A un año del asesinato de Berta Cáceres
A un año del asesinato de Berta Cáceres
Comunidad Hondureña de Madrid
Serlinda Vigara
Ecologistas en Acción
Juan Klett
Fundación Paz y Solidaridad
El 2 de marzo se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, líder y activista feminista, en defensa de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras. Transcurrido este año, las autoridades hondureñas pretenden justificar su ineficacia para atrapar a quienes ordenaron este vil asesinato. La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios y tres intermediarios no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.
Lo ocurrido no constituye un hecho aislado. El asesinato de Berta pone de manifiesto la situación de riesgo grave en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza que luchan contra la explotación de sus territorios en Honduras. Entre 2012 y 2015 el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, ha sufrido el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodríguez, Irene Meza y la propia Berta Cáceres).
El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusion existente entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. En estas condiciones, no podemos permitir que nuestros gobiernos se laven las manos. Consideramos que España debe auditar y revisar los recursos de cooperación con Honduras y los apoyos a infraestructuras y megaproyectos en dicho país a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura. Por su parte, la Unión Europea debería paralizar el desarrollo con Honduras del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica por violación de derechos humanos.
Sin embargo, estas agresiones no ocurren sólo en Honduras: en los últimos dos años más de 340 personas han sido asesinadas en todo el mundo por defender la tierra y las personas que viven en ella. De todos los asesinatos por estas causas en 2015, el 66 % fueron cometidos en Latinoamérica y el 40% de las víctimas fueron personas indígenas. En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes.
Estos hechos forman parte de una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras. No se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas.
Detrás de estas muertes hay nombres conocidos. Laura Vásquez o Exaltación Marcos Ucelo se enfrentaron a la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Berta Cáceres luchaba contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, con financiación holandesa (FMO) y finlandesa (FinnFund) entre otras; Macarena Valdés contra la empresa hidroeléctrica RP Golgal. Estos casos muestran los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada cuatro meses después del crimen de su compañera Berta. El suceso fue catalogado por el COPINH como un “feminicidio político” cuyo objetivo fue “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Berta se ha convertido en un símbolo que representa la lucha indígena, ecologista y feminista.
Allí, en países “periféricos”, donde los recursos son más numerosos y valiosos y donde inversores y empresas extranjeras campan a sus anchas, sin control –o con el apoyo– gubernamental, el panorama para las y los activistas por el medio ambiente y los derechos humanos es terrorífico. Pero también en nuestro entorno cercano oponerse decididamente al fracking, al recrecimiento de un embalse o a la construcción de viviendas de lujo en un espacio protegido puede costar detenciones, multas, fianzas multimillonarias o directamente tener que abandonar tu pueblo ante las amenazas recibidas. Defender lo común: un río, un bosque, la atmósfera… es algo complicado en este mundo global en el que las prioridades vienen marcadas por intereses económicos de minorías poderosas.
No podemos asumir como una realidad inevitable que mueran asesinadas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Hemos de desarrollar, en América Latina y en Europa, en todo el orbe, una batalla global en defensa del territorio y sus recursos; y de quienes luchan para que las generaciones futuras puedan vivir dignamente.
Para ello hay que seguir desenmascarando al poder corporativo, dando a conocer no solo los asesinatos de activistas, sino las condiciones de vida a las que condenan a millones de personas. Y, por supuesto, acabar con la impunidad de la que gozan quienes cometen estos crímenes. Los Estados e instituciones supraestatales deben establecer mecanismos que castiguen a las empresas que están detrás de proyectos que se cobran vidas para ser llevados a cabo. Justo lo contrario que pretenden los tratados comerciales que, como el TTIP y el CETA, blindan a estas grandes corporaciones frente a los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente. Es imprescindible dar voz y protección a las comunidades que sufren violencia e intimidación como norma por defender la naturaleza.
Como decía Berta Cáceres: no nos queda otro camino más que luchar.
Este jueves 2 de marzo a las 12:00 tendrá lugar una concentración frente a la Embajada de Honduras en Madrid (Paseo de la Castellana, 164) para reclamar justicia para Berta Cáceres y el resto de defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza asesinados, y exigir al Gobierno español y a la Unión Europea la revisión de las relaciones comerciales y económicas con Honduras, en el contexto de violación sistemática de los derechos humanos en dicho país.
Berta Cáceres la figura emblemática de la lucha de los pueblos por sus territorios
Por Marvin Palacios
El próximo 2 de marzo se cumple un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
El 2 de marzo de 2016, en el marco del lanzamiento de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, que impulsan 29 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y defensoras de derechos humanos, la señora Austraberta Flores madre de la dirigenta indígena lenca Berta Isabel Cáceres Flores, presentó una petición a los parlamentarios Yuri Sabas y Yadira Bendaña, para que el Congreso Nacional discutiera y aprobara la cancelación del permiso de operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por las implicaciones que tuvieron empleados de dicha compañía en la muerte de la reconocida ambientalista.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas estén enfrentando procesos judiciales
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
En otra entrevista, brindada ese mismo año, Berta Isabel aseguraba que su lucha había generado una actitud agresiva por parte de los que ella llamó: “los grupos de poder”, donde el Gobierno y las distintas secretarías de estado y el poder legislativo, están confabulados y son parte, el Congreso Nacional al dar esa concesión y por supuesto el Ejecutivo; al ordenar la agresión de los derechos del pueblo lenca”.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña Austra Berta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
En otro apartado de la carta, doña AustraBerta afirma que el proyecto ha estado siendo apoyado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través del Primer Batallón de Ingenieros.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el “Nobel Verde” que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, AustraBerta Flores.
Agentes de inteligencia militar de Honduras planearon asesinato de Berta Cáceres
Publicado el 01 Marzo 2017
Escrito por La Jornada - EL CLARÍN DE CHILE
El asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, perpetrado el 3 de marzo de 2016, fue planeado por especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras vinculados a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos, revelaron documentos de una corte del país centroamericano, informó este martes el diario británico The Guardian.
Cáceres
fue asesinada en su propia casa pese a estar bajo protección debido a
amenazas de muerte que recibió por oponerse a la construcción de una
presa hidroeléctrica de la empresa Desarrollos Energéticos SA, con
conocidos nexos con el ejército. El asesinato de la activista, quien
recibió el premio Goldman en 2015 por su labor ambientalista, fue
condenado por la comunidad internacional.
Hasta
ahora ocho hombres han sido arrestados por su relación con el crimen,
incluidos dos militares retirados y el oficial activo Mario Díaz, quien
fue dado de baja del ejército y niega estar involucrado en el asesinato.
Documentos de la corte, así como el historial militar de Díaz, que obtuvo The Guardian, revelan
que el militar condecorado por las fuerzas especiales fue nombrado jefe
de inteligencia del ejército en 2015 y ascendido a teniente coronel
tras el asesinato de Cáceres
Giovanny
Bustillo, otro de los sospechosos, fue compañero cercano de Díaz en el
ejército y ambos recibieron entrenamiento militar de Estados Unidos y
mantuvieron contacto después de que Bustillo se retiró en 2008.
Un
tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue
francotirador de las fuerzas especiales que trabajó bajo comando de
Díaz, y los fiscales creen que también fue informante del departamento
de inteligencia del ejército en 2013.
Existen pruebas de que Bustillo y Hernández visitaron repetidamente La Esperanza, localidad en que radicaba Cáceres.
Una fuente legal cercana a la investigación declaró a The Guardian:
el asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar a civiles para perpetrar asesinatos.
Agregó:
es inconcebible que alguien de su alto perfil, cuya campaña la convirtió en un problema para el Estado, pueda haber sido asesinada sin al menos una autorización implícita del alto mando militar.
El ministerio hondureño de Defensa ignoró repetidamente llamados de The Guardian para dar su postura sobre el tema
Amnistía Internacional: acciones alrededor del aniversario del asesinato de Berta
El 2 de marzo se cumple un año del asesinato de la dirigenta
indígena y defensora delos derechos humanos, Berta Cáceres, lidereza
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), por lo que se está convocando a realizar acciones a nivel
mundial para homenajearla y para seguir exigiendo justicia ya que el
caso sigue impune.
Por favor pasen a dejar su mensaje de solidaridad antes del 24 de febrero y promocionen el link para que otros puedan solidarizarse!!!!Para facilitar la recolección de estos mensajes, nos hemos aliado con la plataforma VoxPop. Al dar click en este link: http://bit.ly/2ljw5Vn les aparecerá un vídeo corto con la descripción de la acción y la posibilidad (si hacen click sobre el logo de la cámara) de dejar un mensaje videograbado.
Por favor pasen a dejar su mensaje de solidaridad antes del 24 de febrero y promocionen el link para que otros puedan solidarizarse!!!!Para facilitar la recolección de estos mensajes, nos hemos aliado con la plataforma VoxPop. Al dar click en este link: http://bit.ly/2ljw5Vn les aparecerá un vídeo corto con la descripción de la acción y la posibilidad (si hacen click sobre el logo de la cámara) de dejar un mensaje videograbado.
La semilla de Berta - Avance Guardiana de los Ríos
VIDEO:https://youtu.be/IH4xjcZoo38Pedro Landa, ambientalista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-SJ asegura que personalmente ha sido testigo del poder e influencia de la diputada Gladys Aurora López en la zona.
Landa recuerda una visita que realizó el equipo de Inspecciones Oculares del Ministerio Público, instancia que llegaba a documentar el caso sobre las denuncias en contra de la hidroeléctrica, en cuestión de minutos llegaron patrullas policiales de los 6 municipios cercanos, “una muestra del poder que estos empresarios tienen en la zona”.
Durante la última década, tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han respaldado constantemente la ampliación de los proyectos de energías renovables de Honduras, a pesar de las denuncias de abusos que rodean a este sector. Los abusos relacionados con las presas de La Aurora y Los Encinos demuestran porqué las IFI no deberían respaldar estos sectores en el clima actual de corrupción e injusticia, deja como recomendación el informe de Global.
Datos del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo 0Comunitario CEHPRODEC, dan cuenta de 111 proyectos hidroeléctricos fueron otorgados durante el golpe de Estado del año 2009.
Caso2: El asesinato de Berta Cáceres y la hidroeléctrica Agua Zarca
La lideresa indígena Lenca y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, asesinada el 02 de marzo de 2016, llevaba años denunciado la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) en las aguas del río Gualcarque.
Global Witness revela que el proyecto de Agua Zarca es un buen ejemplo de cómo la corrupción y los abusos de derechos humanos se están produciéndose en Honduras. Tras el asesinato de Berta Cáceres, la financiación de la presa se suspendió y el FMO y Finnfun anunciaron que estaban «intentando abandonar el proyecto». A pesar del carácter público de la oposición de Cáceres a la presa y las resultantes amenazas contra ella y el COPINH, Cáceres comentó a Global Witness en noviembre de 2015 que el FMO nunca había intentado ponerse en contacto con ella o con sus compañeros
Vea Documental Guardiana de los Ríos
Guardiana de los ríos
VIDEO: Vea Documental Guardiana de los Ríoshttps://youtu.be/Lwwe4MOGfmo
Global Witness exige una investigación, en concreto, de lo siguiente: Las relaciones de DESA con el asesinato de Berta Cáceres, dado que dos de los hombres detenidos actualmente por su asesinato trabajaban para esta empresa.
Las relaciones del ejército de Honduras con el asesinato de Berta Cáceres, dado que tres de los detenidos por su asesinato están relacionados con el ejército hondureño; dado que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, solía trabajar para la inteligencia militar; y que se ha denunciado que el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista del ejército.
Caso3: Operación minera en Nueva Esperanza
La minera La Victoria propiedad del empresario Lennir Pérez, yerno del fallecido terrateniente y empresario Miguel Faccuse, amenazó y hostigó a las comunidades del sector Florida, quienes se oponían a la extracción de óxido de hierro.
La investigación de Global Witness, documentó intentos de sobornos que Lennir Pérez hizo a comunidades, organizaciones y funcionarios de la zona. Debido a las amenazas, hostigamiento y criminalización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH otorgó medidas cautelares a varios líderes de la zona.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ recuerda esos año de presencia de la minera como episodios difíciles vividos en la zona, donde las comunidades fueron ultrajadas por el empresario.
“Se generó un ambiente de terror, era como un toque de queda provocado por el mismo empresario Lennir Pérez, quien tenía un batallón de policías y militares, además de uno privado. El informe de Global Witness es vivencial y contundente, refleja claramente lo que las comunidades vivieron esos días”, dijo Fernández.
Caso4: Masacres de las comunidades tolupanas
Las comunidades indígenas tolupanas radican entre los departamento de Yoro y Francisco Morazán. En Yoro, las organizaciones nacionales han denunciado el exterminio que se hace de dicha población. El ambientalista Juan Mejía, durante muchos años ha documentado las violaciones que se hace en contra de las comunidades tolupanas. En los últimos años se contabiliza el asesinato de más de 100 indígenas. Una de las masacres se registró el 2013 en contra de los dirigentes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto y María Enriqueta, crímenes que siguen en completa impunidad.
El informe de la organización británica revela que la zona es controlada por el exgeneral del ejército Filánder Uclés y sus guardaespaldas, quienes mantienen el terror en las comunidades con la intención de apoderarse del bosque y las fuentes de agua existentes en la región.
Concretamente en la comunidad de San Francisco de Locomapa, los asesinos anda libres, muchos hasta protegidos por la misma policía dice Mejía, quien reta al Estado a desmentir toda la información que contiene el informe de Global Witness.
Caso5: Pueblo garífuna y proyectos turísticos
El último caso documentado en el informe está vinculado al despojo que enfrentan las comunidades garífunas en Honduras. La concreción del proyecto turístico Bahía de Tela, concretamente el Induras Beach Resort, demuestra el incumplimiento que el Estado y el sector empresarial hacen de las sentencias dadas por el sistema interamericano de derechos humanos.
Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, asegura que el informe de Global Witness ratifica las dos sentencias que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en el caso de las comunidades garífunas, mismas que condenan al Estado por no existir una normativa que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Dentro del 5 caso, Global Witness recoge la realidad de Barra Vieja, en Tela, Atlántida, una comunidad llevada ante los tribunales de justicia acusado por el mismo Estado a través de la Empresa Nacional Portuaria del delito de usurpación de tierras.
Para el abogado José Carlos Velásquez, apoderado legal de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, el informe está apegado a la verdad, porque es de conocimiento público el despojo de tierras que grandes proyectos turísticos hacen con las comunidades garífunas en la bahía de Tela.
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El país más peligroso para defensores
Los casos que expone el informe de Global Witness únicamente son algunas de las realidades que las comunidades enfrentan. El documento deja claro que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente con más de 120 asesinatos desde el año 2010.
Los conflictos por la minería, hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y de comunidades rurales. “La organización ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de puerta trasera, sobornos y violación de la ley que se utiliza para imponer estos proyectos y silenciar a las comunidades”, dijo Ben Leather, jefe de campaña de Global Witness.
El informe finaliza dejando una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, entre sus principales resalta el deber el Estado en dar protección a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes naturales, adoptando un nuevo sistema de protección con recursos necesarios, que incluya el cumplimiento con las medidas cautelares.
Otra recomendación está destinada a los inversores extranjeros y a las instituciones financieras internacionales, a las cuales les piden detener cualquier inversión prevista en las industrias que provoquen violencia, que garantice el cumplimiento de los derechos de las comunidades, incluida la consulta previa, libre e informada.
Estado español
"España quedará arruinada para los próximos 50 años", según economista Roberto Centeno
Publicado: 1 mar 2017 14:25 GMT | Última actualización: 1 mar 2017 15:04 GMT - RT
Un grupo de economistas y profesores
independientes ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea que las
cifras de deuda y PIB españolas son falsas.
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RT en Español
"España quedará arruinada para los próximos 50 años", según economista Roberto Centeno
Basándose en los datos del Banco de España, Centeno sostiene que la deuda del país no sería del 100% del PIB, sino que llegaría al 141% del PIB oficial, ya que el Protocolo de Déficit Excesivo no contabiliza toda la deuda, sino solo una parte.
Las cifras oficiales de deuda y PIB son falsas
"El Gobierno y los medios, que son responsables muy principales de la catástrofe económica, social y moral en que se encuentra España, utilizan una cifra diferente a la deuda total. Es lo que se llama deuda según Protocolo de Déficit Excesivo, solo aplicable a los países que tienen un déficit superior al 3%", explica el economista a RT.Así, las cifras que tiene en cuenta Centeno son las de los llamados Pasivos de Circulación, que publica el Banco de España cada 3 meses y que reflejan la deuda total del país. "Esta deuda total partida por el PIB oficial nos da el 141%", añade.
Sin embargo, el economista va más allá, y destaca que el PIB real de España es inferior a las cifras divulgadas, una posibilidad que viene especulándose desde hace años y que responde a la necesidad de no reflejar la realidad de la economía española. Así, el estima que el PIB real es un 18% inferior al oficial.
Un modelo de producción del tercer mundo
Además, Centeno alerta de la inminente explosión de la burbuja de deuda y augura un desplome súbito de los salarios debido a la política laboral del Gobierno. "En el año 2016, el número de horas trabajadas en la economía cayó un 2 por ciento y, sin embargo, se han creado supuestamente 400.000 puestos de trabajo", comenta.Esta creación de empleo se debe, según Centeno, a "repartir menos trabajo entre más personas con salarios de hambre; porque la media de los salarios creados el año pasado es de 600 euros, claramente tercermundista".
Para el economista, España quedará arruinada para los próximos 50 años, ya que un "español que nazca hoy tiene una deuda de 35.000 millones, si contamos nada más la deuda pública, o de 41.000 millones de euros, si contamos también la deuda del Banco de España con el 'eurosistema'".
Cada familia española tiene una deuda de 160.000 euros
"Eso significa que una familia media, de un matrimonio y dos hijos, tiene en este momento en España una deuda de 160.000 euros. Teniendo en cuenta que paga los impuestos más altos casi de la OCDE, esa familia esta arruinada, no puede sobrevivir, no puede levantar cabeza con esta deuda, que además se sigue incrementando cada año", denuncia.Centeno, junto a un grupo de profesores y economistas independientes, enviaron a la Comisión Europea los cálculos del PIB real que habían hecho, pero la institución "pura y simplemente ha mirado para otro lado": "La única persona que estaba decidida a crear una Comisión en el Parlamento era Martin Schulz, que desgraciadamente se ha ido para disputarle la presidencia de Alemania a Angela Merkel", lamenta el economista.
Sin embargo, son numerosos los medios de comunicación que están publicando los cálculos de Centeno del PIB y la deuda reales, por lo que cree que "va a ser muy difícil que la UE siga mirando para otro lado".
Iglesias: "Acabar con las puertas giratorias es prohibir que el Ibex compre políticos"
El secretario general de Podemos afirma en la
presentación de 'Ibex 35. Una histórica herética del poder en España',
del sociólogo Rubén Juste, que "ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos
tienen proyecto de país, lo único que buscan es resistir".
"El autor de este libro es como ese personaje de Matrix que te ofrece la píldora que te hace comprender qué es Matrix, es
decir, nos explica el sentido de la Expo, la ley del suelo, Prisa,
Florentino, Rato, los papeles de Bárcenas...". Así se ha referido Pablo
Iglesias al ensayo Ibex 35, una historia herética del poder en España (Capitán
Swing, 2017). Generosas palabras para el que posiblemente sea su libro
de cabecera estos días, a tenor de la incesante actividad tuitera que el
secretario general de Podemos ha llevado a cabo ensalzando las virtudes de dicho ensayo.
“Tres páginas de Juste dicen más de cómo funciona el poder que
cualquier Telediario que vea hoy”, escribía en su cuenta de Twitter.
Según Iglesias, este libro lo que hace es
evidenciar la existencia de unas relaciones de poder que califica de
"trama" y que entre otros cometidos trata de "evitar por todos los medios que Podemos pueda legislar".
Ha subrayado también que este libro hace las veces de epílogo de un
tiempo que se acaba tras la epifanía que supuso el 15M y la irrupción de
Podemos y el resto de fuerzas del cambio. "Ni el PP, ni el PSOE, ni
Ciudadanos tienen proyecto de país, lo único que buscan es resistir". El
secretario general de Podemos ha añadido que "acabar con las puertas
giratorias es prohibir que las empresas del Ibex compren políticos".
Pablo Iglesias: "La trama ha intentado evitar que Podemos pueda legislar"
A la presentación, que ha tenido lugar en el Teatro del Barrio, han asistido también el actor Alberto San Juan, Miguel Mora, director de Contexto, y el propio autor, Rubén Juste,
un jovencísimo sociólogo que ha investigado durante seis años la
fructífera historia de amor entre el poder político y el económico en
nuestro país. Un idilio que ha dado lugar a ese incesante trasvase miembros de los consejos de administración de las principales empresas patrias y los miembros del Estado, con la consiguiente transferencia de recursos y de legislación a medida.
"Este libro no es un libro económico —ha
explicado el autor—, tampoco científico, ni siquiera periodístico, este
libro es herético". Término con el que Juste ha querido subrayar su
intención de cuestionar lo que hasta ahora no se había cuestionado. "No
es un texto ortodoxo, hay una intencionalidad a la hora situar el foco
de estudio", ha añadido. Y este no es otro que analizar la historia del
poder en nuestro país atendiendo al Ibex y a la existencia de unos grupos privilegiados de influencia provenientes del franquismo.
Rubén Juste: "El Ibex ha conseguido hacer confundir sus intereses con los intereses generales"
"El
Ibex ha conseguido hacer confundir sus intereses con los intereses
generales", ha denunciado Juste, para quien el gran reto debe ser
"destapar qué hay detrás del índice bursatil", una labor que entiende
clave y a la que ha dedicado seis largos años de investigación. El fruto
es este ensayo que viene a dinamitar ese viejo precepto liberal que
situaba al Estado como el gran generador de desasosiego existencial
entre los ciudadanos. Basta con bucear un poco en las nuevas relaciones
de poder para entender que hay una serie de hilos que surcan la historia
reciente de nuestro país y cuyos protagonistas –muchos de ellos
provenientes del régimen franquista– se rebozan ufanos sobre el destino
de la gran mayoría de españoles. De esto va Ibex 35. Una histórica herética del poder en España
(Capitán Swing), de desentrañar esos hilos, algunos de sobra conocidos
pero otros que se han mantenido ocultos. Conexiones que evidencian la
creciente e incesante concentración de poder económico en unas pocas
manos que, de Gobierno en Gobierno y tiro porque me toca, han ido
conservando sus privilegios en esa reservada estructura de poder.
Los hombres de Solchaga
Carlos Solchaga aparece en el libro como
el gran muñidor del PSOE ocupando una posición estratégica debido a que
conocía de primera mano el Banco de España y tenía relación con el
entramado franquista de la época. Así fue como empezó a tejer una red
empresarial a su antojo, y así fue, a fin de cuentas, como el PSOE
acordó con la plana mayor del franquismo el reparto del conglomerado
industrial del país.
Por el libro desfilan insignes nombres –muchos de ellos, por cierto, cercanos al Opus Dei– como el de Leopoldo Calvo-Sotelo, Rafael del Pino, Claudio Boada, José María Amusátegui o José María López de Letona,
en su mayoría vinculados a la fundación de la empresa Ferrovial y al
Círculo de Empresarios. Un puñado de tecnócratas a la cabeza de la
industria española desde tiempos inmemoriales que Solchaga se encargó de
favorecer otorgándoles posiciones privilegiadas en el Ibex desde su
fundación, a cambio –solo faltaba– de introducir a sus propios peones en
el sector. Juntos y en armonía pergeñaron la desindustrialización,
concentraron el sector bancario y se nutrieron de pelotazos diversos
gracias a la venta de empresas del Estado.
La fórmula, dejando a un lado
consideraciones morales, es sublime: se reinventa el Estado y se
confiere una mayor estabilidad al poder económico ya que éste no ha de
presentarse a las elecciones.
PABLO IGLESIAS (Podemos) - Presentación libro "IBEX 35, una historia herética del poder en España"
https://youtu.be/AUAasK3v-zE
CHILE
No+AFP trabaja para que marcha del 26 de marzo sea “la más grande de la historia”
Rodrigo Fuentes |Martes 28 de febrero 2017 19:13 hrs.
El
vocero de la Coordinadora, Luis Mesina, recorre Chile para alentar el
apoyo masivo a una manifestación que busca poner fin al sistema de AFPs.
Variadas
son las acciones de protesta que diferentes gremios y organizaciones
ciudadanas están convocando para este mes de marzo. No+AFP, Día
Internacional de la Mujer y el paro de los taxistas, son algunas de las
que se perfilan como las con mayor número de adherentes.
Dentro de estas tres manifestaciones masivas, la planificada por la Coordinadora No+AFP se espera sea la más grande de todas, tomando en cuenta anteriores movilizaciones que sumaron cientos de miles de personas en todo el país.
Luis Mesina, vocero de la organización que plantea terminar con el actual sistema de capitalización individual, informó que espera que esta protesta -a realizarse el próximo domingo 26 de marzo- sea la marcha más grande en la historia del país.
“Que el día 26 se convierta en la marcha familiar más grande de la historia es un trabajo que estamos realizando desde Punta Arenas hasta Arica. La próxima semana voy a la sexta y séptima región, la subsiguiente a la décima. Las AFPs están francamente desesperadas tratando de gastar nuestros fondos en publicidad engañosa, tratando de ampliar una campaña comunicacional a través de los medios para desacreditar nuestra política, sin embargo, la gente no les cree y eso es lo más importante”.
Otra de las manifestaciones que aglutinará gran cantidad de personas será la que se está convocando para este miércoles 8 de marzo, fecha en que se conmemorará el Día internacional de la Mujer.
Ximena Riffo, vocera de la agrupación contra la violencia hacia la mujer, comunicó que también adhirió oficialmente al Paro Internacional de Mujeres llamado por su símil en Argentina. “Llamamos a 3 cosas: a vestirnos de negro, a retrasar el reloj una hora, eso significa retrasar todas las labores que realizamos a diario, como ir a dejar a los niños al colegio, labores domésticas, en el trabajo hacer brazos caídos, y a los compañeros llamarlos a que solidaricen con las mujeres también y que asistan a la gran marcha que tenemos desde Plaza Italia”.
En Santiago, la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer se realizará a las 19 horas en Plaza Italia y será replicada en diversas ciudades del país.
Finalmente, la paralización convocada por el gremio de los taxistas es otra de las acciones que se realizará en el mes de marzo, específicamente este próximo lunes 6, también denominado “súper lunes”.
El presidente de la Confederación Nacional de Taxistas (Confenataxi), Luis Campos, confirmó que el paro busca presionar al Ejecutivo para que impulse con urgencia una regulación para las denominadas aplicaciones del trasporte como son Uber y Cabify. “Todas las regiones del país en una línea. Todos a movilizarnos para que el gobierno le dé suma urgencia al proyecto, que se investigue el tema de evasión de impuestos. Impuestos Internos no ha hecho nada sobre la materia ni con el tema de la fiscalización de este tipo de vehículos”.
Si bien los gremios de trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios, no tienen planeado movilizaciones sectoriales, sí se preparan para participarán con fuerza en las marchas de NO+AFP y la convocada para el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.
Dentro de estas tres manifestaciones masivas, la planificada por la Coordinadora No+AFP se espera sea la más grande de todas, tomando en cuenta anteriores movilizaciones que sumaron cientos de miles de personas en todo el país.
Luis Mesina, vocero de la organización que plantea terminar con el actual sistema de capitalización individual, informó que espera que esta protesta -a realizarse el próximo domingo 26 de marzo- sea la marcha más grande en la historia del país.
“Que el día 26 se convierta en la marcha familiar más grande de la historia es un trabajo que estamos realizando desde Punta Arenas hasta Arica. La próxima semana voy a la sexta y séptima región, la subsiguiente a la décima. Las AFPs están francamente desesperadas tratando de gastar nuestros fondos en publicidad engañosa, tratando de ampliar una campaña comunicacional a través de los medios para desacreditar nuestra política, sin embargo, la gente no les cree y eso es lo más importante”.
Otra de las manifestaciones que aglutinará gran cantidad de personas será la que se está convocando para este miércoles 8 de marzo, fecha en que se conmemorará el Día internacional de la Mujer.
Ximena Riffo, vocera de la agrupación contra la violencia hacia la mujer, comunicó que también adhirió oficialmente al Paro Internacional de Mujeres llamado por su símil en Argentina. “Llamamos a 3 cosas: a vestirnos de negro, a retrasar el reloj una hora, eso significa retrasar todas las labores que realizamos a diario, como ir a dejar a los niños al colegio, labores domésticas, en el trabajo hacer brazos caídos, y a los compañeros llamarlos a que solidaricen con las mujeres también y que asistan a la gran marcha que tenemos desde Plaza Italia”.
En Santiago, la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer se realizará a las 19 horas en Plaza Italia y será replicada en diversas ciudades del país.
Finalmente, la paralización convocada por el gremio de los taxistas es otra de las acciones que se realizará en el mes de marzo, específicamente este próximo lunes 6, también denominado “súper lunes”.
El presidente de la Confederación Nacional de Taxistas (Confenataxi), Luis Campos, confirmó que el paro busca presionar al Ejecutivo para que impulse con urgencia una regulación para las denominadas aplicaciones del trasporte como son Uber y Cabify. “Todas las regiones del país en una línea. Todos a movilizarnos para que el gobierno le dé suma urgencia al proyecto, que se investigue el tema de evasión de impuestos. Impuestos Internos no ha hecho nada sobre la materia ni con el tema de la fiscalización de este tipo de vehículos”.
Si bien los gremios de trabajadores de la salud, profesores y estudiantes universitarios, no tienen planeado movilizaciones sectoriales, sí se preparan para participarán con fuerza en las marchas de NO+AFP y la convocada para el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.
Coordinadora No+AFP realiza funa y toma de la Superintendencia de Pensiones y convoca a marcha para el 26 de marzo
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
01 Marzo 2017
[resumen.cl] Este
miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, realizó una
funa y ocupación de las oficinas de la Superintendencia de Pensiones, en
la Región Metropolitana. La organización nacional de trabajadores exige
el fin del sistema y la instauración de un sistema de reparto.
Con pintura y carteles en el frontis de
sus oficinas quedó la Superintendencia de Pensiones en la Región
Metropolitana. La Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP funó y
ocupó la Superintendencia de Pensiones protestando contra la validación
que ha hecho esta institución con el negocio previsional, su rol
decisivo en la estafa al Estado en 400 mil millones de dólares por las
truculentas fusiones de CUPRUM Y PROVIDA y por promover el aumento de
las cotizaciones y la edad previsional.
Los manifestantes llamaron a salirse de
AFP CUPRUM y PROVIDA y convocaron además a una masiva marcha nacional
contra el sistema de AFP que se realizará el día 26 de marzo. Los
trabajadores exigen el fin del cuestionado sistema de AFPs y la
instauración de un moderno sistema de reparto, tripartito y solidario.
“Saldremos a manifestarnos nuevamente
contra este sistema corrupto de administradoras de fondos de pobres”
consignaron en la entrada.
La coordinadora también llamó a sumarse a la convocatoria a movilización el 8 de marzo, para el día de la Mujer trabajadora.
Minera Escondida no avanza en negociación y trabajadores cumplen tres semanas de paro
Martín Espinoza |Martes 28 de febrero 2017 18:50 hrs.
No
hay luces de acuerdo entre la Minera Escondida y sus trabajadores. Los
nudos críticos de la negociación están, al parecer, lejos de resolverse y
no hay certezas respecto del alcance de las consecuencias económicas.
El
mayor yacimiento de cobre del mundo suma ya tres semanas en huelga.
Minera Escondida, responsable del 18% de la producción local de cobre,
aún no logra amarrar un acuerdo con sus trabajadores.
Dentro de las propuestas del sindicato se encuentran un reajuste salarial del 7% además de un bono de término de conflicto de $25 millones. Hace poco más de una semana fueron esos los puntos que se plantearon al empleador en la reunión de mediación que tuvieron ambas partes. No obstante, desde la empresa ofrecieron un bono de $8 millones y reajuste 0, lo que sería uno de los nudos críticos del conflicto.
Hoy, distintos medios de comunicación recogieron las declaraciones de Andrew Mackenzie, CEO de BHP Billiton, la compañía dueña de Escondida, en las que afirmaba que habría habido acercamientos entre empleados y empleadores para dar fin al conflicto.
A través de un comunicado, los trabajadores de la minera desmintieron los dichos de Mackenzie, declarando que “a la fecha no se ha producido ningún contacto con los representantes locales de la empresa a fin de poder reinstalar conversaciones”. Además, el documento agrega que “los ejecutivos nacionales se mantienen en la postura de no respetar nuestro convenio colectivo, no discriminar a los trabajadores nuevos y no afectar los tiempos de descanso”.
Sobre las declaraciones del CEO, Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1 -que mantiene movilizado a más de 1.500 trabajadores- es enfático en repetir lo que se menciona en el comunicado: “No tenemos negociación alguna. A raíz de lo que dijo el CEO, o alguien le mintió o él está mintiendo, porque nosotros no estamos negociando absolutamente con nadie”. Sobre el reajuste y el bono de término de conflicto, el dirigente sindical afirma que son puntos negociables y que no constituyen la base del petitorio. Asimismo, Allendes explica que los puntos intransables son tres: “respetar el pie de la negociación actual que está vigente; el no uso de los tiempos de descanso de los trabajadores dentro y fuera de la jornada laboral para aumentar la producción y la no discriminación de los trabajadores que serán contratados a futuro, incluyéndolos dentro de los beneficios que se obtengan producto de la negociación que se llevará a cabo”.
Las repercusiones económicas aún están por verse y son inciertas. Para Julián Alcayaga, abogado y economista especialista en cobre, las consecuencias no alcanzarían dimensiones preocupantes ni para el Estado ni para BHP Billiton: “No creo que existan repercusiones importantes para la economía. Si bien baja la producción, el aumento del precio del cobre es superior a la caída de la producción, entonces esto no provoca daño económico ni a la empresa ni al Estado. La baja de trabajo es compensada por el aumento del precio del cobre”. Probablemente uno de los coletazos los reciba el Imacec de febrero, producto de las significativas dimensiones de Escondida dentro de la actividad económica minera.
Debido a la paralización de las actividades se ha dejado de producir más de 60 mil toneladas de cobre y se calcula que por cada día de paralización se dejan de recibir cerca de 20 millones de dólares. Aún no existen acercamientos y los trabajadores han dejado entrever que estarían dispuestos a extender la movilización incluso hasta los dos meses.
Dentro de las propuestas del sindicato se encuentran un reajuste salarial del 7% además de un bono de término de conflicto de $25 millones. Hace poco más de una semana fueron esos los puntos que se plantearon al empleador en la reunión de mediación que tuvieron ambas partes. No obstante, desde la empresa ofrecieron un bono de $8 millones y reajuste 0, lo que sería uno de los nudos críticos del conflicto.
Hoy, distintos medios de comunicación recogieron las declaraciones de Andrew Mackenzie, CEO de BHP Billiton, la compañía dueña de Escondida, en las que afirmaba que habría habido acercamientos entre empleados y empleadores para dar fin al conflicto.
A través de un comunicado, los trabajadores de la minera desmintieron los dichos de Mackenzie, declarando que “a la fecha no se ha producido ningún contacto con los representantes locales de la empresa a fin de poder reinstalar conversaciones”. Además, el documento agrega que “los ejecutivos nacionales se mantienen en la postura de no respetar nuestro convenio colectivo, no discriminar a los trabajadores nuevos y no afectar los tiempos de descanso”.
Sobre las declaraciones del CEO, Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1 -que mantiene movilizado a más de 1.500 trabajadores- es enfático en repetir lo que se menciona en el comunicado: “No tenemos negociación alguna. A raíz de lo que dijo el CEO, o alguien le mintió o él está mintiendo, porque nosotros no estamos negociando absolutamente con nadie”. Sobre el reajuste y el bono de término de conflicto, el dirigente sindical afirma que son puntos negociables y que no constituyen la base del petitorio. Asimismo, Allendes explica que los puntos intransables son tres: “respetar el pie de la negociación actual que está vigente; el no uso de los tiempos de descanso de los trabajadores dentro y fuera de la jornada laboral para aumentar la producción y la no discriminación de los trabajadores que serán contratados a futuro, incluyéndolos dentro de los beneficios que se obtengan producto de la negociación que se llevará a cabo”.
Las repercusiones económicas aún están por verse y son inciertas. Para Julián Alcayaga, abogado y economista especialista en cobre, las consecuencias no alcanzarían dimensiones preocupantes ni para el Estado ni para BHP Billiton: “No creo que existan repercusiones importantes para la economía. Si bien baja la producción, el aumento del precio del cobre es superior a la caída de la producción, entonces esto no provoca daño económico ni a la empresa ni al Estado. La baja de trabajo es compensada por el aumento del precio del cobre”. Probablemente uno de los coletazos los reciba el Imacec de febrero, producto de las significativas dimensiones de Escondida dentro de la actividad económica minera.
Debido a la paralización de las actividades se ha dejado de producir más de 60 mil toneladas de cobre y se calcula que por cada día de paralización se dejan de recibir cerca de 20 millones de dólares. Aún no existen acercamientos y los trabajadores han dejado entrever que estarían dispuestos a extender la movilización incluso hasta los dos meses.
Camino a la desobediencia civil
por Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 27 de febrero 2017 9:02 hrs.
Durante
los meses de vacaciones la política siguió acumulando despropósitos y
escándalos. Los terribles incendios forestales finalmente dejaron en
evidencia también la precariedad de nuestras políticas medioambientales,
la ineptitud que se reitera en las autoridades y los mezquinos recursos
que se disponen para afrontar estos desastres. Nuevamente, la
solidaridad exterior se hizo presente para desnudar nuestra patética
fragilidad. Y todo deja otra vez en evidencia los millonarios recursos
que se disponen, por ejemplo, a la compra de armas, versus los recursos
destinados a la adquisición de aviones y equipos para hacer frente a
este tipo de tragedias. Lo que se comprueba en esos centenares de
hogares arrasados por las llamas y la pérdida de miles de fuentes de
producción y empleo.
Una catástrofe que nos revela también la forma en que los inescrupulosos políticos intentan lucrar hasta con el dolor de las víctimas. En el más bochornoso de los casos, hemos observado al propio expresidente Piñera en tenida de “campaña electoral” para fustigar a La Moneda, tratando de disimular las acusaciones que pesan sobre él y lo debieran tener formalizado en la Justicia, en su irrefrenable voracidad por acumular riqueza y acomodarse en la nómina de los magnates mundiales. Aprovechándose, como se presume en este caso, de la información privilegiada que tuvo mientras ejerció como gobernante y poniendo de manifiesto que nunca fue real aquel fideicomiso “ciego” que anunció antes de asumir la Presidencia.
Sobornos a la política y colusiones empresariales, en tanto, que no dejan de impactar en la opinión pública con los casos Penta, Caval, Soquimich y tantos otros que se ventilan en las mediáticas fiscalías y ahora les ofrecen a sus autores escabullirse de las sanciones que se merecen. Gracias, siempre, a las triquiñuelas de los juicios abreviados, recursos como aquel de la “irreprochable“ conducta anterior y otros dislates de nuestro sistema penal que una y otra vez se reitera mucho más estricto con los delincuentes comunes que con los de “cuello y corbata”. Procesos que se extienden infinitamente y que explican la muerte impune de Hugo Bravo, importante ejecutor y testigo de uno de los casos de corrupción y soborno más bullados.
La época estival está culminando ahora con una nueva ley destinada a favorecer a las grandes tiendas mediante el cobro por sus estacionamientos a sus propios consumidores, para colmo con un abusivo reajuste de tarifas detectado por el Servicio Nacional del Consumidor. Mientras parece imponerse, ya, la indemnización consentida por las papeleras que por más de diez años abultaron ilegalmente los precios de sus productos; una cifra que parece muy alta (siete mil pesos para todos los mayores de 18 años) que, sin embargo, es mínima si se la compara con las enormes utilidades obtenidas con la venta del papel higiénico.
Toda una inmensa colusión minera, política y de los grandes medios de comunicación para endilgarles a los trabajadores en huelga de La Escondida la responsabilidad de llevar a nuestra economía a una situación de “recesión técnica”, como la llaman. Algo muy curioso cuando la huelga lo que ha provocado es un aumento en el valor internacional del cobre, y lo que arriesgaría supuestamente perder esta empresa con dicha paralización es menos de todo lo que necesitaría para satisfacer la demanda de sus trabajadores. Con lo que se sospecha, lógicamente, el interés de esta transnacional y de todas las otras (en supuesta colusión con el ministro de Hacienda) de hacer fracasar esta paralización de faenas, a fin de evitar que la huelga pueda extenderse a las demás cupríferas como al conjunto de las empresas del país.
También hemos tenido un verano en que las AFP y las isapres han gastado ingentes recursos publicitarios para desacreditar las movilizaciones sociales que denuncian sus abusos y hasta la entrega de información falsa al país y a las superintendencias que debieran regular su actividad. Tal como se acusa, precisamente, en el caso de Masvida. Entidades verdaderamente aterradas, ahora, por la protesta social que sin duda se encenderá a partir de marzo, en manifestaciones y protestas de diversa índole. Porque todo indica que en un año electoral como éste, el pueblo tiene una gran oportunidad de ejercer su malestar con la política y el cruel e inicuo modelo económico concebido por el régimen de Pinochet y consagrado por los gobiernos de nuestra larga posdictadura.
En efecto, los meses que vienen le dan al país la oportunidad de ejercer con fuerza una resistencia pacífica, una desobediencia civil, destinada a remecer las bases de la injusticia institucionalizada y hacer imposible los abusos que afectan a nuestra población. Una justa rebelión que ganaría fuerza y solvencia moral cuando se comprueba el alto e irrevocable desprestigio de los gobernantes y de instituciones del Estado como el Parlamento, los partidos políticos, los organismos contralores y los mismos tribunales. Una “funa” (como se dice) a gran escala contra los recaudadores de los cobros abusivos de la locomoción colectiva; un franco boicot a la impudicia de aquellos políticos corruptos que se aprestan nuevamente a solicitar nuestro sufragio. Por cierto que también paros, tomas y otras múltiples formas de presión que le signifiquen abortar las pretensiones de los comerciantes especuladores, como especialmente a la gran clase patronal que se burla de los derechos sindicales mediante el cohecho que ejercen y seguirán ejerciendo en los legisladores.
En buenas cuentas, una movilización que se manifieste en imaginación y contundentes acciones, como aquellas que fueron tan eficaces en el pasado para enfrentar a la Dictadura. Por supuesto avaladas, entonces, por quienes hoy desde La Moneda y el Parlamento se empeñan en reprimir el descontento, militarizar la Araucanía y hasta mantener vigente y en operación la Ley Antiterrorista que tanto criticaron. Una protesta social que también encuentra sustento y legitimidad en ese sesenta por ciento de ciudadanos renuentes a avalar con su voto el orden injusto y la codicia de quienes se proclaman como nuestros representantes. Que se niega a los cantos de sirena de los partidos que deben ahora refichar a sus militantes, y les propina continuos tapabocas a aquellos políticos demostrados como ineptos e improbos, pero que insisten en volver al Gobierno o mantenerse como parásitos de la administración pública.
Una movilización social que desprecie definitivamente a los viejos y revenidos referentes políticos y gremiales, que descubra a sus potenciales y genuinos líderes. Que evite también, por supuesto, someterse a la intermediación de aquellas expresiones políticas reiteradas en el mismo estigma del sectarismo o el caudillismo, y que todavía pueblan una “izquierda” arrogante, ensimismada e insensible al drama popular. Jóvenes dirigentes y referentes que toleran con su silencio y pasividad, incluso, que los mismos que alentaron el derrumbe de la institucionalidad republicana chilena se arroguen hoy el título de demócratas. Así sea participando de operaciones internacionales siniestras para desestabilizar a Cuba y otras naciones, mientras enmudecen frente a las pretensiones de un Trump se cerrar sus fronteras y expulsar de los Estados Unidos a más de 12 millones de inmigrantes. Entre otras de sus terroríficas promesas que ya están en ejecución.
Una cantidad de desvergüenzas muy bien aceitadas por el poder económico de las grandes empresas transnacionales, como justificados por aquellos vanidosos columnistas de El Mercurio y otros medios cooptados totalmente por el neoliberalismo, aunque se empeñen en ser reconocidos como “liberales”. Que tienen la pretensión, incluso, de hacer pasar a golpistas y defensores del Régimen Militar como líderes morales y republicanos, por lo que seguramente van a terminar reconociéndole a Pinochet, más temprano que tarde, su aporte a la reconstrucción nacional. Cuando ya empiezan a calificar los crímenes de la dictadura como simples “excesos” y hacen lo posible por borrar de nuestra memoria nacional lo que aconteció gracias a que los propios políticos de antaño (no lo olvidemos) alentaron y después justificaron el Golpe Militar.
ARGENTINA
Una catástrofe que nos revela también la forma en que los inescrupulosos políticos intentan lucrar hasta con el dolor de las víctimas. En el más bochornoso de los casos, hemos observado al propio expresidente Piñera en tenida de “campaña electoral” para fustigar a La Moneda, tratando de disimular las acusaciones que pesan sobre él y lo debieran tener formalizado en la Justicia, en su irrefrenable voracidad por acumular riqueza y acomodarse en la nómina de los magnates mundiales. Aprovechándose, como se presume en este caso, de la información privilegiada que tuvo mientras ejerció como gobernante y poniendo de manifiesto que nunca fue real aquel fideicomiso “ciego” que anunció antes de asumir la Presidencia.
Sobornos a la política y colusiones empresariales, en tanto, que no dejan de impactar en la opinión pública con los casos Penta, Caval, Soquimich y tantos otros que se ventilan en las mediáticas fiscalías y ahora les ofrecen a sus autores escabullirse de las sanciones que se merecen. Gracias, siempre, a las triquiñuelas de los juicios abreviados, recursos como aquel de la “irreprochable“ conducta anterior y otros dislates de nuestro sistema penal que una y otra vez se reitera mucho más estricto con los delincuentes comunes que con los de “cuello y corbata”. Procesos que se extienden infinitamente y que explican la muerte impune de Hugo Bravo, importante ejecutor y testigo de uno de los casos de corrupción y soborno más bullados.
La época estival está culminando ahora con una nueva ley destinada a favorecer a las grandes tiendas mediante el cobro por sus estacionamientos a sus propios consumidores, para colmo con un abusivo reajuste de tarifas detectado por el Servicio Nacional del Consumidor. Mientras parece imponerse, ya, la indemnización consentida por las papeleras que por más de diez años abultaron ilegalmente los precios de sus productos; una cifra que parece muy alta (siete mil pesos para todos los mayores de 18 años) que, sin embargo, es mínima si se la compara con las enormes utilidades obtenidas con la venta del papel higiénico.
Toda una inmensa colusión minera, política y de los grandes medios de comunicación para endilgarles a los trabajadores en huelga de La Escondida la responsabilidad de llevar a nuestra economía a una situación de “recesión técnica”, como la llaman. Algo muy curioso cuando la huelga lo que ha provocado es un aumento en el valor internacional del cobre, y lo que arriesgaría supuestamente perder esta empresa con dicha paralización es menos de todo lo que necesitaría para satisfacer la demanda de sus trabajadores. Con lo que se sospecha, lógicamente, el interés de esta transnacional y de todas las otras (en supuesta colusión con el ministro de Hacienda) de hacer fracasar esta paralización de faenas, a fin de evitar que la huelga pueda extenderse a las demás cupríferas como al conjunto de las empresas del país.
También hemos tenido un verano en que las AFP y las isapres han gastado ingentes recursos publicitarios para desacreditar las movilizaciones sociales que denuncian sus abusos y hasta la entrega de información falsa al país y a las superintendencias que debieran regular su actividad. Tal como se acusa, precisamente, en el caso de Masvida. Entidades verdaderamente aterradas, ahora, por la protesta social que sin duda se encenderá a partir de marzo, en manifestaciones y protestas de diversa índole. Porque todo indica que en un año electoral como éste, el pueblo tiene una gran oportunidad de ejercer su malestar con la política y el cruel e inicuo modelo económico concebido por el régimen de Pinochet y consagrado por los gobiernos de nuestra larga posdictadura.
En efecto, los meses que vienen le dan al país la oportunidad de ejercer con fuerza una resistencia pacífica, una desobediencia civil, destinada a remecer las bases de la injusticia institucionalizada y hacer imposible los abusos que afectan a nuestra población. Una justa rebelión que ganaría fuerza y solvencia moral cuando se comprueba el alto e irrevocable desprestigio de los gobernantes y de instituciones del Estado como el Parlamento, los partidos políticos, los organismos contralores y los mismos tribunales. Una “funa” (como se dice) a gran escala contra los recaudadores de los cobros abusivos de la locomoción colectiva; un franco boicot a la impudicia de aquellos políticos corruptos que se aprestan nuevamente a solicitar nuestro sufragio. Por cierto que también paros, tomas y otras múltiples formas de presión que le signifiquen abortar las pretensiones de los comerciantes especuladores, como especialmente a la gran clase patronal que se burla de los derechos sindicales mediante el cohecho que ejercen y seguirán ejerciendo en los legisladores.
En buenas cuentas, una movilización que se manifieste en imaginación y contundentes acciones, como aquellas que fueron tan eficaces en el pasado para enfrentar a la Dictadura. Por supuesto avaladas, entonces, por quienes hoy desde La Moneda y el Parlamento se empeñan en reprimir el descontento, militarizar la Araucanía y hasta mantener vigente y en operación la Ley Antiterrorista que tanto criticaron. Una protesta social que también encuentra sustento y legitimidad en ese sesenta por ciento de ciudadanos renuentes a avalar con su voto el orden injusto y la codicia de quienes se proclaman como nuestros representantes. Que se niega a los cantos de sirena de los partidos que deben ahora refichar a sus militantes, y les propina continuos tapabocas a aquellos políticos demostrados como ineptos e improbos, pero que insisten en volver al Gobierno o mantenerse como parásitos de la administración pública.
Una movilización social que desprecie definitivamente a los viejos y revenidos referentes políticos y gremiales, que descubra a sus potenciales y genuinos líderes. Que evite también, por supuesto, someterse a la intermediación de aquellas expresiones políticas reiteradas en el mismo estigma del sectarismo o el caudillismo, y que todavía pueblan una “izquierda” arrogante, ensimismada e insensible al drama popular. Jóvenes dirigentes y referentes que toleran con su silencio y pasividad, incluso, que los mismos que alentaron el derrumbe de la institucionalidad republicana chilena se arroguen hoy el título de demócratas. Así sea participando de operaciones internacionales siniestras para desestabilizar a Cuba y otras naciones, mientras enmudecen frente a las pretensiones de un Trump se cerrar sus fronteras y expulsar de los Estados Unidos a más de 12 millones de inmigrantes. Entre otras de sus terroríficas promesas que ya están en ejecución.
Una cantidad de desvergüenzas muy bien aceitadas por el poder económico de las grandes empresas transnacionales, como justificados por aquellos vanidosos columnistas de El Mercurio y otros medios cooptados totalmente por el neoliberalismo, aunque se empeñen en ser reconocidos como “liberales”. Que tienen la pretensión, incluso, de hacer pasar a golpistas y defensores del Régimen Militar como líderes morales y republicanos, por lo que seguramente van a terminar reconociéndole a Pinochet, más temprano que tarde, su aporte a la reconstrucción nacional. Cuando ya empiezan a calificar los crímenes de la dictadura como simples “excesos” y hacen lo posible por borrar de nuestra memoria nacional lo que aconteció gracias a que los propios políticos de antaño (no lo olvidemos) alentaron y después justificaron el Golpe Militar.
ARGENTINA
CONADU Histórica convoca a paros los días 6,7 y 8 de marzo
Claudia Baigorria: “Va a ser una gran semana de lucha”
Jueves 2 de marzo de 2017, por *
Bajo la
consigna "por trabajo con derechos y contra la violencia machista", las
mujeres de la CTA Autónoma llaman a movilizar en todo el país en el
marco de una Jornada Nacional de Lucha. Las docentes universitarias
organizadas en CONADU Histórica se suman a esta medida con paro de
actividades. Asimismo la Federación de Docentes, Investigadores y
Creadores Universitarios paran y se movilizan el 6 y 7 de marzo junto a
los estatales de la Central y a toda la clase trabajadora. Al respecto,
ACTA dialogó con Claudia Baigorria, Secretaria de Formación de CONADU
Histórica y Secretaria Administrativa de la Central.
El último Plenario de Secretarios Generales de CONADU Histórica
resolvió por unanimidad convocar a un paro nacional de 48 horas contra
los topes salariales: "En el caso de nuestra paritaria, el gobierno no
nos ofreció ni un 18 por ciento, si no incrementos mensuales de acuerdo a
la inflación. Eso para nosotros es un cheque en blanco, y continúan sin
reconocernos la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios en
el segundo semestre del año pasado y lo que va de este año".
Por eso, "para nosotros es muy importante que triunfe la paritaria salarial de los maestros de primaria y secundaria, y de los estatales", indicó la referente: "para nosotros la pelea es una sola y por eso vamos a estar acompañando el paro y movilización educativa el día 6, que todo indicaría una movilización al Ministerio de Educación de la Nación".
Además, y como parte de la CTA Autónoma, CONADU Histórica estará acompañando la movilización convocada por la CGT para el día martes 7 de marzo: "contra los despidos, por la reincorporación de los compañeros y compañeras despedidas, contra la precarización laboral y la flexibilización de los Convenios Colectivos de Trabajo".
Por trabajo con derechos y contra la violencia machista, la CONADU Histórica adhiere y convoca a paros activos en los lugares de trabajo en el marco de una Jornada Nacional de Lucha por el Día de la Mujer Trabajadora: "la modalidad del paro la va a definir cada asociación de base, con horarios disímiles porque en la mayoría de las Universidades Nacionales las clases aún no empezaron".
En este sentido afirmó que "estamos ante un hecho inédito, que es la convocatoria desde las tres centrales sindicales donde vamos a estar construyendo una columna sindical -encabezada por la CTAA, la CTAT y la CGT-, donde vamos a manifestar nuestro rechazo profundo al crecimiento de la violencia en los lugares de trabajo, la violencia domestica, obstetrica, institucional, la violencia que margina a las mujeres del mercado laboral, la violencia que nos margina de los puestos jerárquicos, que supone que no tengamos el mismo salario por las mismas tareas o el mismo acceso a capacitaciones, el acceso a becas a cargos de decisión política, etcétera".
"Vamos a poner de relieve también que queremos que nuestros Convenios Colectivos de Trabajo incorporen una mirada de género que hoy carecen y por lo cual no tenemos licencia por violencia de género, jardines materno parentales en los lugares de trabajo, en los barrios, en las universidades" remarcó y añadió: "queremos igualdad en el trato pero también en la adjudicación de los cuidados: estas tareas que son adjudicadas a las mujeres en los territorios, lugares de trabajo, comedores, organizaciones, hogares, que es un trabajo no remunerado ni reconocido. Queremos que se socialicen los cuidados y para ello es imprescindible mucha concientización".
* Equipo de comunicación de la CTA AutónomaPor eso, "para nosotros es muy importante que triunfe la paritaria salarial de los maestros de primaria y secundaria, y de los estatales", indicó la referente: "para nosotros la pelea es una sola y por eso vamos a estar acompañando el paro y movilización educativa el día 6, que todo indicaría una movilización al Ministerio de Educación de la Nación".
Además, y como parte de la CTA Autónoma, CONADU Histórica estará acompañando la movilización convocada por la CGT para el día martes 7 de marzo: "contra los despidos, por la reincorporación de los compañeros y compañeras despedidas, contra la precarización laboral y la flexibilización de los Convenios Colectivos de Trabajo".
Por trabajo con derechos y contra la violencia machista, la CONADU Histórica adhiere y convoca a paros activos en los lugares de trabajo en el marco de una Jornada Nacional de Lucha por el Día de la Mujer Trabajadora: "la modalidad del paro la va a definir cada asociación de base, con horarios disímiles porque en la mayoría de las Universidades Nacionales las clases aún no empezaron".
En este sentido afirmó que "estamos ante un hecho inédito, que es la convocatoria desde las tres centrales sindicales donde vamos a estar construyendo una columna sindical -encabezada por la CTAA, la CTAT y la CGT-, donde vamos a manifestar nuestro rechazo profundo al crecimiento de la violencia en los lugares de trabajo, la violencia domestica, obstetrica, institucional, la violencia que margina a las mujeres del mercado laboral, la violencia que nos margina de los puestos jerárquicos, que supone que no tengamos el mismo salario por las mismas tareas o el mismo acceso a capacitaciones, el acceso a becas a cargos de decisión política, etcétera".
"Vamos a poner de relieve también que queremos que nuestros Convenios Colectivos de Trabajo incorporen una mirada de género que hoy carecen y por lo cual no tenemos licencia por violencia de género, jardines materno parentales en los lugares de trabajo, en los barrios, en las universidades" remarcó y añadió: "queremos igualdad en el trato pero también en la adjudicación de los cuidados: estas tareas que son adjudicadas a las mujeres en los territorios, lugares de trabajo, comedores, organizaciones, hogares, que es un trabajo no remunerado ni reconocido. Queremos que se socialicen los cuidados y para ello es imprescindible mucha concientización".
Río Negro: Puja redistributiva
La dos CTA marcharon en Viedma contra el ajuste
Jueves 2 de marzo de 2017, por *
Los
gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores
marcharon ayer por la capital provincial y organizaron un “contra-acto”
afuera de la Legislatura, donde repudiaron el tope salarial impuesto por
el Gobierno y criticaron el “ajuste” que se viene. Además, ratificaron
que no comenzarán las clases.
La manifestación recorrió las calles de Viedma pasando por los
edificios públicos. Unas 600 personas se encolumnaron detrás de las
banderas gremiales.
Patricia Cetera aseguró: “6 y 7 no empezamos las clases”. La dirigente docente planteó que aún hay escuelas que no están en condiciones. Dijo que el gremio detectó que, por ejemplo, no se hicieron las limpiezas en los tanques de agua. Pidió paritarias libres y rechazó el aumento del 17%.
La titular de la UnTER aseguró que no habrá enfrentamintos con la Policía porque los agentes “son trabajadores”. Y les recordó que la lucha por los salarios que llevan adelante, los beneficia a todos.
Por su parte, el secretario General del SITRAJUR, Pablo Barreno, criticó el operativo policial que con vallas separó a los legisladores y funcionarios de los trabajadores. Y advirtió que los gremios estarán todos los días que sean necesarios en la calle para lograr el aumento “que corresponde”. Pidió la unidad sindical y aseguró: “No nos vamos a bajar los pantalones”.
Rodolfo Aguiar redobló la apuesta y pidió un aumento salarial del 40%. “No para ganar, sino para no perder nuestro poder adquisitivo”. Criticó a los dirigentes gremiales que “quieren quedar bien con Dios y con el Diablo”. Denunció un “ajuste brutal”, y evaluó que con los recortes anunciados por el Gobierno están en riesgo los servicios escenciales del Estado.
El líder de ATE y la CTA Autónoma también criticó el vallado y dijo que “allá, detrás de esas vallas, esconden a dirigentes que abusan de nuestra niñas”.
Aguiar planteó que además de los salarios, los gremios cuidarán los recursos naturales. Criticó la entrega de tierras a extranjeros y la falta de cuidado del agua, la contaminación de los ríos y lagos.
"El de Weretilneck ha sido el discurso del ajuste y del endeudamiento. Se terminaron los aplausos efusivos. La provincia está en peligro. Se acumula una deuda de 2.900 millones de pesos y existe un déficit de 3.000 millones", señaló en su discurso el secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Y completó: "A esto se suma que el plan Castello nos hará entrar en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre la sustentabilidad económica futura de la provincia. Tenemos que controlar también a la oposición política, porque hay muchos Intendentes y Diputados que por un puñado de dólares levantarán la mano para comprometer las generaciones futuras y llevar a Río Negro a un callejón sin salida".
Por último, Jorge Molina, titular de la CTA-T, leyó un petitorio que entregaron en la Legislatura. Una comisión integrada por los líderes sindicales llevó el documento. La Policía, impidió el paso a la prensa que no pudo registar el momento del encuentro con las autoridades del Poder Legislativo.
Molina aseguró que le pedirán al Gobernador que se ponga al frente de la defensa de los intereses de los rionegrinos, y vaya a pelear a Buenos Aires los fondos que corresponden para evitar el “ajuste” en Río Negro.
Los gremialistas coincidieron en que “el despilfarro” y el “endeudamiento” no fue responsabilidad de los trabajadores que son los que hoy pagan las consecuencias.
Fuente: www.adnrionegro.com.ar
Patricia Cetera aseguró: “6 y 7 no empezamos las clases”. La dirigente docente planteó que aún hay escuelas que no están en condiciones. Dijo que el gremio detectó que, por ejemplo, no se hicieron las limpiezas en los tanques de agua. Pidió paritarias libres y rechazó el aumento del 17%.
La titular de la UnTER aseguró que no habrá enfrentamintos con la Policía porque los agentes “son trabajadores”. Y les recordó que la lucha por los salarios que llevan adelante, los beneficia a todos.
Por su parte, el secretario General del SITRAJUR, Pablo Barreno, criticó el operativo policial que con vallas separó a los legisladores y funcionarios de los trabajadores. Y advirtió que los gremios estarán todos los días que sean necesarios en la calle para lograr el aumento “que corresponde”. Pidió la unidad sindical y aseguró: “No nos vamos a bajar los pantalones”.
Rodolfo Aguiar redobló la apuesta y pidió un aumento salarial del 40%. “No para ganar, sino para no perder nuestro poder adquisitivo”. Criticó a los dirigentes gremiales que “quieren quedar bien con Dios y con el Diablo”. Denunció un “ajuste brutal”, y evaluó que con los recortes anunciados por el Gobierno están en riesgo los servicios escenciales del Estado.
El líder de ATE y la CTA Autónoma también criticó el vallado y dijo que “allá, detrás de esas vallas, esconden a dirigentes que abusan de nuestra niñas”.
Aguiar planteó que además de los salarios, los gremios cuidarán los recursos naturales. Criticó la entrega de tierras a extranjeros y la falta de cuidado del agua, la contaminación de los ríos y lagos.
"El de Weretilneck ha sido el discurso del ajuste y del endeudamiento. Se terminaron los aplausos efusivos. La provincia está en peligro. Se acumula una deuda de 2.900 millones de pesos y existe un déficit de 3.000 millones", señaló en su discurso el secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Y completó: "A esto se suma que el plan Castello nos hará entrar en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre la sustentabilidad económica futura de la provincia. Tenemos que controlar también a la oposición política, porque hay muchos Intendentes y Diputados que por un puñado de dólares levantarán la mano para comprometer las generaciones futuras y llevar a Río Negro a un callejón sin salida".
Por último, Jorge Molina, titular de la CTA-T, leyó un petitorio que entregaron en la Legislatura. Una comisión integrada por los líderes sindicales llevó el documento. La Policía, impidió el paso a la prensa que no pudo registar el momento del encuentro con las autoridades del Poder Legislativo.
Molina aseguró que le pedirán al Gobernador que se ponga al frente de la defensa de los intereses de los rionegrinos, y vaya a pelear a Buenos Aires los fondos que corresponden para evitar el “ajuste” en Río Negro.
Los gremialistas coincidieron en que “el despilfarro” y el “endeudamiento” no fue responsabilidad de los trabajadores que son los que hoy pagan las consecuencias.
Fuente: www.adnrionegro.com.ar
Buenos Aires: Puja redistributiva
CICOP vuelve a parar en defensa de la Salud Pública
Jueves 2 de marzo de 2017, por *
Desde
las 0:00 horas de este jueves 2 de marzo realizarán un paro de 24 horas
en reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal de paritarias 2016/2017,
los 80 hospitales públicos bonaerenses, más hospitales municipales y
centros de salud, por decisión de los 10 mil médicos y profesionales que
componen la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la
Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA), el cual será el quinto paro de
2017 y el sexto de este plan de lucha.
El actual Plan de Lucha ya lleva cinco medidas de fuerza, una en 2016 y
cuatro en 2017. Comenzó con el paro del 21 de diciembre de 2016 “porque
el gobierno no convocaba a paritarias, habiéndose comprometido a
hacerlo para los primeros días de ese mes”. Luego hubo otro a principios
de año, el 11 de enero, el primer paro a Vidal que le realizó un gremio
en 2017, y luego los días 2, 7 y 22 de febrero.
“El Gobierno insiste con el ajuste en la provincia y en el país. Con un alto costo político, que se expresa en un clima de rechazo a sus medidas que incluso lo ha obligado a retroceder en varias de ellas. En Salud, estamos reclamando que nos convoquen. En la actitud asumida por las y los funcionarios parecería que no abordar los problemas los solucionara, persistiendo con su postura irresponsable mientras el sistema de salud padece una larga agonía. Así como hemos sido muy críticos de la gestión de Daniel Scioli, sobre todo en lo referente a lo sanitario, hoy podemos decir que luego de 14 meses de gobierno los responsables actuales, encabezados por María Eugenia Vidal, no han revertido ninguno de los graves problemas que asolan la Salud Pública provincial. Por el contrario, los problemas estructurales se agravaron y la mayor demanda los pone cada vez más en evidencia”, afirmaron desde la CICOP.
“La baja del presupuesto para el área, la falta de respuestas ante cierres parciales o totales de servicios, la inacción de las autoridades ante los reclamos que plantean un mejor funcionamiento de hospitales y centros de salud, son ya parte de una política que desdeña la Salud Pública y promueve que el deterioro cada vez más profundo genere condiciones para la introducción del mercado como solución a los problemas. Esa es la impronta del Plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) que enfrentaremos junto a organizaciones sociales y políticas como ya lo hiciéramos ante circunstancias similares en la década del noventa. Tal como lo venimos denunciando, el techo salarial para los trabajadores de salud, además de indigno, es antisanitario”, agregaron.
“Habrá que recordarle a Zulma Ortiz que su Ministerio – sin dudas, todo un record – ha eyectado un sinnúmero de funcionarios en su tiempo de gestión, que ya hemos tenido varios jefes de gabinete, directores de personal y responsables de la DGA (Dirección General de Administración), entre otros, sin haber conseguido ni remotamente la estabilidad y la interlocución política indispensable para intentar resolver los problemas. El programa “Quiero ser residente” es una cáscara vacía, los insumos sólo tienen mejoras espasmódicas y las estructuras edilicias hospitalarias permanecen en un estado lamentable. Falta personal en guardias y plantas, el trabajo en red es sólo una bonita declaración y los padecimientos cotidianos de trabajadorxs y usuarixs son cada vez mayores. Creemos, humildemente, que la nota de la Ministra está mucho más cerca del aplazo”, evaluaron los profesionales de la salud mediante un comunicado.
Además, recordaron que “el último Congreso de Delegadas y Delegados definió dos medidas de 24 horas para el pasado miércoles 22/2 y el próximo jueves 2/3, así como promovió fuertemente el paro de 48 horas de los días 6 y 7 de marzo, el que ratificaremos en asambleas y Congreso de la semana que se inicia. La definición de que las decisiones que tomemos sean el resultado de los debates en cada lugar de trabajo con la consiguiente participación de la mayoría de lxs trabajadorxs es una bandera que no estamos dispuestos a arriar. Nuestras medidas se deciden en asambleas y congresos, no en círculos pequeños ni a partir de la idea de algún dirigente “iluminado”. Además, la medida que promovemos se inscribe en un Plan de lucha que ya ha tenido cuatro paros en lo que va del año, siendo la expresión de lo que discuten nuestros compañeros y compañeras”.
“En tal sentido, el sábado 4 de marzo llevaremos a cabo nuestro Congreso, instando a una participación masiva en las asambleas y mandatando a las y los congresales para el mismo. Será la forma de profundizar la pelea en la que estamos comprometidos y que sigue teniendo como centro la mejora de salarios y condiciones laborales en el marco de la defensa de la Salud Pública”, finalizaron, fijando fecha para el día en que decidirán la participación del próximo paro nacional multisectorial.
Fuente: www.cicop.org.ar; www.ctabuenosaires.org.ar
* Equipo de Comunicación de la CTA de la provincia de Buenos Aires
“El Gobierno insiste con el ajuste en la provincia y en el país. Con un alto costo político, que se expresa en un clima de rechazo a sus medidas que incluso lo ha obligado a retroceder en varias de ellas. En Salud, estamos reclamando que nos convoquen. En la actitud asumida por las y los funcionarios parecería que no abordar los problemas los solucionara, persistiendo con su postura irresponsable mientras el sistema de salud padece una larga agonía. Así como hemos sido muy críticos de la gestión de Daniel Scioli, sobre todo en lo referente a lo sanitario, hoy podemos decir que luego de 14 meses de gobierno los responsables actuales, encabezados por María Eugenia Vidal, no han revertido ninguno de los graves problemas que asolan la Salud Pública provincial. Por el contrario, los problemas estructurales se agravaron y la mayor demanda los pone cada vez más en evidencia”, afirmaron desde la CICOP.
“La baja del presupuesto para el área, la falta de respuestas ante cierres parciales o totales de servicios, la inacción de las autoridades ante los reclamos que plantean un mejor funcionamiento de hospitales y centros de salud, son ya parte de una política que desdeña la Salud Pública y promueve que el deterioro cada vez más profundo genere condiciones para la introducción del mercado como solución a los problemas. Esa es la impronta del Plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) que enfrentaremos junto a organizaciones sociales y políticas como ya lo hiciéramos ante circunstancias similares en la década del noventa. Tal como lo venimos denunciando, el techo salarial para los trabajadores de salud, además de indigno, es antisanitario”, agregaron.
Un Ministerio de Salud insólito
“En el contexto de nuestra medida de fuerza del miércoles 22 – la que volvió a tener una muy buena adhesión -, la Ministra de Salud Zulma Ortiz realizó insólitas declaraciones a los medios que llamaron poderosamente la atención. Al referirse al paro, dijo que la adhesión estaba entre un 5 y un 10 %; en relación a CICOP, manifestó que con todos los gobiernos “hacíamos lo mismo”: reclamar con medidas (aquí no se equivocó la Ministra); expresó que ningún Ministerio había hecho tanto por lxs residentes como el suyo y que si tenía que calificar su gestión, se ponía un 6 (seis), ya que había mejorado notablemente la situación de los insumos y la infraestructura hospitalaria, pero aún no había logrado iguales resultados en el tema recursos humanos”, enfatizaron.“Habrá que recordarle a Zulma Ortiz que su Ministerio – sin dudas, todo un record – ha eyectado un sinnúmero de funcionarios en su tiempo de gestión, que ya hemos tenido varios jefes de gabinete, directores de personal y responsables de la DGA (Dirección General de Administración), entre otros, sin haber conseguido ni remotamente la estabilidad y la interlocución política indispensable para intentar resolver los problemas. El programa “Quiero ser residente” es una cáscara vacía, los insumos sólo tienen mejoras espasmódicas y las estructuras edilicias hospitalarias permanecen en un estado lamentable. Falta personal en guardias y plantas, el trabajo en red es sólo una bonita declaración y los padecimientos cotidianos de trabajadorxs y usuarixs son cada vez mayores. Creemos, humildemente, que la nota de la Ministra está mucho más cerca del aplazo”, evaluaron los profesionales de la salud mediante un comunicado.
Además, recordaron que “el último Congreso de Delegadas y Delegados definió dos medidas de 24 horas para el pasado miércoles 22/2 y el próximo jueves 2/3, así como promovió fuertemente el paro de 48 horas de los días 6 y 7 de marzo, el que ratificaremos en asambleas y Congreso de la semana que se inicia. La definición de que las decisiones que tomemos sean el resultado de los debates en cada lugar de trabajo con la consiguiente participación de la mayoría de lxs trabajadorxs es una bandera que no estamos dispuestos a arriar. Nuestras medidas se deciden en asambleas y congresos, no en círculos pequeños ni a partir de la idea de algún dirigente “iluminado”. Además, la medida que promovemos se inscribe en un Plan de lucha que ya ha tenido cuatro paros en lo que va del año, siendo la expresión de lo que discuten nuestros compañeros y compañeras”.
Una CICOP dispuesta a pelear: Hacia el Paro del 6 y 7
“El paro de los días lunes 6 y martes 7 tiene un gran número de organizaciones promoviéndolo. Los docentes lo han confirmado, reclamando la paritaria nacional y rechazando la propuesta del gobierno provincial; nuestra Federación nacional lo definió en su último Ejecutivo; hay un llamado a paro nacional de estatales desde ATE; la CTA Provincia de Buenos Aires lo decidió en su plenario de secretarios generales; ambas CTA nacionales apoyan estas medidas; los judiciales también participarán activamente. En ese marco, entendiendo que la lucha conjunta nos dará mejores perspectivas de éxito, que perforar el techo del 18 % que nos quieren imponer será posible si somos capaces de conformar la fuerza necesaria y que los planteos de enfrentar el ajuste oficial son comunes, creemos imprescindible ser parte del Paro de 48 horas de esos días, participando activamente en todas las movilizaciones unitarias que se propongan”, adelantaron.“En tal sentido, el sábado 4 de marzo llevaremos a cabo nuestro Congreso, instando a una participación masiva en las asambleas y mandatando a las y los congresales para el mismo. Será la forma de profundizar la pelea en la que estamos comprometidos y que sigue teniendo como centro la mejora de salarios y condiciones laborales en el marco de la defensa de la Salud Pública”, finalizaron, fijando fecha para el día en que decidirán la participación del próximo paro nacional multisectorial.
Fuente: www.cicop.org.ar; www.ctabuenosaires.org.ar
Buenos Aires: Puja redistributiva
CICOP vuelve a parar el jueves
Lunes 27 de febrero de 2017, por *
La
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires (CICOP-CTA) paró el miércoles pasado y anunció la
realización de una nueva medida de fuerza para el jueves 2 de marzo. Su
presidente, Fernando Corsiglia, aseguró que la adhesión a la medida de
fuerza fue “total”.
Es en reclamo de una nueva convocatoria a paritarias y por el
cumplimiento de lo acordado con el gobierno de María Eugenia Vidal. La
del miércoles fue la cuarta jornada de huelga en lo que va del año.
El titular de CICOP, Fernando Corsiglia, resaltó la “adhesión total” de la medida de fuerza y confirmó una nueva medida para este jueves.
El paro de los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, comenzó el martes a la medianoche en reclamo a la gobernadora Vidal de paritarias 2016 y 2017, aunque también por pedidos de acuerdos que según los médicos no “se han cumplido”.
El paro fue el cuarto de 2017 y el quinto del plan de lucha. Según Corsiglia, la actividad en los hospitales provinciales como siempre se limitó a las guardias o emergencias, pero aseguró que la “adhesión fue total”, y remarcó que a diferencia de otras medidas, la de ésta tuvo “mucha fuerza en los nosocomios del conurbano”.
“Nosotros ya tenemos una medida para el jueves próximo y nos encaminamos a parar el 6 y 7 de marzo llevando a cabo el primer paro de 48 horas de 2017, en una medida conjunta del sector de gremios estatales bonaerenses”, recordó el representante sindical.
El actual plan de lucha que ya lleva cuatro medidas de fuerza comenzó con el paro del 21 de diciembre de 2016 “porque el gobierno no convocaba a paritarias, habiéndose comprometido a hacerlo para los primeros días de ese mes”, recordó el titular de CICOP.
Luego hubo otro a principios de año, el 11 de enero, el primer paro a Vidal que le realizó un gremio en 2017, y luego los días 2 y 7 de febrero, “porque la gobernadora no cerró la paritaria de salud del último trimestre de 2016, no cumplió algunos de los acuerdos anteriores y quiere imponer además un incremento de 18 por ciento para todo 2017 que, pasado en limpio, es en realidad un 11 por ciento, algo irrisorio, como la última oferta de aumento que hizo a fines del año pasado, de 98 pesos”, afirmó Corsiglia.
Fuente:www.inforegion.com.ar; www.cicop.org.ar
* Equipo de Comunicación de la Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA)
El titular de CICOP, Fernando Corsiglia, resaltó la “adhesión total” de la medida de fuerza y confirmó una nueva medida para este jueves.
El paro de los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, comenzó el martes a la medianoche en reclamo a la gobernadora Vidal de paritarias 2016 y 2017, aunque también por pedidos de acuerdos que según los médicos no “se han cumplido”.
El paro fue el cuarto de 2017 y el quinto del plan de lucha. Según Corsiglia, la actividad en los hospitales provinciales como siempre se limitó a las guardias o emergencias, pero aseguró que la “adhesión fue total”, y remarcó que a diferencia de otras medidas, la de ésta tuvo “mucha fuerza en los nosocomios del conurbano”.
Próximas medidas
En cuanto a la respuesta de las autoridades provinciales, el dirigente criticó que “no hay ninguna declaración del gobierno, ni oficial ni extra oficial, ni diálogo en las últimas semanas”.“Nosotros ya tenemos una medida para el jueves próximo y nos encaminamos a parar el 6 y 7 de marzo llevando a cabo el primer paro de 48 horas de 2017, en una medida conjunta del sector de gremios estatales bonaerenses”, recordó el representante sindical.
El actual plan de lucha que ya lleva cuatro medidas de fuerza comenzó con el paro del 21 de diciembre de 2016 “porque el gobierno no convocaba a paritarias, habiéndose comprometido a hacerlo para los primeros días de ese mes”, recordó el titular de CICOP.
Luego hubo otro a principios de año, el 11 de enero, el primer paro a Vidal que le realizó un gremio en 2017, y luego los días 2 y 7 de febrero, “porque la gobernadora no cerró la paritaria de salud del último trimestre de 2016, no cumplió algunos de los acuerdos anteriores y quiere imponer además un incremento de 18 por ciento para todo 2017 que, pasado en limpio, es en realidad un 11 por ciento, algo irrisorio, como la última oferta de aumento que hizo a fines del año pasado, de 98 pesos”, afirmó Corsiglia.
Fuente:www.inforegion.com.ar; www.cicop.org.ar
Los sindicatos reclaman el 35% y el gobierno no se mueve del 18 por ciento.
La pelea es desigual. De un lado, los docentes; del otro, el
gobierno y la Justicia. En el medio, los chicos del país con el inicio
de clases retrasado. Macri puso a Vidal al frente de la avanzada, pero
desde los gremios docentes de la CGT advierten: "El responsable es el
presidente".
El conflicto ya lleva varias semanas y no hay avances de ningún tipo en las negociaciones. El gobierno no cede en la imposición del techo paritario del 18% (en cuatro cuotas, con la última en octubre), mientras que los docentes no se bajan del 35% (25% de suba y 10% de recomposición por lo perdido en 2016) y exigen paritarias federales que, además de garantizar un piso salarial para todo el país, plasmarían una suerte de garantía de financiamiento del gobierno central para las provincias.
Los trabajadores convocaron un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo. En la provincia de Buenos Aires, la Justicia falló en favor del descuento de haberes en caso de paro. Por otro lado, el Ejecutivo bonaerense amenaza con imponer un aumento por decreto. Así lo señaló el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas quien confirmó que está en estudio otorgar el aumento del 18% al sueldo de los maestros por esa vía en caso de que los gremios "no acataran" una eventual conciliación obligatoria.
"El gobierno se autoinfligió el paro, a partir de una estrategia torpe de someter a los maestros a salarios de miseria. Con este aumento y encima en cuotas, para marzo nos quieren dar $ 250 más. Es una locura", explicó a Tiempo el titular de la Unión Docente (UDA) y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Sergio Romero, quien agregó: "Hay máxima adhesión a nivel nacional".
Los docentes de escuelas privadas también llamaron al paro nacional. Mario Almirón, secretario general de SADOP, expresó a Tiempo: "La situación es muy grave. Ante el cierre de la puerta a la negociación por parte del Gobierno Nacional, que se niega a abrir la paritaria nacional, la respuesta no es de resignación, sino de lucha". Almirón aseguró: "El Ejecutivo habla de diálogo, pero no lo practica. Incumple la Ley y desprotege a los docentes".
El triángulo de un incendio con foco en Buenos Aires
La química explica que para producir un incendio se necesitan tres componentes: combustible, calor y oxígeno. El techo del 18% es el combustible de este incendio; el triángulo de fuego se completa con el calor que levanta la presión implacable de Vidal y con el oxígeno que recibió de la Justicia, a través de un fallo vergonzoso.
Para Romero, "el máximo responsable es el presidente Macri y el segundo es el ministro de Educación Esteban Bullrich. Vidal es responsable sólo de lo que ocurre en Buenos Aires, que si bien es importante, no es el país. Quieren poner a Vidal al frente de la pelea porque tiene buena imagen, pero el responsable a nivel nacional no es otro que el presidente".
La antigua estrategia "divide y reinarás" fue aplicada por Vidal (en representación de Macri): fue la principal impulsora de la ruptura de la tradicional paritaria nacional, lo cual obliga a resolver por provincia. Al menos, así lo intenta. Los gobernadores se subieron a ese tren sin dudar. Los docentes no permiten esta división y reclaman que la paritaria sea nacional para luego, con un piso garantizado, sí negociar en forma provincial.
En su territorio, Vidal no quiere huelgas y cuenta con el gran apoyo de la Justicia regional: los jueces Gustavo Spacarotel, Juan de Santis y Claudia Milanta emitieron un fallo que permite a la provincia descontar a los docentes los días de paro.
Al respecto, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari aseguró que la postura responde a un principio de Vidal: "No hay salario, si no hay trabajo." No aclara si ese salario debe ser digno, pero sí remarca que "esto no menoscaba el derecho a huelga", lo cual es comparable con no pagar vacaciones y decir que eso no impide tomarse 15 días de descanso. "No se puede transformar el derecho a huelga en una licencia forzada con goce de sueldo", concluyó. «
El conflicto ya lleva varias semanas y no hay avances de ningún tipo en las negociaciones. El gobierno no cede en la imposición del techo paritario del 18% (en cuatro cuotas, con la última en octubre), mientras que los docentes no se bajan del 35% (25% de suba y 10% de recomposición por lo perdido en 2016) y exigen paritarias federales que, además de garantizar un piso salarial para todo el país, plasmarían una suerte de garantía de financiamiento del gobierno central para las provincias.
Los trabajadores convocaron un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo. En la provincia de Buenos Aires, la Justicia falló en favor del descuento de haberes en caso de paro. Por otro lado, el Ejecutivo bonaerense amenaza con imponer un aumento por decreto. Así lo señaló el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas quien confirmó que está en estudio otorgar el aumento del 18% al sueldo de los maestros por esa vía en caso de que los gremios "no acataran" una eventual conciliación obligatoria.
"El gobierno se autoinfligió el paro, a partir de una estrategia torpe de someter a los maestros a salarios de miseria. Con este aumento y encima en cuotas, para marzo nos quieren dar $ 250 más. Es una locura", explicó a Tiempo el titular de la Unión Docente (UDA) y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Sergio Romero, quien agregó: "Hay máxima adhesión a nivel nacional".
Los docentes de escuelas privadas también llamaron al paro nacional. Mario Almirón, secretario general de SADOP, expresó a Tiempo: "La situación es muy grave. Ante el cierre de la puerta a la negociación por parte del Gobierno Nacional, que se niega a abrir la paritaria nacional, la respuesta no es de resignación, sino de lucha". Almirón aseguró: "El Ejecutivo habla de diálogo, pero no lo practica. Incumple la Ley y desprotege a los docentes".
El triángulo de un incendio con foco en Buenos Aires
La química explica que para producir un incendio se necesitan tres componentes: combustible, calor y oxígeno. El techo del 18% es el combustible de este incendio; el triángulo de fuego se completa con el calor que levanta la presión implacable de Vidal y con el oxígeno que recibió de la Justicia, a través de un fallo vergonzoso.
Para Romero, "el máximo responsable es el presidente Macri y el segundo es el ministro de Educación Esteban Bullrich. Vidal es responsable sólo de lo que ocurre en Buenos Aires, que si bien es importante, no es el país. Quieren poner a Vidal al frente de la pelea porque tiene buena imagen, pero el responsable a nivel nacional no es otro que el presidente".
La antigua estrategia "divide y reinarás" fue aplicada por Vidal (en representación de Macri): fue la principal impulsora de la ruptura de la tradicional paritaria nacional, lo cual obliga a resolver por provincia. Al menos, así lo intenta. Los gobernadores se subieron a ese tren sin dudar. Los docentes no permiten esta división y reclaman que la paritaria sea nacional para luego, con un piso garantizado, sí negociar en forma provincial.
En su territorio, Vidal no quiere huelgas y cuenta con el gran apoyo de la Justicia regional: los jueces Gustavo Spacarotel, Juan de Santis y Claudia Milanta emitieron un fallo que permite a la provincia descontar a los docentes los días de paro.
Al respecto, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari aseguró que la postura responde a un principio de Vidal: "No hay salario, si no hay trabajo." No aclara si ese salario debe ser digno, pero sí remarca que "esto no menoscaba el derecho a huelga", lo cual es comparable con no pagar vacaciones y decir que eso no impide tomarse 15 días de descanso. "No se puede transformar el derecho a huelga en una licencia forzada con goce de sueldo", concluyó. «
Paritaria docente en CABA
24 Febrero 2017
Desprecio y ofensa a la docencia: todos/as a la asamblea unificada el 1 de Marzo
A poco más de una semana de comenzar las clases el jueves 23 de febrero el gobierno de la ciudad de buenos aires realizó su primera oferta salarial a la docencia porteña: 18% de aumento en dos cuotas, una en marzo de 10% y la siguiente en octubre de 8%, ¿un aumento razonable?Hacia la asamblea unificada del 1 de mazo de toda la docencia porteña
Hasta el momento el único sindicato que ha convocado a un espacio abierto de decisión a todos los y las docentes ha sido Ademys. El próximo 1ro de marzo se realizará una asamblea unificada abierta en la sede de ATE nacional, en Av. Belgrano 2527. Ademys hizo un llamado al resto de los sindicatos docentes a convocar y realizar de conjunto dicha asamblea. Allí se definirán las acciones a seguir para lograr las reivindicaciones pendientes que no se circunscriben únicamente al salario. Entre algunas de ellas están: "blanqueo" de las cifras en negro que componen el salario, contra el achatamiento de la escala minimizando las diferencias entre los docentes con mayor antigüedad y los que recién ingresan, eliminación del impuesto al salario que afecta cada vez a más compañeros, contra el decreto de Larreta que hace caducar el puntaje por cursos cada cinco años, contra la reformas educativas como la NES (Nueva Escuela Secundaria) con un impacto muy regresivo en derechos laborales y el empobrecimiento curricular.
Sólo la lucha sin tegua puede darnos la victoria
Estamos frente a un enemigo fuerte y decidido a aplicar el ajuste sobre las espaldas de los docentes sin tapujo alguno. Sabemos también que atravesamos una paritaria testigo para la discusión con el resto de los gremios. Desde las y los trabajadores ya empezamos a organizar un plan de lucha que arrancó con numerosas asambleas de base (impulsadas por Ademys) en el marco de las capacitaciones de febrero. En ellas, cientos de compañeras y compañeros se pronunciaron por el no inicio y el aumento del 40% en blanco y sin cuotas. Pero también se puso en discusión la metodología de debate y toma de decisiones, con fuerte énfasis de lograr que sean las bases las verdaderas protagonistas de este proceso. Para eso es fundamental la organización en cada escuela y en cada distrito, y llevando mandatos a asambleas masivas de capital. Participar, movilizarnos y no parar hasta conseguir lo que nos merecemos.
Todos y todas a la asamblea del 1° de Marzo!
Por un paro docente y movilización los días 6 y 7, sumando el 8 de marzo en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.
Asambleas unificadas con mandatos de escuela para decidir cómo seguimos!
Vamos por:
- 40% para toda la escala, sin cuotas y en blanco!
-Convocatoria a la Paritaria Nacional para exigir el blanqueo de todas las sumas en negro en el camino de un salario básico unificado para la docencia de todo el país y un inicial igual a la canasta familiar!
-Renacionalización del financiamiento del sistema educativo, con presupuesto nacional para educación y el quite de los subsidios a las escuelas privadas!
-Rechazo a la reforma en la reglamentación del art. 17 de nuestro estatuto docente!
-Resolución a las demandas de mejores condiciones de trabajo!
miércoles, 1 de marzo de 2017
Declaración – Mesa Nacional de Rompiendo Cadenas 25/02/2017
Frente al ajuste de los de arriba, militemos desde
abajo por un
PARO GENERAL
El sábado 25/2 tuvo lugar en CABA una nueva Mesa Nacional de
la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.
Abordamos la discusión sobre la intervención política en los
próximos meses, que tendrá por tareas fundamentales continuar la lucha contra
los planes de ajuste que impulsa el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, con
las conducciones sindicales burocráticas actuando para intentar mantener la
gobernabilidad a pesar de los ataques a nuestra clase, y en el marco de una
crisis mundial que permanece abierta y nuevas condiciones políticas
internacionales tras la asunción del magnate reaccionario Donald Trump en Estados
Unidos.
Uno de los objetivos de este gobierno es la reconfiguración
del proceso de trabajo, para relanzar la acumulación local de capital,
implicando tanto la flexibilización de nuestras condiciones de contrato, la
negociación colectiva por empresa, la reforma del régimen de las ART, y otras
medidas totalmente antiobreras (como el tarifazo, el intento de baja de
jubilaciones, o el cierre de programas sociales). Además, estos cambios incluyen
beneficios especiales al empresariado, con reformas impositivas (aun por
profundizarse), una ofensiva reaccionaria en términos ideológicos y un
reforzamiento del aparato represivo.
Sin embargo, las condiciones políticas para ir a fondo con este
plan no están dadas aun. Y se suman al descontento los manifiestos intentos de
Macri para beneficiar sus negocios familiares (como en el caso de la deuda
condonada al Correo, o de Avianca). La próxima elección de medio término marcará
sin dudas el escenario político, pero la resistencia de los sectores obreros y
populares será determinante para retardar o impedir que dichas medidas se
implementen.
Por eso, las próximas movilizaciones el 6, 7 y el 8 de marzo
implican un punto fundamental para expresar en la calle el malestar social ante
un panorama tan regresivo para nuestra clase, a pesar de los intentos de las
direcciones sindicales burocráticas para garantizar la gobernabilidad y ser
cómplices del ajuste. También son funcionales al ajuste las direcciones sindicales
que sectariamente pretenden encolumnar la resistencia a este modelo bajo un
proyecto político neo kirchnerista, en lugar de permitir procesos de unidad de
acción elementales ante los tarifazos o despidos que tengan la fuerza para dar
luchas masivas y ganar.
La pelea de la docencia, es una pelea de todos los trabajadores
La paritaria abierta de los docentes enfrentando una nueva oferta
de salarios a la baja nos compromete a la lucha para que triunfe esa pelea
testigo para todas las negociaciones salariales, después de un año donde
nuestros salarios perdieron entre 5 y 10% de su poder adquisitivo. El 6 de
marzo, además de parar y movilizar las y los docentes, también lo harán los
trabajadores/as estatales, los docentes universitarios/as de la CONADU
Histórica, la FESPROSA, y otros sectores. La dirigencia del conflicto docente
en la provincia de Buenos Aires se encuentra además enfrentando en pocos meses las
elecciones del sindicato, donde aspiramos a que la fuerte oposición Multicolor
siga avanzando en sostener un modelo gremial alternativo y de lucha (también en
las elecciones del SUTE en Mendoza, y la CTERA a nivel nacional). En un
escenario de ajuste como el actual, y ante una ofensiva de clase desde arriba
contra el derecho a huelga de los docentes (incluyendo un intento burdo de
instalar por las redes social una oleada de “voluntarios” contra el paro),
cobra mayor relevancia rodear de solidaridad a los trabajadores de la educación
en lucha. Desde las diversas expresiones antiburocráticas referenciadas en
nuestra corriente y desde diversas expresiones con las que compartimos frentes
y luchas, se plantea la necesidad de medidas impulsadas desde abajo para
construir un plan de lucha, un método que diferencia al sindicalismo antiburocrático
de las actuales conducciones de CTERA y SUTEBA provincial.
Cada vez más: sobran los motivos para el PARO GENERAL
El 7 de marzo la CGT convoca a una movilización de sus
sindicatos industriales, ante la oleada de despidos, bajo la consigna “En
defensa de la industria nacional”, buscando descomprimir el malestar que crece
desde la base. Esquivan con esta convocatoria el llamado a un paro general que
se necesita YA para enfrentar los despidos, pero no podrán evitar que movilicen
también muchísimos otros sectores en consonancia con la necesidad de ponerle un
fin a los despidos, las suspensiones, los tarifazos y las paritarias a la baja.
Además plantean unificar esa lucha con sectores empresariales y hasta con los
partidos del régimen que avalan el ajuste, como distintas expresiones del PJ y
la UCR. Este armado insiste con proponer salidas de (imposible) conciliación de
clases y desconoce el rol que las patronales han tenido en la crisis actual.
Una salida de fondo a los problemas del país requiere la acción decidida de la
clase trabajadora, construyendo un proyecto propio en lugar de alimentar los
que dirige la burguesía y fracasan sistemáticamente hace décadas (sea en sus
versiones liberales, o más orientadas al mercado interno).
8M: las mujeres trabajadoras ganaremos las calles
Una mención especial merece el paro internacional de mujeres
del 8 de marzo (#8M), en el marco de un movimiento de mujeres que lleva décadas
de organización y luchas callejeras en nuestro país atravesando en la
actualidad un salto en la masividad de participación y conciencia ante los
cotidianos ataques del patriarcado a las mujeres e identidades disidentes,
lesbianas travestis y trans.
Las calles son el escenario de disputa contra la violencia
machista y el espacio donde las mujeres trabajadoras hemos construido medidas
comunes que visibilicen nuestras opresiones que incluyeron paro y ruidazos en
los lugares de trabajo por fuera de las estructuras sindicales el pasado 19 de
octubre.
Las mujeres trabajadoras hacemos nuestros los reclamos del
conjunto de nuestra clase pero alertamos que seguimos siendo nosotras las más
precarizadas, las más explotadas y las asesinadas: solo en dos meses de 2017,
se registraron en nuestro país 1 femicidio cada 19 horas.
Estamos hartas que nuestros cuerpos sean territorios de conquista
del heteropatriarcado que nos condena también a la ilegalidad del aborto
clandestino. Seguimos exigiendo cobrar igual salario por igual tarea y no un
30% menos que los varones como todavía sucede, exigimos jardines
materno-paternales y lactarios en los lugares de trabajo y en los barrios,
extensión de la licencia por maternidad y pago del aguinaldo sobre las mismas y
la implementación efectiva de licencias por violencia de género en todos los
lugares de trabajo y la implementación del cupo laboral trans.
También decimos basta frente al acoso laboral y callejero y a
toda forma y tipo de violencias sobre nosotras por el solo hecho de ser
mujeres, lesbianas, travestis y trans. Queremos que termine la discriminación a
las migrantes y la terrible explotación que sufrimos en talleres y trabajos
clandestinos esclavizados.
Es tiempo que los varones cuestionen sus privilegios para
desligarse de las tareas domésticas y de cuidado que siguen recayendo en las
mujeres e impiden que podamos seguir desarrollándonos en nuestras tareas
gremiales ocupando espacios de dirección sindicales. Destacamos que en la CGT
sólo una mujer ocupa un lugar en su secretariado y aún en aquellos gremios de
mano de obra feminizada como la docencia, textil o alimenticia, solo por
mencionar algunas, las mujeres seguimos sin acceder a cargos directivos aunque
seamos mayoritariamente delegadas y activistas de base en nuestros lugares de
trabajo. Desde esos lugares de poder, esos varones siguen esquivando la
convocatoria al Paro que si lanzamos desde el movimiento de mujeres. Vale
también remarcar que se trata de un paro coordinado en más de 40 países, en una
articulación internacional de medidas que no se veía desde el 15/02/2003 en las
movilizaciones contra la guerra.
Estas solo son algunas de las expresiones de la doble
explotación y opresión que sufrimos que en un contexto de ajuste como el actual
empeora en las mujeres nuestras condiciones de vida. Convocamos a los
compañeros a encontrarse entre ellos para problematizar y cuestionar sus privilegios.
Por eso el 8M las mujeres paramos en los lugares de trabajo, seguimos
convocando a asambleas para organizarnos y nos sumamos a las movilizaciones en
todo el país.
Va creciendo nuestra
Corriente Político Sindical
La reunión contó con la presencia de compañeros y compañeras
de las ciudades de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, San Luis, Cipolletti,
Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata y todo el conurbano
bonaerense, activistas, delegados/as, del sector metalúrgico, estatal, docente
(tanto de escuelas como universitarios), no docente, mensajería, prensa, investigación
científica, cooperativista, de la economía popular, cerámico (Zanón),
telefónico, y muchos otros. La propia composición continúa mostrando el avance
de nuestra construcción sobre nuevas regionales y sectores de la clase.
Nuevamente en este encuentro contamos con la colaboración de la Fundación Rosa
Luxemburgo.
Además de la discusión sobre la coyuntura inmediata, acordamos
darle nuevo impulso a distintas regionales bajo la convicción de la potencia de
nuestra acción común. Relanzaremos nuestra plataforma de difusión web, para
darle más alcance y regularidad a nuestros posicionamientos. Gestaremos un
espacio de formación. Continuaremos con los encuentros periódicos en distintos
puntos del país para fortalecer las construcciones locales.
El encuentro cerró con el saludo al avance de la lucha popular
logrado con la detención del represor Cesar Milani, y los necesarios apoyos a
todos los conflictos en curso, tanto a los compañeros trasladados/as en el CREU
de Lomas de Zamora, a los despedidos en la Secretaría de Deportes del Min. de
Educación nacional, a los trabajadores/as de Canale Lavallol, Atanor, la Textil
Neuquén, los tareferos de la yerba mate de Misiones (que movilizan el 9/3 en
Buenos Aires), del laboratorio Roux Ocefa, al compañero despedido de la línea
41, y por supuesto con el gran conflicto de AGR-Clarín que es una muestra
importante de la avanzada del Gobierno y las empresas (en este caso una de las
principales del país) por la flexibilización laboral.
Frente al ajuste, los tarifazos, los despidos y el techo salarial;
Contra la flexibilización laboral y en defensa de nuestras
condiciones de trabajo.
PARO GENERAL YA
- Basta de
despidos y suspensiones
- Pase a
planta, por el fin de la precarización y tercerización
- Por
salario mínimo igual a la canasta básica
- ¡Ni Una
Menos! ¡Vivas nos queremos! Libertad para Higui
- Por
lactarios y jardines materno paternales en los lugares de trabajo y en los
barrios, licencias por maternidad y paternidad, por violencia de género, y cupo
laboral trans. Aborto legal, seguro y gratuito.
- Implementación
inmediata de la “Ley de Emergencia Social”, Democratización del Consejo de la
Economía Popular y el Salario Social, paritarias ya para este sector.
- Aumento
y la ampliación de todos los Programas de Empleo
- Por el
triunfo de los trabajadores/as de AGR-Clarin, Canale Lavallol, Textil Neuquén,
Roux Ocefa, Sec. de Deportes, CREU de Lomas de Zamora, tareferos y todas las
luchas.
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URUGUAY
PERFIL DEL SINDICALISMO
Públicos y el Sunca controlan el PIT
mié mar 1 2017 04:20 - EL PAÌS UY
En el movimiento sindical participan cada vez
más mujeres aunque todavía están muy subrepresentadas si se toma en
cuenta su nivel de participación en la población económicamente
activa; el dirigente gremial promedio tiene 45 años y cae fuertemente la
representación en el Pit-Cnt de las actividades “obreras”, de
acuerdo con una encuesta realizada entre los participantes en el XII
Congreso de la central que se realizó los 16 y 17 de junio de 2015.
La encuesta evidencia también el fuerte peso en la estructura del Pit-Cnt del Sunca (construcción) y de los sindicatos estatales. Estos últimos aparecen como “sobrerrepresentados”.
La encuesta constó de 23 preguntas respondidas por 816 de los 1.150 congresales (el 71% del total), y sus resultados están incluidos en el libro “Organización y Movimiento, Central y Convención” que elaboró el instituto “Cuesta Duarte” de la central y que será presentado en los próximos días.
La investigación muestra que casi el 29% (28,7%) de los congresales eran mujeres, aunque representan el 46% de la población ocupada en el país. Aún así se detectó un incremento importante con respecto al Congreso de 1993 cuando eran el 19,8% de los participantes. En ese momento la participación femenina en la población ocupada llegaba al 41%.
Los jóvenes parecen estar claramente subrepresentados en la dirigencia sindical. Si bien las personas de entre 20 y 29 años representan el 25,7% de la población ocupada, solamente eran el 9,7% de los congresales. Los trabajadores de entre 40 y 49 años son el 20,9% de la población ocupada y el 29,2% de los congresales. Y la franja de entre 50 y 59 años (17,2% de la población ocupada) eran el 27,4% de los delegados.
El 94% de los congresales tiene Primaria completa. El 16% culminó estudios universitarios. La edad promedio de los congresales es de 44 años, y de 45 la de los directivos de los sindicatos.
Si se considera la procedencia geográfica de los sindicalistas, se evidencia que entre el Congreso de 1993 y el de 2015 se dio una evolución por la cual el cuerpo pasó a representar mejor la distribución de la población ocupada por departamentos.
La población ocupada, que en un 60% reside en el sur, está todavía algo sobrerrepresentada porque de esa zona del país provino el 66% de los delegados.
El caso más claro de sobre representación es el de los trabajadores estatales. Si bien representan el 20,4% de la población ocupada, el 46% de los delegados al último Congreso eran empleados públicos. De todas formas, su participación retrocedió siete puntos y por primera vez la mayoría de los participantes en un Congreso del Pit-Cnt se desempeñaba en el sector privado.
Los autores de la investigación detectaron que se mantiene la tendencia a la baja en la presencia de los obreros en el Congreso, que pasan en 20 años de un 32% a un 25%.
Los autores del trabajo, Luis Leopold, Cyntia Buffa, Ariadne García, Jorge Peloche y Héctor Seco valoran que el sindicalismo uruguayo pasó de una situación de crisis estructural en los años ‘90 del siglo pasado a ser un actor fortalecido de mucha incidencia en el debate público. “En este nuevo marco y en las nuevas condiciones políticas a partir de los gobiernos nacionales desde 2005, el sindicalismo no sólo ha logrado aumentar notoriamente su membresía, sino que ha integrado nuevos sectores a la organización sindical, al mismo tiempo que mantenido la capacidad, ya anotada aún en los noventa, de incidir en las decisiones que toma el Estado en múltiples ámbitos”, apuntan los autores.
La encuesta evidencia también el fuerte peso en la estructura del Pit-Cnt del Sunca (construcción) y de los sindicatos estatales. Estos últimos aparecen como “sobrerrepresentados”.
La encuesta constó de 23 preguntas respondidas por 816 de los 1.150 congresales (el 71% del total), y sus resultados están incluidos en el libro “Organización y Movimiento, Central y Convención” que elaboró el instituto “Cuesta Duarte” de la central y que será presentado en los próximos días.
La investigación muestra que casi el 29% (28,7%) de los congresales eran mujeres, aunque representan el 46% de la población ocupada en el país. Aún así se detectó un incremento importante con respecto al Congreso de 1993 cuando eran el 19,8% de los participantes. En ese momento la participación femenina en la población ocupada llegaba al 41%.
Los jóvenes parecen estar claramente subrepresentados en la dirigencia sindical. Si bien las personas de entre 20 y 29 años representan el 25,7% de la población ocupada, solamente eran el 9,7% de los congresales. Los trabajadores de entre 40 y 49 años son el 20,9% de la población ocupada y el 29,2% de los congresales. Y la franja de entre 50 y 59 años (17,2% de la población ocupada) eran el 27,4% de los delegados.
El 94% de los congresales tiene Primaria completa. El 16% culminó estudios universitarios. La edad promedio de los congresales es de 44 años, y de 45 la de los directivos de los sindicatos.
Si se considera la procedencia geográfica de los sindicalistas, se evidencia que entre el Congreso de 1993 y el de 2015 se dio una evolución por la cual el cuerpo pasó a representar mejor la distribución de la población ocupada por departamentos.
La población ocupada, que en un 60% reside en el sur, está todavía algo sobrerrepresentada porque de esa zona del país provino el 66% de los delegados.
El caso más claro de sobre representación es el de los trabajadores estatales. Si bien representan el 20,4% de la población ocupada, el 46% de los delegados al último Congreso eran empleados públicos. De todas formas, su participación retrocedió siete puntos y por primera vez la mayoría de los participantes en un Congreso del Pit-Cnt se desempeñaba en el sector privado.
Los autores de la investigación detectaron que se mantiene la tendencia a la baja en la presencia de los obreros en el Congreso, que pasan en 20 años de un 32% a un 25%.
Los autores del trabajo, Luis Leopold, Cyntia Buffa, Ariadne García, Jorge Peloche y Héctor Seco valoran que el sindicalismo uruguayo pasó de una situación de crisis estructural en los años ‘90 del siglo pasado a ser un actor fortalecido de mucha incidencia en el debate público. “En este nuevo marco y en las nuevas condiciones políticas a partir de los gobiernos nacionales desde 2005, el sindicalismo no sólo ha logrado aumentar notoriamente su membresía, sino que ha integrado nuevos sectores a la organización sindical, al mismo tiempo que mantenido la capacidad, ya anotada aún en los noventa, de incidir en las decisiones que toma el Estado en múltiples ámbitos”, apuntan los autores.
PIERDEN PESO LOS BANCARIOS
Textiles están casi extinguidos
El sindicato de la construcción (Sunca) desplazó a
COFE (estatales) como el gremio con más afiliados. El fortalecimiento
del Sunca ha sido importantísimo, y pasó en el período 1987-2015 del
cuarto al primer puesto. Para el congreso de 1987 tenía 11.156 afiliados
y para 2015 había crecido a 30.000. Con 150 delegados, fue el sindicato
más representado en el órgano deliberativo de la central en 2015,
seguido de COFE con 125, la Federación Uruguaya de la Salud con 107
(salud privada) y la Federación Uruguaya de Magisterio con 100.
El sindicato bancario, quizás en parte como consecuencia de la reducción en la cantidad de instituciones bancarias, ha perdido peso porque en el mismo lapso pasó de 15.344 a 11.600 afiliados. En 1987 todavía era importante el Congreso Obrero Textil (COT) que tenía 9.000 afiliados y era el sexto gremio en cantidad de integrantes. Ahora, con la industria textil uruguaya colapsada, el COT no está ni entre los diez primeros. Tuvo dos delegados en el congreso. Fuecys, el sindicato del comercio, se fortaleció. Entre 1987 y 2015 pasó de 7.516 miembros a 18.000. Tuvo 90 congresales.
Delegados con mayor representación en el Congreso del PIT-CNTEl sindicato bancario, quizás en parte como consecuencia de la reducción en la cantidad de instituciones bancarias, ha perdido peso porque en el mismo lapso pasó de 15.344 a 11.600 afiliados. En 1987 todavía era importante el Congreso Obrero Textil (COT) que tenía 9.000 afiliados y era el sexto gremio en cantidad de integrantes. Ahora, con la industria textil uruguaya colapsada, el COT no está ni entre los diez primeros. Tuvo dos delegados en el congreso. Fuecys, el sindicato del comercio, se fortaleció. Entre 1987 y 2015 pasó de 7.516 miembros a 18.000. Tuvo 90 congresales.
SUNCA (Construcción) 150
COFE (Estatales) 125
FUS (Salud privada) 107
FUM (Magisterio) 100
FUECYS (Comercio y Servicios) 90
AEBU (Bancarios) 58
FNM (Municipales del interior) 41
UNTMRA (Metalúrgicos) 35
ADEOM (Municipales de Montevideo) 34
FENAPES (Profesores) 33