América del Sur y su 'Triángulo del litio' ¿podrían repetir el fenómeno del golfo Pérsico?
Publicado: 15 mar 2017 14:07 GMT
| Última actualización: 15 mar 2017 17:51 GMT - RT
América del Sur cuenta con las mayores reservas de
litio del mundo. Las estimaciones son dispares y van desde el 58% hasta
el 96% del total conocido, sin embargo, nadie pone en duda que allí está el futuro del llamado 'oro' o 'petróleo blanco'.
En las últimas dos décadas, el precio de este metal alcalino ha subido de forma exponencial. Según reseña el diario El Confidencial, "una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros en 1998", mientras que a comienzos de 2017 se paga "hasta 8.600 euros".
Julieta Campana, licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Políticas Públicas, explicó a RT que el litio "ha cobrado una importancia creciente en los últimos años en relación al desarrollo de tecnologías 'carbono cero'". Esto se ha dado "tanto en lo que respecta a nuevos sistemas de movilidad, como por su potencialidad de aportar al almacenamiento de energías no renovables".
Al respecto de este tema, la socióloga, doctora en Ciencia Política y asesora de la Secretaría General de UNASUR, Mónica Bruckmann, explicó en un artículo que la cantidad de litio "usado en baterías de teléfonos celulares" pasó de 1.8 toneladas en 1996 a 170 en 2005.
"Es decir, en 10 años, el consumo de litio se multiplicó por 94", apuntó la investigadora. Asimismo agregó que "el consumo de este mineral para la fabricación de baterías recargables de computadoras portátiles se incrementó en un 3.000% en ese mismo período".
La referencia es a los automóviles eléctricos elaborados principalmente por la empresa Tesla, que ha desarrollado de manera considerable las baterías recargables de iones de litio. "Para producir 500.000 vehículos al año, básicamente necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo", declaró el año pasado el CEO de Tesla, Elon Musk, citado por el periódico El Mostrador.
Bruckmann asegura que "esto nos coloca frente a la posibilidad de un cambio de patrón energético en el transporte". Aunque si bien la sustitución de minerales combustibles por energía eléctrica "tendría un impacto ambiental muy grande", seguramente "incrementaría también la disputa por el agua como principal recurso hidroenergético".
En este sentido, Campana agregó que el mineral "ha cobrado relevancia también en relación a las crecientes investigaciones y avances tecnológicos orientados a posibilitar un cambio hacia matrices energéticas 'verdes'".
Estas son motivadas "en gran medida por los requerimientos socioinstitucionales de los países centrales de avanzar en procesos de transición hacia modelos de energías renovables carbono cero", dado que el litio "se constituye como una oportunidad para el almacenamiento de energías renovables alternativas al petróleo y a los recursos fósiles".
Los tres países del "triángulo del litio" (Argentina, Bolivia y Chile) "han llevado adelante modelos muy disímiles durante los años 2000".
Desde su perspectiva, "los déficit en términos de integración regional" afectan directamente a "las potencialidades de la minería de litio en el continente". También limitan "la posibilidad de mejorar cualitativamente el posicionamiento y poder de negociación sobre el destino y uso del recurso", y están marcadas por "la necesidad de complementariedad frente a un escenario de debilidades tecnológicas de los países sudamericanos".
Sin embargo, y más allá de las decisiones de los gobiernos sudamericanos, existen expectativas menos optimistas sobre el futuro de este metal. Citado por El Confidencial, el experto Jaime Aleé declaró que "el litio es abundante y barato", pero "irrelevante industrialmente, salvo como catalizador de algunas tecnologías". Tener un catalizador, "como el cuarzo en los relojes, o el cacao en los chocolates, no hace a los lugares productores de esas materias primas ricos 'per se'", agregó.
A eso se suma que, de acuerdo con Bruckmann "se estima que el litio inicia su ciclo en el año 2006 y tendrá un horizonte de uso intensivo hasta los años 2035 – 2045". Esto quiere decir que, en apenas dos o tres décadas se agotará el potencial económico del recurso. Un tiempo mucho más limitado que el que, por ejemplo, han tenido los países petroleros que hace más de un siglo cumplen un rol central en la economía mundial.
De todas formas, "la disputa global por el litio, debido al crecimiento abrupto y sustentado de su demanda" tenderá a crear "nuevas tensiones en la región andina de América del Sur", explicó Bruckmann, concluyendo que "los intereses en juego son colosales".
En la elaboración de este artículo se han utilizado los archivos multimedia de Reuters, RT
Preparado por Santiago Mayor, Belova Ksenia
En las últimas dos décadas, el precio de este metal alcalino ha subido de forma exponencial. Según reseña el diario El Confidencial, "una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros en 1998", mientras que a comienzos de 2017 se paga "hasta 8.600 euros".
Julieta Campana, licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Políticas Públicas, explicó a RT que el litio "ha cobrado una importancia creciente en los últimos años en relación al desarrollo de tecnologías 'carbono cero'". Esto se ha dado "tanto en lo que respecta a nuevos sistemas de movilidad, como por su potencialidad de aportar al almacenamiento de energías no renovables".
"Es decir, en 10 años, el consumo de litio se multiplicó por 94", apuntó la investigadora. Asimismo agregó que "el consumo de este mineral para la fabricación de baterías recargables de computadoras portátiles se incrementó en un 3.000% en ese mismo período".
Los usos del 'oro blanco'
Para Julieta Campana, el alza en el precio internacional de este mineral "ha sido producto no solo de su utilización en las baterías de la industria electrónica, sino también en base a una expectativa de desarrollo de un sector automotriz basado en formas de movilidad eléctrica".La referencia es a los automóviles eléctricos elaborados principalmente por la empresa Tesla, que ha desarrollado de manera considerable las baterías recargables de iones de litio. "Para producir 500.000 vehículos al año, básicamente necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo", declaró el año pasado el CEO de Tesla, Elon Musk, citado por el periódico El Mostrador.
Bruckmann asegura que "esto nos coloca frente a la posibilidad de un cambio de patrón energético en el transporte". Aunque si bien la sustitución de minerales combustibles por energía eléctrica "tendría un impacto ambiental muy grande", seguramente "incrementaría también la disputa por el agua como principal recurso hidroenergético".
En este sentido, Campana agregó que el mineral "ha cobrado relevancia también en relación a las crecientes investigaciones y avances tecnológicos orientados a posibilitar un cambio hacia matrices energéticas 'verdes'".
Estas son motivadas "en gran medida por los requerimientos socioinstitucionales de los países centrales de avanzar en procesos de transición hacia modelos de energías renovables carbono cero", dado que el litio "se constituye como una oportunidad para el almacenamiento de energías renovables alternativas al petróleo y a los recursos fósiles".
El triángulo del litio y los modelos de desarrollo
"Los años 2000 han estado signados en América Latina por debates en torno al modelo de desarrollo más conveniente para nuestros países, a partir de la crisis y fracaso de las políticas neoliberales de los años noventa", analizó Campana. Este debate ha atravesado las distintas formas de explotación y de utilización de los recursos naturales de los distintos países. En ese contexto, "el caso de la minería de litio resulta paradigmático por varios motivos", sostuvo la experta.Los tres países del "triángulo del litio" (Argentina, Bolivia y Chile) "han llevado adelante modelos muy disímiles durante los años 2000".
Geopolítica y futuro
Partiendo de la mirada sobre las diferencias de modelos entre los países del "triángulo del litio", Campana explicó que "en los países de la Unión Europea requieren del litio sudamericano" para llevar adelante sus objetivos "de mediano y largo plazo en términos de mix de energías renovables en su matriz energética". Mientras, en América Latina "no se ha avanzado en mayor medida en una visión de soberanía" que "contemple como prioritarias" otras formas de generación de energía.Desde su perspectiva, "los déficit en términos de integración regional" afectan directamente a "las potencialidades de la minería de litio en el continente". También limitan "la posibilidad de mejorar cualitativamente el posicionamiento y poder de negociación sobre el destino y uso del recurso", y están marcadas por "la necesidad de complementariedad frente a un escenario de debilidades tecnológicas de los países sudamericanos".
Sin embargo, y más allá de las decisiones de los gobiernos sudamericanos, existen expectativas menos optimistas sobre el futuro de este metal. Citado por El Confidencial, el experto Jaime Aleé declaró que "el litio es abundante y barato", pero "irrelevante industrialmente, salvo como catalizador de algunas tecnologías". Tener un catalizador, "como el cuarzo en los relojes, o el cacao en los chocolates, no hace a los lugares productores de esas materias primas ricos 'per se'", agregó.
A eso se suma que, de acuerdo con Bruckmann "se estima que el litio inicia su ciclo en el año 2006 y tendrá un horizonte de uso intensivo hasta los años 2035 – 2045". Esto quiere decir que, en apenas dos o tres décadas se agotará el potencial económico del recurso. Un tiempo mucho más limitado que el que, por ejemplo, han tenido los países petroleros que hace más de un siglo cumplen un rol central en la economía mundial.
De todas formas, "la disputa global por el litio, debido al crecimiento abrupto y sustentado de su demanda" tenderá a crear "nuevas tensiones en la región andina de América del Sur", explicó Bruckmann, concluyendo que "los intereses en juego son colosales".
Trump pide 30.000 millones para Defensa y arrasa con artes, cooperación y cambio climático
El presidente de EEUU elabora su primer presupuesto
federal, que prevé una mayor dotación para una ofensiva contra el Estado
Islámico. A cambio, drásticas reducciones para bibliotecas, museos o
medio ambiente, entre otros departamentos
Trump, durante la conmemoración del Día de San Patricio en Washington. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente de EEUU, Donald Trump, propuso hoy un aumento del presupuesto
para Defensa, así como importantes reducciones en ámbitos como las
artes y la cooperación. Trump propuso aumentar el presupuesto de Defensa
para este año en 30.000 millones, con una mayor dotación para
operaciones contra los yihadistas del Estado Islámico (EI). Este
aumento, que enmienda las cuentas del año fiscal en marcha, dota con
24.900 millones de dólares adicionales al Pentágono, que ya contaba con
551.000 millones de dólares, para acelerar las capacidades de respuesta
rápida en conflictos y aumentar la dotaciones para programas de
armamento.
Entre los programas prioritarios estarían el
del caza F-35, que el Gobierno de Trump ha conseguido negociar para
lograr menores precios por unidad con la constructora Lockheed Martin,
y los de desarrollo de drones. Además, la propuesta aumenta la dotación
para contingencias (un apartado nacido durante las guerras de
Afganistán e Irak y que parecía condenado a desaparecer) en 5.100
millones de dólares, hasta superar los 70.000 millones de dólares. El
objetivo de este último aumento, según la Casa Blanca, es acelerar la
ofensiva contra el EI en Irak y Siria, para avanzar en las operaciones
de entrenamiento y contraterrorismo en Afganistán.
Trump también ha solicitado 3.000 millones para comenzar a construir el muro con México.
Este aumento de emergencia para las cuentas del Pentágono se dan antes
de que el Congreso deba decidir si acepta la propuesta presupuestaria
del presidente para 2018, que eleva en un 10% el presupuesto de Defensa
hasta los 639.000 millones de dólares, lo que pone fin a las
contracciones presupuestarias aplicadas a la agencia federal mejor
dotada económicamente del Gobierno estadounidense.
Tijera a museos, bibliotecas, cambio climático...
Mientras, el mandatario pretende suprimir la
financiación federal a los Programas Nacionales para las Artes y las
Humanidades, lo que supondría un fuerte golpe a museos y
organizaciones culturales en EEUU. El plan presupuestario para 2018
presentado incluye además la eliminación de fondos para la Corporación
de Medios Públicos (CPB), que incluye la radio (NPR) y televisión
pública (PBS); y para las bibliotecas.
Se trata de la primera vez que un presidente
propone poner fin a estos programas, creados en 1965 por el presidente
Lyndon B. Johnson para impulsar las artes, las humanidades y la
actividad cultural en el país. Los Programas Nacionales para las Artes y
las Humanidades tienen un presupuesto combinado de 300 millones de
dólares (282 millones de euros), mientras que la CPB cuenta con un
presupuesto de 445 millones de dólares (418 millones de euros).
Asimismo, el presupuesto apunta al fin de los fondos para el Instituto de Servicios Museísticos y de Bibliotecas, que apoya bibliotecas
y museos en todo el país, y que cuenta con un montante anual de 230
millones de dólares (216,3 millones de euros). Estos recortes podrían
afectar parcialmente a la Smithsonian Institution y la Galería de Arte
de Washington, dos de los centros artísticos más visitados de la capital
estadounidense.
El plan presupuestario también reduce sustancialmente la aportación de EEUU a las Naciones Unidas
y el gasto del Departamento de Estado en zonas de guerra como Siria e
Irak. El presupuesto elimina la partida para la Iniciativa Global de
Cambio Climático y las aportaciones adiciones al Fondo Climático Verde
de la ONU y rebaja las contribuciones operativas y a las labores de
pacificación de la organización. Estos programas entran bajo la
coordinación del Departamento de Estado, uno de los más afectados por
los recortes de Trump, con una reducción del 28%, de 52.800 millones a
37.600 millones de dólares.
El plan presupuestario de Trump
establece un límite del 25% en los costos para labores de pacificación
de la ONU, frente al actual 28%. También reduce las contribuciones a la
ONU, de cuyos costos operativos EEUU carga con el 22%, aunque no ofrece
cifras. El plan anunciado incluye la rebaja de los fondos para bancos
multilaterales, como el Banco Mundial, en 650 millones de dólares en los
próximos tres años, aunque remarca que "EEUU seguirá siendo el
principal donante". Por otro lado, reduce las actividades del
Departamento de Estado en áreas de guerra como Siria, Irak y Afganistán,
de 20.000 millones a 12.000 millones de dólares. Mantiene, sin embargo,
el grueso de la aportación militar a Israel en los 3.100 millones de
dólares.
La propuesta presupuestaria aplica,
asimismo, enormes recortes en la Agencia de Protección Medioambiental
(EPA), de un 31%, el Departamento de Salud (23%) y en el de Trabajo
(21%).
El líder de la minoría demócrata del Senado
de Estados Unidos, Chuck Schumer, aseguró hoy que los recortes
propuestos por Trump "son devastadores para la clase media" y prueban
las verdaderas intenciones de su Gobierno de favorecer a los más ricos.
Mientras, el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney,
ha defendido que la propuesta del presidente supone "trasladar sus
palabras a números", al defender los históricos recortes en ayuda
exterior y protección medioambiental para financiar el auge en Defensa.
Disturbios por la brutalidad policial en París continúan por tercer día consecutivo
Publicado: 29 mar 2017 21:36 GMT | Última actualización: 29 mar 2017 22:23 GMT - RT
Los enfrentamientos de manifestantes con la
Policía en la capital francesa se han agudizado desde el inicio de la
semana, tras la muerte de un ciudadano de origen chino a manos de
oficiales.
Cerca de 200 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino, habían protagonizado una protesta el pasado 27 de marzo, que dejó tres oficiales heridos y al menos 35 manifestantes arrestados. El día de ayer, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud de manifestantes que se volvieron violentos y se enfrentaron con las autoridades.
- Shaoyo Liu, padre de cinco hijos que tenía antecedentes psiquiátricos y de violencia familiar, fue abatido en su vivienda parisina por supuestamente atacar a un agente con unas tijeras.
- Un diplomático francés ha sido convocado por las autoridades chinas en Pekín para pedirle explicaciones acerca de la muerte de su ciudadano.
- La Embajada de China en París emitió un comunicado en el que instaba a la Policía francesa a resolver la situación y "hallar la verdad" lo más pronto posible.
Manifestations à #Paris : #Moscou dénonce l'indignation a géométrie variable des Occidentaux #mortdeLiuShaoyo https://francais.rt.com/intern
Estado español
La Unión Europea presiona a España para que privatice el ferrocarril
España está situada en el segundo puesto del ránking de los
países del mundo con mayor red de ferrocarril AVE. Un marco que, como ha
recordado la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Violeta
Bulc, “conlleva una responsabilidad”.
Por ello, Bulc ha instado a España a “capitalizar”, a aprovechar el máximo, la red ferroviaria que ha instalado el país en los últimos años. Todo con el objetivo de que “sea viable desde el punto de vista económico”. “España tiene la segunda mayor red AVE del mundo tras China, pero eso también conlleva una responsabilidad, dado que si no se usa, no se puede capitalizar la inversión ni lograr recursos suficientes para su mantenimiento”, ha advertido la comisaria de Transportes durante su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso, según ha recogido Europa Press.
Pero incentivar y fomentar el uso del AVE no es la única medida que ha traído Bulc desde Bruselas. La comisaria ha abogado porque España apueste por la privatización del transporte, que en caso del tráfico de viajeros en tren en la UE está prevista para el horizonte de 2020, “dado que cuenta con infraestructuras muy buenas que en muchos casos no están siendo utilizadas”.
La izquierda española advierte que la privatización que fomenta Bruselas tiene sus consecuencias y pone como ejemplo a Reino Unido, cuando en los años 90 privatizó completamente el ferrocarril: se cerraron líneas de tren, el servicio se encareció, se incrementaron los accidentes –al ser más difícil la coordinación de líneas gestionadas por diferentes operadores privados–, y empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores.
Un melón que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, todavía no ha decidido abrir. A finales de 2016, dejó en suspenso la apertura parcial a la competencia del transporte de viajeros en tren planeada por Ana Pastor para 2017. Una entrada de operadores privados que se ha pospuesto tres años más, hasta la privatización de toda la red en 2020.
“Quizá a las puertas de 2020 es preferible preparar bien la red y el mercado y abordar de una vez todo el proceso de liberalización en esa fecha, en vez de dar entrada ahora a un sólo operador privado en una sólo línea”, explicó De la Serna. - EB
Por ello, Bulc ha instado a España a “capitalizar”, a aprovechar el máximo, la red ferroviaria que ha instalado el país en los últimos años. Todo con el objetivo de que “sea viable desde el punto de vista económico”. “España tiene la segunda mayor red AVE del mundo tras China, pero eso también conlleva una responsabilidad, dado que si no se usa, no se puede capitalizar la inversión ni lograr recursos suficientes para su mantenimiento”, ha advertido la comisaria de Transportes durante su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso, según ha recogido Europa Press.
Pero incentivar y fomentar el uso del AVE no es la única medida que ha traído Bulc desde Bruselas. La comisaria ha abogado porque España apueste por la privatización del transporte, que en caso del tráfico de viajeros en tren en la UE está prevista para el horizonte de 2020, “dado que cuenta con infraestructuras muy buenas que en muchos casos no están siendo utilizadas”.
La izquierda española advierte que la privatización que fomenta Bruselas tiene sus consecuencias y pone como ejemplo a Reino Unido, cuando en los años 90 privatizó completamente el ferrocarril: se cerraron líneas de tren, el servicio se encareció, se incrementaron los accidentes –al ser más difícil la coordinación de líneas gestionadas por diferentes operadores privados–, y empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores.
Un melón que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, todavía no ha decidido abrir. A finales de 2016, dejó en suspenso la apertura parcial a la competencia del transporte de viajeros en tren planeada por Ana Pastor para 2017. Una entrada de operadores privados que se ha pospuesto tres años más, hasta la privatización de toda la red en 2020.
“Quizá a las puertas de 2020 es preferible preparar bien la red y el mercado y abordar de una vez todo el proceso de liberalización en esa fecha, en vez de dar entrada ahora a un sólo operador privado en una sólo línea”, explicó De la Serna. - EB
Rajoy logra llevar el 'TTIP canadiense' al Congreso en un tiempo récord
La entrada en vigor de parte del polémico CETA, el
tratado de libre comercio entre Canadá y la UE, está prevista para los
meses de abril o mayo de este año.
Manifestantes durante las protestas en Estrasburgo en contra del acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), Francia / AFP
El Gobierno de
Rajoy ha logrado llevar el polémico CETA al Congreso de los Diputados en
un tiempo récord. Este lunes, el Ejecutivo del PP ha trasladado
formalmente los más de 1.600 folios que componen el acuerdo comercial
entre Canadá y la UE a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.
Sin embargo, uno de los documentos
entregados en este marco, firmado por la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, detalla que el Ejecutivo pidió al Consejo de
Estado que se pronunciase sobre si necesariamente debía contar con las
Cortes Generales (Congreso y Senado) para la aprobación del CETA, o si
por el contrario podía saltarse a estas cámaras para darle luz verde. La
respuesta de este órgano de carácter consultivo, emitida el 9 de
febrero de 2017 -sólo seis días antes de la ratificación del acuerdo en
el Europarlamento- no dejaba lugar a interpretaciones: "Que la
prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del
Acuerdo Económico y Global entre Canadá, por una parte, y la Unión
Europea y sus Estados miembros por otra, hecho en Bruselas el 30 de
octubre de 2016, requiere la previa autorización de las Cortes
Generales", reza el documento que hoy desvela Público.
Por su parte, desde la Secretaria de Estado
de relaciones con las Cortes apuntan que el Artículo 94 de la
Constitución Española obliga a consultar con ambas cámaras la aprobación
de acuerdos como el CETA, al ser un tratado de carácter "político", y
restan importancia al hecho de que el Gobierno consultara al Consejo de
Estado: "Es obligatorio, siempre se hace así ante acuerdos de este
tipo", precisan.
El debate sobre si el Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA, en inglés) invadía las competencias de los
28 o únicamente tocaba las competencias de la UE levantó una
considerable polvareda en Bruselas hace casi un año. Se saldó con la
decisión -a regañadientes- de la Comision Europea, que negocia en nombre
de los 28, de permitir que el CETA fuera considerado un tratado mixto,
estableciendo que su su entrada en vigor requiera de la aprobación de
los 28 Parlamentos nacionales y de una docena de cámaras territoriales.
No obstante, el tratado establece que parte
de sus cláusulas pueden empezar a funcionar inmediatamente, de forma
provisional, y el documento entregado por el Gobierno en sede
parlamentaria plantea que esta implementación provisional
previsiblemente comenzará en abril o mayo de este mismo año, antes de
que las cámaras españolas -controladas mayoritariamente por PP y PSOE,
ambos favorables al acuerdo- se pronuncien sobre el CETA.
El acuerdo llega al Congreso en un tiempo
récord: fuentes del Ministerio de Exteriores trasladaron a este diario
que su paso por el Ministerio se prolongaría al menos durante un mes,
aunque finalmente este periodo apenas llegó a las cuatro semanas, y el
Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde a la remisión del
texto a la Cámara Baja.
"El Congreso de los Diputados debe aprender
de la experiencia de Valonia", asegura a este diario Tom Kucharz,
miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña estatal No al
TTIP, CETA y TiSA, que engloba a cerca de 350 organizaciones sociales,
medioambientales y sindicales. El activista explica que el Parlamento
regional valón dedicó 18 meses a analizar el contenido del criticado
acuerdo: "200 horas de debates y comparecencias, invitaciones a
asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o
al Gobierno canadiense, entre otros actores. El trabajo democrático
realizado ha sido impresionante", destaca.
Por su parte, afirma que "pase lo que pase"
la Campaña seguirá movilizándose para intentar impedir la ratificación
del acuerdo". "E, incluso, si no lo paramos en España -continúa-,
seguiremos luchando, codo a codo con los movimientos sociales en otros
países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria,
Holanda, Alemania o Francia", zanja.
Jaén: Bódalo cumple su primer año en prisión tras ser condenado a tres años y medio de cárcel
Durante estos doce meses de prisión han sido
múltiples los actos organizados desde el SAT para reivindicar la
libertad del sindicalista. Tampoco han faltado las visitas de Pablo
Iglesias, Teresa Rodríguez y Diego Cañamero.
El edil de Jaén en Común Andrés Bódalo, detenido este miércoles. EFE
El que fuera concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de Jaén y portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Andrés Bódalo,
cumple este jueves su primer año en prisión tras haber sido condenado
por la Audiencia de Jaén a tres años y medio de cárcel por agredir al
entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, Juan Ibarra
(PSOE), en el transcurso de una protesta de jornaleros ocurrida en 2012.
La condena a Bódalo por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén se hizo firme después de que no presentara en tiempo y forma el recurso
ante el Tribunal Supremo (TS). Un desliz de la procuradora de Bódalo
hizo que el recurso no se llegara a presentar en plazo por lo que la
Audiencia de Jaén ejecutó la sentencia y ordenó su ingreso en prisión en marzo del pasado año.
La Policía Nacional acudió hasta la sede del
SAT en Jaén para detener y acompañar a Bódalo a la comisaría como paso
previo a su traslado al centro penitenciario.
En este año, al sindicalista ya se le ha
denegado en dos ocasiones su paso al tercer grado y también se han
rechazado los permisos que ha solicitado estando en prisión. El auto de
la Audiencia, de enero de este año, por el que se le denegaba por
primera vez el tercer grado destacaba de Bódalo su "buena conducta penitenciaria,
asunción correcta de la normativa institucional, bajo nivel de
prisionización, correcta participación en actividades programadas,
ausencia de sanciones, apoyo familiar, hábitos laborales y ausencia de
adicciones".
No obstante, rechazaron la concesión del
tercer grado aludiendo como factores de inadaptación a "la reincidencia
delictiva" y al haber cometido "hechos delictivos especialmente
violentos", así como al hecho de contar con "un pronóstico de
reincidencia medio-alto".
Durante
estos doce meses de prisión han sido múltiples los actos organizados
desde el SAT para reivindicar la libertad de Bódalo.
Manifestaciones, concentraciones a las puertas de la prisión y huelgas
de hambre han sido algunas de las acciones impulsadas y que hasta el
momento no han logrado el objetivo.
Tampoco han faltado durante este tiempo las
visitas a la cárcel de Jaén por parte de dirigentes de Podemos,
formación por la que fue candidato Bódalo al Congreso, como es el caso
del secretario general, Pablo Iglesias, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, así como del diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, entre otros.
El SAT ya ha anunciado una manifestación para este sábado en Jaén con el fin de insistir en su petición de libertad para Andrés Bódalo. En concreto, está prevista a partir de las 12,00 horas en la plaza de las Batallas.
También se está a la espera de que el Ministerio de Justicia tramite la solicitud de indulto interpuesta por su familia. El Ayuntamiento de Jaén ya se sumó en el pleno celebrado en febrero a que se tramitara dicha solicitud de indulto.
Igualmente, el pleno del Consistorio de Jódar se pronunció también a favor de la concesión del indulto e incluso el que fuera teniente de alcalde socialista de este municipio, Juan Ibarra, ha perdonado la agresión.
En esta misma línea, la Sección Segunda de
Audiencia de Jaén, la misma que le condenó a tres años y medio de
prisión, también ha informado favorablemente a la concesión de un
indulto parcial que redujese a la mitad la pena impuesta.
Cañamero se encara con el ministro de Justicia tras comparar a Urdangarín y Bódalo
Por Kaos. Estado EspañolKAOS EN LA RED - Publicado en: 23 Marzo, 2017
En los pasillos de la Cámara Baja, Cañamero ha criticado que mientras Urdangarín esta libre en Suiza y viviendo “a cuerpo de rey”, pese a haber sido condenado a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción en el caso Nóos, otros se encuentran en la cárcel por “robar gallinas, bicis o comestibles en un supermercado”.
En los pasillos de la Cámara Baja, Cañamero ha criticado que mientras Urdangarín esta libre en Suiza y viviendo “a cuerpo de rey”, pese a haber sido condenado a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción en el caso Nóos, otros se encuentran en la cárcel por “robar gallinas, bicis o comestibles en un supermercado”.
Señalaba así a Andrés Bódalo, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que fue condenado a tres años y medio de prisión de cárcel por agredir a un concejal socialista durante una protesta jornalera en 2012, y para el que ahora Podemos exige el indulto al Gobierno de Mariano Rajoy.
Cañamero ha llegado a encararse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le ha afeado el comportamiento desde su escaño.
No es la primera vez que Cañamero y otros diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, reclaman la libertad de Bódalo en el Congreso y fuera de él.
El pasado 4 de marzo Iglesias visitó a Bódalo en la cárcel de Jaén y allí denunció que mientras Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Iñaki Urdangarin siguen libres, el dirigente del SAT sigue en la cárcel “por hacer sindicalismo”.
Fuente: Agencias
El "decoro" de los diputados, a debate en el Congreso
Algunas actuaciones de parlamentarios durante el
desarrollo de sesiones plenarias generan “preocupación” y lleva a la
Mesa de la cámara a abrir una reflexión en la que se implica la
presidenta Pastor.
Foto
de archivo los diputados de Unidos Podemos, encabezados por su líder
Pablo Iglesias, piden en el hemiciclo del Congreso la libertad del
exconcejal de su formación en Jaén, Andrés Bódalo, en prisión desde el
pasado mes de marzo por participar en la agresión de un concejal
socialista en 2012. EFE/Ballesteros
La fragmentación del hemiciclo del Congreso de los Diputados
no es la única novedad en esta legislatura en la que no pocos hábitos y
costumbres han saltado por los aires al mismo tiempo que el tradicional
bipartidismo.
Sin embargo, algunos episodios, en ocasiones reiterados, protagonizados por diputados han
causado “preocupación” por lo que se considera una pérdida del
“necesario decoro y respeto entre el conjunto de la institución”, según señalan fuentes parlamentarias, algunas cercanas a la propia presidencia de la Cámara baja.
La “comprensible novedad” por la presencia
en el hemiciclo de formaciones desconocidas hasta las pasadas elecciones
del 20 de diciembre de 2015, ratificadas después en los comicios
generales del 26 de junio del pasado año, se ha traducido en una
“excesiva relajación de hábitos que comportaban el respeto entre
diputados y grupos, al margen de tensiones ideológicas, que las ha
habido en anteriores legislaturas”, añaden las citadas fuentes.
La proliferación de exabruptos entre las diferentes bancadas,
el comportamiento de algunos diputados “sin tener en cuenta a la propia
institución y la tradición del parlamentarismo” durante el desarrollo
de las sesiones parlamentarias, así como “un exceso” en el uso de
pancartas y otros signos de protesta o reivindicaciones “ha provocado
que se abra un debate en la Mesa de la Cámara con el fin de trasladar a
todos los grupos parlamentarios la necesidad de sosegar esa situación”,
insisten las fuentes parlamentarias.
La presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, es consciente de esa situación y fuentes cercanas de su entorno señalan su deseo de contribuir a "la desaparición de todo lo que suponga romper el decoro que se requiere a la institución”.
De hecho, ha habido contactos para sondear
cuál es la opinión de los grupos parlamentarios. “Hay preocupación para
que la cosa no vaya a más y ganas de reconducir estos episodios”,
explican las fuentes consultadas. Las reflexiones que se debaten no
hacen referencia a las vestimentas de los parlamentarios, cuya estética
ha cambiado sobremanera el panorama del hemiciclo con la irrupción de un
número elevado de diputados del grupo Unido Podemos-En Comú Podem-En
Marea y en parte también con ERC.
“Se trata del respeto entre diputados”,
explican las fuentes. El pasado miércoles, el diputado Diego Cañamero,
de Unidos Podemos, se plantó ante el escaño del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, minutos antes de empezar el pleno, sosteniendo dos
amplios carteles con las imágenes de Iñaki Urdangarin y de Andrés
Bódalo.
Este hecho provocó la reacción airada de algunos diputados de la bancada popular
con gruesos epítetos dirigidos al parlamentario jienense. La actitud
de Cañamero ha sido motivo de debate en la Mesa en la que algunos
miembros eran partidarios de reprender su actuación.
Sin embargo, fuentes cercanas a la presidencia destacan que “este tipo de acciones no se cortan con sanciones o reglamentaciones; debe haber una toma de conciencia asumida por todos”.
La proliferación de “cartelería” en algunos
momentos de los debates en sesiones plenarias ha superado los incidentes
que se dieron en anteriores legislaturas.
También la profusión en el uso de camisetas
reivindicativas, así como las manifestaciones de simpatía hacía
personas en las tribunas de invitados que van más allá de una
solidaridad formal.
El pasado miércoles la presidenta tuvo que
advertir a la bancada de Podemos que el hemiciclo no era “un tendedero” a
la vista de las diversas camisetas reivindicando el uso público del
agua que colgadas sobre los pasillos de los escaños. “Hay un ambiente
generalizado para reconducir todas estas situaciones”, reconocen las
fuentes parlamentarias conocedoras de los contactos entre la presidenta
con los líderes de los grupos parlamentarios.
“Todos los miembros de la Mesa son conscientes del mal ambiente creado y el deseo de superarlo”, explican a Público las fuentes consultadas.
Exclusiva: Las cloacas de la prensa
La trama mediática
Así manipuló Eduardo Inda su 'exclusiva' para acusar falsamente a Pablo Iglesias
El colaborador de La Sexta hizo manipular el texto
original de su jefe de Investigación en el medio digital que dirige para
acusar al líder de Podemos de cobrar de Venezuela en un paraíso fiscal.
El periodista que hizo la información le ha demandado porque se utilizó
su firma para publicar graves calumnias que él jamás escribió. Aquí
están las pruebas.
Captura
del CMS de OKdiario donde se puede ver una manipulación del texto
original ("Esta cuenta es de Iglesias,...") y la persona que hizo el
cambio.
Hasta ahora,
Eduardo Inda ha mantenido que sus exclusivas eran auténticas y que los
que le acusan de falsificar las informaciones sólo tienen su palabra
contra la suya. Eso se ha acabado. Este viernes tendrá que responder
desde el banquillo ante pruebas materiales irrefutables de que ha
violado todos los principios y códigos deontológicos periodísticos para
calumniar al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El tertuliano de
La Sexta ya ha sido demandado por el autor de la información –quien era
jefe de Investigación de su medio digital cuando se manipuló lo que
había escrito–, Francisco Mercado, quien reclama una indemnización a
Inda y a su empresa Dos Mil Palabras, SL. El periodista dimitió tras esa manipulación –una más de una larga serie a la que se vio sometido– "para
evitar seguir dañando su nombre y prestigio periodístico al publicarse
artículos que faltan a la verdad con la vinculación del nombre y firma
sin haberlo consentido ni autorizado".Público ha conseguido las pruebas de cargo de esa falsificación antiperiodística contra Iglesias, cuyo rastro permanece en el registro del CMS (Content Manager System) de OKdiario: la noticia original fue alterada por el jefe de redacción de Inda, Juan Antonio Jiménez, entre las 03.06.46 y las 04.02.49 de la madrugada de la fecha de publicación –en mayo de 2016, durante la precampaña de las últimas elecciones generales–, mientras el autor dormía y sin avisarle, tal como se puede comprobar en la siguiente captura de pantalla (la presentación completa del CMS sobre esa noticia se puede ver al final de este artículo):
La
información manipulada estaba titulada originalmente: "La policía
investiga si Iglesias ingresó 272.000 dólares de Venezuela en un paraíso
fiscal". Titular que no convenció a Inda –llegó a decirle después al
periodista que era "una mariconada"–, por lo que hizo que fuera
reemplazado por: "El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo
Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014", dando por cierto algo de lo que su propio jefe de Investigación no estaba en absoluto seguro,
razón por la cual había cuajado su crónica de condicionales y empleado
repetidamente el término "supuestamente", tal como se puede leer en la
siguiente captura del CMS del diario de Inda:
Que el titular original fue modificado es incontestable, porque la URL (Uniform Resource Locator) de la página web –su identificador único en Internet– se mantuvo con el texto original, como se observa en esta otra captura:
Aunque pueda parecer nimia esa diferencia de contenido, en realidad es crucial, ya que se pasa de exponer una realidad –la
Policía sí estaba investigando el documento que finalmente se demostró
falso, aunque esas pesquisas formasen parte del juego sucio de la brigada política de Interior–
a aseverar una falsedad: ni el Gobierno de Maduro pagó nada a Iglesias,
ni el líder de Podemos tenía cuenta ninguna en el paraíso fiscal de St.
Vincent y Las Granadinas, ni el Euro-Pacific Bank ha operado jamás con
transferencias desde o hacia Venezuela, como quedó demostrado pocos
meses después.
Se trataba simplemente de una calumnia contra
el líder de un partido político, en plena etapa preelectoral, sin que
hubiera sido contrastada ni verificada por el director del medio que
decidió lanzarla a todo trapo –incluso en la tertulia televisiva de La
Sexta Noche–, muy probablemente a sabiendas de que no tenía fundamento.La nueva campaña periodística de Inda contra el líder de Podemos fue consecutiva a la del falso Informe PISA
Decimos "muy probablemente a sabiendas", porque llovía sobre mojado: esta nueva campaña periodística de Inda contra el líder de Podemos fue consecutiva a la
del falso Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), cuya fecha de
publicación le fue marcada al tertuliano con la clara intención de
perjudicar a la formación morada, tal como reveló Público.
Además,
una vez que quedó demostrado que eran falsificaciones los documentos
que se aportaban en la información cuyo original (escrito por Mercado)
manipuló, Inda se refugió en que habían sido proporcionados a OKdiario por una “unidad de inteligencia” de la Policía. Es decir, la misma fuente de la que obtuvo el falso Informe PISA: la brigada política dirigida por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.Como para confirmar toda esa conspiración de la cúpula de Interior dirigida por el exministro Jorge Fernández Díaz, Inda solicitó que testificase el propio Pino en su favor en cuanto se vio acorralado ante la Justicia por la siguiente falsificación periodística, la de Las Granadinas.
Porque la falsificación no es sólo la de los documentos –según Inda, proporcionados por la cúpula de Interior, lo que constituiría un gravísimo delito– sino también la periodística: por órdenes de Inda no sólo se alteró el titular y la entradilla de la crónica, sino también los párrafos interiores con el fin de dar por demostrados hechos que no sólo no estaban probados, sino que incluso eran tan peculiares que resultaban sospechosos en sí mismos. Por ello, Mercado los incluyó con todas las cautelas del que no tiene confianza en la versión que le han dado, como queda patente en esta otra captura del CMS de OKdiario:
Mercado escribió: "De hecho, en la
información disponible se relaciona esta cuenta con el apellido Santa
María. La madre de Iglesias se llama Luisa Turrión Santa María. Y Santa María era el nombre en clave de Iglesias para el régimen bolivariano, supuestamente, según esta documentación venezolana".
Pero
la versión publicada por Okdiario al día siguiente (como se puede ver
en la captura que se incluye al inicio de esta información) aseveraba: "Esta cuenta es de Iglesias, si bien los jerarcas bolivarianos se refieren a él en clave como 'Santa María', segundo apellido de su madre, Luisa Turrión".Para Inda no hay nada supuesto ni versiones sin verificar. Todo lo da por cierto y comprobado... pero firmándoselo a otro tras cambiar lo que escribió sin avisarle ni mucho menos consultarle.
Público se ha puesto en contacto con Francisco Mercado y, aunque no ha querido comentar estos cambios de su texto –evidentes en los pantallazos obtenidos por este diario–, sí ha subrayado que las dos versiones de la misma crónica siguen siendo accesibles en Internet y la suya es la primera, cronológicamente. También se ha mostrado dispuesto a que las autoridades judiciales examinen todas sus comunicaciones de esa madrugada –emails, whatsapps, etc.– para que comprueben que ni Inda ni ninguno de sus jefes de redacción se pusieron en contacto con él para consultarle los cambios.
¿Cómo se puede confiar en lo que afirma quien falsifica contenidos periodísticos a espaldas de su autor? ¿Por qué sigue Inda teniendo tan privilegiados púlpitos mediáticos?
Tensión en el Pleno Iglesias defiende las formas de los diputados de Podemos y denuncia el "matonismo" del PP
"La presidenta del Congreso ha tenido que llamar la
atención a un diputado del PP, que estoy convencido que no le ha gustado
tener que hacerlo", dice el líder de la formación morada
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a su escaño durante el pleno del Congreso. EFE/Javier Lizón
El secretario
general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este miércoles las
formas que emplean sus diputados durante los plenos del Congreso y ha
denunciando que quien realmente falta el respeto de forma "grave" al
decoro parlamentario es el PP con su "agresividad", su "matonismo" y su
"intimidación".
"Incluso tratan de presionar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que nos llame la atención a nosotros pero hoy se han encontrado con que la presidenta ha llamado la atención a un diputado del PP",
ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso,
en relación al incidente que ha protagonizado el diputado del PP,
Rafael Merino. "Si alguien incumple las normas del decoro parlamentario y
se burla de los ciudadanos españoles es el PP", ha recriminado.
De esta forma, Iglesias ha negado que sus
diputados se comporten de manera inapropiada en el Congreso, e incluso
que la presidenta les haya trasladado el malestar del resto de grupos al
respecto. "No me consta ningún traslado ni por parte de la presidencia ni de la Mesa", ha asegurado.
"Creo que los hechos hablan por su solos y lo que hemos visto hoy aquí es gravísimo, que en una sesión de control al Gobierno les formulemos 14 preguntas y no es que respondan a la mitad o a una cuarta parte, es que no responden a ninguna
y se pretende escudar en cuestiones de formas. Es muy grave lo que está
ocurriendo y veo a un PP que tiene muchos problemas con la democracia y
con el decoro parlamentario", ha denunciado. En este sentido, ha
afirmado que, a su juicio, es el PP quien no guarda las formas y quien
falta el respeto tanto al Congreso como a los ciudadanos, pero también a
los diputados de Unidos Podemos a los que, según Iglesias, trata con
una "enorme agresividad".
Pide amparo a Ana Pastor
Así se lo ha trasladado la propia portavoz
del grupo confederal, Irene Montero, a la presidenta del Congreso, Ana
Pastor, tal y como ha informado Iglesias. "Hubo una conversación en la
que nuestra portavoz le vino a plantear a la presidenta que sentimos una enorme agresividad por parte de los diputados del PP,
que yo creo que están acostumbrados a unas formas del pasado
enormemente agresivas, entendiendo poco menos que le congreso les
pertenece", ha asegurado el líder del partido morado.
"El gobierno practica el filibusterismo parlamentario, y sus diputados, el matonismo y la intimidación"
"Nuestra
portavoz le ha planteado que en 2017 este Congreso es más plural y no
es el cortijo privado de los diputados del PP. Los ciudadanos han votado
y aquí hay más gente", ha asegurado, para añadir que en dicha
conversación, Montero también le trasladó a Pastor la queja de algunos de los diputados de Unidos Podemos por los "insultos gravísimos" que, según denuncian, han recibido del PP.
"Entendíamos que la presidencia nos debía
amparar y algo de razón debíamos tener si hoy la presidenta del Congreso
ha tenido que llamar la atención a un diputado del PP, que estoy
convencido que no le ha gustado tener que hacerlo", ha opinado.
Según Iglesias, el diputado Merino y los
ministros a los que han preguntado en sesión de control han
protagonizado un ejercicio de "filibusterismo parlamentario". "Estamos
ante unos hechos graves, un gobierno que practica el filibusterismo
parlamentario, en el que sus diputados practican el matonismo y la
intimidación, e incluso tratan de presionar a la presidenta del Congreso
para que nos llame la atención a nosotros", ha remachado.
CHILE
Ex militar ligado a la Dictadura, amenaza de muerte a dirigenta Mapuche tras Toma pacifica de terrenos en Mulchén
Texto de Vicente Montecino / Fotografía de Camilo Tapia, publicado el 25 de marzo de 2017 por Radio Villa Francia
La Werken Grisel Ñancul de la Comunidad
Autónoma Likancurra, del Lof Huapitrio, denuncia que el particular Oscar
Arriagada, quien perteneció a las Fuerzas Armadas, la amenazó de muerte
al momento que su comunidad mantenía una ocupación reivindicativa de
tierras en el Fundo Ranquilco, -ubicado en Mulchén- territorio que
históricamente ha sido mapuche y se encuentra usurpado por
latifundistas.
El ex militar, quien es el arrendatario del
fundo, llegó a la ocupación que mantenían las familias mapuche portando
un arma 9 mm, como lo demuestra la foto de portada, junto a él lo
acompañaban efectivos de Carabineros, quienes constataron y avalaron sin
hacer nada ante las intimidaciones violentas y de índole homicida que
realizó Oscar Arriagada a la dirigenta y a las familias mapuches que
estaban haciendo una ocupación pacífica de sus tierras ancestrales como
forma de reclamar lo que les pertenece.
Werken.cl se comunicó con la Werken Grisel Ñancul, quién afirma “Oscar
Arriagada es un ex-militar en retiro. Él encabeza toda la organización
de particulares y latifundistas que están contra las comunidades mapuche
que recuperan su tierras”, agregando que “cuando
nosotros entramos al predio, llegaron cerca de 50 camionetas de
particulares, todos armados. Llegaron junto a Carabineros y el GOPE a
desalojar y amenazar de muerte”, afirmó Ñancul.
Sobre
estos hechos, es preocupante que el Ministerio Público no haga
investigaciones cuando hay latifundistas ocupando armas para amedrentar y
atacar a las comunidades mapuche. Grisel Ñancul exclama: “¿Por qué solo
detienen y encarcelan a personas mapuche cuando se trata de armas y
cuando los latifundistas y empresas forestales ocupan armas para dañar y
amenazar de muerte a nuestra gente no hay investigaciones del
Ministerio Público?”.
El ex oficial de las FFAA, Oscar Arriagada, con un arma al cinto al lado de carabineros.
Actualmente en el marco del conflicto en
Wallmapu, no hay ningún latifundista y empresario procesado por porte y
tenencia ilegal de armas, tampoco han habido sentencias condenatorias a
estos mismos cuando han realizado explícitas amenazas de muerte a
personas de origen mapuche. “Imagínense, el mismo que nos amenazó de
muerte, andaba grabando todas las caras de la gente mapuche, el ahora
nos puede mandar a matar”, denuncia Grisel Ñancul, agregando “Nuestros
abuelos nos decían que estos militares en la Dictadura habían matado a
mucha gente, ¿Porque no les hacen nada?, ¿Por qué ellos no están
presos?”.
El Gobernador de la Región del Biobío, sobre la toma que realizó la comunidad en el Fundo Ranquilco señaló; “Vamos
a ocupar la legítima fuerza que nos permite la Constitución política,
para desalojar a todas las personas cuando entren a ocupar los predios”.
Cabe mencionar que hace más de dos años que
la comunidad lleva reclamando con documentos y evidencias arqueológicas
la pertenencia de este predio y hasta el momento no han tenido
respuestas, dejando sin derecho a la tierra a más de 60 personas.
Este predio en especial, se encuentra en las
limitaciones de la Región de la Araucanía y la Región del Biobío, ambos
territorios históricamente son de origen mapuche, el llamado Wallmapu
histórico, pero a la llegada de la invasión y ocupación militar del
Estado Chileno en el siglo XIX, en el genocidio denominado “Pacificación de la Araucanía”,
fue dividido por regiones el territorio ancestral bajo la jurisdicción y
administración del Estado, siendo otorgado en gran medida a colonos y
latifundistas que aún se encuentran instalados en la territorialidad
mapuche.
“Tenemos documentos que dicen que nuestros ancestros fueron los verdaderos dueños de este predio”, dice Grisel Ñancul, agregando “aunque nos amenacen de muerte nosotros vamos a seguir adelante en este proceso de recuperación territorial”, afirma.
Cabe recordar que en el territorio de
Tranguil, el día anterior al asesinato de la activista Macarena Valdés,
ella fue amenazada por personeros de la empresa RP Global, en el marco
del conflicto hidroeléctrico.
Movimiento por el agua y territorios define a Concepción como sede de la V marcha plurinacional
El 22 de abril en Concepción será la
tradicional marcha por el agua y los territorios, determinado
recientemente por el Movimiento en su foro asamblea realizado en el
Cerro Blanco en Recoleta – Santiago.
El Foro Asamblea por el agua se realizó
en el Cerro Blanco en Recoleta Santiago y reunió a unas setenta
personas vinculadas a diversas organizaciones del movimiento desde el
norte hasta Chiloé, definiéndose allí que el encuentro se realice en
Concepción, cuyos ejes principales de movilización están relacionados a:
Los impactos de la industria extractivista como las forestales y
salmoneras; La arbitraria agenda energética de empresas e instituciones
del estado; y la persistente violación de derechos humanos y a la
naturaleza por parte del estado y grupos fácticos ante nulos avances en
materia de acceso, distribución y desmercantilización de este vital
elemento, entre otras materias.
Cabe consignar que el Foro Asamblea por
el agua, organizado por el zonal centro del movimiento, recibió la
propuesta de un reciente encuentro de organizaciones de movimientos
sociales realizado en Panguipulli los días 11 y 12 de marzo, que reunió,
entre otras redes, a la de defensa de territorios de la zona centro
sur, respaldándose el accionar de las organizaciones del Bio Bio que
resisten a los múltiples atropellos que empresas extractivas y
energéticas vienen practicando bajo la promoción y complicidad estatal.
La marcha tendrá su quinto año
consecutivo y se espera una amplia concurrencia, teniendo nuevamente
como característica lo plurinacional, promoviendo el reconocimiento de
la coexistencia de los Pueblos en Chile y el freno al modelo neoliberal
extractivista que ha saqueado al País y los intereses públicos.
Cabe consignar que la marcha se realizó
el año anterior (2016) en la ciudad de Temuco, previo a esto en
Valparaíso (2015) y durante las dos primeras versiones (2013 y 2014) en
la ciudad de Santiago.
En el marco de la marcha por el agua,
organizada por la Coordinadora por la defensa de los territorios del Bio
Bio y organizaciones participantes del movimiento “el Pueblo ayuda al
Pueblo”, se realizará un encuentro del Movimiento por el agua y
territorios y un acto artístico cultural donde se resaltarán las
propuestas y experiencias relacionadas a economías territoriales de los
Pueblos y sus soberanías alimentarias.
Corte de Temuco declara ilegal detención de comunero José Huenchunao
La Corte
de Apelaciones de Temuco declaró ilegal la detención del comunero
mapuche José Huenchunao, quien el 9 de marzo pasado fue arrestado por
Carabineros de Chile en un control policial con el argumento de que
sobre él pesaba una orden de detención, la que fue anulada en el marco
de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que
además se encontraba cumplida.
Fuente: indh.cl
Esto motivó
que la sede regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) presentara un recurso de amparo con el objetivo de
proteger la libertad personal y la seguridad individual de Huenchunao.
Huenchunao tiene la calidad de víctima en el caso “Norin Catriman versus Chile”,
información que fue comunicada por el amparado a los carabineros,
quienes hicieron caso omiso respecto de ella, deteniéndolo y
trasladándolo a una comisaría de la que salió luego de 4 o 5 horas.
De este modo la Corte de Temuco declaró la ilegalidad de la actuación de carabineros, argumentando “que
no resulta aceptable que un error de actualización de sistema pueda
producir como resultado el ser privado o amenazada en su libertad,
situación que resulta particularmente más gravoso ya que el amparado
resultó ser nuevamente víctima del Estado”.
La Corte ordenó también a carabineros “la
adopción de todas las medidas de tipo tecnológico y de información de
su personal en el territorio de la comuna de Ercilla, dirigidas a
asegurar la tutela de los derechos fundamentales referidos del afectado”, asimismo ordenó al Servicio de Registro Civil que revise y actualice la situación procesal del amparado.
La sentencia
del caso Norin Catriman versus Chile, dictada el 29 de mayo de 2014,
determinó la responsabilidad internacional del Estado de Chile, y ordenó
dejar sin efecto las sentencias dictadas en contra de varias personas y
entre otras, respecto del amparado, debiendo dejarse sin efecto las
penas privativas de libertad, penas accesorias y registros a la mayor
brevedad posible, así como también las condenas civiles.
El Estado
debió además suprimir los antecedentes judiciales, administrativos,
penales o policiales en contra de las ocho víctimas en relación con las
referidas sentencias, así como la anulación de su inscripción en
cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con
actos de carácter terrorista.
Denuncian violento allanamiento y agresión a su familia luego de video en que Sergio Catrilaf se declaró prófugo
Por dos
horas un contingente de carabineros permaneció en la casa del matrimonio
Triviño Catrilaf en la comunidad Juan Catrilaf II, cerca de Niágara en
la región de la Araucanía. Según acusan fue una reacción contra el
entorno de Sergio Catrilaf, quien el viernes se declaró prófugo. El INDH
interpondrá un recurso de protección durante la semana.
Por Antonia Orellana – Fuente: eldesconcierto.cl
Según
denuncian los miembros de la comunidad Juan Catrilaf II, un contingente
de al menos 30 carabineros -uniformados y de civil- llegó ayer hasta la
casa de Robinson Triviño alrededor de las 6:30 de la mañana. Triviño es
cuñado de Sergio Catrilaf Marilef, quien a través de un vídeo publicado
por El Desconcierto se declaró prófugo de la justicia chilena el viernes
pasado.
En el lugar
se encontraban tres niños, hijos de Robinson Triviño y Erika Catrilaf,
cuyas edades van de los dos hasta los ocho años. Los efectivos de
Carabineros, sin mediar orden alguna, rompieron la puerta de la casa e
ingresaron a ella. Desde el entorno de la familia denuncian que en ese
momento a Triviño, de 30 años, se lo esposó y dejó en el suelo,
comenzando una golpiza de aproximadamente dos horas que tuvo como centro
las preguntas sobre la ubicación de su cuñado prófugo.
Entre las
agresiones que denuncia Triviño está el que, esposado, se le llenara la
boca de tierra para dificultar su respiración y seguidillas de patadas
en el suelo, todo enfrente de los niños. Aproximadamente a las 8:30 de
la mañana la treintena de efectivos se retiró de la casa, ubicada en lo
que fuera el Fundo Los Aromos, momento en que según sus habitantes
aprovecharon de amenazar a Triviño con que si no entregaba el paradero
de su cuñado “se lo iban a cagar”.
Sólo durante
la tarde los Triviño Catrilaf pudieron llevar al padre de familia a un
centro de salud para constatar lesiones en la comuna de Padre de Las
Casas. De acuerdo al parte médico, Triviño sufrió diversas lesiones
leves centradas sobre todo en sus brazos y costillas.
Al respecto,
tanto la abogada particular Manuela Royo como el Instituto de Derechos
Humanos (INDH) de la Araucanía anunciaron que interpondrán un recurso de
protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco
Revisa el vídeo de Sergio Catrilaf Marilef:
[EXCLUSIVO] Sergio Catrilaf: "No podemos tolerar tanta injusticia"
El silencio de La Moneda frente al movimiento “No + AFP”
Víctor Herrero |Lunes 27 de marzo 2017 9:23 hrs.
El
gobierno de la Nueva Mayoría ha optado por una defensa cerrada del
modelo previsional privado, proponiendo sólo unos pequeños ajustes
cosméticos que no cambian la naturaleza del modelo. Y no importa cuantos
millones de chilenos salgan a la calle: el sistema se mantiene.
Cuando
un vocero del gran empresariado hace una crítica a la conducción
económica del gobierno, La Moneda tarda pocas horas en responder. Cuando
dos millones de chilenos marchan en todo el país para exigir el fin del
sistema privado de pensiones, el palacio presidencial se queda en
silencio.
Eso fue lo que sucedió con la última marcha convocada por la coordinadora “No + AFP”, que congregó el domingo pasado a cientos de miles de ciudadanos en todo el país.
“No nos hacen caso”, dijo con cierto tono de frustración Manuel Vergara a Diario TV de la Radio Universidad de Chile. Vergara era sólo un manifestante más entre los millones que salieron a la calle, pero su frase bien resume la temperatura ambiente que reina en el país. “¿Qué pasa que al gobierno y a todos los poderosos no les importa nada lo que diga el pueblo?”, se preguntaba Rubén Barrios, el administrador de una botillería en Santiago Centro.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ante las demandadas ciudadanas que exigen el fin de las administradoras privadas de pensiones ha sido reafirmar el sistema privado de cotización. Bachelet ha dejado en claro que el modelo no se puede cambiar y su propuesta, lanzada a mediados del año pasado como respuesta a las masivas movilizaciones, está orientada a aumentar las imposiciones en un 5%, a cargo de los empleadores que hasta ahora no contribuían un solo peso. Es más, existen muchas empresas que declaran formalmente las cotizaciones de sus empleados, pero que en los hechos no depositan el dinero.
En castellano sencillo, el actual gobierno de la Nueva Mayoría ha optado por una defensa cerrada del modelo previsional privado, proponiendo sólo unos pequeños ajustes cosméticos que no cambian la naturaleza del modelo.
Pero, ¿por qué?
No existe una respuesta clara, pero sí algunos indicios que explican la porfía de un gobierno supuestamente ciudadano y de centroizquierda que prefiere ignorar a sus bases a cambio de mantener el modelo actual.
El sistema de las AFP forma el corazón del modelo neoliberal chileno, único en el mundo debido a su radicalidad. Hasta Estados Unidos parece ser un sistema semi-socialista comparado con Chile. Más que un sistema de pensiones, las AFP son un mecanismo para financiar de manera barata a las corporaciones locales. Con los fondos provenientes de los inmensos ahorros forzados que se imponen a toda la población, las grandes empresas obtienen recursos frescos y baratos, sin tener que competir por estos. A diferencia de Europa o Estados Unidos, donde las empresas deben demostrar que sus ideas y planes valen la pena para obtener capitales, en Chile los grandes conglomerados obtienen el financiamiento sin moverse del escritorio. Esto, claro está, a costa de todo el dinero que mensualmente deben imponer por fuerza todos los chilenos que trabajan en el sector formal.
Las AFP conforman el corazón mismo de modelo sui generis chileno. Por eso, su supervivencia es clave para que subsista todo el sistema neoliberal chileno. El hecho de que varios ex ministros y funcionarios públicos de la Concertación sean parte de los directorios de estas empresas viene a ser un hecho meramente anecdótico. Acaso muestra el nivel de cooptación y convergencia de la elite transversal de Chile, pero no es el fondo de este asunto.
El fondo es que los intereses tradicionales de este país –la llamada “Fronda Aristocrática- están comprometidos comercial o ideológicamente con este modelo. Un periodista de un matutino de la Capital recuerda que, hacia fines del año 1980, el director y los editores de ese diario comenzaron a pautear a todos los periodistas del periódico para difundir las supuestas enormes bondades del nuevo sistema previsional. El hecho, que el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, haya sido el dueño de una de la AFP El Libertador es sólo un dato de la causa. Más importante es la defensa ideológica del modelo que, todos los días, se transmite hasta hoy en la prensa tradicional chilena.
Así las cosas, da lo mismo si marchan dos millones de personas o cinco millones. Los gobernantes de la Nueva Mayoría y los mandamases de siempre están de acuerdo en defender el llamado “modelo chileno”.
“No nos hacen caso”, dijo el manifestante Vergara. No, no nos hacen caso y no lo harán nunca. A no ser que se queme el palacio presidencial, como lo hicieron los bolivianos en 1875.
Eso fue lo que sucedió con la última marcha convocada por la coordinadora “No + AFP”, que congregó el domingo pasado a cientos de miles de ciudadanos en todo el país.
“No nos hacen caso”, dijo con cierto tono de frustración Manuel Vergara a Diario TV de la Radio Universidad de Chile. Vergara era sólo un manifestante más entre los millones que salieron a la calle, pero su frase bien resume la temperatura ambiente que reina en el país. “¿Qué pasa que al gobierno y a todos los poderosos no les importa nada lo que diga el pueblo?”, se preguntaba Rubén Barrios, el administrador de una botillería en Santiago Centro.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ante las demandadas ciudadanas que exigen el fin de las administradoras privadas de pensiones ha sido reafirmar el sistema privado de cotización. Bachelet ha dejado en claro que el modelo no se puede cambiar y su propuesta, lanzada a mediados del año pasado como respuesta a las masivas movilizaciones, está orientada a aumentar las imposiciones en un 5%, a cargo de los empleadores que hasta ahora no contribuían un solo peso. Es más, existen muchas empresas que declaran formalmente las cotizaciones de sus empleados, pero que en los hechos no depositan el dinero.
En castellano sencillo, el actual gobierno de la Nueva Mayoría ha optado por una defensa cerrada del modelo previsional privado, proponiendo sólo unos pequeños ajustes cosméticos que no cambian la naturaleza del modelo.
Pero, ¿por qué?
No existe una respuesta clara, pero sí algunos indicios que explican la porfía de un gobierno supuestamente ciudadano y de centroizquierda que prefiere ignorar a sus bases a cambio de mantener el modelo actual.
El sistema de las AFP forma el corazón del modelo neoliberal chileno, único en el mundo debido a su radicalidad. Hasta Estados Unidos parece ser un sistema semi-socialista comparado con Chile. Más que un sistema de pensiones, las AFP son un mecanismo para financiar de manera barata a las corporaciones locales. Con los fondos provenientes de los inmensos ahorros forzados que se imponen a toda la población, las grandes empresas obtienen recursos frescos y baratos, sin tener que competir por estos. A diferencia de Europa o Estados Unidos, donde las empresas deben demostrar que sus ideas y planes valen la pena para obtener capitales, en Chile los grandes conglomerados obtienen el financiamiento sin moverse del escritorio. Esto, claro está, a costa de todo el dinero que mensualmente deben imponer por fuerza todos los chilenos que trabajan en el sector formal.
Las AFP conforman el corazón mismo de modelo sui generis chileno. Por eso, su supervivencia es clave para que subsista todo el sistema neoliberal chileno. El hecho de que varios ex ministros y funcionarios públicos de la Concertación sean parte de los directorios de estas empresas viene a ser un hecho meramente anecdótico. Acaso muestra el nivel de cooptación y convergencia de la elite transversal de Chile, pero no es el fondo de este asunto.
El fondo es que los intereses tradicionales de este país –la llamada “Fronda Aristocrática- están comprometidos comercial o ideológicamente con este modelo. Un periodista de un matutino de la Capital recuerda que, hacia fines del año 1980, el director y los editores de ese diario comenzaron a pautear a todos los periodistas del periódico para difundir las supuestas enormes bondades del nuevo sistema previsional. El hecho, que el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, haya sido el dueño de una de la AFP El Libertador es sólo un dato de la causa. Más importante es la defensa ideológica del modelo que, todos los días, se transmite hasta hoy en la prensa tradicional chilena.
Así las cosas, da lo mismo si marchan dos millones de personas o cinco millones. Los gobernantes de la Nueva Mayoría y los mandamases de siempre están de acuerdo en defender el llamado “modelo chileno”.
“No nos hacen caso”, dijo el manifestante Vergara. No, no nos hacen caso y no lo harán nunca. A no ser que se queme el palacio presidencial, como lo hicieron los bolivianos en 1875.
[FOTOS] Trabajadores marchan y exigen convocatoria a Paro Nacional por el fin de las AFP
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
26 Marzo 2017
[resumen.cl] “La Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP ha evaluado en su última Conferencia Nacional
que este año 2017 es el año decisivo para golpear de forma efectiva
para terminar con la industria financiera que estafa y roba el salario
de los trabajadores y trabajadoras de Chile”. Fue una de las primeras
proclamas del discurso central de la marcha contra las AFP en
Concepción, donde bajo una persistente lluvia, trabajadores de diversos
sectores productivos se congregaron para adherirse a la protesta
nacional contra este sistema.
Por su parte, los asistentes
reclamaron la realización de un nuevo paro nacional para comenzar a
presionar a la clase política y empresarial a ceder ante la exigencia de
colocar fin al sistema de AFP, a lo que sus voceros especificaron que
antes de que acabe el mes de agosto ya se habrá realizado, al menos la
primera jornada de paralización del año.
En la comunicación leída en la Plaza
Independencia de Concepción, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No
Más AFP, especificaron que “tenemos una propuesta : Sistema de
Reparto con Fondo de Reservas Técnicas, calculado para mejorar las
pensiones de todos y todas de aquí a fin del siglo, sin que ello
implique un trastorno en las cuentas fiscales y sin que ello, provoque
un descalabro en la economía nacional. Por el contrario, nuestra
propuesta es la que mejor aborda los cambios demográficos que impactarán
en las pensiones en los años 50, sin necesidad de cambios paramétricos,
por lo que nuestra propuesta permite mantener las actuales edades de 60
años y 65 años para las mujeres y hombres respectivamente como edades
para pensionarse.
Nuestra propuesta también
contempla una Pensión Universal en reemplazo de la Pensión Básica
Solidaria, igual al salario mínimo para los que no cotizaron antes de
pensionarse, y la extiende a toda persona humana que haya nacido en
nuestro territorio o que al menos demuestre un lapso importante de
permanencia en nuestro país.
Nuestra propuesta es la única que
entregará una COMPENSACIÓN a las MUJERES, por el trabajo doméstico que
rara vez se reconoce y valora, nosotros seremos capaces de entregar 5
años de cotizaciones a todas las mujeres de Chile que tengan 10 años de
cotizaciones, solución concreta, que mejora las futuras pensiones de las
mujeres en el Nuevo Sistema de Reparto.
En síntesis, podemos decir, que
nuestra propuesta, emanada desde el mundo del trabajo, construida
durante tres años con el concurso de cientos de sindicatos y
profesionales del mundo de las ciencias sociales, es una propuesta
responsable, viable, y la única que se hace cargo del verdadero “mercado
laboral” chileno.”
Fotos: Esteban Paredes Drake
CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO
Dura crítica al gobierno de sectores del Pit-Cnt
Dos grupos presentaron un documento que ve frágiles los avances de los trabajadores.
30 mar 2017 - El Paìs uy
Dos corrientes internas del Pit-Cnt plasmaron
en un documento conjunto una visión crítica del accionar del gobierno en
el que perciben muchas contradicciones. Además cuestionaron los
beneficios que se concede a la inversión extranjera porque resta margen
de acción al gobierno y son difíciles de revertir.
El documento al que accedió El País fue elaborado por
la corriente "41" que tiene como figura más visible a Joselo López de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y
por la "5 de marzo" cuyo representante en el Secretariado Ejecutivo es
Fernando Ferreira, dirigente del sindicato de la bebida (FOEB), que
tiene como referente al histórico dirigente Richard Read.
"Las ventajas otorgadas por los gobiernos desde la
dictadura hasta la actualidad al capital foráneo han permitido un fuerte
proceso de extranjerización de los principales recursos del país; en
los hechos predomina el proyecto del capital transnacional. Como
contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se
cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el
desarrollo nacional sobre bases más autónomas", dice el documento.
"Han existido, ciertamente, contradicciones y disputas
en el gobierno y en la fuerza política —en el FA se expresan intereses
socioeconómicos contrapuestos— pero la iniciativa respecto al modelo
económico y la inserción internacional estuvo desde el principio en
manos de quienes propugnan una profundización del modelo centrado en el
mercado, atraer inversiones extranjeras y el mayor nivel de apertura
externa posible", agrega el trabajo.
El análisis fue discutido ayer en el Secretariado
Ejecutivo de la central sindical. Las dos corrientes habían insistido en
la necesidad de "caracterizar" la acción del gobierno.
Ambas suelen tener una actitud más combativa que la
corriente "Articulación" (a la que pertenece el presidente del Pit-Cnt,
Fernando Pereira) y que el Partido Comunista (orientado en la central
por el secretario general, Marcelo Abdala).
El documento considera que los sectores que se oponen
a las concepciones imperantes en el gobierno obtuvieron dos éxitos
cuando lograron que no se firmara un tratado de libre comercio con
Estados Unidos en 2007 y el acuerdo mundial para liberalizar el comercio
de servicios (TISA) en 2015. Aún así las dos corrientes sindicales
entienden que los últimos gobiernos "han realizado una estrategia de
profundización del capitalismo basada en una política de conciliación de
clases asimétrica que brinda ciertos beneficios a los capitalistas. Los
logros de los trabajadores están contenidos en leyes reversibles, en
tanto los beneficios del capital internacional están resguardados por
acuerdos de protección de inversiones".
"Los capitalistas, en cambio, tienen beneficios y
privilegios, tales como la ampliación del número de zonas francas, las
que se otorgan a empresas transnacionales que instalan grandes plantas
pasteras y/o en edificios en la ciudad; la ampliación de los beneficios
de la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Asociación
Público-Privada que beneficia tanto al capital extranjero como al
nacional. Estos beneficios del capital transnacional están fuertemente
protegidos por tratados de protección de inversiones y de libre comercio
que garantizan que en caso de incumplimiento del Estado, este deba
enfrentar demandas internacionales y pagar enormes indemnizaciones.
Tampoco puede desconocerse que los subsidios ya otorgados a las empresas
nacionales no pueden ser revocados porque enfrentarían juicios con
costos muy altos", dice el documento.
"Tironeos".
"No creemos que los cambios hayan sido sustanciales
como han planteado algunos compañeros, (...), creemos que todavía no
han sido suficientemente escuchados nuestros reclamos y las respuestas
que hemos tenido desde el Poder Ejecutivo no parecen formar parte de una
política sostenida o de manifiesta intención de ir por una vía similar a
la que el movimiento sindical plantea, sino que parecen más fruto del
tironeo que se ha dado entre los unos y los otros", sostiene el
análisis.
"En nuestro país hemos tenido que tironear mucho
para, luego de un desgaste brutal, lograr avances mínimos, apenas
suficientes como para descomprimir momentáneamente, pero que ya auguran
mayor conflictividad porque no son avances que se configuren como
sostenidos, ni como base de una política económica sensible a nuestros
reclamos", señala. También se considera que hay un "ajuste fiscal" en
curso evidenciado en los cambios recientes en el IRPF y en pautas para
los Consejos de Salarios "casi ofensivas".
"Seguimos siendo un país con una economía
subdesarrollada, con altísima oferta de servicios, extractivista,
empeñada en la práctica del monocultivo y el uso de los transgénicos,
exportador de materia prima sin valor agregado, dependiente y
endeudado", lamentan las corrientes críticas. "De la bonanza económica
del gobierno anterior solo nos quedó la ilusión, algunas mejoras sobre
todo en la agenda social y la cultura del endeudamiento plástico",
resumen la "41" y la "5 de marzo".
No a AFAP, TLC y desindexación.
El documento reclama eliminar las AFAP, una solución
para los "cincuentones", rechazar el tratado de libre comercio con
Chile y un aumento general de salarios y pasividades. Las corrientes
también piden luchar por un presupuesto "digno" que incremente los
recursos para la salud y la educación, y reclaman la aprobación de una
ley contra las tercerizaciones, otra de insolvencia patronal y otra que
establezca cuotas laborales para los discapacitados. "No fueron lo mismo
los gobiernos progresistas de estos últimos 15 años a los gobiernos de
los partidos tradicionales (...), pero lejos se está de tener un
gobierno de los trabajadores y para los trabajadores", agrega.
Limitación de derechos requiere aprobación del Parlamento
Inddhh cuestionó marco legal del “decreto antipiquetes”
El
Poder Ejecutivo tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a
lograr la conservación del orden y la tranquilidad, pero toda limitación
de derechos debe aprobarse por ley y previo control judicial, afirmó la
Inddhh.
La Institución Nacional de Derechos Humanos
(Inddhh) criticó el decreto antipiquete aprobado por el Poder Ejecutivo y
afirmó que toda medida que implique una limitación de los derechos de
los ciudadanos debe aprobarse por ley. Además, se consideró pertinente
que la limitación al derecho de reunión pacífica requiere un control
judicial previo.
En un comunicado, la Inddhh afirmó que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y tranquilidad en materia interna. Sin embargo, “esta potestad debe ejercerse en forma armónica con la totalidad del ordenamiento jurídico vigente en el país”, en especial “con las normas de generación interna e internacional que establecen las obligaciones del Estado en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos”.
La Inddhh recuerda que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica son derechos consagrados en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en principios generales y estándares de los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos. Y afirma que las manifestaciones públicas pacíficas “son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión”
“Si bien el ejercicio de estos derechos no es absoluto, y, por tanto, puede admitir regulaciones necesarias para la convivencia en una sociedad democrática, cualquier limitación a los mismos debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal”, es decir, por ley, agrega la Inddhh.
En este sentido, “la regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión debe ser razonable y apropiado al fin buscado, que no debe ser otro que asegurar que las manifestaciones sean pacíficas y que se brinde protección a los derechos de todas las personas, entre las cuales se encuentran los propios manifestantes”.
“A estos efectos, se entiende que es pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica, como puede acontecer en aquellos casos que sea necesario preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras desde una perspectiva de ponderación de derechos. Asimismo, en ningún caso estas medidas pueden incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”, agrega la norma.
“Por lo expuesto, la INDDHH recomienda a las autoridades nacionales adecuar el marco jurídico vigente en el país dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer eventuales limitaciones o restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”, señala el comunicado.
En un comunicado, la Inddhh afirmó que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a lograr la conservación del orden y tranquilidad en materia interna. Sin embargo, “esta potestad debe ejercerse en forma armónica con la totalidad del ordenamiento jurídico vigente en el país”, en especial “con las normas de generación interna e internacional que establecen las obligaciones del Estado en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos”.
La Inddhh recuerda que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica son derechos consagrados en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en principios generales y estándares de los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos. Y afirma que las manifestaciones públicas pacíficas “son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión”
“Si bien el ejercicio de estos derechos no es absoluto, y, por tanto, puede admitir regulaciones necesarias para la convivencia en una sociedad democrática, cualquier limitación a los mismos debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal”, es decir, por ley, agrega la Inddhh.
En este sentido, “la regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión debe ser razonable y apropiado al fin buscado, que no debe ser otro que asegurar que las manifestaciones sean pacíficas y que se brinde protección a los derechos de todas las personas, entre las cuales se encuentran los propios manifestantes”.
“A estos efectos, se entiende que es pertinente el control judicial previo como condición para disponer cualquier límite al derecho de reunión pacífica, como puede acontecer en aquellos casos que sea necesario preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras desde una perspectiva de ponderación de derechos. Asimismo, en ningún caso estas medidas pueden incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”, agrega la norma.
“Por lo expuesto, la INDDHH recomienda a las autoridades nacionales adecuar el marco jurídico vigente en el país dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer eventuales limitaciones o restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”, señala el comunicado.
Gobierno asegura al FA que aplicará decreto de desalojo de piquetes. Sindicatos lo recurrirán
Autoridades del Ministerio del Interior explicaron a legisladores del Frente Amplio el alcance del decreto que permite a la Policía desalojar los cortes de vías de tránsito sin previa autorización de la Justicia, y afirmaron que se “seguirá adelante” con el mismo. Por su parte, nueve gremios decidieron presentar un recurso de revocación de dicho decreto.
El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y el director general de Secretaría de la cartera, Charles Carrera, informaron a la bancada de legisladores del Frente Amplio, el alance del decreto que prohíbe la realización de piquetes.
Luego del encuentro, el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jorge Pozzi, remarcó que el decreto “está vigente y va a funcionar”.
Aseguró que la medida “busca garantizar el libre tránsito de rutas, calles y caminos”.
Reconoció que algunos sectores del Frente Amplio mantienen reparos con respecto al decreto, y dijo que cada grupo realizará sus análisis político.
Recurso
Por otro lado, nueve gremios decidieron presentar un recurso de revocación del decreto.La iniciativa cuenta con el respaldo de: La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), la Unión de Funcionarios del CODICEN (UFC) y el Sindicato de Único de Gastronómicos Hoteleros (SUGHU).
Sin embargo, si bien el PIT-CNT definió el decreto del Gobierno como “inoportuno e innecesario”. Aclaró que el mismo podrá recurrirse desde el punto de vista jurídico solo si llegara a violentarse el derecho de huelga, y aseguró que habrá racionalidad en las movilizaciones sindicales, para no impedir por completo la libre circulación.
Miércoles 29 • Marzo • 2017
Trabajadores de La Spezia ingresaron ayer a la fábrica para custodiar los bienes
Los trabajadores de la fábrica de pastas La Spezia ingresaron
ayer de mañana al local principal de elaboración y venta de productos,
para hacer una “custodia de bienes”, explicó a la diaria
Mariana Pereira, delegada sindical. Entraron porque los inmuebles de la
empresa habían sido traspasados meses antes a una sociedad anónima -en
la que tendrían acciones los hermanos Speranza, dueños de la empresa que
ahora está en quiebra- y todo lo que está allí será tironeado por los
acreedores, entre ellos los trabajadores. Pero además, los trabajadores
afirman que en estas últimas semanas se han sacado bienes, y no quieren
que siga disminuyendo el capital, que se sabe que no alcanzará para
pagar el pasivo. La empresa había entrado en concurso a fines de agosto y
el síndico, Mario Soca, determinó su cierre el 18 de marzo; la relación entre el pasivo y el activo es de tres a uno, según declaró días atrás a este medio.
Pereira explicó que en presencia del gerente de la empresa -puesto por el síndico en setiembre, cuando fue intervenida- hicieron un inventario. Los trabajadores se organizaron y hacen turnos para que el local no quede solo. 120 personas quedaron sin trabajo, sin cobrar el sueldo de marzo -que fue a concurso-, licencias, aguinaldos y salarios vacacionales adeudados.
Hoy concurrirán a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Allí buscarán cobrar el sueldo de los 18 días trabajados en marzo. A diferencia de lo que ha expresado el síndico, los trabajadores plantean que hay dinero para eso, porque todavía está ingresando plata de las ventas en las cadenas de supermercados. Además, ayer constataron que hay proveedores que están yendo a cobrar a la empresa -habían sido citados previamente-, y a muchos de ellos se les había pagado días atrás. Reclaman, entonces, por qué no hay plata para cubrir sus sueldos, cuando deberían ser priorizados; 90% son mujeres y muchas de ellas son jefas de familia. Hoy pelearán por cobrar al menos 50% de lo que les corresponde de marzo.
Su otra reivindicación es que se los envíe a seguro de desempleo por despido, y no por suspensión, una idea que ha manejado el síndico, dijo Pereira. Si fuera por suspensión, la cobertura sería por menos meses, y si los trabajadores consiguen otro empleo, pierden el derecho al despido, o tienen que pelearlo uno a uno ante el Banco de Previsión Social (BPS), pagando cada uno un abogado. “Si él lo manda así [por despido], nuestras liquidaciones ya van directo a concurso y no es necesario tener que hacerlo de manera individual”, comparó.
Por otro lado, los trabajadores reprueban que el síndico no los haya enviado al seguro de desempleo a partir del 18 de marzo: lo hará a partir del 1º de abril, por lo que no cobrarán nada hasta los primeros días de mayo. El último sueldo que cobraron fue el de febrero.
Mañana se realizará la junta de acreedores; los trabajadores asistirán pero, según lo que les adelantaron, no podrán emitir opinión. El principal acreedor de la empresa es el BPS, que tiene más de 40 millones de pesos por cobrar.
Pereira explicó que en presencia del gerente de la empresa -puesto por el síndico en setiembre, cuando fue intervenida- hicieron un inventario. Los trabajadores se organizaron y hacen turnos para que el local no quede solo. 120 personas quedaron sin trabajo, sin cobrar el sueldo de marzo -que fue a concurso-, licencias, aguinaldos y salarios vacacionales adeudados.
Hoy concurrirán a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Allí buscarán cobrar el sueldo de los 18 días trabajados en marzo. A diferencia de lo que ha expresado el síndico, los trabajadores plantean que hay dinero para eso, porque todavía está ingresando plata de las ventas en las cadenas de supermercados. Además, ayer constataron que hay proveedores que están yendo a cobrar a la empresa -habían sido citados previamente-, y a muchos de ellos se les había pagado días atrás. Reclaman, entonces, por qué no hay plata para cubrir sus sueldos, cuando deberían ser priorizados; 90% son mujeres y muchas de ellas son jefas de familia. Hoy pelearán por cobrar al menos 50% de lo que les corresponde de marzo.
Su otra reivindicación es que se los envíe a seguro de desempleo por despido, y no por suspensión, una idea que ha manejado el síndico, dijo Pereira. Si fuera por suspensión, la cobertura sería por menos meses, y si los trabajadores consiguen otro empleo, pierden el derecho al despido, o tienen que pelearlo uno a uno ante el Banco de Previsión Social (BPS), pagando cada uno un abogado. “Si él lo manda así [por despido], nuestras liquidaciones ya van directo a concurso y no es necesario tener que hacerlo de manera individual”, comparó.
Por otro lado, los trabajadores reprueban que el síndico no los haya enviado al seguro de desempleo a partir del 18 de marzo: lo hará a partir del 1º de abril, por lo que no cobrarán nada hasta los primeros días de mayo. El último sueldo que cobraron fue el de febrero.
Mañana se realizará la junta de acreedores; los trabajadores asistirán pero, según lo que les adelantaron, no podrán emitir opinión. El principal acreedor de la empresa es el BPS, que tiene más de 40 millones de pesos por cobrar.
CONCURSO DE ACREEDORES
Dueños de La Spezia anuncian “cierre definitivo” de la empresa
Los costos operativos hacen inviable la continuidad de la firma, dicen.
28
Mar
La Spezia venía siendo administrada por un síndico designado por la Justicia. Foto: F. Ponzetto
La empresa está cerrada. Es definitivo”, sentenció Juan
Pablo Speranza, exdirector de la fábrica de pastas La Spezia sobre el
desenlace de la firma que cesó su actividad el pasado 6 de marzo, tras
78 años en el mercado.
“Es un combo de muchas cosas que no nos permiten
(seguir). No es nuestro interés haber cerrado por eso lo hicimos con
todo el tiempo para poder dar el margen para negociar (una salida) pero,
lamentablemente, no se llegó a un acuerdo”, explicó el empresario sobre
el cierre. Incluso, mientras algunos acreedores aceptaron ampliar su
crédito de modo que se les pagara en un mayor plazo al acordado, otros
rechazaron esa posibilidad y desecharon entregar mercadería, comentó.
La conclusión —que llevó este domingo a una
manifestación de trabajadores frente a la casa de Speranza— deriva de
una ecuación deficitaria que se agudizó en los últimos cuatro años,
sobre todo con el incremento de los costos operativos, aduce Speranza.
“Nosotros somos una empresa que siempre ha trabajado en ba- se a la
calidad, el artesanado, el servicio y la distribución. Nosotros teníamos
18 locales en Montevideo y lamentablemente no es posible continuar con
el servi- cio personalizado. Hoy por hoy es muy caro”, argumentó el
empresario.
Frente a esa realidad, “no hemos querido ceder a no llevar adelante la empresa como teníamos planificado”, resaltó.
Speranza comentó que desde entonces la dirección de la
firma acudió al Ministerio de Trabajo para tratar de que se llegara a un
tipo de acuerdo que permitiera hacer viable la empresa.
Finalmente, la situación llevó a que La Spezia fuera a
concurso, pasando a ser gestionada por un síndico desde el 30 de agosto
de 2016. “Desde ese día nosotros no estamos dirigiendo la empresa, la
dirige un síndico con el aval de un juez”, recalcó Speranza.
Del lado del sindicato, se afirma que la empresa
ocupaba al momento del cierre a unos 120 trabajadores y que la deuda de
la firma ronda los $ 70 millones. Leonardo Saldías, uno de los
trabajadores de La Spezia dijo a El País que la empresa había comunicado
que difícilmente pagase los sueldos de marzo, y que se deben aguinaldos
y las licencias correspondientes a 2015 y 2016.
Consultado al respecto, Speranza aclaró que cuando el
síndico se hizo cargo de la gestión, el personal estaba integrado por
146 personas y que la plantilla se fue reduciendo hasta llegar a unos 90
empleados en la actualidad.
Según el gremio de La Spezia, unos pocos
trabajadores se desempeñan realizando tareas administrativas. “Si hay
algún funcionario trabajando es responsabilidad del síndico que es quien
determina quién trabaja y quién no”, se desmarcó Speranza, que a diario
visita la empresa.
Sobre los adeudos, sostuvo que son algo que se da en
“todas las empresas que liquidan” y que la familia ha puesto “todo su
patrimonio a disposición del juez”, no solo el inherente a la firma sino
también bienes propios para que se abonen los créditos laborales
correspondientes.
“Los tiempos son los judiciales. Evidentemente no
deben ser los que queremos todos, incluso nosotros”, señaló Speranza.
“Cómo le van a pagar (al personal), lo determina el juez, no nosotros”,
insistió.
El jueves 30 se realizará una asamblea de
acreedores. En este marco, un privado elevó una oferta para quedarse con
La Spezia. La última palabra será de la Justicia.
Marca con 78 años en el mercado local
Los orígenes de La Spezia se remontan a 1938 cuando
fue fundada por los hermanos Bonfiglio-Crovara, quienes habían emigrado a
Uruguay desde su Italia natal.
Con impronta familiar, la empresa había ubicado a la
tercera y cuarta generación al frente del emprendimiento. Y, a pesar de
la fuerte competencia en su rubro, la marca La Spezia se había
mantenido como un referente en el mercado de pastas frescas y
artesanales.
La fábrica, de 1.100 m2, procesaba hasta 25.000 kilos de harina al mes para producir pasta fresca.
En su momento, la empresa llegó a tener presencia en
más de 20 puntos de venta entre Montevideo, Canelones y Maldonado a
través de la cadena de supermercados integrada por las marcas Disco y
Devoto.
http://www.elpais.com.uy/infor
Uruguay: Prohibido criticar la sociedad de la simulación – Por Eduardo Camín
Profundizando un poco más en el tema, diremos que este avance conservador no puede explicarse por conspiraciones particulares, pues emana de la dinámica propia de la reproducción capitalista, como necesidad sistémica y no como políticas coyunturales que puedan cambiar sin modificar la naturaleza del capitalismo en su fase histórica actual.
Pero es obvio que el comentario a la “realidad”, comporta desde tiempos inmemoriales diferentes nombres, como por ejemplo, opinión, información, comunicación, encuesta, diálogo, entre tantos otros. En general, el comentario ha lo que sucede es considerado como un suplemento periférico y la más de las veces ignorado por la “realidad”, esto sin duda a causa de la apariencia no menos generalizada por la que el comentario parece situarse fuera de la temporalidad profana de los “hechos”.
La separación del pensamiento y la acción humana es la matriz original del discurso contemporáneo, actúa como el arquetipo del conjunto de la sociedad, es el instrumento y el postulado estratégico primero no sólo del poder político sino de la dominación teórica y práctica de la sociedad de la simulación. El pensamiento crítico es permanentemente avasallado por la deformación de la verdad.
Sin embargo, esta apariencia por la que la cosa y la idea, el objeto y el sujeto, la “realidad” y el comentario caen fuera de la unidad temporal, es ella misma un hecho, y no un hecho cualquiera, sino un hecho fundacional de la formación humana en que nos movemos. Un hecho estratégico de esta sociedad que se retroalimenta permanentemente de la unilateralidad de la comunicación social.
La extrema independencia recíproca de estos dos momentos mayores de nuestra temporalidad cotidiana se objetiva en el no menos recíproco desmentido que tanto el curso de los “hechos” inflige silenciosamente a todo “comentario” como en el desmentido que todo comentario, en esta unilateralidad, ejerce bulliciosa y frenéticamente sobre los “hechos”, eludiendo interesadamente la inteligibilidad de sus consecuencias
Esta separación interiorizada de la temporalidad total del ser humano, generalizada y materializada socialmente, es un resultado histórico de un tipo específico de sociedad y el furor desesperado de su progresión, que algunos eufemísticamente llaman neoliberalismo, la defensa a ultranza de una separación pretendidamente ontológica.
En fin, quienes se quejan es porque nunca están contentos con nada, que lo que está mal la violencia callejera, cárceles deplorables, salarios sumergidos , corrupción, violencia de género, carencias en la salud, y en la educación de la gente más humilde etc. son factores coyunturales que se están resolviendo, en la dinámica actual.
La corrupción un problema serio o una exageración
Mientras que Uruguay una y otra vez, vende una imagen de inmaculada moral y ética fundamentando su respeto de las leyes, sus compromisos financieros, su democracia con el aval supremo de país serio. No obstante debemos ser consientes que tenemos un panorama que se enmarca en un aérea de turbulencias en toda la política financiera, ello hasta hace muy poco tiempo ha estado encubierto, por importantes flujos de inversión de capitales que están muy lejos de resolver las necesidades del país, pero que por un tiempo dieron la impresión subjetiva que el país andaba bien porque, los índices del consumo así lo maquillaban; se vendía algún autito mas , las inmobiliarias hacían sus negocios y el flujo de crédito interno estimulaba la compra de las pauperizadas capas medias y sectores de trabajadores que solo pudieron endeudarse, a través de la nueva burbuja financiera que se avecina a escala mundial , las tarjetas de crédito.
En un reciente seminario denominado Compliance day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero, organizado por el estudio jurídico Brum & Costa, surgió la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos en serio a movilizar al país para combatir la corrupción?. En tiempos en que investigaciones como la del Lava Jato en Brasil sacuden la región, esa es la pregunta que se deben hacer los sistemas político y judicial uruguayos, según el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Ricardo Gil Iribarne.
Según Gil, a pesar de que Uruguay es destacado como el país de la región con mejores niveles en el tema, “tiene problemas serios en materia de corrupción”.
“Es maravilloso estar mejor que otros países pero la cosa en la región está complicada y parece difícil que estemos bien. Yo no creo que estemos bien, creo que estamos mejor que otros. El punto es el vaso medio vacío: qué tenemos que hacer para que dentro de cinco o diez años no nos pase lo que está pasando en los países de la región”,
Según el presidente de la Jutep, uno de los principales problemas es que en el país no existe un sistema pensado para combatir la corrupción. “Hoy tenemos actores que funcionan por separado pero no hay un sistema claro y definido para combatir la corrupción. Hay actores que actúan –y capaz que muy bien– pero no tenemos una estructura concebida para que esto sea eficaz y tengamos los resultados que tenemos que tener para prevenir la corrupción y castigarla”, El resultado de esa falta de sistema, indicó el presidente de la Jutep, es “una percepción de impunidad” por parte de los corruptos, que les permite hacer cosas que no se deberían permitir.”
“Desde la Jutep una de las preocupaciones mayores que tenemos no es qué protagonismo tiene, sino qué deberíamos hacer dentro de un sistema de combate a la corrupción. Qué lugar nos toca, qué deberes debemos cumplir para que nuestra parte sea efectiva. Estoy hablando de un conjunto de actores que deberíamos trabajar articuladamente para que combatir la corrupción”, agregó y mencionó al Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y actores de la sociedad civil, entre otros. Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que cerró el seminario, destacó que en Uruguay la falta de un sistema integrado por diferentes organismos con el único objetivo de combatir la corrupción, lleva a pensar que esos casos son menores. “Hay un problema. Es la falta de priorización”, señaló.
Es evidente que los grupos ligados al poder –defensores por otra parte de cuanto mega-proyecto anda en la vuelta- (megamineria, plantas de celulosa, puertos de agua profundas etc.) Aun niegan admitir los mecanismos de los paraísos fiscales offshore, la banca de las sombras, el lavado de capitales y el secreto bancario a pesar de las evidencias acumuladas. Aunque generalmente lo hagan de modo sutil o indirecto, al reducir las críticas al aspecto más general como es su incidencia en la opacidad y el descontrol de los negocios financieros.
La corrupción forma parte de nuestro paisaje y solo reconociendo esta realidad se le podrá combatir, refugiarse en la permanente predica de que “hay otros peores” es un flaco favor que le hacemos al país, tal vez, debemos poner fin al país de la simulación.
*Periodista uruguayo. Jefe de Redacción Internacional del Hebdolatino Ginebra
