Berta Cáceres - “Quieren dejar claro que en Honduras pueden matar a quien les dé la gana”
Karla Lara es integrante de la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos. También era compañera y amiga de Berta
Cáceres, la activista indígena que fue asesinada hace justo un año.
Una mujer sujeta un cartel en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres. INTI OCON (AFP)
El último informe de Global Witness señala que Honduras es el país más peligroso del mundo
para defender el medioambiente. Desde 2010 más de 120 personas opuestas
a proyectos mineros, hidroeléctricos, de tala y agricultura han sido asesinadas por militares y guardias de seguridad.
La líder indígena Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. En un país donde los casos de impunidad sobrepasan el 90%, sigue sin haber justicia para la ambientalista. Karla Lara es cantautora e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
También era compañera y amiga de Cáceres. En esta entrevista ofrece su
punto de vista sobre los hechos y la situación sociopolítica de
Honduras.
¿Qué reflexión se puede hacer a un año del asesinato de Berta Cáceres?
Quieren dejar claro que aquí pueden matar a quien les dé la gana con total impunidad
Berta tenía un valor humano muy fuerte, era parte de una fuerte lucha territorial en contra del modelo extractivista,
y esto no puede pasarse por alto en el contexto de la vulnerabilidad.
Berta era la persona con más reconocimiento fuera, la que tenía más peso
en sus palabras respecto a los movimientos populares, ella significada tantas cosas…albergaba
muchas luchas, y además era mujer. Por eso la mataron. Cambiaron el
patrón y ahora el objetivo son personas más públicas, liderazgos, porque
quieren dejar claro que aquí pueden matar a quien les de la gana con
total impunidad. Se suponía que Berta tenía protección del Estado, había
denunciado 33 amenazas de muerte por parte de la hidroeléctrica Desa.
Al principio intentaron montar una historia paralela, dijeron que fue un
crimen pasional. Con el tiempo han arrestado a ocho hombres incluyendo
dos militares retirados y personas vinculadas a la hidroeléctrica que
niegan su participación. Sigue sin haber justicia.
¿Crees que tuvo algo que ver que Berta fuera integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)?
Completamente. El Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) trabaja por
los derechos de los pueblos indígenas, por la recuperación de la tierra y
sobre todo por la autonomía. Querían acabar con la organización dando
ese golpe, pero lo que han conseguido es que se vuelva más fuerte.
También creo que existe un objetivo dirigido contra la Organización
Negra y Fraternal Hondureña (OFRANEH) que están siendo desplazados forzosamente por la industria hotelera y tienen también una fuerte lucha medioambiental ya que están perdiendo costa por el cambio climático.
El último informe de Global Witness dice que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente…
Quieren acallar a la gente que protesta
El
Golpe de Estado de 2009 fue el punto de inflexión. El objetivo era
otorgar concesiones y justificar más presencia militar. Es cierto que
concesionan en todo el mundo las mineras y los recursos hídricos, pero en Honduras somos el experimento.
Prueba de ello es el ensayo de las Zonas Especiales de Desarrollo, son
un estado dentro de un estado con su independencia y sus propias leyes, y
su territorio asignado para hacer con él lo que les venga en gana. Este
entreguismo y complicidad de la clase política no lo habíamos visto
nunca. Lo único que tienen que hacer es acallar a la gente que protesta.
Han matado a muchos compañeros. Son tiempos duros. Hay mucho luto,
juegan a cansarnos, una tiene ganas de llorar casi siempre...estamos mal
emocionalmente, y con pocas posibilidades.
¿Cómo es el contexto político actual en el país?
Aquí no va a haber cambio de Gobierno. El
presidente Juan Orlando Hernández es muy hábil y es muy joven, yo diría
que aún le quedan ocho años más de mandato. Hay mucha hambre y mucha desesperación.
Además estamos viviendo la etapa en la que el régimen se instala más.
Nunca habíamos tenido tantas leyes que le garantizaran a ellos ese marco
jurídico para hacer bajo legalidad todo lo que siempre nos han hecho:
la ley de escuchas, la ley antiterrorista, la reforma del Código Penal.
Aquí no hay diferencias entre los poderes ejecutivos. Por eso son tiempos para volver a plantearnos las cosas.
Por eso en las comunidades siguen organizándose
Todas las acciones que se hacen en las
comunidades son un grito de libertad. Como las declaraciones de ríos
sagrados, que son acciones por adelantado. Esto ocurre cuando saben que
el río de la comunidad va a estar amenazado por la represa, entonces se
reúnen en asamblea y limitan el río únicamente para consumo humano.
Hacen la declaratoria: “Aquí no vengan, esta comunidad ya ha decidido
que el río es para eso”. Mientras siga habiendo este tipo de acciones
significa que hay gente que va a hacer resistencia a los intereses de
las empresas.
¿Crees que se acerca una época de cambios?
Nosotras que vivimos en ciudad es menos
tangible porque nuestra territorialidad nos lo impide ¡ni siquiera
conocemos al vecino! La lógica de la ciudad nos ha tragado. Pero en las
comunidades sí es posible y hay un montón de gente que lo está
intentando. Estamos hasta el borde. Cuando la gente de las comunidades de Río Blanco dice que no tiene nada que perder no es discurso, es una realidad.
Precisamente ese empobrecimiento tan
acelerado, donde nunca van a alcanzar lo que les enseñaron que era
éxito, los van a frustrar. Y más allá de la ideologización y de entender
la lucha de clases, el cambio va a surgir desde el sentir. Va a pasar
cuando los Garífunas ya no tengan playa, y está ocurriendo cuando nos
roban los ríos, por ejemplo. Y por eso la hermosura de que sí haya gente
resistiendo y pensando. No somos mayoría, lo sabemos, pero vamos a
vivir intentándolo porque yo creo que de eso se trata.
Hijas de Berta Cáceres denuncian campaña de odio de parte de DESA y gobierno
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-
Las hijas de la asesinada lideresa ambientalista, Berta Cáceres , han
denunciado una campaña de odio que se transmite a través de un vídeo con
duración de casi dos minutos donde las acusan de sacarle provecho a la
muerte de su madre.
en el
video también se acusa al líder del Consejo Coordinador de
Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Tomas Gómez, de solo
pasar de viaje y que los cuatro han viajado por los cinco continentes.
Veremos
si con la famosa nueva ley contra quienes promueven la apología del
odio, el ministerio público actúa de oficio contra quienes han editado y
publicado ese video que es una clara promoción del odio.
En su muro de Facebook, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de la malograda lideresa indígena ambientalista escribió:
“Denuncio
la campaña de odio contra mis hermanas, contra el COPINH y contra mi
persona desatada, tal cual lo hicieron contra nuestra madre, el Gobierno
de Juan Orlando Hernández y la empresa DESA.
No sólo nos asesinan a nuestra madre! También emprenden una guerra mediática y jurídica contra nosotras y el COPINH.
Reafirmamos nuestra lucha en favor de la justicia para nuestra madre y compañera”.
BERTA NO MURIÓ! SE MULTIPLICÓ!
Honduras: Revelan que asesinos de Berta Cáceres fueron entrenados en EEUU
por Fernando Vicente Prieto - LA HAINE - 02/03/2017
El mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas
La
información se basa en registros de las fuerzas armadas hondureñas y en
documentos judiciales a los que accedió la periodista Nina Lakhani,
quien publicó un artículo en el diario inglés The Guardian el martes 28 de febrero.
Según estas fuentes, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que formó durante décadas a las fuerzas militares latinoamericanas en la Zona del Canal de Panamá y desde 1984 fue localizada en Fort Benning, Georgia, bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Además, en 2005 Díaz fue entrenado en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea (IAAFA, por sus siglas en inglés). La IAAFA estuvo localizada en Panamá hasta 1989, luego en la Base Aérea Homestead (Florida) hasta que fue destruida por el Huracán Andrés, para finalmente recalar en la Base Aérea Lackland, en Texas, desde principios de 1993. Allí fue donde, en 2005, Mariano Díaz tomó un curso de “contraterrorismo”.
Acusados como organizadores del crimen, ambos militares fueron detenidos en mayo de 2016, junto a Sergio Ramón Rodríguez y Edilson Antonio Duarte. Este último es identificado como el autor de los disparos contra Berta Cáceres, en el atentado que le costó la vida el 2 de marzo de ese año.
Duarte, quien desde hacía tiempo se dedicaba a tareas de sicariato, declaró haber sido contratado por Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). Esta compañía es presidida a su vez por Roberto David Castillo Mejía, otro ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Berta Cáceres, en su condición de lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), impulsaba la lucha contra Agua Zarca, denunciando el impacto que ocasionaría en el río Gualcarque y en las comunidades lenca de la zona.
El teniente Bustillo, retirado de las Fuerzas Armadas en 2008, era el jefe de seguridad de DESA y fue quien planificó el asesinato junto a Díaz. Desde su rol en la empresa, Bustillo había acosado reiteradamente a Berta Cáceres, quien en un reportaje en 2013 ya había denunciado los intentos de soborno y amenazas. “(Rodríguez) me ofreció soborno, a mí y al COPINH”, declaró. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), donde incluso hay acoso sexual”, había expresado Berta, entrevistada por el periodista Dick Emmanuelson.
Las “fuerzas especiales”
Además de Díaz y Bustillo, en la operación participó Henry Javier Hernández, un francotirador retirado que trabajó bajo el mando de Díaz en el 15º Batallón, una de las dos unidades de las fuerzas especiales del ejército hondureño, formadas y adiestradas por EEUU en la década de 1980, con el objetivo de desarrollar su estrategia contrainsurgente. Eran momentos en que desde Honduras se prestaba apoyo a la “contra” que combatía a la Revolución Sandinista en Nicaragua. También en El Salvador y en Guatemala se desarrollaban procesos de lucha armada contra gobiernos plenamente subordinados a EEUU. Tres décadas después, la estructura de fuerzas especiales adiestradas por el Comando Sur continúa en pie, ahora bajo el pretexto de las “amenazas difusas”, en particular la lucha contra el terrorismo y las drogas.
El 15º Batallón, al igual que el Centro de Entrenamiento de las fuerzas especiales, tiene su sede en el Bajo Aguan, una de las regiones socialmente más conflictivas, donde las comunidades campesinas denuncian la represión militar. Allí fueron asesinados la mayor parte de los 124 líderes y activistas sociales que luchan contra el monocultivo de la palma aceitera, en manos de compañías trasnacionales asociadas a empresarios locales, quienes en la práctica ejercen el poder de mando sobre los cuerpos militares, que aplican la doctrina “antiterrorista” contra la población que resiste a los proyectos que intentan quedarse con su territorio.
Luego de su retiro formal en 2013, Hernández se convirtió en informante de la inteligencia militar hasta ser detenido en enero de 2017.
Según lo publicado en The Guardian, registros telefónicos incluidos en la causa judicial ubican a Bustillo y Hernández en el pueblo de La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, desde varios días antes de ser asesinada.
La información también consigna que el mayor en actividad Mariano Díaz, al momento de su arresto, estaba siendo investigado por secuestros y tráfico de drogas. Pese a eso, estaba a punto de ser ascendido.
“En nuestro país hay una dictadura”
Olivia Zuñiga, la hija mayor de Berta Cáceres, considera que el Estado hondureño es gobernado por “una elite criminal, formada también por empresarios que trabajan para favorecer al capital transnacional y no a las grandes mayorías de nuestro pueblo”.
Consultada por Notas para una entrevista que se publicará en forma completa en las próximas horas, Olivia señaló que este es “un momento en que la dictadura se impone en nuestro país con políticas de terror”.
“El crimen de Berta Cáceres es lo que confirma todas las sospechas que había, de que muchas compañeras y compañeros fueron asesinados por escuadrones de la muerte por defender la vida. Nosotros siempre lo hemos denunciado, y como movimientos sociales hemos tenido certeza de ello: como en la década del ’80, un nuevo Plan Cóndor se ha impuesto a partir del golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado de 2009 fue crucial para reactivar nuevamente todos los grupos paramilitares, para reactivar los escuadrones de la muerte”.
“A pesar de ser una líder con un perfil internacional muy alto, de ser una lideresa reconocida mundialmente, nada de eso detuvo a las élites criminales, que la mandaron a asesinar con escuadrones de la muerte y con toda una guerra contra nuestros pueblos, con tropas de élite entrenadas por EEUU, por Colombia, por Israel”, remata Zuñiga.
http://tr-honduras.nuevaradio.
Según estas fuentes, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que formó durante décadas a las fuerzas militares latinoamericanas en la Zona del Canal de Panamá y desde 1984 fue localizada en Fort Benning, Georgia, bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Además, en 2005 Díaz fue entrenado en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea (IAAFA, por sus siglas en inglés). La IAAFA estuvo localizada en Panamá hasta 1989, luego en la Base Aérea Homestead (Florida) hasta que fue destruida por el Huracán Andrés, para finalmente recalar en la Base Aérea Lackland, en Texas, desde principios de 1993. Allí fue donde, en 2005, Mariano Díaz tomó un curso de “contraterrorismo”.
Acusados como organizadores del crimen, ambos militares fueron detenidos en mayo de 2016, junto a Sergio Ramón Rodríguez y Edilson Antonio Duarte. Este último es identificado como el autor de los disparos contra Berta Cáceres, en el atentado que le costó la vida el 2 de marzo de ese año.
Duarte, quien desde hacía tiempo se dedicaba a tareas de sicariato, declaró haber sido contratado por Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). Esta compañía es presidida a su vez por Roberto David Castillo Mejía, otro ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Berta Cáceres, en su condición de lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), impulsaba la lucha contra Agua Zarca, denunciando el impacto que ocasionaría en el río Gualcarque y en las comunidades lenca de la zona.
El teniente Bustillo, retirado de las Fuerzas Armadas en 2008, era el jefe de seguridad de DESA y fue quien planificó el asesinato junto a Díaz. Desde su rol en la empresa, Bustillo había acosado reiteradamente a Berta Cáceres, quien en un reportaje en 2013 ya había denunciado los intentos de soborno y amenazas. “(Rodríguez) me ofreció soborno, a mí y al COPINH”, declaró. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), donde incluso hay acoso sexual”, había expresado Berta, entrevistada por el periodista Dick Emmanuelson.
Las “fuerzas especiales”
Además de Díaz y Bustillo, en la operación participó Henry Javier Hernández, un francotirador retirado que trabajó bajo el mando de Díaz en el 15º Batallón, una de las dos unidades de las fuerzas especiales del ejército hondureño, formadas y adiestradas por EEUU en la década de 1980, con el objetivo de desarrollar su estrategia contrainsurgente. Eran momentos en que desde Honduras se prestaba apoyo a la “contra” que combatía a la Revolución Sandinista en Nicaragua. También en El Salvador y en Guatemala se desarrollaban procesos de lucha armada contra gobiernos plenamente subordinados a EEUU. Tres décadas después, la estructura de fuerzas especiales adiestradas por el Comando Sur continúa en pie, ahora bajo el pretexto de las “amenazas difusas”, en particular la lucha contra el terrorismo y las drogas.
El 15º Batallón, al igual que el Centro de Entrenamiento de las fuerzas especiales, tiene su sede en el Bajo Aguan, una de las regiones socialmente más conflictivas, donde las comunidades campesinas denuncian la represión militar. Allí fueron asesinados la mayor parte de los 124 líderes y activistas sociales que luchan contra el monocultivo de la palma aceitera, en manos de compañías trasnacionales asociadas a empresarios locales, quienes en la práctica ejercen el poder de mando sobre los cuerpos militares, que aplican la doctrina “antiterrorista” contra la población que resiste a los proyectos que intentan quedarse con su territorio.
Luego de su retiro formal en 2013, Hernández se convirtió en informante de la inteligencia militar hasta ser detenido en enero de 2017.
Según lo publicado en The Guardian, registros telefónicos incluidos en la causa judicial ubican a Bustillo y Hernández en el pueblo de La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, desde varios días antes de ser asesinada.
La información también consigna que el mayor en actividad Mariano Díaz, al momento de su arresto, estaba siendo investigado por secuestros y tráfico de drogas. Pese a eso, estaba a punto de ser ascendido.
“En nuestro país hay una dictadura”
Olivia Zuñiga, la hija mayor de Berta Cáceres, considera que el Estado hondureño es gobernado por “una elite criminal, formada también por empresarios que trabajan para favorecer al capital transnacional y no a las grandes mayorías de nuestro pueblo”.
Consultada por Notas para una entrevista que se publicará en forma completa en las próximas horas, Olivia señaló que este es “un momento en que la dictadura se impone en nuestro país con políticas de terror”.
“El crimen de Berta Cáceres es lo que confirma todas las sospechas que había, de que muchas compañeras y compañeros fueron asesinados por escuadrones de la muerte por defender la vida. Nosotros siempre lo hemos denunciado, y como movimientos sociales hemos tenido certeza de ello: como en la década del ’80, un nuevo Plan Cóndor se ha impuesto a partir del golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado de 2009 fue crucial para reactivar nuevamente todos los grupos paramilitares, para reactivar los escuadrones de la muerte”.
“A pesar de ser una líder con un perfil internacional muy alto, de ser una lideresa reconocida mundialmente, nada de eso detuvo a las élites criminales, que la mandaron a asesinar con escuadrones de la muerte y con toda una guerra contra nuestros pueblos, con tropas de élite entrenadas por EEUU, por Colombia, por Israel”, remata Zuñiga.
http://tr-honduras.nuevaradio.
Asesinados por defender la tierra
El crimen de Berta Cáceres es sólo uno de entre los
cientos que se producen cada año contra ambientalistas en el mundo. Las
disputas por un territorio cada vez más explotado les ha situado en el
disparadero de empresas y gobiernos. En el 99% de los casos, los
asesinatos quedan impunes. Esta es la historia de los mártires de la
'Pachamama'.
Una mujer sujeta un cartel en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres. INTI OCON (AFP)
MADRID. -“Si
bajara un enviado del cielo y me garantizase que mi muerte fortalecería
nuestra lucha, diría que hasta valdría la pena. Pero la experiencia nos
enseña lo contrario. Un acto público y un entierro numeroso no salvarán
la Amazonía. Quiero vivir”. El emblemático activista brasileño Chico Mendes
escribió en 1988 esta frase en su testamento, probablemente consciente
del riesgo al que se exponía. Sólo unos meses más tarde, el sindicalista
cauchero era asesinado a tiros frente a la puerta de su casa, en
Xapurí, en el estado de Acre, a manos de los mismos terratenientes a los
que enfrentaba a diario por la brutal deforestación de una selva que
hoy sigue gravemente amenazada. Casi tres décadas después, el 3 de marzo
de 2016, Berta Cáceres, indígena hondureña y ganadora del premio Goldman por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue abatida por dos sicarios mientras dormía.
Chico Mendes y Berta Cáceres son dos símbolos de la lucha ambiental
Convertidos en símbolos de la lucha
ambiental, Chico y Berta son sólo dos números más en una abultada lista
de ecologistas que pagaron con su vida por la defensa del medio
ambiente. El reguero de mártires de la Pachamama, como se
denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de
Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente
y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les
ha situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a
los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos
humanos más vulnerable del mundo.
Los datos dan buena prueba de esta
tendencia, que las organizaciones internacionales han denominado ya como
un “fenómeno mundial en sí mismo”. Entre 2002 y 2014, un total de 1.024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness,
que ha realizado varias investigaciones sobre estos casos en los
últimos años. 2012, el año más sangriento hasta la fecha, dejó un saldo
de 147 muertos, una cifra que triplica a la de una década atrás.
Actualmente, la media de asesinatos llega a más de dos por semana. Aún
así, las cifras son sólo orientativas.
“Es prácticamente seguro
que se hayan dado más casos, pero es difícil encontrar la información
pertinente debido a la naturaleza del problema, y es aún más difícil
verificarla. Además, la cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel
de violencia no letal e intimidación es mucho mayor”, advierte la
organización.
El caso de Berta Cáceres, indígena y hondureña, y de su compañero Nelson García,
asesinado varios días después, es especialmente paradigmático. El 40%
de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se
cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas,
especialmente en las poblaciones de América Latina. Aunque Brasil es, de
lejos, el país donde se perpetran más asesinatos (la mitad de las
muertes se producen allí), Honduras, en relación a su población, es la nación más peligrosa para defender los recursos de la tierra.
Sólo en 2014 fueron asesinados allí 12 activistas. Las presas
hidroeléctricas, como las que combatía Berta y sus compañeros del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) son,
detrás de los proyectos mineros y extractivos, la segunda causa de las
matanzas.
El 40% de las víctimas son personas indígenas
“Lo único que hizo Berta fue denunciar el
sistema. Denunció a las multinacionales, al capitalismo, el patriarcado y
el sistema racista. Había recibido ya una serie de amenazas, la propia
guardia privada de la empresa nos amenazó y tras su muerte y la de
Nelson, el resto de miembros del Consejo estamos siento objeto de un
sicariato policial”, dice desde Honduras Asunción Martínez, miembro del
COPINH, que responde por teléfono a Público en medio de una manifestación para exigir una investigación independiente sobre el caso
y que se ponga fin a la retención de Gustavo Castro, herido en el
asesinato de Berta y único testigo del crimen. Pese al riesgo que corre,
el Gobierno de Honduras le prohíbe abandonar el país.
Alejandro González, de la ONG Amigos de
la Tierra, denuncia que las autoridades tratan de involucrar a Gustavo y
a otros compañeros del COPINH en el asesinato de Berta orientando las investigaciones hacia un “crimen pasional”,
desvinculado de los intereses políticos. Una delegación internacional
de visita estos días en el país para impulsar una investigación
independiente ha señalado la "nula predisposición" del Gobierno para este propósito.
La desconfianza, en uno de los países más corruptos, desiguales y violentos del continente americano, está justificada. Más aún después del golpe de Estado militar de 2009 que trajo consigo una permanente situación de inseguridad institucional. En Honduras han muerto asesinados 111 activistas entre 2002 y 2014. Un 90% de los casos siguen sin resolverse.
La desconfianza, en uno de los países más corruptos, desiguales y violentos del continente americano, está justificada. Más aún después del golpe de Estado militar de 2009 que trajo consigo una permanente situación de inseguridad institucional. En Honduras han muerto asesinados 111 activistas entre 2002 y 2014. Un 90% de los casos siguen sin resolverse.
"El actual Gobierno de derechas que
dirige el presidente Juan Orlando Hernández ha invertido de forma
prioritaria en la minería, silvicultura, agroindustria y presas
hidroeléctricas", dice Global Witness en un informe de 2014.
"Se sospecha que los principales autores de estos abusos son poderosos
intereses económicos, que suelen usar la ayuda de empresas de seguridad
privada. La policía y el ejército del país también han cometido
violaciones de los derechos humanos de los activistas", prosigue.
La impunidad, en cualquier caso, es endémica. En los más de mil asesinatos investigados por la ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas, lo que se traduce en un saldo de crímenes no resueltos del 99%. A menudo, quienes aprietan el gatillo son delincuentes comunes o trabajadores a sueldo de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado echar el guante.
La impunidad, en cualquier caso, es endémica. En los más de mil asesinatos investigados por la ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas, lo que se traduce en un saldo de crímenes no resueltos del 99%. A menudo, quienes aprietan el gatillo son delincuentes comunes o trabajadores a sueldo de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado echar el guante.
De los más de 1.000 asesinatos en 35 países, sólo 10 personas fueron juzgadas, castigadas o condenadas
“Recibí bastantes amenazas. A veces
escuché disparos o aparecían saqueadores con machetes donde estábamos
trabajando. No podías ir sola. Íbamos a la policía a poner las denuncias
y allí se quedaban, aunque conseguimos que personal del Ministerio, que
iba armado, nos acompañara cuando teníamos que patrullar las playas”.
La que habla es Lydia Chaparro, una bióloga española que trabajó hace
años en varios proyectos de protección de tortugas marinas en Costa Rica
junto a Jairo Mora. En 2013, Jairo, de 26 años, fue asesinado
presuntamente por un grupo de saqueadores de huevos de los que había
recibido constantes amenazas y frente a los que Jairo había pedido
protección. Pese a estar prohibida su venta, los huevos de tortuga son
una fuente de financiación importante para las mafias en la zona, que
funcionan muchas veces en paralelo a los narcotraficantes. Las
autoridades trataron primero de vincular el asesinato a la delincuencia
común y más tarde absolvió a los sospechosos. Ahora, la presión social
ha conseguido que se repita el juicio. Lydia reconoce que su trabajo en
España también le ha costado insultos y amenazas verbales.
"Aparecían saqueadores con machetes donde estábamos trabajando. No podía ir sola"
"Es difícil probar quién está realmente detrás, aunque si se sigue la pista se sabe. Pero los Estados no ponen los recursos para esclarecer los hechos
o directamente cierran los casos. Muchos países tienen una violencia
estructural muy fuerte y los delitos se achacan a la violencia común",
dice Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales
en América Latina.
Aunque los orígenes son diversos, buena parte de los conflictos que se generan vienen derivados de grandes proyectos eléctricos, extractivos o mineros,
muy ligados al recurso del agua y que producen fuertes impactos sobre
el hábitat, la alimentación y los modos de vida de las poblaciones que
ocupan el territorio. Sólo en 2014, América Latina captó el 27% de la
inversión en exploración minera a nivel mundial. Muchas veces las
empresas que llegan, generalmente norteamericanas y europeas, se
encuentran además con un panorama legislativo que les es absolutamente
favorable. En aras de atraer la inversión extranjera, los gobiernos
llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental.
Los ecologistas, en su mayor parte ciudadanos locales de escasos
recursos, son vistos como opositores al desarrollo y obstáculos para el
crecimiento económico del país y de las empresas, que en ocasiones
obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven,
violando incluso los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de
la OIT, que obliga a los Estados a hacer una consulta previa en el caso
de las comunidades indígenas.
En 2014, América Latina captó el 27% de la inversión minera mundial
Todo lo anterior genera un caldo de
cultivo idóneo para los enfrentamientos por los recursos y la tierra,
que se extiende a lo largo y ancho del hemisferio Sur. Sólo un vistazo
al mapa latinoamericano da una idea de la dimensión del problema. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estas crisis en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países.
"El extractivismo se ha ido convirtiendo
en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido
indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales. En
los primeros se trata, según el propio discurso, de fuentes frescas de
divisas para pagar la deuda social. En los segundos, el discurso es de
crecimiento y desarrollo", dice en un informe el Observatorio. "Es en
este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas,
a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero
internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región".
Si las políticas de los gobiernos ayudan
poco o nada a la resolución de estos conflictos, las empresas que firman
o financian los proyectos dejan a su vez un largo historial de malas
prácticas que no hacen sino empeorar la situación. El Tribunal Permanente de los Pueblos,
un jurado ético no gubernamental entre cuyos miembros se encuentra el
magistrado español del Tribunal Supremo Perfecto Andres Ibáñez, además
de economistas, catedráticos, médicos, abogados y destacados defensores
de los derechos humanos, condenó en 2010, tras más de seis años de
investigación sobre la labor de las transnacionales, a buena parte del
tejido empresarial más importante de Europa por las "violaciones
sistemáticas" de los derechos humanos y el medio ambiente en
Lationamérica. En la sentencia, de carácter no vinculante, se reflejan los casos de, entre otros muchos, Aguas de Barcelona, Bayer, BBVA, HSBC, Santander, Benetton, British Petroleum,
Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Percanova,
Repsol YPF, Sol Melià, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o
Unión Fenosa.
Aunque la matriz es extranjera, la mayor parte de estas compañías opera en los países de destino a través de la compra de filiales o empresas subcontratadas
-explica Erika González-. Llegado el caso de conflictos o denuncias,
la mayoría se desentiende de la responsabilidad de sus derivadas,
haciendo muy difícil que puedan ser juzgadas en sus países de origen.
"Desde la perspectiva institucional vigente, las responsabilidades y obligaciones empresariales son ignoradas, dejando a las propias empresas la decisión sobre el respeto a las mismas. Hasta el momento, las ETNs (empresas transnacionales), con la complicidad de los gobiernos, han logrado resistirse a la adopción de cualquier código internacional vinculante que determine el cumplimiento de sus obligaciones", dice en su texto el Tribunal.
En efecto, no existen instancias
jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los
casos de violaciones de derechos humanos o al medio ambiente. En su día,
se planteó que la Corte Penal Internacional , encargada de juzgar a las
personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y lesa humanidad, pudiera también juzgar a las empresas, pero finalmente se descartó esta posibilidad. "Desde la perspectiva institucional vigente, las responsabilidades y obligaciones empresariales son ignoradas, dejando a las propias empresas la decisión sobre el respeto a las mismas. Hasta el momento, las ETNs (empresas transnacionales), con la complicidad de los gobiernos, han logrado resistirse a la adopción de cualquier código internacional vinculante que determine el cumplimiento de sus obligaciones", dice en su texto el Tribunal.
"Las multinacionales disponen de multitud de mecanismos que protegen su impunidad y sus intereses, mientras que no hay ninguno para proteger los derechos de las personas", sentencia Erika.
Honduras: familiares y organizaciones sociales marchan para exigir justicia a un año del asesinato de Berta Cáceres
A un año del crimen de Berta Cáceres, hondureños piden justicia
A un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, decenas de personas conformaron ayer desde horas de la mañana una protesta para exigir justicia por su muerte.Miembros de organizaciones y pueblos indígenas desarrollaron la manifestación en el bulevar Fuerzas Armadas donde con pancartas llenas de mensajes trajeron a la memoria la pérdida irreparable de la líder hondureña.
Esta actividad fue organizada por miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
“Es una manifestación para conmemorar para lo que el Copinh llama la siembra de la vida de Berta Cáceres en la conciencia nacional”, expresó Victor Fernández, coordinador de la unidad de pueblos indígenas de Honduras y apoderado legal en caso Berta Cáceres.
Mientras que la petición principal es que las autoridades hondureñas pueda dar con el autor intelectual de este crimen ocurrido el pasado 3 de marzo del 2016.
El asesinato de Cáceres se perpetró en el interior de su vivienda ubicada en su natal La Esperanza, Intibucá, al occidente del país.
“Exigimos justicia para Berta Cáceres”, gritaban a una voz las decenas de personas que este día decidieron dedicar a Cáceres por su legado.
Los protestantes tenían como objetivo llegar hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para solicitar a las autoridades resultados contundentes sobre los autores materiales e intelectuales de este asesinato que trascendió las fronteras.
Cabe recordar que Cáceres era líder de la comununidad indígena lenca y movimientos camoesinos, además era opositora al gobierno.
Qué se sabe de este caso
Las primeras capturas por el crimen de Cáceres se lograron dos meses después del hecho mediante la operación Jaguar, en la que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la ATIC ejecutó 10 allanamientos, cuatro en Tegucigalpa, cuatro en La Ceiba y dos en Trujillo.
En esa oportunidad se capturó a Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Ramón Rodríguez Orellana en Tegucigalpa, además de los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza detenidos en La Ceiba, todos guardando prisión.
Mientras que el pasado 8 de febrero autoridades detuvieron al octavo supuesto implicado en este crimen. El detenido es Óscar Aroldo Torres Velásquez, alias “Coca”, de 22 años, quien fue arrestado en la colonia Pizatty de La Ceiba, al norte de Honduras.
El Heraldo
Hijas de Berta Cáceres denuncian campaña de odio de parte de DESA y gobierno
Las hijas de la asesinada lideresa ambientalista, Berta Cáceres , han denunciado una campaña de odio que se transmite a través de un vídeo con duración de casi dos minutos donde las acusan de sacarle provecho a la muerte de su madre.en el video también se acusa al líder del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Tomas Gómez, de solo pasar de viaje y que los cuatro han viajado por los cinco continentes.
Veremos si con la famosa nueva ley contra quienes promueven la apología del odio, el ministerio público actúa de oficio contra quienes han editado y publicado ese video que es una clara promoción del odio.
En su muro de Facebook, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de la malograda lideresa indígena ambientalista escribió:
“Denuncio la campaña de odio contra mis hermanas, contra el COPINH y contra mi persona desatada, tal cual lo hicieron contra nuestra madre, el Gobierno de Juan Orlando Hernández y la empresa DESA.
No sólo nos asesinan a nuestra madre! También emprenden una guerra mediática y jurídica contra nosotras y el COPINH.
Reafirmamos nuestra lucha en favor de la justicia para nuestra madre y compañera”.
BERTA NO MURIÓ! SE MULTIPLICÓ!
Criterio
2, 3 y 4 de Marzo: Acciones en Buenos Aires en el marco de la acción global Justicia por Berta Cáceres
En Buenos Aires, la manifestación hoy incluirá a las 12hs la entrega de una carta exigiendo justicia por Berta, a la Embajada de Honduras. Luego, seguirá con una actividad cultural en el Obelisco desde las 17 horas, que cerrará con una marcha de antorchas. Estarán presentes los hijos de Berta, Laura y Salvador Zúñiga Cáceres, y numerosos activistas por los derechos humanos y del medio ambiente.El dìa 3/3 en ATE Belgrano de 18 hs a 21 hs., tendrá lugar una Jornada sobre el pensamiento de Berta, con la presencia de Laura, hija de Berta; una compañera del Centro Martín Luther King de Cuba, una representante del movimiento de mujeres de Kurdistan y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora.
Por último, el día 4/3 de 10 a 20hs. en el Espacio Cultural Pompeya (Carlos María Ramírez 1469) se realizará la jornada de cierre.
La acción global exige la conformación inmediata de un Grupo de Investigación Independiente que investigue el asesinato de la líder indígena y otros cuatro integrantes del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Berta era coordinadora general. La convocatoria destaca la necesidad de una investigación autónoma del Estado hondureño, considerado responsable de las muertes.
Además, frente a las sedes diplomáticas se demandará la cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA, constructora del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que lucha la comunidad orignaria Lenca, a la que Berta pertenecía.
La referente hondureña fue asesinada en su casa la madrugada del 3 de marzo por un grupo de sicarios. Ella y sus compañeros del COPINH vivían amenazados desde hacía tiempo por enfrentarse a la implantación de la represa en el río Gualcarque (la fuente de vida para la comunidad Lenca de Río Blanco) y por su denuncia de las complicidades y negocios del Estado hondureño con las empresas.
Cáceres había recibido el Premio Medioambiental Goldman, el más importante en el mundo para el activismo ambiental, por su lucha contra la empresa DESA, que pretende instalar el proyeto hidroeléctrico con apoyo del Estado hondureño y que cuenta con financiamiento de firmas multinacionales.
Biodiversidad
Caso Berta Cáceres: Según MP, investigaciones avanzan en más del 50%
A un año de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, autoridades aseguran que investigaciones del caso están avanzadas en más del 50 por ciento.Así lo dio a conocer, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP) “el caos está resuelto en un 50%. Y se busca a los autores intelectuales, cómo se planeó la muerte y cuánto fue el pago por el crimen”.
Mora recordó que para las investigaciones de este emblemático caso se conformaron equipos multidisciplinarios para dar con los hechores.
Y detalló que hasta el momento hay ocho personas privadas de libertad por suponerlos responsables de ser los autores materiales del caso.
Comentó que “dentro de los ocho hay exempleados de la empresa DESA que estaba desarollando el proyecto hidroeléctrico. Asimismo militares activos y en retiro y las otras personas ligadas a la empresa”.
Berta Cáceres fue ultimada en su casa de habitación en la residencial El Líbano, en el departamento de Intibucá en marzo de 2016.
Detenidos en caso Berta Cáceres
El último detenido por la muerte de Berta Cáceres es Óscar Aroldo Torres Velásquez de 22 años, detenido en la ciudad de La Ceiba, Honduras.
Y de las otras siete personas tres son exmiembros de las fuerzas del orden de Honduras.
Para el caso, Henry Javier Hernández Rodríguez de 26 años. Y es un ex militar hondureño. Además otro implicado es Mariano Díaz Chávez, quien era mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras e instructor militar al momento de la muerte de Cáceres.
Por otra parte, otro exmiembro de las fuerzas del orden es el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo. Capturado mediante una Operación Jaguar del Ministerio Público en mayo del año pasado.
Otros detenidos por muerte de Berta Cáceres
Los otros cuatro detenidos, sin antecedentes militares, son Elvin Heriberto Rápalo Orellana (21), alias “Comanche”, es el supuesto coautor de los delitos de asesinato la lider ambientalista.
Según las autoridades este era una persona “escurridiza”. Ya que se logró escabullir de las autoridades viajando a diversos sectores del país.
Emerson Eusebio Duarte Meza, acusado porque al momento de su detención se le encontró un arma. Arma que fue utilizada en el asesinato de Cáceres. Este fue capturado en mayo de 2016 en la operación del MP.
Asimismo, Edilson Atilio Duarte Meza un exmilitar, capturado en La Ceiba. Este es hermano gemelo de Emerson Eusebio.
Finalmente, Sergio Ramón Rodríguez, de 49 años de edad, quien además era un técnico ambientalista del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (DESA). Capturado en Tegucigalpa.
Manifestaciones
Más temprano, en otra nota se conoció que este Miércoles de ceniza se realizan manifestaciones en conmemoración a un año de la muerte de la líder ambientalista.
Por su parte, miembros del Copinh participan en la protesta frente al Poder Judicial de Honduras en Tegucigalpa.
Tiempo
Chile – Convocan a funa en embajada de Honduras exigiendo justicia para Berta Cáceres a un año de su asesinato
La madrugada del 3 de marzo de 2016, la activista Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que dejaría sin agua al pueblo indígena Ienca, en Honduras.En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro. Varias personas forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza, a lo que Berta preguntó: “¿Quién está ahí?”. Luego de eso, un sicario disparó y la mató, además de herir a Castro.
De esa fecha ha transcurrido ya un año y la memoria de Berta Cáceres, defensora feminista del territorio y los derechos del pueblo indígena Lenca, sigue más viva que nunca.
Mientras los responsables intelectuales de su crimen siguen impunes, la lucha de Berta frente a la imposición del Proyecto Agua Zarca, de la Empresa DESA, sigue vigente y sus compañeras y compañeros en el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) siguen enfrentando amenazas, criminalización y ataques de todo tipo.
Por estos días, el expediente jurídico del caso ha revelado que los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras.
Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.
Desde el golpe de Estado contra el ex presidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.
En Chile, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se suma a la campaña #JusticiaParaBerta y convoca a manifestarse hoy a las 13:30 horas, en calle Zurich 255, comuna de Las Condes. En ese lugar está emplazada la Embajada de Honduras en Chile (evento en Facebook acá).
El Desconcierto
Vigilia en Canadá en homenaje a Berta Cáceres
Una vigilia para recordar el primer aniversario del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres se realizará hoy dos de marzo en la ciudad canadiense de Montreal.Frente al Consulado General de Honduras en esa urbe de la provincia de Quebec, se espera la concentración en homenaje a la activista y defensora del medio ambiente.
Con el apoyo de iniciativas como Cine bajo las estrellas y Makila.tv., la vigilia incluirá la exhibición del documental Berta Vive, de la realizadora Katia Lara.
En la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016, varios desconocidos ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres, situada en La Esperanza, a 200 kilómetros de la capital, Tegucigalpa y dispararon sobre ella e hirieron a Gustavo Castro, sociólogo mexicano, quien fue testigo del asesinato.
Su lucha contra la implantación de proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el gobierno hondureño sin previa consulta, en defensa de su comunidad fue la causa de su asesinato, según las organizaciones sociales en Honduras y en el exterior del país.
“Su muerte fue un gran impacto en la conciencia colectiva”, aseveró en conversación con Radio Canadá Internacional, el periodista hondureño Félix Molina.
“Berta fue una mujer destacada, con incidencia pública reconocida, defensora de los bienes comunes de la naturaleza. Su muerte resultó un recordatorio de lo frágil que es ser defensor de los derechos humanos en Honduras”, agregó Molina.
Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.
Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.
Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que dejaría sin agua al pueblo indígena Ienca.
Fue coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
En 2015, recibió el premio medioambiental Goldman…
Cuando los ecos del río llegaron a la radio
La Esperanza, Intibucá (Conexihon).- En
un pasaje del Barrio las Delicias, casi al final, se encuentra 23 años
de historia y resistencia. Es la sede del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Desde este
espacio ejercer su derecho a comunicar, se lo toman muy enserio.
La ciudad de La Esperanza tiene un clima agradable, a más de 150 kilómetros de la capital del país, dos emisoras comunitarias desde el año 2007 surcan el espectro radioeléctrico para contarle a la población local sobre la importancia de sus derechos como pueblo Lenca.
La tercera puerta de la sede del COPINH se encuentra entre abierta. En una división de madera que separa la cabina donde opera Radio Guarajambala están pegados varios afiches del movimiento popular, uno de ellos recuerda una movilización al Congreso Nacional en 2004. Otro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México; se respira y se trabaja junto al pueblo.
Una canción del cantautor cubano Carlos Puebla suena en cabina. Luis Fernando Gonzales controla y dirige la programación del día. Afuera el ajetreo es fuerte; integrantes del COPINH comienzan a llegar cargados de materiales de construcción. Una segunda canción de puebla continúa en la radio, sumada la cuña “Escucha Radio Guarajambala”.
Los orígenes de la creación de las estaciones radiales del COPINH nos llevan hasta 2004, apelando al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos Indígenas y Tribales, lograron obtener licencias para dos radios, La voz Lenca en Amplitud Modulada (AM) y la Guarajambala en Frecuencia Modulada (FM). Estas se sumaron la existencia de La voz Lenca en Frecuencia Modulada (FM).
“La radio debe tener ese principio de informar, de denunciar de alertar y convocar”. Así define el uso de la radio Luis Gonzales, un joven comunicador que asume esta labor en pro de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, del rescate de la cultura indígena-lenca y para ser el eco de las denuncias y visiones de la realidad local y nacional del COPINH.
Y no sólo se informa de los acontecimientos y realidades a nivel local, sino que compartimos otros procesos de lucha y lo transmitimos a través de la radio pues esta radio es una herramienta muy importante.
Actualmente el COPINH cuenta con tres radios operando (una de ellas por internet) y recientemente funciona La voz del Gualcarque. Gonzales comenta que de acuerdo a los objetivos planteados ya se plantea la necesidad de crear e instalar más radios comunitarias y se expanda lo que es la lucha por la defensa de sus territorios y bienes comunes.
“Aquí hacemos trabajo voluntario y con ganas de estar detrás del micrófono e informar. Si hay una situación en la comunidad y aquí interviene la radio para informar al resto de la población de lo que se presenta”, sostiene Gonzales.
En las radios comunitarias hay total libertad aunque siempre con el compromiso de informar temas de DDHH y las violaciones y también la denuncia. Luis agrega que “aquí queremos seguir para adelante”.
Berta a través de las radios
Berta Cáceres co-fundó el COPINH en marzo de 1993. 23 años después sería asesinada en la principal ciudad del departamento de Intibucá. Siendo la Coordinadora General de esta organización dio un gran impulso para la creación y consolidación de radios comunitarias para el pueblo lenca.
Es aquí donde Luis Gonzales recordó las enseñanzas y la importancia que Cáceres mostró por las radios que maneja el COPINH.
“Ella usaba esa herramienta para informar y analizar la situación que afecta mucho a los pueblos originarios, hablaba sobre las hidroeléctricas y como afectaban y también sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
En la cabina, en las transmisiones que se hacia fuera de ella o en los recuerdos de las reuniones sostenidas, todavía suena su frase “hay que echarle ganas a este proceso”, en referencia al desarrollo de las radios.
El comunicador agregó sobre Berta que “pasaba regañándonos ahí siempre, pero nos dio esa enseñanza para caminar en este objetivo de seguir con esa voluntad, de seguir informando a nuestras comunidades”.
Represión: El Estado tiene mucho que ver
Ejercer la labor de comunicador social y defender los derechos del pueblo lenca siempre tiene sus riesgos y en el COPINH lo saben. Éste aumentó luego del asesinato de Berta Cáceres hace 11 meses.
Empezando desde el propio Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), otras organizaciones que señalan a las radios como piratas o que no están en la frecuencia autorizada. “Amenazan con decomisarnos el equipo”, afirma Gonzales.
De igual forma señaló que las autoridades locales al hablar temas de actos de corrupción en la que se les señala, llaman a Conatel con la finalidad de que cancelen la misma.
Nosotros respondemos que, lo que planteamos es sacar la voz del pueblo, informa y dar a conocer la verdad, con el agravante de que en otros medios de comunicación no van a escuchar estas voces, estas denuncias y acá nos informamos e investigamos.
La ciudad de La Esperanza tiene un clima agradable, a más de 150 kilómetros de la capital del país, dos emisoras comunitarias desde el año 2007 surcan el espectro radioeléctrico para contarle a la población local sobre la importancia de sus derechos como pueblo Lenca.
La tercera puerta de la sede del COPINH se encuentra entre abierta. En una división de madera que separa la cabina donde opera Radio Guarajambala están pegados varios afiches del movimiento popular, uno de ellos recuerda una movilización al Congreso Nacional en 2004. Otro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México; se respira y se trabaja junto al pueblo.
Una canción del cantautor cubano Carlos Puebla suena en cabina. Luis Fernando Gonzales controla y dirige la programación del día. Afuera el ajetreo es fuerte; integrantes del COPINH comienzan a llegar cargados de materiales de construcción. Una segunda canción de puebla continúa en la radio, sumada la cuña “Escucha Radio Guarajambala”.
Los orígenes de la creación de las estaciones radiales del COPINH nos llevan hasta 2004, apelando al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos Indígenas y Tribales, lograron obtener licencias para dos radios, La voz Lenca en Amplitud Modulada (AM) y la Guarajambala en Frecuencia Modulada (FM). Estas se sumaron la existencia de La voz Lenca en Frecuencia Modulada (FM).
“La radio debe tener ese principio de informar, de denunciar de alertar y convocar”. Así define el uso de la radio Luis Gonzales, un joven comunicador que asume esta labor en pro de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, del rescate de la cultura indígena-lenca y para ser el eco de las denuncias y visiones de la realidad local y nacional del COPINH.
Y no sólo se informa de los acontecimientos y realidades a nivel local, sino que compartimos otros procesos de lucha y lo transmitimos a través de la radio pues esta radio es una herramienta muy importante.
Actualmente el COPINH cuenta con tres radios operando (una de ellas por internet) y recientemente funciona La voz del Gualcarque. Gonzales comenta que de acuerdo a los objetivos planteados ya se plantea la necesidad de crear e instalar más radios comunitarias y se expanda lo que es la lucha por la defensa de sus territorios y bienes comunes.
“Aquí hacemos trabajo voluntario y con ganas de estar detrás del micrófono e informar. Si hay una situación en la comunidad y aquí interviene la radio para informar al resto de la población de lo que se presenta”, sostiene Gonzales.
En las radios comunitarias hay total libertad aunque siempre con el compromiso de informar temas de DDHH y las violaciones y también la denuncia. Luis agrega que “aquí queremos seguir para adelante”.
Berta a través de las radios
Berta Cáceres co-fundó el COPINH en marzo de 1993. 23 años después sería asesinada en la principal ciudad del departamento de Intibucá. Siendo la Coordinadora General de esta organización dio un gran impulso para la creación y consolidación de radios comunitarias para el pueblo lenca.
Es aquí donde Luis Gonzales recordó las enseñanzas y la importancia que Cáceres mostró por las radios que maneja el COPINH.
“Ella usaba esa herramienta para informar y analizar la situación que afecta mucho a los pueblos originarios, hablaba sobre las hidroeléctricas y como afectaban y también sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
En la cabina, en las transmisiones que se hacia fuera de ella o en los recuerdos de las reuniones sostenidas, todavía suena su frase “hay que echarle ganas a este proceso”, en referencia al desarrollo de las radios.
El comunicador agregó sobre Berta que “pasaba regañándonos ahí siempre, pero nos dio esa enseñanza para caminar en este objetivo de seguir con esa voluntad, de seguir informando a nuestras comunidades”.
Represión: El Estado tiene mucho que ver
Ejercer la labor de comunicador social y defender los derechos del pueblo lenca siempre tiene sus riesgos y en el COPINH lo saben. Éste aumentó luego del asesinato de Berta Cáceres hace 11 meses.
Empezando desde el propio Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), otras organizaciones que señalan a las radios como piratas o que no están en la frecuencia autorizada. “Amenazan con decomisarnos el equipo”, afirma Gonzales.
De igual forma señaló que las autoridades locales al hablar temas de actos de corrupción en la que se les señala, llaman a Conatel con la finalidad de que cancelen la misma.
Nosotros respondemos que, lo que planteamos es sacar la voz del pueblo, informa y dar a conocer la verdad, con el agravante de que en otros medios de comunicación no van a escuchar estas voces, estas denuncias y acá nos informamos e investigamos.
Estado español
Manifiesto por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias
Por Marea Blanca de TenerifeKaos en la Red - Publicado en: 3 Marzo, 2017
La política de reformas y recortes están beneficiando a las
aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de
tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos
recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal
de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y
de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta
límites inaceptables.
Los servicios públicos de salud constituyen un
instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención
integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el
gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones
laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por
los modelos económicos conservadoras y neoliberales. Las
consecuencias: aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades
sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.
En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.
Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en infraestructuras y personal por unas transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales, el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública, con el consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.
Al mismo tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.
En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.
Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido, no ha tenido la fuerza que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que
Proponemos:
1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público, universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.
2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.
3) Rechazo a los copagos.
4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.
5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.
6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades. Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.
7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.
8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.
9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.
10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.
11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.
12) Desarrollar, en todos los niveles, instrumentos efectivos de participación social y profesional.
13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.
14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación, que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.
Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.
Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.
¡Organicemos Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en todas y cada una de nuestras islas!
Marea Blanca de Tenerife
Canarias a 1 de marzo de 2017
1 de marzo de 2017 - LIBRERED
Los presidentes de los seis mayores bancos españoles (Santander,
BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) ganaron un total de 22,2
millones de euros durante 2016, según los informes de gobierno
corporativo en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
La retribución media per cápita alcanzó los 3,7 millones, equivalentes a más de 140 veces el salario medio español, que ascendía a 26.259 euros en 2015, último año completo del que existen estadísticas oficiales.
La mejor pagada en 2016 fue, una vez más, la presidenta del Santander, Ana Botín, que se embolsó 9,9 millones de euros: 7,4 en efectivo y acciones del banco y 2,5 como aportación a su fondo de pensiones.
Le siguieron, a notable distancia, Francisco González, máximo responsable del BBVA, que percibió 4,9 millones, y Josep Oliu, del Sabadell, con algo más de cuatro.
El presidente que menos dinero ganó fue el de Bankia, entidad mayoritariamente controlada por el Estado y que todavía tiene pendiente de devolución buena parte de las ayudas públicas concedidas para evitar su quiebra. José Ignacio Goirigolzarri percibió una retribución en metálico de 625.000 euros y acciones por valor de otros 125.000 euros.
El consejo de Bankia fue el que tuvo en 2016 un coste más bajo, como viene siendo habitual desde su nacionalización hace casi cinco años: tres millones de euros, muy lejos de los 30,5 del Santander. Cuatro miembros del principal órgano de administración de la entidad presidida por Ana Botín, dos del BBVA y otros dos del Sabadell ganan individualmente más que todos los consejeros de Bankia juntos.
En total, los seis principales bancos españoles se gastaron el año pasado 93,8 millones de euros en retribuir a sus administradores, con un descenso del 10% respecto a 2015, imputable a una menor dotación a fondos de pensiones.
El dinero recibido por sus presidentes se mantuvo prácticamente estable entre ambos ejercicios. - Vicente Clavero | Público
En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.
Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en infraestructuras y personal por unas transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales, el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública, con el consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.
Al mismo tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.
En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.
Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido, no ha tenido la fuerza que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que
Proponemos:
1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público, universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.
2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.
3) Rechazo a los copagos.
4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.
5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.
6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades. Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.
7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.
8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.
9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.
10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.
11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.
12) Desarrollar, en todos los niveles, instrumentos efectivos de participación social y profesional.
13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.
14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación, que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.
Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.
Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.
¡Organicemos Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en todas y cada una de nuestras islas!
Marea Blanca de Tenerife
Canarias a 1 de marzo de 2017
Los grandes banqueros españoles ganaron 140 veces el salario medio en 2016
La retribución media per cápita alcanzó los 3,7 millones, equivalentes a más de 140 veces el salario medio español, que ascendía a 26.259 euros en 2015, último año completo del que existen estadísticas oficiales.
La mejor pagada en 2016 fue, una vez más, la presidenta del Santander, Ana Botín, que se embolsó 9,9 millones de euros: 7,4 en efectivo y acciones del banco y 2,5 como aportación a su fondo de pensiones.
Le siguieron, a notable distancia, Francisco González, máximo responsable del BBVA, que percibió 4,9 millones, y Josep Oliu, del Sabadell, con algo más de cuatro.
El presidente que menos dinero ganó fue el de Bankia, entidad mayoritariamente controlada por el Estado y que todavía tiene pendiente de devolución buena parte de las ayudas públicas concedidas para evitar su quiebra. José Ignacio Goirigolzarri percibió una retribución en metálico de 625.000 euros y acciones por valor de otros 125.000 euros.
El consejo de Bankia fue el que tuvo en 2016 un coste más bajo, como viene siendo habitual desde su nacionalización hace casi cinco años: tres millones de euros, muy lejos de los 30,5 del Santander. Cuatro miembros del principal órgano de administración de la entidad presidida por Ana Botín, dos del BBVA y otros dos del Sabadell ganan individualmente más que todos los consejeros de Bankia juntos.
En total, los seis principales bancos españoles se gastaron el año pasado 93,8 millones de euros en retribuir a sus administradores, con un descenso del 10% respecto a 2015, imputable a una menor dotación a fondos de pensiones.
El dinero recibido por sus presidentes se mantuvo prácticamente estable entre ambos ejercicios. - Vicente Clavero | Público
Violencia machista: Dos mujeres asesinadas y una herida grave en poco más de 24 horas en Madrid
Las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o
exparejas ascenderían a 18 en este año, de confirmarse los dos casos que
están siendo investigados.
Fotografía de la protesta de las 'mujeres de Sol' en Madrid. CHRISTIAN GONZÁLEZ
En las últimas 24
horas, dos mujeres han sido asesinadas y otra ha sido herida de gravedad
en Madrid a causa de sendas agresiones, dos de ellas a manos
presuntamente de sus parejas y la tercera por causas que aún se
investigan.
El primer suceso se produjo este miércoles en el barrio de Vicálvaro sobre las diez y media de la mañana, cuando hubo una explosión de gas en la casa donde residían la víctima y su pareja. El
origen de la explosión se localizó en una tubería manipulada
presuntamente por el hombre, de 32 años, la misma edad que tenía su
pareja.
La mujer, que también presentaba un corte en
el cuello, falleció instantáneamente, pero el hombre fue trasladado al
Hospital de La Paz con heridas graves y finalmente ha muerto este jueves
a las once de la mañana.
A esa misma hora, unos vecinos del número 4 de la avenida de España de Alcobendas avisaban de otra agresión a una mujer de 45 años apuñalada en el cuello,
que ha muerto. Cuando han acudido al lugar, los policías han entrado en
la casa, cuya puerta estaba abierta y forzada, y se han encontrado el
cuerpo sin vida de la mujer.
Los investigadores sospechan que se trata de
una prostituta y las heridas se las ha causado un cliente. Las
estadísticas oficiales no consideran que las muertes de prostitutas a
manos de sus clientes sean violencia machista. En cualquier caso, la
policía también va a tomar declaración a su exmarido, que tiene la
custodia de los niños de la pareja y a quien ella había denunciado
anteriormente.
El último de los sucesos, que los
investigadores sí están tratando como de violencia machista, ha ocurrido
sobre las cuatro de la tarde, cuando una mujer de 24 años con cuatro heridas de arma blanca ha caído por una ventana desde una altura de cinco metros en el barrio de Usera de la capital.
Ha sido en el número 185 de la calle de
Antonio López y de momento se desconoce si la mujer se ha tirado o ha
sido empujada, pero lo que sí han comprobado los sanitarios del
Samur-Protección Civil es que tiene cuatro heridas de arma blanca: dos
en un brazo, una en un hombro y la otra en el hemitórax derecho. Esta
última, según las fuentes, le ha alcanzado el pulmón.
Los sanitarios del Samur la han estabilizado y
evacuado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre, donde permanece
ingresada.
Este crimen, junto al de la mujer que
falleció a finales de febrero en el incendio de su vivienda en Redondela
(Pontevedra) tras una explosión de gas presuntamente provocada por su
compañero sentimental, se encuentran en fase de investigación.
De confirmarse ambos, el número total de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería a 18, puesto que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha incluido como violencia de género a la mujer asesinada este miércoles en Madrid.
Protestan ante los juzgados de Gasteiz por el archivo de querella del 3 de Marzo
Decenas de personas se han
concentrado frente al Palacio de Justicia de Gasteiz para protestar por
la «impunidad» de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en esta ciudad,
tras el archivo de una las querellas presentadas por delitos de lesa
humanidad contra los autores de la muerte de cinco obreros que
participaban en una asamblea.
|GASTEIZ|2017/03/02 15:56
Concentración ante los juzgados de Gasteiz. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
En la protesta, además de miembros de la Asociación de
Víctimas del 3 de Marzo, han participado los secretarios generales de
ELA, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz, y de LAB, Ainhoa Etxaide, así como dirigentes
de los sindicatos Steilas y ESK, entre otros.
La concentración ha tenido lugar la víspera del 41 aniversario de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, cuando la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís con el resultado de cinco obreros muertos y cientos de personas heridas.
Los asistentes han desplegado una pancarta frente a los juzgados con el lema ‘Impunidad franquista: verdad y justicia aquí y ahora’.
Todos ellos han denunciado la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz de sobreseer la querella que presentaron de forma conjunta la Diputación y las Juntas Generales de este herrialde para que se esclarezca la muerte de los obreros, con el argumento de que los delitos han prescrito.
En su resolución, el juzgado explicó que los hechos no pueden ser tipificados como delitos de genocidio y lesa humanidad porque ocurrieron en 1976 y esa tipificación fue introducida en el derecho penal en 2003. Además han transcurrido más de 40 años desde que ocurrieron los hechos hasta la interposición de la querella, por lo que habrían prescrito.
Pero la Asociación 3 de Marzo considera que esos delitos no han prescrito según el derecho internacional, que es el que tipifica los crímenes contra la humanidad como así lo ha ratificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las instituciones alavesas han recurrido el archivo de la querella y durante la concentración una de las portavoces de la asociación, Nerea Martínez, ha reclamado a la jueza que tenga en cuenta la legislación internacional que determina que los crímenes de lesa humanidad «no prescriben ni pueden ser amnistiados».
Txiki Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación, ha lamentado que 41 años después siga la impunidad, ha pedido que se repare el daño causado y ha acusado al Estado y a los jueces de acogerse a las normas españolas y no a las internacionales para aplicar «una justicia selectiva» y permitir la prescripción de los delitos.
Ainhoa Etxaide, por su parte, ha denunciado que el Estado español todavía «proteja a los franquistas» para «salvaguardar su impunidad» y ha solicitado a las instituciones vascas que no dejen en manos del Gobierno español la justicia y la reparación de las víctimas.
El acto central de recuerdo a los muertos y heridos el 3 de marzo de 1976 tendrá lugar mañana con un homenaje en el monolito del barrio de Zaramaga que rememora aquellos trágicos hechos, al que seguirá una manifestación.
2017/03/03
Globos de reivindicación para que sean libres y vuelvan a casa cuanto antes
La concentración ha tenido lugar la víspera del 41 aniversario de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, cuando la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís con el resultado de cinco obreros muertos y cientos de personas heridas.
Los asistentes han desplegado una pancarta frente a los juzgados con el lema ‘Impunidad franquista: verdad y justicia aquí y ahora’.
Todos ellos han denunciado la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz de sobreseer la querella que presentaron de forma conjunta la Diputación y las Juntas Generales de este herrialde para que se esclarezca la muerte de los obreros, con el argumento de que los delitos han prescrito.
En su resolución, el juzgado explicó que los hechos no pueden ser tipificados como delitos de genocidio y lesa humanidad porque ocurrieron en 1976 y esa tipificación fue introducida en el derecho penal en 2003. Además han transcurrido más de 40 años desde que ocurrieron los hechos hasta la interposición de la querella, por lo que habrían prescrito.
Pero la Asociación 3 de Marzo considera que esos delitos no han prescrito según el derecho internacional, que es el que tipifica los crímenes contra la humanidad como así lo ha ratificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las instituciones alavesas han recurrido el archivo de la querella y durante la concentración una de las portavoces de la asociación, Nerea Martínez, ha reclamado a la jueza que tenga en cuenta la legislación internacional que determina que los crímenes de lesa humanidad «no prescriben ni pueden ser amnistiados».
Txiki Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación, ha lamentado que 41 años después siga la impunidad, ha pedido que se repare el daño causado y ha acusado al Estado y a los jueces de acogerse a las normas españolas y no a las internacionales para aplicar «una justicia selectiva» y permitir la prescripción de los delitos.
Ainhoa Etxaide, por su parte, ha denunciado que el Estado español todavía «proteja a los franquistas» para «salvaguardar su impunidad» y ha solicitado a las instituciones vascas que no dejen en manos del Gobierno español la justicia y la reparación de las víctimas.
El acto central de recuerdo a los muertos y heridos el 3 de marzo de 1976 tendrá lugar mañana con un homenaje en el monolito del barrio de Zaramaga que rememora aquellos trágicos hechos, al que seguirá una manifestación.
2017/03/03
Globos de reivindicación para que sean libres y vuelvan a casa cuanto antes
|DONOSTIA
A punto de dar las siete de la tarde, el Boulevard donostiarra
estaba a rebosar de gente y en el aire podían verse numerosos globos de
color morado. La ilusión en el ambiente era palpable tras la decisión
del juez José Luis Castro de conceder el segundo grado a Sara Majarenas y
trasladarla junto a su hija Izar a un centro de acogida en Madrid. Se
ha conseguido que madre e hija puedan seguir juntas, algo imprescindible
para el bienestar de ambas, especialmente de la pequeña Izar tras la
agresión sufrida y el posterior trauma.
No obstante, la marcha convocada por la plataforma “Izarrekin Sara Etxera”, que congregó a unas 5.400 personas según el recuento de GARA, no perdió su tinte reivindicativo puesto que la libertad de la presa donostiarra y su vuelta a Euskal Herria junto con su hija son el objetivo. Entre los asistentes, caras conocidas como Arnaldo Otegi, Sara Cozar, Arkaitz Rodriguez, Marian Beitialarrangoitia o Ramón Agirre. «Respiramos porque no serán separadas. Hemos conseguido que permanezcan juntas, que esta noche duerman juntas, y nos alegramos de haber impedido una separación traumática. Pero Sara debería estar en libertad y en el centro donde van a estar no van a ser libres», destacó al inicio de la manifestación Araitz Zubimendi, en nombre de la plataforma. Al respecto, reiteró una cuestión planteada a lo largo de las últimas semanas: que Majarenas, con las tres cuartas partes de la condena superada, cumple las condiciones para ser puesta en libertad.
Asimismo, señaló que Izar es una niña euskaldun que pronto iba a empezar el curso en una ikastola de Donostia y que no tiene ningún sentido que la mantengan a más de 500 kilómetros de Euskal Herria, lejos de su entorno.
Las emociones brotaron cuando la manifestación llegó a los Juzgados de Donostia, en Amara. Los aplausos precedieron a las palabras de Tomas Majarenas, padre de Sara, que leyó ante las miles de personas congregadas la carta enviada por su hija y que ayer se reproducía en estas páginas. Su intervención finalizó con el agradecimiento por el apoyo recibido y un llamamiento a seguir trabajando para conseguir que Sara sea puesta en libertad.
La pequeña Izar fue protagonista de un acto que, pese a la dificultad de la situación vivida durante las últimas semanas, intentó mostrar también un poco de alegría. Muestra de ello fue el multitudinario “Zorionak zuri” cantado a la pequeña. Eso sí, sin olvidar que el trabajo continúa para conseguir que vuelvan a casa cuanto antes.
Dentro de esa labor por conseguir la libertad de Majarenas, por la mañana, familiares de la presa donostiarra y miembros de la plataforma “Izarrekin Sara Etxera” mantuvieron encuentros por separado con los grupos parlamentarios y destacaron la buena acogida que habían tenido de todos ellos. Cuando comparecieron ante la prensa, solo les faltaba la cita con el PP –que se produjo más tarde–, grupo del que valoraron positivamente que había mostrado interés en el encuentro, que si no se había producido antes había sido por motivos de agenda.
Sortu, por su parte, destacó en un comunicado que la decisión del juez «es un paso adelante y que es una buena noticia pero que no es suficiente. Aunque Sara e Izar puedan estar juntas, tanto la niña como la madre necesitan estar cerca de sus personas queridas, en un ambiente cercano y familiar. Salta a la vista que un centro de acogida en Madrid no reune estas condiciones».
No obstante, la marcha convocada por la plataforma “Izarrekin Sara Etxera”, que congregó a unas 5.400 personas según el recuento de GARA, no perdió su tinte reivindicativo puesto que la libertad de la presa donostiarra y su vuelta a Euskal Herria junto con su hija son el objetivo. Entre los asistentes, caras conocidas como Arnaldo Otegi, Sara Cozar, Arkaitz Rodriguez, Marian Beitialarrangoitia o Ramón Agirre. «Respiramos porque no serán separadas. Hemos conseguido que permanezcan juntas, que esta noche duerman juntas, y nos alegramos de haber impedido una separación traumática. Pero Sara debería estar en libertad y en el centro donde van a estar no van a ser libres», destacó al inicio de la manifestación Araitz Zubimendi, en nombre de la plataforma. Al respecto, reiteró una cuestión planteada a lo largo de las últimas semanas: que Majarenas, con las tres cuartas partes de la condena superada, cumple las condiciones para ser puesta en libertad.
Asimismo, señaló que Izar es una niña euskaldun que pronto iba a empezar el curso en una ikastola de Donostia y que no tiene ningún sentido que la mantengan a más de 500 kilómetros de Euskal Herria, lejos de su entorno.
Una felicitación especial
Por todos estos motivos, el deseo de que Izar y su madre vuelvan a
Euskal Herria estuvo presente a lo largo de toda la marcha, encabezada
por un grupo de niños y niñas que acompañados de Porrotx y Josu
Txapartegi “Txapas” cantaron infinidad de canciones que forman el
repertorio típico de miles de pequeños vascos, también el de Izar.Las emociones brotaron cuando la manifestación llegó a los Juzgados de Donostia, en Amara. Los aplausos precedieron a las palabras de Tomas Majarenas, padre de Sara, que leyó ante las miles de personas congregadas la carta enviada por su hija y que ayer se reproducía en estas páginas. Su intervención finalizó con el agradecimiento por el apoyo recibido y un llamamiento a seguir trabajando para conseguir que Sara sea puesta en libertad.
La pequeña Izar fue protagonista de un acto que, pese a la dificultad de la situación vivida durante las últimas semanas, intentó mostrar también un poco de alegría. Muestra de ello fue el multitudinario “Zorionak zuri” cantado a la pequeña. Eso sí, sin olvidar que el trabajo continúa para conseguir que vuelvan a casa cuanto antes.
Dentro de esa labor por conseguir la libertad de Majarenas, por la mañana, familiares de la presa donostiarra y miembros de la plataforma “Izarrekin Sara Etxera” mantuvieron encuentros por separado con los grupos parlamentarios y destacaron la buena acogida que habían tenido de todos ellos. Cuando comparecieron ante la prensa, solo les faltaba la cita con el PP –que se produjo más tarde–, grupo del que valoraron positivamente que había mostrado interés en el encuentro, que si no se había producido antes había sido por motivos de agenda.
Petición en el Parlamento
Iñaki Polo, marido de la abuela de Izar, y Araitz Zubimendi señalaron
que lo que habían pedido a los partidos era que «con las palabras,
formas o términos que quieran se sumen a la petición» de la familia y
allegados de Sara Majarenas y su hija Izar. Salieron de los encuentros
con «buenas sensaciones».Sortu, por su parte, destacó en un comunicado que la decisión del juez «es un paso adelante y que es una buena noticia pero que no es suficiente. Aunque Sara e Izar puedan estar juntas, tanto la niña como la madre necesitan estar cerca de sus personas queridas, en un ambiente cercano y familiar. Salta a la vista que un centro de acogida en Madrid no reune estas condiciones».
CHILE
Van 22 días de paralización de las actividades
Huelga de Escondida toma fuerza: sindicatos mineros se suman a movilizaciones
Martín Espinoza |Jueves 2 de marzo 2017 17:13 hrs.
Los
trabajadores del yacimiento de cobre más grande del mundo no descartan
radicalizar sus movilizaciones. El silencio de los dueños de la minera
los mantiene inquietos. Para mañana se programó la primera marcha por
Antofagasta, a la que se sumarán trabajadores de la planta Molyb de
Mejillones, filial de Codelco, y el Frente de Trabajadores Mineros.
La
huelga de Escondida ya cuenta 22 días y aún no hay señales de que vaya a
deponerse. Los trabajadores del sindicato n°1 de la minera han dejado
entrever que la administración no ha siquiera intentado durante los
últimos días un acercamiento con los empleados.
Es por esta razón que el día de ayer, cerca de las 6 de la madrugada, los trabajadores movilizados instalaron barricadas que limitaban el acceso a la ciudad de Antofagasta por la ruta 5. Sobre una eventual radicalización de las manifestaciones, Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1, sostiene que “nosotros no descartamos nada. Estamos evaluando eso con nuestra gente, todas las decisiones se toman con los trabajadores. Acá las decisiones no las toma el directorio, así que no hay un itinerario establecido respecto de eso. Lo de las barricadas fue una manifestación producto del enojo que tenían los trabajadores con la compañía para que la gente entienda. Están cansados los viejos de la forma patronal y dura en que se comporta la compañía”.
Ante dicho escenario, los trabajadores recibieron el rechazo de la Minera que, a través de un comunicado declaró que “rechazamos hechos de violencia ocurridos durante la mañana de hoy (miércoles), en los accesos a Antofagasta, generados por miembros del Sindicato N°1, en los que se produjeron enfrentamientos con Carabineros”.
Hasta el momento la movilización se ha limitado al actuar del sindicato n°1, sin embargo, para el día de mañana se agendó una marcha en Antofagasta a las 18:00, instancia que será comunicada durante la mañana del viernes. A la acción se sumarán trabajadores de la planta Molyb de Mejillones, filial de Codelco, y el Frente de Trabajadores Mineros, movimiento que agrupa a sindicatos de la minería privada.
Además, la Federación Minera de Chile, organización sindical que aglutina a 18 sindicatos de la gran minería privada del país, ha dado muestras públicas de su respaldo a los trabajadores de Escondida. Gustavo Tapia, su presidente, declaró que “lamentablemente observamos que minera Escondida está empeñada en reducir los beneficios que fueron ganados legítimamente, y quebrar la unidad de los trabajadores”. Además, agregó que “hacemos un llamado a las autoridades políticas y de gobierno para que adopten un rol más activo que permita acercar las partes y destrabar este conflicto que está provocando nocivos efectos a nuestro país. Existe una pasividad cómplice de las autoridades y un nulo compromiso de los parlamentarios de la zona con los trabajadores movilizados, a lo que se suma la incapacidad del sistema político de aportar a la solución a problemas reales”, aprovechando de repasar al senador Alejandro Guillier, parlamentario de la región que no ha manifestado postura alguna al respecto.
Sobre la negociación entre los trabajadores y la administración de Escondida, Allendes da cuenta del nulo contacto que ha existido entre ambas partes: “No hemos tenido ningún acercamiento con la compañía, todo sigue en status quo con la compañía”.
Sin diálogo se mantiene el conflicto. Los trabajadores han dado cuenta de su voluntad para entablar conversaciones, sin embargo, no han recibido llamados por parte de la administración. La radicalización de las movilizaciones es una alternativa que no se descarta.
Es por esta razón que el día de ayer, cerca de las 6 de la madrugada, los trabajadores movilizados instalaron barricadas que limitaban el acceso a la ciudad de Antofagasta por la ruta 5. Sobre una eventual radicalización de las manifestaciones, Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1, sostiene que “nosotros no descartamos nada. Estamos evaluando eso con nuestra gente, todas las decisiones se toman con los trabajadores. Acá las decisiones no las toma el directorio, así que no hay un itinerario establecido respecto de eso. Lo de las barricadas fue una manifestación producto del enojo que tenían los trabajadores con la compañía para que la gente entienda. Están cansados los viejos de la forma patronal y dura en que se comporta la compañía”.
Ante dicho escenario, los trabajadores recibieron el rechazo de la Minera que, a través de un comunicado declaró que “rechazamos hechos de violencia ocurridos durante la mañana de hoy (miércoles), en los accesos a Antofagasta, generados por miembros del Sindicato N°1, en los que se produjeron enfrentamientos con Carabineros”.
Hasta el momento la movilización se ha limitado al actuar del sindicato n°1, sin embargo, para el día de mañana se agendó una marcha en Antofagasta a las 18:00, instancia que será comunicada durante la mañana del viernes. A la acción se sumarán trabajadores de la planta Molyb de Mejillones, filial de Codelco, y el Frente de Trabajadores Mineros, movimiento que agrupa a sindicatos de la minería privada.
Además, la Federación Minera de Chile, organización sindical que aglutina a 18 sindicatos de la gran minería privada del país, ha dado muestras públicas de su respaldo a los trabajadores de Escondida. Gustavo Tapia, su presidente, declaró que “lamentablemente observamos que minera Escondida está empeñada en reducir los beneficios que fueron ganados legítimamente, y quebrar la unidad de los trabajadores”. Además, agregó que “hacemos un llamado a las autoridades políticas y de gobierno para que adopten un rol más activo que permita acercar las partes y destrabar este conflicto que está provocando nocivos efectos a nuestro país. Existe una pasividad cómplice de las autoridades y un nulo compromiso de los parlamentarios de la zona con los trabajadores movilizados, a lo que se suma la incapacidad del sistema político de aportar a la solución a problemas reales”, aprovechando de repasar al senador Alejandro Guillier, parlamentario de la región que no ha manifestado postura alguna al respecto.
Sobre la negociación entre los trabajadores y la administración de Escondida, Allendes da cuenta del nulo contacto que ha existido entre ambas partes: “No hemos tenido ningún acercamiento con la compañía, todo sigue en status quo con la compañía”.
Sin diálogo se mantiene el conflicto. Los trabajadores han dado cuenta de su voluntad para entablar conversaciones, sin embargo, no han recibido llamados por parte de la administración. La radicalización de las movilizaciones es una alternativa que no se descarta.
Guardando las cenizas de la CUT
Publicado el 26 Febrero 2017
Escrito por Pablo Varas - EL CLARÌN DE CHILE
“La máquina de la CUT nos pasó por encima; y no solo a nosotros, sino a todos los trabajadores de Chile” Andrés Giordano Salazar. Presidente Sindicato Starbucks. Consejero Nacional de la CUT.
No viven con la pena y la angustia del salario mínimo algunos dirigentes nacionales de la CUT…
La
Central Unitaria de Trabajadores CUT desde hace ya algunos años vive
momentos complicados en su conducción por la forma de hacer política
sindical. Una de las causales es la ausencia de democracia interna,
falta de transparencia, oscuros caminos en el dinero, y también porque
actúa como si de un cartel sindical se tratara.
El
abandono de los trabajadores es más que evidente, millones de pobres y
tanta desigualdad por lo menos esperan el acompañamiento, una palabrita
de consuelo. Las lloronas ya son historia y recuerdos.
Los
trabajadores piden/exigen dirigentes honestos, elegidos
democráticamente, los mismos y reiterados pecadores, todos militantes
obedientes de un partido político. PC/PS/PDC. En la CUT no hay
UDI/RN/PIÑERISMO, están los de siempre.
La
CUT es una organización que tiene una larga historia en la construcción
social/sindical del país desde la perspectiva de defender los derechos
de los trabajadores. Colocar las demandas de vida digna y justa en es su
esencia el principio básico de esta organización. Muchos muertos
quedaron en las calles de la patria pidiendo respeto para la vida, una
más justa, y eso se merece una estatua, las mismas que se les tiene a
los libertadores de la patria.
Ya
no son los tiempos de Clotario, cuando en Chile había industria
nacional y se hacían huelgas, movilizaciones para pedir aumento salarial
y en largas reuniones se redactaba el pliego de peticiones. Los
trabajadores en las calles y la policía de otro, eran los calendarios
del Grupo Móvil y los guatones de la PP. Huelga era palabra que daba
miedo entre empresarios, las banderas rojas asustaban. No había
binominal y Eugenio Lira Massi escribía la mejor crónica de los ilustres
en el parlamento.
Pero
no sólo la seudo izquierda comunista está en sus orígenes, había
también anarquistas y libre pensadores, esos que proclaman que hay que
destruir el Estado y sentar una sociedad distinta. En el norte estaban
en la primera línea en defensa de lo que más respeto se merece un país,
su clase trabajadora, la que genera plusvalía, la que aporta riqueza a
sus dueños y patrones, pero que pide salarios justos.
Los
tiempos actuales son muy diferentes. La CUT está convertida en una
bolsa de trabajo, personajillos oscuros, manos de gato en busca de las
castañas para satisfacer al/los partidos que se la reparten a su antojo y
regalado gusto, PS/PC/PDC. Amantes de las cámaras, contando ideas
generales que cualquiera puede decirlas y narrarlas de mejor manera. La
clase obrera abandonada.
Es
verdad que hay obreros, empleados del PDC en la CUT pero recordemos que
nunca se le escuchó a su partido pedir disculpas mirando los ojos de la
patria por las masacres cometidas mientras ellos eran partido, y
estuvieron en el gobierno, 1964-1970. Una huelga obrera sacudió todo el
norte, fuerte y potente como un terremoto y carabineros a correr bala
salió a las calles porque así le pedía el Ministerio del Interior,
mujeres embarazadas en la Masacre de El Salvador, pleno gobierno PDC y
Eduardo Frei de presidente.
Las
condiciones de precariedad entre millones de chilenos no es la
producción desbordante de cuchufli, no es la causa directa de las
humitas los bajos salarios. El abandono es la política que impera en la
CUT. Muchos son los graves conflictos que se suceden en la patria y se
defienden solos, el sindicato apoyado de sus trabajadores mientras en
los cómodos salones, entre viaje y viaje de los dirigentes nacionales
vuelven los huelguistas al trabajo luego de haber ganado algún derecho y
dos monedas más en sus exiguos salarios.
No
queda duda alguna que el más serio y grave problema de la CUT, es la
falta de democracia interna, de la manera en que son elegidos sus
dirigentes, algunos ya añejos, corruptos y que siguen sencillamente
porque se resisten a leer los periódicos que regalan en las esquinas.
Han transitado por años seguidos de un séquito de aduladores que se
conforman y esperan las migas que deja caer el dirigente nacional.
Profundo
malestar y ganas de vomitar causó la boleta del presidente de la CUT,
Antonio Martínez, luego de pagar varios millones de pesos por un
almuerzo en domingo en Valparaíso, y el sinvergüenza dirigente muy
tranquilo, bañado en horchata. De su bolsillo no salieron tantos
billetes para el buen menú, tampoco del tesorero que firmó el cheque, un
bolchevique militante en la CUT. Mucha TV cuando se hacen opinologos de
la farándula social. Poco valor los viejos pliegos de peticiones, esos
ya son la memoria de los traidores actuales.
El
Colegio de Profesores que toma nuevos rumbos e intenta dejar atrás la
burocracia comunista de los pactos y acuerdos. Valiente y notable pedir
democracia en la CUT. Los trabajadores de la salud, una parte de la Anef
y también los trabajadores del cobre: las banderas rumbo hacia
elecciones democráticas. Nada malo en pedir un obrero un voto, así debe
ser, así se debe trabajar de lo contrario no se puede conducir luchas
tan delicadas como la defensa de los trabajadores en Chile.
“Aquí va la clase obrera, hacia el triunfo querida compañera…” Himno de la CUT.
En Chile familia de Macarena Valdés espera justicia
La siembra de Berta
Chile y Honduras en procesos de criminalización de la protesta social para amedrentar o acallar las voces de la resistencia territorial contra proyectos extractivos.
por Javier Karmy Bolton - EL CIUDADANO
URUGUAY
ADHIEREN AL PARO DE MUJERES
Profesores de Montevideo pararán el 8 de marzo
En ese contexto, los profesores paralizarán sus actividades durante toda la jornada.
Recordemos que la Coordinadora de Femeninismo del Uruguay convoca a concentrarse en la Plaza Libertad a las 18 horas. Una de las consignas de esta movida es que “es una jornada de lucha, resistencia y movilización”, según dice el comunicado de la coordinadora.
Además, el PIT-CNT, que también se sumó a esta medida de lucha, sugiere paralizar actividades a partir de las 16 horas para acompañar la movilización.
Esto se da en el contexto de que en lo que va del año, seis mujeres murieron en manos de su pareja o ex pareja, al tiempo que otras dos muertes continúan en investigación judicial.
Desocuparon liceo del Cerro
En tanto, el núcleo sindical del liceo 70 del Cerro levantó en la tarde de ayer la ocupación que inició en la mañana de este miércoles.
La medida de lucha fue tomada por los docentes en reclamo de una respuesta por la superpoblación que estiman van a tener en 1º y 2º de Ciclo Básico.
Cada grupo tendrán más de 30 alumnos, pero los profesores pretenden que sean como máximo 25 para poder trabajar de una mejor manera.
Ante esto, Secundaria propuso trasladar a unos 25 alumnos al liceo 50, lo cual fue considerado “una falta de respeto” por parte del gremio, que piden más compromiso del CES.
Viernes 24 • Febrero • 2017
Actor clave del juicio en Roma dice que Uruguay tardó en trabajar en conjunto con la Fiscalía
“Estoy orgulloso de lo que logramos hacer con ese
juicio, estoy orgulloso de haber ofrecido a las familias querellantes
abogados que trabajaron en forma gratuita y estoy orgulloso de cómo se
armó el listado de los testigos”, dijo a la diaria Jorge Ithurburu,
integrante de la Asociación 24 de Marzo, que en los últimos días estuvo
en el centro de polémicas y cuestionamientos. Quisimos tratar de
entender en profundidad las críticas que se hicieron a su rol en el
juicio por el Plan Cóndor en Roma y su relación con la Fiscalía italiana
y los familiares querellantes.
–¿Cómo empieza su compromiso con los derechos humanos?
-Soy argentino y llegué a Italia en 1980, durante la dictadura en mi país. Empecé a militar en la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, organismo fundado por Lelio Basso que tradicionalmente se había ocupado de la solidaridad hacia los latinoamericanos. En 1987 empezamos a tratar el tema de los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos en casos de desaparecidos italianos durante las dictaduras de los 70 y 80, cuando se aprobó en Argentina la Ley de Obediencia Debida. En ese entonces empezaron a trabajar con nosotros, gratuitamente, los abogados Marcello Gentili [parte civil para la chilena María Paz Venturelli en el juicio por el Plan Cóndor] y Gaetano Pecorella, quien luego fue sustituido por Giancarlo Maniga [que en el juicio representó siempre a Aurora Meloni]. Comenzó un período muy largo en el que intentamos abrir juicios para los desaparecidos de origen italiano; fue muy complicado, hasta que en 1998 asumió el caso un fiscal de Roma, Francesco Caporale, y se empezó a prosperar. En 1998 fue detenido en Londres [Augusto] Pinochet y se instaló un clima favorable de colaboración entre fiscalías de varios países. En ese entonces vivía en Milán y era un empleado municipal, luego me dieron un traslado a Roma para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia. En 1999, junto a Maniga y Gentili, decidimos actuar con dos denuncias: una por la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina], por tres italianos, contra cinco militares, y otra, que llevó solo Maniga, por el Plan Cóndor. Ayudé a Maniga a redactar la denuncia, concertamos una audiencia con el fiscal Giancarlo Capaldo para presentarla y logramos que vinieran los familiares. En el 2000 conseguimos las condenas de siete militares argentinos.
–Ese es el inicio del juicio por el Plan Cóndor, cuando presentaron una denuncia seis mujeres: Claudia Allegrini, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Cristina Mihura, Aurora Meloni y Martha Gatti.
-Exactamente. Yo en ese momento era el intérprete de los familiares que no hablaban italiano. Ese fue un período muy corto porque Maniga fue sustituido por Paolo Sodani y, dado que yo colaboraba con Maniga, seguí solo el juicio por la ESMA. Mientras tanto, en 1998 también se había abierto en Roma un juicio contra Pinochet por los delitos de víctimas italianas en Chile. Se había presentado un chileno de Bologna, pero el juicio no prosperó porque ese chileno había obtenido la ciudadanía italiana, estaba vivo y denunciaba por delitos de tortura que en Italia no están codificados. Entonces Capaldo se encontraba con un juicio oficialmente abierto, y autorizado por el ministro, pero sin víctimas. Empezó a investigar, viajó a Argentina y logramos concertar un encuentro con familias chilenas en el consulado de Buenos Aires, y así entraron los casos chilenos. A esa altura, el juicio por el Plan Cóndor lo seguía Cristina Mihura, y yo seguía el juicio a Pinochet, que en ese momento eran dos juicios separados. Son unificados por Capaldo en 2007 cuando él pide la orden de custodia cautelar en contra de 140 personas. Yo seguía, como siempre, la parte chilena y la de los argentinos. Entre 2007 y 2013 el trabajo fue sobre todo de comunicaciones judiciales entre los países y se tardó mucho por problemas burocráticos. La investigación estaba cerrada. En cambio, siguió el juicio por la ESMA que terminó en 2009 con la confirmación de las condenas en Casación.
–En 2013 empiezan las audiencias preliminares, y es ahí que se nombran los abogados. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué usted recibió el poder de algunos familiares?
-En primer lugar, era necesario definir las partes y muchos no tenían abogado. Algunos acordaron con Maniga, a quien ya conocían, y otros me dieron el poder a mí porque yo era la garantía de que ellos no tenían contrato con los abogados; yo era la garantía de la relación de patrocinio gratuito entre los abogados y las familias. Los únicos costos que cubrimos para esos abogados fueron los de traslado y hoteles para quienes viajaban de otras partes de Italia. Mientras tanto, en 2009, había nacido la Asociación 24 de Marzo y para cubrir esos gastos presentamos un proyecto a la Iglesia Valdense, que nos otorgó 25.000 euros, que fueron utilizados para gastos de transporte y estadía de 15 abogados. Los pasajes se sacaban en una agencia misionera, BBC Services, y se entregaban a los abogados, a los que vivían fuera de Roma, que son Maniga, Gentili, Nicola Brigida y Andrea Speranzoni. Utilizamos tres hoteles en Roma: la Casa Valdense, el hotel Napoleón y el hotel Lancelot, que además, hospedó gratuitamente a algunos familiares. Yo no toqué dinero: pedí una financiación a la Banca Ética, sobre la base del proyecto Valdense, y trabajé con ese dinero que, al final, fue cubierto con la donación valdense. El otro mecanismo que utilizamos fue el de poner varios abogados para los mismos casos, nombrando abogados romanos que no tenían ningún costo de traslado y estadía, para evitar gastos excesivos. Si un abogado no podía seguir una audiencia debido a problemas de trabajo, siempre había otro que estaba en la sala preguntando a los testigos y siguiendo el desarrollo del caso. Estoy muy satisfecho con la colaboración que nació entre los abogados, también entre abogados de diferentes estudios legales. Traté de involucrar en el juicio no sólo a viejos abogados con los que ya colaboraba desde hace tiempo, sino también abogadas que estaban interesadas en derechos humanos y jóvenes, para que crezca una nueva generación de abogados comprometidos; para Marta Lucisano, Martina Felicori y Andrea Ramadori fue la primera vez en una corte de Asís. Estoy muy orgulloso de esa pluralidad.
–¿Cómo se decidió el listado de los testigos?
-Yo no firmo nada porque no soy abogado. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos. Con los familiares había un acuerdo: las familias no iban a pagar abogado, no iban a pagar el viaje a Roma y tampoco lo iban a hacer para sus testigos. Entonces fue un proceso muy complejo, en el que participaron diferentes actores. Las familias y sus asesores fueron en primera instancia los que sugirieron testigos. Así se armó el primer listado para cada caso, que luego los abogados compartieron con la Fiscalía, que a la vez tenía su listado. Se eligió un mecanismo de colaboración y se realizaron, a fines de 2014 y comienzo de 2015, reuniones formales e informales con ese objetivo. La Fiscalía pidió la lista a los abogados querellantes antes del 20 de enero de 2015, para poder tener el tiempo de trabajar y para que todos pudieran presentar su listado antes de la fecha límite, que era el 4 de febrero. El Frente Amplio no compartió su listado con la Fiscalía, y Uruguay lo hizo a último momento, en la mañana del 4 de febrero. La Fiscalía aceptó entre 80% y 90% de los testigos propuestos por los abogados querellantes, pagando de esa manera los pasajes y la estadía de los testigos. Además, la Fiscalía renunció a unos testigos en favor de la Presidencia de Italia, que se hizo cargo de los gastos. Otro tema que se presentó fue lo de la ubicación de algunos testigos, ya que habían transcurrido muchísimos años de los hechos y de las denuncias. Para superar ese problema, la Fiscalía inició relaciones con el Ministerio del Interior de Chile, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y con otras instituciones de derechos humanos, públicas y privadas, de las naciones involucradas, con el objetivo de ubicar testigos, conseguir material, documentos y pruebas. Colaboré en esa tarea por mi conocimiento del idioma. Eso ayudó a establecer relaciones con los gobiernos. Con Uruguay no se logró tener una relación directa entre Fiscalía e instituciones, porque a todos los pedidos se contestaba: “Hablen con el abogado de Uruguay”. Cuando se armó la lista de testigos de Uruguay, Capaldo, por una relación de conocimiento que tenía con Mirtha Guianze, le pidió ayuda a ella para integrar informaciones. En todo caso, los otros países lograron trabajar directamente con la Fiscalía, pero Uruguay, por lo menos hasta octubre de 2016, cuando vino [el secretario de la Presidencia], Miguel Ángel Toma, a reunirse con Capaldo y Tiziana Cugini, no tomó parte de ese trabajo colectivo. De hecho, no sé qué pasó, pero Uruguay quedó aislado y se generó cierto malestar.
–¿Cuál fue su rol en ese juicio?
-Además de todo lo que ya conté, lo que hice fue realizar llamadas para ubicar testigos y mantener vivos los contactos con las familias; también me ocupé de los testigos, de asegurarme de que llegaran, de que se encontraran en el hotel y de que tuvieran una reunión con sus abogados la noche anterior a la declaración. Hice todo esto porque tenía un compromiso moral con esas personas, que habían sido contactadas por mi intermedio. Además, tenía que asegurarme de que el testimonio iba a salir bien. Eso me costó 34 días de vacaciones, y, en cierto punto, cuando terminó la parte del juicio de la que me había ocupado, no fui más al Aula. Mi perspectiva es la de la sociedad civil, mis interlocutores son los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
-Soy argentino y llegué a Italia en 1980, durante la dictadura en mi país. Empecé a militar en la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, organismo fundado por Lelio Basso que tradicionalmente se había ocupado de la solidaridad hacia los latinoamericanos. En 1987 empezamos a tratar el tema de los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos en casos de desaparecidos italianos durante las dictaduras de los 70 y 80, cuando se aprobó en Argentina la Ley de Obediencia Debida. En ese entonces empezaron a trabajar con nosotros, gratuitamente, los abogados Marcello Gentili [parte civil para la chilena María Paz Venturelli en el juicio por el Plan Cóndor] y Gaetano Pecorella, quien luego fue sustituido por Giancarlo Maniga [que en el juicio representó siempre a Aurora Meloni]. Comenzó un período muy largo en el que intentamos abrir juicios para los desaparecidos de origen italiano; fue muy complicado, hasta que en 1998 asumió el caso un fiscal de Roma, Francesco Caporale, y se empezó a prosperar. En 1998 fue detenido en Londres [Augusto] Pinochet y se instaló un clima favorable de colaboración entre fiscalías de varios países. En ese entonces vivía en Milán y era un empleado municipal, luego me dieron un traslado a Roma para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia. En 1999, junto a Maniga y Gentili, decidimos actuar con dos denuncias: una por la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina], por tres italianos, contra cinco militares, y otra, que llevó solo Maniga, por el Plan Cóndor. Ayudé a Maniga a redactar la denuncia, concertamos una audiencia con el fiscal Giancarlo Capaldo para presentarla y logramos que vinieran los familiares. En el 2000 conseguimos las condenas de siete militares argentinos.
–Ese es el inicio del juicio por el Plan Cóndor, cuando presentaron una denuncia seis mujeres: Claudia Allegrini, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Cristina Mihura, Aurora Meloni y Martha Gatti.
-Exactamente. Yo en ese momento era el intérprete de los familiares que no hablaban italiano. Ese fue un período muy corto porque Maniga fue sustituido por Paolo Sodani y, dado que yo colaboraba con Maniga, seguí solo el juicio por la ESMA. Mientras tanto, en 1998 también se había abierto en Roma un juicio contra Pinochet por los delitos de víctimas italianas en Chile. Se había presentado un chileno de Bologna, pero el juicio no prosperó porque ese chileno había obtenido la ciudadanía italiana, estaba vivo y denunciaba por delitos de tortura que en Italia no están codificados. Entonces Capaldo se encontraba con un juicio oficialmente abierto, y autorizado por el ministro, pero sin víctimas. Empezó a investigar, viajó a Argentina y logramos concertar un encuentro con familias chilenas en el consulado de Buenos Aires, y así entraron los casos chilenos. A esa altura, el juicio por el Plan Cóndor lo seguía Cristina Mihura, y yo seguía el juicio a Pinochet, que en ese momento eran dos juicios separados. Son unificados por Capaldo en 2007 cuando él pide la orden de custodia cautelar en contra de 140 personas. Yo seguía, como siempre, la parte chilena y la de los argentinos. Entre 2007 y 2013 el trabajo fue sobre todo de comunicaciones judiciales entre los países y se tardó mucho por problemas burocráticos. La investigación estaba cerrada. En cambio, siguió el juicio por la ESMA que terminó en 2009 con la confirmación de las condenas en Casación.
–En 2013 empiezan las audiencias preliminares, y es ahí que se nombran los abogados. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué usted recibió el poder de algunos familiares?
-En primer lugar, era necesario definir las partes y muchos no tenían abogado. Algunos acordaron con Maniga, a quien ya conocían, y otros me dieron el poder a mí porque yo era la garantía de que ellos no tenían contrato con los abogados; yo era la garantía de la relación de patrocinio gratuito entre los abogados y las familias. Los únicos costos que cubrimos para esos abogados fueron los de traslado y hoteles para quienes viajaban de otras partes de Italia. Mientras tanto, en 2009, había nacido la Asociación 24 de Marzo y para cubrir esos gastos presentamos un proyecto a la Iglesia Valdense, que nos otorgó 25.000 euros, que fueron utilizados para gastos de transporte y estadía de 15 abogados. Los pasajes se sacaban en una agencia misionera, BBC Services, y se entregaban a los abogados, a los que vivían fuera de Roma, que son Maniga, Gentili, Nicola Brigida y Andrea Speranzoni. Utilizamos tres hoteles en Roma: la Casa Valdense, el hotel Napoleón y el hotel Lancelot, que además, hospedó gratuitamente a algunos familiares. Yo no toqué dinero: pedí una financiación a la Banca Ética, sobre la base del proyecto Valdense, y trabajé con ese dinero que, al final, fue cubierto con la donación valdense. El otro mecanismo que utilizamos fue el de poner varios abogados para los mismos casos, nombrando abogados romanos que no tenían ningún costo de traslado y estadía, para evitar gastos excesivos. Si un abogado no podía seguir una audiencia debido a problemas de trabajo, siempre había otro que estaba en la sala preguntando a los testigos y siguiendo el desarrollo del caso. Estoy muy satisfecho con la colaboración que nació entre los abogados, también entre abogados de diferentes estudios legales. Traté de involucrar en el juicio no sólo a viejos abogados con los que ya colaboraba desde hace tiempo, sino también abogadas que estaban interesadas en derechos humanos y jóvenes, para que crezca una nueva generación de abogados comprometidos; para Marta Lucisano, Martina Felicori y Andrea Ramadori fue la primera vez en una corte de Asís. Estoy muy orgulloso de esa pluralidad.
–¿Cómo se decidió el listado de los testigos?
-Yo no firmo nada porque no soy abogado. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos. Con los familiares había un acuerdo: las familias no iban a pagar abogado, no iban a pagar el viaje a Roma y tampoco lo iban a hacer para sus testigos. Entonces fue un proceso muy complejo, en el que participaron diferentes actores. Las familias y sus asesores fueron en primera instancia los que sugirieron testigos. Así se armó el primer listado para cada caso, que luego los abogados compartieron con la Fiscalía, que a la vez tenía su listado. Se eligió un mecanismo de colaboración y se realizaron, a fines de 2014 y comienzo de 2015, reuniones formales e informales con ese objetivo. La Fiscalía pidió la lista a los abogados querellantes antes del 20 de enero de 2015, para poder tener el tiempo de trabajar y para que todos pudieran presentar su listado antes de la fecha límite, que era el 4 de febrero. El Frente Amplio no compartió su listado con la Fiscalía, y Uruguay lo hizo a último momento, en la mañana del 4 de febrero. La Fiscalía aceptó entre 80% y 90% de los testigos propuestos por los abogados querellantes, pagando de esa manera los pasajes y la estadía de los testigos. Además, la Fiscalía renunció a unos testigos en favor de la Presidencia de Italia, que se hizo cargo de los gastos. Otro tema que se presentó fue lo de la ubicación de algunos testigos, ya que habían transcurrido muchísimos años de los hechos y de las denuncias. Para superar ese problema, la Fiscalía inició relaciones con el Ministerio del Interior de Chile, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y con otras instituciones de derechos humanos, públicas y privadas, de las naciones involucradas, con el objetivo de ubicar testigos, conseguir material, documentos y pruebas. Colaboré en esa tarea por mi conocimiento del idioma. Eso ayudó a establecer relaciones con los gobiernos. Con Uruguay no se logró tener una relación directa entre Fiscalía e instituciones, porque a todos los pedidos se contestaba: “Hablen con el abogado de Uruguay”. Cuando se armó la lista de testigos de Uruguay, Capaldo, por una relación de conocimiento que tenía con Mirtha Guianze, le pidió ayuda a ella para integrar informaciones. En todo caso, los otros países lograron trabajar directamente con la Fiscalía, pero Uruguay, por lo menos hasta octubre de 2016, cuando vino [el secretario de la Presidencia], Miguel Ángel Toma, a reunirse con Capaldo y Tiziana Cugini, no tomó parte de ese trabajo colectivo. De hecho, no sé qué pasó, pero Uruguay quedó aislado y se generó cierto malestar.
–¿Cuál fue su rol en ese juicio?
-Además de todo lo que ya conté, lo que hice fue realizar llamadas para ubicar testigos y mantener vivos los contactos con las familias; también me ocupé de los testigos, de asegurarme de que llegaran, de que se encontraran en el hotel y de que tuvieran una reunión con sus abogados la noche anterior a la declaración. Hice todo esto porque tenía un compromiso moral con esas personas, que habían sido contactadas por mi intermedio. Además, tenía que asegurarme de que el testimonio iba a salir bien. Eso me costó 34 días de vacaciones, y, en cierto punto, cuando terminó la parte del juicio de la que me había ocupado, no fui más al Aula. Mi perspectiva es la de la sociedad civil, mis interlocutores son los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
Viernes 24 • Febrero • 2017
Observatorio Luz Ibarburu y Colegio Médico del Uruguay rechazan amenazas del “Comando Barneix”
El Observatorio Luz Ibarburu emitió ayer un comunicado en el
que manifiesta su categórico repudio ante las amenazas, a varias
personas, del autodenominado “Comando Gral. Pedro Barneix”. Aseguran que
“esa acción intimidatoria lamentablemente no es una novedad en la vida
democrática del país”, como tampoco es una novedad “la incapacidad de
las autoridades competentes para esclarecer y establecer las
responsabilidades que correspondan”. Así lo demuestran la impunidad de
los atentados con explosivos de 1990 a un diputado [Hugo Cores] y al
estudio de un ex presidente [Julio María Sanguinetti]; el robo y la
amenaza al GIAF [Grupo de Investigación en Arqueología Forense del
Uruguay]; la actuación ilegal de los servicios de inteligencia en
democracia, entre otros”. El Observatorio expresa su solidaridad con
todas las personas amenazadas y exige a quienes “tienen
responsabilidades en las instituciones del Estado una acción eficaz y
ejemplarizante de acuerdo a la gravedad de dichas conductas criminales,
antidemocráticas y desestabilizadoras”.
La lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura son un “deber ético, jurídico y humanitario”, afirma.
El Observatorio Luz Ibarburu da su respaldo a todas las iniciativas, de diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiendan “a un cambio en la práctica parlamentaria que dé transparencia y participación en torno al proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia [SCJ]”. En el comunicado señalan que la opacidad del sistema penal uruguayo “no debería ser aumentada por las prácticas de secretismo en las que en la esfera parlamentaria se tratan y resuelven aspectos tan importantes para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía”. Denuncian una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las designaciones en el Poder Judicial y piden que la población acceda a los fundamentos de las decisiones.
El Colegio Médico del Uruguay también expresó su profundo rechazo a las amenazas del “Comando Barneix”, en un comunicado difundido el lunes. El texto expresa su solidaridad con las personas amenazadas, entre las que se encuentra el asesor jurídico e integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, doctor Juan Errandonea.
Respaldan, además, “las actuaciones realizadas en la defensa de los derechos humanos y las medidas que conduzcan a los responsables de las mencionadas amenazas ante la Justicia”.
El viernes 17 de febrero, el semanario Brecha difundió una serie de amenazas del denominado “Comando Barneix”. Este grupo envió un mensaje utilizando la plataforma de navegación Tor, en el que afirma que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. En esa lista figuran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el activista brasileño Jair Kirshke y el jurista francés Louis Joinet. El caso quedó en manos de la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco.
La lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura son un “deber ético, jurídico y humanitario”, afirma.
El Observatorio Luz Ibarburu da su respaldo a todas las iniciativas, de diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiendan “a un cambio en la práctica parlamentaria que dé transparencia y participación en torno al proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia [SCJ]”. En el comunicado señalan que la opacidad del sistema penal uruguayo “no debería ser aumentada por las prácticas de secretismo en las que en la esfera parlamentaria se tratan y resuelven aspectos tan importantes para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía”. Denuncian una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las designaciones en el Poder Judicial y piden que la población acceda a los fundamentos de las decisiones.
El Colegio Médico del Uruguay también expresó su profundo rechazo a las amenazas del “Comando Barneix”, en un comunicado difundido el lunes. El texto expresa su solidaridad con las personas amenazadas, entre las que se encuentra el asesor jurídico e integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, doctor Juan Errandonea.
Respaldan, además, “las actuaciones realizadas en la defensa de los derechos humanos y las medidas que conduzcan a los responsables de las mencionadas amenazas ante la Justicia”.
El viernes 17 de febrero, el semanario Brecha difundió una serie de amenazas del denominado “Comando Barneix”. Este grupo envió un mensaje utilizando la plataforma de navegación Tor, en el que afirma que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. En esa lista figuran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el activista brasileño Jair Kirshke y el jurista francés Louis Joinet. El caso quedó en manos de la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco.
Viernes 03 • Marzo • 2017
CIDH condenó amenazas contra operadores judiciales; Observatorio Luz Ibarburu ya había pedido audiencia por los hechos
El Observatorio Luz Ibarburu, una institución que da
seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los derechos
humanos, cursó el miércoles al secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, “una solicitud
de audiencia temática sobre las amenazas a activistas y abogados
defensores de los derechos humanos, y la situación general de la
Justicia transicional vinculada al cumplimiento de la Sentencia Gelman
vs Uruguay”, según informó la organización en un comunicado. “De
resolverse favorablemente dicha solicitud”, la audiencia con la CIDH “se
efectuará en el próximo período de sesiones de mayo de 2017 que tendrá
lugar en Buenos Aires”, indica el texto. El Observatorio aclara al final
que horas después de presentada la solicitud “se conoció una
declaración de la CIDH condenando las amenazas y reclamando su
esclarecimiento”. Autoridades del Poder Ejecutivo y operadores
judiciales vinculados a las causas sobre delitos de lesa humanidad
fueron amenazados por correo electrónico con mensajes firmados por el
Comando General Pedro Barneix, que debe su nombre al militar que se
suicidó tras enterarse de su procesamiento por el homicidio de Aldo
Perrini. La CIDH condenó las amenazas y reclamó al Estado uruguayo
“adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los
operadores de justicia”. “La CIDH toma nota del inicio de
investigaciones judiciales sobre estas amenazas y espera que se
establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que
correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva.
Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia
[...] el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente
afectada, frustrando el acceso a la Justicia para las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura”,
establece la comisión de la Organización de Estados Americanos.
MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA
https://www.pagina12.com.ar/22
PÀGINA 12 - Por Gustavo Veiga
En Uruguay, el autodenominado Comando Barneix amenazó de muerte a defensores de derechos humanos
En Uruguay, el autodenominado Comando Barneix amenazó de muerte a defensores de derechos humanos
La búsqueda de justicia bajo amenaza
El comando que lleva el apellido de un general que se suicidó difundió este mensaje: “Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, entre funcionarios y activistas de DD.HH.
La
calma ciudadana de Uruguay se vio alterada hace un par de semanas por
el autodenominado Comando Barneix. El grupo lleva el apellido de un
general del ejército que se suicidó en 2015 cuando lo estaban por
indagar por presuntas violaciones a los derechos humanos. Su irrupción
en público llegó acompañada por la amenaza de muerte a 13 personas. En
la lista están el actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal
de Corte, Jorge Díaz, varios abogados, el prestigioso jurista francés
Louis Joinet y el presidente del
Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño (MJDH), Jair
Krischke, entre otros. Este último, consultado por PáginaI12, respondió
sobre el hecho: “Esta gente no tiene límites. Son los huérfanos de
Eleuterio Fernández Huidobro, el ex ministro de Defensa que los
protegía. Él murió en agosto del año pasado y el viceministro que lo
sucedió, quien tiene otra postura sobre las violaciones a los derechos
humanos, por algo está en la lista de los amenazados”.
El
Comando Barneix todo indica que sería un grupúsculo de militares y
servicios de inteligencia, difundió su intimidación por medio de la red
Tor, un sistema que permite navegar en Internet sin ser detectado. El
texto con la amenaza que difundió el semanario Brecha decía que “por
cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de
la siguiente lista”. Y agregaba 13 nombres.
Ahí estaban Menéndez, Díaz, Joinet, Krischke,
la ex vicecanciller María Bernabela Herrera Sanguinetti, la ex fiscal
Mirtha Guianze, los abogados Oscar Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan
Errandonea, Federico Alvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez
Burlé y la italiana Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de
Oxford.
Todos tienen en común su compromiso con la continuidad de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Menéndez
anunció en enero pasado la reactivación de los llamados tribunales de
Honor para militares procesados de la dictadura (1973-1985) y la
aplicación del artículo 25 de la Constitución que autoriza al Estado a
ir contra ellos en caso de dolo. Para
Krischke, el ministro de Defensa adoptó una posición diferente a la de
su antecesor, el ex tupamaro Fernández Huidobro, quien cuando era
ministro de José Pepe Mujica dijo que el reclamo de familiares de
desaparecidos, “se está transformando en un negocio”, y que había “mucho
dinero en juego”. Una mutación de pensamiento que derivó en críticas
muy duras de sus ex compañeros de militancia, los organismos de derechos
humanos y generó serios conflictos políticos en el Frente Amplio.
Cuadro relevante de Tupamaros en los años 60 y 70, preso político de la
dictadura en condiciones extremas, el ex jefe guerrillero había
acercado posiciones con sus enemigos de antaño.
Krischke
piensa que apareció en la lista por su labor antes y durante el juicio
contra el ex coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini. En mayo de
2016, el militar fue condenado en Buenos Aires a 25 años de prisión por
varias desapariciones en el marco del Plan Cóndor. El presidente del
MJDH con sede en Porto Alegre declaró en el juicio y cumplió un papel
clave para detectar al genocida en Brasil, quien había sido extraditado a
la Argentina en 2010. El referente de los Derechos Humanos dice: “es la
primera vez que recibí amenazas por la prensa” y agrega que el Comando
Barneix “es gente muy peligrosa, sobre todo porque usó el sistema TOR
sin dejar señales”.
El
buscador de militares acusados por violaciones a los derechos humanos
encontró a Cordero y explica que hay otro como él que continúa prófugo
en su país. Se trata del uruguayo cel. Pedro Antonio Mato Narbondo.
“Este tipo nació en Rivera, se jubiló y cruzó la frontera que es una
calle que la separa de Santana do Livramento. Su madre es brasileña,
tomó la partida de nacimiento de ella, la suya y pidió la ciudadanía en
mi país”.
En
el mensaje amenazante contra las 13 personas se sostiene que “el
suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará
ningún suicidio más por injustos procesamientos”. El militar tomó la
trágica decisión en septiembre de 2015. La Justicia uruguaya lo
investigaba por el asesinato de Aldo Perrini, un joven militante de
izquierda de Colonia, que murió camino a Montevideo luego de ser
torturado. El hecho había ocurrido en el batallón de infantería Nº 4, en
1974.
Barneix
ocupó cargos de relevancia durante el primer gobierno de Tabaré
Vázquez. El comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, lo
recomendó junto al general Carlos Díazpara para integrar una comisión
que investigara el destino de los detenidos desaparecidos. Sus
resultados fueron cuestionados por organismos de Derechos Humanos
uruguayos. El militar había rechazado siempre las imputaciones que
recibía. Y presentó el pedido de prescripción de la causa por la muerte
de Perrini que la Corte Suprema uruguaya rechazó.
Cuando
se percató que debía presentarse en un juzgado para declarar, sacó un
arma de fuego en su casa y se disparó un tiro. La fiscalía había pedido
su procesamiento. En Uruguay un comando tomó su nombre para repartir
amenazas de muerte. Su propósito está más claro que su origen, aún
desconocido. Pretende condicionar e intimidar a quienes presenten
denuncias en la Justicia por los crímenes de la dictadura. En marzo del
año pasado hubo un robo de documentación en la sede del Grupo de
Investigación en Arqueología Forense (GIAF) que busca restos de
desaparecidos y marcaron las direcciones de sus miembros en un mapa.
Nadie se atribuyó el hecho. Las recientes amenazas del Comando Barneix
dan un indicio para relacionar ambos delitos.
ENVIADO POR JORGE ZABALZA
