LA REPÚBLICA PÁG. 2
Uruguay podría sumarse a la estrategia de Brasil y Estados Unidos por etanol.
Bush anunció plan de asistencia para América Latina previo a la gira.
La visita del Presidente norteamericano George Bush a su par Tabaré Vázquez el próximo 9 de marzo podría conllevar un acuerdo con nuestro gobierno, para la participación uruguaya en un programa hemisférico para la producción de etanol.
Es así que Uruguay podría formar parte de una alianza que los Presidentes Bush y Lula de Brasil, suscribirían para el desarrollo y la producción de combustibles alternativos.
Cuando el mandatario de Brasil, visitó recientemente a Tabaré Vázquez, se habló del interés del país vecino en invertir en fuentes energéticas de cara al futuro en territorio uruguayo. Lula manifestó la disposición de fomentar el ingreso de inversiones por parte de su país para la producción de etanol, y el aporte de tecnología para este fin.
En Uruguay, existe el proyecto en Bella Unión de la instalación de una destilería que elabore 120 metros cúbicos de alcohol carburante, a partir de un préstamo de U$S 7 millones, proveniente del gobierno venezolano.
Fuentes de ANCAP, señalaron que en la futura planta en Bella Unión, se estima que estaría produciendo 17 millones de litros de etanol en 2009 proveniente de la caña de azúcar, que podrá ser mezclado con la gasolina. Uruguay estaría en condiciones de utilizar sus excedentes del biocombustible generado para su exportación a la región, y en ese sentido, podría sumarse al acuerdo estratégico entre Brasil y Estados Unidos.
Brasil tiene experiencia en la producción etanol, convirtiéndose en unos de los países de mayor generación de este producto, y el acuerdo apunta a tomar la experiencia brasileña como base de la iniciativa hemisférica.
Bush anunció un plan de asistencia.
El Presidente de EE.UU., George W. Bush, anunció ayer un plan de asistencia económica para América Latina, previo a su partida a una gira por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México.
En un discurso ante la Cámara de Comercio Hispana, en Washington, Bush sostuvo que la creciente pobreza en Latinoamérica ha llevado a que muchos de sus habitantes cuestionen el valor de la democracia.
"Estados Unidos está comprometido con ayudar a las personas a salir de la pobreza", dijo el mandatario, quien ha sido duramente criticado los últimos años por haber "abandonado" la región. Muchos niños latinoamericanos no terminan la escuela primaria y muchas madres nunca visitan a un médico, dijo Bush en su discurso frente a 400 invitados de la Cámara de Comercio. "En un época en la que la prosperidad y abundancia crecen, esto es un escándalo y un reto", afirmó el Presidente. El plan de ayuda se concentrará en áreas como salud, educación, la promoción del crecimiento de la pequeña empresa y ayuda a las familias con bajos ingresos para comprar viviendas, según informó Stephen Hadley, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Bush anunció una serie de medidas para ayudar a la región, entre ellas el envío de una embarcación médica que hará escalas en Belice, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Perú, Ecuador, Colombia, Haití, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, para tratar a 85.000 pacientes y realizar 1.500 cirugías. Otros equipos médicos ofrecerán sus servicios mediante 62 operativos de entrenamiento, en 14 países.
En los próximos tres años, Estados Unidos invertirá U$S 75 millones para que los jóvenes en la región aprendan inglés. .
EL PAÍS PÁG. 6
País en estado de máxima seguridad. La semana de Bush
Policía y servicio secreto ajustan megaoperativo.
"Blindaje". Se aplicará un esquema algo más rígido que el de la Cumbre Iberoamericana.
D. ISGLEAS / R. ROSSELLO
La premisa es: "máxima seguridad con mínima perturbación". De todas formas, la llegada del Presidente George W. Bush dejará "blindada" por unas horas parte de la ciudad y buena parte del entorno de Anchorena.
Desde el miércoles pasado las autoridades del Ministerio del Interior y funcionarios del Servicio Secreto estadounidense trabajan en el diseño de un complejo y vasto operativo. Sin embargo, la propia agenda del Presidente de Estados Unidos en Uruguay es aún una incógnita. Las discusiones entre los funcionarios de seguridad estadounidenses y uruguayos son por momentos verdaderas negociaciones. Para los primeros el concepto de "máxima seguridad" no puede admitir la más mínima fisura. Para los segundos es necesario flexibilizar las medidas que, en muchos casos, consideran lisa y llanamente "exageradas".
Altas fuentes policiales y del Ministerio del Interior consultadas ayer por El País coincidieron en que, básicamente, el esquema que se seguirá para la estadía de Bush en Uruguay será el mismo que se puso en práctica en la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Montevideo. En algunos puntos, empero, la cobertura será algo más rígida, advirtieron las fuentes consultadas.
Nada al azar.
La organización de la seguridad recae sobre el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) de la Presidencia, el Comisario Alvaro Vergara; el Coordinador Ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo, el Inspector Carlos Ayuto; el Director Nacional de Información e Inteligencia, el Inspector Eduardo Urrutia, y miembros del Estado Mayor Policial del Ministerio del Interior. Si bien hay Unidades Militares afectadas a las tareas, el grueso de la labor recae sobre la Policía Nacional.
La primera reunión formal estuvo presidida por la parte estadounidense por el Embajador Frank Baxter. En ese primer encuentro entre autoridades uruguayas y norteamericanas se estableció el principio rector de la cobertura: "máxima seguridad con la mínima perturbación".
En tal sentido, señalaron las fuentes consultadas, Baxter dijo que su gobierno esperaba que la visita de Bush no supusiera alteraciones para la vida cotidiana de los uruguayos.
Como muestra de ello, indicaron por su parte fuentes policiales, se resolvió no suspender la actividad del fútbol. "Todo lo que se recomendó es que no se realizaran partidos de alto riesgo, en partidos normales se podrá brindar el servicio policial de costumbre", explicaron las fuentes. De todas formas, el grueso de la actividad futbolística del fin de semana se trasladó para el día domingo, varias horas después que el mandatario estadounidense haya abandonado el territorio nacional.
A los estadounidenses les preocupan las manifestaciones contrarias a su Presidente. En la visión policial uruguaya estas marchas no despiertan mayor inquietud que otras por el estilo. De todas formas, los agentes estadounidense con su acostumbrado celo prefieren no dejar nada librado al azar.
La Policía utilizará el grueso de sus recursos en la cobertura. Por ejemplo, en la zona de exclusión con vallado incluido que se hará en torno al Hotel Radisson, se utilizarán cadetes de la Escuela Nacional de Policía, Oficiales recién egresados que aún cumplen pasantías en unidades policiales, así como unos 60 egresados de la Escuela Departamental de Policía y otros 60 alistados que aún cursan estudios. "De esta manera podemos liberar personal para tareas más específicas", explicó una fuente policial.
Algunos equipos especiales de la Policía trabajarán de lleno en la cobertura. Tales los casos del Departamento de Operaciones Especiales de la Jefatura, cuyos efectivos están especializados en tareas de custodia; los equipos de Guardia Metropolitana y Guardia de Coraceros; el Grupo Especial de Patrullaje de la Dirección de Seguridad; Policía de Tránsito, Policía Caminera y equipos de la Dirección Nacional de Bomberos completarán el cuadro.
De todas formas, aún hay muchas incógnitas que los visitantes deben develar. No se ha precisado, por ejemplo, qué actividades tendrán las primeras damas, que deberán contar con un equipo especial de seguridad para el caso. Mañana se hará una última reunión de ajuste de planes.
Por su parte, fuentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) indicaron a El País que se siguen con atención las manifestaciones previstas para esos días. En los últimos quince días los funcionarios de la DNII debieron prestar especial atención a la serie de amenazas de bombas que se desataron como un "alud" sobre todo a partir del estallido de un explosivo en un cajero automático frente al Palacio Legislativo.
Si bien la totalidad de las amenazas anónimas fueron falsas alarmas, los investigadores de la DNII continúan reuniendo elementos en torno a estos hechos.
No descartan que el episodio de los explosivos de fabricación casera hayan sido una suerte de "prueba" por parte de algún pequeño grupo organizado, destinado a medir la capacidad de respuesta de la Policía.
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EL PAÍS PÁG. 6
Un pequeño Ejército vela por la seguridad de Bush.
Un grupo de 250 funcionarios, en su mayoría del Servicio Secreto de Estados Unidos, compone el Contingente que acompaña al Presidente George W. Bush en su gira por América Latina.
La custodia presidencial estadounidense está compuesta por 12 furgones blindados, una unidad médica móvil y una central móvil de comunicaciones.
El "Air Force One", el avión 747 en el que viaja el Presidente de Estados Unidos pasó por reparaciones antes de partir para la gira latinoamericana.
El "Cadillac One", la limusina en la que se desplaza Bush, es también un vehículo blindado. Al decir de expertos, sólo un tanque de guerra supera en blindaje y dispositivos al vehículo.
El "equipaje especial" de la comitiva incluye combustible, agua y servicio de catering.
El avión Galaxy que llegó a Montevideo durante el fin de semana pasado transporta, entre otras cosas, un helicóptero desarmado que muy posiblemente sea el que conduzca al mandatario estadounidense hasta la estancia de Anchorena.
Unos 400 periodistas se acreditaron para la cobertura de prensa de la visita presidencial. Unos 140 son periodistas de Estados Unidos.
Si bien la primera avanzada de funcionarios de seguridad estadounidenses llegó el miércoles pasado, los directamente afectados a la custodia de Bush arriban hoy al país. Los agentes del Servicio Secreto, la agencia que se encarga de la custodia del Presidente estadounidense, trabajan en un alto nivel de compartimentación, con funcionarios especializados en cada área de la cobertura de seguridad.
En Brasil las coordinaciones por la seguridad se hicieron entre la CIA y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), para un operativo de gran envergadura.
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ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2
Meteorología y la prevención.
Jorge Pozzi
Diputado del Nuevo Espacio
Nuevamente nos hemos encontrado en los últimos meses con la aparición de fenómenos meteorológicos que han afectado seriamente por su intensidad y su violencia a ciudades pequeñas y grandes de nuestro país.
No solo ha habido pérdidas económicas de gran importancia sino que, nuevamente, ha tenido un costo en vidas humanas que es lo que más nos debe preocupar. A lo sucedido en Santa Clara de Olimar debe sumarse el temporal que se abatió sobre el sur y el litoral del país el fin de semana pasado. Árboles caídos, ramas partidas, cables energizados en los pisos, caída de un rayo sobre una casa a pocos metros de un pararrayos que destrozó partes importantes de la misma, evacuados, en fin toda la serie de calamidades que suceden en estos casos.
Un operario de UTE perdió la vida tratando de reponer la energía en el peor momento de la tormenta. Escribíamos un tiempo atrás sobre la necesidad de fortalecer a la Dirección Nacional de Meteorología a los efectos de poder tener pronósticos lo más certeros posibles, para que la ciudadanía tenga confianza en los mismos y se tome con seriedad las advertencias que se emiten.
Hoy la Dirección no cuenta con estos recursos, adolece de la cantidad de pronosticadores suficiente, le falta equipamiento, tiene muchas estaciones de observación meteorológica, que son vitales para un buen pronóstico, fuera de servicio, todo lo cual atenta contra un buen pronóstico.
Debemos tener en cuenta que toda la ciudadanía esta pendiente del pronóstico del tiempo, escuchar el mismo es de las primeras cosas que hacen los ciudadanos antes de salir a la calle, por lo tanto es una obligación del Estado dar los medios para que los mismos sean lo más confiables posible dentro de lo imprevisible como la meteorología.
También debemos empezar a tomar medidas en temas que van desde cómo podar los árboles del ornato público, siguiendo por el tendido de la red eléctrica, tratando de que la misma se pueda en el futuro hacer lo más subterránea que sea posible, limpiar arroyos y cañadas, para que el agua demore más en desbordarse y dé tiempo a tomar medidas de evacuación y salvar los escasos bienes de las familias, en general humildes, que son las más afectadas. .
LA REPÚBLICA PÁG. 4
Defensa Nacional: sin tabúes.
Ministerio de Defensa Nacional, Doctora Azucena Berrutti, mi querida amiga.
En la explanada del Palacio Legislativo dijimos: "En una auténtica democracia, la Defensa Nacional no puede ser un tema tabú. Es un tema de la ciudadanía". Y anunciamos entonces, instalación de un grupo de trabajo con el cometido de definir los ámbitos, el temario y la realización del debate público sobre Defensa Nacional.
Tras los preparativos correspondientes, el 15 de mayo de 2006 se iniciaron una serie de mesas de debate sobre la Defensa Nacional que se extendieron durante todo el año y en las que participaron académicos, colegios profesionales, especialistas nacionales e internacionales, ONG de Derechos Humanos, dirigentes políticos, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, civiles y militares del Ministerio de Defensa, los ex presidentes doctores Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y quién habla. Los aportes del debate fueron publicados y constituyen insumos importantes para la elaboración del proyecto de Ley de Defensa, el cual ya está casi pronto.
A la brevedad será considerado por el Poder Ejecutivo y remitido al Poder Legislativo. Remisión al Parlamento, dijimos, del proyecto de ley que disponga la reparación, incluida la reconstrucción de la carrera, de los militares destituidos por la dictadura.
El 8 de enero de 2006 se promulgó la Ley 17.949, que dispone tal reparación. Hasta la fecha se han resuelto favorablemente 171 casos no habiéndose recusado ninguno de ellos. Otros siguen en trámite y se dilucidarán en el presente año. Dijimos remisión al Parlamento de un proyecto de ley que modifique la normativa para el ascenso a general del Ejército y la calidad de excluyente de militar en actividad para el desempeño de la Dirección General del Ministerio.
Por Ley 17.920, del 22 de noviembre de 2005, se modificó el régimen de ascenso al grado de General del Ejército, estableciéndose que las vacantes serán provistas por sistema de selección entre los Coroneles que hayan sido calificados como aptos o muy aptos. También ese día, y mediante la Ley 17.921 se derogó la norma según la cual, la Dirección General del Ministerio debía ser desempeñada por un Coronel.
Pocos días después, el 12 de diciembre de 2005, un civil fue designado para desempeñar ese cargo. Además de lo anunciado el 1º de marzo de 2005:
a) Se mejoró la calidad nutricional de la alimentación del personal de tropa.
b) Producto de la reducción de los gastos prescindibles de funcionamiento, con esto quiero decir ahorro de combustible de las jerarquías del Ministerio de Defensa y mediante convenio con la IMM y las empresas de transporte colectivo, desde el 1 de febrero de 2007, el Personal Subalterno de las FFAA, con salario inferior a $7.000, recibe mensualmente 40 boletos gratuitos. Fue el ahorro de quienes están al frente del Ministerio de Defensa que permitió dar este beneficio a quiénes más lo necesitan.
c) Se adquirieron dos censores-radar para complementar el sistema integrado de vigilancia y control del espacio aéreo jurisdiccional de la Fuerza Aérea. Era imposible controlar el norte del territorio uruguayo, el norte del Río Negro y ahora lo vamos a poder hacer.
d) se incorporó a la Armada Nacional un helicóptero donado por la República Federativa del Brasil. Es una nave de embarque que cumplirá funciones de apoyo en la vigilancia del mar territorial y de salvataje.
e) Se gestionó una solicitud de refuerzo de crédito presupuestal para aumentar la capacidad de construcción de embarcaciones de transporte de carga fluvial destinadas al movimiento de la producción nacional, utilizando diques y astilleros nacionales.
f) 2.706 efectivos de las FFAA uruguayas participan de misiones de la ONU para el mantenimiento de la paz en una decena de países, la mayoría en Haití y en el Congo. Mantener la paz es más difícil que hacer la guerra.
La tarea de estos soldados no es fácil y en el transcurso de la misma han habido accidentes fatales o graves así como hechos aislados que han ameritado las correspondientes sanciones. Peor en su conjunto, la labor del contingente uruguayo en estas misiones ha sido evaluado muy positivamente por la ONU.
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EL PAÍS PÁG. 6
Un buque navegará en el mar territorial.
El portaaviones John F. Kennedy permanecerá alerta.
Un portaaviones de emblemático nombre forma parte del gigantesco dispositivo de seguridad. El USS John F. Kennedy se encontrará a unas 400 millas mar adentro, para la eventualidad de que el Presidente deba ser evacuado rápidamente del país. Fuentes navales consultadas por El País confirmaron que la presencia de esta nave es normal en los viajes al exterior del Presidente estadounidense.
El portaaviones CVN 67 USS John F. Kennedy es, casi, una especie en extinción. Es la última de estas naves de guerra propulsadas por sistemas convencionales. Está en servicio desde 1964 y será desafectado el próximo 23 de marzo. El buque cuenta, además, con un sofisticado centro hospitalario que tendría la tarea de asistir al Presidente en caso de que este experimentara algún inconveniente de salud en el viaje. .
EL OBSERVADOR PÁG. 4
Aviones de EE.UU. ya vigilan espacio aéreo.
LA "AVANZADA" DEL PRESIDENTE BUSH.
Hasta ayer habían llegado 10 aparatos y cinco helicópteros militares.
El espacio aéreo uruguayo, particularmente por donde se trasladará el Presidente de Estados Unidos, George Bush, está siendo ya vigilado las 24 horas del día por al menos tres aviones radar de la Fuerza Aérea norteamericana, que a su vez son abastecidos por otras tres aeronaves de recarga de combustible en vuelo.
Cuando una de estas naves cumple su horario de vigilancia, aterriza en el aeropuerto de Carrasco y otra despega inmediatamente.
Estas naves de reconocimiento se encuentran continuamente reportando información a sus respectivos comandos y a las autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya, que a su vez informan a la Presidencia de la República, que coordina directamente todo el operativo de seguridad y protocolo en torno a la visita de Bush. Del operativo también participa la Jefatura de Policía de Montevideo y la de Colonia.
La avanzada del Presidente Bush, que estará entre el viernes y sábado en Uruguay, ya se encuentra en el país con 10 aviones y cinco helicópteros militares. Uno de estos transportará al mandatario desde Montevideo hasta la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia. Los otros helicópteros son de custodia y transportarán a las autoridades y Oficiales que acompañan y vigilan el entorno de Bush.
También se encuentra en Montevideo la limusina especial blindada que transportará a Bush en desplazamientos cortos.
En las seis aeronaves de carga Galaxy (75 metros de largo y 60 de una punta a la otra de las alas) se transporta todo el material y el dispositivo de seguridad del Presidente norteamericano, incluidas grúas para el traslado de los artefactos. En otros aviones de pasajeros, también de la Fuerza Aérea, llegó ya gran parte de la delegación que acompaña a Bush en su gira por Latinoamérica, en su mayoría efectivos de seguridad y del Servicio Secreto que custodia al Presidente.
Según confiaron a El Observador fuentes oficiales vinculadas al operativo de seguridad, aún restan llegar varios aviones más con elementos y personal de seguridad. En total más de 1.000 personas arribarán a Montevideo en las próximas horas como parte de la "avanzada" de Bush que prepara con varios días de antelación su arribo.
Los aeropuertos donde operan las aeronaves estadounidense son Carrasco y Laguna del Sauce (Maldonado). Como alternativa, está pronto el de Durazno. El gobierno extendió para ello lo que se conoce como ASM: Autorización de Sobrevuelo Militar, que permite a aeronaves militares extranjeras volar por el espacio aéreo uruguayo.
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LA REPÚBLICA PÁG. 2
Permisos de vuelo.
El gobierno norteamericano, viene efectuando un poderoso despliegue de aviones, vehículos y personal de seguridad preparando la llegada el viernes por la noche del Presidente George Bush a nuestro país. El Ejecutivo estadounidense solicitó a la Fuerza Aérea uruguaya 31 permisos sobre vuelo y aterrizaje para efectuar toda la operación.
Hasta ayer, se hicieron 16 arribos tanto en el Aeropuerto de Carrasco como en Laguna del Sauce, en Maldonado. El primer avión norteamericano llegó a nuestro país el pasado 2 de marzo: fue un Galaxy C5, que es el avión de carga, de mayor porte que tiene este país. De acuerdo a lo informado en la pasada tarde por la Fuerza Aérea, permanecían en el Aeropuerto de Carrasco cinco aviones Galaxy, tres aeronaves cisternas, un KC- 135 para el reabastecimiento de combustible en vuelo para el resto de la flota aérea. Además llegaron dos E-3 Awac. A bordo de los C5, llegaron dos helicópteros presidenciales semidesarmados.
Por su parte, en el aeropuerto de Laguna del Sauce aterrizó un C5 Galaxy y tres helicópteros CH 53 para uso de seguridad.
Entre la carga que trae esta avanzada de Bush, se incluyen aparatos de comunicaciones y control. Todavía no está confirmado como se trasladará el Presidente Bush una vez que llegue a territorio uruguayo. La intención es que el mandatario y la comitiva oficial se aloje en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Existen dos alternativa de traslado del Presidente. Una es que integre una caravana de vehículos, desde el aeropuerto hasta el referido hotel. La otra, es que Bush, junto a su señora, y la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, sea trasladado desde un helicóptero hasta una explanada cercana a la Compañía del Gas, y desde allí, llevado en una limusina hasta el hotel.
El mandatario estadounidense estará arribando a nuestro país pasadas las 21 horas del próximo viernes. A las 9 horas del sábado partirá hacia la estancia de Anchorena. Por la noche, pernoctaría en Montevideo. El domingo, a las 8 horas dejaría el hotel para partir rumbo a Colombia.
Fuentes de la Jefatura de Policía señalaron que la comitiva de Bush dispondrá de unos 10 vehículos, uno de los cuales, una limusina blindada. El viernes, a partir de las 15 horas, comenzará a regir una zona de exclusión en torno a la Plaza Independencia.
En cuanto a la marcha antiimperialistas, hoy por la mañana dará inicio una caminata de cooperativistas de vivienda afiliados a Fucvam que partirá de su sede en Montevideo, rumbo a la estancia presidencial de Anchorena.
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LA DIARIA PÁG. 2
Quieren dejar la casa. MILITARES EXTRADITADOS EN CHILE SE SIENTEN COMO SI ESTUVIERAN EN UN "GRAN HERMANO".
El Abogado de los militares uruguayos que fueron extraditados a Chile por el caso Berríos, José Hinzpeter, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para que le permita a sus clientes regresar a tierras orientales mientras continúa el proceso. También dice que inició contactos con el gobierno uruguayo para que garantice que los militares estarán a disposición de la Justicia chilena si son requeridos o condenados. El Embajador Carlos Pita negó que se hayan realizado esas gestiones.
"Sería una situación totalmente sui generis", afirmó Pita al ser consultado por la diaria, y enfatizó que "formalmente no hay ningún planteo recibido, ni ninguna gestión comenzada en tal sentido".
El sábado último, el diario chileno El Mercurio publicó una entrevista con Hinzpeter, en la que éste anunció los próximos pasos a dar en su intento de que los militares Tomás Casella (retirado), Eduardo Radaelli y Wellington Sarli (ambos en actividad) puedan volver a Uruguay.
El Abogado del trío recordó que sus representados obtuvieron meses atrás la libertad bajo fianza y que "la ley los presume inocentes en esta etapa del proceso", pese a lo cual siguen "detenidos dentro de Chile".
Hinzpeter marcó, además, las diferencias que existen entre sus defendidos y los demás encausados en el caso Berríos, que también salieron en libertad bajo fianza: "los militares chilenos están durmiendo en sus casas, despiertan con sus familias, están trabajando, tienen derecho a salud.
Sin embargo, los militares uruguayos siguen en Chile sin sus familias, sin trabajar, sin previsión, sin salud. Están detenidos en una cárcel más grande", dijo.
El Abogado, que comparte la tarea con sus colegas Carlos Castro y Carlos Neira, considera que por tales motivos existe "un trato discriminatorio" hacia Casella, Radaelli y Sarli, y anunció que "planea llegar hasta el Tribunal Constitucional de no revertirse el arraigo que afecta a estos Oficiales".
El organismo al que prevé dirigirse es el encargado de analizar la constitucionalidad de las leyes y la correcta aplicación de las mismas, como así también de tratados internacionales y demás normas jurídicas.
Contactos de ningún tipo Los militares uruguayos fueron extraditados a Chile en abril de 2006 y desde entonces se encuentran a la orden del juez Alejandro Madrid. El trámite de su expediente podría durar cuatro o cinco años más antes de que se produzca un veredicto.
El Mercurio informó que Hinzpeter cree que "sus defendidos debieran ser autorizados a viajar a Uruguay, donde podrían firmar ante el consulado chileno y con la garantía del gobierno uruguayo de que estarán a disposición de la Justicia chilena si son requeridos para una diligencia o si son condenados".
"Para ello, informa que se han iniciado contactos por el gobierno de Uruguay, a fin de que a través de su Embajador garantice a los tribunales chilenos que los Oficiales extraditados comparecerán como lo han hecho hasta ahora", añade la crónica.
Hinzpeter subrayó que, incluso si sus representados llegaran a ser condenados por los tribunales chilenos, existe "un tratado entre Chile y Uruguay que les permitiría cumplir la pena en su país".
Pero el Embajador uruguayo en Chile, Carlos Pita, afirmó que no hay gestiones iniciadas ante la sede diplomática que encabeza, y que "de concretarse (la garantía solicitada) debería ser una acción política al más alto nivel", aunque consideró que esa decisión no llegará a tomarse porque "se estaría violando la independencia de los poderes".
Pita señaló que "los uruguayos fueron extraditados por decisión judicial y están en Chile bajo ese poder".
Por lo tanto, "no podemos nosotros intervenir en un tema que no nos corresponde", aseveró.
El funcionario recordó que la Justicia chilena ya rechazó en diciembre un pedido para que Casella, Radaeli y Sarli pudieran "salir de la casa" y viajar a Montevideo a pasar las fiestas.
Pita insistió en que una gestión como la que promueve Hinzpeter "no está al alcance del gobierno de Uruguay". "¿Quedó clara cuál es la posición?", preguntó.
"Sí: que no hay ninguna gestión iniciada y que en caso de que se inicie, será inviable", se le contestó. "Sí, eso mismo", confirmó el Embajador.
Federico Gyurkovits.
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ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4
Recomiendan a Uruguay revisar ley de Caducidad.
COMISIONADA DE LA ONU INSTÓ A UNA REPARACIÓN ECONÓMICA O SIMBÓLICA A LAS VÍCTIMAS.
La representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Villa Quintana, afirmó que el gobierno uruguayo debe "revisar" la ley de Caducidad y reparar a las víctimas de la represión.
VILLA QUINTANA, que se encuentra en Uruguay para dictar un taller de capacitación y mantener contactos con autoridades de gobierno, considera que dicha norma constituye uno de los temas "pendientes" del país en materia de Derechos Humanos.
Pese a considerar que en los últimos años hubo un "avance" con la nueva interpretación de la ley y los procesamientos, subrayó que es "importante" realizar su "revisión".
En un encuentro mantenido ayer con los medios escritos en la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Villa Quintana recordó que el Comité de DD.HH. manifestó en 1998 su "honda preocupación" y "profunda inquietud" por la norma, así como el informe efectuado en 1992 por la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA sobre el tema.
"Creo que hay que revisarla para que sea acorde con esas recomendaciones", enfatizó.
En su opinión, es necesaria una "adecuación y armonización de la legislación interna a la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, no basta con la ratificación".
La representante regional para América Latina y el Caribe, asimismo, aseguró que la verdad y justicia sobre las violaciones a los DD.HH. debe ir acompañada necesariamente por la "reparación de las víctimas".
Según Villa Quintana, la reparación no solo debe ser entendida desde el punto de vista económico.
"No siempre significa desembolsar millones y millones, a veces las víctimas lo que piden es un reconocimiento simbólico o un perdón público y esto porque hay cosas que no se reparan tan fácilmente", indicó.
CÁRCELES Y PROCESO
Al repasar los temas pendientes de Uruguay, Villa Quintana también mencionó la necesidad de reformar el proceso penal y rever la situación institucional del Ministerio Público y Fiscal.
Señaló, además, que el gobierno debe adoptar o reforzar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los establecimientos carcelarios. Para Villa Quintana, la solución no es construir más cárceles, sino ir a las causas de fondo que provocan dicha situación.
Según la representante del organismo internacional, también se debe instrumentar políticas para "luchar" contra la discriminación contra las mujeres y la minoría afrouruguaya y prevenir la violencia contra la mujer en un amplio sentido. A modo de ejemplo, citó la participación política y la equidad salarial.
La garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como la reducción de la pobreza e inequidades en el acceso a servicios sociales de calidad y un plan nacional de educación en Derechos Humanos son otras de las áreas a reforzar. .
LA REPÚBLICA PÁG. 3
Derechos Humanos
Otro de los puntos que llevamos adelante desde el pilar de los principios y valorean este gobierno progresista se refiere al tema derechos humanos.
En aquel momento dijimos ante la Asamblea General: "Reitero mi compromiso de promover una política activa en materia de derechos humanos. Reconozcamos que a 20 años de recuperada la institucionalidad democrática aún subsisten zonas oscuras en esta materia. Reconozcamos también", decíamos ante la magna asamblea, "que por el bien de todos es necesario y posible aclararlas en el marco de la legislación vigente para que la paz se instale en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de ayer, con sus historias de entrega de sacrificio y tragedia como un indeleble aprendizaje para el mañana.
Y con la verdad buscaremos que nuestra sociedad recupere la paz, la justicia y sobre todo que el horror de otras épocas nunca más vuelva a pasar, nunca más."
Y en el discurso ante la explanada del Palacio Legislativo dijimos: "Cumpliremos el mandato establecido en el artículo 4º de la ley 15.848, procurando adoptar la investigación de lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al respecto a los establecimientos militares correspondientes. Queremos saber qué pasó con estos ciudadanos desaparecidos."
¿Qué hicimos? Iniciamos una investigación lo más exhaustiva posible sobre lo ocurrido con los ciudadanos uruguayos desaparecidos. A tales, efectos, como Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordené a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas recabar la información en su poder.
Mediante convenio con la Universidad de la República encomendamos a un grupo de historiadores la recopilación de toda la información disponible hasta la fecha sobre la materia, incluyendo los archivos de los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, Defensa y de la Comisión para la Paz. Como resultado de ese minucioso trabajo el equipo de investigadores elaboró un informe muy detallado que la presidencia ha dispuesto publicar y espero que en abril pueda ser presentado públicamente. Para proseguir la investigación respecto de los ciudadanos detenidos desaparecidos en el exterior, que es otro capítulo en el que tenemos que avanzar, el Poder Ejecutivo designó al doctor Javier Miranda para coordinar dichos trabajos, cuyo trámite por supuesto es más lento por razones obvias.
Pero además y como es de público conocimiento, sobre la base de la información disponible y con el concurso de un equipo de arqueólogos de la UDELAR se relevaron dos Batallones militares y una chacra de propiedad privada utilizada en su época por las Fuerzas Armadas, lográndose ubicar los restos de los ciudadanos Fernando Miranda y Ubagesner Chávez Sosa.
También se relevó una zona de otra unidad militar que evidenciaba signos de remoción de tierra y se halló un resto óseo-que lamentablemente, pese a los múltiples estudios efectuados tanto en el Uruguay como en el exterior, no pudo ser identificado.
El grupo de arqueólogos que trabajó coordinadamente con el Equipo Argentino de Antropología Forense culminó su tarea y elevó un informe, el cual también formará parte de la publicación antes mencionada.
Pero además, uruguayas y uruguayos, reiteramos el compromiso de este gobierno a que si en el futuro surgiera nueva información sobre eventuales lugares de enterramientos clandestinos se reemprenderá la búsqueda implementando las acciones que fueran del casó.
Por último, en este punto, este Poder Ejecutivo le ha dado una nueva interpretación a los términos de la Ley de Caducidad, franqueando la posibilidad de que el Poder Judicial haya podido investigar y actuar en todos aquellos casos que le elevara en consulta al Poder Ejecutivo.
Los resultados son de público conocimiento y nos eximen de comentarios. En todo caso digamos que a este gobierno no lo mueve la venganza pero lo impulsan la verdad y la justicia, indispensables para la convivencia pacífica y democrática. Y es en tal sentido, queridos compatriotas, que así como valoramos la legislación para reparar a los destituidos, presos y exiliados durante el período autoritario, comprendemos y refrendaremos la iniciativa recientemente planteada desde el Parlamento, para reparar a familiares de soldados, policías y civiles fallecidos en aquella desagarradora circunstancia de enfrentamientos entre uruguayos.
Lo dijimos el 1º de marzo de 2005 y lo reiteramos hoy: el dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo, no tiene atenuantes ni adjetivos, es dolor y punto.
Nunca más enfrentamiento entre uruguayos, nunca más y para todos y por eso el 19 de junio, donde seguiremos conmemorando el natalicio del más grande de entre todos nosotros, donde seguirá siendo el día de Artigas, el 19 de junio ante él, ante el prócer y ante las generaciones que vienen diremos uruguayos nunca más, nunca más uruguayos contra uruguayos.
El camino es el del diálogo, el de profundizar la democracia, el de respetar las instituciones democráticas, el de respetarnos en la diferencia, nunca más uruguayas y uruguayos.
Pero digamos también que como los derechos humanos no son sólo asunto del pasado, estamos trabajando en la ampliación del campo de los derechos civiles y sociales, también llamados de última generación, para todos los uruguayos.
Ejemplos: creación de la Comisión Nacional contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación y acciones afirmativas en materia de derechos de género, infancia y adolescencia, minusvalidez, etc.
Por eso este pilar de principios y valores del gobierno progresista, de un gobierno de izquierda. Seguimos creyendo en la austeridad, seguimos creyendo en la transparencia, en la eficiencia y en la cercanía a la gente como líneas rectoras de la gestión de gobierno.
Seguimos creyendo en la memoria, en la verdad y la justicia, como manera de sobreponernos al dolor del pasado, aprovechar las oportunidades del presente y construir el futuro de la sociedad uruguaya. Seguimos creyendo en lo que hasta el 31 de octubre de 2004 fue nuestra propuesta de gobierno y a partir de entonces ha sido, es y será nuestro compromiso de gobierno.
Y no solamente creemos, también actuamos en consecuencia. Claro que no somos infalibles, que tenemos carencias, que cometemos errores, que a diario surgen dificultades imprevistas, y a quienes nos critican por esas carencias y dificultades les decimos que tienen el derecho y la responsabilidad de hacerlo y que este gobierno les garantiza ese derecho.
Pero también decimos, inspirados en Antonio Machado, que hay dos tipos de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los principios y los que se limitan a temerlos y llevarlos adelante. Los que critican todo sin hacer nada por temor a equivocarse y los que hacen asumiendo la responsabilidad de equivocarse y el riesgo de ser criticados por ello. .
LA REPÚBLICA PÁG. 9
Vigencia de la Ley de Caducidad es un "debe" del Estado uruguayo.
Representante Regional del Alto Comisionado de ONU para los DD.HH. en Montevideo.
La abogada peruana Carmen Rosa Villa Quintana realiza contactos con autoridades del gobierno. La lucha contra la impunidad es una prioridad para el Acnudh. También hay atraso en instrumentación de convenios, tipificación de delitos y reforma de leyes.
ROGER RODRIGUEZ
El Estado uruguayo continúa sin cumplir una serie de observaciones realizadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, por la vigencia de la ley de caducidad, según indicó ayer Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional del organismo.
Carmen Villa Quinta, quien se encuentra en Montevideo para realizar contactos a alto nivel gubernamental y participar de un seminario, explicó que entre los desafíos que en defensa de los derechos humanos se ha fijado la ONU se encuentra, precisamente, el problema de la impunidad.
"Es importante sancionar a los violadores de los derechos humanos y dar una reparación a las víctimas" afirmó la representante del Alto Comisionado de la ONU, quien subrayó que la verdad, la justicia y la reparación son un todo. "No se puede amnistiar cuando hay graves violaciones a los Derechos Humanos", dijo.
La delegada de la Comisionada Louise Arbour, señaló que entre los desafíos del organismo de ONU para 2007 también se incluyen la pobreza y desigualdad en el plano mundial, la discriminación, los conflictos armados y violentos, los déficit democráticos y las debilidades institucionales.
Entre las prioridades del Acnudh están los derechos de los pueblos indígenas y de afrodescendientes, el derechos de la mujer, del niño y los migrantes y la reducción de la pobreza, así como la creación de Institutos Nacionales de Derechos Humanos, tema que debate el Parlamento uruguayo.
Materias pendientes
Villa Quintana, Abogada peruana que en junio de 2006 obtuvo la Condecoración de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde fue Directora de la Oficina del Acnudh, destacó que Uruguay ha suscritos los principales convenios internacionales en la materia.
Sin embargo, indicó que el Estado uruguayo tiene pendiente la instrumentación del Convenio contra la desaparición forzada, sobre los derechos de personas con discapacidad y el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas.
La representante de la ONU agregó que entre las últimas recomendaciones realizadas por el organismo al Estado uruguayo, se incluye la adecuación y armonización interna de la legislación internacional y la reelaboración del Código de la Niñez y la Adolescencia.
También constituyen un debe de Uruguay la reforma del proceso penal, la tipificación de los delitos establecidos por la Corte Penal Internacional y la revisión de la Ley de Caducidad, así como las condiciones carcelarias que se han verificado en el país.
Carmen Villa Quintana anunció la realización de programas de formación en derechos humanos para funcionarios del gobierno y la promoción de la "justiciabilidad" de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), entre los que se mencionó los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
LA NACIÓN
Ya comenzaron los operativos en Brasil, Uruguay y Colombia. Durante el fin de semana llegaron aviones norteamericanos.
SAN PABLO.- La inminente visita del presidente norteamericano, George W. Bush, ya se empezó a sentir en Brasil, Uruguay y Colombia, donde se están montando inmensos operativos de seguridad para que nada falle.
La visita de Bush a su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, estará rodeada de un gigantesco operativo de seguridad, reforzado después que el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, escapó ileso de un ataque terrorista durante su visita a Afganistán, la semana pasada.
La preocupación por la seguridad incluye el misterio. Hasta ahora, el gobierno brasileño no ha revelado el número de agentes locales y norteamericanos que serán utilizados para proteger a Bush de eventuales atentados y mantener a distancia a los miles de manifestantes que preparan protestas contra la visita.
Los traslados de Bush paralizarán el tránsito aéreo en San Pablo y obligarán a bloquear calles, avenidas y accesos de la ciudad.
Unas 250 personas, la mayoría del servicio secreto de seguridad, acompañarán a Bush en su visita a Brasil, con un equipaje especial que incluye vehículos, combustible y agua, informó ayer el diario brasileño Folha de S. Paulo.
Según el diario, Bush llegará el jueves al aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, a bordo del Boeing 747 reserva del Air Force One, que en la actualidad está siendo reparado.
Un avión carguero de la fuerza aérea estadounidense con doce furgones blindados, una unidad médica móvil y una central móvil de comunicaciones que forman en tierra la caravana de Bush llegaron el fin de semana a San Pablo.
El mandatario debe llegar con su limusina particular, el Cadillac One que, aclara con ironía el diario paulista, funciona con nafta, no alcohol, y mucho menos brasileño.
Intensos preparativos.
También en Uruguay comenzaron los preparativos para la llegada del presidente norteamericano.
Durante el fin de semana aterrizaron cinco aviones en Montevideo, entre los que se cuenta un Galaxy, con personal y equipos de seguridad que se utilizarán durante la visita de Bush, que culminará el domingo.
En el avión de mayor tamaño también llegó un helicóptero que transportará al mandatario durante su visita a Uruguay, y vehículos, entre ellos una limusina presidencial blindada.
Según informó ayer el diario La República , la embajada norteamericana ha gestionado ante el gobierno uruguayo 400 visas para el personal que se ocupará de la visita del mandatario norteamericano.
Según fuentes diplomáticas citadas por el diario El Observador , se han hecho unas 1200 reservas de alojamiento en los principales hoteles de Montevideo, por lo que la delegación del mandatario generará un gasto, incluyendo comidas y transportes, de 1,2 millones de dólares.
Bogotá, blindada
Las autoridades colombianas también adoptarán fuertes medidas de seguridad para blindar a Bogotá durante la breve visita que realizará el presidente estadounidense el 11 de marzo.
Además de los 21.000 policías que serán desplegados en la capital colombiana, el ejército reforzará la custodia que ya ejerce alrededor de la ciudad, especialmente en los puntos de ingreso, para evitar posibles atentados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Del total de policías movilizados, 7000 vigilarán los sectores por donde debe pasar y permanecer el mandatario estadounidense, quien por primera vez visitaría Bogotá.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vázquez fijó prioridades para acuerdo comercial con Bush
BIOCOMBUSTIBLES, TEXTILES, ARROZ, SALUD Y EDUCACIÓN ESTARÁN SOBRE LA MESA.
El presidente Tabaré Vázquez recibirá a su par norteamericano George W. Bush con una serie de propuestas de acuerdos sobre biocombustibles, textiles, arroz, salud y educación.
VÁZQUEZ proyecta aprovechar la visita "amistosa" del mandatario de la nación más poderosa del planeta para plantearle el tema de la apertura comercial y temas a profundizar a partir del acuerdo marco de comercio e inversión (Tifa). El mandatario dijo ayer en el Consejo de Ministros que aspira a abordar temas como la producción de biocombustibles, comercio textil, apertura norteamericana para la exportación de arroz y temas sociales como salud y educación.
El incremento del comercio textil resulta prioritario para Vázquez, que hace tres semanas se comprometió con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, a pedir una apertura comercial para este material a Bush. Ayer reiteró esta intención aunque no profundizó en los planteos concretos que hará.
El embajador norteamericano, Frank Baxter, se refirió al tema en la conferencia de prensa que sostuvo el jueves pasado con los medios escritos y dijo desconocer si la cuestión textil estará presente aunque aclaró que "las agendas de los presidentes son abiertas, por lo que ningún tema puede quedar descartado". De cualquier manera, Baxter adelantó que el objetivo del presidente Bush, además de devolver a Vázquez la visita que éste hizo a Washington en mayo del año pasado, es básicamente "comercial", dado que Estados Unidos tiene interés en determinadas producciones puntuales uruguayas, como los arándanos y el software.
El interés de Vázquez por abordar temas comerciales con Estados Unidos quedó claramente planteado en el acto público del viernes pasado, cuando al referirse a la visita de Bush dijo a la población que "con una estrategia de Uruguay Productivo nos interesa abrir nuestros mercados, entre ellos, Estados Unidos. Uruguay no quiere préstamos de dinero, quiere oportunidades. Basta de subsidios, queremos mercados".
ACOMPAÑANTES
Por otra parte, Vázquez anunció ayer en el Consejo de Ministros los nombres de los ministros que lo acompañarán durante la visita de Bush. Los titulares de Economía, Relaciones Exteriores, Industria, Ganadería y Educación, esperarán en Anchorena al mandatario rodeados de un impresionante dispositivo de seguridad. El presidente comunicó a Danilo Astori, Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, José Mujica y Jorge Brovetto que deberán acompañarlo, tal como hicieron en ocasión de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bush adelantó en su país que es "amigo" de Uruguay, así como de Brasil, Colombia, Guatemala y México, los países que eligió para su gira. Como muestra de amistad, anunció la promoción de acciones en los campos de la educación y la salud para estos países que involucrarán la inversión de 75 millones de dólares en los próximos tres años para impulsar el estudio de la lengua inglesa.
Agregó que estos países tienen en común sus "grandes avances", que han "reforzado la democracia". Según dijo a la Cámara de Comercio Hispano, su objetivo es contribuir a la erradicación de la pobreza, con la consecuente disminución de la emigración a Estados Unidos.
LA SEGUNDA
Senadores Arancibia y Núñez dispuestos a revisar el aporte del 10% de las Fuerzas Armadas.
Senadores Jorge Arancibia (UDI) y Ricardo Núñez (PS), además del diputado Jorge Burgos (DC), se manifestaron partidarios, aunque con algunos matices, de reformar el cuestionado cuerpo legal.
Dispuestos a revisar la ley reservada del cobre que entrega un 10% de los ingresos de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), por ventas del mineral, a las Fuerzas Armadas, se manifestaron este viernes varios parlamentarios.
Según informó la empresa estatal, en 2006 sus beneficios totalizaron US$ 9.215 millones, los más altos en 30 años, y el buen desempeño permitirá que las entidades castrenses reciban US$ 1.311 millones.
El mencionado cuerpo jurídico obliga a la empresa a entregar el 10% de sus ventas a los militares, con un piso anual de 150 millones de dólares.
Los senadores Jorge Arancibia (UDI) y Ricardo Núñez (PS), además del diputado Jorge Burgos (DC), se manifestaron partidarios, aunque con algunos matices, de reformar el cuestionado cuerpo legal.
El legislador gremialista, miembro de la Comisión de Defensa, explicó que “estoy dispuesto a revisar el tema de los aportes a las Fuerzas Armadas, en términos de ver si hay una forma más efectiva de lograr el mismo efecto y resultados”.
“Las FFAA reciben un piso de recursos, es decir, el ingreso fijo previsto mínimo y se creó una cuenta especial para financiar otras cosas que no son inversiones de capital, como por ejemplo, las operaciones de Paz en Haití", indicó.
En ese sentido, precisó que todas las compras y renovación de material militar se realizan con la ley Reservada del Cobre en operaciones a largo plazo, por lo que cualquier fórmula debe considerar la estabilidad en el presupuesto.
Núñez: Anacronismo
Por su parte, el senador Núñez, integrante de la Comisión de Minería, aseguró que la ley del cobre es un anacronismo que debe ser desterrado de las cuentas públicas. Hace demasiado tiempo que esto ha permanecido como producto de una inercia política-financiera y que es necesario resolver”.
“Siempre hemos dicho que no se deben afectar los recursos normales que requieren las FFAA, pero sigue siendo un hecho sin mayor justificación el que hayan recursos que no se puedan fiscalizar", explicó.
“Ojalá que en el próximo ejercicio presupuestario se puedan incorporar directamente los recursos para las Fuerzas Armadas”, complementó.
Burgos: Transparencia
En tanto, el diputado Jorge Burgos (DC) exigió un pronunciamiento del Ministerio de Defensa sobre el destino que tendrán los US$ 1.311 millones, asegurando que en “pro de la transparencia, los chilenos necesitamos saber qué ocurrirá con estos recursos”.
Junto con solicitar el pronto envío del anunciado proyecto de ley que debiera modificar esta situación, Burgos insistió en que “en lo inmediato, debemos saber cómo se van a gastar recursos, cuanto se va ahorrar, si se realizarán o no pagos anticipados".
"Es lo mínimo que se necesita si estamos hablando de transparencia y así como exigimos claridad en otras materias, como en las becas Presidente de la República, es de rigor que en este tema tan sensible también exista la mayor transparencia posible", puntualizó.
CLARÍN
Régimen penal para las FF.AA.
Rubén Giustiniani SENADOR NACIONAL, PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA.
La modernización de las Fuerzas Armadas encuentra en la supresión de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional autónoma una cuestión ineludible. Recorrer el articulado del Código de Justicia Militar vigente es verificar la existencia de penas extremas (pena de muerte incluida) y un trato desigualitario y discriminatorio.
Jueces, fiscales y secretarios son designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, se incurre en el tremendismo penal y en penalidades draconianas. No hay respeto a las garantías constitucionales ni acompaña las evoluciones del derecho penal y el derecho internacional.
El derecho comparado nos ofrece ejemplos de algunos ordenamientos, en distintos países del mundo, que revelan que la justicia militar no requiere configurarse como una jurisdicción especial, que puede no ser administrada por militares y, que, en definitiva, es susceptible de seguir sufriendo transformaciones hacia su supresión.
Convencidos de dicha necesidad, con el antecedente de Alfredo Palacios —quien desde 1913 bregó insistentemente en el Parlamento por la supresión de los tribunales militares—, presenté en el 2005 en el Senado de la Nación un proyecto de ley que deroga el Código de Justicia Militar vigente y establece un nuevo régimen penal para las Fuerzas Armadas. La iniciativa, que está pendiente de tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Defensa Nacional, suprime la jurisdicción de los tribunales militares como instancia de juzgamiento de delitos cometidos en dicho ámbito. De esta manera, otorgamos jurisdicción y competencia a la justicia federal en lo atinente al juzgamiento de conductas delictivas. Las atribuciones de las Fuerzas Armadas deben aplicarse sólo a las faltas disciplinarias.
Dada la composición y la estructura de la justicia militar, como tribunales de la República, están al margen de los principios que forman las bases de la organización de los tribunales de justicia, fundamentalmente en lo que respecta a la independencia e imparcialidad. Su fuerte y directa dependencia de la jerarquía militar le priva de las exigencias que debe tener todo órgano jurisdiccional en la democracia.
Todo lo esto priva a miles de ciudadanos argentinos del acceso a una justicia que respete los derechos y garantías fundamentales en un Estado de Derecho.
EL MERCURIO
Presidente advierte sobre atentado contra su avión.
El Presidente venezolano Hugo Chávez consideró ayer en una entrevista concedida a su ex vicepresidente, el periodista José Vicente Rangel, que el magnicidio sigue siendo la principal estrategia de sus enemigos para sacarlo de la escena política y aseguró que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia intentó matarlo por orden de la CIA.
En el capítulo inaugural del programa de televisión "José Vicente Hoy", que representó el regreso al periodismo de Rangel, Chávez señaló que "la hipótesis del magnicidio ha subido de peso. Sólo hay que ver que acaban de juramentar como subsecretario de Estado (de EE.UU.) a un asesino profesional como John Negroponte", y aseguró que la CIA está trabajando en dos opciones para asesinarlo: un atentado con auto bomba y la utilización de un misil tierra aire para derribar el avión presidencial.
Además, citó lo ocurrido en Bogotá en una visita que hizo al entonces Presidente colombiano, Andrés Pastrana, afirmando que en esa ocasión iba a ser asesinado por un paramilitar infiltrado por el DAS y la CIA, y se salvó porque un policía colombiano, que no estaba al tanto del plan, localizó en un baño la pistola que se iba a utilizar.
Pero el Mandatario también conversó de temas coloquiales. Hablando en tercera persona, afirmó que "Hugo Chávez es producto de una rebelión militar legítima", recordando el fallido golpe de Estado que encabezó en 1992, y contó que a veces se siente prisionero en el poder. "Yo quisiera pararme en una esquina, tomarme un café... pero no puedo", reflexionó.
CLARÍN
Ecuador cerrará la principal base militar de Washington en Sudamérica.
Mientras el presidente estadounidense George Bush esté de gira por Latinoamérica, del 5 al 9 de este mes se realizará en Ecuador la primera conferencia de la red mundial para abolir bases militares de países extranjeros, como la que EE.UU. tiene en el puerto ecuatoriano de Manta, y que el presidente Rafael Correa prometió cerrar.
La base abrió en 1999 cuando gobernaba Jamil Mahuad, el mismo de la dolarización que aún rige y quien fuera echado por una rebelión popular. En la campaña electoral de Correa, en 2006, el entonces candidato afirmó que si ganaba no renovaría el contrato de locación de la base en 2009. A menos, ironizó ante medios extranjeros, entre ellos Clarín, que los ecuatorianos pudieran tener una base propia "en Miami, para velar por los derechos de nuestros emigrados en EE.UU.".
Un trabajo del centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría, que dirige Rosendo Fraga, recuerda que la recientemente fallecida ministra de Defensa ecuatoriana Guadalupe Larriva formalizó el anuncio del cierre de la base a poco de asumir Correa.
Ayer, por otra parte, se conoció el peritaje oficial sobre la tragedia aérea del 24 de enero último, cuando murió la ministra, su hija y 5 militares que sobrevolaban Manta en helicópteros: "falla humana", dice el texto.
Nueva Mayoría alude a la "animosidad" que hay en Ecuador contra la base ubicada en la región Manabí, fronteriza con Colombia, instalada, dice, para monitorear la lucha "antidrogas" y contra la guerrilla en la selva colombiana. En cambio, Juan Tokatlian (Universidad de San Andrés) escribe en un trabajo reciente cómo las bases de EE.UU. en Manta, Comalapa en El Salvador y Hato Rey en Cura©ao rodean "al mayor triángulo petrolero sudamericano", entre la región andina y el Caribe. EE.UU., que debió cerrar la que tenía en Panamá en 1999 por los acuerdos Carter-Torrijos, también tiene bases en Aruba y las Antillas Holandesas, igual que posee en Asia y Africa. Sus sitios sugieren una estrategia geopolítica y de abastecimiento de materias primas.
La idea de oponerse a esas instalaciones surgió en el Foro Social Mundial, y a Quito convergerán organizaciones como el Serpaj, el Consejo de Paz de EE.UU., el asiático Focus on the Global South y cientos de ONG latinoamericanas, europeas y de otros continentes, junto a personalidades como la activista estadounidense Cindy Sheeham, madre de un soldado muerto en la invasión a Irak. También habrá una marcha hacia Manta.
La base, naval y aérea, está bajo el control del Comando Sur de EE.UU., tiene un equipamiento ultramoderno y sus agentes gozan de inmunidad diplomática. Ahora quiere ser recuperada en su plena soberanía por Ecuador para aumentar la capacidad portuaria como una terminal de transferencia de cargas, con miras al comercio latinoamericano y asiático.
Una de las obras más ambiciosas hechas en la zona, dijo en octubre pasado a Clarín el embajador argentino en Quito, Carlos Piñeiro Iñíguez, fue el oleoducto desde la selva ecuatoriana a Esmeralda, al norte de Manta, donde trabajó el grupo argentino Techint. Ahora, deberá alinearse a la política nacionalista de recursos energéticos del gobierno de Correa.
LA NACIÓN
La Corte invalidará los indultos.
No será, sin embargo, en los plazos que ayer reclamó Kirchner.
La Corte Suprema declarará la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem respecto de los ex militares y oficiales involucrados en causas de la represión.
Sin embargo, el tribunal tiene tiempos más prolongados que los que desearía el presidente Néstor Kirchner, que ayer desde el Congreso reclamó que el alto tribunal se pronunciara sobre esta cuestión para que puedan avanzar algunas causas por violación de los derechos humanos.
En septiembre último, la Cámara Nacional de Casación Penal anuló el indulto que beneficiaba a Riveros, dispuesto mediante el decreto 1002/89. Esa decisión es la que esperaba la Corte Suprema para pronunciarse sobre si esos beneficios son constitucionales o no.
Riveros está procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Con la anulación de ese decreto, que también alcanzaba a otros ex militares, la Cámara estableció un fuerte precedente.
Pero, por exigencias procesales, el alto tribunal remitió la causa Riveros a la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, que debe emitir un dictamen.
Desde el punto de vista técnico, la impugnación de los indultos presenta algunas complejidades adicionales a las de las leyes de punto final y de obediencia debida, que ya fueron declaradas inválidas por la Corte en el caso Simón, de 2005.
Además, Menem indultó no sólo a condenados, sino también a procesados, y la Corte, en varios casos resueltos en la década del noventa, ya se pronunció en favor de la constitucionalidad de los indultos y respaldó el ejercicio de la atribución presidencial. Incluso, en 1990, la Corte rechazó una impugnación contra el indulto que benefició a Riveros.
Sin embargo, en el máximo tribunal, actualmente, este criterio es minoritario: en efecto, la mayoría aplicará en la causa Riveros los mismos argumentos que usó cuando declaró inválidas las leyes del perdón.
De todas formas, en la Corte creen que la premura presidencial tenía por destinatario, no a los jueces, sino a la tribuna política.
TELAM (Arg.)
Ordenan al Ejército investigar amenazas en una causa por violación a los Derechos Humanos.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, le exigió ayer con carácter de urgente al jefe del Ejército, Roberto Bendini, que se dedique a verificar si es cierto que un mayor retirado se presentó en el domicilio de un testigo profiriéndole amenazas. El caso ocurrió en la provincia de Neuquén.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó ayer con carácter de urgente al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, que investigue la amenaza que sufriera un testigo en el marco de una causa por violación a los derechos humanos en la provincia de Neuquén.
La directiva enviada a la jefatura del Ejército señala que el testigo -cuya identidad no se suministró- denunció haber padecido en su domicilio actos intimidatorios por parte de un mayor retirado del Ejército, según indicó el ministerio de Defensa.
De acuerdo con la denuncia, el mayor retirado Luis Alberto Farías se presentó en el domicilio del testigo profiriéndole amenazas. Luego de este hecho, y tras comunicarse con su abogada personal para transmitirle el episodio, el denunciante recibió un llamado telefónico en el que le fue reproducida la conversación que había mantenido con su letrada.
La ministra "ordenó las acciones debido a la gravedad del hecho para que a la mayor brevedad posible el teniente general Bendini inicie las actuaciones que correspondan a su competencia", señala la información.
Al mismo tiempo, requirió al jefe del Ejército que "adoptara todas las medidas necesarias para evitar la reiteración de sucesos de esa índole", agrega.
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ELIMINAR LAS FUERZAS ARMADAS, YA!
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Bart
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MensajePublicado: Mar Mar 06, 2007 5:27 pm Título del mensaje: Responder citando
Mirá que estás equivocado. Bush no va a venir. Eso es un bolazo.
A mi me dijo The Big que Bush no iba a andar visitando Uruguay con los despelotes que tiene por todo el mundo, que esos son bolazos de la derecha que quiere desestabilizar a Tabaré.
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Sandra
Registrado: 01 Ene 2007
Mensajes: 1387
Ubicación: Montevideo - Uruguay
MensajePublicado: Mar Mar 06, 2007 5:41 pm Título del mensaje: Responder citando
Bart escribió:
Mirá que estás equivocado. Bush no va a venir. Eso es un bolazo.
A mi me dijo The Big que Bush no iba a andar visitando Uruguay con los despelotes que tiene por todo el mundo, que esos son bolazos de la derecha que quiere desestabilizar a Tabaré.
Vos dale nomas que despues tenemos que salir India y yo a defenderte Evil or Very Mad Laughing
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Bart
Registrado: 08 Ene 2007
Mensajes: 704
MensajePublicado: Mar Mar 06, 2007 7:22 pm Título del mensaje: Responder citando
Sandra escribió:
Bart escribió:
Mirá que estás equivocado. Bush no va a venir. Eso es un bolazo.
A mi me dijo The Big que Bush no iba a andar visitando Uruguay con los despelotes que tiene por todo el mundo, que esos son bolazos de la derecha que quiere desestabilizar a Tabaré.
Vos dale nomas que despues tenemos que salir India y yo a defenderte Evil or Very Mad Laughing
kiss
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El Llanero Solidario
Registrado: 04 Ene 2007
Mensajes: 381
MensajePublicado: Mar Mar 06, 2007 10:50 pm Título del mensaje: RN 06-03-07 (LO QUE HABIA QUEDADO EN EL TINTERO) Responder citando
CLARÍN
Mar del Plata: arranca el Juicio por la Verdad sobre los crímenes de la Triple A.
INVESTIGARAN A LA CNU, EMBRION LOCAL DE LA ORGANIZACION DE LOS AÑOS 70
Enviarán las actas al juez Oyarbide, que investiga a la banda que dirigió López Rega.
Los Juicios por la Verdad han indagado desde sus inicios, en 2001, sobre la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad; algunos de ellos fueron condenados.
Pero a partir de hoy, cuando se reanuden las audiencias, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata oirá a testigos que develarán detalles sobre la responsabilidad de la Concentración Nacional Universitaria (CNU, una organización de ultraderecha que actuó en Mar del Plata) en secuestros y asesinatos cometidos en los años 70. También el papel que ocupó la organización después del golpe militar de marzo de 1976. En el juicio se afirmará que la CNU prestó colaboración útil e indispensable a la dictadura militar". Lo actuado será remitido al juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los crímenes cometidos por la Triple A.
El Juicio por la Verdad, investigará el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, decana de Humanidades de la Universidad Católica cuando monseñor Eduardo Pironio era entonces obispo de Mar del Plata.También los asesinatos del abogado Miguel Elizagaray, de los hermanos Jorge y Guillermo Videla y de su padre, el teniente retirado Jorge Videla, y del médico Mauricio Goldemberg, todos cometidos la noche del 21 de marzo de 1975.
La versión de los organismos de los Derechos Humanos señala que "la CNU los ejecutó en represalia por el asesinato de Ernesto Piantoni", líder de la organización de ultraderecha. "La CNU decidió a quienes asesinar junto al ataúd de Piantoni, en el velatorio. Ahí actuó la Triple A: mataron a los cinco esa misma noche", contó a Clarín uno de los futuros testigos en el juicio, que pidió no ser identificado
Serán investigados también los crímenes de Daniel Gasparri y del padre del dirigente montonero Eduardo Soarez, fue fusilado en el campo de deportes de la ciudad. Soarez, ya declaró ante el Tribunal marplatense e identificó a los miembros de la CNU.
En numerosos testimonios de los 14 cuerpos del Juicio por la Verdad de 2001, los testigos señalaron al ex fiscal federal Gustavo Modesto Demarchi como una de las cabezas de la CNU en Mar del Plata; era además secretario académico de la universidad. También se menciona al abogado Eduardo Cincotta, Nicolás Cafarello; Mario Durquet, Federico Delgado, Eduardo Salvador Ullúa y a su hermano Néstor Daniel, Juan Carlos Gómez, Oscar Corres, Horacio Luis Raya y Patricia Arenasa, entre otros. A los jueces del tribunal oral, Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela se les expondrá la labor de la entonces defensora oficial Ana María Teodori.
Los Juicios por la Verdad no tienen la facultad de juzgar. Pero el juez Norberto Oyarbide podría tomar indagatorias y ordenar detenciones. Por lo pronto, los organismos de Derechos Humanos, impulsores de los juicios, denunciarán penalmente a los integrantes de la CNU que "colaboraron con el plan sistemático de exterminio de personas".
Esos mismos organismos aportarán abundante prueba documental, entre la que consta material enviado por el juez español Baltazar Garzón, basado en una declaración del ex policía Eduardo Giordano, que trabajaba en la universidad en el 75. Contó en la Audiencia Nacional de Madrid quiénes integraron la CNU en Mar del Plata y qué hicieron.
Los expedientes judiciales de la época desaparecieron y fueron arrancadas páginas del libro de seguimiento de causas de la Cámara Federal. Además de los expedientes del Juicio por la Verdad, se revisarán documentos de la universidad, revistas y panfletos firmados por la CNU. También los diarios locales: como el del 9 de mayo de 1975, el mismo día en que Maggi fue secuestrada, que registra la llegada a la ciudad de la presidente Isabel Perón y de José López Rega, jefe de la Triple A. Habían venido a descansar, dicen los titulares.
CLARÍN
Un psiquiatra italiano certificó la débil salud mental de Massera.
DERECHOS HUMANOS : FUE ENVIADO POR LA JUSTICIA DE ESE PAIS, QUE ENJUICIA LOS CRIMENES DE LA ESMA
Es incapaz de razonar y desvaría. Su estado le impide afrontar el juicio que le siguen en Roma.
Finalmente, el psiquiatra italiano Roberto Tatarelli pudo comprobar ayer el mal estado de salud del ex almirante Emilio Massera, declarado insano por la Justicia argentina y reclamado para ser juzgado en Italia por crímenes de la dictadura.
Tatarelli, enviado por el juez romano Marco Sancinetti, se trasladó ayer al departamento de Massera en el barrio de Palermo Chico. Allí comprobó una leve mejoría física de Massera pero también su deficiente estado mental, según dijeron a Clarín fuentes del caso.
"No razona y desvaría", dijo sobre Massera una de las fuentes consultadas por este diario. El ex jefe de la Armada, uno de los principales responsables de la dictadura que secuestró e hizo desaparecer a miles de personas, sufrió un derrame cerebral hace más de cuatro años.
Por ello fue declarado "insano" por la Justicia argentina en todas las causas que se le siguen por su responsabilidad en el gobierno de facto instaurado en 1976. Esto quiere decir que no se lo puede juzgar porque no puede comprender las acusaciones que pesan sobre él.
Sin embargo, la Justicia italiana quiso corroborar por ella misma el estado de salud del ex almirante. Es para determinar si está en condiciones de afrontar un juicio que se le sigue en ese país por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura.
Por los pocos datos que trascendieron de la pericia —en rigor, una pequeña entrevista del psiquiatra con Massera—, el ex dictador no está en condiciones de afrontar el juicio en Roma. Y eso sería lo que le dirá al juez Sancinetti el psiquiatra Tatarelli en su informe, una vez que regrese a Roma. El italiano concurrió a la casa de Massera pasado el mediodía junto con un representante del Cuerpo Médico Forense y un traductor.
El perito debió tramitar un permiso especial ante el juez federal Guillermo Montenegro, que lo citó a su despacho la semana pasada para saber qué tipo de estudios haría sobre Massera, cuyos familiares se oponían a la entrevista. El italiano le dijo que sería un análisis "complementario", "no invasivo", del que ya le efectuó y le efectúa periódicamente la Justicia argentina.
Por su grave estado de salud, Massera evitó afrontar los procesos que se le siguen por la apropiación de una menor, el Plan Cóndor y el robo de bienes de desaparecidos. En Italia se lo acusa por el secuestro de Angela Aietta —madre del ex titular de la Juventud Peronista Juan Carlos Dante Gullo—, Giovanni Pegoraro y Susana Pegoraro. En esta misma causa son juzgados actualmente los ex marinos Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza y Antonio Vañek, además del ex prefecto Héctor Febres.
Massera, de 81 años, fue condenado a reclusión perpetua en el juicio a los ex comandantes de la dictadura realizado en 1985. Sin embargo, cinco años después fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. Luego fue sometido a procesos por robo de bebés y de bienes de desaparecidos y por el Plan Cóndor.
Por su estado de salud, Massera fue liberado hace dos años. Como era mayor de 70 años cumplía en su departamento las diversas prisiones preventivas que le habían impuesto los jueces. Igualmente, dado su delicado estado, el ex hombre fuerte de la Armada, que decidió sobre las vidas de miles de argentinos, se encuentra recluido en su casa.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Recomiendan a Uruguay revisar ley de Caducidad
COMISIONADA DE LA ONU INSTÓ A UNA REPARACIÓN ECONÓMICA O SIMBÓLICA A LAS VÍCTIMAS
La representante regional del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Villa Quintana, afirmó que el gobierno uruguayo debe "revisar" la ley de Caducidad y reparar a las víctimas de la represión.
VILLA QUINTANA, que se encuentra en Uruguay para dictar un taller de capacitación y mantener contactos con autoridades de gobierno, considera que dicha norma constituye uno de los temas "pendientes" del país en materia de Derechos Humanos. Pese a considerar que en los últimos años hubo un "avance" con la nueva interpretación de la ley y los procesamientos, subrayó que es "importante" realizar su "revisión".
En un encuentro mantenido ayer con los medios escritos en la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Villa Quintana recordó que el Comité de DDHH manifestó en 1998 su "honda preocupación" y "profunda inquietud" por la norma, así como el informe efectuado en 1992 por la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA sobre el tema.
"Creo que hay que revisarla para que sea acorde con esas recomendaciones", enfatizó.
En su opinión, es necesaria una "adecuación y armonización de la legislación interna a la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, no basta con la ratificación".
La representante regional para América Latina y el Caribe, asimismo, aseguró que la verdad y justicia sobre las violaciones a los DDHH debe ir acompañada necesariamente por la "reparación de las víctimas".
Según Villa Quintana, la reparación no solo debe ser entendida desde el punto de vista económico. "No siempre significa desembolsar millones y millones, a veces las víctimas lo que piden es un reconocimiento simbólico o un perdón público y esto porque hay cosas que no se reparan tan fácilmente", indicó.
CÁRCELES Y PROCESO
Al repasar los temas pendientes de Uruguay, Villa Quintana también mencionó la necesidad de reformar el proceso penal y rever la situación institucional del Ministerio Público y Fiscal.
Señaló, además, que el gobierno debe adoptar o reforzar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los establecimientos carcelarios. Para Villa Quintana, la solución
no es construir más cárceles, sino ir a las causas de fondo que provocan dicha situación.
Según la representante del organismo internacional, también se debe instrumentar políticas para "luchar" contra la discriminación contra las mujeres y la minoría afrourugua-ya y prevenir la violencia contra la mujer en un amplio sentido. A modo de ejemplo, citó la participación política y la equidad salarial.
La garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como la reducción de la pobreza e inequidades en el acceso a servicios sociales de calidad y un plan nacional de educación en Derechos Humanos son otras de las áreas a reforzar.
