Ave Cesar: ¡Aquellos que van a seguir muertos os saludan!!
por Raul Bracho Lunes, 09 de Enero de 2012 00:03
De las arenas del Coliseo a cualquier parte de Europa emigra esta frase de entrega y sumisión con la que los gladiadores se despedían del Cesar ante las fauces de los leones.
Pan y circo era la política del emperador. Cómodo se burlaba del parlamento y mantuvo su poder en base a la violencia. Quizá hoy presenciamos el mismo modelo en el gran Coliseo Europeo. Ya este año pasado el circo se montó frente a sus costas con África y todos los países y pueblos vieron el gran show de la OTAN y EE.UU. cargando sobre Libia. El manejo mediático logró su objetivo: Gaddafi y su revolución fueron borradas del mapa a punta de cientos de bombas y la Europa se quedó absorta viendo todo en la tele.
Probablemente en 2.012 traiga un mejor espectáculo. Irán está en las luminarias del gran circo, el estado sionista y el pentágono venden las entradas, esta vez el público será parte del show, esta vez Europa sentirá el sismo de la guerra moviendo su piso, el aire radioactivo rompiendo las ventanas, los misiles de bando y bando sobrevolando sus casas.
El imperio incluye pan, circo y temor en su programa, el miedo es el arma para someternos en su nueva política de dominación; el miedo sumado al embrutecimiento y la hipnosis mediática, todos iremos en el camino a la muerte celebrando a nuestro verdugo. ¡Oh! Amado Obama!! Premio Nobel de la paz que estás sembrando de muerte nuestro planeta, marioneta de los poderes ocultos y de los señores de la guerra. Este año jugarás rudo para tratar de ser reelecto, aquí estamos, ven a salvarnos de los terroristas, de los traficantes y de los comunistas. Daremos la vida si es necesario para que tu imperio de la libertad continúe.
¿Cómo despertar del hechizo imperial a sus propias víctimas? ¿Cómo hacer para que abran los ojos ante su futuro amenazado de fatalidades? ¿Será solo el olor a la muerte irremediable y ya inevitable quien despierte a la humanidad narcotizada?
Las palabras de Fidel Castro nuevamente anuncian tempestades, esta vez navegan sobre el estrecho de Ormuz sus profecías, hablan desde la Oficina Oval y desde Israel, pero nada ocurre. Todas y todos juran que ese viejo sabio está desquiciado, que la guerra atómica nunca llegará, como nunca caerían bombas sobre Trípoli, como nunca les pasará nada de nada a ellos. La sumisión supera la humillante entrega de los gladiadores de viejo Coliseo Romano, ellos se despedían de su Rey y por lo menos perdían la vida luchando contra sus asesinos.
El planeta agoniza, las especias se mueren envenenadas por nuestros desechos tóxicos, al aire se convierte en carbono a pasos de gigante y moriremos por asfixia y nadie se da por enterado. El imperio sigue su carga de muerte con sus arsenales de desastres, de enfermedades y pestes, de bombas y conflictos santamente justificados por las libertades y las democracias y todas y todos sus habitantes bostezan tranquilos ante el terrible aliento de la muerte.
Un bozal de información falsa los anestesia, por ello es preciso luchar con todas las fuerzas en el despertar de nuestra humanidad y enfrentar el capitalismo que nos va destruyendo.. Ave Rey aquellos que vamos a seguir vivos os despiden!!
Viviremos y Venceremos.
Daniel Rey Piuma. Foto: johanna otte
Las fotos que trajo el mar
Ex marino uruguayo entregó registros para megacausa ESMA en Argentina.En una comunicación desde Amsterdam, donde está radicado desde hace 31 años, Daniel Rey Piuma, el ex marino de Prefectura que huyó del país con registros de los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas entre 1976 y 1979, relata cómo entregó parte de ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1982 y asegura que es el mismo material que el mes pasado recibió el juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA en Argentina. Anuncia que está dispuesto a entregar los archivos completos que aún conserva y a declarar ante los juzgados que lo soliciten, y cuestiona a la Comisión para la Paz, en la que declaró sobre estos hallazgos; afirma que la certeza que tenían sus integrantes respecto de que los cuerpos eran todos de argentinos es una suposición que no está comprobada.
-En 1980 salió de Uruguay hacia Brasil y allí realizó sus primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Marina.
-Nunca tuve interés en venir a Europa. Quería sacar los archivos, pero quedarme en Latinoamérica luchando contra las dictaduras. La venida a Holanda se debió a que en Brasil estaban operando los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina y Uruguay, y procuraron secuestrarme tres veces y matarme una. Había un ministro de Relaciones Exteriores holandés llamado Van derStoel, que ayudó mucho a uruguayos y chilenos a salir para Europa. Yo estaba como refugiado en Brasil y él consiguió una invitación de la Casa Real para que me fuera para Holanda.-¿Dónde declaró en Brasil?
-Hice declaraciones ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], pero las más importantes fueron en San Pablo ante la Orden de Abogados de Brasil [OAB], que presidía en ese momento el abogado Belisario dos Santos Jr. Ante la CIDH declaré el 19 de noviembre de 1982 en Washington, invitado por la Organización de Estados Americanos.-¿En esa instancia entregó las fotos y documentos de los cuerpos encontrados en la costa uruguaya?
-Sí, el único que presentó ese tipo de documentos y fotografías fui yo. En esa época el presidente de la CIDH, al finalizar mi presentación, ante el pleno, dice que es el informe más minucioso y completo que había recibido sobre violaciones a los derechos humanos. Por entonces pensé que la Justicia se iba a mover y que iban a trabajar con esos documentos. Tengo una sensación de irritación y de alegría porque me asombra que después de tantos años un joven argentino encuentre este tipo de reportes escondidos en un sótano, porque, si no, hubieran seguido allí durante 50 años más. Tengo comprobantes de esas declaraciones y tengo tres archivos donde tengo todo guardado, uno en Ámsterdam, uno en Bélgica y otro en Suiza. Ese día en Washigton también estuvo presente el presidente de la OAB, que era más o menos como mi abogado y tenía mucho peso internacional.-¿Y entregó todo el material que tenía?
-Entregué la parte más grande, pero hay otras cosas que no, porque en aquella época decir un nombre, dejarlo caer a nivel internacional, era complicado. Había que ser muy cauto con los nombres.-¿Cómo se publicó el libro Un marino acusa (*) en Uruguay?
-En 1985 vino Raúl Sendic (padre) a Bruselas y hubo reuniones entre compañeros. Yo trabajaba con una religiosa belga que habló con Sendic y le dijo "Mirá lo que tengo", y le dio el material, y él le dijo "Esto vamos a publicarlo". Entonces voy a Uruguay de manera clandestina por Brasil, me fui a la casa de Sendic, en la calle Ejido, y le presenté una carta que espero que el MLN aún tenga. Le dije que publicara todo eso y que el dinero que se pudiera generar se lo dieran a los presos políticos. Luego llevó el material a la editorial y al año lo publicaron. Ese libro fue censurado por el editor porque había varios análisis políticos que hice sobre lo que estaba pasando en 1987 que fueron eliminados. Antes, estando en Brasil, las primeras informaciones de lo que yo había hecho se publicaron en la revista Veja, fue un informe como de 40 páginas.-¿Hasta cuándo recibió amenazas?
-Llegaron hasta Holanda inclusive. Para recibir correo le pedimos a una compañera argentina que nos pasara su dirección para que nuestras familias mandaran correspondencia, y una vez entraron en su casa, en pleno centro de Ámsterdan, unos uruguayos o argentinos y rompieron todo buscándome. Yo vivía a kilómetros de distancia. Y así en otras casas donde recibíamos correo.-Tiene mucha información relevante para investigaciones en Argentina y Uruguay. ¿Está dispuesto a declarar y aportar sus archivos para que los jueces obtengan de una manera más directa y completa esa información?
-Por supuesto que lo estoy. Volvería a Uruguay o a Argentina a contar detalles porque hay cuestiones que nadie conoce. Pensaba en estos días que este tema va a durar hasta mediados de enero y luego a nadie le va a interesar más. Pero ojalá me equivoque.-¿Qué funciones cumplía exactamente en la Inteligencia de Prefectura?
-Era oficialmente planimétrico, el que hace los planos en el lugar de homicidios, pero también era fotógrafo, perito criminal, especialista en abrir toda clase de cerraduras, en detectar drogas. Personal técnico, como en cualquier servicio de Inteligencia del mundo.-En el libro cuenta que a partir de la aparición de los cuerpos a lo largo de la costa hicieron un estudio de las mareas para ver de dónde llegaban.
-Ese estudio lo hice yo. Se lo pedí al capitán, que era jefe del Servicio de Meteorología, y él tenía el registro de vientos y mareas. Me interesaba saber si eran cuerpos de Uruguay o de Argentina. Hicieron un estudio de mareas y se presentó un informe súper completo. La prensa trabajó durante años con la teoría de que se trataba de asiáticos. Eso fue una campaña bien orquestada. Dijeron que había sido un altercado en un barco coreano y que se habían matado a hachazos.-Pero después las apariciones empezaron a ser sistemáticas.
-Sí, durante dos o tres meses viene la corriente de los ríos Uruguay y Paraná que es muy fuerte y traslada todo al Río de la Plata. Uno de los últimos cuerpos que yo registré, en la playa Pocitos, era sólo huesitos. Y entonces terminó mi reporte, porque después de eso en la Dirección de Inteligencia de Prefectura [Dipre] se planteó que ya era un problema serio porque daba para suponer que había muchísima más gente que se había descompuesto en el agua y lo que aparecía eran los huesos. En 1979 se encontraron dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, a los que les habían quemado las caras con soplete y para eso los milicos no estaban preparados, porque ya no tenían ninguna excusa, y eso se empezó a ocultar a la prensa.-¿Sabé dónde están todos esos cuerpos?
-Están registrados en cada unos de los mapas que presenté ante la CIDH.-¿Cuántos registró en total?
-26.-Se supone entonces que hay muchos cuerpos que fueron arrojados al mar pero nunca llegaron a la costa.
-Sí, claro. Los cuerpos aparecieron por casualidad, pero las corrientes van para varias zonas del sur de Argentina también. La corriente que viene es tan fuerte que desparrama por todos lados.-¿Cuando aparecían los cuerpo se daba intervención a la Justicia?
-Sí. Siempre estuvieron los jueces de instrucción, que fueron cómplices porque se presentaba un reporte de un cuerpo con tres heridas de bala, por ejemplo, o con hematomas, y los jueces no investigaban nada. En cada reporte que yo tengo, al lado de cada foto, está el nombre del juez de instrucción que se encargó.-¿Ustedes comprobaron que los cuerpos eran de argentinos?
-Algunos. Pero no sabíamos de todos. Había algunos cuerpos que tenían ropas argentinas, otros estaban atados con cuerdas de cortinas. Después de una pericia descubrimos que ese tipo de cuerdas no se vendía en Uruguay sino en Argentina, pero había otros cuerpos sobre los que siempre quedó la duda de si eran argentinos o uruguayos. La Comisión para la Paz dijo que los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas eran de argentinos, y eso no es verdad. En las pericias técnicas criminológicas hay que procurar la mayor exactitud posible, y en algunos cuerpos se podía decir eso con 90%, no había grandes dudas, pero de otros cuerpos no se podía determinar.-¿Qué declaró ante la Comisión para la Paz?
-Cuando fui, ellos partieron de la base de que los cuerpos eran todos de argentinos. Además nunca quisieron saber nada de la Armada, ni de las torturas, ni de nombres, lo único que les interesaba eran los cuerpos. Igual pensé que podía llegar a pasar algo, pero nada. Fijate qué organización: cuando fui a declarar, tuve que pagarme el pasaje yo mismo. Lo que quería la Comisión para la Paz era que yo dijera que todos los cuerpos eran argentinos, y lo otro no les interesaba. El propio Gonzalo Fernández me dijo dos veces: "Daniel, esto no le interesa a nadie porque no es la tarea de la Comisión, sólo hay que hablar de los cuerpos".-El tuyo es uno de los únicos testimonios de alguien que estuvo dentro del sistema represivo y que desertó y se llevó información para denunciar, pero recién 30 años después parece que puede ser útil a la Justicia ¿Cómo te hace sentir eso?
-No me he bajado nunca de mis convicciones de izquierda y pienso que vale la apuesta por la vida. Les digo a las generaciones más jóvenes que hay que vivir de la manera más ética posible para confirmarse a uno mismo. Todo esto ha generado en mí un conflicto de emociones gigantesco, pero si algún fiscal o juez de Argentina, Brasil o Uruguay me llamara yo iría con mucho gusto, porque me fui de Uruguay para eso, para que la verdad de lo que estaba pasando se pudiera saber.(*) Un marino acusa, Daniel Rey Piuma. Tupac Amarú Ediciones (TAE), Montevideo, 1988.
Luis Rómboli
La Diaria
La Diaria
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL JUEVES 5 DE ENERO DE 2011
Aunque no decidirán el fin de la historia de la humanidad, como advierte el calendario Maya, los cinco ministros de la SCJ definirán un ciclo de treinta años en la historia del Uruguay. Treinta años en los que la impunidad se impuso a la Constitución, a las leyes y al propio sistema judicial. Treinta años, en los que como una profecía ancestral se ha reclamado por verdad, memoria y justicia.
MINISTROS DE SUPREMA CORTE CON PODER DE SACERDOTES MAYAS
2012, la profecía del ‘calendario Charrúa’
La ley de caducidad no esta muerta. Aún falta una confirmación del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de la ley que la eliminó. Los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen el poder de los sacerdotes mayas para terminar con la impunidad en Uruguay. En un año de profecías, cada ministro evaluará ante el espejo de su propia historia el fin del ‘calendario Charrúa’.
ROGER RODRIGUEZ
Durante el año 2012, mientras en el mundo se buscarán señales que confirmen las profecías mayas sobre el supuesto fin de la historia, Uruguay definirá en el escenario de su Suprema Corte de Justicia si ha dejado definitivamente atrás la era de la caducidad, o si aún sufre síntomas del virus de impunidad que desde 1986 había infectado a la sociedad y a todos los poderes del Estado.
Desde febrero de 2011, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Gelman, la institucionalidad uruguaya buscó fórmulas para cumplir con una condena que le obligaba a eliminar la ley de caducidad e impedir que el pasado primero de noviembre se produjera la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985).
A mediados de año, el presidente José Mujica revocó los actos presidenciales por los que sus predecesores en el Poder Ejecutivo habían amparado en la caducidad las denuncias judiciales de violación a los derechos humanos y en octubre, las dos cámaras del Poder Legislativo aprobaron una ley que devolvió la pretensión punitiva al Estado y habilitó la acción de la justicia.
Sin embargo, esa ley será denunciada como inconstitucional por los abogados defensores de los militares y policías implicados, para que el tema derive, más temprano que tarde, a manos de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes tendrán el poder de definir si la norma se ajusta a derecho o si todo vuelve a quedar en las sombras de la impunidad.
Los sacerdotes mayas
La civilización Maya -de la que tanto se hablará y escribirá este año-, estaba encabezada por un gobernante supremo (Halach Uinik), que estaba rodeado por una casta de nobles (Almenehoob: “los que tienen padres y madres”), jefes militares (Batab), funcionarios (Popolna), policías (Tupiles) y sacerdotes (Ahkin), quienes se encargaban de los rituales y sacrificios.
Cinco eran los chamanes mayas que decidían y ejecutaban los sacrificios humanos: un jefe (Nacom) que era el encargado de abrir el pecho de las víctimas para sacarles el corazón y cuatro ayudantes (Chacoob), quienes sostenían las extremidades del condenado y arrojaban luego sus cuerpos pintados de azul por las escaleras de la pirámide.
Cual sacerdotes mayas, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya tendrán que resolver en cada uno de los casos que se les presenten recursos de inconstitucionalidad contra la “ley de punitividad”, pero se descuenta que su primer pronunciamiento tendrá los argumentos de fondo que serán repetidos en cada uno de los casos siguientes.
En el año 2012, también se definirá -junto a las profecías Mayas- si en Uruguay se llega al fin de la historia de la impunidad y el Poder Judicial recupera una libertad que perdió desde aquel 15 de abril de 1972, cuando la Ley de Seguridad permitió que la justicia militar actuara sobre civiles, y que no pudo recuperar luego de la dictadura, por la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Contradicción de Corte
Desde el retorno a la democracia, la SCJ ha tenido pronunciamientos contradictorios en materia de derechos humanos. Durante años, el organismo legitimó la constitucionalidad de la Ley 15.848, pero a partir de 2009, solo días antes de las elecciones, opinó que la ley de caducidad era inconstitucional y habilitó una indagatoria judicial que en el homicidio de Nibia Sabalsagaray llevó al procesamiento con prisión de un general en actividad.
En un sistema judicial donde no se impone jurisprudencia, la integración coyuntural de la SCJ determina sus fallos. Así ocurrió con el impuesto del IRPF que en abril de 2008 se sentenció inconstitucional para un grupo de militares retirados que hizo el reclamo y pasó a ser constitucional en mayo del mismo año, después que uno de los miembros del organismo cesara en el cargo.
El mismo grupo de ministros de la Corte que consideró inconstitucional la ley de caducidad sentenció, paradójicamente, que no se puede calificar los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Ese argumento llevó a que los casos de desaparición forzada terminaran siendo tipificados como homicidios especialmente agravados. Se mantuvieron las penas a los responsables, pero sobre otros fundamentos jurídicos.
El máximo órgano judicial, como parte del Estado, debe cumplir también con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó “que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
Secretos bajo la toga
La Suprema Corte de Justicia esta hoy presidida por el abogado Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, e integrada por sus colegas Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez, Jorge Omar Chediak González y Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, quien será sustituido este año por uno de los dos jueces más antiguos: Julio César Chalar Vecchio o Alfredo Gómez Tedeschi.
Pasa a tener relevancia la historia personal, los antecedentes y los casos en los que como jueces han actuado los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuyas decisiones individuales -como los sacerdotes mayas- pueden definir la sobrevivencia de una causa judicial donde se indaga la verdad sobre la vida y muerte de víctimas cuyos cuerpos también fueron vejados.
Por ejemplo, el flamante presidente de la SCJ, Daniel Gutiérrez con sólo 32 años de edad, era el juez letrado de primer turno de Maldonado que debió actuar el 9 de mayo de 1977 cuando en la Playa Solanas del Mar apareció el cuerpo de un hombre víctima de los vuelos de la muerte de la dictadura argentina. Las imágenes de esos cuerpos que llegaban a las costas uruguayas y se enterraban como N. N. (no nombre) impactaron al mundo días atrás.
Funcionarios de Buena Estrella ocupan el Maciel
Rechazan ingreso en el hospital de nueva empresa de limpieza |
Una asamblea de funcionarios de la empresa tercerizada Buena Estrella, que presta servicios de limpieza en el Hospital Maciel, resolvió ayer la ocupación del centro asistencial a partir de las 23.30 de hoy.
La medida se tomó en rechazo al ingreso del grupo Eulen, una multinacional que a partir del lunes asumirá el servicio de limpieza en el hospital tras ganar la licitación correspondiente.
Si bien la nueva empresa tiene la obligación de tomar el mismo personal, antes de asumir anunció a los trabajadores que habría cambios en el horario laboral y en los sueldos. Según señalaron a El País funcionarios del hospital, el grupo Eulen pagará $ 47 la hora de trabajo mientras que Buena Estrella pagaba $ 72. Además, se pretende aumentar el horario laboral de seis a ocho horas.
Los trabajadores rechazan estas condiciones y en la noche de hoy ocuparán el edificio del Maciel en protesta. "Nos vamos a instalar adentro del Maciel y no vamos a dejar que ingrese la nueva empresa", señaló a El País uno de los funcionarios.
Eulen es una empresa multinacional con sede en España. Está en Uruguay desde 1999.
Deudas. El jueves pasado los trabajadores de Buena Estrella concurrieron al Ministerio de Trabajo para reclamar por haberes impagos.
La empresa Buena Estrella ya había tenido problemas para pagar los aguinaldos, y por la ley de tercerizaciones, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se tuvo que hacer cargo de esa deuda.
Buena Estrella está siendo investigada por sobrefacturación de horas de trabajo.
Esta tarea ya había sido culminada, pero la presidenta del directorio de ASSE, Beatriz Silva, dijo en declaraciones a El Observador que el departamento jurídico del organismo consideró que era necesaria una ampliación de la investigación "porque no había elementos suficientes para tomar una decisión".
Polémica. El tema Buena Estrella fue central durante la pasada interpelación al ministro de Salud, Jorge Venegas.
El senador Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) denunció en el Parlamento que el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, estaba vinculado con la empresa. Según el senador, la firma recibió del organismo estatal adjudicaciones directas y ganó licitaciones en condiciones favorables para suministrar el servicio en varios hospitales públicos.
Silva negó las acusaciones y le inició al senador una demanda ante la Justicia por difamación e injurias.
El País DigitalLa medida se tomó en rechazo al ingreso del grupo Eulen, una multinacional que a partir del lunes asumirá el servicio de limpieza en el hospital tras ganar la licitación correspondiente.
Si bien la nueva empresa tiene la obligación de tomar el mismo personal, antes de asumir anunció a los trabajadores que habría cambios en el horario laboral y en los sueldos. Según señalaron a El País funcionarios del hospital, el grupo Eulen pagará $ 47 la hora de trabajo mientras que Buena Estrella pagaba $ 72. Además, se pretende aumentar el horario laboral de seis a ocho horas.
Los trabajadores rechazan estas condiciones y en la noche de hoy ocuparán el edificio del Maciel en protesta. "Nos vamos a instalar adentro del Maciel y no vamos a dejar que ingrese la nueva empresa", señaló a El País uno de los funcionarios.
Deudas. El jueves pasado los trabajadores de Buena Estrella concurrieron al Ministerio de Trabajo para reclamar por haberes impagos.
La empresa Buena Estrella ya había tenido problemas para pagar los aguinaldos, y por la ley de tercerizaciones, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se tuvo que hacer cargo de esa deuda.
Buena Estrella está siendo investigada por sobrefacturación de horas de trabajo.
Esta tarea ya había sido culminada, pero la presidenta del directorio de ASSE, Beatriz Silva, dijo en declaraciones a El Observador que el departamento jurídico del organismo consideró que era necesaria una ampliación de la investigación "porque no había elementos suficientes para tomar una decisión".
Polémica. El tema Buena Estrella fue central durante la pasada interpelación al ministro de Salud, Jorge Venegas.
El senador Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) denunció en el Parlamento que el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, estaba vinculado con la empresa. Según el senador, la firma recibió del organismo estatal adjudicaciones directas y ganó licitaciones en condiciones favorables para suministrar el servicio en varios hospitales públicos.
Silva negó las acusaciones y le inició al senador una demanda ante la Justicia por difamación e injurias.
Último Momento
TRAS ASAMBLEA
Empleados de Buena Estrella decidieron no ocupar el Maciel
Reunidos en asamblea los empleados de la empresa tercerizada Buena Estrella, que prestaba servicios en el hospital Maciel, decidieron no ocupar el centro asistencial en rechazo al ingreso del grupo Eulen, una multinacional que a partir de hoy, lunes, asume el servicio de limpieza en el hospital tras ganar una licitación.
Los empleados habían definido ocupar el Maciel a partir de las 23:30 horas del domingo, pero en una nueva asamblea optaron por no tomar esta medida.
Además, decidieron que, por el momento, no se van a incorporar a la nueva empresa pese a que desde Eulen aseguran que recibirán el mismo pago que obtenían como empleados de Buena Estrella ($ 72 por hora) y se mantendrá el mismo régimen de horario laboral.
Debido a esta situación se abrirá una instancia de negociación entre los funcionarios, la dirección del Hospital Maciel, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y los representantes de la empresa.
El jueves pasado los trabajadores de Buena Estrella concurrieron al Ministerio de Trabajo para reclamar por haberes impagos. Además, esta empresa está siendo investigada por sobrefacturación de horas de trabajo.
Los empleados habían definido ocupar el Maciel a partir de las 23:30 horas del domingo, pero en una nueva asamblea optaron por no tomar esta medida.
Además, decidieron que, por el momento, no se van a incorporar a la nueva empresa pese a que desde Eulen aseguran que recibirán el mismo pago que obtenían como empleados de Buena Estrella ($ 72 por hora) y se mantendrá el mismo régimen de horario laboral.
Debido a esta situación se abrirá una instancia de negociación entre los funcionarios, la dirección del Hospital Maciel, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y los representantes de la empresa.
El País Digital
Nacional
Pit-Cnt en el año de los "radicales libres"
Alianza sindical. Nueva corriente combativa prepara un período de alta conflictividad
PABLO MELGAR
En su declaración fundacional, el MXIC sostiene que "la estrategia de las corrientes mayoritarias muchas veces subordina al movimiento sindical ante el gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores y defiende los intereses de la banca y el gran capital".
Muchos de los principales dirigentes pertenecen a partidos de izquierda minoritarios, como el Partido de los Trabajadores (PT) en el que se encuentran Rafael Fernández, dirigente de Banca Oficial de AEBU, y Álvaro Soto (ex secretario general de Adeom).
"Si algunos de los más connotados dirigentes del Pit-Cnt usaran la misma cantidad de horas que destinan para justificar las cagadas del Poder Ejecutivo al movimiento sindical estaríamos en un momento de conflictividad importante, por lo menos en el sector público", disparó el secretario general de COFE, José Lorenzo López, uno de los promotores de la iniciativa. El dirigente votó a Asamblea Popular en la elección de octubre de 2009 y a José Mujica en el balotaje de noviembre.
López entiende que el Frente Amplio ejerce un "control" sobre "todo lo que está organizado en la sociedad" y que el Pit-Cnt le sirve como un "bálsamo" para que no estallen los conflictos. "El Poder Ejecutivo está congelando y rebajando salarios y derechos de los trabajadores; eso lo puede hacer porque tiene un gran control social. De todas maneras ya están sintiendo el efecto de esas actitudes, hay que ver las encuestas".
Coinciden en que la crisis financiera internacional tendrá sus efectos próximamente en Uruguay y suponen que los primeros en ser afectados serán ellos mediante los recortes en el Estado.
En ese sentido y viendo los efectos de la crisis en los países europeos, entienden que el gobierno está tomando decisiones que afectan a los estatales para "soportar de mejor manera los coletazos" de la crisis. A lo largo de 2012 casi todos los sindicatos que integran la MXIC tendrán conflictos importantes. Entre ellos está la situación referida a los cambios en AFE, el conflicto en Banca Oficial, las modificaciones en el sistema educativo y otros.
Mudanza. Al mismo tiempo varios sindicatos compuestos por dirigentes alejados del Frente Amplio y que en su mayoría integran Asamblea Popular, se encuentran trabajando para la conformación de una central alternativa. En tal sentido, fuentes sindicales afirmaron que desde antes del congreso del Pit-Cnt de octubre pasado, están manteniendo reuniones en el sindicato de funcionarios del Casmu.
De esas reuniones han participado la enorme mayoría de dirigentes radicales que se oponen a la conducción de la central. Sin embargo, la mayoría difiere sobre la posibilidad de abrirse del Pit-Cnt en el entendido que es "muy difícil sostenerse en términos económicos y políticos". Además, algunos presentaron el argumento de que la unidad es un valor en sí mismo y que "la lucha se debe dar desde adentro". "De acá nos sacan con los pies para adelante", aseveró un dirigente que resolvió seguir en el Pit.
Se oponen a la línea "oficialista" que, según ellos, encarnan las corrientes mayoritarias del Pit-Cnt, a las que acusan de una suerte de "connivencia" con el Poder Ejecutivo desde que el Frente Amplio llegó al gobierno.
Se identifican con la sigla MXIC (Movimiento por la Independencia de Clase). Controlan por lo menos la cuarta parte de los afiliados al Pit-Cnt y se presentarán en sociedad en el mes de marzo. Son los llamados "radicales" y se preparan para liderar la conflictividad del año 2012.
Hasta ahora confirmaron su presencia únicamente sindicatos del Estado, entre ellos está la mayoría de COFE junto a agrupaciones de Adeom Montevideo, la lista 810 de AEBU, la Federación de Municipales, el sindicato postal, dos gremios de la enseñanza, la Unión Ferroviaria, los funcionarios de la Universidad de la República, y se espera que algunos más se sumen en los próximos meses.
El primer gesto para formalizar la corriente, fue la presentación de la lista 41 en el congreso de la central que echó por tierra la idea de Articulación y del PCU de conformar una plancha única y medir fuerzas. En esa movida cosecharon nueve lugares en la Mesa Representativa que les generó tres cargos en el Secretariado Ejecutivo de la central.
Por definición se oponen a la línea "oficialista" que, según ellos, encarnan las corrientes mayoritarias Articulación (conformada por dirigentes afines al expresidente Tabaré Vázquez) y el Partido Comunista (PCU). En la nueva corriente entienden que los bloques mayoritarios del Pit tienen una suerte de "connivencia con el Poder Ejecutivo" desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. En su declaración fundacional, el MXIC sostiene que "la estrategia de las corrientes mayoritarias muchas veces subordina al movimiento sindical ante el gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores y defiende los intereses de la banca y el gran capital".
Muchos de los principales dirigentes pertenecen a partidos de izquierda minoritarios, como el Partido de los Trabajadores (PT) en el que se encuentran Rafael Fernández, dirigente de Banca Oficial de AEBU, y Álvaro Soto (ex secretario general de Adeom).
"Si algunos de los más connotados dirigentes del Pit-Cnt usaran la misma cantidad de horas que destinan para justificar las cagadas del Poder Ejecutivo al movimiento sindical estaríamos en un momento de conflictividad importante, por lo menos en el sector público", disparó el secretario general de COFE, José Lorenzo López, uno de los promotores de la iniciativa. El dirigente votó a Asamblea Popular en la elección de octubre de 2009 y a José Mujica en el balotaje de noviembre.
López entiende que el Frente Amplio ejerce un "control" sobre "todo lo que está organizado en la sociedad" y que el Pit-Cnt le sirve como un "bálsamo" para que no estallen los conflictos. "El Poder Ejecutivo está congelando y rebajando salarios y derechos de los trabajadores; eso lo puede hacer porque tiene un gran control social. De todas maneras ya están sintiendo el efecto de esas actitudes, hay que ver las encuestas".
Coinciden en que la crisis financiera internacional tendrá sus efectos próximamente en Uruguay y suponen que los primeros en ser afectados serán ellos mediante los recortes en el Estado.
En ese sentido y viendo los efectos de la crisis en los países europeos, entienden que el gobierno está tomando decisiones que afectan a los estatales para "soportar de mejor manera los coletazos" de la crisis. A lo largo de 2012 casi todos los sindicatos que integran la MXIC tendrán conflictos importantes. Entre ellos está la situación referida a los cambios en AFE, el conflicto en Banca Oficial, las modificaciones en el sistema educativo y otros.
Mudanza. Al mismo tiempo varios sindicatos compuestos por dirigentes alejados del Frente Amplio y que en su mayoría integran Asamblea Popular, se encuentran trabajando para la conformación de una central alternativa. En tal sentido, fuentes sindicales afirmaron que desde antes del congreso del Pit-Cnt de octubre pasado, están manteniendo reuniones en el sindicato de funcionarios del Casmu.
De esas reuniones han participado la enorme mayoría de dirigentes radicales que se oponen a la conducción de la central. Sin embargo, la mayoría difiere sobre la posibilidad de abrirse del Pit-Cnt en el entendido que es "muy difícil sostenerse en términos económicos y políticos". Además, algunos presentaron el argumento de que la unidad es un valor en sí mismo y que "la lucha se debe dar desde adentro". "De acá nos sacan con los pies para adelante", aseveró un dirigente que resolvió seguir en el Pit.
Dinero en cajeros
La gerenta de Redbrou, Mariela Espino, informó a El País que sólo cuatro cajeros automáticos en la costa Este (dos en Piriápolis y dos en el Chuy) se quedaron ayer sin efectivo disponible, y que en el resto seguía habiendo dinero, pese a las medidas que el sindicato bancario había anunciado de no recargar dinero.El País Digital
Según supo El Observador, desde fines de diciembre el decreto ya circula por los despachos de los ministros para su firma.
Atrás quedaron las variantes que proponía el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Estos sectores pretendían modificar la ley de inversiones para focalizar las exoneraciones impositivas en un conjunto previamente identificado de industrias. Estas se definirían de acuerdo a la necesidad que tenga el país de producir determinados bienes o potenciar algún rubro de producción por sobre otro.
De esta forma, además, el MPP y el PCU buscaban disminuir la renuncia fiscal global para utilizar lo ahorrado en nuevas herramientas que mejoren la redistribución del ingreso.
Según los comunistas, la renuncia fiscal anual por concepto de promoción de inversiones supera los US$ 350 millones.
En ese debate estuvo el gobierno durante meses luego que el año pasado el Ministerio de Economía redactara el decreto con las modificaciones que entendía convenientes a la reglamentación de ley de inversiones.
Básicamente, los cambios pasan por favorecer las inversiones que generen calidad de empleo y no tanto cantidad. Esto implica privilegiar las inversiones que tengan una mayor masa salarial en el conjunto de los trabajadores.
Con un nivel de desempleo históricamente bajo, al gobierno le interesa ahora promover inversiones que paguen más a sus empleados. La reglamentación vigente de la ley de inversiones otorga más puntos a los proyectos que contratan a más cantidad de trabajadores.
Otro cambio propuesto por Economía y aceptado por el presidente Mujica es el de favorecer también a los emprendimientos que se instalan en la periferia de Montevideo. Hoy puntean más para la obtención de beneficios impositivos los proyectos que se radican en el interior del país. Con esto se buscó descentralizar y llevar grandes proyectos de inversión a zonas del país deprimidas.
También se promoverán proyectos de inversión que utilicen sistemas de producción “limpia”, amigable con el ambiente.
El MPP y el Partido Comunista, respaldados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), proponían una política de promoción de inversiones aun más selectiva, en la que se eligieran tres o cuatro rubros de producción y, dentro de ellos, algún producto específico para exonerar de impuestos.
“De eso estamos hablando nosotros, de direccionar un poco más, no solo en algo general como un sector, sino también a veces con productos específicos”, dijo el senador del MPP Héctor Tajam a mediados de diciembre, cuando El Observador informó sobre el debate en el que estaba inmerso el gobierno.
El decreto que se dará a conocer en los próximos días, con cambios en la valoración de los proyectos de inversión a promover por el Estado, fue elaborado por el Ministerio de Economía en coordinación con el de Industria, el de Ganadería y el de Turismo. Algunas secretarías de Estado firmaron el decreto a fines de diciembre.
El astorismo se anotó otro punto en la discusión interna sobre cambios a la política económica, en este caso referidos a la forma como el Gobierno incentiva la inversión privada a través de exoneraciones impositivas.
Tras más de cuatro meses trancado en las oficinas de la Presidencia, finalmente Mujica firmó el decreto que modifica la promoción de inversiones con los cambios que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de un acuerdo con las carteras de Industria, Trabajo, Turismo y Ganadería.
Según El Observador, desde fines de diciembre el decreto ya circula por los despachos de los ministros para su firma.
Atrás quedaron las variantes que proponía el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Estos sectores pretendían modificar la Ley de Inversiones para focalizar las exoneraciones impositivas en un conjunto previamente identificado de industrias. Estas se definirían de acuerdo a la necesidad que tenga el país de producir determinados bienes o potenciar algún rubro de producción por sobre otro.
De esta forma, además, el MPP y el PCU buscaban disminuir la renuncia fiscal global para utilizar lo ahorrado en nuevas herramientas que mejoren la redistribución del ingreso.
Según los comunistas, la renuncia fiscal anual por concepto de promoción de inversiones supera los 350 millones de dólares.
En ese debate estuvo el Gobierno durante meses luego que el año pasado el Ministerio de Economía redactara el decreto con las modificaciones que entendía convenientes a la reglamentación de Ley de Inversiones.
Básicamente, los cambios pasan por favorecer las inversiones que generen calidad de empleo y no tanto cantidad. Esto implica privilegiar las inversiones que tengan una mayor masa salarial en el conjunto de los trabajadores.
Quienes en general alertan sobre las ocupaciones son los vecinos cercanos, que denuncian situaciones de insalubridad e inseguridad. En Montevideo -según cifras estimadas por distintos organismos públicos- hay cerca de 500 casas y 80 edificios abandonados, unas 55 mil viviendas desocupadas y más de 300 mil personas sin un lugar donde vivir. Hace mucho tiempo ya que se sabe de esa ecuación entre casas vacías y gente con necesidad de vivienda, pero por muchos motivos el problema no termina de resolverse. Incluso hay quienes aseguran que el déficit habitacional de Uruguay es más de acceso que de infraestructura. Y en ese entendido sorprende que las ocupaciones sean tan pocas. Aunque se registran algunas, no se trata de un movimiento pro ocupa, sino de casos aislados, situaciones de desborde familiar o desesperación. Distinto a lo de los squatts en la Inglaterra de Margaret Thatcher, esa que parió al punk y al movimiento que ocupó los edificios vaciados por la crisis, o la ocupación masiva del parque Indoamericano en Buenos Aires el año pasado. Hay una novela de Doris Lessing de comienzos de los ochenta llamada La buena terrorista que narra las peripecias de un grupo de ocupantes de una casa ruinosa, y sus esfuerzos, incluidas las negociaciones con las autoridades municipales, para poder vivir en el lugar. La posibilidad que se plantea en esa ficción, de que desde el Estado se brinde apoyo a los ocupantes para refaccionar los lugares donde ya están instalados y hacerlos habitables, estaría fuera de cuestión. "En una situación en que tuvieras un grupo acotado de personas sin vivienda podría ser la solución ideal, pero en un momento de emergencia habitacional como el actual eso sería legitimar la ocupación como forma de acceso a una vivienda", argumenta Goiriena.
Fue por las constantes denuncias y el ojo rojo de los noticieros que se difundió la ocupación del edificio de la ex mutualista Comaec, ubicado en bulevar Artigas y Maldonado. La primera vez que la Defensoría actuó allí intentó ubicar a algún propietario que se hiciese cargo del lugar, tramitar y destrabar la situación de deuda que se había generado durante los años de abandono y encontrar un comprador. Además debió hallar una solución para los ocupantes: 50 adultos y 18 menores de edad. La tarea con éstos insumió cerca de un año y medio. Lo primero fue asegurarles la cédula de identidad y la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que muchos carecían de documentación. Según cuenta Goiriena, para las opciones de realojo manejadas se contemplaron las situaciones de cada familia y se puso en marcha un programa piloto de garantías y subsidios de alquiler. El inau aseguró el seguimiento del proceso de realojo y el Ministerio de Vivienda se encargó de la paga del alquiler durante dos años: cada familia dispuso así de 12 ur mensuales con las que debían gestionar un lugar alternativo para vivir.
"El problema es que realojarlos no significa mandarlos para la periferia. Sus estrategias de supervivencia están vinculadas con el centro, si los mandás a un asentamiento los matás de hambre", afirma Goiriena. Quizás uno de los temas centrales a la hora de desocupar un edificio es tener resuelto dónde reubicar a los ocupas. Sobre todo en una ciudad que hace tiempo que empuja hacia la periferia a los sectores más desfavorecidos, y cuyos habitantes han declarado en distintas encuestas que tienen miedo de vivir cerca de un pobre.
En el caso de Comaec, el edificio fue finalmente adquirido por el mismo grupo de comerciantes de la zona que hacía las denuncias, y fue demolido. Elena Antelo, coordinadora de la Región Centro del inau, comentó que con muchas de las familias realojadas fue necesario llevar a cabo un proceso que les permitiera volver a hacerse cargo de ciertas exigencias formales (asumir el pago de la luz, el agua, impuestos), de convivencia y cuidado de la casa. Goiriena contó a Brecha que en algunos casos replicaban las situaciones precarias de la vida que habían llevado durante la ocupación. A raíz de esa experiencia se comenzó a trabajar en la creación de un lugar, una pensión, una salida transitoria que funcione como lugar de aprendizaje de la gestión de una casa y donde se asegure el cuidado de los hijos a cargo. Según adelantó Antelo a Brecha, esta casa se ubicará entre los barrios Sur y Palermo y estará disponible durante los primeros meses de este año.
Tanto en los edificios ocupados como en las casas deshabitadas -que al no participar en el mercado inmobiliario empujan hacia arriba los precios de los alquileres- existe un tema sin resolver: la responsabilidad de los propietarios sobre sus bienes y el reconocimiento del fin social de las construcciones y la vivienda, en un país donde su posesión se ha entendido como una de las formas de inversión o de especulación más seguras y rentables. Desde la Defensoría afirman que uno de los caminos posibles para solucionar este problema sería la reglamentación de las responsabilidades de los propietarios y la aplicación de sanciones por incumplimiento, que ya se encuentran establecidas en la ley de ordenamiento territorial. Otro de los caminos que se estudian, a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado Alfredo Asti (fls) es la conformación de la figura de abandono, que permitiría al Estado actuar sobre las propiedades en desuso. Desde la Defensoría aseguran que la discusión se da en torno al derecho a la propiedad y su imprescriptibilidad.
Edificio Varela
¿Cómo no haberlo visto antes? ¿Cómo no recordar ese edificio que en vez de balcones tiene hileras de ropa tendida? Sobre la avenida José Pedro Varela, a media cuadra de Propios. El sol le pega a los fondos al mediodía. En el primer piso hay un pibe sentado en un sillón conversando con otro que está parado en la vereda. El pibe del sillón limpia vidrios en los semáforos. Es de los primeros que llegó al edificio, cuando estaba vacío y entraba para achicar y dormir. Como lo hacían algunos más. Cuenta cómo la Policía entraba y los sacaban a palos al encontrarlos durmiendo. De cómo un día, a fines de setiembre de 2010, empezaron a llegar familias enteras que se iban distribuyendo a lo largo de las dos torres de cinco pisos. Ahora los treinta apartamentos están ocupados. Es un edificio sin terminar, abandonado por la empresa constructora que se fue con el fondo de las ventas de los apartamentos. Una sociedad anónima que desapareció dejando como testimonio ese esqueleto urbano. Desde el hueco que oficia como entrada al edificio, sale a la luz del día una gurisa flaquita con dos bidones que llena de agua en una de las canillas comunes. Fueron dispuestas en diciembre de 2010 por un grupo de trabajo multidisciplinario (que incluye varios organismos estatales y municipales nucleados en la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana), a raíz de las denuncias de insalubridad radicadas por los vecinos del barrio. Pero ahora la situación ha cambiado, comenta el muchacho. Se ajusta los lentes de sol y señala en dirección a donde estaba sentado antes. El sillón ahora está ocupado por una muchacha con un bebé. Es su pareja, que tuvo una nena. Ahora, dice, debe pensar en ellas, antes él se las arreglaba en cualquier lado. La niña termina con los bidones y entra al edificio. Dentro hay un olor particular, pero no demasiado fuerte. Al no haber conexión con la red de saneamiento las aguas servidas van a dar a dos grandes recipientes instalados junto a las canillas, en lo que sería la zona de garages. Del lado derecho están los huecos de los ascensores que nunca se instalaron, y enseguida una escalera. Viene bajando una mujer muy menuda y arrugada. Lleva un gorro para el sol y cara de cansada. A su lado una niña baja los escalones saltando. Está feliz porque pasó de año, dice mostrando el carné que saca de su bolsito. En el tercer piso nos detenemos frente a una puerta de madera cerrada con un candado. La madre manda a la niña a jugar porque tiene que conversar con esta cronista y le dice que la espere, que ya baja. La casa es oscura. Las ventanas están tapiadas con maderas y la única luz viene de una bombita que lo tiñe todo de un tono naranja opaco. Ella y su compañero "hacen contenedores", y llegaron al edificio hace cerca de un año. Vivían en un asentamiento al costado de la ruta 8 pero sus hijos tuvieron problemas y decidieron irse. Vivieron en la calle hasta que supieron de este edificio. Tanto ella como los demás entrevistados dijeron que allí vivían mejor que donde estaban antes. Según el censo realizado por el grupo de trabajo local, el 81 por ciento de los ocupantes opina lo mismo. La puerta del apartamento de al lado está abierta. Se ve un líving y una mujer que toma mate acompañada de un niño. A su casa sí entra la luz, porque le puso ventanas. Fue haciendo mejoras a fuerza de préstamos, metiéndose en deudas. También conectó el agua para el baño y la cocina por el exterior del edificio. Del baño sale otra niña, con el pelo mojado y aroma a champú. En el apartamento viven seis en total, sus hijos, ella y su compañero. Ella es empleada y su marido hace changas. Alquilaban una casa hasta que perdieron la garantía. Tampoco llegaban a alquilar mediante depósito. Un compañero de trabajo le habló del edificio. La situación apremiaba y el lugar estaba disponible. Pagó 10 mil pesos por su apartamento. Todo su sueldo de un mes para poder mudarse rápidamente, y el resto al mes siguiente. La reciente aparición de un posible comprador para el edificio se les comunicó a los ocupantes el día del censo. Ella mira alrededor y piensa en sacar las ventanas y los caños que puso, cuando se vaya.
La señora menudita vuelve. Ofrece llevarme al apartamento de otro muchacho porque "es muy lúcido y va a poder hablarte bien". Bajamos. Los corredores están vacíos y se escucha gente en los apartamentos. Entre las dos torres hay un pozo de aire atravesado por dos pasillos sin barandas y que parecen flotar. Desde allí se ven los patios del piso de más abajo, donde una niña juega con un perro flaco. Quien abre la puerta no tiene más de 25 años. Sonríe. Demoró en abrir porque estaba pintando la otra habitación. Se escucha la voz de Bob Marley y la cadencia cansina del reggae. Hay pocas cosas en esta casa, una mesa, un par de sillas, la mesada de la cocina, una garrafa y la heladera. La ventana junto a la puerta que da al pasillo está cerrada con madera, pero del otro lado hay un balcón por donde entra con fuerza el sol. En la pared sobre la mesa está perfectamente dibujada y pintada la cara del Che Guevara -esa que conocemos todos, la de la foto de Korda-, junto a la popular frase "Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás". También las pintó él. Del otro lado, otro mural, el que hizo mientras su hijo estuvo internado y él no podía dormir. Llegaba de trabajar y pintaba, para recibirlo cuando se curara. Antes vivía en una casa chica con su compañera, su hijo y todo el resto de la familia. Eran 11 en total. Llegó junto al resto de los que poblaron el lugar, cuando todavía era un chiquero inhabitable, y pasó días limpiando. Refaccionó con las cosas que tenía a mano, con un ojo en la volqueta de enfrente por si alguien tiraba algo que sirviera. Habla de las filtraciones y de los problemas de construcción del edificio, de las diferencias incluso entre un apartamento y otro, de que a pesar de todo para ellos el cambio también fue positivo, de las ventajas de poder vivir por primera vez en un lugar céntrico, de lo rápido que llega a trabajar. Es feriante y la cercanía implica alguna horita más de sueño en la madrugada. Durante la conversación otro niño le golpea la puerta para pedirle un favor. Es una constante, comenta. El relacionamiento entre los ocupantes se ha ido aceitando, incluso en cuanto a la limpieza de los lugares comunes del edificio. La puerta se abre de nuevo y entran la compañera del muchacho pintor de murales, su hermana y otra vecina, unos diez años mayor que todos ellos. La vecina también se fue de un asentamiento porque sus hijas estaban inseguras. Ella trabaja todo el día y las nenas quedaban solas. También afirma que en este lugar vive mejor. Sonríe y recuerda la primera vez que llovió estando ahí, de la alegría al ver que ahora su casa no terminaba inundada, de haberle zafado al lodazal del asentamiento.
¿Y qué pasa con los vecinos del barrio? ¿Se les han acercado? ¿Los integran? Todos afirman que no. Que lo único que reciben de quienes viven alrededor son las sospechas de creerlos responsables de todos los atracos y problemas de convivencia. Recuerdan la vez que vino la tele y de cómo buscaban la sangre y la delincuencia. La hermana comenta de la reacción de sorpresa del muchacho con el que empezaba a salir cuando le dijo que vivía en ese edificio. La conversación deriva sola hacia lo que pasará con el lugar. Ninguno de ellos tiene mucha idea de lo que les espera. Casi todos en ese lugar son jóvenes. Lo corrobora el censo realizado a fines de diciembre: más de la mitad son menores de edad y el resto personas aún en edad de tener hijos. Quieren saber sobre el Comaec, sobre las soluciones habitacionales que se dieron en ese caso. Cuento lo que sé. La vecina suelta un suspiro que trasluce sus esperanzas magulladas: "No creo que mi situación cambie demasiado cuando el subsidio del alquiler se termine dentro de dos años".
Espejos. Una historia casi universal , libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano, será presentado el próximo día 17 en esta capital, como parte del programa del Premio Literario Casa de las Américas 2012.
En conferencia de prensa efectuada hoy en esa institución, los organizadores del encuentro precisaron que el texto de Galeano, ganador del Premio Honorífico de Narrativa José María Arguedas 2011, verá la luz en la Sala Che Guevara, con entrada libre para el público.
Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas, destacó el honor de que ese gran intelectual latinoamericano inaugure la edición 53 del certamen (del 16 al 26 de enero), por tratase de uno de los pensadores de izquierda más influyentes en la actualidad.
Explicó que el autor de Las venas abiertas de América Latina -volumen regalado en 2009 por el Presidente venezolano Hugo Chávez al mandatario estadounidense Barack Obama- ostenta dos premios Casa de las Américas y es uno de los más populares narradores en la Isla y en muchas otras naciones.
Jorge Fornet, director del Centro de Estudios Literarios de la institución cultural capitalina, destacó que entre los países que más obras enviaron al concurso figuran Brasil, Argentina, Cuba, Colombia y Uruguay, en géneros como literatura para niños, brasileña y caribeña, teatro y estudios sobre latinos en Estados Unidos.
El politólogo cubano Esteban Morales, integrante del jurado del Premio extraordinario de estudios sobre la presencia negra en América y el Caribe contemporáneos, subrayó que la Casa está a la vanguardia con un tema de gran vigencia y trascendencia para los pueblos del continente.
Como ya es habitual, los 22 jurados del concurso trabajarán en la ciudad de Cienfuegos, donde desarrollarán un intenso programa cultural.
Los resultados del certamen serán entregados el 26 de enero, en la Casa de las Américas.
La líder estudiantil chilena Camila Vallejo exhortó hoy al movimiento social “a salir de la marginalidad” y afirmó que “no basta con hacer propuestas para que otros las lleven a cabo”.
“Ya basta de vivir en la marginalidad, de ser espectadores. Hay que salir a la cancha y ahí meter los goles porque después nos pasa que nuestras propuestas son recogidas, pero no nos damos cuenta de la ‘letra chica’ que nos imponen y que cambian todo el sentido de lo que aspirábamos”, señaló.
Vallejo lanzó hoy el libro “Podemos cambiar el mundo”, durante la segunda jornada de “La fiesta de los abrazos” con la cual el Partido Comunista chileno celebró su centenario. El texto recoge una serie de conferencias, discursos y entrevistas que brindó la joven que se convirtió en el rostro y en el símbolo del movimiento estudiantil durante 2011.
Vallejo fue la figura mediática de ese movimiento estudiantil que salió a las calles para exigir educación pública, gratuita y de calidad.
Durante siete meses, los jóvenes pusieron en jaque al gobierno y convirtieron a Sebastián Piñera en el presidente más impopular de los últimos 20 años, con un apoyo de apenas 26 por ciento.
La joven de 23 años, actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dijo que “me preocupa el hecho de que los distintos sectores de nuestra sociedad deleguen en los jóvenes y los estudiantes la responsabilidad de hacer los cambios”.
“Nosotros solos no vamos a hacer los cambios. Los jóvenes no tenemos las herramientas, necesitamos que esta lucha sea transversal, en tanto organizaciones, políticas, sociales, sindicales, pero también intergeneracional”, aseveró.
“Es muy importante unificar la lucha con nuestros padres, con los trabajadores y también con el adulto mayor” pidió la joven y recordó su diálogo con la ex ministra del Trabajo de la Unidad Popular (1970-1973), Mireya Baltra, quien le hizo presente la exclusión que viven los ancianos y las condiciones deplorables de vivienda y salud.
“El movimiento social tiene condiciones para pasar de la crítica al modelo (neoliberal) y del accionar testimonial y contestatario a la construcción estratégica y a la acción política efectiva, construyendo mayorías y dotando de viabilidad las propuestas”, apuntó Vallejo.
Además, propuso “tensionar el aparato institucional desde dentro y desde fuera, aprovechando cada grieta o error de este cuidado andamiaje de contención social para derribar todo lo que deba ser transformado”, completó la joven.
El Partido Comunista ha potenciado a sus principales rostros juveniles y proclamó al ex presidente de la Federación de Estudiantes de Santiago, Camilo Ballestero, como candidato a alcalde de la popular comuna de Estación Central, en el sector poniente de Santiago, en las elecciones municipales de octubre de este año.
El partido también analiza que Vallejo sea su candidata para los comicios parlamentarios de noviembre de 2013, sobre todo después que la encuesta del Centro de Estudios Públicos la ubicó en el cuarto lugar de las figuras políticas con más influencia en la sociedad.
(Con información de ANSA)
PL – La tradicional Fiesta de los Abrazos de los comunistas chilenos tuvo hoy como plato fuerte el lanzamiento del libro “Podemos cambiar el mundo”, de la reconocida líder del movimiento estudiantil Camila Vallejo.
En un abarrotado escenario en el Parque O Higgins de Santiago, la estudiante de Geografía presentó el volumen, una compilación de textos con sus opiniones sobre “el Chile que queremos” y en particular acerca de la urgencia de transformar el excluyente modelo educacional.
Camila insistió en la idea de que la lucha por transformaciones estructurales profundas en el sistema de educación responde a demandas de la ciudadanía en general, de ahí su transversalidad.
“El desafío es para todos; no sólo para los jóvenes”, enfatizó la también miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas.
La ahora vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ponderó el alcance del movimiento estudiantil, el que destacó es fruto de un proceso de larga data.
Nos hemos retroalimentado, resaltó, de debates de generaciones anteriores, también de nuestros padres, y gracias a esa maduración política pudimos levantar un movimiento social de tal magnitud.
Destacó cómo a lo largo del 2011 quedó claro que hay una crisis en educación como consecuencia de un sistema sociopolítico que en su conjunto está diseñado para profundizar las desigualdades.
Chile es uno de los países más desiguales del mundo; recalcó.
“Es vergonzosa la desigualdad en el país, la que se reproduce, explicó, no sólo en la educación, sino también en otros ámbitos de la vida y todo debido a un modelo neoliberal, que segrega, que explota a través de todos los aparatos, también el cultural y mediático”, aseveró.
Esta lucha, opinó la dirigente universitaria, “tiene que expresarse en muchos otros sectores a partir de un horizonte común; sin renunciar a la capacidad de poder avanzar. Estamos claros, que no podremos generar los grandes cambios estructurales con este gobierno, pero no se puede abandonar la idea de generar una mayoría social debidamente articulada”.
“Si tenemos un horizonte común, entonces unifiquémonos para poder ir avanzando hacia mayor justicia e igualdad que es la gran aspiración que tenemos como pueblo en Chile”.
EN ECUADOR CON CORREA
Por otro lado, Camila Vallejo y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, acompañarán al presidente ecuatoriano Rafael Correa en los actos de festejo por los cinco años de gobierno.
El evento se desarrollará el sábado, a las 17:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la ciudad de Cuenca (sur andino del país).
La información fue difundida por la Secretaría Ejecutiva del movimiento oficialista Alianza PAIS.
La organización política, con la que Correa llegó al poder hace cino años, confirmó que Vallejo y Menchú estarán presentes en Cuenca junto al mandatario y “trabajadores, estudiantes, políticos, artistas, indígenas y ciudadanos de todo el país”.
Galo Mora, secretario ejecutivo del movimiento Alianza PAIS, convocó a toda la población a participar en el “encuentro histórico de la alegría, para festejar este cambio de época fundamentado en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la naturaleza, el bienestar y la felicidad de todos y todas”.
Xavier Barrera, jefe político de la capital azuaya, comentó que se prevé el arribo de unas 40 mil personas en el escenario deportivo.
En declaraciones difundidas el sábado por diario El Tiempo de Cuenca, manifestó que para garantizar mayor seguridad y facilitar el traslado de los concurrentes, se adelantó el inicio del programa a las 17:00, en un principio se pensaba comenzar a las 19:00.
Barrera aseveró que el dinero a desembolsar en el show artístico y logística no saldrá de las arcas estatales, sino del aporte personal de los adherentes a Alianza PAIS. Y aclaró que en el evento no se lanzará la tercera candidatura de Rafael Correa a la Presidencia de la República, únicamente se formalizará la petición de terciar de nuevo para el cargo.
ARGENTINA: Acerca de la denominada Ley "Antiterrorista y de lavado de activos"
x Observatorio del Derecho Social La peligrosidad está dada en las potencialidades represivas implícitas en el nuevo tipo agregado al Código Penal ya que arremete contra garantías constitucionales 
.DECLARACION PÚBLICA
2. Con este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la cámara de diputados y que hoy ha sido visto en la Comisión de ciudadanía antes de su paso final en el Senado, serán objeto de sanción los organizadores de toda manifestación social y quienes participen en ellas. Piñera pretende aprobar esta ley durante estos meses de verano, para aplicarla a partir de marzo próximo, entendiendo que el movimiento estudiantil y sindical ya ha señalado que no detendrán las movilizaciones por la conquista de mayor democracia y justicia social. Pero ¿Sólo se busca amedrentar?
3. La opinión pública tiene que saber que las penas de prisión que se proponen van de 541 días (un año y medio) a 3 años de cárcel para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza que importe paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; usar capuchas que dificulten su identidad; causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular y consagra la actuación policial sin orden previa para la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes a “esclarecer” hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, entre otras.
4- Con esta norma, el Estado y el Gobierno chileno, colocan a la ciudadanía por debajo de los estándares que exige la normativa internacional de Derechos Humanos relacionada con los instrumentos que consignan los Derechos Civiles y Políticos y masifica la aplicación a la sociedad y a sus movimientos sociales de una especie de ley antiterrorista, que de aprobarse, sus negativas consecuencias nos colocarían como país, entre los más aberrantes desde el punto de vista del Derecho y del acceso a la Justicia.
5- Alertamos a la sociedad organizada y movilizada que estamos frente a un nuevo diseño represivo que busca desarticular e inmovilizar toda expresión del campo social que lucha por la conquista de sus derechos en uno de los países más desiguales, donde la obscena brecha entre ricos y pobres resulta a estas alturas, infranqueable.
6- Llamamos a los parlamentarios a no aprobar este aberrante proyecto de ley y convocamos a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo.
.COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
.POR LA LIBERTAD DE EXPRESION, ASOCIACION, REUNION, MANIFESTACION Y RECLAMO DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, NO A LA LEY DE CRIMINALIZACION, NO A LA LEY MORDAZA !
Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible
"España va a estar en recesión todo 2012. El empleo va a caer y mucho"
A pesar de la crisis desde el 2008,el gobierno "socialista" invirtió millones y más millones de euros en su cruzada, bajo mando yanqui y de la OTAN, para asesinar civiles afganos y después, libios también
"España va a estar en recesión todo 2012. El empleo va a caer y mucho", vaticina Ángel Laborda. Este economista dirige el panel de coyuntura de Funcas que recoge las previsiones de los principales servicios de estudios del país, que el pasado noviembre vaticinaban una caída media de la ocupación en 2012 del 1,2% y una tasa de paro del 22,2%, seis décimas por encima de la última encuesta de población activa.
Desde entonces todo ha empeorado. El crédito no circula y el déficit público ha escalado hasta el 8%. El ajuste fiscal será mucho mayor de lo previsto. "Será un paso atrás muy fuerte. No va a ser una simple recesión de inventario. Nunca se ha dado una recaída en la restricción de crédito tan fuerte", explica José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Díez, como la mayoría servicios de estudios consultados para este reportaje, está revisando sus previsiones de noviembre. Y lo hace a peor. A mucho peor. Según sus cálculos, todavía por concretar, el paro este año se situará entre el 23% y el 23,5% y se destruirán unos 400.000 empleos.
Hasta ahora, el peor pronóstico de empleo para 2012 lo tenía AFI, el 23,1%. Pero, según explica José Antonio Herce, tras las medidas de ajuste que el Gobierno tomó la semana pasada está enfriando sus previsiones. Y la de paro y su reverso, la de empleo, empeorarán. Sin duda. También lo ven así desde Alemania, el Instituto de la Economía Mundial, sitúa el desempleo en el 23,6%. Con estos números, dependerá de la evolución de la población activa si se llega o no a los 5,5 millones de parados.
"La economía española está atrapada entre dos tenazas: la de la restricción crediticia, que se ha agravado por la crisis de deuda soberana, y la del ajuste fiscal que incide sobre una economía totalmente estrangulada. La mejora dependerá de si se afloja la primera tenaza, porque el ajuste seguirá por años", analiza Laborda.
Cuando se trata del mercado laboral, los recortes se dirigen a los servicios. Hasta ahora, el empleo público había evitado un hundimiento aún mayor del trabajo durante la crisis, pero las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran el desfallecimiento por este lado.
Hasta que lo sucedido en verano trocó la débil recuperación en otra recesión, todos los sectores, menos la construcción, comenzaban a crear empleo. Ahora todos vuelven a triturarlo. A los servicios les pesa el ajuste fiscal y el desplome del consumo interior; a la industria, el enfriamiento de la economía mundial que lastra las exportaciones, único foco de esperanza hasta hace poco; y el ladrillo, prosigue con una caída libre que hasta el momento se ha llevado por delante 1,4 millones de empleos, sin contar los de las manufacturas afines.
"La construcción va a caer a un ritmo del 15% o el 16% todo el año", pronostica Laborda. Menos pesimista es Díez que ya no ve mucho margen para que siga cayendo. Joaquín Trigo, del Instituto de Estudios Económicos, cree que en la rehabilitación de viviendas hay margen de mejora. Es el único entre los consultados. Sobre los ajustes, Trigo defiende su necesidad porque así se mejora la perspectiva para el futuro.
Para invertir la situación, el nuevo Gobierno ha prometido presentar una reforma laboral a muy corto plazo, tal vez el próximo viernes. Pero los resultados no serán inmediatos. "Estos cambios surten efectos a medio plazo", explica Herce. "Es como poner un buen coche a punto. Está en condiciones de correr, pero si le falta la gasolina no hay nada que hacer. Y la gasolina es el crédito", compara Laborda.
En un tono inusualmente pesimista en él, José Carlos Díez explica que Europa afronta un escenario futuro a la japonesa. Es decir, una caída de la actividad económica y un estancamiento por años (Japón lleva más de una década así). "Eso, países como Alemania se lo pueden permitir porque tienen una tasa de paro muy baja. También Japón. Pero España, no. Si la economía no mejora, no baja el paro. La salida a la japonesa para nosotros es muy mala".
El primer ministro británico, David Cameron, descartó el domingo una negociación con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas y dijo que su país debe mantener siempre la "vigilancia" de las islas del Atlántico Sur.
En declaraciones a la cadena BBC, Cameron respondió de esta manera a una pregunta sobre la decisión de varios países latinoamericanos de bloquear el acceso a sus puertos de buques con bandera malvinense.
El jefe del gobierno británico destacó la importancia de mantener la defensa de las islas y de establecer unas "fuertes relaciones" con los países de América Latina."Tenemos que estar permanentemente vigilantes" en las islas, en clara referencia a su defensa.
Este año se cumple el trigésimo aniversario de la guerra de las Malvinas que enfrentó al Reino Unido y Argentina por la posesión de las islas, cuya soberanía reclama Buenos Aires desde 1833.
Los países del Mercosur resolvieron en una cumbre celebrada el pasado 20 de diciembre en Montevideo bloquear el acceso a sus puertos de los buques con bandera de las Malvinas.
El 2 de abril de 1982, Argentina ocupó las Malvinas, lo que provocó la reacción de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, que envió una fuerza militar al Atlántico Sur y supuso el comienzo de una guerra que concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.En el conflicto bélico murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos.
El mes próximo, el príncipe Guillermo -segundo en la línea de sucesión a la corona británica- viajará a las Malvinas para tomar parte de unos entrenamientos como piloto de helicóptero de rescate.
Mientras Obama vocifera "ganamos"...(y negocia con los talibanes,sin el títere Karzai)....
Nacional - ACTUALIDAD
Aprueban decreto de inversiones sin cambios y Astori gana otra pulseada
El texto ya fue firmado por varios ministros y el presidente. En los próximos días será promulgado tal como lo redactó Economía pese a los pedidos de cambios del MPP
El astorismo se anotó otro punto en la discusión interna sobre cambios a la política económica, en este caso referidos a la forma como el gobierno incentiva la inversión privada a través de exoneraciones impositivas.
Tras más de cuatro meses trancado en las oficinas de la Presidencia, finalmente José Mujica firmó el decreto que modifica la promoción de inversiones con los cambios que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de un acuerdo con las carteras de Industria, Trabajo, Turismo y Ganadería.Según supo El Observador, desde fines de diciembre el decreto ya circula por los despachos de los ministros para su firma.
Atrás quedaron las variantes que proponía el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Estos sectores pretendían modificar la ley de inversiones para focalizar las exoneraciones impositivas en un conjunto previamente identificado de industrias. Estas se definirían de acuerdo a la necesidad que tenga el país de producir determinados bienes o potenciar algún rubro de producción por sobre otro.
De esta forma, además, el MPP y el PCU buscaban disminuir la renuncia fiscal global para utilizar lo ahorrado en nuevas herramientas que mejoren la redistribución del ingreso.
Según los comunistas, la renuncia fiscal anual por concepto de promoción de inversiones supera los US$ 350 millones.
En ese debate estuvo el gobierno durante meses luego que el año pasado el Ministerio de Economía redactara el decreto con las modificaciones que entendía convenientes a la reglamentación de ley de inversiones.
Básicamente, los cambios pasan por favorecer las inversiones que generen calidad de empleo y no tanto cantidad. Esto implica privilegiar las inversiones que tengan una mayor masa salarial en el conjunto de los trabajadores.
Con un nivel de desempleo históricamente bajo, al gobierno le interesa ahora promover inversiones que paguen más a sus empleados. La reglamentación vigente de la ley de inversiones otorga más puntos a los proyectos que contratan a más cantidad de trabajadores.
Otro cambio propuesto por Economía y aceptado por el presidente Mujica es el de favorecer también a los emprendimientos que se instalan en la periferia de Montevideo. Hoy puntean más para la obtención de beneficios impositivos los proyectos que se radican en el interior del país. Con esto se buscó descentralizar y llevar grandes proyectos de inversión a zonas del país deprimidas.
También se promoverán proyectos de inversión que utilicen sistemas de producción “limpia”, amigable con el ambiente.
El MPP y el Partido Comunista, respaldados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), proponían una política de promoción de inversiones aun más selectiva, en la que se eligieran tres o cuatro rubros de producción y, dentro de ellos, algún producto específico para exonerar de impuestos.
“De eso estamos hablando nosotros, de direccionar un poco más, no solo en algo general como un sector, sino también a veces con productos específicos”, dijo el senador del MPP Héctor Tajam a mediados de diciembre, cuando El Observador informó sobre el debate en el que estaba inmerso el gobierno.
El decreto que se dará a conocer en los próximos días, con cambios en la valoración de los proyectos de inversión a promover por el Estado, fue elaborado por el Ministerio de Economía en coordinación con el de Industria, el de Ganadería y el de Turismo. Algunas secretarías de Estado firmaron el decreto a fines de diciembre.
Astori ganó pulseada sobre cambios en política económica
Aprueban el decreto de inversiones sin cambios y Danilo Astori gana otra pulseada. El texto ya fue firmado por varios ministros y el presidente José Mujica. En los próximos días será promulgado tal como lo redactó el Ministerio de Economía pese a los pedidos de cambios del MPP.
El astorismo se anotó otro punto en la discusión interna sobre cambios a la política económica, en este caso referidos a la forma como el Gobierno incentiva la inversión privada a través de exoneraciones impositivas.
Tras más de cuatro meses trancado en las oficinas de la Presidencia, finalmente Mujica firmó el decreto que modifica la promoción de inversiones con los cambios que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de un acuerdo con las carteras de Industria, Trabajo, Turismo y Ganadería.
Según El Observador, desde fines de diciembre el decreto ya circula por los despachos de los ministros para su firma.
Atrás quedaron las variantes que proponía el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Estos sectores pretendían modificar la Ley de Inversiones para focalizar las exoneraciones impositivas en un conjunto previamente identificado de industrias. Estas se definirían de acuerdo a la necesidad que tenga el país de producir determinados bienes o potenciar algún rubro de producción por sobre otro.
De esta forma, además, el MPP y el PCU buscaban disminuir la renuncia fiscal global para utilizar lo ahorrado en nuevas herramientas que mejoren la redistribución del ingreso.
Según los comunistas, la renuncia fiscal anual por concepto de promoción de inversiones supera los 350 millones de dólares.
En ese debate estuvo el Gobierno durante meses luego que el año pasado el Ministerio de Economía redactara el decreto con las modificaciones que entendía convenientes a la reglamentación de Ley de Inversiones.
Básicamente, los cambios pasan por favorecer las inversiones que generen calidad de empleo y no tanto cantidad. Esto implica privilegiar las inversiones que tengan una mayor masa salarial en el conjunto de los trabajadores.
Uruguay. Viviendas y ocupaciones. Última estrategia
por Eliana Gilet/ Brecha, Montevideo Sábado, 07 de Enero de 2012 21:46
En Montevideo -según cifras estimadas por distintos organismos públicos- hay cerca de 500 casas y 80 edificios abandonados, unas 55 mil viviendas desocupadas y más de 300 mil personas sin un lugar donde vivir.
http://www.brecha.com.uy/ Hasta hace poco, un grafiti sobre las chapas de una obra en Mercedes y Florida resumía: "Tanta casa sin gente y tanta gente sin casa". A algunos no les queda otra salida que ocupar. Sobre cómo viven, cómo se organizan y con qué sueñan los vecinos de un edificio tomado trata esta nota.
A fines de 2010 la Defensoría del Vecino de Montevideo contaba con apenas 20 denuncias de abandono y ocupación "de fincas" en condiciones de "altísima precariedad": sin saneamiento, luz ni agua. "Los que rompen más los ojos son los edificios, lugares tugurizados que fueron saqueados y luego ocupados, en los que se instalaron personas desesperadas por no tener otro lugar donde vivir y también redes delictivas que usaban esos edificios como escondite", comentó a Brecha Elena Goiriena, asistente social que asesora a la Defensoría en el tema.
Quienes en general alertan sobre las ocupaciones son los vecinos cercanos, que denuncian situaciones de insalubridad e inseguridad. En Montevideo -según cifras estimadas por distintos organismos públicos- hay cerca de 500 casas y 80 edificios abandonados, unas 55 mil viviendas desocupadas y más de 300 mil personas sin un lugar donde vivir. Hace mucho tiempo ya que se sabe de esa ecuación entre casas vacías y gente con necesidad de vivienda, pero por muchos motivos el problema no termina de resolverse. Incluso hay quienes aseguran que el déficit habitacional de Uruguay es más de acceso que de infraestructura. Y en ese entendido sorprende que las ocupaciones sean tan pocas. Aunque se registran algunas, no se trata de un movimiento pro ocupa, sino de casos aislados, situaciones de desborde familiar o desesperación. Distinto a lo de los squatts en la Inglaterra de Margaret Thatcher, esa que parió al punk y al movimiento que ocupó los edificios vaciados por la crisis, o la ocupación masiva del parque Indoamericano en Buenos Aires el año pasado. Hay una novela de Doris Lessing de comienzos de los ochenta llamada La buena terrorista que narra las peripecias de un grupo de ocupantes de una casa ruinosa, y sus esfuerzos, incluidas las negociaciones con las autoridades municipales, para poder vivir en el lugar. La posibilidad que se plantea en esa ficción, de que desde el Estado se brinde apoyo a los ocupantes para refaccionar los lugares donde ya están instalados y hacerlos habitables, estaría fuera de cuestión. "En una situación en que tuvieras un grupo acotado de personas sin vivienda podría ser la solución ideal, pero en un momento de emergencia habitacional como el actual eso sería legitimar la ocupación como forma de acceso a una vivienda", argumenta Goiriena.
Vecinos, ocupas, dueños
Fue por las constantes denuncias y el ojo rojo de los noticieros que se difundió la ocupación del edificio de la ex mutualista Comaec, ubicado en bulevar Artigas y Maldonado. La primera vez que la Defensoría actuó allí intentó ubicar a algún propietario que se hiciese cargo del lugar, tramitar y destrabar la situación de deuda que se había generado durante los años de abandono y encontrar un comprador. Además debió hallar una solución para los ocupantes: 50 adultos y 18 menores de edad. La tarea con éstos insumió cerca de un año y medio. Lo primero fue asegurarles la cédula de identidad y la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que muchos carecían de documentación. Según cuenta Goiriena, para las opciones de realojo manejadas se contemplaron las situaciones de cada familia y se puso en marcha un programa piloto de garantías y subsidios de alquiler. El inau aseguró el seguimiento del proceso de realojo y el Ministerio de Vivienda se encargó de la paga del alquiler durante dos años: cada familia dispuso así de 12 ur mensuales con las que debían gestionar un lugar alternativo para vivir.
"El problema es que realojarlos no significa mandarlos para la periferia. Sus estrategias de supervivencia están vinculadas con el centro, si los mandás a un asentamiento los matás de hambre", afirma Goiriena. Quizás uno de los temas centrales a la hora de desocupar un edificio es tener resuelto dónde reubicar a los ocupas. Sobre todo en una ciudad que hace tiempo que empuja hacia la periferia a los sectores más desfavorecidos, y cuyos habitantes han declarado en distintas encuestas que tienen miedo de vivir cerca de un pobre.
En el caso de Comaec, el edificio fue finalmente adquirido por el mismo grupo de comerciantes de la zona que hacía las denuncias, y fue demolido. Elena Antelo, coordinadora de la Región Centro del inau, comentó que con muchas de las familias realojadas fue necesario llevar a cabo un proceso que les permitiera volver a hacerse cargo de ciertas exigencias formales (asumir el pago de la luz, el agua, impuestos), de convivencia y cuidado de la casa. Goiriena contó a Brecha que en algunos casos replicaban las situaciones precarias de la vida que habían llevado durante la ocupación. A raíz de esa experiencia se comenzó a trabajar en la creación de un lugar, una pensión, una salida transitoria que funcione como lugar de aprendizaje de la gestión de una casa y donde se asegure el cuidado de los hijos a cargo. Según adelantó Antelo a Brecha, esta casa se ubicará entre los barrios Sur y Palermo y estará disponible durante los primeros meses de este año.
Tanto en los edificios ocupados como en las casas deshabitadas -que al no participar en el mercado inmobiliario empujan hacia arriba los precios de los alquileres- existe un tema sin resolver: la responsabilidad de los propietarios sobre sus bienes y el reconocimiento del fin social de las construcciones y la vivienda, en un país donde su posesión se ha entendido como una de las formas de inversión o de especulación más seguras y rentables. Desde la Defensoría afirman que uno de los caminos posibles para solucionar este problema sería la reglamentación de las responsabilidades de los propietarios y la aplicación de sanciones por incumplimiento, que ya se encuentran establecidas en la ley de ordenamiento territorial. Otro de los caminos que se estudian, a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado Alfredo Asti (fls) es la conformación de la figura de abandono, que permitiría al Estado actuar sobre las propiedades en desuso. Desde la Defensoría aseguran que la discusión se da en torno al derecho a la propiedad y su imprescriptibilidad.
Edificio Varela
¿Cómo no haberlo visto antes? ¿Cómo no recordar ese edificio que en vez de balcones tiene hileras de ropa tendida? Sobre la avenida José Pedro Varela, a media cuadra de Propios. El sol le pega a los fondos al mediodía. En el primer piso hay un pibe sentado en un sillón conversando con otro que está parado en la vereda. El pibe del sillón limpia vidrios en los semáforos. Es de los primeros que llegó al edificio, cuando estaba vacío y entraba para achicar y dormir. Como lo hacían algunos más. Cuenta cómo la Policía entraba y los sacaban a palos al encontrarlos durmiendo. De cómo un día, a fines de setiembre de 2010, empezaron a llegar familias enteras que se iban distribuyendo a lo largo de las dos torres de cinco pisos. Ahora los treinta apartamentos están ocupados. Es un edificio sin terminar, abandonado por la empresa constructora que se fue con el fondo de las ventas de los apartamentos. Una sociedad anónima que desapareció dejando como testimonio ese esqueleto urbano. Desde el hueco que oficia como entrada al edificio, sale a la luz del día una gurisa flaquita con dos bidones que llena de agua en una de las canillas comunes. Fueron dispuestas en diciembre de 2010 por un grupo de trabajo multidisciplinario (que incluye varios organismos estatales y municipales nucleados en la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana), a raíz de las denuncias de insalubridad radicadas por los vecinos del barrio. Pero ahora la situación ha cambiado, comenta el muchacho. Se ajusta los lentes de sol y señala en dirección a donde estaba sentado antes. El sillón ahora está ocupado por una muchacha con un bebé. Es su pareja, que tuvo una nena. Ahora, dice, debe pensar en ellas, antes él se las arreglaba en cualquier lado. La niña termina con los bidones y entra al edificio. Dentro hay un olor particular, pero no demasiado fuerte. Al no haber conexión con la red de saneamiento las aguas servidas van a dar a dos grandes recipientes instalados junto a las canillas, en lo que sería la zona de garages. Del lado derecho están los huecos de los ascensores que nunca se instalaron, y enseguida una escalera. Viene bajando una mujer muy menuda y arrugada. Lleva un gorro para el sol y cara de cansada. A su lado una niña baja los escalones saltando. Está feliz porque pasó de año, dice mostrando el carné que saca de su bolsito. En el tercer piso nos detenemos frente a una puerta de madera cerrada con un candado. La madre manda a la niña a jugar porque tiene que conversar con esta cronista y le dice que la espere, que ya baja. La casa es oscura. Las ventanas están tapiadas con maderas y la única luz viene de una bombita que lo tiñe todo de un tono naranja opaco. Ella y su compañero "hacen contenedores", y llegaron al edificio hace cerca de un año. Vivían en un asentamiento al costado de la ruta 8 pero sus hijos tuvieron problemas y decidieron irse. Vivieron en la calle hasta que supieron de este edificio. Tanto ella como los demás entrevistados dijeron que allí vivían mejor que donde estaban antes. Según el censo realizado por el grupo de trabajo local, el 81 por ciento de los ocupantes opina lo mismo. La puerta del apartamento de al lado está abierta. Se ve un líving y una mujer que toma mate acompañada de un niño. A su casa sí entra la luz, porque le puso ventanas. Fue haciendo mejoras a fuerza de préstamos, metiéndose en deudas. También conectó el agua para el baño y la cocina por el exterior del edificio. Del baño sale otra niña, con el pelo mojado y aroma a champú. En el apartamento viven seis en total, sus hijos, ella y su compañero. Ella es empleada y su marido hace changas. Alquilaban una casa hasta que perdieron la garantía. Tampoco llegaban a alquilar mediante depósito. Un compañero de trabajo le habló del edificio. La situación apremiaba y el lugar estaba disponible. Pagó 10 mil pesos por su apartamento. Todo su sueldo de un mes para poder mudarse rápidamente, y el resto al mes siguiente. La reciente aparición de un posible comprador para el edificio se les comunicó a los ocupantes el día del censo. Ella mira alrededor y piensa en sacar las ventanas y los caños que puso, cuando se vaya.
La señora menudita vuelve. Ofrece llevarme al apartamento de otro muchacho porque "es muy lúcido y va a poder hablarte bien". Bajamos. Los corredores están vacíos y se escucha gente en los apartamentos. Entre las dos torres hay un pozo de aire atravesado por dos pasillos sin barandas y que parecen flotar. Desde allí se ven los patios del piso de más abajo, donde una niña juega con un perro flaco. Quien abre la puerta no tiene más de 25 años. Sonríe. Demoró en abrir porque estaba pintando la otra habitación. Se escucha la voz de Bob Marley y la cadencia cansina del reggae. Hay pocas cosas en esta casa, una mesa, un par de sillas, la mesada de la cocina, una garrafa y la heladera. La ventana junto a la puerta que da al pasillo está cerrada con madera, pero del otro lado hay un balcón por donde entra con fuerza el sol. En la pared sobre la mesa está perfectamente dibujada y pintada la cara del Che Guevara -esa que conocemos todos, la de la foto de Korda-, junto a la popular frase "Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás". También las pintó él. Del otro lado, otro mural, el que hizo mientras su hijo estuvo internado y él no podía dormir. Llegaba de trabajar y pintaba, para recibirlo cuando se curara. Antes vivía en una casa chica con su compañera, su hijo y todo el resto de la familia. Eran 11 en total. Llegó junto al resto de los que poblaron el lugar, cuando todavía era un chiquero inhabitable, y pasó días limpiando. Refaccionó con las cosas que tenía a mano, con un ojo en la volqueta de enfrente por si alguien tiraba algo que sirviera. Habla de las filtraciones y de los problemas de construcción del edificio, de las diferencias incluso entre un apartamento y otro, de que a pesar de todo para ellos el cambio también fue positivo, de las ventajas de poder vivir por primera vez en un lugar céntrico, de lo rápido que llega a trabajar. Es feriante y la cercanía implica alguna horita más de sueño en la madrugada. Durante la conversación otro niño le golpea la puerta para pedirle un favor. Es una constante, comenta. El relacionamiento entre los ocupantes se ha ido aceitando, incluso en cuanto a la limpieza de los lugares comunes del edificio. La puerta se abre de nuevo y entran la compañera del muchacho pintor de murales, su hermana y otra vecina, unos diez años mayor que todos ellos. La vecina también se fue de un asentamiento porque sus hijas estaban inseguras. Ella trabaja todo el día y las nenas quedaban solas. También afirma que en este lugar vive mejor. Sonríe y recuerda la primera vez que llovió estando ahí, de la alegría al ver que ahora su casa no terminaba inundada, de haberle zafado al lodazal del asentamiento.
¿Y qué pasa con los vecinos del barrio? ¿Se les han acercado? ¿Los integran? Todos afirman que no. Que lo único que reciben de quienes viven alrededor son las sospechas de creerlos responsables de todos los atracos y problemas de convivencia. Recuerdan la vez que vino la tele y de cómo buscaban la sangre y la delincuencia. La hermana comenta de la reacción de sorpresa del muchacho con el que empezaba a salir cuando le dijo que vivía en ese edificio. La conversación deriva sola hacia lo que pasará con el lugar. Ninguno de ellos tiene mucha idea de lo que les espera. Casi todos en ese lugar son jóvenes. Lo corrobora el censo realizado a fines de diciembre: más de la mitad son menores de edad y el resto personas aún en edad de tener hijos. Quieren saber sobre el Comaec, sobre las soluciones habitacionales que se dieron en ese caso. Cuento lo que sé. La vecina suelta un suspiro que trasluce sus esperanzas magulladas: "No creo que mi situación cambie demasiado cuando el subsidio del alquiler se termine dentro de dos años".
Libro de Eduardo Galeano será presentado el 17 en Casa de las Américas
6 Enero 2012 Cubadebate
Espejos. Una historia casi universal , libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano, será presentado el próximo día 17 en esta capital, como parte del programa del Premio Literario Casa de las Américas 2012.
En conferencia de prensa efectuada hoy en esa institución, los organizadores del encuentro precisaron que el texto de Galeano, ganador del Premio Honorífico de Narrativa José María Arguedas 2011, verá la luz en la Sala Che Guevara, con entrada libre para el público.
Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas, destacó el honor de que ese gran intelectual latinoamericano inaugure la edición 53 del certamen (del 16 al 26 de enero), por tratase de uno de los pensadores de izquierda más influyentes en la actualidad.
Explicó que el autor de Las venas abiertas de América Latina -volumen regalado en 2009 por el Presidente venezolano Hugo Chávez al mandatario estadounidense Barack Obama- ostenta dos premios Casa de las Américas y es uno de los más populares narradores en la Isla y en muchas otras naciones.
Jorge Fornet, director del Centro de Estudios Literarios de la institución cultural capitalina, destacó que entre los países que más obras enviaron al concurso figuran Brasil, Argentina, Cuba, Colombia y Uruguay, en géneros como literatura para niños, brasileña y caribeña, teatro y estudios sobre latinos en Estados Unidos.
El politólogo cubano Esteban Morales, integrante del jurado del Premio extraordinario de estudios sobre la presencia negra en América y el Caribe contemporáneos, subrayó que la Casa está a la vanguardia con un tema de gran vigencia y trascendencia para los pueblos del continente.
Como ya es habitual, los 22 jurados del concurso trabajarán en la ciudad de Cienfuegos, donde desarrollarán un intenso programa cultural.
Los resultados del certamen serán entregados el 26 de enero, en la Casa de las Américas.
Camila Vallejo exhorta a los jóvenes
a crear poder popular en Chile
8 Enero 2012 Cudadebate
La líder estudiantil chilena Camila Vallejo exhortó hoy al movimiento social “a salir de la marginalidad” y afirmó que “no basta con hacer propuestas para que otros las lleven a cabo”.
“Ya basta de vivir en la marginalidad, de ser espectadores. Hay que salir a la cancha y ahí meter los goles porque después nos pasa que nuestras propuestas son recogidas, pero no nos damos cuenta de la ‘letra chica’ que nos imponen y que cambian todo el sentido de lo que aspirábamos”, señaló.
Vallejo lanzó hoy el libro “Podemos cambiar el mundo”, durante la segunda jornada de “La fiesta de los abrazos” con la cual el Partido Comunista chileno celebró su centenario. El texto recoge una serie de conferencias, discursos y entrevistas que brindó la joven que se convirtió en el rostro y en el símbolo del movimiento estudiantil durante 2011.
Vallejo fue la figura mediática de ese movimiento estudiantil que salió a las calles para exigir educación pública, gratuita y de calidad.
Durante siete meses, los jóvenes pusieron en jaque al gobierno y convirtieron a Sebastián Piñera en el presidente más impopular de los últimos 20 años, con un apoyo de apenas 26 por ciento.
La joven de 23 años, actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dijo que “me preocupa el hecho de que los distintos sectores de nuestra sociedad deleguen en los jóvenes y los estudiantes la responsabilidad de hacer los cambios”.
“Nosotros solos no vamos a hacer los cambios. Los jóvenes no tenemos las herramientas, necesitamos que esta lucha sea transversal, en tanto organizaciones, políticas, sociales, sindicales, pero también intergeneracional”, aseveró.
“Es muy importante unificar la lucha con nuestros padres, con los trabajadores y también con el adulto mayor” pidió la joven y recordó su diálogo con la ex ministra del Trabajo de la Unidad Popular (1970-1973), Mireya Baltra, quien le hizo presente la exclusión que viven los ancianos y las condiciones deplorables de vivienda y salud.
“El movimiento social tiene condiciones para pasar de la crítica al modelo (neoliberal) y del accionar testimonial y contestatario a la construcción estratégica y a la acción política efectiva, construyendo mayorías y dotando de viabilidad las propuestas”, apuntó Vallejo.
Además, propuso “tensionar el aparato institucional desde dentro y desde fuera, aprovechando cada grieta o error de este cuidado andamiaje de contención social para derribar todo lo que deba ser transformado”, completó la joven.
El Partido Comunista ha potenciado a sus principales rostros juveniles y proclamó al ex presidente de la Federación de Estudiantes de Santiago, Camilo Ballestero, como candidato a alcalde de la popular comuna de Estación Central, en el sector poniente de Santiago, en las elecciones municipales de octubre de este año.
El partido también analiza que Vallejo sea su candidata para los comicios parlamentarios de noviembre de 2013, sobre todo después que la encuesta del Centro de Estudios Públicos la ubicó en el cuarto lugar de las figuras políticas con más influencia en la sociedad.
(Con información de ANSA)
Camila Vallejo presenta su primer libro “Podemos cambiar el mundo” en un parque de Santiago
Publicado el 1/09/12 • ContrainjerenciaPL – La tradicional Fiesta de los Abrazos de los comunistas chilenos tuvo hoy como plato fuerte el lanzamiento del libro “Podemos cambiar el mundo”, de la reconocida líder del movimiento estudiantil Camila Vallejo.
En un abarrotado escenario en el Parque O Higgins de Santiago, la estudiante de Geografía presentó el volumen, una compilación de textos con sus opiniones sobre “el Chile que queremos” y en particular acerca de la urgencia de transformar el excluyente modelo educacional.
Camila insistió en la idea de que la lucha por transformaciones estructurales profundas en el sistema de educación responde a demandas de la ciudadanía en general, de ahí su transversalidad.
“El desafío es para todos; no sólo para los jóvenes”, enfatizó la también miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas.
La ahora vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ponderó el alcance del movimiento estudiantil, el que destacó es fruto de un proceso de larga data.
Nos hemos retroalimentado, resaltó, de debates de generaciones anteriores, también de nuestros padres, y gracias a esa maduración política pudimos levantar un movimiento social de tal magnitud.
Destacó cómo a lo largo del 2011 quedó claro que hay una crisis en educación como consecuencia de un sistema sociopolítico que en su conjunto está diseñado para profundizar las desigualdades.
Chile es uno de los países más desiguales del mundo; recalcó.
“Es vergonzosa la desigualdad en el país, la que se reproduce, explicó, no sólo en la educación, sino también en otros ámbitos de la vida y todo debido a un modelo neoliberal, que segrega, que explota a través de todos los aparatos, también el cultural y mediático”, aseveró.
Esta lucha, opinó la dirigente universitaria, “tiene que expresarse en muchos otros sectores a partir de un horizonte común; sin renunciar a la capacidad de poder avanzar. Estamos claros, que no podremos generar los grandes cambios estructurales con este gobierno, pero no se puede abandonar la idea de generar una mayoría social debidamente articulada”.
“Si tenemos un horizonte común, entonces unifiquémonos para poder ir avanzando hacia mayor justicia e igualdad que es la gran aspiración que tenemos como pueblo en Chile”.
EN ECUADOR CON CORREA
Por otro lado, Camila Vallejo y la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, acompañarán al presidente ecuatoriano Rafael Correa en los actos de festejo por los cinco años de gobierno.
El evento se desarrollará el sábado, a las 17:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la ciudad de Cuenca (sur andino del país).
La información fue difundida por la Secretaría Ejecutiva del movimiento oficialista Alianza PAIS.
La organización política, con la que Correa llegó al poder hace cino años, confirmó que Vallejo y Menchú estarán presentes en Cuenca junto al mandatario y “trabajadores, estudiantes, políticos, artistas, indígenas y ciudadanos de todo el país”.
Galo Mora, secretario ejecutivo del movimiento Alianza PAIS, convocó a toda la población a participar en el “encuentro histórico de la alegría, para festejar este cambio de época fundamentado en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, la justicia social, la armonía con la naturaleza, el bienestar y la felicidad de todos y todas”.
Xavier Barrera, jefe político de la capital azuaya, comentó que se prevé el arribo de unas 40 mil personas en el escenario deportivo.
En declaraciones difundidas el sábado por diario El Tiempo de Cuenca, manifestó que para garantizar mayor seguridad y facilitar el traslado de los concurrentes, se adelantó el inicio del programa a las 17:00, en un principio se pensaba comenzar a las 19:00.
Barrera aseveró que el dinero a desembolsar en el show artístico y logística no saldrá de las arcas estatales, sino del aporte personal de los adherentes a Alianza PAIS. Y aclaró que en el evento no se lanzará la tercera candidatura de Rafael Correa a la Presidencia de la República, únicamente se formalizará la petición de terciar de nuevo para el cargo.
ARGENTINA: Acerca de la denominada Ley "Antiterrorista y de lavado de activos"
x Observatorio del Derecho Social La peligrosidad está dada en las potencialidades represivas implícitas en el nuevo tipo agregado al Código Penal ya que arremete contra garantías constitucionales Comentarios sobre la Ley 26.734 denominada "Antiterrorista y de lavado de activos" [1]
El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el boletín oficial la ley 26.734, conocida también como ley “antiterrorista”. La sanción de la norma ha merecido el firme rechazo de un amplio espectro de juristas, organizaciones sociales y sindicales, y, en general, de todo aquél que se encuentre comprometido con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
La ley deroga los artículos 213 ter y 213 quáter del Código Penal, e incorpora al mismo cuerpo los artículos 41 quinquies y 306. A su vez, modifica el inc. e) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, disponiendo la competencia de la justicia federal para entender en los delitos a los que refiere la ley 26.734.
Más allá de la discusión, no menor, en torno al rol que debe asumir nuestro país ante las presiones ejercidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo más grave es la peligrosidad que la vigencia del nuevo texto legal representa para ciertos grupos sociales. Desde el punto de vista jurídico, no es exagerado afirmar que las modificaciones y agregados introducidos por la ley 26.734 violentan el Estado de Derecho por representar una amenaza al contenido de los derechos esenciales.
La peligrosidad está dada en las potencialidades represivas implícitas en el nuevo tipo agregado al Código Penal ya que arremete contra garantías constitucionales sobre las que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho.
No admite discusión que el problema no es generado por una cuestión de técnica legislativa. El conflicto está en el contenido. El recurso de acudir al espíritu del legislador para la interpretación de la ley no resulta suficiente para prevenir con eficacia el uso de la nueva ley contra la criminalización de la protesta social.
Entre los fundamentos del proyecto de ley sancionado se destaca que “resulta sumamente importante destacar que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 quinquies y 306 del CODIGO PENAL, en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de terrorismo conforme describen las convenciones internacionales”. Sin embargo, debe tenerse presente que en el ámbito internacional no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre qué debe entenderse por “terrorismo”. Así pues, el problema de la calificación legal y el encuadre de la conducta juzgada será resuelto discrecionalmente por el juez.
Del contenido normativo del artículo 41 quinquíes agregado al Código Penal surgen al menos dos cuestiones sobre las que conviene detenerse: El tipo penal abierto e indefinido que prevé y la inversión de la carga de la prueba que la eximente de responsabilidad prevista en el último párrafo conlleva.
Partiendo de la convicción que las garantías constitucionales, cuando refieren a las libertades públicas, al derecho a peticionar o al de reunión, tienen como principal objeto limitar la actuación de los poderes públicos, vemos con preocupación la autonomía que cobra la ley antiterrorista respecto a esos límites. La ley 26.734 habilita de algún modo al poder público a convertirse en agresor en vez de garante de los derechos ciudadanos básicos cuya custodia le ha sido asignada a reservada.
El orden constitucional admite la regulación legal de la actuación represiva del Estado. Lo hace a través del Derecho Penal y bajo la condición de no perforar los límites que impone en resguardo de los derechos ciudadanos fundamentales. Por ello, y en tanto que están comprometida la libertad de las personas, la actuación del poder punitivo debe sujetarse a reglas que garantizan la vigencia de los derechos de los sujetos sometidos a juzgamiento.
En ese marco cobra trascendencia el requisito de previa tipicidad de la conducta a sancionar. Las acciones u omisiones consideradas delito deben estar descriptas con precisión. El principio de legalidad así lo exige (artículos 18 y 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
No es vano recordar que el Derecho Penal alemán vigente durante el nacionalsocialismo desistió de sujetare a un régimen de tipicidad objetiva y a las pautas fijadas por el principio de legalidad. En cambio adoptó el método de la analogía y reservó un amplio margen de discrecionalidad al juez para sortear los eventuales límites que podría plantear el texto escrito de la ley. Así, el artículo 2° del Código Penal reformado en 1935 estableció que “Será castigado quien cometa un hecho que la ley declara punible o que merezca castigo según el concepto básico de una ley penal y según el sano sentimiento del pueblo. Si ninguna ley penal determinada puede aplicarse directamente al hecho, éste será castigado conforme a la ley cuyo concepto básico corresponda mejor a él”.
No es antojadizo traer a colación el caso de la Alemania nazi. Resulta útil para graficar crudamente la vulnerabilidad en que puede colocarse a una sociedad cuando se dejan de lado garantías mínimas. No importa si la excusa es la defensa de intereses superiores o la protección de la seguridad pública.
La ausencia de especificación de la conducta a la que se considerará acto terrorista deja abierta la posibilidad que algún juez escasamente tolerante a la protesta social encuentre en esta norma una vía idónea para canalizar sus inclinaciones autoritarias. Podría imputar a los manifestantes, por ejemplo, que han cometido delitos previstos en el Código Penal “...con la finalidad de... obligar a las autoridades públicas nacionales...a realizar un acto o abstenerse de hacerlo...”
Y la prevención del último párrafo del art. 41 quinquies cuando señala que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho” puede no resultar suficientemente idónea para repeler la acusación. Quedará entonces a cargo del imputado demostrar que las acciones sobre las cuales se lo juzga tuvieron lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho.
Por último, no debe dejar de mencionarse que la utilización del término “terrorismo” en un país como la Argentina remite a un período de nuestra historia reciente que ha quedado registrado traumáticamente en la memoria colectiva.
Con el pretexto de aniquilar el terrorismo, se llevó a cabo un plan sistemático para eliminar decenas de miles de personas que en su gran mayoría fueron trabajadores y militantes políticos o sociales.
Con el retorno de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho se reinterpretó el término y la imputación de “terrorismo” se dirigió hacia los represores, caracterizándose a ese período como el del “terrorismo de Estado” [2]
Durante el “juicio a las juntas” (causa 13), en el ejercicio de la acusación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Strassera destacó que “...más útil que mis argumentaciones es escuchar al almirante GUZZETTI, nuestro canciller en 1976, cuando dijo al mundo entero: “Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma forma en que se considera un microbio”.
El temor fundado es que nuevamente se pueda acusar de terroristas a los trabajadores, los militantes políticos y sociales que ejerzan el derecho a la protesta.
Notas
[1] Documento elaborado por Javier Izaguirre, miembro del Observatorio del Derecho Social - CTA.
[2] Durante el "Juicio a las Juntas", el fiscal Strassera afirmó describió al terrorismo de Estado como "el ejercicio criminal del poder, mediante la represión clandestina y al margen de toda norma jurídica".
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El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el boletín oficial la ley 26.734, conocida también como ley “antiterrorista”. La sanción de la norma ha merecido el firme rechazo de un amplio espectro de juristas, organizaciones sociales y sindicales, y, en general, de todo aquél que se encuentre comprometido con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
La ley deroga los artículos 213 ter y 213 quáter del Código Penal, e incorpora al mismo cuerpo los artículos 41 quinquies y 306. A su vez, modifica el inc. e) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, disponiendo la competencia de la justicia federal para entender en los delitos a los que refiere la ley 26.734.
Más allá de la discusión, no menor, en torno al rol que debe asumir nuestro país ante las presiones ejercidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo más grave es la peligrosidad que la vigencia del nuevo texto legal representa para ciertos grupos sociales. Desde el punto de vista jurídico, no es exagerado afirmar que las modificaciones y agregados introducidos por la ley 26.734 violentan el Estado de Derecho por representar una amenaza al contenido de los derechos esenciales.
La peligrosidad está dada en las potencialidades represivas implícitas en el nuevo tipo agregado al Código Penal ya que arremete contra garantías constitucionales sobre las que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho.
No admite discusión que el problema no es generado por una cuestión de técnica legislativa. El conflicto está en el contenido. El recurso de acudir al espíritu del legislador para la interpretación de la ley no resulta suficiente para prevenir con eficacia el uso de la nueva ley contra la criminalización de la protesta social.
Entre los fundamentos del proyecto de ley sancionado se destaca que “resulta sumamente importante destacar que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 quinquies y 306 del CODIGO PENAL, en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de terrorismo conforme describen las convenciones internacionales”. Sin embargo, debe tenerse presente que en el ámbito internacional no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre qué debe entenderse por “terrorismo”. Así pues, el problema de la calificación legal y el encuadre de la conducta juzgada será resuelto discrecionalmente por el juez.
Del contenido normativo del artículo 41 quinquíes agregado al Código Penal surgen al menos dos cuestiones sobre las que conviene detenerse: El tipo penal abierto e indefinido que prevé y la inversión de la carga de la prueba que la eximente de responsabilidad prevista en el último párrafo conlleva.
Partiendo de la convicción que las garantías constitucionales, cuando refieren a las libertades públicas, al derecho a peticionar o al de reunión, tienen como principal objeto limitar la actuación de los poderes públicos, vemos con preocupación la autonomía que cobra la ley antiterrorista respecto a esos límites. La ley 26.734 habilita de algún modo al poder público a convertirse en agresor en vez de garante de los derechos ciudadanos básicos cuya custodia le ha sido asignada a reservada.
El orden constitucional admite la regulación legal de la actuación represiva del Estado. Lo hace a través del Derecho Penal y bajo la condición de no perforar los límites que impone en resguardo de los derechos ciudadanos fundamentales. Por ello, y en tanto que están comprometida la libertad de las personas, la actuación del poder punitivo debe sujetarse a reglas que garantizan la vigencia de los derechos de los sujetos sometidos a juzgamiento.
En ese marco cobra trascendencia el requisito de previa tipicidad de la conducta a sancionar. Las acciones u omisiones consideradas delito deben estar descriptas con precisión. El principio de legalidad así lo exige (artículos 18 y 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
No es vano recordar que el Derecho Penal alemán vigente durante el nacionalsocialismo desistió de sujetare a un régimen de tipicidad objetiva y a las pautas fijadas por el principio de legalidad. En cambio adoptó el método de la analogía y reservó un amplio margen de discrecionalidad al juez para sortear los eventuales límites que podría plantear el texto escrito de la ley. Así, el artículo 2° del Código Penal reformado en 1935 estableció que “Será castigado quien cometa un hecho que la ley declara punible o que merezca castigo según el concepto básico de una ley penal y según el sano sentimiento del pueblo. Si ninguna ley penal determinada puede aplicarse directamente al hecho, éste será castigado conforme a la ley cuyo concepto básico corresponda mejor a él”.
No es antojadizo traer a colación el caso de la Alemania nazi. Resulta útil para graficar crudamente la vulnerabilidad en que puede colocarse a una sociedad cuando se dejan de lado garantías mínimas. No importa si la excusa es la defensa de intereses superiores o la protección de la seguridad pública.
La ausencia de especificación de la conducta a la que se considerará acto terrorista deja abierta la posibilidad que algún juez escasamente tolerante a la protesta social encuentre en esta norma una vía idónea para canalizar sus inclinaciones autoritarias. Podría imputar a los manifestantes, por ejemplo, que han cometido delitos previstos en el Código Penal “...con la finalidad de... obligar a las autoridades públicas nacionales...a realizar un acto o abstenerse de hacerlo...”
Y la prevención del último párrafo del art. 41 quinquies cuando señala que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho” puede no resultar suficientemente idónea para repeler la acusación. Quedará entonces a cargo del imputado demostrar que las acciones sobre las cuales se lo juzga tuvieron lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho.
Por último, no debe dejar de mencionarse que la utilización del término “terrorismo” en un país como la Argentina remite a un período de nuestra historia reciente que ha quedado registrado traumáticamente en la memoria colectiva.
Con el pretexto de aniquilar el terrorismo, se llevó a cabo un plan sistemático para eliminar decenas de miles de personas que en su gran mayoría fueron trabajadores y militantes políticos o sociales.
Con el retorno de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho se reinterpretó el término y la imputación de “terrorismo” se dirigió hacia los represores, caracterizándose a ese período como el del “terrorismo de Estado” [2]
Durante el “juicio a las juntas” (causa 13), en el ejercicio de la acusación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Strassera destacó que “...más útil que mis argumentaciones es escuchar al almirante GUZZETTI, nuestro canciller en 1976, cuando dijo al mundo entero: “Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma forma en que se considera un microbio”.
El temor fundado es que nuevamente se pueda acusar de terroristas a los trabajadores, los militantes políticos y sociales que ejerzan el derecho a la protesta.
Notas
[1] Documento elaborado por Javier Izaguirre, miembro del Observatorio del Derecho Social - CTA.
[2] Durante el "Juicio a las Juntas", el fiscal Strassera afirmó describió al terrorismo de Estado como "el ejercicio criminal del poder, mediante la represión clandestina y al margen de toda norma jurídica".
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Chile....prohibición del derecho de reunión, expresión, asociación,manifestación....
.DECLARACION PÚBLICA
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
La ComisiónÉtica Contra la Tortura ante la tramitación de la ley que sanciona las manifestaciones públicas, declara lo siguiente:
1. Con el impulso de este proyecto de ley en el Parlamento, el Gobierno del Presidente Piñera y, en particular el Ministro del Interior Sr. Rodrigo Hinzpeter, le coloca una mordaza a la democracia y declara prohibición del derecho a reunión, expresión, asociación, manifestación, similar al que establece la instalación del estado de sitio cuyo sentido es el control total de los cuerpos sociales y su inmovilidad ante acciones represivas
2. Con este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la cámara de diputados y que hoy ha sido visto en la Comisión de ciudadanía antes de su paso final en el Senado, serán objeto de sanción los organizadores de toda manifestación social y quienes participen en ellas. Piñera pretende aprobar esta ley durante estos meses de verano, para aplicarla a partir de marzo próximo, entendiendo que el movimiento estudiantil y sindical ya ha señalado que no detendrán las movilizaciones por la conquista de mayor democracia y justicia social. Pero ¿Sólo se busca amedrentar?
3. La opinión pública tiene que saber que las penas de prisión que se proponen van de 541 días (un año y medio) a 3 años de cárcel para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza que importe paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; usar capuchas que dificulten su identidad; causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular y consagra la actuación policial sin orden previa para la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes a “esclarecer” hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, entre otras.
4- Con esta norma, el Estado y el Gobierno chileno, colocan a la ciudadanía por debajo de los estándares que exige la normativa internacional de Derechos Humanos relacionada con los instrumentos que consignan los Derechos Civiles y Políticos y masifica la aplicación a la sociedad y a sus movimientos sociales de una especie de ley antiterrorista, que de aprobarse, sus negativas consecuencias nos colocarían como país, entre los más aberrantes desde el punto de vista del Derecho y del acceso a la Justicia.
5- Alertamos a la sociedad organizada y movilizada que estamos frente a un nuevo diseño represivo que busca desarticular e inmovilizar toda expresión del campo social que lucha por la conquista de sus derechos en uno de los países más desiguales, donde la obscena brecha entre ricos y pobres resulta a estas alturas, infranqueable.
6- Llamamos a los parlamentarios a no aprobar este aberrante proyecto de ley y convocamos a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo.
.COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, 7 de enero 2012
.POR LA LIBERTAD DE EXPRESION, ASOCIACION, REUNION, MANIFESTACION Y RECLAMO DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, NO A LA LEY DE CRIMINALIZACION, NO A LA LEY MORDAZA !
Publicado por Pelusa en Otro Uruguay es Posible
Gobierno intenta reescribir la historia…
De ahora en adelante, si no se establece lo contrario, los estudiantes de primero a sexto básico leerán en sus textos escolares de Historia, que lo ocurrido entre 1973 y 1990 en Chile, es decir, en los 17 años que Pinochet impuso un Estado antidemocrático y cometió graves violaciones a los Derechos Humanos, no se trató de una dictadura, sino de un “régimen militar”. Esto, luego de que el Consejo Nacional de Educación (CNED) -organismo que supervisa las políticas curriculares del Ministerio de Educación (Mineduc) – aprobara el pasado 9 de diciembre las Bases Curriculares de 2011.
En la página 31 de la propuesta de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, con fecha diciembre de 2011, se establece que uno de los ejes temáticos de Historia de primero a sexto básico será “comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia”.
Muy distinto es lo que aparecía en 2009, en la página 232 del Marco Curricular “Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media”. Allí se establecía “una visión panorámica de la historia de Chile republicano” tomando en consideración “la organización de la República, la época liberal, la era del salitre, la democratización en el siglo XX, la dictadura militar y la recuperación de la democracia”. Tal fue el cambio.
En una Declaración Pública del Consejo Nacional de Educación (CNDE) dada a conocer el pasado jueves 5 de enero, se señaló que la reformulada propuesta fue elaborada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y sometida a un proceso que consideró encuestas online, paneles de expertos y reuniones de trabajo con docentes.
Los consejeros de la entidad se reunieron durante casi dos horas para analizar lo ocurrido; entre ellos estuvieron Alejandro Mackay, Elizabeth Lira, Carlos Künsemüller, Alejandro Goic y Alfredo Ewing, además de su vicepresidente Nicolás Velasco, quienes determinaron abrirse a la posibilidad de “revisar” el cambio de “dictadura” a “régimen militar”, lo que quedó señalado en el documento como que dichas terminologías “relevan la controversia valórica y simbólica que atraviesa la sociedad chilena, por lo que se verá con celeridad una eventual propuesta del Ministerio de Educación que reformule la expresión cuestionada”.
Ante esto, el Gobierno, que en un principio justificó la modificación aprobada por el CNED -argumentando que la expresión “régimen militar” era mucho más general para abordar el episodio ocurrido en Chile hace 39 años, en el que desaparecieron o fueron ejecutadas más de 3.000 personas a manos de las Fuerzas Armadas y de Orden o de los organismos de seguridad del Estado- tuvo que echar pie atrás.
El ministro de la cartera, Harald Beyer, tras reunirse, como todos los jueves, con el Presidente Sebastián Piñera y los ministros del comité político -Rodrigo Hinzpeter, Cristián Larroulet y Andrés Chadwick- anunció que el Gobierno “enviará a la próxima sesión (del Consejo Nacional de Educación) una nueva formulación que resuelva la controversia en este aspecto”.
En un intento por justificar la postura del Ejecutivo, Beyer agregó que el Gobierno “nunca pretendió desconocer el carácter no democrático del régimen militar y las violaciones a los Derechos Humanos que ahí ocurrieron”. Eso, sin embargo, está por verse.
REACCIONES: SESIÓN ESPECIAL CON EL MINISTRO DE EDUCACION
“No hay que minimizar, el nombre del régimen de Pinochet es dictadura”, aclaró la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. “Probablemente -agregó- hay sectores en el Gobierno que les es incómodo el concepto de dictadura, pero es la verdad y se usa en todas partes del mundo donde hubo gobiernos totalitarios que violaron de manera grave y sistemática los derechos humanos”.
En la mañana del jueves 5 de enero, el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), junto a los senadores Jaime Quintana (PPD) y Fulvio Rossi (PS), se reunieron con Lorena Fries y le plantearon su rechazo a la decisión del Mineduc de cambiar el concepto dictadura por régimen militar en los textos de historia.
En dicha ocasión, Girardi anunció que el Senado realizará una sesión especial para abordar el tema y se le pedirá a la comisión de Derechos Humanos que cite al titular de Educación, Harald Beyer, ya que “un ministro de Educación que es cómplice y quiere ocultar que en Chile se violaron los DD.HH, no puede ser ministro de Educación”.
A estas palabras se sumó Jaime Quintana, quien señaló que la coordinadora nacional de Curriculum y Evaluación del ministerio de Educación, Lorena Fontaine, debería renunciar a su cargo ya que “lo que ha hecho la señora Fontaine a la memoria de Chile es inmenso”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó que en los textos escolares destinados a las nuevas generaciones se intente alterar la visión de la historia reciente. Es una”ofensa” y una “falta de respeto” -afirmó Pizarro- pues “resulta impresentable una diferencia entre dictadura y régimen militar, es un crimen contra la humanidad y 17 años de dictadura”.
Una opinión distinta es la que tiene el diputado UDI Iván Moreira -reconocido partidario del régimen de Pinochet-. Para él “el hecho de que se hable de dictadura es una forma de estigmatizar a un Gobierno que entregó democráticamente el poder”. Así también concordó el diputado RN Alberto Cardemil, quien aseguró que “algunos quieren imponer, y eso se advierte, una interpretación única de la historia… una interpretación con tinta roja”.
La polémica también se instaló en el propio Consejo Nacional de Educación, cuando el consejero Alejandro Goic -presidente de la Academia de Medicina del Instituto de Chile- reconoció que se trata de un tema sensible y que, para él, debiese ocuparse el término “dictadura (…) a las dictaduras hay que llamarlas dictaduras, y a las democracias, democracias”, sostuvo. Por su parte, la consejera Elizabeth Lira, señaló que el cambio no es “relevante” y es “legítimo”, considerando que el Gobierno está conformado en un 50 por ciento por “gente que era partidaria de Pinochet”.
EWING PINOCHET EN EL CONSEJO DE EDUCACIÓN
El caso se agravó el jueves pasado cuando el abogado de Derechos Humanos y diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, denunció que una de las personas que compone el Consejo Nacional de Educación y que aprobó la sustitución del término “dictadura” por “régimen militar”, se trata de un ex agente que integró la Central Nacional de Informaciones (CNI) en dictadura: el general en retiro Afredo Ewing Pinochet.
Gutiérrez manifestó su repudio a la presencia del general en el CNDE e instó a que “sea inmediatamente destituido de ese cargo por quien corresponda… es una vergüenza para el país”, declaró.
Ewing nunca fue procesado o acusado en casos de violaciones a los Derechos Humanos y fue excluido por “razones de seguridad” de la operación “Retiro de Televisores”, la cual consistió en la exhumación y desaparición clandestina de cadáveres de opositores. Además, estuvo cerca de llegar a la máxima dirigencia del Ejército chileno en la que que finalmente fue designado el general Juan Miguel Fuente-Alba, actual comandante en jefe.
A la luz de los antecedentes, no es extraño, entonces, que predomine una tendencia a desconocer que en Chile hubo una dictadura.
EN EL EXTERIOR
El debate en la utilización de los términos “dictadura” o “régimen militar” ha traspasado las fronteras.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que existe una “diferencia entre una dictadura militar, como fue lo que existió en Chile con un Gobierno Militar, donde evidentemente me parece que hay un esfuerzo por minimizar u ofrecer una percepción y descripción de una época menos brutal de la que efectivamente se vivió en Chile durante esos 17 años”, sostuvo.
En el diario español El País, el escritor y periodista canario, Juan Cruz, escribió que “ha venido un ministro de Sebastián Piñera a interrumpir el sendero de respeto al pasado, a los perseguidos en ese pasado, y ha querido convertir la dictadura en un rasguño militar, en un régimen militar tan solo, como si hubiera sido el suspiro de un pie de página la dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet”.
Este Gobierno se suma a la lista de otros países que han “revisado” su pasado en los textos escolares que estudiarán los más pequeños, con el objetivo de reescribirlo e interpretarlo de acuerdo a sus propios intereses y lineamientos políticos. Dicen que la historia la escriben los vencedores; sin embargo, en Chile, la memoria fijada por la propia ciudadanía ya ha escrito su propio pasado.
Por Esteban Acuña
El Ciudadano
De: Atea y Sublevada
"España va a estar en recesión todo 2012. El empleo va a caer y mucho"A pesar de la crisis desde el 2008,el gobierno "socialista" invirtió millones y más millones de euros en su cruzada, bajo mando yanqui y de la OTAN, para asesinar civiles afganos y después, libios también
2012: otro paso atrás para el empleo
Las previsiones vaticinan que este año se destruirán entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo - Los ajustes fiscales y la falta de crédito impulsan el paro
MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 08/01/2012 El País
El mercado laboral español no toca suelo. En 2011 iba a empezar a levantar cabeza y acabó peor que en 2010. La economía se enfrió tanto que ha vuelto a contraerse. La factura cobrada en puestos de trabajo es muy alta: la Seguridad Social perdió casi 2.700 afiliados al día desde agosto. Y el panorama no cambia. Nadie espera mejoras este año y, en consecuencia, el paro se agravará aunque pueda parecer imposible, uno de cada cinco españoles que quieren y pueden trabajar no tiene donde hacerlo. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que España no acabe 2012 encadenando cinco años de destruyendo empleo.Desde entonces todo ha empeorado. El crédito no circula y el déficit público ha escalado hasta el 8%. El ajuste fiscal será mucho mayor de lo previsto. "Será un paso atrás muy fuerte. No va a ser una simple recesión de inventario. Nunca se ha dado una recaída en la restricción de crédito tan fuerte", explica José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Díez, como la mayoría servicios de estudios consultados para este reportaje, está revisando sus previsiones de noviembre. Y lo hace a peor. A mucho peor. Según sus cálculos, todavía por concretar, el paro este año se situará entre el 23% y el 23,5% y se destruirán unos 400.000 empleos.
Hasta ahora, el peor pronóstico de empleo para 2012 lo tenía AFI, el 23,1%. Pero, según explica José Antonio Herce, tras las medidas de ajuste que el Gobierno tomó la semana pasada está enfriando sus previsiones. Y la de paro y su reverso, la de empleo, empeorarán. Sin duda. También lo ven así desde Alemania, el Instituto de la Economía Mundial, sitúa el desempleo en el 23,6%. Con estos números, dependerá de la evolución de la población activa si se llega o no a los 5,5 millones de parados.
"La economía española está atrapada entre dos tenazas: la de la restricción crediticia, que se ha agravado por la crisis de deuda soberana, y la del ajuste fiscal que incide sobre una economía totalmente estrangulada. La mejora dependerá de si se afloja la primera tenaza, porque el ajuste seguirá por años", analiza Laborda.
Cuando se trata del mercado laboral, los recortes se dirigen a los servicios. Hasta ahora, el empleo público había evitado un hundimiento aún mayor del trabajo durante la crisis, pero las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran el desfallecimiento por este lado.
Hasta que lo sucedido en verano trocó la débil recuperación en otra recesión, todos los sectores, menos la construcción, comenzaban a crear empleo. Ahora todos vuelven a triturarlo. A los servicios les pesa el ajuste fiscal y el desplome del consumo interior; a la industria, el enfriamiento de la economía mundial que lastra las exportaciones, único foco de esperanza hasta hace poco; y el ladrillo, prosigue con una caída libre que hasta el momento se ha llevado por delante 1,4 millones de empleos, sin contar los de las manufacturas afines.
"La construcción va a caer a un ritmo del 15% o el 16% todo el año", pronostica Laborda. Menos pesimista es Díez que ya no ve mucho margen para que siga cayendo. Joaquín Trigo, del Instituto de Estudios Económicos, cree que en la rehabilitación de viviendas hay margen de mejora. Es el único entre los consultados. Sobre los ajustes, Trigo defiende su necesidad porque así se mejora la perspectiva para el futuro.
Para invertir la situación, el nuevo Gobierno ha prometido presentar una reforma laboral a muy corto plazo, tal vez el próximo viernes. Pero los resultados no serán inmediatos. "Estos cambios surten efectos a medio plazo", explica Herce. "Es como poner un buen coche a punto. Está en condiciones de correr, pero si le falta la gasolina no hay nada que hacer. Y la gasolina es el crédito", compara Laborda.
En un tono inusualmente pesimista en él, José Carlos Díez explica que Europa afronta un escenario futuro a la japonesa. Es decir, una caída de la actividad económica y un estancamiento por años (Japón lleva más de una década así). "Eso, países como Alemania se lo pueden permitir porque tienen una tasa de paro muy baja. También Japón. Pero España, no. Si la economía no mejora, no baja el paro. La salida a la japonesa para nosotros es muy mala".
Una factura que no mengua bastante
El gran aumento del paro ha sido uno de los elementos determinantes para descuadrar las cuentas públicas. Lo ha hecho por el lado de los ingresos. Pero sobre todo las ha descuadrado el incremento del gasto. En 2007, el Ministerio de Trabajo pagó 14.780 millones en prestaciones, un 1,4% del PIB. Las cotizaciones de los asalariados y empresario bastaban para pagar la factura.
Al año siguiente las cuotas ya no recaudaron lo suficiente. En 2010, el gasto en prestaciones tocó techo: más de 32.000 millones. Y la recaudación cayó con el empleo. El Estado tuvo que poner más de 15.000 millones recaudados por la Agencia Tributaria.
La persistencia de la crisis y la ausencia de empleo hacía pensar que esta partida menguaría de la forma menos deseada: las prestaciones y los subsidios no son eternos. Así sucedió a finales de 2010 y comienzos de 2011.
Pero la recesión ha vuelto. Los despidos regresan. Y las solicitudes para cobrar el paro en los últimos meses muestran que esta factura caerá menos de lo previsto. En octubre y noviembre aumentó el número de parados que pedían prestación, un 0,9% y un 6,4% sobre el mismo mes de 2010, respectivamente. Y la bajada del gasto mes a mes es cada vez menor.
Al año siguiente las cuotas ya no recaudaron lo suficiente. En 2010, el gasto en prestaciones tocó techo: más de 32.000 millones. Y la recaudación cayó con el empleo. El Estado tuvo que poner más de 15.000 millones recaudados por la Agencia Tributaria.
La persistencia de la crisis y la ausencia de empleo hacía pensar que esta partida menguaría de la forma menos deseada: las prestaciones y los subsidios no son eternos. Así sucedió a finales de 2010 y comienzos de 2011.
Pero la recesión ha vuelto. Los despidos regresan. Y las solicitudes para cobrar el paro en los últimos meses muestran que esta factura caerá menos de lo previsto. En octubre y noviembre aumentó el número de parados que pedían prestación, un 0,9% y un 6,4% sobre el mismo mes de 2010, respectivamente. Y la bajada del gasto mes a mes es cada vez menor.
México: El país se halla al borde de la hambruna,
alertan campesinos
por Carolina Gómez Mena, Roberto Garduño, La Jornada Sábado, 07 de Enero de 2012 13:28 Kaos en la Red
Organizaciones campesinas criticaron el veto del presidente Felipe Calderón al decreto aprobado por la Cámara de Diputados para canalizar 10 mil millones de pesos para solventar los estragos provocados por las contingencias climáticas en el agro
Agro devastado.
"Irresponsabilidad", el veto presidencial al fondo para paliar la sequía, señalan.
Organizaciones campesinas criticaron el veto del presidente Felipe Calderón al decreto aprobado por la Cámara de Diputados para canalizar 10 mil millones de pesos para solventar los estragos provocados por las contingencias climáticas en el agro.
En conferencia de prensa, el diputado Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenistas, y Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, criticaron la negativa del mandatario a atender la "crisis" que se vive en el campo.
Ovalle calificó de "irresponsabilidad" el rechazo presidencial a ejercer esos recursos, que "son urgentes", y añadió que eso evidencia que al "gobierno le falta mucha sensibilidad y responsabilidad ante una situación tan grave".
- "Posible estallido social".
El legislador agregó que hay de dónde obtener esos recursos. "Los 10 mil millones pueden salir del subejercicio, de los excedentes petroleros y de las economías que se hacen a partir de las transferencias de recursos de una dependencia a otra", apuntó, y llamó al gobierno a dejar de hacer "anuncios falsos y demagógicos" en torno a los problemas de la sequía. Recordó los 2 mil millones de pesos anunciados hace algunas semanas "eran del Fonden, no eran recursos frescos".
Los tres dirigentes llamaron al Ejecutivo y al Congreso a establecer con integrantes del medio rural un verdadero acuerdo que solucione los problemas que padece el campo. Adelantaron que, como cada año, a finales de este mes o a principios del próximo realizarán movilizaciones para exigir un cambio de rumbo en el agro, pues consideraron que a raíz de la crisis alimentaria, el país "está al borde de la hambruna y de un estallido social", situaciones graves, sobre todo en un año electoral.
Remarcaron que es necesaria una atención inmediata a los problemas agropecuarios derivados de sequías, heladas e inundaciones, pues advirtieron que los meses más críticos para la agricultura mexicana serán marzo, abril y mayo. Señalaron que podrían dejar de sembrarse unas 2 millones de hectáreas de granos básicos por dichas contingencias, y la producción tanto de maíz como de frijol podría caer casi 50 por ciento.
Destacaron que el problema agroalimentario del país va más allá de posiciones políticas o partidarias, por lo que apremiaron a Calderón a aprobar el fondo para atender las consecuencias que fenómenos climáticos han provocado en 20 estados.
Correa insistió en que el llamado a Calderón es para que "nos convoque a organizaciones campesinas, agroempresarios, tiendas departamentales, sindicatos y organizaciones sociales, entre otros, a trabajar en unidad para garantizar el derecho constitucional a la alimentación".
Agregaron que como consecuencia de estas situaciones y de la política neoliberal aplicada al campo, México gasta cada año en importaciones unos 20 mil millones de dólares, y criticaron que se compre en el extranjero 43 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. Exhortaron a la administración a no derrochar recursos en obras como la Estela de Luz y, en cambio, emprender programas de infraestructura rural e hidroagrícola, así como habilitar áreas productivas en el sureste mexicano.
- Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura del gobierno de Sinaloa: "Caerá hasta 50% la producción de maíz y frijol".
La producción nacional de maíz y frijol caerá este año entre 30 y 50 por ciento, lo cual prefigura una catástrofe alimentaria que corre el riesgo de extenderse con mayor fuerza el año próximo, afirmó el secretario de Agricultura del gobierno de Sinaloa, Juan Guerra Ochoa.
Sinaloa es el estado productor de alimentos más importante del país.
El responsable de las actividades agrícolas en esa entidad consideró que la política del gobierno federal de subsidiar los comestibles y no canalizar recursos a la inversión productiva ha conducido a México a una fase en que la emergencia alimentaria está en camino de convertirse en problema de seguridad nacional.
En entrevista, Guerra Ochoa explicó que el único camino para resolver la carencia alimentaria es la aplicación de recursos en programas de entubamiento de agua potable, de estímulo a la producción de ganado y de generación de tecnología para incrementar la producción alimentaria. Todo eso por encima de la obtusa política de subsidio a los alimentos, que sólo ha conducido a la enorme dependencia que hoy pesa sobre el país respecto de otras naciones productoras.
Previó que el kilo de frijol y maíz podrá ubicarse en los próximos meses al precio del kilo de pollo, lo que implicará que millones de familias dejen de consumir los dos granos más importantes en la alimentación nacional.
– ¿El campo se ha convertido en tema de seguridad nacional?
– Como consecuencia de que tuvimos las peores catástrofes en el país, con la sequía, las heladas e inundaciones, no vamos a tener los frijoles que requerimos. Tendremos un déficit superior a 30 por ciento.
“No producimos maíz suficiente, y ahí el déficit puede irse de 30 a 50 por ciento. En el ámbito internacional ya no existen los enormes inventarios de países como Estados Unidos y Argentina, no tienen ni el frijol ni el maíz necesario para la demanda.
"En Sinaloa, como consecuencia de que resembramos y no hay agua en las presas, vamos a producir menos de la mitad del maíz que producíamos año con año en el ciclo otoño-invierno. De los 5 millones de toneladas, este año nos iría muy bien si llegamos a las 2 y media, porque no tenemos agua. Por eso en Sinaloa los productores aceptaron pagar una contribución adicional de uno por ciento del valor de su producción, siempre y cuando se etiquete esto para entubar 8 mil kilómetros de una red secundaria de lo que son los canales secundarios. Es una inversión de 15 mil millones de pesos, pero la gente está dispuesta."
– ¿Qué política pública tiene que aplicarse para resolver esta situación?
– Primero, desechar el dogma de que el mercado planifica por nosotros. Seguimos necios en no planificar y estar sujetos a los vaivenes coyunturales del mercado. Eso lo promovió Carlos Salinas, y ahora lo han continuado los gobiernos actuales.
– ¿La emergencia alimentaria se convertirá en tema de seguridad nacional?
– Tenemos una enorme presión sobre los precios de los alimentos que consume la mayoría de los mexicanos, por la falta de inventarios, y el problema es que no podemos decir que nos recuperaremos el próximo año. En Sinaloa, por ejemplo, si no nos llueve, vamos a tener sólo lodo en las presas. No va a haber manera de sembrar nada. Es un asunto de interés nacional.
fuente:
Mundo - ATLÁNTICO SUR
Cameron: Hay que mantener "vigilancia" en Las Malvinas
El premier británico descartó una negociación con Argentina sobre la soberanía de las islas
El primer ministro británico, David Cameron, descartó el domingo una negociación con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas y dijo que su país debe mantener siempre la "vigilancia" de las islas del Atlántico Sur.
En declaraciones a la cadena BBC, Cameron respondió de esta manera a una pregunta sobre la decisión de varios países latinoamericanos de bloquear el acceso a sus puertos de buques con bandera malvinense.
El jefe del gobierno británico destacó la importancia de mantener la defensa de las islas y de establecer unas "fuertes relaciones" con los países de América Latina."Tenemos que estar permanentemente vigilantes" en las islas, en clara referencia a su defensa.
Este año se cumple el trigésimo aniversario de la guerra de las Malvinas que enfrentó al Reino Unido y Argentina por la posesión de las islas, cuya soberanía reclama Buenos Aires desde 1833.
Los países del Mercosur resolvieron en una cumbre celebrada el pasado 20 de diciembre en Montevideo bloquear el acceso a sus puertos de los buques con bandera de las Malvinas.
El 2 de abril de 1982, Argentina ocupó las Malvinas, lo que provocó la reacción de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, que envió una fuerza militar al Atlántico Sur y supuso el comienzo de una guerra que concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.En el conflicto bélico murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos.
El mes próximo, el príncipe Guillermo -segundo en la línea de sucesión a la corona británica- viajará a las Malvinas para tomar parte de unos entrenamientos como piloto de helicóptero de rescate.
Mientras Obama vocifera "ganamos"...(y negocia con los talibanes,sin el títere Karzai)....
8 soldados de la OTAN murieron en tres ataques en Afganistán
La OTAN informó este viernes que ocho miembros de su servicio, cuatro de ellos estadounidenses, murieron en tres ataques al sur de Afganistán.
Domingo 08 de enero de 2012 | 8:17
Los ataques del jueves y viernes ocurrieron en el corazón del turbulento sur afgano, en un momento en que el comando de la OTAN, liderado por Estados Unidos, traspasa gradualmente la responsabilidad de la seguridad del país al gobierno afgano luego de una década de guerra.
En el sur afgano, foco de la concentración de tropas estadounidenses en 2010, se habían obtenido ganancias significativas contra los talibanes en muchos distritos, informa el diario estadounidense The New York Times. Sin embargo, los talibanes se mantienen potentes en el sur, especialmente en Kandahar, la provincia donde comenzó el movimiento a mediados de los noventa.
La OTAN dijo que este viernes murió un soldado en lo que describieron como un ataque insurgente, mientras que cuatro más fueron asesinados por bombas plantadas en el camino. Mientras que el jueves, otra bomba mató a tres miembros del servicio.
El ataque más mortal, el del viernes, aparentemente tuvo lugar en Kandahar. Allí, resultaron heridos cuatro soldados estadounidenses mientras realizaban el patrullaje matutino con la policía afgana, confirmó Bacha Khan, gobernador del distrito de Sha Wali Kot, en la provincia de Kandahar,.
Un vocero talibán, en el sur de Afganistán, Qari Yousaf Ahmadi, dijo que el grupo había plantado bombas que atacaron a un vehículo, matando cuatro soldados extranjeros. Dijo que los insurgentes además habían plantado otros explosivos en un esfuerzo por disolver una gran operación militar encubierta de la OTAN en conjunto con la milicia afgana.
Estas muertes elevan a 10 el número de soldados de la coalición fallecidos en la primera semana de 2012, en la guerra de Afganistán. El diario agrega que según las estadísticas, 566 tropas de la OTAN murieron en Afganistán en 2011, incluyendo 418 estadounidenses.
El plan es que las fuerzas de la coalición terminen las operaciones de combate activo en 2014.
Mientras Obama vocifera "ganamos"...
La guerra civil se fragua en Irak
El conflicto sectario entre chiíes y sunníes y la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí forman una peligrosa combinación para la estabilidad del país
Soldados iraquíes participan en el desfile realizado para celebrar el 91º aniversario del Ejército, en Bagdad. / ALI ABBAS (EFE) Los últimos atentados contra chiíes en Irak, el pasado jueves y el 22 de diciembre, han vuelto poner sobre el tapete la realidad de una insurgencia suní que nunca llegó a desaparecer del todo. Con ella resucita el temor a que la violencia sectaria lleve al país a una guerra civil ahora que las tropas de Estados Unidos ya no están allí para evitarlo. Pero en el actual contexto regional, el conflicto difícilmente se circunscribiría al país de los dos ríos. Junto a los intereses locales de ambas comunidades se entremezcla la pugna por el liderazgo en la zona entre los vecinos Irán (chií) y Arabia Saudí (suní).
“A diferencia de 2007, la insurgencia iraquí no tiene hoy líderes claros y ha evolucionado de docenas de grupos tribales, baazistas y exmilitares hacia una entidad razonablemente unificada aunque de tamaño incierto”, explica el analista militar Brian M. Downing en un correo electrónico. También sus tácticas han cambiado. “Evitan los tiroteos y las emboscadas, que fueron habituales entonces. Su principal método de ataque es el coche bomba. Además, dejaron de atacar a las tropas de Estados Unidos, que habían sido sus objetivos prioritarios”, afirma.
Por su parte, Joost Hiltermann, vicedirector del programa de Oriente Próximo del International Crisis Group, señala a EL PAÍS que “ha habido dos tipos de insurgencia: una chií que atacaba las fuerzas estadounidenses y otra suní que arremetía contra edificios oficiales, empleados públicos (sobre todo policías) y civiles, a menudo chiíes”. En opinión de este analista, que durante años se encargó de Irak, ninguna de ellas fue suprimida con el aumento de tropas conocido como surge, entre 2007 y 2008, y “han continuado llevando ataques con regularidad”.
"Aquellos grupos que se oponían a su presencia se han quedado sin causa”, apunta Hiltermann. “Por lo que respecta a los insurgentes suníes, existen diferentes grupos, pero el más potente ha sido y sigue siendo Al Qaeda en Irak”, añade remitiendo a los ataques que se producen de vez en cuando.
“Si Al Qaeda en Irak, como existía en 2007, fuera importante hoy, hubiera atacado implacablemente a las tropas de EE UU hasta su salida y no lo ha hecho”, apunta Downing. Para este experto, algo ha cambiado. “O Al Qaeda ya no está presente o quienes coordinan la insurgencia la han convencido para que actúe de forma más disciplinada. Sospecho que sobre todo lo último”, declara.
El autor de The Military Revolution and Political Change también se muestra convencido de que “varios grupos de la vieja insurgencia han sido coordinados por dirigentes suníes iraquíes y los servicios secretos saudíes”. Y señala que la influencia saudí se vehicula “a través de soldados iraquíes suníes que sirvieron en unidades saudíes tras la desmovilización del Ejército de Sadam y a través de salafistas iraquíes que miran a los wahabíes y a Riad para orientación y fondos”. Los salafistas (al igual que su versión saudí, los wahabíes) siguen una interpretación radical del islam suní hostil al chiísmo, en general, y a sus encarnaciones políticas en Teherán y Bagdad, en particular.
Hasta ahora el conflicto entre ambas comunidades se lidia en los terrenos político (aspiración federalista de los suníes, boicoteo a las instituciones para denunciar la concentración de poder por el primer ministro) y judicial (desbaazificación y orden de detención contra el vicepresidente suní). Sin embargo, la vuelta de los atentados sectarios resulta preocupante.
“El ataque de ayer tiene toda la pinta de estar programado para explotar esta crisis política, aún por resolver. El peligro es que el Gobierno responda de forma sectaria (atacando a los suníes) y desate una nueva etapa de guerra civil”, concluye Hiltermann.
“Un conflicto sectario en Irak en el que una parte tiene el respaldo de Irán y la otra el de Arabia Saudí será extraordinariamente difícil de contener dentro de sus fronteras”, advierte por su parte Downing.
“A diferencia de 2007, la insurgencia iraquí no tiene hoy líderes claros y ha evolucionado de docenas de grupos tribales, baazistas y exmilitares hacia una entidad razonablemente unificada aunque de tamaño incierto”, explica el analista militar Brian M. Downing en un correo electrónico. También sus tácticas han cambiado. “Evitan los tiroteos y las emboscadas, que fueron habituales entonces. Su principal método de ataque es el coche bomba. Además, dejaron de atacar a las tropas de Estados Unidos, que habían sido sus objetivos prioritarios”, afirma.
Por su parte, Joost Hiltermann, vicedirector del programa de Oriente Próximo del International Crisis Group, señala a EL PAÍS que “ha habido dos tipos de insurgencia: una chií que atacaba las fuerzas estadounidenses y otra suní que arremetía contra edificios oficiales, empleados públicos (sobre todo policías) y civiles, a menudo chiíes”. En opinión de este analista, que durante años se encargó de Irak, ninguna de ellas fue suprimida con el aumento de tropas conocido como surge, entre 2007 y 2008, y “han continuado llevando ataques con regularidad”.
Goteo de atentados
Un vistazo a la hemeroteca prueba el goteo de atentados de los últimos años. Sin embargo, tanto su frecuencia como su espectacularidad se fueron reduciendo. Algunos observadores lo atribuían, además del incremento de soldados de EE UU, al agotamiento de los iraquíes con la violencia, pero sin duda el anuncio de la retirada de tropas estadounidenses también ha tenido mucho que ver."Aquellos grupos que se oponían a su presencia se han quedado sin causa”, apunta Hiltermann. “Por lo que respecta a los insurgentes suníes, existen diferentes grupos, pero el más potente ha sido y sigue siendo Al Qaeda en Irak”, añade remitiendo a los ataques que se producen de vez en cuando.
“Si Al Qaeda en Irak, como existía en 2007, fuera importante hoy, hubiera atacado implacablemente a las tropas de EE UU hasta su salida y no lo ha hecho”, apunta Downing. Para este experto, algo ha cambiado. “O Al Qaeda ya no está presente o quienes coordinan la insurgencia la han convencido para que actúe de forma más disciplinada. Sospecho que sobre todo lo último”, declara.
El autor de The Military Revolution and Political Change también se muestra convencido de que “varios grupos de la vieja insurgencia han sido coordinados por dirigentes suníes iraquíes y los servicios secretos saudíes”. Y señala que la influencia saudí se vehicula “a través de soldados iraquíes suníes que sirvieron en unidades saudíes tras la desmovilización del Ejército de Sadam y a través de salafistas iraquíes que miran a los wahabíes y a Riad para orientación y fondos”. Los salafistas (al igual que su versión saudí, los wahabíes) siguen una interpretación radical del islam suní hostil al chiísmo, en general, y a sus encarnaciones políticas en Teherán y Bagdad, en particular.
Interés de los saudíes
El interés de los saudíes no es ningún secreto. Desde el principio de la campaña contra Sadam Husein advirtieron a EE UU del riesgo que suponía Irán. Una vez derrumbado el baluarte que les separaba de su rival regional, tratan de minimizar los daños. De ahí su apoyo a los suníes iraquíes, a quienes los chiíes (respaldados por Irán) desean mantener como una minoría débil.Hasta ahora el conflicto entre ambas comunidades se lidia en los terrenos político (aspiración federalista de los suníes, boicoteo a las instituciones para denunciar la concentración de poder por el primer ministro) y judicial (desbaazificación y orden de detención contra el vicepresidente suní). Sin embargo, la vuelta de los atentados sectarios resulta preocupante.
“El ataque de ayer tiene toda la pinta de estar programado para explotar esta crisis política, aún por resolver. El peligro es que el Gobierno responda de forma sectaria (atacando a los suníes) y desate una nueva etapa de guerra civil”, concluye Hiltermann.
“Un conflicto sectario en Irak en el que una parte tiene el respaldo de Irán y la otra el de Arabia Saudí será extraordinariamente difícil de contener dentro de sus fronteras”, advierte por su parte Downing.
La violencia sectaria se ceba con Irak
Decenas de chiíes mueren en una oleada de atentados que despiertan el temor al estallido de una guerra civil, tres semanas después de la salida de los soldados de EE UU
ÁNGELES ESPINOSA - Dubái - 06/01/2012 El País- Madrid
Una oleada de atentados contra los chiíes dejó ayer al menos 73 muertos y decenas de heridos en Irak. Los ataques, tres semanas después de la salida de las tropas estadounidenses, son algo más que una muestra de la frágil seguridad del país. Constituyen un sangriento mensaje a una comunidad cuya mayoría numérica le da el control del Gobierno, pero sobre todo al primer ministro, Nuri al Maliki, que está utilizando la carta sectaria para agarrarse al poder. Revelan también que la brecha entre suníes y chiíes continúa abierta nueve años después de que la invasión de Estados Unidos sacara a la luz el precario equilibrio confesional bajo la dictadura de Sadam Husein. El primer ministro Al Maliki utiliza la carta sectaria para aferrarse al poder
La matanza se suma a las decenas de muertes de las últimas semanas
Los suníes dicen que el primer ministro pretende apartarles del poder
La destitución de un vicepresidente suní desató la actual embestida terrorista
Las imágenes de televisión mostraban a familiares abrazando los cuerpos sin vida de jóvenes que yacían cubiertos de sangre. Sus pertenencias esparcidas alrededor añadían desolación a una escena que, no por repetida, deja de impresionar.
Culminaba así la horrible jornada que había empezado en la capital iraquí. A las siete de la mañana, dos explosivos, uno de ellos escondido en una moto y otro en una cuneta, habían matado a otras 13 personas y herido a 37 más en Ciudad Sáder, un inmenso suburbio situado al este de la capital iraquí. La policía aseguró haber desactivado dos artefactos más en las proximidades. Ciudad Sáder es el feudo del clérigo radical Múqtada al Sáder (a cuyo padre hace referencia el nombre de este inmenso arrabal de dos millones de habitantes), un apoyo clave para el Gobierno de Al Maliki. Un par de horas después, dos coches bomba causaron al menos 16 muertos y 32 heridos en el barrio noroccidental de Kadhamiya, el principal santuario chií de Bagdad.
La matanza se suma a los 72 muertos de las últimas semanas, en atentados similares y también en zonas mayoritariamente chiíes de Irak, y que han resucitado la pesadilla de la violencia sectaria que entre 2006 y 2007 estuvo a punto de sumir el país en una guerra civil. Más preocupante aún, confirma los temores de que, tras nueve años de ocupación, las divisiones sectarias continúan siendo una amenaza para la estabilidad. Aunque nadie se ha responsabilizado de los ataques de ayer, la mayoría de los analistas apuntan hacia los insurgentes suníes próximos a Al Qaeda, que ya reclamaron la autoría de la decena de bombazos del pasado 22 de diciembre.
"Estamos en el campo de batalla contra los terroristas... y contra los enemigos del proceso político, así que no nos sorprenden estas explosiones. Estamos acostumbrados a sus operaciones", declaró el general Qasim al Musawi, portavoz militar de Bagdad, citado por la agencia Reuters. Tal vez para no agravar la herida, Al Musawi dijo que era pronto para saber quién está detrás de los atentados. "Intentan enfrentar a los iraquíes", resumió.
La violencia solo puede reavivar la tensión entre chiíes y suníes, ya elevada a raíz de la grave crisis política que enfrenta a los principales grupos políticos que les representan. Los políticos suníes, agrupados bajo el paraguas del bloque intersectario Al Iraqiya, llevan meses denunciando que la obsesión de Al Maliki con los baazistas (simpatizantes del Partido Baaz de Sadam Husein, ilegalizado poco después del hundimiento del régimen de Sadam Husein) es solo una tapadera para apartarles del poder. De hecho, la mayoría de los 600 detenidos recientemente bajo esa acusación son suníes, la confesión a la que pertenecía el dictador depuesto y que se ha visto desplazada por el peso de los chiíes. Al Iraqiya condenó enérgicamente los atentados antichiíes.
Al Maliki, cuyos ramalazos autoritarios admiten incluso algunos de sus socios de coalición, ha agravado el contexto al ordenar hace unos días la detención del vicepresidente Tarek al Hachemi, un suní al que acusa de dirigir escuadrones de la muerte. Al Hachemi, el más alto cargo de esa comunidad, ha encontrado refugio en la región autónoma de Kurdistán, cuya población es también mayoritariamente suní, aunque no árabe como en el resto de Irak, y donde está fuera del alcance de las fuerzas de seguridad estatales.
Al Iraqiya, el segundo grupo parlamentario a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de marzo de 2010, decidió boicotear la Cámara a partir del 18 de diciembre, precisamente el día de la salida del último soldado norteamericano, para protestar porque el primer ministro controla todos los puestos clave. Sus nueve ministros tampoco asisten a las reuniones del Ejecutivo. La inclusión de Al Iraqiya en la coalición de Gobierno se consideró clave para hacer partícipes a los suníes y evitar una vuelta al sectarismo que ha costado miles de vidas desde la invasión.
Obama,un vulgar estafador.El Comité del Premio Nobel de la Paz,vulgares lacayos.
Obama legitima el penal de la vergüenza a los diez años de su apertura
8 Enero 2012 Cubadebate
Por Francesc PeirónLa Vanguardia, España
Hay aniversarios que se festejan, otros que se lloran, que emocionan. Los hay que sonrojan.
“He oído cosas aquí que me recuerdan a los nazis. Esto no es EE.UU., al menos no es la América que yo soñé”.
El comentario surge del público que asiste a un acto del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitucional Rights) en el Brecht Forum de Nueva York. Una más de las citas con vistas al 10.º aniversario -el miércoles- de la apertura del centro de detención de Guantánamo, símbolo de la vulneración de los derechos humanos durante la Administración de George W. Bush tras los atentados del 11-S.
Barack Obama, su sucesor en la Casa Blanca, no sale mejor parado en las opiniones expresadas en este púlpito de la izquierda estadounidense. Les ha defraudado. El 22 de febrero del 2009, a los dos días de arrancar su mandato, firmó un decreto presidencial que obligaba a cerrar “no más de un año después de la fecha de esta orden”, el penal ubicado en la base naval que EE.UU. abrió en Cuba en 1903.
La promesa caducó en febrero del 2010. Siguen ahí 171 personas, sin que se les formulen cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial. De todos los presos, el Departamento de Justicia consideró en el 2010 que “sólo” 48 deben permanecer en prisión indefinida sin opción de ir a un tribunal. La medida se justifica bajo la apelación de documentación secreta, vetada, porque supondría dar publicidad a información restringida. No son pocos los que, tras ese planteamiento, no ven más que un eufemismo para ocultar una acción desproporcionada que carece de motivación legal. De una población de 779 residentes que llegó a haber, unos 600 fueron liberados de la misma manera que los detuvieron. Según datos de diversas organizaciones, sólo seis han recibido condena o la han pactado tras comparecer ante una comisión militar.
Entonces, cuando se conoció ese informe del Departamento de Justicia, había 196 detenidos, bastantes en régimen de aislamiento. Escasamente una veintena han conseguido abandonar el recinto en estos casi dos años. Hoy, de los 171 que quedan, a 89 se les ha aprobado la transferencia a su casa o un tercer país. Pero siguen en la isla. La Administración carece de prisa por acabar, en la mayoría de los casos, con diez años de confinamiento.
“Mi abuela me preguntó qué hacía yo trabajando en un lugar donde encarcelan a musulmanes”, confiesa Ramzi Kassem, de origen libanés, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y defensor desde el año 2006 de una docena de detenidos. Ha viajado 40 veces a Guantánamo, al principio cada dos meses. “Viví en Iraq, en Siria, en Jordania, países donde vi cosas de regímenes totalitarios que también estoy viendo aquí”. Kassem entiende y justifica el desengaño con el presidente Obama, cuya elección en noviembre del 2008 incluso la celebró “la gente invisible” del penal de la vergüenza. Sin embargo, y según este abogado y profesor, el presidente demócrata se ha atrevido a ir más allá que el republicano.
“Obama no sólo ha incumplido su promesas, sino que ha mantenido las políticas de Bush y las ha expandido al hacerlas permanentes. Ha dado sentido de normalidad a medidas que se supone que eran excepcionales”.
En esta línea, remarca, el presidente rubricó el primer día del año la acta de autorización de defensa nacional. Esta medida permite, entre otras, la detención, sin juicio, de supuesto sospechosos de pertenecer a Alqaeda o aliados. Esta autorización refuerza la aprobada después del 11-S.
Amnistía Internacional ha elaborado un documento para el décimo aniversario de Guantánamo cuyo título evidencia la denuncia: Una década de daño. No habían pasado ni dos meses de la orden de George W. Bush cuandop sus asesores le presentaron “la localización apropiada” para mantener encerrados a los detenidos en la guerra contra el terror.
Allí enviaron a todos aquellos -algunos después de pasar por otro lugar para la infamia: Bagram, en Afganistán- que el Gobierno calificó como “lo peor de entre lo peor”. No tenían nombre. Simplemente se les consideraba “enemigos combatientes”. A ninguno se le dio la oportunidad de defenderse. Los soldados estadounidenses capturaron a un porcentaje mínimo. La mayoría acabó detenida por chivatazos de lugareños, que recibieron una gratificación económica.
Tuvieron que pasar dos años para que, previa orden del Tribunal Supremo, se les reconociera el derecho a recibir la atención de un abogado. Los “encarcelamientos ejecutivos” de Bush no podían impedir la asistencia jurídica. El conflicto no acabó ahí,Washington prosiguió pleiteando para tratar de cerrar esa puerta. El máximo tribunal zanjó el asunto en el 2008.
Pese a esa victoria, los detenidos han seguido residiendo en un limbo legal. Obama hizo campaña en contra del penal y el propio Bush empezó a ver las cosas de otra manera con el tiempo.
En sus memorias, publicadas en el 2010, defiende la apertura del presidio en Guantánamo. Pero matiza que, al iniciar su segundo mandato en el 2005, comprendió que “se había convertido en un arma de propaganda para los enemigos y una distracción para los aliados”. Su apuesta era la de encontrar la mejor manera que condujera a su cierre.
Guantánamo continúa y como reconoce Ramzi, “no se vislumbra el final”. Obama ha incumplido su promesa. Fracasó en su intentó -porque se lo bloqueó el Congreso- de trasladar a los detenidos a territorios estadounidense. Ni siquiera ha logrado que el autoproclamado cerebro del ataque a las Torres Gemelas, Jalid Sheij Mohamed, sea juzgado por un tribunal civil en Nueva York.
“La administración Obama dice que no es por su culpa, que si los republicanos, que si esto, que si lo otro. pero el problema es Obama, que debería llevar a esas personas a juicio a liberarlas”, sostiene Leili Kashani, del Center for Constitucional Rights. “Es inaceptable -proclama-, como lo es que haya incrementado el bombardeo con los drones”.
Otra de las guerras "ganada" por el imperio y los criminales de lesa humanidad de la OTAN
9/1/2012
Libia sigue viva y resiste
Purificación González de la Blanca
Magnífico “paraíso democrático” el que ha instaurado Occidente en Libia.
¿Todo va bien en Libia? ¿Podrán los medios de comunicación continuar manteniendo sus mentiras?
Libia está bajo ocupación, hay soldados extranjeros por todas partes, sin contar el incontable número de mercenarios (género blackwater) que pulverizan la ley y protegen los intereses de los carroñeros. Los aviones y helicópteros patrullan cotidianamente el espacio aéreo libio sin que los medios de comunicación hagan mención del tema. Se supone que se quiere pretender que todo va bien en Libia como en la vieja expresión: “No hay noticias-buenas noticias”.
La situación política es altamente inestable. Los libios no aceptan el gobierno impuesto por Occidente, con el apoyo de la OTAN, que ha puesto sus riquezas en manos extranjeras y ha destrozado un país que fue próspero y gozaba de pleno empleo. Crecen los focos de subversión.
El CNT les ha privado de todo lo que tenían: no hay trabajo, no hay sueldos. Los hospitales y escuelas, y los rebaños, y los barcos de pesca y las estaciones eléctricas, y las conducciones de agua… han sido bombardeados. Las familias están de luto, los niños no van a clase, los enfermos carecen de tratamientos, no hay luz ni agua, los cultivos comienzan a secarse a causa de que la OTAN bombardeó las conducciones de agua…
Durante estos días miles de libios buscan por el desierto (jamada) los terfes, especie de trufa que aparece tras las lluvias, con cuya venta esperan obtener unos pequeños ingresos que les permitan sobrevivir. Magnífico “paraíso democrático” el que ha instaurado Occidente en Libia.
¿Todo va bien en Libia? ¿Podrán los medios de comunicación continuar manteniendo sus mentiras?
Es cuestión de tiempo.
Liberación de todos los presos gadafistas de una prisión de Bengasi
Se informa que un fuerte contingente armado ha tomado por asalto la prisión del distrito de El Haouari en Bengasi liberando a todos los partidarios del líder Al Gadafi que allí se encontraban y que habían sido capturados durante la criminal ocupación de Libia por parte de la OTAN.
Los antimperialistas que han recuperado la libertad son de varias nacionalidades, libios y argelinos, entre otras, lo que muestra la constitución aún de forma embrionaria, de un frente antimperialista que agrupa a los pueblos de la región para rechazar la agresión de la OTAN. La detallada preparación de la operación ha evitado derramamiento de sangre y ha culminado con un éxito completo.
La operación evidencia la crisis y fracaso del “CNT” y de sus mentores de la OTAN en controlar elementos sustanciales del aparato estatal como las prisiones y, además, la operatividad de la resistencia en un territorio particularmente controlado por la OTAN.
Es evidente que las fuerzas patriotas verdes tiene como uno de sus objetivos prioritarios salvar de la tortura, cárcel y asesinato a valiosos cuadros civiles, militares, revolucionarios y tribales que están llamados a cumplir tareas relevantes en la nueva etapa de resistencia en que entra el país.
La ciudad de Bengasi ha sido puesta en estado de emergencia tras la noticia.
http://www.lahaine.org/index.
Publicado por Revista Libre Pensamiento
