LA REPÚBLICA PÁG. 16
La Ley de Defensa.
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (*)
Los países más conocidos del mundo y entre ellos nuestros vecinos hace ya tiempo que tienen su respectiva Ley de Defensa.
Se trata de un instrumento muy peculiar: debe ser revisado cada pocos años, es público y notorio, fija, desde los poderes políticos, los grandes rumbos que en esa materia deberá seguir la sociedad a través de sus órganos de gobierno. Por lo tanto es recién a partir de esa Ley que pueden producirse racionalmente otras como por ejemplo modificaciones a la Ley Orgánica Militar, una Ley sobre los Servicios de Inteligencia, la Ley de Presupuesto y un largo etcétera.
El debate público y el parlamentario dotan y deben dotar a estas leyes de la mayor transparencia posible porque entre otros objetivos ellas buscan mostrarles a la región y al mundo, sin tapujos, las preocupaciones y las decisiones que en materia tan delicada un país va tomando. En realidad su objetivo mayor es la paz. En estos asuntos, como resulta obvio, la paz entre los pueblos comienza a cimentarse cuando se aventan resquemores y desconfianzas. Es una dura lección aprendida después de colosales tragedias.
Colocan también esa cuestión en manos del público para que nadie ni nada pueda medrar en las catacumbas del secretismo y para que comprendamos que ese tema le pertenece a todos porque la defensa no es solamente asunto militar. Es un deber y un derecho de los pueblos.
Por ahí van las razones que hacen necesarias y muy importantes estas leyes.
Es en este marco (una especie de aclaración previa) que debe ubicarse el ruido que hace unos días se produjo en torno a la instrucción militar.
No deja de ser triste que luego de un tan serio trabajo como el que se ha venido realizando y que abarca tantos problemas graves y trascendentes, se haga un carnavalito matraqueño con ínfulas de seriedad y pretensiones de viveza criolla.
Bajo el gobierno de Jorge Batlle desembarcó en el Parlamento una ilustre delegación de la Cámara de los lores: los de la defensa de tan viejo cuan vasto imperio.
Le preguntaron (a Senadores y Diputados uruguayos): ¿Para qué querían tener Fuerzas Armadas en Uruguay?
El Presidente de la delegación uruguaya para esa instancia les dijo que Suecia, país neutral en las dos últimas guerras mundiales, alegaba hace poco que no se puede ser neutral sin tener con qué hacer respetar esa neutralidad. Porque como nadie es bobo, ningún beligerante acepta la neutralidad "virtual" y peregrina de alguien que está inerme. El ofendido porque sabe que el ofensor va a merendarse de un tarascón ese país. Y el ofensor por lo mismo y porque además tiene hambre.
Los cascos azules de las Naciones Unidas, incluso los uruguayos, van en son de paz armados hasta los dientes. Ningún pueblo masacrado creería en la protección de alguien que se interpone a los genocidas con florecillas.
No hay contendientes armados en el mundo que, resolviendo hacer la paz, pidan árbitros y custodias de la "tierra de nadie", que acepten una fuerza neutral de paz que arribe a esas trincheras de traje, corbata y formularios triplicados para el juez de turno.
Que la neutralidad uruguaya siempre estuvo agredida o amenazada. La primera gran batalla naval de la segunda guerra mundial la perpetraron en nuestras narices los ingleses (casualmente) y los alemanes que, además, se metieron en la Ciudad Vieja y, hace bien poco, resulta que hubo una guerra entre los ingleses (casualmente) y los argentinos por las islas Malvinas durante la cual nuestra neutralidad fue enérgicamente preservada no sin riesgos. Ambos contendientes, después, tuvieron a bien la conducta uruguaya.
Huelga decir que no hubo respuesta a la respuesta.
Pero puede ser que haya uruguayos que, como lores ingleses, no entiendan para qué necesitamos Fuerzas Armadas.
El servicio militar obligatorio está vigente en Uruguay desde 1940. Y uno de sus defensores fue el Partido Comunista del Uruguay. Y estuvo muy bien. Porque ante el avance mundial del fascismo (que en Uruguay tenía fuertes quinta columnistas) no había mejor remedio.
La Constitución de la República dice que el Parlamento declara la guerra, fija anualmente el número de efectivos y llama a la milicia, o sea al servicio militar obligatorio.
Cada empleado público, supongo que sabe, que es la reserva inmediatamente movilizable, mientras se moviliza a los demás, si el Parlamento lo decide por lo que sea.
Sería conveniente que los uruguayos supiéramos que en Uruguay en caso de conflicto somos todos movilizables de acuerdo a las leyes vigentes. Es más, las Fuerzas Armadas están organizadas y estructuradas para ser el esqueleto que encuadre esa movilización.
Concretamente el Partido Colorado en el gobierno movilizó en 1968 (militarizándolos) a los empleados bancarios oficiales y llegó al colmo, violando flagrantemente la Constitución, de militarizar a los bancarios privados en 1969.
Sus dos principales líderes de hoy (Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti) pueden explicar esto mucho mejor.
Quien propuso la instrucción militar obligatoria (que no es lo mismo que el servicio militar obligatorio) no fue Semproni sino José Batlle y Ordóñez porque en la época que le tocó vivir no había mejor remedio.
Muchos dirigentes sindicales de nuestro país fueron voluntariamente a recibir instrucción militar en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior), donde el entrañable Héctor Rodríguez, siendo dirigente textil y del Partido Comunista, logró llegar a cabo.
Reconozcamos plenamente que los tiempos no son, ni por lejos, los mismos (gracias a Dios) y es por ello que en el borrador del Proyecto de Ley se instala la instrucción militar voluntaria (porque el servicio militar voluntario es el que hoy ya existe).
Parece ser que el miedo estriba en que un psicópata pueda usar esos conocimientos para hacer un desastre. Quienes temen no conocen los clubes de tiro, los deportes olímpicos, ni navegan por Internet... Los psicópatas sí que navegan.
(*) Senador de la República. Escritor.
LA REPÚBLICA PÁG. 2
Presentan mañana denuncia penal por la desaparición de León Duarte. Acusan a 2 dictadores, 7 diplomáticos (5 de ellos en actividad), 28 militares y 5 policías.
La denuncia la realizan su hijo Néstor, el sobreviviente de Orletti Sergio López Burgos y dirigentes del sindicato de Funsa. Esa empresa paralizará las operaciones para que los trabajadores asistan al juzgado del doctor Luis Charles. Piden declaración de 16 testigos y tres investigadores, y documentación a los Ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Una denuncia penal sobre el secuestro y desaparición del dirigente sindical León Duarte en 1976 será presentada el viernes 30, a las 13.30 horas, en el Juzgado penal de 19º Turno, a cargo del juez Luis Charles, para que se integre al paquete de casos vinculados al "segundo vuelo" de Orletti.
El caso es presentado por el hijo de León Duarte, Néstor Duarte Pereyra, por el sobreviviente de Orletti, Sergio López Burgos, y por Luis Romero y Néstor Rodríguez, dirigentes del sindicato de Funsa, que paralizará ese día sus actividades para acompañar a los denunciantes al juzgado de la calle Misiones.
En el escrito firmado por el abogado Pablo Chargoñia se denuncia la privación de libertad de León Duarte, quien fue secuestrado en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 junto a López Burgos, para ser torturados y chantajeados en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.
León Duarte, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y entonces secretario general del Sindicato de Funsa y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), desapareció en Orletti al igual que el dirigente sindical gráfico Gerardo Gatti, secuestrados aquel 9 de julio.
En la causa se acusa a dos dictadores, siete diplomáticos (cinco de ellos en actividad), veintiocho militares y cinco policías; se pide el testimonio de dieciséis víctimas y tres investigadores, y una serie de pruebas documentales a los Ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y del Interior.
La desaparición.
Sergio López Burgos y un grupo de militantes del PVP que también fueron entonces secuestrados y torturados en Orletti, terminó siendo trasladado en forma ilegal a Uruguay en un vuelo que piloteó el actual Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Enrique Bonelli.
Los sobrevivientes de Orletti permanecieron secuestrados en un centro de torturas ubicado en una casona de Punta Gorda y luego fueron trasladados a la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), entonces ubicado en la actual sede del Calen, en Bulevar Artigas y Palmar.
López Burgos y sus compañeros fueron extorsionados para participar de un falso operativo de detención de un supuesto comando subversivo que había invadido el país y terminaron siendo arrestados en un chalet del balneario Shangrilá. Fueron luego procesados y encarcelados por la Justicia militar.
León Duarte y Gerardo Gatti fueron víctimas de un chantaje para que entregaran a sus captores uruguayos y argentinos el dinero del secuestro de un empresario que el OPR 33 (grupo integrado al PVP) había realizado en 1974. Ambos permanecen desaparecidos. En el testimonio de López Burgos se identifica como líder del operativo de captura de Duarte al entonces Mayor del Ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini, actualmente detenido en Porto Alegre a la espera de su extradición, solicitada por la Justicia de Argentina y también la de Uruguay.
López Burgos también narra las terribles sesiones de tortura sufridas a manos del propio Cordero, quien también habría procedido a violar a una de las detenidas para chantajear a Duarte.
El sobreviviente también denuncia la detención en el lugar del sindicalista Hugo Méndez, también desaparecido.
Los implicados.
Se implica directamente a José Gavazzo, Hugo Campos, Jorge Silveira, Víctor Castiglioni, Angel Barrios y Oscar Bermúdez; y a los mandos del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información y Defensa (SID).
Entre las pruebas solicitadas se solicita confirmar si el ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Díaz, dijo al Secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández que el arma había recibido también un "segundo vuelo" desde Orletti cuyas víctimas fueron ejecutadas.
También se piden responsabilidades al dictador Juan María Bordaberry, su Canciller Juan Carlos Blanco y los diplomáticos Gustavo Magariños, Diego Zorrilla de San Martín (en Bolivia), Alberto Voss Rubio (en El Líbano), Arisbel Arocha (en Egipto), Bernardo Nicola y José Luis Bruno (en Arabia Saudita).
Entre los funcionarios denunciados están los militares Gregorio Alvarez, Iván Paulós, José Gavazzo, Manuel Cordero, Pedro Matto, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Arab, Luis Maurente, Félix Font, José Baudean, Ernesto Ramas, Eduardo Ferro, Antranig Ohanessina, Ernesto Soca, Lacasa Antelo, Octavio González, Nelson Sánchez, Angel Barrios, Oscar Bermúdez, Luis Abram, Alberto Da Costa, Pedro Benvenuto, José Pedro Malaquín, Carlos Calcagno, Julio Casco, Efraín Silva y José De los Santos; y los policías Ricardo Medina, José Sande, Benito Velázquez, Ruben Bronzini y Ricardo Zabala.
LA REPÚBLICA PÁG. 4
Gobierno refrendó iniciativa que repara a familiares de los desaparecidos y fallecidos por la “sedición”.
Tal como lo anunció el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el pasado 2 de marzo en Plaza Independencia, el gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley por el cual se procura resarcir económicamente a familiares de civiles, militares y policías que perdieron su vida "durante el enfrentamiento armado con la sedición entre los años 1962 y 1976".
El monto del resarcimiento es de 150 mil dólares por cada una de las personas fallecidas y/o declaradas ausentes.
La iniciativa recoge en su totalidad la propuesta que presentó en enero pasado el Diputado colorado, Daniel García Pintos.
El 2 de marzo Vázquez en su rendición de cuentas a la ciudadanía afirmó que a su gobierno "no lo mueve la venganza, pero lo impulsan la verdad y la justicia, indispensables para la convivencia pacífica y democrática".
En ese sentido, sostuvo que así como valoró la legislación para reparar a los destituidos, presos y exiliados "durante el período autoritario" también refrendaría "la iniciativa recientemente planteada desde el Parlamento, para reparar a familiares de soldados, policías y civiles fallecidos en aquella desgarradora circunstancia de enfrentamientos entre uruguayos".
En tal sentido, ayer ingresó al Parlamento el proyecto de ley compuesto por cinco artículos por el cual se repara a familiares de 66 civiles, militares y policías que fallecieron "durante el enfrentamiento armado con la sedición entre los años 1962 y 1976".
La reparación también comprende a familiares legales o naturales de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada cuyo desaparecimiento resultó confirmado en el Anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz.
El monto del resarcimiento será de 150 mil dólares y estará a cargo de Rentas Generales. Los beneficiarios deberán presentar declaración jurada que acredite fehacientemente su reclamación.
En la exposición de motivos se expresa que la iniciativa pretende además "coadyuvar en la consolidación de la paz que todos anhelamos, dando un justo tratamiento a las familias víctimas inocentes de las acciones violentas".
"Valoramos como muy importante y positivo el paso que dio el Poder Ejecutivo al hacer suyo nuestro proyecto de ley porque precisamente se requería de una iniciativa del gobierno por la generación del gasto", expresó García Pintos.
El legislador señaló que el gobierno refrendó totalmente su proyecto a tal punto que la exposición de motivos es igual a la que presentó en enero al Parlamento y solamente se la realizó un agregado a través del cual se reconoce que la autoría del proyecto es de la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y la Libertad.
Entre los damnificados militares, se menciona al ex Oficial del Ejército Artigas Alvarez, hermano del ex Presidente de facto Gregorio Alvarez, al ex Jefe de Inteligencia Militar Ramón Trabal, asesinado en París y a los cuatro soldados abatidos en 1972 mientras custodiaban la residencia del ex Jefe del Ejército. Entre los civiles, se menciona al ex Embajador Carlos Abdala, asesinado en junio de 1976 en Paraguay por error por un terrorista croata que lo confundió con el Embajador yugoslavo, y al profesor Armando Acosta y Lara, muerto en un atentado del MLN el 14 de abril de 1972.
LA REPÚBLICA PÁG. 8
Maurente y Soca.
La jueza Penal Fanny Canessa tomará hoy y mañana una importante cantidad de testimonios en el marco del juicio de extradición al que están siendo sometidos los ex militares Ernesto Soca y Luis Maurente, por la presunta participación de ambos en la represión registrada en Buenos Aires en el centro de torturas de "Automotores Orletti". Además, la magistrada está analizando documentación aportada por el Ministerio de Defensa para corroborar si los ex Oficiales participaron de la represión organizada en la vecina orilla.
VOCES DEL FRENTE PÁG. 2
DIAXDIA.
LUNES 26 CORDERO QUER FICAR
El prófugo Coronel uruguayo Manuel Cordero, detenido en una clínica médica de Brasil, donde espera una decisión sobre su extradición a Argentina, realizó un nuevo pedido de refugio ante el gobierno del Presidente Lula Da Silva, para evitar ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Cordero, quien huyó a Brasil en 2004 para eludir un juicio por desacato ante la Justicia uruguaya, fue detenido el 26 de febrero en la ciudad de Santana do Livramento cuando intentaba realizar un trámite ante el Consulado uruguayo para poder cobrar su pensión militar.
Luego de su detención Cordero permaneció recluido en la Superintendencia de la Policía Federal de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre, desde donde fue llevado a una clínica cardiológica donde el militar podría ser intervenido por la obstrucción de una vena femoral.
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 3
Rechazan ley que indemniza a familias de militares caídos. MIRANDA: INICIATIVA DEL GOBIERNO ES “TOTALMENTE INACEPTABLE” Y ESCONDE “LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS”.
El grupo Familiares y otras organizaciones de Derechos Humanos se oponen duramente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento para resarcir económicamente a familiares de civiles, militares y policías muertos entre 1962 y 1976 y de desaparecidos.
Entre las organizaciones de Derechos Humanos existe amplia coincidencia contra el proyecto de ley elaborado por la Asociación 14 de Abril de 1972 y el Diputado Daniel García Pintos, que ahora el Poder Ejecutivo hizo suyo, para indemnizar a familiares de casi un centenar de personas fallecidas o desaparecidas antes y durante la dictadura.
La iniciativa, que fue elevada el martes al Parlamento con la firma del Presidente Tabaré Vázquez y los Ministros de Economía, Interior y Defensa, prevé el resarcimiento económico a los familiares de 18 militares, 14 civiles, 34 policías y 26 desaparecidos.
La indemnización será de U$S 150.000 por cada persona fallecida o declarada ausente, lo que totaliza unos U$S 13.800.000.
El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Javier Miranda, dijo a Ultimas Noticias que la iniciativa "resulta totalmente inaceptable" desde el punto de vista "moral" porque "equipara a las víctimas del terrorismo de Estado con funcionarios públicos que sufrieron daños en el cumplimiento de sus funciones".
Miranda no se opone a que los familiares de policías y militares sean indemnizados, pero sí a que todos estén contemplados en un mismo proyecto.
A su entender, detrás de la iniciativa, a la que considera "incorrecta desde la concepción histórica", se encuentra "la teoría de los demonios".
Para Miranda, esto es "preocupante" y prevé que llevará a "la polarización" porque obliga a Familiares "a desmarcarnos".
Según el integrante del grupo, la indemnización económica es "apenas un aspecto" de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. "La primera medida es esclarecer la verdad, devolver la dignidad y tener un día para recordar", aseguró.
CORTINA DE HUMO
El coordinador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Guillermo Paysée, dijo entender que haya un resarcimiento a los familiares de las víctimas del terrorismo porque hubo un "desvío de la conducta del Estado".
Sin embargo, no comprende la indemnización hacia familiares de militares y policías y considera que "crea un precedente bastante peligroso". Aunque aún no analizó el proyecto, señaló que se trata de "un hecho bastante original".
Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Luis Puig, señaló que esto es "una cortina de humo" para que se investigue a fondo.
Al igual que Miranda, el dirigente sindical entiende que este proyecto está sustentando en la concepción de la dictadura como "enfrentamiento entre dos bandos". Según Puig, "no se puede tapar con plata" que hubo "una operación criminal con torturas sistemáticas y desapariciones" para "cerrar una etapa".
En tanto, legisladores oficialistas transmitieron a que "naturalmente hay una actitud de generosidad, desde el Poder Ejecutivo, para quienes fueron víctimas de los hechos del pasado, pero reclamaron que primero deben ser atendidos los casos de los asesinados y los desaparecidos por la propia dictadura militar".
Si bien se prevé que el proyecto, que ingresó ayer a Diputados, sea aprobado, existen matices dentro de los parlamentarios oficialistas.
Uno de los puntos más cuestionados es el que se señala en la exposición de motivos que si bien las circunstancias vinculadas al caso de militares y policías "están comprendidas en actos de servicio, en realidad representaron mucho más teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha lucha".
AYUDA A CICATRIZAR
El Diputado colorado García Pintos considera "muy positivo" que el gobierno haya hecho suyo el proyecto redactado por la Asociación 14 de Abril de 1972 que él integra, tal como lo había anunciado Vázquez en el acto del 2 de marzo.
Para el legislador, la iniciativa va en la línea del gobierno de "dar vuelta la página" y "cicatrizar las heridas".
Según García Pintos, "esto ayuda" para lograr con el objetivo del "Nunca más de uruguayos contra uruguayos", ya que un mismo proyecto están todos los actores integrados.
"Por razones éticas y de justicia pusimos a todos los muertos de ambos lados", aseguró.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gregorio Álvarez: “Es un reconocimiento”.
- ¿Qué opina del proyecto de ley que indemniza a las familias de policías y militares caídos durante enfrentamientos con la guerrilla?
- Opino que este proyecto tiende a igualar, a equiparar con lo que pasó del otro lado. Es un reconocimiento a los que cayeron en defensa de las instituciones.
- ¿Le sorprende que este proyecto sea enviado al Parlamento por un gobierno de izquierda?
- Ni me sorprende ni me alarma.
- ¿Cree que tal indemnización llega a tiempo?
- Eso habría que preguntárselo a los familiares directos.
- Pero usted es hermano de uno de los incluidos en el proyecto...
- Sí, pero ese dinero será para su esposa e hijos, además, no me interesa un solo peso de eso. A mi hermano lo asesinaron en forma equivocada, en realidad me querían matar a mí, eso lo reconoció un Ministro de este gobierno.
BÚSQUEDA PÁG. 13
Juez comenzó a citar por el “segundo vuelo”.
El Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Teniente General a viador Enrique Bonelli, el ex Comandante del Ejército Teniente General retirado Carlos Díaz, el ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Teniente General aviador retirado José Pedro Malaquín y el ex presidente de tacto Teniente General retirado Gregorio Álvarez, serán interrogados por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze entre fines de abril y comienzos de mayo sobre el llamado "segundo vuelo" que en octubre de 1976 trasladó desde Argentina a Uruguay un número indeterminado de militantes de izquierda que están desaparecidos, según la información de Búsqueda.
Esta semana Charles le cursó citaciones a 16 personas, las primeras de las cuales comenzarán a declarar el lunes 16 de abril en un proceso que finalizará el jueves 3 de mayo cuando declare Álvarez.
Esta investigación tiene su centro en el informe que la Fuerza Aérea le entregó el gobierno en agosto del 2005 y en el cual Bonelli confirmó datos del "segundo vuelo", mediante operaciones "que fueron ordenadas por el Comando de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID)". En ese informe el arma dijo desconocer la identidad y número de los pasajeros.
Bonelli admitió haber participado en el operativo como copiloto cuando tenia el grado de Teniente Primero (Búsqueda N° 1.318).
Los primeros citados por el juzgado son familiares de algunos uruguayos detenidos en el centro clandestino argentino conocido como "Automotores Orletti", quienes presumiblemente fueron trasladados a Uruguay donde fueron ejecutados y sepultados luego en el Batallón 14.
El juez también ordenó la conducción de Coronel aviador retirado José Araújo Umpiérrez, detenido a la espera de que se decida un pedido de extradición de Argentina.
A este militar se le imputa haber actuado en ese vuelo como nexo entre el SID y su Arma.
El informe de la Fuerza Aérea sostuvo que los detenidos del "segundo vuelo" fueron entregados a personal del SID.
A fines de agosto del 2003 Fernández dijo en el Parlamento que las personas que fueron traídas en ese vuelo clandestino "fueron todas ejecutadas" y luego sepultadas en el Batallón 14. Más tarde el Secretario de la Presidencia reveló que esa información le había sido transmitida por Díaz que entonces era el Comandante en Jefe del Ejército.
El juez también citó a los periodistas Alvaro Alfonso, Gabriel Pereyra y Roger Rodríguez.
