sábado, 3 de marzo de 2007

EL OBSERVADOR PÁG. 3

Con designación de Tourné gobierno busca continuidad. SERÁ LA PRIMERA MUJER AL FRENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Díaz renunció por “cansancio”, el Subsecretario Faroppa lo acompañó. En la Policía hay expectativa y algunos temen no tener interlocutores.


Te lo voy a decir sin anestesia. En este momento, te ofrezco el Ministerio del Interior”, le dijo el miércoles por la tarde el Presidente Tabaré Vázquez a la Diputada socialista Daisy Tourné. La legisladora quedó algo sorprendida pero no dudó en aceptar. “Es que yo soy leal al Presidente y nunca le diría que no”, manifestó horas después a sus allegados.
Tourné supo desde las primeras horas de la tarde que el miércoles 28 no sería un día más en su vida política. Al salir de una entrevista en radio Sarandi, a la hora 14, recibió el llamado telefónico del Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. “El Presidente te espera a la hora 17.30 en Suárez”, fue el mensaje del jerarca.


La legisladora llegó al Prado a la hora 17.25. Para ser puntual dio algunas vueltas y llegó al portón de la residencia presidencial a la hora convenida. Allí un policía de guardia la hizo esperar 10 minutos. “Si hubiera sabido que era la futura ministra del Interior, me dejaba pasar en segundos”, bromeó luego.


Tourné sustituirá desde los próximos días a José Díaz al frente del ministerio del Interior, transformándose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Pero no es el único relevo en esa Cartera. El actual jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal, remplazará a Juan Faroppa en la Subsecretaría, y la Directora de Identificación Civil, Blanca Ariceta, irá en lugar de Jorge Juroff en la dirección general de secretaria del ministerio.


Con la designación de Tourné, el gobierno busca dar continuidad a las políticas aplicadas por Díaz. Es una legisladora interiorizada en los pormenores de la cartera, dijeron fuentes del gobierno.


En cambio, en la Policía se instaló una gran expectativa y ya generó las primeras interpretaciones. Una de las estimaciones más generalizada es que hasta el momento Díaz era el representante político y estaba asistido por dos subalternos, Faroppa y Juroff que conocían del tema seguridad, y tenían una postura más proclive a atender reclamos policiales.

De hecho, en más de una ocasión Juroff y Faroppa chocaron con Diaz por diversos temas. Eran dos contra uno, a entender de algunos policías. Ahora ven que la correlación se puede haber invertido. Tourné no conoce de seguridad, y si bien va a estar asistida por un policía de larga trayectoria como Bernal, la numero tres del Ministerio Ariceta, es funcionaria administrativa y conoce poco del accionar de la Policía ejecutiva, razonan los efectivos.

Algunos Oficiales creen que perdieron en cantidad de interlocutores entre las jerarquias del Ministerio. “Es una continuidad, pero puede ser una continuidad diferente”, dijo un policía.

Díaz, uno de los ministros más resistidos por la oposición, presentó renuncia hace una semana al Presidente Vázquez por agotamiento físico. Tourné asumirá el próximo jueves 8 de marzo, día internacional de la mujer.


¿Por qué Tourné? Al igual que Díaz, Tourné pertenece al Partido Socialista por lo que se mantiene la correlación de fuerzas. Fue un escudo en el Parlamento de la gestión del Ministro ante los ataques de la oposición.


Como Diputada, abordó temas como la violencia familiar, el desarme civil y el proxenetismo. Además, Tourné es de la línea renovadora del Partido Socialista, que encabeza Eduardo Fernández y que tiene como uno de sus referentes a Gonzalo Fernández. Esta corriente tiene línea directa con el Presidente Vázquez. Además, tiene buena relación con la oposición.


¿Por qué Bernal? La designación de un Inspector de Policía a un cargo político de particular confianza como la Subsecretaría es inédito. Bernal es un hombre de confianza de Vázquez. La relación con el mandatario se inició en 1999, cuando Bernal como Presidente del Círculo Policial recibió al entonces candidato presidencial. Fue la primera vez que Vázquez concurrió a dicha institución y representó el primer acercamiento con la Policía.


El relacionamiento fue fluido con el correr de los años, al punto que Bernal fue uno de los principales colaboradores de Díaz en la transición. Ahora, Bernal será “la pata técnica” del Ministerio.


Continuismo. Para Tourné fue un día cargado de felicitaciones. La Diputada arribó a la hora 12 al Parlamento para participar de la apertura de la nueva legislatura. Sonriente, no dudó de responder a las preguntas de los periodistas. “Voy a continuar con este período iniciado por el doctor Díaz quien entró por la puerta grande y se retira por la puerta grande”, dijo.



“Vázquez quiere una fuerte pata política que representó y una fuerte pata técnica que estará encabezada por Bernal”, agregó. Se mostró confiada en su relacionamiento con los policía. “Hace tiempo que vengo trabajando con ellos”. A la futura Ministra la sensación térmica de la población le alcanza para preocuparse más allá de lo que digan las estadísticas.




EL OBSERVADOR PÁG. 4

Las armas quedaron en manos de dos mujeres. TOURNÉ EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y BERRUTTI EN DEFENSA.

Cuatro Secretarías de Estado del gobierno de Vázquez están a cargo de Ministras.


En los próximos días, con la asunción de la Diputada socialista Daisy Tourné como Ministra del Interior, por primera vez las dos secretarías del gobierno encargadas de la seguridad interna y externa del país estarán dirigidas por mujeres.

La presencia femenina en los más encumbrados cargos del Poder Ejecutivo no se limita a Azucena Berrutti en Defensa y Tourné en Interior, son cuatro las Ministras mujeres, dos las Subsecretarías, una la Presidenta de Antel. Es que la presencia de mujeres en cargos de decisión ha sido una característica del actual gobierno de Tabaré Vázquez.


Tourné prevé asumir como Ministra del Interior el próximo ocho de marzo, una fecha más que significativa, ya que se trata del Día Internacional de la Mujer.


Berrutti y Tourné ocupan puestos clásicamente destinados a hombres y en el que tienen a cargo, en su enorme mayoría, también a hombres. El cambio que significa para militares y policías saber que su jerarquía es una mujer no es menor, ya que desde los rangos más bajos hasta los más altos en general no están acostumbrados a tratar en sus tareas con personas del sexo femenino, y menos aún estar bajo su mando. Y si es por la experiencia de Berrutti no le ha ido mal en su tarea, es de las ministras menos criticadas por la oposición (casi nada en comparación con Reinaldo Gargano y el saliente José Díaz), y de las que tiene mejor imagen en la población.


Ministerios complicados.

Berrutti está en un ministerio que se preveía como de los más conflictivos para el gobierno frentista y logró que, más allá del tema de la violación a los Derechos Humanos durante la dictadura, llevar el timón sin grandes zozobras. Incluso en acuerdo con Vázquez no dudó en sacar del mando al Comandante en Jefe de esa fuerza, Carlos Díaz, a pesar de la buena relación que mantenía con ese Oficial, por una reunión que sin su autorización mantuvo con dos dirigentes colorados, entre ellos el senador y ex Presidente José María Sanguinetti.


También en acuerdo con Vázquez nombró a un joven General como Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rosales y ascendió a General a varios Coroneles sin seguir el orden de derechas, lo que originó malestar en parte de la oficialidad. Estos hechos sin embargo no erosionaron su mando sobre las Fuerzas Armadas ni movimientos de importancia en su contra.




EL OBSERVADOR PÁG. 10

El lujo de la pobreza. CON FIRMA.

Se dice que faltan recursos. No es verdad. El Ministerio del Interior cuenta con más de veinte mil hombres.

Pero además están las Fuerzas Armadas, con casi treinta mil hombres más. El diez por ciento de estos, con un corto período de instrucción, podrían reforzar la fuerza pública en la prevención de los delitos.

Se trata de que el Ministerio de Defensa Nacional - muy alejado del riesgo de una guerra -, le transfiera, sin costo, tres mil cargos al Ministerio del Interior, que vive quejándose de la falta de presupuesto.

¿No es acaso absurdo que todo ese personal permanezca subutilizado mientras tenemos un grave problema de inseguridad? ¿No es este el lujo de la pobreza?...




CARTA POPULAR PÁG. 10

Detrás de las cifras. El sufrimiento indecible en el Congo.

Últimamente, el periódico médico británico "The Lancet", más que cualquier otro órgano de prensa occidental combinado, se ha interesado en la RDC. Un grupo de médicos ha explicado que alrededor 4 millones de personas han muerto desde que estalló oficialmente la guerra de 1998. La BBC, por su parte, ha hecho valer que la guerra del Congo ha costado más vidas que todos los conflictos humanos desde la 2a Guerra Mundial. Sin embargo, los expertos que trabajan en el Congo y los mismos supervivientes congoleños creen que el número de muertos se eleva a 10 millones desde que se inició la guerra en 1996 - no en 1998 - después de la invasión, sostenida por Estados Unidos, destinada a echar al Presidente del Zaire, Joseph Mobutu. Si la prensa occidental está acostumbrada a enumerar a los muertos en África, ninguna estadística ha podido medir el sufrimiento de los congoleños.

Ciertas personas son conscientes de que la guerra en el Congo estuvo motivada por el deseo de extraer materias primas, en las que se incluyen los diamantes, el oro, el colombiotántalo (coltán), el niobio, el cobalto, el cobre, el uranio y el petróleo. En el Congo, la explotación minera por parte de las multinacionales occidentales alcanza una tasa sin precedentes y se valora que unos 6 millones de dólares [alrededor de 4,5 millones de euros], salen cada día de la RDC, únicamente en cobalto bruto - un elemento de las superaleaciones esenciales para las industrias nucleares, químicas, aeroespaciales y de defensa -. Todo análisis de la geopolítica en el Congo, necesita una buena comprensión del crimen organizado perpetrado por medio de las multinacionales. Esto permite comprender mejor la razón por la que el pueblo congoleño sufre una guerra incesante desde 1996.


Otras personas han elogiado el gran progreso realizado en la denuncia de la explotación minera ilegal en la RDC. Esto es particularmente verdad por parte del grupo Human Rights Watch (HRW), cuyo informe de 2005 titulado "La maldición del oro"
http:// www.liberationafrique.org/ IMG/pdf/drc0505fr-3.pdf, denunció el contrabando del oro orquestado por funcionarios ugandeses y empresas multinacionales por medio de las milicias rebeldes locales. Los grupos rebeldes citados [en ese informe] son: el Frente Nacional para la Integración (FNI) y las Fuerzas Armadas del Pueblo Congoleño (FAPC). Las sociedades occidentales señaladas por Human Rights Watch son AngloGold Ashanti, una sociedad con sede en África del Sur y Metalor, una firma sueca.

El informe de Human Rights Watch omitía decir que AngloGold Ashanti está asociada a Anglo American, propiedad de la familia Oppenheimer y a Barrick Gold, con base en Canadá, descrita más abajo. Anglo-American PLC tiene sede en Londres y ostenta el 45% de las acciones de DeBeers, otra sociedad de la familia Oppenheimer, tristemente célebre por su quasi monopolio internacional de la industria del diamante. Sir Mark Moody-Stuart, uno de los dirigentes de Anglo-American es también director de Royal Dutch-Shell y miembro del Comité Consultivo del Secretario General de la ONU, Kofi Annan.

Este informe de Human Rights Watch ha suprimido también las pruebas según las cuales AngloGold Ashanti mandó a sus mejores abogados al Este de la RDC para apoyar a los jefes de la milicia rebelde detenidos allí.


Rara vez - incluso nunca - varias compañías mineras multinacionales se han mencionado en algún informe redactado por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Una de ellas es Barrick Gold. Opera en la ciudad de Watsa, al noreste de la ciudad de Bunia, situada en uno de los rincones más violentos del Congo. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo Ugandés (UPDF) han estado actuando, a través de intermediarios, durante la guerra de control de minas. En Bunia, los funcionarios dicen que los Directores de Barrica Gold llegaron a la región, escoltados por las tropas ruandesas (Frente Patriótico Ruandés, FPR) y ugandeses (UPDF), para valorar pericialmente e inspeccionar sus intereses mineros.

George H.W. Bush trabajaba como Consejero remunerado de Barrick Gold. Entre los directores de esta sociedad se encuentran: Brian Mulroney (antiguo Primer Ministro de Canadá), Edwards Neys (antiguo Embajador americano en Canadá y Presidente Director General (PDG) de Burston-Marsteller, una empresa de relaciones públicas), el antiguo Senador americano Howard Baker, J. Trevor Eyton (un Senador canadiense) y Vernon Jordán (uno de los abogados de Bill Clinton).
Barrick Gold es una de las sociedades cuentes de la Sociedad de lobbying Andrew Young's Goodworks. Andrew Young es el antiguo alcalde de Atlanta y uno de los organizadores clave del Consejo de Amistad Américo-Ugandesa. El Presidente Clinton lo escogió, en octubre de 1994, para dirigir la Southern África Enterprise Development Fund (Fondo de Desarrollo de las Empresas de África Austral). Entre sus clientes - o asociados en los negocios, según el caso - de Goodworks, se encuentran Coca Cola, Chevron-Texaco, Monsanto, así como los Gobiernos de Angola y Nigeria (atención a las transferencias de armas explicadas más abajo). Young es un dirigente de Cox Communications y de Archers Daniels Midland - el "supermercado del mundo" y esponsor de la Radio pública nacional que cuenta entre sus Directores a Brian Mulroney (Barrick Gols) y G. Alien Andreas, miembro del Consejo de Administración de la sección europea del Grupo Carlyle.

Entre los socios mineros de Barrick Gold está Adastra Minig - antes llamada American Mineral Fields (AMFI, AMX y otros nombres), antiguamente ubicada en Hope, Arkansas, la ciudad natal de Bill Clinton.

Adastra mantenía lazos estrechos con Lazare Kaplan Internacional Inc., la más importante Compañía de corretaje de diamantes en Estados Unidos, cuyo Presidente, Maurice Tempelsman fue Consejero de Asuntos Africanos en el Gobierno americano y es el Cónsul Honorario General de Estados Unidos en el Congo, desde 1978.

Maurice Tempelsman acompañó a Bill Clinton en su gira por África en 1998 y navega con frecuencia con los Clinton a la altura de Vignoble Martha. Trabaja en el Servicio Consultivo Internacional de la Bolsa Americana y es uno de los dirigentes del Woods Hole Oceanographic Institute, una tapadera "científica" para sus actividades mineras offshores en el diamante -que peina los fondos marinos, para procurar que se les olvide... * Rebelión.

LA REPÚBLICA PÁG. 21

Por el viento.

.... A su vez, la Armada Nacional, mediante un comunicado de prensa, dio aviso que ayer a las 14.30 horas la Prefectura de Solymar recibió un pedido de auxilio del velero uruguayo "Black Jack", el cual se "encontraba navegando sin gobierno" debido a los fuertes vientos. El velero contaba con una tripulación de tres personas.


Dos buques de la Armada partieron desde el puerto del Buceo al rescate de los tripulantes, que estaban en buen estado de salud. En el momento en que se recibió el aviso de alerta, los vientos alcanzaban a 80 kilómetros por hora.

BRECHA PÁG. 8

Paisaje después de la conquista. Impunidad y Derechos Humanos.

La política del gobierno respecto a los crímenes de la dictadura obtuvo logros importantes, aunque algunos hechos concretos deslucen la gestión. Aún late la ley de impunidad, pero es posible la reapertura de casos y nuevos procesamientos.


Walter Pernas


El hallazgo de los restos de dos víctimas de la dictadura, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, marcó el punto más alto en la aprobación pública del gobierno de Tabaré Vázquez en materia de Derechos Humanos.

Eso coronó 2005, un año en el que además se habilitaron todas las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad.

También en agosto de ese año se confirmó la existencia de un segundo vuelo clandestino desde Argentina a Uruguay, que habría trasladado en 1976 a dirigentes de izquierda que hoy están desaparecidos.

A pesar de sus esfuerzos, el gobierno no pudo evitar el archivo de la investigación por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman; y eso generó las primeras diferencias con el gobierno de Néstor Kirchner.

El 11 de setiembre de 2006 varios de los represores más simbólicos de la dictadura marcharon a la cárcel, hecho que volvió a fortalecer la imagen pública del gobierno en estos temas. Dos meses después, el 17 de noviembre, fue encarcelado el dictador Juan María Bordaberry, por los asesinatos de los senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Withelaw.

También marchó a prisión por este caso el Canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco.
La decisión fue de la justicia, pero también se evaluó como un triunfo del gobierno de Vázquez quien desde el primer día de su mandato declaró que esos crímenes se encontraban fuera de la Ley de Caducidad.
A fines de enero de este año - por decisión del Juez de feria Pablo Eguren - el dictador obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Bordaberry padece problemas respiratorios, pero no se encuentra en estado terminal como varios otros presos que se mantienen alojados en las cárceles.

Ahora el dictador se encuentra en una lujosa casona de Carrasco, propiedad de uno de sus hijos. En principio, ningún Juez ni Fiscal - una vez comenzado el año judicial ordinario el 1 de febrero - inició acciones para que Bordaberry vuelva a la cárcel. El gobierno tampoco cuestionó la medida.

Este 2007 se inició con los cuarteles cerrados, porque las excavaciones en procura de restos de desaparecidos concluyeron por decisión del Poder Ejecutivo. A pesar de que se aclaró que ante denuncias concretas y verosímiles se podría volver a buscar, la medida causó desazón sobre todo en las familias de los detenidos desaparecidos y en las organizaciones de Derechos Humanos. No existen investigaciones gubernamentales activas para tratar de esclarecer los casos y encontrar la verdad, y menos una política nacional de desclasificación de documentos archivados en instituciones militares, policiales y en otros organismos. No obstante, es un punto a favor el respaldo político para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, que abarcará entre otros aspectos el tratamiento de los temas relacionados a la dictadura. Es destacable que gracias a una inteligente movida coordinada entre algunos organismos del gobierno se haya logrado detener al torturador prófugo Manuel Cordero.
En una perspectiva más amplia, estos avances se complementan y potencian con la introducción en el campo educativo de la enseñanza de la historia reciente, no en balde satanizada desde los partidos defensores de la impunidad.


CONFIDENCIAS. Sin embargo, las conquistas del gobierno en materia de Derechos Humanos se vieron en parte empañadas a mediados de 2006, cuando se revelaron algunos episodios oscuros que involucraron al Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. De acuerdo a las confidencias que el propio Fernández realizó a Pedro Bordaberry - hijo del dictador -, al gobierno quizá le hubiera interesado que cristalizara una negociación con los militares represores, aunque ello implicara renunciar a la justicia.

En la grabación clandestina que realizó Bordaberry se escucha la voz de Fernández confesando que pidió a militares que aparecieran “huesos” de desaparecidos, porque si así sucedía “esto se puede arreglar”.

Ante semejante aseveración no hubo cuestionamientos de parte del gobierno ni del Frente Amplio. Más bien ocurrió lo contrario, pues luego de publicadas las declaraciones el Presidente de la República pareció respaldar al funcionario asignándole tareas relevantes, por ejemplo las negociaciones con los partidos tradicionales para el nombramiento de un Fiscal de Corte.

La participación de Fernández en esa negociación también fue cuestionada por pretender impulsar candidatos a espaldas de la bancada de gobierno. Antes ya había marcado la cancha en contra de la candidata natural del Frente Amplio, Mirtha Guianze, la magistrada emblemática en la lucha jurídica contra la impunidad, con quien el jerarca y destacado penalista no simpatiza.

Guianze no solamente se ganó ese lugar, sino el respeto de sus pares en la actividad funcional y gremial. Pero su nombre fue sometido al escarnio por desinteligencias del gobierno.


PASE CLAVE. Por otra parte, gracias a una modificación legal impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, los Fiscales pueden pasar en comisión a otras áreas de la administración pública y - sin perder el cargo - ejercer la profesión de manera liberal. Ello implica que un Fiscal puede seguir cobrando el sueldo por el Ministerio Público y, en la práctica, enfrentar a esa institución en los juicios. La ley cayó como anillo al dedo para la esposa del Secretario de la Presidencia, Cecilia Salom, Fiscal adjunta en lo penal, que fue la primera en acogerse a la norma. Y de allí que en el sistema judicial se hable de la “ley Salom”, máxime cuando la profesional pasó a trabajar en el estudio jurídico de su marido.
Pero esta norma, que ahora el Poder Ejecutivo procura reconsiderar, provocó el alejamiento de otros Fiscales, como es el caso de Enrique Moller. Este hecho abre un campo de expectativas respecto a la situación de varios casos de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura radicados en el juzgado a cargo de Gustavo Mirabal.

Obligado por una solicitud del Fiscal Moller, el Juez debió archivar las investigaciones de varios de los casos más simbólicos de la crueldad dictatorial: la desaparición de María Claudia García; el secuestro, desaparición y supresión de identidad de su hija Macarena; el secuestro, desaparición y supresión de identidad de Simón Gatti Méndez; y otros casos de desaparición de niños y mayores, o de asesinatos de índole política. El Fiscal entendió que la Ley de Caducidad ampara a los responsables de esos delitos, y por ello pidió que los casos se archivaran. La decisión de Moller - de no acusar - determinó que el Tribunal de Apelaciones confirmara el archivo de las investigaciones.

El punto es que Moller dejó el trabajo en la Fiscalía, al acogerse a la nueva ley, y pasó en comisión como asesor del Diputado blanco Sergio Botana.

La eventual revisión de los casos y la aplicación o no de la Ley de Caducidad quedará a cargo del Fiscal que ocupe el lugar de Moller, y dependerá además de las acciones que en ese sentido empredan los abogados denunciantes.

¿ANULACIÓN POSIBLE? A todo esto, la polémica Ley de Caducidad sigue sobre el tapete y a pesar de que desde filas del gobierno se esgrima extraoficialmente que la norma está derogada de hecho, la realidad indica otra cosa. Es verdad que el Ejecutivo, ante la consulta del Poder Judicial sobre la aplicabilidad o no de la ley en los casos denunciados, habilitó todas las investigaciones. Pero eso no inhibe de interpretaciones jurídicas como las aplicadas por Moller, quien cercenó el derecho de justicia para varias familias de desaparecidos.
La lucha de las organizaciones de Derechos Humanos por la erradicación de la Ley de Caducidad del derecho interno deberá profundizarse durante 2007, si se quiere llegar a buen puerto. La tímida campaña a favor de la anulación emprendida durante 2006 no logró objetivos considerables, sobre todo en la sensibilización de la población y menos del sistema político. Quizá la dispersión de esfuerzos en la tarea favorezca las posturas más conservadoras en el tema, amén de reforzar la hasta ahora persistente negativa del gobierno a considerar la anulación.


BRECHA PÁG. 28

La pata en el lazo. Cordero detenido en Brasil.

Una bandera de sol y franjas flameaba en lo alto. Debajo, la puerta de entrada. Los hombres atravesaron el umbral. Ya estaban en jurisdicción uruguaya.


Walter Pernas


- ¿Nombre?

- Manuel Cordero Piacentini.

El funcionario del consulado alzó la cabeza y lo miró fijo, apenas por unos instantes. Estaba delante del torturador de la dictadura, prófugo, y requerido por la justicia de Uruguay y de Argentina.
El abogado Julio Fabero acompañaba a Cordero, que procuraba obtener un “certificado de existencia” para continuar cobrando su jubilación militar en Uruguay a través de un apoderado. Esta medida obligatoria, e inteligente, adoptada por el Estado uruguayo, comenzaba a dar sus frutos para la investigación judicial.

El administrativo pidió entonces unos minutos a los visitantes y avisó a su Jefe, el Cónsul uruguayo de Santana do Livramento, Manuel Capandeguy.
La sorpresa fue grande, pero los reflejos también. El diplomático cumplió entonces la orden asignada. Telefoneó a su superior, el Cónsul General de Uruguay en Porto Alegre, Pablo Scheiner. Era el jueves 22 de febrero.

Scheiner no había vuelto de su licencia, y además estaba asignado a la comisión de protocolo de la visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Uruguay, prevista para el lunes 26. Eso, de acuerdo a los parámetros jerárquicos diplomáticos, podría significar una traba en la comunicación que debía llegar a la Cancillería, en Montevideo.

Pero Capandeguy logró ubicar a Scheiner e informó lo que estaba pasando. En la habitación contigua, el represor esperaba, con la pasividad de un cordero.

Al colgar el teléfono, Capandeguy cumplió las instrucciones recibidas. Así, aplazó la expedición del certificado.

- El Consulado necesita hasta el próximo miércoles para expedir este certificado - le dijo el funcionario a Cordero.

El torturador y su abogado se dirigieron hacia la puerta, y al pasar bajo la bandera uruguaya volvieron a territorio brasileño. La incertidumbre comenzó allí: podría tratarse de un caso de actuación eficaz o de un escándalo. Cordero había puesto la pata en el lazo, y parecía que una vez más lograba escabullirse.

Pero alguien, felizmente, tiró de la cuerda.
El Cónsul en Santana cumplió entonces la segunda parte de la instrucción: avisó a la cancillería en Montevideo. De esa manera se organizó un operativo que involucró al Ministerio del Interior y al Poder Judicial. Y aunque pareció producirse cierta demora desde que el militar se presentó al consulado el jueves 22 hasta su detención, el lunes 26, el resultado es que Cordero ya no está prófugo, sino detenido.

El viernes 23 el Juez uruguayo Luis Charles reiteró el pedido de captura internacional para Cordero, específicamente dirigido a las autoridades brasileñas. En esas horas se realizaron varios contactos telefónicos entre autoridades uruguayas y sus pares de Brasil, y todos los datos sobre Cordero que requirió la Policía Federal fueron brindados. Cordero estaba al caer, pero la detención fue más fácil de lo previsto. El propio militar, asesorado por su abogado, se presentó el lunes 26 ante la Policía Federal para solicitar refugio en Brasil. Una vez más, fue rechazado. Pero en esta oportunidad, además quedó detenido.

Ahora, si bien es cierto que el dato aportado por Uruguay sobre el paradero de Cordero en Brasil resultó fundamental, el torturador quedó detenido para ser sometido a juicio extraditorio en relación con la solicitud argentina. El primer pedido de captura llegó a Brasil el 8 de agosto de 2006. Provenía de la justicia argentina. La solicitud uruguaya llegó el 3 de octubre. Y aunque Charles haya reiterado el pedido la semana pasada, basado en datos fidedignos y contrastables, primará el orden original de los requerimientos judiciales.
Cordero, que quedó detenido en Porto Alegre, afrontará el juicio extraditorio iniciado por el Juez argentino Guillermo Montenegro. Si el Supremo Tribunal Federal norteño accede, será trasladado a Buenos Aires, donde será juzgado por crímenes relacionados con el Plan Cóndor. En caso denegatorio, le tocará el turno a Uruguay. Y aun si fuera extraditado, juzgado y recluido en Argentina, una vez que cumpla la pena, la justicia uruguaya podrá indagarlo y procesarlo por los casos que no hayan sido juzgados en Argentina. El Juez Charles espera a Cordero para enjuiciarlo, en principio, por varios casos de desaparecidos uruguayos en Argentina, aunque la solicitud de extradición se realizó exclusivamente por la desaparición en 1976 del dirigente del pvp Adalberto Soba.


CONFIRMACIÓN. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno abrió la puerta para el procesamiento de los mandos militares, en una sentencia que confirmó los procesamientos de los represores de la dictadura José Gavazzo y Ricardo Arab por la desaparición de Soba.

El órgano de alzada mantuvo el delito de privación ilegítima de la libertad, pero revocó el de asociación para delinquir, tipificados por el Juez Charles en primera instancia.

La sentencia sostiene que la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina durante la dictadura se enmarcó en prácticas de “terrorismo de Estado”: “Lo que sí existió, como consecuencia de la existencia de un enemigo común, fue un accionar concertado, coordinado, entre fuerzas de seguridad (y no sólo de fuerzas militares), fruto de una política de Estado, hija de la doctrina de la seguridad nacional”, subrayó.

“Se encaró la represión a la oposición política de forma más o menos clandestina, clandestina para la opinión pública mas no para los mandos militares, desarrollada desde y por las instituciones del Estado, por agentes del poder público, los que actuaban prevalidos de las facultades que ostentaban por su carácter oficial”, observó el tribunal. Es en este contexto que, a juicio de la sala, “corresponde evaluar el comportamiento de los imputados, desde que, también para ellos, por su rango y con prescindencia de las preferencias y apetitos personales, la situación política, militar, funcional, le venía dada por las respectivas jerarquías y por la coyuntura histórica. Naturalmente que, cualquiera sea la evaluación que se haga al respecto, en el contexto visto y habiéndose cumplido notorias prácticas vejatorias de la dignidad humana, no cabe, en modo alguno, hablar de obediencia debida”.
Entretanto, la sentencia sostiene que se deben agotar los medios probatorios para discernir si el de Soba es un caso de privación de libertad - que es permanente, y por tanto no prescribe - o de otro delito, como el de homicidio. La defensa trata de probar este último extremo a fin de pedir que a sus representados se los ampare en la Ley de Caducidad.

El tribunal entiende que el derecho penal es “hijo de la realidad” y sugiere que no es necesario que la víctima o su cuerpo aparezca para determinar si se está o no ante un homicidio. Para ello se vale de sentencias de 1949 y 1950, pero en todo momento soslaya la argumentación de la Fiscalía. Ésta aportó nutrida documentación jurisprudencial internacional respecto a la visión predominante en materia de Derechos Humanos, que impulsó y creó, por ejemplo, el delito de desaparición forzada, en tanto existía la necesidad de otorgar un estatuto jurídico para situaciones particulares en que no se puede certificar que una víctima del terrorismo de Estado esté viva o muerta.

Esa figura penal también existe en Uruguay desde el año pasado, y es tema de debate la posibilidad de su aplicación para los actos cometidos durante la dictadura.





CRÓNICAS PÁG. 3

Argentina tiene ventaja en pedido de extradición a Brasil de Cordero. Siguen cayendo “fichas” del dominó de DD.HH.

Tras un par de años como prófugo de las justicias de Uruguay y Argentina el Coronel retirado Manuel Cordero fue detenido esta semana en Brasil, muy cerca de la frontera uruguaya. El ahora detenido en Porto Alegre enfrenta acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos en nuestra país y en Buenos Aires.


Los dos gobiernos solicitaron la extradición de Cordero a la Justicia brasileña pero el pedido argentino, que en su momento fue archivado por defectos de forma, parece tener prioridad y podría retrasar las aspiraciones del Juez Luis Charles juzgarlo en nuestro país por privación de libertad y asociación para delinquir en el caso de la desaparición del militante de izquierda Adalberto Soba, ocurrida en 1976.

El gobierno uruguayo está "conforme" por la detención en Brasil de Manuel Cordero, acusado en nuestro país y en Argentina de violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el Ministro del Interior, José Díaz.

"Estamos conformes y tranquilos", aseguró Díaz al referirse a la detención de Cordero.
Las autoridades tuvieron conocimiento del paradero de Cordero la pasada semana, cuando el militar retirado se presentó en un consulado próximo a la frontera entre Uruguay y Brasil para cumplir un trámite necesario para que sus familiares pudieran cobrar su jubilación. Las autoridades uruguayas comunicaron la situación a las brasileñas, lo que permitió el arresto.

Díaz dijo que se comunicó con la oficina de INTERPOL (Mida Internacional) de Brasil "para agradecerle la actuación en el caso".

"Se hizo (el operativo de detención) en muy pocas horas y merece los elogios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Interior y del Poder Judicial uruguayo", afirmó el Ministro del Interior.


En manos de la Justicia de Brasil.


El militar retirado quedó a disposición de la Justicia brasileña, que deberá decidir sobre los pedidos de extradición que se cursaron desde Argentina y Uruguay.

El abogado de Cordero, Julio Rabero, consideró "ilegal" la detención de su defendido y, en declaraciones a radio Carve adelantó que presentará un recurso de "habeas corpus".
Según el abogado, la detención fue ilegal porque el pedido de extradición que realizó Argentina está archivado por vicios de forma.
"Cordero no tuvo inconvenientes en su permanencia en Brasil porque está casado con una ciudadana brasileña, lo cual le permite la permanencia legal", indicó su abogado.

Una orden de detención con fines de extradición a Argentina ya había sido expedida en agosto de 2005, pero fue archivada y ahora fue desarchivada ante una petición de Uruguay, señaló un vocero de la Mida Federal brasileña.

A Cordero, de 76 años, se le acusa en Argentina de secuestros y asesinatos cometidos en el marco del llamado "Plan Cóndor", ideado para coordinar las operaciones de represión de las dictaduras que en la década de 1970 y principios de 1980 gobernaron en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En Argentina ha sido involucrado en el secuestro y asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en Buenos Aires en 1976.
A Cordero también se le vincula al secuestro el mismo año en Buenos Aires de la argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
La mujer fue trasladada de manera clandestina a Montevideo donde dio a luz una niña y luego desapareció.

El pasado año el Juez Luis Charles pidió la detención de Cordero para ser juzgado por cargos de privación de libertad y asociación para delinquir en el caso de la desaparición del militante de izquierda Adalberto Soba, ocurrida en 1976.


El operativo de detención.


La policía brasileña arrestó a Cordero en su casa en Santana do Livramento luego de que el Supremo Tribunal Federal expidiera la respectiva orden de captura con fines de extradición", dijeron portavoces de la Mida Federal de Río Grande do Sul.

El militar retirado fue inmediatamente trasladado a las celdas de la Policía Federal en Porto Alegre, en donde deberá aguardar una decisión del Supremo Tribunal Federal (principal corte del país) sobre su extradición.
Cordero, casado con una mujer brasileña, se estableció en Santana do Livramento, desde 2004, cuando ingresó a Brasil con la excusa de someterse a una operación quirúrgica y violó la prohibición judicial de abandonar su país.

Desde entonces viene intentando evitar su extradición o su expulsión de Brasil en los tribunales mediante recursos para que se le reconozca su residencia en el país o para que se le considere un refugiado político.

En Argentina, que solicitó su extradición en 2005, ha sido involucrado en el secuestro y asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en Buenos Aires en 1976.

En nuestro país el militar retirado logró durante los anteriores gobiernos eludir sus eventuales responsabilidades por violaciones a los Derechos Humanos amparado en la "Ley de Caducidad" aprobada en 1986 por el Parlamento, tras la recuperación de la democracia, y refrendada luego por la ciudadanía en las urnas.

Sin embargo el año pasado, el Juez Charles lo incluyó en las investigaciones por la desaparición del militante izquierdista Alberto Soba Fernández y también solicitó su extradición bajo los cargos de privación de libertad y asociación para delinquir.

El arresto de Cordero se produjo un poco más de un año después de que el Ministerio de Justicia brasileño le negara el estatus de refugiado político en Brasil, que el militar uruguayo solicitó con el argumento de que las autoridades de nuestro país lo persiguen injustamente.
En 2004 también ingresó con un proceso para solicitar su residencia en Brasil en la condición de extranjero casado con brasileña, lo que dificultaría su extradición.


"Ese proceso de residencia aún no ha sido resuelto", dijo el portavoz de la Policía Federal.






ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2

En cuarenta días Álvarez declarará ante la Justicia. EL JUEZ TORRES INICIARA CITACIONES POR LA MUERTE DEL TUPAMARO HORACIO RAMOS.

La Justicia comenzará aproximadamente en un mes y medio las citaciones por la denuncia penal realizada contra los mandos de la dictadura por la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, por la cual será indagado el ex Presidente de facto Gregorio Álvarez.


EL JUEZ Penal de 3º Turno, Sergio Torres, se apresta a iniciar los interrogatorios por esta denuncia presentada a fines de mayo de 2006 por un grupo de abogados de Derechos Humanos.
A la fecha, es el único caso contra los mandos que se encuentra en condiciones de ser objeto de actuaciones, ya que el expediente del segundo vuelo está en suspenso hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia por el recurso de inconstitucionalidad y el de Hugo de los Santos fue archivado en cuanto a la indagatoria de los militares y policías.

Según pudo saber Ultimas Noticias, el magistrado procederá en aproximadamente mes y medio a tomar declaraciones por este caso luego que la Fiscal María del Huerto Martínez, quien por este caso subroga a Mirtha Guianze durante su desempeño al frente de la Fiscalía de Corte, devolviera el expediente a Torres.

Guianze había solicitado como primera medida el diligenciamiento de documentación de los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, Colegio de Abogados y Sindicato Médico. Ahora, en esta segunda etapa, comenzarán las citaciones de testigos y denunciados.
Los denunciantes aportaron el nombre de 17 personas a efectos de que declaren por las circunstancias que rodearon la muerte de Ramos, ocurrida en junio de 1981 en el Penal de Libertad. Entre ellos figuran el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, y el diputado Víctor Semproni. En calidad de indagados, en tanto, se citará a los mandos de la época, entre los cuales figuran el ex Presidente de facto Álvarez y los entonces Comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
En los corrillos judiciales se asegura que con el procesamiento de Álvarez se culminará la etapa de juzgamientos de casos vinculados a violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura.

Álvarez ya había declarado en 2006, pero como testigo, en el caso Washington Barrios y Adalberto Soba Fernández.

Esta será la primera vez que acuda ante la Justicia como indagado. El Poder Ejecutivo excluyó el caso Ramos de la Ley de Caducidad, en el entendido que los mandos no se encuentran comprendidos en la norma.


EL CASO.


Ramos era militante de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. La muerte se produjo a los 38 años, luego de estar nueve años recluido en el Penal de Libertad en circunstancias "nada claras", según los denunciantes.

En su momento, se señaló que Ramos se había suicidado ahorcándose con una bufanda roja, sobre lo cual existen "serias y fundadas dudas".
Sin embargo, existen elementos para suponer que falleció como consecuencia de torturas en los calabozos del penal conocidos como "La isla", donde estuvo sancionado e incomunicado. A esto se suma que la partida de defunción y el certificado expedido por el doctor José Mautone contradicen la versión emitida por las autoridades del Penal de Libertad el día de su muerte.

10. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2

Ramas está molesto con camaradas. 'NOS HAN OLVIDADO'.

EL CORONEL (R) Ernesto Ramas, recluido en la cárcel militar por violaciones a los Derechos Humanos, advirtió que a pesar de que él y sus compañeros de prisión están "molestos" con algunos de sus camaradas "que nos han olvidado o dado la espalda, no los traicionaremos, ni a ellos ni a la Institución".

En una carta que ayer publicó Búsqueda, Ramas cuestionó la presencia en cargos de gobierno de ex guerrilleros y defendió la actuación de él y de otros militares presos.

También dijo que en su calidad de funcionarias del Ministerio de Defensa, las hijas del Coronel (R) Gilberto Vázquez y del Sargento Ernesto Soca han sufrido represalias, a las que calificó de "venganza".

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11. CARTA POPULAR PÁG. 7

La caída del Coronel.

Que el lunes último el Coronel (R) Manuel Cordero fue detenido por la Policía Federal de Brasil en Santana do Livramento, ya casi no es noticia porque tuvo gran trascendencia en la prensa. Conviene entonces destacar otros aspectos de la caída de uno de los integrantes de la patota de la OCOA y figura emblemática de la represión del Uruguay.


Abogados especialistas en DD.HH., consultados por Carta POPULAR, expresaron su satisfacción por la detención de uno de uno de los involucrados en el caso Adalberto Soba, por el cual fueron procesados con prisión, seis militares y dos ex policías. En el informativo de las 21 horas, del lunes Televisión Nacional de Uruguay, se señaló que Cordero sería extraditado a Uruguay - y - en una actitud digna - a los cuatro o cinco minutos se rectificó - el represor será extraditado a Argentina cuando lo resuelva la Justicia del país norteño. Otros medios no hicieron lo mismo. Debemos recordar que en julio de 2004, el Juez Pedro Hackenbruch, le envió una citación para que compareciera en su juzgado. La hija dijo que su padre no se encontraba en el domicilio y que había viajado. A nadie se le ocurrió comprobar si efectivamente era así, ni se dispuso una guardia. Manuel Cordero huyó a Brasil. El Ministro del Interior era Guillermo Stirling y mientras la policía no podía ubicar al militar, y sí lo hizo en Santana do Livramento, el joven periodista Federico Gyurkovits, que en ese momento trabajaba en la revista Caras y Caretas, y ahora lo hace en La Diaria.

Increíblemente a un prófugo de la Justicia, la Caja Militar le pagó su jubilación - a través de sus familiares en Montevideo - hasta hace muy poco.

El pasado jueves 22 sorpresivamente Manuel. Cordero se presentó en el consulado uruguayo de Santana do Livramento, a renovar su certificado de existencia para seguir cobrando sus haberes.

El Cónsul Ignacio Capandeguy solicitó instrucciones a la Cancillería y su titular Reinaldo Gargano le respondió que se le concedería la documentación si Cordero la tramitaba en territorio uruguayo. Su soberbia hizo que el Coronel se confiara y a los cuatro días ingresó en la sede de la Policía Federal a los efectos de realizar un nuevo pedido de asilo. Quedó preso, lo trasladaron a San Pablo, y luego lo llevarán a Brasilia, donde tiene su sede la Suprema Corte de Justicia.


Un perseguidor tenaz.

El Secretario General del Movimiento Justicia y DD.HH. de Brasil, Jair Krischke, participó activamente en el seguimiento del caso del Coronel.
"Ya temamos un pedido anterior de la Justicia argentina - dijo Krischke a Televisión Nacional - y nos llegó un segundo pedido, este último fue el que logró la detención de Cordero (-) el pedido de detención, de ahí de Uruguay fue del Juez Luis Charles y llegó el viernes 27".

El Juez argentino Guillermo Montenegro, vincula a Manuel Cordero en la causa que se le sigue al ex dictador Jorge Videla por el Plan Cóndor, y el magistrado uruguayo Luis Charles por el asesinato de Adalberto Soba. El Ministerio del Interior de Uruguay, envió a Carta POPULAR un comunicado que en una parte expresa sobre Cordero:
"Mediante un trabajo conjunto de la unidad de este Ministerio, Oficina Central Nacional de INTERPOL, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Poder Judicial, se aportó información a las autoridades policiales de INTERPOL Brasilia, lo que posibilitó su detención en el día de la fecha, quedando a disposición de la Justicia competente de aquel país, ala espera del juicio de extradición, en virtud de los pedidos que - por este orden - se formularon desde la República Argentina y desde nuestro país".

CARTA POPULAR PÁG. 7

Caso Aldo Perrini: En Colonia piden informes a Defensa. Edil Luis Purtscher: “Queremos ayudar a construir una nueva memoria”.

Walter Cruz


Cuando asesinaron a Aldo Perrini - en el Cuartel de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento - Luis Purtscher tenía apenas 12 años.
Hoy tiene 45 y este es el tercer período que es electo edil - por el Movimiento de Participación Popular (MPP) - en la Junta Departamental de Colonia.


Desde su domicilio en Carmelo desgranó algunos recuerdos sobre "El Chiquito" Perrini e informó a Carta POPULAR que una propuesta suya para que se investigue este y otros casos fue aprobada por unanimidad por el deliberante comunal coloniense.

En concreto se solicita al Ministerio de Defensa Nacional que desarchive lo que probablemente está archivado y se llegue a la punta del hilo de la madeja.

Purtscher manifiesta su firme disposición a colaborar para que se construya una memoria distinta, que tenga que ver más con la realidad que con el olvido. El carmelitano entiende que la reciente conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Impunidad es "una tarea histórica fundamental" y junto a otros ediles y personas del quehacer departamental, impulsa la creación de una Comisión con el mismo fin en sus pagos colonienses.

Podrían haber otros casos como el de Aldo Perrini y es por tal razón que la Junta Departamental de Colonia pidió información al Ministerio de Defensa Nacional, "para seguir profundizando" en esta temática tan cara a nuestro pueblo.


El asesinato del "Chiquito" Perrini es un caso paradigmático.
- Sobre lo que planteaste en La Junta Departamental de Colonia, ¿cuál es tu propósito, tu idea?

- No dejar en el olvido que - antes y durante la dictadura - el Cuartel de Colonia fue un antro de torturas, que le costó la vida a muchos colonienses.
Con una Junta Departamental de Colonia - que fue la primera en el país que tuvo en una Comisión de Derechos Humanos y que mucho se ha preocupado por el tema - es justo que estos casos puedan salir a la luz, tengan reconocimiento público y se integren a la historia del departamento.

Como forma de ayudar a construir una nueva memoria. Una memoria que tenga que ver más con la realidad, con la defensa de los Derechos Humanos, que con el olvido. Es un previo genérico que obviamente incluye el caso del "Chiquito" Perrini, que es algo paradigmático.
- Tenía una heladería en Carmelo.

- Seguro. Incluso él estaba haciendo helados cuando lo detienen.


Una historia terrible apuntalada por una mentira.
- Eso ocurrió el 5 de marzo de 1974 y lo llevan al Cuartel de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento. Contanos como fue esa trágica historia.

- Bueno, él era un tipo bien de pueblo, un comerciante, no era un dirigente de primera línea. Era un ciudadano que adhería al Frente Amplio y al FIDEL y que participaba en sus actividades generales.

- ¿Entonces?

- El terrorismo jugaba sus cartas a este tipo de vecinos. Como para matrizar la idea que a cualquier le podía pasar estas cosas.
- ¿Cómo le entregaron el cuerpo a sus familiares?
-Sino en un ataúd cerrado con custodias y con la orden de que no lo podían abrir. Manifestaron que había fallecido por un paro cardíaco. Y esta es un poco la punta...
- Perdóname. También les dijeron que era como consecuencia de haber fumado mucho y Perrini nunca había llevado un pucho a su boca...
- Sí. Y esa historia, apuntalada por una mentira, es terrible. Y esto lo tiene que haber firmado algún médico del cuartel. Alguien falsificó esa información.

- La iniciativa que planteaste fue aprobada por la Junta, Departamental. ¿Cómo fue la votación?
- Por unanimidad. Es una solicitud al Ministerio de Defensa Nacional para ver si encuentra algo en sus archivos.


Investigar y hacer justicia no es un tema
del pasado: es del presente y del futuro
Para los de la generación del 80 que comenzamos a militar en política, este es un tema recurrente y obviamente también para los que empezaron antes.

Este es un tema central y no del pasado: es un tema del presente y del futuro. Y más tarde o más temprano tendremos que tomar alguna medida para que la Ley de Caducidad sea anulada. Y deje de ser parte del cuerpo de leyes de este país.

- ¿Será que estás de acuerdo con ese planteo que lleva adelante la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Impunidad?

- Sí. Ya se han hecho algunas manifestaciones a nivel nacional y en lo personal estamos dispuestos a trabajar para conformar una comisión en Colonia y sumamos a esa tarea que nos parece que tiene una trayectoria histórica fundamental.

- Algunos rumores indican que la misma suerte de Aldo Perrini habrían corrido dos vecinos de Juan Lacaze, en el Cuartel de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento.

¿Sabes algo al respecto?

- Me lo informaron, pero a mí no me consta que sea así. Por eso pedimos la información al Ministerio de Defensa para seguir profundizando.

LA REPÚBLICA PÁG. 10

Juez Charles presentó el exhorto de extradición de Manuel Cordero.

El Juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el exhorto formal de extradición del Coronel (R) Manuel Cordero, detenido en Brasil el martes, y sobre quien recaen varias acusaciones de violación a los Derechos Humanos, dijeron a LA REPUBLICA fuentes judiciales.


El magistrado presentó un escrito ante el máximo organismo de Justicia solicitando la extradición del ex militar. En el exhorto Charles explica la relación de los hechos atribuidos con la figura delictiva que tienen esos hechos en Uruguay, así como todos los datos personales del requerido.


Las fuentes consultadas explicaron que en estos casos la SCJ simplemente se encarga de traducir el escrito al portugués, que luego mediante las cancillerías de ambos países será derivado al Juez brasileño que entienda en la causa, quien como primera medida notificará a Cordero y a su abogado.


Una vez que la Justicia brasileña inicie el proceso, que se podría extender durante varios meses, el magistrado norteño de la causa deberá estudiar la procedencia del pedido de extradición y si el mismo cumple con los requisitos establecidos, pero sin estudiar el asunto de fondo.


Juan Manuel Cordero Piacentini, alias "303", es acusado en Uruguay por la desaparición de Adalberto Soba. En Argentina también es requerido por el Juez Federal Guillermo Montenegro, quien pretende indagar a "303" en la causa contra Jorge Videla conocida como "Operación Cóndor".


En setiembre de 2004 Cordero inició ante la Policía Federal de Santana do Livramento los trámites para lograr su permanencia legal en suelo brasileño, pero en febrero del año siguiente, cuando se denunció su presencia en ese país, se declaró un perseguido político y solicitó la condición de "refugiado".


EL PAÍS PÁG. 11

Juez envía pedido de extradición de Cordero. Quedará detenido mientras se sustancia el juicio de entrega.

El Juez Luis Charles concretó ayer el pedido de extradición del Coronel retirado Manuel Cordero, a la Justicia brasileña. Ahora se inicia un largo proceso a la espera de la resolución judicial de 150 días.


El Juez Charles reclamó la entrega del militar para juzgarlo en Uruguay por la desaparición del militante del PVP, Adalberto Soba. Cordero, fue detenido este martes y permanece recluido en Santana do Livramento a la espera de una decisión judicial. La Justicia argentina había pedido su detención con fines de extradición pero el expediente fue archivado por vicios formales.


En el auto de procesamiento de José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande, el magistrado afirmó que Cordero fue perfectamente identificado por la decena de testigos que declaró, entre los efectivos que operaban en Automotores Orletti, centro de detención clandestino utilizado por el Plan Cóndor.


Los testigos identificaron a varios de los procesados actuando en múltiples sesiones de tortura. En relación a Cordero Sergio López Burgos declaró: "En Orletti me torturó directamente Cordero entre otros, me desnudaron arriba".


Si bien Charles les tipificó delitos de privación de libertad y asociación para delinquir, el tribunal revocó esa última figura. Elevó la responsabilidad hacia el Estado, afirmando que los militares actuaron con el aval del poder estatal, que ejerció terrorismo de Estado.