Los Países Bajos estudiarán la posibilidad de abandonar la eurozona
Publicado: 27 feb 2017 01:48 GMT - RT
El debate sobre una eventual salida de la
eurozona aflora en medio de la creciente de ola de euroescepticismo que
afecta al Viejo Continente.
Imagen ilustrativapixabay.com / RT
La propuesta fue presentada este jueves por Pieter Omtzigt, del principal partido de la oposición Demócratas Cristianos, que dará instrucciones al Consejo de Estado y al Parlamento para iniciar la investigación. Según el legislador, la moción tiene como fin analizar "qué opciones políticas e institucionales están abiertas para el euro" y "cuáles son las ventajas y desventajas de cada una".
La moción fue presentada debido a la preocupación de que las tasas de interés extremadamente bajas del Banco Central Europeo (BCE) perjudiquen a los ahorradores holandeses, sobre todo a los pensionistas. El destino del euro en este país del noroeste de Europa será debatido después de que las elecciones del próximo 15 de marzo. Los resultados de la propuesta serán anunciados en varios meses.
El debate sobre una eventual salida de la eurozona surge en medio de la creciente ola de euroscepticismo en el continente, donde partidos calificados de populistas esperan ganar el favor de los electores en países como Francia y Alemania, señala la agencia.
“La disolución de la OTAN sería un bien para el mundo”
La postura agresiva de la OTAN en la escena internacional
amenaza a la paz en el continente europeo, opina el columnista de la
revista alemana Der Freitag, Jakob Reimann.
El periodista considera que a partir del fin de la Guerra Fría la organización ha estado pasando una “crisis de identidad” grave e indica que se convirtió en una ‘reliquia del pasado’ cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. En esta situación la disolución oportuna de la OTAN sería una contribución significativa de los países de Occidente a la causa de la paz.
“Hubo una única oportunidad en la historia del desarme mundial y la desmilitarización completa del mundo. Pero la OTAN eligió el camino contrario, la expansión imperialista y agresiva hacia el Este”, subrayó Reinmann al recordar el fin de la Guerra Fría y destacó que el 60% del gasto militar actual del mundo —un billón de dólares— es de los países del bloque militar.
Asimismo, el autor de la nota se refirió a la cuestión de la expansión de la OTAN a Europa del Este: opinó que este proceso de ninguna manera está conectado con la democracia, sino que solo tiene carácter agresivo.
El columnista recordó las promesas del exministro de Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, y el exsecretario de Estado norteamericano, James Baker, al gobierno soviético. Los políticos aseguraban al entonces presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov, que la OTAN “no avanzará ni una pulgada hacia el Este”. Para finales de los años 90 se hizo evidente que se debió consolidar estos acuerdos verbales en forma de tratados internacionales.
Reinmann cree que hoy en día la alianza deliberadamente busca un pretexto para agravar las relaciones con Moscú. La cooperación militar entre la OTAN por una parte y Georgia y Ucrania por otra, lógicamente causa preocupación en las autoridades rusas.
Además, anotó, la estrategia de expansión de la OTAN no está vinculada con la protección de derechos humanos ni de las libertades civiles. El autor precisó que en el caso de los acontecimientos en los Balcanes en los años 90 se trataba de establecer la hegemonía del bloque en la región del Mediterráneo.
El periodista concluye que a pesar de que los miembros de la Alianza, de acuerdo con el Tratado del Atlántico Norte de 1949 que constituyó al bloque, se comprometieron a contribuir a la paz y la seguridad mundial, la OTAN sigue revelando su “naturaleza imperialista”. - Sputnik
El periodista considera que a partir del fin de la Guerra Fría la organización ha estado pasando una “crisis de identidad” grave e indica que se convirtió en una ‘reliquia del pasado’ cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. En esta situación la disolución oportuna de la OTAN sería una contribución significativa de los países de Occidente a la causa de la paz.
“Hubo una única oportunidad en la historia del desarme mundial y la desmilitarización completa del mundo. Pero la OTAN eligió el camino contrario, la expansión imperialista y agresiva hacia el Este”, subrayó Reinmann al recordar el fin de la Guerra Fría y destacó que el 60% del gasto militar actual del mundo —un billón de dólares— es de los países del bloque militar.
Asimismo, el autor de la nota se refirió a la cuestión de la expansión de la OTAN a Europa del Este: opinó que este proceso de ninguna manera está conectado con la democracia, sino que solo tiene carácter agresivo.
El columnista recordó las promesas del exministro de Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, y el exsecretario de Estado norteamericano, James Baker, al gobierno soviético. Los políticos aseguraban al entonces presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov, que la OTAN “no avanzará ni una pulgada hacia el Este”. Para finales de los años 90 se hizo evidente que se debió consolidar estos acuerdos verbales en forma de tratados internacionales.
Reinmann cree que hoy en día la alianza deliberadamente busca un pretexto para agravar las relaciones con Moscú. La cooperación militar entre la OTAN por una parte y Georgia y Ucrania por otra, lógicamente causa preocupación en las autoridades rusas.
Además, anotó, la estrategia de expansión de la OTAN no está vinculada con la protección de derechos humanos ni de las libertades civiles. El autor precisó que en el caso de los acontecimientos en los Balcanes en los años 90 se trataba de establecer la hegemonía del bloque en la región del Mediterráneo.
El periodista concluye que a pesar de que los miembros de la Alianza, de acuerdo con el Tratado del Atlántico Norte de 1949 que constituyó al bloque, se comprometieron a contribuir a la paz y la seguridad mundial, la OTAN sigue revelando su “naturaleza imperialista”. - Sputnik
Cómo se deterioraron las relaciones entre dos miembros de la OTAN en tan solo dos días
Publicado: 12 mar 2017 05:52 GMT | Última actualización: 12 mar 2017 09:57 GMT - RT
Lo que comenzó como un anuncio de una visita
del canciller turco a los Países Bajos, derivó en amenazas económicas,
bloqueos diplomáticos y violetos enfrentamientos.
La Policía antidisturbios neerlandesa vigila a los manifestantes frente al consulado de Turquía en Róterdam. Dylan MartinezReuters
Todo comenzó el pasado viernes, cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aprobó un paquete de enmiendas constitucionales que serán puestas a votación en un referéndum el próximo 16 de abril. De aprobarse, estas reformas ampliarían los poderes del mandatario turco, algo que no ha sido bien visto por la oposición de aquel país y algunos poderes políticos en Europa.
Con el fin de promover esta propuesta, el canciller turco, Mevlut Cavusoglu planificó un viaje a Róterdam, Países Bajos, para dirigirse a los turcos con doble ciudadanía que viven en aquella ciudad. Sin embargo, el Gobierno neerlandés anuló el permiso de aterrizaje, debido a "preocupaciones relacionadas con el orden público y la seguridad". Poco antes, Cavusoglu aseguró que si Países Bajos no le permitía aterrizar en su territorio, Ankara impondría sanciones económicas y políticas "muy fuertes" al país europeo.
Varios manifestantes protestan en las afueras del consulado de Turquía en Róterdam, Países Bajos.Yves Herman Reuters
Lo que siguió solo ha agravado la situación entre ambos países. A la ministra de Familia y Política Social de Turquía, Fatma Betul Sayan Kaya, quien se movilizó por tierra desde la frontera alemana hasta Róterdam, la Policía le impidió ingresar al consulado de Turquía en esa ciudad.
La ministra denuncia haber sido víctima del "trato inhumano" por parte de las autoridades neerlandesas después de que la deportaran a Alemania tras impedirle la entrada al consulado, informa Hurriyet Daily News. "Las necesidades más básicas no fueron proporcionadas", asegura Sayan Kaya, que precisó que cinco miembros de su equipo fueron detenidos y que los representantes de la prensa fueron atacados por perros y caballos de la Policía.
"Una vez más condeno a Países Bajos", declaró Sayan Kaya durante la rueda de prensa en el aeropuerto Atatürk de Estambul. El ministro de Energía, Berat Albayrak, que también estuvo presente en la rueda de prensa, calificó estos hechos como "la noche de la vergüenza para la democracia europea".
La Policía antidisturbios neerlandesa vigila a los manifestantes frente al consulado de Turquía en Róterdam.Yves HermanReuters
Estos incidentes han originado duras manifestaciones en la ciudad de Róterdam. Cientos de manifestantes se acercaron al consulado turco y han tenido que ser dispersados por la Policía local, en una escalada de tensiones que crea un ambiente de incertidumbre política entre ambos países.
"Basta de alimentar a EE.UU.": político austriaco pide acabar con la dependencia militar de la OTAN
Publicado: 28 feb 2017 14:29 GMT | Última actualización: 28 feb 2017 14:30 GMT - RT
El líder del Partido de la Libertad de
Austria insta a la Unión Europea a crear su propio ejército y normalizar
sus relaciones con Rusia.
Heinz-Peter BaderReuters
En lugar de "una OTAN subordinada a EE.UU.", el líder del FPÖ insta a unir las fuerzas de los países europeos para formar un sistema de defensa independiente de Washington: "Si creamos un ejército europeo, seremos capaces de protegernos a nosotros mismos". Por ello Strache está seguro de que en este momento la salida de la alianza militar y el establecimiento de las bases del ejército comunitario serían "un paso correcto a medio plazo". "De lo contrario, estaremos bajo mando estadounidense, que siempre busca sus propios intereses, tendremos que pagarlos y continuar financiando su industria militar. Basta de alimentar a EE.UU.", espetó el sucesor de Jörg Haider.
"Un proyecto defensivo"
El político austriaco destaca que se refiere a un proyecto defensivo y no ofensivo, en el marco de cual pueden colaborar también los países que ahora aspiran a convertirse en miembros de la OTAN. "Tenemos dos tareas principales: regular la economía y la defensa. Estos son los dos pilares, todo lo demás es secundario". Además, Strache aseguró que las armas nucleares deben ser una parte integral de la política de defensa europea, teniendo en cuenta los arsenales nucleares de algunos países europeos (como es el caso de Francia)."Ser amigos de Rusia"
Strache subrayó la necesidad de mantener contactos con Moscú, señalando que todos los conflictos de los países europeos con Rusia se pueden resolver por la vía diplomática. El político también advirtió a Bruselas de que no "debe caer en el aislamiento, debido a la crítica a Rusia y al presidente Trump". El líder ultraderechista austriaco añadió que para crear una "Europa continental fuerte" hace falta implementar una zona de libre comercio con Rusia.Antiinmigración
Austria encarcerlará a los inmigrantes que no abandonen el país
"Lo más importante es que no reciban nada por parte
del Estado si no tienen el derecho de estar aquí. ¿Es tan difícil de
entender?", ha defendido el ministro del Interior austriaco.
Inmigrantes caminan por las vías hacia la frontera de Austria. EFE/Balasz Mohai
La coalición centrista de Austria ha aceptado un proyecto de ley
que permitiría que las autoridades dejen de proporcionar alojamiento y
comida a los solicitantes de asilo rechazados y que se niegan a
abandonar el país.
El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Parlamento, es parte de una reforma más amplia de las leyes sobre extranjería en Austria,
que incluye multas de hasta 5.000 euros y penas de prisión de tres
semanas para aquellos inmigrantes que mientan sobre su identidad.
El ministro del Interior austriaco, Wolfgang
Sobotka, ha asegurado que cualquier inmigrante cuyo asilo sea rechazado
y se niegue a abandonar el país deberá atenerse a las consecuencias.
"Lo más importante es básicamente que no reciban nada por parte del Estado austriaco si no tienen el derecho de estar aquí. ¿Es tan difícil de entender?", ha añadido Sobotka.
En Austria, los solicitantes de asilo
reciben servicios básicos que incluyen alojamiento, alimentos, acceso al
servicio sanitario y 40 euros al mes.
Medida "altamente cuestionable"
En 2015, Austria recibió a un total de 90.000 solicitantes de asilo,
más de un 1 por ciento de su población, en el marco de la llegada
masiva de inmigrantes a Europa. Desde entonces, ha endurecido las
restricciones y ha contribuido al cierre de la ruta de los Balcanes por
la que llegan la mayoría de las personas que huyen de la guerra y la
pobreza de Oriente Próximo.
La oficina austriaca del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha asegurado que la medida es "altamente cuestionable" y ha pedido a los legisladores que piensen mucho a la hora de aceptarla.
Ultraderecha Finlandia
La ultraderecha finlandesa ficha al "Hitler negro" para lavar su imagen racista
El partido Verdaderos Finlandeses inscribe al pastor
protestante negro Joao Bruno Putulukeso como candidato a las elecciones
municipales de abril. En las redes de Finlandia le han apodado así por
el parecido de su bigote con el del líder nazi
Joao Bruno Putulukeso, candidato de Verdaderos Finlandeses.
El partido
ultranacionalista finés Verdaderos Finlandeses ha inscrito como
candidato a las elecciones municipales del próximo abril al pastor
protestante negro Joao Bruno Putulukeso, en un intento de lavar su imagen de partido racista de ultraderecha.
Putulukeso, de origen africano, concurre a
los comicios locales del 9 de abril por la circunscripción de Vaasa,
ciudad de la costa oeste del país nórdico, con el lema "El amor es el
arma de la victoria", según puede leerse en la página que le dedica la
web del partido. "Quiero que los inmigrantes entiendan que los Verdaderos Finlandeses
no son enemigos de los inmigrantes. Los inmigrantes deben obedecer a la
ley y las normas, y entonces pueden integrarse en paz", afirma.
En su breve perfil, el candidato de color
explica que quiere mejorar las condiciones de los estudiantes
extranjeros y que sus prioridades son la familia y el medio ambiente.
"La familia debe ser protegida, el matrimonio es cosa del hombre y la
mujer", asegura en línea con la postura oficial del partido
ultraconservador, que en todo momento se opuso a la ley del matrimonio homosexual que entró ayer en vigor en Finlandia.
Pese a ser prácticamente un desconocido, su
afiliación a este partido le ha dado visibilidad y ha causado estupor en
las redes sociales del país nórdico, donde algunos le califican ya como
"el Hitler negro" por el parecido de su bigote con el del líder nazi.
Los Verdaderos Finlandeses son actualmente
uno de los tres socios del Gobierno finés, posición que alcanzaron
gracias al impresionante avance logrado en las dos últimas elecciones
parlamentarias. El carisma de su líder, el actual ministro de
Exteriores, Timo Soini, unido a su programa populista y a las posturas euroescépticas y contra los inmigrantes,
calaron en el sector más descontento del electorado finlandés y en los
comicios de 2015 los Verdaderos Finlandeses se convirtieron en la
segunda fuerza del país.
La llegada del partido al Ejecutivo obligó a Soini a hacer concesiones y suavizar su posición para alejarse de la ultraderecha,
lo que incluyó la expulsión del partido de algunos de sus miembros más
abiertamente racistas. En un intento de mejorar también su imagen
internacional, el partido suprimió de su denominación en inglés el
término "verdaderos" por sus connotaciones negativas y pasó a llamarse
"Los finlandeses", aunque no modificó el nombre ni en finés ni en sueco,
los dos idiomas oficiales del país nórdico.
En apenas dos años de gobierno, los
Verdaderos Finlandeses han defraudado a buena parte de su electorado y
de sus afiliados, lo que ha provocado el desplome de su apoyo popular en
las últimas encuestas, en las que pierden casi la mitad de la intención
de voto.
Investigación
Wikileaks publica más de 1.000 documentos sobre la ultraderechista Marine Le Pen
La líder del Frente Nacional está inmersa en un
escándalo de corrupción por usar el dinero del Parlamento Europeo para
pagar a dos trabajadores de su partido, uno de ellos su guardaespaldas.
La ultraderechista francesa Marine Le Pen en una foto de archivo. Reuters
Wikileaks ha difundido este miércoles un total de 1.138 documentos relativos a la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, que compite en las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en Francia.
"De nuestros archivos: 1.138 documentos
sobre la candidata presidencial Marine Le Pen", ha anunciado el portal
creado por Julian Assange en su cuenta oficial de la red social Twitter.
Le Pen está inmersa en un escándalo de corrupción por usar el dinero del Parlamento Europeo para pagar a dos trabajadores del Frente Nacional, uno de ellos su guardaespaldas. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) reclama a la dirigente francesa la devolución de cerca de 300.000 euros, pero ésta se ha negado a entregarlos.
Este caso podría afectar a las aspiraciones
políticas de Le Pen, sin embargo, su principal competidor, el candidato
conservador, François Fillon, se enfrenta a una polémica aún mayor por la contratación irregular de su mujer, Penélope, como asesora de la Asamblea Nacional.
Le Pen y Fillon son los favoritos en la
carrera hacia el Elíseo, de acuerdo con los sondeos sobre intención de
voto. Ambos pasarían a la segunda vuelta, dejando a atrás al candidato
de la izquierda, Benoit Hamon, y a los posibles independientes.
Bruselas pide acelerar la deportación de inmigrantes de la Unión Europea
Comisión Europea presenta un plan de acción para
acelerar los retornos a sus países de origen de los inmigrantes que no
tienen derecho al asilo e incluye recomendaciones a los Estados miembros
para cumplir esa meta
Inmigrantes en Atenas. REUTERS/Michalis Karagiannis
La Comisión Europea (CE) presentó hoy un plan de acción para acelerar los retornos a sus países de origen de los inmigrantes
que no tienen derecho al asilo, un objetivo que los líderes de la Unión
Europea respaldaron en la cumbre informal de Malta del pasado 3 de
febrero.
El plan incluye recomendaciones a los Estados
miembros para cumplir esa meta, por ejemplo mediante la detención de
aquellas personas que "no muestran señales de cumplir" con una orden de
expulsión o recurriendo a la posibilidad de analizar las peticiones de asilo de manera acelerada para evitar los abusos al sistema.
También sugiere establecer programas de ayuda
al retorno voluntario y mejorar la coordinación entre los servicios y
autoridades implicadas en la devolución de los inmigrantes en cada uno
de los países de aquí al próximo junio en ambos casos.
El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos dijo en rueda de prensa que es necesario devolver a sus países a quienes no tienen derecho a quedarse en la UE, "en pleno cumplimiento de los derechos fundamentales".
El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos dijo en rueda de prensa que es necesario devolver a sus países a quienes no tienen derecho a quedarse en la UE, "en pleno cumplimiento de los derechos fundamentales".
"Garantizar que los inmigrantes irregulares
son devueltos con rapidez no sólo eliminará presión de los sistemas de
asilo en los Estados miembros y asegurará una capacidad apropiada para
proteger a aquellos que necesitan protección, sino que dará una fuerte
señal contra la idea de emprender peligrosos viajes a la UE", dijo el
comisario.
Para ayudar a los países en los retornos, la
CE plantea entre otras acciones aumentar el apoyo financiero a los
Estados miembros con 200 millones de euros en 2017 para los esfuerzos
llevados a cabo a nivel nacional, así como para actividades conjuntas de
devolución o reintegración a nivel europeo. También propone mejorar el
intercambio de información para impulsar las devoluciones mediante la
recopilación en tiempo real a través de los sistemas existentes.
La CE plantea además superar los retos que
implica la readmisión de los inmigrantes en sus países, trabajando para
concluir pronto las negociaciones de acuerdos de readmisión con Nigeria,
Túnez y Jordania e intentar implicar también en ese objetivo a
Marruecos y Argelia.
Estado español
Vivienda
El drama de los desahucios siguió en 2016: 48.400 ejecuciones y 63.000 lanzamientos
La mitad de los lanzamientos, un 54%, fue
consecuencia de impagos de alquileres; otros 42% se produjo tras una
ejecución hipotecaria, y el resto, por otras causas.
Una mujer abandona su domicilio en la localidad madrileña de Parla después de haber sido sesahuciada. REUTERS/Juan Medina
El drama de los
desahucios continúa, en medio de un contexto de aparente recuperación
económica. Según los últimos datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410
ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre
tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y
otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un
inmueble ). Son, sin embargo, cifras menores a las registradas un año
antes.
Las ejecuciones hipotecarias presentadas
ante los juzgados cayeron un 29% en 2016, mientras los lanzamientos
practicados descendieron el 6,4%.
La Rioja y el País Vasco son las únicas
comunidades autónomas en las que no se registró una bajada de las
ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9% y del 5,6%,
respectivamente. Los descensos fueron especialmente significativos en la
Comunidad Valenciana (39,6%), en Galicia (39,2%) y Navarra (38,8%) y
superiores al 30% en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla y León y Madrid.
La estadística sobre los efectos de la
crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los
lanzamientos, un 54,2 % equivalente a 34.193, fueron consecuencia de
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU),
mientras que otros 26.397 (un 41,9%) se produjeron tras una ejecución
hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.
Los lanzamientos por impago de alquileres se
redujeron durante el pasado ejercicio un 4,2%, mientras que los
derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 9,7%.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Por comunidades autónomas, Catalunya (con
14.069, el 22,3 % del total nacional)- fue donde se practicaron el año
pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia,
con 9.635.
Si se tienen en cuenta sólo aquellos
provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Catalunya
encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y
Andalucía, con 4.364.
De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.¡Victoria! suspendidas todas las ejecuciones hipotecarias por vencimiento anticipado en Madrid
por PAH Madrid -La Haine - 02/03/2017
Hoy,
la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido todas las ejecuciones
hipotecarias por la cláusula de Vencimiento Anticipado en todos los
juzgados de Madrid. Después de muchos años de lucha en los juzgados y en
las calles, contra los bancos y la incomprensión de las instituciones
públicas, esta mañana se ha reconocido la necesidad de suspender las
ejecuciones hipotecarias de consumidores que se encuentren relacionadas
con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en
relación con el vencimiento anticipado hasta que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea se manifieste al respecto.
Para exigir ahora el ARCHIVO de todos los procedimientos abiertos, acude a la
CONCENTRACIÓN: Próximo martes 7 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en los juzgados de Capitán Haya nº 66 (Madrid), Metro Plaza Castilla.
Pincha en las imágenes para descargarte el COMUNICADO y la providencia del JPI 32 de Madrid.
Comunicado de PAH Madrid por la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias en Madrid
Providencia JPI 32 Madrid de suspensión de la ejecución hipotecaria
Para exigir ahora el ARCHIVO de todos los procedimientos abiertos, acude a la
CONCENTRACIÓN: Próximo martes 7 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en los juzgados de Capitán Haya nº 66 (Madrid), Metro Plaza Castilla.
Pincha en las imágenes para descargarte el COMUNICADO y la providencia del JPI 32 de Madrid.
Comunicado de PAH Madrid por la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias en Madrid
Providencia JPI 32 Madrid de suspensión de la ejecución hipotecaria
Cambio de discurso en el nuevo Podemos: de la casta a la trama
Iglesias presentó este martes un concepto que ha sido
asumido y difundido por Irene Montero, Pablo Echenique y otros
dirigentes, para pasar a formar parte de la nueva dialéctica de la
formación.
La
portavoz parlamentaria, Irene Montero (abajo-i), junto al líder de
Podemos, Pablo Iglesias (abajo-d), el secretario de Estrategia Política,
Íñigo Errejón (arriba-d), y el diputado Rafa Mayoral (arriba-2d),
durante su intervención hoy en la sesión de control al Gobierno en el
pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Mariscal
Superado Vistalegre
II Podemos tiene nuevo rumbo, y con él nuevo discurso, nuevos conceptos a
potenciar por el secretario general y el resto de portavoces. Este
martes, Pablo Iglesias exponía por primera vez su concepto de "trama",
entendida esta como una suerte de red organizada que conecta a los
empresarios más poderosos con algunos dirigentes de partidos políticos
tradicionales e incluso algunos representantes del poder judicial; en
ella tienen cabida la Casa Real y otras instituciones y actores que, en
definitiva, son quienes realmente manejan los hilos, quienes ostentan el
poder real.
En esta definición caben corruptores, corruptos y quienes observan desde el palco de honor;
en ella nadan los grandes medios de comunicación, las eléctricas que se
enriquecen con abusivas -y opacas- subidas de la luz; quienes se
benefician de la impunidad y quienes lo permiten, así como toda una
suerte de actores de este "régimen" caduco, que mantienen o heredan
formas de actuar instauradas hace más de cuarenta años, siempre según su
relato.
La 'trama' ha estado presente en
todas comparecencias ante los medios de Iglesias, Echenique o la propia
Montero, y posteriormente estos han reforzado el mensaje desde sus
cuentas en Twitter
La trama tomaba el relevo esta semana a la casta, la denominación con la que Podemos hacía referencia a PP y PSOE, pero también a las élites económicas -aunque trama
es algo más amplia-; era una de las constantes en el discurso de los
portavoces del partido durante su primera etapa, pero cayó en desuso en
2015. Y, después de recurrir a otros conceptos como mafia -que no necesariamente van a ser desechados-, la dirección de Podemos ha elegido utilizar trama
como elemento de diagnóstico, como estado de la cuestión, pero también
como punto de partida sobre el que articular su discurso.
"Con trama nos referimos a esas relaciones entre gente muy importante del
ámbito de la política, de los gobiernos, instituciones y gente de las
grandes empresas de España que guardan relaciones personales de muchos
años, y que están coordinadas para, cada uno desde su ámbito de
actuación, tomar determinadas decisiones importantes para el rumbo de un país", explica a Público Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.
Según Montero, ligada de algún modo a esta trama estaría la denominada mafia del canapé; una
expresión que para una parte del mundo de la judicatura sirve para
identificar a "esa parte de la cúpula policial que está más preocupada
por mantener su posición de poder en relación al poder político". "¿Le consta la existencia de la llamada mafia del canapé?", es la primera de las cuatro preguntas que su grupo planteará esta semana al Gobierno en pleno. La formulará la propia Montero, que ya dedicó a la mafia del canapé
una parte considerable de su intervención en la Comisión de Justicia
del Congreso este miércoles, ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Entonces, la dirigente morada denunció la "impunidad" de quienes forman
parte de estas redes, similares a "telas de araña", tejidas
aprovechando "actos de canapé" en los que coinciden políticos,
empresarios y miembros del poder judicial, según Montero. A su entender,
la mafia del canapé es una trama, y a la vez forma parte de esa red que une a los poderosos de nuestro país."Todo viene de la necesidad de identificar los objetivos estratégicos de este periodo. Uno es rescatar la democracia de las élites o casta, y queríamos un concepto que no se asociase únicamente a los políticos"
La secretaria de Acción en el Congreso tomaba de este modo el testigo de Iglesias, apenas unas horas después de que el secretario general ahondara en este término. Desde entonces la trama ha estado presente en todas comparecencias ante medios de comunicación de Iglesias, Pablo Echenique o la propia Montero, y posteriormente el mensaje se ha visto reforzado desde sus cuentas en Twitter,
la red social que Podemos utilizaba el martes para empezar a usar este
término, sólo unas horas antes de que Iglesias se detuviese a explicarlo
en detalle. El partido aprovechó como marco la presentación de una PNL sobre la independencia y las garantías de la Justicia en la investigación de la corrupción para lanzar una campaña en redes, donde cuentan incluso con un hashtag propio para este término: #LaTrama
De hecho, este no es un concepto que vaya a
aparecer únicamente de forma aislada o testimonial en los discursos de
los portavoces de Podemos, como reconoce la portavoz en el Congreso.
Explica que fue el propio Iglesias quien decidió apostar por dar peso a este término, que atribuye al diputado y miembro de la dirección Manolo Monereo,
considerado uno de los referentes políticos del secretario general. "De
Manolo bebemos mucho", reconoce Montero, que ubica la adopción de este
concepto en los días inmediatamente posteriores a Vistalegre II.
Hablaron de ello en el Consejo Ciudadano del 18 de febrero, así como en
las dos reuniones que hasta la fecha ha mantenido la nueva Ejecutiva. "Todo viene de la necesidad de identificar los objetivos estratégicos de este periodo. El fundamental es rescatar la democracia de las élites o casta, y queríamos un concepto que no se asociase únicamente a los políticos, sino también a los empresarios del Ibex 35", zanja.
Iglesias en Matrix
Iglesias quería reservar este concepto hasta contar con un escenario adecuado. El martes, durante la presentación del libro Ibex 35. Una historia herética del poder en España (Capitán
Swing), del sociólogo y periodista Rubén Juste, el líder de Podemos se
sirvió de este contexto y del recuerdo de una escena de la película
Matrix- obra de las hermanas Wachowski-, para ilustrar la existencia de
esta trama, difícil de ver, pero sólida, y responsable última
-según Iglesias- de que Podemos no lograse formar gobierno. "En 2016 la
trama actuó básicamente para que Podemos no pudiera hacer leyes, y eso
implicaba que no estuviéramos en el Gobierno".
"Es como ese
personaje en Matrix, que en un momento determinado te ofrece dos
píldoras, la píldora roja o la píldora azul. Y la píldora roja es la
que, de alguna manera, cuando te la tomas, te hace comprender Matrix. Y
ves Matrix desde fuera. Te da una serie de instrumentos que te hacen
tomar esa distancia, ese gran plano general, y de repente todo empieza a
tener sentido. Toda esa sucesión de nombres propios...Expo 92,
Samaranch, Juegos Olímpicos, Solchaga, Banco de España, López Rodó,
Comunidad Económica Europea, Maastricht, Aznar, Ley del Suelo, Bárcenas,
Moral Santín, derechos del fútbol, Vía Digital, Canal Satélite Digital,
Atresmedia, Prisa, Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, Rodrigo Rato,
Isidre Fainé... Todos esos nombres, aparentemente desordenados e inconexos, empiezan a formar parte de una trama", afirmaba. De hecho, sólo un día antes de la presentación, el secretario general de Podemos introducía brevemente este concepto desde su perfil en Facebook, asegurando que su formación sí representa una amenaza contra esta trama. "Trama bien podría ser la palabra que sirva para entender cómo corrupción e impunidad son significantes asociados a un modelo de desarrollo económico y de gobernanza que ha fracasado"; "La trama ha sido capaz de transformarse para seguir mandando y reconfigurar el mando pero nunca, ni siquiera hace cuarenta años, se vio tan amenazada como ahora", apostillaba.
Muere a los 103 años la maestra republicana que defendió la educación pública frente a Primo de Rivera, Franco y Wert
Alejandra Soler luchó contra las leyes educativas de
la dictadura de Primo de Rivera y Franco y salió a la calle, con casi
100 años, para unirse a la 'primavera valenciana' en protesta contra la
conocida como 'ley Wert'.
Alejandra Soler recibió la Alta Distinción de la Generalitat.- EFE
Valencia. Febrero de
2012. Miles de estudiantes salen a la calle en defensa de la educación
pública. El movimiento pasa a conocerse como 'la primavera valenciana'. El entonces jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, comparece en rueda de prensa y califica de "enemigo" a los manifestantes. Entre aquellos miles de jóvenes en lucha, considerados como enemigos, se encuentra una mujer de 98 años, Alejandra Soler,
que ya lleva a sus espaldas una vida en lucha por la educación pública
contra los dictadores Primo de Rivera y Francisco Franco y que no dudó
en salir a protestar con la 'ley Wert'.
Alejandra Soler ha fallecido esta semana (el
miércoles) a la edad de 103 años. Como legado deja una vida de lucha
por la educación pública que quiso compartir hasta el final con los más
jóvenes: "Mi lucha es para que el saber sea asequible para todas las
clases sociales. El saber no puede ser monopolizado por una clase
social", señaló Soler en una entrevista concedida a Público en 2014.
"La ley 'Wert' es una concesión a
la educación fuera del Estado y a favor de las élites. Quieren que la
gente piense menos y tenga los oídos menos abiertos"
Soler,
que fue condecorada con la Alta Distinción de la Generalitat valenciana
en 2016 y nombrada hija predilecta de València, comenzó su lucha
estudiantil durante la dictadura de Primo de Rivera. Con apenas
14 años se afilió a la Federación Universitaria Escolar (FUE) y su
objetivo era tumbar la nueva ley educativa de la dictadura, conocida
como 'ley Callejo', en honor a su promotor Eduardo Callejo. "Me
afilié porque era una joven batalladora. No podía consentir esa ley
educativa. Querían hacer de la educación pública una enseñanza dogmática
muy influenciada por la Iglesia Católica", señalaba.
De la lucha contra la 'ley Callejo' a la de
la 'ley Wert' pasaron 85 años, pero Soler identificó claramente que,
pese al tiempo transcurrido, la batalla era la misma: "La ley 'Wert' es
una concesión a la educación fuera del Estado y a favor de las élites.
Quieren que la gente piense menos y tenga los oídos menos abiertos. Ese
era el objeto último de la 'ley Callejo' y ese es el objetivo de la
'ley Wert'. Están hipotecando el cerebro español", denunciaba la mujer en 2014.
Los tiempos de la República
El 14 de abril de 1931 fue uno de los días
más felices de la longeva vida de Alejandra Soler. Tenía 17 años. Estaba
en València. "Me volví loca. Salí a la calle gritando. Todos estábamos como locos. Era maravilloso.
Entonces los comunistas eran grupos muy pequeños y dogmáticos. Recuerdo
que salieron a la calle gritando 'Viva los soviet y abajo la
República'. Casi los matamos", recordaba Soler con una sonrisa en la
boca.
"Mi lucha es para que el saber sea
asequible para todas las clases sociales. El saber no puede ser
monopolizado por una clase social"
Soler,
de hecho, se afilió al PCE tras la fallida revolución de octubre de
1934. Apenas dos años después, una parte del ejército, con el general
Mola, Franco y Queipo de Llano al frente, se levantó en armas contra la
República: "Durante la guerra estuvimos defendiendo a la República. Y
esto es muy importante. Defendimos la República y no una transformación
en un régimen que estuviera más a la izquierda (en referencia a Estado
comunista). Nos jugamos la vida por la República y no había ningún
peligro de llegar a esa situación. Eso lo utilizó Franco para justificar
su golpe de Estado"
De un campo de concentración francés a Leningrado
Con la victoria de Franco en la Guerra Civil, Alejandra Soler cruzó la frontera francesa en 1939 y fue a pasar a un campo de concentración.
Su marido, a otro. El reencuentro entre ambos se produjo en Leningrado,
hoy San Petersburgo. Ella quería vivir en la URSS y allí se convirtió
en la maestra de los niños de la guerra. Pero la vida aún le depararía más sorpresas.
Al poco de llegar a Leningrado el ejército
nazi inició el asedio a la ciudad y Alejandra y su marido buscaron
refugio en el sur. De su memoria no se borrará nunca la crueldad de la
histórica batalla de Stalingrado ni la desilusión que supuso conocer la
URSS de Stalin: "Sigo siendo comunista y siempre lo seré, pero lo que se
hizo no se puede tolerar".
"El mundo cambiará"
En aquella entrevista en 2014, Soler
señalaba a Público que sentía mucha rabia porque sabía que moriría
pronto y mantenía intacta la "magnífica curiosidad de saber lo que va a
pasar". "Estamos en un momento histórico. Se está viviendo el final de
una época histórica y va a acontecer un cambio en la vida de la gente.
Están intentando mantener el statu quo, pero ya no se puede seguir así.
No hay salida económica, ni política, ni intelectual, ni científica",
aseguraba Alejandra, que decía entonces: "El mundo no cambiará mañana,
pero cambiará".
Alejandra no ha vivido lo suficiente para
ver el cambio que deseaba, pero su lucha hace que ese momento esté más
cerca. Su legado sirve de ejemplo. Descanse en paz.
Escondida: Huelga en una de las mayores minas de cobre del mundo
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
05 Marzo 2017
(Por Franck Gaudichaud /
L’Anticapitaliste) Desde el pasado 9 de febrero 2.500 trabajadores están
en huelga en la mina «Escondida», situada en el norte de Chile.
En manos de dos gigantes del sector
privado, BHP Billiton y Río tinto PLC (capitales anglo-australianos),
Escondida es la mayor productora de «oro rojo» del mundo con la
extracción de 900.000 toneladas anuales, es decir, el 20 % de la
producción chilena (nación que posee la principal reserva mundial de
este mineral).
Frente al anuncio de una huelga
«ilimitada», el grupo empresarial paralizó las actividades de la mina
alarmando a los especuladores de la Bolsa de Londres. A pesar de las
amenazas del presidente de la mina, Marcelo Castillo, y la presión del
Gobierno de Michèle Bachelet (socialista), los mineros mantienen su
postura y han establecido un piquete de huelga por turnos y un
campamento en el exterior de la mina (a 3.100 metros de altitud en pleno
desierto de Atacama), después de haber reunido un importante fondo de
apoyo solidario. El ministro de Economía, Rodrigo Valdés, no ha esperado
para denunciar esta lucha y legitimar a las transnacionales: «esta
huelga podría afectar más gravemente al Producto Interior Bruto que los
incendios forestales –los más graves de la historia de Chile- que
asolaron el país a finales de enero».
Fue después de romper las negociaciones
colectivas y frente a la tozudez de la empresa cuando el principal
sindicato de Escondida se lanzó a la huelga con la reivindicación
principal de una revalorización de los salarios, mientras el precio del
cobre ha conocido un aumento del 27 % en 2016 y se prevé que seguirá
subiendo al mismo ritmo hasta 2020, para mayor beneficio de los
accionistas extranjeros. «Lo mínimo que pedimos –reiteró el dirigente
del sindicato Jaime Thenoux– es poder mantener los beneficios del
convenio colectivo actual», en particular para los jóvenes mineros que
se acaban de incorporar a la plantilla de Escondida.
Una posición estratégica en el neoliberalismo…
La orientación de las empresas mineras
en los últimos años ha sido siempre buscar cada vez más flexibilización
laboral, mientras miles de empleos fueron suprimidos por los numerosos
subcontratistas. Por su parte el sindicato número uno de Escondida exige
un aumento salarial del 7 % y un bono excepcional de alrededor de
38.000 dólares por persona.
Aunque a menudo se califica a los
mineros de «aristocracia obrera» debido a sus altos salarios en
comparación con la inmensa mayoría del pueblo chileno, esos trabajadores
tienen que soportar condiciones de trabajo extremas y peligrosas. Y
sobre todo es la posición estratégica que ocupan en la economía
«primo-exportadora» neoliberal del país la que da un gran peso a sus
resistencias y reivindicaciones.
En un contexto de fuerte atomización del
movimiento sindical y obrero, heredada de la dictadura y de 25 años de
modelo ultraliberal (administrado en gran parte por las fuerzas
social-liberales de los gobiernos de la Concertación), esta huelga
podría señalar el camino de futuros conflictos de clases. Sobre todo
cuando la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) continúa en manos
de una burocracia poco legítima y ampliamente cooptada por los partidos
del Gobierno (entre los cuales se encuentra el Partido Comunista).
En los últimos días ronda el fantasma de
la gran huelga de Escondida de 2006, para disgusto de los medios
conservadores y de la patronal. Aquel severo conflicto, que duró 25
días, hizo temblar al sector minero mundial y contribuyó a la
revitalización sindical en todo el país. En su época Salvador Allende
señaló hasta qué punto el cobre representa el «sueldo de Chile». En la
actualidad estos recursos están de nuevo ampliamente en las manos del
capital transnacional: en estas condiciones los llamamientos a la
renacionalización de los recursos mineros bajo control democrático de la
población y de los asalariados resuenan con fuerza.
Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
Escuelas convertidas en cuarteles: La dramática realidad de los niños mapuches
Natalia Figueroa |Sábado 4 de marzo 2017 18:37 hrs.
Violencia
desmedida, jóvenes baleados, allanamientos constantes. Hoy la niñez
mapuche enfrenta una situación compleja donde diariamente se violan los
Derechos Humanos. Las denuncias advierten que furgones escolares y
escuelas son abordadas por Carabineros, mientras los colegios son
convertidos en retenes policiales.
En
los sectores de La Araucanía que el Gobierno ha denominado
“conflictivos por el aumento de violencia rural” la estrategia ha sido
aumentar la dotación de efectivos policiales. Esto sólo ha generado la
vulneración de las comunidades mapuches y de todos los habitantes de la
región que constantemente son allanados, interrogados o controlados.
Los más vulnerados sin duda han sido los niños y niñas mapuches que no sólo han crecido presenciado estos hechos, sino que son víctimas de esta violencia. En la comunidad de Temucuicui y de Blanco Lepin se han denunciado casos donde Carabineros acude a las escuelas, retiran a los niños y los interrogan. También, detienen a los furgones escolares cuando circulan por las rutas rurales, bajan a los niños para controlarlos y luego, no los van a dejar a sus lugares de estudios. Estos son relatos que Onésima Lienqueo, educadora intercultural, ha escuchado reiteradas veces.
“La violencia hacia la infancia mapuche es tan antigua como el proceso de usurpación del territorio por los conquistadores. La violencia se ha ido sobrepasando, sabiendo que hay casos denunciados desde 2000 en adelante. Por ejemplo, una semana después que a Brandon le dispararon, detuvieron a dos comuneras. En medio estaba su hija de quince años que fue encañonada. Hace un mes atrás pasó lo mismo con una madre y sus dos hijas, una de ellas de ocho meses”, comenta Onésima, quien también integra la Red por la Infancia en el Wallmapu.
Para la educadora “el Estado tiene una gran deuda en materia de infancia”, lo que se profundiza aún más si se trata de niños mapuches. “Esta situación es un motivo de doble discriminación y vulneración”, dice.
Este arbitrario accionar de las policías ha quedado documentado en sentencias de la Corte Suprema donde advierten que no se están cumpliendo los protocolos en La Araucanía.
Los recursos de protección que han presentado las comunidades han sido acogidos por los tribunales, pero en la práctica han quedado sin cumplimiento. En este sentido, Huenulef Millao, licenciado en ciencias jurídicas e integrante de esta Red por la Infancia en el Wallmapu señala que Carabineros está actuando al margen del estado de derecho.
“De alguna manera los recursos legales pueden tener acogida en tribunales, pero Carabineros hacer caso omiso y eso evidencia que las policías no están teniendo sujeción a la ley ni a las autoridades políticas. Es decir, el principal agente que están interviniendo en estas zonas se encuentran al margen del estado de derecho”, afirma.
Pese al voto contrario de una ministra que apeló a la Convención de Derechos del Niño, el tribunal ordenó que cumpliera su pena por robo con intimidación en este centro penitenciario. Su defensa y el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ingresaron un recurso para que la mujer sea trasladada junto a su hija al Centro de Estudio y Trabajo de Punta Parra, de acuerdo al informe hecho por el Colegio Médico que ratificaba que la cárcel no cumplía con las condiciones mínimas para mantener a una recién nacida.
Este caso dejó claro que en Chile los derechos de protección a la maternidad y al nacimiento libre quedaron olvidados.
En tanto, la violencia ejercida contra el joven de diecisiete años, Brandon Hernández Huentecol, en Curaco, Collipulli, remeció a todas las comunidades por la gravedad de los hechos. Fueron más de ciento cuarenta perdigones que el comunero recibió en su cuerpo y que lo mantuvieron dos meses internado en la Clínica Alemana de Temuco.
Se apunta como responsable al sargento segundo de Carabineros Cristián Rivera, lo que está siendo investigado por el fiscal adjunto del Ministerio Público en Angol, Nelson Moreno.
Los primeros días de febrero pasado se realizó la primera reconstitución de escena de estos hechos con la presencia del padre del joven, los abogados querellantes y el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Mientras, el próximo martes se realizará la segunda diligencia de este tipo que contará con la presencia de Brandon, testigos civiles y carabineros.
La madre del comunero, Ada Huentecol, asegura que con esto se desmentirán muchas versiones erróneas que han circulado por medios de prensa y que han vinculado el hecho con un “enfrentamiento”.
Respecto del caso de Brandon, la Red de Defensa a la Infancia Wallmapu emitió un comunicado rechazando el tratamiento que se hizo del caso en el reportaje de La Tercera titulado Los contradictorios testimonios sobre el disparo que recibió el joven en la IX región el 24 de febrero.
A juicio de la organización, este artículo “aborda superficialmente la información acerca de las reales características de un balín de goma, sin ir más allá, un balín de similares características asesino a otro joven mapuche de 17 años llamado Alex Lemun, a manos de la misma institución hace unos años atrás”.
Sin embargo, los hostigamientos de Carabineros no han cesado en ese sector. Ada Huentecol asegura han vuelto al lugar varias veces pese temor que infunde tanto en Brandon como en su hermano de trece años que también estuvo involucrado en los hechos. “Son actitudes intencionales”, manifiesta Ada.
“Se paran afuera de la carretera a tomar partes y yo digo por qué no se van unos kilómetros más allá para que mis hijos no los vean sabiendo el daño que le hicieron a Brandon. Hay secuelas psicológicas. Si fuera realmente para protegernos, los dejaríamos entrar, pero sólo vienen a molestarnos. Estamos decepcionados y no creemos nada en esta institución”, recalca.
Otra situación que las comunidades han denunciado se trata del cierre de escuelas rurales para convertirlos en cuarteles de Carabineros. Esto, producto del aumento de efectivos en la región. Mientras, otras han sido cerradas por los constantes allanamientos que se dan en sectores aledaños.
Bajo este contexto, la Red convocó a una marcha para el próximo viernes 17 de marzo, en Temuco, para visibilizar la violencia que afecta a los niños y niñas del pueblo Mapuche y exigir la desmilitarización del territorio.
Los más vulnerados sin duda han sido los niños y niñas mapuches que no sólo han crecido presenciado estos hechos, sino que son víctimas de esta violencia. En la comunidad de Temucuicui y de Blanco Lepin se han denunciado casos donde Carabineros acude a las escuelas, retiran a los niños y los interrogan. También, detienen a los furgones escolares cuando circulan por las rutas rurales, bajan a los niños para controlarlos y luego, no los van a dejar a sus lugares de estudios. Estos son relatos que Onésima Lienqueo, educadora intercultural, ha escuchado reiteradas veces.
“La violencia hacia la infancia mapuche es tan antigua como el proceso de usurpación del territorio por los conquistadores. La violencia se ha ido sobrepasando, sabiendo que hay casos denunciados desde 2000 en adelante. Por ejemplo, una semana después que a Brandon le dispararon, detuvieron a dos comuneras. En medio estaba su hija de quince años que fue encañonada. Hace un mes atrás pasó lo mismo con una madre y sus dos hijas, una de ellas de ocho meses”, comenta Onésima, quien también integra la Red por la Infancia en el Wallmapu.
Para la educadora “el Estado tiene una gran deuda en materia de infancia”, lo que se profundiza aún más si se trata de niños mapuches. “Esta situación es un motivo de doble discriminación y vulneración”, dice.
Este arbitrario accionar de las policías ha quedado documentado en sentencias de la Corte Suprema donde advierten que no se están cumpliendo los protocolos en La Araucanía.
Los recursos de protección que han presentado las comunidades han sido acogidos por los tribunales, pero en la práctica han quedado sin cumplimiento. En este sentido, Huenulef Millao, licenciado en ciencias jurídicas e integrante de esta Red por la Infancia en el Wallmapu señala que Carabineros está actuando al margen del estado de derecho.
“De alguna manera los recursos legales pueden tener acogida en tribunales, pero Carabineros hacer caso omiso y eso evidencia que las policías no están teniendo sujeción a la ley ni a las autoridades políticas. Es decir, el principal agente que están interviniendo en estas zonas se encuentran al margen del estado de derecho”, afirma.
Los casos
En octubre pasado, Lorenza Cayuhan dio a luz engrillada en el Sanatorio Alemán de Concepción y, luego de cuatro meses de permanecer en este lugar, la Corte de Apelaciones de esa ciudad resolvió que deberá reingresar al penal Arauco junto a su hija Sayen.Pese al voto contrario de una ministra que apeló a la Convención de Derechos del Niño, el tribunal ordenó que cumpliera su pena por robo con intimidación en este centro penitenciario. Su defensa y el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ingresaron un recurso para que la mujer sea trasladada junto a su hija al Centro de Estudio y Trabajo de Punta Parra, de acuerdo al informe hecho por el Colegio Médico que ratificaba que la cárcel no cumplía con las condiciones mínimas para mantener a una recién nacida.
Este caso dejó claro que en Chile los derechos de protección a la maternidad y al nacimiento libre quedaron olvidados.
En tanto, la violencia ejercida contra el joven de diecisiete años, Brandon Hernández Huentecol, en Curaco, Collipulli, remeció a todas las comunidades por la gravedad de los hechos. Fueron más de ciento cuarenta perdigones que el comunero recibió en su cuerpo y que lo mantuvieron dos meses internado en la Clínica Alemana de Temuco.
Se apunta como responsable al sargento segundo de Carabineros Cristián Rivera, lo que está siendo investigado por el fiscal adjunto del Ministerio Público en Angol, Nelson Moreno.
Los primeros días de febrero pasado se realizó la primera reconstitución de escena de estos hechos con la presencia del padre del joven, los abogados querellantes y el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Mientras, el próximo martes se realizará la segunda diligencia de este tipo que contará con la presencia de Brandon, testigos civiles y carabineros.
La madre del comunero, Ada Huentecol, asegura que con esto se desmentirán muchas versiones erróneas que han circulado por medios de prensa y que han vinculado el hecho con un “enfrentamiento”.
Respecto del caso de Brandon, la Red de Defensa a la Infancia Wallmapu emitió un comunicado rechazando el tratamiento que se hizo del caso en el reportaje de La Tercera titulado Los contradictorios testimonios sobre el disparo que recibió el joven en la IX región el 24 de febrero.
A juicio de la organización, este artículo “aborda superficialmente la información acerca de las reales características de un balín de goma, sin ir más allá, un balín de similares características asesino a otro joven mapuche de 17 años llamado Alex Lemun, a manos de la misma institución hace unos años atrás”.
Sin embargo, los hostigamientos de Carabineros no han cesado en ese sector. Ada Huentecol asegura han vuelto al lugar varias veces pese temor que infunde tanto en Brandon como en su hermano de trece años que también estuvo involucrado en los hechos. “Son actitudes intencionales”, manifiesta Ada.
“Se paran afuera de la carretera a tomar partes y yo digo por qué no se van unos kilómetros más allá para que mis hijos no los vean sabiendo el daño que le hicieron a Brandon. Hay secuelas psicológicas. Si fuera realmente para protegernos, los dejaríamos entrar, pero sólo vienen a molestarnos. Estamos decepcionados y no creemos nada en esta institución”, recalca.
Otra situación que las comunidades han denunciado se trata del cierre de escuelas rurales para convertirlos en cuarteles de Carabineros. Esto, producto del aumento de efectivos en la región. Mientras, otras han sido cerradas por los constantes allanamientos que se dan en sectores aledaños.
Bajo este contexto, la Red convocó a una marcha para el próximo viernes 17 de marzo, en Temuco, para visibilizar la violencia que afecta a los niños y niñas del pueblo Mapuche y exigir la desmilitarización del territorio.
Detienen a presidente de la FECH en manifestación contra cierre de la U. Arcis
Diario Uchile |Lunes 6 de marzo 2017 13:10 hrs.
En acto de desagravio, que tuvo lugar a las afueras del ministerio de Educación, los estudiantes intentaban avanzar hasta las afueras del palacio de La Moneda. Sin embargo, según denuncian desde la Federación, Carabineros actuó con violencia, bloqueando el paso de los manifestantes: “Hace un rato estudiantes desarrollaron una manifestación pacífica frente al #MINEDUC para visibilidad la problemática que vive la Comunidad de la Universidad Arcis frente al eminente cierre”.
Al interior del Mineduc, los representantes de los cuatro estamentos de la casa de estudios – FEUARCIS, Asociación de Académicos, Sindicatos de Trabajadores 1 y 3 y Corporación Universidad ARCIS-se reúnen con las autoridades y el administrador provisional, Patricio Velasco, con el fin de conocer el futuro del plantel. Una de las dudas es qué pasará con los estudiantes que aún permanecen matriculados en la institución.
Daniel Andrade, presidente de la FECH: “Hay que reformular Carabineros de pies a cabeza”
Claudio Medrano |Martes 7 de marzo 2017 18:54 hrs.
El
dirigente estudiantil se refirió a su detención por parte de la policía
uniformada y a los últimos hechos de violencia en los cuales ha estado
involucrado Carabineros. “La democracia que tenemos en Chile es
restrictiva, heredada de la dictadura”, señaló.
“La
violencia de Carabineros se explica porque hay muchas cosas que vienen
heredadas de la dictadura” afirmó el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Daniel Andrade, respecto
de la detención que sufrió ayer luego de una manifestación pacífica por
el proceso de cierre de la Universidad Arcis.
Andrade agregó que dicha situación se debe a que “hoy en día la democracia que existe en Chile es restrictiva y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar”.
Asimismo señala que este es un problema que no solo afecta a Carabineros sino que a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En esa línea, Andrade sostuvo que es necesario replantear el trabajo de dichas instituciones, en particular, la policía uniformada.
¿Cómo fue tu detención ayer en medio de la manifestación de la Arcis?
Estábamos manifestándonos afuera del Mineduc por el cierre planificado que está sufriendo la Universidad Arcis por parte del ministerio y del administrador provisional. La intervención era pacífica, un “banderazo”, como Confech tenemos una bandera gigante y la desplegamos en La Moneda, no nos demoramos ni cinco minutos y llegó Carabineros y por lo general ellos advierten, pero acá llegó violentamente, me agarraron del cuello dos o tres carabineros, me tiraron al suelo y me metieron al furgón.
¿Cuánto tiempo estuviste retenido?
Estuve desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El trato fue mejor cuando supieron que éramos universitarios. Estuvimos en un sector que le llaman “El Corral” y nos iban a soltar luego, hasta que se enteraron que estaba el presidente de la FECH y ahí comenzaron a hacer un procedimiento más riguroso, porque sabían que cualquier irregularidad la podríamos denunciar. Eso sí, a un compañero nuestro, al momento de detenerlo, se le golpeó muy fuerte contra el piso y le provocaron lesiones.
Pasan los gobiernos, pasan los informes de organismos de Derechos Humanos, pero Carabineros sigue con las mismas prácticas ¿Qué te parece esa situación?
Yo creo que la institución de Carabineros es una institución que hay que reformular de pies a cabeza, porque hay muchos hechos “aislados” que ya no son hechos aislados, son parte de la cotidianidad. Tenemos violaciones de carabineros hacia mujeres que están detenidas, tenemos casos de carabineros que hacen mal uso de sus armas, tenemos casos de carabineros que se exceden con la violencia hacia los manifestantes, la represión que vive el pueblo mapuche, la justicia militar, entonces hay un sin fin de cosas que tiene hoy día la institución de carabineros que no son hechos aislados, sino que muestras de una institución que germina prácticas anti democráticas, que son en torno a un Estado que reprime a los movimientos sociales y a la ciudadanía que se muestra diferente o disidente al estado de las cosas.
¿A qué atribuyes esta práctica sistemática de la policía uniformada?
Yo creo que hay muchas cosas que vienen heredadas de la dictadura, la primera es que hay dos elementos principales que tienen que hacerse en las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros, una es democratizar su ingreso, no puede ser que haya una escuela para los “pelaos rasos”, otra para suboficiales y otra para oficiales y que ninguna de ellas se puede escalar. Si alguien que entra sin estudios hacia la fuerza de Carabineros, o hacia las Fuerzas Armadas no puede terminar siendo un oficial del Ejército. Lo segundo tiene que ver con acabar con la Justicia Militar, o sea, no puede ser que cuando Carabineros o cualquier militar tengan alguna falta dentro de la sociedad civil, se recurra a la justicia militar donde los propios tribunales dejan esos casos impunes.
¿Por qué crees que las autoridades desoyen las denuncias respecto de violencia por parte de Carabineros?
Yo creo que es principalmente porque hoy día la democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar. Primero tenemos el tema de la política institucional binominal que hoy se ha estado cambiando pero que refleja una muy baja participación y para poder mantener un sistema así se requiere de unas Fuerzas Armadas que mantengan sus intereses. Nosotros vemos que ese es uno de los problemas principales y donde la democracia todavía no ha llegado. Además los gobiernos no se hacen cargo porque tampoco está en su interés hacerlo.
¿Crees tú que se debe intervenir Carabineros?
Creo que se requieren varias intervenciones en las instituciones de las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros. Hoy hemos visto como al interior hay malversaciones de fondos, hoy salió un caso también de fraude al fisco, tenemos el “Milicogate” dentro de las Fuerzas Armadas y como la defensa de la patria del orden, la defensa nacional, la seguridad nacional, es una excusa para crear carteles de dinero al interior de las Fuerzas Armadas. Son este tipo de cosas las que no puede tolerar el Estado, tiene que haber una intervención por parte del gobierno, no solo de la administración de turno, sino que una política de Estado.
Hemos visto cómo se ha agudizado también la violencia de género y en contra de la población homosexual por parte de la policía uniformada ¿Qué te parece esa situación?
Esto es parte de lo que te planteaba, hay una cultura no democrática al interior de las Fuerzas Armadas y muy conservadora. Al ser conservadora obviamente hay misoginia, homofobia, dentro de su misma formación hay una cierta odiosidad hacia los homosexuales. Esos son los valores que se inculcan y obviamente que si tú inculcas esto adentro, después hacia afuera va a ser lo que se haga.
Estamos en un año que será clave respecto de la Reforma a la Educación Superior, imagino que habrá movilizaciones ¿Cómo proyectas este año respecto de este comportamiento de Carabineros?
Primero esto no nos va a amedrentar a nosotros como movimiento. La represión ha sido una tónica en el Estado chileno, salvo algunas excepciones cuando se ha lograd avanzar en democratizar estas Fuerzas Armadas, y entendemos que hoy día eso no va estar por parte del gobierno en este año. Vamos eso sí, a develar y denunciar todas las prácticas indebidas que realice Carabineros, tanto a los manifestantes del movimiento estudiantil, pero también de otros movimientos porque nos parece relevante que estos hechos se visibilicen.
Andrade agregó que dicha situación se debe a que “hoy en día la democracia que existe en Chile es restrictiva y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar”.
Asimismo señala que este es un problema que no solo afecta a Carabineros sino que a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En esa línea, Andrade sostuvo que es necesario replantear el trabajo de dichas instituciones, en particular, la policía uniformada.
¿Cómo fue tu detención ayer en medio de la manifestación de la Arcis?
Estábamos manifestándonos afuera del Mineduc por el cierre planificado que está sufriendo la Universidad Arcis por parte del ministerio y del administrador provisional. La intervención era pacífica, un “banderazo”, como Confech tenemos una bandera gigante y la desplegamos en La Moneda, no nos demoramos ni cinco minutos y llegó Carabineros y por lo general ellos advierten, pero acá llegó violentamente, me agarraron del cuello dos o tres carabineros, me tiraron al suelo y me metieron al furgón.
¿Cuánto tiempo estuviste retenido?
Estuve desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El trato fue mejor cuando supieron que éramos universitarios. Estuvimos en un sector que le llaman “El Corral” y nos iban a soltar luego, hasta que se enteraron que estaba el presidente de la FECH y ahí comenzaron a hacer un procedimiento más riguroso, porque sabían que cualquier irregularidad la podríamos denunciar. Eso sí, a un compañero nuestro, al momento de detenerlo, se le golpeó muy fuerte contra el piso y le provocaron lesiones.
Pasan los gobiernos, pasan los informes de organismos de Derechos Humanos, pero Carabineros sigue con las mismas prácticas ¿Qué te parece esa situación?
Yo creo que la institución de Carabineros es una institución que hay que reformular de pies a cabeza, porque hay muchos hechos “aislados” que ya no son hechos aislados, son parte de la cotidianidad. Tenemos violaciones de carabineros hacia mujeres que están detenidas, tenemos casos de carabineros que hacen mal uso de sus armas, tenemos casos de carabineros que se exceden con la violencia hacia los manifestantes, la represión que vive el pueblo mapuche, la justicia militar, entonces hay un sin fin de cosas que tiene hoy día la institución de carabineros que no son hechos aislados, sino que muestras de una institución que germina prácticas anti democráticas, que son en torno a un Estado que reprime a los movimientos sociales y a la ciudadanía que se muestra diferente o disidente al estado de las cosas.
¿A qué atribuyes esta práctica sistemática de la policía uniformada?
Yo creo que hay muchas cosas que vienen heredadas de la dictadura, la primera es que hay dos elementos principales que tienen que hacerse en las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros, una es democratizar su ingreso, no puede ser que haya una escuela para los “pelaos rasos”, otra para suboficiales y otra para oficiales y que ninguna de ellas se puede escalar. Si alguien que entra sin estudios hacia la fuerza de Carabineros, o hacia las Fuerzas Armadas no puede terminar siendo un oficial del Ejército. Lo segundo tiene que ver con acabar con la Justicia Militar, o sea, no puede ser que cuando Carabineros o cualquier militar tengan alguna falta dentro de la sociedad civil, se recurra a la justicia militar donde los propios tribunales dejan esos casos impunes.
¿Por qué crees que las autoridades desoyen las denuncias respecto de violencia por parte de Carabineros?
Yo creo que es principalmente porque hoy día la democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar. Primero tenemos el tema de la política institucional binominal que hoy se ha estado cambiando pero que refleja una muy baja participación y para poder mantener un sistema así se requiere de unas Fuerzas Armadas que mantengan sus intereses. Nosotros vemos que ese es uno de los problemas principales y donde la democracia todavía no ha llegado. Además los gobiernos no se hacen cargo porque tampoco está en su interés hacerlo.
¿Crees tú que se debe intervenir Carabineros?
Creo que se requieren varias intervenciones en las instituciones de las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros. Hoy hemos visto como al interior hay malversaciones de fondos, hoy salió un caso también de fraude al fisco, tenemos el “Milicogate” dentro de las Fuerzas Armadas y como la defensa de la patria del orden, la defensa nacional, la seguridad nacional, es una excusa para crear carteles de dinero al interior de las Fuerzas Armadas. Son este tipo de cosas las que no puede tolerar el Estado, tiene que haber una intervención por parte del gobierno, no solo de la administración de turno, sino que una política de Estado.
Hemos visto cómo se ha agudizado también la violencia de género y en contra de la población homosexual por parte de la policía uniformada ¿Qué te parece esa situación?
Esto es parte de lo que te planteaba, hay una cultura no democrática al interior de las Fuerzas Armadas y muy conservadora. Al ser conservadora obviamente hay misoginia, homofobia, dentro de su misma formación hay una cierta odiosidad hacia los homosexuales. Esos son los valores que se inculcan y obviamente que si tú inculcas esto adentro, después hacia afuera va a ser lo que se haga.
Estamos en un año que será clave respecto de la Reforma a la Educación Superior, imagino que habrá movilizaciones ¿Cómo proyectas este año respecto de este comportamiento de Carabineros?
Primero esto no nos va a amedrentar a nosotros como movimiento. La represión ha sido una tónica en el Estado chileno, salvo algunas excepciones cuando se ha lograd avanzar en democratizar estas Fuerzas Armadas, y entendemos que hoy día eso no va estar por parte del gobierno en este año. Vamos eso sí, a develar y denunciar todas las prácticas indebidas que realice Carabineros, tanto a los manifestantes del movimiento estudiantil, pero también de otros movimientos porque nos parece relevante que estos hechos se visibilicen.
Dirección del Trabajo confirma fraude en elecciones de la CUT
Natalia Figueroa |Martes 7 de marzo 2017 20:29 hrs.
El
pasado lunes la institución denunció ante la Fiscalía la existencia de
documentación falsa para “abultar” el padrón electoral en las
cuestionadas votaciones de la multigremial. En este sentido, desde el
gremio señalaron que esperan que el proceso se aclare para poder repetir
los sufragios en abril próximo.
Luego
de las cuestionadas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), celebradas en agosto del año pasado, este lunes la Dirección del
Trabajo (DT) denunció ante el Ministerio Público el uso de documentos
falsos por parte de sindicatos de la multigremial.
La DT solicitó a la Fiscalía investigar estos antecedentes que fueron obtenidos a través de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, luego que las distintas organizaciones de la CUT participaran de esta instancia.
La denuncia fue ingresada el pasado 23 de enero a la Fiscalía, pero sólo fue conocida este lunes en la instancia legislativa que en noviembre del año pasado solicitó al director de la DT, Rafael Pereira, que remitiera el listado de organizaciones sindicales vigentes y el número de socios desde mayo de 2014 a mayo de 2016.
Al revisar los certificados de estos sindicatos la DT confirmó que se trataban de documentos falsificados que, por ejemplo, habrían aumentado el número de afiliados. Entre ellos figuraban el sindicato Interempresa de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Actividades Conexas y el sindicato Interempresa de Trabajadores de Cargadores Frontales, Grúas, Horquillas, Mantención y Similares al ramo de Coronel, entre otros.
El presidente de la comisión investigadora, el diputado socialista Juan Luis Castro, señaló que “estos son antecedentes que ya se habían enviado a la Dirección del Trabajo (DT) y habían sido proporcionados como prueba por los gremios disidentes de la CUT”.
“La DT confirmó que nunca emitió esos certificados, es decir, eran falsos, y que ha procedido a llevar al Ministerio Público esa situación de audulteración con objeto de que eso se investigue por la justicia para verificar en qué condiciones se produjo esta falsificación que es un delito y los alcances que ello tenga”, sostuvo.
Para el dirigente histórico y quien asumió como secretario general transitorio de la CUT, Nolberto Díaz, la Dirección del Trabajo ha venido a ratificar el fraude electoral denunciado a pocos días de realizarse estas votaciones.
En ese sentido, manifestó que se han reformado los estatutos de la CUT y se ha convocado a nuevas elecciones en abril próximo con padrones limpios. Por lo mismo, dijo esperar que este proceso de garantías a todos quienes participen para que no se repitan estos hechos:” Lo que hace la DT es ratificar lo que siempre dijimos y, justamente, por eso nos constituimos en una directiva de transición para convocar a un congreso, para hacer reformas estatutarias, y para para repetir las elecciones. Lo que nosotros hemos pedido desde agosto del año pasado es que las elecciones se repitan con un padrón limpio y eso es lo que esperamos que se haga en abril”, apuntó.
La comisión investigadora sobre esta materia finalizará su trabajo el próximo 20 de marzo y teniendo las conclusiones se evaluarían eventuales situaciones necesarias de elevar a la justicia.
Recordemos que luego de estas cuestionadas elecciones, se conformó una mesa directiva transitoria donde asumió la militante comunista Bárbara Figueroa, quien ha estado en ese cargo desde 2012.
La DT solicitó a la Fiscalía investigar estos antecedentes que fueron obtenidos a través de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, luego que las distintas organizaciones de la CUT participaran de esta instancia.
La denuncia fue ingresada el pasado 23 de enero a la Fiscalía, pero sólo fue conocida este lunes en la instancia legislativa que en noviembre del año pasado solicitó al director de la DT, Rafael Pereira, que remitiera el listado de organizaciones sindicales vigentes y el número de socios desde mayo de 2014 a mayo de 2016.
Al revisar los certificados de estos sindicatos la DT confirmó que se trataban de documentos falsificados que, por ejemplo, habrían aumentado el número de afiliados. Entre ellos figuraban el sindicato Interempresa de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Actividades Conexas y el sindicato Interempresa de Trabajadores de Cargadores Frontales, Grúas, Horquillas, Mantención y Similares al ramo de Coronel, entre otros.
El presidente de la comisión investigadora, el diputado socialista Juan Luis Castro, señaló que “estos son antecedentes que ya se habían enviado a la Dirección del Trabajo (DT) y habían sido proporcionados como prueba por los gremios disidentes de la CUT”.
“La DT confirmó que nunca emitió esos certificados, es decir, eran falsos, y que ha procedido a llevar al Ministerio Público esa situación de audulteración con objeto de que eso se investigue por la justicia para verificar en qué condiciones se produjo esta falsificación que es un delito y los alcances que ello tenga”, sostuvo.
Para el dirigente histórico y quien asumió como secretario general transitorio de la CUT, Nolberto Díaz, la Dirección del Trabajo ha venido a ratificar el fraude electoral denunciado a pocos días de realizarse estas votaciones.
En ese sentido, manifestó que se han reformado los estatutos de la CUT y se ha convocado a nuevas elecciones en abril próximo con padrones limpios. Por lo mismo, dijo esperar que este proceso de garantías a todos quienes participen para que no se repitan estos hechos:” Lo que hace la DT es ratificar lo que siempre dijimos y, justamente, por eso nos constituimos en una directiva de transición para convocar a un congreso, para hacer reformas estatutarias, y para para repetir las elecciones. Lo que nosotros hemos pedido desde agosto del año pasado es que las elecciones se repitan con un padrón limpio y eso es lo que esperamos que se haga en abril”, apuntó.
La comisión investigadora sobre esta materia finalizará su trabajo el próximo 20 de marzo y teniendo las conclusiones se evaluarían eventuales situaciones necesarias de elevar a la justicia.
Recordemos que luego de estas cuestionadas elecciones, se conformó una mesa directiva transitoria donde asumió la militante comunista Bárbara Figueroa, quien ha estado en ese cargo desde 2012.
URUGUAY
La inmensa mayoría de los organismos públicos incumple la norma que los obliga a informar sobre los pedidos de acceso a la información pública que han recibido y sus respuestas. Desde que se aprobó la ley, aquellos que la impulsaron y la votaron trabajan para debilitarla y limitarla. O el gobernante se arrepintió o su voluntad es voluble y caprichosa.
Dibujo: Ombú.
Como te digo una cosa te digo la otra: desde que se
aprobó la ley de acceso a la información pública, que consagra un
derecho del ciudadano largamente reclamado, aquellos que la impulsaron y
la votaron trabajan, sin prisa y sin pausa, para debilitarla y
limitarla, para que la transparencia que se pretendió consagrar se
desdibuje detrás de velos que extiende la opacidad. O el gobernante se
arrepintió o su voluntad es voluble y caprichosa.En una suerte de acción y reacción perversa –podría decirse maquiavélica–, los reclamos por conocer los detalles de las políticas públicas –y sobre todo sus resultados, para confrontar intenciones con hechos– tropiezan con la resistencia de los funcionarios; el abanico de justificaciones –interpretación de otras normas, la ley de hábeas data, por ejemplo; la formidable batería de secretos: bancario, judicial, registral et al, o la simple voluntad secretista del administrador que trata de interpretar lo que el superior hubiera querido– borran con el codo lo que se escribió con la mano.
La inmensa mayoría de los organismos públicos incumple la norma que los obliga a informar sobre los pedidos de acceso que han recibido y cuáles son las respuestas a esos pedidos. Salvo algunas excepciones meritorias, la información solicitada es ignorada o parcialmente entregada; la unidad que controla la aplicación de la ley de acceso a la información ni siquiera sabe cuántos pedidos ha recibido al cabo del año cada unidad de gobierno, nacional o departamental porque, entre otras cosas, no ha sido dotada con los recursos necesarios para ejercer ese control. Ello ocurrió con la información sobre delitos de lesa humanidad, invariablemente negada pese a que la ley establece que los organismos demandados no podrán invocar ninguna reserva.
En un proceso de retroalimentación de la opacidad, el Estado acepta firmar con privados cláusulas de reserva en los contratos, y después se excusa de explicar lo que hizo para no violar esas cláusulas. La confidencialidad fue la que permitió la privatización escandalosa de Pluna; ¿qué hubiera pasado si se hubieran conocido los términos del acuerdo antes de firmarlo, si se hubiera confesado antes que no existía inversión y que el dinero lo ponía el Estado por la vía de una garantía? La tenaz negativa de Ancap a revelar los acuerdos de prospección petrolera tenía por finalidad ocultar la aceptación de la aplicación de la tecnología del fracking, una forma de explotación salvaje que en nuestro caso pondría en peligro las fuentes subterráneas de agua. Sólo la revelación de los términos del contrato con Montes del Plata impidió que se produjera una reclasificación de suelos que permitiría a la empresa convertir en polo forestal una buena parte de la cuenca lechera. Son apenas algunos ejemplos de cómo el secretismo encubre aquello que es imposible de justificar abiertamente.
Si la cacareada transparencia tiene un derrotero epiléptico, ahora, con un decreto emitido el 13 de febrero, el Poder Ejecutivo acciona un freno de mano: los funcionarios públicos que divulguen o den a conocer a terceros documentos, solicitudes, informes, proyectos o dictámenes, podrán ser sancionados con la destitución por la comisión de falta muy grave. Según los considerandos del decreto, la Presidencia cayó en la cuenta de que existe una contradicción entre los principios de publicidad y transparencia de la gestión administrativa, y el deber de lealtad y reserva de los funcionarios públicos. Contradicción que resolvió mutilando la transparencia.
El decreto invoca la lealtad hacia la Administración en términos que van más allá de la responsabilidad administrativa consagrada en la propia ley de acceso a la información y que refiere a información confidencial o secreta, cuyo carácter reservado debe ser debidamente fundado; el decreto, por el contrario, es ambiguo, de modo que todo puede caber en la “lealtad”. Y esa interpretación vuelve a fojas cero la norma legal que prohíbe clasificar información como secreta, confidencial o reservada en forma genérica.
Un comunicado difundido por varias organizaciones sociales interpreta que “el discurso jurídico y político subyacente del decreto dirigido a los funcionarios públicos vuelve a ser la del secreto, reafirmando la concepción de que la información le pertenece a la Administración y no a la sociedad en su conjunto”.
Pero no sólo se trata de extender el secretismo; el decreto se sustenta en la difusión del miedo, en la amenaza como forma de disuadir al funcionario de atender la transparencia. Si el reflejo casi genético del gobierno es callar, negar y ocultar, ¿de dónde puede provenir la noticia de los chanchullos, los negociados y la corrupción? Durante mucho tiempo el sistema financiero hizo terrorismo con el secreto bancario aunque el otorgamiento de préstamos, el mecanismo más usado para el vaciamiento, no estaba comprendido en el secreto. Hoy cualquier maestra tiene terror de hablar con un periodista sobre las goteras o los cables al aire en su escuela, porque hay una prohibición del Codicen; y es imposible conocer el estado actual de la plombemia entre la población porque, aunque en los laboratorios de la Facultad de Química existen las estadísticas, los investigadores y docentes no hablan por temor al Ministerio de Salud. Lo mismo podría decirse de aquellos que saben con exactitud el nivel de pureza del agua que consumimos.
A los muchos miedos que constituyen la herencia de la dictadura, ahora deberemos sumar éste. De modo que la transparencia se abre camino por “izquierda”, como ocurrió con las revelaciones sobre el espionaje militar, que no habría sido conocido y documentado si alguien no hubiera resuelto revelar los documentos. Apoyando el antecedente de los Panama Papers, o mejor aun, el del escándalo Watergate, que puso fin a la presidencia hipócrita de Richard Nixon, habrá que estimular una, dos, muchas gargantas profundas.
Jueves 09 • Marzo • 2017
PIT-CNT estudiará la representación de mujeres en sindicatos y en la central sindical
La central sindical se sumó ayer a las movilizaciones
convocadas por el Paro Internacional de Mujeres. El paro parcial comenzó
a las 16.00 y el PIT-CNT llamaba a concentrarse desde las 17.30 en 18
de Julio y Río Negro, para sumarse desde allí a la marcha que salió más
tarde desde la plaza Cagancha. En la mañana, la secretaria de Género,
Equidad y Diversidad de la central, Milagros Pau, dio una conferencia de
prensa en la que aseguró que sigue siendo “indignante” el número y la
forma en que mueren las mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas,
y afirmó que “en el movimiento sindical no hay lugar para los
violentos”. La dirigente consideró “importante y urgente” que se apruebe
a nivel parlamentario el proyecto de ley integral de asistencia a las
víctimas de violencia doméstica, planteó la necesidad de que existan
pensiones especiales para las mujeres que se encuentran en situaciones
de violencia y reclamó que se fortalezcan los mecanismos de atención a
la violencia basada en género en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Pau indicó que las mujeres son 50% de la fuerza productiva y que la
democracia “está incompleta si no garantizamos la participación de las
mujeres”.
En relación a esa participación, Pau se refirió a la situación en el ámbito sindical, y anunció que con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo se llevará a cabo un estudio sobre la composición de los sindicatos y sus direcciones desde una perspectiva de género, así como del PIT-CNT en general. “Queremos saber cuál es la realidad de los sindicatos, cuántas compañeras afiliadas hay, qué porcentaje tenemos en los diferentes cargos de elección, y analizar la situación, para saber dónde estamos”, dijo Pau a la diaria. Añadió que esos datos no están actualizados y que es importante contar con ellos, “porque si no tenés datos claros no podés hacer planteos claros”.
En el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT no hay mujeres que tengan derecho a voto, y la Mesa Representativa está integrada en su amplia mayoría por varones. Pero según los estatutos, estos miembros de los órganos de dirección son designados por cada uno de los sindicatos a los que les corresponde el espacio, y la central sindical no puede cambiar esa designación que hace cada uno de los gremios.
Pau considera que “falta representación” de las mujeres tanto en los sindicatos como en la central de trabajadores, lo que se solucionará solamente si se logra un cambio cultural: “Hay sindicatos en donde la mayoría de los afiliados son mujeres y siguen eligiendo hombres. Tenemos que ver a quién eligen las mujeres y por qué”, opinó.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, sugirió que para modificar la representación de las mujeres en la central se debe modificar su estatuto. “Si queremos una sociedad más justa tenemos que tener paridad en los lugares de trabajo, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó. Pau coincidió en que el cambio debe ser estatutario: “No se puede hacer de otra manera, porque el estatuto marca que las autoridades son electas por los sindicatos, y la central, como convención de sindicatos, no puede cambiar a quienes nombran los sindicatos; no tenemos poder resolutivo”. Estas alternativas, añadió la dirigente, se analizarán una vez que estén los resultados del estudio.
En relación a esa participación, Pau se refirió a la situación en el ámbito sindical, y anunció que con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo se llevará a cabo un estudio sobre la composición de los sindicatos y sus direcciones desde una perspectiva de género, así como del PIT-CNT en general. “Queremos saber cuál es la realidad de los sindicatos, cuántas compañeras afiliadas hay, qué porcentaje tenemos en los diferentes cargos de elección, y analizar la situación, para saber dónde estamos”, dijo Pau a la diaria. Añadió que esos datos no están actualizados y que es importante contar con ellos, “porque si no tenés datos claros no podés hacer planteos claros”.
En el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT no hay mujeres que tengan derecho a voto, y la Mesa Representativa está integrada en su amplia mayoría por varones. Pero según los estatutos, estos miembros de los órganos de dirección son designados por cada uno de los sindicatos a los que les corresponde el espacio, y la central sindical no puede cambiar esa designación que hace cada uno de los gremios.
Pau considera que “falta representación” de las mujeres tanto en los sindicatos como en la central de trabajadores, lo que se solucionará solamente si se logra un cambio cultural: “Hay sindicatos en donde la mayoría de los afiliados son mujeres y siguen eligiendo hombres. Tenemos que ver a quién eligen las mujeres y por qué”, opinó.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, sugirió que para modificar la representación de las mujeres en la central se debe modificar su estatuto. “Si queremos una sociedad más justa tenemos que tener paridad en los lugares de trabajo, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó. Pau coincidió en que el cambio debe ser estatutario: “No se puede hacer de otra manera, porque el estatuto marca que las autoridades son electas por los sindicatos, y la central, como convención de sindicatos, no puede cambiar a quienes nombran los sindicatos; no tenemos poder resolutivo”. Estas alternativas, añadió la dirigente, se analizarán una vez que estén los resultados del estudio.
Se presentará denuncia internacional
Funcionarios judiciales fijaron cronograma de movilización
Los
trabajadores judiciales realizarán dos marchas, con concentración y
paro de actividades, en protesta por el incumplimiento del Poder
Ejecutivo de una sentencia judicial.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del
Uruguay (AFJU) fijó un cronograma de movilización en procura de que el
Poder Ejecutivo cumpla con la sentencia favorable a sus intereses, en el
marco del extenso conflicto salarial en el Poder Judicial. En este
marco, el gremio de funcionarios decidió convocar a dos marchas, con
concentración y paro de actividades, y anunció la presentación del caso
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La nueva Comisión Directiva de AFJU realizó este jueves una conferencia de prensa, en la que se planteó el rumbo pautado por las dos últimas asambleas gremiales en relación al extenso conflicto salarial con el Poder Ejecutivo. Se recordó que el 8 de febrero la AFJU rechazó la propuesta de acuerdo transaccional planteada por el gobierno, en que se establecía el pago del 70% de la deuda contraída con los trabajadores y una readecuación salarial del 15,76%.
Asimismo, se señaló que en la segunda asamblea gremial (23 de febrero) se decidió presentar una contrapropuesta al Poder Ejecutivo, para destrabar la situación. Esta contrapropuesta implica que utilicen los fondos ofrecidos en el acuerdo transaccional “y por tanto disponibles y presupuestados” para cumplir en forma inmediata con la adecuación salarial del 21,6% prevista en la sentencia. Cumplido esto, se podrían abrir los espacios de diálogo para abordar una solución consensuada respecto a la deuda, destacó AFJU.
En este contexto, la Comisión Directiva definió presentar esta contrapropuesta el miércoles 15 de marzo ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para esto, se decidió convocar a una “Marcha Nacional” de trabajadores, con concentración en el Pasaje de los Derechos Humanos (frente a la Suprema Corte de Justicia), sobre las 15:00 horas, con el objetivo de acompañar la presentación de la misma. La movilización incluye un paro de actividades a partir de las 14:30 horas para los Juzgados de Montevideo y de 24 horas para las sedes del interior.
Además, se señaló que en la última Rendición de Cuentas el Parlamento aprobó un artículo (733) que habilita al Poder Ejecutivo a dilatar el tiempo de cumplimiento de las sentencias salariales contra el Estado, hasta tanto se tengan créditos presupuestales. La AFJU presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo, pero el mismo está paralizado ya que aún no asumió competencia el fiscal que debe pronunciarse sobre el mismo. Cinco fiscales se excusaron de intervenir en este proceso, señaló la AFJU.
Por este motivo, se decidió “comenzar una acción política referente a la designación del fiscal y denunciar la estrategia del Ejecutivo referente a trancar la resolución de la inconstitucionalidad del artículo 733, realizando un Paro General de 24 horas con marcha a Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura”. Esta marcha se realizará el miércoles 22, con concentración sobre las 13:00 horas, frente a la Corte.
Por último, los trabajadores anunciaron la presentación de una demanda internacional contra el Estado uruguayo por el incumplimiento de la sentencia. La demanda se presentará “a la brevedad” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por intermedio del equipo de asesores jurídicos de AFJU, aunque se dejó en libertad a los afiliados que quieran presentarse en el juicio con el patrocinio de otro profesional. La fecha límite para integrarse a esta demanda es el 20 de marzo.
La nueva Comisión Directiva de AFJU realizó este jueves una conferencia de prensa, en la que se planteó el rumbo pautado por las dos últimas asambleas gremiales en relación al extenso conflicto salarial con el Poder Ejecutivo. Se recordó que el 8 de febrero la AFJU rechazó la propuesta de acuerdo transaccional planteada por el gobierno, en que se establecía el pago del 70% de la deuda contraída con los trabajadores y una readecuación salarial del 15,76%.
Asimismo, se señaló que en la segunda asamblea gremial (23 de febrero) se decidió presentar una contrapropuesta al Poder Ejecutivo, para destrabar la situación. Esta contrapropuesta implica que utilicen los fondos ofrecidos en el acuerdo transaccional “y por tanto disponibles y presupuestados” para cumplir en forma inmediata con la adecuación salarial del 21,6% prevista en la sentencia. Cumplido esto, se podrían abrir los espacios de diálogo para abordar una solución consensuada respecto a la deuda, destacó AFJU.
En este contexto, la Comisión Directiva definió presentar esta contrapropuesta el miércoles 15 de marzo ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para esto, se decidió convocar a una “Marcha Nacional” de trabajadores, con concentración en el Pasaje de los Derechos Humanos (frente a la Suprema Corte de Justicia), sobre las 15:00 horas, con el objetivo de acompañar la presentación de la misma. La movilización incluye un paro de actividades a partir de las 14:30 horas para los Juzgados de Montevideo y de 24 horas para las sedes del interior.
Además, se señaló que en la última Rendición de Cuentas el Parlamento aprobó un artículo (733) que habilita al Poder Ejecutivo a dilatar el tiempo de cumplimiento de las sentencias salariales contra el Estado, hasta tanto se tengan créditos presupuestales. La AFJU presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo, pero el mismo está paralizado ya que aún no asumió competencia el fiscal que debe pronunciarse sobre el mismo. Cinco fiscales se excusaron de intervenir en este proceso, señaló la AFJU.
Por este motivo, se decidió “comenzar una acción política referente a la designación del fiscal y denunciar la estrategia del Ejecutivo referente a trancar la resolución de la inconstitucionalidad del artículo 733, realizando un Paro General de 24 horas con marcha a Presidencia de la República y al Ministerio de Educación y Cultura”. Esta marcha se realizará el miércoles 22, con concentración sobre las 13:00 horas, frente a la Corte.
Por último, los trabajadores anunciaron la presentación de una demanda internacional contra el Estado uruguayo por el incumplimiento de la sentencia. La demanda se presentará “a la brevedad” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por intermedio del equipo de asesores jurídicos de AFJU, aunque se dejó en libertad a los afiliados que quieran presentarse en el juicio con el patrocinio de otro profesional. La fecha límite para integrarse a esta demanda es el 20 de marzo.
Profesores dicen que Secundaria plantea realidad ficticia sobre el comienzo de clases
07
Mar
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) denunció que la realidad que plantearon las autoridades de Secundaria es “ficticia” porque las clases no comenzaron con normalidad para más de 5.000 estudiantes en todo el país. Aseguraron que no serán cómplices de una “estafa” a la sociedad uruguaya.
La directora de Secundaria, Censa Puente, expresó este lunes 6 de marzo, que “el año lectivo en Secundaria se inicia con 97% de cobertura de horas de clases”.
“Lo mismo ocurre en cuanto a los cargos estables, como dirección o adscripción”, dijo y aseguró que ello es “un dato histórico”.
Existen 301 liceos en todo el país. “Los edificios educativos están en condiciones aceptables, se están haciendo ajustes y solo se dilató el comienzo de clases en Capilla del Sauce (Florida) y en el liceo Nº 8 de Rivera por obras que no han culminado en el tiempo previsto”, señaló Puente.
Realidad ficticia
Sin embargo, FENAPES denunció que las autoridades de Secundaria plantean una “realidad ficticia”.En tal sentido, cuestionaron que “las clases no comienza con normalidad para más de 5.000 estudiantes”.
“El liceo 8 de Rivera, Capilla del Sauce en Florida, y el 22 de La Teja son tres centros que no iniciaron las clases por decisión de las autoridades”, remarcó FENAPES.
Además, el liceo 4 de Treinta y Tres fue ocupado por los docentes agremiados y el 2 de San Carlos no comenzó por un paro de los profesores”, detalló FENAPES.
Asimismo, el cuarto año de los principales liceos masivos de Montevideo no empezaron los cursos debido a “problemas con las inscripciones”.
“Hay que preguntarse qué paso en los liceos: Bauzá, IBO, IAVA, 9 de Colón y Miranda. Ninguno de ellos pudieron empezar los cursos de 4 año”, denunciaron.
Mientras que unos 2.300 alumnos de segundo nivel de UTU “están en lista de espera para poder cursar”.
http://www.lr21.com.uy/economi
Caos en inscripciones afecta también a liceos de bachillerato
08
Mar
Bauzá y IAVA no pudieron empezar aún los cursos de primer año
En las primeras horas de la tarde de ayer, el flujo de estudiantes en la puerta del liceo Bauzá (Nº 6), sobre la calle Lucas Obes, no cesaba. No es que fueran a clase, iban a inscribirse a los cursos de bachillerato. Para los de segundo y tercero (quinto y sexto de liceo) el inicio de cursos a nivel nacional está previsto para el lunes 13. Para los de primero (cuarto año de liceo) el arranque estaba estipulado para ayer, pero en la mayoría de los liceos -según informó el Consejo de Educación Secundaria (CES)- no pudo concretarse por falta ajustes en el sistema de pases (liceo de ciclo básico a bachillerato). En un comunicado emitido el viernes 3 por el CES también se adelantó que las clases empezarían entre el lunes 6 y hoy miércoles 8, según cada liceo.
Sin embargo, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) señaló que la razón del incumplimiento con la fecha se debió a que las inscripciones para primer año de bachillerato recién empezaron ayer, mismo día en que estaba previsto el comienzo de clases. Los dirigentes sindicales expresaron que esta desorganización estaba afectando a grandes liceos como el Bauzá y el IAVA. Ante las versiones encontradas, El Observador salió a recorrer los liceos para comprobar la situación.
“El Bauzá tiene 1.078 alumnos asignados para cuarto año (por Secundaria), sin embargo hasta ahora tenemos inscriptos reales 400 alumnos (estudiantes con inscripción confirmada)”, dijo a El Observador María Rosa Rodríguez, subdirectora del liceo. “En total son 29 grupos de cuarto de liceo, pero hoy en cada uno de ellos tenemos solamente de 10 a 15 estudiantes inscriptos. ¿Y los otros?”, preguntó. Para Rodríguez, las fallas en las inscripciones para 2017 – que también afectaron a ciclo básico, donde todavía hay 2.500 alumnos sin confirmar inscripción- tienen que ver con dos factores: por un lado, problemas técnicos en el nuevo sistema de inscripción por vía virtual, y por otro, dificultades a la hora de la comunicación.
Lea también: Fecha de inicio de clases para primero de bachillerato dependerá de cada liceo
El nuevo sistema ideado por el Codicen establece que el estudiante puede elegir vía virtual el liceo al que quiere concurrir, pero debe esperar que la Unidad Reguladora de Secundaria le confirme su lugar. Una vez que lo hace, el joven debe concurrir personalmente al centro educativo a confirmar su inscripción. Si no lo hace, la inscripción no se considera efectiva.
Por fallas en la comunicación no explicitaron bien este último paso y “muchos estudiantes no lo concretan porque no saben lo que tienen que hacer”, dijo Rodríguez.
A su vez, buena parte de la información sobre pases quedó habilitada en el sistema de inscripciones a partir del viernes 3 de marzo, por lo tanto, había estudiantes que aunque quisieran confirmar su inscripción no podían hacerlo porque no tenían todos los documentos necesarios. La subdirectora del Bauzá manifestó que de los 15 estudiantes aproximados que tiene inscriptos por cada grupo de primero de bachillerato, más de la mitad son repetidores o recursantes, es decir, estudiantes que ya concurrían al liceo.
El punto máximo de este descalabro se vivió el lunes, día previsto para el comienzo de clases en primero de bachillerato. Solamente durante la mañana, el Bauzá recibió a 500 padres que con la reciente confirmación de la Reguladora de Secundaria, exigían un lugar en el liceo para sus hijos. En la tarde concurrieron otras 200 familias.
Rodríguez manifestó que ante esta avalancha de inscripciones, entre profesores, adscriptos y equipo de dirección montaron un sistema de atención para evacuar dudas y guiar los pasos a seguir en cada caso. A los alumnos se los recibió con actividades recreativas propias del primer día, pero se les avisó que hasta que no estuvieran armados los grupos, no podían comenzar los cursos. Por esta razón, ayer en el liceo no había clases.
La docente adelantó que si bien las clases comenzarán el jueves 9 con los alumnos que estén inscriptos, los profesores no podrán arrancar con el dictado curricular de las materias hasta después de unos días, para dar tiempo a que se sumen todos los estudiantes.
A diferencia del Bauzá, en el IAVA los alumnos de primer año de bachillerato todavía no tienen fecha de inicio de cursos. Jacqueline Nogués, directora del liceo, señaló a El Observador que están trabajando para comenzar lo antes posible, pero no quieren fijar fecha hasta no tener las listas armadas.
Apuntó que hasta ahora Secundaria no ha confirmado la cantidad de alumnos que tendrá el liceo en cuarto año, por lo que la adscripción está trabajando en base a la matrícula de años anteriores. En 2016 el IAVA tuvo 1.300 alumnos en primer año.
En este sentido, Nogués manifestó que al viernes 3 de marzo, los ocho grupos de primero de bachillerato tenían en promedio 12 estudiantes inscriptos confirmados. Al igual que en el Bauzá, la mayoría de ellos eran repetidores y recursantes. El lunes la avalancha de padres reclamando el lugar para sus hijos también se hizo presente en el IAVA. La directora señaló que llegaron a dar 480 números para confirmar la inscripción entre ayer y el lunes 13
http://www.elobservador.com.uy
En las primeras horas de la tarde de ayer, el flujo de estudiantes en la puerta del liceo Bauzá (Nº 6), sobre la calle Lucas Obes, no cesaba. No es que fueran a clase, iban a inscribirse a los cursos de bachillerato. Para los de segundo y tercero (quinto y sexto de liceo) el inicio de cursos a nivel nacional está previsto para el lunes 13. Para los de primero (cuarto año de liceo) el arranque estaba estipulado para ayer, pero en la mayoría de los liceos -según informó el Consejo de Educación Secundaria (CES)- no pudo concretarse por falta ajustes en el sistema de pases (liceo de ciclo básico a bachillerato). En un comunicado emitido el viernes 3 por el CES también se adelantó que las clases empezarían entre el lunes 6 y hoy miércoles 8, según cada liceo.
Sin embargo, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) señaló que la razón del incumplimiento con la fecha se debió a que las inscripciones para primer año de bachillerato recién empezaron ayer, mismo día en que estaba previsto el comienzo de clases. Los dirigentes sindicales expresaron que esta desorganización estaba afectando a grandes liceos como el Bauzá y el IAVA. Ante las versiones encontradas, El Observador salió a recorrer los liceos para comprobar la situación.
Bauzá
Al interior del Bauzá, una de las carteleras de la entrada informaba sobre la nueva fecha para el inicio de los cursos de primero de bachillerato: jueves 9 de marzo. Atrás de la ventanilla, donde una de las adscriptas atendía a los alumnos que hacían cola para confirmar su inscripción, un grupo de profesores llamaba por teléfono a los estudiantes que todavía no lo habían hecho, invitándolos a que lo hicieran.“El Bauzá tiene 1.078 alumnos asignados para cuarto año (por Secundaria), sin embargo hasta ahora tenemos inscriptos reales 400 alumnos (estudiantes con inscripción confirmada)”, dijo a El Observador María Rosa Rodríguez, subdirectora del liceo. “En total son 29 grupos de cuarto de liceo, pero hoy en cada uno de ellos tenemos solamente de 10 a 15 estudiantes inscriptos. ¿Y los otros?”, preguntó. Para Rodríguez, las fallas en las inscripciones para 2017 – que también afectaron a ciclo básico, donde todavía hay 2.500 alumnos sin confirmar inscripción- tienen que ver con dos factores: por un lado, problemas técnicos en el nuevo sistema de inscripción por vía virtual, y por otro, dificultades a la hora de la comunicación.
Lea también: Fecha de inicio de clases para primero de bachillerato dependerá de cada liceo
El nuevo sistema ideado por el Codicen establece que el estudiante puede elegir vía virtual el liceo al que quiere concurrir, pero debe esperar que la Unidad Reguladora de Secundaria le confirme su lugar. Una vez que lo hace, el joven debe concurrir personalmente al centro educativo a confirmar su inscripción. Si no lo hace, la inscripción no se considera efectiva.
Por fallas en la comunicación no explicitaron bien este último paso y “muchos estudiantes no lo concretan porque no saben lo que tienen que hacer”, dijo Rodríguez.
A su vez, buena parte de la información sobre pases quedó habilitada en el sistema de inscripciones a partir del viernes 3 de marzo, por lo tanto, había estudiantes que aunque quisieran confirmar su inscripción no podían hacerlo porque no tenían todos los documentos necesarios. La subdirectora del Bauzá manifestó que de los 15 estudiantes aproximados que tiene inscriptos por cada grupo de primero de bachillerato, más de la mitad son repetidores o recursantes, es decir, estudiantes que ya concurrían al liceo.
El punto máximo de este descalabro se vivió el lunes, día previsto para el comienzo de clases en primero de bachillerato. Solamente durante la mañana, el Bauzá recibió a 500 padres que con la reciente confirmación de la Reguladora de Secundaria, exigían un lugar en el liceo para sus hijos. En la tarde concurrieron otras 200 familias.
Rodríguez manifestó que ante esta avalancha de inscripciones, entre profesores, adscriptos y equipo de dirección montaron un sistema de atención para evacuar dudas y guiar los pasos a seguir en cada caso. A los alumnos se los recibió con actividades recreativas propias del primer día, pero se les avisó que hasta que no estuvieran armados los grupos, no podían comenzar los cursos. Por esta razón, ayer en el liceo no había clases.
La docente adelantó que si bien las clases comenzarán el jueves 9 con los alumnos que estén inscriptos, los profesores no podrán arrancar con el dictado curricular de las materias hasta después de unos días, para dar tiempo a que se sumen todos los estudiantes.
IAVA
En el patio del IAVA (Nº 35), sobre la calle José Enrique Rodó, Carolina espera su turno para confirmar su inscripción en primer año de bachillerato. “No vine antes porque recién me dijeron el liceo que me tocaba el viernes a las 17 horas”, dijo a El Observador. Agregó que el lunes se presentó en el liceo y se enteró que las clases no comenzaban ese día. A cambio, le dieron un número para confirmar la inscripción. Su madre, sentada a su lado, agregó que el atraso no tiene sentido, cuando su hija se anotó en diciembre.A diferencia del Bauzá, en el IAVA los alumnos de primer año de bachillerato todavía no tienen fecha de inicio de cursos. Jacqueline Nogués, directora del liceo, señaló a El Observador que están trabajando para comenzar lo antes posible, pero no quieren fijar fecha hasta no tener las listas armadas.
Apuntó que hasta ahora Secundaria no ha confirmado la cantidad de alumnos que tendrá el liceo en cuarto año, por lo que la adscripción está trabajando en base a la matrícula de años anteriores. En 2016 el IAVA tuvo 1.300 alumnos en primer año.
En este sentido, Nogués manifestó que al viernes 3 de marzo, los ocho grupos de primero de bachillerato tenían en promedio 12 estudiantes inscriptos confirmados. Al igual que en el Bauzá, la mayoría de ellos eran repetidores y recursantes. El lunes la avalancha de padres reclamando el lugar para sus hijos también se hizo presente en el IAVA. La directora señaló que llegaron a dar 480 números para confirmar la inscripción entre ayer y el lunes 13
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12/01/2017
La xenofobia institucional y la austeridad. Gasolina política para el auge electoral de la extrema derecha
Cabe hablar por lo tanto de un verdadero “poder de agenda” de la extrema derecha, entendido como capacidad para establecer las prioridades programáticas, las problematizaciones relevantes, los enunciados discursivos que fijarán los términos del debate. En este sentido, la extrema derecha ha ido recolectando éxitos desde finales de la década de 1980 en la medida en que ha sabido y conseguido introducir dentro del orden del día general ciertas cuestiones como la seguridad, la inmigración “ilegal” e “incontrolada” o la pérdida de la identidad nacional, al mismo tiempo que las presentaba como fenómenos estrechamente vinculados entre sí.
Desde las instituciones europeas y los partidos del establishment son recurrentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organizaciones xenófobas. Sin embargo, en lugar de plantear contrapropuestas para combatir estos discursos excluyentes, esos mismos actores están aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha, asumiendo así buena parte de sus postulados. De esta forma y en última instancia, normalizan ese discurso y legitiman el espacio político que conjuntamente van generando. Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los espíritus”.
Nunca antes en la historia se habían construido tantos muros o vallas en Europa como desde 2015. Estas vallas, junto con las devoluciones en caliente, se han convertido en el emblema de la nueva Europa atravesada por la llamada crisis de las y los refugiados. Una crisis que esconde una crisis política, de fronteras y de derechos. En 1989, la entonces Comunidad Económica Europea celebró la caída del Muro de Berlín como el final de una época y el nacimiento de un “mundo sin muros”. Pero desde aquel momento se han construido 49 nuevos muros, 11 de ellos en el último año. Valgan los ejemplos de dos municipios rumanos: en Baia Mare el ayuntamiento levantó un muro para separar un barrio habitado por gitanos; en Tarlugeni otro muro separa a los campesinos rumanos y húngaros de sus vecinos romaníes. Muros tras los que se refuerzan los repliegues identitarios y los nacionalismos excluyentes. Muros que reavivan antiguos fantasmas que hoy, de nuevo, recorren Europa.
Pero los muros de hoy ya no cumplen tanto una función de control fronterizo, sino que se han convertido, sobre todo, en un elemento fundamental de propaganda política. Levantar un muro o una valla es una medida rápida y de impacto sobre la opinión pública que configura una especie de “populismo de las vallas”. ¿Qué mejor manera de visualizar la “seguridad” ante las “invasiones” de refugiados que con una valla fronteriza? Una lógica que llega hasta países tan alejados de las actuales rutas migratorias como Noruega, que en 2016 construyó una valla a lo largo de la frontera que comparte con Rusia en Storskog, a pesar de que, según el Directorio Noruego de Inmigración, en todo el año nadie pidió asilo político a través de esa vía.
El “populismo de las vallas” no solo es un elemento eficaz de propaganda política inmediata que permite visibilizar el “trabajo” concreto de los gobiernos. También es un potente instrumento simbólico a la hora de construir un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y los “extranjeros”, tan antiguo y recurrente en la historia como el Muro de Adriano durante el Imperio Romano. Porque los muros no se construyen solo con cemento y concertinas, sino también sobre el miedo al otro, a lo desconocido, contribuyendo a agrandar así la brecha entre ellos y nosotros. La estigmatización de la población migrante ha sido un elemento fundamental para trazar una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser y efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. Una coartada sobre la que construir y sostener el consenso sobre el que se asienta y pivota todo el dispositivo de control de fronteras que conforma la actual Europa Fortaleza.
En este sentido, la inseguridad ciudadana constituye uno de los elementos más comunes de estigmatización de la población migrante, de la pobreza y de las personas pobres en general, a través de una asimilación machacona entre delincuencia, inseguridad e inmigración. Es cada vez más recurrente desde ciertos medios de comunicación y tribunas políticas vincular, como si de una fórmula matemática se tratara, el aumento de la inmigración con el ascenso de la delincuencia, amplificando para ello casos aislados frente a estadísticas que desmontan este nexo. Una vinculación que tiene por objetivo último defender políticas de “mano dura” contra la inmigración y la delincuencia. De esta forma, se estigmatiza a la población migrante, presentándola social e institucionalmente como un problema de orden público, favoreciendo con ello no sólo la xenofobia institucional sino también la retórica de este populismo punitivo, como hemos podido comprobar en la expulsión de romanís o en la gestión de las personas refugiadas y migrantes en el campamento de la Jungla en Calais.
La incapacidad del resto de actores de articular un discurso antagónico al de este populismo punitivo abanderado por la nueva derecha radical hace girar todo el arco político hacia soluciones represivas y de recortes de libertades. Gracias a esta progresiva “lepenización de los espíritus”, la derecha xenófoba va aumentando su capacidad de condicionar el marco (ideológico, discursivo, cultural) en el que se mueve la discusión política, condicionando y estrechando las posiciones del resto de actores y asegurándose una influencia legislativa y gubernamental incluso sin necesidad de ocupar cargos institucionales.
Es en este marco y bajo esta lógica que debemos situar y comprender la caza a las personas migrantes “sin papeles” que busca su expulsión y/o su reclusión en condiciones infrahumanas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lugares convertidos en auténticas fábricas de criminalización de personas además de en espacios de vaciamiento de los derechos más elementales. El objetivo de todos estos dispositivos de exclusión y reclusión es transmitir al resto de la sociedad una imagen del migrante como potencial delincuente, fomentando la sensación de inseguridad entre la población y aumentando su estigmatización. De esta forma, la criminalización de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante.
En paralelo a la militarización del Mediterráneo, la UE no ha parado en estos años de ampliarse hacia oriente, integrando a nuevos Estados Miembro hasta componer una unión de 28 países (27 de consumarse la anunciada salida de Reino Unido), con una diversidad cultural y lingüística enorme. En este proceso se ha ido construyendo una identidad común de raíz primordial y claramente económica, que tiene más que ver con una cierta promesa de “Estado del bienestar” que con un patrón cultural determinado. Cabe aquí recordar que las diversas formas de identidad colectiva suponen siempre la distinción entre quienes forman parte de una comunidad y quienes son considerados ajenos a ella. Pero ninguna distinción tiene en la actualidad tanta trascendencia social y política, al menos en Europa, como la que deriva de estar en posesión o no de los derechos de ciudadanía.
El acto inaugural de la actual xenofobia política creciente en Europa fue situar la frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser o directamente son excluidos de cualquier protección. Una operación de exclusión de la ciudadanía plena cuya matriz es fundamentalmente económica y que busca fragilizar a un colectivo, el migrante, para contribuir así a fragmentar aún más a toda la población. Una operación consustancial a la guerra entre los pobres, a la lucha de clases de los últimos contra los penúltimos, donde prima la competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más escasos en tiempos de austeridad: el trabajo y las prestaciones y servicios de bienestar social.
En estos últimos años hemos podido comprobar en Europa que, contra todo pronóstico, la crisis no solo no ha debilitado las políticas neoliberales que la habían generado, sino que de hecho las ha reforzado en forma de austeridad y planes de ajuste estructural cada vez más agresivos y ambiciosos. En ese contexto de creciente desigualdad es donde la pobreza se construye como enemigo. Pero, en un macabro matiz, el objetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con las personas pobres. El empeño creciente por invisibilizar la pobreza y a quienes la sufren es un claro ejemplo de la nula voluntad de combatir sus causas.
De esta forma se va pasando paulatinamente de la acusadora visibilidad de la mendicidad errante a la tranquila invisibilidad de la pobreza encerrada, y de atender la pobreza desde la extensión del Estado social a combatirla desde la profundización de un Estado policial que estigmatiza y criminaliza a las personas empobrecidas. Ante la falta de voluntad de solucionar la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, de la precarización del mercado laboral y de la pérdida de derechos y prestaciones sociales, y buscando apartar ese dedo que señala al sistema que la provoca y a las políticas públicas que no la solucionan, se opta por estigmatizar fenómenos como la inmigración o la pobreza.
La gestión de la crisis de las personas refugiadas basada en el cierre de fronteras es una consecuencia directa del orden que imponen las políticas de austeridad que, más allá de los recortes y privatizaciones que conllevan, son, como afirma el economista Isidro López, la "imposición para un 80% de la población europea de un férreo imaginario de la escasez”. Un "no hay suficiente para todos" generalizado, que fomenta mecanismos de exclusión que Habermas definía como característicos de un “chovinismo del bienestar” y que concentran la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional. De esta forma, se consigue que el malestar social y la polarización política provocadas por las políticas de escasez se canalicen a través de su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el "otro"), eximiendo así a las élites políticas y económicas, responsables reales del expolio. Porque si “no hay para todos”, entonces sobra gente: “no cabemos todos”. He aquí la delgada línea que conecta el imaginario de la austeridad con el de la exclusión.
En fin, podríamos poner miles de ejemplos de cómo esta “lepenización de los espíritus” va permeando cada vez más ámbitos de la vida social y política europea a través de espacios cotidianos, tribunas mediáticas o despachos institucionales. Porque “los discursos de la extrema derecha y sus ataques a las y los inmigrantes en las calles europeas están directamente relacionados con los discursos oficiales y con el racismo institucional que propone, soterrada o explícitamente, la misma caza del inmigrante. Se trata del reflejo en la calle de un racismo oficial que promovido por las propias políticas migratorias de la UE. La “preferencia nacional” de Marine Le Pen, convertida en “prioridad nacional”, no queda lejos del patriotismo de los dirigentes de partidos considerados de centro (derecha o izquierda) que batallan por la seguridad de sus ciudadanos ante la “avalancha” del inmigrante”.
A lo largo de estos años estamos comprobando cómo la verdadera victoria de la extrema derecha, así como la condición previa para su actual ascenso electoral e institucional, ha sido la normalización progresiva de su discurso. Hoy, tanto el debate general como muchas políticas públicas relacionadas con la seguridad (ciudadana y fronteriza) y con la inmigración (refugio, asilo, integración, interculturalidad) están cargadas de contenidos introducidos pacientemente por la nueva extrema derecha y que hace unos años hubiesen resultado impensables. Un éxito que no se mide solo en votos, sino también y sobre todo en haber conseguido que las posiciones identitarias, excluyentes y punitivas se hayan trasladado desde la marginalidad hasta el mismo centro de la arena política, condicionando hoy buena parte del debate público. Como al propio Jean-Marie Le Pen le gustaba repetir irónicamente durante las elecciones presidenciales francesas de 2002: “Parece que ya me he normalizado. Ahora todo el mundo habla como yo”.
Miguel Urbán y Gonzalo Donaire, autores del libro 'Disparen a los refugiados. La construcción de la Europa Fortaleza'