“Primero negaban la existencia de presos políticos, luego la tortura, después dijeron que no había niños desaparecidos, también que los desaparecidos eran mentira y que estaban en Suecia. Los escuchamos decir que no hay nadie enterrado en ningún cuartel, siempre mintieron y siguen mintiendo. Allí están Macarena (Gelman), Mariana (Zaffaroni) y Simón (Riquelo). Allí están los cuerpos de Fernando Miranda, Ubagésner Cháves Sosa y ahora otro”, expuso. Y continuó: “Quienes defienden a la impunidad, defienden secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de seres humanos. Defienden a Gavazzo, Cordero, Pajarito, Medina, a los que secuestraron a María Claudia. (…) Defienden la picana, los colgamientos, los caballetes, los plantones, la paliza, las violaciones, el uso de drogas, el simulacro de fusilamiento. Eso es lo que seguirá impune si no se vota esta ley. (…) ¿Se está con la impunidad y con los impunes o no?”
Bien dicho Lorier !!
Último Momento
CÁMARA DE DIPUTADOS
Tenso clima durante debate sobre prescripción de delitos durante la dictadura
La Cámara de Diputados comenzó una nueva jornada de debate cuando pasadas las 14 horas, se inició el tratamiento en Diputados del proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
Hasta el momento hay 63 legisladores anotados para hablar sobre este tema. El diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, dio comienzo a la sesión con una exposición de unos 20 minutos, y le siguió el discurso del diputado nacionalista Gustavo Borsari. Luego fue el turno de los otros legisladores.
Durante una intervención que realizaba el diputado Luis Puig, del Partido de la Victoria del Pueblo, PVP, la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba en las barras presenciando la sesión alteró el orden con el que se venía desarrollando.
"Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes", fueron las palabras con las que la mujer se dirigió a Puig.
“Lo que dijo Lorier este martes en el Senado lo comparto íntegramente. Si se tuviera más memoria en este país, en la cabeza, no se defendería mantener la realidad que hoy en día tenemos, eso si, aclaro, nuestra postura es la de exigir justicia sin aire de revancha”, explicó Castillo.
Consultado sobre los dichos del presidente José Mujica, quien dijo (en referencia a la discusión parlamentaria sobre la Ley de Caducidad) que una mayoría circunstancial no puede enmendarle la plana a un pueblo (en referencia los dos plebiscitos en los que la ciudadanía se expidió al respecto), el dirigente del PIT-CNT respondió: “parte de certeza tiene lo que dice Mujica en referencia a este tema. Igualmente tengamos claro que Mujica puede decirte eso y a los cinco minutos te dice otra cosa que te la empata”.
Actualmente “estamos metidos en una coyuntura que, con la continuidad de la aparición de restos, se abre una etapa en la que se tiene que saber toda la verdad. Estas cosas merecen justicia y no revancha, justicia”, declaró el dirigente sindical.
En otro orden de cosas Castillo, que recordó que a su tarea militante y sindical se le suma sus ocho horas de trabajo en el puerto “de 22 a 06 de la mañana en una lancha aguatera para que en el día le venda el agua potable a los barcos”, se refirió a la utilidad de los paros, las huelgas y las ocupaciones (como herramientas de lucha).
Al respecto puso un ejemplo para expresar su opinión: “el lío del transporte es un claro ejemplo problemático. La expresión publica de un conflicto es solo cuando estamos en una medida. Si estamos 16 meses negociando no es noticia. Si hay huelga ahí es noticia, si hay paro ahí es noticia. Claro esta, cuando la persona sale a trabajar y no tiene ómnibus se enoja con el trabajador, ahora bien, nuestra tarea es generar conciencia sobre esto”.
“Nosotros jugamos siempre al filo de la navaja para que la gente entienda que no hay otra alternativa. Harto de pedir que me den el justo precio por el cual vendo mi trabajo no tengo otra alternativa que parar mis manos, no hay otra alternativa”, señaló Castillo, “la huelga, otro ejemplo, es la más efectiva y la ocupación a veces más porque hay empresarios que no les gusta la ocupación pero luego se sientan a negociar cuando se les ocupa su empresa”.
“La gente se enoja por un paro, los medios lo informan y la opinión pública se expresa. Pero nadie le reconoce al movimiento sindical que fue el único que se junto a resistir el Golpe de Estado haciendo una huelga que, ahí si fue apoyada”, concluyó Castillo.
Analicemos: en el mes de marzo Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de María Claudia García de Gelman. La Corte indicó que nuestro país está obligado a llevar ante la Justicia a los responsables y a considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.
Argumentos pobres y gastados
2011/10/26
Veronika Engler
http://www.simplesite.com/
La Suprema Corte debe corregir fallo
"Palos en la rueda" desde la cupula castrense
"Teniendo en cuenta las inconsultas declaraciones realizadas hoy ante la prensa por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire Don José Bonilla, este Ministerio informa que, a la brevedad, pondrá a consideración del Sr. Presidente de la República la sanción correspondiente", afirma un comunicado de prensa de la cartera.
Con "gran dolor en el alma"
Hasta el momento hay 63 legisladores anotados para hablar sobre este tema. El diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, dio comienzo a la sesión con una exposición de unos 20 minutos, y le siguió el discurso del diputado nacionalista Gustavo Borsari. Luego fue el turno de los otros legisladores.
Durante una intervención que realizaba el diputado Luis Puig, del Partido de la Victoria del Pueblo, PVP, la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba en las barras presenciando la sesión alteró el orden con el que se venía desarrollando.
"Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes", fueron las palabras con las que la mujer se dirigió a Puig.
Debate sobre prescripción de delitos podría extenderse hasta la mañana
La Cámara de Diputados comenzó una nueva jornada de debate cuando pasadas las 14 horas, se inició el tratamiento en Diputados del proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
Hasta las 22 horas solo pudieron hacer uso de la palabra 24 de los 63 legisladores anotados para hablar sobre este tema, por lo que la discusión podría extenderse hasta las primeras horas de la mañana del jueves.
El diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, dio comienzo a la sesión con una exposición de unos 20 minutos, y le siguió el discurso del diputado nacionalista Gustavo Borsari. Luego fue el turno de los otros legisladores.
Durante una intervención que realizaba el diputado Luis Puig, del Partido de la Victoria del Pueblo, PVP, la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba en las barras presenciando la sesión alteró el orden con el que se venía desarrollando.
"Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes", fueron las palabras con las que la mujer se dirigió a Puig.
Momentos después, se retiró del lugar por su propia cuenta y presidente de la Cámara, llamó al orden para que se pudiera continuar con las exposiciones.
En un momento, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, llamó a orden a los diputados Pablo Iturralde y José Bayardi, coordinador de la bancada del Frente Amplio, que comenzaron a discutir sobre el papel del Pacto del Club Naval y la gestación de la Ley de Caducidad.
Luego, cuando Gustavo Borsari pidió interrumpir para comenzar a leer un editorial del diario comunista "El Popular", la bancada del Frente Amplio protestó fuertemente, lo que llevó a que se decidiera suspender la sesión por 5 minutos, para calmar los ánimos.
EL PROYECTO. Aprobado ayer por el Senado, el proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
Diputados analiza el proyecto que, al igual que en el Senado, contará solo con los votos del Frente Amplio para aprobarlo. La coalición de izquierda necesita para ello a sus 50 diputados en sala.
Consultados por EL PAÍS digital, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) concordaron en que será una jornada de fuerte debate que marcará un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
"Esto ya lo vimos en el 2010, en el 2011 y ahora, una vez más, repasaremos los últimos 50, 60 años de la historia del país (…) Se volverán a echar culpas (…) Es una lástima", aseguró Garino.
Por su parte, Javier García señaló que hoy el Frente Amplio demostrará que "está decidido a llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente". El diputado aseguró que hoy "no estará en juego los derechos humanos ni la caducidad, sino el respeto a la decisión de la sociedad (…) a la democracia".
Posada, en tanto, indicó que "la insistencia del Frente Amplio sobre este proyecto" genera "controversia" y eso se verá reflejado en el día de hoy. "Estarán en juego valores que hacen al respeto del sistema democrático y de la constitución, por lo que será una jornada de fuerte debate", aseguró.
OFICIALISMO. El diputado por el Frente Amplio Luis Puig, aseguró en diálogo con EL PAÍS digital que la de hoy será una "jornada histórica" puesto que "después de 25 años de impunidad, podrá avanzar la justicia y la verdad".
"Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, se impidió investigar, se dio la espalda a las victimas (…) Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar", indicó Puig, quien también explicó que tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogaron a la ley de Caducidad como un "obstáculo para el desarrollo de la justicia en el país".
El diputado oficialista, que hoy dará su voto positivo para que no prescriban los delitos cometidos en dictadura, expresó que el Estado Uruguayo seguirá el consejo y pedido de la Corte Interamericana y se "abstendrá de establecer nuevos obstáculos para restablecer la plena acción de la justicia".
"Creo que es muy importante la decisión que toma hoy el parlamento porque corrige, 25 años después, una sumisión del Parlamento ante el chantaje militar", subrayó.
Consultado sobre cómo interfiere la aprobación del proyecto con el respeto a la democracia y la voluntad popular, Puig indicó que el Parlamento, "como depositario de la soberanía popular, estaría incumpliendo con los deberes que asumió al ser elegido de omitir el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Así como en año 1968 el Estado uruguayo planteó que los crímenes de los nazis no prescriben, hoy se dirá que tampoco prescriben los crímenes de lesa humanidad de los discípulos de los nazis", finalizó.
SENADO. La sesión de ayer del Senado transcurrió en medio de ataques entre el oficialismo y la oposición.
Desde el FA, el comunista Eduardo Lorier acusó a blancos y colorados de "defender" a torturadores, secuestradores y asesinos. La respuesta vino de parte de los senadores Luis Alberto Lacalle y Ope Pasquet. "Nunca vi un tan largo insulto a los que vamos a votar distinto (...). Nunca me sentí tan agraviado", afirmó Lacalle.
El colorado Pasquet, en tanto, consideró una "verdadera infamia" la acusación del senador comunista, y dijo que Lorier miente cuando nos hace cómplice de esas atrocidades".
Pese a que el FA votó en bloque, el senador Carlos Gamou dijo que lo hizo por disciplina partidaria, y Rodolfo Nin Novoa pidió licencia.
El País Digital
Público presente en las barras del Senado ayer, cuando se votaba el proyecto que evita la prescripción de delitos cometidos en la dictadura. Foto: Victoria Rodríguez
Hoy como ayer
Con votos del FA se aprobó proyecto que deroga “tácitamente” la Ley de Caducidad y evita los efectos de la prescripción de los delitos de la dictadura. “Se va a acabar, se va a acabar, la impunidad en el Uruguay”, cantaban militantes de izquierda que acompañaron todo el debate en las barras del Senado. “Traidores, no respetan la voluntad del pueblo”, les replicó a los gritos un joven dirigente colorado. Este contrapunto de última hora resume lo que fueron los argumentos a favor y en contra del texto que fue aprobado con mayoría oficialista y que hoy recibirá la media sanción que falta en Diputados. La CAP-L votó por disciplina partidaria.
El intercambio parlamentario de ayer en el Senado en torno a la iniciativa que busca derogar en forma tácita la Ley de Caducidad y evitar los efectos de la prescripción a partir del 1° de noviembre pareció reeditar aquel que ambas cámaras tuvieron a principios de año y que culminó, el 20 de mayo, con el fracaso del denominado “proyecto interpretativo” que dejaba sin efecto la norma en cuestión. Aunque para esa fecha ya se conocía el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Gelman, a excepción de alguna mención, no estuvo en el centro de la discusión. Ayer representó el principal eje de los discursos de los senadores oficialistas, mientras que el de blancos y colorados fue la “violación de la voluntad popular”. “Por empezar la sesión del Senado para tratar la ley de desconocimiento del voto de los uruguayos”, twitteó temprano el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). Casi al mismo tiempo lo hacía Luis Alberto Heber (Unidad Nacional): “Empieza otra sesión del Senado con un proyecto que busca desconocer la opinión del pueblo uruguayo en las urnas. Nuevamente increíble”.
En contestación a este argumento, el senador Luis José Gallo (Asamblea Uruguay) leyó la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales y la sujeción de los poderes públicos a la ley”.
El sucesor de Fernández Huidobro, Carlos Gamou (CAP-L), quien estuvo ausente durante la mayor parte de la sesión, reconoció más tarde que acompañó “por disciplina partidaria”. Explicó que el sector acercó su postura pero que “no logró convencer” y que, por lo tanto, “acata” a la “casi unánime mayoría”.
En cuanto a la sentencia de la Corte IDH, Heber afirmó que “es necesario cumplirla”, aunque aclaró que no corresponde al Legislativo "decirle al Poder Judicial lo que tienen que hacer”. Asimismo señaló que los conceptos de prescripción como la tipificación de los crímenes de lesa humanidad “no son temas únicamente jurídicos, son también políticos”. “Los jueces saben lo que tienen que hacer pero hay un problema: hay discusión de cuándo prescriben”, respondió Rafael Michelini (Nuevo Espacio), miembro informante por el oficialismo. Y luego explicó por qué es necesario “legislar si son delitos de lesa humanidad y no prescriben”. “Si dentro de tres años la SCJ dice que prescriben, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos (legisladores) que no hicimos nada?”, alegó. Añadió que le gustaría que la Justicia “se desempeñe sin aplicar esta ley”, es decir que “sólo se actuara cumpliendo y aplicando la sentencia de la Corte IDH”, y que la norma que hoy recibirá sanción definitiva en Diputados sea “subsidiaria”. “Confiamos en ella (la Justicia) porque le estamos dando este instrumento”, resumió. Por otra parte, Michelini pidió a la oposición que acompañe la declaración que será puesta a consideración en noviembre en la Asamblea General, tendiente a reconocer el mencionado fallo.
Las expresiones de Lorier le cayeron mal a Luis Alberto Lacalle (Una), quien lo acusó de insultarlo. “No fue un rapto de pasión porque lo escribió, lo preparó”, dijo y le reprochó por hacerlos a los blancos “poco menos que cómplices de los delitos”. “No se lo vamos a permitir. Sabemos de qué lado fueron los que mataron”, espetó. Le siguió el colorado Ope Pasquet, quien aseguró que Lorier. “Miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades”. “Defendemos una solución que emana de la voluntad popular y no tiene derecho a atribuirnos intenciones subalternas. Nadie tiene derecho a pretender insultarnos”, lanzó. En respuesta, Lorier respondió: “No hemos aludido a nadie. Se han puesto el sayo”.
En contestación a este argumento, el senador Luis José Gallo (Asamblea Uruguay) leyó la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales y la sujeción de los poderes públicos a la ley”.
Eterno retorno
Más de nueve horas duró el debate. Los legisladores volvieron una y otra vez en torno a estos puntos. La sesión fue seguida desde las barras por numerosas personas a favor y en contra de la iniciativa: representantes de la juventud colorada y blanca, de la Asociación de ex presos políticos Crysol, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista y Partido Socialista. Francisco Gallinal comenzó diciendo que el Parlamento “vuelve a incursionar en una temática en un proyecto de ley cuyos aspectos medulares y centrales ya hemos tratado en otras oportunidades”, en referencia a la sesión de abril que trató el interpretativo. “Tal es así que tengo en mi mesa de trabajo la exposición que me tocó realizar en nombre del Partido Nacional (PN) y podría releerla sin quitarle una coma, que se adaptaría totalmente a lo que hoy estamos discutiendo y quizás tampoco tendría nada que agregar”, resumió. “Son hechos que se van a repetir, excepto que (Eleuterio Fernández) Huidobro no puede volver a renunciar. Pero (Rodolfo) Nin Novoa vuelve a pedir licencia. Daremos la discusión las veces que sea necesaria. Pero machacona y obstinadamente insistiremos en que no se puede violentar la voluntad popular”, continuó. En su intervención, cinco horas después, el suplente de Nin Novoa, Gustavo Guarino (Alianza Progresista), aclaró que el ex vicepresidente “firmó y respalda” la iniciativa, a pesar de no estar en sala.El sucesor de Fernández Huidobro, Carlos Gamou (CAP-L), quien estuvo ausente durante la mayor parte de la sesión, reconoció más tarde que acompañó “por disciplina partidaria”. Explicó que el sector acercó su postura pero que “no logró convencer” y que, por lo tanto, “acata” a la “casi unánime mayoría”.
En cuanto a la sentencia de la Corte IDH, Heber afirmó que “es necesario cumplirla”, aunque aclaró que no corresponde al Legislativo "decirle al Poder Judicial lo que tienen que hacer”. Asimismo señaló que los conceptos de prescripción como la tipificación de los crímenes de lesa humanidad “no son temas únicamente jurídicos, son también políticos”. “Los jueces saben lo que tienen que hacer pero hay un problema: hay discusión de cuándo prescriben”, respondió Rafael Michelini (Nuevo Espacio), miembro informante por el oficialismo. Y luego explicó por qué es necesario “legislar si son delitos de lesa humanidad y no prescriben”. “Si dentro de tres años la SCJ dice que prescriben, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos (legisladores) que no hicimos nada?”, alegó. Añadió que le gustaría que la Justicia “se desempeñe sin aplicar esta ley”, es decir que “sólo se actuara cumpliendo y aplicando la sentencia de la Corte IDH”, y que la norma que hoy recibirá sanción definitiva en Diputados sea “subsidiaria”. “Confiamos en ella (la Justicia) porque le estamos dando este instrumento”, resumió. Por otra parte, Michelini pidió a la oposición que acompañe la declaración que será puesta a consideración en noviembre en la Asamblea General, tendiente a reconocer el mencionado fallo.
Que se lo ponga
El hallazgo de los restos producido el viernes en el Batallón 14 de Toledo por parte del equipo de antropólogos, prácticamente no estuvo en la discusión parlamentaria. Fue mencionado lateralmente por Michelini, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y Ernesto Agazzi (Espacio 609), pero el que lo hizo con más énfasis fue Eduardo Lorier (Partido Comunista). “Primero negaban la existencia de presos políticos, luego la tortura, después dijeron que no había niños desaparecidos, también que los desaparecidos eran mentira y que estaban en Suecia. Los escuchamos decir que no hay nadie enterrado en ningún cuartel, siempre mintieron y siguen mintiendo. Allí están Macarena (Gelman), Mariana (Zaffaroni) y Simón (Riquelo). Allí están los cuerpos de Fernando Miranda, Ubagésner Cháves Sosa y ahora otro”, expuso. Y continuó: “Quienes defienden a la impunidad, defienden secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de seres humanos. Defienden a Gavazzo, Cordero, Pajarito, Medina, a los que secuestraron a María Claudia. (…) Defienden la picana, los colgamientos, los caballetes, los plantones, la paliza, las violaciones, el uso de drogas, el simulacro de fusilamiento. Eso es lo que seguirá impune si no se vota esta ley. (…) ¿Se está con la impunidad y con los impunes o no?”Las expresiones de Lorier le cayeron mal a Luis Alberto Lacalle (Una), quien lo acusó de insultarlo. “No fue un rapto de pasión porque lo escribió, lo preparó”, dijo y le reprochó por hacerlos a los blancos “poco menos que cómplices de los delitos”. “No se lo vamos a permitir. Sabemos de qué lado fueron los que mataron”, espetó. Le siguió el colorado Ope Pasquet, quien aseguró que Lorier. “Miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades”. “Defendemos una solución que emana de la voluntad popular y no tiene derecho a atribuirnos intenciones subalternas. Nadie tiene derecho a pretender insultarnos”, lanzó. En respuesta, Lorier respondió: “No hemos aludido a nadie. Se han puesto el sayo”.
Lourdes Rodríguez
La DiariaCastillo respaldó a Lorier por debate de prescripción
26.10.2011 | 16.52 El Espectador
El dirigente del Partido Comunistas del Uruguay e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Juan Castillo le dijo a El Espectador que comparte “íntegramente” las declaraciones del senador comunista, Eduardo Lorier, quien en la cámara alta sostuvo que quienes se opusieran al proyecto oficialista que hace imprescriptibles los delitos cometidos por la dictadura son cómplices de éstos.
“Lo que dijo Lorier este martes en el Senado lo comparto íntegramente. Si se tuviera más memoria en este país, en la cabeza, no se defendería mantener la realidad que hoy en día tenemos, eso si, aclaro, nuestra postura es la de exigir justicia sin aire de revancha”, explicó Castillo.
Consultado sobre los dichos del presidente José Mujica, quien dijo (en referencia a la discusión parlamentaria sobre la Ley de Caducidad) que una mayoría circunstancial no puede enmendarle la plana a un pueblo (en referencia los dos plebiscitos en los que la ciudadanía se expidió al respecto), el dirigente del PIT-CNT respondió: “parte de certeza tiene lo que dice Mujica en referencia a este tema. Igualmente tengamos claro que Mujica puede decirte eso y a los cinco minutos te dice otra cosa que te la empata”.
Actualmente “estamos metidos en una coyuntura que, con la continuidad de la aparición de restos, se abre una etapa en la que se tiene que saber toda la verdad. Estas cosas merecen justicia y no revancha, justicia”, declaró el dirigente sindical.
En otro orden de cosas Castillo, que recordó que a su tarea militante y sindical se le suma sus ocho horas de trabajo en el puerto “de 22 a 06 de la mañana en una lancha aguatera para que en el día le venda el agua potable a los barcos”, se refirió a la utilidad de los paros, las huelgas y las ocupaciones (como herramientas de lucha).
Al respecto puso un ejemplo para expresar su opinión: “el lío del transporte es un claro ejemplo problemático. La expresión publica de un conflicto es solo cuando estamos en una medida. Si estamos 16 meses negociando no es noticia. Si hay huelga ahí es noticia, si hay paro ahí es noticia. Claro esta, cuando la persona sale a trabajar y no tiene ómnibus se enoja con el trabajador, ahora bien, nuestra tarea es generar conciencia sobre esto”.
“Nosotros jugamos siempre al filo de la navaja para que la gente entienda que no hay otra alternativa. Harto de pedir que me den el justo precio por el cual vendo mi trabajo no tengo otra alternativa que parar mis manos, no hay otra alternativa”, señaló Castillo, “la huelga, otro ejemplo, es la más efectiva y la ocupación a veces más porque hay empresarios que no les gusta la ocupación pero luego se sientan a negociar cuando se les ocupa su empresa”.
“La gente se enoja por un paro, los medios lo informan y la opinión pública se expresa. Pero nadie le reconoce al movimiento sindical que fue el único que se junto a resistir el Golpe de Estado haciendo una huelga que, ahí si fue apoyada”, concluyó Castillo.
¿Cómo se llama la película?
por Veronika Engler
Escucho en el programa de ”En Perspectiva” a una mujer, cuyo nombre no entendí, decir que tiene razón Mujica cuando afirma que este tema se va a acabar cuando se mueran los involucrados (aunque Mujica dijo los viejos). Esto demuestra una sólida ignorancia en cuanto a los mecanismos humanos de sobrevivencia, sobre la memoria y la construcción del futuro. Las víctimas del Holocausto, por ejemplo; a nadie se le ocurriría decir que ese tema terminó y que están hartos de escuchar sobre el mismo, sería una especie de herejía hacerlo. Miremos a España y a las víctimas del Franquismo. Señora, estos temas, por suerte no se acaban, no prescriben, no se olvidan, porque forman parte de nuestra dolorosa historia y de nuestra memoria. Quienes piensan que los temas de justicia son generacionales, deberían pasar por la Facultad de Ciencias Sociales, donde nuestros jóvenes claman por Justicia y Verdad contradiciendo con la más hermosa y real rebeldía los juicios y las opiniones más conservadoras. ¡Que vivan los estudiantes!
Se está hablando a nivel del MERCOSUR sobre las ”violaciones masivas y sistemáticas” de los DDHH que sufrieron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dentro del llamado Plan Cóndor. Se habla de un instituto que tiene funciones en materia de investigación y cooperación relacionadas a esa temática. Jóvenes que nacieron muchos años después del terrorismo de Estado reclaman por Verdad y Justicia. Existen una enorme cantidad de víctimas de los militares, algunos éramos menores de edad, otros ancianos, todos inocentes, hecho que de por si, debería tirar por el suelo la tan gastada teoría de los dos demonios, que sostiene que esta fue una lucha igualitaria entre guerrilleros y militares. Teoría que Lacalle esgrime cual disco rayado incrementando la lista de disparates, a la que podemos agregar ”la media docena de desaparecidos”, disparates que ha dicho y seguramente seguirá diciendo mientras circule en el mundillo político.
Analicemos: en el mes de marzo Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de María Claudia García de Gelman. La Corte indicó que nuestro país está obligado a llevar ante la Justicia a los responsables y a considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.
Argumentos pobres y gastados
El camaleón blanquifrentista
Saravia que no sabe ni donde está parado, pide que respeten al pueblo, cuando el no se respeta a si mismo. Asegura que el hecho de que el Senado aprobó por 16 votos contra 15 el proyecto de ley que restituye la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura es igual a un golpe de estado. ¿Pero que seriedad puede tener un personaje que oscila entre partidos ideas e ideales?
"Seguimos violando una y otra vez la Constitución y desconociendo pronunciamientos populares por vía oblicua", argumentó Saravia. Respeto para la elección de los ciudadanos. “Este proyecto es inconstitucional y el pueblo nunca se equivoca porque es el que lauda (…) Esto es un golpe de Estado. Y a nosotros siempre nos van a encontrar en frente".
El camaleón Saravia parece olvidar que la Ley de Caducidad es inconstitucional en si misma y que debería haber sido anulada sin tanta vuelta, de ser así nos habríamos ahorrado tiempo, dinero y dolores de cabeza. Cuando dice que el pueblo no se equivoca, contradice su mismo discurso, porque de ser así, el pueblo no se equivocó cuando dio la mayoría parlamentaria a quienes hoy pueden votar esta ley. Por otro lado Saravia debería saber que para que los dos últimos plebiscitos tuvieran valor real deberían haber existido dos opciones (dos papeletas), solo así se hubiera manifestado de forma fidedigna la voluntad popular.
Un poco más a la derecha que la derecha...
Bordaberry pone en duda si el Frente Amplio entregará el poder en 2015 en caso de perder las elecciones nacionales el año anterior. Los dichos de este defensor de los derechos de los ricos (que lucha fervientemente por bajar la edad de imputabilidad) son catalogados por nuestro presidente de "error garrafal, Mujica declara: “Creo que todos cometemos errores y también el doctor Bordaberry. Cometió un error garrafal y ta. Creo que es un error de pasión y la dejo por ahí”. ¡Ojo con las pasiones de este colorado!, da la impresión de que tienden a parecerse a las de su difunto padre.
¿Y en la cabeza?
Nuestro presidente se lavó las manos al mejor estilo Pilatos argumentando que el gobierno tiene otros frentes de los que ocuparse. Pero no siempre lo ha hecho, si miramos para atrás veremos que desde la campaña por el voto rosado ha estado, como él dice al referirse a lo que otros hacen; ”poniendo palos en la rueda”.
En agosto del 2008 borraba con el codo lo que escribía con la mano: "Ya me tienen podrido. La campaña electoral mía empezó por los juzgados. Entonces, estuve acompañando al presidente en todo este proceso, lo vi. firme en la cuestión de los derechos humanos (...) En todos estos años me mantuve totalmente afuera, a veces me ha pegado gente de afuera, por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y no querer dar manija", dijo el entonces senador del MPP José Mujica una semana antes del 19 de agosto del 2008, día en que firmó en la campaña para derogar la Ley de Caducidad. http://www.elpais.com.uy/08/
En abril del 2011 El Presidente Mujica declara que el tema de la ley de caducidad es competencia de la fuerza política y no del gobierno. http://www.canal10.com.uy/
Sin embargo, ”como te digo una cosa, te digo la otra”
En mayo del 2011, realiza una visita sorpresa a la sala de la bancada del FA, acompañado del vicepresidente Danilo Astori (que todos sabemos como piensa) y del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia (que considera que el perdón es una materia que debemos), ¡que trío!, lo que allí dijo generó malestar y divisiones. Entre otras cosas Mujica sostuvo:"Si ustedes votan esto se va a ver reflejado en la próxima elección""Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno" pero "hagan lo que quieran". "No vengo a pedirles que no voten, pero siento la necesidad, más que como presidente, como integrante de la fuerza política, de decir que este es un camino equivocado"
Huidobro y Nin Novoa la votan por disciplina partidaria, pero Huidobro, ferviente Quijote de los militares, renuncia después de hacerlo. Poco tiempo después, es nombrado Ministro de Defensa, a la vez que Rosadilla (oportunamente enfermo) hace ”mutis por el foro”, cuando justamente se ve envuelto en denuncias turbias.
Saravia vuelve a sus orígenes de donde nunca debió haber salido argumentando desde ya que esto es un golpe de estado y lloriqueando con la inconstitucionalidad del acto.
Todos estos personajes parecen olvidar que la misma Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es INCONSTITUCIONAL cuando se horrorizan de los pasos a dar para anularla.
El comodín
Entonces Semproni (un personaje de uso oportuno) aparece para ”salvar la petiza” y es convertido por los acólitos seguidores del Pepe en ”chivo expiatorio”, olvidando el ”alma Mater” de la idea:
”A pesar de estar en contra, el mandatario uruguayo instó al Frente Amplio a respaldar el proyecto para mantener "la unidad". Pero tras 12 horas de horas de sesión, Víctor Semproni, cuyo voto es indispensable para aprobar la norma, se retiró del recinto” , Oooh casualidad… http://america.infobae.com/
Pero esto no termina allí, hoy Semproni votará lo que antes repudió, argumentando que el proyecto es de aquí para adelante, no legisla para atrás.
Arañando como gato entre la leña, como si su imagen pudiera salvarse a estas alturas del partido, don Semproni nos ilumina; “(El proyecto) no legisla para atrás; el restablecimiento (de la pretensión punitiva del Estado) no es retroactivo, es de aquí para adelante”. “Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, no se está anulando la Ley de Caducidad”
Verde esperanza...
Guillermo Cedres, presidente del Centro Militar, amenaza diciendo que los militares retirados denunciarán a la Justicia delitos cometidos por ex guerrilleros que nunca fueron juzgados. La medida fue aprobada por el plenario de Centros Militares en respuesta a la ley de prescripción que se debate en el Senado este martes. Parece cosa de locos, es como si de repente exigiéramos que a los militares presos se les diera el mismo trato que a los presos en época de dictadura, argumentando con las mismas palabras de Cedres que “Se trata de que sea un hecho de estricta justicia”- ¿Están seguros muchachos de que les conviene aplicar la ley del Talión?
La amnesia que sufrimos por el empeño de querer olvidar el pasado incómodo para algunos, les hace olvidar a estos militares que no hay manera de equiparar el terror al que sometieron al país, los secuestros a niños, las violaciones, la tortura, los asesinatos. ¿Cómo van a medir y pesar todo eso en su torcida balanza de “Justicia”
Especial interés en que se olvide todo
Dice Sanguinetti; “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado (¿nos amenaza?). Como entidad nacional. Lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, la amnistía a los militares”. (sic)
Por otro lado el coronel (r) Gilberto Vázquez denunció desde su lugar de reclusión, en la Cárcel Central, que el ex presidente de la República y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, fue el autor intelectual de la Operación Zanahoria en el Batallón 14.
"A mí me dijo el general (Washington) Varela, ex director de Inteligencia de la época) que fue Sanguinetti quien dio las órdenes para borrar las huellas (en el Batallón 14) y para que Wilson (Ferreira Aldunate) no entrara en carrera (por el sillón presidencial)", relató a los distintos periodistas el coronel retirado Gilberto Vázquez. De “La República” 11 de agosto del 2006
La película se llama como la murga “Agarrate Catalina...”
Música de fondo maestro, nadie se cuestiona nada, creemos mientras festejamos sin preguntarnos el por qué de tanta ida y vuelta en este asunto, seguimos siendo pasto para las fieras mientras fortalecemos el aparato represivo con Huidobro como paladín.
Veronika Engler
http://www.simplesite.com/
Uruguay ||| La Suprema Corte debe corregir fallo
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2011 AMNESTY: CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL NO ESTAN SUJETOS A PRESCRIPCIÓN
Blog El Muerto || Roger Rodriguez | Para Kaos en la Red | 1-10-2011 a las 17:22
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia uruguaya por la que tipificó como homicidios los casos de desaparición forzada en la causa contra el coronel José Nino Gavazzo, recibió una dura crítica de Amnesty Internacional que en un informe público explicó los compromisos que Uruguay tiene ante los tratados internacionales y lo que deberían hacer los tres poderes del Estado para impedir la prescripción de esos delitos contra la humanidad.
ROGER RODRÍGUEZ
La organización Amnesty International, con sede en Londres, divulgó esta semana un duro informe en el que calificó de “equivocada” y consideró que “debe ser corregida”, una decisión de la Suprema Corte de Justicia uruguaya por la que casos de desaparición forzada fueron tipificados como homicidios.
“La conclusión alcanzada por la Suprema Corte sienta un peligroso precedente para todos los casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado en Uruguay, los cuales, merced al fallo al que aludimos, podrían también ser susceptibles de la prescripción”, sostiene.
En su extenso informe, expuesto en un folleto impreso en Madrid, Amnesty subraya cuáles son las obligaciones del Estado uruguayo en relación a los crímenes de derecho internacional y “las razones que deben llevar a revisar el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia”.
El documento, publicado internacionalmente el pasado lunes, incluye ejemplos de otros países para demostrar que “una interpretación en consonancia con el derecho internacional es posible, aun cuando aquellos delitos no hubieran estado tipificados en la legislación penal interna al tiempo de su comisión”.
Los tratados obligan al Estado
El pronunciamiento de Amnesty fue dado a conocer por el consejero del Proyecto Internacional de Justicia, Hugo Relva, quien esa misma jornada expuso el planteo de la reconocida organización de derechos humanos en una conferencia con reconocidos juristas uruguayos.
El documento, titulado “Uruguay, los crímenes de derechos internacional no están sujetos a prescripción”, fue refrendado por los abogados Diego Camaño, Pablo Chargonia y José Luis González, quienes coincidieron en la urgencia de un reposicionamiento del máximo órgano de justicia uruguayo.
Amnesty recuerda que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que Uruguay suscribió el 23 de mayo de 1969, establece en su artículo 27 que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Se explica que es obligación de los Estados adecuar su legislación a las previsiones de un tratado, y señala ejemplos de países que modificaron sus leyes, porque el derecho internacional constituye una norma de jerarquía superior a toda disposición de la ley interna, incluida la propia Constitución.
Antes y después de dictadura
El informe se extiende en las obligaciones contraídas por Uruguay ante los crímenes de derechos internacional, al haber ratificado la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948), los Convenios de Ginebra (1949) o el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966).
Alude los compromisos asumidos luego de la dictadura: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984), la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985) o la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994).
En todos esos tratados el Estado uruguayo había aceptado los delitos del derecho internacional, como “graves infracciones” que adquieren, incluso, carácter de crímenes contra la humanidad que no pueden estar sujetos a la prescripción y deben ser juzgados y penalizados.
“Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”, reza una de las convenciones.
Son crímenes imprescriptibles
El documento recuerda que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad surgió en 1965, por iniciativa de Polonia, ante la posibilidad de que pudieran prescribir los delitos cometidos durante el nazismo.
La impunidad de esos crímenes resultaba inaceptable para la comunidad internacional que debatió, precisamente, la temporalidad de su persecución y se decidió que esos delitos eran imprescriptibles “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
Esa fue luego la conducta adoptada en 2006 por la Corte Europea de Derechos Humanos sobre Estonia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Chile, cuya Suprema Corte de Justicia admitió la “universalidad” del principio de imprescriptibilidad.
También la Corte Suprema de Argentina desechó la prescripción contenida en su Código Penal frente a crímenes de lesa humanidad que no estaban tipificados en su normativa interna. Otro tanto ocurrió en Perú, que admitió los delitos como norma consuetudinaria del derecho internacional.
Los olvidos de la Suprema Corte
El documento de Amnesty considera que la Suprema Corte de Justicia uruguaya en su fallo “parece olvidar la jerarquía superior que ostenta el derechos internacional con relación a toda norma interna de Uruguay (…) y es precisamente el derecho internacional el que le impone el deber de reprimir ciertos comportamientos, sin que tal obligación pueda ser soslayada por impedimento alguno propio de su derechos interno”.
La organización internacional recuerda que la propia Suprema Corte admitió en su fallo de excepción de inconstitucionalidad sobre el caso Sabalsagaray en 2004 que el Estado no puede invocar disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
“Por ello –explica Amnesty- es erróneo afirmar, como hace la Suprema Corte en el caso Gavazzo, que “la desaparición forzada constituye un delito creado contemporáneamente”. “Uruguay se encuentra obligado a no aplicar la prescripción a los crímenes antes señalados”, agrega.
“Amnistía Internacional considera que todas las personas presuntamente responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes de derecho internacional en Uruguay en el pasado deben inexorablemente comparecer ante los tribunales ordinarios de justicia, sin que caducidad de pretensión punitiva o prescripción alguna pueda obstar a ello. Tal es la obligación de Uruguay, como le ha sido recordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman”.
Recomendación al Estado
El pronunciamiento de Amnesty International concluye con cuatro recomendaciones a los tres poderes del Estado uruguayo para dar cumplimento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir con las convenciones a las que el país esta obligado.
Propone que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento una ley que modifique el Código Penal en relación a la imprescriptibilidad de los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos y que el Poder Legislativo lo apruebe con prontitud.
También propone que el Poder Judicial –sobre quien pesa de igual manera que sobre los restantes poderes las obligaciones de derecho internacional contraídas por Uruguay- confirme en sus fallos que los crímenes de derecho internacional son inamnistiables e imprescriptibles.
Concluye que “el Poder Judicial debería instrumentar en las sedes judiciales competentes en la materia, la obligación de aplicar la doctrina sentada en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
"Palos en la rueda" desde la cupula castrense
Defensa sancionará a Bonilla
Tarjeta amarilla
26.10.2011 17:51
El Ministerio de Defensa Nacional anunció que sancionará al Jefe del Estado mayor de la Defensa, José Bonilla, por las "inconsultas declaraciones", en referencia a los dichos de Bonilla sobre la prescripción de los delitos cometidos en la dictadura.
"Teniendo en cuenta las inconsultas declaraciones realizadas hoy ante la prensa por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire Don José Bonilla, este Ministerio informa que, a la brevedad, pondrá a consideración del Sr. Presidente de la República la sanción correspondiente", afirma un comunicado de prensa de la cartera.
En declaraciones similares a las que había realizado meses atrás, el Jefe del Estado Mayor sostuvo que la imprescriptibilidad de los delitos, prolongaría el silencio de los militares. "Creo que había un antes y un después del 1° de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, podían, a partir de esa fecha, en la libertad de la prescripción, aportar datos que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos del pasado" , señaló. Montevideo Portal
Con "gran dolor en el alma"Bonilla será sancionado por declaraciones sobre militares
José Bonilla, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, será sancionado debido a declaraciones públicas "inconsultas", según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
El documento dice textualmente: "Teniendo en cuenta las inconsultas declaraciones realizadas hoy ante la prensa por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire Don José Bonilla, este Ministerio informa que, a la brevedad, pondrá a consideración del Sr. Presidente de la República la sanción correspondiente". El comunicado fue firmado por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
Las declaraciones realizadas por Bonilla en rueda de prensa referían a la negativa de dar testimonio por parte de militares en caso de que no prescribieran los delitos cometidos durante la dictadura.
"Yo creo que, en el plano personal, había un antes y un después al primero de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, podían, después del 1 de noviembre, en la libertad de la prescripción, aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos, la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado", señaló Bonilla.
El País Digital
Culebra Saravia : borrar los crimenes militares y "mano dura" contra los menores,o, pagando derecho de readmision
"Qué me hablan de derechos humanos, si el Poder Ejecutivo no hace nada cuando los menores matan gente en la calle todos los días. ¿Dónde están los discursos sobre derechos humanos? Están dele, dele a esta matraca".
Culebra dos, a Semproni se le acabo la gasolina, no le queda nada en el tanque...para seguir dandose vuelta
Hoy entramos al Batallón de Toledo antes que entrara la prensa.
Fuimos muchos familiares, especialmente hijos.
Muy muy conmovedor y removedor toooodo.
Lopez Mazz nos volvió a contar el proceso de estas escavaciones que se
iniciaron en 2005. Como dice la prensa, es en la zona conntigua a donde
estaban escavando. Hay desde hace años testimonios que toman de
referencia un horno de ladrillos, donde se enterraron tres cuerpos (creo
que en distintas oportunidades). Llegó un dato aclarando un posible
lugar de ese horno. Y...ahí estaba.
Cuando ves la fosa, tan profunda (1.40 m) no podés imaginar cómo es
posible encontrar algo.....pero sí, lo es, !!! Estaban los jóvenes que
trabajan en esto, sencillos, en segundo plano...y realmente son los
perseverantes protagonistas que han estado años escavando sin tregua,
siguiendo datos, cálculos, etc... En este panorama, no sé qué me
conmovió más, ellos transpirados, llorosos como nosotros y esos restos
aún con ropa.... tan solos, tan maltratados, tan buscados.
La fosa es honda pero pequeña. No se si estaba arrollado, o el peso de
la tierra lo fue torneando. Pepino nos mostró lo que sería el mentón
,algunos dientes, el fémur-que dicen por su tamaño puede ser masculino,
pero hay que esperar). Ninguno queremos especular. Es uno de nuestros
compañeros, de acá, de allá...aunque es imposible no buscar "algo" .. .
Vimos un zapato (que pega fuerte ), que primero nos pareció enorme, pero
tal vez sea un talle 40-42. Y tiene todavía muchos restos de ropa de
abrigo, también medias.
Las tareas continuarán y nos abocaremos a conseguiir finalmente que las
familias puedan completar sus pruebas sanguíneas (que no tuvieron
reactivos por más de un año).... En fin, uno pasa del llanto y el
agradecimiento a la bronca y la impotencia frente a la debilidad con que
se toma este tema.
Brescia nos acompañó y estuvo sumamente respetuoso, solícito, asegurando
que estaba tooodo a disposición para la verdad. Ojos sinceros, emoción
real, ....durará???
Bué, respirar hondo porque cada vez hay más para hacer.
los abrazo ele
MALDONADO: DENUNCIAS SOBRE ABUSOS
Nilsa Caramés, vocera de la Coordinadora por Verdad y Justicia, dijo a Montevideo Portal que "la propuesta llegó desde Montevideo, y comenzó el 15 de octubre con la presentación de denuncias masivas de delitos de lesa humanidad. El jueves 27 nos encontramos frente a la Seccional 1º de Maldonado para presentar las primeras denuncias de personas que se sintieron agraviadas o sobre las cuales se cometieron. Padres, hijos y abuelos ya fallecidos. Pensamos que va a ser una movida considerable y el objetivo es romper la impunidad. Poner cara a personas que la pasaron muy mal durante muchos años con secuelas físicas y psíquicas hasta hoy. Son delitos que van desde apropiarse de materiales que nunca fueron devueltos, hasta la desaparición de personas".
Según información que publica FM Gente de Maldonado, "la Coordinadora por Verdad y Justicia ha convocado a todos aquellos cuyos derechos fueron avasallados por la dictadura cívico-militar que soportó nuestro país, a denunciar los delitos cometidos en el transcurso de esa época. Es por ello que este Jueves 27 a partir de las 17hs se concentrarán en la Plaza San Fernando de Maldonado para entregar, en la comisaría de la seccional 1ra, las primeras de una serie de denuncias de delitos aun impunes".
"Maldonado se convirtió en un centro de impunidad de ex militares, policías y colaboradores de la dictadura cívico-miliar. Es una violación constante, cruzarse en la calle con los torturadores. Es normal escuchar sus voces, caminando por la calle entre nosotros", destacó Caramés.
N e s t o r
Estimados Lectores: El último viernes "Brecha" publicó el artículo que reproducimos más abajo.
Red de Economistas de Izquierda del Uruguay
Culebra Saravia : borrar los crimenes militares y "mano dura" contra los menores,o, pagando derecho de readmision
"Qué me hablan de derechos humanos, si el Poder Ejecutivo no hace nada cuando los menores matan gente en la calle todos los días. ¿Dónde están los discursos sobre derechos humanos? Están dele, dele a esta matraca".
Votan proyecto contra Caducidad; FA le da sanción hoy en Diputados
Ley de Caducidad. Desde el Frente Amplio se acusó a la oposición de amparar a torturadores y asesinos Blancos y colorados reprocharon al oficialismo no respetar la voluntad popular | w Mujica dijo que el tema "lo arregle el Parlamento"
Daniel Isgleas/Valeria Gil
Con los 16 votos del Frente Amplio, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y ratificada en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
El proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
Desde las barras del Senado, militantes frenteamplistas e integrantes de organizaciones sociales, aplaudieron la votación, con cantos como "no hay más impunes".
La Cámara de Diputados sesionará hoy miércoles desde la hora 14 para analizar el proyecto, que al igual que en el Senado contará solo con los votos del Frente Amplio para aprobarlo, la coalición de izquierda necesita a sus 50 diputados en sala.
"Infamia". Ayer en el Senado, el punto más fuerte del debate lo dieron Eduardo Lorier (Partido Comunista) y Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional).
Lorier lanzó duras acusaciones a aquellos que están a favor de la ley de Caducidad y señaló que "quienes la defienden, no defienden solo la impunidad, defienden la impunidad y defienden a los impunes, a quienes hicieron ostentación de sus crímenes. Quienes defienden a la impunidad, defienden a secuestradores de niños, a violadores, torturadores y desaparecedores de niños, a Gavazzo, a Cordero, a Pajarito Silveira y a Medina", aseguró Lorier.
En el mismo sentido indicó que los que están a favor de la ley de Caducidad "defienden a los que torturaron y desaparecieron a la maestra Elena Quinteros". Lorier señaló que los que denuncian los crímenes de la dictadura, "siempre dijimos la verdad", mientras que los demás "mintieron".
Además, señaló que los crímenes cometidos durante la dictadura son de "juzgamiento obligatorio" e "inamnistiables".
La reacción de Lacalle fue inmediata. "Pocas veces vi un tan largo insulto a los que vamos a votar distinto, de lo que va a votar el senador Lorier. Además ni siquiera se puede atribuir a la pasión, porque vino escrito el discurso y era leído".
"A quienes votamos distinto que él, nos hace responsables de los delitos. Pocas veces he visto una serie de agravios más larga que la que hizo acá el senador Lorier", añadió Lacalle.
El senador de UNA aseguró que los dichos de Lorier "son una barbaridad y una falta de respeto" y "provienen de una formación política distinta".
"Nunca me sentí tan agraviado", repitió una vez más Lacalle.
En ese momento, Lorier volvió a hacer uso de la palabra para responder al senador nacionalista y señaló que "barbaridad es lo que se hizo durante la dictadura" y explicó que no aludió durante su discurso directamente a nadie. "El sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado", afirmó Lorier.
También el colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) condenó las declaraciones de Lorier: "El senador acaba de perpetrar una verdadera infamia, ha dicho que quienes votamos la ley de Caducidad hemos mentido deliberadamente y hemos sido cómplices de delitos atroces y yo digo que el que miente es el senador Lorier, miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades".
Sin pedir la palabra y a los gritos, Alfredo Solari (Vamos Uruguay) señaló que desde el Partido Colorado "nunca se escribió una editorial en El Popular en contra de la dictadura. ¡Nunca!"
TRANSA. El nacionalista Francisco Gallinal acusó al Frente Amplio de haber "transado" en el pacto del Club Naval con los militares para la apertura democrática. Esto motivó la inmediata reacción de la socialista Mónica Xavier, quien gritó: "¡Eso es falso! ¡Es un atrevido!" Entonces el presidente de Cámara hizo sonar las campanas y evitó que continuara el incidente.
Por otra parte, Gallinal recordó así que el frenteamplista Rodolfo Nin Novoa volvió ayer a pedir licencia para no tener que votar, lo mismo que hizo en mayo cuando se trató el proyecto interpretativo de la Caducidad. Y recordó lo que en su momento dijo el exvicepresidente, en cuanto a que el Frente Amplio no debería salir más a pedir firmas porque la gente no le va a creer.
Otro hecho político que no pasó desapercibido en la sesión fue cuando el frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio) comenzó su intervención recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Según relató Michelini, Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los `70.
VENGANZA. Por su parte, Heber reconoció la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pero dijo que "no había otra salida en un gobierno de facto". Asimismo recordó el asesinato de su madre, que, según dijo, también prescribiría el 1° de noviembre. "Ella murió por la Constitución, por la libertad y poco haría por su memoria si votara una ley inconstitucional para encontrar al culpable".
Heber señaló que le cuesta entender cómo delitos graves pueden prescribir, lo que señaló como un tema de fondo para la discusión. A eso agregó: "como no entiendo lo de la prescripción, tampoco puedo acompañar este proyecto".
Durante la discusión, el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) criticó al gobierno. Rechazó uno de los argumentos principales del Frente Amplio en cuanto a que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está por encima de la Constitución. "Cualquier abogado que presente una acción por inconstitucionalidad sobre esta ley, ya ganó" el juicio, dijo. Luego, pidió respetar el resultado de los consultas populares. "Hago un llamado a cesar la venganza, a respetar la decisión del soberano, un llamado a la paz. Pido respeto a la máxima expresión de los uruguayos".
"El hecho de revolver y revolver el pasado a veces muestra ansias de venganza". La afirmación pertenece al senador Jorge Saravia, hoy en filas del Partido Nacional pero que hasta hace pocos meses integró la bancada de senadores del Frente Amplio.
Saravia se ha vuelto uno de los senadores más críticos del Frente Amplio, a un punto tal que en la discusión de ayer sobre el proyecto de prescripción de los delitos cometidos en dictadura, llegó a afirmar que el oficialismo no defiende los derechos humanos sino que se dedica a la "matraca", aludiendo a que supuestamente se instiga con fines políticos a los familiares de los detenidos desaparecidos.
El senador sostuvo en el debate que lo que el Frente Amplio causa con esta ley "es un golpe de Estado técnico. Los golpes de Estado se dan de diferentes maneras y esta es una. No me vengan con discursos", dijo, dirigiéndose a la bancada de la coalición de izquierda.
Manifestó que el Frente no debe "manotear" los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como solución. "¿Qué hacían los de esa Comisión cuando acá había dictadura? Miraban para el costado, ¡por favor! Un fallo no tiene valor en una nación libre y soberana. No hay que arrodillarse sino respetar la Constitución y la ley. El pueblo, para mal o para bien, nunca se equivoca", afirmó.
Saravia agregó que "se está banalizando la política. ¡Quemen la Constitución, total no la respetan. ¡Acá hay una!", dijo, mostrándola en su mano derecha. "Qué me hablan de derechos humanos, si el Poder Ejecutivo no hace nada cuando los menores matan gente en la calle todos los días. ¿Dónde están los discursos sobre derechos humanos? Están dele, dele a esta matraca".
"Eso que lo arregle el Parlamento", dijo Mujica durante la presentación de una planta industrial que hace casas de maderas.
El paso del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura por el Senado, volvió a evidenciar disensos en la bancada del Frente Amplio.
El senador Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) no participó de la discusión, lo mismo que hizo en el mes de mayo cuando se trató el proyecto que intentó anular la ley de Caducidad. Como en aquel momento, dejó la banca en manos de su suplente Gustavo Guarino, que en ambos casos votó con el resto del oficialismo.
El senador Francisco Gallinal (Unidad Nacional) no dejó pasar este hecho y en su discurso afirmó que en el Frente Amplio hay discrepancias en torno a la ley de Caducidad. Recordó así que Nin Novoa volvió ayer a pedir licencia a su banca para "no tener que votar", y recordó lo que en su momento dijo el exvicepresidente, en cuanto a que el Frente Amplio no deberá salir más a pedir firmas porque "la gente no le va a creer".
A su vez, el senador Carlos Gamou (CAP-L) dijo en sala que votaba por disciplina partidaria porque su sector político está en contra del proyecto de mantienen los delitos de la dictadura.
"No logramos convencer y acatamos", afirmó el senador oficialista.
renuncia. En abril pasado, el líder de la CAP-L, Eleuterio Fernández Huidobro, renunció a su banca por no compartir el proyecto de anulación de la Caducidad que se sometió a consideración del Parlamento.
Quien entonces formaba parte de la bancada de senadores del Frente Amplio, Jorge Saravia, no lo votó. La moción afirmativa recibió en aquel momento 16 adhesiones contra las 15 negativas (todo el Partido Nacional, el Partido Colorado y Saravia).
Fernández Huidobro ingresó ese día a sala, votó y se retiró luego de anunciar su renuncia a la banca.
Saravia se había alejado del Espacio 609 unos días antes. Desde entonces se reintegró a la bancada del Partido Nacional y se volvió un duro crítico de la mayoría de las decisiones del Frente Amplio y del gobierno.
Con los 16 votos del Frente Amplio, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y ratificada en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
El proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La Cámara de Diputados sesionará hoy miércoles desde la hora 14 para analizar el proyecto, que al igual que en el Senado contará solo con los votos del Frente Amplio para aprobarlo, la coalición de izquierda necesita a sus 50 diputados en sala.
"Infamia". Ayer en el Senado, el punto más fuerte del debate lo dieron Eduardo Lorier (Partido Comunista) y Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional).
Lorier lanzó duras acusaciones a aquellos que están a favor de la ley de Caducidad y señaló que "quienes la defienden, no defienden solo la impunidad, defienden la impunidad y defienden a los impunes, a quienes hicieron ostentación de sus crímenes. Quienes defienden a la impunidad, defienden a secuestradores de niños, a violadores, torturadores y desaparecedores de niños, a Gavazzo, a Cordero, a Pajarito Silveira y a Medina", aseguró Lorier.
En el mismo sentido indicó que los que están a favor de la ley de Caducidad "defienden a los que torturaron y desaparecieron a la maestra Elena Quinteros". Lorier señaló que los que denuncian los crímenes de la dictadura, "siempre dijimos la verdad", mientras que los demás "mintieron".
Además, señaló que los crímenes cometidos durante la dictadura son de "juzgamiento obligatorio" e "inamnistiables".
La reacción de Lacalle fue inmediata. "Pocas veces vi un tan largo insulto a los que vamos a votar distinto, de lo que va a votar el senador Lorier. Además ni siquiera se puede atribuir a la pasión, porque vino escrito el discurso y era leído".
"A quienes votamos distinto que él, nos hace responsables de los delitos. Pocas veces he visto una serie de agravios más larga que la que hizo acá el senador Lorier", añadió Lacalle.
El senador de UNA aseguró que los dichos de Lorier "son una barbaridad y una falta de respeto" y "provienen de una formación política distinta".
"Nunca me sentí tan agraviado", repitió una vez más Lacalle.
En ese momento, Lorier volvió a hacer uso de la palabra para responder al senador nacionalista y señaló que "barbaridad es lo que se hizo durante la dictadura" y explicó que no aludió durante su discurso directamente a nadie. "El sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado", afirmó Lorier.
También el colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) condenó las declaraciones de Lorier: "El senador acaba de perpetrar una verdadera infamia, ha dicho que quienes votamos la ley de Caducidad hemos mentido deliberadamente y hemos sido cómplices de delitos atroces y yo digo que el que miente es el senador Lorier, miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades".
Sin pedir la palabra y a los gritos, Alfredo Solari (Vamos Uruguay) señaló que desde el Partido Colorado "nunca se escribió una editorial en El Popular en contra de la dictadura. ¡Nunca!"
TRANSA. El nacionalista Francisco Gallinal acusó al Frente Amplio de haber "transado" en el pacto del Club Naval con los militares para la apertura democrática. Esto motivó la inmediata reacción de la socialista Mónica Xavier, quien gritó: "¡Eso es falso! ¡Es un atrevido!" Entonces el presidente de Cámara hizo sonar las campanas y evitó que continuara el incidente.
Por otra parte, Gallinal recordó así que el frenteamplista Rodolfo Nin Novoa volvió ayer a pedir licencia para no tener que votar, lo mismo que hizo en mayo cuando se trató el proyecto interpretativo de la Caducidad. Y recordó lo que en su momento dijo el exvicepresidente, en cuanto a que el Frente Amplio no debería salir más a pedir firmas porque la gente no le va a creer.
Otro hecho político que no pasó desapercibido en la sesión fue cuando el frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio) comenzó su intervención recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Según relató Michelini, Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los `70.
VENGANZA. Por su parte, Heber reconoció la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pero dijo que "no había otra salida en un gobierno de facto". Asimismo recordó el asesinato de su madre, que, según dijo, también prescribiría el 1° de noviembre. "Ella murió por la Constitución, por la libertad y poco haría por su memoria si votara una ley inconstitucional para encontrar al culpable".
Heber señaló que le cuesta entender cómo delitos graves pueden prescribir, lo que señaló como un tema de fondo para la discusión. A eso agregó: "como no entiendo lo de la prescripción, tampoco puedo acompañar este proyecto".
Durante la discusión, el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) criticó al gobierno. Rechazó uno de los argumentos principales del Frente Amplio en cuanto a que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está por encima de la Constitución. "Cualquier abogado que presente una acción por inconstitucionalidad sobre esta ley, ya ganó" el juicio, dijo. Luego, pidió respetar el resultado de los consultas populares. "Hago un llamado a cesar la venganza, a respetar la decisión del soberano, un llamado a la paz. Pido respeto a la máxima expresión de los uruguayos".
Saravia: "Quemen la Constitución, total no la respetan"
D.I."El hecho de revolver y revolver el pasado a veces muestra ansias de venganza". La afirmación pertenece al senador Jorge Saravia, hoy en filas del Partido Nacional pero que hasta hace pocos meses integró la bancada de senadores del Frente Amplio.
Saravia se ha vuelto uno de los senadores más críticos del Frente Amplio, a un punto tal que en la discusión de ayer sobre el proyecto de prescripción de los delitos cometidos en dictadura, llegó a afirmar que el oficialismo no defiende los derechos humanos sino que se dedica a la "matraca", aludiendo a que supuestamente se instiga con fines políticos a los familiares de los detenidos desaparecidos.
El senador sostuvo en el debate que lo que el Frente Amplio causa con esta ley "es un golpe de Estado técnico. Los golpes de Estado se dan de diferentes maneras y esta es una. No me vengan con discursos", dijo, dirigiéndose a la bancada de la coalición de izquierda.
Manifestó que el Frente no debe "manotear" los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como solución. "¿Qué hacían los de esa Comisión cuando acá había dictadura? Miraban para el costado, ¡por favor! Un fallo no tiene valor en una nación libre y soberana. No hay que arrodillarse sino respetar la Constitución y la ley. El pueblo, para mal o para bien, nunca se equivoca", afirmó.
Saravia agregó que "se está banalizando la política. ¡Quemen la Constitución, total no la respetan. ¡Acá hay una!", dijo, mostrándola en su mano derecha. "Qué me hablan de derechos humanos, si el Poder Ejecutivo no hace nada cuando los menores matan gente en la calle todos los días. ¿Dónde están los discursos sobre derechos humanos? Están dele, dele a esta matraca".
Otra vez asoma el disenso en el FA
Ayer el presidente José Mujica tomó distancia del proyecto sobre la ley de Caducidad votado en el Senado solo con el apoyo de la bancada del Frente Amplio."Eso que lo arregle el Parlamento", dijo Mujica durante la presentación de una planta industrial que hace casas de maderas.
El paso del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura por el Senado, volvió a evidenciar disensos en la bancada del Frente Amplio.
El senador Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) no participó de la discusión, lo mismo que hizo en el mes de mayo cuando se trató el proyecto que intentó anular la ley de Caducidad. Como en aquel momento, dejó la banca en manos de su suplente Gustavo Guarino, que en ambos casos votó con el resto del oficialismo.
El senador Francisco Gallinal (Unidad Nacional) no dejó pasar este hecho y en su discurso afirmó que en el Frente Amplio hay discrepancias en torno a la ley de Caducidad. Recordó así que Nin Novoa volvió ayer a pedir licencia a su banca para "no tener que votar", y recordó lo que en su momento dijo el exvicepresidente, en cuanto a que el Frente Amplio no deberá salir más a pedir firmas porque "la gente no le va a creer".
A su vez, el senador Carlos Gamou (CAP-L) dijo en sala que votaba por disciplina partidaria porque su sector político está en contra del proyecto de mantienen los delitos de la dictadura.
"No logramos convencer y acatamos", afirmó el senador oficialista.
renuncia. En abril pasado, el líder de la CAP-L, Eleuterio Fernández Huidobro, renunció a su banca por no compartir el proyecto de anulación de la Caducidad que se sometió a consideración del Parlamento.
Quien entonces formaba parte de la bancada de senadores del Frente Amplio, Jorge Saravia, no lo votó. La moción afirmativa recibió en aquel momento 16 adhesiones contra las 15 negativas (todo el Partido Nacional, el Partido Colorado y Saravia).
Fernández Huidobro ingresó ese día a sala, votó y se retiró luego de anunciar su renuncia a la banca.
Saravia se había alejado del Espacio 609 unos días antes. Desde entonces se reintegró a la bancada del Partido Nacional y se volvió un duro crítico de la mayoría de las decisiones del Frente Amplio y del gobierno.
El País Digital
Culebra dos, a Semproni se le acabo la gasolina, no le queda nada en el tanque...para seguir dandose vuelta
Semproni: “Ya vengo inmolado de antes y se me terminó la gasolina; no me puedo inmolar de nuevo”
Para la Caducidad “no hay ningún camino que sea perfecto”
El diputado frenteamplista Víctor Semproni dijo que el proyecto de ley que se aprobará este miércoles en el Plenario es “sustancialmente” distinto al no sancionado en mayo de 2011. “No me puedo inmolar de nuevo”, dijo a El Observador
+ Diego Molinelli @dfmolinelli - 26.10.2011, 13:56 hs - ACTUALIZADO 13:59 Texto:
“Ya vengo inmolado de antes y se me terminó la gasolina; no me puedo inmolar de nuevo”, ironizó este miércoles el diputado del Frente Amplio Víctor Semproni al ser consultado por El Observador sobre su voto al proyecto de ley que deroga la Caducidad y que se vota este miércoles en Diputados. En mayo pasado, el retiro de sala de Semproni impidió que la fuerza política de gobierno aprobara una ley que pretendía anular (no derogar) la Caducidad. En aquel momento, el presidente de la República, José Mujica, le había solicitado al legislador que no se “inmolara”, ya que podía pagar costo político por no sumarse a la disciplina partidaria.
El legislador explicó este miércoles a El Observador los motivos por los cuales esta vez acompaña la iniciativa y marca las diferencias entre uno y otro proyecto. De todas maneras, aseguró: “Para resolver algo que es un problema ético, moral y de conciencia, no hay ningún camino que sea perfecto, ya que todos nos van a dejar alguna posibilidad de objeción”.
El legislador recordó que en momentos de votarse la ley interpretativa, que pretendía dejar sin efecto la ley de Caducidad, había señalado que estaba de acuerdo con el objetivo de la norma, pero no con el camino que se transitaba para alcanzarlo. Semproni dijo a El Observador que este miércoles hará referencia a sus palabras de entonces.
“Estábamos en aquel momento con un proyecto que sin ninguna duda anulaba (la ley de Caducidad); es decir, que era retroactivo en su accionar y dejaba sin efecto la norma, mientras que ahora estamos ante un proyecto muy corto, muy claro y que, además restablece, legisla de ahora en adelante y, sin ninguna duda, deroga. Derogar es facultad del Poder Legislativo y anular no”.
Otra diferencia marcada por el legislador entre ambas iniciativas del Frente Amplio radica en el artículo segundo de la nueva norma. Éste “tiene dos antecedentes históricos en la legislatura uruguaya, que simplemente prorroga el plazo de las prescripciones con un texto exactamente igual al que en dos oportunidades, y ante conflictos judiciales en los que no se pudieron cumplir sentencias”, explicó Semproni.
También se refirió al tercer punto del proyecto, “que habla de declarar de lesa humanidad estos delitos”.
“Yo sostengo que está bien que el Poder Legislativo adhiera ese criterio reafirmando el concepto que nos viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, este proyecto es sustancialmente distinto al otro y lo vamos a acompañar”, agregó.
Carta de Elena Zaffaroni
Qué día ayer!!!!!!!!!Hoy entramos al Batallón de Toledo antes que entrara la prensa.
Fuimos muchos familiares, especialmente hijos.
Muy muy conmovedor y removedor toooodo.
Lopez Mazz nos volvió a contar el proceso de estas escavaciones que se
iniciaron en 2005. Como dice la prensa, es en la zona conntigua a donde
estaban escavando. Hay desde hace años testimonios que toman de
referencia un horno de ladrillos, donde se enterraron tres cuerpos (creo
que en distintas oportunidades). Llegó un dato aclarando un posible
lugar de ese horno. Y...ahí estaba.
Cuando ves la fosa, tan profunda (1.40 m) no podés imaginar cómo es
posible encontrar algo.....pero sí, lo es, !!! Estaban los jóvenes que
trabajan en esto, sencillos, en segundo plano...y realmente son los
perseverantes protagonistas que han estado años escavando sin tregua,
siguiendo datos, cálculos, etc... En este panorama, no sé qué me
conmovió más, ellos transpirados, llorosos como nosotros y esos restos
aún con ropa.... tan solos, tan maltratados, tan buscados.
La fosa es honda pero pequeña. No se si estaba arrollado, o el peso de
la tierra lo fue torneando. Pepino nos mostró lo que sería el mentón
,algunos dientes, el fémur-que dicen por su tamaño puede ser masculino,
pero hay que esperar). Ninguno queremos especular. Es uno de nuestros
compañeros, de acá, de allá...aunque es imposible no buscar "algo" .. .
Vimos un zapato (que pega fuerte ), que primero nos pareció enorme, pero
tal vez sea un talle 40-42. Y tiene todavía muchos restos de ropa de
abrigo, también medias.
Las tareas continuarán y nos abocaremos a conseguiir finalmente que las
familias puedan completar sus pruebas sanguíneas (que no tuvieron
reactivos por más de un año).... En fin, uno pasa del llanto y el
agradecimiento a la bronca y la impotencia frente a la debilidad con que
se toma este tema.
Brescia nos acompañó y estuvo sumamente respetuoso, solícito, asegurando
que estaba tooodo a disposición para la verdad. Ojos sinceros, emoción
real, ....durará???
Bué, respirar hondo porque cada vez hay más para hacer.
los abrazo ele
Wednesday 26 october 2011
DENUNCIA DEL DR. HELIOS SARTHOU.
"NUEVA MANIOBRA CONSOLIDA LA LEY DE CADUCIDAD”
*“No anulan la Ley de Impunidad, porque no la anulan al decir que esos delitos son de lesa humanidad, no anulan la ley. Entonces, todos los que no han entrado todavía en el juicio, que no han sido procesados, todos esos van a usar esa ley.
*“Entonces, yo creo que hay un intento de sustitución, entregar huesos en lugar de responsabilizar”.
EL ABOGADO y catedrático de Derecho, Helios Sarthou fue enfático en calificar que la nueva maniobra del Gobierno en materia de derechos humanos, respecto a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, es una consolidación de la ley de caducidad.
“Con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres. Entonces, yo creo que hay un intento de sustitución, entregar huesos en lugar de responsabilizar”.
Sarthou en entrevista en Mañanas de Radio, matutino que se emite por Radio Centenario, explico las consecuencias que tendría esta nueva ley “Los que están presos van a tener las consecuencias de esa declaración que no les permite salir. Pero los que no están todavía esos se van a amparar sosteniendo que no se puede dictar una ley mas negativa lo dice el Código Penal de la que tenían cuando ellos hicieron los delitos ”.
El proyecto de ley que prevé la calificación de los delitos cometidos en dictadura como delitos de les humanidad se votara con los votos del oficialismo este martes 25 en la Cámara de Senadores. “Con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres” afirmo Sarthou.
Ademas señalo que en materia de el régimen de prescripciones de este tipo de delito existe toda una normativa internacional, inaugurada a partir de los años 70, que obligan al Estado uruguayo a calificar a dichos delitos como de lesa humanidad y cuyas penas no prescribirían ante el paso del tiempo: “Yo, por ejemplo, he planteado muchas veces que el principio de imprescriptibilidad fue puesto por las Naciones Unidas en el año 70, antes de que pasara todo lo que paso, nunca podían haber ido los jueces a procesar como si fuera nada mas que un homicidio común, eso es brutal. Pero Amnistía Internacional saco una resolución en que les dijo que los miembros de la Suprema Corte habían violado el derecho internacional y a nadie se le mueve un pelo”.
“Son delitos de lesa humanidad, porque eso lo declaro también las Naciones Unidas en ese mismo año 70 prohibiendo que se dictara la ley de Impunidad. La ley que se dicto acá violo ese principio establecido. Y todavía hay una resolución 3074 de Naciones Unidas que prohíbe que cualquiera haga, no solo normas como la que se hizo acá, sino ademas otros medios, por eso los referéndum tampoco se podían haber hecho. Lo que hicieron fue poner los ojos en blanco algunos allí, cuento del tío. Entonces, el derecho internacional humanitario predomina sobre el derecho nacional, eso es una norma fundamental, como lo ha demostrado claramente la Amnistía Internacional”.
Es importante recordar que la responsabilidad de catalogar a los delitos cometidos durante la dictadura como delitos comunes no es solo de el Poder Judicial, el Parlamento podían haber iniciado el mecanismo de juicio político (previsto en la Constitución) contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia; esto obviamente no se hizo pues el progresismo tiene el compromiso no ir a fondo en materia de derechos humanos.
“No anulan la Ley de Impunidad, porque no la anulan al decir que esos delitos son de lesa humanidad, no anulan la ley. Entonces, todos los que no han entrado todavía en el juicio, que no han sido procesados, todos esos van a usar esa ley.
Habían pensado en derogarla pero era muy grueso porque notoriamente era para adelante. Entonces, no dicen nada, hacen esa declaración y no anulan la ley”.
Para Sarthou no se puede dejar de lado en esta materia que el accionar del Gobierno, y del oficialismo todo en materia de derecho humanos esta pautado por el pacto político con los militares, prueba de ello fue el bochorno que paso con la supuesta derogacion de la ley de caducidad. También se refirió a los recientes sucesos de hallazgo de restos humanos en el Batallón No 14“ La política que esta pensada y expuesta por Mujica es: demosle los huesos para que lloren a sus muertos pero yo estoy dispuesto a conmutar la pena. Lo dijo, lo publico... Que no iba a meter a nadie preso y que conmutaba la pena
Bueno, Huidobro que dijo que el no iba a declarar nada si le preguntaba un juez. Eso no lo puede hacer un ministro, es un delito”.
De "La Juventud"-tomado de Atea y Sublevada
En cada rincón del país
MALDONADO: DENUNCIAS SOBRE ABUSOS
26.10.2011 09:10
La Coordinadora por Verdad y Justicia de Maldonado presentará este jueves 20 denuncias de abusos cometidos durante la dictadura. La vocera del grupo, Nilsa Caramés, dijo a Montevideo Portal que "Maldonado se convirtió en un centro de impunidad de ex militares, policías y colaboradores de la dictadura cívico-miliar".
La Coordinadora por Verdad y Justicia de Maldonado entregará este jueves 20 denuncias de abusos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Nilsa Caramés, vocera de la Coordinadora por Verdad y Justicia, dijo a Montevideo Portal que "la propuesta llegó desde Montevideo, y comenzó el 15 de octubre con la presentación de denuncias masivas de delitos de lesa humanidad. El jueves 27 nos encontramos frente a la Seccional 1º de Maldonado para presentar las primeras denuncias de personas que se sintieron agraviadas o sobre las cuales se cometieron. Padres, hijos y abuelos ya fallecidos. Pensamos que va a ser una movida considerable y el objetivo es romper la impunidad. Poner cara a personas que la pasaron muy mal durante muchos años con secuelas físicas y psíquicas hasta hoy. Son delitos que van desde apropiarse de materiales que nunca fueron devueltos, hasta la desaparición de personas".
Según información que publica FM Gente de Maldonado, "la Coordinadora por Verdad y Justicia ha convocado a todos aquellos cuyos derechos fueron avasallados por la dictadura cívico-militar que soportó nuestro país, a denunciar los delitos cometidos en el transcurso de esa época. Es por ello que este Jueves 27 a partir de las 17hs se concentrarán en la Plaza San Fernando de Maldonado para entregar, en la comisaría de la seccional 1ra, las primeras de una serie de denuncias de delitos aun impunes".
Caramés explicó a Montevideo Portal que las denuncias no fueron presentadas antes, "porque en realidad muchos de los que fueron víctimas en ese momento consideraban que lo sucedido era mínimo con respeto a las desapariciones forzadas. Luego de tanto tiempo es necesario rever la situación de la historia reciente. Es fundamental que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder".
La vocera de la Coordinadora por Verdad y Justicia de Maldonado, subrayó que muchas de las personas que cometieron esos supuestos abusos, "viven hasta el día de hoy en el departamento".
"Maldonado se convirtió en un centro de impunidad de ex militares, policías y colaboradores de la dictadura cívico-miliar. Es una violación constante, cruzarse en la calle con los torturadores. Es normal escuchar sus voces, caminando por la calle entre nosotros", destacó Caramés.
Montevideo Portal
rana 059
Västerås, Suecia
Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden determinar que se de cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los delitos de la dictadura no prescriban el próximo 1º de noviembre. El Poder Ejecutivo mira para otro lado, aunque algunos de sus voceros reclaman una acción sobre el problema. El Parlamento no inicia el debate de seis proyectos de ley al respecto. Y las organizaciones sociales se movilizan en foros y actividades que incluyen una denuncia masiva de aquellos crímenes en seccionales policiales.
Cinco ciudadanos uruguayos tienen en sus manos la posibilidad de impedir que la comunidad internacional condene al país por incumplir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cual se obliga al Estado uruguayo a juzgar los crímenes cometidos en los años de la dictadura, más allá de la Ley de Caducidad y sin que “ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
Los abogados Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez y Jorge Omar Chediak González, (ver nota adjunta) actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, aparece como las únicas autoridades del Estado uruguayo con el poder de resolver una encrucijada que el Poder Ejecutivo sólo podría intentar solucionar a través de un proyecto de ley que el Poder Legislativo sumaría a otras seis propuestas ya planteadas sobre el tema, las cuales no prometen alcanzar los consensos necesarios ni la voluntad política, aún dentro del propio partido de gobierno, para ser aprobadas.
A sólo 24 días de la fecha límite del 1º de noviembre, la sociedad civil es la única que aparece en movimiento a través de diversos encuentros, foros, seminarios y charlas, convocadas por organizaciones no gubernamentales, en las que juristas y especialistas nacionales e internacionales advierten sobre la prevalencia del derecho penal internacional frente a las normas internas de los Estados y proponen soluciones que, aún cuando obtuvieran las mayorías de votos en el Parlamento y fueran promulgadas por el Presidente y su Consejo de Ministros, terminaría derivando, por recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia.
El 16 de octubre de 2009, solo días antes de que se plebiscitara la anulación de la Ley de Caducidad junto a las elecciones nacionales, los mismos cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia consideraron inconstitucional la polémica ley para el caso de homicidio de Nibia Sabalsagaray en 1974. Los cinco ministros coincidieron entonces con los pronunciamientos que contra la Ley 15.848 realizaron a su pedido el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El fallo corregía dos pronunciamientos anteriores del máximo órgano judicial y parecía constituir un cambio en la conservadora doctrina uruguaya.
Sin embargo, un año y medio más tarde, los mismos cinco ministros se opusieron a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze y rechazaron su pedido de modificar la tipificación realizada por el juez penal Luis Charles, quien había condenado por “homicidio muy especialmente agravado” a los militares y policías implicados en el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba y otra veintena de compatriotas secuestrados en Buenos Aires, trasladados a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” de Orletti y ejecutados en territorio nacional para enterrar sus cuerpos en tumbas clandestinas que aún no han sido identificadas. Guienze pedía que se tipificara como un delito de desaparición forzada. Un crimen de lesa humanidad imprescriptible.
El fallo contra Guianze encendió el cronómetro de la prescripción. Con su decisión, los cinco ministros de la Corte determinaron que el 1º de noviembre de 2011 los delitos más graves cometidos por la dictadura pudieran prescribir. El sistema jurídico uruguayo había admitido que el plazo de prescripción comenzara a contabilizarse desde el 1º de marzo de 1985 cuando el país volvió a la institucionalidad democrática y el Código Penal establece que esos delitos prescriben a los veinte años, tiempo que puede ampliarse en un tercio por la gravedad del crimen. Veintiséis años y ocho meses pasó a ser entonces el tiempo de una prescripción que vencería a fin de mes.
La propia fiscal Guianze fue la primera en advertir el riesgo de la prescripción cuando hace un año declaró como testigo en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó contra el Estado uruguayo por incumplir con las convenciones internacionales que otorgan a Juan y Macarena Gelman el derecho a la justicia en el caso de secuestro y desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman. La Corte de la OEA finalmente condenó a Uruguay, exigiéndole que ni la ley de caducidad ni ninguna otra norma impidiera que en el caso Gelman o en otros de violación a los derechos humanos se impidiera la instrucción judicial y el castigo de los responsables.
Sin embargo, los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya reiteraron, a pesar de la condena sobre el Estado uruguayo, su obstinada decisión contra Guianze. Una posición que no habían tenido cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado la liberación de los hermanos Peirano porque se les mantenía presos sin condena. Los Peirano fueron rápidamente liberados y su proceso judicial continuó hasta el polémico incidente en el que el Parlamento terminó por derogar el delito que se les tipificaba. Los cinco magistrados ahora, no parecen haberse dado por enterados del fallo del organismo internacional en el caso Gelman.
Tampoco el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han cumplido con la sentencia de la OEA. El presidente José Mujica se limitó a revocar las decisiones administrativas por las que sus predecesores ampararon casos en la Ley de Caducidad. El Parlamento no logró meses atrás la mayoría de votos para eliminar la Ley 15.848 del ordenamiento jurídico y ahora no termina de iniciar la discusión de seis propuestas legislativas que procuran solucionar al tema: unas proponen modificar el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción, otras establecen que se cumpla la sentencia internacional o que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
Hace una semana durante un foro en Maldonado, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, coincidieron en que debía encontrarse una solución que impidiera la prescripción de los delitos de la dictadura. En el encuentro, donde se analizó la impunidad que aún subsiste en países donde se realizaron procesos de “reconciliación” como Chile, El Salvador, Alemania o Sudáfrica, el juez argentino Daniel Rafecas sostuvo que los períodos de transición habían sido una pérdida de tiempo y que en Argentina cuando se comenzó a eliminar la impunidad se mejoraron los índices de desarrollo económico y social.
El próximo viernes 14 de octubre, la organización Mujeres de Paz, realizará en las instalaciones del IMPO un Foro sobre “Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” en el que, con la participación del propio presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, expondrán el chileno Roberto Garretón (Comisión Interamericana de Juristas), la española Soledad García Muñoz (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y los argentinos Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires), Liliana Tojo (CEJIL), Víctor Abramovich (Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur), Pablo Parenti (Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos) y Gastón Chillier (CELS), además de Renzo Pomi (Aministía Internacional) y Cecilia Medina (Universidad de Chile), entre otros.
El mismo día, se prevé una concentración frente al Calen (Bulevar Artigas y Palmar) para denunciar el local donde operó el Servicio de Información y Defensa (SID) que iba a ser transformado en un centro para la memoria. Y para el 15 de octubre, esta prevista la realización de una acción ciudadana masiva contra los delitos de la dictadura, que serán presentados en seccionales policiales según lo que se establece en la Ley de Procedimiento Policial, por la que cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar un delito cuando tiene conocimiento suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción. La movilización, impulsada por organizaciones juveniles, planteará en las comisarías que existieron robos de niños, desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones, para que se de conocimiento a la justicia
Daniel Gutiérrez Proto nació en Montevideo el 17 de diciembre de 1945. Se graduó como abogado en 1972 y de inmediato ingresó al Poder Judicial como juez de Paz en Canelones. En 1974 pasó a Maldonado y un año después fue ascendido a juez letrado en Salto. En 1977 fue nombrado juez de instrucción penal en Montevideo hasta 1981 cuando llegó al juzgado letrado civil de 7º turno. En 1988 pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, donde permaneció catorce años, hasta integrar la Suprema Corte de Justicia en 2002. Fue presidente del organismo en 2005.
Jorge Ruibal Pino nació en Montevideo el 6 de junio de 1945. Se recibió de abogado en 1975, pero comenzó su carrera en el Ministerio Público, donde fue fiscal letrado de Rivera en 1977 y de Carmelo, Colonia, en 1978. Ingresó entonces al Poder Judicial, en el juzgado letrado de Colonia hasta 1980 cuando pasó a Maldonado. Un año después llegó a ser juez letrado penal en Montevideo por ocho años, hasta ser nombrado en el juzgado letrado civil de 2º turno. En 1991 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno, luego pasó a 3º turno y finalmente a 1º turno. En 2007 se integró a la Suprema Corte de Justicia, donde ejerció la presidencia en 2008.
Jorge Tomás Larrieux Rodríguez nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1946. Egresó de la Facultad de Derecho en 1978 y en abril de 1980 ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el departamento de Colonia. Transitó por Florida y Maldonado, hasta que en 1982 pasó a ocupar juzgados letrados en Salto (1982), Tacuarembó (1984), Maldonado (1984) y Durazno (1986). En 1987 se constituyó en secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. En 1992 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno donde se mantuvo por quince años. Fue designado ministro de la Suprema Corte en 2008 y ocupó la presidencia del organismo en 2009.
Jorge Omar Chediak González celebra hoy sesenta años de vida. Recibido de abogado se integró al Poder Judicial en 1978 y se desempeñó como juez de paz de Juan Lacaze, en Durazno y en Maldonado. Fue juez letrado en Salto y Maldonado hasta llegar a Montevideo en 1984 como juez de familia. En 1993 ascendió a ministro de apelaciones de familia y luego en el Tribunal de lo civil de 2º turno, donde se mantuvo durante 16 años. En setiembre de 2009 sustituyó a Hipólito Rodríguez Caorsi en la Suprema Corte de Justicia, donde fue redactor del fallo de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso Nibia Sabalsagaray.
Leslie Van Rompaey Servillo nació el 21 de diciembre de 1946 en Montevideo. Abogado desde 1975, ingresó entonces al Poder Judicial como juez de paz en Colonia. Pasó por Cerro Largo y en 1977 ascendió a juez letrado en Rivera (1977), Florida (1978), Maldonado (1979). En 1980 llegó a Montevideo, primero como juez de instrucción penal y luego en el juzgado civil de 14º turno. En 1986 le designan en el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º turno, donde se desempeña durante quince años. En 2001 asumió como ministro de la Suprema Corte que presidió en 2005 y en la actualidad. Fue el único que argumentó por la tipificación de crimen de lesa humanidad en el Caso Soba.
Uruguay ||| Decisión de cinco
PRESCRIPCIÓN: EJECUTIVO CALLADO, PARLAMENTO QUIETO Y EL ABAJO QUE SE MUEVE ROGER RODRIGUEZ rogerrodriguez@adinet.com.uy Caras y Caretas
Blog El Muerto ||| Roger Rodriguez | Para Kaos en la Red | 11-10-2011 a las 10:56
Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden determinar que se de cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los delitos de la dictadura no prescriban el próximo 1º de noviembre. El Poder Ejecutivo mira para otro lado, aunque algunos de sus voceros reclaman una acción sobre el problema. El Parlamento no inicia el debate de seis proyectos de ley al respecto. Y las organizaciones sociales se movilizan en foros y actividades que incluyen una denuncia masiva de aquellos crímenes en seccionales policiales.
Los abogados Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez y Jorge Omar Chediak González, (ver nota adjunta) actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, aparece como las únicas autoridades del Estado uruguayo con el poder de resolver una encrucijada que el Poder Ejecutivo sólo podría intentar solucionar a través de un proyecto de ley que el Poder Legislativo sumaría a otras seis propuestas ya planteadas sobre el tema, las cuales no prometen alcanzar los consensos necesarios ni la voluntad política, aún dentro del propio partido de gobierno, para ser aprobadas.
A sólo 24 días de la fecha límite del 1º de noviembre, la sociedad civil es la única que aparece en movimiento a través de diversos encuentros, foros, seminarios y charlas, convocadas por organizaciones no gubernamentales, en las que juristas y especialistas nacionales e internacionales advierten sobre la prevalencia del derecho penal internacional frente a las normas internas de los Estados y proponen soluciones que, aún cuando obtuvieran las mayorías de votos en el Parlamento y fueran promulgadas por el Presidente y su Consejo de Ministros, terminaría derivando, por recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia.
El fallo contra Guianze
El 16 de octubre de 2009, solo días antes de que se plebiscitara la anulación de la Ley de Caducidad junto a las elecciones nacionales, los mismos cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia consideraron inconstitucional la polémica ley para el caso de homicidio de Nibia Sabalsagaray en 1974. Los cinco ministros coincidieron entonces con los pronunciamientos que contra la Ley 15.848 realizaron a su pedido el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El fallo corregía dos pronunciamientos anteriores del máximo órgano judicial y parecía constituir un cambio en la conservadora doctrina uruguaya.
Sin embargo, un año y medio más tarde, los mismos cinco ministros se opusieron a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze y rechazaron su pedido de modificar la tipificación realizada por el juez penal Luis Charles, quien había condenado por “homicidio muy especialmente agravado” a los militares y policías implicados en el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba y otra veintena de compatriotas secuestrados en Buenos Aires, trasladados a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” de Orletti y ejecutados en territorio nacional para enterrar sus cuerpos en tumbas clandestinas que aún no han sido identificadas. Guienze pedía que se tipificara como un delito de desaparición forzada. Un crimen de lesa humanidad imprescriptible.
El fallo contra Guianze encendió el cronómetro de la prescripción. Con su decisión, los cinco ministros de la Corte determinaron que el 1º de noviembre de 2011 los delitos más graves cometidos por la dictadura pudieran prescribir. El sistema jurídico uruguayo había admitido que el plazo de prescripción comenzara a contabilizarse desde el 1º de marzo de 1985 cuando el país volvió a la institucionalidad democrática y el Código Penal establece que esos delitos prescriben a los veinte años, tiempo que puede ampliarse en un tercio por la gravedad del crimen. Veintiséis años y ocho meses pasó a ser entonces el tiempo de una prescripción que vencería a fin de mes.
Proscribir la prescripción
La propia fiscal Guianze fue la primera en advertir el riesgo de la prescripción cuando hace un año declaró como testigo en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó contra el Estado uruguayo por incumplir con las convenciones internacionales que otorgan a Juan y Macarena Gelman el derecho a la justicia en el caso de secuestro y desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman. La Corte de la OEA finalmente condenó a Uruguay, exigiéndole que ni la ley de caducidad ni ninguna otra norma impidiera que en el caso Gelman o en otros de violación a los derechos humanos se impidiera la instrucción judicial y el castigo de los responsables.
Sin embargo, los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya reiteraron, a pesar de la condena sobre el Estado uruguayo, su obstinada decisión contra Guianze. Una posición que no habían tenido cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado la liberación de los hermanos Peirano porque se les mantenía presos sin condena. Los Peirano fueron rápidamente liberados y su proceso judicial continuó hasta el polémico incidente en el que el Parlamento terminó por derogar el delito que se les tipificaba. Los cinco magistrados ahora, no parecen haberse dado por enterados del fallo del organismo internacional en el caso Gelman.
Tampoco el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han cumplido con la sentencia de la OEA. El presidente José Mujica se limitó a revocar las decisiones administrativas por las que sus predecesores ampararon casos en la Ley de Caducidad. El Parlamento no logró meses atrás la mayoría de votos para eliminar la Ley 15.848 del ordenamiento jurídico y ahora no termina de iniciar la discusión de seis propuestas legislativas que procuran solucionar al tema: unas proponen modificar el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción, otras establecen que se cumpla la sentencia internacional o que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
El abajo que se mueve…
Hace una semana durante un foro en Maldonado, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, coincidieron en que debía encontrarse una solución que impidiera la prescripción de los delitos de la dictadura. En el encuentro, donde se analizó la impunidad que aún subsiste en países donde se realizaron procesos de “reconciliación” como Chile, El Salvador, Alemania o Sudáfrica, el juez argentino Daniel Rafecas sostuvo que los períodos de transición habían sido una pérdida de tiempo y que en Argentina cuando se comenzó a eliminar la impunidad se mejoraron los índices de desarrollo económico y social.
El próximo viernes 14 de octubre, la organización Mujeres de Paz, realizará en las instalaciones del IMPO un Foro sobre “Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” en el que, con la participación del propio presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, expondrán el chileno Roberto Garretón (Comisión Interamericana de Juristas), la española Soledad García Muñoz (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y los argentinos Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires), Liliana Tojo (CEJIL), Víctor Abramovich (Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur), Pablo Parenti (Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos) y Gastón Chillier (CELS), además de Renzo Pomi (Aministía Internacional) y Cecilia Medina (Universidad de Chile), entre otros.
El mismo día, se prevé una concentración frente al Calen (Bulevar Artigas y Palmar) para denunciar el local donde operó el Servicio de Información y Defensa (SID) que iba a ser transformado en un centro para la memoria. Y para el 15 de octubre, esta prevista la realización de una acción ciudadana masiva contra los delitos de la dictadura, que serán presentados en seccionales policiales según lo que se establece en la Ley de Procedimiento Policial, por la que cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar un delito cuando tiene conocimiento suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción. La movilización, impulsada por organizaciones juveniles, planteará en las comisarías que existieron robos de niños, desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones, para que se de conocimiento a la justicia
SUPREMOS MINISTROS
Jorge Ruibal Pino nació en Montevideo el 6 de junio de 1945. Se recibió de abogado en 1975, pero comenzó su carrera en el Ministerio Público, donde fue fiscal letrado de Rivera en 1977 y de Carmelo, Colonia, en 1978. Ingresó entonces al Poder Judicial, en el juzgado letrado de Colonia hasta 1980 cuando pasó a Maldonado. Un año después llegó a ser juez letrado penal en Montevideo por ocho años, hasta ser nombrado en el juzgado letrado civil de 2º turno. En 1991 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno, luego pasó a 3º turno y finalmente a 1º turno. En 2007 se integró a la Suprema Corte de Justicia, donde ejerció la presidencia en 2008.
Jorge Tomás Larrieux Rodríguez nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1946. Egresó de la Facultad de Derecho en 1978 y en abril de 1980 ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el departamento de Colonia. Transitó por Florida y Maldonado, hasta que en 1982 pasó a ocupar juzgados letrados en Salto (1982), Tacuarembó (1984), Maldonado (1984) y Durazno (1986). En 1987 se constituyó en secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. En 1992 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno donde se mantuvo por quince años. Fue designado ministro de la Suprema Corte en 2008 y ocupó la presidencia del organismo en 2009.
Jorge Omar Chediak González celebra hoy sesenta años de vida. Recibido de abogado se integró al Poder Judicial en 1978 y se desempeñó como juez de paz de Juan Lacaze, en Durazno y en Maldonado. Fue juez letrado en Salto y Maldonado hasta llegar a Montevideo en 1984 como juez de familia. En 1993 ascendió a ministro de apelaciones de familia y luego en el Tribunal de lo civil de 2º turno, donde se mantuvo durante 16 años. En setiembre de 2009 sustituyó a Hipólito Rodríguez Caorsi en la Suprema Corte de Justicia, donde fue redactor del fallo de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso Nibia Sabalsagaray.
Leslie Van Rompaey Servillo nació el 21 de diciembre de 1946 en Montevideo. Abogado desde 1975, ingresó entonces al Poder Judicial como juez de paz en Colonia. Pasó por Cerro Largo y en 1977 ascendió a juez letrado en Rivera (1977), Florida (1978), Maldonado (1979). En 1980 llegó a Montevideo, primero como juez de instrucción penal y luego en el juzgado civil de 14º turno. En 1986 le designan en el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º turno, donde se desempeña durante quince años. En 2001 asumió como ministro de la Suprema Corte que presidió en 2005 y en la actualidad. Fue el único que argumentó por la tipificación de crimen de lesa humanidad en el Caso Soba.
No hubo acuerdo y reunión con metalúrgicos sigue mañana
Mientras tanto, la huelga metalúrgica con ocupaciones se mantiene. Los "cantones", según los trabajadores, o "piquetes", como los denominan los empresarios, siguen en más de 70 plantas. |
| Fotógrafo: Darwin Borrelli. |
La reunión tripartita para destrabar el conflicto de los trabajadores metalúrgicos no alcanzó un acuerdo hoy y continuará mañana en la sede del Ministerio de Trabajo desde las 11 horas.
El dirigente del sindicato de metalúrgicos (Untmra), Marcelo Abdala, dijo a EL PAÍS digital que se trata de una negociación "difícil". "La reunión de ayer siguió hoy, pero no terminó y sigue mañana. La salida (al conflicto) no es fácil", remarcó el sindicalista, quien agregó que en las reuniones "hay intereses de clase", pero se dan "en un clima de respeto".
Mientras tanto, la huelga metalúrgica con ocupaciones se mantiene. Los "cantones", según los trabajadores, o "piquetes", como los denominan los empresarios, siguen en más de 70 plantas.
Abdala enfatizó en que para llegar a un arreglo debe "estar acordado todo el paquete" de reclamos de los trabajadores.
El dirigente de la Untmra indicó, luego de la primera reunión realizada ayer , que el sindicato mantiene sus reivindicaciones y subrayó que "un peón no puede seguir ganando apenas $ 8.000 por mes".
El dirigente del sindicato de metalúrgicos (Untmra), Marcelo Abdala, dijo a EL PAÍS digital que se trata de una negociación "difícil". "La reunión de ayer siguió hoy, pero no terminó y sigue mañana. La salida (al conflicto) no es fácil", remarcó el sindicalista, quien agregó que en las reuniones "hay intereses de clase", pero se dan "en un clima de respeto".
Mientras tanto, la huelga metalúrgica con ocupaciones se mantiene. Los "cantones", según los trabajadores, o "piquetes", como los denominan los empresarios, siguen en más de 70 plantas.
Abdala enfatizó en que para llegar a un arreglo debe "estar acordado todo el paquete" de reclamos de los trabajadores.
El País Digital
Alberto Marino, Roberto Franano, Gerardo Gatti, León Duarte, Ruben Barcos, Carlos Molina, Roberto Larrasq, Elvia Leytes, Washinton Perez, Ciriaco Morales, Ricardo Barcia.
La segunda etapa de FAU: Gustavo Inzaulrralde, Elena Quinteros, Hugo Cassariego, Alberto Mechoso, Idilio De León, Justo Pilo, Heber Nieto, Jacinto Ferreira.
Acto - 55 años federación Anarquista uruguaya
federación Anarquista uruguaya.
55 años por el Socialismo y la Libertad.
Fundada en 1956, la federación Anarquista uruguaya ha sostenido una propuesta de Anarquismo, de militancia, renovada y renovadora, aportando elementos de debate tanto en lo teórico como en lo político, todo ello en el claro marco de nociones, ideología, que el Anarquismo históricamente ha generado. Hija de una trayectoria de lucha, de diversas corrientes del torrente libertario en el mundo, recoge específicamente en Uruguay las enseñanzas, experiencias, recomendaciones, de aquellos que conformaron un más que rico caudal de luchas, historias, que han conformado, y conforman nuestra organización y nuestra propuesta: el Anarquismo Especifista.
En el marco de nuestros 55 años de vida realizaremos el día viernes 28 de octubre una mesa redonda, taller de debate, sobre el Anarquismo en América y la construcción del Poder Popular a las 20 hs en nuestro local centra en las calles Magallanes y La Paz (Montevideo). Participarán la Federación Anarquista Gaúcha (Porto Alegre), FARJ (Río de Janeiro), OASL (San Pablo), FACA (Argentina), compañeros de España.
Como actividad central se llevará a cabo el “Acto 55 aniversario” en el Teatro Stella, el día sábado 29 de octubre a las 20 hs en las calles Tristán Narvaja esquina Mercedes. Allí se abordará nuestra propuesta para el presente, nuestra historia, nuestra crítica.
En ambas actividades de conmemoración del 55 aniversario contaremos con la participación de compañeros en representación de un varias organizaciones de diversos puntos de Brasil, España, Argentina, Chile, confirmando que hay una propuesta que no está sola, y que es clara heredera, y continuadora de tantos admirables luchadores y revolucionarios del mundo.
Hoy, y más que nunca, Arriba los que luchan!!!
federación Anarquista uruguaya.
55 años – Algunas rápidas consideraciones generales acerca de quienes somos y lo que hoy queremos.
Algunas rápidas consideraciones generales acerca de quienes somos
y lo que hoy queremos.
La visión que del anarquismo propugna la FAU se constituye en torno a una crítica de las relaciones de dominación en todas las esferas del quehacer social (políticas, económicas, jurídicas, militares, educacionales, culturales, etc.), crítica que se redefine permanentemente según la sociedad y el momento histórico concreto en que tiene lugar.
Al mismo tiempo es un proyecto de sociedad distinta basada en otras relaciones sociales y valores. En su accionar práctico, el anarquismo se destacó especialmente como parte de las luchas y realizaciones de un sector del movimiento obrero internacional. Fue activo también en diversas luchas reivindicativas y revolucionarias. Ejemplo de esto es la fuerte participación de militantes anarquistas en la Revolución Española. Lugar donde plasmó anarquismo real a nivel del funcionamiento global de regiones enteras. Experiencias sociales de envergadura merecen tener un estudio de funcionamiento más a fondo, comola Insurrecciónde los Campesinos de Ucrania, los levantes del Magonismo en México,la Juntade Aragón enla Revolución Españolaya nombrada así como otros eventos de nuestra historia.
El proyecto revolucionario anarquista es consecuencia lógica de la crítica y de nuestras aspiraciones de una forma nueva de convivencia entre los seres humanos.
El anarquismo como crítica del capitalismo y de su estado que se presenta ficticiamente como poder separado y por encima de la sociedad, como crítica de la burguesía y de la burocracia, como crítica de la dominación y el autoritarismo deviene necesariamente en actitud de lucha y en las luchas sociales de las clases oprimidas encuentra su razón.
Nuestra crítica y nuestro proyecto no se agotan en el levantamiento, la protesta y la rebelión sino que maduran en un modelo de sociedad libertaria inconfundiblemente socialista, en una estrategia de ruptura revolucionaria y en un estilo militante combativo y de agitación permanente en dirección a las transformaciones sociales en gran escala. Este proyecto se canaliza a través de la organización revolucionaria específica y es por tanto, lucha organizada.
Entendemos una forma de relación en la sociedad, una relación que haga compatible lo individual en el marco de lo colectivo. Y al mismo tiempo, entendemos la libertad como basada en la responsabilidad y no en la coacción. Por ello entendemos el reino de la libertad como un responsable y permanente esfuerzo de trabajo, autodisciplina y conciencia. Con un posicionamiento individual donde la carga de valores agregados sea basada en la iniciativa, el autodidatismo, la participación y la necesaria agresividad política para implementar y defender las ideas y formas más socializadoras de la vida.
Realizar en términos sociales e históricos concretos los principios y valores fundamentales del pensamiento libertario, nos lleva de la mano al problema político: a la ruptura del sistema actual y creación de otro orden social.
En nuestra concepción no tiene, afirmemos que ese proceso debe ser ejercido y realizado desde los órganos reales y básicos de la sociedad que no debe ser monopolio del estado, pero que tampoco debe estar supeditado, dependiente, de partido político alguno. Debe basarse hoy en la producción de poder popular.
Es totalmente político porque lo que lo nuestra Organización plantea es un proceso que haga viable la más posible de las socializaciones en todas las esferas del quehacer colectivo. Una socialización que incluye los medios de producción, distribución, crédito e intercambio y al mismo tiempo, la socialización del poder político, de la educación, de la administración de justicia, de las organizaciones de defensa, de las fuentes del saber y la información. La supresión de la dominación en las diferentes esferas.
Este proyecto que es al mismo tiempo la supresión de toda estructura, mecanismo, dispositivo, al servicio de clases y/o grupos dominantes nos parece como el camino de concreción histórica de nuestros principios
Este proyecto que es al mismo tiempo la supresión de toda estructura, mecanismo, dispositivo, al servicio de clases y/o grupos dominantes nos parece como el camino de concreción histórica de nuestros principios
Parala FAU reintegrar a la sociedad el poder político es sustituir al estado y al gobierno en sus funciones tutelares y habitualmente represivas. En su rol de “pieza” articulada a un sistema de dominación.
Es socializar los mecanismos de expresión y decisión que deben serle propios al pueblo (Comuna, sociedad) e ir abandonando los mecanismos de represión y coacción violenta en beneficio de relaciones de convivencia asentadas en la libertad responsable y el compromiso emanado de una real participación. Participación para producir todas las funciones que una sociedad necesita a la altura en que se encuentra su desarrollo.
En términos de realización libertaria esto quiere decir que el poder político asume la forma de una democracia directa, ejercida desde las instituciones de base y las instancias generales por donde tienen que pasar las decisiones fundamentales de ésta sociedad que las expresan. O sea, la instalación de un Poder Popular.
Por esto pensamos una democracia distinta a la meramente representativa. Por democracia directa pensamos en una nueva institucionalidad, donde no haya lugar a ningún género de privilegios, sean estos económicos, sociales o políticos. En una institucionalidad donde la revocabilidad de los miembros este inmediatamente asegurada y donde por lo tanto, no haya espacio a la habitual irresponsabilidad política que caracteriza a la democracia representativa, ni a la creación de esa casta que ya tanta gente llaman con desdén: “los políticos”.
Una práctica y una institucionalidad que debe reflejar el derecho y las obligaciones de todos los miembros de la sociedad. Su derecho a ser elegido y elector, y también su obligación a rendir cuentas en forma efectiva, práctica, cotidiana. Y esto debe ser válido tanto para las instancias más amplias de la globalidad social, como también para las instancias de base. De esta forma es que concebimos la democracia, como una construcción, un quehacer y una voluntad colectivas que no tienen límites en el tiempo. Nuestra visión política de la sociedad no es el fin de la historia ni la terminación de ciertos conflictos. Es su continuación en la forma más armónica, libre, justa y responsable posibles.
¿En que contexto debe desenvolverse nuestro proyecto político?. Nuestras aspiraciones están totalmente enfrentadas a una sociedad de seres disciplinados, pasivos, regimentados, uniformes y obedientes. Pero nuestro accionar político debe enfrentarse a situaciones históricas concretas en las que encontrará los efectos de siglos de dominación y la constitución, especialmente en los últimos tiempos, de conformación de muchos segmentos distintos de ideología, de colectivos sociales, emanados, principalmente, de la fragmentación y en consonancia con la etapa que hoy atraviesa el sistema.
El fracaso del socialismo que quería ser real, muestra una vez más que la utopía de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la participación efectiva, es el alimento necesario para la esperanza, una herramienta imprescindible en la lucha de liberación.
La humanidad no ha vivido ni vivirá sin esperanzas. Es cierto que el escepticismo parece invadir algunas zonas del mundo, que el hedonismo individualista pretende erigirse en creencia. Pero frente a los sistemas cerrados, despóticos, autoritarios, sembradores de miseria y desesperanza, reaparece una y otra vez, con distintas formas, la resistencia.
La humanidad no ha vivido ni vivirá sin esperanzas. Es cierto que el escepticismo parece invadir algunas zonas del mundo, que el hedonismo individualista pretende erigirse en creencia. Pero frente a los sistemas cerrados, despóticos, autoritarios, sembradores de miseria y desesperanza, reaparece una y otra vez, con distintas formas, la resistencia.
Facticamente tenemos que entre las clases oprimidas existe una situación y una condición común que puede hacer posibles solidaridades y proyectos que desbordan los particularismos, también las fronteras nacionales y culturales.
Al mismo tiempo tenemos la existencia de particularismos que actúan como elementos enriquecedores de la realidad social y que establecen mayor complejidad para la acción conjunta. Con esto solo queda enunciado un tema, que esta diversidad tiene que hacer causa común, generar grados de lucha común para constituirse como fuerza de cambio.
Al mismo tiempo tenemos la existencia de particularismos que actúan como elementos enriquecedores de la realidad social y que establecen mayor complejidad para la acción conjunta. Con esto solo queda enunciado un tema, que esta diversidad tiene que hacer causa común, generar grados de lucha común para constituirse como fuerza de cambio.
La acción directa. El método de actuación político-social preconizado por el movimiento anarquista ha sido y es la acción directa. Si bien la acción directa es automáticamente relacionada con el empleo de formas violentas de resistencia y lucha, el concepto engloba una mayor riqueza de contenido. Fundamentalmente se trata de hacer prevalecer el protagonismo de las organizaciones populares, bregando por la menor mediación posible y asegurando que la necesaria mediación no implique el surgimiento de centros de decisión separados de los interesados. En ese sentido, la acción directa es la consecuencia lógica de nuestros objetivos finales. Puesto que la gestión directa de las diversas ramas del quehacer social es la meta. En rigor y coherencia sólo la acción directa puede ser la metodología que se corresponda con ese objetivo. En tal sentido, la acción directa es el complemento de la democracia directa a la que anteriormente hacíamos referencia.
Los trabajadores y otros sectores oprimidos en la medida que aumenten las posibilidades de una práctica de la acción directa y de la democracia directa, pueden asumir responsablemente la defensa de sus intereses y adquieren la capacidad necesaria para fortalecer su posibilidad de decisión, maduran en la medida en que se hacen cargo de sus aciertos y sus errores asumiéndolos como propios y evitando subordinarse a planteos externos y ajenos que los colocan en situación subalterna.
Los métodos de acción directa deben englobar todos los ámbitos de quehacer social, político, ideológico, cultural, económico, etc. que constituyen la capilaridad y el conjunto de todo el cuerpo social.
Los métodos de acción directa deben englobar todos los ámbitos de quehacer social, político, ideológico, cultural, económico, etc. que constituyen la capilaridad y el conjunto de todo el cuerpo social.
Proceso de poder popular. Si las organizaciones populares de base son constreñidas al papel de auditorio pasivo y de testigo mudo de las iniciativas ajenas, si se establece una diferenciación artificial entre “cuadros” capaces de tomar decisión y “masas” encargadas de la ejecución, bien poco podrá esperarse de esas mismas “masas” a las que se invoca.
La gestación de una conciencia y una voluntad protagónica es una exigencia prioritaria en la medida en que apunta a subvertir las raíces ideológicas y prácticas que la burguesía se ha preocupado escrupulosamente de inculcar a los sectores oprimidos, que por esta vía aceptan como algo “natural” su dominación. El embrutecimiento, la indiferencia, la pasividad, el sentimiento de inferioridad, el fatalismo y la obediencia ciega, que el capitalismo administra y estimula con mentalidad empresarial, son cuestionados en la acción cuando esta nace como la expresión y el reflejo de una voluntad colectiva ejercitada y manifiesta. Produciendo otra cultura desde los mecanismos de autogestión y la resistencia.
La práctica política propiamente dicha. Los puntos desarrollados anteriormente constituyen un rico núcleo metodológico y una guía no desdeñable para la acción revolucionaria. Sin embargo son en sí mismos insuficientes para dar respuestas acabadas en cada momento concreto. Tanto para la acción desde las organizaciones populares de base pero sobre todo para aquella que es propia de la organización específica de los anarquistas, es necesario introducir y desarrollar más el concepto de práctica política.
La práctica política propiamente dicha. Los puntos desarrollados anteriormente constituyen un rico núcleo metodológico y una guía no desdeñable para la acción revolucionaria. Sin embargo son en sí mismos insuficientes para dar respuestas acabadas en cada momento concreto. Tanto para la acción desde las organizaciones populares de base pero sobre todo para aquella que es propia de la organización específica de los anarquistas, es necesario introducir y desarrollar más el concepto de práctica política.
Para nosotros práctica política es toda actividad que tenga por objeto la relación de los explotados y oprimidos con los organismos del poder político, el Estado, el gobierno y sus distintas expresiones. Práctica política es el enfrentamiento con el gobierno como expresión del poder impuesto, la defensa y la ampliación de las libertades públicas e individuales, la capacidad de propuestas que atañen al interés general de la población o a aspectos parciales del mismo. Y práctica política es también la insurrección como instancia de cuestionamiento violento a una situación que queremos cambiar. Práctica política son las propuestas que recogiendo los reclamos populares enfrenten los organismos del poder dominante, presentan soluciones a temas generales y concretos y obligan a aquellos organismos de poder a adoptarlas y hacerlas válidas para el conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, las movilizaciones que amplíen derechos populares. Por supuesto que estas conquistas logradas desde una fuerza social sólo se pueden mantener y ampliar si se cuenta con la fuerza social correspondiente.
En todo ese campo político debemos estar presentes, porque es esa presencia la que nos justifica, día a día, como Organización Política. Porque el rol de una Organización Política no es ni puede ser la de un cenáculo de reflexión o meditación ideológica, de doctrinarismo. Sólo nuestra participación en el drama cotidiano del pueblo justifica nuestra existencia.
Así como hay prácticas políticas reaccionarias, conservadoras, liberales, reformistas, debe haber una práctica política revolucionaria asentada en otras bases.. Y es la presencia en el quehacer político, permanente, con un perfil revolucionario o combativo la que permite ir acumulando las necesarias fuerzas capaces de nutrir un proceso de ruptura.
Un segundo e importante aspecto designado por la práctica política es el que tiene que ver con el análisis concreto de coyunturas políticas concretas y fundamentalmente con lo que de este se deduce, es decir: la relación, disposición y orientaciones de las principales fuerzas en pugna, las líneas fundamentales de agitación en cada etapa y, por lo tanto, los centros fundamentales de accionar de nuestra organización.
Pretendemos ser una expresión política de los intereses de las clases dominadas: oprimidas y explotadas, y se ubica al servicio de las mismas, aspira a ser un pequeño motor de las luchas sociales.
Nuestra visión de la Organización Políticaes contraria a las distintas formas de “vanguardismo”, de “depositores de la conciencia” en fin, de grupos auto-elegidos. La Organización, manteniendo y promoviendo el espíritu de revuelta, asume como propias todas las exigencias presentes y futuras de un proceso revolucionario. Es desde la labor militante organizada, y sólo desde ella que puede promoverse coherentemente y con fuerza redoblada la creación, fortalecimiento y consolidación de las organizaciones populares de base, que constituyen los núcleos del poder popular revolucionario.
La organización política no es una cosa acabada, está sujeta a influencias diversas que van exigiendo adecuaciones. También es una instancia especial de aprendizaje en relación con las luchas sociales con las que articula su accionar.
La organización política no es una cosa acabada, está sujeta a influencias diversas que van exigiendo adecuaciones. También es una instancia especial de aprendizaje en relación con las luchas sociales con las que articula su accionar.
Recuerdo a Compañeros Fundadores.
Publicado en: 1999, Destacados, Lucha Libertaria
Alberto Marino, Roberto Franano, Gerardo Gatti, León Duarte, Ruben Barcos, Carlos Molina, Roberto Larrasq, Elvia Leytes, Washinton Perez, Ciriaco Morales, Ricardo Barcia.
La segunda etapa de FAU: Gustavo Inzaulrralde, Elena Quinteros, Hugo Cassariego, Alberto Mechoso, Idilio De León, Justo Pilo, Heber Nieto, Jacinto Ferreira.
Se termina un milenio, se cierra un ciclo de actividades de nuestra Organización. Una acción político-social de intención revolucionaria que comenzara, en tanto FAU, en octubre de 1956. Una acción que deparó esfuerzos, sacrificios, alegrías y dolores. Que fue hecha con modestia y consecuencia. Donde los dichos fueron acompañados por los hechos. Una acción inserta en las necesidades y anhelos del pueblo trabajador, de todos los de abajo; con la esperanza puesta en un cambio profundo del conjunto de estas estructuras que hoy dan asiento a este ordenamiento social brutal, injusto, opresivo, hecho para el mezquino disfrute de unos pocos y la miseria dolorosa de las grandes multitudes.
Fue la FAU, en estos casi 44 años, una organización política de anarquistas que dijeron presente en la arena de las luchas sociales de un período revuelto y esperanzado. Se planteó participar en un proceso hacia un cambio social profundo y no retaceó esfuerzos en tal tarea,
no fue poco lo que dejó por el camino. Pero junto al dolor estuvo la satisfacción de la honestidad puesta en la acción y de los no despreciables logros parciales. Siempre se supo y se dijo: la lucha es larga y dificil. La generación que la impulsó no esperaba ver concretada su utopía, pero, estaba dispuesta a dar de sí lo que estaba a su alcance. Los hechos hoy certifican que esto fue así.
No se aspiraba a cargos, ni lugares de figuración, ni privilegios futuros, solo a ocupar un puesto en la lucha, con la responsabilidad que la trascendente tarea exigía. Con consecuencia, con principios que alumbraban el camino, procurando no caer en facilismos, con flexibilidad no amorfa, con sentido de la realidad, de las coyunturas presentes, se estuvo ahí en medio de la pelea popular. Muchas veces buscando adecuaciones, creando, tratando de encontrar caminos más fecundos para la acción transformadora.
Acertando a veces, equivocándose otras, como en el intento de aquella Síntesis imposible, que tenía tanto de honestidad como de real imposibilidad de plasmarse, por basarse ella en epistemes incompatibles. Pero, la amplitud generosa desplegada en ese intento es un referente poderoso para seguir en una búsqueda, donde desde una matriz libertaria, se articulen un conjunto coherente de categorías que signifiquen una puesta al día de herramientas militantes que permitan seguir trillando con eficacia ese camino de siempre.
Sí, hay dolor, por muchas de las cosas que sufrió nuestro pueblo, y junto a él está el que sentimos por la ausencia en la lucha de nuestros días de aquellos abnegados militantes, queridos compañeros, que fueron puntales en la formación y desarrollo de nuestra organización.
En este momento, simbólicamente especial, queremos, en un conjunto de aquellos compañeros queridos, recordar una cantidad de esfuerzos militantes, de generosa entrega, de peleas realizadas, de sueños palpitantes, de esperanzas inextinguibles.
Roberto Franano
Militante de la década del 30 en el Gremio gráfico. Una mente abierta a los nuevos acontecimientos y cambios sociales. Su postura no dogmática fue una inspiración para la militancia joven de la FAU. Por su firme militancia quedó en la lista negra de la patronal gráfica y tuvo que poner su “bolichito” para poder sobrevivir. En la linotipo de su taller aprendieron el oficio varios compañeros, entre ellos Gerardo Gatti.
Trató, junto a otros, de formar una FAU en la década del 30. En el trabajo para la formación nuestra FAU lo contó entre sus consecuentes animadores.
Estuvo desde el primer momento a favor de las luchas de liberación que se llevaban a cabo en la década del 60. Igualmente desde el principio en el apoyo crítico a la revolución cubana.
Su experiencia sindical, de trabajo de inserción en el medio popular, así como su concepción de un anarquismo organizado políticamente, fue un factor altamente positivo en la vida interna de nuestra Organización.
Alberto Marino
Militante anarquista desde la década del 30. Trabajador. Autodidacta, escultor reconocido.
Partidario práctico del anarquismo organizado. Hombre de arrimar el hombro a las tareas concretas. Tenía profunda simpatía por los “hombres de acción” del anarquismo del Río de la Plata. Consecuente con esas simpatías. Fue Tesorero de fierro de la Organización durante muchos años. El administró los primeros “volúmenes” importantes de dinero que ayudaron al desarrollo inicial.
Firme, contundente, pero no sectario. No le gustaban las excesivas divagaciones y sabía apreciar una intervención que aportaba. Tampoco gustaba de los incumplimientos y cuando se daban su reproche duro y fraterno se hacía sentir.
Fue de los compañeros que forjaron la FAU, apuntaló actividades variadas con admirable responsabilidad y modestia.
El “Loco” León Duarte
León Duarte, hombre de esa combativa zona del Cerro, más precisamente de Pajas Blancas,
barrio en que hace sus primeras armas como militante sindical en la fábrica de Ferrés. Desde el año 1953 en adelante el gremio de FUNSA lo contará como tenaz y combativo militante. Las tareas de calle, de prensa y propaganda, los comité de huelga contaron con su eficaz presencia. Más tarde como secretario del gremio o como integrante de la Directiva tendrá una labor intensa y fecunda. Su profunda concepción clasista y su decisión de pelea son elementos sobresalientes en su accionar.
Fue detenido, 24 horas, cuando el “Paralelo 38″, lo agarró la represión a la altura de La Teja. Estuvo activo en ese enfrentamiento popular.
Comienza a frecuentar el viejo local de Panaderos de la calle Arequita y el Ateneo Libre del Cerro, dos centros de irradiación libertaria. La formación de la FAU lo cuenta entre sus impulsores. Enriqueció, especialmente, la línea y la acción sindical de nuestra Organización. Tuvo participación activa en la formación y desarrollo de la Resistencia Obrero Estudiantil y la Tendencia. Sufrió prisiones y torturas con total entereza. Su prioridad por el trabajo en el seno de la clase trabajadora fue una constante en su vida militante. Fue activo en muchas huelgas generales y de su gremio. Promovió el enfrentamiento a la dictadura. Hoy figura entre los “desaparecidos” en Argentina.
Alberto Mechoso
Un compañero de extracción obrera. Trabajó en la industria de la carne y fue feriante durante algún tiempo. Jovial e inconformista a un mismo tiempo. Militó en el Ateneo Libre Cerro-La Teja. Estuvo preso por su participación en una expropiación (primer banco expropiado en Uruguay), a su salida se incorporó a FAU. Fue Pocho (que es el sobrenombre con que lo conocían todos los compañeros) pieza fundamental en todo el trabajo organizativo para la formación de la OPR. Aquí volcó su experiencia y decisión. Integró como encargado el primer equipo operativo, con el objetivo de una tarea específica, de acción armada. Realizó, en un principio, con su equipo precursor, expropiaciones bancarias resueltas por la organización, que resultaron vitales para el desarrollo del conjunto de la tarea de FAU. Más adelante participó en diversos operativos de OPR, entre ellos la retención de burgueses por un tiempo. Estuvo preso, fue salvajemente torturado, resistió con entereza y protagonizó una fuga espectacular desde un cuartel. Se reintegró rápidamente a las actividades. Ya en Buenos Aires fue un puntal en la tarea interna y organización de actividades de OPR, entre ellas la que proporcionara finanzas para seguir el combate. Cayó en Buenos Aires, sufrió nuevamente brutales torturas y se cuenta entre los “desaparecidos”.
Pocho, muchacho de barrio, con calle de la buena, autodidacta, lector, modesto y con un profundo sentido de pertenencia a los de abajo dejó una marca imborrable, un mensaje que estará siempre presente. Me gustan los estudiantes...
MOVILIZACIÓN
Estudiantes uruguayos marcharán en rechazo a visita del presidente Piñera
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (/FEUU) realizará una marcha contra el presidente Sebastian Piñera. El mandatario chileno llega hoy a Uruguay y se reunirá con José Mujica.
El secretario de Asuntos Internacionales de la FEUU, Gabriel Bermúdez, dijo a EL PAÍS digital que el "presidente (Sebastian Piñera) representa un modelo social y económico que excluye a las grandes mayorías. Particularmente a la educación."
"El modelo (chileno) sobre la educación plantea una educación para ricos y otra para pobres", agregó Bermúdez.
La movilización se realizará mañana. Los estudiantes planean reunirse en el liceo Bauzá a las 17 horas y después marcharan hasta la residencia de Suárez y Reyes.
Consultado sobre la razón de concentrarse en el polémico liceo, Bermúdez señaló "que no hay una razón especial. Se trata de un centro cercano a la residencia presidencial dónde hay presencia del movimiento estudiantil".
El liceo Bauzá ha sido protagonista de un enfrentamiento entre la directora y las autoridades de gobierno en reclamo de más seguridad para el centro. La semana pasada la directora del liceo, Graciela Bianchi, amenazó con cerrar el centro si no contaba con un servicio 222.
LUCHA. El gobierno de Piñera enfrenta un duro conflicto con estudiantes universitarios por un proyecto de reforma de la educación. Los estudiantes reclaman el acceso gratuito a la misma.
El conflicto provocó varias huelgas generales en Chile. En agosto un estudiante de 14 años falleció en una manifestación a manos de los carabineros chilenos.
Piñera permanecerá en Uruguay hasta el viernes 28. La visita tiene como objetivo reforzar los lazos bilaterales, en el plano económico, político y comercial.
El País Digital
Uruguay ||| ¿Aporte de recursos o saqueo?
Estimados Lectores: El último viernes "Brecha" publicó el artículo que reproducimos más abajo.
Blog El Muerto || William Yohai | Para Kaos en la Red | 10-8-2011 a las 0:39
Estimados Lectores: El último viernes "Brecha" publicó el artículo que reproducimos más abajo.
Después de redactado el mismo, leímo de una larga entrevista que Emiliano Cotelo le realizó a responsables de UPM en Uruguay comprendimos que, por lo menos en dos rubros, habíamos subestimado las ganancias: a) conservadoramente tomamos como base una producción real debajo de la potencial: 1 millón de toneladas anuales vs. 1,1 millones. Los responsables de UPM declaran que están produciendo 1,1 millones, o sea el 100% del potencial.
b) No contabilizamos la energía que UPM le vende a UTE, que estimamos en 27 millones de dólares anuales.
Por lo menos se pueden considerar estas subestimaciones como un "colchón" para complementar posibles sobreestimaciones que hayamos realizado en otros aspectos de los cálculos.
Para los "lectores rápidos":
b) No contabilizamos la energía que UPM le vende a UTE, que estimamos en 27 millones de dólares anuales.
Por lo menos se pueden considerar estas subestimaciones como un "colchón" para complementar posibles sobreestimaciones que hayamos realizado en otros aspectos de los cálculos.
Para los "lectores rápidos":
1) UPM-BOTNIA recuperó el capital que declara haber invertido en apenas 3 años, o aún menos.
2) De los 22.000 trabajadores que la empresa (entre otras cosas tiene plantas generadoras de energía nuclear) tiene en total en todo el mundo 533 están en Uruguay.
3) Sin embargo, la mitad (aproximadamente) de sus ganacias globales las obtiene en nuestro país.
4) De lo cual se desprende que, mientras cada trabajador fuera de Uruguay le produce una ganancia de unos 27 mil dólares anuales, cada trabajador en Uruguay le produce una ganancia de casi UN MILLÓN de dólares anuales.
William Yohai
3) Sin embargo, la mitad (aproximadamente) de sus ganacias globales las obtiene en nuestro país.
4) De lo cual se desprende que, mientras cada trabajador fuera de Uruguay le produce una ganancia de unos 27 mil dólares anuales, cada trabajador en Uruguay le produce una ganancia de casi UN MILLÓN de dólares anuales.
William Yohai
¿Aporte de recursos o saqueo?
El ejemplo de Botnia / UPM
Gustavo Melazzi – William YohaiRed de Economistas de Izquierda del Uruguay
Una y otra vez, el gobierno justifica su política
de apertura al capital extranjero con base en que
“ aporta los recursos que Uruguay no tiene”.
¿Realmente los aportan? Casi cuatro años de
operación de Botnia/UPM lo desmienten. El
argumento del gobierno es otro mito.
1) Lo que dijimos. Hace ya casi cuatro años redactamos un artículo que Brecha publicó (02/11/2007) bajo el título “¿Cuánto ganará Botnia?”.
Allí, basándonos en informaciones provenientes de diversas empresas celulósicas publicadas en medios internacionales, afirmábamos que “En definitiva, estas estimaciones nos muestran que (…) su porcentaje de ganancia sobre las ventas alcanzaría el 50% (…) y la rentabilidad del capital sería del 29%”. De por sí, estos resultados eran (y son) excepcionales a nivel mundial.
Pero pensando en Uruguay, y en lo que calificamos como “mito”, deducíamos de aquí la conclusión fundamental. Estimábamos que, en ventas de US$ 700 millones anuales, obtenían US$ 350: de ganancia. Considerando 20 años de producción, decíamos: “al comparar con la inversión inicial, por cada dólar que invierte la empresa se lleva 4.5; el negocio es espectacular”. Para la empresa, obvio.
¿Y para Uruguay? Con esos datos, si aportaron US$ 1.200 millones[1] para operar 20 años, “con la producción de tres años y cinco meses, aproximadamente, desquitan el total de la inversión realizada” (anotamos en 2007). En lugar del “aporte de recursos”, se llevan, neto, una suma de US$ 5.600 millones.
2) Casi cuatro años después.
Dicen que un economista es aquel que previó 10 de las últimas 4 recesiones.
Llegó la hora de evaluar la justeza de nuestras previsiones. Veamos los datos básicos.
Para 2008 el precio de la tonelada fue de 778 dólares[2], en 2009, aproximado, fue de US$ 550, y en 2010 de US$ 890.
Los costos de producción de la planta de Fray Bentos (2008, primer año que operó en forma completa) los asumimos refiriéndonos a los declarados por Aracruz como 300 dólares por tonelada, partiendo de la base que ésta reporta un costo unitario de 261. Tomando los costos de Fray Bentos en 2008 en US$ 300 la tonelada e incrementándolos según las variaciones del tipo de cambio y la inflación en nuestro país, obtenemos un costo por ton. de US$ 314 en 2009, y de US$ 366 en 2010.
Por consiguiente, el margen por ton. sería, respectivamente, de US$ 478; 236, y 524.
Según el balance de UPM[3], la capacidad de producción en Fray Bentos es de 1.1 millones de ton. anuales. Asumiendo que produjo un millón en cada uno de los tres años, tenemos ganancias acumuladas por US$ 1.238 millones. Excelente ejecución, si tenemos en cuenta que pasaron dos años de severa crisis mundial que afectó los mercados para el producto.
Considerando la inversión declarada de US$ 1.200 millones, sin temor a error, se puede afirmar que ya a fines de 2010, apenas 3 años después de comenzar a operar, la empresa había recuperado la inversión inicial.
Nuestra previsión era que dicha inversión sería desquitada en 3 años y 5 meses, y que el margen de ganancia sobre el capital sería de 29%. A pesar de la crisis que se desató después que hicimos las previsiones, el resultado fue aún mejor para la empresa de lo que previmos.
3) Conclusión.
Los hechos, inapelables, muestran que la empresa no aportó recursos al Uruguay. Muy por el contrario, se lleva recursos del país. Decir lo contrario es un mito.
Ya lo hace hoy, cada día y cada hora que transcurre, y lo seguirá haciendo otros 16 años más. Somos nosotros, quienes aportamos nuestro suelo, nuestra agua, nuestro trabajo, para beneficio de esta empresa transnacional.
¿Es esta una situación fuera de lo común? De ninguna manera; es la lógica del capitalismo; si empresarios invierten es para obtener ganancias. Es también un claro ejemplo de lo que realmente significa la expresión “que los mercados decidan”.
Mencionemos el ejemplo, notorio, de Chile[4] y su minería. Un estudio realizado por encargo de las Naciones Unidas[5]informa: “Las ganancias (de las mineras privadas) alcanzaron a US$ 9.000 millones en 2005, y casi US$ 20.000 en 2006. (…) Esto significa que en sólo dos años, las mineras privadas obtuvieron ganancias que superaron el total de las inversiones extranjeras directas realizadas en la minería chilena de 1974 a 2006”.
4) Más elementos para el asombro.
a) ¿Cuánto dejó Botnia/UPM en Uruguay? Adoptemos la cifra que la propia empresa aportó: US$ 80 millones anuales, por todo concepto[6]. En tres años, US$ 240 millones; los mismos tres años en los cuales desquitó el total de lo invertido.
b) Mucho argumentó el gobierno de que la operativa de la transnacional fomentaría el desarrollo de otras industrias. Los hechos: además de la planta de pasta de celulosa, hoy encontramos otras dos empresas. Una es Kemira, que fabrica productos químicos para la planta (dióxido de cloro, con tecnología de membrana), y que sólo abastece a la planta, si bien en los papeles tiene cierta autonomía[7] y podría extender su área de ventas. La otra es la empresa de mantenimiento de la planta.
En resumen: ninguna “otra” industria; sólo las imprescindibles para la planta, e íntimamente vinculadas a ella.
Mientras, Uruguay sigue exportando troncos. En rigor: nuestro trabajo, suelo, agua y sol. Reiteramos nuestra propuesta de colocarle detracciones a los troncos[8], para fomentar su industrialización y, de paso, recaudar fondos para el Estado de una actividad con enormes ganancias.
c) Botnia/UPM está en Zona Franca. En su país de origen, Finlandia, el balance de la empresa indica que en 2010 pagó impuestos por 166 millones de euros[9]. Ahora bien, UPM Kymene en 2010 facturó US$ 12.500 millones, con una ganancia global de US$ 1.023 millones. De ellos, como vimos, 524 millones los gana en Uruguay. Pero en Uruguay no paga impuestos.
d) Con insistencia se argumentó a favor de la inversión “porque creará muchos empleos, y de calidad”. Los hechos: a tres años de operación, los empleos locales no superan los 180, y se trata casi exclusivamente de porteros, choferes, personal de seguridad… y similares.
e) Otro indicador, como mera ayuda a ilustrar la situación, nos dice que, globalmente, la empresa tiene 22.000 trabajadores, de los que 533 están en Uruguay (incluyen 360 de Forestal Oriental; en las 120.000 hectáreas forestadas). El cálculo es sencillo: en 2010 cada trabajador en el resto del mundo (21.500) le genera ganancias por US$ 27.400 anuales. Cada uno de sus trabajadores en Uruguay le aportó ganancias por US$ 983.000 anuales. Treinta y seis veces más.
5) De 2007 a 2011: preguntas y respuestas.
En el artículo de 2007 preguntamos; ¿cuál será la postura del gobierno frente a nuevas inversiones extranjeras? La realidad nos muestra que las Zonas Francas aplican aquello de “creced y multiplicaos”; Montes del Plata (pasta de celulosa) repite el esquema, y agravado, al extremo de que el gobierno acepta, por ejemplo, recalificar suelos para forestar a pedido de la empresa, y en convenio secreto. Hoy el tema es Aratirí; ¿qué pasará?.
También preguntamos: ¿Tiene justificativo que esos enormes beneficios no paguen impuestos? Los beneficios continúan; en Brasil pagan impuestos, al igual que en Finlandia. No en Uruguay.
Para terminar: ¿Seguirán siendo sólo los extranjeros los que decidan las líneas de nuestro desarrollo? Cada lector sacará sus conclusiones.
En definitiva: para el gobierno, para el equipo económico, no existe la experiencia ni la realidad. Se insiste con una economía de manual, irreal, y que poco tiene que ver con el desarrollo para el pueblo uruguayo. En especial, se reitera una y otra vez el mito de que el capital extranjero aporta recursos al país; los hechos demuestran que es un saqueo de la riqueza nacional.
[1] Consideramos in totum la inversión declarada por la empresa, pese a que en el país fue de alrededor de US$ 300 millones.
[3] http://files.shareholder.com/
[5] Instituto de las Naciones Unidas para el desarrollo (UNRISD) y Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA, Chile): “Mineral rents and social development in Chile”. Draft 08/05/2008 (traducción propia), Pág. 12.
[6] George Soros, citado por Gudynas en Brecha 22/07/2011: “Impuestos y pagos reales abonados a los estados por las compañías petroleras, mineras y otras extractivas, suelen ser un secreto bien guardado”.
Blog El Muerto en Kaos en la Red
Guia policial para presentar demandas por daños y perjuicios
Leonardo Seugi, subcomisario del Departamento de Inteligencia, quien fue el jefe del operativo.Solicita $ 300.000 porque afirma que el caso "afectó su esfera más personal", ya que era "compañero" de Morena, el agente fallecido.
Guia policial para presentar demandas por daños y perjuicios
Leonardo Seugi, subcomisario del Departamento de Inteligencia, quien fue el jefe del operativo.Solicita $ 300.000 porque afirma que el caso "afectó su esfera más personal", ya que era "compañero" de Morena, el agente fallecido.
También reclama Henry Gutiérrrez Molina, quien fue herido de bala por Feldman y que, según sostiene en la demanda, pretende recibir una indemnización de $ 517.000.
Su esposa, Gabriela Arigón, es otra de las demandantes. Pide $ 200.000 alegando que la vida de su marido corrió peligro y que sus hijos tuvieron problemas en los estudios y debieron contar con asistencia psicológica. También afirma que la situación perjudicó económicamente a la familia, ya que su esposo no pudo efectuar el servicio 222 por un tiempo.
Otro de los policías que reclama es Jorge González Suárez, quien también fue herido de bala por Feldman. Debió ser intervenido quirúrgicamente y guardar 25 días de reposo. Por ello, pide $ 400.000.
Su mujer, Mariana Pintado, pretende una indemnización de $ 200.000 por los gastos durante la internación de su marido y trastornos que la situación ocasionó en la familia.
Por su parte, Víctor Tripaldi, aspira recibir $ 250.000 por haber sido "testigo presencial" del asesinato de Morena.
Herencia de Feldman a 6 ONG; policías demandan
Sucesión inesperada. El enigmático economista al que se le descubrió un arsenal en octubre de 2009 tenía en propiedades y depósitos unos US$ 878.000 Ayer hubo audiencia por la herencia |
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V. RUGGIERO / D. FRIEDMANN
Saúl Feldman dejó una herencia de más de US$ 800.000 entre propiedades, bonos y oro a seis CAIF. Cuatro policías que participaron del operativo y dos de sus mujeres entablaron una demanda por daños y perjuicios. Pretenden cobrar US$ 91.000.
Pasaron casi dos años del 30 de octubre de 2009 cuando se desató un incendio en la vivienda ubicada en Elba 4210 (Aires Puros) que Feldman utilizaba como depósito de armas y municiones. Al día siguiente el agente Mario Morena, junto a otros dos policías, se dirigió a la casa del economista en Shangrilá. Feldman le disparó al agente, que iba desarmado y lo mató. Poco después se inició un cerco policial seguido de un nutrido intercambio de disparos que duró hasta las primeras horas de la mañana cuando los efectivos del grupo GEO pudieron entrar a la finca. Feldman estaba herido y se suicidó.
Ayer, representantes de los herederos comparecieron en el juzgado de Familia de 21° Turno para efectuar un inventario en el marco de la sucesión. Los bienes del economista fueron relevados durante la investigación del juzgado del Crimen Organizado a cargo de Jorge Díaz, explicaron fuentes del caso a El País.
En la audiencia de ayer se manejó que Feldman tenía siete bienes inmuebles, que están tasados a valor del año 2009. En Montevideo había dos: la casa de la calle Elba donde tenía el arsenal (valuada en US$ 20.500) y un apartamento en Juan Ramón Gómez (US$ 140.000). Tenía otras dos propiedades en Canelones: la vivienda de Shangrilá donde se atrincheró (US$ 130.000) y otra propiedad en El Pinar ($ 298.617). En Maldonado era dueño de dos terrenos, que fueron valuados en US$ 30.000 cada uno y en Tacuarembó poseía otro bien inmueble, tasado por el mismo monto.
Además, tenía a su nombre un automóvil marca Volkswagen del año 2005, que valdría unos US$ 6.000.
El economista era titular de una caja de ahorro en el Banco República con un saldo de 50.351 euros y de otra cuenta bancaria en el Crédit Agricole (hoy BBVA), donde están los títulos en custodia. A su vez, poseía bonos por US$ 298.415 y tres lingotes de oro, que valdrían hoy unos US$ 115.000 y están en custodia de Granaderos, dijeron fuentes del caso.
Todos esos bienes suman US$ 878.586.
Feldman además tenía 704 armas, que fueron halladas por la Policía tras el incendio de la casa en Aires Puros. Encontraron además 110.000 municiones, 500 granadas, tres máquinas para recargar munición y 200 kilos de pólvora (ver nota aparte).
HEREDEROS. En el testamento, Feldman -quien era soltero y señala no haber tenido hijos- nombra como "únicos y universales herederos" en "partes iguales" a seis centros CAIF, ubicados en Montevideo: "Los Honguitos" (gestionado por Adeom), "Abracitos y hormiguitas" (Solidaridad en Comunidades Desalojadas, Socode), Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), Asociación Cultural y Técnica (Cadi), "Mi casita" (Unión de Mujeres Uruguayas) y "Ventura Uno".
Integrantes de varias de esas instituciones consultados por El País dijeron que no conocían a Saúl Feldman y que los sorprendió haber sido elegidos como herederos. Comentaron que el perfil de esas organizaciones es "variado" e incluye personas vinculadas al Partido Comunista, al Partido Colorado y al Opus Dei.
Lo que sí queda claro al leer el testamento de Feldman es que quiso beneficiar a organizaciones vinculadas con la niñez. Incluso dejó estipulado que en el caso de las instituciones que designó no existieran al momento de dar lectura a su testamento, su albacea debía entregar el dinero a "centros que atiendan a la niñez en todas sus facetas".
La única persona mencionada entre los beneficiarios de la herencia es Wendy Anne Lillie Campbell, quien era empleada de Feldman y puede usufructuar la casa de Shangrilá mientras viva.
Varios herederos prevén que la sucesión demandará aún un proceso largo, pero de todos modos analizan qué destino le darán al dinero. Plemuu, por ejemplo, evalúa poder comprar su primera casa para instalar allí la sede, comentó tras la audiencia su abogada Martina Morales.
El representante legal de otra organización señaló, en tanto, que resta saber cuánto dinero en realidad cobrará cada una y determinar si los bienes tienen deudas impositivas y en qué estado están.
Las donaciones a organismos públicos están exonerados de pagar IRPF.
DEMANDA. Quienes también estaban citados para la audiencia de ayer eran cuatro policías que participaron del operativo en Shangrilá y que presentaron -junto a las mujeres de dos de ellos- una demanda por daños y perjuicios ante el juzgado Civil de 2° Turno, a cargo de la jueza Marta Gómez Haedo.
Uno es Leonardo Seugi, subcomisario del Departamento de Inteligencia, quien fue el jefe del operativo en octubre de 2009. Solicita $ 300.000 porque afirma que el caso "afectó su esfera más personal", ya que era "compañero" de Morena, el agente fallecido.
También reclama Henry Gutiérrrez Molina, quien fue herido de bala por Feldman y que, según sostiene en la demanda, pretende recibir una indemnización de $ 517.000.
Su esposa, Gabriela Arigón, es otra de las demandantes. Pide $ 200.000 alegando que la vida de su marido corrió peligro y que sus hijos tuvieron problemas en los estudios y debieron contar con asistencia psicológica. También afirma que la situación perjudicó económicamente a la familia, ya que su esposo no pudo efectuar el servicio 222 por un tiempo.
Otro de los policías que reclama es Jorge González Suárez, quien también fue herido de bala por Feldman. Debió ser intervenido quirúrgicamente y guardar 25 días de reposo. Por ello, pide $ 400.000.
Su mujer, Mariana Pintado, pretende una indemnización de $ 200.000 por los gastos durante la internación de su marido y trastornos que la situación ocasionó en la familia.
Por su parte, Víctor Tripaldi, aspira recibir $ 250.000 por haber sido "testigo presencial" del asesinato de Morena.
Tras la audiencia, ni el abogado de los policías ni los efectivos quisieron efectuar declaraciones sobre el tema.
En tanto, Plemuu considera que el Ministerio del Interior es quien, de corresponder, debería pagar la indemnización. Argumenta que es responsable del "fracaso" del operativo porque murieron dos personas, dijo su abogada. Socode, en tanto, pretende también trasladar la responsabilidad al Ministerio en el caso que se condene a los sucesores a pagar al indemnización.
Arsenal destruido
Socode, una de las instituciones herederas de Feldman, solicitó a la fiscalía que las armas del economista quedaran guardadas hasta que avance el trámite de sucesión. La fiscalía dio lugar al pedido pero, según consta en el expediente, la sede de Crimen Organizado informó a los herederos que las armas que tenía Feldman por "ilícitos penales" fueron devueltas a sus dueños y que las "irregulares" fueron destruidas. Según supo El País, las instituciones solicitaron a la sede que "amplíe" la información para conocer que ocurrió con las armas regulares y de colección que tenía Feldman.
Sólo y con trastorno esquizoide
ARSENAL El sábado 31 de octubre de 2009, durante un incendio ocurrido en una finca del economista Saúl Feldman, en el barrio Aires Puros, la Policía halló un depósito que contenía 704 armas.
MUERTE Y SUICIDIO Cuando al día siguiente el agente Mario Morena, junto a otros dos policías se dirigió a la casa del economista en Shangrilá el caso tomó un drástico giro. En determinado momento Feldman disparó a Morena, que iba desarmado, y le dio muerte. Poco después se inició un cerco policial seguido de un nutrido intercambio de disparos que duró hasta las primeras horas del día siguiente. Cuando por fin los efectivos del grupo GEO pudieron entrar a la finca, Feldman que ya estaba herido, dirigió una de las pistolas que había utilizado contra sí mismo y se quitó la vida.
TRASTORNO Dos peritas psicólogas concluyeron que el economista Saúl Feldman padecía un trastorno esquizoide y síndrome de acumulación.
Esas patologías psiquiátricas explican la conducta de Feldman de recolectar armas durante más de 40 años. "Era una persona sola, sin amigos, sin contacto con sus familiares y que dedicó buena parte de su vida a recolectar armas", señaló el fiscal Ricardo Perciballe, cuando en septiembre del año pasado pidió el archivo del expediente que indagaba el arsenal.
ACUMULACIÓN "En base a lo que se trabajó y lo que está en el expediente, nos enfrentamos a una persona sola que se dedicó a juntar armas, como cualquier otra persona pudo acumular otras cosas", dijo Perciballe.
ENFERMEDAD Feldman se encontraba en tratamiento oncológico, que requería internaciones periódicas de tres días. Durante esos períodos no recibía visitas de nadie, ni familiares, ni allegados. Se mostraba "amable".
VÍNCULO Perciballe solicitó la clausura del caso al juez Jorge Díaz porque luego de tomar declaraciones a 86 personas y analizar más de 20 pericias técnicas, "no se pudo probar que Feldman estuviera vinculado a ningún grupo terrorista ni que traficara armas", explicó el fiscal.
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