferentes puntos de vista cuestionaron algunos aspectos
del proyecto.
El
más duro, según varios legisladores, fue Ramos, a quien el nacionalista
José Carlos Cardoso (Partido Nacional) le atribuyó un “bombardeo” al
proyecto. “Era una metralleta hablando”, ilustró el diputado sobre la
sesión del martes, en la que el ex subdirector de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) visitó la comisión. Concretamente,
Ramos recomendó a los legisladores, según relató a la diaria, “no votar”
el proyecto “como viene, a las apuradas”, y en lugar de eso, propuso
formar una comisión interpartidaria, que incluya aportes de la academia y
de expertos en recursos humanos, para llegar a acuerdos y que el
proyecto pueda ser aprobado por una amplia mayoría, visto que se trata
de una ley “al menos para los próximos 20 años”. “El estatuto que se
propone está sobre las mismas bases de ahora y así no se trabaja más en
los países desarrollados”, advirtió el ex jerarca.
Ramos
coincidió con los abogados Juan Pablo Cajarville y Carlos Delpiazzo en
que la redacción del artículo tercero -que define quiénes son los
funcionarios públicos- no debería excluir a trabajadores que pese a que
no están presupuestados desempeñan funciones públicas, como ocurre con
los contratados. De hecho, los juristas habían visitado la semana pasada
la comisión y aseguraron que se trataba de un artículo
inconstitucional. Ramos también cuestionó el período de provisoriato de
18 meses para que un funcionario ingrese como definitivo a la función
pública: “Si no se lo puede evaluar en seis meses es porque tampoco se
está en condiciones de hacerlo en 18”.
Por
último, se mostró contrario a la clasificación en escalafones de los
funcionarios (servicios auxiliares y oficios; administrativo; y técnico y
profesional). Según aseguró, “las clasificaciones actuales no se usan
más. No dicen qué es lo que hace el funcionario sino sólo el grado
académico que tiene”. En cambio, propone clasificarlos en “familias
ocupacionales”, en función de sus tareas. El ex jerarca explicó que “una
vez que se identifican las familias y grupos ocupacionales es posible
calcular cuánto vale ese puesto de trabajo en una línea única para toda
la administración central, con pisos y techos en los niveles inferiores y
superiores salariales”. Esto permitiría, según dijo, facilitar la
negociación colectiva, que entonces se centrará en la negociación de los
salarios más bajos y altos de cada especialidad, mientras que los que
se encuentran en el medio se modificarán proporcionalmente.
Más suave
La
exposición de ayer de Narbondo no fue para el oficialismo tan crítica
como la de Ramos. El politólogo saludó la iniciativa de reformar el
estatuto, enfatizando la necesidad de aprobar urgentemente un proyecto
para lograr un aparato estatal al servicio del gobierno. Sin embargo,
también cuestionó la definición de funcionario público que hace el
texto, coincidiendo con Ramos, Cajarville y Delpiazzo.
El
miércoles 5 Narbondo ya había adelantado que si bien el sistema de
remuneraciones era bueno es necesario “poner algunos límites para evitar
que otra vez vayamos a un sistema extremadamente heterogéneo y
manejable discrecionalmente”. El especialista también advirtió en ese
momento que, según la redacción del proyecto, cuando se terminen las
reestructuras, el Estado se va a quedar sin figura contractual para
tareas transitorias. Por último, Narbondo expresó que la reforma implica
que habrá a partir de ahora “funciones de dirección que no serán
ejercidas por funcionarios públicos”, algo que “tiene sus consecuencias”
al ser estos cargos ocupados por “personas que no tendrán las
obligaciones” de estos funcionarios.
Las
continuas críticas al artículo tercero, que define quiénes son
funcionarios públicos, motivó una consulta de la comisión al
constitucionalista y ex senador del Frente Amplio José Korzeniak
(Partido Socialista), que responderá por correo todas aquellas dudas
sobre la eventual inconstitucionalidad de éste y otros artículos del
proyecto. Sin embargo, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, expresó a
la diaria que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a cambiar la
redacción del artículo.
Santiago Sánchez
Dossier del Blog El Muerto
Los trabajadores rurales uruguayos, entre la marginación y la injusticia
La salud de los trabajadores rurales es un tema todavía en discusión
EL GREMIALISTA MARCELO AMAYA, DURANTE UNA ASAMBLEA DEL SUTAA.
.El gremialista del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutaa) es uno de los que más ha investigado las condiciones de salubridad en el campo y los principales problemas que enfrentan las familias que trabajan con la tierra. De ese tema y de los debates que se plantean en los modelos productivos en el ámbito rural de Uruguay habla en esta charla. “Hay que construir un modelo que tenga en cuenta la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos”, sostiene Amaya
.
Marcelo Amaya es otro referente de los
asalariados rurales en Uruguay. Vive en el departamento de Cerro Largo,
fronterizo con Brasil, y milita en el Sindicato Único de Trabajadores
del Arroz y Afines (Sutaa). En marzo de 2010, fue despedido de una
empresa arrocera que lo responsabilizaba por supuesta “notoria mala
conducta”. Desde el sindicato replicaron que, en realidad, se trataba de
un caso de “notoria persecución sindical”, y luego la justicia terminó
fallando a favor del trabajador.
En los últimos meses, el Sutaa ha
participado activamente en recorridas por establecimientos de la zona
este del Uruguay junto a la Unidad de Extensión de la Universidad de la
República, con el propósito de diagnosticar, entre otras cosas, cómo
impacta el uso de agrotóxicos sobre la salud de las poblaciones rurales.
“Todavía no están los resultados finales
del informe, pero encontramos similitudes en diferentes lugares que
visitamos; por ejemplo, resulta llamativo cómo se repiten problemas de
aprendizaje de los niños en la escuela que podrían estar vinculados a
los agroquímicos”, explica Amaya. El sindicalista sostiene que en el
interior profundo de Uruguay el uso del glifosato está absolutamente
naturalizado, a tal punto que en algunos pueblos lo usan para “matar” el
pasto en las plazas públicas. “No se deberían usar como quien usa
combustible. Hasta se aplica para matar malezas en los frentes de las
casas”, enfatizó.
Los sindicatos visualizan cierto doble
discurso en algunos productores, que se quejan por el despoblamiento de
la campaña y reclaman escuelas rurales, pero después terminan fumigando
arriba de las escuelas. “Nos ha pasado que algunos médicos les plantean a
los trabajadores que sus problemas de salud están provocados por los
agroquímicos, pero luego no lo ponen en las fichas”, se quejó el
sindicalista. En su opinión, uno de los mayores problemas es que los
ingenieros que trabajan en las empresas del agronegocio mezclan hasta
cuatro o más productos para alcanzar los resultados esperados, pero sin
mayores controles de las autoridades sanitarias.
“Esto, en realidad, es parte de un
problema de fondo. Porque hoy el modelo del agronegocio funciona en base
a la opinión de estos profesionales; entonces, termina siendo una
producción basada en recetas de agroquímicos. El arroz funciona como un
agronegocio desde hace 20 años, y le decimos agronegocio porque no es
agricultura”, opinó.
Los trabajadores organizados quieren dar
su punto de vista en ese debate sobre los modelos productivos que están
en disputa: en ese sentido, le asignan un papel central al Estado, pero
también subrayan el papel clave de los actores sociales. “Partimos del
diagnóstico de que el modelo actual no es para el pequeño productor y la
agricultura familiar. Necesitamos construir un modelo que tenga en
cuenta la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos. El modelo
alternativo puede convivir con cualquier modelo. El problema es quién
convive con el otro modelo, el de la extranjerización y la
concentración”, reflexiona Amaya. Pone como ejemplo que un tambo no
puede establecerse en medio de un enclave forestal, o al lado de 10.000
hectáreas de arroz con cinco aplicaciones de glifosato por año, y
concluye que para regular esas dificultades de convivencia resulta vital
una mayor intervención estatal. “Dejar todo librado al mercado es
incentivar la concentración de la tierra, porque los pequeños
productores se ven aislados, sus campos no producen lo mismo y terminan
vendiendo porque baja la productividad”, explicó el sindicalista, quien
celebra, de todas maneras, que la polémica política por la aplicación
del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (ICIR) haya
colocado estos temas en la agenda.
En todo caso, parece claro que la
consolidación del modelo del agronegocio termina impactando sobre el
mundo del trabajo y las condiciones de los asalariados.
Desde el Sutaa, sostienen que muchos de
sus afiliados, debido a las condiciones laborales que plantean algunas
arroceras, prefieren viajar cientos de km, en lugar de aceptar el nuevo
sistema. “Eso lo vemos acá, pero, en materia de empleo, todo depende de
cuál sea la zona y la producción. Quizás en zonas que eran típicamente
ganaderas ese impacto en materia de fuentes de trabajo no es tan fuerte
como en la forestación”, manifestó.
Sin embargo, según Amaya, en lo
referente a los impactos sobre la agricultura familiar no hay dobles
lecturas: todas las consecuencias son negativas, entre otras cosas
porque se han instalado modelos de producción que no respetan al vecino.
“Son capitales extranjeros; defienden otros intereses, otra lógica. Se
termina la solidaridad en el campo, que era muy importante”, concluye
terminante.
La dirigente María Flores, referente de las asociaciones de los asalariados rurales y presidenta del sindicato Único de Trabajadores del Tambo y afines (Sutta) describe en esta charla un sombrío panorama de la actividad. Las leyes pendientes, la falta de diálogo con el gobierno y la amenaza patronal contribuyen a la situación crítica del productor chico.
Los trabajadores rurales uruguayos, entre la marginación y la injusticia
“EL PRODUCTOR CHICO ESTÁ CASI EN LA LONA. LA FAMILIA ARRAIGADA EN EL CAMPO ES UNA RAREZA”, DICE FLORES.
María Flores vive en el paraje Puntas de Maciel, en el departamento uruguayo de Florida, en el centro del país. A mediados de 2009, su esposo, Ebelio González, fue despedido del tambo en el trabajaba por intentar conformar un sindicato, y su familia fue desalojada a instancias de un decreto de 1978 que encomienda a la policía la solución de los conflictos laborales en el medio rural. María tiene 42 años, tres hijos y un nieto. Es presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines (Sutta) –cuyos afiliados son en su mayoría varones– y referente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
–¿En qué medida el avance del agronegocio ha impactado en la vida de los asalariados rurales uruguayos?
–El trabajador rural difícilmente se maneje con cifras o estadísticas; para eso están la Universidad de la República y los organismos estatales. Lo que sabemos es del día a día, y ahí vemos que de repente una estancia donde había un casero, una cocinera y tres o cuatro peones hoy está cerrada, y ahí se está plantando soja, que necesita gente sólo en temporada de zafra. Y estamos hablando de un tractorista que sustituye el trabajo de siete u ocho personas. La variable de la mano de obra no es tenida en cuenta, y se reduce todo a un tema costo-productividad. Hoy venía desde Paysandú, y lo único que se veía era soja. Ahí no hay trabajadores y nadie se preocupa por cómo va a quedar esa tierra. ¿Cómo se van a entregar esos campos en cinco o diez años cuando termine el arrendamiento?
–¿Cómo ven desde Unatra la realidad de la producción familiar?
–El productor chico está casi en la lona. La familia arraigada en el campo es una rareza en el Uruguay de hoy. La emigración hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades es permanente. Porque con la plata que te pagan por el campo que vendés, no tenés chances de comprarte una casa en otro lugar.
–¿Es más común la emigración que el ingreso a empresas del sector?
–Las empresas que se están instalando traen la mano de obra del país de origen; en el caso de las que vienen de la Argentina, es claro eso. En todo caso, tenemos que preparar a nuestra gente para tareas para las que no está preparada. No es lo mismo un tractor como los que aprendimos a manejar hace años que la maquinaria que utilizan estas empresas. Falta mucha preparación. Estamos hablando de trabajadores que estaban acostumbrados a lidiar con sus vacas y sus caballos, y no a otra cosa.
–¿Cuál es la situación de los asalariados en materia de salud laboral?
–Hace poco tuvimos una denuncia puntual en Lascano (en el departamento de Rocha), con tres trabajadores intoxicados que terminaron en un sanatorio, afectados por la fumigación por soja. Estuvimos en la primera parte del proceso; después siguió el curso un abogado, pero nos enteramos de que el juicio se ganó. De todas maneras, la impresión que tenemos es de que se terminan haciendo arreglos por 60 o 70.000 pesos cuando al trabajador le corresponderían 300.000 [en Uruguay un dólar equivale aproximadamente a 20 pesos]. Ahí también planteamos públicamente que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se contacte con nosotros, pero no hemos tenido novedades.
–La aprobación de ley de ocho horas para los rurales se utilizó en la campaña electoral como una bandera en materia de logros del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Ustedes lo viven así?
–Si fue una bandera, entonces se le quebró el palo. Porque seguimos denunciando que hay muchos aspectos de la ley que no se están aplicando. Por ejemplo, la comisión de contralor y seguimiento de la ley, que nunca fue creada. Está en un papel, pero fuera del mundo de los papeles la realidad es muy diferente. La brecha histórica entre los derechos de los trabajadores urbanos y los rurales sigue estando, y un ejemplo claro es la falta de inspecciones en los lugares de trabajo, que generalmente se dan a partir de denuncias nuestras. Entiendo que para el Ministerio de Trabajo sea difícil llegar a muchas zonas rurales, pero quizá se pueda pensar que los propios trabajadores nos capacitemos y hagamos esas inspecciones. Al menos tenemos claro qué cosas están bien y cuáles no.
MARÍA FLORES, DURANTE UNA MOVILIZACIÓN EN EL TAMBO DEL QUE FUE DESPEDIDO SU ESPOSO POR RECLAMOS SINDICALES.
–¿Los trabajadores son tenidos en cuenta en el momento de elaborar políticas públicas?
–A decir verdad, las políticas se siguen delineando a puertas cerradas, normalmente por gente que no sabe nada de lo que vivimos en el campo. Un senador me dijo textualmente: “Yo soy del asfalto; no sé nada del campo”. Fue brutalmente sincero, pero tampoco vemos que nos convoquen o nos consulten a los que sí conocemos un poco más. Tal vez, el problema es que nuestro aporte no va a tener color de rosa. En realidad, contamos lo que vivimos, y el que no nos crea puede ir a verlo.
–¿Pensaron que con José Mujica, por su perfil, la situación podía cambiar?
–¿Cuándo viste a Mujica reunido con la Unatra? Sí se ha reunido con la Federación Rural y con la Asociación Rural (tradicionales entidades de los productores), pero con nosotros no. Ni ha participado en nuestros congresos ni se ha interesado por saber qué opina la directiva de nuestro sindicato. El presidente debería tener claro que no somos los malos de la película; que no mordemos. No andamos en camionetas 4 por 4; somos los de bota de goma. La pregunta que él tiene que hacerse es cuáles son sus verdaderos paisanos.
–¿Sienten esa distancia también en relación con los organismos del Estado?
–Además de lo que decía del MSP, nos pasa algo parecido con el Ministerio de Desarrollo Social, porque queremos discutir con ellos qué pasa con las canastas alimenticias para los rurales. ¿O qué pasó con la asignación doble para los hijos de los trabajadores rurales? Ese fue un anuncio de campaña, pero quedó en la nada. Cobramos salarios de 10.000 pesos. Parece lógico que nuestros hijos tengan una consideración especial. Por las distancias, terminamos gastando más en traslado para que nuestros gurises vayan a la escuela que la gente de la ciudad.
–Y en materia de seguridad social, ¿cuál es el diagnóstico?
–No hay registros de cuánta gente trabaja en negro, pero la percepción es que estamos en niveles muy altos. Hace algunos días, fui a Paso de los Toros (en el departamento de Tacuarembó) y nos reunimos con once trabajadores forestales, con salarios de 350 pesos por día, que a su vez plantaban eucaliptos en los campos, pero eso lo cobraban en negro. Por día, cobraban más, pero para negociar el despido figuraban por 350 pesos. Ese trabajo en negro después no lo podés negociar.
–El gobierno quiere derogar el decreto de 1978, que encomendaba a la policía el desalojo de los trabajadores rurales despedidos. ¿Cómo lo tomaron?
–Esto lo vivimos en carne propia [su familia fue desalojada al amparo de este decreto, tras el despido de Ebelio], y agradecemos la voluntad del gobierno, sobre todo al Ministerio de Trabajo, que ha reconocido que el puntapié inicial fue la denuncia que hicimos. Algunos jerarcas del gobierno no sabían que estaba esa norma vigente. Así como estas cosas, hay muchas más para hacer. En los consejos de salarios, también nos hemos sentido respaldados por negociadores del Ministerio de Trabajo. Nadie niega que la situación ha cambiado y, cuando las cosas se hacen bien, sabemos reconocerlo. Tal vez, algunas veces, los trabajadores nos pasamos de mambo. Ahora, en este conflicto en Paysandú por las citrícolas, alguno planteó en una asamblea que había que quemar las quintas. ¿Y después dónde vamos a trabajar? No es así; hay que aprender a negociar, y tenemos que aprender que al gringo lo que verdaderamente le duele es cuando le tocás el bolsillo. Pero para eso hay que saber negociar también; aprovechar lo que puede ser el apoyo del Instituto Cuesta Duarte [organismo de la central obrera PIT-CNT, que brinda asesoramiento técnico] para formación sindical.
–¿A la Unatra le tocó una de las patronales más complicadas del país?
–A los rurales nos tocó gente que amenaza, que te llama al celular y te dice: “Sé dónde está tu hija; sabemos a qué escuela va”. Nos tocó gente muy difícil; gente que no está acostumbrada y, menos, a tener que negociar con una mujer, como en mi caso, que no tiene miedo a discutirles de igual a igual. A mí, lamentablemente, me ha cambiado hasta el carácter desde que empecé con esto, pero, en realidad, no te queda otra.
–En el caso de la lechería y para tener una referencia, ¿cómo ha sido la relación con los empresarios de Nueva Zelanda?
–Con ellos dialogamos bien. A diferencia de las patronales uruguayas, citaron al sindicato para conocer nuestra opinión, para buscar salidas comunes en la mesa de negociación. Eso te da la pauta de que ellos son mucho más inteligentes. Los problemas mayores los tenemos con los empresarios uruguayos y los argentinos.
–¿Qué ha sido lo más grave que ha escuchado de un empresario en una negociación?
–[Piensa] Lo más doloroso lo viví en un consejo de salario. “Les doy todo lo que me sobra. ¿Qué más quieren?”, nos dijo uno. Y después explicó que hablaba de las zapatillas y las túnicas escolares que ya no usaban sus nenes. Él estaba convencido de que esas “sobras” significaba darles todo a los hijos de los peones. Otra vez escuché a un productor lechero, un sector que en los últimos años ha hecho fortunas, que en plena negociación por el tema de las canastas de útiles escolares le decía a otro: “No te preocupes: les compramos tres o cuatro porquerías en el Barrio de los Judíos [una zona de baratillos en Montevideo], y eso ya es la canasta”. La mentalidad de ellos es insistir en que somos una especie de gran familia. Pero si eso fuera así, la verdad que nuestros familiares dejan mucho que desear.
Los asalariados agropecuarios del Uruguay
Los derechos están, pero la precariedad laboral continúa
En este artículo académico, investigadores de la Universidad de la República señalan una contradicción central en la realidad de los trabajadores del campo: se amplían formalmente sus derechos, pero la precariedad laboral se mantiene. La caracterización social de los asalariados, el trabajo estacional, el “contratismo” y los obstáculos para la organización y eficaz defensa de sus intereses son algunas de las cuestiones planteadas.
Los hallazgos relativos a la segmentación y a la precariedad en el trabajo rural han dado cuenta, aunque de modo parcial, de cómo la exclusión de derechos impacta en la vida de las clases subalternas rurales. Investigaciones recientes plantean que la precariedad en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores se mantiene, aun cuando el país atraviese una etapa de ampliación en la consagración de derechos.
En este sentido, la hipótesis que guía nuestro trabajo es que la ampliación de derechos en el plano formal no va acompañada de una mayor efectivización y apropiación de esos derechos por parte de la población rural. Por tanto, entendemos que es necesario ampliar el campo de investigación, incorporando el estudio de las representaciones que moldean estas relaciones sociales y que producen una subjetividad determinada sobre la ciudadanía. Así, pues, este artículo introduce una mirada diferente y complementaria a la de estudios anteriores hechos por varios investigadores de nuestro país.
Los asalariados, en números
Avanzar en la caracterización cuantitativa de los asalariados agropecuarios tiene ciertas limitaciones, por la disparidad de cifras y por su antigüedad. El último Censo de Población y Vivienda con el que cuenta nuestro país data del año 1996, y el último Censo General Agropecuario es del 2000. Los censos de población y vivienda contaron 84.000 trabajadores rurales en 1975, 95.000 en 1985 y 74.000 en 1996. La proporción de trabajadores asalariados hacia fines del siglo XX llegó al 56% del total de la fuerza de trabajo, con lo cual superó la cantidad de trabajadores familiares. Pero, además, las tendencias han sido opuestas: una disminución gradual de los trabajadores familiares y un crecimiento gradual (salvo por el último registro de 1996) de los trabajadores asalariados, lo cual habla de una extensión y profundización de las relaciones capitalistas en el campo, posiblemente como consecuencia de los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo en el campo uruguayo. (Piñeiro y Moraes, 2008).
LA CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE LOS ASALARIADOS RURALES ES DIFÍCIL POR LA DISPARIDAD DE CIFRAS Y POR SU ANTIGÜEDAD.
Recientemente, el Banco de Previsión Social comienza a mostrar avances en el registro de los asalariados agrícolas. No obstante, el subregistro es considerable, y esto puede presentar diferencias de acuerdo con las ramas de producción. Así, el aumento de registro es más pronunciado en ramas donde hay una fuerte presencia del capital extranjero, y orientadas al comercio externo, seguramente debido a requerimientos de certificaciones de calidad (que abarcan un amplio espectro, desde procesos productivos hasta condiciones de trabajo). Con esto no queremos señalar que el proceso de regularización de la mano de obra rural haya sido impulsada por la presencia, en el agro, de empresas multinacionales, sino más bien dar cuenta de la confluencia de condiciones de tipo político y económico, que sostuvieron una plataforma que dio mayor centralidad a este tipo de procesos.
El aumento en la formalidad del empleo en la agropecuaria puede ser entendido como un paso hacia el reconocimiento de estos trabajadores, que históricamente han sufrido condiciones de trabajo y de vida penosas. Algunas de estas condiciones están vinculadas al trabajo rural, mientras que otras atraviesan a otras fracciones sociales del medio rural, así como a los trabajadores urbanos.
La dependencia de los tiempos biológicos de la producción moldea, hasta un punto, la organización social de trabajo; hay tiempos puntuales en los que se requiere mayor fuerza de trabajo y otro en los que se requiere menores.
En la agricultura podemos visualizar dos tendencias del capitalismo orientadas a suavizar esa distancia entre los tiempos de producción y los tiempos de trabajo. Una tendencia es la constante introducción de tecnología para disminuir el exceso de tiempo de producción en relación con el de trabajo, y, por otro lado, se suele recurrir al trabajo estacional de forma que este costo sólo sea asumido en los períodos de mayor actividad (Piñeiro, 2011). Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2000, en las localidades de menos de 5000 habitantes y precisándolo por rubros, en la ganadería el 40% del trabajo es de carácter estacional, mientras que en la horticultura, los cereales y la forestación la proporción se ubica entre un 20% y un 25% (Piñeiro, 2011). Estos datos permiten constatar una tendencia a la zafralización del trabajo agropecuario, asociada también a formas particulares de organización del trabajo de los asalariados.
ÍCONO URUGUAYO DE LOS TRABAJADORES RURALES, UNA XILOGRAFÍA SOBRE EL MATE (PETE GONCALVES).
En este escenario, el contratista de mano de obra y de servicios de maquinaria se ha convertido en un actor sustantivo, en tanto reclutador de fuerza de trabajo que las explotaciones agropecuarias utilizarán en momentos específicos del ciclo agrícola, lo que explica su expansión en las últimas décadas y su centralidad en la organización social del trabajo. Según Piñeiro (2011), la expansión del contratismo en el campo uruguayo es un indicador de la creciente tendencia al predominio del empleo temporal sobre el permanente, lo cual suele estar asociado, como lo demuestran investigaciones recientes (Carámbula, 2009; Piñeiro, 2008; Riella y Mascheroni, 2011), a la precariedad laboral y a la vulnerabilidad social de los trabajadores rurales uruguayos. Las especificidades del trabajo agrícola antes descriptas también suelen implicar modalidades de remuneración del trabajo que imponen formas particulares de explotación de la fuerza de trabajo. Las distintas formas de pago a destajo, históricamente manifiestas en el campo uruguayo, han tendido de modo general a abaratar la fuerza de trabajo. Dicha forma de pago, en tanto está vinculada a la productividad del trabajo, se ha expandido en el contratismo, ya que es beneficiosa para el contratista, por lo menos en dos sentidos. Primero, porque externaliza la vigilancia de la fuerza de trabajo, ya que la obtención de una mejor remuneración dependerá de que la dedicación del trabajador aumente y el destajismo oficiará de mecanismo de disciplinamiento. Segundo, porque son los trabajadores quienes incrementan la autoexplotación de la fuerza de trabajo, porque de su mayor rendimiento y de su uso más eficiente del tiempo de trabajo dependerá su remuneración diaria.
Las dimensiones referidas, así como el relativo aislamiento de los asalariados agropecuarios entre sí; el predominio de relaciones de tipo paternalista con sus empleadores; la identificación con las pautas de producción impuestas por los patrones a través de mecanismos diversos, y la residencia rural de los trabajadores han sido visualizados como algunos de los obstáculos para su organización y para una eficaz defensa de sus intereses. A pesar de algunas experiencias de acción colectiva, este sujeto social ha tenido escasas posibilidades de desarrollar formas organizadas, planificadas y públicas de lucha social. Esta característica que ha marcado la historia de los asalariados del campo uruguayo es una línea sugerente para preguntarnos acerca de sus posibilidades para apropiarse de una noción de ciudadanía que visibilice sus derechos sociales.
Límites al ejercicio de ciudadanía de los asalariados
Los antecedentes relevados por el grupo de investigación han mostrado la existencia de límites en la consagración formal de derechos para los trabajadores. Ellos se explican por dos razones.
La primera se vincula con un ordenamiento jurídico separado, magro y tardío. La segunda se refiere a la dificultad para la efectivización y el goce de los derechos consagrados. (Cardeillac, 2011; Buxedas, Perera y Barrios 2011; Mascheroni, 2011; Piñeiro, 2008; Moreira, 2009; Riella y Ramírez, 2008; entre otros).
Entre el conjunto de posibles explicaciones que permiten comprender estas limitantes a la ciudadanía se revela como determinante la prevalencia de modalidades concretas con rasgos premodernos que inhiben la apropiación de los derechos y que se representan en la aceptación del modo de vida rural como único, atemporal y neutro. En este sentido, se comparte y se retoma lo que plantea Moreira (2009), en referencia a la atmósfera cultural rural. Esta estructura al ser rural y lo sujeta a los valores sociales y culturales presentes y deseables en el espacio social/geográfico de referencia, que opera como un punto de encuentro y reproducción de las prácticas de las diferentes generaciones y clases sociales. Además, evidencia la lógica posicional, relacional y asimétrica respecto a los valores económicos y culturales propios de este medio.
En la construcción de la situación antedicha, tiene un papel central la forma en que se articulan las relaciones de poder en la estructura social agraria, marcada por la asimetría de poder entre sus grupos en lo que se refiere a la consagración y el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales (González Sierra, 1994; Piñeiro, 1991; Riella, 2006). Tanto es así, que es dable afirmar que la construcción de la ciudadanía de los asalariados rurales (en materia de derechos) está fuertemente atravesada por el campo de poder agrario.
Los límites que encuentra parecen estar estrechamente vinculados a la debilidad que tienen los trabajadores frente a las gremiales tradicionales. Así, en nuestro medio rural, parece darse una mímesis entre la estructura productiva y social, sus intereses hegemónicos y la regulación del medio por parte del Estado en el marco de una cultura hegemónica, que se reproduce y se hace homogénea.
En términos de detección de la demanda, se identifican tres factores de vulnerabilidad: 1) cada rubro de producción da lugar a configuraciones laborales específicas, uno de cuyos extremos se expresa en la ganadería con la residencia en el predio (su respectivo aislamiento y dependencia) y, en otro extremo, los rubros agroindustriales, caracterizados por el trabajo zafral y el reclutamiento en los cinturones de las ciudades; 2) ausencia de institucionalidad pública que se responsabilice del desarrollo integral del trabajador asalariado rural; 3) debilidad de la sociedad civil, en particular de las organizaciones sindicales rurales.
También se visualizan necesidades relativas al cumplimiento y ampliación de derechos. De esa forma, es posible identificar carencias o ausencias de derechos en términos laborales, sociales, culturales, económicos y los que permiten la generación de mecanismos que fomenten la acción colectiva en el medio rural. Específicamente, las prioridades en términos de derechos son estas:
1) acceso efectivo al sistema de protección social (seguro de paro, jubilación, jornales caídos); 2) acceso a la vivienda, en particular para la población que reside en núcleos urbanos de más de 5000 habitantes; 3) generación de una institucionalidad pública de referencia que vele por el ejercicio pleno de los derechos normativamente consagrados por parte de los asalariados.
Una contradicción no resuelta
En primer lugar, es necesario señalar que, efectivamente, en nuestro país coexisten dos procesos. Uno está centrado en la ampliación de derechos. El otro, de larga duración, tiene que ver con la estructuración del territorio y del mundo social rural a partir de las principales características del mundo productivo, donde el Estado ha brillado por su ausencia y, por ende, ha legitimado la no efectivización de derechos. Así, el trabajo agropecuario está ubicado en esta tensión que implica un conjunto de derechos consagrados por la estructura jurídico/política al tiempo que la estructura social y productiva vigente los cuestiona y limita.
La tensión entre la estructura jurídico/política y la social se expresa en un marco legal que, más allá de ser discriminatorio, estimula la cultura tradicional y refuerza la lógica de lo rural como excepcional. Los programas que se inscriben en la lógica de la protección social no han incorporado la nueva configuración de los riesgos sociales y vulnerabilidades que afectan a los trabajadores asalariados agropecuarios.
En este sentido, la experiencia histórica indica que las medidas de discriminación positiva deben ser articuladas por alguna institución del Estado que se especialice y responsabilice en los temas propios de los grupos específicos, como los asalariados agrícolas, a los efectos de lograr que aquel se haga cargo de la integralidad de los problemas y que incentive la asunción de responsabilidades por el resto de la estructura estatal.
En suma, podemos decir que la invisibilidad de la situación de los trabajadores del agro sigue siendo una constante, lo que evidencia la necesidad de generar conocimiento de las estructuras y dinámicas institucionales. También debería profundizarse el estudio de las representaciones que modelan estas relaciones sociales y los mecanismos concretos que las explican, al tiempo que se especifican en el territorio, en función de la realidad de cada rubro de producción.
Autores:
Investigacón del NESA (1), perteneciente a la Universidad de la República de Uruguay. Este informe fue redactado por: MATÍAS CARÁMBULA, Ingeniero Agrónomo; JOAQUÍN CARDEILLAC, Magíster en Sociología; ALEJANDRA GALLO, Licenciada en Sociología; AGUSTÍN JUNCAL, Técnico en Relaciones Laborales; VICTORIA MENÉNDEZ, Socióloga; BOLÍVAR MOREIRA, Magíster en Sociología; DIEGO PIÑEIRO,Ingeniero Agrónomo.
Referencias
1 El Núcleo de Estudios Sociales
Agrarios (NESA) está integrado, entre otros investigadores, por Matías
Carámbula, Joaquín Cardeillac, Alejandra Gallo, Agustín Juncal, Victoria
Menéndez, Bolívar Moreira y Diego Piñeiro. El NESA tiene sede en la
Universidad de la República de Uruguay. Contacto: nesa.uruguay@gmail.com.
2 Proyecto “Los límites de la
ciudadanía: el caso de los trabajadores asalariados rurales”. Programa
de Inclusión Social Modalidad II. CSIC. Universidad de la República,
2011-2012.
3 Rasgos que pueden ser resumidos en la
siguiente caracterización: bajo nivel educativo de la población; acceso
temprano al mundo del trabajo; situación de residencia en el predio y
zafralidad del empleo; delimitaciones normativas que responden a ciclos
biológicos. Donde los círculos sociales son restringidos, el mercado de
trabajo está segmentado y territorializado; donde los criterios de
acceso al trabajo tienen más que ver con atributos morales.
4 En este trabajo, se entiende por
cultura “las prácticas, los ritos, las formas simbólicas, la transmisión
intergeneracional de la costumbre y la evolución de la costumbre,
dentro de formas históricamente específicas de relaciones sociales y de
trabajo”. Para profundizar en esta discusión, ver el ensayo Costumbres en común, de E. P. Thompson (1995).
5 Plan Ceibal, Centros MEC, Plan de sa-
lud rural; flexibilidad y adaptación de las prestaciones del BPS;
consagración de la ley de 8 horas laborales; regulación de las
tercerizaciones laborales; ley de fueros sindicales; instalación de los
consejos de salarios; algunas experiencias en el marco del Programa
Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
6 Los informantes calificados señalan
que tanto el uso de la categoría de productor rural como la formación
académica que imparte la Udelar en las carreras vinculadas al agro
visibilizan la hegemonía de la representación de lo rural como funcional
a los intereses de las clases propietarias. Por ello, también resulta
necesario profundizar en la comprensión de la “excepcionalidad” del
mundo rural y en cómo opera delimitando la ciudadanía de los asalariados
rurales.
Bibliografía
- Buxedas, M.; Barrios, M.; Perera, M. Uruguay: políticas de mercado de trabajo y pobreza rural, OIT, Santiago, 2011.
- Bruno, Y. Ocupación y empleo en el sector agropecuario. En Anuario de OPYPA 2006. MGAP- OPYPA, 2006.
- Carámbula, M. Tiempos de ausencia.
Movilidad espacial y precariedad laboral en los trabajadores rurales
temporales: el caso de los esquiladores de Villa Sara. Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, CSIC Letraeñe Ediciones, Montevideo, 2009.
- Cardeillac, J. Evolución de la
pobreza en hogares rurales y agrodependientes, en un contexto de
crecimiento económico de base agropecuaria. Tendencias de los últimos
diez años: el caso de Uruguay. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, 2011.
- González Sierra, Y. Los olvidados de la tierra. Vida, organización y lucha de los sindicatos rurales del Uruguay. Editorial Nordan-Comunidad, 1994.
- Mascheroni, P. Democracia y ciudadanía en el campo. Los primeros consejos de salarios rurales en el Uruguay, UR, FCS, DS, Montevideo, 2011.
- Moreira, B. El juego de la mirada. Tesis Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
- OPYPA. Estudio sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales, 2001.
- Piñeiro, D. El trabajo asalariado agropecuario en el Uruguay. IICA, 2011. Disponible en www.iica.org.uy
- Piñeiro, D. El trabajo precario en el campo uruguayo. Comisión Sectorial de Investigación Científica. Universidad de la República, 2008.
- Piñeiro, D. (ed.). Nuevos y no tanto: los actores sociales para la modernización del agro uruguayo. Montevideo: CIESU/EBO, 1991.
- OPYPA. Estudio sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales, 2001.
- Riella, A. y Ramírez, J. Los trabajadores de la ganadería en el Uruguay. Un estudio de caso, 2008.
- Riella, A. “Los frenos a la construcción de ciudadanía en el campo: el caso de los asalariados rurales en Uruguay”,
in: Grammont, Hubert C. de (comp.) La construcción de la democracia
en el campo latinoamericano. Buenos Aires. Clacso. pp.159-185. Colección
Grupos de Trabajo, 2006.
- Thompson, E.P. Costumbres en común. Barcelona, Ed. Crítica, 1995.
Las que siguen son algunas de las principales normas incluidas en el estatuto sancionado por el congreso argentino en diciembre de 2011, que regula la tarea de los trabajadores asalariados de la actividad agraria, a la que también define. Todas ellas apuntan a equiparar derechos laborales y a eliminar viejas injusticias que se perpetuaban.
1.- Equiparación de derechos. Iguala
a los trabajadores rurales a los restantes trabajadores del sector
privado, al permitir la aplicación de la LCT (Régimen de Contrato de
Trabajo, aprobado por la Ley N° 20.744), en todo cuanto resulte
compatible con el régimen estatutario específico. Son aplicables, entre
otros, institutos tales como el preaviso, integración del mes de
despido, licencia por maternidad para trabajadoras temporarias y demás
licencias especiales.
2.- Regulación protectoria de los aspectos propios de la actividad.
Se regula con un criterio de estatuto mínimo, pues se reglamentan de
manera específica y con sentido protectorio sólo aquellas cuestiones
puntuales que en función de la particularidad del trabajo agrario así lo
requieren. Se destacan las nuevas modalidades contractuales, el aumento
de la indemnización para trabajadores temporarios, la prohibición del
período de prueba, la prohibición de las empresas de servicios
eventuales y de las cooperativas de trabajo, la determinación de
condiciones particulares referidas a seguridad, higiene y alojamiento.
3.- Actividad agraria. Conceptualización. Se define expresamente la actividad agraria facilitando la determinación del universo laboral.
4.- Contrato de trabajo agrario. Definición.
Se establece claramente el contrato de trabajo rural,
circunscribiéndolo a las tareas propias de la actividad agraria en
cualquiera de sus especializaciones y en línea con la LCT, cuyas normas
protectoras específicas le son aplicables.
5.- Protección de los trabajadores temporarios.
Se favorece la estabilidad laboral rompiendo con la dicotomía de
trabajadores permanentes y no permanentes o temporarios, brindándoles
garantías como trabajadores permanentes discontinuos.
6.- Regulación del trabajo a destajo.
El pago a destajo ha sido tradicionalmente una de las formas
preponderantes en la actividad de cosecha. Esta modalidad ha sido fuente
de numerosos abusos y fraudes en perjuicio de los trabajadores. Por
ello se regula de manera estricta el pago mediante esta modalidad, a la
que se denomina “por rendimiento de trabajo”, y se establece que ella no
podrá ser inferior a la remuneración mínima que se fije para cada
actividad por unidad de tiempo.
7.- Jornada laboral. Se
brindan garantías efectivas en materia de jornada laboral, limitando
expresamente la extensión diaria y semanal y reconociéndoseles a los
rurales los mismos derechos que a los restantes trabajadores. La
duración de la jornada, tanto para permanentes como temporarios, es de 8
horas diarias y de 44 semanales, de lunes a sábado a las 13; se regula,
asimismo, la jornada nocturna.
UNA DE LAS CLAVES DEL ESTATUTO ES QUE IGUALA A LOS TRABAJADORES RURALES CON SUS PARES DEL SECTOR PRIVADO
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8.- Vivienda, alimentación, traslados.
Respecto de estas cuestiones, se incrementan y mejoran los estándares y
requisitos mínimos ya establecidos, y se supera incluso lo previsto por
la LCT.
9.- Solidaridad. Se
amplían la protección y los supuestos de solidaridad con relación a la
contratación y subcontratación (actividad principal y accesoria). Se
considera a los subcontratistas solidariamente responsables, y se les
imponen todas las obligaciones emergentes de la relación laboral.
10.- Licencias especiales.
Se hacen extensivas las licencias previstas por la LCT por nacimiento
de hijo; matrimonio; fallecimiento de cónyuge o conviviente, hijo,
padre, hermano; exámenes; enfermedad, etcétera.
11.- Capacitación y formación profesional.
Se establece el derecho de los trabajadores agrarios a capacitarse y se
les garantiza el acceso equitativo a la formación y/o certificación de
competencias laborales.
12.- Lucha contra el trabajo esclavo, infantil y no registrado. Se
crean y recrean las instancias de control laboral, los sistemas de
contratación y los dispositivos de contención familiar para los
trabajadores, particularmente para los temporarios.
13.- Incentivo a la regularización laboral.
Se contempla un mecanismo de incentivo al empleo registrado, que
consiste en beneficiar al empleador que contrate trabajadores
temporarios y permanentes discontinuos con una reducción del 50% en las
contribuciones patronales.
14.- Servicio público de empleo para trabajadores temporarios.
Con el fin de contribuir a la generación, sostenimiento, mejora y
registración del empleo de los trabajadores temporarios y, en especial,
de los migrantes, se establece este servicio, que será de uso
obligatorio para los empleadores y funcionará en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, y se habilita la posibilidad de articular su
funcionamiento y accionar con las autoridades locales en las distintas
jurisdicciones provinciales.
15.- Seguridad social.
Jubilación ordinaria del trabajador agrario. En función de la rudeza de
las tareas rurales y sus repercusiones en la salud de los trabajadores,
se establece el derecho a una jubilación ordinaria con 57 años de edad y
25 años de servicios.
16.- Sanciones por trabajo no registrado.
Se pone fin a una discriminación injustificable, al hacer plenamente
aplicables a los trabajadores agrarios las multas y los agravamientos
indemnizatorios establecidos por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 para
el resto de los trabajadores de la actividad privada.
17.- Derecho de huelga. Se eliminan las actuales restricciones impuestas por el régimen laboral de facto.
18.- Derecho a la negociación colectiva.
Se equipara a los trabajadores rurales al habilitarse para el ámbito
rural la concertación de convenciones colectivas de trabajo.
