BRECHA PÁG. 14
Nubes negras sobre el río Uruguay. Botnia producirá celulosa dentro de seis meses.
Todo indica que la tensión con Argentina aumentará en forma significativa en los próximos meses, a medida que se acerca la inauguración de la planta de Botnia y se empiece a producir la celulosa. Muy poco se puede esperar, en estas circunstancias, de la facilitación del rey de España.
Guillermo Waksman
El lunes 26, con los anuncios de la empresa Botnia de que comenzará en la segunda quincena de abril las pruebas hidráulicas previas a la puesta en funcionamiento de su planta en Fray Bentos y de que prevé comenzar entre agosto y octubre la producción, se inició una nueva etapa del diferendo que ha venido enfrentando, cada vez con mayor intensidad, a los gobiernos de Argentina y Uruguay. La víspera, ante la inminencia de esos anuncios, otro de los agonistas de esta historia, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, había organizado una manifestación hasta la mitad del puente General San Martín, que incluyó la participación de embarcaciones que navegaron frente al predio de Botnia, y había emitido una declaración de singular dureza. En ese texto se califica al Presidente Tabaré Vázquez de “vocero de la empresa Botnia” y se lo llama nada menos que Mengele; se sostiene que la puesta en funcionamiento de la planta provocará un holocausto en la región; y se reivindica el derecho a cortar los puentes como único recurso legal disponible, avalado –según se alega– por la última resolución de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en alusión a la decisión de ese órgano de enero último, que no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el gobierno uruguayo de que ordenara al gobierno argentino hacer lo necesario para cesar el bloqueo.
En la declaración, los ciudadanos de Gualeguaychú no ocultan sus diferencias con la actitud del gobierno argentino: le reprochan que no asuma debidamente la defensa de la soberanía. Pero recuerdan que Argentina le presta o vende a Uruguay “otros bienes que son nuestros o pasan por nuestro territorio –fibra óptica, gas, mercaderías, turistas, etcétera –”, y advierten que “si algún día, la agresión psicológica a la que estamos siendo sometidos, se transforma en lo que nos están anunciando (...), exigiremos a nuestros representantes que echen mano a todos estos recursos para contestar semejante agresión”.
La decisión de tomar medidas de esa naturaleza estará en manos del gobierno argentino y habrá que ver, llegado el caso, cómo procede.* Los antecedentes muestran que hasta ahora se ha limitado a pedir a los asambleístas que no corten la comunicación con Uruguay, pero nada ha hecho para impedir los bloqueos ni siquiera cuando éstos se extendieron a todos los puentes y a un horario más amplio.
La contenida en la declaración del domingo 25 no fue la única advertencia de la Asamblea de Gualeguaychú. Hubo también algunas declaraciones públicas de sus dirigentes más connotados. Varios de ellos sostuvieron que Botnia y las autoridades uruguayas aplican la estrategia de los hechos consumados. “Ellos siguen construyendo la planta; creen que una vez que la terminen nadie va a poder sacarlos de ahí”, dijo a Página 12, el martes 27, el asambleísta Oscar Vargas. Según este diario, “mientras tanto, en Gualeguaychú sigue subiendo la temperatura, al punto que los mismos ambientalistas advierten que por estos días reciben propuestas más radicalizadas: “Cuando Botnia eche humo, tal vez esta asamblea no tenga razón de ser. Hasta ahora hicimos medidas inofensivas, nada violento. Si la gente quiere ir por otro lado, no sé si podremos contenerlos”, confesó el ambientalista José Pouler”. En la misma línea, el también dirigente Jorge Fritzler declaró que el verdadero conflicto aún no ha comenzado y que empezará cuando la planta se ponga en marcha. Y consideró que es posible que algunos vecinos de Gualeguaychú, al margen de la asamblea, hagan justicia por mano propia, por ejemplo, contra uruguayos que viajen a esa ciudad y “sin comerla ni beberla” sean víctimas de actos de revanchismo que no corresponden.
¿Cómo leer este tipo de afirmaciones? ¿Como una simple advertencia de que podrían adoptarse medidas, no deseadas por la asamblea, pero imposibles de controlar? ¿Qué tipo de acciones podría tomar, una vez que la planta empiece a operar, ya no la asamblea –que tal vez se disuelva – ni personas a título individual, sino un comando clandestino?
¿Qué pasaría si “la gente” ejecutara medidas violentas, y la asamblea no la pudiera contener, o realizara maniobras como la de provocar una contaminación de las aguas para atribuir la responsabilidad a Botnia? ¿Cómo actuaría, en cualquiera de esas hipótesis, el gobierno argentino, cuya consigna hasta ahora ha sido la de “disuadir pero no reprimir”?
Las asambleas de Gualeguaychú, Colón y Concordia decidieron cortar los tres puentes durante toda la Semana de Turismo. El Ministerio de Salud Pública argentino dispuso realizar un estudio estadístico del estado sanitario de la población de la provincia de Entre Ríos más cercana a la planta de Botnia, a efectos de poder comprobar después los efectos de la contaminación que pueda registrarse. La empresa finlandesa invitó a algunos medios de prensa uruguayos y argentinos a recorrer la construcción, a fin de convencerlos de todas las garantías que se han adoptado para que no haya efectos que alteren el ambiente. El gobierno uruguayo instaló, como lo prevé la normativa vigente, un comité de seguimiento, de carácter consultivo, integrado por 17 miembros (entre otros, representantes de tres Ministerios, dos intendencias y siete ONG, con lugares reservados para representantes argentinos), que se reunirá todos los meses con el cometido de controlar los daños ambientales que puedan ocurrir y de informar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), el organismo competente para adoptar las resoluciones pertinentes. En síntesis, el gobierno uruguayo y Botnia siguen avanzando en la misma dirección, y el gobierno argentino y las asambleas de Gualeguaychú en la contraria, unos y otros a toda velocidad y como si nada ocurriera del otro lado del río Uruguay.
Es en este preocupante clima que dentro de tres semanas, entre el 18 y el 20 de abril, tendrá lugar en Madrid la primera reunión promovida por el facilitador español. Los Cancilleres Miguel Ángel Moratinos, Jorge Taiana y Reinaldo Gargano encabezarán las tres delegaciones, que en principio – por expresas instrucciones del Presidente Vázquez – no iniciarán negociaciones sino que se limitarán a dialogar, porque el gobierno argentino no está dispuesto a comprometerse a que los cortes de los puentes sean levantados definitivamente e hizo además una guiñada a las asambleas al invitar al gobernador electo de Entre Ríos, Sergio Urribarri, a integrar la delegación. Aunque Taiana y Gargano sostengan lo contrario – la diplomacia los obliga –, no se puede decir que haya mucho espacio para el optimismo.
* Aunque se trate de una mera coincidencia, Ancap está analizando alternativas al suministro de gas, cuyo único proveedor es justamente Argentina. Una posibilidad sería construir una planta de regasificación con Petrobras. Chile ya construyó una similar, cuyo costo es muy elevado.
LA REPÚBLICA PÁG. 7
Bayardi aseguró que en el Uruguay no habrá ni instrucción ni servicio militar obligatorio. Nueva ley reglamentará la eventual intervención interna de las FF.AA.
El Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, José Bayardi, aseguró que en Uruguay no habrá servicio ni instrucción militar obligatoria, y que la eventual intervención de las Fuerzas Armadas frente a la hipótesis de una situación de desborde que afecte la seguridad interna, deberá ser reglamentada por ley.
Desde que el Ministerio de Defensa remitió un borrador del ante proyecto de ley sobre la defensa nacional "en consulta" a legisladores del Frente Amplio y a los Comandantes de las Fuerzas Armadas comenzaron a estar en la opinión pública dos temas centrales: la obligatoriedad o no del servicio militar y la eventual participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Sin embargo, aún no está definido si ambas cuestiones integrarán o no la discutida Ley de Defensa. En ese marco, Bayardi ayer aseguró que en Uruguay "no va a haber servicio militar obligatorio".
Aclaró que cuando se dice "servicio militar obligatorio" se hace referencia a los países que tienen ejércitos que participan en conflictos, pero Uruguay siempre tuvo un Ejército "con voluntarios"; es decir, que sus integrantes firman un contrato voluntario de permanencia, "o sea que nunca hubo obligatoriedad".
En lo que tiene que ver con la instrucción militar en tiempo de paz, en Uruguay históricamente no ha sido obligatoria, por lo cual la "instrucción militar será voluntaria".
"En la actualidad hay un servicio militar voluntario y quien quiere ser efectivo militar con un contrato permanece voluntariamente dentro del servicio, mientras que quien quiere recibir instrucción en algunas de las fuerzas, y sobre todo en la Armada, hay inscripción militar voluntaria para integrar la reserva", remarcó. En tal sentido añadió que lo que "se está consagrando, en un texto armónico, es ratificar que en tiempo de paz el servicio y la instrucción militar serán voluntarias, es decir no habrá servicio militar obligatorio".
Bayardi también se refirió a la eventual ampliación de funciones de militares. Sobre este aspecto dijo que "nadie tiene dudas" de que las Fuerzas Armadas tienen que participar en las acciones de la defensa militar del país o cuando se produce una catástrofe. Empero, reconoció que el problema surge cuando eventualmente los militares tuvieran que actuar en la seguridad interna del país por una situación de desborde. "Lo que hay que discutir es si esa eventualidad llegara a darse, cuál será la participación militar, la que tiene que estar inscripta en un marco legal que lo deje bien claro", acotó Bayardi. En lo referente a la reforma del Estado, dijo que Defensa propiciará "algunas modificaciones en la estructuración del Ministerio para gestionar tanto las políticas de defensa como de la propias Fuerzas Armadas, y también estará planteada la discusión de la Ley Orgánica militar". En cuanto al contenido de la Rendición de Cuentas en los aspectos referidos a Defensa expresó que en líneas generales las aspiraciones siguen siendo las que pautaron el Presupuesto, o sea "todos los incrementos que correspondan a la Administración Central también corresponderán a Defensa, aunque se han buscado mejoras parciales sin modificar las definiciones del Presupuesto Nacional".
BRECHA PÁG. 44
La colimba es lo de menos. Nueva concepción de defensa.
Una vez más, la atención se centró sobre las notas al pie: la polémica desatada sobre la propuesta de servicio militar obligatorio ofició de cortina de humo, para consumo de la gente. Se debate si los liceales deben o no manipular armas en horarios de estudio, si la “colimba” debe ser impuesta o si se deja a la iniciativa de la población civil convertirse en reservistas.
Samuel Blixen
La oposición agitó los alertas tremendistas: “Es peregrina y peligrosa la idea de militarizar a la sociedad”, dijo Luis Alberto Lacalle; y los matices de diferencias entre los propios impulsores ocupó el centro.
No es necesario contratar una encuesta para saber qué le quedó a la población sobre el proyecto de defensa nacional que impulsa el gobierno, cuya discusión parlamentaria comenzará a mediados de abril. De ser aprobada, la ley provocará un cambio sustancial y absolutamente novedoso, tanto en el diseño de la defensa como en la relación de las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles.
Hay dos ejes centrales: por un lado, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en su articulación preventiva, será monopolizada por el Presidente de la República y un Consejo de Defensa Nacional cuyos miembros permanentes, además del Presidente, serán exclusivamente los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. Por otro, la defensa nacional, en su aspecto operativo, tendrá carácter cívico-militar, en un esquema en el que las Fuerzas Armadas se reestructurarán según un plan operacional común, coordinado para acciones conjuntas.
La nueva concepción de defensa apunta a resolver dos problemas: la superación de los “vicios” del pasado, y la adecuación a las amenazas del presente. Ello impone una transformación, tanto en la mentalidad civil como en la militar.
¿De qué vamos a defendernos? La participación civil en la defensa fue un componente básico de las hipótesis de conflicto que orientaban la doctrina de las Fuerzas Armadas en los años sesenta: una eventual agresión de nuestros dos grandes vecinos y la insalvable disparidad en la relación de fuerzas, imponían una estrategia de defensa del territorio, en una acción de resistencia y repliegue que desembocaba, por una inevitable ocupación extranjera, en una guerra irregular, de largo aliento, donde la población civil ocupaba un rol protagónico. El enunciado no resolvía la cuestión práctica de cómo la población se integraba a la resistencia. Las armas –y la capacitación– quedaban dentro de los cuarteles, quizás por mutuo recelo entre civiles y militares, en medio de un escenario mundial de Guerra Fría y uno regional punteado por dictaduras militares. La hipótesis de conflicto, no obstante, dejó de ser un ejercicio teórico cuando el Estado Mayor brasileño dio luz verde al Plan 30 Horas, de invasión y ocupación de Uruguay para el caso de un triunfo del Frente Amplio en las elecciones de 1971.
La adopción de la doctrina de la seguridad nacional y la hipótesis de guerra interna contra la subversión cambiaron en muy poco tiempo la mentalidad “civilista” de los militares. El golpe de Estado no sólo barrió con la institucionalidad: concretó en los hechos la guerra interna contra la población civil y desplegó una coordinación activa con los ejércitos potencialmente enemigos. La realidad acentuó dramáticamente la desconfianza y el recelo, un antagonismo alimentado hasta hoy por la impunidad. “¿Para qué queremos Fuerzas Armadas, para qué financiarlas, si llegado el momento se van a desplomar sobre nosotros?”, era el razonamiento quizás simplista pero extremadamente lúcido.
El panorama actual de las amenazas a nuestra soberanía e intereses nacionales se inserta en un nuevo escenario: el “comunismo internacional” ha sido sustituido por el “terrorismo internacional”; la bipolaridad de la Guerra Fría dio paso a la hegemonía militar estadounidense con la complicidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; los golpes de Estado para asegurar las transferencias netas de capitales mediante el endeudamiento y el “libre mercado” han dado paso a las intervenciones directas con la excusa del “eje del mal”; la unipolaridad militar de Estados Unidos cohabita con una multipolaridad de los bloques económicos.
La guerra directa, masiva, es la herramienta desembozada de los poderes económicos para el control de los recursos naturales, cuando se vuelven inoperantes las presiones e injerencias. La defensa nacional se vuelve, también, una cuestión de bloques.
La nueva doctrina militar argentina, que define como prioritaria la defensa de los recursos naturales, común a todos los países del Sub Continente, que comparten el agua del subsuelo (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), el petróleo (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia), los minerales (Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil, Colombia) y la tierra cultivable (Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay), puso en el tapete la cuestión de la coordinación y la integración militar tanto para una estrategia convencional como no convencional. Los potenciales enemigos, también comunes, son las grandes potencias y las grandes corporaciones capaces de manipular gobiernos y Ejércitos.
¿Cómo vamos a defendernos? La única defensa – por intereses, objetivos y debilidades comunes – es la conjunta, donde los ejércitos nacionales operen coordinadamente ante enemigos comunes. En esa coordinación, el factor clave es la sujeción de los instrumentos de defensa a los poderes políticos y una concepción cívico-militar de la defensa.
En el Continente, sólo Cuba está capacitada para una defensa total de la integridad territorial, con participación efectiva de la población. Su hipótesis principal de conflicto – la agresión e invasión por Estados Unidos – desemboca rápidamente en una resistencia nacional prolongada. Para que no ocurra lo de Panamá – donde el señor Noriega movilizó a la ciudadanía en los “Batallones de la dignidad” ante la inminente invasión de Estados Unidos, pero les confiscó el armamento, de donde devino que cuando invadieron Noriega se escondió y los civiles no pudieron defenderse –, la cuestión de la defensa integrada va mucho más allá de un servicio militar, obligatorio o voluntario. Depende de un diseño real de defensa, en el que por un lado la población civil debe tomar conciencia de su rol y asumir una preparación efectiva; y por otro integrar al Ejército profesional en esa concepción.
El proyecto de ley apunta en esa dirección: creación de organismos para montar la estructura de defensa, bajo la dirección directa del gobierno civil. La otra pata de la defensa cívico-militar depende, además de los recursos y de la reestructura funcional, de un cambio de mentalidad. En ese sentido, el reciente discurso de Enrique Bonelli, Comandante de la Fuerza Aérea, dio pistas de sintonía con la concepción del gobierno. Dijo: “(Las Fuerzas Armadas deben) estar preparadas y equipadas para ser componente esencial de una respuesta integrada cívico-militar”.
¿Será eso posible? Quizás ayude la señal que desde el gobierno lanzó el Presidente Vázquez sobre el concepto del “nunca más”, reducido a un enfrentamiento entre uruguayos, y que eludió mencionar el terrorismo de Estado. Ni lerdo ni perezoso, Bonelli atrapó la señal al vuelo afirmando que el “nunca más” “debe necesariamente comprender no sólo esos hechos (los de la dictadura) sino también aquellos que, cuestionando gobiernos constitucionales y democráticos, iniciaron en la década del 60 un penoso proceso de confrontación política y violencia social, que nos condujo a épocas aciagas”.
Entre esta formulación de Bonelli y la de su colega el General Ángel Bertolotti (“si vuelve a ocurrir lo de antes habrá que actuar igual”, palabras más palabras menos) hay una buena distancia, marcada por un concepto inédito en los últimos tiempos: Bonelli propone la formación de los Oficiales según “un pensamiento crítico para analizar y tomar las mejores decisiones”, que incluya también el ámbito de “las cuestiones morales y políticas”. Ese pensamiento crítico, que no diluye la verticalidad del mando, pero que obliga al Oficial a razonar qué órdenes no se obedecen por inmorales, quizás acorte las distancias, facilite una defensa integral, y justifique un Ejército Nacional.
CARAS Y CARETAS PÁG. 6
La aritmética del diablo. Cambios en el gabinete.
Alberto Grille
La sustitución del economista Carlos Viera al frente de la OPP por el Senador Enrique Rubio puede ser objeto de diversas interpretaciones.
En el siguiente artículo analizamos varios escenarios posibles.....
EXTERIOR Y DEFENSA
El resultado de esta aritmética del diablo es que Rubio - que además renuncia al Senado y con ello quema las naves va a la OPP, pero como un soldado de Tabaré; Daisy Tournée, del sector renovador del Partido Socialista, va al Ministerio del Interior; dos policías sin militancia política conocida pero con hábitos de acatar órdenes, completan la plana mayor de la mencionada cartera; un técnico frenteamplista independiente va a la Dirección de la DGI; Murro, un ex comunista, independiente, con una pata en la Vertiente y otra en la Alianza Progresista, le gana la pulseada al Z; el MPP pierde un Director General del Ministerio del Interior y un candidato a Ministro en Vivienda, que queda en la calle. Tabaré pone a un colaborador directo en la Subdirección de la OPP, mantiene a su cuadro que son Rossi, Muñoz, Lepra, Gonzalo Fernández y Miguel Tomma en la Oficina de Servicio Civil, y le quedan todavía dos piezas por mover: Defensa y Relaciones Exteriores. Con la Ministra Berrutti no tendrá problemas, ella se quiere ir y estará allí hasta que Tabaré quiera o encuentre con quién sustituirla.
Parecería que Bayardi no sería - es mucho para la Vertiente ¿no? -; tampoco sería el momento del MPP; nadie descarta que pudiera ser un General retirado de la confianza del Presidente.....
CARAS Y CARETAS PÁG. 24
Ni tanta agua ni tanto fuego. ¿Uruguay es realmente un objetivo militar para Argentina?
Voces preocupadas alarmaron a políticos, medios de comunicación y población en general: Argentina había incluido a Uruguay como objetivo militar de una hipotética lucha por los recursos acuíferos hacia el 2025.
¿Invadimos nosotros o vienen ellos?
Resulta insólito visualizar a Uruguay envuelto en cualquier tipo de conflicto bélico, ni siquiera en una escaramuza; salvo el desempeño de efectivos en misiones de paz de Naciones Unidas, no existen hipótesis de conflicto relevantes en el pensamiento del común oriental.
Sin embargo, por estos pagos y en medio de imaginativos opinad ores que quieren implantar la instrucción militar en la población civil se interpretó como un gesto de inesperada desconfianza castrense la difusión de las nuevas hipótesis de conflicto que maneja el Ejército argentino de cara a un hipotético escenario en el 2025.
Un artículo del diario La Nación fue el disparador: " La guerra por los recursos es el nombre oficial de la nueva doctrina militar.
Un conflicto por el agua dulce es la mayor - y posible - amenaza que el Ejército visualiza para la Argentina en las próximas décadas (...)
En esa labor doctrinaria se afirma que la posibilidad de conflicto con otros Estados por la posesión de recursos naturales es altamente probable (...) El eje de los estudios del Ejército está colocado en la reserva de agua dulce subterránea conocida como Acuífero Guaraní. En la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la mayor posibilidad de que el país entre en un conflicto bélico.
No es menor la importancia de este párrafo, que deja de lado de manera tajante cualquier inclusión de Uruguay en la hipótesis adoptada: "La reorganización establece la idea de que la defensa de los recursos naturales deberá hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego". Ese enemigo no está al oriente de Argentina, ni hoy ni en el 2025.
Sin embargo, aquí nos sentimos amenazados. ¿Intentará realmente Argentina apoderarse de la parte uruguaya del acuífero hacia el 2025?
¿O teme que Uruguay sirva de cabeza de puente para que el águila norteamericana entierre su pico en nuestra agua dulce?
GOTA A GOTA
Según un estudio del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés), para el año 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua: la mayoría de estos países estarán en Medio Oriente y el norte de África. También integran este grupo Pakistán, Sudáfrica y grandes regiones de India y de China. Estas zonas no poseerán suficientes recursos hídricos para mantener su actual nivel de producción de alimentos per cápita; tampoco podrán mantener en niveles razonables los niveles de agua para consumo doméstico y/o industrial. El mapa de la IWMI muestra que, en nuestra región, el único país que no va a tener escasez va a ser Uruguay: hasta ahí, entonces, somos objetivo de invasión.
Sin embargo, esta proyección esconde otros datos que modifican a esta primera conclusión. En primer término, una estimación contundente: Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia tienen suministro de agua suficiente como para tener sus necesidades satisfechas para ese entonces.
Un trabajo publicado en 1998, World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and Lssues, de los investigadores Seckler, Amarasinghe, Molden, de Silva y Barrer asegura que tanto Estados Unidos, Canadá y México, así como Argentina, deberán incrementar su abastecimiento sólo un 25 por ciento de cara al 2025. Sobre Uruguay, en cambio, se considera que con la provisión e infraestructura existentes a la fecha, ya tiene asegurada la no escasez de agua para el 2025.
Queda entonces, como única posibilidad de conflicto armado entre Argentina y Uruguay, la disputa por el control del Acuífero Guaraní. Veamos: el 72 por ciento del acuífero está en territorio brasileño; el 19 por ciento, en territorio argentino; casi el 6 por ciento pertenece a territorio paraguayo y sólo un poco más del 3 por ciento está bajo control uruguayo. En esta escala, Brasil es mucho más interesante que Argentina para ser invadido por potencias extra regionales en la búsqueda del agua subterránea. Eventualmente, un trasnochado podría pensar que la codicia charrúa podría querer hacia el 2025 la porción argentina, algo que queda descartado por los estudios que coinciden en afirmar que nuestro país presenta el mejor panorama de cara al futuro cercano.
VERDE OLIVA O VERDE SOJA
Entonces, si para esa fecha la situación de la región va a ser medianamente similar y está descartado que las principales potencias globales tengan necesidad de emprender maniobras bélicas por ese recurso, ¿cuál es el argumento que queda en pie para justificar el cambio de estrategia en Argentina?
Sólo dos teorías justifican la movida castrense argentina y no tienen nada que ver con las doctrinas de defensa ni con los recursos naturales ni con las potencias extranjeras invasoras. Uno: la necesidad de definir un rol para el Ejército argentino en un país sin hipótesis de conflicto cierta y con un fuerte recelo a todo lo que sea fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Dos: un gran negocio inmobiliario que puede dejar cientos de millones de dólares de ganancia.
Dentro de la redefinición del Ejército, Argentina ya confirmó que trasladará geográficamente los comandos de tres cuerpos de la fuerza de tierra: el Segundo Cuerpo pasará de Rosario (Santa Fe) a Curuzú Cuatiá (Corrientes), el Tercero lo hará de Córdoba a San Luis y el Quinto se mudará de Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia.
De esta movida se desprende que sólo el segundo se acerca al Ácuífero; Curuzú Cuatiá está en el centro de la parte argentina del reservorio subterráneo de agua dulce.
El Tercero y el Quinto se alejan considerablemente de la zona caliente, aunque pasan a estar más cerca de Chile, país que siempre ha preocupado mucho a los estrategas civiles y militares de Argentina, y que se ha consolidado como potencia militar regional.
La venta de los miles de hectáreas pertenecientes a los mencionados comandos, ubicados todos ellos en zonas de alta producción agropecuaria generará centenas de millones de dólares que serán muy bien recibidas por la fuerza de tierra, progresivamente desfinanciada desde que la democracia volvió a Argentina. No se puede descartar aquí la presencia de bolsillos civiles ávidos de morder algún vuelto en la operación que forzosamente será suculento.
CARAS Y CARETAS PÁG. 78
Sobre la defensa.
Leonardo Grille
No me cabe la menor duda de que la disposición legal en nuestro país de la instrucción militar obligatoria es, por lo menos, un error. No obstante y pese a la absoluta ignorancia que ostento en la materia, vale como ciudadano reflexionar sobre el asunto más general de “la defensa nacional”, que lejos está de no incumbimos a todos.
Se me ocurre que cualquier país con pretensiones de soberanía en un planeta en nada parecido a un compendio de santos movidos por buena intenciones, debe asumir a la defensa de su libertad, su independencia, su patrimonio, su cultura, su gente, como una cuestión central siempre, mucho más allá de la velocidad del viento.
Por lo tanto, el debate nacional sobre el tema general de la defensa y las doctrinas que de él deriven, debe ser permanentemente recorrido, actualizado, aggiornado, tomando en cuenta que las tensiones en el mundo cambian, aun cuando su origen filosófico pueda ser siempre el mismo. Creo que no observarlo así es de una candidez alarmante, si bien una posición tan desidiosa - negligente incluso - pueda proveer algún rédito político ante algún sector de la población. Muchas veces la ingenuidad goza de aceptación, de buena imagen, pero a la larga construye poco, si construye, y lo que construye es de una debilidad escandalosa.
Cuando se discute la defensa de un país, me imagino que debe discutírsela con arreglo a fines, pero también munido de una gama de hipótesis abarcativa de lo posible, por improbable que sea. Por ello, se debe discutir la defensa asumiendo la paz como un fin, incluso como un medio, pero la paz respetuosa de los otros y de lo defendido, no la paz que surge del exterminio, de la resignación, de los sepulcros.
La defensa no parece ni por casualidad un asunto de orden militar excluyente. Ni sólo se practica en un escenario de enfrentamiento bélico, ni sobre todo se consuma allí. La defensa es en mucho una actitud cotidiana y tiene que ver con el compromiso que asume cada uno con lo que se protege, que no es otra cosa que un conjunto de valores tangibles e intangibles que constituyen nuestra identidad como nación y, más globalmente, nuestra condición humana.
Llevado al extremo de ejemplificar, siento que cuando votaba en aquellos plebiscitos contra las privatizaciones o repartía un volante por el presupuesto de la educación, estaba defendiendo la patria. Para muchos, tal vez la mayoría, eso no sea un acto de defensa nacional; para mí sí. Quizá por eso consideraba un derecho y un deber de todos los que así pensábamos, participar de esas puebladas soberanas tan distintivas de nuestro país.
Por cierto, es necesario hacer el mayor esfuerzo para objetivar la agresión, y así poder tomar resoluciones institucionales con respecto a la defensa nacional. Es evidente que muchas personas consideraban que privatizar las empresas públicas era una muy buena alternativa que en nada afectaba la soberanía y, en esa estructura lógica, podían no comprender mi posición como un acto de defensa de la integridad nacional, sino como una imbecilidad, o una malísima decisión política.
Ahora bien, si los uruguayos nos ponemos de acuerdo en aquello que debe ser defendido en cualquier marco, pues entonces, por qué no ponernos de acuerdo los uruguayos en que la responsabilidad de defenderlo es de todos y no de una dependencia específica del Estado en cuyas manos se delega tal fundamental cometido in tótum.
Eso no significa la instrucción militar obligatoria, en principio porque no es a través de la obligación que se construye un compromiso, y además, porque nada indica que las armas sean ni el único, ni el mejor instrumento para la defensa. Yo no creo que una invasión armada, si tal cosa algún día sucediera - ese escenario, por improbable que sea, debe pensarse cuando se discute la defensa - pueda ser repelida sin uso de las armas, pero tampoco creo que un país como el nuestro pueda expulsar un invasor estrictamente por el uso de ellas. Es un problema de escala y una cuestión de asimetrías.
Creo que el factor fundamental es la resistencia tan íntima como colectiva, tan espontánea como organizable de cada uno de los uruguayos que en ese momento estén llamados a no aceptar lo inaceptable. Es básicamente un problema de dignidad.
Creo que está bien y que siempre lo ha estado, que aquellos que crean que pueden contribuir a la defensa nacional ofrezcan voluntariamente su concurso. Creo que todos podemos contribuir de modos muy diversos, y en general, no mediante el uso de las armas.
No me gustan nada esas reflexiones que surgen de la convicción de la derrota a priori, ante cualquier adversidad y cualquier adversario. Ni aquellas que creen que una bandera es un trapo. Nunca me gustaron. Yo creo que el peor derrotado es el que está rendido, y que una patria es algo noble que merece ser defendido.
Trágico sin duda fue el destino de los niños mártires de Acosta Ñu y de los niños héroes de Chapultepec. Pero fue heroico. No estaban obligados por ninguna ley a defender su patria y la defendieron. En Chapultepec, cuando el Ejército norteamericano avanzaba irremediablemente sobre el último bastión de México -que perdió la mitad de su territorio en esa guerra-, un niño de apenas 15 años tomó la bandera mexicana de lo alto de la torre y saltó al vacío para que el invasor no manchara el blasón de su país.
Esas cosas han pasado en la historia. Merecen el respeto. Muchas veces los pueblos sorprenden por todo su heroísmo. Una bandera no es un trapo. Y su defensa no es asunto de algunos funcionarios.
CORREO DE LOS VIERNES PÁG. 1
A LA GUERRA CON UN TENEDOR.
Por el Dr. Alberto Scavarelli
Se nos propone ahora por voceros oficiales, entrenar y armar a nuestros jóvenes, con el propósito de combatir en una guerra de guerrillas contra potencias que decidan venir a llevarse el agua de nuestra porción del acuífero Guaraní. Al mismo tiempo se informa que habrán de reducirse las fuerzas militares profesionales en un 30 %.
Es difícil creer que se hable en serio. Lo grave es que puede existir poder político suficiente para llevar estas ideas adelante. La confusión es tal, que solo el asombro puede superar a la sorpresa.
El fundamento se da por el agua del acuífero, esa misma agua que no podremos vender nunca - tenga el precio que tenga - porque la reforma constitucional impulsada entonces por quienes hoy son gobierno, lo impidió definitivamente, aunque nuestros vecinos hacen con el acuífero y con su agua compartida lo que quieren, incluso venderla.
En medio de esta alucinada pesadilla beligerante y desde la estrategia de una propuesta guerra de guerrillas a la intemperie, se plantea extrañamente despedir soldados profesionales, y sustituirlos por jóvenes reservistas entrenados de a ratos y equipados con armas de otra época que deberán aprender a usar en los liceos, en horas quitadas al inglés o a la vieja e imprescindible educación moral y cívica que no se enseña más y así nos va.
Estos muchachos deberán enfrentarse - siempre en desventaja - a soldados de elite que vendrán equipados con tecnología y armamentos desconocidos y con recursos comparativamente ilimitados.
Vuelven a olvidar que somos un país sin cultura, ni vocación, ni geografía belicista, con una visión de nación humanista, que por mandato constitucional expreso, ha hecho de los medios pacíficos el más eficiente instrumento de defensa de lo nuestro.
Cuando de visita invitado a pescar, vino el Presidente norteamericano hace unos días, se informó después que se fue, que había vigilante algún avión estadounidense sobrevolando el territorio nacional a miles de metros de altura, por lo que por aquí abajo ni los vimos, ni los oímos, ni los detectamos, y ni siquiera nos enteramos, salvo porque nos avisaron cuando se fueron y porque habían llevado a un Oficial uruguayo a bordo.
PATRIA PÁG. 1
Nueva Ley de Defensa: ¿instrucción militar obligatoria?
Senador Luis Alberto Heber
En los últimos días ha estallado una nueva polémica en el seno del oficialismo, que, al ser inocultable, genera a la vez la necesidad de que la oposición exprese su punto de vista, por más de que todo se trate del apresurado manejo de informaciones que tienen más de oficiosas que de oficiales.
Vayamos por partes. Es decir, analicemos las causas que originan este nuevo disenso en filas del partido del gobierno. Las hay nacionales, por supuesto. Y también las hay regionales.
En lo interno. Desde tiempo atrás se ha planteado por todas las fuerzas políticas la necesidad de una profunda reestructura de nuestras Fuerzas Armadas, adecuándolas a los tiempos que corren y pensando en hipótesis de futuro antes que de antiguos conflictos del pasado. Nuestro sector político no ha sido ajeno a este tema, sino que ha promovido y sido partícipe activo del debate, a través del Instituto Manuel Oribe.
El gobierno, a la vez, a través del Ministerio correspondiente, pretende encabezar esas debidas reformas que debieran culminar, necesariamente, con una nueva “Ley de Defensa” y, detrás de la misma, una nueva “Ley Orgánica Militar”. Hasta ahora lo que se conoce, de forma reservada, es un anteproyecto de 31 artículos referido al primero de los ítems, que ha sido enviado por la Dra. Berruti a la bancada oficialista y a algunos integrantes de la oposición. Pero, por supuesto, sus principales contenidos, han sido difundidos a través de la prensa. Quizás el elemento más novedoso sea la creación del CODENA (Consejo de Defensa Nacional) “órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa”, que lamentablemente suena muy parecido al COSENA, aquel mamarracho jurídico e inconstitucional en el que se refugiaron los mandos militares de la época para cometer un sinnúmero de atropellos. Sobre este punto, sin suda, nos aguarda una dura discusión.
Pero el pergeño que ha agitado las aguas de los sectores del partido de gobierno es la posibilidad de que, tal como refiere el anteproyecto, se le brinde instrucción militar a la población civil. ¿Voluntaria u obligatoria? He ahí el meollo de la cuestión que desvela al oficialismo.
Detengámonos aquí por un instante. Antes de proseguir echemos un vistazo a las causas regionales, que hemos mencionado. En paralelo a lo que acontecía dentro de fronteras, el diario “La Nación” de la República Argentina, hace un mes atrás, hizo trascender un documento interno del Ejército de ese país, que refiere a la elaboración de un nuevo plan militar y al manejo de nuevas hipótesis de conflicto, tomando como horizonte el año 2025. Se analiza, al igual que en Uruguay, una nueva doctrina y estrategia para las Fuerzas Armadas. Pero el sobresalto provocado en nuestro país es el manejo de la posibilidad de la agresión a la república hermana por parte de alguna potencia mundial, a través de nuestras fronteras, para adueñarse de sus recursos naturales. Básicamente se habla del agua y, específicamente, del “Acuífero Guaraní”, el cual compartimos.
Agréguese a esto la particularísima situación que estamos atravesando en materia de relaciones con nuestros vecinos de allende el Plata por el inacabable conflicto de las plantas elaboradoras de pasta de celulosa, del cual siguen sobreviviendo Botnia y los “piquetes” entrerrianos. Por el momento, no se avizora solución ni “facilitación” de la misma, y todo provoca un enredo singular, porque, por culpa de la insensata política exterior de ambos gobiernos, uruguayos y argentinos nos estamos mirando de reojo. Y puede pasar que algunos exaltados se sientan provocados y terminen yéndose a las manos. Ciertos desplazamientos de tropas del Ejército argentino en lugares cercanos a nuestra frontera no han contribuido a mejorar el clima, por más que el Embajador Patiño Mayer trate de ahuyentar fantasmas y comente a la prensa que lo único que hay son especulaciones sin mayor asidero.
En esta coyuntura, a algunos integrantes del MPP, prisioneros de sus recuerdos, les ha parecido buena cosa que los ciudadanos uruguayos, en general, vuelvan a empuñar las armas. Para que “cuando haya conflicto armado se pueda convocar a la ciudadanía a defender el país”, como sostuvo, enfáticamente, el Diputado Semproni.
Agregando: “todos los ciudadanos tienen la obligación de saber empuñar las armas”. Es que por ahí anda, todavía, la ley 9.943 del año 1940 que refiere a la “Instrucción militar obligatoria”, cuyas disposiciones no se cumplen y han motivado que algún compañero del Partido Nacional impulse su derogación. Como contracara, algunos legisladores del gobierno la toman como raíz para la nueva Ley de Defensa. Hablan, por ejemplo, de que la instrucción militar sea de carácter voluntario “en tiempos de paz” y de carácter obligatorio “en casos extremos”. Debate que ha comenzado, una vez más, a agitar las aguas de la izquierda nacional. Es que el que provocó la venida de Bush “ya fue”, como se dice ahora.
El desatino nos parece mayúsculo, por cierto. La defensa de nuestro país no pasa por instruir y, llegado el caso, armar a sus habitantes.
Herrera dictó cátedra al respecto, durante el siglo pasado. Amigos fuertes y poderosos, lo más lejanos posibles. Fortaleza democrática.
Adecuado manejo de la política exterior, que nos haga ganar respeto en el concierto internacional. Fraternal relación con nuestros vecinos, pero firmeza total en cuestiones soberanas. No intervención en asuntos ajenos, para que mañana no se pretenda intervenir en los nuestros.
Agregamos, por nuestra parte. Y los recursos del Estado en materia educativa, siempre escasos, no deben malgastarse en “instrucción militar”, sea la misma voluntaria u obligatoria. Pensemos en este tercer milenio y veremos que los desafíos pasan por otra parte.
Debemos apostar, sin duda alguna, al desarrollo sostenido del conocimiento, a la apuesta del crecimiento conjunto de nuestra futura sociedad, potenciando, a través de un adecuado sistema educativo, sus reconocidas e históricas capacidades. Sobre esto, nada se está haciendo. Salvo tejer una “historia oficial” que bendice las actividades de los que ahora promueven nuevamente el uso de las armas.
LA DIARIA PÁG. 2
Reparaciones.
Con fecha 26 de marzo y con la firma del Presidente Vázquez y los Ministros Astori, Berruti y Tourné, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un mensaje y proyecto de ley de reparación económica para los familiares de civiles, policías y militares “que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976”.
Por esta vía, el gobierno hace suyo un proyecto elaborado por la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad, que fuera presentado anteriormente por el Diputado colorado Daniel García Pintos. En lo esencial, se establece una reparación patrimonial de 150.000 dólares para los familiares de cada una de las 66 personas (18 militares, 34 policías y 14 civiles) cuyos nombres se indican en el anexo que acompaña al proyecto.
Aunque el articulado nada dice al respecto, en su mensaje el Poder Ejecutivo señala que “esta reparación comprenderá además a los familiares legales o naturales de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada cuyo desaparecimiento resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final (…) que produjo la Comisión para la Paz”, o sea: los 26 casos confirmados como desaparecidos en territorio uruguayo entre 1973 y 1985.
De esta forma, se pretende “coadyuvar a la consolidación de la paz que todos anhelamos, dando un trato justo a estas familias víctimas inocentes de las acciones violentas mencionadas”.
El mensaje termina afirmando que “nos es moralmente imprescindible intentar, por la vía de este proyecto, que se contemple en una sola norma legal a todas las víctimas de los lamentables hechos acaecidos en aquellos años que tanto afectaron a la sociedad uruguaya y que no deben repetirse nunca más”.
Por lo visto, el espíritu que anima al gobierno es el de parecer y ser ecuánime, justo y equilibrado en su trato hacia los familiares de las víctimas de la violencia política antes y durante la dictadura. La intención general, explicitada en el texto del mensaje, parece loable. Sin embargo, dicho mensaje y el propio proyecto plantean una serie de problemas que los parlamentarios deberían considerar con cuidado. No es posible tratarlos aquí todos, pero valga esta enumeración sucinta.
Parece - el texto del mensaje es prístino al respecto - que el gobierno ha comprado la idea de que todo fue lo mismo, la acción guerrillera de los sesenta y el terrorismo estatal durante la dictadura. Hubo una guerra y ahora se repara patrimonialmente a las víctimas inocentes de los dos bandos.
Pero es evidente que cuando se indemnice a los familiares de los desaparecidos, el Estado no estará haciendo otra cosa que pagar por sus propios crímenes, algo a lo que a todas luces está obligado. Cuando se indemnice a los familiares de las víctimas de la sedición, el Estado estará asumiendo el costo de crímenes cometidos por otros. No se pueden equiparar tan subrepticiamente situaciones tremendamente diferentes. Se requieren otros argumentos para justificar lo segundo.
Los desaparecidos no desaparecieron en ninguna guerra: lo fueron bajo una dictadura salvaje en los métodos de represión que aplicó contra sus enemigos.
Las desapariciones de las que el Estado uruguayo es responsable o corresponsable y de las que debe hacerse cargo no son sólo las del Anexo 3.1 de la Comisión para la Paz, que constituyen menos de la quinta parte del total.
Si se trata de reparar a “todas las víctimas”, se está olvidando que el Estado uruguayo, antes y durante la dictadura, fue responsable de muchos crímenes además de las desapariciones, entre ellos el mismo crimen por el que se repara a los comprendidos por este proyecto: el asesinato.
¿Qué pasa con todos los asesinados no desaparecidos durante la dictadura, aquellos cuyos cuerpos sí fueron entregados a sus familiares? ¿Y con los casos de los ciudadanos asesinados por las fuerzas represivas entre 1962 (para tomar la misma fecha del proyecto) y 1973? Por último, ¿a qué actos de sedición se está refiriendo el gobierno en el período posterior a la derrota del MLN en 1972? ¿El gobierno asume que Ramón Trabal y Carlos Abdala, muertos en 1974 y en 1976, respectivamente, e incluidos en la lista que acompaña al proyecto, fueron víctimas de la sedición? ¿De qué sedición estamos hablando?
LA DIARIA PÁG. 3
¿Qué pintará Palo y Palo? VÁZQUEZ HIZO PROPIO UN PROYECTO DE GARCÍA PINTOS: FAMILIARES DE PUNTA.
El Poder Ejecutivo presentó días atrás un proyecto de ley que busca resarcir con 150 mil dólares a cada grupo familiar “de todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, asimilados o equiparados y a los civiles fallecidos en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976”.
También se otorgará este beneficio, si el Parlamento lo aprueba, a unas 26 familias de detenidos desaparecidos confirmados por la Comisión para la Paz.
"Yo creo que es un error del gobierno”, comentó el abogado Javier Miranda, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos y estrecho colaborador de Presidencia en las tareas de búsqueda de los desaparecidos.
La filosofía del proyecto de ley, según explicó a periodistas el Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, es comprender que el dolor no tiene bandos.
La iniciativa era un barco náufrago del Diputado colorado Daniel García Pintos, presentada en 2003 cuando parte de los familiares de desaparecidos consideraban impulsar un proyecto de ley que reparara económicamente a las víctimas del terrorismo de Estado. García Pintos volvió a presentarla el 11 de enero de este año, agregando a los asesinados confirmados como tales por la Comisión para la Paz, y ahora el Poder Ejecutivo la hizo suya. No podía prosperar de otro modo, porque implica proponer un gasto del Estado.
El Presidente de la República había anunciado que se impulsaría este proyecto durante el acto realizado en la Plaza Independencia en ocasión de sus dos primeros años de gobierno.
El escrito remitido al Parlamento habla de otorgar el beneficio a los familiares de personas cuya muerte decidió el MLN tras dilucidar que tenían participación clave en escuadrones de la muerte, como Armando Acosta y Lara y Héctor Morán Charquero.
También figuran los deudos de Carlos Abdala, muerto cuando era embajador uruguayo en Paraguay, al parecer porque lo confundieron con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza; y del Coronel Ramón Trabal, asesinado según la dictadura por un comando del MLN, pero de cuya muerte es sospechosa la propia dictadura o una fracción de ésta, debido a las posiciones políticas y al ascendiente en las Fuerzas Armadas de aquel Oficial de Inteligencia.
Sea como fuere, en ambos casos es por lo menos dudoso que los matadores hayan sido parte de “la sedición” uruguaya.
También sería beneficiaria la familia del Coronel Artigas Álvarez, asesinado en julio de 1972. El integrante más conocido de esa familia es el ex dictador Gregorio - Goyo - Álvarez.
En una entrevista de Emiliano Cotelo (Radio El Espectador) realizada el miércoles, García Pintos reconoció que familiares de personas muertas en el marco del enfrentamiento con el MLN recibieron reparaciones antes de la dictadura y durante ella, pero dijo que fueron “pequeñas pensiones, un grado más post mortem a quienes tenían rango policial o militar, muy poquita cosa que para familias modestas, la inmensa mayoría de condición muy humilde, no sirvió para mitigar, ni qué hablar, el dolor por la pérdida de un ser querido, pero tampoco desde el punto de vista económico”.
Familiares se reúne recién el lunes que viene, pero Miranda no es el único integrante de ese grupo que ya ha manifestado públicamente su disconformidad con el proyecto del Poder Ejecutivo.
Adriana Cabrera, hija de Ary Cabrera (que habría sido trasladado en el llamado segundo vuelo), comentó a la diaria, a título personal, que no quiere discutir si corresponde o no esta reparación, pero que “lo que parece un desatino es poner arriba de la mesa la teoría de los dos demonios, decir que acá hubo una guerra, y el ‘nunca más uruguayos contra uruguayos’”.
“Hemos impulsado siempre el Nunca Más pero del terrorismo de Estado, con una justificación muy diferente”, señaló.
CARTA POPULAR PÁG. 9
Histórico: Enrique Bonelli será indagado personalmente por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze por el “segundo vuelo de la muerte”.
El Comandante de la Fuerza Aérea
ante la Justicia
Walter Cruz
Por primera vez en la historia de Uruguay un Comandante en Jefe en actividad deberá comparecer personalmente ante la Justicia.
Con motivo de los 94 años de la Fuerza Aérea, Carta POPULAR fue crítica con parte del discurso del Teniente Coronel aviador Enrique Bonelli. La Ministra de Defensa Azucena Berrutti se mostró conforme con algunos de sus dichos. A tan sólo diez días de acto, el juez en lo penal de 19° Turno Dr. Luis Charles resolvió que Bonelli declare como testigo e indagado en la causa del "segundo vuelo de la muerte".
Cuando los aviones surcaban el Río de la Plata cargados de prisioneros.
La abnegada labor de los organismos de Derechos Humanos y de sus abogados durante años - en primerísimo término y la aplicación del artículo 4o de la Ley de Caducidad después - ha logrado que se encuentre en los restos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, que ocho militares y policías hayan sido procesados y que el ex dictador Juan María Bordaberry y su Canciller Juan Carlos Blanco estén presos. Y que se continúen con las investigaciones sobre los hechos aberrantes cometidos durante la última dictadura que padeció nuestro país en el pasado siglo XX.
Esta semana Carta POPULAR pudo saber que el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Teniente General aviador Enrique Bonelli, deberá declarar como testigo e indagado en la causa del "segundo vuelo de la muerte" ante el juez Luis Charles. En la causa actúa la fiscal penal de 2o Turno Mirtha Guianze.
La novedad es que en lugar de declarar por escrito, el Comandante Bonelli deberá hacerlo personalmente ante el Dr. Charles.
El 24 de julio de 1976 el actual Comandante de la Fuerza Aérea trasladó en forma ilegal a 24 prisioneros detenidos en Argentina, en lo que denominó "el primer vuelo", aunque se sabe que hubo varios más. Algunos anteriores y otros posteriores a los ya conocidos. En este viaje la mayoría eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y todos fueron liberados en 1985.
Igualmente Bonelli será citado como indagado por "el segundo vuelo" que se concretó tres meses después. O sea el 5 de octubre de 1976. Unos 22 secuestrados - la mayoría uruguayos, pero también algunos argentinos - fueron trasladados de Buenos Aires a Montevideo y fueron ejecutados, en lo que se considera la mayor masacre perpetrada en nuestro país. Esto lo informó en el 2005 el Secretario de la Presidencia Dr. Gonzalo Fernández, quien también será citado por la Justicia. Pero la figura clave de la investigación será el ex Comandante de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín, copiloto del "segundo vuelo de la muerte".
Y Bonelli que ha dicho que no vio nada en el primer traslado, porque estaba dentro de la cabina del avión, también deberá relatar todo lo que sabe ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze.
Conviene dar a conocer otros nombres involucrados en "el segundo vuelo de la muerte": como el mayor Walter Pintos, que fue el piloto, el del Coronel aviador Uruguay Araújo Umpiérrez que ofició de coordinador y el del Capitán Daniel Muñoz que fue tripulante de la nave.
La denuncia por "el segundo vuelo de la muerte" fue presentada en mayo del año pasado y había quedado en suspenso luego del procesamiento de ocho militares y policías acusados por la desaparición de Alberto Soba en 1976 en Buenos Aires. Las dos causas se encontraban unificadas y están a cargo del juez en lo penal Dr. Luis Charles.
Debe señalarse que -por esas paradojas de la vida- quien entregó en 2005 el informe a la Presidencia de la República, confirmando la existencia del "segundo vuelo", fue el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Del que la opinión pública estaba enterada tres años antes, por cuanto nuestro colega Roger Rodríguez, del diario La República, había investigado y publicado el tema en 2002.
López Goldaracena: "Comienzan a cerrar piezas y caer fichas".
El conocido abogado defensor de los Derechos Humanos Dr. Osear López Goldaracena - antes de que se conociera la noticia de la citación a Bonelli-señaló que también hay "elementos suficientes" para que
waltercruz@admet.com.uy sea llevado a la Justicia el General (R) Gregorio "El Goyo" Alvarez y abundó en otros detalles sobre "el segundo vuelo de la muerte".
"El 5 de octubre de 1976 - dijo López Goldaracena - partió un vuelo clandestino desde el aeropuerto "Jorge Newbery" de Buenos Aires hacia la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco".
Agregó que el informe entregado a nuestro gobierno, "se reconoce que estas cooperaciones aéreas fueron coordinados por el comando general de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información y Defensa (SID) y coordinadas por ese servicio comienzan a cerrar piezas de la coordinación represiva.
¿Y por qué digo comienzan a cerrar piezas o a caer fichas? Porque en los informes confidenciales que se habían entregado a varios de los denunciantes se señalaba que se había perdido el rastro de los desaparecidos en fecha 5 de octubre de 1976, yo me pongo en el lugar - aunque es muy difícil hacerlo - de Luz Ibarburu o de María Esther Gatti, cuando la única información que tenían hasta el 2005 era que, a su hija, a su hijo, se les había perdido el rastro o habían sido trasladados con destino desconocido el 5 de octubre de 1976. Pero luego, con el informe de la Fuerza Aérea es el mismo día del "segundo vuelo".
O sea que existen más que elementos de convicción, existe prácticamente la certeza, de que estos ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina fueron trasladados en ese vuelo".
Estas mismas convicciones del abogado Oscar López Goldaracena, deben ser las que tienen el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze.
De ahí la indagatoria prevista al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Teniente General Aviador Enrique Bonelli, con el cual se enfrentarán cara a cara en un Juzgado de la Ciudad Vieja. Mientras el Cóndor sigue volando cada vez más bajito.
CARTA POPULAR PÁG. 9
Familiares piden entrevista a Tabaré Vázquez.
La Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quiere saber, de primera mano, qué parámetros utilizará el gobierno y como continuarán las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, y también la organización reclama que los militares revelen toda la información disponible sobre estos casos.
Además, sus integrantes dicen que falta mucho por hacer y es por eso que han solicitado una entrevista con el Presidente de la República.
Carta POPULAR se comunicó con Familiares para ampliar la información y muy gentilmente se nos dijo que, "les agradecemos su inquietud, pero sobre este tema hemos resuelto no hacer declaraciones a la prensa. Más adelante estamos a las órdenes". En la breve charla que tuvimos con una militante de la organización defensora de los Derechos Humanos, ésta nos confirmó que efectivamente se había solicitado tener un encuentro con el Dr. Tabaré Vázquez y nada más.
EL PAÍS PÁG. 6
Reparaciones generan polémica. Organización de Familiares no acepta trato igualitario.
El proyecto de ley que repara a los familiares de las víctimas de las acciones de la guerrilla y de la dictadura, ha desatado una nueva polémica sobre el pasado reciente del país.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se manifestó en contra del proyecto, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento haciendo suya una iniciativa del Diputado colorado Daniel García Pintos. Además, el Partido Comunista adelantó que tiene "serios reparos" a la iniciativa, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Rubén Yáñez, dijo que ese ámbito estudiará el proyecto luego de Semana Santa.
Estas posiciones se dan de cara con la intención del gobierno de buscar caminos que lleven a cerrar las heridas del pasado. Ayer el Vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dijo que en este tema hay que actuar con un criterio de "generosidad" y que el dolor de los familiares de las víctimas es el mismo en los dos bandos.
La organización Madres y Familiares expresó su malestar porque se incluyó en el proyecto la reparación a los familiares de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, y aguarda la respuesta del Presidente Tabaré Vázquez a un pedido de entrevista.
La integrante de la organización, Luisa Cuesta, dijo a El País que "lógicamente" Familiares "va a rechazar el proyecto".
"Realmente para mí fue como un golpe, que en el mismo proyecto se mezclen los muertos por la guerrilla con los muertos por el Estado. Esto de ninguna manera puede ser", afirmó.
Familiares realizará la tradicional "marcha del silencio" el próximo 20 de mayo, donde la organización volverá a reclamar "verdad y justicia". Esta marcha recuerda los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El proyecto prevé una reparación económica de U$S 150 mil a los familiares de los militares, civiles y policías muertos por la guerrilla. Añade que en la reparación se incluirán a los descendientes "de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada". El Senador comunista Eduardo Lorier dijo que su partido aún no tomó posición, pero que el proyecto le merece "muchos reparos".
"Generosidad". En cambio, el Vicepresidente Nin Novoa defendió la propuesta por considerar que se debe tener "cierta dosis de generosidad y entender que el dolor por la muerte de un familiar, de un ser querido, es lo mismo para quien haya caído de un lado o del otro". Nin Novoa reconoció que el tema despierta "preocupación en algunos sectores", pero dijo que el gobierno "está empecinado, en el buen sentido del término", en cerrar esa página de la historia. "Tenemos que tener una actitud más abarcativa y con mucha generosidad, que involucre a las víctimas de los dos lados", indicó.
Para Nin, el Poder Ejecutivo "quiere tener una mirada igualitaria, igualadora sobre los dolores que causaron esa guerra o ese enfrentamiento".
Según Familiares, el gobierno acepta la teoría "de los dos demonios" al promover este proyecto, dijo Cuesta. "Pedimos limpiar el nombre de nuestro familiares. El dinero, los dólares, no solucionan lo que pasó en el país", afirmó.
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 3
En duda apoyo de Familiares a acto oficial del “Nunca Más”. NIN NOVOA PIDIO “GENEROSIDAD” Y “ACTITUD MAS ABARCATIVA”.
Mientras el gobierno pide a las organizaciones de Derechos Humanos una actitud más generosa para "cerrar esta página tan triste de la historia", desde Familiares se pone en duda la presencia en el acto del "Nunca Más" y se realizan severos cuestionamientos.
El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para indemnizar económicamente a familiares de militares, policías, civiles y desaparecidos tensó la relación entre el gobierno y el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Este cortocircuito llegó al punto de que Javier Miranda, el integrante más visible de la asociación, puso en duda la presencia del grupo en el acto que tendrá lugar el 19 de junio en el marco de la primera conmemoración del día del "Nunca Más".
El Presidente Tabaré Vázquez había señalado su deseo de que dicho acto cuente con la presencia de todos los sectores de la sociedad, en un desfile donde, además de militares, haya escolares, liceales y estudiantes universitarios; estos últimos ya se manifestaron renuentes a formar parte de esta actividad.
"Me parece muy difícil que Familiares asista a un acto donde va a desfilar una institución que nos está ocultando la verdad", expresó ayer Miranda a radio Sarandi , aunque el grupo aún no tomó una decisión.
Sin embargo, las críticas de Miranda fueron más allá al señalar que "el gobierno está equivocando el camino; está forzando la reconciliación".
Miranda también había asegurado a Ultimas Noticias su opinión contraria a la utilización del término "Nunca Más" por parte del gobierno, en tanto es una expresión que identifica a la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos y da el título al informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina.
"Significa nunca más al terrorismo de Estado", aseguró.
IGUAL DOLOR
El Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en tanto, reclamó a las organizaciones de Derechos Humanos tener "cierta dosis de generosidad" y "una actitud más abarcativa" porque el "dolor" es el "mismo para quien haya caído de un lado o de otro".
Nin Novoa salió de esta forma al cruce de las críticas formuladas por Familiares y otras organizaciones de Derechos Humanos al proyecto remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo.
Según Nin Novoa, el gobierno pretende con esta iniciativa "tener una mirada igualitaria, igualadora sobre los dolores que causaron esa guerra o ese enfrentamiento".
Si bien admitió que "para algunos sectores de la sociedad puede ser legítimo este malestar", señaló que "el dolor por la muerte de un familiar, de un ser querido, es lo mismo para quien haya caído de un lado o de otro".
Dijo comprender que pueden existir "dolores que muchas veces impiden mirar con amplitud el tema", pero reclamó a todos los actores involucrados a "tener una actitud más abarcativa y con mucha generosidad que involucre a las víctimas de los dos lados" para "cerrar esta página tan triste de la historia".
Nin Novoa reivindicó, además, que "algunos" efectivos militares o policías no murieron en enfrentamientos sino en "emboscadas".
"Los cuatro soldados que murieron adentro de un jeep no fue ningún enfrentamiento", sostuvo, a lo que preguntó "¿Usted puede garantizar que los cuatro soldados que murieron estaban contra la democracia en un jeep, que estaban custodiando?" El Vicepresidente anunció que el gobierno estudia ampliar el número de indemnizados de los muertos víctimas de la represión, "quizás en la misma o en otra ley".
De acuerdo al proyecto remitido al Parlamento, se indemnizarán a familiares de 92 personas con U$S 150.000 a cada una, discriminadas de la siguiente forma: 18 militares, 14 civiles, 34 policías y 26 desaparecidos.
La principal objeción de Familiares es que en esta iniciativa aparecen equiparados "las víctimas del terrorismo de Estado con funcionarios públicos que sufrieron daños en el cumplimiento de sus funciones".
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 3
García Pintos: “Es lamentable”.
El Diputado colorado Daniel García Pintos, autor del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, dijo a Ultimas Noticias que le parece "lamentable" la postura adoptada por el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
"Es como tener los ojos en la nuca", aseguró el legislador, para quien "así no cicatrizamos ninguna herida".
"Los muertos son muertos y merecen respeto, no importa de qué lado haya estado la persona", sostuvo.
Según García Pintos, las afirmaciones de Javier Miranda son "reprochables" y señaló que se aplicaría la teoría de los dos demonios si se hicieran dos proyectos por separado para la indemnización. Miranda había señalado que detrás de esta iniciativa, a la que considera "incorrecta desde la concepción histórica", se encuentra "la teoría de los demonios".
Para el legislador, "no puede haber muertos de primera y muertos de segunda", como - en su opinión - se ha impulsado siempre desde las organizaciones de Derechos Humanos.
"Nosotros predicamos con el ejemplo y recogemos a los muertos del otro lado", expresó. También rechazó las expresiones del coordinador de SERPAJ, Guillermo Paysée, las que consideró "más lamentables" porque dijo no entender por qué se repara a los familiares de policías y militares. El Diputado desea que el proyecto sea aprobado antes del 19 de junio, día del "Nunca Más".
