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Llamadas hicieron colapsar la línea del MSP sobre el dengue. BRIGADAS SALEN A RECORRER ÁREAS CAPITALINAS AFECTADAS; HABRÍA OTRO CASO EN MONTEVIDEO.
Con las consultas sobre el dengue, el público colapso el 0800-4444 del MSP. El Director General de Salud, Jorge Basso, aseguró que "es muy probable" que en los próximos días o semanas se descubran casos de dengue autóctono.
EL REINGRESO del país al área donde el dengue es una enfermedad endémica, parece ser algo irremediable, ya que las autoridades sanitarias se mostraron pesimistas sobre la eficacia de las barreras interpuestas a ese mal tropical. En lo que va del año en el país se han registrado ya tres casos de dengue importado, pero el cuarto en sumarse a la estadística aún está en duda, ya que por un lado la institución privada que atiende al paciente se negó a confirmar la enfermedad, el mismo día en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) la confirmó.
"Vamos a organizar un poco toda la información que hay", dijo a Ultimas Noticias el Director General de Salud, Jorge Basso, al comunicar que la Cartera emitiría a diario un parte sobre la situación generada respecto del dengue. Otro tanto ocurrió con el Casmu, donde permanece internado un paciente de 40 años que viajó por zonas endémicas de dengue e ingresó al país con sintomatología propia de esa enfermedad, que emitió ayer un comunicado y se comprometió a divulgar un parte diario con la evolución de ese caso.
En el comunicado, la mutualista destacó que "a la fecha no se está ante un caso confirmado de dengue", pero en la misma jornada el MSP aseguró a esta matutino que el paciente del Casmu estaba confirmado como dengue importado.
"Los estudios que confirmen o descarten la infección de dengue demorarán entre tres y diez días", señaló el parte de la víspera. "Se trata de un paciente que estuvo recorriendo casi toda la selva amazónica y que consultó el pasado 13 de marzo en la Emergencia del Sanatorio 1 con fuerte estado febril", agregó.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó a este matutino que se trataba de un cuadro de dengue importado confirmado, ya que un test Elisa positivo asociado a un cuadro clínico de dengue, basta para confirmar la enfermedad.
Pero la discusión se plantea porque la confirmación del este mal se realiza cuando se confirman tres tests Elisa positivos seriados.
De modo que lo único cierto hasta el momento es que en lo que va del año la estadística médica nacional tiene registrados tres casos de dengue importado, detectados a comienzos de mes entre" miembros de una misma familia que viajó al país desde Paraguay.
Existe también un segundo caso sospechado de dengue, en una persona que está tratada en su domicilio, pero que está afiliado a la Asociación Española. De confirmarse un dengue en este paciente, podría ser el primer caso autóctono descubierto, ya que esta persona no viajó fuera del país.
La Directora de Epidemiología del MSP, Raquel Rosa, aseguró a Ultimas Noticias que los servicios de atención telefónica dispuestos por la cartera (0800-4444) se vieron sobrepasados por las consultas del público.
"Los servicios del 0800 quedaron saturados con consultas, en particular, orientadas a la prevención de la enfermedad", sostuvo Basso.
FUMIGACIONES
Esta semana las autoridades de la Dirección General de Salud (Digesa) se reunirán con los fabricantes de insecticidas y repelentes de mosquitos, para asegurar al público el abastecimiento adecuado de productos con piretroides.
Basso señaló que también se reunirán con los ejecutivos principales de las empresas de transporte del país, para solicitarles que al final de cada viaje fumiguen los ómnibus con spray insecticida antes de iniciar una nueva ruta.
En la víspera, la Digesa reunió a los directores técnicos de las mutua-listas de todo el país y a sus homólogos de los hospitales públicos, a efectos de unificar criterios médicos sobre el manejo de cuadros sospechados de dengue.
"Se hizo una puesta a punto sobre el dengue", señaló a este matutino el infectólogo Eduardo Savio. Según explicó, la Digesa aspira a contar con protocolos de manejo del dengue para todos los médicos del país.
BRIGADAS EN ACCIÓN
Once brigadas de 60 municipales y efectivos policiales recorrerán en las próximas horas casa por casa la zona de aparición de larvas del mosquito Aedes aegypti, siendo una de las 18 acciones que el Comité Departamental de Emergencias definió para Montevideo. El comité anunció ayer una serie de acciones para prevenir el dengue, ante la aparición de larvas del mosquito potencial transmisor de la enfermedad. Las autoridades pidieron una actitud activa de los vecinos.
Entre otras medidas, se encuentra la recorrida prevista para esta mañana en la zona de aparición de las larvas, entre las calles Cervantes, Irureta Goyena, Juan Jacobo Rousseau, Félix Laborde, Timoteo Aparicio, Marcos Sastre, Calleros, Habana, Aguirre, y Corrales.
Los Directores Municipales capitalinos reconocieron que los números de teléfonos habilitados (1950-3000 y 401 7402) para recibir inquietudes de la población se vieron superados y que se está tramitando la ampliación de otras diez líneas. El coordinador del Centro de Emergencia, Daniel Soria, manifestó que además de mayor servicio multilíneas se procura contar con mayor cantidad de personal capacitado para dar respuesta a las inquietudes de la gente.
Integran el comité representantes de las Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, Caminera, Ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, UTE, ANTEL, OSE, IMM e Instituto Nacional de Alimentación. Para la aplicación de las acciones, se determinaron cuatro zonas diferentes, según explicó el Director de Salud de la IMM, Pablo Anzalone. "Una es la zona circundante al foco donde se encontraron las larvas, en la zona de Villa Española Otra es en los centros comunales próximos (6, 9 y 11); un tercer nivel es todo el departamento de Montevideo y el cuarto es toda el área metropolitana", detalló.
La zona circundante a los focos detectados quedó delimitada dentro del perímetro.
Anzalone informó que comenzó la capacitación de los funcionarios y personas de la comunidad para desarrollar a partir de las próximas horas una jornada casa a casa, durante la cual habrá brigadas que llevarán formularios de relevamiento de las acciones.
Se ofrecerá información a los vecinos al tiempo que se le requerirá apoyo para controlar la presencia de larvas, mediante la eliminación de recipientes en los que se pueda reproducir el mosquito.
"El lunes se va a realizar una jornada de eliminación de los recipientes en la zona, con apoyo de la División Limpieza de la IMM, colocando bolsas y se recorrerá el barrio una vez más para convocar a los vecinos a colaborar", añadió Anzalone.
Recalcó que habrá aumento de la vigilancia de manera de seguir detectando de manera precoz la presencia del Aedes aegypti de manera de impedir la consolidación de la infestación.
"El mosquito puede llegar a Montevideo por distintos caminos, pero el problema es impedir que se active su presencia", subrayó Anzalone.
"Si le quitamos el agua, este mosquito no sobrevive: matémoslo de sed. Si lo hacemos, el mosquito no va a poder reproducirse si ingresa al departamento", manifestó. "Hay que sembrar tranquilidad en el sentido que el peligro del dengue no es inminente. Existe en la región, porque hay dengue en la región, pero estamos en una etapa muy inicial en la que empezamos a tener un mosquito".
"Si insistimos en impedir la consolidación del mosquito es porque se trata de una de las condiciones previas a la generación de un brote epidémico de dengue", sentenció Anzalone.
Habrá cuatro radios de trabajo: en la zona circundante a los focos detectados, en las áreas que rodean a las mismas, en la totalidad del territorio departamental y en el área metropolitana. Durante las próximas horas, saldrán las brigadas a recorrer las casas de la zona cercana a la aparición de las larvas. La Directora de la división Región Este, Eleonora Bianchi, indicó que las brigadas irán identificadas y acompañadas por policías.
La Directora de Desarrollo Ambiental, Alejandra Ostria, señaló que es derecho de cada familia permitir o negar el ingreso al hogar, pero indicó que se dejará constancia escrita de aquellos domicilios a los que no se pudo entrar.
El Aedes aegypti había sido eliminado del Uruguay en 1958, luego de una campaña iniciada por el Ministerio de Salud Pública en 1947. No se registra ningún caso autóctono de la enfermedad desde 19l6. En la década del 80 el insecto se dispersó por toda América y en 1997 reapareció en Uruguay.
BRECHA PÁG. 15
El síndrome de las papeleras. Preocupación por la nueva doctrina militar argentina.
La nueva hipótesis de conflicto militar argentina, que causó preocupación, sería similar a la que adoptará Uruguay en su nueva política de defensa.
Samuel Blixen
La divulgación del Plan Ejército Argentino 2025, que proyecta el desarrollo de la principal fuerza militar argentina en función de la defensa de los recursos naturales, ha despertado un considerable revuelo en ámbitos políticos, aunque, sugestivamente, nuestras Fuerzas Armadas han mantenido un prudente silencio.
Quizás el “síndrome de las papeleras” llevó a interpretar la nueva doctrina del ejército argentino como una amenaza hacia Uruguay. El Senador Jorge Saravia (MPP) manifestó su preocupación por el proyecto argentino que propone desplazar el Comando con asiento en Rosario a Curuzú Cuatiá, en el sur de la provincia de Corrientes, en el marco de una “defensa estratégica más bien ofensiva”. Por su parte, los Senadores del Partido Nacional consideraron la conveniencia de citar a la Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, a la comisión respectiva. El Vicepresidente Rodolfo Nin también se preguntó sobre los efectos concretos que la nueva doctrina tendría sobre los “intereses uruguayos”. Tal sensibilidad llevó al gobierno argentino a encomendar a su Embajador en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, que comunicara a las autoridades uruguayas que el Plan 2025 “está aún a estudio” y que “Argentina no piensa movilizar tropas hacia la frontera uruguaya”.
Algo similar afirmó a El País el director de Comunicaciones del Ministerio de Defensa argentino, Jorge Bernetti: “No existe ninguna disposición táctica ni estratégica respecto de las fronteras”.
Sólo la coyuntura dictada por el conflicto en torno a las papeleras pudo alimentar tal reacción de recelo. En vísperas de un crucial debate parlamentario sobre la ley de Defensa Nacional, los proyectos sobre la nueva doctrina militar deberían manejar hipótesis de conflictos muy similares a las elaboradas por el Ejército argentino, según consideró el Diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.
¿Cuál es la hipótesis argentina? Se basa en el análisis de que la principal amenaza bélica proviene de potencias extraterritoriales decididas eventualmente a apropiarse de los recursos naturales de la región. La región - el espacio sudamericano - cuenta con dos principales recursos naturales: el petróleo y el agua. Para Argentina, la disposición militar de una defensa estratégica debe atender fundamentalmente la preservación y el control del acuífero Guaraní, un reservorio de agua dulce de 1.190.000 kilómetros cuadrados, el tercero en importancia del planeta.
La defensa del acuífero Guaraní debería ser preocupación del MERCOSUR: el reservorio se extiende desde el Pantanal, en el norte de Brasil, ocupa parte de Paraguay y Uruguay y finaliza en la pampa argentina. Se estima que el reservorio ocupa casi la mitad de nuestro territorio.
Los mandos de los ejércitos del MERCOSUR más Bolivia ya han avanzado en la idea de una fuerza militar multinacional para la defensa de los recursos naturales. De los múltiples contactos del último año surge la evaluación de que una guerra por los recursos naturales es la principal hipótesis de conflicto, y que el enemigo más probable sería Estados Unidos.
Hay múltiples indicios: en pocos decenios el agua potable será un recurso más valioso que el propio petróleo, y la disputa por su control adquirirá dos modalidades: la primera, la privatización de los servicios de agua potable que dejaría el control en manos de corporaciones trasnacionales. Son pocas: las francesas Vivendi y Suez, la alemana rwe, la inglesa Thames Water y la estadounidense American Water Works. A ellas deberían sumarse las españolas Aguas de Bilbao y Aguas de Barcelona, que han incursionado en privatizaciones por estos lares. La punta de lanza de las trasnacionales - que simultáneamente se dedican a la compra de tierras - fue la incorporación de los recursos naturales como un commodity, es decir un bien comerciable, en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
La otra modalidad es la ocupación militar de territorios. La invasión de Irak para el control del petróleo de la zona es el ejemplo más acabado. Y de ello deriva la sospecha de que la ofensiva propagandística del Pentágono definiendo a la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil como un “enclave del terrorismo internacional” es un pretexto para imponer un control militar en el centro mismo del acuífero Guaraní.
Tanto la defensa estratégica argentina como las evaluaciones de los Ejércitos del MERCOSUR ponen el acento en la necesidad de explorar múltiples formas de resistencia.
Partiendo de la base de que el enemigo tendrá un poderío formidable, el abanico de ideas comprende una defensa conjunta, una participación efectiva de la población civil en la resistencia y la organización de formas de defensa de guerra irregular, del estilo de aquellas que dieron la victoria a Vietnam. Ni más ni menos que la doctrina que sustentaban las Fuerzas Armadas uruguayas antes del golpe de Estado de 1973, y que fue sustituida por la doctrina de la Seguridad Nacional.
PLAN B PÁG. 5
Políticos tendrán mayor injerencia en militares. ULTIMAN DETALLES DE NUEVA LEY DE DEFENSA NACIONAL.
La organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas cambiarán sustancialmente si se aprueba la Ley de Defensa que el Ejecutivo remitirá al Parlamento.
En primera instancia, el anteproyecto de ley prevé una mayor dependencia de los militares respecto al poder civil y a la actuación conjunta de las tres fuerzas; cambios que son considerados "revolucionarios".
Por ejemplo, se determina que la Justicia Militar ingrese a la órbita del Poder Judicial y se restringe su jurisdicción "a delitos militares y al caso de estado de guerra".
En ese orden se establece la creación del Consejo Nacional de Defensa (CODENA), integrado por los Ministerios del Interior, Defensa y Cancillería; y del que fueron excluidos en forma expresa los mandos militares.
También se suprimen la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, Organismos que tuvieron un accionar protagónico en el período de facto, por "obsoletos y carentes de competencia".
En este marco se instala un sistema de defensa nacional en el que actuarán los poderes Ejecutivo y Legislativo con el CODENA, el cual estará encargado de determinar las políticas que en la materia se ajusten mejor a cada situación que viva el país.
El Presidente, actuando en Consejo de Ministros o junto al titular de Defensa ejercerá como mando superior de las Fuerzas Armadas, pero también podrá convocar al CODENA, adoptar las medidas que considere necesarias ante eventuales crisis y ejercer la dirección político técnica de las operaciones militares.
La declaración de guerra, así como la declaración de medidas prontas de seguridad y la designación anual de las Fuerzas Armadas necesarias queda en manos del Parlamento.
Finalmente, se concluye con la separación de las tres armas en el terreno activo, determinando que éstas deben actuar en conjunto para mejorar la eficiencia de las mismas y tener una mayor oportunidad de modernización.
Un ensayo de esta nueva situación es la actividad que las Fuerzas Armadas están desarrollando en Haití.
LA REPÚBLICA PÁG. 3
Fumigación aérea.
LA MINISTRA de Salud Pública, María Julia Muñoz, deberá comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para explicar "por qué no recomendó la fumigación aérea" como parte de la lucha contra la proliferación del mosquito Aedes aegyptii, transmisor del dengue.
La convocatoria de la ministra fue impulsada por el senador nacionalista, Gustavo Lapaz Correa (Herrerismo) quien aguarda que la Secretaria de Estado concurra a la comisión parlamentaria el próximo miércoles. El legislador recordó que "hace aproximadamente 4 años en departamentos fronterizos del Litoral aparecieron larvas y se trabajó coordinadamente entre la Intendencia, el Ejército, la Policía, Prefectura y MSP para combatirlo". Lapaz reconoció como positiva la medida de la comuna capitalina de fumigar en los barrios de Villa Española y Curva de Maroñas.
EL OBSERVADOR PÁG. 7
Vázquez en convenio de Pasteur y Española, y aniversario de la FAU.
El Presidente de la República Tabaré Vázquez participará hoy a la hora 10 de la firma de un convenio entre el Instituto Pasteur y la Asociación Española. Una hora después, estará en la Base Aérea Boiso Lanza, en la celebración del aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya.
LA DIARIA PÁG. 2
No le pegué a nadie y me duele acá.
El Coronel retirado Manuel Cordero padece la enfermedad de los represores, que les ataca cuando tienen que ir a los juzgados y sustituye a la valentía demostrada para defender a la patria de la subversión. El cardiólogo del militar capturado en Brasil recomendó a la justicia de Porto Alegre la internación médica de este personaje sin corazón.
El martes fue trasladado al Instituto de Cardiología, bajo vigilancia de la Policía Federal y por orden de la jueza penal Salise Monteiro Sanchotene. Parece que Cordero debería ser sometido a una intervención quirúrgica y se suspendió la audiencia en la que debía declarar hoy a las 16 horas.
La detención del represor es tutelada por el juez Marco Aurelio de Mello, del Supremo Tribunal de Justicia brasileño, que tiene a estudio su extradición.
CARAS Y CARETAS PÁG. 22
“Revisar Ley de Caducidad y reparar alas víctimas”. REPRESENTANTE DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
La representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Carmen Villa Quintana, afirmó que "no alcanza con ratificar los tratados", hay que hacerlos cumplir. Sostuvo que en Uruguay se debe reparar a las víctimas de la represión.
VÍCTOR CARRATO
La semana pasada visitó nuestro país la ex fiscal peruana Carmen Villa Quintana. Vino para dictar un taller de capacitación y mantener contactos con autoridades gubernamentales. El lunes 5, en una rueda de prensa, Villa Quintana declaró que la Ley de Caducidad constituye uno de los temas "pendientes" del país en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). Si bien reconoció que Uruguay suscribió los siete Tratados más importantes en DD.HH. en los últimos tiempos, también es necesario hacerlos cumplir, "no alcanza con la ratificación", dijo.
El Estado está obligado a garantizar, promocionar y prevenir en el tema de DD.HH.
Villa Quintana subrayó que debe rescatarse la verdad, la justicia y reparar a las víctimas para que pueda haber reconciliación. Agregó que "no puede amnistiarse cuando hubo violación de los derechos democráticos". En su opinión es necesaria una "adecuación y armonización de la legislación interna a la normativa internacional en materia de DD.HH.".
Abogados de organizaciones de DD.HH. advirtieron, por su parte, que muchos casos, como el asesinato en 1976 y desaparición del cadáver de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, no pueden ser investigados debido a la vigencia de la Ley de Caducidad.
La representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también tuvo reuniones en la Cancillería uruguaya para acordar la forma en que deben hacerse los informes periódicos de cumplimiento con respecto a los DD.HH. Villa Quintana reconoció que, desde la asunción del actual gobierno, existe una "experiencia novedosa en Uruguay" de trabajar "muy de la mano con la sociedad civil".
CONVENCIÓN CONTRA LOS DESAPARECIDOS
El pasado martes 6, representantes de medio centenar de Estados firmaron en París una Convención contra las Desapariciones Forzadas, una norma que eleva a categoría de crimen contra la humanidad las detenciones secretas y la privación de libertad.
Una veintena de países deben ratificar la Convención, que cuenta con 45 artículos, para que ella entre en vigor. Entonces, los países de la ONU deberán tomar medidas para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal. Entre los países firmantes figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, Marruecos y Túnez.
Un comunicado de la Cancillería uruguaya expresó "gran satisfacción" por la firma en París del documento contra las desapariciones forzadas, que significa "un notable avance" en materia de DD.HH. Señala "el apoyo y la participación activa que le cupo" a Uruguay "en el proceso de negociación y elaboración" de la Convención, instrumento que "significará un notable avance en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y en la lucha contra la impunidad".
El Ministerio francés de Asuntos Exteriores fue la sede de la firma de ese documento, que comenzó a negociarse hace un cuarto de siglo y que fue aprobado por unanimidad el 20 de diciembre del año pasado por la Asamblea General de la ONU.
La Convención establece como derecho absoluto el que nadie sea sometido a una desaparición forzada y define ésta como cualquier tipo de arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad de una persona por parte de funcionarios de un Estado o de particulares pero con apoyo estatal.
Está previsto que se cree una comisión internacional integrada por diez personas cuya labor será hacer un seguimiento de la aplicación de la Convención en los diferentes países.
La Alta Comisionada para los Derechos del Hombre de la ONU, Louise Arbour, afirmó que la Convención reconoce que todas las víctimas y sus familiares podrán "saber la verdad" y advirtió a los Estados, sin mencionar expresamente a alguno, que recurren a los centros de detención ilegales.
Últimamente se han revelado denuncias que implican a la CIA y al gobierno de Estados Unidos en el secuestro y desaparición de ciudadanos en Europa y otros países. Además de los desaparecidos durante las dictaduras latinoamericanas durante la década del setenta, muchos de los cuales no fueron hallados, el fenómeno persiste y un grupo de trabajo de la ONU estableció que en 2005 se habían producido 535 nuevos casos de desapariciones forzadas en veintidós países, mientras 41.000 siguen sin aclarar.
"Las desapariciones forzadas están lejos de ser reliquia de las guerras sucias; sigue siendo una práctica vergonzante en todos los Continentes", afirmó Arbour.
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Villa Quintana dijo que durante años no se prestó atención a la educación en DD.HH.
La Resolución de la Asamblea General de la ONU, del 23 de diciembre de 1994, declaró el período de diez años que comenzó el 1º de enero de 1995 "el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en los Derechos Humanos". La resolución estableció que "la educación en la esfera de los Derechos Humanos debe abarcar más que el mero suministro de información y constituir en cambio un proceso amplio que dure toda la vida, por el cual los individuos, cualquiera sea su nivel de desarrollo y la sociedad en que vivan, aprendan a respetar la dignidad de los demás y los medios y métodos para garantizar ese respeto, en todas las sociedades".
La funcionaría recordó que si bien el decenio culminó en el año 2004, la actual Alta Comisionada para los DD.HH., Louise Arbour, decidió continuar con esta tarea. La representante regional sostuvo que debe acabarse con la "retórica en materia de DD.HH., hay que pasar a la práctica", para ello debe existir un cambio de intenciones y pasar el "empoderamiento a los portavoces de los DD.HH., hay que emponderar al país".
Destacó que los DD.HH. están íntimamente vinculados al desarrollo y no pueden basarse en el asistencialismo. La representante de la ONU señaló que actualmente se plantean desafíos en seis áreas: pobreza y desigualdad; discriminación; conflictos armados y violencia; impunidad; déficits democráticos y debilidad de instituciones.
Recordó que actualmente existen mil millones de pobres en el mundo que viven con menos de un dólar por día. Además dijo que "los medios de comunicación deben ser libres, sin censura y expresar de manera directa sin amenazas ni violencias". En cuanto al Poder Judicial subrayó la necesidad de su autonomía e independencia y la exigibilidad y justicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales, a través por ejemplo del recurso de amparo.
Villa Quintana destacó como temas prioritarios en materia de DD.HH. en Uruguay, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de la mujer. En este sentido recomendó la adopción y reforzamiento de políticas públicas que avancen contra la discriminación, garantizar los derechos sociales reproductivos, mejorar las condiciones carcelarias y reducir la pobreza y las inequidades en el acceso a los servicios sociales de calidad.
CREACIÓN DE INSTITUTO DE DD.HH.
Villa Quintana también reconoció que la creación de un Instituto Nacional de los Derechos Humanos (Inddhh) en nuestro país significará un avance importante. En efecto, el 14 de diciembre del año pasado, se presentó el proyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (Inddhh).
Uruguay es uno de los tres países de América Latina que no tiene aún una institución de estas características, la cual tendrá como competencias: proponer la suscripción, adhesión, ratificación de Tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos; promover medidas para armonizar el orden jurídico y las prácticas administrativas e institucionales con los instrumentos internacionales; emitir opiniones y recomendaciones al Estado uruguayo; realizar investigaciones sobre presuntas violaciones a los DD.HH., así como también recibir denuncias sobre presuntas violaciones y divulgar su actuación de la forma más amplia posible.
El Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, expresó que esta instancia significa la culminación de un proceso que comenzó en abril de 2006 con la instalación del grupo de trabajo para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, grupo conformado por Senadores, Diputados, integrantes del Poder Ejecutivo, representantes de la Academia, de la sociedad civil, y que contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Nin sostuvo que la creación del Inddhh va en línea con "una política de profundización del respeto y la salvaguarda de los DD.HH.".
Explicó que el Inddhh funcionará en la órbita del Poder Legislativo, aunque con autonomía de los Poderes del Estado, y además podrá participar la sociedad civil.
El Inddhh se conformará con cinco miembros - electos por dos tercios de la Asamblea General - que no pertenezcan al Parlamento ni tampoco hayan estado vinculados a cargos públicos electivos o de confianza durante los dos últimos años a su designación.
Nin Novoa anunció que con toda seguridad el proyecto se comenzará a estudiar en los primeros meses del 2007.
Por su parte, el ex Presidente de la Cámara de Representantes, Julio Cardozo, destacó la importancia de la composición plural de las fuerzas sociales que conformaron el grupo de trabajo, las que se mostraron interesadas en la promoción y protección de los Derechos Humanos sobre la base del principio de equidad de género y no discriminación.
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Por la anulación de la caducidad.
El 12 de diciembre de 2005, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) reclamó la anulación de la Ley de Caducidad. El 19 de junio del año pasado, en Paysandú, el PIT-CNT lanzó el inicio de una campaña nacional para anular la referida ley que fue aprobada el 22 de diciembre de 1986. "Existen normas de Derecho Internacional general de los Derechos Humanos que la Ley de Caducidad viola en forma flagrante, lo que tiene como consecuencia la nulidad", destacó el Dr. Óscar López Goldaracena, abogado de SERPAJ. "Es absolutamente inconstitucional, no se convalida por un referéndum una ley nula, no se convalida una ley inconstitucional", agregó.
Sin embargo, el gobierno ha reiterado que respetará el referéndum realizado en 1989 y en ningún momento ha evaluado anular la Ley de Caducidad aunque sea un planteo jurídicamente defendible.
CARAS Y CARETAS PÁG. 23
Falta mucho.
Durante el gobierno de Batlle, la Comisión para la Paz investigó, entre el 2000 y 2005, el destino de los desaparecidos en la dictadura uruguaya y concluyó que 26 de los 38 casos indagados fueron asesinados por agentes del Estado, sin aclarar qué ocurrió con el resto.
Además, se denunciaron otros 182 uruguayos desaparecidos en Argentina, 8 en Chile, 2 en Paraguay y 1 en Brasil. Durante el actual gobierno, el Presidente Tabaré Vázquez habilitó la investigación de algunos casos, se realizaron excavaciones en algunos cuarteles militares y otros predios, y se hallaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa y del escribano Fernando Miranda, más un fémur que no logró ser identificado. La Justicia uruguaya procesó en los últimos meses al ex dictador Juan María Bordaberry, a su Canciller Juan Carlos Blanco y a ocho ex efectivos militares y policiales por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
BRECHA PÁG. 15
De cal y de arena... Derechos Humanos.
El proyecto para crear un instituto nacional de Derechos Humanos similar al existente en varios países, la reciente aprobación de las leyes sobre igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la de crímenes de guerra y de lesa humanidad, fueron algunos de los avances destacados por la vicecanciller Belela Herrera en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado esta semana en Ginebra.
Pese al destaque de estos y otros avances, Herrera reconoció que “Uruguay cuenta con un muy importante atraso en materia de presentación de informes a órganos de tratados”. Al respecto, la jerarca dijo que con el apoyo de la ONU se capacitó a un número importante de funcionarios estatales y de ONG para subsanar este preocupante atraso.
En su discurso, la vicecanciller subrayó algunos de los pasos del gobierno para promover los derechos de los pobres, de los excluidos, y de todos aquellos que sufren alguna forma de discriminación o persecución.
Uno de estos pasos fue el envío al Parlamento - a fines de 2006 - de un proyecto de ley para crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, en febrero último Uruguay suscribió la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, y es uno de los estados parte en la Convención contra la Tortura, delito que actualmente prevé tipificar. Herrera también destacó la reciente aprobación de las leyes sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y sobre igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.
En otro plano, el de la violación a los Derechos Humanos durante la dictadura, cabe consignar que el represor Manuel Cordero Piacentini - detenido en Brasil - debería prestar declaraciones hoy, viernes, ante la jueza federal Salise Monteiro Sanchotene, a pedido de la Suprema Corte de ese país.
Sin embargo, Cordero presentó algunos problemas cardíacos y debió ser internado en una institución médica de Porto Alegre. Por esta razón, la audiencia judicial fue suspendida para una nueva fecha aún no determinada, a los efectos de decidir sobre la extradición del represor.
CARTA POPULAR PÁG. 6
La noticia no es solo el Goyo Alvarez. Un silencio que demuestra descontento.
WALTER CRUZ
Los abogados patrocinantes de múltiples causas y las organizaciones de Derechos Humanos se han llamado a un silencio por demás significativo. Están a la espera de que el actual gobierno tome alguna decisión en un tema tan caro a todos los uruguayos y no aceptan ninguna "vuelta de página". Y señales y no enfrentamientos con el gobierno.
Tampoco que sean utilizados por la gran prensa, para largar noticias sensacionalistas.
Esta semana Carta POPULAR consultó a varios abogados y uno de ellos - que nos pidió reserva - nos dijo que "estamos bastante calentitos, el gobierno no nos recibe, no queremos que nadie nos utilice y que cuando logramos algo saquen ellos la patente. Así que esta vez les pido que disculpen".
El mismo día en que la Ciudad Vieja estaba prácticamente sitiada por la venida de Bush, el ex dictador Gregorio Alvarez se presentó en un Juzgado de la calle Misiones, compareció ante el Juez Penal de 3er. Turno, doctor Sergio Torres, que investiga la muerte del militante del MLN Horacio Ramos, y designó como abogado defensores a los penalistas Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano.
El 29 de mayo de 2006 se presentaron varias denuncias patrocinadas por 12 abogados. Entre ellos Hebe Martínez Burlé y Walter de León.
Walter de León: "Un lío entre los militares que habrá que aclararlo ante el juez"
"Mira que no hay nada nuevo y el Goyo va a ser citado también por otras causas", nos alertó con su característica amabilidad el Dr. Walter de León.
En cambio el conocido abogado accedió a detallar las causas por las cuales vienen peleando. "Está la del "segundo vuelo" - que la tenía la doctora Merialdo y pasó al doctor Luis Charles que lo solicitó - y en esa causa está como indagado Gregorio Alvarez. La de Horacio Ramos que es por la que fue él.
El caso de los "fusilados de Soca". En la presentación que hicimos el año pasado, en todos los casos, en que nosotros acusamos a los mandos está Gregorio Alvarez.
Solicitamos también al Ministerio de Defensa para que informe qué grado de responsabilidad tenían cada uno según los pedidos.
También presentamos la del "vuelo cero", la de Horacio Ramos, Hugo de los Santos, Horacio Gelós Bonilla - en Maldonado - y en todos ellos están investigados, no solo el Goyo, si no también los comandantes que hicieron el informe.
Como el caso de Bonelli que ha reconocido el "segundo vuelo", donde trajeron desde Argentina a 20 o 22 uruguayos, los entregaron al Ejército y este lo niega después. Este es todo un lío entre ellos que habrá que aclararlo ante el juez".
Preguntado Walter de León sobre si esta sorpresiva presentación del ex dictador no es que se está atajando de antemano respondió a Carta POPULAR: "No sé, acá el problema es que va a hacer el gobierno con los Derechos Humanos. Porque hasta ahora lo hemos hecho los abogados, no el gobierno. Si nosotros quedamos un poco a la espera, le van a exigir al gobierno que haga algo por los Derechos Humanos. Es obvio, no? Estamos viendo que vamos a hacer; ahora si llamas a otros, no van a dar pelota". Aceptamos la sugerencia y no consultamos a más nadie.
Martínez Burlé: "No podemos seguir esperando diez años".
Por su parte la abogada Hebe Martínez Burlé señaló a Televisión Nacional que, "Gregorio Alvarez está en la denuncia de los mandos que lo involucra, obviamente participó también en el terrorismo de Estado, que si bien lo inauguró Bordaberry, lo continuó él. Creo que las causas de Derechos Humanos han demorado muchísimo. Son hechos ocurridos hace más de 30 años y recién en 2006 obtuvimos los primeros resultados. La causa de Bordaberry por el Golpe de Estado llevó cuatro años para que compareciera ante un juzgado. No podemos seguir esperando diez años más para que ocurra algo".
