Argentina: 24 de marzo, marcha hacia Plaza de Mayo. La consigna será "Son 30.000. Fue genocidio" // Loza: "Fue el poder económico el que armó este brazo para producir las desapariciones" // Giuliani: "A la embestida del poder dominante se le opondrá la fuerza del pueblo organizado" // Trabajadoras y Trabajadores de Télam homenajearon a Rodolfo Walsh // Una marcha para frenar los retrocesos // Claudia Korol: "Es evidente que las acciones del gobierno intentan borrar en nuestra conciencia colectiva lo que significó el genocidio" // Uruguay: El Serpaj rechazó el decreto firmado por Vázquez contra los piquetes // Malestar en el Frente con decreto antipiquetes
Argentina: 24 de marzo, marcha
hacia Plaza de Mayo. La consigna será "Son 30.000. Fue
genocidio"
23 de marzo de 2017
Marcha a 41 años del último golpe de Estado
El
viernes 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe
cívico-eclesiástico-militar de 1976, el Encuentro Memoria Verdad y
Justicia convoca a una concentración en Congreso a las 13:00hs, donde se
desarrollarán actividades culturales y habrá una radio abierta de la
Red Nacional de Medios Alternativos. A las 15:00hs comenzará la marcha
hacia Plaza de Mayo. La consigna de la jornada será "Son 30.000. Fue
genocidio". Por ANRed.
El próximo viernes, a 41 años del último golpe
de Estado, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) iniciará la
jornada a partir de las 13:00hs con actividades culturales que tendrán
lugar sobre la Av. de Mayo, entre Salta y el Congreso. Entre otros,
participarán el Movimiento de Murgas Independientes y el Colectivo Fin
de Un Mundo. Asimismo habrá Radio Abierta a cargo de la Red Nacional de
Medios Alternativos (RNMA). A las 15:00hs comenzará la marcha hacia Plaza de Mayo, donde se prevé llegar alrededor de las 16:30hs. Este año la consigna será "Son 30.000. Fue genocidio", en clara
respuesta a los dichos de varios funcionarios del actual gobierno y del
propio Presidente. En agosto del año pasado, Mauricio Macri calificó de "guerra sucia" a la última dictadura, al tiempo que afirmó que "no" tenía "idea si fueron 9.000 o 30.000" los desaparecidos porque, señaló, "es una discusión que no tiene sentido".
En enero de este año, la última provocación pública por parte de un
funcionario de Cambiemos fueron los dichos Juan José Gómez Centurión. El
actual titular de la aduana y ex carapintada negó que se haya
desplegado un plan genocida y la existencia de 30.000 desaparecidos: "8.000 verdades, 22.000 mentiras", sostuvo. En aquel momento, el EMVyJ remarcó: "no reconocer el carácter
genocida de la dictadura y su consecuencia de 30.000 compañeros
detenidos-desaparecidos para implantar un modelo económico y social, a
favor de los grandes monopolios y grupos de poder se ha convertido en
una necesidad para este gobierno que pretende despojar a nuestro pueblo
de sus organizaciones sociales y gremiales". El gobierno de Cambiemos también intentó que el 24 de marzo fuese feriado movible, pero -tras el repudio de gran parte de la sociedad y de los organismos de Derechos Humanos- Macri tuvo que dar marcha atrás. Las otras consignas que acompañarán la jornada serán:
Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy
No al ajuste, la entrega y represión de Macri y los Gobernadores
Perpetua a Milani. Cárcel a todos los Genocidas Información relacionada: Campaña de difusión: El 24 de marzo "Yo Marcho con el Encuentro"
Son 30 mil y fue un genocidio
Margarita Noia: “No tenemos que permitir que nos venzan, tenemos mucho por lo que luchar”
Viernes 24 de marzo de 2017
La CTA
Autónoma de Capital adhiere y convoca a participar este viernes 24 de
marzo de la Movilización hacia la Plaza de Mayo, a 41 años de la última
dictadura cívico-militar. La convocatoria será a las 13.00 horas en
Avenida de Mayo y Sáenz Peña, para comenzar a marchar a las 15.00.
“Esta marcha, además de para pedir como todos los años Memoria, Verdad y
Justicia, es para refrendar que fueron 30 mil los compañeros
detenidos-desaparecidos; que fue un genocidio, y que es para reafirmar
lo que venimos diciendo desde hace 41 años, que no nos reconciliamos. Ya
el Gobierno anterior miró en una etapa a ver si podía meter la
reconciliación, por suerte en ese momento todos reaccionamos a tiempo y
no fue posible, así que a este Gobierno hay que hacérselo saber también,
claramente llenando la Plaza de Mayo”, afirmó Margarita Noia,
Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Capital.
“Este viernes 24 de marzo la CTA Capital va a concentrar a las 13
horas en la esquina de Saénz Peña y Avenida de Mayo, donde estaremos
acompañando a distintas expresiones culturales hasta las 15.00, momento
en que empezaremos a marchar, tratando de poder estar en el escenario a
las 16.30 y a las 17.00 leyendo el documento”, detalló la compañera. Y
además agregó: “La CTA es fundamental, porque fue la primera Central de
Trabajadores que participó y estuvo presente desde un comienzo en estas
marchas”. Por último, Margarita Noia expresó: “Cuando nosotros decimos ‘Nunca
Más’ es nunca más a los golpes, nunca más a la persecución de
trabajadores -porque la mayoría de los detenidos y desaparecidos eran
trabajadores- porque cuando rompen la organización de los trabajadores
es solo cuando logran vencernos, y nosotros no tenemos que permitir que
nos venzan, tenemos mucho por lo que luchar”. Fuente: www.ctacapital.org
Son 30 mil y fue un genocidio
Peidro: "El pueblo va a impedir cualquier intento de retroceso en las conquistas democráticas"
El 2 de
abril de 1976, Martínez de Hoz dio su primer discurso. Durante dos
horas anunció a los argentinos los objetivos de la dictadura. Las
primeras medidas fueron congelar los sueldos de los trabajadores que
cayeron un 40%. También se eliminaron los controles sobre precios de
los productos básicos de consumo masivo y se promovieron las
importaciones con el claro fin de destruir la industria nacional. ACTA
habló con Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma y
ex detenido-desaparecido durante la dictadura, sobre este nuevo
aniversario del 24 de marzo. El dirigente dijo que "el pueblo va a
impedir cualquier intento de retroceso en las conquistas democráticas" y
llamó a movilizar a Plaza de Mayo. La Central concentra a las 13.30 en
Avenida de Mayo y Sáenz Peña.
-¿Cuáles son las reivindicaciones que llevarán los trabajadores este 24 de marzo a Plaza de Mayo? Primero,
creo que en este aniversario de la dictadura militar la movilización va
a ser masiva, incluso creo que más que en los últimos años. Es algo que
está en el ADN de nuestro pueblo y el contexto hace esperar que esto se
refuerce. Esto no sólo por el repudio al golpe sino también en homenaje
a aquellos compañeros cuyas vidas fueron arrebatadas por los genocidas.
Nuestra consigna es muy clara: Son 30 mil y fue un genocidio. -¿Qué opinión tenés sobre la política de derechos humanos del gobierno de Macri? Que
es evidente que tiene que destruir lo conseguido por el pueblo en estos
años. Tenemos que dar una respuesta contundente a la intención de los
funcionarios y de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad en
reescribir la historia y negar el genocidio. Con esta movilización vamos
a demostrar que tenemos memoria y que el pueblo va a impedir cualquier
intento de retroceso en las conquistas democráticas. Esto está afirmado
en años de lucha, de esfuerzo de nuestros compañeros, de nuestra clase
trabajadora y de nuestro pueblo en general. No nos van a poder doblegar. -¿Cuál es la respuesta de la Central? La
lucha por el respeto a los Derechos Humanos es constitutivo, está en
nuestra identidad y reclamamos históricamente memoria, verdad y
justicia. Exigimos cárcel común para los genocidas, militamos para que
los juicios continúen de manera que se esclarezcan las responsabilidades
y que haya condenas ejemplificadoras. -¿Cuáles son las deudas pendientes de la democracia? -
La deuda pendiente es determinar las responsabilidades de los civiles
que instigaron, financiaron o se beneficiaron con el golpe. Esta es
sintéticamente la postura de la CTA. Pero además y junto a esto,
seguimos sosteniendo las banderas históricas de nuestros compañeros
asesinados por la dictadura. Queremos tener una vida digna, es decir, de
gozar todas las garantías democráticas, tener un salario digno,
educación, vivienda, salud. Todo lo que el gobierno vulnera todos los
días. En este sentido ha sido nuestro triunfo que estén algunos genocidas
presos y seguir con los juicios. Pero es nuestro compromiso, a 41 años,
ir detrás de la Justicia hasta que el último responsable del genocidio
vaya preso. Nuestro homenaje a los compañeros caídos será hacer realidad
el sueño que ellos perseguían. La CTA se moviliza en todo el país y nosotros desde nuestro lugar marcharemos como cada año a Plaza de Mayo.
* Equipo de comunicación CTA Autónoma
Son 30 mil y fue un genocidio
Loza: "Fue el poder económico el que armó este brazo para producir las desapariciones"
En
entrevista con ACTA, Carlos Loza, querellante en el megajuicio Esma se
refirió al estado actual de los juicios, a la incansable lucha de los
organismos de derechos humanos y de familiares y al plan económico de la
dictadura que llevó a la desaparición de 30 mil compañeros y
compañeras, en su gran mayoría integrantes de comisiones internas o
cuerpos de delegados.
-¿Cuando hablamos de la causa Esma, es ex Esma o simplemente Esma? Para
nosotros es Esma porque para nosotros sigue siendo un campo de
concentración y como no hay ex Auswitch tampoco hay ex Esma. Además a
éste es al único al que se le llama ex, al Vesubio, La Escuelita o a La
Perla no se los llama así. -Contanos en qué estado está la causa. Los
juicios se siguen desarrollando a pesar de las presiones, estaban
programados con anterioridad y la presión de los organismos de Derechos
Humanos, los familiares, en cada lugar del país se están desarrollando y
hay como 12 o 13 juicios en simultáneo. Hace poco terminó uno en Campo
de Mayo. Entre los más grandes que se están desarrollando está el de La Perla,
en su etapa final. Comenzó otro de la unidad policial de Córdoba y el
otro grande es el del Operativo Independencia y el de la Esma. -¿Hay una intencionalidad política de frenarlos? Hay
una fuerte presión para desactivarlos y también está lo que nosotros
llamamos impunidad biológica que es el paso del tiempo, 41 años, hace
que los acusados padezcan enfermedades o hayan fallecido pero eso no
impide que los juicios deban desarrollarse. Son criminales y han estado
41 años impunes. En el caso de la Esma se está dilatando muchísimo, estamos en la
última etapa, la de los alegatos de las defensas. Queremos suponer que
antes de la feria de invierno va a haber una sentencia. Son 789 casos de
compañeros y han surgido como 200 casos nuevos. De los 68 procesados
han quedado 54 porque algunos han fallecido y otros por problemas de
salud han quedado desafectados. -¿Detrás de todo estaba el plan económico? No
es una situación homogénea, por ejemplo en Campo de Mayo donde existió
el mayor centro de concentración, todavía no hemos podido lograr que se
hagan causas por más casos. Se va por tramos, ya se va por el décimo
tercer juicio de pocos casos con los mismos represores de siempre.
Nosotros queremos dar un salto porque la responsabilidad primaria de
todos estos crímenes reside en el poder económico. Fue el poder
económico el que armó este brazo para producir las desapariciones de las
comisiones internas, de delegados, centros de estudiantes, todos
colectivos organizados fundamentalmente en las grandes empresas, el caso
de Blaquier es un caso emblemático, pero también de la Ford y otros. * Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma
Son 30 mil y fue un genocidio
Giuliani: "A la embestida del poder dominante se le opondrá la fuerza del pueblo organizado"
Este 24
de marzo se cumplen 41 años del golpe de Estado más sangriento de la
historia de nuestro país. La CTA Autónoma marchará de Ushuaia a La
Quiaca por Memoria, Verdad y Justicia y porque no se retroceda en todo
lo conseguido en estos años de democracia.
ACTA habló con el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
Autónoma y ex detenido político durante la dictadura, Juan Carlos
"Pipón" Giuliani, sobre el pasado y el presente de la organización de
los trabajadores y trabajadoras. -¿Cómo se organiza la CTA para recordar un nuevo aniversario del golpe del 76? La
CTA Autónoma marchará este 24 de marzo en todo el país para renovar
-como lo hacemos desde nuestra fundación- el reclamo de Memoria, Verdad y
Justicia. Fue la lucha del pueblo, y en particular de los trabajadores y
los organismos de derechos humanos, la que obligó a los militares a
gobernar nuestro país por mucho menos tiempo que sus pares de Brasil,
Uruguay y Chile; la que logró que por primera vez en la historia
contemporánea los vencidos sentaran en el banquillo de los acusados y
condenaran a los vencedores en el Juicio a las Juntas y que se derogaran
las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La derrota en la
Guerra de Malvinas precipitó la huida de los militares del poder. Pero
hacía ya bastante tiempo -con los calamitosos resultados económicos,
sociales, políticos y culturales a la vista-, que carecían de consenso
social y nadaban en el mar del desprestigio. Resulta una simplificación
histórica adjudicar al desastre de Malvinas la causa fundante y
excluyente del cese de la dictadura y la reinstauración democrática.
Implica, además, desconocer la innegable resistencia del pueblo a la
tiranía oligárquico-militar. -¿Qué logros se han obtenido desde el campo popular en relación a los juicios? La
reciente detención del ex jefe del Ejército, general César Milani,
acusado de delitos de lesa humanidad, es fruto de la lucha incansable de
nuestro pueblo para que se haga justicia y no quede impune el
genocidio. Y aunque los juicios avanzan con lentitud permitiendo que
muchos de los criminales mueran antes de ser condenados o que varios de
ellos gocen de prisión domiciliaria en lugar de estar en cárceles
comunes, lo cierto es que todo lo que se ha hecho en estos últimos 33
años en materia de derechos humanos es resultado del inalterable
compromiso popular en reconocer esa resistencia, rescatar la memoria de
los 30 mil ausentes, que padecieron el martirologio por su identidad con
un proyecto de liberación y por la convicción de que nunca más reinará
la impunidad. -A grandes rasgos, ¿cuáles son las políticas de derechos humanos de este Gobierno? ¿Se puede decir que se está retrocediendo? Desde
que asumió, en diciembre de 2015, este gobierno de Macri se ha dedicado
a denostar los valores que dan sustento a la causa de la defensa de los
derechos humanos; ha avasallado los derechos y conquistas de los
trabajadores y se ha propuesto blindar la impunidad que protege a las
minorías del privilegio actuando como un abanderado del revanchismo
patronal. Cada uno de esos intentos por tergiversar la historia, preñar
de angustia el presente e hipotecar el futuro, ha encontrado –y seguirá
encontrando- una fuerte y decidida resistencia de parte de nuestro
pueblo. El Macrismo ha pretendido sucesivamente negar el genocidio de la
dictadura cívico-militar reflotando la Teoría de los dos Demonios;
cuestionar que hayan sido 30.000 militantes populares los
detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado; y modificar el
Feriado del 24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Claramente desde el poder se baja un discurso que pretende a retroceder
el reloj de la historia, aunque la resistencia popular no se lo
permite. -Respecto del campo popular, ¿se puede decir que hay un
fortalecimiento en relación a las luchas contra lo que fue el terrorismo
de Estado? El
campo popular está avisado de los intentos oportunistas de malversar el
contenido de esta causa. Por eso, a la embestida del poder dominante se
le opondrá la fuerza del pueblo organizado. Este 24 de Marzo, sin duda
alguna, será escenario de una de las manifestaciones más imponentes de
nuestro pueblo que llenará las calles y plazas de todo el país para
seguir reivindicando el ideario por el que vivieron, militaron y
murieron nuestros compañeros y para gritar bien fuerte que queremos una
Patria para todos y que sin trabajadores no hay Patria. -¿Entonces? Que
el discurso oficial, los funcionarios del Gobierno y los plumíferos del
régimen lo cuenten como quieran, pero para nosotros, los trabajadores,
son 30 mil los detenidos-desaparecidos y fue un genocidio.
* Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma
Son 30 mil y fue un genocidio
Marcha en Posadas contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy
La
concentración está prevista para las 9.00 en el Mástil Municipal en
Posadas. La marcha pasará por los lugares que funcionaron como centros
de detención y torturas. El cierre será con un acto con presencia de
sobrevivientes, familiares de víctimas y referentes sociales, gremiales y
partidarias.
La tradicional marcha del 24 de marzo convocada por movimientos
sociales, centrales sindicales, organizaciones partidarias tendrá lugar
este viernes a partir de las 9.00 en Posadas, Misiones. La concentración se prevé en el Mástil Municipal para después marchar
hacia los distintos lugares que fueron parte del aparato represivo del
Estado que secuestro, torturo y asesinó durante esos años. “Se acordó continuar con la tradición de realizar actos y acciones
independientes de los gobiernos de turno, como expresión de la
continuidad de la lucha popular, que en estos días se expresa en la
lucha docente, en el reclamo de los trabajadores estatales, los
desocupados, en el repudio de las múltiples formas de represión que
vemos hoy a 41 años de aquel golpe”, destacó, desde la CTA-A, una de
las convocantes de la marcha. Las organizaciones convocantes destacaron la importancia de recordar
esta fecha como un acto de memoria, reivindicando las banderas de los 30
mil desaparecidos, los cientos de miles de perseguidos y denunciando
las consecuencias palpables hoy del modelo económico que se instauró con
ese golpe. “Esta marcha se da en un contexto de profundización del ajuste de
Mauricio Macri, Hugo Pasalacqua, representantes directos de la
oligarquía y el imperialismo que recaen sobre los trabajadores y los
demás sectores populares”, apuntaron. Son convocantes CTA-Autónoma de Misiones; CCC; ATE; Sindicato de
Trabajadores de la Prensa y la Comunicación; Movimiento Patria Grande;
Partido Unidad Popular; Partido de los Trabajadores y del Pueblo; PCR;
FJP; La Poderosa-Misiones. Son 30.000 los desaparecidos. No olvidamos ni perdonamos. Cárcel a Milani y todos los genocidas.
* Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTA Autónoma de Misiones
A 41
años del golpe genocida, la CTA Autónoma participa y convoca a
actividades en toda la Provincia de Santa Fe. En diversos puntos la
Central reclamará por el respeto a los derechos humanos; por la
continuidad de los juicios a todos los responsables de la dictadura
cívico militar; por cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas;
por la libertad a los y las presas políticas; contra la Ley
Antiterrorista; y por el cese de los despidos, la represión y el ajuste,
entre otros puntos.
Este aniversario del inicio de la última dictadura encuentra a la masa
trabajadora fuertemente movilizada. Desde inicios de marzo, diversas
protestas poblaron las calles del país y el 24 de marzo parece ser parte
de ese enorme cauce de movilización unitaria. En consecuencia, se
espera que este año sea más masivo que los anteriores, que ya de por sí
sorprendieron por la enorme concurrencia de la población. En un marco de ajuste, despidos, suspensiones, represión, parece
continuar aquello que denunciara el periodista Rodolfo Walsh: la miseria
planificada. Justamente se cumplen 40 años de aquel invaluable
documento histórico que es la Carta Abierta de un Escritor a la Junta
Militar, redactada por Walsh y publicada el 24 de Marzo de 1977 y que
generaría la posterior persecución y desaparición del militante y
periodista que supo entre otras cosas ser parte de la CGT de los
Argentinos y fundador de Prensa Latina y Ancla. Por eso la CTA Autónoma
Provincia de Santa Fe lanzó una campaña de Memoria y Difusión con la
impresión de miles de ejemplares de la Carta Abierta a la Junta que
circulan por toda la provincia. La mayoría de los desaparecidos y desaparecidas eran delegados/as de
base. La dictadura cívico-militar apuntó a ese segmento fundamental para
el control de la clase obrera y el impedimento de desplegar la
democracia sindical. Hoy, en menos del 13% de los establecimientos hay
delegados obreros y esa falta de representación genera, ni más ni menos,
pérdida de derechos que redunda en mayor ganancia para los poderosos de
siempre. Mucha lucha gestó el pueblo, lleno de valentía y convicción, para
lograr que Argentina fuera señera a nivel internacional por poner en el
banquillo a los genocidas. Pero sólo una porción de ellos ha recibido
condena, el avance sobre la investigación de los responsables del sector
empresario se dificulta más en el contexto actual y se multiplican los
beneficios de prisión domiciliaria para los condenados. La CTA Autónoma
sigue exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los
genocidas y reclama por la apertura y sostenimiento de las
investigaciones que ponen el foco sobre los responsables militares,
civiles y eclesiásticos. Hay 30 mil razones para seguir marchando, luchando, construyendo
fuerza popular organizada. Por eso la Central invita a las siguientes
actividades en la Provincia: #SantaFe: La CTA-A junto a la Multisectorial de
Derechos Humanos, se movilizará desde las 10.00 horas, desde Plaza del
Soldado a Plaza de Mayo, donde a las 10.30 horas se realizará el acto
central “contra la corrupción y la impunidad de ayer y de hoy”. #Rosario: La CTA concentra a las 16.30 horas en la esquina de Moreno y Santa Fe para sumarse a la masiva marcha. #VillaConstitución: Vigilia en Plaza de la Constitución, desde las 21.00 horas del 23 de Marzo. Convoca ATE Villa Constitución. Fuente: www.ctasantafe.org
* Equipo de Comunicación de la CTA Santa Fe
Son 30 mil y fue un genocidio
Trabajadoras y Trabajadores de Télam homenajearon a Rodolfo Walsh
A continuación, compartimos el comunicado de la comisión Gremial interna de la Agencia Télam.
“Las
trabajadoras y trabajadores de Télam realizaron un homenaje a la figura
del militante revolucionario, escritor y periodista Rodolfo Walsh. El
hall de la planta baja del edificio de Avenida Belgrano ahora lleva su
nombre. La Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (SiPreBa) descubrió una placa alusiva en conmemoración con el
41er. aniversario del golpe cívico-militar y los 40 años del asesinato
del escritor. "La ceremonia se realizó en la Agencia con la participación de Taty
Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y madre
de Alejandro Almeida, uno de los tres trabajadores de la Agencia
detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado. Célica Gómez y
Héctor Jesús Ferreiros fueron los otros dos compañeros recordados. También estuvieron en el acto el secretario General del Sipreba,
Fernando "Tato" Dondero; el secretario de Derechos Humanos del
sindicato, Tomás Eliaschev; y la académica Natalia Vinelli, autora de
algunas de las investigaciones más exhaustivas sobre la obra de Walsh.
También se hizo un reconocimiento a las compañeras desaparecidas en el
período 76-83. El escritor, asesinado el 25 de marzo de 1977, fue el protagonista de
algunas de las experiencias más importantes de la historia periodística
argentina; entre ellas, dirigió el Semanario de la CGT de los
Argentinos, la agencia de noticias ANCLA y el proyecto Cadena
Informativa. También fue corresponsal de Prensa Latina, la agencia
fundada en 1959 por los líderes de la Revolución Cubana. Desde allí
descifró un cable que contenía información encriptada sobre un
desembarco armado en Playa Girón enviado por del gobierno
estadounidense, que permitió al gobierno revolucionario prepararse en la
resistencia a la invasión. Como escritor y como periodista, Walsh es un exponente del periodismo
documentado, riguroso, basado en el testimonio crudo, directo y
atravesado por una narrativa poderosa, lejano al ideario liberal de las
"dos campanas" que promueve la ficción de una neutralidad inalcanzable.
Los trabajadores defendemos ese ejemplo y asumimos esa tradición en
nuestra práctica periodística". Fuente: www.sipreba.org * Equipo de Comunicación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
Son 30 mil y fue un genocidio
Córdoba: El compromiso militante y sus representaciones en la narrativa periodística
En el
Centro de Documentación del Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) se realizó el martes por la noche
la charla-debate en el marco de las actividades por la Semana de la
Memoria.
“El terrorismo de Estado y sus continuidades. Historias de represión,
memorias y represión", fueron los temas de análisis a partir de los
libros escritos por los periodistas Alexis Oliva (Todo lo que el poder
odia – Una Biografía de Viviana Avendaño (1985-2000) y Ana Mariani y
Alejo Gómez Jacobo (La Perla. Historias y testimonios en un campo de
concentración). Los panelistas abrieron la charla en torno al compromiso militante,
las memorias, sus representaciones y las narrativas periodísticas tras
lo cual se generó un enriquecedor debate a partir del discurso del
Gobierno de turno, concentrado en desmitificar las consecuencias del
Terrorismo de Estado y en instalar un relato social sobre la supuesta
existencia de dos demonios en el pasado y su continuidad en la
actualidad. En
ese marco, los libros “La Perla. Historia y testimonios de un campo de
concentración” y “Todo lo que el poder odia” son investigaciones que
profundizan, a nivel macro y micro, la voracidad en Córdoba del terror
estatal, ejemplificado con la existencia del centro clandestino más
grande del interior del país, y con la historia particular de Viviana
Avendaño, uno de los símbolos destruidos ayer y vueltos a erradicar hoy
por un poder concentrado y negador de la historia. La presentación de la actividad estuvo a cargo de la secretaria de
Cultura del Cispren, Ximena Cabral, y contó con la asistencia del
secretario General del gremio, Carlos Valduvino, entre otros integrantes
de la Comisión Directiva, como así también compañeros de organizaciones
de Derechos Humanos y estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Fuente: www.prensared.org.ar
La
causa por la complicidad de directivos de Ford con delitos de lesa
humanidad está lista para ser debatida desde 2014. En enero pasado
sufrió una nueva suspensión. La Cámara de Casación Penal reclamó que se
determine cuándo comenzará.
La Cámara Nacional de Casación Penal urgió al Tribunal Oral Federal 1
((TOF) de San Martín a que fije “en lo inmediato” fecha de realización
del juicio contra ex directivos de Ford imputados por el secuestro de 24
trabajadores de la planta de Pacheco, en el norte del Gran Buenos
Aires, durante la dictadura. La causa está lista para ser debatida en
juicio oral y público desde 2014. En enero pasado, el TOF 1 suspendió
por segunda vez el debate, que iba a realizarse este mes. Junto con la
Secretaría de Derechos Humanos, la querella que representa a los obreros
presentó un recurso de reposición para pedir a los jueces que declinen
la suspensión. Aún aguardan respuesta. El representante de la querella, Tomás Ojea Quintana, calificó como
“reprobable” la demora en el inicio del juicio y responsabilizó a la
Justicia. “Un juicio que desde 2014 está en el tribunal para que se
lleve a cabo es reprobable que aún no haya sucedido. Uno de los tres
procesados ya falleció y las víctimas son gente de mucha edad y están
muy enfermos, con lo cual es claro el impedimento de hacer justicia”,
apuntó en diálogo con este diario. En uno de sus pasajes, la resolución de la sala II de la Cámara de
Casación que urgió a los jueces de San Martín a ponerle fecha al debate
insistió en la misma línea que Ojea Quintana, al hacer hincapié en que
en tres años el debate fue suspendido dos veces y “todavía las víctimas y
los familiares de la causa siguen esperando ansiosamente un juicio”. Los camaristas Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar
resolvieron un recurso de amparo presentado por la Secretaría de
Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a propósito de la
segunda suspensión que el TOF 1 de San Martín realizó del debate, que
debía haber comenzado el 14 de marzo pasado. Los camaristas rechazaron
el recurso, pero urgieron al TOF 1 “a agilizar el trámite y realizar los
debates en los distintos tramos elevados a juicio, originados en la
causa Nº 4012 ‘Campo de Mayo’”, entre ellos el que investigó los
crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de la Ford. En el mismo sentido, la Sala II recordó “la vocación aplicativa de lo
dispuesto por esta Cámara en la Acordada Nº 1/12, en orden a la
necesidad de realizar la justicia bajo resguardo del debido proceso, en
el menor tiempo posible y teniendo en cuenta las características que
revisten causas de lesa humanidad como la especie”. Los hechos por los que están imputados ex directivos de Ford fueron
denunciados incluso durante la vigencia de las leyes de impunidad y en
2002 el fiscal Félix Crous pidió la apertura de la causa, pero pasaron
más de diez años hasta que la Justicia procesó a tres directivos, uno de
los cuales falleció el año pasado sin ver el comienzo del juicio. “El tribunal suspendió el juicio con argumentos no válidos”, apuntó
Ojea Quintana. Cuando fijó el 14 de marzo como nueva fecha de inicio,
tras la primera suspensión, “no dijo nada de los otros juicios que debía
afrontar, ni las prisiones preventivas que debe atender, como expuso en
enero cuando suspendió el de Ford”, continuó el abogado. “Este es un
juicio que no puede esperar”, añadió. En la causa se investigó el funcionamiento de un centro de detención
clandestino dentro de la planta de Ford en Pacheco, uno de los casos
emblemáticos de la responsabilidad empresarial en crímenes del
terrorismo de Estado. Los secuestros en la Ford se produjeron por
“oleadas” desde el 24 de marzo, se extendieron durante unos dos meses y
abarcaron a delegados gremiales y otros trabajadores que, en su gran
mayoría, pasaron por el “quincho” de la Ford y luego por un circuito
represivo que incluía la comisaría de Tigre. Fuente: Ailín Bullentini; pàgina 12
A 41 años del último golpe de Estado, los organismos de derechos humanos convocan a marchar a Plaza de Mayo
Una marcha para frenar los retrocesos
Uno de los mensajes importantes de la jornada es la reivindicación de los 30 mil desaparecidos. “El
mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”,
es una de las consignas de la movilización, que será también respuesta a
las voces negacionistas y al retiro del Estado de las políticas de
Memoria, Verdad y Justicia.
Por Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg
Detrás
de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de
organismos de derechos humanos, avanzará hoy por avenida de Mayo, en
primera línea, el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Esa será una
de las consigna centrales de la marcha de este 41 aniversario del último
golpe de Estado. Lo seguirán las columnas sindicales, el movimiento
obrero con protagonismo de las juventudes de la CGT, que también tuvo un
lugar central el año pasado, tras las primeras olas de despidos del
gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha.
Paremos la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres
de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Se trata de un
reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que perciben
como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la
vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo
secuestro se cumplen mañana 40 años. Otro de los mensajes importantes de
la jornada es la reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la
reafirmación de que aquí se cometió un genocidio. Es la respuesta a la
avanzada que quiere destruir los consensos sociales acerca de lo que
significó el terrorismo de Estado, en un contexto de retiro del Estado
del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y cuando el país vuelve a ser
convocado por los organismos internacionales defensores de los derechos
humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas de detenidos
políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales.
A
un año y tres meses del gobierno de Cambiemos, las convocatorias de
este 24 de marzo (Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS convocan a las 14 a
Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda y el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia a las 15 a Congreso) aparecen como respuesta a las
políticas públicas del gobierno en el amplio campo de vulneración de
derechos. También como un escenario que se afilia a las enormes
movilizaciones de los últimos meses, pero que muestra una dinámica
propia del movimiento de derechos humanos. Para algunos, hay un proceso
que está instalado en la sociedad, que tiene muchos años, está
consolidado y por eso no tiene marcha atrás. Pero también hay un
movimiento que sale a la calle para sostener lo que hasta ahora parecía
etapa superada pero ahora peligra: la institucionalización del proceso
de justicia y las políticas públicas del Estado en ese área.
“Hay una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dice Jorge
Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
“Cuando los organismos de derechos humanos vuelven a necesitar la calle
para instalar un reclamo que parecía cerrado aparece una bisagra que
habla de que cómo esto salió de la agenda del gobierno”. Ese diálogo entre el retraimiento del Estado y la calle, también en
el campo de los derechos humanos, es una marca del presente. Pablo
Llonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica
que allí hay un punto esperanzador. “Quieren joder, pero no pueden. Los
juicios siguen. Las investigaciones siguen, hay más genocidas
denunciandos, pistas para buscar desaparecidos y nietos. Es cierto que a
todo esto quieren ponerle un pie encima, pero los intentos de quienes
prueban distintas herramientas para frenar a los juicios, fracasan. Ya
sea que se llame resistencia o por el mantenimiento firme de las
familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella reacción
de los trabajadores del diario La Nación cuando repudiaron el editorial
que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las baldosas
y las marcas que siguen haciéndose. Eso lo van a querer frenar, pero
evidentemente no han podido”. Episodios como la marcha atrás del Gobierno con el DNU que
trasformaba el 24 de marzo en un feriado turístico parecen mostrar que
hay ciertos grandes pisos de consensos que son aún más grandes de lo que
se perciben. En eso piensa Gastón Chillier, director del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando menciona la rebelión de
intendentes, gobernadores y hasta de voces dentro de la propia alianza
de gobierno. “En ese episodio se vio que hay muchos anticuerpos que
generó el movimiento de derechos humanos, pero también toda la sociedad -
dice– Hay pisos muy altos y consolidados de consenso de la sociedad
argentina, pero también hay un reconocimiento de la comunidad
internacional sobre Argentina por este proceso. Eso quedó muy claro para
el propio gobierno el año pasado con la visita de Barack Obama cuando
Macri tuvo que salir a las corridas a organizar una reunión con los
organismos. La clase política también es consciente de eso” (ver página
4).
Para atrás
Si una de los datos centrales del ciclo que concluyó en diciembre de
2015 fue el de un alineamiento de los tres poderes del Estado en el
impulso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que siguió es
un franco retroceso. Las políticas públicas en esa línea salieron de la
agenda, o en el mejor de los casos permanecen en estado marginal. Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área
de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el
sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: coordinación
de huellas, el Grupo Especial de asistencia para casos de apropiación de
niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación
de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes
centrales en las causas judiciales como “vuelos de la muerte”. Los
Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de
Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron pero
no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron
actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones
ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de
archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y
aún no saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de
investigación tuvo correlatos. El expediente por la candidatura del
Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Histórico de la Humanidad de la
Unesco estuvo en un cajón detenido entre febrero y octubre. El
Ejecutivo no entregó partidas para la preservación del edificio ordenada
por la justicia, dado que es prueba judicial. En el espacio de los
juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas en
distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos:
impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del
juez Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera
de Noble y, entre otros, Bartolomé Mitre. Las primeras líneas del
gobierno alentaron los arrestos domiciliario de represores que estaban
detenidos en cárceles comunes. Se derogó el decreto que prohibió la
atención de represores en los hospitales militares y volvió a habilitar
la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un predio del Ejército,
considerado parte del sistema de cárceles especiales que años atrás
provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de testigos
quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo
encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden
impunidad para los represores. También es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos
el gobierno obtuvo el acceso a parte de los archivos de inteligencia de
Estados Unidos cuyo análisis aún no arroja resultados significativos y
archivos de Francia. Que la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi), creada durante el gobierno de Carlos Menem a
instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con su trabajo. Pero
uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del discurso.
Con un presidente que habla de “guerra sucia” y al que nunca se le
escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso
a conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José
Gómez Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar
que la última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de
desaparición de personas y de apropiación de niños. Como puntas de
lanza, junto con algunos comunicadores, de la tarea de desprestigiar a
Madres, Abuelas y Familiares y otros referentes de organismos de
derechos humanos, que son las voces que representan al país ante el
mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá de cualquier
gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del desfile
del 9 de Julio con los militares carapitandas. Escenas que suelen
concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de
otro funcionario) y corrige lo incorregible. “El negacionismo es la batalla cultural más importante de los
próximos tiempos. Existe un mecanismo de des-historizar al servicio del
presente: aquello aparece como una exacerbación de la grieta, un
problema de intolerancia entre argentinos, cuando en realidad la
dictadura no fue producto de la intolerancia sino una respuesta
impiadosa del imperialismo para detener la avanzada de una lucha por
otro país y otra región”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de
Familiares de Zona Norte.
Antídotos
Uno dato de este año fue el cambio en la dinámica de comunicación
entre actores del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La mesa de
organismos de derechos humanos, con trece organizaciones, comenzó a
reunirse el año pasado, primero mensualmente y luego semanalmente.
Diseñaron una red de comunicación de correo para tener a mano mecanismos
de consensos rápidos y respuestas inmediatas ante las malas noticias.
Las y los abogados de las causas de lesa humanidad se organizaron en
2011 como colectivo, pero en 2016 comenzaron a organizar un modo de
datar los retrocesos y presentaron por primera vez un informe a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para pedir una audiencia “ante el
nuevo escenario político tras la asunción del nuevo gobierno nacional
(en el que) se advierten algunas luces de alarma y preocupación que no
pueden dejar de señalarse y corregirse”. También catorce autoridades de
las secretarías de derechos humanos de distintas provincias generaron
con un espacio para consensuar comunicados en clave de alerta. En ese
universo, también puede pensarse al Comité por la Libertad de Milagro
Sala, que nació en marzo de 2016 con un nombre que intentó situarla como
detenida política y buscó pensarse como herramienta de comunicación en
el escenario internacional. “Hay cuestiones simbólicas, como el desfile del 9 de julio, que al
mismo tiempo reflejan las posiciones de lo que no se ve, que es una
política de Estado que marque el rumbo sobre el proceso de Memoria,
Justicia y Memoria. Pero ante esa falta, hay intersticios. No hay
posición única en el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, el principal
activo de estas políticas es el consenso social. Es la línea sobre la
cual la sociedad argentina decidió trazarla y no retroceder”, asegura
Chillier.
El estado de los juicios por crímenes de lesa humanidad
En tribunales, claroscuros
Por Alejandra Dandan y Victoria GinzbergPÀGINA 12 - 24 de marzo de 2017
Dentro
de la dimensión judicial hay que decir que los juicios siguen en
marcha. Y continúa un proceso que expandió las fronteras temporales de
la dictadura con condenas por crímenes previos a 1976, como en Mar del
Plata. Concluyó el juicio del Plan Cóndor, que dictamino por primera vez
a nivel jurídico la existencia de una asociación criminal entre los
países de la región y concluyó el juicio de La Perla con 28 condenas a
perpetua y una movilización histórica en las calles. También se condenó a
Marcos Levin, primer empresario juzgado por su responsabilidad con la
dictadura. Pero pese a los avances, los últimos años muestran también
retrocesos pronunciados y preocupantes. La Cámara de Casación Penal
anuló las condenas del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en
Catamarca con un fallo que justificó los crímenes con el regreso de la
teoría de los excesos. Otra resolución suspendió un juicio oral ya en
marcha Santiago del Estero en el que se juzgaban por primera vez a
integrantes del poder judicial provincial.
“Aparecen votos de jueces que absuelven e imponen miradas casi
justificatorias del terrorismo de Estado o hasta criterios que en rigor
responsabilizan a las víctimas en los crímenes que sufrieron. Se dio,
por ejemplo, en el caso de la apropiación de Manuel Gonçalves, donde se
responsabiliza a su madre”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza
de Mayo.
La dimensión de la responsabilidad económica es la más atrasada. El
juez Julián Ercolini ordeno el sobreseimiento de los imputados de Papel
Prensa. En diciembre, además, se suspendió nuevamente el inicio del
juicio por los trabajadores de la Ford, una investigación que se inició
en 2003. La postergación llegó incluso luego de que un acuerdo de la
Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal Oral Federal
1 de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Los
jueces se pusieron en pie de guerra. Y ante la nueva presidencia dijeron
que preferían seguir también con otros juicios. Esta semana, Casación
les reclamó que pongan fecha de inicio del juicio. La jurisdicción es en
este momento una de los más conflictivas: tiene 21 causas que esperan
el juicio. Los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, de diciembre y marzo, muestran una desaceleración de los
juicios. Hubo menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos
imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de
detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, una tendencia
notada en diciembre de 2016 que se profundiza a marzo de este año. La
falta de jueces para abastecer tribunales en procesos que siguen activos
porque cada juicio produce nuevas pruebas y nuevos imputados, ha
generado además un cuello de botella con investigaciones más lentas.
Actualmente son mas los imputados libres (1149) que los detenidos
(1044). Entre los detenidos, el 48 por ciento (518) está en arresto
domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio
penitenciario federal o provincial. Los juicios registraron una baja en los ritmos. En algunos casos
por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como ESMA
Unificada, una megacausa que lleva cuatro años de debate en el que aún
no se avisora fecha de sentencia. “Sólo el 25 por ciento de aquellos que
han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus
sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes
es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.
“Cabe señalar -agregó– que el desaceleramiento del proceso de justicia
resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el
tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse
de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los
hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos,
víctimas e imputados) tienen edad avanzada. Además del desaceleramiento
del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos
avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de
delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios
judiciales”. El cuestionamiento alcanza también a los integrantes de una Corte
que lideró un proceso de justicia modelo en el mundo y en 2008 creó la
Comisión Interpoderes para monitorear y acelerar las causas. Pese a que
existió una reunión en septiembre, la Comisión Intepoderes está
praæticamente desactivada. Los jueces no generaron aún un programa para
planificar el modo de continuar con los juicios, uno de los reclamos de
los organismos. Ni aceleraron el ritmo de revisiones de sentencias.
Recién esta semana, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de
Estado, la Corte pidió a Casación un informe sobre el estado de los
expedientes de lesa humanidad. Y confirmó dos sentencias. En ese
contexto, también preocupa que hasta aquí, la más importante decisión de
la nueva composición de la Corte respecto de las causas vinculadas a
represores es un fallo que estrictamente no está vinculado con este
universo de expedientes pero generó alarma entre abogados y
especialistas en derechos humanos. Fue la resolución dictada en el caso
Fontevecchia, en el que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon,
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aseguraron que los tribunales
locales no están obligados a cumplir un fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Sólo Juan Carlos Maqueda respetó la jurisprudencia
de esa misma Corte (con su anterior composición), que señalaba la
responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos.
El fallo fue leído en clave de Milagro Sala, ya que su detención está
siendo impugnada por organismos internacionales, pero le sirvió de
argumento al defensor de Santiago Omar Riveros, en el último juicio de
San Martín, para pedir la anulación de todo el proceso, algo que no fue
concedido por el tribunal. “Es responsabilidad de la Corte evitar un escenario como el de 2007
y 2008, cuando el entonces juez de Casación Alfredo Bisordi frenaba
todos los juicios. Una buena noticia fue que en el oficio que mandaron a
Casación esta semana pidiendo informes firmaron los cinco jueces. Pero
la Corte tiene que fijar los criterios y delimitar el alcance preciso de
la actuación de Casación, revocando aquellos fallos donde se tomaron
decisiones que estaban vedadas para ese tribunal, porque no eran materia
de recursos. O revocando los fallos que fijen criterios que apunten a
responsabilizar a las víctimas en vez de los victimarios, como es el
caso de la masacre de Capilla del Rosario”, dice Iud.
Crónica de otra fuga
Por Hugo SorianiPÀGINA 12 - 24 de marzo de 2017
La
película se llamó Crónica de una fuga, la dirigió Adrián Caetano, se
estrenó en abril de 2006 y es la adaptación del libro Pase Libre, de
Claudio Tamburrini, uno de los protagonistas del hecho. En ella se
relataba la huida de Claudio y otros tres secuestrados de un centro
clandestino de detención que funcionó en Morón y que se conoció con el
nombre de La Mansión Seré. El film hizo famosa aquella fuga. Pero hubo
otra. En la esquina porteña de Venancio Flores y Lacarra, frente a las vías
del ferrocarril Sarmiento y a dos cuadras de la estación Floresta,
funcionó entre mayo y noviembre de 1976 un centro clandestino por donde
pasaron más de 300 detenidos. Conocido como Automotores Orletti, fue la
base de operaciones del llamado Plan Cóndor, una estrategia de represión
global que coordinaban las dictaduras de Argentina, Paraguay, Chile,
Bolivia, Uruguay y Brasil. En ese lugar el general Otto Paladino, entonces jefe de la SIDE,
junto a la banda de la triple A liderada por Aníbal Gordon, Eduardo
Ruffo y el general uruguayo Nino Gavazzo, secuestraron, torturaron,
mataron y robaron todo lo que pudieron, hasta que un descuido y la
audacia de dos militantes los sorprendió una mañana de noviembre de
1976. Norma y José militaban en las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación),
una de las organizaciones políticas de izquierda que se fundó a fines de
1968. Eran una pareja que tenía casi todo en común, hasta el barrio donde
habían crecido. Los dos eran de Avellaneda, pero ella hincha de Racing y
él de Independiente, diferencia que los unía en la pasión futbolera y
en las bromas después de cada partido, festejando triunfos y lamentando
derrotas de sus colores queridos. En una casa de Haedo, ya clandestinos, comienza el drama. Hasta allí
llegan las fuerzas represivas luego de ubicar y secuestrar al hermano de
José, a su cuñada embarazada y a su padre. A pesar de que ninguno de
los tres tiene militancia política, los llevan a Orletti y los torturan
salvajemente hasta que logran la dirección que necesitan. Cuando llega la patota, en la casa están la mamá de Norma con sus dos
nietas pequeñas, hijas de Norma y de José. Interrogan y golpean a la
abuela, mientras esperan la llegada de la pareja. La que llega primero es Norma, la reducen a golpes y algunos se van
con ella a Orletti, mientras los otros se quedan esperando a José, que
vuelve por la noche y se traba en una pelea con los asesinos hasta que,
entre cuatro, logran dominarlo y meterlo en el baúl de un auto. Cuando José llega a Orletti ya están ahí su padre, su hermano, su
cuñada y su mujer, que cuelga de una viga del techo, en la planta alta
de ese taller que es una sucursal del infierno. Alcanza a ver a su padre
tirado en un rincón, destruido por las torturas, y oye los quejidos de
su hermano en otra celda cercana de la misma planta. Los torturadores se ensañan con Norma que, colgada y lastimada, ve
también a sus familiares agonizar en Orletti. Hasta que se hace la hora
de cenar y los asesinos, hambrientos, deciden hacer una pausa. Tienden la mesa en otro cuarto, casi al lado suyo, comen, toman mucho
vino y de vez en cuando alguno se acerca a castigarla. Escucha sus
risas, sus voces, sus gritos de borrachos, hasta que no oye nada más,
sólo los ronquidos de las bestias durmiendo su borrachera. Norma siente las ataduras flojas en sus muñecas y se decide. Está
jugada. Con sus últimas fuerzas tira, se desata y cae al suelo. Alcanza
las llaves de las esposas que cuelgan de un gancho en la pared y busca a
su marido. Lo encuentra, lo libera y los dos toman las armas que los
borrachos dejaron apoyadas en una columna. Hay un fusil y una
ametralladora que ella no sabe manejar pero José sí. Tira a ciegas la primera ráfaga de FAL y sacude la cortina de
arpillera que hace de puerta de la sala donde duermen sus captores. Tira
dos, tres ráfagas y se le traba el fusil. No importa, hay que escapar,
deja el FAL y sigue tirando con la ametralladora. Los guardias vuelcan
una mesa y se protegen detrás de ella. No se atreven ni a asomarse. José
se acerca a su padre, pero el hombre no puede moverse: “Vayansé
ustedes chicos, por favor vayansé”, ruega, casi le ordena su papá. El
hermano está inconsciente y a su cuñada no la encuentra. Mientras sigue
disparando la metralleta libera a otro compañero que prefiere no sumarse
a la acción. Norma se escuda en su marido, pero una bala le atraviesa
el hombro. Los dos desnudos bajan por la escalera. Otra ráfaga y la
huida desesperada de un guardián les muestra la puerta de salida que no
podían ubicar. Con las fuerzas que les quedan salen a la calle. Enfrente
están las vías del Sarmiento, las cruzan justo antes de que pase un
tren que detiene al resto de la patota. El tren los separa y les da los
segundos necesarios. Doblan por Emilio Lamarca y a mitad de cuadra
encuentran un camión de una empresa de entregas postales. Le sacan las
llaves al chofer, que no opone resistencia frente a esos a dos fantasmas
sangrantes, y se van. Se van. Se van. Son las ocho de la mañana del 3 de noviembre de 1976 y acaban de escaparse del infierno. José lleva a Norma a un refugio seguro donde curan sus heridas y
luego prepara el regreso, junto a un grupo de compañeros, para copar
Orletti y liberar a los que allí quedaron. Pero llegan tarde. La banda
de Paladino y sus secuaces desmantelan el chupadero al día siguiente de
la fuga. Las marcas de las balas pueden verse hasta hoy en las paredes de
Orletti. Los guías cuentan la historia de la fuga a quienes visitan ese
centro clandestino de detención, convertido en Museo de la Memoria, y
los vecinos de esa cuadra de Floresta también evocan aquella mañana de
noviembre, cuando los despertaron los tiros y vieron a una pareja cruzar
desnudos y heridos las vías del Sarmiento. Norma sobrevivió y delegó en ellos el recuerdo de esta historia. José
murió en 1978 en Nicaragua, luchando junto a las tropas sandinistas.
24 de marzo de 2017
"Es evidente que las acciones del gobierno intentan borrar en nuestra conciencia colectiva lo que significó el genocidio"
Claudia Korol, principal referente de Pañuelos en Rebeldía
quienes también participan del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Habló con ANCAP en el contexto del próximo 24 de marzo reflexionando el
significado de esta fecha histórica. Por Redacción ANCAP
¿Cómo ves el panorama en tema de
derechos humanos y violencia institucional de cara a un nuevo
aniversario del último golpe cívico militar? Es una marcha que se va a hacer en un contexto en que las mujeres,
los maestros, los trabajadores, están saliendo a la calle a luchar por
el conjunto de los derechos. Yo creo que esto va a marcar la jornada del
24 de marzo donde la posibilidad de enfrentar las políticas del
gobierno nacional y muchos temas que nos están haciendo retroceder en
nuestros logros y conquistas del pueblo. En el campo de los derechos
humanos y de la memoria, es evidente las acciones de gobierno para
intentar borrar de nuestra conciencia colectiva lo que significó el
genocidio, poniendo en dudas desde las cifras de desaparecidos, hasta
las organizaciones de luchadores y luchadoras que han sabido llevar
históricamente esta batalla por memoria, verdad y justicia, pero también
es evidente que se está buscando avanzar en nuevos niveles de
represión, de criminalización tanto de la pobreza como de la protesta,
la judicialización de las luchas y esto genera una tensión muy fuerte
con los sectores populares. Yo creo que este 24 de marzo tiene esa
disputa: hasta donde podamos, desde el campo popular, poner límites a
las políticas represivas, conservadores y liberal. ¿Crees que es un buen momento para la unidad de los organismos de los derechos humanos? Estamos a pocos días, yo no sé si se logrará una única marcha, pero
sí creo que vamos a lograr como todas estas jornadas estar todos y todas
los que enfrentamos las políticas de este gobierno, en la calle, más o
menos articulados entre nosotros en relación a las consignas y demandas.
Creo que memoria, verdad y justicia está organizando la movilización y
seguramente van a haber momentos de cruce, de encuentros. También hay
temas que todavía no han sido saldados que tal vez exijan más dialogo
con debates, pero lo que a mí me parece fundamental es que vamos a estar
muy movilizados, va a ser hasta difícil diferencia una marcha de las
otras, incluso quien entra primero, quien entra después. Hay un desborde
en las estructuras organizativas previas en cada una de las marchas que
estamos viviendo, estoy pensando la marcha que se hizo el 8 de marzo,
la de hoy (22/03) de los docentes, todas fueron desbordes, en términos
de movilización, de capacidad organizativa y de capacidad de
convocatoria. Yo creo que se viene en esa línea de acumulación de lucha y
de cansancio frente a las políticas de gobierno y también cansancio en
relación al sectarismo que puede haber de distintas direcciones de
organizaciones políticas, sociales o sindicales. Ojala que el centro no
sea la confrontación entre todos los que estemos movilizados, sino que
el centro sea realmente una gran acción contra las políticas de la
derecha militar, civil y religiosa que están en nuestro país y en el
continente. ¿Cómo ves el rol de los medios con el tema de derechos
humanos y con que se quiere volver a imponer la teoría de los dos
demonios? Yo creo que el rol de los medios ha sido y sigue siendo nefasto, por
un lado están lo que han sido las violencias y las violaciones de los
derechos humanos cotidianas contras los sectores más empobrecidos.
También en relación a instaurar relatos que legitimen políticas como la
teoría de los dos demonios o también como la idea de que no fueron 30mil
los desaparecidos o que las políticas de derechos humanos son maniobras
de algunos sectores para sacar ventaja. Todo esto tan nefasto, tan
perverso no podría existir si no hubiera grandes medios masivos de
incomunicación que están trabajando para eso, así que yo creo que por un
lado hay una cantidad de periodistas que en algunos casos han podido
reaccionar y se han revelado ante eso y es importante que lo estén
haciendo o también drama de la comunicación popular, comunitaria y
alternativa que hemos ido creando desde abajo desde nuestros propios
medios y desde la pedagogía de la comunicación popular que es
imprescindible para desbaratar esos argumentos y esas lógicas y para
recuperar la verdad que es una de las demandas que nosotras y nosotros
estamos sosteniendo junta con la memoria y la justicia.
24 de marzo: Por una Argentina sin hambre ni explotación – 30mil veces venceremos
Declaración de Poder Popular – Corriente de izquierda
Por una Argentina sin Hambre ni Explotación: ¡30.000 VECES VENCEREMOS!
24 de marzo de 2017. Se cumplen 41 años
de la dictadura genocida en nuestro país. El golpe ejecutado por la
Junta Militar al mando de Videla implementó el terrorismo de Estado
dejando un saldo de 30.000 compañeras y compañeros
detenidos-desaparecidos. La combatividad de la clase trabajadora de los
años ´60 y ´70, que avanzaba en la conquista de su propio proyecto de
sociedad, rebasó los intentos de la clase dominante de frenar este
proceso con el Gran Acuerdo Nacional en 1971 primero, y luego con la
Alianza Anticomunista Argentina (AAA) de López Rega e Isabel Perón en
1974. La burguesía local era fiel al imperialismo yanqui que preparaba
su avanzada estratégica con la implementación del neoliberalismo en el
tercer mundo, y para ello debían frenar el auge de masas que se
profundizaba luego del Cordobazo y liquidar a la vanguardia organizada
de la clase trabajadora y el pueblo, que resistía y sembraba entre las
masas la convicción de una revolución socialista en Argentina.
Entonces la dictadura formó parte de un
plan continental dirigido por EEUU, necesario para la reconversión
capitalista que daría nuevo impulso a la sobreexplotación y acumulación
ampliada de capital, y a su vez implicó un plan sistemático de
exterminio encabezado por la CIA junto a los gobiernos títeres para
frenar la oleada revolucionaria que se expandía en toda Latinoamérica,
inspirada en el ejemplo de la revolución cubana, faro de todos los
luchadores del continente y el mundo que se lanzaban a procesos de
liberación nacional y social.
Pese a la campaña de las clases
dominantes y sus medios masivos que intentaron engañar al pueblo con la
“teoría de los dos demonios” o la lucha contra la subversión, el rechazo
al genocidio es masivo y cada vez somos más los y las jóvenes
trabajadores/as que retomamos la lucha por una sociedad nueva, sin
hambre ni explotación. Nuestros 30.000 desaparecidos no eran
terroristas, eran revolucionarios que haciéndose carne de los más nobles
ideales se lanzaron a la construcción de la patria socialista.
La resistencia y la lucha nunca cesaron.
Así lo demuestran las organizaciones de DDHH y anti-represivas que desde
la dictadura a esta parte siguen denunciando a los genocidas y
construyendo la memoria histórica de la clase trabajadora argentina.
También lo demostraron importantes sectores de trabajadores durante los
´80 y ´90, entre ellos las y los docentes defendiendo la educación
pública, y los movimientos de desocupados desde mediados de los ´90,
luchando por trabajo digno con la perspectiva del cambio social.
Los Derechos Humanos son una conquista del pueblo
Con la rebelión del 2001, la clase
trabajadora y los sectores populares hicieron caer el gobierno de De La
Rúa y obligaron a las clases dominantes y sus partidos tradicionales a
buscar una salida a la crisis: un período de concesiones para
neutralizar el espíritu combativo del pueblo, recomponer la imagen de
los partidos tradicionales y lograr la estabilidad del sistema político
de los ricos. La recomposición del status quo
capitalista en el país fue asumida por el kirchnerismo, que haciendo
pasar por propias muchas reivindicaciones del pueblo se autoproclamó
“gobierno de los Derechos Humanos”, confundiendo a muchas organizaciones
y sectores del pueblo trabajador.
A pesar de políticas parciales como el
apoyo a Madres y Abuelas en la búsqueda de nietos apropiados y de los
juicios aislados a algunos genocidas, el kirchnerismo tuvo profundas
inconsecuencias con los Derechos Humanos: la creación en 2004 de la
Agencia Federal de Investigaciones en reemplazo de la entonces SIDE; la
omisión ante la desaparición de Julio López en el 2006 durante el juicio
al Circuito Camps; la política de criminalización de la protesta que se
expresó en los 6.000 procesados, cientos de detenidos y más de 100
presos por luchar; la aplicación del Proyecto X de Gendarmería con el
que hizo espionaje a muchos conflictos obreros y a todas las
organizaciones de la izquierda y el campo popular; la tercerización de
la represión a través de patotas como la que asesinó a Mariano Ferreyra;
las leyes antiterroristas que facilitaron detenciones arbitrarias y
condenas injustas a muchos luchadores populares; y ni hablar de la
designación como Jefe del Ejército de César Milani, reconocido genocida
de la dictadura que recientemente fue detenido por secuestros y torturas
en 1976 y por enriquecimiento ilícito.
Con estas evidencias, decimos que las
banderas de los Derechos Humanos no son de ningún gobierno, le
pertenecen a las y los luchadores y el conjunto del pueblo.
La derecha arremete contra los 30.000 y plantea la reconciliación
El gobierno de Cambiemos ha dado desde el
inicio claras demostraciones de su ideología reaccionaria: la
reivindicación de dictadores como Onganía, Videla y Galtieri en la web
de la Casa Rosada; la prepotente visita de Obama a nuestro país el 24 de
marzo de 2016; la celebración del Día del Ejército en el Colegio
Militar, donde prometió aumento de salarios para los uniformados y el
abandono de “enfrentamientos y divisiones”; el decreto que concede a las
FFAA mayores atribuciones a la hora de determinar ascensos, traslados,
designaciones y premios, que desde la vuelta a la democracia dependían
del Ministerio de Defensa; el fallido intento de mover el feriado del 24
de marzo de este año; y las declaraciones polémicas de Macri, Germán
Garavano, y Darío Lopérfido, quienes con distintas palabras se
refirieron al terrorismo de Estado como “guerra sucia” y pusieron en
duda la cantidad de detenidos-desaparecidos, volviendo a poner sobre el
tapete la teoría de los dos demonios y una posición ideológica que niega
el genocidio y justifica a los represores y torturadores.
El gobierno de Cambiemos impulsa una
nueva “reconciliación histórica”, yendo en contra de nuestra consigna
“Ni olvido, ni perdón” y reivindicando por lo bajo a la dictadura, sin
mencionar el encubrimiento a los representantes de la jerarquía
eclesiástica y el empresariado que apoyaron el golpe, del que el clan
Macri forma parte.
La movilización del 24 de marzo significa
una nueva demostración de fuerzas del pueblo argentino en contra de la
avanzada empresarial, luego de las grandes movilizaciones de la clase
trabajadora y el movimiento de mujeres en las últimas semanas. Es un
nuevo escenario donde juntamos fuerzas para frenar este ataque que pone
en juego la verdad y la memoria respecto de la dictadura
contrarrevolucionaria que interrumpió la realización del proyecto de
nuestros 30.000 compañeros y compañeras, por el que hoy somos nosotros y
nosotras quienes seguimos luchando.
SON 30.000 – FUE GENOCIDIO
¡30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!
¡Cárcel común y perpetua para los genocidas!
¡Aparición con vida de Julio López!
¡Libertad a Milagro Sala y todos los presos políticos!
¡Basta de represión, gatillo fácil y espionaje!
Marcha con Poder Popular: concentramos a las 15:00 en Av. De Mayo y Salta
Poder Popular – Corriente de izquierda
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
Convocatoria del PRT a la movilización del 24 de Marzo / 13 hs.
14/03/2017
Por PRT Argentina
URUGUAY
El Serpaj rechazó el decreto firmado por Vázquez contra los piquetes
La
organización emitió un comunicado en el que señala que el decreto
“proporciona aún mayor discrecionalidad a la agencia policial para
desactivar cualquier protesta social sin necesidad de tener el aval del
Poder Judicial para hacerlo”.
Miércoles 22 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Este miércoles el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) difundió un comunicado por el que rechaza la aprobación del
decreto firmado por Tabaré Vázquez y su gabinete ministerial por el que
se prohíben los piquetes y los cortes de rutas y calles. La organización alega que el recurso del corte de calles y
rutas es utilizado normalmente por poblaciones vulnerables que no tienen
acceso a redes de contacto con grupos de poder político. En este
sentido, desde la organización solicitan la creación de un protocolo de
intervención en este tipo de manifestaciones que se ajuste a los
estándares de protección de los derechos humanos internacionales. “Nos parece inadecuada la aprobación del decreto aprobado
recientemente por el Poder Ejecutivo que proporciona aún mayor
discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier
protesta social sin necesidad de tener el aval del Poder Judicial para
hacerlo”, señala el texto del Serpaj. “Sin un marco de intervención definido desde un enfoque
garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración
continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán
desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales”,
añade. Asimismo, el colectivo denuncia que con esta medida “se
profundiza una política que no respeta las reivindicaciones políticas de
los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de
empoderamiento político”.
POLÉMICA MEDIDA
Malestar en el Frente con decreto antipiquetes
Gobierno asegura que la norma busca actualizar lo vigente, pero en el Pit-Cnt genera desconcierto.
Una nueva decisión del gobierno agrega diferencias en el FA. Foto: D. Borrelli
P. S. FERNÁNDEZ / V. GIL24 mar 2017 - El Paìs uy
Desde la esencialidad en la educación no había
tanto malestar en el Frente Amplio con una medida del Poder Ejecutivo.
El nuevo decreto antipiquetes fue calificado de "inadmisible",
"inapropiado" e "innecesario" por parte de legisladores oficialistas que
advirtieron sobre la "legitimación de la represión".
El decreto en cuestión otorga potestades al Ministerio
del Interior para intervenir en acciones de protesta que incluyan el
corte de calles, caminos o carreteras. Desde el gobierno explicaron a El
País que el decreto se está trabajando desde el año pasado, y "no se
presentó por ningún hecho puntual". El objetivo fue "ordenar la
normativa y actualizar el lenguaje, además de establecer el protocolo
de actuación para el Ministerio del Interior".
Ayer se implementó por primera vez cuando funcionarios
policiales detuvieron a uno de los camioneros en la zona de Conchillas.
El vocero del Sindicato Único de Transportistas de Carga y Ramas Afines
(Sutcra), Pablo Perdomo desmintió en declaraciones a Inicio de Jornada,
de radio Carve, que un trabajador haya atravesado el camión en el anexo
de la ruta y denunció la "actuación policial arbitraria".
El hecho no pasó inadvertido para la bancada de
gobierno que reaccionó con sorpresa frente al decreto del presidente
Tabaré Vázquez. Consultado sobre el tema el coordinador de la bancada
del Frente Amplio en Diputados, Jorge Pozzi, se limitó a decir: "He
recibido la preocupación de muchos compañeros y me voy a informar sobre
el asunto".
El sector Casa Grande, de la senadora Constanza
Moreira, fue uno de los primeros en marcar su preocupación por el
decreto. "Advertimos que la discrecionalidad que se le da al aparato
represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra
de la izquierda, y que legitimar la represión como forma de solución de
conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas
conservadoras", señala el comunicado del sector. El vocero de Casa
Grande, Gabriel Delacoste, señaló a El País que el decretó tomó por
sorpresa al grupo y se preguntan "por qué es necesario hacer esto en
este momento (...) Si alguien está cortando una calle, entendemos que lo
primero no es facultar al Ministerio del Interior para actuar. Lo
primero es ver qué esta pasando y cómo lidiar con eso. Que en todo caso
las decisiones que se tomen sean políticas y no delegadas en los
aparatos policiales", alertó.
En el Partido Comunista tampoco comparten el decreto.
"Es inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las
fuerzas represivas que no corresponden", concluyó el diputado Gerardo
Núñez. A su entender, la norma también "genera un panorama de
incertidumbre del campo popular, sin que haya explicaciones concretas
que ameriten este tipo de decretos".
El legislador entiende que el decreto "genera un
desgaste con un sector de la sociedad", por lo que el camino "debe
seguir siendo el del diálogo".
A su vez, el diputado y exdirigente sindical Óscar
Groba manifestó su desacuerdo con "las limitaciones" a las protestas
sociales. "Estoy muy molesto, porque se restringe el derecho social de
manifestarse y en desacuerdo con estas detenciones de trabajadores",
admitió.
"No vine a camuflarme a ocupar una banca. Mi
posición la conoce toda la bancada y pienso que es inadmisible el
decreto porque cercena la posibilidad de manifestaciones sociales que no
sean violentas y es muy injusto", subrayó.
Groba se mostró preocupado por las condiciones
laborales de los trabajadores del transporte de carga, cuyos convenios
entiende que "se fueron violando sistemáticamente". Según dijo, planteó
este problema a las autoridades de gobierno, incluido el director de
Trabajo Juan Castillo, antes de que asumiera en el cargo.
"Además estoy muy preocupado por la planta de UPM,
porque uno de los que no cumplen los acuerdos laborales es el transporte
forestal que trabaja para UPM. Sé que las empresas que están instaladas
hoy y sus fleteros de transporte forestal tienen dificultades en las
relaciones laborales", advirtió.
En la opinión del diputado Felipe Carballo (lista
711) el decreto del Ejecutivo "no debe afectar a los trabajadores en el
marco de relaciones laborales".
"Primero que nada confío en el criterio que tiene el
presidente que hasta ahora ha sido el de proteger los ámbitos de
expresión en forma libre y pacífica. Pero también creo que el Ministerio
del Interior debe utilizar esta herramienta de la mejor manera en el
marco de la Constitución y de los Derechos Humanos". Carballo dijo tener
"toda la sensación de que el decreto fue mal aplicado porque hay
trabajadores agremiados y el Ministerio tiene que hacer las consultas".
Preocupación en el PIT-CNT
En el Pit-Cnt la normativa generó desconcierto. Al
principio conformó a los dirigentes ya que respetaba el derecho de
huelga. Tras lo sucedido con los camioneros, el decreto preocupó a los
sindicalistas. El integrante del Secretariado del Pit-Cnt José Lorenzo
López dijo que perjudica. "Es un avance más de la represión del
Ejecutivo contra las organizaciones de trabajadores. El gobierno ha
actuado así: cobrando al grito, surge algo en algún lado y encajan un
decreto", dijo a El País.
"Gobierno perdió excelente oportunidad"
El abogado laboralista Diego Viana, del estudio
Jiménez de Aréchaga, Viana, Brause, criticó el decreto presentado por el
gobierno en el que se limitan los piquetes. "El Gobierno ha perdido una
excelente oportunidad de aclarar que los piquetes sindicales deben
respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el
derecho de la dirección de la empresa de ingresar en las instalaciones
de la misma", dio el experto a El País.
Para él limitar los piquetes callejeros no tienen
que ver con el derecho de huelga; una de las principales
reivindicaciones de la central sindical. "El derecho de huelga no es
impedir el uso de las calles, caminos o carreteras ni interrumpir u
obstaculizar el tránsito en la vía pública", dijo Viana. La normativa
presentada no tiene elementos que configuren medida ni modalidad de
huelga. Por eso explicó que el Poder Ejecutivo no puede reglamentarlo
por decreto. El artículo cuarto del decreto dice expresamente que las
medidas previstas no serán aplicadas ante lo planteado en el artículo 57
de la Constitución de la República. Allí es donde está declarada la
huelga como un derecho gremial.
"No todas las medidas integran en el concepto de
huelga, se requiere una ley que reglamente su ejercicio y efectividad
para evitar prácticas abusivas respecto de otros derechos", dijo.
Montevideo y área metropolitana casi sin nafta y primeros detenidos por decreto de Vázquez
Este
jueves Montevideo y el área metropolitana podrían quedarse sin nafta
debido a las medidas que llevan adelante el gremio de los
transportistas. En Conchillas fueron detenidos varios sindicalistas por
obstruir un anexo de la ruta.
Jueves 23 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Luego de un fin de semana de inestabilidad en
la venta de combustible producto de medidas gremiales en Ancap y el
sector de los transportistas, este jueves Montevideo y el área
metropolitana se enfrentan a la falta de combustible. La víspera el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas
Afines (Sutcra) realizó un paro que fue levantado ayer sobre la
medianoche. No obstante, el gremio resolvió mantener asambleas
informativas permanentes, que seguirán afectando la distribución de
combustible, así como el transporte de granos, el sector forestal, y la
actividad portuaria. En el área metropolitana, que se abastece de La Tablada, la
mayoría de las estaciones se han quedado sin combustible. Según informó
Daniel Añón, presidente de Unión de Vendedores de Nafta, a Caras y Caretas Portal, un 70 u 80% de las estaciones están en esta situación y en Montevideo quizás sean más. “Tuvimos un día seminormal el lunes y seminormal el martes.
Ayer nos enfrentamos a que estaba bloqueada la planta, no hubo
distribución. Hoy tampoco hay distribución porque sigue bloqueada la
planta”, dijo. Según Añón, en el correr de este jueves la mayoría de las
estaciones que están en el área metropolitana no van a tener
combustible. Desde el Sutcra el dirigente César Bernal dijo a este medio
que las asambleas se realizan diferentes puntos, entre ellos el puerto
de Montevideo, La Teja, La Tablada, Conchillas, entre otros. En Conchillas esta mañana ocurrió un incidente que culminó
con la detención de varios miembros del sindicato. De acuerdo con El
País, que cita fuentes policiales, un camionero atravesó un camión en el
anexo de la ruta hacia Montes del Plata. La Policía se presentó y tras
un intercambio fueron detenidas unas cuatro personas.
Se trata de la primera detención luego del decreto firmado el lunes por el presidente Tabaré Vázquez
que faculta al Ministerio del Interior para disponer de medidas a
efectos de desobstruir caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda
obstaculizar o irrumpir por personas, vehículos u objetos. Bernal informó a Caras y Caretas Portal
que los detenidos “ya están siendo liberados porque no tiene
legitimidad la medida. El decreto, específicamente el artículo 4, dice
que ese decreto queda sin aplicación cuando se está en ejercicio del
artículo 57 de la Constitución, que plantea la libertad sindical y el
derecho a huelga”. Según el dirigente transportista, los trabajadores estaban
en asamblea. “Indudablemente hay poderes económicos que están
presionando para que estas medidas no surjan y no se regularice el
sector”, aseveró. Bernal expresó que las medidas tomadas no se levantarán
hasta que no tengan una respuesta del gobierno. “Estamos a la espera de
una resolución concreta del Poder Ejecutivo en el compromiso que han
firmado en el convenio colectivo de diciembre de 2016, donde se
comprometen las partes a generar un horario efectivo que regularice el
sector. Esto tiene un 90% de incumplimiento”, dijo. El Sutcra demanda la regularización del sector. El gremio
asegura que la mayor parte de las empresas no tienen debidamente
regularizados los horarios de trabajo.
Integrantes de La Solidaria marcaron su posición sobre el desalojo
La
asamblea abierta de ocupantes de La Solidaria emitió un comunicado
explicando los hechos ocurridos durante la desocupación del local el
martes, durante la cual se registraron diversos incidentes que
culminaron con la detención de dos personas.
Jueves 23 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
En la misiva
acusan a algunos medios de prensa de desinfomar y de publicar “un
montón de mentiras”. “El paradigma de la dominación justa y la
servidumbre voluntaria tienen su expresión máxima en la indignación de
varios mercenarios de la prensa”, sostuvieron. Desde la asamblea aseguraron que quienes participaron de las
actividades que se llevaban a cabo en La Solidaria, como clases de
boxeo o de expresión artística, “no se sintieron o sienten atacadxs por
lxs compas de La Solidaria. Saben suficientemente bien que nuestra ética
nos separa de atacar indiscriminadamente, dañar sus casas o querer
atentar contra su seguridad. Usar la violencia no como autodefensa sino
indiscriminadamente, encerrar en vez de ayudar, ejemplarizar a través
del castigo, crear pautas de convivencia basadas en el consumo y la
dominación, son y serán los ejes del Capital y su Estado, no los
nuestros”. “Mientras la propaganda del poder es la de la defensa de las
relaciones de beneficio económico, la competencia permanente y el
respeto a las leyes de lxs políticxs y otrxs empresarixs, nosotrxs
potenciamos la autoorganización no jerárquica, el respeto por las
personas y no por los dispositivos de dominio y explotación, la
reciprocidad como motor social y la dignidad de enfrentarse al orden sin
querer, a la vez, oprimir a nadie. Confundir o mezclar esto con
violencia gratuita es maniqueísmo y arrogancia”, agregaron. En la misiva expresaron su solidaridad con las dos personas
que fueron detenidas “y con todxs aquellxs que diariamente sufren el
mismo palo, la misma cárcel, el mismo despido, la misma incertidumbre o
el mismo desplazamiento forzoso del hogar y que sabemos albergan las
mismas rabias y los mismos sueños de libertad que nosotrxs. Saludamos
con el puño en alto a todxs lxs que se han solidarizado en los días
previos y en las últimas horas, compas del extranjero, del interior,
vecinxs y amigxs…”.
LA SOLIDARIA 22 de marzo de 2017, 00:03hs LR21
Plenaria Memoria y Justicia exige liberación de detenidos durante desalojo de La Solidaria
La
organización Plenaria Memoria y Justicia exigió la liberación de dos
personas que fueron detenidas por la Policía, durante el desalojo del
“centro social y autónomo: La Solidaria”.
La
Policía desalojó este martes el “centro social y autónomo La Solidaria”
-una casona ubicada en la avenida Fernández Crespo 1813-, luego de
varios años de diferendo legal por la propiedad del inmueble. En La
Solidaria se realizaban talleres y charlas desde el año 2012. En el marco del desalojo, la Policía detuvo a dos personas que se
manifestaron en las afueras del local, contra el desalojo del centro. A través de un video que se difundió por la red social Facebook, La
Solidaria manifestó desde días previos al desalojo que este martes 21 de
marzo “el desalojo por las fuerzas del orden sería un vano esfuerzo por
detener la auto-organización social, sin partidos políticos o iglesias,
que posee sus lugares, tiene sus luchas particulares y crea a diario la
resistencia contra los proyecto del poder”. En el video también se indica que “la casa donde funciona la
solidaridad puede ser fácilmente recuperada por las fuerzas del Estado y
devuelta a la especulación inmobiliaria, esto es un hecho de relación
de fuerzas, pero los proyectos de transformación no serán derrotados”. “En los últimos años los métodos de acción directa y su
auto-organización se han reproducido y si se pierde un local, sólo se
pierde una pequeña parte”, indican. “A sus ofertas y a sus palos siempre le hemos opuesto un forme ¡No!
¡Vuelvan por otro cuando quieran, saben dónde estamos! ¡Saquen sus manos
de nuestros centros sociales!”, sentenció la organización.
Liberación de detenidos
Por su parte, Plenaria Memoria y Justicia emitió un comunicado de
prensa a través del cual expresan que es una “patraña mencionar la casa
como sede” de la organización. Plenaria asegura que “la intencionalidad está clara: generar quiebres entre las redes de diferentes organizaciones sociales”. “El local cuando fue ocupado hace cinco años era una tapera y poco a
poco se convirtió en un sitio de referencia de vecinos y organizaciones
sociales. Las plantas asomaban por sus ventanas y allí funcionaba una
biblioteca y se realizaban diversas actividades artísticas entre otras.
¡Qué pecado! El martillo fatal del progreso le dio el ultimátum en el
día de hoy”, expresa la organización. A la vez, aseguran que no participaron en los incidentes registrados en las inmediaciones del centro, luego del desalojo. También indican que la organización se ha reunido en varios locales
diferentes, cedidos “solidariamente por sindicatos y otros colectivos”. Al tiempo, exigen “la libertad de los detenidos/as durante el
desalojo, quienes fueron bajados de un ómnibus al que fuerzas policiales
detuvieron al mejor estilo de la dictadura”.
Paro por tiempo indeterminado en el Varela, reclaman pago de haberes
El instituto comunicó que tal vez en abril pague el sueldo de febrero.
Foto: Dante Fernández.
Jueves 23 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Los funcionarios y docentes
del Colegio Nacional José Pedro Varela paralizan por tiempo
indeterminado sus tareas en reclamo del pago de haberes y despidos
adeudados.
“Hasta el momento los sueldos se han venido
pagando con retraso, pero ahora la empresa comunicó que tal vez para el 4
de abril pueda abonar febrero. Además los despedidos en 2016 no han
cobrado parte de las indemnizaciones y los de este año no han cobrado
nada”, dijo a Caras y Caretas Portal Jesús Mendez, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep).
Sueldos y licencias no han sido abonados en
fecha, señala el sindicato. Los haberes de diciembre se abonaron el 20
de enero y los de enero el 20 de febrero. Además el colegio no dio
licencias en enero por lo que tampoco se pagaron salarios vacacionales.
Con respecto al sueldo de febrero, el Varela comunicó al personal que
“iba a tratar de pagar el 4 de abril”, explicó Mendez.
Una declaración del núcleo de docentes
del instituto, dada a conocer este jueves, señala: “Es por todos estos
motivos que los trabajadores sindicalizados resolvimos (…) paralizar
nuestras actividades hasta que, como mínimo, se termine de pagar el
saldo correspondiente al salario del mes de febrero”.
Subraya el sindicato que “la deuda por
despidos supera al millón de dólares” y que la situación “no sólo no ha
mejorado, sino que se ha agudizado en los últimos meses”.
“Tampoco se podrán cobrar los acuerdos por
despido del año 2015, los que establecen que a fines de este mes los
despedidos en 2015 empezarían a cobrar parte del 80 % que aún se les
adeuda. Por no mencionar la situación de los compañeros despedidos a
fines de 2016 o febrero del 2017, para quienes ni siquiera hay fecha”,
agrega.
Indica que además a los funcionarios “se le
realizaron los descuentos de alquiler, préstamos, entre otros, y esas
retenciones no fueron volcadas a los organismos correspondientes, por lo
que los mismos se enteraron de esta situación cuando recibieron las
cartas de intimación por falta de pago”.
El consejo directivo del Varela por su parte
puso a la venta el local donde funciona el sector Secundaria, en 18 de
Julio y Beisso, antigua sede del sanatorio “Catalina Parma de Beisso”.
En las últimas horas se supo que la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), que en un principio se había interesado por el
edificio, desistió de la operación.
Martes 21 • Marzo • 2017
Jesús Gerez y Raúl Cardozo,
trabajadores de la Colonia Eduardo Acevedo, del departamento de Artigas,
durante la huelga de hambre, ayer, frente al Palacio Legislativo. Foto:
Pablo Vignali
INC y ocupantes enfrentados por una fracción en Bella Unión
Cuatro “peludos” (término con el que se comenzó a llamar a
mediados del siglo XX a los cortadores de caña de azúcar) de Bella Unión
viajaron a Montevideo para acampar frente al Palacio Legislativo, con
la intención de ser recibidos una vez más por autoridades del Instituto
Nacional de Colonización (INC). Hace casi dos semanas, tuvieron una
reunión en la que reclamaron la entrega de un predio de 248 hectáreas en
Artigas, y desde el organismo estatal se les negó, alegando la
existencia de mecanismos que aseguran “transparencia y orden” en la
adjudicación. Como respuesta, ayer dos de los peludos iniciaron una
huelga de hambre, con el apoyo der la Unión de Trabajadores Azucareros
de Artigas (UTAA). La tierra en cuestión es la fracción 49B, conocida como Colonia
Eduardo Acevedo, a 30 kilómetros de Bella Unión, y la historia de su
adjudicación se remonta al menos a dos años atrás. Según informaron
desde el INC, el 14 de octubre de 2015 se adjudicó esa fracción a un
colono que no ha podido tomarla debido a que en principio el pastoriante
-la persona que firma un contrato a corto plazo con el INC para
usufructuar un predio hasta su adjudicación- lo ocupó y, una vez que se
realizó el juicio y el desalojo correspondiente del ocupante, el predio
pasó a ser ocupado por el grupo São Pedro, llamado así en memoria del
peludo y guerrillero tupamaro Bandera Lima. São Pedro está conformado por los cuatro peludos que reclaman la
tierra, aunque a la huelga de hambre se sumó en solidaridad Jesús Gérez,
quien conversó ayer con la diaria. “Nadie nos atiende. Por eso
llegamos a esto”, afirmó. Los artiguenses plantearon que necesitaban la
Colonia para su explotación. Desde el instituto, su presidenta, Jacqueline Gómez, contó a la diaria
que “escuchamos su planteo” y que la respuesta otorgada fue que existen
vías formales para llevar a cabo la adjudicación. “La forma de acceso a
las tierras es por medio de llamados públicos o en acuerdo con
organizaciones sociales del territorio, y ellos no quieren hacerlo de
esta manera, entonces estamos ante un problema de difícil solución”. Los peludos dicen que es imposible acceder mediante concurso. “Hay
amiguismo y mucha política, entonces no podemos acceder”, sostuvo Gérez.
Por el contrario, Gómez consideró que el proceso de selección mediante
llamados públicos “exclusivamente técnicos” es el que “transparenta la
gestión” del INC. “Basta con decir que entre 2015 y 2016 realizamos más
de 120 llamados, a los que se presentaron más de 1.500 familias, y sólo
el año pasado adjudicamos 13.500 hectáreas. Es el procedimiento que para
nosotros garantiza igualdad de condiciones para todos los postulantes”,
afirmó. Además, la presidenta del INC sostiene que el proyecto presentado por
los ocupantes “no es viable”, en el sentido de que “casi 70% de la
tierra está pensada para medianería de arroz, que entra en el marco de
un proceso de tercerizaciones que no es a lo que apuntamos con el
instituto, que tiene como eje fundamental del trabajo del colono la
explotación directa de las tierras”. Por su parte, el secretario general de la UTAA, Sergio Pintado, dijo a la diaria
que existe una “fuerte necesidad” de empleo en Bella Unión y que por
este motivo, si bien consideran “un tanto apresurada” la decisión de
iniciar una huelga de hambre, “la apoyamos”, y sostuvo que “en los
próximos días” la directiva viajará a Montevideo.
FUERON INTEGRANTES DEL FA - 23 de marzo de 2017, 10:03hs LR21
Ex militares buscan un puesto político en el Partido Colorado
Dos
ex militares que formaron parte de gobiernos del Frente Amplio
pretenden ingresar de nuevo a la política, pero esta vez apostando al
Partido Colorado.
Los colorados vienen de perder tres elecciones nacionales
consecutivas. Su interna se reorganiza para luchar por el Poder
Ejecutivo en las próximas elecciones de 2020, pero de una forma más bien
particular: algunos legisladores se movieron a las filas del Partido de
la Gente, a la vez que nuevas formaciones coloradas internas competirán
entre sí. En esta reorganización, el partido recibe nuevas anexiones, algunas
de ellas de militares de alto rango, como la del general del ejército Pedro Aguerre y el general de la fuerza aérea José Bonilla, quienes ocuparon esos altos cargos durante las presidencias frenteamplistas de Tabaré Vázquez y José Mujica. Bonilla fue comandante de las FFAA durante la primera administración
Vázquez, y después fue íntimo de Mujica, y en su gobierno ocupó el cargo
de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a su vez que coordinó la
Inteligencia del Estado, organismo que mira por la defensa del país. Aguerre fue comandante en jefe del Ejército entre septiembre de 2011 y
enero de 2014 y tiene grado de general de cuatro estrellas de la fuerza
de tierra. Vivió años complicados en su carrera, siendo su padre
-también llamado Pedro- uno de los oficiales que en el año ’73 se opuso
al golpe de Estado que instauró la dictadura.
Aunque hoy en día las adhesiones militares son más bien raras, han
sido comunes en la historia de la política uruguaya. Yendo a los
orígenes mismos del Partido Colorado, este fue fundado por el General
Fructuoso Rivera alrededor del año 1825. El Partido Blanco también se
fundó por aquellas fechas, creado por los seguidores del presidente
Manuel Oribe. En la batalla de Carpintería surgen los colores de las divisas que
posteriormente identifican a cada grupo político. Partido Blanco,
partidarios de Oribe y Colorado los de Rivera. Lo cual conforma un
bipartidismo que dura hasta fines del siglo XX. Desde 1865 hasta 1959, los colorados ocuparon de forma sucesiva la
Presidencia de la República, representando los intereses populares
urbanos de Montevideo, la apertura a lo europeo y a los grupos de
inmigrantes. En la otra vereda, los blancos tenían su base en el medio
rural del interior y los intereses de los terratenientes agrícolas y
ganaderos.
Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy
-¿Cuáles son las reivindicaciones que llevarán los trabajadores este 24 de marzo a Plaza de Mayo?
Primero,
creo que en este aniversario de la dictadura militar la movilización va
a ser masiva, incluso creo que más que en los últimos años. Es algo que
está en el ADN de nuestro pueblo y el contexto hace esperar que esto se
refuerce. Esto no sólo por el repudio al golpe sino también en homenaje
a aquellos compañeros cuyas vidas fueron arrebatadas por los genocidas.
Nuestra consigna es muy clara: Son 30 mil y fue un genocidio.
-¿Cuando hablamos de la causa Esma, es ex Esma o simplemente Esma?
ACTA habló con el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
Autónoma y ex detenido político durante la dictadura, Juan Carlos
"Pipón" Giuliani, sobre el pasado y el presente de la organización de
los trabajadores y trabajadoras.
La tradicional marcha del 24 de marzo convocada por movimientos
sociales, centrales sindicales, organizaciones partidarias tendrá lugar
este viernes a partir de las 9.00 en Posadas, Misiones.
Este aniversario del inicio de la última dictadura encuentra a la masa
trabajadora fuertemente movilizada. Desde inicios de marzo, diversas
protestas poblaron las calles del país y el 24 de marzo parece ser parte
de ese enorme cauce de movilización unitaria. En consecuencia, se
espera que este año sea más masivo que los anteriores, que ya de por sí
sorprendieron por la enorme concurrencia de la población.
“Las
trabajadoras y trabajadores de Télam realizaron un homenaje a la figura
del militante revolucionario, escritor y periodista Rodolfo Walsh. El
hall de la planta baja del edificio de Avenida Belgrano ahora lleva su
nombre. La Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (SiPreBa) descubrió una placa alusiva en conmemoración con el
41er. aniversario del golpe cívico-militar y los 40 años del asesinato
del escritor.
“El terrorismo de Estado y sus continuidades. Historias de represión,
memorias y represión", fueron los temas de análisis a partir de los
libros escritos por los periodistas Alexis Oliva (Todo lo que el poder
odia – Una Biografía de Viviana Avendaño (1985-2000) y Ana Mariani y
Alejo Gómez Jacobo (La Perla. Historias y testimonios en un campo de
concentración).
En
ese marco, los libros “La Perla. Historia y testimonios de un campo de
concentración” y “Todo lo que el poder odia” son investigaciones que
profundizan, a nivel macro y micro, la voracidad en Córdoba del terror
estatal, ejemplificado con la existencia del centro clandestino más
grande del interior del país, y con la historia particular de Viviana
Avendaño, uno de los símbolos destruidos ayer y vueltos a erradicar hoy
por un poder concentrado y negador de la historia.
La Cámara Nacional de Casación Penal urgió al Tribunal Oral Federal 1
((TOF) de San Martín a que fije “en lo inmediato” fecha de realización
del juicio contra ex directivos de Ford imputados por el secuestro de 24
trabajadores de la planta de Pacheco, en el norte del Gran Buenos
Aires, durante la dictadura. La causa está lista para ser debatida en
juicio oral y público desde 2014. En enero pasado, el TOF 1 suspendió
por segunda vez el debate, que iba a realizarse este mes. Junto con la
Secretaría de Derechos Humanos, la querella que representa a los obreros
presentó un recurso de reposición para pedir a los jueces que declinen
la suspensión. Aún aguardan respuesta.
Luego de un fin de semana de inestabilidad en
la venta de combustible producto de medidas gremiales en Ancap y el
sector de los transportistas, este jueves Montevideo y el área
metropolitana se enfrentan a la falta de combustible.
En la misiva
acusan a algunos medios de prensa de desinfomar y de publicar “un
montón de mentiras”. “El paradigma de la dominación justa y la
servidumbre voluntaria tienen su expresión máxima en la indignación de
varios mercenarios de la prensa”, sostuvieron.
Los colorados vienen de perder tres elecciones nacionales
consecutivas. Su interna se reorganiza para luchar por el Poder
Ejecutivo en las próximas elecciones de 2020, pero de una forma más bien
particular: algunos legisladores se movieron a las filas del Partido de
la Gente, a la vez que nuevas formaciones coloradas internas competirán
entre sí.
Aunque hoy en día las adhesiones militares son más bien raras, han
sido comunes en la historia de la política uruguaya. Yendo a los
orígenes mismos del Partido Colorado, este fue fundado por el General
Fructuoso Rivera alrededor del año 1825. El Partido Blanco también se
fundó por aquellas fechas, creado por los seguidores del presidente
Manuel Oribe.
