30 de Agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido
¿Donde están?: Los desaparecidos nos faltan a todas y todos
Posted on 30 agosto, 2015 by soawlatina
Este 30 de agosto conmemoramos en América Latina el Día Internacional del Detenido Desaparecido fecha que nació por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) para seguir fortalecimiento la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas.
De acuerdo a datos de FEDEFAM, al 2011 había 204.994 personas en condición de detenidas desaparecidas en América Latina.
En esta fecha tan especial queremos reiterar que los detenidos desaparecidos nos faltan a todas y todos. Eran nuestros hermanos y hermanas; eran nuestros padres y madres, eran nuestras abuelas y abuelos.
Eran también nuestros compañeros trabajo, nuestros vecinos en el barrio, nuestros compañeros de universidad o de colegio, como los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, en México que fueron detenidos por agentes de la policía y por narcotraficantes, el 26 de septiembre de 2014, y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos como otros 22.610 mexicanos que fueron detenidos y desaparecidos entre los años 2006 y 2014.
Eran jóvenes, como José Huenante, de 16 años, que el 3 de septiembre del año 2005 fue detenido por una patrulla policial, en la ciudad de Puerto Montt, en Chile, y que hasta la fecha se desconoce su paradero como el de tantas y tantos de nuestros detenidos desaparecidos en toda América Latina.
En este día especial, los recordamos y decimos: ¡¡Presentes!!
Al mismo tiempo, queremos recordar que muchos de los criminales que asesinaron y desaparecieron a miles y miles de nuestros seres queridos, por toda América Latina, siguen en la más completa impunidad, manteniendo todavía sus pactos de silencio, y siendo protegidos por muchos gobiernos, lo que ha impedido llevarlos a la justicia como saber el paradero de nuestras y nuestros desaparecidos.
Debemos recordar también, ante la amnesia colectiva que quieren imponer, que los criminales y los asesinos, los que torturaron, ejecutaron o hicieron desaparecer a miles y miles de hombres y mujeres, niñas y niños, en toda América Latina, fueron entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, academia militar que sigue funcionando hasta el día de hoy, bajo el nombre de WHINSEC, y donde cada año se siguen entrenando soldados o policías de Colombia, Chile, México, Perú, Paraguay, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Republica Dominicana, entre otros.
Finalmente, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, queremos reiterar nuestro apoyo y respeto a todas las madres, abuelas, compañeras y compañeros, que siguen en la búsqueda de nuestras y nuestros detenidos desaparecidos y que siguen luchando por verdad y justicia, ahora.
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
School of the Americas Watch
Para más información visite www.soawlatina.org
BRASIL
Un juez brasileño: "Sí, estamos ante un golpe de Estado"
Así de tajante se muestra en esta entrevista el magistrado André Augusto Bezerra, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, en relación al juicio político al que se enfrenta Dilma Rousseff. La "falta de un crimen de responsabilidad" y los "indicios de desvío de finalidad" del 'impeachment' son sus principales argumentos.
SAO PAULO.- El presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, André Augusto Bezerra, explica a Público
cómo la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un juicio político “no
por un crimen de responsabilidad” y sí por la pérdida de apoyo
parlamentario, un motivo insuficiente para derribar a un mandatario en
un sistema presidencialista.
Dilma Rousseff gana el cara a cara con el Senado
BRASILIA.- Dilma Rousseff llegó
este lunes al Senado no para defender su mandato sino “para defender la
democracia”. Así lo advirtió en repetidas ocasiones en el discurso que
dio ante los 81 senadores que estos días también ejercen de jueces en el
polémico juicio político que comenzó el pasado jueves. Tras sus 45
minutos de defensa, le tocó el turno a los 47 parlamentarios que
preparaban desde hacía semanas posibles preguntas para la presidenta.
El presidente del Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, pidió que el tono fuera “sobrio y respetuoso” y recordó a los senadores que ellos eran “jueces y no acusadores”. Algo complicado en un juicio en el que la sentencia se conoce desde hace tiempo. Esa ironía fue la que hizo que por momentos Rousseff dejara claro que quien estaba en el banquillo del Senado no era ella, sino la Constitución y la democracia del país.
Los senadores se esforzaron por limpiar su imagen y defender la legalidad del proceso. Pero las preguntas sobre el delito por el que se celebra este juicio, la firma de tres decretos presupuestarios con los que la presidenta habría maquillado las cuentas del Gobierno, apenas se puso en cuestión. El interrogatorio fue amplio y se centró en criticar la gestión económica de Rousseff, algo que ella había advertido en su discurso: “No se puede sacar a un presidente del poder por el conjunto de su obra, ese poder sólo lo tiene el pueblo en las urnas”.
La emotiva defensa de Rousseff en la que recordó los “sufrimientos de las marcas de la tortura” y reconoció haber tenido “miedo a la muerte” en su época en la prisión, fue rápidamente contestada por la senadora Ana Amélia (PP) que le dijo: “Nadie está aquí para juzgar su pasado, el cual respetamos mucho, sino para hablar del verdadero golpe contra los millones de brasileños desempleados”. Esa fue la primera vez que se usó el argumento del desempleo. En las diez horas posteriores se repetiría mucho más.
(PSDB), principal instigador del impeachment, que apenas un mes después de que su partido perdiera las elecciones de 2014, llegó a decir: “No vamos a acabar con Dilma, vamos a hacerla sangrar”. Este lunes su profecía parecía cumplida. En su defensa Dilma le había dedicado unas palabras: “Yo nunca cambié de lado y ahora veo como algunos rasgan su pasado”, ya que Nunes fue un militante reconocido contra la dictadura del 64. El senador le tomó el relevo en el turno de preguntas y dijo que justamente por haber luchado contra el régimen militar sabía reconocer que el juicio en curso no era ningún golpe: “Ahora no hay violencia en las calles, acuérdese que João Goulart no pudo defenderse en las instituciones democráticas”.
Aloysio Nunes tocó el argumento fundamental de los que defienden que este proceso sería completamente legal: la capacidad de defensa: “¿Cómo golpe? Si este juicio lo supervisa el Tribunal Supremo Federal. Si usted pide apoyos fuera del país, ¿cómo puede hablar de golpe?”, le repetía a la presidenta para preguntar finalmente por qué no había recurrido este proceso ante el Tribunal Supremo si le parecía que era ilegal. Dilma se olvidó de recordar las conversaciones telefónicas del mes de marzo en las que el vicepresidente del PMDB, Romero Jucá, decía que el Tribunal Supremo ya estaba “de acuerdo con el impeachment”, pero sí respondió a la pregunta de Nunes y dijo que respetaba las instituciones y que su lugar para defenderse era en el Senado: “Ustedes son los que me acusan, por eso me defiendo aquí porque respeto los millones de votos de brasileños que les han elegido como senadores”.
Rouseff: "No se puede hacer un 'impeachment' si no hay crimen de responsabilidad. Como yo no cometí ningún crimen de ese tipo, si ustedes me juzgan como culpable estarán llevando a cabo un rotundo golpe parlamentario"
Rousseff también fue enfática y dejó claro que no consideraba el impeachment en sí un golpe, sino la sentencia final: “Yo no digo golpe y ya está, uso este término porque no se puede hacer un impeachment si no hay crimen de responsabilidad. Como yo no cometí ningún crimen de ese tipo, si ustedes me juzgan como culpable estarán llevando a cabo un rotundo golpe parlamentario”. También le advirtió a Nunes sobre los “graves precedentes” que sienta este juicio en el país: “Cuando en un sistema político se acepta condenar a un inocente, se crea un nivel de excepción con peligrosas consecuencias para la sociedad”.
El toque machista del Congreso brasileño, cada vez más habitual en el nuevo equipo de Temer que en su gobierno interino no tiene ni a una sola mujer, vino de la mano del senador Roberto Requião (PMDB): “Quiero que sepa que la respeto como madre y como abuela”, dijo antes de meterse con su gestión económica. Rousseff que estuvo muy relajada durante las 12 horas de interrogatorio, le respondió con sorna: “Muchas gracias por respetarme de ese modo”.
El senador José Medeiros (PSD) resumió con claridad una de las causas principales por las que la oposición y entidades privadas como la Federación de la Indsutria del São Paulo (FIESP) se han esforzado por llevar a cabo este juicio político. Medeiros criticó la política económica de la presidenta, concretamente el “desorbitado” gasto social: “Usted no respetó la triple fórmula económica. Cualquier gobierno que no respete eso debe caer”. Medeiros se refería a los tres mandamientos de la economía brasileña de los últimos 15 años: cumplir la meta de la inflación, el superávit fiscal, y la fluctuación del cambio.
Los senadores se esforzaron por limpiar su imagen y defender la legalidad del proceso
Uno de los momentos más tensos del interrogatorio fue cuando le tocó el turno al senador Aécio Neves (PSDB), ex candidato a la presidencia en 2014. Neves empezó diciendo que “nunca” habría imaginado que después de su último debate presidencial, ahora se la volviera a encontrar cara a cara en esa situación en el Senado: “No es porque me cause alegría verla así, estoy aquí por mi responsabilidad como senador”. El ex candidato le echó en cara haber mentido en relación a las previsiones de déficit y de inflación durante la campaña electoral. Rousseff ni se inmutó, y muy seria, pero de nuevo con cierta ironía dijo: “Yo tampoco me esperaba estar aquí”. Pero recordó que fue precisamente Neves quien nada más perder las elecciones hizo “todo lo posible por desestabilizar" su gobierno. "Porque, como sabe, senador Neves, yo gané las elecciones y no usted”, le recordó.
En relación a las acusaciones de haber mentido sobre las previsiones económicas, Rousseff dijo que octubre de 2014 fue “un mes muy diferente” en la economía porque se produjo la primera gran caída del precio de comodities. A partir de ese momento, el resto de senadores de la oposición utilizó sus preguntas (más bien alegatos) para criticar su gestión económica. La acusaron del aumento del paro, de la subida de los precios, de las pérdidas del petróleo, como si el Congreso no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. Como si desde el Legislativo no se hubieran frenado las medidas de ajuste fiscal que quería imponer la presidenta. Después de que varios senadores usaran estadísticas para ilustrar sus críticas, Rousseff se cansó: “Yo no pensaba hacerlo porque siempre me regañan por ser muy técnica pero al final voy a sacar mis datos”, y mostró una curva del déficit de 2015.
La senadora Lídice Mata (PSB) aprovechó que el músico Chico Buarque había acudido al Senado para apoyar a Dilma, para hacerle un pequeño homenaje y utilizó una frase de uno de sus himnos contra la dictadura: “Como decía el poeta: tendremos que pasar esta página infeliz de nuestra historia”. Dilma le respondió: “Pero como dice el poeta también: que este pueblo no mire a un lado, ni baje la cabeza”, también en referencia a otra letra de Buarque.
La senadora Gleisi Hoffman (PT), jefa de la Casa Civil en el primer gobierno Dilma, y el senador Lindenberg Farias (PT) dieron verdaderos alegatos en defensa de la mandataria: “Estamos orgullosos de cómo sabe resistir, es un ejemplo para nuestra democracia”, dijo Hoffmann. A lo que Dilma aprovechó para añadir algunos otros de sus logros y despedirse con un repaso optimista de sus casi seis años como presidenta de Brasil.
La primera mandataria mujer superó con creces la prueba del Senado. Su discurso fue sólido y claro (algo que no le ocurre a menudo) e insistió en la idea de no haber cometido ningún crimen de responsabilidad y por lo tanto estar delante de un “golpe parlamentario”. Durante las preguntas se mostró tranquila, tuvo algún tropiezo verbal, pero respondió con la calma de alguien que “tiene la conciencia tranquila”.
Este martes por la mañana los 81 senadores del Congreso podrán hablar durante diez minutos para dar su parecer sobre el proceso. Después, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, leerá un resumen de los argumentos de la acusación y de la defensa. Tras la lectura se procederá a la votación electrónica y nominal de los senadores. Dependiendo de cuántos parlamentarios quieran hablar a primera hora, la votación final podría llevarse a cabo el miércoles 31 de agosto, pero también podría producirse en la noche del martes. Se necesitará el voto de al menos 54 senadores (dos tercios del Senado) para apartar definitivamente a la mandataria Dilma Rousseff.
SACCO Y VANZETTI
Por Darío Pignotti - Página 12
¿Se puede decir que el 'impeachment' al que se enfrenta Dilma Rousseff es un golpe de Estado?
Si entendemos que un golpe de Estado supone una toma del poder ilegítima, fomentada por agentes del Estado y en torno a un proyecto político-económico, sí que podemos decir que estamos ante un golpe. No hay ningún crimen de responsabilidad que se le pueda atribuir a la presidenta Dilma, lo que hay es un pretexto jurídico para derribarla, que ha sido planeado por grupos de la oposición desde que ganó las elecciones de 2014. Por lo tanto la toma de poder capitaneada por el vicepresidente de la República y la oposición, con apoyo del Parlamento es ilegítima y organizada por agentes del Estado. Con Dilma fuera del Gobierno se pretenden aplicar una serie de reformas neoliberales, anti sociales, que difícilmente habrían salido adelante con un presidente elegido por el voto popular. Por lo tanto alrededor del golpe hay un proyecto político y económico.Algunos juristas se niegan a hablar de golpe porque dicen que con crimen de responsabilidad el 'impeachment' sería un instrumento jurídico contemplado en la Constitución.
El impeachment está previsto en la Constitución, como también lo están otras medidas excepcionales como el estado de sitio. El que esté contemplado no quiere decir que sea apto para hacer efectiva la aplicación de la medida. La Constitución exige que haya un crimen de responsabilidad para hacer el impeachment y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la presidenta. Las "pedaladas fiscales" (uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del Gobierno) no son un crimen, incluso son una práctica frecuente en los gobiernos de diversos estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido ni una sola sanción por ello.¿Salir de la presidencia del Gobierno por las 'pedaladas fiscales' sería un castigo desproporcional?
Sin ninguna duda. Se están confundiendo actos reprobables o actos ilegales con actos criminales. Pero el pretexto de la "pedalada fiscal" demuestra mucho más. Lo que dice es que hoy en día la cuestión presupuestaria aparece como la principal preocupación de los Estados. Los derechos humanos y la participación popular en la gestión pública se encuentran en un segundo plano. Éste no es un problema exclusivamente brasileño, sino de la mayoría de las democracias representativas y que está generando una gran desconfianza en el sistema, como lo vemos hoy en países de todo el mundo.El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo que este 'impeachment' sería un acto de “venganza”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
No sé si es un acto de venganza, no sé si la política brasileña trabaja con este concepto. Lo único que está muy claro es que se trata de una toma del poder desprovista de amparo jurídico.¿Cuánto pesa lo político en relación a la formalidad jurídica del proceso?
En el derecho brasileño el impeachment es un juicio mixto: político y jurídico. Debe seguir los requisitos jurídicos que piden que haya una existencia concreta de crimen de responsabilidad y el procedimiento debe seguir los respectivos procesos legales. A su vez el juicio se produce en el Senado, que sería la parte política. De este modo el peso político debería equilibrarse con el peso jurídico. Pero en el caso de la presidenta Dilma Rousseff esto no ocurre. Lo que vemos es que prevalece de manera desproporcional el aspecto político. Al final de cuentas están haciendo de la pérdida de apoyo parlamentario, algo que es un hecho habitual en los sistemas presidencialistas y que debería resolverse a través del diálogo entre poderes, el principal motivo de pérdida del mandato de una presidenta elegida democráticamente por el pueblo.¿Se están cumpliendo adecuadamente los ritos del proceso?
No. No hay un crimen imputado a la presidenta de la República, por lo tanto no se están cumpliendo adecuadamente.Las conversaciones telefónicas que salieron a la luz en mayo entre el expresidente de Transpetro, Sergio Machado, y el exministro de Temer, Romero Jucá, decían que el Tribunal Supremo “ya estaba al tanto de todo” y que estaría “de acuerdo con el 'impeachment'”. ¿El Tribunal Supremo en Brasil es independiente?
En teoría el Tribunal Supremo Federal es independiente. Hasta ahora la nominación de sus respectivos miembros la realiza el Ejecutivo y es aprobada por el Senado. Los criterios de elección de sus jueces no suele ser claro; en realidad no hay mucha transparencia en ese proceso. Creo que la sociedad civil debería tener una participación más activa en la selección de sus miembros.En estas mismas conversaciones se hablaba como si se tratara de un complot para acabar con Dilma y evitar las investigaciones de Lava Jato. Jucá decía que había que “sacar a Dilma para evitar la sangría de las investigaciones”. ¿Estas declaraciones no serían un argumento para frenar el proceso contra la presidenta que aparece como algo orquestado?
Sí, deberían ser un freno. Hay indicios de que hay un desvío de finalidad en el proceso. En otras palabras, se utilizaría esta medida contemplada en la Constituución, pero no con los fines previstos en la Constitución. Cuáles serían esos fines, todavía no está claro, la Historia lo esclarecerá. Por ahora lo único seguro es que todo lo que está sucediendo viene de la mera falta de apoyo parlamentario, lo que en un régimen presidencialista no permite la salida de un jefe del ejecutivo.¿Qué legitimidad tienen los senadores que van a juzgar a la presidenta cuando un 40% de ellos está acusado de escándalos de corrupción?
El hecho de que senadores acusados de corrupción sean los que juzguen a una presidenta que no está formalmente acusada de corrupción, mancha todavía más la legitimidad del proceso. Hay que recordar que la denuncia del impeachment la hizo el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien está apartado de sus funciones por serias denuncias de corrupción que pesan contra su persona.¿Qué tipo de precedentes puede sentar este 'impeachment' para el país? ¿A partir de ahora será más fácil sacar a un presidente del poder?
El precedente de que la mera pérdida de apoyo parlamentario pueda derribar presidentes democráticamente elegidos. En Brasil ya no hay ninguna seguridad jurídica para salvaguardar el voto popular, éste será siempre rehén de la conveniencia parlamentaria.
Dilma Rousseff gana el cara a cara con el Senado
En el día que le tocaba defenderse, la presidenta apartada puso contra las cuerdas a los senadores que la interrogaron. Su insistencia en definir el juicio político como “golpe parlamentario” irritó a sus jueces, que basaron la mayoría de sus preguntas en criticar su gestión económica y en defender la legalidad del proceso.
El presidente del Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, pidió que el tono fuera “sobrio y respetuoso” y recordó a los senadores que ellos eran “jueces y no acusadores”. Algo complicado en un juicio en el que la sentencia se conoce desde hace tiempo. Esa ironía fue la que hizo que por momentos Rousseff dejara claro que quien estaba en el banquillo del Senado no era ella, sino la Constitución y la democracia del país.
Los senadores se esforzaron por limpiar su imagen y defender la legalidad del proceso. Pero las preguntas sobre el delito por el que se celebra este juicio, la firma de tres decretos presupuestarios con los que la presidenta habría maquillado las cuentas del Gobierno, apenas se puso en cuestión. El interrogatorio fue amplio y se centró en criticar la gestión económica de Rousseff, algo que ella había advertido en su discurso: “No se puede sacar a un presidente del poder por el conjunto de su obra, ese poder sólo lo tiene el pueblo en las urnas”.
La emotiva defensa de Rousseff en la que recordó los “sufrimientos de las marcas de la tortura” y reconoció haber tenido “miedo a la muerte” en su época en la prisión, fue rápidamente contestada por la senadora Ana Amélia (PP) que le dijo: “Nadie está aquí para juzgar su pasado, el cual respetamos mucho, sino para hablar del verdadero golpe contra los millones de brasileños desempleados”. Esa fue la primera vez que se usó el argumento del desempleo. En las diez horas posteriores se repetiría mucho más.
Golpe y Economía
Uno de los cara a cara más esperados fue con el senador Aloysio Nunes(PSDB), principal instigador del impeachment, que apenas un mes después de que su partido perdiera las elecciones de 2014, llegó a decir: “No vamos a acabar con Dilma, vamos a hacerla sangrar”. Este lunes su profecía parecía cumplida. En su defensa Dilma le había dedicado unas palabras: “Yo nunca cambié de lado y ahora veo como algunos rasgan su pasado”, ya que Nunes fue un militante reconocido contra la dictadura del 64. El senador le tomó el relevo en el turno de preguntas y dijo que justamente por haber luchado contra el régimen militar sabía reconocer que el juicio en curso no era ningún golpe: “Ahora no hay violencia en las calles, acuérdese que João Goulart no pudo defenderse en las instituciones democráticas”.
Aloysio Nunes tocó el argumento fundamental de los que defienden que este proceso sería completamente legal: la capacidad de defensa: “¿Cómo golpe? Si este juicio lo supervisa el Tribunal Supremo Federal. Si usted pide apoyos fuera del país, ¿cómo puede hablar de golpe?”, le repetía a la presidenta para preguntar finalmente por qué no había recurrido este proceso ante el Tribunal Supremo si le parecía que era ilegal. Dilma se olvidó de recordar las conversaciones telefónicas del mes de marzo en las que el vicepresidente del PMDB, Romero Jucá, decía que el Tribunal Supremo ya estaba “de acuerdo con el impeachment”, pero sí respondió a la pregunta de Nunes y dijo que respetaba las instituciones y que su lugar para defenderse era en el Senado: “Ustedes son los que me acusan, por eso me defiendo aquí porque respeto los millones de votos de brasileños que les han elegido como senadores”.
Rouseff: "No se puede hacer un 'impeachment' si no hay crimen de responsabilidad. Como yo no cometí ningún crimen de ese tipo, si ustedes me juzgan como culpable estarán llevando a cabo un rotundo golpe parlamentario"
Rousseff también fue enfática y dejó claro que no consideraba el impeachment en sí un golpe, sino la sentencia final: “Yo no digo golpe y ya está, uso este término porque no se puede hacer un impeachment si no hay crimen de responsabilidad. Como yo no cometí ningún crimen de ese tipo, si ustedes me juzgan como culpable estarán llevando a cabo un rotundo golpe parlamentario”. También le advirtió a Nunes sobre los “graves precedentes” que sienta este juicio en el país: “Cuando en un sistema político se acepta condenar a un inocente, se crea un nivel de excepción con peligrosas consecuencias para la sociedad”.
El toque machista del Congreso brasileño, cada vez más habitual en el nuevo equipo de Temer que en su gobierno interino no tiene ni a una sola mujer, vino de la mano del senador Roberto Requião (PMDB): “Quiero que sepa que la respeto como madre y como abuela”, dijo antes de meterse con su gestión económica. Rousseff que estuvo muy relajada durante las 12 horas de interrogatorio, le respondió con sorna: “Muchas gracias por respetarme de ese modo”.
El senador José Medeiros (PSD) resumió con claridad una de las causas principales por las que la oposición y entidades privadas como la Federación de la Indsutria del São Paulo (FIESP) se han esforzado por llevar a cabo este juicio político. Medeiros criticó la política económica de la presidenta, concretamente el “desorbitado” gasto social: “Usted no respetó la triple fórmula económica. Cualquier gobierno que no respete eso debe caer”. Medeiros se refería a los tres mandamientos de la economía brasileña de los últimos 15 años: cumplir la meta de la inflación, el superávit fiscal, y la fluctuación del cambio.
Los senadores se esforzaron por limpiar su imagen y defender la legalidad del proceso
Uno de los momentos más tensos del interrogatorio fue cuando le tocó el turno al senador Aécio Neves (PSDB), ex candidato a la presidencia en 2014. Neves empezó diciendo que “nunca” habría imaginado que después de su último debate presidencial, ahora se la volviera a encontrar cara a cara en esa situación en el Senado: “No es porque me cause alegría verla así, estoy aquí por mi responsabilidad como senador”. El ex candidato le echó en cara haber mentido en relación a las previsiones de déficit y de inflación durante la campaña electoral. Rousseff ni se inmutó, y muy seria, pero de nuevo con cierta ironía dijo: “Yo tampoco me esperaba estar aquí”. Pero recordó que fue precisamente Neves quien nada más perder las elecciones hizo “todo lo posible por desestabilizar" su gobierno. "Porque, como sabe, senador Neves, yo gané las elecciones y no usted”, le recordó.
En relación a las acusaciones de haber mentido sobre las previsiones económicas, Rousseff dijo que octubre de 2014 fue “un mes muy diferente” en la economía porque se produjo la primera gran caída del precio de comodities. A partir de ese momento, el resto de senadores de la oposición utilizó sus preguntas (más bien alegatos) para criticar su gestión económica. La acusaron del aumento del paro, de la subida de los precios, de las pérdidas del petróleo, como si el Congreso no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. Como si desde el Legislativo no se hubieran frenado las medidas de ajuste fiscal que quería imponer la presidenta. Después de que varios senadores usaran estadísticas para ilustrar sus críticas, Rousseff se cansó: “Yo no pensaba hacerlo porque siempre me regañan por ser muy técnica pero al final voy a sacar mis datos”, y mostró una curva del déficit de 2015.
Sus defensores
No todo fueron acusaciones en el interrogatorio por el que pasó la presidenta Dilma. Los senadores aliados aprovecharon su turno para hablar de las “bondades” del gobierno petista y denunciar una vez más “el golpe en curso”. Recordaron cómo con Dilma el país salió del mapa mundial del hambre, las infraestructuras del país se multiplicaron, el sistema de salud mejoró, el salario mínimo aumentó, y cómo consiguió implementar el sistema de cuotas para negros en las universidades, o la ley que defiende los derechos laborales de las empleadas domésticas.La senadora Lídice Mata (PSB) aprovechó que el músico Chico Buarque había acudido al Senado para apoyar a Dilma, para hacerle un pequeño homenaje y utilizó una frase de uno de sus himnos contra la dictadura: “Como decía el poeta: tendremos que pasar esta página infeliz de nuestra historia”. Dilma le respondió: “Pero como dice el poeta también: que este pueblo no mire a un lado, ni baje la cabeza”, también en referencia a otra letra de Buarque.
La senadora Gleisi Hoffman (PT), jefa de la Casa Civil en el primer gobierno Dilma, y el senador Lindenberg Farias (PT) dieron verdaderos alegatos en defensa de la mandataria: “Estamos orgullosos de cómo sabe resistir, es un ejemplo para nuestra democracia”, dijo Hoffmann. A lo que Dilma aprovechó para añadir algunos otros de sus logros y despedirse con un repaso optimista de sus casi seis años como presidenta de Brasil.
La primera mandataria mujer superó con creces la prueba del Senado. Su discurso fue sólido y claro (algo que no le ocurre a menudo) e insistió en la idea de no haber cometido ningún crimen de responsabilidad y por lo tanto estar delante de un “golpe parlamentario”. Durante las preguntas se mostró tranquila, tuvo algún tropiezo verbal, pero respondió con la calma de alguien que “tiene la conciencia tranquila”.
Este martes por la mañana los 81 senadores del Congreso podrán hablar durante diez minutos para dar su parecer sobre el proceso. Después, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, leerá un resumen de los argumentos de la acusación y de la defensa. Tras la lectura se procederá a la votación electrónica y nominal de los senadores. Dependiendo de cuántos parlamentarios quieran hablar a primera hora, la votación final podría llevarse a cabo el miércoles 31 de agosto, pero también podría producirse en la noche del martes. Se necesitará el voto de al menos 54 senadores (dos tercios del Senado) para apartar definitivamente a la mandataria Dilma Rousseff.
SACCO Y VANZETTI
Un golpe en clave de farsa tragicómica
Los golpistas probablemente contarán con más de los 54 senadores necesarios –sobre un total de 81– para destituir a Rousseff en la votación prevista para mediados de esta semana. Pero antes tendrán que soportar su mirada.
Dilma Rousseff, de 22 años, condenada por un tribunal militar.
Desde Brasilia
Este lunes cuando Dilma Rousseff se presente ante el Senado, convertido en tribunal donde se le sustancia el impeachment , “ella va a poder mirar a los ojos a los golpistas y ellos, lo digo porque los conozco, creo que no resistirán la mirada” anticipó Lindbergh Farias. El senador del Partido de los Trabajadores habló ayer con periodistas sobre el “clima” político que se espera para este 29 de agosto, el día más aguardado desde el inicio del proceso contra la mandataria separada del cargo, el cual es ocupado interinamente por Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) , agrupación que controla la primera minoría de la Cámara alta.
La alianza del PMDB con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) del ex candidato presidencial Aecio Neves y el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, junto a otras fuerzas menores probablemente contarán con más de los 54 senadores necesarios –sobre un total de 81– para destituir a Rousseff en la votación prevista para mediados de esta semana.
Si es confirmado como presidente definitivo, Temer embarcará de inmediato hacia China para participar en la cumbre del Grupo de los 20 donde sueña ser fotografiado saludando a Barack Obama, quien a través de varios gestos diplomáticos ha demostrado su complacencia con la degradación institucional brasileña.
Una segura ovación recibirá mañana a Dilma cuando pase, posiblemente junto a Luiz Inácio Lula da Silva, por la avenida principal de Brasilia, el Eje Monumental, donde será ralizado un acto en “defensa de la democracia” convocado por sindicalistas, militantes de agrupaciones de izquierda y campesinos sin tierra. Una barrera metálica de casi un kilómetro de extensión, conocida como “El Muro de Berlín”, fue instalada en esa avenida para impedir choques entre dilmistas y militantes que apoyan el impeachment.
Otro senador petista,Paulo Paím, declaró que el ingreso de Dilma al recinto, “será un momento histórico que mostrará a una presidenta honesta, de coraje ante aquellos que quieren condenarla por delitos que no cometió”. Optimista, Paim sostuvo que todavía hay chances de que el campo democrático sume los votos necesarios para devolver a Dilma a su cargo. Según la ley del impeachment el jefe de Estado procesado garantiza su permanencia en el gobierno si logra uno de los votos del Plenario. Paim y la senadora comunista Vanessa Grazziotin denunciaron ayer la “lamentable” ausencia de congresistas opositores durante la exposición de uno de los testigos de la defensa de Rousseff, el ex ministro de Hacienda Nelson Barbosa.
Sostuvo Grazziotin que los sillones vacíos del PMDB, PSDB, Demócratas y otras fuerzas conservadoras confirman la “farsa” de este proceso, donde los senadores son jueces que deben tomar en cuenta los alegatos de la acusación y la defensa antes de emitir su voto.
No caben dudas de que el proceso contra Rousseff es un “ritual vacío” sostuvo el viernes Gleisi Hoffmann, durante la sesión en la que el presidente del Senado, Renan Calheiros, aliado de Temer, admitió que este juzgamiento se parece bastante a un “hospicio”.
Los ánimos exaltados del viernes no se repitieron ayer cuando el ex ministro Barbosa hizo una exhaustiva demostración de algo que hasta los enemigos de Dilma parecen aceptar en secreto: no hay evidencias de que la mandataria haya violado las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal. Y, agregó, los cargos que se le imputan son irrisorios y si fueran constatados merecerían sanciones administrativas, jamás la destitución.
De allí que el bloque de senadores antidilmistas insista en concluir a la brevedad un juicio en el que se desnudan todas las irregularidades montadas para acabar con el gobierno de una presidenta impopular, que fue votada por 54 millones de ciudadanos en 2014. Sin dudas el impeachment no será el último capítulo de este proceso que el abogado defensor José Eduardo Cardozo continuará ante el Supremo Tribunal Federal, que hasta el momento eludió hacer lugar a las apleaciones sobre temas de fondo y se limitó a responder demandas formales. Y una vez agotada la instancia del Supremo Tribunal lo más probable es que el caso derive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la Organización de Estados Americanos, cuyo presidente Roberto Caldas ha demostrado preocupación ante la fragilidad institucional brasileña.
Desde que Michel Temer fue abucheado por miles de personas en el estadio Maracaná en la apertura de las Olimpíadas, el 5 de agosto, ante la mirada algo perpleja de algunos líderes extranjeros y cientos de millones de televidentes en decenas de países, su equipo de marketing y el servicio diplomático tomaron conciencia de lo difícil que será construirle un perfil de líder democrático. A pesar del probable botox y el discreto implante capilar con que rejuvenece su apariencia, Temer no goza, y difícilmente gozará, de una buena imagen internacional.
Este Brasil post-democrático, mismo que el golpe sea legalizado, está muy desprestigiado y tiende a perder parte del liderazgo regional, así como el predicamento entre los países emergentes construidos durante los trece años de mandatarios petistas iniciados el primero de enero de 2003, cuando Fidel Castro y Hugo Chávez viajaron a Brasilia para la toma de posesión de Lula.
Ante el riesgo de otro “Maracanazo”, la semana pasada Temer evitó estar en el cierre de los Juegos para escaparle a la rechifla del público y dejó plantado al primer ministro de Japón Jinzo Abe, quien no escondió su enojo. La ausencia de mandatarios latinoamericanos y de países emergentes en el palco oficial del estadio fue un retrato de la orfandad diplomática brasileña actual y mostró el un contraste con lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo de 2014, cuando Rousseff recibió Vladimir Putin, tras lo cual encabezó una cumbre conjunta de jefes de Estado de Unasur y el grupo BRICS.
Ayer el líder del bloque de senadores del Partido de la Socialdemocracia, Cassio Cunha Lima, soltó una ironía sobre los productores y camarágofos que están realizando “ese filmete de propaganda internacional del PT”. Cunha Lima, aliado de Neves, no ocultaba su desprecio por el documental de la directora brasileña Anna Muylaert con el uruguayo Cesar Charlone como responsable de fotografía.
Los directores Oliver Stone y Ken Loach, el lingüista Noam Chomsky la actriz Susan Sarandon firmaron la semana pasada un manifiesto de repudio a la destitución de Dilma, similar a otros respaldados por ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders y la central sindical norteamericana AFL-CIO.
Al contrario de los legisladores del bloque destituyente molestos con la filmación del video sobre los últimos días de Dilma como presidenta apartadada del cargo, el senador petista Jorge Vianna destacó ayer la importancia del registro histórico de este proceso “ilegítimo” que el abogado José Eduardo Cardozo comparó con el que sufrieron en Estados Unidos los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeu Vanzetti, que pese a ser inocentes fueron ejecutados en 1927.
Algunos volantes que convocan a la marcha de mañana en defensa de la democracia frente al Congreso están ilustrados con la foto de la joven prisionera Dilma Rousseff, de 22 años, que en 1970 fue condenada por un tribunal militar.
“No sé lo que se escribirá sobre este impeachment” en 2016 comentó el senador Vianna en el Plenario, quien luego de criticar a la complacencia de la prensa brasileña en el golpe militar de 1964 mencionó que los diarios extranjeros están denunciado la conspiración contra Rousseff. Citó un artículo publicado este sábado por el francés Le Monde donde se sostiene que “si esto no es un golpe de Estado es una farsa tragicómica”.
Este lunes cuando Dilma Rousseff se presente ante el Senado, convertido en tribunal donde se le sustancia el impeachment , “ella va a poder mirar a los ojos a los golpistas y ellos, lo digo porque los conozco, creo que no resistirán la mirada” anticipó Lindbergh Farias. El senador del Partido de los Trabajadores habló ayer con periodistas sobre el “clima” político que se espera para este 29 de agosto, el día más aguardado desde el inicio del proceso contra la mandataria separada del cargo, el cual es ocupado interinamente por Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) , agrupación que controla la primera minoría de la Cámara alta.
La alianza del PMDB con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) del ex candidato presidencial Aecio Neves y el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, junto a otras fuerzas menores probablemente contarán con más de los 54 senadores necesarios –sobre un total de 81– para destituir a Rousseff en la votación prevista para mediados de esta semana.
Si es confirmado como presidente definitivo, Temer embarcará de inmediato hacia China para participar en la cumbre del Grupo de los 20 donde sueña ser fotografiado saludando a Barack Obama, quien a través de varios gestos diplomáticos ha demostrado su complacencia con la degradación institucional brasileña.
Una segura ovación recibirá mañana a Dilma cuando pase, posiblemente junto a Luiz Inácio Lula da Silva, por la avenida principal de Brasilia, el Eje Monumental, donde será ralizado un acto en “defensa de la democracia” convocado por sindicalistas, militantes de agrupaciones de izquierda y campesinos sin tierra. Una barrera metálica de casi un kilómetro de extensión, conocida como “El Muro de Berlín”, fue instalada en esa avenida para impedir choques entre dilmistas y militantes que apoyan el impeachment.
Otro senador petista,Paulo Paím, declaró que el ingreso de Dilma al recinto, “será un momento histórico que mostrará a una presidenta honesta, de coraje ante aquellos que quieren condenarla por delitos que no cometió”. Optimista, Paim sostuvo que todavía hay chances de que el campo democrático sume los votos necesarios para devolver a Dilma a su cargo. Según la ley del impeachment el jefe de Estado procesado garantiza su permanencia en el gobierno si logra uno de los votos del Plenario. Paim y la senadora comunista Vanessa Grazziotin denunciaron ayer la “lamentable” ausencia de congresistas opositores durante la exposición de uno de los testigos de la defensa de Rousseff, el ex ministro de Hacienda Nelson Barbosa.
Sostuvo Grazziotin que los sillones vacíos del PMDB, PSDB, Demócratas y otras fuerzas conservadoras confirman la “farsa” de este proceso, donde los senadores son jueces que deben tomar en cuenta los alegatos de la acusación y la defensa antes de emitir su voto.
No caben dudas de que el proceso contra Rousseff es un “ritual vacío” sostuvo el viernes Gleisi Hoffmann, durante la sesión en la que el presidente del Senado, Renan Calheiros, aliado de Temer, admitió que este juzgamiento se parece bastante a un “hospicio”.
Los ánimos exaltados del viernes no se repitieron ayer cuando el ex ministro Barbosa hizo una exhaustiva demostración de algo que hasta los enemigos de Dilma parecen aceptar en secreto: no hay evidencias de que la mandataria haya violado las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal. Y, agregó, los cargos que se le imputan son irrisorios y si fueran constatados merecerían sanciones administrativas, jamás la destitución.
De allí que el bloque de senadores antidilmistas insista en concluir a la brevedad un juicio en el que se desnudan todas las irregularidades montadas para acabar con el gobierno de una presidenta impopular, que fue votada por 54 millones de ciudadanos en 2014. Sin dudas el impeachment no será el último capítulo de este proceso que el abogado defensor José Eduardo Cardozo continuará ante el Supremo Tribunal Federal, que hasta el momento eludió hacer lugar a las apleaciones sobre temas de fondo y se limitó a responder demandas formales. Y una vez agotada la instancia del Supremo Tribunal lo más probable es que el caso derive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la Organización de Estados Americanos, cuyo presidente Roberto Caldas ha demostrado preocupación ante la fragilidad institucional brasileña.
Desde que Michel Temer fue abucheado por miles de personas en el estadio Maracaná en la apertura de las Olimpíadas, el 5 de agosto, ante la mirada algo perpleja de algunos líderes extranjeros y cientos de millones de televidentes en decenas de países, su equipo de marketing y el servicio diplomático tomaron conciencia de lo difícil que será construirle un perfil de líder democrático. A pesar del probable botox y el discreto implante capilar con que rejuvenece su apariencia, Temer no goza, y difícilmente gozará, de una buena imagen internacional.
Este Brasil post-democrático, mismo que el golpe sea legalizado, está muy desprestigiado y tiende a perder parte del liderazgo regional, así como el predicamento entre los países emergentes construidos durante los trece años de mandatarios petistas iniciados el primero de enero de 2003, cuando Fidel Castro y Hugo Chávez viajaron a Brasilia para la toma de posesión de Lula.
Ante el riesgo de otro “Maracanazo”, la semana pasada Temer evitó estar en el cierre de los Juegos para escaparle a la rechifla del público y dejó plantado al primer ministro de Japón Jinzo Abe, quien no escondió su enojo. La ausencia de mandatarios latinoamericanos y de países emergentes en el palco oficial del estadio fue un retrato de la orfandad diplomática brasileña actual y mostró el un contraste con lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo de 2014, cuando Rousseff recibió Vladimir Putin, tras lo cual encabezó una cumbre conjunta de jefes de Estado de Unasur y el grupo BRICS.
Ayer el líder del bloque de senadores del Partido de la Socialdemocracia, Cassio Cunha Lima, soltó una ironía sobre los productores y camarágofos que están realizando “ese filmete de propaganda internacional del PT”. Cunha Lima, aliado de Neves, no ocultaba su desprecio por el documental de la directora brasileña Anna Muylaert con el uruguayo Cesar Charlone como responsable de fotografía.
Los directores Oliver Stone y Ken Loach, el lingüista Noam Chomsky la actriz Susan Sarandon firmaron la semana pasada un manifiesto de repudio a la destitución de Dilma, similar a otros respaldados por ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders y la central sindical norteamericana AFL-CIO.
Al contrario de los legisladores del bloque destituyente molestos con la filmación del video sobre los últimos días de Dilma como presidenta apartadada del cargo, el senador petista Jorge Vianna destacó ayer la importancia del registro histórico de este proceso “ilegítimo” que el abogado José Eduardo Cardozo comparó con el que sufrieron en Estados Unidos los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeu Vanzetti, que pese a ser inocentes fueron ejecutados en 1927.
Algunos volantes que convocan a la marcha de mañana en defensa de la democracia frente al Congreso están ilustrados con la foto de la joven prisionera Dilma Rousseff, de 22 años, que en 1970 fue condenada por un tribunal militar.
“No sé lo que se escribirá sobre este impeachment” en 2016 comentó el senador Vianna en el Plenario, quien luego de criticar a la complacencia de la prensa brasileña en el golpe militar de 1964 mencionó que los diarios extranjeros están denunciado la conspiración contra Rousseff. Citó un artículo publicado este sábado por el francés Le Monde donde se sostiene que “si esto no es un golpe de Estado es una farsa tragicómica”.
¿Qué pasará en Brasil si destituyen a la presidenta Dilma Rousseff?
Publicado: 27 ago 2016 22:29 GMT | Última actualización: 27 ago 2016 22:30 GMT - RT
El futuro de Brasil se decide en las
próximos días. Si la mandataria es finalmente destituida se aplicarán
reformas de corte neoliberal en el país.
En caso de que se haga efectivo el golpe de Estado, el actual presidente interino, Michel Temer, en principio deberá concluir el mandato que finaliza en 2018. Es con esa perspectiva que ha ido adelantando algunas de las políticas sociales y económicas que prevé aplicar.
Entre estas se incluye la elevación de la edad jubilatoria, la flexibilización laboral y la reducción de salarios. Un plan de ajuste fiscal que no augura un buen futuro para los trabajadores brasileños.
"Una lucha feroz"
La propuesta de elevar la edad a la que las personas se pueden jubilar fue una de las primeras que lanzó Temer. En realidad, se trata de establecer una edad mínima para acceder a este derecho, algo que, actualmente, no rige en Brasil. Hoy por hoy, los brasileños se pueden jubilar tras demostrar que han trabajado y aportado al régimen previsional durante al menos 30 años para las mujeres y 35 para los hombres. Temer pretende elevar la edad para jubilarse a los 65 años para los hombres y a los 62 para las mujeres.
Presidente interino Michel Temer durante la presentación de las nuevas medidas económicasAdriano MachadoReuters
A esto se suma el intento de reformar la legislación laboral. Si bien no está claro aún que implicará en concreto, ya se han filtrado algunas ideas. Sin ir más lejos, el presidente de la Confederación Nacional de Industria, Robson Braga de Andrade, sugirió que la jornada laboral puede extenderse hasta las 80 horas semanales. Y lo hizo, para colmo, citando como ejemplo a Francia, donde la ley actual -que también se está intentando reformar- establece un máximo de 36 horas. Asimismo, se pretenden "revisar" los beneficios que perciben jubilados y personas con alguna discapacidad.
Brasil neoliberal
Jamil Bittar Reuters
El periodista remarca que "ya se están articulando recortes en materia de salud, educación y vivienda que garantizan un acopio de alrededor de 28.000 millones de dolares con el argumento de destinarlos al pago de la deuda". En ese sentido, afirma, el próximo paso es "avanzar en reformas sobre previsión social, extensión de la edad jubilatoria y un fuerte proceso de flexibilzación laboral".
Bruno KellyReuters
Por su parte, Gamarra subraya, además, que el gabinete de Temer "trabaja en aprobar la Propuesta de Enmienda Constitucional que garantiza un techo en las inversiones públicas, logrando así una gradual desinversión del Estado en servicios públicos".
El rol del Estado y los derechos laborales
Desde una perspectiva histórica, Dalponte sostiene que "desde la revolución industrial hasta hoy, toda intervención del Estado debe servir para proteger al trabajador del abuso empresarial", ya que, de otra forma, "no tiene razón de ser". El abogado apunta que "esto se conoce como principio protectorio, que es el norte mismo del derecho laboral", ya que cuando el Estado "no media o lo hace en perjuicio del obrero solo profundiza la injusticia que anida en el origen de toda relación de trabajo".
Raimundo Mendes de Barros, cortador de caucho hace 57 años trabajando en la reserva Chico Mendes (Acre, Brasil)Ricardo MoraesReuters
Finalmente, destacó que "hay experiencias de economías fuertes" que "no necesitaron nunca recortar derechos". En realidad, "lo que esconden" gobiernos como el de Temer es "la intención deliberada de empobrecer la protección del trabajador para atraer inversiones rápidas", concluye.
Por último Gamarra considera que, de concretarse la destitución de Rousseff y avanzar en este paquete de medidas, "el Gobierno neoliberal interino que rige sobre la sociedad brasileña instalaría todas aquellas modificaciones que ni los años 90 ni las dictaduras militares por las armas pudieron lograr".
Santiago Mayor
Ahora se avanza sobre el verdadero blanco del golpe: Lula
Publicado el 28 Agosto 2016
Escrito por Eric Nepomuceno (La Jornada) - El Clarín de Chile
Dentro
de dos o tres días, y a menos que ocurra algo inesperado e improbable,
Dilma Rousseff, relecta en octubre de 2014 con 54 millones de votos,
tendrá su mandato popular liquidado por decisión de al menos 54 de los
81 senadores brasileños. El golpe institucional abierto por el entonces
presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, apartado de su
puesto por orden de la Corte Suprema gracias a sus reiteradas travesuras
en su única verdadera especialidad, la corrupción más deslavada, se
habrá consumado. Cunha, a propósito, sigue libre: será juzgado por sus
pares cuando la farsa haya terminado. Mientras, esgrime su arma
favorita: amenaza con decir todo lo que sabe, y lo que sabe tiene fuerza
para destrozar a la mitad de los integrantes del Congreso brasileño.
Para
completar el cuadro y determinar el ambiente, el pasado viernes la
Policía Federal anunció, con pompa y circunstancia, que había denunciado
por corrupción pasiva, lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio al
ex presidente Lula da Silva, su esposa, Marisa Leticia, y otras tres
personas.
La
misma Policía Federal, que en Brasil tiene funciones similares a las
del FBI estadunidense, había divulgado, hace pocas semanas, el informe
preliminar sobre las investigaciones relacionadas a un departamento que
supuestamente sería del ex mandatario. En el informe no aparecía el
nombre de Lula ni de su esposa.
Es
una historia conocida: la acusación indica que Lula sería el verdadero
propietario del inmueble que fue refaccionado por una de las
constructoras involucradas en escándalos de coimas y desvío de recursos
públicos. Lula admitió haber adquirido el departamento en la etapa de
construcción, y que luego desistió del negocio. Sus abogados requieren,
en la justicia, la devolución de lo que fue pagado. El inmueble devuelto
ha sido puesto en venta por los constructores.
Nada
de eso importa: ahora le tocará a la justicia decidir si transforma a
Lula y doña Marisa Leticia en reos. El estrago político, sin embargo,
está hecho.
Sobra
decir que los medios brasileños, pilares esenciales del golpe, abrieron
ahora el inmenso espacio que no dieron cuando se conoció el informe
preliminar, que no mencionaba a Lula. También se olvidaron de levantar
sospechas sobre las razones para esa súbita alteración que, no por
casualidad, coincide con la etapa final del golpe institucional en
curso.
Desde
el pasado jueves desfilaron por el pleno del Senado los testigos de
acusación y defensa. Al fin y al cabo, es esencial preservar las
apariencias, insinuando que todo trascurre dentro de los preceptos
constitucionales y democráticos.
Sometidos
a pesadas preguntas de los senadores, los testigos de defensa no
hicieron más que confirmar, con argumentos sólidos, lo ya sabido: Dilma
Rousseff no cometió crimen de responsabilidad. La Constitución brasileña
determina que un mandatario electo por voto popular sólo puede ser
destituido por este delito. Pero para los senadores brasileños, sobran
razones para librarse de Dilma Rousseff y hacerse con el poder que las
urnas les negaron en las cuatro últimas elecciones presidenciales.
Entre
los senadores, más de uno, para asombro de los lúcidos, pidió que se
apresurasen las preguntas y respuestas, una vez que todos tenían
consolidada su convicción. O sea: no importaba lo que se demostrase, la
presidenta estaba destituida, y las formalidades no eran necesarias.
Tanta
prisa tiene claras razones: cada día surgen nuevos indicios robustos de
que a menos que se suspendan las investigaciones, el todavía interino
Michel Temer y las principales estrellas de su constelación tumbarán por
el viento las denuncias.
Todo
eso pasa frente a la indiferencia de la opinión pública, anestesiada
por los medios de comunicación, en especial los controlados por Globo
(revistas, diarios, emisoras de radio y televisión).
Ocurre
ante la pasividad bovina de las instancias superiores de justicia. El
presidente del Supremo Tribunal Federal preside, por determinación
constitucional, el juicio en el Senado. Sigue rigurosamente el guión de
la farsa, mientras discute con los senadores el aumento de los sueldos
de los funcionarios de la justicia.
Los
efectos de las políticas anunciadas por el gobierno que está a punto de
tornarse efectivo se harán sentir a corto plazo, y serán especialmente
duros para las clases que supieron beneficiarse de los programas
implantados a lo largo de los últimos trece años, a partir de la llegada
de Lula da Silva a la presidencia en 2003.
Nada de eso, importante, es llevado a debate con la opinión pública.
Liquidado
el mandato de Dilma Rousseff se abre la temporada para que se alcance
el verdadero objetivo del golpe: eliminar a Lula da Silva del escenario
político brasileño, y asegurar, a las oligarquías de siempre, el retorno
al poder.
Que
la Policía Federal lo haya indiciado sin pruebas ha sido el primer
paso. El próximo podrá ser entregarlo en bandeja de plata a la saña
persecutoria de un juez provinciano de primera instancia.
Más
que de brumas, los tiempos que se abren sobre mi país son de vergüenza.
La historia sabrá juzgar a los farsantes, a los traidores, a los
indecentes. Pero será demasiado tarde para corregir sus ruindades.
Ni un día sin protestas en Brasil: en São Paulo exigen la renuncia de Temer
Publicado: 17 ago 2016 23:40 GMT | Última actualización: 18 ago 2016 05:20 GMT - RT
La manifestación siguió la protesta de los
movimientos sociales y sindicatos que tuvo lugar el 10 de agosto por
todo el país.
El 17 de agosto la ciudad de São
Paulo volvió a convertirse en escenario de protestas. Los manifestantes
se reunieron cerca de la estación de metro Arthur Alvin para exigir la
dimisión del presidente interino, Michel Temer.
"¡Aprovechando que los ojos del mundo están puestos sobre la capital olímpica es el momento de la medalla de oro para la protesta contra el Gobierno provisional e ilegítimo de Michel Temer! Por lo tanto, el 17 de agosto la gente sin miedo estará en la estación Arthur Alvin de São Paulo. ¡Fuera Temer!" se dice en la página oficial de la protesta en Facebook.
El 10 de agosto los movimientos sociales y sindicatos que forman parte del Frente Brasil Popular también salieron a las calles en diversas ciudades del país como Brasilia, São Paulo, Aracaju, Recife, João Pessoa, Fortaleza y Belo Horizonte para defender la democracia y para protestar contra el juicio político a Dilma Rousseff.
https://youtu.be/jfhD8MeDLzw
El experto Joaquim Ernesto Palhares analiza la situación actual en Brasil y destaca que detrás del golpe estaría EE.UU., que busca satisfacer sus propios intereses en el continente, como la posibilidad de apoderarse de sus riquezas minerales.
Durante los días del gran festejo deportivo los manifestantes vuelven a salir a las calles para protestar contra las medidas de austeridad del Gobierno interino, por el 'impeachment' contra Dilma Rousseff y por el exceso de recursos destinados a los JJ. OO. cuando la población sufre carencias más urgentes.
La presidenta suspendida de Brasil decidió acudir personalmente al Senado brasileño para presentar su defensa.
VENEZUELA"¡Aprovechando que los ojos del mundo están puestos sobre la capital olímpica es el momento de la medalla de oro para la protesta contra el Gobierno provisional e ilegítimo de Michel Temer! Por lo tanto, el 17 de agosto la gente sin miedo estará en la estación Arthur Alvin de São Paulo. ¡Fuera Temer!" se dice en la página oficial de la protesta en Facebook.
El 10 de agosto los movimientos sociales y sindicatos que forman parte del Frente Brasil Popular también salieron a las calles en diversas ciudades del país como Brasilia, São Paulo, Aracaju, Recife, João Pessoa, Fortaleza y Belo Horizonte para defender la democracia y para protestar contra el juicio político a Dilma Rousseff.
https://youtu.be/jfhD8MeDLzw
El experto Joaquim Ernesto Palhares analiza la situación actual en Brasil y destaca que detrás del golpe estaría EE.UU., que busca satisfacer sus propios intereses en el continente, como la posibilidad de apoderarse de sus riquezas minerales.
Protestas en pleno festejo olímpico
La celebración de los juegos olímpicos no supone ningún obstáculo para los opositores de Michel Temer. Durante la ceremonia inaugural el presidente interino sufrió una silbatina cuando se hizo presente en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El incidente tuvo sus consecuencias, ya que el 17 de agosto se dio a conocer que el político no planea participar en la ceremonia de clausura de la cita olímpica.Durante los días del gran festejo deportivo los manifestantes vuelven a salir a las calles para protestar contra las medidas de austeridad del Gobierno interino, por el 'impeachment' contra Dilma Rousseff y por el exceso de recursos destinados a los JJ. OO. cuando la población sufre carencias más urgentes.
Cortesía de activistas
Se decide el destino de Dilma Rousseff
Mientras tanto, la última etapa del proceso de 'impeachment' contra Dilma Rousseff comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que dure entre tres y cinco días, aunque los detalles del trámite serán definidos en una reunión que mantienen este miércoles los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandovski.La presidenta suspendida de Brasil decidió acudir personalmente al Senado brasileño para presentar su defensa.
¿El gobierno de EE.UU. está detrás de un golpe de Estado en Venezuela?
Publicado: 29 ago 2016 23:28 GMT | Última actualización: 30 ago 2016 03:19 GMT - RT
Desde el fin de semana la ciudad de Caracas
está tomada por un fuerte operativo policial. En Valencia, a dos horas
de la capital, fueron incautadas armas y réplicas de uniformes militares
que pretendían utilizarse en la marcha opositora de este jueves.
Miraflores acusa a EE.UU. de conspirar.
Jorge SilvaReuters
Mediante un comunicado emitido este lunes por el Viceministerio para América del Norte, Venezuela rechazó categóricamente las declaraciones del vocero del departamento de Estado, John Kirby, quien el pasado domingo se pronunció no sólo para cuestionar una decisión judicial del gobierno venezolano sino para acusarlo de querer amedrentar a la oposición, una injerencia inaceptable para Caracas.
La friccción comenzó el pasado sábado. Las autoridades venezolanas informaron que Daniel Ceballos, condenado a un año de prisión por desacato a una orden judicial, pretendía fugarse "días antes del próximo 1ero de septiembre" aprovechado su arresto domiciliario "a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país".
Un tribunal resolvió enviar a Ceballos a un recinto penitenciario en Guárico, en el centro del país. Kirby aseguró que en la Casa Blanca estaban "profundamente impresionados" por el traslado a prisión del opositor.
Golpe reeditado
El "shock" de Washington, según Kirby, es porque consideran que la decisión del poder judicial venezolano es "un esfuerzo por intimidar y obstaculizar el derecho de la gente de expresar pacíficamente su opinión el 1 de septiembre". Por eso, Caracas protestó."(EE.UU.) en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional, intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muerte, que ya en el año 2002 derrotó con valentía y dignidad el pueblo venezolano", dice el texto oficial del viceministerio, en alusión directa al golpe de Estado perpetrado hace 14 años contra Hugo Chávez, que fue alentado y respaldado por Washington.
Para el gobierno venezolano, las posturas de la Casa Blanca "alientan y promueven a los factores violentos, extremistas y antidemocráticos en Venezuela, que ya perpetraron crímenes" y "atentan contra la paz de la República, con el amparo y el apoyo irresponsable del gobierno imperial".
En el comunicado, Caracas acusó al mandatario norteamericano Barack Obama de querer desestabilizar la región para legitimar sus planes "contra la paz y el desarrollo" de los pueblos: "La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional y responsabiliza directamente al gobierno estadounidense de estos planes conspirativos, que encontrarán en el pueblo venezolano una muralla infranqueable de moral y heroísmo".
Carlos Garcia RawlinsReuters
¿Toma de Caracas?
Desde el pasado fin de semana, la capital venezolana ha estado bajo un intenso operativo policial. Alcabalas en puntos claves de Caracas y unidades de inteligencia militar rondan las calles de la ciudad, mientras se acerca la fecha de la movilización convocada por la oposición."Los órganos de inteligencia están trabajando de manera oportuna con la finalidad de prevenir, descubrir y neutralizar cualquier acción de aquellos elementos perturbadores de la soberanía de la Patria", informó este lunes el Ministro de Interior, Néstor Reverón, citado por Panorama.
Los operativos de seguridad, que también se desarrollan en otros estados del país, han dado como resultado la incautación de armamento, uniformes falsos y municiones que supuestamente serían utilizados el próximo jueves por parte de los simpatizantes de la oposición, refiere AVN.
Voceros de la derecha venezolana -que desaparecieron de la palestra pública durante todo el mes de agosto, época vacacional en el país suramericano- han llamado a la "Toma de Caracas" el primer día de septiembre, pero aún no han anunciado cuál será la ruta de la manifestación ni el punto de llegada de la marcha.
"La toma de Caracas es un ultimátum al gobierno", aseveró hoy el diputado de derecha ante la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. "El objetivo político es dejar claro que somos muchos para ser frenados", agregó, entrevistado por el canal Venevisión.
El precedente violento de "La Salida", una protesta opositora llamada por Leopoldo López en 2014 para tratar de sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro, enciende las alarmas del Estado. En esa oportunidad, la ciudad permaneció más de dos meses asediada por focos terroristas, que dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, entre simpatizantes de derecha, militantes chavistas y transeúntes ajenos a la confrontación política.
Carlos Garcia RawlinsReuters
En rueda de prensa al final de la tarde de este lunes, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reveló que tras los operativos de seguridad de las autoridades fueron decomisados cordones detonantes de C4, un explosivo de alta potencia. El portador del dispositivo era el vocero de derecha, Yon Goicoechea.
El dirigente chavista recalcó que la convocatoria del jueves "no es una protesta política, sino un movimiento subversivo" con objetivos violentos.
"Estamos alertas ante cualquier actividad subversiva, no estamos en 2002 (...) Por cada personero de la derecha que se salga de la ley, va a actuar la ley. Sería triste que uno de estos señores que andan desaforados, desesperados por ser presidentes, vayan a provocar en su locura la muerte de nadie. Desde el gobierno vamos a hacer lo que tenga que hacerse para garantizar la paz", puntualizó Cabello.
El espacio aéreo en Venezuela fue restringido. El Instituto de Aeronáutica Civil (Inac) informó que está prohibido el vuelo de drones y aviones privados hasta el 5 de septiembre en todo el territorio.
Criminales con la oposición
El respaldo a la derecha venezolana no sólo viene de EE.UU. En un video divulgado en su canal de Youtube, el criminal Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", llamó a los venezolanos a marchar contra del CNE (Consejo Nacional Electoral) y la presidenta del órgano, Tibisay Lucena, a quien llamó "bruja corrupta".Popeye, autor confeso de más de 250 asesinatos y partícipe de matanza de unas 3.000 personas, dijo: "salgan todas y todos en una gran marcha en Caracas (...) ese día nadie haga nada, todo el mundo a las calles, todo el país hacia Caracas".
Las organizaciones sociales deben estar alertas ante “el llamado a la violencia de la oposición”
Por: Correo del Orinoco | | Aporrea
28 agosto 2016 - El Consejo Nacional de los Movimientos Sociales Lealtad
Absoluta ratificó este sábado su total apoyo al Gobierno del presidente
Nicolás Maduro y llaman a las distintas organizaciones sociales a estar
alertas el próximo 1 de septiembre, ya que presuntamente "la derecha
fascista pretende de nuevo enlutar nuestras calles con ese llamado de
violencia".El presidente del Consejo Nacional de Lealtad Absoluta, Claudio Blanco, manifestó que la convocatoria del sector opositor es "para desestabilizar, para tomar de forma violenta nuestras calles. Nosotros ratificamos el llamado a la paz del pueblo".
En su opinión, los sectores populares, campesinos, Consejos Comunales y comunas no tienen que tomar las calles, "siempre nos hemos mantenido en ella. La calle siempre ha sido del pueblo y de la Revolución". Agregó que el 1 de septiembre acompañarán al presidente Maduro en el llamado que está haciendo a las diversas organizaciones sociales del país.
Blanco ofreció su declaración en la sede del consejo nacional, ubicada en Parque Central, donde junto a la dirección política oficializó el lanzamiento de esta instancia política, la cual ya está constituida y desplegada en 17 estados del país e integrada por más de 1.500 organizaciones sociales a escala nacional.
Manifestó que el próximo jueves se mantendrán en la calle para contribuir a garantizar la paz y defender los logros sociales alcanzados por el proceso revolucionario y que han beneficiado a las comunidades durante los últimos años, "legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías".
"Nosotros desde el Consejo Nacional de Lealtad Absoluta estamos dispuestos a defender, en el escenario y plano que se plantee esta Revolución, con el arma de la Constitución", aseguró.
FORTALECER PROCESO REVOLUCIONARIO
Por su parte, el vicepresidente del consejo Felipe Machado, al referirse a esta naciente instancia política, explicó que es el resultado de la unión de los integrantes de diversos grupos sociales: cultores, agricultores, jóvenes, mujeres, personas discapacitadas, deportistas y otros, con una posición política de izquierda, a fin de contribuir al fortalecimiento del proceso revolucionario.En estos momentos, indicó, el consejo nacional está debidamente conformado en 17 estados del país y en el resto de las entidades está en proceso de constitución, aunque ya existe representatividad.
Al referirse a la misión y visión de la organización, Machado precisó que se centran en la defensa del pueblo y en el aspecto socioproductivo, el cual está vinculado con la revolución económica. "Estamos produciendo en los 17 estados, la producción va mucho más allá de arar y cultivar la tierra. La producción es orientación, es deporte, cultura", acotó.
En ese sentido, apuntó que están creando un banco de proyectos orientado hacia las organizaciones sociales, que son realmente las que dan origen al Consejo Nacional de Lealtad Absoluta para que sea el rector y guía de las organizaciones revolucionarias que lo conforman. En torno a las calles, enfatizó que "nosotros tenemos la calle y abogamos por la paz, nosotros no somos violentos, creemos en la tranquilidad".
TOMAR LOS CAMPOS
La vocera Nacional de Comunas y Consejos Comunales de la organización, Alejandra Velazquez, afirmó que la oposición "no debe enviar a la gente a tomar las calles, que los envíe a tomar los campos como lo está haciendo el Consejo Nacional de Movimientos Sociales".Con la toma de los campos, la dirigente señaló que están aportando al país con producción, por esa razón destacó que las mujeres del movimiento se pronuncian a favor del crecimiento del país, "que también es el crecimiento de nuestros hijos y familias".
El vocero nacional de Transporte del Consejo Nacional, Francisco Segovia, señaló que en estos momentos agrupan a más de 1.500 organizaciones sociales del país: "Hacemos un llamado al pueblo venezolano, humilde y trabajador de no caer en las provocaciones de la derecha".
También se sumó al reiterado y constante llamado del presidente Nicolás Maduro a la paz. "Le decimos a la derecha venezolana que el movimiento social popular está en la calle desde hace muchos años y nos vamos a mantener en la calle. En todas las circunstancias vamos a defender esta Revolución", enfatizó.
Segovia destacó que apoyan el planteamiento del líder revolucionario Diosdado Cabello, cuando dice que "Rondón no ha peleado". Recordó que la única vez que ha salido a la calle el pueblo revolucionario "fue el 11 de abril (2002), no queremos que eso se repita. No nos busquen, nosotros estamos en paz. El movimiento popular está en los campos, produciendo. No han podido ni podrán derrotarnos con esa guerra económica fatal que le han dedicado al pueblo venezolano".
"CONTRADICCIÓN DEMASIADO GRANDE"
El presidente del Consejo Nacional de los Movimientos Sociales Lealtad Absoluta, Claudio Blanco, aprovechó la ocasión para desmentir enfáticamente el señalamiento de algunos voceros de la oposición, quienes señalan que los movimientos populares no acompañan el proceso revolucionario, "eso es totalmente falso, ser del movimiento popular y no ser de izquierda sería una contracción demasiado grande".Agregó que todas las organizaciones sociales de base de diversos colectivos "nos hemos identificado con el proceso revolucionario de izquierda, esta no va a ser la excepción. Hacemos un llamado al pueblo y a la militancia revolucionaria que no se presten a ese llamado de la derecha fascista que pretende llenar nuestras calles de violencia".
El dirigente estimó que el llamado de la oposición "es una trampa, la misma que los llevó al 11 de abril (2002), cuando el llamado que hicieron a Miraflores terminó en unos saldos de violencia".
Con elementos explosivos en su poder
Confirmada la detención del dirigente opositor Yon Goicochea
Por: Prensa YVKE | | Aporrea
Caracas, agosto 29 - El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que en horas de la mañana de este lunes fue detenido el dirigente opositor, Yon Goicoechea a quien se le encontraron cordones detonantes para explosivos.
“Hoy fue detenido Yon Goicoechea y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos”, destacó.
Cabello manifestó que los elementos explosivos que tenia el dirigente opositor en su poder serían usados en la marcha convocada por la derecha para este jueves 1° de septiembre.
Durante la movilización que se realizó en el estado Barinas, el diputado por el Bloque de la Patria, rechazó las acciones de la derecha venezolana, la cual ha sido apoyada por el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar al país.
Oposición venezolana apuesta al quiebre institucional para conseguir el poder
Así lo afirmó José Vicente Rangel en su programa transmitido por Televen, “Una oposición que estimula la subversión, apuesta al desastre y a la quiebra institucional con tal de acceder al poder.”
“La oposición se empeña en el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro pero incurrió en el error de impugnarlo en abril en vez de enero, perdiendo un tiempo valiosísimo e incurrió en innumerables errores delictuales. Ahora invoca a una marcha el primero de septiembre, en estos tiempos cirspados esa marcha puede tener consecuencias muy graves”, dijo Rangel.
Maduro: Hay un golpe de Estado en marcha desde EEUU contra Venezuela
“Está en marcha un golpe de Estado fascista desde Estados Unidos para plagar a Venezuela de violencia“, sostuvo desde el Palacio de Miraflores, donde recibió la marcha de los trabajadores que marcharon para reafirmar su respaldo a la Revolución Bolivariana.
Indicó que: “No lo vamos a permitir. El pueblo en la calle no lo va a permitir en unión cívico militar”.
El jefe de Estado anunció que en los próximos días serán transmitidos los documentales que retratan el golpe de Estado de 2002 contra el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, “para que que quienes lo vivimos saquemos lecciones para nuestra conciencia de lo que hicieron y no lo permitamos más nunca y para que la juventud pueda ver lo que hizo la oligarquía”.
Precisó que este lunes, en horario estelar a las 8 de la noche, será transmitido en cadena nacional el documental “Claves de una Masacre”, de Ángel Palacios. Destacó que esta creación audiovisual “es uno de los documentales más completos que se hicieron del golpe de Estado”.
Este cine-foro será dirigido por William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y contará con un grupo de invitados.
El mandatario justificó esta estrategia comunicacional ya que “la conciencia es la mejor arma que tenemos para defender al país” en un momento en el que la Mesa de la Unidad Democrática “ha decidido romper las reglas del juego. Nosotros somos defensores de la constitución y la paz”.
Almagro, el amigo de los criminales
LibreRed - 27 de agosto de 2016
El comité de víctimas de los actos violentos desatados por la derecha en Venezuela para intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuestionó la amistad que existe entre el secretario general de la desprestigiada Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y el cabecilla contrarrevolucionario Leopoldo López, actualmente en prisión por varios delitos.
Oscar Carrera, vocero del comité, se refirió concretamente a una carta enviada por Almagro a su “amigo”, López, en la cual asegura que la ratificación de la sentencia a casi 14 años de detención es injusta y “marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela”.
Con la publicación de esta misiva el cabecilla de la OEA es quien verdaderamente está marcando un hito, por entrometerse de manera brutal en los asuntos internos de un país y cuestionar, sin ninguna base, su ordenamiento jurídico.
Pretende Almagro ignorar que en toda nación existen normas para ordenar el funcionamiento de la sociedad, y que quien viola estos preceptos se hace merecedor de una sanción, que es proporcional a la falta cometida.
En el caso de Leopoldo López, la situación es muy clara. Él es responsable por la organización de actos criminales que costaron la vida a numerosas personas, crearon un período de zozobra en la capital venezolana, y además provocaron graves daños, tanto a la propiedad pública como a la privada. En cualquier nación civilizada estos delitos se sancionan con prisión.
En los disturbios, conocidos en la Patria de Bolívar como “guarimbas”, ocurridos en enero de 2014, sujetos de la catadura de López, colocaron alambres tensados sobre las calles para tumbar a quienes transitaban en motocicletas, lo que provocó heridas graves y el fallecimiento de varias de las víctimas de estas trampas.
Además, dispararon con armas de fuego contra quienes intentaron esquivar o retirar los obstáculos, incendiaron centros escolares y atacaron instituciones públicas. Estas tropelías costaron la vida a 43 personas y más de 800 heridos.
El señor Almagro debería estar consciente de que la democracia habría desaparecido en realidad, si tales actos hubiesen quedado en la impunidad y sus organizadores no recibieran el castigo justo y proporcional por sus crímenes.
No es la primera vez que este sujeto, puesto por Estados Unidos al mando de la OEA, su ministerio de Colonias, arremete contra Venezuela.
Recordemos que hace pocos meses pretendió aplicar la dichosa “carta democrática” contra la nación sudamericana y tuvo que batirse en retirada ante la oposición de numerosos gobiernos del área.
La misiva de Almagro a su “amigo” López también concitó el rechazo internacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo al jefe de la OEA que no sea vocero ni operador del imperio norteamericano y le recordó que pedir una intervención extranjera en Venezuela es una actitud colonial.
En todo caso, la extraña amistad del secretario general de la OEA y un criminal convicto en Venezuela, no hace sino reafirmar aquel refrán popular que dice: dios los cría, y el diablo los junta.
Guillermo Alvarado
BOLIVIAEl comité de víctimas de los actos violentos desatados por la derecha en Venezuela para intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuestionó la amistad que existe entre el secretario general de la desprestigiada Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y el cabecilla contrarrevolucionario Leopoldo López, actualmente en prisión por varios delitos.
Oscar Carrera, vocero del comité, se refirió concretamente a una carta enviada por Almagro a su “amigo”, López, en la cual asegura que la ratificación de la sentencia a casi 14 años de detención es injusta y “marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela”.
Con la publicación de esta misiva el cabecilla de la OEA es quien verdaderamente está marcando un hito, por entrometerse de manera brutal en los asuntos internos de un país y cuestionar, sin ninguna base, su ordenamiento jurídico.
Pretende Almagro ignorar que en toda nación existen normas para ordenar el funcionamiento de la sociedad, y que quien viola estos preceptos se hace merecedor de una sanción, que es proporcional a la falta cometida.
En el caso de Leopoldo López, la situación es muy clara. Él es responsable por la organización de actos criminales que costaron la vida a numerosas personas, crearon un período de zozobra en la capital venezolana, y además provocaron graves daños, tanto a la propiedad pública como a la privada. En cualquier nación civilizada estos delitos se sancionan con prisión.
En los disturbios, conocidos en la Patria de Bolívar como “guarimbas”, ocurridos en enero de 2014, sujetos de la catadura de López, colocaron alambres tensados sobre las calles para tumbar a quienes transitaban en motocicletas, lo que provocó heridas graves y el fallecimiento de varias de las víctimas de estas trampas.
Además, dispararon con armas de fuego contra quienes intentaron esquivar o retirar los obstáculos, incendiaron centros escolares y atacaron instituciones públicas. Estas tropelías costaron la vida a 43 personas y más de 800 heridos.
El señor Almagro debería estar consciente de que la democracia habría desaparecido en realidad, si tales actos hubiesen quedado en la impunidad y sus organizadores no recibieran el castigo justo y proporcional por sus crímenes.
No es la primera vez que este sujeto, puesto por Estados Unidos al mando de la OEA, su ministerio de Colonias, arremete contra Venezuela.
Recordemos que hace pocos meses pretendió aplicar la dichosa “carta democrática” contra la nación sudamericana y tuvo que batirse en retirada ante la oposición de numerosos gobiernos del área.
La misiva de Almagro a su “amigo” López también concitó el rechazo internacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo al jefe de la OEA que no sea vocero ni operador del imperio norteamericano y le recordó que pedir una intervención extranjera en Venezuela es una actitud colonial.
En todo caso, la extraña amistad del secretario general de la OEA y un criminal convicto en Venezuela, no hace sino reafirmar aquel refrán popular que dice: dios los cría, y el diablo los junta.
Guillermo Alvarado
Intentos de Golpe de Estado
Bolivia: Fueron presentadas pruebas de los planes violentos de los cooperativistas mineros
Romero explicó que el plan conspirativo, de connotación golpista constaba de siete ejes de planificación, entre esos, mencionó la organización de la movilización, definición de la consigna, elección del escenario de operaciones (trincheras y puntos de abastecimiento de explosivos), financiamiento, logística y suministro de un arsenal de armas letales para provocar graves daños, incluso cientos de muertos.
El ministro boliviano aseguró que la conspiración contaba con una suerte de Estado Mayor bajo la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), asesores y abogados, entre los que se identificó a Jaime Zambrana Mercado, Mirtha Quevedo, Freddy Ontiveros e Iván Paredes.
"Eso ya no es movimiento reivindicativo, es un movimiento conspirativo, político, golpista. No solamente está planteando una modificación estructural de la política económica del Estado referida a los recursos naturales", denunció Romero en declaraciones a la radio y televisión estatales.
El funcionario denunció que con estos hechos pretendía desatar una crisis política de proporciones en Bolivia, para validar 31 contratos con empresas extranjeras.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció el pasado viernes 26 de agosto que las movilizaciones de los cooperativistas mineros en su nación tenían un trasfondo político y no la búsqueda de reivindicaciones para el sector.
Tras el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes en manos de mineros, dijo que los cooperativistas pueden tener muchos argumentos para protestar, pero que conoce que un gran número de ellos defendían la capitalización del sector minero, respaldaban las movilizaciones de la derecha en el país y además firmaban contratos con empresas privadas, a espaldas del Estado.
¿Cómo unos mineros en huelga llegaron a matar a un viceministro enviado a dialogar?
Las explicaciones de fondo del conflicto entre Evo Morales y los cooperativistas mineros
La tensión entre los cooperativistas mineros de Panduro y el gobierno boliviano concluyó con el asesinato del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes. El conflicto de fondo entre los mineros, viejos aliados del gobierno de Evo Morales, es por su rechazo a una nueva ley de cooperativas mineras que permite la sindicalización de sus miembros; el rechazo de los cooperativistas a no poder entregar sus concesiones mineras a empresas privadas y que no quieren cumplir legislaciones ambientales.La Fiscalía de Bolivia imputa a tres mineros por el asesinato del viceministro
La fiscalía expone que "fueron plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato del viceministro de Régimen Interior". Entre ellos está el líder de las cooperativas mineras, Carlos Mamani. Se enfrentan a una pena de 30 años.
EFE - Público - Publicado: 28.08.2016 11:19
LA PAZ.- La Fiscalía de La Paz presentó hoy formalmente ante un juez una imputación contra tres mineros, entre ellos el líder de las cooperativas mineras, Carlos Mamani, por la supuesta comisión de asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que un grupo de fiscales imputó a Mamani, Carlos Castro y Julián Pinto, "quienes fueron plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato del viceministro de Régimen Interior".
Mamani, que es el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Minera (Fencomin), fue imputado "en grado de autoría" por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tener explosivos, según un comunicado difundido este sábado. El asesinato se castiga en Bolivia con una pena de 30 años.
Castro y Pinto están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad, en el marco del Código de Procedimiento penal.
La imputación señala que Illanes fue asesinado el jueves tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, junto a su escolta y un chófer, con el propósito de mediar en el conflicto.
Según la fiscalía, los tres imputados, en compañía de un centenar de mineros, "secuestraron al Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes".
La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades.
Illanes fue torturado durante seis o siete horas antes de morir, según los exámenes realizados a su cadáver. La comisión de fiscales del caso tomó declaraciones, reunió actas de registro, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados, según el comunicado de la Fiscalía de La Paz.
Además, el conflicto causó la muerte de tres mineros, Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco por disparos durante los enfrentamientos de los manifestantes con la Policía en los bloqueos realizados en Cochabamba (centro) y el altiplano (oeste).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo hoy que "obviamente, también es necesario aclarar estas muertes". Las autoridades han insistido estos días en que los agentes no tenían órdenes para portar armas letales en los desbloqueos.
Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de una ley que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades.
Sin embargo, el presidente Evo Morales dijo estar convencido de que ha vuelto derrotar "un golpe de Estado", esta vez supuestamente planeado por los mineros que protagonizaron el conflicto.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que un grupo de fiscales imputó a Mamani, Carlos Castro y Julián Pinto, "quienes fueron plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato del viceministro de Régimen Interior".
Mamani, que es el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Minera (Fencomin), fue imputado "en grado de autoría" por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tener explosivos, según un comunicado difundido este sábado. El asesinato se castiga en Bolivia con una pena de 30 años.
Castro y Pinto están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad, en el marco del Código de Procedimiento penal.
La imputación señala que Illanes fue asesinado el jueves tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, junto a su escolta y un chófer, con el propósito de mediar en el conflicto.
Según la fiscalía, los tres imputados, en compañía de un centenar de mineros, "secuestraron al Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes".
La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades.
Illanes fue torturado durante seis o siete horas antes de morir, según los exámenes realizados a su cadáver. La comisión de fiscales del caso tomó declaraciones, reunió actas de registro, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados, según el comunicado de la Fiscalía de La Paz.
Además, el conflicto causó la muerte de tres mineros, Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco por disparos durante los enfrentamientos de los manifestantes con la Policía en los bloqueos realizados en Cochabamba (centro) y el altiplano (oeste).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo hoy que "obviamente, también es necesario aclarar estas muertes". Las autoridades han insistido estos días en que los agentes no tenían órdenes para portar armas letales en los desbloqueos.
Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de una ley que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades.
Sin embargo, el presidente Evo Morales dijo estar convencido de que ha vuelto derrotar "un golpe de Estado", esta vez supuestamente planeado por los mineros que protagonizaron el conflicto.
Presidente Correa recuerda a FFAA que en Ecuador manda el poder civil legítimamente electo
Por: Agencia ANDES | | Aporrea
Quito, agosto 28 - El presidente Correa reiteró su rechazo a la decisión
del Consejo de Disciplina Militar que inadmitió el trámite de sanción
en contra del capitán Edwin Ortega, quien en días pasados respondió una
carta del mandatario con términos ofensivos; y como ejemplo explicó que
un caso similar en EE.UU. llevó a la separación de un soldado de las
filas del ejército de ese país.
“En su resolución adoptada por unanimidad (el Consejo de Disciplina Militar) no niegan que se ha insultado al presidente, O sea que puede insultar porque el presidente no es su superior. Esto es consigna y no lo vamos a permitir, yo me voy a la casa antes de permitir esta sinvergüencería (...) Vamos pueblo ecuatoriano todos juntos a rechazar esta decisión antipatria”, enfatizó.
Durante su informe semanal de labores, el presidente ecuatoriano informó sobre la presentación de un amparo constitucional en contra de la resolución de órgano disciplinario de las Fuerzas Armadas.
“Como estamos en Estado de Derecho, está el recurso de acción de protección que hemos puesto para dejar insubsistente esta espuria resolución, no vamos a permitir esto. Todos, si es necesario, a las calles a rechazar esta inmoralidad”, manifestó el presidente Correa.
En el informe semanal de labores, el Jefe de Estado hizo referencia a la situación de un militar estadounidense que fue inmediatamente separado del ejército por escribir un insulto en su cuenta de la red social Facebook contra el presidente Barak Obama.
"Aquí el argumento (para no sancionar al coronel) es que yo rompí la cadena de mando por comunicarme directamente con la tropa. ¿Si un general se dirige directamente a la tropa y no pasa por el coronel, está rompiendo la cadena de mando?, hasta cuánto tanta tontería", sostuvo el mandatario al reconocer que el país está atravesando por un momento crítico pero histórico.
Puntualizó que las reformas a la seguridad social a las Fuerzas Armadas buscan reducir las inequidades tanto entre los altos mando como entre la tropa como las desigualdades frente a la seguridad social civil.
Este tema desató el rechazo de un segmento del sector militar en servicios pasivo y activo interesados en crear malestar en contra del régimen.
“Quiero advertir que la situación es seria, tensa pero se trata de ser o no ser. Se trata de la patria nueva o seguir en la patria vieja. Aquí manda el poder civil legítimamente electo, con legitimidad democrática y no ciertos poderes fácticos”, apuntó.
Hizo un llamado al sector militar para que entiendan que "todos somos parte de la sociedad y que todos somos columna vertebral de la patria nueva".
La desaparición de la URSS 25 años después: Algunas Reflexiones (V)
Por: José Luis Rodríguez
El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economía de Cuba.
22 junio 2016 - CUBADEBATE
Mijail
Gorbachov, el ex canciller alemán Helmut Kohl y el ex presidente de
Estados Unidos George Bush. Foto: AFP PHOTO DDP/ MICHAEL GOTTSCHALK
VI
Como se señaló anteriormente, el debate en torno a la necesidad de estabilizar a economía para poder llevar adelante las reformas, se agudizó notablemente entre 1988 y 1989.A partir de los resultados económicos de 1987, resultaba evidente que el país se abocaba a una crisis producto del desequilibrio financiero interno unido al vacío que comenzaba a manifestarse en la dirección de la economía.
Al propio tiempo, las contradicciones en el seno de la dirección del país se manifestaron con fuerza en la esfera política. Surgieron dos escenarios de intenso debate interconectados: por un lado, se desarrollaba una intensa campaña que cuestionaba el papel del PCUS en la sociedad soviética, y por otro lado, se criticaba con fuerza la inefectividad de la reforma económica aplicada hasta ese momento. En este proceso cabe destacar el enfrentamiento de Gorbachov y Yeltsin en noviembre de 1987, que llevó a la separación de este último de sus cargos en el PCUS, aunque ocuparía un cargo ministerial de segundo orden posteriormente, hasta resurgir como líder de la oposición en 1989.
El enfrentamiento y la división en el seno del Partido se conocerían públicamente en el Pleno del CC celebrado en enero de 1988, cuando la dirección de los llamados reformistas radicales acusó al propio Partido de oponerse a la perestroika, tendencia que acabaría por imponerse en la XIX Conferencia del PCUS celebrada en junio de ese año, donde -además- se aprobó liquidar el papel del Partido en la dirección de la gestión económica del país.
Se produjo así una reformulación de la línea política aprobada en el XXVII Congreso, y se consagró la necesidad de un cambio en el sistema político soviético para transformarlo en un régimen presidencialista, con un parlamento al mejor estilo de las democracias burguesas. Esto se materializó durante el primer semestre de 1989 al elegirse en mayo el nuevo Congreso de Diputados Populares y el Soviet Supremo de la URSS. El Congreso tendría 1 500 diputados elegidos para un período de 5 años, de ellos 750 asientos serían reservados para el Partido y las organizaciones afines. De entre los diputados se elegiría una suerte de Soviet Supremo bicameral como órgano permanente que debía rendir cuentas al Congreso.
En medio de estas polémicas, el debate económico enfrentó dos tendencias: por un lado, aquellos que abogaban por una rápida implementación de las reformas y por otro, los que expresaban la necesidad urgente de estabilizar la economía previamente.
En estas discusiones preponderó el criterio de ir a la búsqueda de la estabilidad mediante una mayor liberalización de la economía. De tal modo, en mayo de 1988 se aprueba una nueva ley de cooperativas no agropecuarias, que –a partir de las consecuencias que genera en el crecimiento de la especulación- sería modificada en octubre de 1989; en el mes de julio de 1988 se limita el pedido estatal a las empresas restringiendo así seriamente la capacidad del plan estatal para disponer de producciones y servicios con vistas a ser utilizados de acuerdo a los intereses sociales; y en el verano del propio año se aprueba por primera vez el arriendo de tierras de propiedad estatal para ser explotadas por trabajadores individuales o cooperativas, proceso que apunta cada vez más a la privatización de la propiedad pública.
Al año siguiente, ante las enormes dificultades en el mercado interno, se racionan los productos de primera necesidad y se establece una regulación de los precios en noviembre de 1989, pero ambas medidas no cumplen los objetivos previstos a partir del debilitamiento del Estado para su implementación frente a las medidas que fortalecen cada vez más los mecanismos de mercado. Esta tendencia se fortalece adicionalmente por la aprobación que se produce de arrendar bienes o empresas estatales por entes privados o cooperativos.
Sin embargo, el elemento que marcó formalmente el inicio del fin de la economía socialista fue la aprobación en noviembre de 1989 de la primera propuesta integral de tránsito a una economía de mercado regulada. En esta propuesta se incluía una denuncia inequívoca de la planificación central y una defensa del mercado; se abogaba por el pluralismo en las formas de propiedad; y se reclamaba un cambio radical en el sistema económico, mediante un proceso gradual de introducción de la economía de mercado a partir de 1991.
Parejamente en el ámbito político se produjo un desplazamiento del poder real del Partido y el Estado al Congreso de Diputados Populares y al nuevo Soviet Supremo electos en mayo de 1989, iniciándose así la reconfiguración del aparato estatal de acuerdo al modelo de Occidente.
De no menor gravedad resultaba el incremento de los conflictos inter- étnicos, como el desatado en Kazajstán en 1986 y el enfrentamiento armado en 1988 entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Al mismo tiempo daba inicio un proceso secesionista de Letonia, Lituania y Estonia –que declaran su soberanía entre mayo y julio de 1989- al que seguiría la insubordinación frente al poder central del resto de las repúblicas de la Unión.
La evolución de los indicadores socioeconómicos de estos años marcó el último período de crecimiento de la URSS. Así el ingreso nacional se incrementó 4,4% en 1988 y se desaceleró a 2,4% en 1989; la industria creció respectivamente 3,9 y 1,7%; el sector agropecuario aumentó 1,7 y descendió en su avance a solo 1% en 1989; mientras que la deuda externa se elevó de 43 000 a 54 000 millones de dólares. Ya en 1989 la pobreza afectaba al 15% de la población soviética.
Esta situación crítica no pasó inadvertida por una parte de la clase obrera que –por primera vez- en julio de 1989 desató extensas huelgas en el sector de la minería que estallaron en Ucrania, Rusia y Kazajstán, encabezadas por grupos independientes al margen de los sindicatos oficiales, dando inicio a una serie de protestas sociales que ya no desaparecería hasta el fin de la URSS.
Por otra parte, durante estos años en la esfera de las relaciones internacionales la posición soviética sufriría un deterioro marcado ya visible en el fracaso de la cumbre Gorbachov-Reagan en Reykjavik celebrada en octubre de 1986, a lo que seguiría el inicio de un proceso de desarme unilateral de la URSS frente a la resistencia y beligerancia occidental.
Como parte de este proceso se produciría simultáneamente la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, hecha pública en febrero de 1988; el anuncio en diciembre de 1988 de la reducción unilateral de 500 000 efectivos militares en el ejército soviético y la retirada de seis divisiones de tanques de Europa oriental; así como la declaración de julio de 1989 de que las naciones miembros del Pacto de Varsovia eran libres de seleccionar su propio camino al socialismo, lo que significó en la práctica, el principio del fin de la alianza política con las llamadas democracias populares europeas y sus gobiernos. Esto último se expresaría dramáticamente en las posiciones de Gorbachov frente al gobierno de Erich Honecker en la RDA.[2]
La desconexión soviética de lo que comenzó a ocurrir en Europa oriental a partir del derrumbe del socialismo en Polonia, donde las elecciones del verano de 1989 llevaron al poder al Sindicato Solidaridad frente al POUP y hasta la reunificación alemana en octubre de 1990, fue un proceso negativo en todos los aspectos para la dirección de la URSS, la que –sin embargo- no hizo otra cosa que replegarse frente a estos acontecimientos, sin reaccionar ante lo que ese enorme cambio en la correlación de fuerzas en Europa significaba para la política internacional del PCUS.
VII
Los años 1990 y 1991 mostraron una Unión Soviética en una crisis política terminal.Una rápida sucesión de acontecimientos en 1990 marcó -con toda claridad- el rumbo definitivo hacia la destrucción del Partido y el Estado multinacional. De tal modo, el Pleno del CC del PCUS de febrero –dominado por las fuerzas de derecha- aprobó la renuncia del Partido a ser la fuerza dirigente de la sociedad soviética; Gorbachov fue electo presidente en marzo, tratando de concentrar todo el poder posible en sus manos y gobernando por decreto, en tanto que Yeltsin resurgía como presidente de Rusia en mayo, encabezando el bando de los “demócratas” e iniciando una confrontación en todos los órdenes con el gobierno central. En medio de estos acontecimientos, en julio se celebró el XXVIII Congreso del PCUS, que confirmó la capitulación de sus dirigentes y reveló el surgimiento de distintas facciones en el Partido, [3] en tanto que el centro de la discusión fue como transitar a una economía de mercado.
Durante 1990 los debates económicos en el aparato estatal se concentraron en cómo acelerar el tránsito al capitalismo. Surgen así el “Plan de los 400 días” en febrero; el “Plan de los 500 días” en julio y el llamado “Plan del Gobierno” en septiembre. Después de un intenso debate parlamentario en el otoño de ese año, se adoptó el plan presentado por Gorbachov, conocido como el “Plan Presidencial”, resultado de múltiples compromisos políticos y donde se recogían los postulados fundamentales del “Plan de los 500 días”. Previamente se había otorgado total legalización a la propiedad privada en marzo y en octubre se había liberalizado totalmente la inversión extranjera.
También cabe apuntar que estas transformaciones no involucraban solo a la URSS. Así en junio de 1990 el gobierno soviético decidió unilateralmente que a partir de 1991, los intercambios comerciales en los marcos del CAME se realizarían a precios del mercado mundial y en divisas libremente convertibles, terminando así de un solo golpe, todo el esquema de colaboración que había venido funcionando durante más de 40 años al acabar con los precios preferenciales y el pago en rublos transferibles.
Esta decisión tendría una fuerte incidencia en nuestro país y –luego de infructuosas comunicaciones[4] con la dirección soviética- Cuba se vio obligada a proclamar el inicio del Período Especial el 29 de agosto de 1990.
Los resultados económicos de 1990 fueron desastrosos: la renta nacional cayó un 4%; la industria un 1,2%; el sector agropecuario un 2,3% y la pobreza golpeó al 27,6% de la población.
Las medidas económicas y las decisiones políticas adoptadas en 1991 revelaban un estado de desesperación en la dirección del gobierno. De este modo, ante el creciente separatismo de las repúblicas soviéticas, se aplicó un plebiscito en marzo de 1991 donde la población mayoritariamente votó por mantener la URSS, lo que no frenó la tendencia a la desintegración, aunque Gorbachov dedicó todo su esfuerzo infructuosamente a la firma de un nuevo tratado de la Unión.
En el ámbito de la economía, se implementó en marzo una reforma monetaria y de precios que elevó los mismos sin que se compensara adecuadamente a los estratos más vulnerables de la sociedad. Todo ello provocó un fuerte rechazo de la población y determinó el fracaso de las medidas propuestas.
En abril el gobierno aprobó un paquete de medidas de emergencia que avanzaba en el proceso de desestatización y privatización, aunque dejaba en manos de las repúblicas su implementación.
En la medida en que transcurría el año se hizo cada vez más evidente la lucha del gobierno por conservar el poder, aún a costa de mayores concesiones a Occidente, partiendo del supuesto absurdo de los gobiernos burgueses estarían interesados en ayudar a la URSS en su transición al capitalismo, pero bajo las banderas de un socialismo reformado, al menos formalmente.
Un ejemplo de esas posiciones fue el viaje a los Estados Unidos de los economistas Evgueni Primakov y Gregor Yavlinsky en mayo de 1991 para discutir el programa de reformas con especialistas norteamericanos, incluyendo al secretario de Estado James Baker. La petición de recursos financieros con ese propósito se fijo entre 150 000 y 250 000 millones de dólares.
Como resultado de esas consultas y contando con el supuesto apoyo occidental, en junio de 1991 se aprobó un nuevo plan de transición al capitalismo conocido como “Plan Yavlinsky”.
Formando parte de este plan y ante la ausencia de una respuesta clara, Gorbachov se dirigió a la Cumbre del Grupo de los Siete que se celebró en Londres en julio de 1991. No obstante, el dirigente soviético no alcanzó ninguno de los resultados que se esperaban. No fue siquiera invitado oficialmente y recibió la callada por respuesta a su mensaje contenido en una carta de 23 páginas enviada a cada uno de los mandatarios allí reunidos.
Encuentro de George Bush y Gorbachov en Londres, el 17 de julio de 1991. Foto: AP
El fracaso de esta misión fue una gran humillación para el gobierno
soviético y las contradicciones en el seno de los distintos grupos de
poder presentes en la dirección del país estallaron el 18 de agosto de
1991, cuando un grupo de ministros y miembros del Comité Estatal para
Situaciones de Emergencia[5]–encabezados por el vicepresidente Guennadi
Yanáev- trataron de revertir la situación mediante un golpe de Estado.Ante todo debe señalarse que estos elementos no estaban en contra del tránsito a la economía de mercado. Más bien se resistían a aceptar la forma en que el mismo venía transcurriendo, especialmente al señalar en el Llamamiento que emitieron, entre otras críticas: “Solamente gente irresponsable puede confiar en cierta ayuda desde el extranjero”.
Este último intento de frenar la forma en que se estaba dando la transición al capitalismo fracasó y no contó ni con el apoyo del ejército ni de la población.
De hecho tiempo después se ha sabido que los golpistas habían consultado a Gorbachov para que se pusiera al frente del golpe y enfrentara a Yeltsin desde posiciones de fuerza.
Todavía hoy el significado de lo ocurrido en agosto de 1991 permanece sin aclarar en muchos aspectos. Sin embargo, ha quedado claro que los líderes del golpe –entre los que se encontraban el jefe de la KGB[6] Vladimir Kriuchkov y el ministro de Defensa Dimitri Yazov- pensaban que Gorbachov estaría de su lado y así se lo habían asegurado a Yeltsin, pero cuando Gorbachov rechazó las proposiciones de los principales dirigentes del CESE, cundió el pánico, puesto que no tenían absolutamente ningún plan para la toma del poder.
Tras el intento de golpe de Estado, sobrevino un vacío donde el presidente de la URSS perdió de hecho todas sus facultades y Boris Yeltsin emergió como el “defensor de la democracia” pasando a detentar el poder real desde su posición como presidente de Rusia.
Boris Yeltsin el 24 de agosto de 1991.
A partir de aquí prácticamente todas las repúblicas se declararon
independientes. En septiembre se ilegalizó el PCUS[7] y se disolvió el
Congreso de Diputados Populares, creándose estructuras políticas
provisionales que regirían durante el período de transición que se abrió
hasta fin de año.El desastre económico del último año de existencia de la URSS reflejó una caída del 15% de la renta nacional; disminuyó un 7% la producción industrial; y se redujo un 9% la producción agropecuaria. A finales de 1991 el 31% de la población soviética vivía en la pobreza.
Bajo la dirección efectiva de Yeltsin el 21 de diciembre se constituiría la Comunidad de Estados Independientes con 11 de las 15 repúblicas federadas,[8] el 25 de diciembre Gorbachov renunció y el 31 de diciembre de 1991 desapareció oficialmente la Unión Soviética.
(Continuará)
Lea los artículos previos
Notas
[1] Para este trabajo el autor se ha apoyado en el capítulo I de su libro “El derrumbe del socialismo en Europa” Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014 y en el ensayo “La perestroika en la economía soviética (1985-1991)” incluido en el libro de Serguei Glazov, Kara-Murza y Batchikov “El Libro Blanco de las reformas neoliberales en Rusia. 1991-2004” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007. También se recomienda el capítulo I del libro de Ariel Dacal y Francisco Brown “Rusia Del socialismo real al capitalismo real” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005, así como los capítulos 4 y 5 del libro de Roger Keeran y Thomas Kenny “Socialismo Traicionado. Tras el colapso de la Unión Soviética 1917-1991” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2013.[2] Sobre esto puede verse el libro de Hans Modrow “La perestroika: impresiones y confesiones” Cuba Sí Edición Ost, Berlin, 2013, capítulos 4 y 5.
[3] Ya para esa fecha habían renunciado al Partido 250 000 militantes.
[4] Esta situación dio lugar “…a numerosas comunicaciones, intercambios, cartas mías al jefe del gobierno, cartas mías compañero Gorbachov, presidente de la URSS, intercambio de comunicaciones, gestiones de todas clases, porque era incierta la situación de 1991: qué acuerdos íbamos a hacer, que mercancías íbamos a recibir. Y como resultados de todos estos intercambios y conversaciones se logró un acuerdo para 1991 (…) Este acuerdo significaba una pérdida de más de 1 000 millones de dólares para Cuba…” Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la inauguración del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, en IV Congreso del Partido Comunista de Cuba Discursos y documentos, Editora Política, La Habana, 1992, p. 28.
[5] Según diversas interpretaciones, el CESE se había formado en el propio año 1991 ante la pérdida de gobernabilidad del equipo de dirección frente a la creciente beligerancia de Boris Yeltsin y en su seno habían tenido lugar varias polémicas con Gorbachov, que habían ido elevando el tono de las discrepancias con este. No obstante, se ha apuntado como eje de las contradicciones principales fenómenos de pérdida de áreas de influencia y corrupción, tesis que se mantiene en el campo de la polémica. Ver Keeran y Kenny, Op. Cit. p. 269 a 278. Ver también una interpretación diferente en el libro citado de Serguei Kara-Murza capítulo 26.
[6] Siglas en ruso del Comité de Seguridad del Estado.
[7] Este proceso se inició en Rusia. En otras repúblicas el PCUS se extinguió.
[8] No integraron la CEI Letonia, Lituania y Estonia.
Estado español
Senderos públicos
El Alpino del Guadarrama, un batallón de Nobel
Una novela de Ernest Hermingway hace referencia a algunas acciones llevadas a cabo por el Ejército Popular de la República en la sierra de Madrid. Este artículo prosigue la serie de 'Senderos de la Memoria' iniciada por 'Público'
GARCÍA LONGÁS - Público - Publicado: 15.07.2016 19:16
La toma del cuartel de la Montaña
por parte de las milicias populares complicó los planes de los militares
golpistas de conquistar inmediatamente Madrid. Desde ese momento, el general Emilio Mola,
jefe del Ejercito del Norte, movió sus tropas desde Valladolid y Burgos
hacia los flancos de menor altura y con mejores comunicaciones de la
Sierra de Guadarrama, los puertos del Alto del León y Somosierra.
Consiguió su objetivo a medias y el día 25 de julio consolidó su
posición en el Alto del León tras durísimos combates con las tropas leales a la República, no así en Somosierra que quedó bajo control gubernamental. El general golpista también dirigió sus tropas hacia la parte central de la sierra madrileña de mayor altura y peor comunicación con desigual fortuna. El puerto de Navafría, que une el valle de Lozoya con la llanura segoviana por medio de una sinuosa pista, fue escenario de un enconado enfrentamiento hasta quedar en manos de los rebeldes. Por otra parte, columnas de guardias de asalto y milicianos de pueblos del entorno y el Batallón Thälmann, integrado por exiliados alemanes, se hicieron con el control los puertos de Cotos y Navacerrada. Y así quedaron las posiciones de los dos bandos durante casi todo el conflicto.
Mientras en la capital, jóvenes montañeros, escaladores y esquiadores integrados en el 5º Regimiento, impulsado por el PCE, consideran que es necesario, ante la proximidad del invierno, la creación una unidad capaz de moverse con soltura en zonas de montaña. Los promotores de esta iniciativa fueron Teógenes Díaz Gavín, Luis Balaguer Secourum y Joaquín Rodríguez López. Díaz, marmolista y afiliado al PCE, era un experimentado escalador que en mayo de 1933 había realizado la primera a la, por aquellos tiempos, imposible pared oeste del torreón de Galayos, además de fundador del Grupo de Alta Montaña del club Peñalara.
Carteles por las calles y un artículo en Milicia Popular, periódico del 5º Regimiento, invitan a sumarse a la iniciativa: “En periodo de formación, este batallón abre un enganche entre todos los deportistas, dándose preferencia a quienes hayan practicado deportes de montaña”. El 3 de octubre se presenta oficialmente la unidad en la que se han integrado miembros de los clubes de montaña y el batallón organiza un acto el día 6 al que asisten Rafael Alberti y María Teresa León.
EL 5º Regimiento nombró jefe del batallón al capitán Joaquín Rodríguez López, mecánico mecanográfico, de UGT y miembro de la Sociedad deportiva Excursionista. Rodríguez, para esas fechas, había formado parte de la columna del coronel Julio Mangada y participado en los combates de Navalperal, Las Navas y Peguerinos. Para comisario político fue elegido Teógenes Díaz. La primera compañía, al mando del capitán Luis Balaguer, miembro del club Peñalara y campeón de esquí, salió para la sierra el 14 de octubre y se desplegó en el puerto de Navacerrada, Siete Picos, Guarramillas, puerto de Cotos y Peña Citores. El 17 de noviembre se unió al grupo una segunda compañía.
En paralelo, aficionados a los deportes de montaña de la Juventud Socialista Unificada lanzaron una iniciativa similar y su organización se encargó a Raimundo Calvo Moreno, del club Salud y Cultura e integrante del batallón de milicias Octubre. Para captar a los integrantes de esta fuerza utilizaron métodos similares a los del 5º Regimiento. A primeros de octubre, el Batallón Alpino Juventud se presentó en el Coliseo Pardiñas y el acto se proyectó la película Los marinos del Kronstadt. Una primera compañía se desplegó en la sierra por la zona de la Fuenfría y relevó al Batallón Cercedilla. La segunda compañía se incorporó a primeros de noviembre.
Ante la paradoja de contar con dos unidades con cometidos similares y sin conexión orgánica, a primeros de diciembre se decidió la fusión y pasó a denominarse Batallón Alpino. Tras unos día de bicefalia, Joaquín Rodríguez fue reclamado por la Brigada Lister y quedó al mando de Raimundo Calvo. Tras los cambios en el escalafón, ascendió a teniente, Ángel Tresaco Ayerra, del club Peñalara, miembro del GAM, protagonista de numerosas escaladas junto a Teógenes Díaz y que firmó la segunda al Torreón de Galayos junto a Enrique Herreros, años más tarde dibujante en la revista La Codorniz.
Ricardo Rubio y Silvino Ronda fueron otros notables escaladores madrileños que formaron parte del Batallón Alpino, así como cualificados montañeros de la sociedades Peñalara, Club Alpino Español, Sociedad Deportiva Excursionista y Salud y Cultura. Entre los esquiadores, estuvieron Manuel Pina Picazo, de Peñalara, campeón de España de Esquí, instructor del batallón y fusilado en 1942 en el cementerio de la Almudena; Ángel Barrada, años después fue presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno; Rafael Bosqued del Campo, el más joven del batallón, y Adolfo Ruiz Esteso.
Pese a la escasa relevancia de las acciones bélicas de esta unidad, el Batallón Alpino es uno de los personajes de la novela Ernest Hermingway
Tras la fusión, el Batallón Alpino quedó integrado por las cuatro compañías precedentes, más una quinta que se desgajó del Batallón Thälmann y formada por leñadores de la localidad segoviana de Valsaín. Además se integró una sexta en la que se integraron un grupo de ametralladoras, transmisiones, intendencia, sanidad y un grupo mixto de camiones y mulos (el tren hipomóvil) encargado de abastecer las posiciones de montaña. Estás unidades fueron equipadas con uniformes blancos, procedentes de las fuerzas de esquiadores rusos.
El Batallón Alpino no fue una unidad de choque, su misión fue la de vigilancia y la de construcción de trincheras, fortines, bunkeres y casamatas en la cotas más altas de la sierra a lo largo de la línea que va desde el puerto del Alto del León a Canencia, algo más de 30 kilómetros. Más allá de algún enfrentamiento y golpes de mano esporádicos, el batallón solo participó en la ofensiva que Ejército Popular realizó en dirección a Segovia en mayo de 1937.
Pese a la escasa relevancia de las acciones bélicas de esta unidad, el Batallón Alpino es uno de los personajes de la novela Ernest Hermingway, el premio Nobel fue corresponsal en la Guerra Civil y visitó el frente de Guadarrama, Por quién doblan las campanas. La obra fue llevada al cine en 1943 y estuvo protagonizada por Ingrid Bergman y Gary Cooper. El grupo de rock duro, Metallica, incluyó una canción en su segundo disco que está inspirada en la novela y que lleva el mismo título.
Sánchez defenderá un "no" rotundo a Rajoy sea cual sea el pacto con C's
El líder del PSOE está a la espera de conocer el acuerdo con Rivera y de la llamada del presidente en funciones. Ferraz cree que en nada le han desgastado las presiones para la abstención y que la posición de firmeza es respaldada por sus militantes y votantes.
El
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado de la
presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, y el líder de los
socialistas ibicencos, Vicent Torres. EFE/Sergio G. Canizares
MANUEL SÁNCHEZ - Público - Publicado: 27.08.2016 21:38
MADRID.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que el próximo viernes Mariano Rajoy pruebe la medicina que él degustó en marzo.
Salir del hemiciclo con una investidura fallida y sin ser presidente
del Gobierno. Pero con un agravante más: en esta ocasión el candidato es
el actual presidente del Ejecutivo en funciones. Además, será la primera votación que pudiera perder el PP en el Congreso desde 2011.Por ello, según fuentes consultadas, Sánchez prepara una intervención para explicar su “no” rotundo a Mariano Rajoy, a falta de conocer el previsible acuerdo con Ciudadanos y, si finalmente, el presidente en funciones se decide a llamarle este fin de semana.
En principio, sea cual sea el pacto de PP con Ciudadanos, el PSOE no va a cambiar de opinión. Entre otras cosas, porque no esperan un acuerdo que cumpla los objetivos programáticos del PSOE y creen que lo que se pacte con Rajoy estará muy lejos de lo firmado por los socialistas con la misma formación hace unos meses, que incluía la derogación de muchas leyes del Gobierno del PP.
No obstante, el PSOE contestará de forma definitiva cuando conozca en su totalidad el supuesto acuerdo, y Sánchez tiene paralizado hasta la preparación de su discurso, no por la bondad de la presienta del Congreso, Ana Pastor, de dejarle un día más para su intervención, sino por saber el alcance de estos pactos y poder responderlos desde la tribuna del Congreso.
A falta de lo que pase el fin de semana, en Ferraz se respira aliviado por dos cosas: se ha llegado al “no” a Rajoy sin casi división interna, y se tiene constatado que entre la militancia y los votantes la decisión es aplaudida mayoritariamente.
Fuentes de Ferraz aseguran que la firme postura del “no” a Rajoy les está dando votos, y que el votante progresista “la entiende y casi la necesitaba”, dijo un destacado dirigente de la Ejecutiva. Más allá de la encuesta del CIS que le otorgó medio punto más a los socialistas, Ferraz cree que este posicionamiento puede marcar muchas cosas para el futuro.
Se admite que aguantar el pulso del “no” a Rajoy ha sido duro y, sobre todo, por las opiniones de Felipe González que sigue siendo un referente en el partido y es lo que más daño ha hecho a la posición oficial. Pero Ferraz asegura que hay unanimidad interna, y hasta el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, firme defensor de dejar gobernar a Mariano Rajoy, tuvo que escuchar más de una docena de intervenciones en el último Comité Regional muy duras con su posicionamiento.
Por lo tanto, salvo sorpresas este fin de semana, el PSOE se encamina a un “no” rotundo a Rajoy, sin fisuras y sin que nadie se ausente del hemiciclo, ni haya votos equivocados. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que hubiera un susto en las filas socialistas. Lo que pase después del viernes, ya es otra historia.
Pandemia
Iglesias sobre el pacto: "Era cuestión de tiempo que el filial del PP
quisiera dar el salto al primer equipo"
El secretario político de la formación y su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, ha definido el pacto entre PP y Ciudadanos como el "acuerdo de la indignidad".
EP - Público - Publicado: 28.08.2016 23:16
MADRID.- El líder de Podemos, Pablo
Iglesias, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que
reacciona al acuerdo alcanzado este domingo entre el Partido Popular y
Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy con una
metáfora futbolística.
"Bueno, era cuestión de tiempo que el filial del PP quisiera dar el salto al primer equipo", dice el mensaje.
No es la única reacción en Podemos al
acuerdo de "150 Medidas para Mejorar España" suscrito entre los
populares y la formación naranja tras varios días de negociación.
El secretario político de la formación y su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, lo ha definido este domingo como el "acuerdo de la indignidad" que "dice querer combatir la corrupción cambiándola de nombre". "Rivera se ha prestado a blanquear la corrupción del PP", ha apostillado.
En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook,
Errejón ha recalcado que el pacto hace que "fenómenos como la
prevaricación o la malversación dejan de ser considerados corrupción" y
que esto "no es combatir la corrupción, es cambiarla de nombre".
El dirigente de Podemos ha explicado que la formación se mantendrá en el "no" en la investidura del candidato Mariano Rajoy porque el gobierno del Partido Popular, de los recortes, de la desigualdad, de las injusticias y de la impunidad de la corrupción no se merece repetir, no se merece la confianza".
Además, ha mostrado confianza ante un fracaso de Rajoy este miércoles. "Si todos se mantienen firmes, esta investidura de Rajoy es fallida y se abre una oportunidad para un gobierno de cambio que construya un país con todos". "Hay una segunda oportunidad, nos merecemos algo mejor", ha apostillado.
"Bueno, era cuestión de tiempo que el filial del PP quisiera dar el salto al primer equipo", dice el mensaje.
Pablo Iglesias
@Pablo_Iglesias_
Bueno, era cuestión de tiempo que el filial del PP quisiera dar el salto al primer equipo.
El secretario político de la formación y su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, lo ha definido este domingo como el "acuerdo de la indignidad" que "dice querer combatir la corrupción cambiándola de nombre". "Rivera se ha prestado a blanquear la corrupción del PP", ha apostillado.
El dirigente de Podemos ha explicado que la formación se mantendrá en el "no" en la investidura del candidato Mariano Rajoy porque el gobierno del Partido Popular, de los recortes, de la desigualdad, de las injusticias y de la impunidad de la corrupción no se merece repetir, no se merece la confianza".
Además, ha mostrado confianza ante un fracaso de Rajoy este miércoles. "Si todos se mantienen firmes, esta investidura de Rajoy es fallida y se abre una oportunidad para un gobierno de cambio que construya un país con todos". "Hay una segunda oportunidad, nos merecemos algo mejor", ha apostillado.
Errejón predice que la investidura de Rajoy fracasará y se abrirá "una alternativa política" de izquierdas
El secretario político de Podemos advierte de que es preciso que los partidos de ámbito estatal y "también los partidos vascos" que han anunciado su rechazo a la investidura "cumplan su palabra y se mantengan "firmes en el 'no'".
EUROPA PRESS - Público - Publicado: 27.08.2016 17:56
BILBAO.- El secretario político de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso, Iñigo Errejón, ha afirmado que "Mariano Rajoy va a acudir esta semana a una investidura que va a ser fracasada" y ha destacado que, en ese caso, se abrirá "una segunda oportunidad" para un "gobierno de cambio".
Para ello, ha advertido de que es preciso que los partidos de ámbito
estatal y "también los partidos vascos" que han anunciado su rechazo a
la investidura "cumplan su palabra" y se mantengan "firmes en el 'no' a Rajoy".
En declaraciones a los medios en Bilbao, donde acude este sábado como invitado al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Euskadi, Errejón se ha mostrado convencido de que "Mariano Rajoy va a acudir esta semana a una investidura que va a ser fracasada".
"Y nos alegramos de que vaya a fracasar porque el modelo del PP es un modelo de recentralización, de recorte de derechos sociales, de quitarle condiciones de vida a la mayoría para dárselo a la minoría privilegiada, y de impunidad a la corrupción", ha señalado.
De este modo, se ha felicitado por el hecho de que "ese modelo no vaya a repetir", a pesar de que Ciudadanos "le haya entregado su apoyo prácticamente gratis ante un acuerdo que, para nosotros, era más un dictado del señor Mariano Rajoy, en el que el PP le dictaba y Ciudadanos copiaba". De esta manera, ha censurado que "lo que antes era corrupción, ahora cambia de nombre y, según la teoría del PP, entonces debe ser que desaparece".
El dirigente de Podemos ha remarcado que, si Rajoy no "logra la investidura" la próxima semana, "se abre una segunda oportunidad" para que pueda haber "un gobierno de cambio, de alternativa política para la ciudadanía y no para los privilegiados".
Errejón ha insistido en que el PP "nunca va a encontrar de su lado" a Podemos y, por el contrario, "quienes estén decididos a caminar a una alternativa de recuperación de los derechos sociales, de recuperación de los servicios públicos, de recuperación de la soberanía popular, nos van a encontrar siempre con la mano tendida".
En declaraciones a los medios en Bilbao, donde acude este sábado como invitado al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Euskadi, Errejón se ha mostrado convencido de que "Mariano Rajoy va a acudir esta semana a una investidura que va a ser fracasada".
"Y nos alegramos de que vaya a fracasar porque el modelo del PP es un modelo de recentralización, de recorte de derechos sociales, de quitarle condiciones de vida a la mayoría para dárselo a la minoría privilegiada, y de impunidad a la corrupción", ha señalado.
De este modo, se ha felicitado por el hecho de que "ese modelo no vaya a repetir", a pesar de que Ciudadanos "le haya entregado su apoyo prácticamente gratis ante un acuerdo que, para nosotros, era más un dictado del señor Mariano Rajoy, en el que el PP le dictaba y Ciudadanos copiaba". De esta manera, ha censurado que "lo que antes era corrupción, ahora cambia de nombre y, según la teoría del PP, entonces debe ser que desaparece".
"Con la mano tendida"
Para ello, ha advertido, "es preciso que todos los partidos que han dicho que se van a mantener firmes en el 'no' a Rajoy cumplan su palabra", en referencia a "partidos de ámbito estatal pero también partidos vascos".Errejón ha insistido en que el PP "nunca va a encontrar de su lado" a Podemos y, por el contrario, "quienes estén decididos a caminar a una alternativa de recuperación de los derechos sociales, de recuperación de los servicios públicos, de recuperación de la soberanía popular, nos van a encontrar siempre con la mano tendida".
Nagua Alba considera que un gobierno PP-C's «sería devastador para Euskadi»
La secretaria general de Podemos
Euskadi y diputada de Unidos Podemos, Nagua Alba, ha advertido de que un
Gobierno integrado por PP y C's «sería devastador para Euskadi». Además
ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que actúe «con
valentía» en el caso de que Rajoy fracase en la investidura.
NAIZ|BILBO|2016/08/28 11:55
Nagua Alba, en una imagen de archivo. (Jaizki FONTANEDA / ARGAZKI PRESS)
En una entrevista concedida a Europa Press, la secretaria general
de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos, Nagua Alba, ha indicado
que el hecho de que el PP y Ciudadanos puedan gobernar el Estado
español durante la próxima legislatura «supondría un terrible retroceso»
y «sería muy perjudicial para la ciudadanía vasca».
«Nos encontraríamos con un Gobierno que ni comprende ni tiene voluntad de comprender nuestra realidad ni nuestros derechos. Sería devastador para Euskadi y para el conjunto del Estado», ha aseverado.
Por ello, espera que, si Rajoy fracasa en la sesión de investidura, el PSOE actúe «con valentía y tenga voluntad para conseguir llegar a un acuerdo». Por su parte, ha afirmado que Podemos «hará todos los esfuerzos para ponérselo fácil, para tenderles la mano y para que vean» que, por su parte, «también hay voluntad».
«Al fin y al cabo, tanto ellos como nosotros tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que el Gobierno vuelva a caer una vez más en manos del PP», ha apuntado.
Alba ha descartado «barajar siquiera» la posibilidad de unas terceras elecciones: «Es momento de esperar a la sesión de investidura de Rajoy, y si fracasa, de hacer absolutamente todo lo posible para que no haya una tercera convocatoria», ha apuntado.
«Nos encontraríamos con un Gobierno que ni comprende ni tiene voluntad de comprender nuestra realidad ni nuestros derechos. Sería devastador para Euskadi y para el conjunto del Estado», ha aseverado.
Por ello, espera que, si Rajoy fracasa en la sesión de investidura, el PSOE actúe «con valentía y tenga voluntad para conseguir llegar a un acuerdo». Por su parte, ha afirmado que Podemos «hará todos los esfuerzos para ponérselo fácil, para tenderles la mano y para que vean» que, por su parte, «también hay voluntad».
«Al fin y al cabo, tanto ellos como nosotros tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que el Gobierno vuelva a caer una vez más en manos del PP», ha apuntado.
Alba ha descartado «barajar siquiera» la posibilidad de unas terceras elecciones: «Es momento de esperar a la sesión de investidura de Rajoy, y si fracasa, de hacer absolutamente todo lo posible para que no haya una tercera convocatoria», ha apuntado.
Garzón anima a Sánchez a negociar con los nacionalistas para "resolver los conflictos de identidad"
El diputado de Unidos Podemos ha expresado su deseo de que el PSOE explore un Ejecutivo "alternativo" en el caso de que fracase la investidura de Rajoy.
EP - Público - Publicado: 27.08.2016 23:49
MADRID.- El coordinador federal de
Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha animado este sábado al secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, a negociar una "alternativa" a un
Gobierno del PP con los partidos de "izquierdas" y con los nacionalistas
lo que, a su juicio, es "una oportunidad" para "resolver el conflicto
de identidad nacional".
"Pedro Sánchez debería negociar entre diferentes como los partidos nacionalistas para abrir una vía de solución a problemas que tienen que ver con el nacionalismo en el sentido del conflicto de identidad", ha señalado en una entrevista en La Sexta.
Para
conformar una opción "de izquierdas", ha explicado Garzón, el PSOE
necesitaría hablar con Podemos, IU y con las confluencias, pero también
con partidos nacionalistas vascos y catalanes. Este diálogo, según él,
Sánchez debería verlo "como una oportunidad" para resolver asuntos de
identidad, y no como "un problema".
"Es un camino nuevo pero perfectamente posible", ha zanjado al respecto, incidiendo en que "es posible" lograr un acuerdo progresista "sin contar con los votos del PP y de Ciudadanos".
De hecho, Garzón ha subrayado que tanto el PNV como CDC y ERC "prefieren y tienen más simpatía" por un Gobierno socialista. Y a pesar de que CDC es "el partido de los recortes en Catalunya", el coordinador federal de IU cree que Sánchez "puede trabajar su apoyo" para superar una investidura y después gobernar "en minoría".
En cualquier caso, ha advertido de que unas terceras elecciones no cambiarán mucho los resultados electorales del 26J y, por este motivo, ha instado a los políticos a "aprender" a negociar "entre diferentes" para así evitar una nueva cita electoral.
Es más, ha ofrecido a su formación política como "mediadora si hace falta" entre PSOE y Podemos en futuras negociaciones ante los cruces de declaraciones que se han producido recientemente entre los líderes de dichos partidos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
"Pedro Sánchez debería negociar entre diferentes como los partidos nacionalistas para abrir una vía de solución a problemas que tienen que ver con el nacionalismo en el sentido del conflicto de identidad", ha señalado en una entrevista en La Sexta.
El diputado de Unidos Podemos, coalición con la que IU concurrió a las elecciones del 26J, ha expresado su deseo de que el PSOE explore un Ejecutivo "alternativo" en el caso de que finalmente fracase la investidura de Mariano Rajoy, fijada para los días 30 y 31 de agosto.
"Es un camino nuevo pero perfectamente posible", ha zanjado al respecto, incidiendo en que "es posible" lograr un acuerdo progresista "sin contar con los votos del PP y de Ciudadanos".
De hecho, Garzón ha subrayado que tanto el PNV como CDC y ERC "prefieren y tienen más simpatía" por un Gobierno socialista. Y a pesar de que CDC es "el partido de los recortes en Catalunya", el coordinador federal de IU cree que Sánchez "puede trabajar su apoyo" para superar una investidura y después gobernar "en minoría".
Acuerdo de PP y Ciudadanos
Asimismo, ha aseverado que el acuerdo para la investidura que están ultimando PP y Ciudadanos "es regresión social" y también "desde el punto de vista económico y político. Además, cree que el pacto anticorrupción que ambos partidos han firmado ya "se queda corto" al mismo tiempo que hecho hincapié en la "hipocresía" de Ciudadanos al querer hablar sobre corrupción "con un partido imputado" y que "representa" dicha corrupción.En cualquier caso, ha advertido de que unas terceras elecciones no cambiarán mucho los resultados electorales del 26J y, por este motivo, ha instado a los políticos a "aprender" a negociar "entre diferentes" para así evitar una nueva cita electoral.
Es más, ha ofrecido a su formación política como "mediadora si hace falta" entre PSOE y Podemos en futuras negociaciones ante los cruces de declaraciones que se han producido recientemente entre los líderes de dichos partidos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Otegi insta a PNV y Podemos a "un pacto de país" para lograr la soberanía
El líder de la izquierda abertzale abogado por consensuar un plan que incluya una consulta vinculante en el País Vasco y Navarra.
EFE - Público - Publicado: 27.08.2016 16:30
SAN SEBASTIÁN.- El candidato a lehendakari por EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado a PNV y Podemos a iniciar en la nueva legislatura "un diálogo"
dirigido a lograr "un acuerdo de país" para "recuperar la soberanía
plena" que, además, tenga "pactada una respuesta" para el caso de que el
Estado lo bloqueara.
Otegi ha hecho este ofrecimiento en un acto celebrado en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, bajo el lema Aquí y ahora, un país compartido, en el que ha estado acompañado por las mujeres que encabezan las candidaturas por Bizkaia y Álava, y la segunda de la lista por Gipuzkoa, Jasone Agirre, Miren Larrion y Maddalen Iriarte, respectivamente.
El líder de la izquierda abertzale ha dicho que, si bien no cree que sea posible "una reforma de marcos" dentro de la legalidad española, su coalición "está dispuesta a explorar, otra vez, esa vía" durante "la primera parte de la legislatura" que comience tras las elecciones del 25 de septiembre.
Ha previsto que el Parlamento vasco que salga ese día de las urnas tendrá "una abrumadora mayoría por el derecho a decidir y el respeto a la identidad del pueblo vasco" y además "virará a la izquierda", por lo que ha invitado a PNV y Podemos a "aprovechar la ocasión" y acordar "el inicio de una hoja de ruta" en esa dirección.
Al inicio de su discurso, ha aclarado que, a pesar de que hay quienes les acusan de estar interesados en "hacer un debate embarrado sobre inhabilitaciones y otras coplas judiciales", la coalición abertzale quería hoy hacer "una propuesta política, que busca el diálogo y el acuerdo entre diferentes, para construir un país compartido, libre, soberano y más igualitario".
Antes de formularla, Otegi ha repasado los problemas que padece Euskadi, buena parte de los cuales, ha afirmado, tienen su origen en el modelo desarrollado durante la transición española y que ahora atraviesa "una grave crisis estructural".
Una transición que, a su juicio, "se ha basado en la unidad de España y el capitalismo salvaje" y ha derivado en "el desmantelamiento del estado de bienestar", en la falta de soberanía para "hacer políticas propias" y en "una paz inacabada e incompleta".
El aspirante a la Lehendakaritza cuya candidatura está en cuestión y sobre la que la Junta Electoral de Gipuzkoa decidirá el próximo lunes, ha considerado que el Parlamento Vasco "ha perdido dos legislaturas", la presidida por Íñigo Urkullu y la anterior de Patxi López, porque ambas "se han limitado a plantear políticas subordinadas al Estado español".
Por eso, ha lanzado hoy esa "propuesta de diálogo para el acuerdo", a la que ha invitado a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales, pero "fundamentalmente al PNV y Podemos".
Según ha explicado, la base de su planteamiento se centra en tres ámbitos: el mencionado sobre la soberanía y el derecho a decidir; otro social, porque considera "urgente poner en marcha un plan" para "garantizar los derechos sociales de todas las personas" y declarar a los tres territorios vascos "libres de recortes sociales"; y un tercero relativo a la normalización política y la paz.
"Hace unos años iniciamos una andadura" que supuso el fin de "la lucha armada", ha recordado Otegi, quien ha hecho hincapié en que, aunque "el Estado español tiene un interés extremo" en impulsar "debates del pasado", esa apuesta "se va a llevar hasta el final, le pese a quien le pese y pongan los obstáculos que pongan".
Otegi ha hecho este ofrecimiento en un acto celebrado en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, bajo el lema Aquí y ahora, un país compartido, en el que ha estado acompañado por las mujeres que encabezan las candidaturas por Bizkaia y Álava, y la segunda de la lista por Gipuzkoa, Jasone Agirre, Miren Larrion y Maddalen Iriarte, respectivamente.
El líder de la izquierda abertzale ha dicho que, si bien no cree que sea posible "una reforma de marcos" dentro de la legalidad española, su coalición "está dispuesta a explorar, otra vez, esa vía" durante "la primera parte de la legislatura" que comience tras las elecciones del 25 de septiembre.
Ha previsto que el Parlamento vasco que salga ese día de las urnas tendrá "una abrumadora mayoría por el derecho a decidir y el respeto a la identidad del pueblo vasco" y además "virará a la izquierda", por lo que ha invitado a PNV y Podemos a "aprovechar la ocasión" y acordar "el inicio de una hoja de ruta" en esa dirección.
Una consulta vinculante
Otegi ha abogado por consensuar un plan que incluya una consulta vinculante, en el País Vasco y Navarra, en la que "los ciudadanos decidan democrática y pacíficamente cuál es el marco que quieren", pero ha advertido de que, "si el Estado lo bloqueara", EH Bildu "sólo se debe a lo que la gente decida aquí".Al inicio de su discurso, ha aclarado que, a pesar de que hay quienes les acusan de estar interesados en "hacer un debate embarrado sobre inhabilitaciones y otras coplas judiciales", la coalición abertzale quería hoy hacer "una propuesta política, que busca el diálogo y el acuerdo entre diferentes, para construir un país compartido, libre, soberano y más igualitario".
Antes de formularla, Otegi ha repasado los problemas que padece Euskadi, buena parte de los cuales, ha afirmado, tienen su origen en el modelo desarrollado durante la transición española y que ahora atraviesa "una grave crisis estructural".
Una transición que, a su juicio, "se ha basado en la unidad de España y el capitalismo salvaje" y ha derivado en "el desmantelamiento del estado de bienestar", en la falta de soberanía para "hacer políticas propias" y en "una paz inacabada e incompleta".
El aspirante a la Lehendakaritza cuya candidatura está en cuestión y sobre la que la Junta Electoral de Gipuzkoa decidirá el próximo lunes, ha considerado que el Parlamento Vasco "ha perdido dos legislaturas", la presidida por Íñigo Urkullu y la anterior de Patxi López, porque ambas "se han limitado a plantear políticas subordinadas al Estado español".
Por eso, ha lanzado hoy esa "propuesta de diálogo para el acuerdo", a la que ha invitado a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales, pero "fundamentalmente al PNV y Podemos".
Según ha explicado, la base de su planteamiento se centra en tres ámbitos: el mencionado sobre la soberanía y el derecho a decidir; otro social, porque considera "urgente poner en marcha un plan" para "garantizar los derechos sociales de todas las personas" y declarar a los tres territorios vascos "libres de recortes sociales"; y un tercero relativo a la normalización política y la paz.
"Hace unos años iniciamos una andadura" que supuso el fin de "la lucha armada", ha recordado Otegi, quien ha hecho hincapié en que, aunque "el Estado español tiene un interés extremo" en impulsar "debates del pasado", esa apuesta "se va a llevar hasta el final, le pese a quien le pese y pongan los obstáculos que pongan".
Nos movemos en un mundo político como es el
bipartidismo de la transición, cuyo certificado de defunción ya pidió el
15-M. En ese régimen, que cada vez manifiesta más su déficit
democrático, somos una anomalía, una rareza. A algunos les cuesta
acostumbrarse a nuestra presencia y se preguntan ‘¿qué hacen estos aquí
quitándonos nuestros sillones?’
¿Hacia dónde van las confluencias, y ZeC en particular?
Van hacia una forma de hacer política de abajo a arriba, desde la base, y con un propósito de politización de la ciudadanía en un sentido positivo, de fomentar la implicación ciudadana. Para eso hacen falta con mucha transparencia y mucha participación, en términos de distribución del poder, y una apuesta clara por lo público. Es, de alguna manera, una puesta en cuestión del sistema de partidos o partitocracia que ha imperado en este país.
Santisteve: “Hemos demostrado que los ciudadanos de a pie estamos capacitados para gobernar”
El alcalde de Zaragoza afronta el segundo curso de la legislatura con el reto de sacar al ayuntamiento de los números rojos, tras haber reducido la deuda en 56 millones, mientras reclama al PSOE federal que lidere el acercamiento de las izquierdas y los nacionalistas para formar un Gobierno de progreso en Madrid.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de ZeC, realiza un balance positivo de los primeros quince meses de la legislatura.
EDUARDO BAYONA - Público - Publicado: 27.08.2016 08:53
@e_bayona
ZARAGOZA .- “Hemos demostrado que
ciudadanos de a pie estamos capacitados para gobernar instituciones como
el ayuntamiento”, sostiene el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve,
del espacio de confluencia ZeC (Zaragoza en Común), que estos días
prepara el segundo curso político de la legislatura municipal en la
capital aragonesa.@e_bayona
El edil, que se muestra “muy satisfecho del esfuerzo que hemos realizado, de la unidad del gobierno municipal y de la capacidad de trabajo de los concejales”, considera de “mucho mérito que ciudadanos de a pie estemos demostrando que hay otra forma de hacer política, en términos éticos también”. “Con nuestra presencia (en las instituciones) –añade - estamos cuestionando lo que suponen una clase política profesionalizada y los partidos políticos que han cooptado a la institución y que han generado una serie de redes clientelares”.
¿Pero en el día a día de la vida municipal siguen manifestándose las inercias de la política tradicional?
Nos movemos en un mundo político como es el bipartidismo de la transición, cuyo certificado de defunción ya pidió el 15-M. En ese régimen, que cada vez manifiesta más su déficit democrático, somos una anomalía, una rareza. A algunos les cuesta acostumbrarse a nuestra presencia y se preguntan ‘¿qué hacen estos aquí quitándonos nuestros sillones?’¿Hacia dónde van las confluencias, y ZeC en particular?
Van hacia una forma de hacer política de abajo a arriba, desde la base, y con un propósito de politización de la ciudadanía en un sentido positivo, de fomentar la implicación ciudadana. Para eso hacen falta con mucha transparencia y mucha participación, en términos de distribución del poder, y una apuesta clara por lo público. Es, de alguna manera, una puesta en cuestión del sistema de partidos o partitocracia que ha imperado en este país.Determinados emisores de propaganda siguen señalando a las confluencias como apéndices de Podemos, pero episodios como las negociaciones entre las mareas y el partido morado en Galicia ponen en evidencia esa tesis. ¿Qué ha pasado?
Eso es algo que estaba ahí y que se veía venir. El municipalismo es una base sobre la que se puede asentar cualquier política de cambio, pero esas políticas municipalistas son un tanto contrarias a la imposición de decisiones desde partidos y que no son tomadas desde la base. Lo que ha hecho En marea no es sorprendente. ZeC también se propuso como espacio de confluencia.¿Qué pronóstico tiene para la investidura de Mariano Rajoy la semana que viene?
Yo creo que el PSOE se mantendrá firme en su ‘no’, aunque eso por sí solo no conduce a nada. Si la investidura de Rajoy resulta fallida hay que buscar una alternativa de progreso. Ahí el PSOE debería liderar un proyecto de unidad de la izquierda y de unidad con los nacionalistas. A lo mejor, como ha dicho el lehendakari Íñigo Urkullu, un gobierno de progreso mostraría un mayor respeto hacia las comunidades autónomas.Los votos de PNV, ERC y PDC, o sus abstenciones, resultan claves para cualquier intento de investir a un presidente del Gobierno, pero ¿es posible atraerlos sin movimientos claros para reconocer la plurinacionalidad?
Al PSOE, que siempre ha hecho alarde de sus posiciones federalistas, de pronto parece que le ha dado miedo la ofensiva centralista del PP y ha jugado un poco a esconder la cabeza debajo del ala. O desbloqueamos ese tema y buscamos una buena articulación y vertebración del sistema territorial, y hablamos de una federación , una confederación o un pacto federal, o, tarde o temprano, estallará como una bomba de relojería. Las tensiones separatistas seguirán ahí en la medida en la que son un tema que no se afronta. Y bien que se encarga Rajoy de alimentarlas.¿Aragón es un poco el Ohio de la izquierda española? El grado de dificultad para encontrar acuerdos es similar al que se da a nivel estatal…
El PSOE tendrá que acostumbrarse a la presencia de nuevos actores, que le están pidiendo que se renueve y se adapte a los nuevos tiempos. En la polémica sobre el nuevo Gobierno se están viendo varios PSOEs. Está claro que la izquierda debe ir hacia la unidad y que su desunión sólo favorece al PP. Un día habrá que darle la vuelta a esto.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de ZeC, realiza un balance positivo de los primeros quince meses de la legislatura.
La semana que viene se reúnen los cuatro partidos de la izquierda aragonesa
—PSOE,
Podemos, Cha e IU— para tratar de acercar posturas en el ámbito
autonómico. ¿Alguien ha contactado con las confluencias municipalistas?
¿Considera usted que deberían participar en esos contactos?
(El presidente del Gobierno autonómico y secretario
general del PSOE aragonés, Javier) Lambán, nos ha propuesto una reunión
cuya fecha está por fijar, y he mantenido contactos con el presidente de
la Diputación de Zaragoza (Juan Antonio Sánchez Quero, jefe provincial
de los socialistas) para favorecer contactos informales sobre la
gobernabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza que están también abiertos
al señor Lambán. Estamos esperando que se produzcan.¿Han mejorado las relaciones del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno autonómico?
Salvando la campaña electoral, en la que nos llovieron palos sin venir a cuento, las relaciones han sido buenas entre los consejeros de cada área en la dos instituciones. Sin embargo, falta llegar a acuerdos sobre temas como la Ley de Capitalidad o la deuda del tranvía.Hay un foco de tensión con el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), recurrido ante el Constitucional por los diputados de Podemos y de IU. ¿Cuál es hoy el escenario de ese conflicto?
En ese tema el Gobierno de Aragón no solo tiene problemas con Zaragoza, sino también con pueblos del Pirineo, y queremos tantear la situación de esas localidades. El conflicto del ICA es algo que sin diálogo y con imposiciones al gobierno municipal de ZeC no se va a solucionar. Sin diálogo iremos a una situación de enroque complicada para todos.¿Ha cambiado la situación financiera del ayuntamiento en estos quince meses?
Hemos hecho un esfuerzo importante de mejora de la situación económica, con una reducción de deuda de 56 millones y la previsión de aumentar esa tendencia, con la revisión de contratos que habían caducado y con la supervisión de las contratas. Esperamos salir pronto del Plan de Ajuste, y este es el primer año en el que el ayuntamiento prevé dejar los números rojos en 10 o 12. Pero nos duelen muchas deudas porque vienen de una mala gestión.¿Se sienten tan solos como se sentían?
El tema de la soledad ha sido muy manejado por la derecha, pero hemos llegado a acuerdos importantes en temas como los presupuestos, aunque han sido imposibles en otros como Averly.¿Y qué pasa con las inversiones en la ciudad? Los partidos de la derecha, principalmente el PP, dicen que están paralizadas.
Hablar de parálisis de las inversiones cuando los ayuntamientos, por las políticas económicas, están incapacitados para hacerlas es no conocer las políticas que su propio partido ha impuesto a los municipios y las comunidades. Tan pronto critican que vamos lentos en unas cosas como rápidos en otras, y eso significa que vamos. Estamos progresando en materia de empleo y mientras antes la operación asfalto solo se realizaba en vísperas de elecciones, este primer año incluye el asfaltado de veinte calles. Aunque sigan con ese mantra no les va a servir de nada, porque la gente se da cuenta de que apostamos por el urbanismo de las pequeñas cosas que mejora la vida de los ciudadanos.¿Y en cuanto al pequeño comercio?
La dinamización del pequeño comercio tiene como uno de sus máximos exponentes la reforma del Mercado Central, que debe seguir siendo un mercado de abastos que marque precios y dé un servicio a los ciudadanos, pero también ha de convertirse en un centro de todo lo que tiene que ver con los productos ecológicos, el comercio de proximidad y la promoción de los hábitos sanos de consumo. Es un tema de vital importancia. Mercazaragoza, que es la que abastece a los mercados municipales, es al mismo tiempo una plataforma logística clave para la exportación que hemos de aprovechar.El día 21 hubo un nuevo incendio en el campo de maniobras de San Gregorio que quemó más de 80 hectáreas de monte y campos fuera de las instalaciones militares, buena parte de ellas en Zaragoza. El grupo de las confluencias en la Diputación Provincial ya ha pedido la reversión de esos terrenos. ¿Cuál es su postura?
Tarde o temprano habrá que hablar de ese tema. Gran parte del terreno de una ciudad que ha dejado claro su pacifismo con asuntos como la insumisión y su rechazo a los actos militares está afecto a usos castrenses, y eso se debería revisar.
CHILE
A partir del movimiento secundario o la “revolución pingüina” de
2006, pasando por las exigencias de Educación Superior instaladas con
fuerza desde el 2011 y hasta las marchas masivas contra el fin al
sistema previsional instaurado en Dictadura, en 1981, todo demuestra un
momento auspicioso para el movimiento social que va cuesta arriba, según
expresó Pinto. “La sociedad abandona la pasividad en que había caído en
los primeros años de la posdictadura y ahora va adquiriendo mayor
masividad. Eso nos habla de una sociedad que deja de ver el orden
establecido como una cosa inamovible e intocable, empieza a atreverse a
cuestionar algunos de los fundamentos de ese orden y a actuar para
cambiar los principios de ese orden. Ese es un ejercicio muy saludable
para una sociedad”, recalcó.
Al referirse a la creación de una AFP estatal, el único proyecto contemplado por el gobierno sobre previsión social, el profesor expresó que: “No tenemos en absoluto un gobierno socialista porque justamente en las políticas públicas que impulsa se observa la antípoda a esta concepción: el individualismo”.
Su vasta bibliografía orientada a la historia social y política de Chile y de América Latina, “El orden y el bajo pueblo” corresponde a su última publicación en autoría con otros tres historiadores, y su experiencia como docente en la Universidad de Santiago (Usach) le merecieron el Premio Nacional de Historia este año.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también director del Doctorado de Historia de la Usach se refirió a distintos temas de contingencia que requieren de un análisis en perspectiva.
Durante esta semana se conoció una propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) sobre la nueva estructura curricular para los niveles de terceros y cuartos medios. En ella se contemplaría dejar fuera del plan básico común Filosofía y en el caso de Historia fusionarlo con Ciencias Naturales.
Pese a que Pinto valoró la reincorporación de la asignatura de Educación Ciudadana al programa, eliminada en 1998 durante el gobierno de Eduardo Frei, cuestionó la reflexión de fondo que acompaña a esta propuesta y lo que provocaría en los estudiantes. “Hay elementos que a primera vista se ven preocupantes, no sabemos cómo se va a traducir esto al currículo concreto pero son ideas que aparte de ser radicales nos podemos preguntar cuál es la reflexión que está teniendo el Ministerio para hacerlo”, observó.
A partir del movimiento secundario o la “revolución pingüina” de 2006, pasando por las exigencias de Educación Superior instaladas con fuerza desde el 2011 y hasta las marchas masivas contra el fin al sistema previsional instaurado en Dictadura, en 1981, todo demuestra un momento auspicioso para el movimiento social que va cuesta arriba, según expresó Pinto. “La sociedad abandona la pasividad en que había caído en los primeros años de la posdictadura y ahora va adquiriendo mayor masividad. Eso nos habla de una sociedad que deja de ver el orden establecido como una cosa inamovible e intocable, empieza a atreverse a cuestionar algunos de los fundamentos de ese orden y a actuar para cambiar los principios de ese orden. Ese es un ejercicio muy saludable para una sociedad”, recalcó.
Al referirse a la creación de una AFP estatal, el único proyecto contemplado por el gobierno sobre previsión social, el profesor expresó que: “No tenemos en absoluto un gobierno socialista porque justamente en las políticas públicas que impulsa se observa la antípoda a esta concepción: el individualismo”.
Una reflexión que también orientó a la Reforma de Educación Superior, muy compleja recalcó, donde “no se puede meter todo a un mismo saco o analizarla a fardo cerrado por lo poco que conocemos de ella”.
Siendo la educación uno de los negocios más grandes de Chile, explicó que lo significativo de modificar este sistema educativo dependerá de ciertos componentes determinados por los intereses concretos de los inversionistas, y otras fuerzas que apuntan a obtener estos mismos beneficios, y del modelo general de convivencia social que para funcionar de manera “eficiente” ha sido mercantilizada en todos sus ámbitos.
“El componente que a mi más me preocupa es que estamos en presencia de una propuesta que trata de equilibrar dos concepciones de educación superior que son totalmente contrapuestas: por un lado, busca relevar el sentido social que debe tener la educación superior, pero por otro lado no quiere hacerle daño a la educación privada. Es difícil hacer cuadrar esa ecuación y por lo mismo me temo que va a ser una propuesta que no va a llegar a buen puerto”, sostuvo.
En medio del proceso constituyente que impulsa el Gobierno, Julio participó de algunos cabildos ciudadanos junto a otros colegas historiadores de su casa de estudios y de la Universidad de Chile. Reconoció que fue un proceso formativo muy interesante pero de todas maneras insuficiente si se analiza desde una óptica general. “Es muy bueno que una comunidad política reflexione y delibere sobre las normas que la van a regir. Cualquier proceso que ayude a esta discusión es positivo pero la necesidad de cualquier itinerario político respecto a una Nueva Constitución es la representación a través de una Asamblea Constituyente, una experiencia que no tenemos y que reflejará el sentir colectivo”, concluyó Pinto.
Durante esta jornada se llevan a cabo las elecciones del Consejo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El proceso, que ha congregado a cerca de 600 trabajadores, fue fuertemente criticado por los postulantes a la mesa directiva, quienes acusaron una serie de irregularidades en el proceso.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central y candidato a la presidencia de la organización, señaló que durante los comicios se observaron que los padrones que correspondían a regiones, no incluían las nóminas completas de los candidatos.
Asimismo, advirtió que en sectores como Cauquenes y Ñuble los materiales para la votación llegaron a último minuto.
Por ello, anunció que reunirán los antecedentes para que la justicia inicie una investigación. “Sin lugar a duda, este proceso ha presentado elementos que nosotros cuestionamos y vamos a pedir en la instancia que corresponda que sea indagado. Esto lo decimos además, con mucho dolor y con mucha tristeza porque la CUT no puede ser patrimonio de un grupo de personas o de un partido o de un grupo, la CUT es un instrumento precioso para defender a los trabajadores chilenos y no pueden ser manipuladas sus elecciones, ni puede haber gente que pretenda ganar haciendo trampa”, dijo.
Por otro lado, Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores, señaló que los resultados deben anularse. Esto, producto de los “vicios” presentes en las votaciones.
El dirigente del Magisterio sostuvo que en sectores como Los Ángeles, Copiapó y Rancagua no existe padrón electoral, por lo que los trabajadores no pudieron sufragar. “Hay muchos lugares del país donde no hubo padrón. En otros, los dirigentes no aparecieron en las nóminas. Un ejemplo concreto es Los Ángeles donde no hubo padrón . Esto a mí me parece sospecho”, recalcó.
La crítica sobre un posible fraude en las elecciones de la Central no es reciente. En 2008 el presidente de la Confederación de Trabajadores del Transporte Terrestre, Ricardo Maldonado, denunció ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) las anomalías del proceso que entonces tenían relación con la alteración de los padrones electorales.
Finalmente, y luego de dos años de investigación, el organismo decretó que efectivamente las votaciones habían sido manipuladas. Sin embargo, resolvió que las alteraciones no afectaron los resultados.
En este sentido, Ricardo Maldonado dijo que “lamentablemente estos procesos son avalados por partidos políticos que pretenden tener el poder de la Central”.
El dirigente también indicó que uno de los grandes problemas de los comicios son la existencia de un voto ponderado y no universal, es decir, una persona un voto.
Frente a ello, señaló que la CUT pasó a llevar el acuerdo sobre modificar este sistema. “Si no mal recuerdo en el año 2002- 2004 en el congreso de la Central se decidió el voto universal y después el consejo revocó esa decisión”, comentó.
Ahora, independiente de los resultados de las elecciones, los principales dirigentes de los gremios que son parte de la CUT, entre ellos la Confusam y el Colegio de Profesores, señalaron que solicitarán ante el Tribunal Electoral anular el proceso para, de esta manera, generar una votación sin “vicios”.
En este sentido, Nolberto Díaz recalcó que “nadie puede estar sobre la ley”.
En todo el país 26 Agosto 2016
URUGUAY
Al referirse a la creación de una AFP estatal, el único proyecto contemplado por el gobierno sobre previsión social, el profesor expresó que: “No tenemos en absoluto un gobierno socialista porque justamente en las políticas públicas que impulsa se observa la antípoda a esta concepción: el individualismo”.
Año VIII - Lunes 29 de agosto 2016
Julio Pinto: “Se ha abandonado la pasividad instaurada en la dictadura”
- Natalia Figueroa
- Domingo 28 de agosto del 2016 a las 12:14 pm
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el Premio
Nacional de Historia 2016 analizó los distintos procesos políticos y
sociales que han marcado la historia reciente de nuestro país. El
historiador aseguró que nos encontramos en un momento auspicioso para
los movimientos sociales.
El
historiador Julio Pinto nació en Santiago pero tiene sus raíces en el
Norte Chico: parte de su familia materna vive en el pueblo de Cogotí,
cercano a Combarbalá, en la región de Coquimbo, con quienes mantiene una
estrecha relación hasta hoy.Su vasta bibliografía orientada a la historia social y política de Chile y de América Latina, “El orden y el bajo pueblo” corresponde a su última publicación en autoría con otros tres historiadores, y su experiencia como docente en la Universidad de Santiago (Usach) le merecieron el Premio Nacional de Historia este año.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también director del Doctorado de Historia de la Usach se refirió a distintos temas de contingencia que requieren de un análisis en perspectiva.
Durante esta semana se conoció una propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) sobre la nueva estructura curricular para los niveles de terceros y cuartos medios. En ella se contemplaría dejar fuera del plan básico común Filosofía y en el caso de Historia fusionarlo con Ciencias Naturales.
Pese a que Pinto valoró la reincorporación de la asignatura de Educación Ciudadana al programa, eliminada en 1998 durante el gobierno de Eduardo Frei, cuestionó la reflexión de fondo que acompaña a esta propuesta y lo que provocaría en los estudiantes. “Hay elementos que a primera vista se ven preocupantes, no sabemos cómo se va a traducir esto al currículo concreto pero son ideas que aparte de ser radicales nos podemos preguntar cuál es la reflexión que está teniendo el Ministerio para hacerlo”, observó.
A partir del movimiento secundario o la “revolución pingüina” de 2006, pasando por las exigencias de Educación Superior instaladas con fuerza desde el 2011 y hasta las marchas masivas contra el fin al sistema previsional instaurado en Dictadura, en 1981, todo demuestra un momento auspicioso para el movimiento social que va cuesta arriba, según expresó Pinto. “La sociedad abandona la pasividad en que había caído en los primeros años de la posdictadura y ahora va adquiriendo mayor masividad. Eso nos habla de una sociedad que deja de ver el orden establecido como una cosa inamovible e intocable, empieza a atreverse a cuestionar algunos de los fundamentos de ese orden y a actuar para cambiar los principios de ese orden. Ese es un ejercicio muy saludable para una sociedad”, recalcó.
Al referirse a la creación de una AFP estatal, el único proyecto contemplado por el gobierno sobre previsión social, el profesor expresó que: “No tenemos en absoluto un gobierno socialista porque justamente en las políticas públicas que impulsa se observa la antípoda a esta concepción: el individualismo”.
Una reflexión que también orientó a la Reforma de Educación Superior, muy compleja recalcó, donde “no se puede meter todo a un mismo saco o analizarla a fardo cerrado por lo poco que conocemos de ella”.
Siendo la educación uno de los negocios más grandes de Chile, explicó que lo significativo de modificar este sistema educativo dependerá de ciertos componentes determinados por los intereses concretos de los inversionistas, y otras fuerzas que apuntan a obtener estos mismos beneficios, y del modelo general de convivencia social que para funcionar de manera “eficiente” ha sido mercantilizada en todos sus ámbitos.
“El componente que a mi más me preocupa es que estamos en presencia de una propuesta que trata de equilibrar dos concepciones de educación superior que son totalmente contrapuestas: por un lado, busca relevar el sentido social que debe tener la educación superior, pero por otro lado no quiere hacerle daño a la educación privada. Es difícil hacer cuadrar esa ecuación y por lo mismo me temo que va a ser una propuesta que no va a llegar a buen puerto”, sostuvo.
En medio del proceso constituyente que impulsa el Gobierno, Julio participó de algunos cabildos ciudadanos junto a otros colegas historiadores de su casa de estudios y de la Universidad de Chile. Reconoció que fue un proceso formativo muy interesante pero de todas maneras insuficiente si se analiza desde una óptica general. “Es muy bueno que una comunidad política reflexione y delibere sobre las normas que la van a regir. Cualquier proceso que ayude a esta discusión es positivo pero la necesidad de cualquier itinerario político respecto a una Nueva Constitución es la representación a través de una Asamblea Constituyente, una experiencia que no tenemos y que reflejará el sentir colectivo”, concluyó Pinto.
Denuncias de fraude marcan elecciones de la CUT
- Abril Becerra
- Jueves 25 de agosto del 2016 a las 8:18 pm
Según las denuncias de los principales gremios del país, durante el
proceso hubo irregularidades en los padrones electorales. En este
sentido, señalaron que en sectores como en Los Ángeles, los trabajadores
no pudieron votar.
El proceso, que ha congregado a cerca de 600 trabajadores, fue fuertemente criticado por los postulantes a la mesa directiva, quienes acusaron una serie de irregularidades en el proceso.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central y candidato a la presidencia de la organización, señaló que durante los comicios se observaron que los padrones que correspondían a regiones, no incluían las nóminas completas de los candidatos.
Asimismo, advirtió que en sectores como Cauquenes y Ñuble los materiales para la votación llegaron a último minuto.
Por ello, anunció que reunirán los antecedentes para que la justicia inicie una investigación. “Sin lugar a duda, este proceso ha presentado elementos que nosotros cuestionamos y vamos a pedir en la instancia que corresponda que sea indagado. Esto lo decimos además, con mucho dolor y con mucha tristeza porque la CUT no puede ser patrimonio de un grupo de personas o de un partido o de un grupo, la CUT es un instrumento precioso para defender a los trabajadores chilenos y no pueden ser manipuladas sus elecciones, ni puede haber gente que pretenda ganar haciendo trampa”, dijo.
Por otro lado, Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores, señaló que los resultados deben anularse. Esto, producto de los “vicios” presentes en las votaciones.
El dirigente del Magisterio sostuvo que en sectores como Los Ángeles, Copiapó y Rancagua no existe padrón electoral, por lo que los trabajadores no pudieron sufragar. “Hay muchos lugares del país donde no hubo padrón. En otros, los dirigentes no aparecieron en las nóminas. Un ejemplo concreto es Los Ángeles donde no hubo padrón . Esto a mí me parece sospecho”, recalcó.
La crítica sobre un posible fraude en las elecciones de la Central no es reciente. En 2008 el presidente de la Confederación de Trabajadores del Transporte Terrestre, Ricardo Maldonado, denunció ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) las anomalías del proceso que entonces tenían relación con la alteración de los padrones electorales.
Finalmente, y luego de dos años de investigación, el organismo decretó que efectivamente las votaciones habían sido manipuladas. Sin embargo, resolvió que las alteraciones no afectaron los resultados.
En este sentido, Ricardo Maldonado dijo que “lamentablemente estos procesos son avalados por partidos políticos que pretenden tener el poder de la Central”.
El dirigente también indicó que uno de los grandes problemas de los comicios son la existencia de un voto ponderado y no universal, es decir, una persona un voto.
Frente a ello, señaló que la CUT pasó a llevar el acuerdo sobre modificar este sistema. “Si no mal recuerdo en el año 2002- 2004 en el congreso de la Central se decidió el voto universal y después el consejo revocó esa decisión”, comentó.
Ahora, independiente de los resultados de las elecciones, los principales dirigentes de los gremios que son parte de la CUT, entre ellos la Confusam y el Colegio de Profesores, señalaron que solicitarán ante el Tribunal Electoral anular el proceso para, de esta manera, generar una votación sin “vicios”.
En este sentido, Nolberto Díaz recalcó que “nadie puede estar sobre la ley”.
Impúdico gesto de Bachelet al rescate de Obama y el TPP
Publicado el 27 Agosto 2016
Escrito por Plataforma Chile Mejor sin TPP - El Clarín de Chile
Al
reiterar su respaldo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP) y anunciar el próximo envío del proyecto al Congreso, la
presidenta Michelle Bachelet hizo oídos sordos a las demandas de
crecientes sectores sociales y políticos que exigen se detenga el
proceso. En medio del descrédito de su gobierno, la mandataria escogió
un desayuno con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (ANCHAM)
para comprometer el envío del proyecto al Congreso en el segundo
semestre.
Cuatro
días después de la masiva marcha por el fin de las AFPs realizada el
21 de agosto pasado, la Presidenta dialogó con ANCHAM, entidad atenta a
posibles amenazas a sus inversiones en el país. Ella aseguró que el
tratado “otorgará beneficios al país y asegura una apropiada protección
de las sensibilidades de Chile en el proceso”. Sin embargo las
sensibilidades de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, están
hoy directamente ligadas al fin del sistema de las AFPs y el fin del
lucro en la educación. Las cláusulas de resolución de controversias
inversores/Estado contenidas en el TPP avalado por la Presidenta
constituyen un candado a estas demandas.
Inversiones en la mira
La
Presidenta Bachelet y su poderoso ministro de Hacienda Rodrigo Valdés
no pueden ignorar que las empresas de Estados Unidos Metlife, Principal y
Prudential son dueñas de Pro Vida, Cuprum y Habitat y controlan el 75%
de los fondos de las AFPs. ¿Cuán sensibles serían ellas ante un cambio
hacia un sistema de reparto? La Presidenta y su cuestionada ministra de
educación Adriana del Piano también saben que el grupo norteamericano
Laureate, se autodescribe como empresa con fines de lucro y es dueño de
las universidades Andrés Bello, U de las Américas, Viña del Mar y del
centro AIEP. Entre los años 2006 a 2015, Laureate recibió $588.725.000
por concepto de crédito con Aval del Estado (CAE). El TPP permite a los
inversionistas demandar al Estado chileno en tribunales internacionales
en caso de no estar aseguradas sus expectativas de ganancia o ser
sometidos a una expropiación.
Inexistentes beneficios
La
Presidenta fue incapaz de cuantificar los supuestos beneficios que el
TPP traerá al país, dado que el estudio “TPP, Impacto en Chile y la
Región” encargado por su canciller Muñoz a la Fundación Chile 21,
aseguró no contar con información respecto del impacto económico del
tratado. Ese estudio sí alertó sobre posibles consecuencias políticas
como su impacto en las relaciones con China, el mayor socio comercial de
Chile, sin embargo Bachelet sostuvo en el desayuno con la ANCHAM que se
fortalecerán los lazos con Asia. La presidenta no se ha referido a las
críticas formuladas en abril de este año por siete relatores y expertos
en DDHH de Naciones Unidas ante su gobierno, respecto de cómo las
disposiciones del TPP afectan los derechos de los pueblos indígenas, y
entre otros, los derechos a la salud, a la libertad de expresión y
participación, y a la cultura. Aunque habló ante empresarios, la
Presidenta no se refirió a las críticas menciones al TPP incluidas en el
Estudio de Línea de Base en Empresas y Derechos Humanos en Chile,
publicado por el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales. La
citada investigación alerta sobre los impactos en leyes laborales,
cuestiona la obligación de ratificar el convenio UPOV 91 de
privatización de la semilla y afirma que el TPP bloqueará la entrega de
remedios genéricos debido a la extensión de las patentes de los
medicamentos biológicos. Agrega que el gobierno está asimismo omitiendo
la consulta indígena que debiera realizar por el Convenio 169 antes del
envío del proyecto al Congreso.
Alineándose
ciegamente con Barak Obama en el intento del presidente de Estados
Unidos de apurar la ratificación, la presidenta tampoco acusó recibo de
la posición disidente de parlamentarios tanto de la Nueva Mayoría como
de oposición.
Como
Plataforma Chile Mejor sin TPP redoblaremos nuestros esfuerzos a lo
largo del país para construir un sólido, diverso y amplio bloque
ciudadano y parlamentario contra el TPP que impida la entrega de nuestra
soberanía y futuro.
Justicia acusa a 22 agentes de la DINA por secuestros y homicidios de 17 personas en Villa Grimaldi
Publicado el 25 Agosto 2016
Escrito por El Clarín de Chile
El
ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los
derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos
Sagristá, dictó acusación en contra de 22 agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de
secuestro y homicidio calificado de 17 víctimas que pasaron, entre
otros, por el centro de detención clandestina de Villa Grimaldi, en
1976.
En la resolución el ministro de fuero acusó a los ex agentes:
-Carlos Leonardo López Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez, Ricardo Víctor Lawrence Mires y Jorge Claudio Andrade Gómez, como autores del delito de secuestro calificado de las víctimas: Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, Mario Jesús Juica Vega, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y Juan Villarroel Zárate.
-Carlos Leonardo López Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez, Ricardo Víctor Lawrence Mires y Jorge Claudio Andrade Gómez, como autores del delito de secuestro calificado de las víctimas: Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, Mario Jesús Juica Vega, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y Juan Villarroel Zárate.
-Juan
Hernán Morales Salgado fue acusado como autor del delito de secuestro
calificado de Guillermo Recabarren González, Manuel Recabarren Rojas,
Daniel Palma Robledo, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra
Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros
Torres y Juan Villarroel Zárate.
-Orlando
José Manzo Durán y Ciro Ernesto Torré Sáez enfrentan acusación como
autores del secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González,
Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa, Carlos
Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán y José Eduardo
Santander Miranda.
-Rolf
Wenderoth Pozo, en calidad de autor del delito de secuestro calificado
de Clara Canteros Torres, Juan Villarroel Zárate y Nalvia Mena Alvarado.
-Orlando
Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo
Ferrán Martínez y Gustavo Guerrero Aguilera, fueron acusados como
autores del secuestro calificado de Daniel Palma Robledo.
En tanto, como cómplices del delito de secuestro calificado fueron acusados:
-José Mario Friz Esparza, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza, respecto de las víctimas: Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, Mario Jesús Juica Vega, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y Juan Villarroel Zárate.
-José Mario Friz Esparza, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López Inostroza, respecto de las víctimas: Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, Mario Jesús Juica Vega, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y Juan Villarroel Zárate.
-Gladys
Calderón Carreño, respecto de las víctimas: Guillermo Recabarren
González, Luis Emilio Recabarren González, Daniel Palma Robledo, José
Eduardo Santander Miranda, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto
Vega Vega, Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y Juan Villarroel
Zárate.
Homicidio calificado
En la resolución, el ministro Llanos Sagristá acusó en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado a los siguientes agentes del Estado: Carlos Leonardo López Tapia, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez y Ricardo Víctor Lawrence Mires.
En la resolución, el ministro Llanos Sagristá acusó en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado a los siguientes agentes del Estado: Carlos Leonardo López Tapia, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez y Ricardo Víctor Lawrence Mires.
En
tanto, como cómplices del delito, el ministro de fuero acusó a Gladys
de las Mercedes Calderón Carreño, José Mario Friz Esparza, Hermon Helec
Alfaro Mundaca, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco
Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza y
Carlos Eusebio López Inostroza.
En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró establecer que las víctimas, todas militantes del Partido Comunista, fueron detenidas entre el 29 de abril y el 16 de agosto de 1976, por grupos operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en diversos lugares de la Región Metropolitana, y llevados a los centros de detención clandestina de Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y Simón Bolívar, lugares en que son vistos con vida y desde donde se pierden sus rastros.
En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró establecer que las víctimas, todas militantes del Partido Comunista, fueron detenidas entre el 29 de abril y el 16 de agosto de 1976, por grupos operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en diversos lugares de la Región Metropolitana, y llevados a los centros de detención clandestina de Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y Simón Bolívar, lugares en que son vistos con vida y desde donde se pierden sus rastros.
Importante movilización por la Plurinacionalidad se realizó en Bariloche
El lunes 15 de agosto 2016, finalizó
el Parlamento de Naciones Originarias en Patagonia con una gran
movilización que comenzó en la intersección de las calles Onelli y
Moreno, y culminó en la Plaza denominada Expedicionarios al Desierto, la
que fue catalogada por las organizaciones como histórica.
A continuación, ver publicación del Consejo Zonal Lafkenche de Puelmapu – Wallmapu (Patagonia)
Frente al Lago Nahuel Huapi, y frente al monumento al genocida Julio
Argentino Roca, integrantes de los pueblos Mapuche, Tehuelche, Shel´nam
(Selknam), Gununa kuna, alzamos nuestra voz, reivindicamos nuestra
permanencia en los territorios, y defendemos nuestros derechos, tal como
lo hicieron nuestros queridos ancestros, Inakayal, Foyel y tantos
otros.
Más fortalecidos, con toda la fuerza
del Wall Mapu, con la fuerza de la lluvia y el viento, y siguiendo las
palabras de nuestros niños y de nuestras abuelas, decimos MARICHIWEW!!!
Diez veces venceremos, diez veces estamos vivos “Mülele mapu, müleay
mapuche, mülele mapuzüngün, müleay mapuche rakizuam” .
” Si hay tierra, habrá mapuche, si hay mapuzüngün, habrá pensamiento mapuche”
BARILOCHE.–
Diversas comunidades de la Patagonia se reunieron en el Parlamento de
Naciones Originarias en Bariloche. Pidieron el respeto a la diversidad
de los pueblos.
ARGENTINA
“Hemos tenido la oportunidad de escuchar 581 testimonios. Eso en sí mismo es irrepetible. Ningún historiador o periodista o escritor, para hacer un informe o escribir un libro, puede recolectar tantos testimonios en este período de tiempo y lograr la reconstrucción como si fuera un rompecabezas, por cierto, de lo que ocurrió hace más de cuarenta años y con criminales que se cambiaban los nombres. Con víctimas vendadas y en un marco de total oscuridad y clandestinidad precisamente para que nunca pudieran esclarecerse. Pero con mucha prueba hemos llegado a reconstruir todo eso, y al estado de certeza que la ley nos exige para la sentencia condenatoria.”
–¿En qué se diferencia la desaparición forzada de personas del robo de niños?“–Técnicamente es lo que se llama desaparición forzada, que fue establecido por ley 26.200 de 2011. En el caso de los desaparecidos adultos, como en el de niños, es un delito que técnicamente se llama permanente. Esto es: que se está cometiendo todo el tiempo, hoy, ahora. Eso nos ha permitido aplicar esa ley que es posterior a los hechos. El caso concreto del hijo de Silvina Parodi y su esposo Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba), es también un desaparecido. Esa criatura que hoy debe tener 40 años, nació en 1976, es un desaparecido. No sabemos quién es ni dónde está. Fue privado de su identidad, entregado a otros padres, y sobre todo, esencialmente, quitado de la autoridad y del amor de su madre. Entonces hemos aplicado, en forma muy novedosa, porque esto no había sido aplicado nunca antes en la Argentina, esta figura de la desaparición forzada: en el caso del niño y en el caso de los adultos es exactamente lo mismo. No han aparecido, no sabemos dónde están. Y quienes saben, porque son los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio y su desaparición, no lo dicen. Esta figura pluriofensiva y compleja, así se llama, porque contiene distintas instancias penales: la privación de la libertad y el homicidio, pero fundamentalmente el ocultamiento de los restos de una persona y no darlos a conocer pudiéndolo hacer. Eso particularmente grave. La diferencia está en que supone una pena mayor.”
REPORTAJE A JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL 1 DE CORDOBA“Argentina se atrevió a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”
El jueves leyó el fallo de la megacausa La Perla-campo de La Ribera, que incluía 28 perpetuas y daba fin a casi cuatro años de escuchar testimonios del horror. La diferencia entre crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Imagen: Sebastian Salguero
Por Marta Platía - Página 12
Jaime Díaz
Gavier tiene 66 años, cuatro hijos y es uno de los protagonistas de los
juicios por crímenes de lesa humanidad del país desde el 24 de julio de
2008. Ese día sentenció a Luciano Benjamín Menéndez y, por primera vez,
lo mandó a una cárcel común. Jovial, conversador culto y de fino sentido
humor, se mostró satisfecho con la labor que culminó el jueves pasado,
cuando leyó el veredicto del megajuicio La Perla-Campo de La Ribera a
Menéndez y otros 42 represores. Junto con sus colegas Camilo Quiroga
Uriburu, Julián Falcucci y Carlos Ochoa, Díaz Gavier resolvió 28
perpetuas, diez condenas de 30 meses a 21 años y cinco absoluciones. El
un juicio tomó casi cuatro años y tuvo 581 testimonios.
–¿Tiene conciencia de la dimensión de estos juicios?
–Sí, pero creo que se van a apreciar mucho más en el futuro. Ahora hay tantas disputas hasta partidarias que algunos no pueden ver con claridad lo que significan para el país. Pero estoy convencido de que estos fallos serán históricos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar 581 testimonios. Eso en sí mismo es irrepetible. Ningún historiador o periodista o escritor, para hacer un informe o escribir un libro, puede recolectar tantos testimonios en este período de tiempo y lograr la reconstrucción como si fuera un rompecabezas, por cierto, de lo que ocurrió hace más de cuarenta años y con criminales que se cambiaban los nombres. Con víctimas vendadas y en un marco de total oscuridad y clandestinidad precisamente para que nunca pudieran esclarecerse. Pero con mucha prueba hemos llegado a reconstruir todo eso, y al estado de certeza que la ley nos exige para la sentencia condenatoria. Y en cinco casos hubo absolutorias. Eso cuando no hemos podido llegar a la certeza, no ya de que los hechos ocurrieron, sino de quiénes fueron sus responsables. Argentina ha sido un ejemplo único en el mundo de un país que se atrevió a juzgar los crímenes de una dictadura desde el poder político, desde sus autoridades nacionales, y esto hay que reconocérselo a Néstor Kirchner y luego a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el poder Ejecutivo establecieron una política de Estado en materia de Derechos Humanos, de su preservación y cuidado. Es muy poco frecuente: ningún otro país del mundo que yo conozca, ha dado este hecho magnífico ejemplo de mirarse en su propio espejo y juzgar sus propios dramas. Es mucho más de lo que pasó en Nüremberg: los tribunales allí fueron constituidos por jueces de los países triunfadores, de los Aliados. Nosotros lo hicimos aquí con nuestros magistrados y nuestra legislación.
–¿En qué se diferencia la desaparición forzada de personas del robo de niños?
–Técnicamente es lo que se llama desaparición forzada, que fue establecido por ley 26.200 de 2011. En el caso de los desaparecidos adultos, como en el de niños, es un delito que técnicamente se llama permanente. Esto es: que se está cometiendo todo el tiempo, hoy, ahora. Eso nos ha permitido aplicar esa ley que es posterior a los hechos. El caso concreto del hijo de Silvina Parodi y su esposo Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba), es también un desaparecido. Esa criatura que hoy debe tener 40 años, nació en 1976, es un desaparecido. No sabemos quién es ni dónde está. Fue privado de su identidad, entregado a otros padres, y sobre todo, esencialmente, quitado de la autoridad y del amor de su madre. Entonces hemos aplicado, en forma muy novedosa, porque esto no había sido aplicado nunca antes en la Argentina, esta figura de la desaparición forzada: en el caso del niño y en el caso de los adultos es exactamente lo mismo. No han aparecido, no sabemos dónde están. Y quienes saben, porque son los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio y su desaparición, no lo dicen. Esta figura pluriofensiva y compleja, así se llama, porque contiene distintas instancias penales: la privación de la libertad y el homicidio, pero fundamentalmente el ocultamiento de los restos de una persona y no darlos a conocer pudiéndolo hacer. Eso particularmente grave. La diferencia está en que supone una pena mayor.
–¿Ustedes fallaron que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de 1976?
–Nosotros determinamos que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas, manejando todas las fuerzas de seguridad, asaltan el poder político del Estado y constituyen su gobierno de facto, que ya se ha calificado, incluso en numerosos fallos de la Corte Suprema, como terrorismo de Estado. Pero hay una confusión, porque no tienen todavía los fundamentos. Una cosa es el terrorismo de Estado y otra cosa son los delitos de lesa humanidad. Esos pueden cometerse antes del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no había, de acuerdo a la categorización que hemos hecho, un terrorismo de Estado. Esos delitos fueron cometidos no desde el Estado mismo sino desde bandas parapoliciales y paramilitares que sí eran funcionarios estatales, que actuaban clandestinamente. De manera absolutamente ilegítima comenzaron con la ejecución de un plan sistemático de eliminación de opositores o de quienes ellos denominaban y fijaban como blanco a aniquilar. En el caso que nosotros hemos juzgado en este juicio, hay hechos que van de marzo de 1975 a marzo de 1976. Según el Tratado de Roma, incorporado a la legislación y al bloque constitucional argentino, se cometen estos delitos no por el Estado mismo, que todavía no es un Estado Terrorista, sino por organizaciones políticas. Grupos ilegales, clandestinos, que sí utilizaron instrumentos y recursos propios del Estado: armas, automóviles, uniformes, comisarías, cuarteles, que los constituyeron ya en centros clandestinos de detención, tortura y homicidio. Fíjese que hay una diferencia bastante notable: en los episodios del año ´75, que son delitos de lesa humanidad por lo que le digo, pero que no están todavía en el marco del terrorismo de Estado, secuestraban a las víctimas, las torturaban, las mataban, pero los cuerpos aparecían. Aparecían… No era el Estado, no tenían el sistema completo que sí consiguen a través del terrorismo de Estado tras el golpe, ya con los enormes recursos represivos que el Estado legítimamente tiene pero utilizados con este fin absolutamente delictivo. Después del 24 de marzo comienza a establecerse el sistema perverso de la desaparición de personas. No se reconoce el hecho, ni se da a conocer a familiares de las víctimas qué pasó.
–Otro punto sobresaliente del fallo fue el de los delitos sexuales.
–Sí, es evidente que las mujeres sufrieron de manera particular los horrores de la represión, porque los abusos sexuales se convirtieron en una metodología cotidiana de tormento y de satisfacción, me parece por lo que hemos podido recabar, de las pulsiones más primitivas de los perpetradores. Muchos de esos episodios no se denunciaron, seguramente por pudor o por su propio dolor y angustia. Pero en este juicio se produjeron algunas denuncias concretas en ese tema. Lo hemos podido acreditar: acreditamos las violaciones, los abusos sexuales ocurridos en la D2. No pudimos determinar en algunos casos la identidad del violador, pero sí muchas víctimas identificaron a quiénes las fueron a buscar a su casa. Y en la propia casa las sometieron. Ellas después, incluso, reconocieron sus nombres y voces cuando las tuvieron detenidas en la D2. Esos son los que hemos condenado por los delitos sexuales.
–¿Es también una novedad que su tribunal nombra como “delitos sexuales de lesa humanidad” ese crimen?
–No sé si es la primera vez, pero sé que no es una situación frecuente por las pocas denuncias formales en la etapa instructoria de los juicios. Pero nosotros en juicio hemos determinado que esos delitos sexuales se constituyeron en un elemento más de la represión del Plan Sistemático (del terrorismo de Estado). Eso pasó en el caso de las mujeres. Por otra parte, los judíos sufrieron también un plus de crueldad por el sólo hecho de ser judíos. En el caso de las mujeres hemos resuelto que es también que las vejaciones sexuales, los abusos y las violaciones fueron también partes, mecanismos del Plan Sistemático para eliminar opositores (políticos). En este caso mujeres.
–Hubo dos momentos en este larguísimo juicio en los que lo vi acusar el impacto de lo que estaba escuchando. Uno fue la declaración de Gloria Di Rienzo, quien contó terribles abusos sexuales. El otro cuando un hombre atestiguó que lo habían violado.
-Sí, lo recuerdo. Un horror. Terrible… También fue difícil con los relatos sobre los hechos ocurridos y acreditados que sufrió la chiquita Alejandra Jaimóvich. El señor que fue violado… Estos episodios son terribles. Hubo algunos hombres que no lo dijeron del todo, pero lo sugirieron y también fueron violados. Son hechos que uno no termina de asombrarse. Hasta dónde puede llegar la crueldad, la perversidad humana. Incluso, otra cosa que me conmovió no por lo físico, sino por lo psíquico, lo íntimo, lo espiritual de Claudia Hunziker, que le encuentran un papelito (con cierta ternura, el juez hace el gesto de desplegar un mensajito) donde ella ponía que estaba enamorada de otro chico Andrés “Chacho” Remondegui. Y la delatan en algo que el pudor humano es tan evidente a esa edad, cuando se es adolescente es tan secreto. Uno se muere de vergüenza por esas cosas. Cuando es más grande no, le encanta decirlo. Pero cuando es más chico provoca un sufrimiento tan brutal. Armarles esa parodia (de cena romántica) inmunda, miserable… Quizás le haya dolido más eso que los tormentos físicos.
–Hubo testigos que conmovieron por su energía, como Emi Villares de D’Ambra, de 86 años, la titular de Familiares de Desaparecidos.
–Ella es tan fuerte. La vi ayer en un programa de televisión y estaba tan alegre por el fallo. Tiene una energxía enorme. Ella, como las otras Abuelas, las Madres. Uno se pregunta ¿cómo viven después de un episodio como ese? Yo pienso que después de perder a un hijo lo que uno debe querer es morirse. Una de mis hijas me decía anoche “papá, viven mucho tiempo y así porque quieren lograr lo que ahora lograron”. Incluso con la esperanza loca de recuperar a sus hijos con vida. En el primer momento los buscaban todavía con vida. Ahora buscan los restos… Se mueren viejas viejas porque su fuerza de vida es esa búsqueda. Muchas veces me han impresionado ellas y también los familiares. Si me hubiese pasado lo que a ellos, si hubiese venido a una audiencia y los hubiera visto a los imputados sentados ahí, tal vez me hubiera acercado, les hubiera dicho algo, pegado un sopapo… pero ellas, ellos no. Siempre me ha asombrado la entereza, la templanza de esta gente que ven ahí, al asesino de su hijo, y no le hicieron nada. Y cuando se les escapaba algo yo les decía que se callen y se callaban. Incluso en la última audiencia, en la sala de audiencia no volaba una mosca cuando yo leía el veredicto. Afuera (la multitud de más de diez mil personas) sí, se escuchaba el bramido a cada condena. Adentro no. Esperaron hasta el final para estallar, para explotar. Y encima los imputados los insultaban y a nosotros, nos amenazaban.
–Cuando declararon los hermanos de Diego Ferreyra, cazado a balazos por Héctor Vergez frente a sus padres, Vergez se dio vuelta y con su mano simulando un revólver, le disparó a la foto de Diego que sostenía un hermano. El lo soportó mirando al asesino directamente a los ojos.
–No sé cómo pudo soportarlo. Es increíble por lo que han pasado los familiares. No deja de conmoverme la actitud permanente de Madres, Abuelas, los familiares y los sobrevivientes: mantuvieron esta conducta increíble ante las provocaciones de estos imputados y sólo reclamaron justicia. Nada más que justicia.
–¿Los criminales de lesa humanidad, deben seguir en la cárcel aún con más de 70 años?
–Creo que sí. Erich Priebke murió a los 101 años en la cárcel de Roma. Tienen que estar ahí mientras que el encierro carcelario no sea motivo de profundización de su enfermedad si ésta no puede tratarse como se debe en prisión. Se debe ser claro en eso. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así que dentro de veinte años deberán seguir siendo juzgados. Por eso es que, para no prolongar esto, hay que hacerlos ahora. Para lograr terminar con todo esto, hay que seguirlos. Hay que pensar que éstos son los primeros juicios que se hicieron después de 40 años de cometidos los crímenes… Arrancamos recién en 2008.
–¿Tiene conciencia de la dimensión de estos juicios?
–Sí, pero creo que se van a apreciar mucho más en el futuro. Ahora hay tantas disputas hasta partidarias que algunos no pueden ver con claridad lo que significan para el país. Pero estoy convencido de que estos fallos serán históricos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar 581 testimonios. Eso en sí mismo es irrepetible. Ningún historiador o periodista o escritor, para hacer un informe o escribir un libro, puede recolectar tantos testimonios en este período de tiempo y lograr la reconstrucción como si fuera un rompecabezas, por cierto, de lo que ocurrió hace más de cuarenta años y con criminales que se cambiaban los nombres. Con víctimas vendadas y en un marco de total oscuridad y clandestinidad precisamente para que nunca pudieran esclarecerse. Pero con mucha prueba hemos llegado a reconstruir todo eso, y al estado de certeza que la ley nos exige para la sentencia condenatoria. Y en cinco casos hubo absolutorias. Eso cuando no hemos podido llegar a la certeza, no ya de que los hechos ocurrieron, sino de quiénes fueron sus responsables. Argentina ha sido un ejemplo único en el mundo de un país que se atrevió a juzgar los crímenes de una dictadura desde el poder político, desde sus autoridades nacionales, y esto hay que reconocérselo a Néstor Kirchner y luego a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el poder Ejecutivo establecieron una política de Estado en materia de Derechos Humanos, de su preservación y cuidado. Es muy poco frecuente: ningún otro país del mundo que yo conozca, ha dado este hecho magnífico ejemplo de mirarse en su propio espejo y juzgar sus propios dramas. Es mucho más de lo que pasó en Nüremberg: los tribunales allí fueron constituidos por jueces de los países triunfadores, de los Aliados. Nosotros lo hicimos aquí con nuestros magistrados y nuestra legislación.
–¿En qué se diferencia la desaparición forzada de personas del robo de niños?
–Técnicamente es lo que se llama desaparición forzada, que fue establecido por ley 26.200 de 2011. En el caso de los desaparecidos adultos, como en el de niños, es un delito que técnicamente se llama permanente. Esto es: que se está cometiendo todo el tiempo, hoy, ahora. Eso nos ha permitido aplicar esa ley que es posterior a los hechos. El caso concreto del hijo de Silvina Parodi y su esposo Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba), es también un desaparecido. Esa criatura que hoy debe tener 40 años, nació en 1976, es un desaparecido. No sabemos quién es ni dónde está. Fue privado de su identidad, entregado a otros padres, y sobre todo, esencialmente, quitado de la autoridad y del amor de su madre. Entonces hemos aplicado, en forma muy novedosa, porque esto no había sido aplicado nunca antes en la Argentina, esta figura de la desaparición forzada: en el caso del niño y en el caso de los adultos es exactamente lo mismo. No han aparecido, no sabemos dónde están. Y quienes saben, porque son los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio y su desaparición, no lo dicen. Esta figura pluriofensiva y compleja, así se llama, porque contiene distintas instancias penales: la privación de la libertad y el homicidio, pero fundamentalmente el ocultamiento de los restos de una persona y no darlos a conocer pudiéndolo hacer. Eso particularmente grave. La diferencia está en que supone una pena mayor.
–¿Ustedes fallaron que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de 1976?
–Nosotros determinamos que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas, manejando todas las fuerzas de seguridad, asaltan el poder político del Estado y constituyen su gobierno de facto, que ya se ha calificado, incluso en numerosos fallos de la Corte Suprema, como terrorismo de Estado. Pero hay una confusión, porque no tienen todavía los fundamentos. Una cosa es el terrorismo de Estado y otra cosa son los delitos de lesa humanidad. Esos pueden cometerse antes del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no había, de acuerdo a la categorización que hemos hecho, un terrorismo de Estado. Esos delitos fueron cometidos no desde el Estado mismo sino desde bandas parapoliciales y paramilitares que sí eran funcionarios estatales, que actuaban clandestinamente. De manera absolutamente ilegítima comenzaron con la ejecución de un plan sistemático de eliminación de opositores o de quienes ellos denominaban y fijaban como blanco a aniquilar. En el caso que nosotros hemos juzgado en este juicio, hay hechos que van de marzo de 1975 a marzo de 1976. Según el Tratado de Roma, incorporado a la legislación y al bloque constitucional argentino, se cometen estos delitos no por el Estado mismo, que todavía no es un Estado Terrorista, sino por organizaciones políticas. Grupos ilegales, clandestinos, que sí utilizaron instrumentos y recursos propios del Estado: armas, automóviles, uniformes, comisarías, cuarteles, que los constituyeron ya en centros clandestinos de detención, tortura y homicidio. Fíjese que hay una diferencia bastante notable: en los episodios del año ´75, que son delitos de lesa humanidad por lo que le digo, pero que no están todavía en el marco del terrorismo de Estado, secuestraban a las víctimas, las torturaban, las mataban, pero los cuerpos aparecían. Aparecían… No era el Estado, no tenían el sistema completo que sí consiguen a través del terrorismo de Estado tras el golpe, ya con los enormes recursos represivos que el Estado legítimamente tiene pero utilizados con este fin absolutamente delictivo. Después del 24 de marzo comienza a establecerse el sistema perverso de la desaparición de personas. No se reconoce el hecho, ni se da a conocer a familiares de las víctimas qué pasó.
–Otro punto sobresaliente del fallo fue el de los delitos sexuales.
–Sí, es evidente que las mujeres sufrieron de manera particular los horrores de la represión, porque los abusos sexuales se convirtieron en una metodología cotidiana de tormento y de satisfacción, me parece por lo que hemos podido recabar, de las pulsiones más primitivas de los perpetradores. Muchos de esos episodios no se denunciaron, seguramente por pudor o por su propio dolor y angustia. Pero en este juicio se produjeron algunas denuncias concretas en ese tema. Lo hemos podido acreditar: acreditamos las violaciones, los abusos sexuales ocurridos en la D2. No pudimos determinar en algunos casos la identidad del violador, pero sí muchas víctimas identificaron a quiénes las fueron a buscar a su casa. Y en la propia casa las sometieron. Ellas después, incluso, reconocieron sus nombres y voces cuando las tuvieron detenidas en la D2. Esos son los que hemos condenado por los delitos sexuales.
–¿Es también una novedad que su tribunal nombra como “delitos sexuales de lesa humanidad” ese crimen?
–No sé si es la primera vez, pero sé que no es una situación frecuente por las pocas denuncias formales en la etapa instructoria de los juicios. Pero nosotros en juicio hemos determinado que esos delitos sexuales se constituyeron en un elemento más de la represión del Plan Sistemático (del terrorismo de Estado). Eso pasó en el caso de las mujeres. Por otra parte, los judíos sufrieron también un plus de crueldad por el sólo hecho de ser judíos. En el caso de las mujeres hemos resuelto que es también que las vejaciones sexuales, los abusos y las violaciones fueron también partes, mecanismos del Plan Sistemático para eliminar opositores (políticos). En este caso mujeres.
–Hubo dos momentos en este larguísimo juicio en los que lo vi acusar el impacto de lo que estaba escuchando. Uno fue la declaración de Gloria Di Rienzo, quien contó terribles abusos sexuales. El otro cuando un hombre atestiguó que lo habían violado.
-Sí, lo recuerdo. Un horror. Terrible… También fue difícil con los relatos sobre los hechos ocurridos y acreditados que sufrió la chiquita Alejandra Jaimóvich. El señor que fue violado… Estos episodios son terribles. Hubo algunos hombres que no lo dijeron del todo, pero lo sugirieron y también fueron violados. Son hechos que uno no termina de asombrarse. Hasta dónde puede llegar la crueldad, la perversidad humana. Incluso, otra cosa que me conmovió no por lo físico, sino por lo psíquico, lo íntimo, lo espiritual de Claudia Hunziker, que le encuentran un papelito (con cierta ternura, el juez hace el gesto de desplegar un mensajito) donde ella ponía que estaba enamorada de otro chico Andrés “Chacho” Remondegui. Y la delatan en algo que el pudor humano es tan evidente a esa edad, cuando se es adolescente es tan secreto. Uno se muere de vergüenza por esas cosas. Cuando es más grande no, le encanta decirlo. Pero cuando es más chico provoca un sufrimiento tan brutal. Armarles esa parodia (de cena romántica) inmunda, miserable… Quizás le haya dolido más eso que los tormentos físicos.
–Hubo testigos que conmovieron por su energía, como Emi Villares de D’Ambra, de 86 años, la titular de Familiares de Desaparecidos.
–Ella es tan fuerte. La vi ayer en un programa de televisión y estaba tan alegre por el fallo. Tiene una energxía enorme. Ella, como las otras Abuelas, las Madres. Uno se pregunta ¿cómo viven después de un episodio como ese? Yo pienso que después de perder a un hijo lo que uno debe querer es morirse. Una de mis hijas me decía anoche “papá, viven mucho tiempo y así porque quieren lograr lo que ahora lograron”. Incluso con la esperanza loca de recuperar a sus hijos con vida. En el primer momento los buscaban todavía con vida. Ahora buscan los restos… Se mueren viejas viejas porque su fuerza de vida es esa búsqueda. Muchas veces me han impresionado ellas y también los familiares. Si me hubiese pasado lo que a ellos, si hubiese venido a una audiencia y los hubiera visto a los imputados sentados ahí, tal vez me hubiera acercado, les hubiera dicho algo, pegado un sopapo… pero ellas, ellos no. Siempre me ha asombrado la entereza, la templanza de esta gente que ven ahí, al asesino de su hijo, y no le hicieron nada. Y cuando se les escapaba algo yo les decía que se callen y se callaban. Incluso en la última audiencia, en la sala de audiencia no volaba una mosca cuando yo leía el veredicto. Afuera (la multitud de más de diez mil personas) sí, se escuchaba el bramido a cada condena. Adentro no. Esperaron hasta el final para estallar, para explotar. Y encima los imputados los insultaban y a nosotros, nos amenazaban.
–Cuando declararon los hermanos de Diego Ferreyra, cazado a balazos por Héctor Vergez frente a sus padres, Vergez se dio vuelta y con su mano simulando un revólver, le disparó a la foto de Diego que sostenía un hermano. El lo soportó mirando al asesino directamente a los ojos.
–No sé cómo pudo soportarlo. Es increíble por lo que han pasado los familiares. No deja de conmoverme la actitud permanente de Madres, Abuelas, los familiares y los sobrevivientes: mantuvieron esta conducta increíble ante las provocaciones de estos imputados y sólo reclamaron justicia. Nada más que justicia.
–¿Los criminales de lesa humanidad, deben seguir en la cárcel aún con más de 70 años?
–Creo que sí. Erich Priebke murió a los 101 años en la cárcel de Roma. Tienen que estar ahí mientras que el encierro carcelario no sea motivo de profundización de su enfermedad si ésta no puede tratarse como se debe en prisión. Se debe ser claro en eso. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así que dentro de veinte años deberán seguir siendo juzgados. Por eso es que, para no prolongar esto, hay que hacerlos ahora. Para lograr terminar con todo esto, hay que seguirlos. Hay que pensar que éstos son los primeros juicios que se hicieron después de 40 años de cometidos los crímenes… Arrancamos recién en 2008.
Agencia Para La Libertad
Periodismo de Intervención social
30 DE AGOSTO/ DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
Desde la dictadura hasta hoy
(APL)El 30 de
agosto fue establecido como Día Internacional del Detenido Desaparecido
por la Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos), décadas atrás. Un largo camino
debieron realizar los familiares y organizaciones de derechos humanos
para lograr el reconocimiento de la detención- desaparición como una
política represiva sistemática por parte del Estado terrorista. Más
tiempo tomó la tipificación de ese hecho en la figura jurídica de la
desaparición forzada de personas, que no existía en el Código Penal
argentino hasta el 2011. Hoy, la sociedad argentina ya no discute la
existencia de la desaparición de personas bajo la dictadura militar Pero
existen casos de desapariciones forzadas de personas cometidas por
fuerzas de seguridad que siguen quedando en las sombras, a pesar de la
lucha de algunas organizaciones y familiares de las víctimas por lograr
algo de justicia y encontrar a sus desaparecidos. Se trata de los casos
ocurridos luego del regreso del gobierno constitucional desde 1983 hasta
la actualidad.
Última modificación: 31 de agosto de 2014 a las 08:58
Hoy, si bien subsiste la negación del genocidio y/ o su
justificación, la sociedad argentina ya no discute la existencia de la
desaparición de personas bajo la dictadura militar. Menos recordado es
el hecho de que antes del golpe de 1976 ya se habían producido
centenares de asesinatos y secuestros de militantes que nunca
regresaron. Inclusive entre los primeros casos de desaparición forzada
de personas registrados en 1974 ya se presentaron casos de niños
apropiados.
Pero existen casos de desapariciones forzadas de personas cometidas por fuerzas de seguridad que siguen quedando en las sombras, a pesar de la lucha de algunas organizaciones y familiares de las víctimas por lograr algo de justicia y encontrar a sus desaparecidos. Se trata de los casos ocurridos luego del regreso del gobierno constitucional desde 1983 hasta la actualidad.
Además de un extendido desconocimiento sobre el tema existe un deliberado descarte de la problemática por parte de algunos sectores políticos que subestiman no solo la atrocidad de estos hechos, sino el carácter deliberadamente político de cualquier caso de “desaparición” de personas que se encontraban detenidas (la mayoria de las veces ilegalmente) por fuerzas de seguridad.
El caso López
Cuando en septiembre de 2006 Jorge Julio López (74) – testigo de la causa contra el genocida y torturador Miguel Etchecolatz – no concurrió a la sala de audiencias donde se leería la sentencia, los querellantes de la causa denunciaron inmediatamente que su ausencia no era voluntaria. Luego de las primeras semanas en que desde el gobierno se llegó a decir que tal vez López se habría ido de visita a lo de una tía, o que se manejara la hipótesis de que estaría extraviado, comenzó a quedar e claro que Julio López habia sido secuestrado y las sospechas más fuertes recayeron en la policía bonaerense. Si bien es difícilmente discutible la conexión entre el testimonio que brindó López y la suerte que corrió posteriormente, a casi ocho años de ese suceso es muy poco lo que se avanzó en la causa judicial correspondiente. Julio López fue desaparecido por segunda vez, muy probablemente por los mismos sectores que se animó a denunciar con su valiente testimonio.
La indignación y la alarma que el caso de López despertaron en la sociedad son bien fundadas. Muchos sectores comenzaron a referirse a este caso como el de “la primera desaparición en democracia”, a lo que algunos agregan la salvedad de que se trata de la primera desaparición por motivos políticos.
Sin restarle nada a la gravedad del caso de la desaparición de Julio lópez, cabe aclarar que no solamente no es el primero ni lamentablemente el último caso de desapariciones forzadas en la democracia, sino que tampoco es el primer caso en el cual la desaparición de la víctima tiene que ver con motivos directamente políticos.
Más de doscientos casos de desapariciones forzadas se registran en Argentina desde 1983, según el archivo de datos que recopila pacientemente Correpi y que cuenta con el aporte de otras organizaciones antirrepresivas en el país.
Se trata de casos donde las víctimas han sido detenidas – la mayoría de las veces de manera ilegal – por fuerzas de seguridad y han sido vistas en poder de efectivos de esas fuerzas con vida por última vez . En muchos casos existen testigos de que las víctimas han sido torturadas y que han sido asesinadas en esas circunstancias. En todos los casos sus cadáveres han sido arrojados en descampados, zanjas, basurales o directamente ocultados. En muy pocos casos las actuaciones judiciales posteriores permitieron su recuperación.
Los desaparecidos de La Tablada:
El 23 de enero de 1989 un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria ingresó al cuartel de La Tablada. La represión tremenda y desproporcionada al copamiento dejó un saldo de 39 muertos, entre ellos varios soldados. Al quedar acorralados los militantes sobrevivientes se rindieron: varios fotógrafos captaron el momento en que eran capturados con vida. Sin embargo, cuatro de ellos permanecen desaparecidos; Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Díaz y José Ruiz.
Es inocultable el carácter “político” de estas desapariciones forzadas. No solamente porque se trataba de una represalia por haber intentado tomar el cuartel y porque sus asesinos son los mismos genocidas denunciados por otros casos durante la dictadura. También por la conducta que asumió el estado argentino ante estos casos, que quedaron sin respuesta por largos años cuando existen todas la herramientas legales y las posibilidades para averiguar cuàl fue el destino final de estos cuatro compañeros.
Invisibilizados:
Algunos de los casos de personas desaparecidas en democracia tuvieron cierta repercusión en la prensa, casi siempre gracias a la movilización, la lucha y la denuncia de los familiares y las organizaciones que los acompañaron. Así sucede por ejemplo con el caso de Miguel Bru (23), un estudiante de periodismo desaparecido que fue visto por última vez en la comisaria 9na. de La Plata en 1993, en el caso más reciente de Luciano Arruga (16), visto por última vez con vida en el destacamento de Lomas del Mirador (BS.As) en enero de 2009 y en el caso de Daniel Solano (25) detenido en Choele Choel, Río Negro en noviembre de 2011 y desaparecido desde entonces.
La mayoría de estos casos ha quedado en el anonimato y en la impunidad. A esa situación colabora de manera decisiva la justicia que recurrentemente descarta la posibilidad de estar ante casos en los que el ausente ha sido víctima de las fuerzas de seguridad. El mismo caso de Julio López fue investigado a través de una causa por “averiguación de paradero” abierta en la justicia provincial durante varios meses, hasta que los querellantes del caso Etcheecolatz y organismos de derechos humanos lograron que se abra una causa en la Justicia Federal por desaparición forzada.
El caso del misionero Mario Golemba (27) muestra la misma conducta: cuando desapareció en marzo de 2009, el gobierno de la provincia de Misiones iniciò su bùsqueda publicando su foto y ofreciendo recompensa por datos acerca de su paradero, mientras en la justicia se instruìa la causa por su ausencia. Todo quedò en el olvido cuando dos detenidos aseguraron haberlo visto con vida siendo ferozmente golpeado en la comisaría de Dos de Mayo, y que luego fue sacado del lugar sin que se sepa su destino posterior.
En el caso del joven Sergio Ávalos (18), golpeado por guardias de seguridad en un boliche de Neuquén en el año 2003 y de quien no se tuvieron más noticias, el juez interviniente se negó a cambiar la carátula de “averiguación de paradero”. Esto a pesar de los testimonios que indican que Sergio fue golpeado entre varios guardias, del hecho de que toda la guardia de seguridad estaba integrada por policías que cumplían adicionales y militares retirados que trabajan en coordinación con la policía local.
Emblemático es el caso de Iván Torres Millacura, detenido por la policía de Chubut en Comodoro Rivadavia en 2003. Su familia debió recurrir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr algún resultado: fue el primer caso en que esa Corte condenó al Estado argentino por desaparición forzada en democracia.
La CIDH le dio la razón a la familia en cuanto a que el Estado argentino es responsable por su desaparición y dispuso que inicie, dirija y concluya la investigación sobre lo sucedido al joven, que determine y sancione a todos los responsables. Ordenó que realice una búsqueda efectiva sobre su paradero y dispuso el pago de sumas indemnizatorias a la familia.
Seis testigos de su detención ilegal y que presenciaron sus torturas en manos de policías fueron asesinados en diferentes circunstancias, inclusive quienes se encontraban bajo el sistema de protección de testigos.
Ya en los años 90 la impunidad reinante había motivado la recurrencia ante la CIDH a los querellantes por la desaparición en Mendoza de Raúl Garrido (29) y Adolfo Baigorria (31). La CIDH emitió resolución concluyendo que Garrido y Baigorria fueron detenidos el 28 de abril de 1990 por una comisión policial, sometidos a torturas y muertos por sus captores, identificados como Miguel Muñoz, Lucio Sosa y Carlos Sosa. Los jueces Knoll (que fue destituido el año 2000 por su actuación en este caso) y Arguello habían mantenido la causa en secreto de sumario durante 6 años, mientras la policía provincial se dedicó a desviar la investigación suministrando información falsa.
Similar camino debieron recorrer los familiares de Pablo Guardatti (21), también en Mendoza. Guardatti fue visto con vida por última vez en mayo de 1992. La Comisión Interamericana debió emitir varias recomendaciones y una resolución en 1998 en la que indicaba que en la investigación existió autonomía arbitraria y discrecional de la Policía, total falta de dirección judicial al empezar la causa y errónea valoración jurídica de los jueces que sobreseyeron a los policías sospechados. El caso sigue impune.
Justicia y encubrimiento
En la determinación de las carátulas y en el curso de las investigaciones judiciales la Justicia ha demostrado sistemáticamente poco interés o hasta abierto encubrimiento en este tipo de casos. Un caso particular lo constituye el accionar del juez Amílcar Vara, que intervino en los casos de las desapariciones de Miguel Bru y de Andrés Núñez, también desaparecido en La Plata en 1990. En el caso Núñez el juez Vara liberó a todos los policías implicados en las torturas y la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado cinco años después de su asesinato, además de dejar transcurrir el tiempo con lo que varios acusados en el caso se beneficiaron con la prescripción. La actuación posterior de Vara en el caso Bru le valdría años después su enjuiciamiento y destitución.
La parálisis caracteriza a mucho de estos casos cuando empieza a quedar claras las responsabilidades políticas o policiales. O también la abierta desviación de las investigaciones, la recurrencia a chivos expiatorios, la dilación de las causas para provocar la prescripción, etc.
En el año 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró que los crímenes como la tortura no constituyen delitos de “lesa humanidad” considerando que ese delito no puede encontrarse en “hechos aislados” cometidos por un funcionario público sino que se configura cuando los delitos son parte de una “política desarrollada estatalmente contra la población civil”.
Esta definición de la inexistencia de una política desarrollada estatalmente contra la población civil se choca con la realidad: de los más de 4000 muertos en manos de agentes del estado desde 1983, más de un tercio fueron asesinados por torturas. En los casos de desaparición forzada de personas detenidas, las torturas y la muerte como consecuencia de ellas es un elemento omnipresente.
Además, tanto en casos de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas es frecuente que los familiares y amigos relaten que las vìctimas ya venìan siendo hostigadas por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
La negativa a tratar estos casos como “delitos de lesa humanidad” es una decisión política expresada en el terreno de lo jurídico que abre la puerta a la impunidad de estos crímenes de la mano de la prescripción.
Así sucedió por ejemplo en el caso del niño Alejandro Flores en Córdoba, que había sido atropellado por policías que lo dejaron morir y luego ocultaron su cuerpo. Fue encontrado 18 años más tarde. El juez declaró la prescripción del delito.
Pero existen casos de desapariciones forzadas de personas cometidas por fuerzas de seguridad que siguen quedando en las sombras, a pesar de la lucha de algunas organizaciones y familiares de las víctimas por lograr algo de justicia y encontrar a sus desaparecidos. Se trata de los casos ocurridos luego del regreso del gobierno constitucional desde 1983 hasta la actualidad.
Además de un extendido desconocimiento sobre el tema existe un deliberado descarte de la problemática por parte de algunos sectores políticos que subestiman no solo la atrocidad de estos hechos, sino el carácter deliberadamente político de cualquier caso de “desaparición” de personas que se encontraban detenidas (la mayoria de las veces ilegalmente) por fuerzas de seguridad.
El caso López
Cuando en septiembre de 2006 Jorge Julio López (74) – testigo de la causa contra el genocida y torturador Miguel Etchecolatz – no concurrió a la sala de audiencias donde se leería la sentencia, los querellantes de la causa denunciaron inmediatamente que su ausencia no era voluntaria. Luego de las primeras semanas en que desde el gobierno se llegó a decir que tal vez López se habría ido de visita a lo de una tía, o que se manejara la hipótesis de que estaría extraviado, comenzó a quedar e claro que Julio López habia sido secuestrado y las sospechas más fuertes recayeron en la policía bonaerense. Si bien es difícilmente discutible la conexión entre el testimonio que brindó López y la suerte que corrió posteriormente, a casi ocho años de ese suceso es muy poco lo que se avanzó en la causa judicial correspondiente. Julio López fue desaparecido por segunda vez, muy probablemente por los mismos sectores que se animó a denunciar con su valiente testimonio.
La indignación y la alarma que el caso de López despertaron en la sociedad son bien fundadas. Muchos sectores comenzaron a referirse a este caso como el de “la primera desaparición en democracia”, a lo que algunos agregan la salvedad de que se trata de la primera desaparición por motivos políticos.
Sin restarle nada a la gravedad del caso de la desaparición de Julio lópez, cabe aclarar que no solamente no es el primero ni lamentablemente el último caso de desapariciones forzadas en la democracia, sino que tampoco es el primer caso en el cual la desaparición de la víctima tiene que ver con motivos directamente políticos.
Más de doscientos casos de desapariciones forzadas se registran en Argentina desde 1983, según el archivo de datos que recopila pacientemente Correpi y que cuenta con el aporte de otras organizaciones antirrepresivas en el país.
Se trata de casos donde las víctimas han sido detenidas – la mayoría de las veces de manera ilegal – por fuerzas de seguridad y han sido vistas en poder de efectivos de esas fuerzas con vida por última vez . En muchos casos existen testigos de que las víctimas han sido torturadas y que han sido asesinadas en esas circunstancias. En todos los casos sus cadáveres han sido arrojados en descampados, zanjas, basurales o directamente ocultados. En muy pocos casos las actuaciones judiciales posteriores permitieron su recuperación.
Los desaparecidos de La Tablada:
El 23 de enero de 1989 un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria ingresó al cuartel de La Tablada. La represión tremenda y desproporcionada al copamiento dejó un saldo de 39 muertos, entre ellos varios soldados. Al quedar acorralados los militantes sobrevivientes se rindieron: varios fotógrafos captaron el momento en que eran capturados con vida. Sin embargo, cuatro de ellos permanecen desaparecidos; Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Díaz y José Ruiz.
Es inocultable el carácter “político” de estas desapariciones forzadas. No solamente porque se trataba de una represalia por haber intentado tomar el cuartel y porque sus asesinos son los mismos genocidas denunciados por otros casos durante la dictadura. También por la conducta que asumió el estado argentino ante estos casos, que quedaron sin respuesta por largos años cuando existen todas la herramientas legales y las posibilidades para averiguar cuàl fue el destino final de estos cuatro compañeros.
Invisibilizados:
Algunos de los casos de personas desaparecidas en democracia tuvieron cierta repercusión en la prensa, casi siempre gracias a la movilización, la lucha y la denuncia de los familiares y las organizaciones que los acompañaron. Así sucede por ejemplo con el caso de Miguel Bru (23), un estudiante de periodismo desaparecido que fue visto por última vez en la comisaria 9na. de La Plata en 1993, en el caso más reciente de Luciano Arruga (16), visto por última vez con vida en el destacamento de Lomas del Mirador (BS.As) en enero de 2009 y en el caso de Daniel Solano (25) detenido en Choele Choel, Río Negro en noviembre de 2011 y desaparecido desde entonces.
La mayoría de estos casos ha quedado en el anonimato y en la impunidad. A esa situación colabora de manera decisiva la justicia que recurrentemente descarta la posibilidad de estar ante casos en los que el ausente ha sido víctima de las fuerzas de seguridad. El mismo caso de Julio López fue investigado a través de una causa por “averiguación de paradero” abierta en la justicia provincial durante varios meses, hasta que los querellantes del caso Etcheecolatz y organismos de derechos humanos lograron que se abra una causa en la Justicia Federal por desaparición forzada.
El caso del misionero Mario Golemba (27) muestra la misma conducta: cuando desapareció en marzo de 2009, el gobierno de la provincia de Misiones iniciò su bùsqueda publicando su foto y ofreciendo recompensa por datos acerca de su paradero, mientras en la justicia se instruìa la causa por su ausencia. Todo quedò en el olvido cuando dos detenidos aseguraron haberlo visto con vida siendo ferozmente golpeado en la comisaría de Dos de Mayo, y que luego fue sacado del lugar sin que se sepa su destino posterior.
En el caso del joven Sergio Ávalos (18), golpeado por guardias de seguridad en un boliche de Neuquén en el año 2003 y de quien no se tuvieron más noticias, el juez interviniente se negó a cambiar la carátula de “averiguación de paradero”. Esto a pesar de los testimonios que indican que Sergio fue golpeado entre varios guardias, del hecho de que toda la guardia de seguridad estaba integrada por policías que cumplían adicionales y militares retirados que trabajan en coordinación con la policía local.
Emblemático es el caso de Iván Torres Millacura, detenido por la policía de Chubut en Comodoro Rivadavia en 2003. Su familia debió recurrir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr algún resultado: fue el primer caso en que esa Corte condenó al Estado argentino por desaparición forzada en democracia.
La CIDH le dio la razón a la familia en cuanto a que el Estado argentino es responsable por su desaparición y dispuso que inicie, dirija y concluya la investigación sobre lo sucedido al joven, que determine y sancione a todos los responsables. Ordenó que realice una búsqueda efectiva sobre su paradero y dispuso el pago de sumas indemnizatorias a la familia.
Seis testigos de su detención ilegal y que presenciaron sus torturas en manos de policías fueron asesinados en diferentes circunstancias, inclusive quienes se encontraban bajo el sistema de protección de testigos.
Ya en los años 90 la impunidad reinante había motivado la recurrencia ante la CIDH a los querellantes por la desaparición en Mendoza de Raúl Garrido (29) y Adolfo Baigorria (31). La CIDH emitió resolución concluyendo que Garrido y Baigorria fueron detenidos el 28 de abril de 1990 por una comisión policial, sometidos a torturas y muertos por sus captores, identificados como Miguel Muñoz, Lucio Sosa y Carlos Sosa. Los jueces Knoll (que fue destituido el año 2000 por su actuación en este caso) y Arguello habían mantenido la causa en secreto de sumario durante 6 años, mientras la policía provincial se dedicó a desviar la investigación suministrando información falsa.
Similar camino debieron recorrer los familiares de Pablo Guardatti (21), también en Mendoza. Guardatti fue visto con vida por última vez en mayo de 1992. La Comisión Interamericana debió emitir varias recomendaciones y una resolución en 1998 en la que indicaba que en la investigación existió autonomía arbitraria y discrecional de la Policía, total falta de dirección judicial al empezar la causa y errónea valoración jurídica de los jueces que sobreseyeron a los policías sospechados. El caso sigue impune.
Justicia y encubrimiento
En la determinación de las carátulas y en el curso de las investigaciones judiciales la Justicia ha demostrado sistemáticamente poco interés o hasta abierto encubrimiento en este tipo de casos. Un caso particular lo constituye el accionar del juez Amílcar Vara, que intervino en los casos de las desapariciones de Miguel Bru y de Andrés Núñez, también desaparecido en La Plata en 1990. En el caso Núñez el juez Vara liberó a todos los policías implicados en las torturas y la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado cinco años después de su asesinato, además de dejar transcurrir el tiempo con lo que varios acusados en el caso se beneficiaron con la prescripción. La actuación posterior de Vara en el caso Bru le valdría años después su enjuiciamiento y destitución.
La parálisis caracteriza a mucho de estos casos cuando empieza a quedar claras las responsabilidades políticas o policiales. O también la abierta desviación de las investigaciones, la recurrencia a chivos expiatorios, la dilación de las causas para provocar la prescripción, etc.
En el año 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró que los crímenes como la tortura no constituyen delitos de “lesa humanidad” considerando que ese delito no puede encontrarse en “hechos aislados” cometidos por un funcionario público sino que se configura cuando los delitos son parte de una “política desarrollada estatalmente contra la población civil”.
Esta definición de la inexistencia de una política desarrollada estatalmente contra la población civil se choca con la realidad: de los más de 4000 muertos en manos de agentes del estado desde 1983, más de un tercio fueron asesinados por torturas. En los casos de desaparición forzada de personas detenidas, las torturas y la muerte como consecuencia de ellas es un elemento omnipresente.
Además, tanto en casos de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas es frecuente que los familiares y amigos relaten que las vìctimas ya venìan siendo hostigadas por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
La negativa a tratar estos casos como “delitos de lesa humanidad” es una decisión política expresada en el terreno de lo jurídico que abre la puerta a la impunidad de estos crímenes de la mano de la prescripción.
Así sucedió por ejemplo en el caso del niño Alejandro Flores en Córdoba, que había sido atropellado por policías que lo dejaron morir y luego ocultaron su cuerpo. Fue encontrado 18 años más tarde. El juez declaró la prescripción del delito.
Perpetua para Menéndez
26 Agosto 2016
A donde vayan los iremos a buscar
Más de 15 mil personas coparon las inmediaciones de Tribunales federales el jueves 25 para escuchar la lectura de la sentencia del juicio sobre la llamada “Mega causa La Perla - Campo La Ribera”. Las condenas a perpetua para los militares represores son una enorme victoria de la lucha popular.
Desde las 10 de la mañana
diferentes grupos sociales y políticos llegan de todas partes,
familiares, organismos de DDHH, sindicatos de recolección de residuos,
lecheros, docentes, estatales, colegios secundarios, la comunidad
educativa de la UNC y la UPC, partidos y organizaciones de izquierda. Un
hecho histórico como este no es menor en un clima de olvido y
reconciliación intensamente promovido por el gobierno nacional. La
multitud se agolpa frente a un gran escenario montado afuera de
Tribunales, sobre calle Concepción de Arenal, con una pantalla gigante
donde se transmite en vivo lo que sucede dentro del recinto.
El proceso judicial más grande de la historia de Córdoba finalizó con
28 sentencias a cadena perpetua. Por un lado, Menéndez recibió su
sentencia número 14, de las cuales 12 de ellas son a perpetua. También
recibieron la misma pena Héctor Pedro Vergez y Ernesto "Nabo" Barreiro,
este último por primera vez condenado. La lista se extiende a 25 nombres
más que se pudrirán en la cárcel: Jorge González Navarro, Herminio
Jesús Antón, Calixto Flores, Héctor Romero, Arnoldo López, Ricardo
Lardone, Carlos Díaz, Miguel Ángel Gómez, José Herrera y Eduardo Grandi,
Ernesto Padován, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo
Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Alberto Luis Choux, Alberto
Lucero, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Juan Molina, Carlos Yanicelli
(exjefe de la D2 de la Policía provincial) y Mirtan Anton, la primera
mujer juzgada por la represión ilegal en Córdoba.
El resto de los acusados recibieron condenas de diferente grado, salvo
Antonio Filliz, Ángel Corvalán, José Idelfonso Vélez, Francisco Melfi y
Juan Carlos Cerutti que fueron absueltos. Para algunos de los detenidos
se ordenó la libertad porque ya cumplieron parte de sentencia.
Al
finalizar el juicio, el ex agente civil de Inteligencia Arnoldo López
levantó su brazo e insultó a los familiares presentes en la sala, se
respondió con cantos y gritos contra el represor “¡ASESINO!".
El
Terrorismo de Estado en Córdoba nació en el gobierno de Perón y María
Estela Martínez de Perón. El Navarrazo de febrero de 1974, donde un jefe
policial echó de la casa de gobierno al gobernador Obregón Cano y a su
Vice Atilio López fue una de las fechas de su inicio. El interventor
Lacabanne utilizó las fuerzas policiales para poner bombas en sindicatos
combativos y en locales partidarios de izquierda; en secuestrar
torturar y asesinar miembros de Comisiones Internas, Cuerpos de
delegados y Consejos Directivos de los gremios que habían organizado el
Cordobazo y el Vivorazo. A partir del 21 de Marzo de 1975 y ya con las
fuerzas armadas que actuaban como Comando Libertadores de América
empezaron las desapariciones. Las primeras en Córdoba fueron dos
compañeras que militaban en el PRT: María de las Mercedes Gómez de
Orzaocoa y Graciela Maorenzik. Querían aniquilar la lucha del movimiento
obrero y de la izquierda.
El Juicio
de La Perla, iniciado en diciembre de 2013, nos hizo revivir toda esa
noche de muerte que fue el Terrorismo de Estado. Este juicio se logró
por la decisión inquebrantable de nuestro pueblo de romper con la
impunidad y de la decisión militante de los organismos de Derechos
Humanos y de la izquierda. Y también de los aportes de 581 testigos
declarantes que revivieron el horror.
Nuestro compañero Carlos Vasco Orzaocoa fue uno de ellos y al respecto nos decía en una entrevista reciente:
“aquí quiero puntualizar, el Estado absolutamente en nada contribuyó a
dar prueba; no tuvimos archivos, no tuvimos ninguna clase de
constataciones estatales, al día de hoy sobre mi compañera que fue
llevada a la D2, a la central de policía, el 21 de marzo de 1975, no
hemos podido lograr aun la lista de personal que actuaba en la central
de policía, ni en la d2 el 21 de marzo, ni el 22, ni el 23, ni el 24 de
marzo, han sido testigos y sobrevivientes los que nos han dado la
certeza de que Mercedes y Norma estuvieron allí"
En
amplios sectores del pueblo Cordobés esta sentencia y condena a
represores fue tomada con júbilo entendiendo que la justicia llego,
nosotros entendemos que es un paso más en esta larga pelea que iniciaron
hace tiempo los organismos de DDHH y la izquierda y nos sumamos a este
sentir, pero la gran cantidad de acusados y condenas de la mega causa
demuestran la magnitud de la represión en Córdoba, junto a las fuerzas
represivas, fueron cómplices necesarios sectores civiles, políticos,
eclesiásticos, empresariales, la lucha debe continuar hasta lograr el
juicio y castigo a todos los responsable, es nuestra tarea continuar
luchando y organizándonos para lograrlo, para demostrar a todo el pueblo
de los que son capaces estos sectores para mantener sus privilegios.
Porque
no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, hoy más que nunca
30.000 compañeras y compañeros desaparecidxs presentes, AHORA Y SIEMPRE.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La lucha en El Tabacal: un puñal en el corazón de la burguesía
25/08/2016
Por PRT
Más
de 75 días lleva la confrontación política entre los trabajadores
azucareros y El Tabacal (la empresa de origen norteamericana, Seaboard
Coorporation, radicada en Salta) porque la misma intenta imponer el
llamado turno relevante (que no es otra cosa que un 4º turno). Los trabajadores rechazan unánimemente este atropello y en el día de ayer, así quedó expresado nuevamente.
En un conflicto de tan larga data, ayuda
acercarse a los antecedentes más recientes. El 19 de Agosto pasado, los
obreros realizaron una masiva marcha por las calles del centro de la
ciudad de Orán, denunciando un lock out patronal. Las muestras de
simpatía fueron más que elocuentes y el respaldo popular a esta lucha se
vio expresado en el acompañamiento de otros trabajadores, comerciantes y
estudiantes que saludaron y alentaron al paso de la masiva columna.
Músicos populares también se sumaron y acompañaron con sus acordes.
Un momento emotivo se dio cuando la
columna obrera paso por la Plaza San Martín donde se realizaba la 7°
Muestra de Estatuas Vivientes, un multitudinario encuentro de
estudiantes secundarios. Los aplausos y los abrazos coronaron ese gesto
de unidad.
Las políticas de los monopolios y sus
gobiernos de turno, encontraban a los trabajadores en unidad con la
población, lo que se resumía en la consigna del cartel central de la
marcha: “Con el triunfo de los obreros del Tabacal ganamos todos”.
El 23 de Agosto, la empresa vuelve a
reducir las tareas de los trabajadores del campo. Con esto busca
dividir, provocando con medidas que discriminan dando trabajo a unos y a
otros no… Pero el tiro les sale por la culata. Frente a la falta de
respuestas, los trabajadores del azúcar cortan la Ruta 50 en el ingreso a
Orán, con la modalidad de una hora y veinte minutos de paso.
Ese mismo 23 de Agosto, la empresa sigue
echando leña al fuego con un nuevo comunicado en el que sólo amenaza y
no propone ninguna solución. Allí reitera la disminución de tareas de
los trabajadores y hasta reconoce que con la implementación del Cuarto
Turno el trabajador perderá un 11,5% de su salario. Y azuza con “la posibilidad de la pérdida de la zafra 2016 y a la reducción de la zafra 2017”.
El objetivo era condicionar a los
trabajadores. Con un largo comunicado, en donde se hace un recorrido
desde el 2008 a la fecha de las luchas y reclamos de los obreros, se los
acusa de “poner palos en la rueda” y los responsabiliza de la actual
situación. El fondo, demuestra su intención de implementar el cuarto
turno a cambio de una compensación que solo será por unos años,
perjudicando a futuro el salario azucarero.
Pero
sus objetivos nuevamente no prosperan. En el día de ayer, 24 de agosto,
el corte de ruta pasa a ser definitivo en la Ruta 50, tanto en Oran,
Planchada y Pichanal. La ausencia de Rossi y Amura (empresarios del
Tabacal) a una reunión convocada (Tabacal mandó a sus abogados con unos
escritos “listos para firmar”, sin ningún margen de negociación) donde
se pretendía que los trabajadores terminasen con el conflicto y acaten “la conciliación obligatoria para discutir las condiciones de trabajo y la compensación por la implementación del cuarto turno”… Esto disparó el malestar en los azucareros, que se dispusieron a cortar definitivamente.
Así las cosas, la respuesta de
empresa/gobierno no se hizo esperar. Cuando el engaño y la extorsión no
surgen su efecto de amedrentamiento, aparecen los palos. En el día de
ayer, alrededor de las 15 hs., la policía y la gendarmería reprimen
brutalmente a los trabajadores y sus familias. En concreto, mientras
representantes de la empresa decían a los medios que “estaban buscado una solución”… quedaba claro de qué “solución” estaban hablando.
Los trabajadores denuncian un acto criminal:
la represión no fue sobre Ruta 50, sino en caminos internos y con
violencia extrema. Se produjo sobre los caminos de la zona agrícola,
conocida como Colonia A. Por supuesto que Gendarmería y policía actuaron
sin ninguna orden judicial: la orden directa fue de su patrón: El
Tabacal. No se trató de “despejar” la ruta, sino de tratar de darles un
escarmiento a los trabajadores. Un comando organizado por la Empresa,
con fuerzas represivas que se movilizaron 30 kilómetros por caminos
internos y coordinadas por la Seaboard Corporation.
Allí, tiraron sobre la humanidad directa de los obreros.
Los 27 heridos lo confirman. Hubo dos jóvenes que fueron heridos por
balas de plomo, 9 mm. Uno de ellos está siendo intervenido
quirúrgicamente en la rodilla y el otro presenta en el fémur un orificio
de entrada y salida. Decenas de trabajadores con tiros en el rostro y
otros tantos quemados, por el criminal uso de las armas represivas.
El Fiscal Federal, Jose L. Bruno
(presente luego de la represión) no pudo responder: ¿Porque gendarmería
actuó sobre territorio provincial y en caminos internos? ¿Quien dio la
orden? ¿Por que usaron municiones de plomo contra los obreros? “Vamos a investigar”, sólo atinó a decir.
El enfrentamiento fue muy duro. En el
momento de mayor auge, había más de 2.000 personas, entre obreros,
familiares y pobladores, que hicieron sentir su bronca y odio por el
atropello. El jefe de la policía, en comunicación con medios locales
aseguró que “cuando avanzaron, nos defendimos como pudimos… Nos sustrajeron chalecos, escudos y armas que disparan balas de goma”, finalizó.
Una
verdadera batalla de los trabajadores contra la gendarmería y la
policía, que tiraron de todo hasta agotar sus municiones. Ahí, los
obreros contraatacaron y recuperaron los cortes.
Luego de estos sucesos, en el día de
ayer alrededor de las 19:30, se retomaba la reunión entre las partes,
en el Ministerio de Trabajo, delegación Orán. Los obreros seguían
apostados en la histórica planchada del ingenio azucarero, esperando ver
si había avances o no. La situación de tensión y conflicto vividas
ayer, obligó a la institucionalidad burguesa (tan afin a los designios
del monopolio) a dar algún tipo de señal, declarándose el concejo
Deliberante en sesión de manera extraordinaria y permanente.
Luego de pasar toda la noche en vigilia, en horas de la mañana de hoy continúan los cortes en Oran, Planchada y Pichanal. La modalidad es de corte por una hora y paso por 15 minutos.
La moneda está en el aire. No importa
que los medios nacionales ignoren esta heroica lucha obrera. El espíritu
de los trabajadores está intacto, y no podrán quebrar su unidad y sus
reclamos, que retumban como un grito ensordecedor para toda la clase
obrera y el pueblo.
En todo el país 26 Agosto 2016
Balance del paro nacional docente
El miércoles 24 se realizó un paro nacional, convocado por distintas organizaciones gremiales, nucleadas en CTERA, con un altísimo acatamiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestro país.
Con el objetivo principal
de la reapertura de paritarias, las/os trabajadoras/es de la educación
pararon masivamente, exigiendo al gobierno nacional de Cambiemos reabrir
la discusión salarial frente a una inflación del 47% y un tarifazo que
golpea brutalmente el bolsillo del pueblo trabajador.
El
Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se encargó de
atacar a los/as trabajadores/as. Declaró que el paro "tenía motivaciones
políticas" y que "no hay motivos para el paro" frente a los distintos
medios de comunicación, con el claro objetivo de enfrentar a la docencia
con el conjunto de la comunidad educativa. Como es costumbre en la
cartera educativa, tanto el gobierno kirchnerista como actualmente el
gobierno de Mauricio Macri se dedican a descargar "las culpas" de los
males educativos sobre las y los trabajadores, buscando
responsabilizarlos del vaciamiento de la escuela pública que ellos
mismos generan con sus políticas educativas.
Por
su parte, luego de haber garantizado 8 meses de tregua y el normal
inicio de clases en marzo, la conducción celeste de la Confederación de
Trabajadores de la Educación (CTERA) junto a las otras entidades
nacionales se vio obligada por la bronca y el descontento que se viene
dando por abajo de convocar a esta medida de fuerza. Lamentablemente, la
CTERA se contentó en llamar a parar sin ningún tipo de actividad ni
movilización, en vez de transformar esta jornada en un canal de
organización y unidad de la docencia.
En CABA y provincia de Buenos Aires, paro y movilización
En
la ciudad de Buenos Aires, desde Ademys se le planteó a la conducción
de UTE la necesidad de confluir en el marco del paro. A pesar de los
esfuerzos realizados para lograr la unidad de acción en la calle, la UTE
se negó a dicha propuesta. De esta manera, quedaron dos convocatorias
diferentes. Por un lado, desde Ademys se logró una nutrida movilización
desde el Cabildo al Ministerio de Educación, donde se realizó un acto
con micrófono abierto en el que numerosos docentes pudieron expresar los
reclamos y plantear la necesidad de dar continuidad al plan de lucha.
Se hizo sobre todo énfasis en la asamblea del viernes 26 para decidir
cómo se participará de la jornada del 2 de Septiembre convocada por
CTERA.
La UTE por su parte, con una
línea claramente divisionista, convocó a una concentración en el mismo
lugar pero más temprano y haciéndola lo más breve posible, logrando así
evitar cualquier posibilidad de confluencia. Dicho acto contó con poca
concurrencia, haciéndose muy visible el pacto que la burocracia celeste
aún sostiene con el macrismo en la Ciudad.
En
provincia de Buenos de Aires el paro se expresó una vez más con fuerza y
el FGDB fiel a atar a la base a su unidad por arriba llamaron a parar
pero otra vez expresando tibieza. Teniendo en cuenta que asistimos a una
nueva jornada de lucha pero esta vez en el marco del primer PARO
NACIONAL al ajustador serial y representante de la oligarquía nacional
Mauricio Macri, la convocatoria no pasó de acciones descentralizadas en
los distritos donde sólo participan los mismos que conducen el sindicato
y que además pelean con más fuerza la vuelta de Cristina que nuestra
recomposición salarial.
Estamos
convencidos que se pueden construir mejores condiciones para visualizar
nuestra lucha empujando a organizar esa bronca presente en las escuelas
que no toca sólo lo salarial sino que se expresa en los miserables $12
que Vidal destina por alumno/a que asiste a los comedores de las
escuelas o las miles de escuelas en la provincia que esperan respuestas
en infraestructura. Es por eso que frente a la política moderada de la
conducción Celeste que da tregua para que avancen sobre nuestros
derechos, hay que acordar planes de denuncia desde la oposición
organizada en la Multicolor y en los plenarios de seccionales opositoras
como instancias democráticas entre las corrientes y el activismo. Ayer
se hicieron presentes junto a Ademys en la movilización a Palacio
Pizurno rompiendo la quietud de la burocracia. Y en un nuevo plenario se
votó 48hs de paro para el 1 y 2 de septiembre.
Al
cierre de esta nota el SUTEBA decidió ponerle fecha al paro para este
próximo en el marco de la Marcha Federal convocada por CTA. Se olvidaron
parece que el mandato de las asambleas del Suteba a nivel provincial
fue 48 horas de paro sin fecha a acordar con el FGDB. Maniobras más que
conocidas por el conjunto de la docencia que sólo podremos tirar abajo
con la organización en cada escuela y coordinaciones pegadas a la base
para frenar el avance en Educación.
En Mendoza, bajo acatamiento y desorientación Celeste
En
Mendoza, en cambio, el acatamiento fue bajo. Los plenarios del SUTE,
previos a las vacaciones de invierno, no habían podido sacar un paro
para después del regreso, por la negativa o pasividad de amplios
sectores de la base. Esto tiene varias causas, pero podemos sintetizar
en que la docencia procesa por abajo una crisis importante respecto a la
relación con el sindicato debido a la deslegitimación de la Celeste y
el revés que implicó el aumento miserable y la imposición del ítem aula.
Frente a este paro, la Celeste no convocó claramente y puso el horario
de movilización a la tarde, fuera del horario de clases, indicando su
propio escepticismo.
URUGUAY
Si hay AJUSTE hay LUCHA!!!
29
Ago
COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC!!!
PIT-CNT a la guerra por nuevo paro general
29
Ago
La cúpula de la central sindical busca impedirlo, a la vez que grupos más radicales piensan en alianzas para llevarlo adelante
Cada tanto sucede. Cada tanto, la central sindical se parte en dos ante la decisión de algún tema áspero. Y que el tema sea un paro contra el gobierno es uno de los trancazos más frecuentes. Desde que la izquierda llegó al poder en 2005, resolver un paro es duro. Es parar contra los antiguos compañeros, contra los que pocos años atrás trabajaban juntos y compartían luchas e ideas. No hubo choques cuando los paros fueron “contra la oligarquía”, o contra decisiones del empresariado. Pero cuando es una patada al pecho del gobierno delFrente Amplio la cosa no es tan sencilla.
El enfrentamiento que atraviesa hoy la interna del PIT-CNT, con un paro general como eje, no tiene misterio. La cúpula, quien es encargada de bajar a la Mesa Representativa las propuestas de movilizaciones, está convencida de que encarar en este momento un nuevo paro general de 24 horas contra el gobierno es una locura. Sin embargo, tiene enfrente a un grupo de sindicatos decididos a llevar adelante su idea, para lo que ya piensan en aliarse y conseguir los votos (ver entrevista en página 3).
La última sesión de la mesa, en la que se resolvió el paro parcial para el 15 de setiembre fue una de las más duras de los últimos tiempos. Una votación de un paro por 21 votos a 20 no es lo más habitual y es muy criticada por quienes se oponen a hacerlo, porque no es lo mismo parar con toda la fuerza sindical convencida, que convocar a una movilización con la que no se está de acuerdo. Deben hacerlo, deben convocar y trabajar para que salga lo mejor posible, porque así lo dice su estatuto. Pero está claro que el que no quiere no convoca igual que el que está convencido.
¿Y por qué tanto lío por un paro? Porque los sectores más cercanos al gobierno de izquierda (Articulación y el Partido Comunista), que además tienen mayoría en el Secretariado del PIT-CNT (ver página 3), consideran que los avances logrados con el presidente Tabaré Vázquez, como la flexibilización de la pauta salarial o la baja en el recorte previsto para la enseñanza en la Rendición de Cuentas son logros suficientes como para aflojar en el enfrentamiento. Al menos hasta que la negociación en los Consejos de Salarios se ponga complicada. Ahí si. Ahí no hay dudas sobre parar. Pero otra vez contra el gobierno luego de haber conseguido parte de lo que reclamaban no lo aceptan. ¿Con qué argumentos irían a una nueva reunión con Vázquez con otros reclamos si la respuesta es un nuevo paro contra él?
Además están seguros de que la gente no lo va a entender. “Parar por parar no sirve”, dijo días atrás el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira a El Observador.
Pero esa correlación de fuerzas que muestra el organigrama del Secretariado, con 18 miembros de los cuales cinco son de Articulación, cinco del Partido Comunista, cuatro de la lista 41 (estatales, municipales y ferroviarios), dos socialistas y dos de la agrupación 5 de marzo, no siempre se traslada a la decisión de la Mesa Representativa. Un claro ejemplo fue la última. Algunos sindicatos de la educación, por ejemplo, votaron en contra de lo que su representante había expresado. Y así sucede en varios casos.
Del otro lado la cosa se ve distinta. Quienes quieren mostrarle los dientes gobierno creen que lo conseguido es insuficiente, no confían en los gestos del presidente Vázquez y consideran que aún hay muchos sectores que con la flexibilización de las pautas continuarán perjudicados. Pero además no tienen ninguna afinidad con la administración Vázquez y quedar en buenos o malos términos no es algo que les preocupe.
Ahora la cosa estará en la próxima reunión de la Mesa Representativa. En los días previos todos están jugando su partido. “Vamos a trabajar intensamente para que no se haga un paro de 24 horas. No se puede cometer un error tan grande desde el punto de vista estratégico”, dijo Pereira a El Observador.
Y desde el otro lado de la mesa, Joselo López contesta. “Si ellos creen que (hacer un paro general de 24 horas) es un disparate tienen todo el derecho de decirlo pero capaz la forma no es la mejor. A mí lo que me parece que no corresponde es que salgan a cuestionar la medida que ya se tomó y que digan que la movilización no va a tener la misma fuerza porque las corrientes mayoritarias no la apoyan”. Así están las cosas hoy, y la cuerda tensa como hace tiempo no ocurría.
ENLÍNEA CON JOSÉ LORENZO LÓPEZ, DIRIGENTE DEL PIT-CNT
Fue una discusión dura. Los compañeros que representan a las corrientes mayoritarias entendían que ese no era el mejor camino. Nosotros planteamos que en realidad no hubo ningún tipo de coordinación y que había dos elementos fundamentales para eso. Por un lado, que algunos sindicatos no se habían hecho presentes en la mesa y por otra parte que algunos sindicatos de esas corrientes votaron la posición contraria que salió por mayoría.
¿Tenía expectativa de que iba a pasar eso y se terminaría aprobando el paro parcial?
No. Yo creía que las corrientes mayoritarias iban a ganar la votación. Uno conoce más o menos la interna y pensábamos que teníamos la posibilidad de llegar arriba de los 20 votos, pero no pensamos que se iba a dar como se dio.
¿La resolución hubiera sido otra si los gremios que faltaron hubieran concurrido a la mesa?
Eso nunca se sabe porque no sé que votaría cada uno de los sindicatos, pero había probabilidad de que la decisión fuera diferente.
¿Entonces fue una sorpresa?
En realidad la situación era muy difícil para muchos sindicatos, por eso no comparto las expresiones públicas del presidente y secretario general en estos últimos días. Por ejemplo, para los sindicatos de la actividad privada se modificó la pauta salarial y se va a aplicar la del 2015, pero esa pauta llevó a que 13 grupos tuvieran pérdida de salario real. Era medio difícil que los sindicatos acompañaran esa posición. En la actividad pública era más previsible que pudiera pasar por los recortes en el gasto social, en las vacantes, en los gastos de funcionamiento, con el abatimiento del rubro cero en materia de presupuesto no ejecutado y en que la negociación colectiva no está funcionando como creemos que debe funcionar. Todo eso llevó a que se diera la situación que se dio en esa Mesa Representativa y saliera ese resultado.
Los principales dirigentes del PIT-CNT dijeron que la propuesta de realizar un nuevo paro general (luego del ya aprobado) es un “disparate”. ¿Qué piensa de eso?
Manifestarse en contra de la medida que salió votada en la mesa de alguna manera atenta contra la unidad del movimiento sindical. Cuando hay una resolución del Secretariado Ejecutivo o de la Mesa Representativa que uno no comparte uno puede dar su opinión mientras esa resolución no esté definida como una medida sindical. Ahora, cuando se define una medida se tiene que respetar o sino pedir la reconsideración porque el estatuto así lo establece y no es bueno desde el movimiento sindical que se esté cuestionando la medida del organismo máximo de conducción del PIT-CNT.
¿Porque lo desprestigia?
Claramente. Algunos de los compañeros, dirigentes máximos, a los que respetamos y entendemos que son buenos dirigentes, se vieron violentados o desautorizados con la decisión de la mesa y creo que no es así. A todos nos ha pasado en algún momento en nuestro sindicato de llevar una moción pero que el órgano máximo de conducción tome otra decisión y no por eso nos tenemos que sentir derrotados o desprestigiados. Creo que de alguna manera desprestigia más que el presidente o el secretario general salgan a hacer manifestaciones en contra. Eso es más complicado y no lo compartimos.
Pero ese paro general todavía no se aprobó.
Es una opinión y hay que respetárselas. La moción dice que, en caso de que no se avance en los consejos de salarios y Rendición de Cuentas, se ponga a consideración un paro general de 24 horas. Si ellos creen que es un disparate tienen todo el derecho de decirlo pero capaz la forma no es la mejor. A mí lo que me parece que no corresponde es que salgan a cuestionar la medida que ya se tomó y que digan que la movilización no va a tener la misma fuerza porque las corrientes mayoritarias no la apoyan.
¿Y que evitarán que el paro general se concrete?
Eso está dentro de las reglas del juego porque en definitiva no se ha votado esa medida, se bajó a discusión. Entonces, cada cual puede hacer su juego.
¿Hay interés en buscar una alianza entre los gremios que piensan distinto a las corrientes mayoritarias?
Por ahora no está planteado. Me parece que fue una situación coyuntural pero siempre ha habido alianzas estratégicas dentro de corrientes o sindicatos en determinados momentos y eso se dio, no fue buscado. Pero no descarto que se pueda dar algún tipo de coordinación entre sindicatos o corrientes.
http://www.elobservador.com.uy /pit-cnt-la-guerra-nuevo-paro- general-n963918
hs Actualizado a las hs - LR21
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido la iniciativa pretende establecer “una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas en forma ilegal durante la dictadura”.
Tal declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la “memoria colectiva” y efectivizar la “reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
En tal sentido, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, expresó que “el día del detenido desaparecido es una ocasión donde homenajear a compañeros y compañeras que sufrieron un destino tan cruel por luchar por el bien de todos”.
Aguirre dijo -según se informó el Portal del PIT-CNT- que “el día contribuye a reivindicar la imperiosa necesidad de justicia y castigo a los culpables de los aberrantes crímenes de lesa humanidad que siguen impunes”.
“Nada es historia. Es presente si los torturadores y secuestradores siguen libres o gozando de privilegios. Los familiares, los compañeros y compañeras y la sociedad, merecen saber qué paso y dónde están. El Estado debe asumir el rol activo que le corresponde. Los tiempos biológicos de las víctimas y victimarios no admiten más dilaciones”, expresó la dirigente sindical.
Sentenció que la “verdad, la justicia y el castigo a los culpables son indispensables para que el nunca más sea una realidad”.
Asimismo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos procederá a la lectura de una proclama.
El evento se cerrará con la proyección del documental: “Todos somos hijos”, dirigido por Esteban Barja y Carlos Conti.
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República ha asegurado que las personas detenidas desaparecidas dentro del período comprendido entre los años 1968-1985, es de 192 ciudadanos.
En marzo de 2006, en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados los restos de Ubagesner Chaves Sosa. Con posterioridad, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República encontró los restos de Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
26 agosto, 2016 Caras y Caretas
Cada tanto sucede. Cada tanto, la central sindical se parte en dos ante la decisión de algún tema áspero. Y que el tema sea un paro contra el gobierno es uno de los trancazos más frecuentes. Desde que la izquierda llegó al poder en 2005, resolver un paro es duro. Es parar contra los antiguos compañeros, contra los que pocos años atrás trabajaban juntos y compartían luchas e ideas. No hubo choques cuando los paros fueron “contra la oligarquía”, o contra decisiones del empresariado. Pero cuando es una patada al pecho del gobierno delFrente Amplio la cosa no es tan sencilla.
El enfrentamiento que atraviesa hoy la interna del PIT-CNT, con un paro general como eje, no tiene misterio. La cúpula, quien es encargada de bajar a la Mesa Representativa las propuestas de movilizaciones, está convencida de que encarar en este momento un nuevo paro general de 24 horas contra el gobierno es una locura. Sin embargo, tiene enfrente a un grupo de sindicatos decididos a llevar adelante su idea, para lo que ya piensan en aliarse y conseguir los votos (ver entrevista en página 3).
La última sesión de la mesa, en la que se resolvió el paro parcial para el 15 de setiembre fue una de las más duras de los últimos tiempos. Una votación de un paro por 21 votos a 20 no es lo más habitual y es muy criticada por quienes se oponen a hacerlo, porque no es lo mismo parar con toda la fuerza sindical convencida, que convocar a una movilización con la que no se está de acuerdo. Deben hacerlo, deben convocar y trabajar para que salga lo mejor posible, porque así lo dice su estatuto. Pero está claro que el que no quiere no convoca igual que el que está convencido.
¿Y por qué tanto lío por un paro? Porque los sectores más cercanos al gobierno de izquierda (Articulación y el Partido Comunista), que además tienen mayoría en el Secretariado del PIT-CNT (ver página 3), consideran que los avances logrados con el presidente Tabaré Vázquez, como la flexibilización de la pauta salarial o la baja en el recorte previsto para la enseñanza en la Rendición de Cuentas son logros suficientes como para aflojar en el enfrentamiento. Al menos hasta que la negociación en los Consejos de Salarios se ponga complicada. Ahí si. Ahí no hay dudas sobre parar. Pero otra vez contra el gobierno luego de haber conseguido parte de lo que reclamaban no lo aceptan. ¿Con qué argumentos irían a una nueva reunión con Vázquez con otros reclamos si la respuesta es un nuevo paro contra él?
Además están seguros de que la gente no lo va a entender. “Parar por parar no sirve”, dijo días atrás el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira a El Observador.
Pero esa correlación de fuerzas que muestra el organigrama del Secretariado, con 18 miembros de los cuales cinco son de Articulación, cinco del Partido Comunista, cuatro de la lista 41 (estatales, municipales y ferroviarios), dos socialistas y dos de la agrupación 5 de marzo, no siempre se traslada a la decisión de la Mesa Representativa. Un claro ejemplo fue la última. Algunos sindicatos de la educación, por ejemplo, votaron en contra de lo que su representante había expresado. Y así sucede en varios casos.
Del otro lado la cosa se ve distinta. Quienes quieren mostrarle los dientes gobierno creen que lo conseguido es insuficiente, no confían en los gestos del presidente Vázquez y consideran que aún hay muchos sectores que con la flexibilización de las pautas continuarán perjudicados. Pero además no tienen ninguna afinidad con la administración Vázquez y quedar en buenos o malos términos no es algo que les preocupe.
Ahora la cosa estará en la próxima reunión de la Mesa Representativa. En los días previos todos están jugando su partido. “Vamos a trabajar intensamente para que no se haga un paro de 24 horas. No se puede cometer un error tan grande desde el punto de vista estratégico”, dijo Pereira a El Observador.
Y desde el otro lado de la mesa, Joselo López contesta. “Si ellos creen que (hacer un paro general de 24 horas) es un disparate tienen todo el derecho de decirlo pero capaz la forma no es la mejor. A mí lo que me parece que no corresponde es que salgan a cuestionar la medida que ya se tomó y que digan que la movilización no va a tener la misma fuerza porque las corrientes mayoritarias no la apoyan”. Así están las cosas hoy, y la cuerda tensa como hace tiempo no ocurría.
Un paro a Vázquez y una negativa
“Decir que la administración Vázquez es la mejor en cien años de historia no atenta contra la independencia de clase. Es leer correctamente la realidad”. Así empezaba la declaración de apoyo al gobierno del grupo Articulación en 2008, cuando se pronunció en contra de un paro resuelto por la mayoría de la central e hizo llegar su declaración al Poder Ejecutivo. Lo que sucede hoy es diferente porque las posturas están divididas en forma más pareja y en aquél momento sólo este grupo se aisló del resto. Sin embargo, ya entonces Articulación advertía que era necesario revisar la forma en la que se votaban los paros y el igual peso de sindicatos chicos y grandes en la decisión. “Algunos de los que levantaron la mano porque ‘este gobierno no está vacunado contra los paros de 24 horas’ no terminaron de entender que ser radicales no lo determina un discurso sino la acción de generar los cambios profundos que necesita el país”, indicaba la resolución.ENLÍNEA CON JOSÉ LORENZO LÓPEZ, DIRIGENTE DEL PIT-CNT
“Manifestarse en contra atenta contra la unidad del PIT-CNT”
¿Cómo fue el clima de negociación en la última Mesa Representativa?Fue una discusión dura. Los compañeros que representan a las corrientes mayoritarias entendían que ese no era el mejor camino. Nosotros planteamos que en realidad no hubo ningún tipo de coordinación y que había dos elementos fundamentales para eso. Por un lado, que algunos sindicatos no se habían hecho presentes en la mesa y por otra parte que algunos sindicatos de esas corrientes votaron la posición contraria que salió por mayoría.
¿Tenía expectativa de que iba a pasar eso y se terminaría aprobando el paro parcial?
No. Yo creía que las corrientes mayoritarias iban a ganar la votación. Uno conoce más o menos la interna y pensábamos que teníamos la posibilidad de llegar arriba de los 20 votos, pero no pensamos que se iba a dar como se dio.
¿La resolución hubiera sido otra si los gremios que faltaron hubieran concurrido a la mesa?
Eso nunca se sabe porque no sé que votaría cada uno de los sindicatos, pero había probabilidad de que la decisión fuera diferente.
¿Entonces fue una sorpresa?
En realidad la situación era muy difícil para muchos sindicatos, por eso no comparto las expresiones públicas del presidente y secretario general en estos últimos días. Por ejemplo, para los sindicatos de la actividad privada se modificó la pauta salarial y se va a aplicar la del 2015, pero esa pauta llevó a que 13 grupos tuvieran pérdida de salario real. Era medio difícil que los sindicatos acompañaran esa posición. En la actividad pública era más previsible que pudiera pasar por los recortes en el gasto social, en las vacantes, en los gastos de funcionamiento, con el abatimiento del rubro cero en materia de presupuesto no ejecutado y en que la negociación colectiva no está funcionando como creemos que debe funcionar. Todo eso llevó a que se diera la situación que se dio en esa Mesa Representativa y saliera ese resultado.
Los principales dirigentes del PIT-CNT dijeron que la propuesta de realizar un nuevo paro general (luego del ya aprobado) es un “disparate”. ¿Qué piensa de eso?
Manifestarse en contra de la medida que salió votada en la mesa de alguna manera atenta contra la unidad del movimiento sindical. Cuando hay una resolución del Secretariado Ejecutivo o de la Mesa Representativa que uno no comparte uno puede dar su opinión mientras esa resolución no esté definida como una medida sindical. Ahora, cuando se define una medida se tiene que respetar o sino pedir la reconsideración porque el estatuto así lo establece y no es bueno desde el movimiento sindical que se esté cuestionando la medida del organismo máximo de conducción del PIT-CNT.
¿Porque lo desprestigia?
Claramente. Algunos de los compañeros, dirigentes máximos, a los que respetamos y entendemos que son buenos dirigentes, se vieron violentados o desautorizados con la decisión de la mesa y creo que no es así. A todos nos ha pasado en algún momento en nuestro sindicato de llevar una moción pero que el órgano máximo de conducción tome otra decisión y no por eso nos tenemos que sentir derrotados o desprestigiados. Creo que de alguna manera desprestigia más que el presidente o el secretario general salgan a hacer manifestaciones en contra. Eso es más complicado y no lo compartimos.
Pero ese paro general todavía no se aprobó.
Es una opinión y hay que respetárselas. La moción dice que, en caso de que no se avance en los consejos de salarios y Rendición de Cuentas, se ponga a consideración un paro general de 24 horas. Si ellos creen que es un disparate tienen todo el derecho de decirlo pero capaz la forma no es la mejor. A mí lo que me parece que no corresponde es que salgan a cuestionar la medida que ya se tomó y que digan que la movilización no va a tener la misma fuerza porque las corrientes mayoritarias no la apoyan.
¿Y que evitarán que el paro general se concrete?
Eso está dentro de las reglas del juego porque en definitiva no se ha votado esa medida, se bajó a discusión. Entonces, cada cual puede hacer su juego.
¿Hay interés en buscar una alianza entre los gremios que piensan distinto a las corrientes mayoritarias?
Por ahora no está planteado. Me parece que fue una situación coyuntural pero siempre ha habido alianzas estratégicas dentro de corrientes o sindicatos en determinados momentos y eso se dio, no fue buscado. Pero no descarto que se pueda dar algún tipo de coordinación entre sindicatos o corrientes.
http://www.elobservador.com.uy
El 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En Uruguay se conmemora con una charla del historiador Gerardo Caetano
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En Uruguay se conmemora la fecha con una charla del historiador Gerardo Caetano, en la sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional.
hs Actualizado a las hs - LR21
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido la iniciativa pretende establecer “una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas en forma ilegal durante la dictadura”.
Tal declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la “memoria colectiva” y efectivizar la “reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
En tal sentido, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, expresó que “el día del detenido desaparecido es una ocasión donde homenajear a compañeros y compañeras que sufrieron un destino tan cruel por luchar por el bien de todos”.
Aguirre dijo -según se informó el Portal del PIT-CNT- que “el día contribuye a reivindicar la imperiosa necesidad de justicia y castigo a los culpables de los aberrantes crímenes de lesa humanidad que siguen impunes”.
“Nada es historia. Es presente si los torturadores y secuestradores siguen libres o gozando de privilegios. Los familiares, los compañeros y compañeras y la sociedad, merecen saber qué paso y dónde están. El Estado debe asumir el rol activo que le corresponde. Los tiempos biológicos de las víctimas y victimarios no admiten más dilaciones”, expresó la dirigente sindical.
Sentenció que la “verdad, la justicia y el castigo a los culpables son indispensables para que el nunca más sea una realidad”.
Por el derecho a no ser desaparecido
En el marco del Día Internacional del Desaparecido, el próximo martes 30 a la hora 19, en la sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, se realizará un evento en el cual el historiador Gerardo Caetano disertará sobre: “El derecho de no ser desaparecido”.Asimismo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos procederá a la lectura de una proclama.
El evento se cerrará con la proyección del documental: “Todos somos hijos”, dirigido por Esteban Barja y Carlos Conti.
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República ha asegurado que las personas detenidas desaparecidas dentro del período comprendido entre los años 1968-1985, es de 192 ciudadanos.
En marzo de 2006, en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados los restos de Ubagesner Chaves Sosa. Con posterioridad, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República encontró los restos de Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
El Estado armado en Uruguay: El gasto militar en debate
Por Constanza Moreira.
26 agosto, 2016 Caras y Caretas
Recientemente, a propósito de la propuesta de reforma
del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, los uruguayos se han
visto sacudidos con una noticia: la Caja Militar tiene un déficit
cercano a los USD 400 millones anuales, y va en aumento.
En un contexto en que el gobierno busca abatir el déficit público por
un valor próximo a los USD 500 millones, y para lo que se propone
recortar algunos de los incrementos previstos en áreas tan sensibles
como educación, salud u obra pública, el “déficit de la Caja Militar”
sobresale notoriamente. La realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA)
han permanecido intocadas en sus privilegios jubilatorios en las últimas
cuatro décadas; la Ley Orgánica Militar que establece su régimen
jubilatorio data de 1974 y no ha recibido modificaciones sustanciales.
Cuatrocientos millones de dólares anuales es mucho dinero, pero para dimensionarlo, comparemos esta cifra con algunas otras. Para empezar, todo el déficit que se quiso abatir con el actual proyecto de Rendición de Cuentas -y por el que el gobierno asumió el costo político de ser acusado de hacer un “ajuste”-, significa USD 500 millones en total; apenas USD 100 millones más que el déficit de la Caja Militar. En segundo lugar, baste esta comparación: el déficit de todo el BPS fue, en 2015, de USD 300 millones para cubrir a 600 mil pasivos. El de la Caja Militar es de 400 millones, para cubrir apenas a 55 mil pasivos.
¿Beneficios o privilegios? Quién paga la Caja Militar
La Caja Militar es financiada por todos. Las contribuciones de las FFAA a su sistema de retiros y pensiones sólo logra solventar el 15%, el 85% restante lo solventan todos los uruguayos y uruguayas.
Los militares pueden jubilarse con el 100% de su último salario (y quienes cobran menos, no cobran menos del 80%), mientras que los jubilados “civiles” lo hacemos con el 45% del promedio de nuestros diez mejores años de trabajo. Los militares obtienen la causal jubilatoria con 20 años de servicio, los civiles no podemos jubilarnos con menos de 60 años de edad –salvo causales especiales- y necesitamos 30 años de servicio. En el BPS las jubilaciones promedio no superan los $20 mil, el tope actual es de $30mil, más lo que se pueda haber acumulado en las AFAPs.
En la Caja Militar, el promedio de edad jubilatoria es 49 años de edad y no existe tope. Hay jubilaciones superiores a los $120 mil. ¿Cuál es la justificación de esta desigual situación? ¿Que con 50 años se es demasiado viejo para estar en las FFAA? ¿Pero no lo es para ser policía, obrero de la construcción, estibador, metalúrgico, bombero, cirujano? En Uruguay, estar en las FFAA no es una profesión de riesgo; éstas no han tenido “bajas” salvo por los propios accidentes sufridos a su interior, o en el marco de conflictos extranacionales. No es el riesgo el que justifica jubilarse a edades tan tempranas, ni obtener beneficios especiales. ¿Qué es entonces?
Se ha llegado a decir que los sueldos en las FFAA son tan bajos que jubilarse temprano es un incentivo para ingresar a las fuerzas. El argumento es falaz y oculta otro argumento: que la tropa es pobre y que un porcentaje importante de ella está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la “tropa” no está entre las razones del déficit de la Caja Militar; las pasividades del personal subalterno sólo explican el 10% del déficit; el 90% restante se explica por las jubilaciones de la oficialidad.
La Ley Orgánica Militar de 1974 establece que el personal subalterno se puede jubilar con 15 años de servicio y 33 años de edad; los retiros obligatorios oscilan entre los 40 y los 50 años. Pero ya jubilados, pueden trabajar en otra cosa. Son prácticamente los únicos jubilados del país que pueden, al mismo tiempo, ser activos (existen otras categorías especiales excepcionales, que hemos votado por ley). Los Generales tienen causal de retiro obligatorio a los 60 años de edad, los coroneles a los 55, los capitanes a los 52, los mayores a los 48 y los alférez a los 44. El denominado “haber de retiro” es la asignación mensual del mes anterior, y se reajusta con todos los reajustes de los salarios de las FFAA (mientras que los civiles ajustamos por el Índice Medio de Salarios – IMS, y hubo que realizar un plebiscito para conseguirlo). Además, se le pueden incorporar los haberes de salarios docentes y, para quienes tienen servicio civil, se les computa el haber de retiro más un 50%.
El gobierno del Frente Amplio implementó un sistema de retiros y pensiones policiales que oficia de base para la reforma de la Caja Militar. Los policías se jubilan con 60 años de edad y 35 años de servicio. Hay incompatibilidad con otras jubilaciones. El sueldo básico es el 50% con la causal más 0,5% por cada año que excede el mínimo, y las actualizaciones se hacen por el IMS. El tope está en $30 mil. Esto debiera servir de ejemplo para el sistema de retiro de las FFAA
El gasto en personal explica el déficit en inversiones
El gasto en FFAA es muy alto en el país, y responde básicamente al número de efectivos per cápita. Medido cada 10.000 habitantes, Uruguay tiene 66 efectivos, Brasil 17, Argentina 18, Chile 33, México 22, y Colombia, con conflictos armados desde hace más de medio siglo, tiene 55. El presupuesto de las FFAA se duplicó desde 2008: pasó de USD 310 millones a USD 650 millones en 2015. Y si bien es cierto que el PBI del país también se duplicó y el salario real aumentó el 60% en la última década, los sueldos de los uruguayos y el ingreso de los hogares no se duplicaron.
Así, los militares se beneficiaron generosamente del crecimiento del PIB y no fueron sometidos a las restricciones a las que aluden hoy para anunciar el mal estado de sus inversiones. Lo cierto es que tal mal estado responde al exceso del gasto en funcionamiento y en personal. Si el presupuesto del Estado va todo en personal, difícilmente se pueda equilibrar con un gasto importante en inversiones. Y al mismo tiempo, la relación entre el presupuesto del Ejército y el resto de las fuerzas está fuertemente desequilibrado a favor del primero (15.400 efectivos) en relación a la Armada (4.670) y a la Fuerza Aérea (2.484). Es más, las FFAA ocupan el 7% del presupuesto nacional y cerca de 1% del PIB… sólo si las consideramos sin incorporar el gasto en jubilaciones y pensiones (suman 4% del presupuesto y medio punto más del PIB) y la educación militar (que se contabiliza separada). En suma: en Uruguay, las FFAA son carísimas, supenumerarias y desequilibradas.
Problemas de justicia previsional
# Tenemos unas FFAA con un sistema de retiros y pensiones privilegiado, heredado de la época de la dictadura, completamente diferenciado del resto de los estamentos de la sociedad. El hecho de que los militares se puedan jubilar con el 100% de su sueldo, con 20 años de actividad, sin edad mínima, sin tope jubilatorio, ajustando con cada aumento salarial de las Fuerzas, y habilitados para continuar en actividad, configura una situación de violación flagrante del principio de justicia previsional. Uruguay ha hecho un gran esfuerzo para equilibrar el déficit previsional del Estado, recortando beneficios a todos los pasivos. Para unas FFAA que se declaran obligadas a la “solidaridad, sacrificio y estoicismo” con el país, no parece un gran sacrificio recortar tan injusto sistema de privilegios.
Qué significa ser de izquierda en este debate Los gobiernos de izquierda serán recordados por la fuerza de sus ideas, y por la capacidad de llevarlas a cabo con políticas consistentes. Pero, en especial, serán recordados por la capacidad de “comprar conflictos” con los poderes “fácticos”. No basta hablar de socialismo, equidad y justicia, también hay que enfrentar a los poderes dominantes en una sociedad, refractarios a cualquier reforma. Las FFAA hoy están en el centro de esta discusión. ¿Seremos capaces de afrontar con dignidad esta reforma que nos interpela en nuestro propio sentido del ser de izquierda: el de la lucha contra todo privilegio?
Viernes 26 • Agosto • 2016
Corte seco
AFUSEC
Cuatrocientos millones de dólares anuales es mucho dinero, pero para dimensionarlo, comparemos esta cifra con algunas otras. Para empezar, todo el déficit que se quiso abatir con el actual proyecto de Rendición de Cuentas -y por el que el gobierno asumió el costo político de ser acusado de hacer un “ajuste”-, significa USD 500 millones en total; apenas USD 100 millones más que el déficit de la Caja Militar. En segundo lugar, baste esta comparación: el déficit de todo el BPS fue, en 2015, de USD 300 millones para cubrir a 600 mil pasivos. El de la Caja Militar es de 400 millones, para cubrir apenas a 55 mil pasivos.
¿Beneficios o privilegios? Quién paga la Caja Militar
La Caja Militar es financiada por todos. Las contribuciones de las FFAA a su sistema de retiros y pensiones sólo logra solventar el 15%, el 85% restante lo solventan todos los uruguayos y uruguayas.
Los militares pueden jubilarse con el 100% de su último salario (y quienes cobran menos, no cobran menos del 80%), mientras que los jubilados “civiles” lo hacemos con el 45% del promedio de nuestros diez mejores años de trabajo. Los militares obtienen la causal jubilatoria con 20 años de servicio, los civiles no podemos jubilarnos con menos de 60 años de edad –salvo causales especiales- y necesitamos 30 años de servicio. En el BPS las jubilaciones promedio no superan los $20 mil, el tope actual es de $30mil, más lo que se pueda haber acumulado en las AFAPs.
En la Caja Militar, el promedio de edad jubilatoria es 49 años de edad y no existe tope. Hay jubilaciones superiores a los $120 mil. ¿Cuál es la justificación de esta desigual situación? ¿Que con 50 años se es demasiado viejo para estar en las FFAA? ¿Pero no lo es para ser policía, obrero de la construcción, estibador, metalúrgico, bombero, cirujano? En Uruguay, estar en las FFAA no es una profesión de riesgo; éstas no han tenido “bajas” salvo por los propios accidentes sufridos a su interior, o en el marco de conflictos extranacionales. No es el riesgo el que justifica jubilarse a edades tan tempranas, ni obtener beneficios especiales. ¿Qué es entonces?
Se ha llegado a decir que los sueldos en las FFAA son tan bajos que jubilarse temprano es un incentivo para ingresar a las fuerzas. El argumento es falaz y oculta otro argumento: que la tropa es pobre y que un porcentaje importante de ella está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la “tropa” no está entre las razones del déficit de la Caja Militar; las pasividades del personal subalterno sólo explican el 10% del déficit; el 90% restante se explica por las jubilaciones de la oficialidad.
La Ley Orgánica Militar de 1974 establece que el personal subalterno se puede jubilar con 15 años de servicio y 33 años de edad; los retiros obligatorios oscilan entre los 40 y los 50 años. Pero ya jubilados, pueden trabajar en otra cosa. Son prácticamente los únicos jubilados del país que pueden, al mismo tiempo, ser activos (existen otras categorías especiales excepcionales, que hemos votado por ley). Los Generales tienen causal de retiro obligatorio a los 60 años de edad, los coroneles a los 55, los capitanes a los 52, los mayores a los 48 y los alférez a los 44. El denominado “haber de retiro” es la asignación mensual del mes anterior, y se reajusta con todos los reajustes de los salarios de las FFAA (mientras que los civiles ajustamos por el Índice Medio de Salarios – IMS, y hubo que realizar un plebiscito para conseguirlo). Además, se le pueden incorporar los haberes de salarios docentes y, para quienes tienen servicio civil, se les computa el haber de retiro más un 50%.
El gobierno del Frente Amplio implementó un sistema de retiros y pensiones policiales que oficia de base para la reforma de la Caja Militar. Los policías se jubilan con 60 años de edad y 35 años de servicio. Hay incompatibilidad con otras jubilaciones. El sueldo básico es el 50% con la causal más 0,5% por cada año que excede el mínimo, y las actualizaciones se hacen por el IMS. El tope está en $30 mil. Esto debiera servir de ejemplo para el sistema de retiro de las FFAA
El gasto en personal explica el déficit en inversiones
El gasto en FFAA es muy alto en el país, y responde básicamente al número de efectivos per cápita. Medido cada 10.000 habitantes, Uruguay tiene 66 efectivos, Brasil 17, Argentina 18, Chile 33, México 22, y Colombia, con conflictos armados desde hace más de medio siglo, tiene 55. El presupuesto de las FFAA se duplicó desde 2008: pasó de USD 310 millones a USD 650 millones en 2015. Y si bien es cierto que el PBI del país también se duplicó y el salario real aumentó el 60% en la última década, los sueldos de los uruguayos y el ingreso de los hogares no se duplicaron.
Así, los militares se beneficiaron generosamente del crecimiento del PIB y no fueron sometidos a las restricciones a las que aluden hoy para anunciar el mal estado de sus inversiones. Lo cierto es que tal mal estado responde al exceso del gasto en funcionamiento y en personal. Si el presupuesto del Estado va todo en personal, difícilmente se pueda equilibrar con un gasto importante en inversiones. Y al mismo tiempo, la relación entre el presupuesto del Ejército y el resto de las fuerzas está fuertemente desequilibrado a favor del primero (15.400 efectivos) en relación a la Armada (4.670) y a la Fuerza Aérea (2.484). Es más, las FFAA ocupan el 7% del presupuesto nacional y cerca de 1% del PIB… sólo si las consideramos sin incorporar el gasto en jubilaciones y pensiones (suman 4% del presupuesto y medio punto más del PIB) y la educación militar (que se contabiliza separada). En suma: en Uruguay, las FFAA son carísimas, supenumerarias y desequilibradas.
Problemas de justicia previsional
# Tenemos unas FFAA con un sistema de retiros y pensiones privilegiado, heredado de la época de la dictadura, completamente diferenciado del resto de los estamentos de la sociedad. El hecho de que los militares se puedan jubilar con el 100% de su sueldo, con 20 años de actividad, sin edad mínima, sin tope jubilatorio, ajustando con cada aumento salarial de las Fuerzas, y habilitados para continuar en actividad, configura una situación de violación flagrante del principio de justicia previsional. Uruguay ha hecho un gran esfuerzo para equilibrar el déficit previsional del Estado, recortando beneficios a todos los pasivos. Para unas FFAA que se declaran obligadas a la “solidaridad, sacrificio y estoicismo” con el país, no parece un gran sacrificio recortar tan injusto sistema de privilegios.
Qué significa ser de izquierda en este debate Los gobiernos de izquierda serán recordados por la fuerza de sus ideas, y por la capacidad de llevarlas a cabo con políticas consistentes. Pero, en especial, serán recordados por la capacidad de “comprar conflictos” con los poderes “fácticos”. No basta hablar de socialismo, equidad y justicia, también hay que enfrentar a los poderes dominantes en una sociedad, refractarios a cualquier reforma. Las FFAA hoy están en el centro de esta discusión. ¿Seremos capaces de afrontar con dignidad esta reforma que nos interpela en nuestro propio sentido del ser de izquierda: el de la lucha contra todo privilegio?
Funcionarios de OSE inician conflicto por violación de convenios por parte del directorio.
“Queremos que el directorio tenga conciencia de lo que está haciendo, incumpliendo la Ley de Negociación Colectiva”, manifestó el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci, a la diaria, consultado por las razones por las que el sindicato resolvió declararse en conflicto. Los trabajadores agremiados denuncian un “desconocimiento sistemático” de la negociación colectiva, así como la “violación” de convenios ya acordados.
En los últimos meses el sindicato mantuvo varias reuniones con
representantes de la empresa estatal en la Dirección Nacional de Trabajo
(Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para ajustar
detalles de la aplicación del nuevo Estatuto del Funcionario Público y
el presupuesto para 2017. Tras dialogar directamente con la Comisión de
Presupuesto 2017 sobre los recortes de gastos, inversiones e ingresos de
personal contemplados en el instructivo que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto hizo llegar a las empresas públicas para la elaboración de
sus presupuestos anuales, la FFOSE realizó sus planteos al respecto.
Uno de los reclamos del gremio tiene que ver con la reliquidación del Sistema de Remuneración Variable (SVR), parte del nuevo estatuto del funcionario público por medio del cual se compensa al trabajador de acuerdo al cumplimiento de ciertas metas. Según dijo el presidente de la FFOSE, hay un grupo de aproximadamente 200 trabajadores a los que se les “liquidó mal el SVR en diciembre de 2015”, y ahora no se contempla la corrección. Además, el sindicato propuso al directorio de la empresa que un “fondo que quedó de la época en que se pagaba el presentismo” fuera utilizado para cumplir con el reembolso a los funcionarios o, de lo contrario, volcarlo a capacitación.
Por otro lado, entienden que los recortes aprobados por el directorio “afectarán los servicios y la calidad del agua que brinda OSE” y denuncian que “el permanente aumento de las tercerizaciones en materia de personal que sustituyen el ingreso de personal genuino” llevan a una “desnaturalización del trabajo y sus regulaciones en materia de equidad salarial”.
Sin embargo, después de tres semanas desde la última reunión, el sindicato manifiesta que no ha recibido una respuesta oficial a los reclamos realizados y afirma que en la última sesión de julio el directorio de OSE aprobó el presupuesto de 2017 sin recoger lo planteado por los trabajadores y acordado en el ámbito bipartito, con intermediación de la Dinatra. “El presidente de OSE [Milton Machado] no avaló lo hecho por sus propios representantes, y nosotros estamos cansados de que se siga en esta dirección. Este año hemos tenido ocho reuniones en la Dinatra, y siempre que ha habido un acuerdo, el presidente termina no avalándolo”, sostuvo, por su parte, Rodolfo Pérez, integrante del secretariado de la FFOSE.
Finalmente, en el último Congreso Ordinario de FFOSE, celebrado en la localidad de Paso Severino, se resolvió declarar al gremio en conflicto, iniciar una “campaña a nivel masivo en contra de los recortes del Poder Ejecutivo” y denunciar el “reiterado desconocimiento” de la Ley de Negociación Colectiva, en asambleas departamentales por todo el país, que se llevaron a cabo entre la semana pasada y la actual.
Como cierre de esta campaña de movilización, el gremio convocó a una gran concentración en la explanada del edificio Cordón, en Carlos Roxlo y Constituyente, para el martes 30 a las 9.00, tras la cual la Mesa Representativa Nacional de Delegados analizará la coyuntura y resolverá sobre la continuación del conflicto. “Hay un profundo desconocimiento de la organización sindical. Lo que buscamos es que el directorio reconozca los espacios de negociación con el gremio y tenga la suficiente madurez como para respetarlos”, culminó Ricci.
Uno de los reclamos del gremio tiene que ver con la reliquidación del Sistema de Remuneración Variable (SVR), parte del nuevo estatuto del funcionario público por medio del cual se compensa al trabajador de acuerdo al cumplimiento de ciertas metas. Según dijo el presidente de la FFOSE, hay un grupo de aproximadamente 200 trabajadores a los que se les “liquidó mal el SVR en diciembre de 2015”, y ahora no se contempla la corrección. Además, el sindicato propuso al directorio de la empresa que un “fondo que quedó de la época en que se pagaba el presentismo” fuera utilizado para cumplir con el reembolso a los funcionarios o, de lo contrario, volcarlo a capacitación.
Por otro lado, entienden que los recortes aprobados por el directorio “afectarán los servicios y la calidad del agua que brinda OSE” y denuncian que “el permanente aumento de las tercerizaciones en materia de personal que sustituyen el ingreso de personal genuino” llevan a una “desnaturalización del trabajo y sus regulaciones en materia de equidad salarial”.
Sin embargo, después de tres semanas desde la última reunión, el sindicato manifiesta que no ha recibido una respuesta oficial a los reclamos realizados y afirma que en la última sesión de julio el directorio de OSE aprobó el presupuesto de 2017 sin recoger lo planteado por los trabajadores y acordado en el ámbito bipartito, con intermediación de la Dinatra. “El presidente de OSE [Milton Machado] no avaló lo hecho por sus propios representantes, y nosotros estamos cansados de que se siga en esta dirección. Este año hemos tenido ocho reuniones en la Dinatra, y siempre que ha habido un acuerdo, el presidente termina no avalándolo”, sostuvo, por su parte, Rodolfo Pérez, integrante del secretariado de la FFOSE.
Finalmente, en el último Congreso Ordinario de FFOSE, celebrado en la localidad de Paso Severino, se resolvió declarar al gremio en conflicto, iniciar una “campaña a nivel masivo en contra de los recortes del Poder Ejecutivo” y denunciar el “reiterado desconocimiento” de la Ley de Negociación Colectiva, en asambleas departamentales por todo el país, que se llevaron a cabo entre la semana pasada y la actual.
Como cierre de esta campaña de movilización, el gremio convocó a una gran concentración en la explanada del edificio Cordón, en Carlos Roxlo y Constituyente, para el martes 30 a las 9.00, tras la cual la Mesa Representativa Nacional de Delegados analizará la coyuntura y resolverá sobre la continuación del conflicto. “Hay un profundo desconocimiento de la organización sindical. Lo que buscamos es que el directorio reconozca los espacios de negociación con el gremio y tenga la suficiente madurez como para respetarlos”, culminó Ricci.
Bancarios del país en estado de alerta ante cierre parcial de sucursales del BROU
Fernando Gambera, integrante del Secretariado Ejecutivo del
PIT-CNT y Secretario General del Consejo Central de la Asociación de
Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), informó que los trabajadores del
sistema financiero se encuentran en estado de alerta por el anuncio de
cierres parciales y totales que se está llevando adelante en sucursales
del BROU en el interior del país. En el último encuentro del
Secretariado Ejecutivo de la central sindical Gambera realizó un informe
detallado de la situación que atraviesa el “Banco de todos los
uruguayos”. Para el sindicalista “resulta totalmente contradictorio que
se impulse una muy buena ley de inclusión financiera y se cierren
parcialmente los únicos locales del sistema financiero que existen en
muchas localidades del país”.
El dirigente subrayó que el sindicato bancario en su conjunto se encuentra en estado de alerta y que está llevando adelante cabildos abiertos en todo el país, donde participan vecinos y organizaciones sociales, para informar sobre la política de cierre de sucursales que vienen planteando las autoridades de la institución. Ante esta situación el último Consejo Central de AEBU, luego de escuchar el informe del Consejo de la Banca Oficial, resuelve apoyar y sumarse al plan de acción que están llevando adelante. “Entendemos que el BROU debe cumplir un rol distinto y que no pasa sólo por tener la mitad del mercado y mostrar buenos balances, cosas muy importantes. Es fundamental que lleve adelante un acercamiento social con la población de todo el país y eso se puede hacer si se está en localidades del interior donde el resto del sistema financiero no existe porque legítimamente tiene una definición de lucro. El BROU no tiene que renunciar al lucro, ya que el mismo sale de todos los uruguayos –que son los dueños- y luego este lucro se vuelca a políticas públicas o al Fondes”.
Gambera reconoció el papel social que cumple el BROU en general y agregó que si bien “hay agencias que no tienen un movimiento suficiente, por lo que se generan pérdidas, no podemos olvidarnos que en el resumen final de la institución hay ganancias. Lo más importante, además, es que esa agencia bancaria pública en muchos lugares es la única institución financiera que existe. Hoy se plantea que 14 sucursales, a las cuales se suman siete que ya están bajo este sistema, abrirán sus puertas tres veces por semana en un horario restringido. Lo que nada nos asegura que en el corto o mediano plazo se planteen nuevos recortes o posibles cierres”.
Para el dirigente de la central obrera y de AEBU la política de restringir el trabajo de las sucursales del BROU “se contradice con el proceso de inclusión financiera a través de una ley que promueve el gobierno. El objetivo es que la mayor cantidad de ciudadanos se apodere de los conocimientos del sistema financiero a fin de poder utilizarlos de la mejor forma. La inclusión financiera no es sólo darle un plástico a la gente, pasa por la inclusión a un sistema que le permite ahorrar o endeudarse de una manera u otra. Para que la ciudadanía esté orientada deben existir instituciones y personal capacitados. Por eso la tendencia de cerrar parcialmente locales del BROU en lugares donde no existe otra institución del sistema financiero lo único que logra es alejar más a la gente del mismo. Este camino de cierres lleva a que se creen clases A y B de clientes. Resulta totalmente contradictorio que se impulse una muy buena ley de inclusión financiera y se cierren parcialmente los únicos locales del sistema financiero que existen en muchas localidades del país”.
DOCENTES ENOJADOS
Según lo expresado por el dirigente José Olivera, “en dos instancias
se estuvo muy cerca de alcanzar un acuerdo, pero no se logró”. Es así
que este domingo la asamblea de delegados analizó la coyuntura, en la
que se incluye la situación de conflicto con Secundaria, con el Codicen y
con la ANEP. Al respecto, Olivera explicó que la asamblea resolvió tres
cosas: Primero, reclamar a la Dinatra la convocatoria urgente a un
nuevo ámbito de negociación; segundo, hacer esfuerzos políticos para
buscar un acuerdo que permita superar la situación de conflicto;
tercero, adherir y llamar a militar para el paro general convocado por
el Pit-Cnt y la Cseu para el 15 de setiembre”.
Olivera dijo que la Fenapes “pone plazo hasta el 1 de setiembre para buscar ese acuerdo. De lo contrario, se estaría convocando para un paro nacional de 24 horas el próximo 7 de setiembre, con ocupación de los centros de trabajo”, informó.
La Federación exige que se cumpla el acuerdo alcanzado con el Consejo de Educación Secundaria el 18 de marzo de 2016, el respeto al Estatuto del Funcionario Docente, y el respeto a la libertad sindical
El dirigente subrayó que el sindicato bancario en su conjunto se encuentra en estado de alerta y que está llevando adelante cabildos abiertos en todo el país, donde participan vecinos y organizaciones sociales, para informar sobre la política de cierre de sucursales que vienen planteando las autoridades de la institución. Ante esta situación el último Consejo Central de AEBU, luego de escuchar el informe del Consejo de la Banca Oficial, resuelve apoyar y sumarse al plan de acción que están llevando adelante. “Entendemos que el BROU debe cumplir un rol distinto y que no pasa sólo por tener la mitad del mercado y mostrar buenos balances, cosas muy importantes. Es fundamental que lleve adelante un acercamiento social con la población de todo el país y eso se puede hacer si se está en localidades del interior donde el resto del sistema financiero no existe porque legítimamente tiene una definición de lucro. El BROU no tiene que renunciar al lucro, ya que el mismo sale de todos los uruguayos –que son los dueños- y luego este lucro se vuelca a políticas públicas o al Fondes”.
Gambera reconoció el papel social que cumple el BROU en general y agregó que si bien “hay agencias que no tienen un movimiento suficiente, por lo que se generan pérdidas, no podemos olvidarnos que en el resumen final de la institución hay ganancias. Lo más importante, además, es que esa agencia bancaria pública en muchos lugares es la única institución financiera que existe. Hoy se plantea que 14 sucursales, a las cuales se suman siete que ya están bajo este sistema, abrirán sus puertas tres veces por semana en un horario restringido. Lo que nada nos asegura que en el corto o mediano plazo se planteen nuevos recortes o posibles cierres”.
Para el dirigente de la central obrera y de AEBU la política de restringir el trabajo de las sucursales del BROU “se contradice con el proceso de inclusión financiera a través de una ley que promueve el gobierno. El objetivo es que la mayor cantidad de ciudadanos se apodere de los conocimientos del sistema financiero a fin de poder utilizarlos de la mejor forma. La inclusión financiera no es sólo darle un plástico a la gente, pasa por la inclusión a un sistema que le permite ahorrar o endeudarse de una manera u otra. Para que la ciudadanía esté orientada deben existir instituciones y personal capacitados. Por eso la tendencia de cerrar parcialmente locales del BROU en lugares donde no existe otra institución del sistema financiero lo único que logra es alejar más a la gente del mismo. Este camino de cierres lleva a que se creen clases A y B de clientes. Resulta totalmente contradictorio que se impulse una muy buena ley de inclusión financiera y se cierren parcialmente los únicos locales del sistema financiero que existen en muchas localidades del país”.
Convenio colectivo
Gambera agregó que el otro tema de preocupación para el Sector Banca Oficial es la renovación del convenio colectivo. “En varios meses de negociación no se ha avanzado por la cláusula que establece la extensión horaria. Por esta razón se están llevando adelante en todas las dependencia del BROU asambleas informativas. Lo que se plantea es que de forma voluntaria algunos trabajadores cumplan ocho horas de trabajo en, principalmente, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) debido a la competencia que existe en el mercado. Estamos ante un argumento que se debe atender porque somos los principales defensores de las empresas públicas. Pero el horario bancario que existe hoy es una conquista de muchos años de lucha del sindicato. Generaciones tras generaciones se movilizaron por esta conquista. Por eso hay que ver como se compatibiliza la estrategia no menor para que los bancos públicos no pierdan mercado”.Profesores pararán si no hay acuerdo
La
Fenapes, que nuclea a docentes de enseñanza secundaria, reclama a la
Dinatra que se convoque a las partes para un ámbito de negociación. De
lo contrario habrá paro el 1 de setiembre.
29 agosto, 2016 Caras y Caretas
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria (Fenapes) no logra llegar a un acuerdo con el Codicen, por lo
que los docentes se encuentran en conflicto.Olivera dijo que la Fenapes “pone plazo hasta el 1 de setiembre para buscar ese acuerdo. De lo contrario, se estaría convocando para un paro nacional de 24 horas el próximo 7 de setiembre, con ocupación de los centros de trabajo”, informó.
La Federación exige que se cumpla el acuerdo alcanzado con el Consejo de Educación Secundaria el 18 de marzo de 2016, el respeto al Estatuto del Funcionario Docente, y el respeto a la libertad sindical
Fenapes acusa a Netto de ignorarla y amenaza con paro
29
Ago
CONFLICTO EN LA EDUCACIÓN
Irá a una medida de 24 horas si no hay acuerdo en dos días.
El centro de la divergencia, según José Olivera, dirigente de Fenapes, es que el Codicen pretende firmar con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y no con Fenapes. Según Olivera, la coordinadora “es una instancia de coordinación política pero no sustituye a Fenapes”. “Se quiere desconocer a la organización sindical y no es un escollo menor. Es un tema hasta de mala fe en particular de Wilson Netto (presidente del Codicen de la Administración Nacional de la Educación Pública, Anep). La Fenapes es la organización más representativa y esto es lo que se debe respetar”, sostuvo Olivera. A su juicio, “no tiene sentido” que a raíz de este asunto se genere un conflicto. “O el Codicen mira de espaldas la situación o intenta deslegitimar a la organización sindical”, sostuvo.
La federación pedirá a la Dirección Nacional de Trabajo la urgente convocatoria a las partes a un ámbito de negociación para llegar a un acuerdo “en base al correcto funcionamiento de las instancias de negociación colectiva”, el respeto a la libertad sindical y al estatuto del funcionario docente, y al cumplimiento de los acuerdos a los que ya llegó Fenapes con el Consejo de Educación Secundaria.
De no existir acuerdo firmado para el 1º de septiembre que permita superar la situación actual de conflicto, Fenapes realizará un paro nacional de 24 horas el miércoles 7 de septiembre con ocupación de los centros de enseñanza.
El martes casi se llega a un entendimiento en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo tras seis horas de reunión, pero este se cayó cuando los representantes de la Anep pidieron que el acuerdo se suscribiera con la coordinadora de sindicatos y no con la federación.
Netto no quiere que se permita a los docentes justificar sus faltas, en caso de que no vayan a las aulas por reuniones de profesores o gremiales. Según Isabel Jaureguy, consejera de Secundaria en representación de los docentes, Netto debe haber sido quien desempató una votación en el Codicen respecto a este punto porque tiene derecho a voto doble y no había unanimidad al respecto.
http://www.elpais.com.uy/infor macion/fenapes-acusa-netto-ign orarla-amenaza.html
El centro de la divergencia, según José Olivera, dirigente de Fenapes, es que el Codicen pretende firmar con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y no con Fenapes. Según Olivera, la coordinadora “es una instancia de coordinación política pero no sustituye a Fenapes”. “Se quiere desconocer a la organización sindical y no es un escollo menor. Es un tema hasta de mala fe en particular de Wilson Netto (presidente del Codicen de la Administración Nacional de la Educación Pública, Anep). La Fenapes es la organización más representativa y esto es lo que se debe respetar”, sostuvo Olivera. A su juicio, “no tiene sentido” que a raíz de este asunto se genere un conflicto. “O el Codicen mira de espaldas la situación o intenta deslegitimar a la organización sindical”, sostuvo.
La federación pedirá a la Dirección Nacional de Trabajo la urgente convocatoria a las partes a un ámbito de negociación para llegar a un acuerdo “en base al correcto funcionamiento de las instancias de negociación colectiva”, el respeto a la libertad sindical y al estatuto del funcionario docente, y al cumplimiento de los acuerdos a los que ya llegó Fenapes con el Consejo de Educación Secundaria.
De no existir acuerdo firmado para el 1º de septiembre que permita superar la situación actual de conflicto, Fenapes realizará un paro nacional de 24 horas el miércoles 7 de septiembre con ocupación de los centros de enseñanza.
El martes casi se llega a un entendimiento en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo tras seis horas de reunión, pero este se cayó cuando los representantes de la Anep pidieron que el acuerdo se suscribiera con la coordinadora de sindicatos y no con la federación.
Netto no quiere que se permita a los docentes justificar sus faltas, en caso de que no vayan a las aulas por reuniones de profesores o gremiales. Según Isabel Jaureguy, consejera de Secundaria en representación de los docentes, Netto debe haber sido quien desempató una votación en el Codicen respecto a este punto porque tiene derecho a voto doble y no había unanimidad al respecto.
http://www.elpais.com.uy/infor