¿Está próximo el ocaso de Donald Trump?
Publicado el 25 Mayo 2018
Escrito por Germán Gorraíz López* - EL CLARÌN DE CHILE
La
irrupción mediática de Edward Snowden, ex-técnico de Booz Allen,
sub-contrata de la CIA, confesando ser el autor material de las
filtraciones a The New York Times y The Guardian sobre el programa PRISM
(espionaje de las telecomunicaciones a cargo de la Agencia Nacional de
Seguridad (NSA), habría desatado todas las alarmas en la CIA ante el
peligro evidente de destapar los secretos inconfesables de los sótanos
secretos del establishment. Putin habría jugado con maestría sus bazas y
tras conceder a Snowden el asilo temporal, apareció ante el Mundo como
adalid de la defensa de los Derechos Humano,(diluyendo de paso su imagen
de represor en el conflicto checheno), aunque consciente de la nueva
dinámica acción-reacción propia de escenarios de Guerra Fría en la que
verán envueltas las relaciones ruso-estadounidenses a partir de este
momento (Guerra Fría 2.0).
Trump, la bestia negra del establishment
Wright
Millsen su libro “The Power Elite” (1.956), indica que la clave para
entender la inquietud norteamericana se encontraría en la
sobre-organización de su sociedad. Así, establishment sería “el grupo
élite formado por la unión de las sub-élites política, militar,
económica, universitaria y mass media de EEUU”, lobbys de presión que
estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su
comunidad de intereses y dirigidas por la metafísica militar”, concepto
que se apoya en una definición militar de la realidad y que habría
transformado la economía en una guerra económica permanente y cuyo
paradigma serían los Rockefeller al participar en los lobbys financiero,
industria militar y judío.
La
sorpresiva irrupción en el campo republicano de un candidato
independiente y refractario a la disciplina de partido como Trump,
habría desatado las alarmas en el seno de las cúpulas dirigentes por lo
que será asociado por el aparato mediático del sistema dominante (mass
media) con el advenimiento del caos. Por caos (Khaos o “vacío que ocupa
un hueco en la nada”) entendemos algo impredecible y que se escapa a la
miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que
se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de
secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso
genoma del caos. Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1.979
afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa
Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto
se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un
determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia
más elevada , tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono” y que
tendría su plasmación en la sorpresa electoral de Donald Trump,
candidato en principio totalmente refractario a la disciplina de partido
y devenido en la “bestia negra” del establishment
La guerra híbrida como elemento diferencial de la Guerra Fría 2.0
La
nueva doctrina geoestratégica conocida como “Guerra Híbrida” sería
atribuible al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. Rusas, Valery Gerasimov
quien afirmó que “
cada vez es más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de
medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de
otro tipo que estarían sustentadas en la fuerza militar. Son los
llamados métodos híbridos”, concepto
que se habría puesto en práctica por primera vez con ocasión de las
recientes Elecciones Presidenciales en EE.UU. Así, en la web de
investigación “Mother Jones” apareció una versión reducida del informe
de los servicios de inteligencia de EEUU en el que acusaban directamente
al Gobierno de Putin de estar detrás de “supuestos ataques cibernéticos
de hackers rusos para desequilibrar la campaña electoral de Hilary
Clinton e inclinar la balanza a favor del supuesto submarino ruso,
Donald Trump”.
Según
el citado documento de los servicios de inteligencia de EEUU, el
Departamento Central de Inteligencia ruso (GRU) con sede en Moscú,
considerado el “servicio
de espionaje más poderoso y efectivo ruso en la actualidad tras asumir
las funciones del primigenio Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) “,se
habría servido del pirata informático Guccifer 2.0 así como de la
página web DC Leaks.com y de WikiLeaks para “difundir públicamente
información de los correos secretos de Hillary Clinton obtenidos
mediante hackeo cibernético”, extremo negado por el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange. En consecuencia, siguiendo el principio de
“acción-reacción”, Obama advirtió a Putin que “dichas operaciones
cibernéticas podrían ser consideradas como potenciales actos de guerra” y
como represalia, ordenó la salida de 35 diplomáticos rusos y aplicó
nuevas sanciones a diversos organismos y empresas rusas, en especial
contra el citado GRU.
Donald Trump y el complot del Club de las Islas
En
una conferencia pronunciada por Trump en la sede de la influyente
revista política “The National Interest”, Donald Trump expuso las líneas
maestras de su política exterior que podrían sintetizarse en su lema
“Estados Unidos lo primero”, lo que de facto supondría el retorno al
proteccionismo económico tras cancelar el Tratado de Libre Comercio con
Canadá y México (TLCAN) así como el TTIP y la Asociación
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de la
Administración Obama en su política de reafirmación del poder económico y
militar en la región del Pacífico lo que sería
un misil en la línea de flotación de los intereses geopolíticos del
conocido como “Club de las Islas” con activos cercanos a los 10
trillones € y cuya cabeza visible según el espía ruso Daniel Estulin,
sería el financiero y experto diseñador de “revoluciones de colores”,
George Soros. La primitiva CIA se habría transmutado en el llamado
Departamento de Seguridad Nacional ( Homeland Security) y de la
hidra-CIA habrían nacido 17 nuevas cabezas en forma de agencias de
inteligencia que integrarían la Comunidad de Inteligencia de EEUU ( la
Cuarta Rama del Gobierno según Tom Engelhardt) , agentes patógenos de
naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo, verdadero poder
en la sombra fagocitado por el “Club de las Islas” de George Soros y que
se habría conjurado contra un Trump partidario de la Geopolítica Primus
InterPares o G2 para mediante métodos legales (impeachement) o
expeditivos (léase Magnicidio) lograr neutralizar a Trump.
¿Será Donald Trump la siguiente víctima colateral de la Guerra Fría 2.0?
La
guerra híbrida presuntamente empleada por el GRU ruso significó de
facto el retorno a escenarios ya olvidados de espionaje y
contraespionaje propios de la Guerra Fría y tuvo como primera víctima
colateral al asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn
tras filtrarse que habría mentido al VicePresidente Mike Pence sobre
sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak,
pero Donald Trump habría negado la existencia de la llamada “conexión
rusa”, acusando a la Agencia Nacional de Seguridad y al FBI de estar
implicadas en la filtración de informaciones perjudiciales para su
Administración.
Sin
embargo, en un momento crucial para finiquitar la investigación de la
presunta relación del Gobierno ruso con varias personas del entorno del
Presidente Trump al igual que de la denuncia contra Putin tras acusado
de “interferir en el proceso electoral norteamericano para favorecer al
entonces candidato Donald Trump” encargada al FBI, el cese fulminante de
su Director, James Camey habría provocado que la sombra del Watergate
volviera a planear sobre Washington. A medida que transcurren los días,
crecen las sospechas de que dicho cese sería un claro caso de
obstrucción a la justicia, delito por el que el Congreso de EEUU podría
iniciar un proceso de destitución (impeachment) que termine por deponer a
Trump tras lo que su Vice-Presidente Mike Pence asumiría la Presidencia
para hacer que EEUU vuelva a la senda de las seudodemocracias tuteladas
por el verdadero Poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno
de EEUU).
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista
¿Quién mató a Robert Kennedy? Su hijo duda que en la cárcel esté el verdadero asesino
Publicado: 29 may 2018 00:31 GMT | Última actualización: 29 may 2018 00:41 GMT - RT
Uno de los hijos del exfiscal general de
EE.UU. sostiene que Sirhan Sirhan, quien permanece en prisión por el
asesinato de 'Bobby' Kennedy, no fue la persona que lo mató.
El
hijo del exfiscal general de EE.UU. Robert F. Kennedy, Robert F.
Kennedy Jr., apoya el llamamiento a reiniciar la investigación de la
muerte su padre, quien falleció el 6 de junio de 1968 tras ser atacado a
tiros en Los Ángeles el día anterior. En una entrevista para The Washington Post,
Kennedy Jr., un abogado de 64 años, ha expresado temores de que en la
cárcel pueda estar pagando por ese crimen una persona equivocada.
El hijo del exsenador estadounidense sostiene que en el lugar del asesinato hubo un segundo tirador, que fue el verdadero responsable de la muerte de su padre. Asimismo, Kennedy pone en duda que el palestino Sirhan Sirhan, quien fue condenado a cadena perpetua, hubiera cometido aquel crimen.
Kennedy llegó a esta conclusión tras meses de revisión de los resultados de la autopsia y los informes policiales, así como conversaciones con los testigos que presenciaron la muerte de su padre. También comentó al medio que visitó a Sirhan, quien ahora tiene 74 años, en la prisión estatal de Corcoran, en California.
Según confesó, su visita se debió a la curiosidad y, además, se sentía molesto por lo que había visto en las pruebas policiales. "Me inquietaba el hecho de que pudieran haber condenado a la persona equivocada por el asesinato de mi padre", afirmó Kennedy.
El hijo del exfiscal general estadounidense recordó que su padre era el funcionario jefe encargado de velar por el cumplimiento de la ley. "Creo que le habría molestado si alguien fuera encarcelado por un crimen que no cometió", señaló.
El hijo del exsenador estadounidense sostiene que en el lugar del asesinato hubo un segundo tirador, que fue el verdadero responsable de la muerte de su padre. Asimismo, Kennedy pone en duda que el palestino Sirhan Sirhan, quien fue condenado a cadena perpetua, hubiera cometido aquel crimen.
Kennedy llegó a esta conclusión tras meses de revisión de los resultados de la autopsia y los informes policiales, así como conversaciones con los testigos que presenciaron la muerte de su padre. También comentó al medio que visitó a Sirhan, quien ahora tiene 74 años, en la prisión estatal de Corcoran, en California.
Según confesó, su visita se debió a la curiosidad y, además, se sentía molesto por lo que había visto en las pruebas policiales. "Me inquietaba el hecho de que pudieran haber condenado a la persona equivocada por el asesinato de mi padre", afirmó Kennedy.
El hijo del exfiscal general estadounidense recordó que su padre era el funcionario jefe encargado de velar por el cumplimiento de la ley. "Creo que le habría molestado si alguien fuera encarcelado por un crimen que no cometió", señaló.
- Robert F. Kennedy fue el fiscal general de EE.UU. entre 1961 y 1964; desde 1965 y hasta su muerte era senador por Nueva York.
- Fue asesinado cinco años después de su hermano, el presidente John F. Kennedy.
El mayor violador de los derechos humanos en el mundo (Parte I)
25 mayo 2018
Por Miguel Angel García Alzugaray
El gobierno de Estados Unidos habla mucho de las violaciones a los derechos humanos en otros países, pero todo el mundo sabe que se trata de pura hipocresía. Mientras el autoproclamado líder del mundo exige el respeto por los DD.HH. hace guerras, viola tratados internacionales, pisotea los derechos humanos hasta de sus mismos ciudadanos y de otros países.
Según Jamil Dakwar, director de programas de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), “en muchos ámbitos —incluidas la seguridad nacional, el sistema penal, los derechos socioeconómicos y la política migratoria—, los EE.UU. presentan un historial pésimo en comparación con otras muchas naciones”.
Entre las 348 recomendaciones realizadas recientemente a Washington por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) a Washington, se pide poner fin a la detención de niños y familias inmigrantes y que abra pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia.
El informe forma parte del mecanismo de revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. El informe incluyó numerosas y apropiadas recomendaciones para abordar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, así como para poner fin a la discriminación racial contra las minorías y los inmigrantes.
EE.UU. ya ha sido blanco de las críticas del CDHNU por sus infracciones a los derechos humanos. Se le imputaron a Washington la extensión de la brutalidad policial, la injusticia racial, la retención de presos al margen de toda ley en la ocupada Base Naval de Guantánamo y la persistente aplicación de la pena capital.
El miembro de ACLU estima que la publicación del CDHNU representa una diáfana muestra de desconfianza en el respeto de los derechos humanos por EE.UU. “Demuestra con claridad que a EE.UU. le queda mucho camino por recorrer para cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”, dijo Dakwar.
Por su parte, China publicó no hace mucho un informe en el que registra la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en respuesta a los constantes informes del país norteamericano sobre las prácticas de otros países en esa materia.
El informe titulado “Registro de derechos humanos en Estados Unidos en 2017” fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China y en él se rechaza que EE.UU. se presente como “juez de los derechos humanos”.
Un historial tenebroso
En marzo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó a ese país por la violación a los derechos humanos dentro de sus fronteras. La Organización instó a la Casa Blanca a castigar a los responsables de torturas, frenar el espionaje gubernamental y revisar su política de uso de aviones no tripulados (drones).
En EE.UU. mueren alrededor de 11.000 personas anualmente por armas de fuego. Según cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en 2016 se usaron armas en un 73,3 % de los asesinatos, un 47 % de los robos y un 31,8 % de las agresiones graves. En ese país son muy comunes los tiroteos en lugares públicos como universidades, cines, plazas, hospitales, debido, entre otras cosas, a la facilidad del acceso del armamento.
En los últimos años, los afroamericanos han sido víctimas de asesinatos raciales. En febrero de 2012 fue asesinado en Sanford, Florida, el joven Trayvon Martin, de 17 años por un guardia de seguridad que lo consideró “sospechoso”. El 30 de abril de 2014, el policía Christopher Manney disparó 14 veces contra Dontre Hamilton, de 31 años, quien estaba desarmado. En julio, Eric Garner, de 43 años, murió luego de ser estrangulado por el policía blanco Daniel Pantaleo. Un mes después, el agente Darren Wilson asesinó al joven estadounidense Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Missouri.
En septiembre, funcionarios de la policía de Utah, asesinaron de seis disparos al afroamericano Darrien Hunto, de 22 años de edad. Tamir Rice, de 12 años, fue tiroteado por la Policía en Cleveland, estado Ohio (norte), cuando el niño se encontraba en un parque de la ciudad y sacó una pistola de juguete. Posteriormente, fue asesinado Antonio Martin, de 18 años, por agentes de la Policía en la región de San Luis, cerca de Ferguson.
En el país norteamericano es usual el confinamiento solitario en las cárceles. Alrededor de 80.000 prisioneros estadounidenses están actualmente en régimen de aislamiento, en calabozos con pobre ventilación y poca o ninguna luz natural, una situación que perjudica su salud física y psíquica. Algunos han permanecido en él más de 40 años, denunció China, en el informe Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos.
De acuerdo con este documento, Estados Unidos es una de las naciones que menos garantiza la vida, la propiedad y la seguridad personal de sus habitantes, ya que cada año una de cada cinco personas es víctima de un crimen, la tasa más alta del planeta.
Las cifras de desempleo y miseria -otro atentado a los derechos humanos- han ido en aumento en EEUU. La firma Marotta Wealth Management publicó un informe que revela que la tasa de personas sin trabajar en ese país alcanza el 37,2 %; mientras que la miseria está por encima de 14 %. El Departamento de Agricultura de EEUU dijo que uno de cada cinco hogares en EEUU, es decir, el 20% de las familias estadounidenses, sobrevivieron gracias a cupones de alimentos que encuentran en revistas, diarios y páginas web.
Además, los estadounidenses están sometidos a vigilancia constante por parte del Gobierno. En 2013 se conoció el uso de programas como Prism o Xkeyscore para el espionaje y recogida de datos de personas a través de celulares, correos electrónicos y hasta la interceptación de llamadas. Con estos datos, las agencias de inteligencia crean perfiles y registran el modo de vida, país de origen, edad, sexo, ingresos de los ciudadanos, violando su privacidad.
A estos crímenes se suman ataques contra libertades básicas. En ese país, manifestar en las calles puede ser penado con seis meses a 35 años de prisión. Asimismo se encarcela a quien amenace, vía redes sociales, al presidente.
Fuera de las fronteras
El espionaje se extendió a nivel global. EEUU vigiló a Gobiernos, Ejércitos, sistemas financieros de diferentes países.
Washington además ha sido el autor intelectual y material de intervenciones militares en diferentes países del mundo. Casi todas estas acciones se han llevado a cabo sin la aprobación de la ONU.
En los últimos 15 años se cuenta la invasión a Afganistán (2001). EEUU lanzó una operación para buscar a Osama Bin Laden, acusado por Washington del derribamiento de las torres gemelas de Nueva York. La invasión permanece y ha dejado un saldo de casi 5.000 soldados muertos, de los cuales 3356 son estadounidenses, según cifras no confirmadas, así como decenas de miles de civiles asesinados y más de 50.536 heridos desde que la ONU empezara a recopilar datos estadísticos sobre el asunto.
Irak fue invadido en 2003 bajo el pretexto de la búsqueda de “armas de destrucción masiva” que nunca existieron. En ese país, al que EEUU entró supuestamente para darle a su pueblo “libertad”, “democracia” y “seguridad”, han muerto o sido heridos millones de víctimas inocentes.
Pakistán, Yemen y Somalia son víctimas de ataques estadounidenses desde 2002, bajo el pretexto de acabar con “grupos terroristas”. En estos países es común el uso de drones (aviones militares no tripulados con poder de fuego), que han dejado miles de civiles asesinados, entre ellos niños y ancianos.
Libia fue escenario de una invasión en 2011, bajo el argumento de detener una supuesta “represión” por parte del Gobierno de Muammar Gaddafi. Además de asesinar al presidente, los invasores destruyeron y dividieron al país; aún no ha llegado la prometida “democracia” y “libertad”.
Siria, como hemos visto recientemente con el ataque con misiles contra su territorio, Es otro de los escenarios de los ataques de EEUU y aliados. Desde marzo de 2011, esta nación es atacada por grupos terroristas, financiados desde el exterior. Cientos de miles de personas han sido asesinadas y 12,2 millones requieren de ayuda humanitaria.
En Ucrania en 2014 se llevó a cabo un golpe de Estado diseñado por EEUU. A la fecha, un millón de personas han sido desplazadas y casi 10.000 han sido asesinadas por la represión del actual Gobierno apoyado por la Casa Blanca.
Antes del 2000, EE.UU. invadió Granada (1983), Panamá (1989), Irak (1991), Somalia (1993), Yugoslavia (1995 y 1999), Afganistán y Sudán (1998).
El gobierno de Estados Unidos habla mucho de las violaciones a los derechos humanos en otros países, pero todo el mundo sabe que se trata de pura hipocresía. Mientras el autoproclamado líder del mundo exige el respeto por los DD.HH. hace guerras, viola tratados internacionales, pisotea los derechos humanos hasta de sus mismos ciudadanos y de otros países.
Según Jamil Dakwar, director de programas de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), “en muchos ámbitos —incluidas la seguridad nacional, el sistema penal, los derechos socioeconómicos y la política migratoria—, los EE.UU. presentan un historial pésimo en comparación con otras muchas naciones”.
Entre las 348 recomendaciones realizadas recientemente a Washington por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) a Washington, se pide poner fin a la detención de niños y familias inmigrantes y que abra pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia.
El informe forma parte del mecanismo de revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. El informe incluyó numerosas y apropiadas recomendaciones para abordar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, así como para poner fin a la discriminación racial contra las minorías y los inmigrantes.
EE.UU. ya ha sido blanco de las críticas del CDHNU por sus infracciones a los derechos humanos. Se le imputaron a Washington la extensión de la brutalidad policial, la injusticia racial, la retención de presos al margen de toda ley en la ocupada Base Naval de Guantánamo y la persistente aplicación de la pena capital.
El miembro de ACLU estima que la publicación del CDHNU representa una diáfana muestra de desconfianza en el respeto de los derechos humanos por EE.UU. “Demuestra con claridad que a EE.UU. le queda mucho camino por recorrer para cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”, dijo Dakwar.
Por su parte, China publicó no hace mucho un informe en el que registra la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en respuesta a los constantes informes del país norteamericano sobre las prácticas de otros países en esa materia.
El informe titulado “Registro de derechos humanos en Estados Unidos en 2017” fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China y en él se rechaza que EE.UU. se presente como “juez de los derechos humanos”.
Un historial tenebroso
En marzo de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó a ese país por la violación a los derechos humanos dentro de sus fronteras. La Organización instó a la Casa Blanca a castigar a los responsables de torturas, frenar el espionaje gubernamental y revisar su política de uso de aviones no tripulados (drones).
En EE.UU. mueren alrededor de 11.000 personas anualmente por armas de fuego. Según cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en 2016 se usaron armas en un 73,3 % de los asesinatos, un 47 % de los robos y un 31,8 % de las agresiones graves. En ese país son muy comunes los tiroteos en lugares públicos como universidades, cines, plazas, hospitales, debido, entre otras cosas, a la facilidad del acceso del armamento.
En los últimos años, los afroamericanos han sido víctimas de asesinatos raciales. En febrero de 2012 fue asesinado en Sanford, Florida, el joven Trayvon Martin, de 17 años por un guardia de seguridad que lo consideró “sospechoso”. El 30 de abril de 2014, el policía Christopher Manney disparó 14 veces contra Dontre Hamilton, de 31 años, quien estaba desarmado. En julio, Eric Garner, de 43 años, murió luego de ser estrangulado por el policía blanco Daniel Pantaleo. Un mes después, el agente Darren Wilson asesinó al joven estadounidense Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Missouri.
En septiembre, funcionarios de la policía de Utah, asesinaron de seis disparos al afroamericano Darrien Hunto, de 22 años de edad. Tamir Rice, de 12 años, fue tiroteado por la Policía en Cleveland, estado Ohio (norte), cuando el niño se encontraba en un parque de la ciudad y sacó una pistola de juguete. Posteriormente, fue asesinado Antonio Martin, de 18 años, por agentes de la Policía en la región de San Luis, cerca de Ferguson.
En el país norteamericano es usual el confinamiento solitario en las cárceles. Alrededor de 80.000 prisioneros estadounidenses están actualmente en régimen de aislamiento, en calabozos con pobre ventilación y poca o ninguna luz natural, una situación que perjudica su salud física y psíquica. Algunos han permanecido en él más de 40 años, denunció China, en el informe Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos.
De acuerdo con este documento, Estados Unidos es una de las naciones que menos garantiza la vida, la propiedad y la seguridad personal de sus habitantes, ya que cada año una de cada cinco personas es víctima de un crimen, la tasa más alta del planeta.
Las cifras de desempleo y miseria -otro atentado a los derechos humanos- han ido en aumento en EEUU. La firma Marotta Wealth Management publicó un informe que revela que la tasa de personas sin trabajar en ese país alcanza el 37,2 %; mientras que la miseria está por encima de 14 %. El Departamento de Agricultura de EEUU dijo que uno de cada cinco hogares en EEUU, es decir, el 20% de las familias estadounidenses, sobrevivieron gracias a cupones de alimentos que encuentran en revistas, diarios y páginas web.
Además, los estadounidenses están sometidos a vigilancia constante por parte del Gobierno. En 2013 se conoció el uso de programas como Prism o Xkeyscore para el espionaje y recogida de datos de personas a través de celulares, correos electrónicos y hasta la interceptación de llamadas. Con estos datos, las agencias de inteligencia crean perfiles y registran el modo de vida, país de origen, edad, sexo, ingresos de los ciudadanos, violando su privacidad.
A estos crímenes se suman ataques contra libertades básicas. En ese país, manifestar en las calles puede ser penado con seis meses a 35 años de prisión. Asimismo se encarcela a quien amenace, vía redes sociales, al presidente.
Fuera de las fronteras
El espionaje se extendió a nivel global. EEUU vigiló a Gobiernos, Ejércitos, sistemas financieros de diferentes países.
Washington además ha sido el autor intelectual y material de intervenciones militares en diferentes países del mundo. Casi todas estas acciones se han llevado a cabo sin la aprobación de la ONU.
En los últimos 15 años se cuenta la invasión a Afganistán (2001). EEUU lanzó una operación para buscar a Osama Bin Laden, acusado por Washington del derribamiento de las torres gemelas de Nueva York. La invasión permanece y ha dejado un saldo de casi 5.000 soldados muertos, de los cuales 3356 son estadounidenses, según cifras no confirmadas, así como decenas de miles de civiles asesinados y más de 50.536 heridos desde que la ONU empezara a recopilar datos estadísticos sobre el asunto.
Irak fue invadido en 2003 bajo el pretexto de la búsqueda de “armas de destrucción masiva” que nunca existieron. En ese país, al que EEUU entró supuestamente para darle a su pueblo “libertad”, “democracia” y “seguridad”, han muerto o sido heridos millones de víctimas inocentes.
Pakistán, Yemen y Somalia son víctimas de ataques estadounidenses desde 2002, bajo el pretexto de acabar con “grupos terroristas”. En estos países es común el uso de drones (aviones militares no tripulados con poder de fuego), que han dejado miles de civiles asesinados, entre ellos niños y ancianos.
Libia fue escenario de una invasión en 2011, bajo el argumento de detener una supuesta “represión” por parte del Gobierno de Muammar Gaddafi. Además de asesinar al presidente, los invasores destruyeron y dividieron al país; aún no ha llegado la prometida “democracia” y “libertad”.
Siria, como hemos visto recientemente con el ataque con misiles contra su territorio, Es otro de los escenarios de los ataques de EEUU y aliados. Desde marzo de 2011, esta nación es atacada por grupos terroristas, financiados desde el exterior. Cientos de miles de personas han sido asesinadas y 12,2 millones requieren de ayuda humanitaria.
En Ucrania en 2014 se llevó a cabo un golpe de Estado diseñado por EEUU. A la fecha, un millón de personas han sido desplazadas y casi 10.000 han sido asesinadas por la represión del actual Gobierno apoyado por la Casa Blanca.
Antes del 2000, EE.UU. invadió Granada (1983), Panamá (1989), Irak (1991), Somalia (1993), Yugoslavia (1995 y 1999), Afganistán y Sudán (1998).
Re-insurrección
Por:
David Brooks
Periodista mexicano, corresponsal del diario La Jornada en los Estados Unidos.
Periodista mexicano, corresponsal del diario La Jornada en los Estados Unidos.
Publicado en:
American Curios
| CUBADEBATE
Medio siglo después resucita la Campaña de los Pobres contra la pobreza sistémica, el racismo y el militarismo, que encabezó Martin Luther King en 1968, cuando fue asesinado, nutriendo lo que ha sido en la era Trump la mayor expresión social de oposición contra un gobierno en la historia de Estados Unidos.
A lo largo de los pasados 15 meses de este régimen, las expresiones masivas de disidencia brotan en todas partes del país, incluso en algunas donde no ha existido ni se esperaba, algo parecido –o sea, que estaban dormidos– durante décadas. Pocos pronosticaban que parte del movimiento de los trabajadores resucitaría con decenas de miles de maestros en algunos de los estados más conservadores del país: Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona; tampoco que estallara un movimiento nacional detonado por estudiantes de preparatoria en Florida, o un nuevo capítulo del movimiento de los derechos de las mujeres con la Marcha de las Mujeres y después del #MeToo y el #TimesUp, todos los cuales acompañan expresiones de organización social y disidencia masiva que se han formado en los años recientes, aun antes de Trump, como Black Lives Matter, los Dreamers y otras fuerzas de defensa de inmigrantes, aí como el movimiento encabezado por indígenas en Standing Rock, entre otros.
Nunca antes tantos han marchado, participado en manifestaciones y mítines y otras expresiones de repudio y protesta. Según la organizadora social y autora LA Kaufman, quien publicó en The Guardian que entre 10 y 15 millones han marchado y participado en mítines desde la toma de protesta de Trump (90 por ciento han sido antiTrump), más gente en términos absolutos que jamás ha protestado antes en Estados Unidos, y tal vez hasta un porcentaje de la población más alto aun que las masivas movilizaciones contra la guerra en Vietnam a finales de los años 60.
Más aún, estas expresiones disidentes no sólo se limitan a unas cuantas marchas nacionales, sino en acciones en todas partes del país. Por ejemplo, en la Marcha de las Mujeres del 21 de enero de 2017, hubo movilizaciones en 650 comunidades, además de la nacional en Washington. En la Marcha por Nuestras Vidas, impulsada por los estudiantes de preparatoria contra las armas, se organizaron actos en más de 750 lugares.
Jane McAlevey, organizadora sindical y analista de movimientos laborales, señala que los maestros en los pasados tres meses han convertido al país entero en su aula. No han presionado sólo por una mejor paga y mejores condiciones de trabajo, sino que también han montado un reto directo a décadas de recortes de impuestos para empresas, ayudándonos a entender qué significa la austeridad. Y al promover una serie de propuestas políticas para redistribuir la riqueza del 1 por ciento para regresarlo a la clase trabajadora y media, nos han enseñado cómo puede ser derrotada la austeridad.
La Campaña de los Pobres (Poor Peoples Campaign) busca reiniciar la iniciativa más radical de King, quien afirmó que “los males del racismo, explotación económica y militarismo están enlazados (…) no puedes deshacerte de uno sin deshacerte de los otros”. Hoy día, para enfrentar una realidad nacional con casi 41 millones de personas viviendo en la pobreza (la mayoría blancos), un total de 140 millones que están en la pobreza o apenas sobreviviendo con lo que ganan (incluidos maestros en varios estados), con un país que dedica más de tres veces en catidad de recusos al gasto militar que a programas sociales, y con un índice de desigualad económica extrema sin precedente en casi un siglo, con mayor racismo expresado en nuevas leyes, en el encarcelamiento masivo y en violencia policiaca, entre otras cosas, concluyen que se requiere de una coalición de fusión moral entre razas, generaciones, género y geografía para lanzar un nuevo “movimiento moral amplio y profundo a escala nacional –enraizado en el liderazgo de la gente pobre y reflejando las grandes enseñanzas morales– para unir al país desde abajo hacia arriba”.
El extraordinario reverendo William Barber y su colega, la reverenda Liz Theoharis, han promovido nuevas coaliciones por todo el país durante los dos años recientes para llevar a cabo la campaña que se inicia este lunes con actos simultáneos en unos 40 estados, seguido de acciones sobre diversos temas de una agenda moral durante los próximos 40 días. Barber afirma: debemos tener disidencia moral, resistencia moral y visión moral en este momento.
Nuestro movimiento es un llamado nacional por la recuperación moral, afirma Barber, señalando que confrontaremos de manera no violenta a nuestro gobierno y sus políticas, y rehusaremos abandonar nuestro derecho constitucional a protestar. Varios sindicatos y organizaciones nacionales ya declararon su apoyo, pero Barber insiste que las bases locales serán las que encabecen este esfuerzo.
El reverendo Jesse Jackson, en 1968, un joven asistente de King, estuvo entre los que insistieron en continuar la Campaña de los Pobres después del asesinato de su líder, el 11 de mayo de 1968, cuatro semanas después de la tragedia en Memphis, llegaron miles de todo el país –afroestadunidenses y blancos pobres, indígenas, jornaleros mexicano-estadunidenses y más– donde establecieron un pueblo de tiendas de campaña que llamaron Ciudad de la Resurrección sobre el parque central, frente al Capitolio en Washington –una coalición de la conciencia– con la demanda de poner fin a la guerra en Vietnam y empezar a atender las necesidades sociales en casa. Jackson declara que ahora la nueva Campaña de los Pobres está llegando justo a tiempo, ya que todo por lo que se ha luchado durante medio siglo está bajo ataque, desde derechos civiles hasta derechos laborales, salud, educación y medio ambiente; y yo orgullosamente me sumaré (…) Nunca he guardado mis zapatos de marcha.
Esto no es, insisten, un intento de resurrección del pasado. Tal vez esta campaña, junto con los otros movimientos que han brotado en estos tiempos, podrán lograr algo más parecido a una re-insurrección contra las fuerzas oscuras, con sus largas raíces históricas, que han ocupado el poder en este país.
(Tomado de La Jornada)
Nuevo Plan Cóndor: Variantes de golpes suaves y coincidencias de la derecha
Por:
| CUBADEBATE
Los últimos años en América Latina han estado marcados por una ofensiva neoliberal contra los gobiernos progresistas que movilizaron a los pueblos de la región en busca de la integración, la justicia social y reducción de la pobreza.
Frente a esta ola de cambios en favor de las grandes mayorías se produjeron varios tipos de “golpes suaves” liderados por las derechas nacionales en ejecución de un esquema trazado hace años por los estrategas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Washington.
El viejo “Plan Cóndor” ejecutado por gobiernos dictatoriales en la década de los años 70 y 80 logró eliminar físicamente a muchos dirigentes de la izquierda regional y desarticular partidos políticos y organizaciones progresistas en Suramérica.
La reacción popular ante estos crímenes revirtió la situación a finales del siglo pasado e inicios del actual y colocó en el poder mediante el mecanismo electoral a gobiernos progresistas en Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y El Salvador.
Sin desconocer errores en la conducción de algunos de estos procesos, en Brasil la derecha logró derrocar al gobierno de Dilma Rousseff mediante un golpe judicial y pretenden ahora impedir la postulación del ex presidente Lula da Silva con un juicio y condena sin pruebas.
La Argentina que salió de una larga noche neoliberal con los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, perdió las elecciones el 2015 frente al candidato empresarial Mauricio Macri, quien derrumbó las conquistas populares logradas y colocó al país en crisis nuevamente.
Con diferentes variantes la derecha retornó a posiciones de gobierno en Paraguay, y mediante el mecanismo electoral alianzas y movimientos populares revolucionarios cedieron cargos y posiciones a partidos tradicionales y empresarios en Ecuador y El Salvador.
En Nicaragua el gobierno del Frente Sandinista, electo con alto apoyo popular en las elecciones de 2016 con más del 70 por ciento de los votos válidos, enfrenta hoy una profunda crisis que ha logrado desestabilizar el país y romper la habitual tranquilidad ciudadana.
Venezuela, pese a la guerra económica y los intentos de golpe de estado y desestabilización que enfrente desde la llegada al poder por vía electoral del presidente Hugo Chávez en 1998, logró este mes la reelección del presidente Nicolás Maduro con el 68 por ciento de votos y su pueblo se mantiene firme en la defensa de sus conquistas.
Y Bolivia, país que lidera el crecimiento económico de Suramérica durante los últimos años y ostenta impresionantes cifras de reducción de la pobreza, enfrenta desde el 2006 intentos de la derecha por dividir el país e impedir la reelección popular de Evo Morales el 2019.
Cabe preguntarse, ¿cuáles son los rasgos comunes que establecen un patrón en este nuevo Plan Cóndor cuyo nuevo objetivo no es matar dirigentes sino desmoralizarlos o inhabilitarlos para seguir en el poder?
Un primer rasgo del libreto de Washington es el escalonamiento y superposición de conflictos que impidan a los gobiernos progresistas concentrarse en los objetivos transformadores que reclamaron las masas populares el elegirlos.
Al surgir un conflicto, de manera increíblemente “coincidente” los principales medios de comunicación en poder de la derecha propician potenciarlo y antes de que éste llegue a su clímax la derecha hace surgir un nuevo conflicto, y así sucesivamente.
Un segundo punto es buscar pretextos para descalificar moralmente a los dirigentes populares, en especial a los líderes de los procesos de cambio social y a su entorno, mediante intentos por vincularlos a hechos de corrupción, inmoralidad o ineptitud para gobernar.
El principio expuesto por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolf Hitler de que una mentira repetida mil veces acaba por considerarse verdad, es el mecanismo utilizado para ese objetivo, ahora con el dominio que tienen de las redes sociales que manejan el perfil de todos sus usuarios para influir mejor en la matriz de opinión.
Un tercer punto común es la “fabricación” de mártires de las protestas sociales, cuyas muertes en Venezuela fueron comprobadas como obra de francotiradores de los opositores contra sus propios seguidores para imputar el crimen a fuerzas policiales o defensores del gobierno.
Cuarto rasgo común en las recetas de Washington reveladas en varios documentos públicos es romper la tranquilidad ciudadana y sembrar el terror mediante grupos organizados: “guarimbas” en Venezuela, “maras” en El Salvador o pandillas en Nicaragua, entre otras formas de promover violencia.
Quinto y no menos importante, es el respaldo de organismos internacionales y del gobierno de Estados Unidos para boicotear los intentos integracionistas regionales y amenazar con sanciones a los gobiernos progresistas aplicando la clásica “zanahoria y el garrote”.
El financiamiento exterior y de las derechas locales a los intentos desestabilizadores pretende ocultarse bajo el manto de “apoyos populares” y el infaltable “manto protector” de medios de comunicación propiedad de la derecha o comprometidos con ella.
Muchas aristas tiene este nuevo Plan Cóndor. El tema está abierto.
(Tomado de Prensa Latina Bolivia)
Mèxico: Coca-Cola y empresarios mexicanos llaman a no votar por el "populismo"
Publicado: 28 may 2018 20:12 GMT | Última actualización: 28 may 2018 20:14 GMT - RT
Un grupo de empresarios llamaron a sus
empleados y colaboradores a reflexionar su voto y no caer en la
tentación "populista", en una clara alusión al izquierdista Andrés
Manuel López Obrador.
Empresarios
mexicanos hicieron un llamado a no votar por políticos "populistas" en
las próximas elecciones presidenciales, en una clara alusión al
izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Sin llamarlo por su nombre, líderes de empresas como Femsa (empresa encargada de embotellar y distribuir los productos de Coca-Cola en México), Herdez, Grupo Coppel y Grupo Vasconia, se pronunciaron en contra de las "políticas populistas" e incluso han pedido a sus trabajadores reflexionar su voto a favor del candidato presidencial de Morena y puntero en las encuestas.
"Los efectos fueron catastróficos. Tuvimos devaluaciones de más de 100%, tanto en 1976 como en 1982. Muchos mexicanos perdieron sus empleos y a la mayoría de todos se nos redujeron nuestros ingresos de manera muy relevante", expuso el presidente de Femsa.
Por otra parte, el presidente del industrial Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, señaló la necesidad de votar por un candidato que defienda los logros alcanzados en lugar de defender el "populismo".
"Todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población".
De manera más abierta, el director General de Grupo Herdez, una empresa de alimentos enlatados y conservas, Héctor Hernández Pons Torres, pidió a sus empleados y colaboradores no apostar por gobiernos que puedan generar una devaluación de la moneda o niveles de inflación similares a los que existían en la década de los 80, en alusión a un modelo proteccionista similar al que propone López Obrador.
"Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio", afirmó Hernández Pons en una carta a sus empleados difundida por Aristegui Noticias.
En abril pasado, Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas departamentales que llevan su apellido, hizo un llamado a que el PRI y PAN unieran fuerzas para impedir que ganara López Obrador.
"Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, y no todos, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex", dijo López Obrador de gira por Jalisco, el pasado 22 de mayo.
"Están obligando a todos los trabajadores a votar por Anaya; si no, es probable que pierdan el trabajo. Piden la captura con el celular de los votos, para que quede como constancia de que votaron por Anaya. Comentaron que probablemente les pidieron la credencial. Yo no lo doy como algo cierto, me lo acaban de entregar ahora, pero, por favor, no se metan, dejen en libertad a sus trabajadores, el voto es sagrado, el voto es libre", añadió Obrador.
Las empresas aludidas por Obrador, y una cámara empresarial, Coparmex, rechazaron las acusaciones.
"Deploramos las infundadas afirmaciones de López Obrador que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa (afiliada a) Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto", escribió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un tono similar, Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, también se deslindó a través de un tuit. "Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda información distinta es falsa", señaló la compañía.
Asimismo, los trabajadores del sindicato de telefonistas negaron haber sido presionados para votar a favor de Anaya.
A lo largo de la campaña presidencial, López Obrador ha vivido otros enfrentamientos con el sector empresarial, tal como ocurrió cuando planteó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lo cual provocó una confrontación pública con los empresarios más poderosos del país aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, así como con el millonario Carlos Slim, quienes se pronunciaron a favor de la construcción de la nueva terminal aérea.
Manuel Hernández Borbolla
Sin llamarlo por su nombre, líderes de empresas como Femsa (empresa encargada de embotellar y distribuir los productos de Coca-Cola en México), Herdez, Grupo Coppel y Grupo Vasconia, se pronunciaron en contra de las "políticas populistas" e incluso han pedido a sus trabajadores reflexionar su voto a favor del candidato presidencial de Morena y puntero en las encuestas.
Empresarios contra el "populismo" de López Obrador
En un mensaje a sus empleados a través de un video difundido en redes, el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, recordó que la empresa se vio amenazada por las "políticas populistas" de los expresidentes de México Luis Echevería y José López Portillo. Dos presidentes que impulsaron un modelo económico similar al propuesto por López Obrador."Los efectos fueron catastróficos. Tuvimos devaluaciones de más de 100%, tanto en 1976 como en 1982. Muchos mexicanos perdieron sus empleos y a la mayoría de todos se nos redujeron nuestros ingresos de manera muy relevante", expuso el presidente de Femsa.
Por otra parte, el presidente del industrial Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, señaló la necesidad de votar por un candidato que defienda los logros alcanzados en lugar de defender el "populismo".
"Todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población".
De manera más abierta, el director General de Grupo Herdez, una empresa de alimentos enlatados y conservas, Héctor Hernández Pons Torres, pidió a sus empleados y colaboradores no apostar por gobiernos que puedan generar una devaluación de la moneda o niveles de inflación similares a los que existían en la década de los 80, en alusión a un modelo proteccionista similar al que propone López Obrador.
"Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio", afirmó Hernández Pons en una carta a sus empleados difundida por Aristegui Noticias.
En abril pasado, Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas departamentales que llevan su apellido, hizo un llamado a que el PRI y PAN unieran fuerzas para impedir que ganara López Obrador.
AMLO cuestiona a empresarios
En días recientes, López Obrador dijo haber recibido información de que varios empresarios estaban presionando a sus empleados para que votaran a favor del centroderechista Ricardo Anaya."Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, y no todos, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex", dijo López Obrador de gira por Jalisco, el pasado 22 de mayo.
"Están obligando a todos los trabajadores a votar por Anaya; si no, es probable que pierdan el trabajo. Piden la captura con el celular de los votos, para que quede como constancia de que votaron por Anaya. Comentaron que probablemente les pidieron la credencial. Yo no lo doy como algo cierto, me lo acaban de entregar ahora, pero, por favor, no se metan, dejen en libertad a sus trabajadores, el voto es sagrado, el voto es libre", añadió Obrador.
Las empresas aludidas por Obrador, y una cámara empresarial, Coparmex, rechazaron las acusaciones.
"Deploramos las infundadas afirmaciones de López Obrador que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa (afiliada a) Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto", escribió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un tono similar, Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, también se deslindó a través de un tuit. "Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda información distinta es falsa", señaló la compañía.
Asimismo, los trabajadores del sindicato de telefonistas negaron haber sido presionados para votar a favor de Anaya.
A lo largo de la campaña presidencial, López Obrador ha vivido otros enfrentamientos con el sector empresarial, tal como ocurrió cuando planteó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lo cual provocó una confrontación pública con los empresarios más poderosos del país aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, así como con el millonario Carlos Slim, quienes se pronunciaron a favor de la construcción de la nueva terminal aérea.
Manuel Hernández Borbolla
La derecha latinoamericana dijo a qué vino
Por:
Emir Sader
| CUBADEBATE
Después de años duros, en que parecía que el neoliberalismo había
venido para quedarse en Latinoamérica, fuerzas populares lograron
construir programas de gobierno antineoliberales, ganar elecciones y
protagonizar los años más virtuosos de nuestra historia, en algunos de
nuestros países.
Pero la derecha, aun derrotada, no ha dejado de maniobrar para intentar frenar a esos procesos, que representan el desenmascaramiento de todo lo que la derecha había dicho que era nuestro destino inevitable. Planteaba distintas cosas, pero su política económica siempre era el viejo modelo centrado en los ajustes fiscales, como medicamento en contra la enfermedad de los gastos estatales.
Después del período de gobiernos posneoliberales, la derecha ha vuelto a la carga, conquistando el gobierno en Argentina mediante elecciones, retornó a Brasil mediante un golpe. Y tuvo la posibilidad de decir a qué vino, porque peleo tanto, con todas sus fuerzas, legales e ilegales, para retornar al gobierno. ¿Qué es lo que tiene que proponer y realizar en América Latina?
En verdad, no fue necesario aguardar ese retorno. Porque podemos saber lo que la derecha latinoamericana tiene que proponer para la situación de países como México, por ejemplo, gobernado desde hace tantas décadas por la derecha, con su modelo neoliberal ya hace por lo menos dos décadas y media. El favoritismo de López Obrador para convertirse en el próximo presidente de México es el resultado directo del fracaso de los gobiernos del PRI y del PAN, que se han alternado en el gobierno, sin cambiar la política económica neoliberal, y llevando México a una situación catastrófica, desde todos los puntos de vista.
El país que iba a marcar la senda para los otros países del continente, habiendo sido el primero en firmar un tratado de libre comercio con EEUU (y también con Canadá, en este caso) representa, al contrario de lo propuesto, la falencia de esos tratados y de esas políticas. Los dos partidos de derecha sumados no tienen las preferencias de López Obrador, que aparece como la ruptura con la corrupta oligarquía tradicional en México.
Pero el retorno de la derecha al gobierno en Argentina y en Brasil podría significar una actualización de las propuestas de la derecha. Sin embargo, en los dos países se ha aplicado el mismísimo modelo que ya había fracasado en los años 1990. El mismo diagnóstico de que los problemas de nuestras economías son los gastos excesivos del Estado tuvieron el mismo tipo de respuesta: la centralidad del ajuste fiscal. Con las desastrosas consecuencias aparejadas: profunda y prolongada recesión, desempleo récor, desindustrialización de la economía, fuga de capitales, alza del déficit público.
¿A eso vinieron las derechas en Argentina y en Brasil? ¿Es eso lo que prometen? Por ello han luchado tanto en contra de los gobiernos populares, valiéndose de acusaciones falsas, de campañas de mentiras, de cerco a los gobiernos desde los medios y desde los capitales especulativos.
Esta es la demostración, para México, Colombia, Bolivia, y para otros países que están o van a entrar en procesos electorales, lo que pueden esperar de los partidos y candidatos de la derecha en Latinoamérica, cualesquiera que sean sus promesas. En Venezuela, se llegó a prometer la dolarización de la economía del país. En Brasil se privatiza los mejores patrimonios nacionales, los de Petrobras. En Argentina, se vuelve a la entrega a los brazos del FMI, volviendo a comprometer el futuro del país.
Las alternativas de retomar el desarrollo económico con distribución de renta suponen la ruptura con el modelo neoliberal, lo cual solamente gobiernos de izquierda pueden hacer, como se ha demostrado en este siglo. De la capacidad de la izquierda de volver a unificarse dónde está dividida, de superar los obstáculos jurídicos donde la derecha se vale de ellos en contra de líderes de izquierda, de reformular los proyectos que han dado resultados, adecuándolos a las condiciones internas y externas actuales, de rescatar los valores solidarios, cooperativos, humanistas, depende una solución positiva de la crisis actual que afecta a todo el continente.
Pero la derecha, aun derrotada, no ha dejado de maniobrar para intentar frenar a esos procesos, que representan el desenmascaramiento de todo lo que la derecha había dicho que era nuestro destino inevitable. Planteaba distintas cosas, pero su política económica siempre era el viejo modelo centrado en los ajustes fiscales, como medicamento en contra la enfermedad de los gastos estatales.
Después del período de gobiernos posneoliberales, la derecha ha vuelto a la carga, conquistando el gobierno en Argentina mediante elecciones, retornó a Brasil mediante un golpe. Y tuvo la posibilidad de decir a qué vino, porque peleo tanto, con todas sus fuerzas, legales e ilegales, para retornar al gobierno. ¿Qué es lo que tiene que proponer y realizar en América Latina?
En verdad, no fue necesario aguardar ese retorno. Porque podemos saber lo que la derecha latinoamericana tiene que proponer para la situación de países como México, por ejemplo, gobernado desde hace tantas décadas por la derecha, con su modelo neoliberal ya hace por lo menos dos décadas y media. El favoritismo de López Obrador para convertirse en el próximo presidente de México es el resultado directo del fracaso de los gobiernos del PRI y del PAN, que se han alternado en el gobierno, sin cambiar la política económica neoliberal, y llevando México a una situación catastrófica, desde todos los puntos de vista.
El país que iba a marcar la senda para los otros países del continente, habiendo sido el primero en firmar un tratado de libre comercio con EEUU (y también con Canadá, en este caso) representa, al contrario de lo propuesto, la falencia de esos tratados y de esas políticas. Los dos partidos de derecha sumados no tienen las preferencias de López Obrador, que aparece como la ruptura con la corrupta oligarquía tradicional en México.
Pero el retorno de la derecha al gobierno en Argentina y en Brasil podría significar una actualización de las propuestas de la derecha. Sin embargo, en los dos países se ha aplicado el mismísimo modelo que ya había fracasado en los años 1990. El mismo diagnóstico de que los problemas de nuestras economías son los gastos excesivos del Estado tuvieron el mismo tipo de respuesta: la centralidad del ajuste fiscal. Con las desastrosas consecuencias aparejadas: profunda y prolongada recesión, desempleo récor, desindustrialización de la economía, fuga de capitales, alza del déficit público.
¿A eso vinieron las derechas en Argentina y en Brasil? ¿Es eso lo que prometen? Por ello han luchado tanto en contra de los gobiernos populares, valiéndose de acusaciones falsas, de campañas de mentiras, de cerco a los gobiernos desde los medios y desde los capitales especulativos.
Esta es la demostración, para México, Colombia, Bolivia, y para otros países que están o van a entrar en procesos electorales, lo que pueden esperar de los partidos y candidatos de la derecha en Latinoamérica, cualesquiera que sean sus promesas. En Venezuela, se llegó a prometer la dolarización de la economía del país. En Brasil se privatiza los mejores patrimonios nacionales, los de Petrobras. En Argentina, se vuelve a la entrega a los brazos del FMI, volviendo a comprometer el futuro del país.
Las alternativas de retomar el desarrollo económico con distribución de renta suponen la ruptura con el modelo neoliberal, lo cual solamente gobiernos de izquierda pueden hacer, como se ha demostrado en este siglo. De la capacidad de la izquierda de volver a unificarse dónde está dividida, de superar los obstáculos jurídicos donde la derecha se vale de ellos en contra de líderes de izquierda, de reformular los proyectos que han dado resultados, adecuándolos a las condiciones internas y externas actuales, de rescatar los valores solidarios, cooperativos, humanistas, depende una solución positiva de la crisis actual que afecta a todo el continente.
Ahora sí, “Nosotros, los pueblos…” en una gran movilización popular
Ahora
sí, de forma inaplazable, son “los pueblos” los que deben tomar en sus
manos, las riendas de su destino. Ahora, sí, “Nosotros los pueblos”,
como lúcidamente establece la primera frase de la Carta de las Naciones
Unidas, porque los gobernantes se hallan, en su inmensa mayoría,
amilanados, ofuscados, silenciosos, silenciados.
Ahora sí. No podemos permanecer silenciosos. Seríamos cómplices.
Delito de silencio.
- El pacto nuclear con Irán: Trump y Netanyahu están haciendo exactamente lo contrario de lo que se había conseguido con el Presidente Barack Obama. Y el espectro del inmenso y delictivo error y horror de la invasión de Irak se cierne de nuevo sobre el mundo entero.
- Y la apremiante acción que requieren los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdos sobre el Cambio Climático: la puesta en práctica de ambos era la esperanza para el cumplimiento de las responsabilidades intergeneracionales, que ahora quedan de nuevo postergadas, con una amenaza especialmente tenebrosa -porque se trata de procesos irreversibles- para la calidad de vida y futura habitabilidad de la Tierra.
- Y, eso sí, los grandes productores de armas se frotan las manos, porque los presupuestos de defensa –más de 4000 millones de dólares al día al tiempo que mueren de hambre miles de personas, la mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad- se incrementan al ritmo trepidante de los tambores de guerra de
- Y la tragicomedia de Corea del Norte se exhibe, antes de que fuera descubierta, como una victoria del magnate norteamericano.
- El neoliberalismo marginó el multilateralismo democrático y puso la gobernanza mundial en manos de los grupos plutocráticos G6, G7, G8, G20… (en realidad sólo hay un G1 y un G2), que se han revelado, como era de esperar, incapaces de formular y aplicar políticas de progreso y bienestar que respeten la igual dignidad humana.
- La brecha social no deja de aumentar, y las amenazas globales de la extrema pobreza, el cambio climático y la guerra nuclear no se están abordando a tiempo.
- Por si fuera poco, el gran dominio (militar, financiero, energético…) incluía al mediático, habiendo convertido a la inmensa mayoría de los medios de comunicación en “la voz de su amo”. Los informativos son noticieros y buena parte de sus mensajes son sesgados y no reflejan lo que realmente acontece.
- Para colmar el vaso, la represión inhumana perpetrada en Gaza por el dúo Netanyahu-Trump. ¡El Primer Ministro de Israel hablando de la “solución letal”! ¡Qué afrenta más grave a la humanidad en su conjunto! ¡Qué vergüenza…! El silencio que guardan los líderes europeos es un silencio culposo. No debemos permitirlo.
- Los seres humanos, que ahora ya pueden expresarse, gracias a la tecnología digital, se distraen (“los medios son armas de distracción masiva” ha indicado sagazmente Soledad Gallego) y no son actores sino espectadores impasibles.
- La mujer se está convirtiendo en la “piedra angular” de la nueva era, como tan acertadamente manifestó el Presidente Nelson Mandela en 1996, porque “la mujer sólo excepcionalmente utiliza la fuerza cuando el hombre sólo excepcionalmente no la utiliza”.
Ahora sí. No podemos permanecer silenciosos. Seríamos cómplices.
Delito de silencio.
ARGENTINA
Una rebelión popular
Martes 29 de mayo de 2018, por *
El
"Cordobazo" fue una rebelión popular. Como el 17 de octubre de 1945.
Como el 19 y 20 de diciembre de 2001. Un acto de legítima defensa ante
los atropellos del poder, el retiro del sábado inglés, la represión
generalizada. Una acción de masas que, de espontánea no tuvo nada.
Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres y otros dirigentes
sindicales -algunos conocidos y muchos anónimos- lideran una gesta
histórica que terminaría por eyectar del poder al dictador Onganía.
Tiempo después, otras puebladas incendian la Patria.
* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
El 29 de
mayo de 1969 -el día que el pueblo reventó de bronca- se selló la unidad
obrero-estudiantil, que volvería a ganar las calles para ensanchar la
cancha donde se jugaba la resistencia al régimen dos años después -el 15
de marzo de 1971- con el "Viborazo".
El "Cordobazo" fue una insurrección popular, un hecho revolucionario
que marcaría a fuego a la clase trabajadora argentina. Un fenómeno de
rebeldía colectiva que se inscribe en el proceso de lucha popular
iniciado en 1955, cuando la "Revolución Fusiladora" derroca al gobierno
de Perón y la clase obrera es proscripta social y políticamente. Esta
proscripción fue respondida por los trabajadores a través de múltiples
instrumentos de lucha: Desde las huelgas, el trabajo a desgano y las
tomas de fábricas, hasta los sabotajes con los "caños" heroicos de la
resistencia.
El "Cordobazo" no es un hecho aislado. Se corresponde con un momento histórico de ascenso de los niveles de conciencia y organización del pueblo. La protesta callejera en Córdoba se produce luego de otras rebeliones que van jaqueando al gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, como lo fueron el "Correntinazo" y el primer "Rosariazo".
En ese tiempo convulsionado el pueblo soporta la dictadura de las botas y los monopolios. La nueva interrupción del orden institucional clausura los canales de participación a los trabajadores y a una juventud hambrienta por expresarse políticamente.
El gobierno se asienta en las bayonetas. Es tiempo de piedra y barricada, de caño y fusil. Explota la furia que viene de la larga Resistencia Peronista. La Revolución Cubana es la luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia dejan una estela de compromiso en el firmamento de Latinoamérica.
En ese entonces a los que no militaban se los miraba como sapo de otro pozo. Obturados los caminos institucionales por el accionar de la oligarquía a través de las Fuerzas Armadas que una y otra vez usurparían la soberanía popular, buena parte de la juventud optará por la militancia resistente y el camino de la lucha armada. En ese contexto, no es casual que exactamente un año después del "Cordobazo", el 29 de mayo de 1970, irrumpa públicamente Montoneros con el "Aramburazo".
En los ’60 y los ’70 se naturalizó la violencia como una metología apropiada para restituir la soberanía en manos del pueblo. El encuadramiento en la militancia revolucionaria fue un fenómeno masivo. Se compartía un proyecto colectivo de Nación que terminó ahogado en sangre y fuego por el terrorismo de Estado.
Los genocidas borraron cualquier perspectiva de redención social. Hubo que masacrar a 30 mil militantes para aniquilar el Estado de bienestar e implantar el modelo neoliberal.
El terror se metió en lo más profundo de la sociedad. Se abandonaron los proyectos comunes. Se sobrevivió en el individualismo del sálvese quien pueda.
El nuevo rostro del capitalismo provocó una hemorragia de desplazados del sistema de producción y consumo. Masas de desheredados que perdieron el trabajo, la educación, la salud, la familia, la esperanza.
A la violencia libertaria, sofocada por la tiranía oligárquico-militar, le sucedió la violencia de la sobrevivencia.
El desprecio por la vida del otro se generalizó en el desmadre. La degradación provocada por la brutal desigualdad social es el caldo de cultivo de la violencia urbana, amplificada hasta el infinito por los medios de comunicación del régimen que se regodean exhibiendo la fragmentación, la insolidaridad, el naufragio colectivo.
El crimen organizado es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia tutelada por el Imperio.
La violencia doméstica anida en una sociedad enferma, infectada por la ideología dominante. La desaparición de Jorge Julio López y los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y tantos otros militantes populares confirma, por si hacía falta, la existencia de nichos intocables de la estructura represiva de la dictadura en las fuerzas de seguridad y la cloaca de los servicios, grupos envalentonados por la cobertura institucional que le prestan la ideología del Macrismo e instrumentos tales como la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y el Protocolo Antipiquetes.
La justicia social es el único camino para que no haya más pibes chorros ni ladrones de guantes blancos. Para que deje de haber una justicia para ricos y otra para pobres. Para que se construyan más viviendas, escuelas y hospitales y menos cárceles. Para desterrar la impunidad y el desamparo.
A 49 años de aquella gesta popular, la CTA Autónoma está cumpliendo el mandato de sus pioneros y el 8 de agosto se apresta a celebrar a lo largo y ancho de la Argentina el acto electoral para elegir sus autoridades con la fuerza del voto y la participación de los trabajadores que son los que deciden en esta Central. Pura coherencia. Homenaje a la rebeldía popular que hizo del "Cordobazo" uno de los mojones más trascendentes en la rica historia de lucha del movimiento obrero.
Hoy, como ayer, el futuro está en nuestras manos y los trabajadores hemos decidido tomarlo para ser artífices de nuestro propio destino. En este nuevo aniversario del "Cordobazo", a casi 35 años de la recuperación de una democracia de baja intensidad, que mantiene un 30 por ciento de pobres, los pibes perseguidos y con hambre, y una Deuda Pública sideral; que aquí y ahora enarbola desde la cima del Gobierno sus banderas neoliberales, anti-populares y anti-obreras, es estratégico construir una nueva mayoría que encarne un Proyecto de Emancipación, haga caso omiso de los discursos posibilistas, ignore los atajos dictados por el oportunismo político, y se vuelva a plantear como norte el Bien Común: La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
El "Cordobazo" no es un hecho aislado. Se corresponde con un momento histórico de ascenso de los niveles de conciencia y organización del pueblo. La protesta callejera en Córdoba se produce luego de otras rebeliones que van jaqueando al gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, como lo fueron el "Correntinazo" y el primer "Rosariazo".
En ese tiempo convulsionado el pueblo soporta la dictadura de las botas y los monopolios. La nueva interrupción del orden institucional clausura los canales de participación a los trabajadores y a una juventud hambrienta por expresarse políticamente.
El gobierno se asienta en las bayonetas. Es tiempo de piedra y barricada, de caño y fusil. Explota la furia que viene de la larga Resistencia Peronista. La Revolución Cubana es la luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia dejan una estela de compromiso en el firmamento de Latinoamérica.
En ese entonces a los que no militaban se los miraba como sapo de otro pozo. Obturados los caminos institucionales por el accionar de la oligarquía a través de las Fuerzas Armadas que una y otra vez usurparían la soberanía popular, buena parte de la juventud optará por la militancia resistente y el camino de la lucha armada. En ese contexto, no es casual que exactamente un año después del "Cordobazo", el 29 de mayo de 1970, irrumpa públicamente Montoneros con el "Aramburazo".
En los ’60 y los ’70 se naturalizó la violencia como una metología apropiada para restituir la soberanía en manos del pueblo. El encuadramiento en la militancia revolucionaria fue un fenómeno masivo. Se compartía un proyecto colectivo de Nación que terminó ahogado en sangre y fuego por el terrorismo de Estado.
Los genocidas borraron cualquier perspectiva de redención social. Hubo que masacrar a 30 mil militantes para aniquilar el Estado de bienestar e implantar el modelo neoliberal.
El terror se metió en lo más profundo de la sociedad. Se abandonaron los proyectos comunes. Se sobrevivió en el individualismo del sálvese quien pueda.
El nuevo rostro del capitalismo provocó una hemorragia de desplazados del sistema de producción y consumo. Masas de desheredados que perdieron el trabajo, la educación, la salud, la familia, la esperanza.
A la violencia libertaria, sofocada por la tiranía oligárquico-militar, le sucedió la violencia de la sobrevivencia.
El desprecio por la vida del otro se generalizó en el desmadre. La degradación provocada por la brutal desigualdad social es el caldo de cultivo de la violencia urbana, amplificada hasta el infinito por los medios de comunicación del régimen que se regodean exhibiendo la fragmentación, la insolidaridad, el naufragio colectivo.
El crimen organizado es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia tutelada por el Imperio.
La violencia doméstica anida en una sociedad enferma, infectada por la ideología dominante. La desaparición de Jorge Julio López y los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y tantos otros militantes populares confirma, por si hacía falta, la existencia de nichos intocables de la estructura represiva de la dictadura en las fuerzas de seguridad y la cloaca de los servicios, grupos envalentonados por la cobertura institucional que le prestan la ideología del Macrismo e instrumentos tales como la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y el Protocolo Antipiquetes.
La justicia social es el único camino para que no haya más pibes chorros ni ladrones de guantes blancos. Para que deje de haber una justicia para ricos y otra para pobres. Para que se construyan más viviendas, escuelas y hospitales y menos cárceles. Para desterrar la impunidad y el desamparo.
A 49 años de aquella gesta popular, la CTA Autónoma está cumpliendo el mandato de sus pioneros y el 8 de agosto se apresta a celebrar a lo largo y ancho de la Argentina el acto electoral para elegir sus autoridades con la fuerza del voto y la participación de los trabajadores que son los que deciden en esta Central. Pura coherencia. Homenaje a la rebeldía popular que hizo del "Cordobazo" uno de los mojones más trascendentes en la rica historia de lucha del movimiento obrero.
Hoy, como ayer, el futuro está en nuestras manos y los trabajadores hemos decidido tomarlo para ser artífices de nuestro propio destino. En este nuevo aniversario del "Cordobazo", a casi 35 años de la recuperación de una democracia de baja intensidad, que mantiene un 30 por ciento de pobres, los pibes perseguidos y con hambre, y una Deuda Pública sideral; que aquí y ahora enarbola desde la cima del Gobierno sus banderas neoliberales, anti-populares y anti-obreras, es estratégico construir una nueva mayoría que encarne un Proyecto de Emancipación, haga caso omiso de los discursos posibilistas, ignore los atajos dictados por el oportunismo político, y se vuelva a plantear como norte el Bien Común: La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Del 28 de mayo al 1 de junio
La CTA y Movimientos Populares anunciaron el comienzo de la “Marcha Federal por Pan y Trabajo”
Lunes 28 de mayo de 2018, por *
Hace
instantes culminó la conferencia de prensa realizada en el local
sindical de ATE en Fisque Menuco (Roca) para brindar detalles sobre la
movilización que comienza hoy desde distintos puntos del país y culmina
el viernes 1 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, donde desembocarán
las cinco columnas de la Marcha Federal por Pan y Trabajo.
“Desde
la CTA queremos ser protagonistas frente a las políticas de ajuste que
castigan a los trabajadores, a los jubilados y los pobres”, dijo
contundente Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA
Autónoma de Río Negro y agregó: “Con la llegada del FMI se termina el
gradualismo. Este organismo llega para garantizar que se pague más
deuda. Para enfrentar esto debemos estar en la calle. Crece la unidad en
nuestro pueblo y esta marcha es la muestra más palmaria de ello”.
Junto a la Central de Trabajadores/as de la Argentina (CTA) Autónoma estuvieron presentes en la conferencia de prensa y participarán de la Marcha Federal la Confederación de Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Popular La Dignidad, la Multisectorial de Mujeres y el Frente Popular Darío Santillán. También participarán la Asociación Bancaria, la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta); y acompañarán la Unión de Trabajadores/as de la Educación de Río Negro (Unter) y la CTA de los Trabajadores/as.
Cinco columnas comienzan hoy a cruzar el país para culminar el viernes en la Ciudad de Buenos Aires para manifestarse contra las políticas económicas de este Gobierno y la presencia del FMI.
“Lo fundamental es que esto constituye ya una continuidad que en el mes de mayo comenzó con el Paro de la CTA y continuó con un montón de actividades donde la unidad del campo popular, más allá de las diferencias, se está haciendo efectiva”, apuntó Manuel Hermida, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y destacó: “El 1 de junio confluyen la mayoría de los sectores, es un arco muy importante que tiene que ver con la necesidad del pueblo de dar vuelta esta política económica”.
El dirigente recordó que hay cinco proyectos de ley que se van promover para su tratamiento en Diputados: la sanción de las leyes de emergencia alimentaria, de integración urbana, infraestructura social, agricultura familiar y ley de adicciones.
Dentro de estas leyes se encuentra la necesidad de la regularización de los barrios populares, para que sean declarados de utilidad pública; la necesidad de recursos para el SEDRONAR, la obra pública para cooperativas, ya que muchas están sin trabajo; el otorgamiento de tierra para los campesinos y el aumento de presupuesto para merenderos, con un plan de alimentación saludable. Se trata de leyes defensivas para que deje de crecer la indigencia y la pobreza. “Tienen que ver con la situación acuciante que viven estos sectores a partir de este modelo económico. Por eso también destacamos en esta movilización el rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, concluyó Hermida.
Asimismo, en la conferencia se sumó el reclamo contra la represión hacia las mujeres, trabajadoras y pobres, y se denunció una campaña difamatoria de los gobiernos hacia los movimientos, donde constantemente la respuesta es la represión y criminalización de la protesta social.
La otra columna del sur comienza en cambio en Ushuaia, y el miércoles pasará por Viedma para luego confluir con el resto en la capital del país.
Junto a la Central de Trabajadores/as de la Argentina (CTA) Autónoma estuvieron presentes en la conferencia de prensa y participarán de la Marcha Federal la Confederación de Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Popular La Dignidad, la Multisectorial de Mujeres y el Frente Popular Darío Santillán. También participarán la Asociación Bancaria, la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta); y acompañarán la Unión de Trabajadores/as de la Educación de Río Negro (Unter) y la CTA de los Trabajadores/as.
Cinco columnas comienzan hoy a cruzar el país para culminar el viernes en la Ciudad de Buenos Aires para manifestarse contra las políticas económicas de este Gobierno y la presencia del FMI.
“Lo fundamental es que esto constituye ya una continuidad que en el mes de mayo comenzó con el Paro de la CTA y continuó con un montón de actividades donde la unidad del campo popular, más allá de las diferencias, se está haciendo efectiva”, apuntó Manuel Hermida, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y destacó: “El 1 de junio confluyen la mayoría de los sectores, es un arco muy importante que tiene que ver con la necesidad del pueblo de dar vuelta esta política económica”.
El dirigente recordó que hay cinco proyectos de ley que se van promover para su tratamiento en Diputados: la sanción de las leyes de emergencia alimentaria, de integración urbana, infraestructura social, agricultura familiar y ley de adicciones.
Dentro de estas leyes se encuentra la necesidad de la regularización de los barrios populares, para que sean declarados de utilidad pública; la necesidad de recursos para el SEDRONAR, la obra pública para cooperativas, ya que muchas están sin trabajo; el otorgamiento de tierra para los campesinos y el aumento de presupuesto para merenderos, con un plan de alimentación saludable. Se trata de leyes defensivas para que deje de crecer la indigencia y la pobreza. “Tienen que ver con la situación acuciante que viven estos sectores a partir de este modelo económico. Por eso también destacamos en esta movilización el rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, concluyó Hermida.
Asimismo, en la conferencia se sumó el reclamo contra la represión hacia las mujeres, trabajadoras y pobres, y se denunció una campaña difamatoria de los gobiernos hacia los movimientos, donde constantemente la respuesta es la represión y criminalización de la protesta social.
El recorrido de la Marcha Federal en la Patagonia
La columna de la cordillera arranca desde Bariloche con un acto el día martes a las 16.30 en el Centro Cívico para continuar por Neuquén y entrar el miércoles a las 17.30 a Fisque Menuco. Luego continuará viaje hasta Santa Rosa (La Pampa) y Buenos Aires.La otra columna del sur comienza en cambio en Ushuaia, y el miércoles pasará por Viedma para luego confluir con el resto en la capital del país.
Contra el ajuste
Desde cinco provincias arrancó ayer la Marcha Federal por Pan y Trabajo
Martes 29 de mayo de 2018, por *
La CTA
Autónoma, junto a la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y
Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío
Santillán y un gran frente de organizaciones del pueblo, encabezan la
Marcha Federal por Pan y Trabajo que recorre todo el país entre los días
28 de mayo y 1 de junio, para terminar en un gran acto unitario frente
al Congreso Nacional en donde presentarán 5 proyectos de ley sobre
emergencia alimentaria, contra el narcotráfico y por trabajos dignos.
La "Marcha Federal por Pan y Trabajo", como fue denominada por los
organizadores, arranca este lunes con columnas que partirán desde La
Quiaca (Jujuy), La Rioja, Posadas (Misiones), Bariloche (Rìo Negro) y
Ushuaia (Tierra del Fuego).
Además de expresar su rechazo a la política económica del Gobierno y a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los manifestantes reclamarán frente al Congreso la sanción de leyes de "emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, adicciones y agricultura familiar".
En este sentido, la iniciativa de emergencia alimentaria impulsada por los movimientos sociales incluye un relevamiento para detectar casos de malnutrición o en riesgo de estarlo para brindar asistencia mediante bonos alimentarios.
Con relación a la integración urbana, plantean "regularizar y urbanizar los barrios humildes para mejorar la prestación de los servicios".
En cuanto al ítem "infraestructura social", exigen "garantizar que el 25 por ciento de las obras públicas sean realizadas por cooperativistas de trabajo". Por último, solicitan que el Congreso trate una ley de adicciones que incluya la asistencia en casos de consumo, y debatan una ley de agricultura familiar para "proteger a las familias que poseen y trabajan sus tierras".
La Ley de Emergencia Alimentaria promueve la Creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes.
La Ley de Infraestructura Social destina un 25 % de los fondos de la obra pública nacional a las cooperativas del sector para realizarse en los barrios populares.
El proyecto de Integración Urbana para que luego del Relevamiento Nacional de Barrios Populares se concrete la expropiación de las tierras y se brinden los servicios básicos para completar la integración de dichos barrios.
La declaración de la Emergencia en Adicciones para concientizar y promover espacios de prevención y atención especializada hacia los pibes y pibas en situación de riesgo.
La Ley de Acceso a la Tierra propone la constitución de un fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras.
De acuerdo con lo previsto, las columnas que atravesarán las provincias del Noroeste, Noreste, Cuyo y la Patagonia confluirán el viernes 1º de junio a partir de las 9.00 en el Puente Pueyrredón y en Liniers para, desde allí, marchar hacia el Congreso de la Nación, donde realizarán un acto a partir de las 14.00.
En representación de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy señaló: "El pueblo argentino necesita que el Congreso vuelva a ser plenamente una herramienta de democracia cierta. Hay quienes se niegan a eso, no quieren que acá se discuta el acuerdo o no con el Fondo porque quieren una democracia restringida. Nuestras organizaciones sostienen las luchas con el cuerpo".
El dirigente estatal dijo además que "la Marcha Federal que va a volver a este Congreso y espero que seamos miles y miles los que el primer día de junio estemos volviendo a este Congreso para sostener estos proyectos de ley luego de recorrer todo el país. Si el Congreso se abre, se democratiza, hay una salida para nuestro país".
Y alertó que "los que firman el acuerdo con el FMI quieren hacer creer que no hay otra salida y que son ellos los únicos capaces de decidir. La Marcha Federal demuestra que tenemos capacidad de resistencia pero también de proponer una sociabilidad diferente basada en la justicia distributiva, en la igualdad de mujeres y hombres, en el amor a nuestro pueblo. Porque en nuestro país no hay una crisis económica sino una crisis política en donde una minoría se queda con las riquezas producidas por el trabajo nuestro. El trabajo es el vértice en torno del cual se puede construir una sociedad diferente".
El viernes de junio, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma) realizará una Jornada Nacional de Lucha, con paros y movilizaciones en todo el país.
Además de expresar su rechazo a la política económica del Gobierno y a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los manifestantes reclamarán frente al Congreso la sanción de leyes de "emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, adicciones y agricultura familiar".
En este sentido, la iniciativa de emergencia alimentaria impulsada por los movimientos sociales incluye un relevamiento para detectar casos de malnutrición o en riesgo de estarlo para brindar asistencia mediante bonos alimentarios.
Con relación a la integración urbana, plantean "regularizar y urbanizar los barrios humildes para mejorar la prestación de los servicios".
En cuanto al ítem "infraestructura social", exigen "garantizar que el 25 por ciento de las obras públicas sean realizadas por cooperativistas de trabajo". Por último, solicitan que el Congreso trate una ley de adicciones que incluya la asistencia en casos de consumo, y debatan una ley de agricultura familiar para "proteger a las familias que poseen y trabajan sus tierras".
La Ley de Emergencia Alimentaria promueve la Creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes.
La Ley de Infraestructura Social destina un 25 % de los fondos de la obra pública nacional a las cooperativas del sector para realizarse en los barrios populares.
El proyecto de Integración Urbana para que luego del Relevamiento Nacional de Barrios Populares se concrete la expropiación de las tierras y se brinden los servicios básicos para completar la integración de dichos barrios.
La declaración de la Emergencia en Adicciones para concientizar y promover espacios de prevención y atención especializada hacia los pibes y pibas en situación de riesgo.
La Ley de Acceso a la Tierra propone la constitución de un fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras.
De acuerdo con lo previsto, las columnas que atravesarán las provincias del Noroeste, Noreste, Cuyo y la Patagonia confluirán el viernes 1º de junio a partir de las 9.00 en el Puente Pueyrredón y en Liniers para, desde allí, marchar hacia el Congreso de la Nación, donde realizarán un acto a partir de las 14.00.
En representación de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy señaló: "El pueblo argentino necesita que el Congreso vuelva a ser plenamente una herramienta de democracia cierta. Hay quienes se niegan a eso, no quieren que acá se discuta el acuerdo o no con el Fondo porque quieren una democracia restringida. Nuestras organizaciones sostienen las luchas con el cuerpo".
El dirigente estatal dijo además que "la Marcha Federal que va a volver a este Congreso y espero que seamos miles y miles los que el primer día de junio estemos volviendo a este Congreso para sostener estos proyectos de ley luego de recorrer todo el país. Si el Congreso se abre, se democratiza, hay una salida para nuestro país".
Y alertó que "los que firman el acuerdo con el FMI quieren hacer creer que no hay otra salida y que son ellos los únicos capaces de decidir. La Marcha Federal demuestra que tenemos capacidad de resistencia pero también de proponer una sociabilidad diferente basada en la justicia distributiva, en la igualdad de mujeres y hombres, en el amor a nuestro pueblo. Porque en nuestro país no hay una crisis económica sino una crisis política en donde una minoría se queda con las riquezas producidas por el trabajo nuestro. El trabajo es el vértice en torno del cual se puede construir una sociedad diferente".
El viernes de junio, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma) realizará una Jornada Nacional de Lucha, con paros y movilizaciones en todo el país.
Contra el ajuste y el neoliberalismo
Marcha Federal: más de 6000 personas en la partida de la Columna NEA
Martes 29 de mayo de 2018, por *
En la
tarde de este lunes 28 de mayo, unas 6000 personas se movilizaron en la
ciudad de Posadas, en el marco del primer día de la Marcha Federal que
recorrerá el país desde seis puntos de la Argentina para confluir en el
Congreso de la Nación el próximo viernes 1 de junio.
Esta movilización, convocada en Misiones por la Coordinadora Provincial
de Trabajadoras/es en Lucha, marcó la partida de la Columna del NEA de
una Marcha Federal cuyo objetivo es poner en discusión cinco Proyectos
de Ley orientados a paliar la grave crisis económica y social que
castiga a la clase trabajadora, y los sectores más vulnerables en la
Argentina, a partir de las políticas de ajuste que viene implementando
el Gobierno Nacional de Mauricio Macri y sus aliados provinciales.
Promediando el atardecer y bajo un sol radiante, la multitud descendió por la colectora del Acceso Sur, desplegando un colorido espectáculo de banderas y pancartas, como no se había visto en este sector fronterizo de la ciudad, para concentrarse tras varios minutos de marcha, en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, donde tuvo lugar el acto central.
Destacó la necesidad de la emergencia alimentaria ante "el hambre y los padecimientos terribles en los barrios más empobrecidos de nuestra provincia y el país", y afirmó que "no queremos la bandera yankee ni la del FMI flameando en nuestros territorios", dijo.
Luego tomó la palabra el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Felipe Mazacote, quien llamó a “seguir afianzando la unidad entre las organizaciones que luchan”, en un frente donde “estemos todos unidos contra el hambre y por el trabajo”.
A su turno, el militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Damián López, expresó “no queremos volver al 2001, que no nos quiten ni el laburo ni el futuro", indicó.
Después, el secretario general de la Junta Interna de ATE Migraciones Delegación Posadas, Martín Ayala, hizo llegar a la concurrencia el saludo de César Fariña (secretario general de ATE Misiones) -quien se encuentra en el Congreso Nacional del Sindicato en Córdoba- y señaló que "los objetivos de esta gran marcha son pluralistas y plantean un freno a este capitalismo caníbal que estamos atravesando". Ayala también clamó por la reincorporación de los despidos en el Estado nacional y advirtió que "los trabajadores nacionales estamos en vísperas de una paritaria entreguista".
Sereno advirtió que "no vamos frente a la Capital Federal solo a protestar, llevamos cinco proyectos que si los representantes del pueblos honran sus bancas deberán tratar, y que pueden revertir en parte el tremendo desastre que están haciendo desde que asumieron".
Finalmente, el coordinador nacional de desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete, agradeció a las organizaciones presentes, la posibilidad de cerrar este "multitudinario acto", y expres que “con esta Marcha Federal vamos a frenar los intentos del Gobierno de dividir a las organizaciones populares, desarticularlas y romperlas, que es lo que buscan desde hace tiempo", señaló.
Alderete recordó en su discurso la gesta popular conocida como “Cordobazo” -que este martes cumple su 49º Aniversario- y nombró a líderes históricos de la clase obrera como Agustín Tosco y René Salamanca. "Seamos protagonistas de esta lucha en unidad, compañeros y compañeras, porque solo el pueblo salvará al pueblo", enfatizó el creador de la CCC.
Este martes parten varios medios de transporte trasladando a los misioneros que integran la columna del NEA,, que recorrerán Corrientes, Chaco, Santa Fe, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires para confluir el viernes 1 de junio un acto multitudinario frente al Congreso.
La Ley de Infraestructura Social a través de la que se solicita que se garantice un 25% de los fondos de las obras públicas nacionales sea realizada por las Cooperativas de Trabajo de los sectores de barrios populares.
El Proyecto de Integración Urbana tiene como objetivo que después del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), se concrete la expropiación de las tierras y se brinden servicios básicos para completar la integración de dichos barrios.
La Lay de Declaración de Emergencia en Adicciones es para concientizar y promover espacios de prevención y atención especializada, hacia los chicos y chica en situación de riesgo por el consumo problemático de sustancias. Y la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra propone la constitución de un fondo fiduciario público de crédito, para la agricultura familiar con el objetivo de facilitar a las familias créditos destinados a la adquisición de tierras.
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional Promediando el atardecer y bajo un sol radiante, la multitud descendió por la colectora del Acceso Sur, desplegando un colorido espectáculo de banderas y pancartas, como no se había visto en este sector fronterizo de la ciudad, para concentrarse tras varios minutos de marcha, en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, donde tuvo lugar el acto central.
Unidad en la lucha
Uno de los referentes del Movimiento Barrios de Pie, Juan Carlos Yablonski, abrió con un discurso en el cual remarcó la necesidad de "unirnos para derrotar un ajuste salvaje”.Destacó la necesidad de la emergencia alimentaria ante "el hambre y los padecimientos terribles en los barrios más empobrecidos de nuestra provincia y el país", y afirmó que "no queremos la bandera yankee ni la del FMI flameando en nuestros territorios", dijo.
Luego tomó la palabra el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Felipe Mazacote, quien llamó a “seguir afianzando la unidad entre las organizaciones que luchan”, en un frente donde “estemos todos unidos contra el hambre y por el trabajo”.
Defendemos la soberanía alimentaria
Posteriormente habló el delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Misiones) en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Enso Ortt. "Se está cumpliendo un mes del despido de 17 trabajadores de Agricultura Familiar aquí en Misiones, seguimos denunciando el vaciamiento del organismo, que deja a las familias campesinas sin programas ni asistencia. Nos quieren imponer un modelo para producir grano para importar, y nosotros defendemos la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, para producir alimentos saludables y que las familias tengan sustento, y que esos alimentos lleguen a las mesas de los misioneros” manifestó el delegado de ATE. "Esta unidad que hoy vemos, nos da esperanza", añadió.Contra el ajuste
En representación de los Productores Independientes de Piray (PIP), Juan Duarte saludó la partida de esta experiencia de unidad federal, y subrayó que su organización viene “acompañando a los técnicos de Agricultura Familiar porque su trabajo nos fortalece y beneficia, mientras que las políticas que se vienen implementando nos perjudican”.A su turno, el militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Damián López, expresó “no queremos volver al 2001, que no nos quiten ni el laburo ni el futuro", indicó.
Después, el secretario general de la Junta Interna de ATE Migraciones Delegación Posadas, Martín Ayala, hizo llegar a la concurrencia el saludo de César Fariña (secretario general de ATE Misiones) -quien se encuentra en el Congreso Nacional del Sindicato en Córdoba- y señaló que "los objetivos de esta gran marcha son pluralistas y plantean un freno a este capitalismo caníbal que estamos atravesando". Ayala también clamó por la reincorporación de los despidos en el Estado nacional y advirtió que "los trabajadores nacionales estamos en vísperas de una paritaria entreguista".
"Además de reclamos llevamos proyectos"
Por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el secretario político Martín Sereno -diputado provincial por el Partido agrario y Social- consideró que "así como hoy somos miles en esta gran columna, el 1 de junio seremos más de un millón de personas diciéndole basta a Macri y sus políticas de hambre y saqueo!. A ese presidente de la Alianza Cambiemos que está matando a nuestros abuelos y que nos está entregando al FMI", fustigó.Sereno advirtió que "no vamos frente a la Capital Federal solo a protestar, llevamos cinco proyectos que si los representantes del pueblos honran sus bancas deberán tratar, y que pueden revertir en parte el tremendo desastre que están haciendo desde que asumieron".
Finalmente, el coordinador nacional de desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete, agradeció a las organizaciones presentes, la posibilidad de cerrar este "multitudinario acto", y expres que “con esta Marcha Federal vamos a frenar los intentos del Gobierno de dividir a las organizaciones populares, desarticularlas y romperlas, que es lo que buscan desde hace tiempo", señaló.
Alderete recordó en su discurso la gesta popular conocida como “Cordobazo” -que este martes cumple su 49º Aniversario- y nombró a líderes históricos de la clase obrera como Agustín Tosco y René Salamanca. "Seamos protagonistas de esta lucha en unidad, compañeros y compañeras, porque solo el pueblo salvará al pueblo", enfatizó el creador de la CCC.
Joselo Schuap puso música a la Marcha
El cierre previo a la desconcentración, estuvo a cargo del trovador popular, Joselo Schuap, quien presentó -acompañado de su guitarra- una canción denominada "Marcho", especialmente compuesta para este federalazo. En una de sus estrofas enuncia: "Basta de saqueo al pueblo humilde. No hay metáfora en el hambre popular. Castigando a sus hermanos con el yugo, y agachando la cabeza al capital”.Este martes parten varios medios de transporte trasladando a los misioneros que integran la columna del NEA,, que recorrerán Corrientes, Chaco, Santa Fe, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires para confluir el viernes 1 de junio un acto multitudinario frente al Congreso.
Proyectos de Ley
La Marcha Federal pedirá al Parlamento argentino que se traten cinco leyes impulsadas por las organizaciones sociales: La Ley de Emergencia Alimentaria que promueve la Creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes.La Ley de Infraestructura Social a través de la que se solicita que se garantice un 25% de los fondos de las obras públicas nacionales sea realizada por las Cooperativas de Trabajo de los sectores de barrios populares.
El Proyecto de Integración Urbana tiene como objetivo que después del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), se concrete la expropiación de las tierras y se brinden servicios básicos para completar la integración de dichos barrios.
La Lay de Declaración de Emergencia en Adicciones es para concientizar y promover espacios de prevención y atención especializada, hacia los chicos y chica en situación de riesgo por el consumo problemático de sustancias. Y la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra propone la constitución de un fondo fiduciario público de crédito, para la agricultura familiar con el objetivo de facilitar a las familias créditos destinados a la adquisición de tierras.
Pan y trabajo para todos y todas
La Marcha Federal llevó sus proyectos de Ley a Diputados
Miércoles 23 de mayo de 2018, por *
Esta
tarde ((por ayer), la Marcha Federal, que recorrerá el país del 28 de
mayo al 1 de junio, llevó sus proyectos de ley a Diputados en el
Congreso de la Nación. En reprentación de ATE y la CTA A, Hugo
"Cachorro" Godoy dijo: "El pueblo argentino necesita que el Congreso
vuelva a ser plenamente una herramienta de democracia cierta. Espero que
seamos miles y miles los y las que el primero de junio estemos
volviendo a este Congreso para sostener estos proyectos de ley por pan,
techo y trabajo".
Las exposiciones fueron presentadas por los diputados Leonardo Grosso y Victoria Donda.
Leonardo Grosso, diputado nacional, dijo: "Esta iniciativa viene de la calle al Congreso, así que bienvenidos y bienvenidas. Queremos conocer las iniciativas del campo popular".
A su turno, Victoria Donda, agregó: "Creemos que es fundamental que lo que está pasando hoy en nuestra sociedad encuentre una voz en el Congreso de la nación".
En representación de la CTEP, Gildo Onorato explicó: "Queremos agradecer la presencia de todos y todas. Desde los movimientos populares venimos trabajando distintas problemáticas hace tiempo. Hoy nos convocan 5 proyectos de ley y uno que ya fue aprobado y tiene que ser reglamentado"
Onorato contó que el primero es sobre la emergencia alimentaria: "Necesitamos que se trate dramáticamente urgente. La otra es la integración urbana: se ha hecho un relevamiento en la Argentina, casi 5 millones de habitantes viven en villas y asentamientos. 4228 barrios de emergencia y el 25% surgieron a partir de 2010. También se ha trabajado una iniciativa desde la provincia de Buenos Aires sobre la ley de infraestructura social para que la obra pública destine al menos el 25% de su presupuesto a las cooperativas".
Por otra parte, Onorato señaló que "no queremos planes sociales, queremos trabajo digno porque somos y nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. Necesitamos que se declare la emergencia contra el narcotráfico para que nuestros pibes y pibas no sean rehenes. También necesitamos la tierra para quien la trabaja. Quiero hacerles el pedido de que se saquen la camiseta porque necesitamos respuestas de Estado. Todas estas problemáticas se han agravado".
Y concluyó: "Los problemas estructurales no se han resuelto. Queremos, desde los movimientos populares, somos más de 40, decir que tenemos problemas comunes, concretos y nos unimos para decir que necesitamos políticas de Estado, necesitamos grandeza institucional".
Monseñor Fernando Carlos Maletti, Obispo de Merlo-Moreno señaló: "Necesitamos reflexionar sobre estos 5 puntos para que los que ganen sean los más pobres, los más humildes. Que realmente estos puntos nos puedan ayudar a crecer en un diálogo donde por encima de todo nos sintamos ciudadanos más que habitantes de una patria que tenemos que volver a integrar en las vísperas del 25 de Mayo".
Daniel Menéndez, de Barrios de pie dijo: "Esta convocatoria tiene que ver con un problema que nosotros vemos con mucha claridad y es que en la dirigencia y los Medios han ganado el discurso de que es inevitable el ajuste. En ese marco nosotros decidimos estar en la calle, con un camino de agenda social: hay un claro problema de alimentación, de trabajo, de vivienda, de educación. Vamos a mostrar un pueblo movilizado que va a dar un alerta a quienes hoy nos gobiernan sobre el impacto que puede tener la política económica que están llevando adelante. Nosotros y nosotras tenemos la capacidad de mostrar alternativas".
Freddy Mariño, de la CCC, destacó: "Entendemos que de la mano de las grandes corporaciones nos han metido esa condena a muerte sistemática sobre nuestros jóvenes a través de la droga, nosotros los trabajadores somos las víctimas de esas políticas directas. La situación tiende a agravarse porque este Gobierno no tiene freno, busca rifar los bienes comunes, que va mancillando la soberanía nacional. Queremos invitar a toda la población a sumarse".
María Elena Navarro, del FOL dijo: "Agradecemos a las diputadas y diputados, a los dirigentes sindicales y a todas las organizaciones sociales por apoyarnos. Tenemos el ánimo de que estas leyes lleguen a buen puerto pero sabemos que esto se hace con lucha, porque la historia del movimiento obrero nos lo enseñó. Los que tienen todo, quieren más y los únicos caminos que se plantean para los trabajadores y trabajadoras es la represión. En esta coyuntura es cuando más tenemos que unirnos porque lo que está en juego son nuestros derechos".
Representando al Frente Popular Darío Santillán, Dina agregó: "Las leyes nacen de los barrios más pobres, de los barrios más populares. Tenemos muchos niños y niñas en nuestros barrios. Somos las organizaciones sociales las que venimos bancando esta necesidad. Vamos a seguir avanzando con estas 5 leyes en esta gran convocatoria de la Marcha Federal. Queremos trabajo, educación, vivienda y nuestros derechos para todos y todas. No queremos que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres".
El "Gringo" Castro de la CTEP reflexionó: “El amor al pueblo es lo que las corporaciones mundiales quieren romper pero justamente es lo que no pueden romper porque nosotros tenemos historia que nace desde los pueblos originarios, los anarquistas, las montoneras federales, el Peronismo. Toda esa experiencia está hoy acá, en nuestro pueblo. Marchar con el pueblo y junto al pueblo es absolutamente sanador me dijo Víctor de Gennaro en 2016 cuando hicimos la marcha de San Cayetano. Eso es lo que nos va a pasar en esta marcha en la que vamos a recorrer todo el país. Vamos a llegar hechos pelota pero le vamos a demostrar a este Gobierno y a las corporaciones que no pueden con el amor al pueblo. Que no nos roben el amor al pueblo es nuestra mayor victoria".
En representación de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy señaló: "El pueblo argentino necesita que el Congreso vuelva a ser plenamente una herramienta de democracia cierta. Hay quienes se niegan a eso, no quieren que acá se discuta el acuerdo o no con el Fondo porque quieren una democracia restringida. Nuestras organizaciones sostienen las luchas con el cuerpo".
El dirigente estatal dijo además que "la Marcha Federal que va a volver a este Congreso y espero que seamos miles y miles los que el primer día de junio estemos volviendo a este Congreso para sostener estos proyectos de ley luego de recorrer todo el país. Si el Congreso se abre, se democratiza, hay una salida para nuestro país".
Y alertó que "los que firman el acuerdo con el FMI quieren hacer creer que no hay otra salida y que son ellos los únicos capaces de decidir. La Marcha Federal demuestra que tenemos capacidad de resistencia pero también de proponer una sociabilidad diferente basada en la justicia distributiva, en la igualdad de mujeres y hombres, en el amor a nuestro pueblo. Porque en nuestro país no hay una crisis económica sino una crisis política en donde una minoría se queda con las riquezas producidas por el trabajo nuestro. El trabajo es el vértice en torno del cual se puede construir una sociedad diferente".
Juan Carlos Schmidt, de la CGT agregó: "Acompañamos fuertemente esta necesidad que ustedes tienen que destacar: normalmente los gobiernos, la dirigencia generalmente dicen que nosotros no tenemos propuestas, que lo único que hacemos es protestar y acá hay propuestas concretas".
Lucila, del Movimiento Evita, agradeció la iniciativa y dijo: "Todas las experiencias que nacen desde los barrios son enseñanzas para construir una democracia digna para nuestro pueblo. Tomamos el compromiso para que estos proyectos de ley se conviertan en leyes. No hay forma de mirar para otro lado frente a lo que vivimos".
Estuvieron presentes otros diputados y diputadas como Felipe Solá, entre otros y otras, quienes se comprometieron a hacer propios los proyectos de ley presentados por la Marcha Federal.
Las palabras de Jaqui Flores, de la CTEP: "No le vamos a pedir a nadie que sostenga nuestra dignidad, esta es una lucha de clases y el Congreso es nuestro", quedarán presentes en todos y todas.
* Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma
Leonardo Grosso, diputado nacional, dijo: "Esta iniciativa viene de la calle al Congreso, así que bienvenidos y bienvenidas. Queremos conocer las iniciativas del campo popular".
A su turno, Victoria Donda, agregó: "Creemos que es fundamental que lo que está pasando hoy en nuestra sociedad encuentre una voz en el Congreso de la nación".
En representación de la CTEP, Gildo Onorato explicó: "Queremos agradecer la presencia de todos y todas. Desde los movimientos populares venimos trabajando distintas problemáticas hace tiempo. Hoy nos convocan 5 proyectos de ley y uno que ya fue aprobado y tiene que ser reglamentado"
Onorato contó que el primero es sobre la emergencia alimentaria: "Necesitamos que se trate dramáticamente urgente. La otra es la integración urbana: se ha hecho un relevamiento en la Argentina, casi 5 millones de habitantes viven en villas y asentamientos. 4228 barrios de emergencia y el 25% surgieron a partir de 2010. También se ha trabajado una iniciativa desde la provincia de Buenos Aires sobre la ley de infraestructura social para que la obra pública destine al menos el 25% de su presupuesto a las cooperativas".
Por otra parte, Onorato señaló que "no queremos planes sociales, queremos trabajo digno porque somos y nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. Necesitamos que se declare la emergencia contra el narcotráfico para que nuestros pibes y pibas no sean rehenes. También necesitamos la tierra para quien la trabaja. Quiero hacerles el pedido de que se saquen la camiseta porque necesitamos respuestas de Estado. Todas estas problemáticas se han agravado".
Y concluyó: "Los problemas estructurales no se han resuelto. Queremos, desde los movimientos populares, somos más de 40, decir que tenemos problemas comunes, concretos y nos unimos para decir que necesitamos políticas de Estado, necesitamos grandeza institucional".
Monseñor Fernando Carlos Maletti, Obispo de Merlo-Moreno señaló: "Necesitamos reflexionar sobre estos 5 puntos para que los que ganen sean los más pobres, los más humildes. Que realmente estos puntos nos puedan ayudar a crecer en un diálogo donde por encima de todo nos sintamos ciudadanos más que habitantes de una patria que tenemos que volver a integrar en las vísperas del 25 de Mayo".
Daniel Menéndez, de Barrios de pie dijo: "Esta convocatoria tiene que ver con un problema que nosotros vemos con mucha claridad y es que en la dirigencia y los Medios han ganado el discurso de que es inevitable el ajuste. En ese marco nosotros decidimos estar en la calle, con un camino de agenda social: hay un claro problema de alimentación, de trabajo, de vivienda, de educación. Vamos a mostrar un pueblo movilizado que va a dar un alerta a quienes hoy nos gobiernan sobre el impacto que puede tener la política económica que están llevando adelante. Nosotros y nosotras tenemos la capacidad de mostrar alternativas".
Freddy Mariño, de la CCC, destacó: "Entendemos que de la mano de las grandes corporaciones nos han metido esa condena a muerte sistemática sobre nuestros jóvenes a través de la droga, nosotros los trabajadores somos las víctimas de esas políticas directas. La situación tiende a agravarse porque este Gobierno no tiene freno, busca rifar los bienes comunes, que va mancillando la soberanía nacional. Queremos invitar a toda la población a sumarse".
María Elena Navarro, del FOL dijo: "Agradecemos a las diputadas y diputados, a los dirigentes sindicales y a todas las organizaciones sociales por apoyarnos. Tenemos el ánimo de que estas leyes lleguen a buen puerto pero sabemos que esto se hace con lucha, porque la historia del movimiento obrero nos lo enseñó. Los que tienen todo, quieren más y los únicos caminos que se plantean para los trabajadores y trabajadoras es la represión. En esta coyuntura es cuando más tenemos que unirnos porque lo que está en juego son nuestros derechos".
Representando al Frente Popular Darío Santillán, Dina agregó: "Las leyes nacen de los barrios más pobres, de los barrios más populares. Tenemos muchos niños y niñas en nuestros barrios. Somos las organizaciones sociales las que venimos bancando esta necesidad. Vamos a seguir avanzando con estas 5 leyes en esta gran convocatoria de la Marcha Federal. Queremos trabajo, educación, vivienda y nuestros derechos para todos y todas. No queremos que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres".
El "Gringo" Castro de la CTEP reflexionó: “El amor al pueblo es lo que las corporaciones mundiales quieren romper pero justamente es lo que no pueden romper porque nosotros tenemos historia que nace desde los pueblos originarios, los anarquistas, las montoneras federales, el Peronismo. Toda esa experiencia está hoy acá, en nuestro pueblo. Marchar con el pueblo y junto al pueblo es absolutamente sanador me dijo Víctor de Gennaro en 2016 cuando hicimos la marcha de San Cayetano. Eso es lo que nos va a pasar en esta marcha en la que vamos a recorrer todo el país. Vamos a llegar hechos pelota pero le vamos a demostrar a este Gobierno y a las corporaciones que no pueden con el amor al pueblo. Que no nos roben el amor al pueblo es nuestra mayor victoria".
En representación de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy señaló: "El pueblo argentino necesita que el Congreso vuelva a ser plenamente una herramienta de democracia cierta. Hay quienes se niegan a eso, no quieren que acá se discuta el acuerdo o no con el Fondo porque quieren una democracia restringida. Nuestras organizaciones sostienen las luchas con el cuerpo".
El dirigente estatal dijo además que "la Marcha Federal que va a volver a este Congreso y espero que seamos miles y miles los que el primer día de junio estemos volviendo a este Congreso para sostener estos proyectos de ley luego de recorrer todo el país. Si el Congreso se abre, se democratiza, hay una salida para nuestro país".
Y alertó que "los que firman el acuerdo con el FMI quieren hacer creer que no hay otra salida y que son ellos los únicos capaces de decidir. La Marcha Federal demuestra que tenemos capacidad de resistencia pero también de proponer una sociabilidad diferente basada en la justicia distributiva, en la igualdad de mujeres y hombres, en el amor a nuestro pueblo. Porque en nuestro país no hay una crisis económica sino una crisis política en donde una minoría se queda con las riquezas producidas por el trabajo nuestro. El trabajo es el vértice en torno del cual se puede construir una sociedad diferente".
Juan Carlos Schmidt, de la CGT agregó: "Acompañamos fuertemente esta necesidad que ustedes tienen que destacar: normalmente los gobiernos, la dirigencia generalmente dicen que nosotros no tenemos propuestas, que lo único que hacemos es protestar y acá hay propuestas concretas".
Lucila, del Movimiento Evita, agradeció la iniciativa y dijo: "Todas las experiencias que nacen desde los barrios son enseñanzas para construir una democracia digna para nuestro pueblo. Tomamos el compromiso para que estos proyectos de ley se conviertan en leyes. No hay forma de mirar para otro lado frente a lo que vivimos".
Estuvieron presentes otros diputados y diputadas como Felipe Solá, entre otros y otras, quienes se comprometieron a hacer propios los proyectos de ley presentados por la Marcha Federal.
Las palabras de Jaqui Flores, de la CTEP: "No le vamos a pedir a nadie que sostenga nuestra dignidad, esta es una lucha de clases y el Congreso es nuestro", quedarán presentes en todos y todas.
Puja redistributiva
CONADU Histórica dijo presente en la Marcha Federal Educativa
Miércoles 23 de mayo de 2018, por *
Desde
las 12 del mediodía, docentes y dirigentes de la CONADU Histórica
concentraron en Corrientes y 9 de Julio para marchar a la histórica
Plaza de Mayo en defensa de la educación pública, las paritarias libres,
aumento del presupuesto universitario y por condiciones de vida y de
trabajo dignas. Estuvieron presentes gremios docentes de todo el país,
desde Ushuaia a La Quiaca, en una nueva movilización que pasará a la
historia.
Antes de comenzar a marchar por las calles del centro porteño, Luis Tiscornia, Secretario General de la CONADUH dijo: “Hoy estamos reclamando por nuestro salario, rechazando el tope del 15% y el recorte de presupuesto implica comprometer el funcionamiento de las universidades y también marchamos contra el recorte de las incumbencias de algunas carreras universitarias en una clara política de desregulación y una avanzada muy profunda en la mercantilización”.
Desde el Litoral, Mariana Carminatti, Secretaria General de ADUL agregó: “Vinimos a defender nuestros reclamos como lo es el del 25% de aumento salarial, no al tope del 15%, en defensa de la educación y la universidad pública, estamos junto a compañeros y compañeras de base de nuestro gremio”.
En representación de la AGD UBA, Ileana Schelotto, su Secretaria General manifestó: “Esta marcha está expresando en primer lugar el repudio de toda la docencia de nuestro país al ajuste que está haciendo el Gobierno nacional, por orden del Fondo Monetario Internacional, profundizando el ajuste. Le estamos diciendo no al tope del 15% a los salarios. La AGD UBA plantea que la salida es un paro nacional para terminar con este ajuste”.
La secretaria de Formación de la CONADUH, Claudia Baigorria dijo: “La lucha por la educación pública es una sola y nuestro lugar está aquí como hemos acompañado todas las marchas federales a partir de la definición de este gobierno de gerentes de eliminar la paritaria nacional docente. Seguimos con el mismo ofrecimiento del 15% en cuatro cuotas y con una inflación creciente, aumento de tarifas, de alimentos, de combustibles. También decimos fuera al FMI. Además no tienen problemas en anunciar un recorte de 3 mil millones de pesos al presupuesto universitario votado por el Congreso de la Nación, recorte que repercute en los gastos de funcionamiento, en las becas de los estudiantes, en los comedores, en la paralización de las obras edilicias. Venimos a decir que la universidad y la educación pública no son un gasto, sino una inversión y un derecho inalienable de todos los ciudadanos y las ciudadanas”.
La movilización fue multitudinaria y estuvo expresada por docentes de todos los niveles educativos, desde inicial, primario, secundario, terciario hasta universitario y de todas las provincias del país. Además fue acompañada por trabajadores y dirigentes estatales, judiciales, de la salud y movimientos sociales. Familias enteras llegaron también a Plaza de Mayo para volver a decir no al ajuste, sí a la educación pública de calidad para todos y todas.
¿Cooperación o subordinación?: Argentina y la agenda de seguridad norteamericana
Publicado: 23 may 2018 15:25 GMT - RT
A través de la cooperación con distintas agencias y estructuras gubernamentales norteamericanas, el Gobierno de Mauricio Macri
parece haberse alineado a las prioridades en materia de seguridad y
defensa de dicha potencia. Este fortalecimiento en las relaciones, no
obstante, puede venir acompañado de preocupaciones e hipótesis de
conflicto que no solo no pertenecen a la nación sudamericana, sino que
podrían augurarle toda una nueva gama de problemas.
La llegada de Macri a la Presidencia de Argentina en 2015 trajo consigo un giro drástico en las relaciones con EE.UU. en relación a los 12 años anteriores, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Desde la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, pasando por el 'No al Alca' (Área de Libre Comercio de las Américas) en el mismo año, hasta la posible incorporación de Argentina a los BRICS, la última década estuvo caracterizada por un enfriamiento en las relaciones entre el país sudamericano y EE.UU.
No obstante, en lo que podría interpretarse como un intento de reconquistar el 'patio trasero', EE.UU. vuelve a hacer foco en la Argentina a través de sus políticas y acuerdos de cooperación en el ámbito de la seguridad.
Su propósito es encargarse de "proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad" para América Central, del Sur y el Caribe. También es responsable de "proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares" y de asegurar la defensa del Canal de Panamá.
El Almirante de la Armada Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, testificó en febrero de este año ante un Comité de Servicios Armados del Senado en el que evaluó los riesgos y desafíos que atraviesa la región de la cual es responsable, es decir, Latinoamérica.
"Redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional. Sabemos de casos específicos de individuos que estuvieron involucrados en complots para atacar a nuestra madre patria y a nuestros socios. Afortunadamente, fueron detenidos, pero esto sigue siendo una preocupación significativa y persistente", explicó el responsable del Comando Sur.
Por otro lado, Tidd reafirmó los conceptos esbozados en la Estrategia de Defensa Nacional para el 2018, en los que se considera a Rusia, China e Irán como amenazas para la seguridad de su país, destacando la presencia de Hezbolá, a quien considera un 'representante' de Irán en la región.
"Hemos estado observando a Hezbolá por varias décadas, porque, como podrán reconocer, ha estado presente en el hemisferio
por un tiempo ya, involucrados principalmente en actividades criminales
que apoyan sus actividades terroristas en el exterior", sostuvo Tidd.
Así mismo, el Almirante destacó los roles de Brasil, Chile y México para combatir las 'amenazas' que atraviesa el hemisferio e hizo especial énfasis en la renovación de un vieja alianza: "Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico".
Si se tiene en cuenta que una semana antes de estas declaraciones la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que se establecerá una 'task force' de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la provincia de Misiones; o que el país acaba de asumir la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las palabras de apoyo del Comandante Tidd al Gobierno argentino cobran mucho sentido.
En el marco de la visita, el viceministro de Defensa en aquel entonces, Ángel Tello, expresó respecto al restablecimiento de las relaciones entre ambos países: "También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida".
Ya en junio de 2016, en una entrevista a Página/12, Luiz Monis Bandeira, considerado uno de los mayores expertos en relaciones con el país norteamericano, dijo que Argentina y EE.UU. estaban negociando la construcción de bases norteamericanas en territorio argentino: una en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y otra en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.
"Yo no lo llamaría cooperación sino subordinación", afirmó en diálogo con RT Alcira Argumedo, exdiputada nacional del Movimiento Proyecto Sur, socióloga y docente universitaria, respecto al vínculo que mantiene el Gobierno argentino con EE.UU.
Según Argumedo, conocida por sus intervenciones en el Congreso en todo lo que respecta a la soberanía nacional y por sus análisis en materia de geopolítica, se está haciendo "un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso" en nombre del narcotráfico y la amenaza del terrorismo.
"Esto va articulado con la instalación de una base en la Triple Frontera, siempre en la lucha contra el terrorismo, que nunca se sabe dónde está. Pero la instalación de una base en la Triple Frontera es por el control del Acuífero Guaraní. Porque el problema es que EE.UU. calcula que dentro de 20 años va a tener un déficit de agua de 40%. El tema es controlar las áreas de agua dulce", manifestó.
De acuerdo a la Fundación Aquae, el Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua dulce más grande del planeta. Es compartido por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, extendiéndose a largo de una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados.
En este sentido, la exdiputada considera que tras el fracaso de EE.UU. en la guerra de Siria con los intentos fallidos de derrocar a Bashar al Assad, la potencia hizo un repliegue sobre América Latina de control de recursos estratégicos.
"Están militarizando nuevamente América Latina porque significativamente EE.UU. es una potencia que se está replegando por la derrota militar ante Rusia e Irán en el Medio Oriente y frente al crecimiento de China, que lo está desplazando de la hegemonía internacional", explicó.
Además, Argumedo destacó la manera en que las bases argentinas se complementan con otras de la región con el fin de cercar zonas geográficas clave. Según aseguró, "también quieren instalar otra base en Tierra del Fuego para el control de la Antártida. A su vez esa base se complementa con cinco bases establecidas en Brasil, en la frontera con Colombia y así sucesivamente. De manera tal que están rodeando el Amazonas y el Acuífero Guaraní, que son grandes reservas de recursos estratégicos".
Respecto a las bases militares en sí, la socióloga y docente desmitifica la idea de que se traten de grandes construcciones llenas de soldados a la espera de un conflicto armado, sino que las bases nuevas muchas veces consisten en una simple pista de aterrizaje, como es el caso de la base de Estigarribia, en Paraguay.
"Al tener la Cuarta Flota de los EE.UU. en ida y vuelta por el Océano Atlántico, se calcula que en no más de seis a diez horas pueden hacer un desembarco de tanques, de material pesado, de tropas y demás, para lo cual no necesitan mantener constantemente una base en los términos tradicionales que conocemos. De pronto no va a aparecer una base sino una pista de aterrizaje", sostuvo.
El veto en el Congreso por parte del Frente para la Victoria fue la estocada final para dichos ejercicios, de acuerdo a lo informado por Clarín. A partir de ese momento, sin embargo, la aprobación del poder legislativo para ejercicios y compras vinculadas a Defensa pareciera haber dejado de ser un obstáculo para el Gobierno nacional.
El 2 de mayo de este mes, según Infobae, delegados de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Salud de EE.UU. y Argentina se reunieron en el Ministerio de Defensa en la Ciudad de Buenos Aires para realizar "ejercicios teóricos conjuntos" contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para dicho ejercicio, al no contar con tropas norteamericanas en suelo argentino sino con miembros de la inteligencia de ese país, no se solicitó la autorización del Congreso. "Teóricamente todos los acuerdos militares tendrían que tener el aval del Congreso. De todas maneras siempre puede haber alguna trampa de interpretación que le permita al Ejecutivo definirlo directamente sin pasar por el el legislativo", dijo Argumedo.
Según expresó, hay una clarísima vocación de subordinación que a veces se implementa a través de acciones demasiado evidentes y otras veces "en acciones aparentemente inocentes, pero que en profundidad son muy graves".
Esta voluntad de mantener cierta información oculta o fuera del alcance de la discusión parlamentaria no solo se aplica a los ejercicios militares conjuntos, sino también a la compra de armamento bélico.
"Hemos visto que tanto la compra de armamentos como los últimos ejercicios conjuntos requirieron de cierta secrecía y de la no autorización por parte del Congreso en el caso de los ejercicios conjuntos", afirmó María Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
De acuerdo a la doctora en ciencias políticas e historiadora, esto responde a seguir un camino marcado, a seguir un alineamiento "a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses sin ningún interés de debatir al respecto".
"La intención es naturalizar este tipo de posicionamientos. Es decir, al tomarse esta decisión de alineamiento, todos los acercamientos en términos de seguridad, sean cursos de entrenamiento, ejercicios conjuntos, compra de armas o desarrollo científico-tecnológico conjunto, se toman como natural cuando en realidad, en términos de soberanía y atributos de estatidad, no hay nada de obvio ni natural en esto sino que debería tomarse con mucha más seriedad y delicadeza", consideró Romano.
Argumedo, por su parte, considera que las razones de "seguridad y defensa nacional" consisten en mantener oculto a quien se le compran armas: "Aquel país al cual le compras el armamento te hace dependiente de la provisión de repuestos. Tienes que tener una alianza muy importante ya que entras en una relación de subordinación con el país que te vende esas armas".
Por otro lado, la exdiputada considera que el equipamiento en materia armamentística podría estar, en parte, vinculado al creciente descontento y movilización social de los sectores populares y las clases medias debido a las distintas reformas económicas planteadas desde el macrismo, lo que genera una seria preocupación desde el Gobierno.
"Esto es altamente riesgoso. La lucha contra el terrorismo te permite manejar ciertas formas de represión social suponiendo que hay infiltración terrorista en esos sectores. Es muy fácil meter provocadores que te distorsionen el carácter pacífico de las protestas. La verdad que hay que estar muy atentos a eso", advirtió la diputada y agregó: "Yo espero que la resistencia sea pacífica porque sabemos quien paga los costos cuando se producen estos desbordes".
"Esta importación de hipótesis de conflicto y sobre todo de doctrinas para luchar, por ejemplo contra las drogas o el terrorismo, retomando los lineamientos estadounidenses, es preocupante porque reproduce experimentos fallidos, advertidos como tales no solamente desde América Latina sino por 'think tanks' estadounidenses y por discusiones en el mismo Congreso de EE.UU.", advirtió Romano.
La especialista del CELAG recuerda el caso del Plan Colombia, un acuerdo bilateral firmado entre los Gobiernos de EE.UU. y Colombia en 1998 que buscaba, principalmente, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia antinarcóticos. Según afirmó, del total de 8.000.000 de muertos debido al conflicto interno, el pico de víctimas se registró en 2002, durante la ejecución del Plan Colombia, con casi 750.000 muertos.
"Un quiebre del tejido social, una sociedad devastada, ciertamente. En México la guerra contra las drogas que se viene librando desde el sexenio de Calderón ya se cobró 200.000 víctimas, y entre el 2007 y el 2016 se encontraron 1.075 fosas comunes con 2024 muertos. Esto es un escenario de guerra. ¿Esto es lo que necesita el resto de América Latina? La importación de estas doctrinas no augura nada bueno para Argentina", sentenció la especialista.
Ignacio Fernández Albano
La llegada de Macri a la Presidencia de Argentina en 2015 trajo consigo un giro drástico en las relaciones con EE.UU. en relación a los 12 años anteriores, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Desde la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, pasando por el 'No al Alca' (Área de Libre Comercio de las Américas) en el mismo año, hasta la posible incorporación de Argentina a los BRICS, la última década estuvo caracterizada por un enfriamiento en las relaciones entre el país sudamericano y EE.UU.
No obstante, en lo que podría interpretarse como un intento de reconquistar el 'patio trasero', EE.UU. vuelve a hacer foco en la Argentina a través de sus políticas y acuerdos de cooperación en el ámbito de la seguridad.
Las preocupaciones del Comando Sur
El Comando Sur de los EE.UU., dependiente del Departamento de Defensa, es un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia Costera y varias agencias federales.Su propósito es encargarse de "proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad" para América Central, del Sur y el Caribe. También es responsable de "proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares" y de asegurar la defensa del Canal de Panamá.
El Almirante de la Armada Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, testificó en febrero de este año ante un Comité de Servicios Armados del Senado en el que evaluó los riesgos y desafíos que atraviesa la región de la cual es responsable, es decir, Latinoamérica.
"Redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional. Sabemos de casos específicos de individuos que estuvieron involucrados en complots para atacar a nuestra madre patria y a nuestros socios. Afortunadamente, fueron detenidos, pero esto sigue siendo una preocupación significativa y persistente", explicó el responsable del Comando Sur.
Por otro lado, Tidd reafirmó los conceptos esbozados en la Estrategia de Defensa Nacional para el 2018, en los que se considera a Rusia, China e Irán como amenazas para la seguridad de su país, destacando la presencia de Hezbolá, a quien considera un 'representante' de Irán en la región.
Así mismo, el Almirante destacó los roles de Brasil, Chile y México para combatir las 'amenazas' que atraviesa el hemisferio e hizo especial énfasis en la renovación de un vieja alianza: "Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico".
Si se tiene en cuenta que una semana antes de estas declaraciones la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que se establecerá una 'task force' de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la provincia de Misiones; o que el país acaba de asumir la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las palabras de apoyo del Comandante Tidd al Gobierno argentino cobran mucho sentido.
Control de recursos
En mayo de 2016, según informó La Nación, Macri envió a EE.UU. una delegación del Ministerio de Defensa para promover "la cooperación y la definición de objetivos comunes en la región en materia de defensa y seguridad hemisférica".En el marco de la visita, el viceministro de Defensa en aquel entonces, Ángel Tello, expresó respecto al restablecimiento de las relaciones entre ambos países: "También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida".
Ya en junio de 2016, en una entrevista a Página/12, Luiz Monis Bandeira, considerado uno de los mayores expertos en relaciones con el país norteamericano, dijo que Argentina y EE.UU. estaban negociando la construcción de bases norteamericanas en territorio argentino: una en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y otra en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.
"Yo no lo llamaría cooperación sino subordinación", afirmó en diálogo con RT Alcira Argumedo, exdiputada nacional del Movimiento Proyecto Sur, socióloga y docente universitaria, respecto al vínculo que mantiene el Gobierno argentino con EE.UU.
Según Argumedo, conocida por sus intervenciones en el Congreso en todo lo que respecta a la soberanía nacional y por sus análisis en materia de geopolítica, se está haciendo "un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso" en nombre del narcotráfico y la amenaza del terrorismo.
"Esto va articulado con la instalación de una base en la Triple Frontera, siempre en la lucha contra el terrorismo, que nunca se sabe dónde está. Pero la instalación de una base en la Triple Frontera es por el control del Acuífero Guaraní. Porque el problema es que EE.UU. calcula que dentro de 20 años va a tener un déficit de agua de 40%. El tema es controlar las áreas de agua dulce", manifestó.
De acuerdo a la Fundación Aquae, el Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua dulce más grande del planeta. Es compartido por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, extendiéndose a largo de una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados.
En este sentido, la exdiputada considera que tras el fracaso de EE.UU. en la guerra de Siria con los intentos fallidos de derrocar a Bashar al Assad, la potencia hizo un repliegue sobre América Latina de control de recursos estratégicos.
"Están militarizando nuevamente América Latina porque significativamente EE.UU. es una potencia que se está replegando por la derrota militar ante Rusia e Irán en el Medio Oriente y frente al crecimiento de China, que lo está desplazando de la hegemonía internacional", explicó.
Además, Argumedo destacó la manera en que las bases argentinas se complementan con otras de la región con el fin de cercar zonas geográficas clave. Según aseguró, "también quieren instalar otra base en Tierra del Fuego para el control de la Antártida. A su vez esa base se complementa con cinco bases establecidas en Brasil, en la frontera con Colombia y así sucesivamente. De manera tal que están rodeando el Amazonas y el Acuífero Guaraní, que son grandes reservas de recursos estratégicos".
Respecto a las bases militares en sí, la socióloga y docente desmitifica la idea de que se traten de grandes construcciones llenas de soldados a la espera de un conflicto armado, sino que las bases nuevas muchas veces consisten en una simple pista de aterrizaje, como es el caso de la base de Estigarribia, en Paraguay.
"Al tener la Cuarta Flota de los EE.UU. en ida y vuelta por el Océano Atlántico, se calcula que en no más de seis a diez horas pueden hacer un desembarco de tanques, de material pesado, de tropas y demás, para lo cual no necesitan mantener constantemente una base en los términos tradicionales que conocemos. De pronto no va a aparecer una base sino una pista de aterrizaje", sostuvo.
Decretos a espaldas del Congreso
Un ejercicio conjunto entre las fuerzas armadas estadounidenses y argentinas denominado 'Cormorán', que iba a realizarse entre septiembre y octubre del año pasado en la ciudad patagónica de Trelew, no pudo llevarse a cabo porque se vencieron los plazos acordados.El veto en el Congreso por parte del Frente para la Victoria fue la estocada final para dichos ejercicios, de acuerdo a lo informado por Clarín. A partir de ese momento, sin embargo, la aprobación del poder legislativo para ejercicios y compras vinculadas a Defensa pareciera haber dejado de ser un obstáculo para el Gobierno nacional.
El 2 de mayo de este mes, según Infobae, delegados de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Salud de EE.UU. y Argentina se reunieron en el Ministerio de Defensa en la Ciudad de Buenos Aires para realizar "ejercicios teóricos conjuntos" contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para dicho ejercicio, al no contar con tropas norteamericanas en suelo argentino sino con miembros de la inteligencia de ese país, no se solicitó la autorización del Congreso. "Teóricamente todos los acuerdos militares tendrían que tener el aval del Congreso. De todas maneras siempre puede haber alguna trampa de interpretación que le permita al Ejecutivo definirlo directamente sin pasar por el el legislativo", dijo Argumedo.
Según expresó, hay una clarísima vocación de subordinación que a veces se implementa a través de acciones demasiado evidentes y otras veces "en acciones aparentemente inocentes, pero que en profundidad son muy graves".
Esta voluntad de mantener cierta información oculta o fuera del alcance de la discusión parlamentaria no solo se aplica a los ejercicios militares conjuntos, sino también a la compra de armamento bélico.
Compra de armamento
En febrero de este año, un decreto firmado por el presidente que busca "garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación", autorizó la compra de nuevo equipamiento bélico y declaró secreta la operación por razones de seguridad y defensa nacional."Hemos visto que tanto la compra de armamentos como los últimos ejercicios conjuntos requirieron de cierta secrecía y de la no autorización por parte del Congreso en el caso de los ejercicios conjuntos", afirmó María Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
De acuerdo a la doctora en ciencias políticas e historiadora, esto responde a seguir un camino marcado, a seguir un alineamiento "a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses sin ningún interés de debatir al respecto".
"La intención es naturalizar este tipo de posicionamientos. Es decir, al tomarse esta decisión de alineamiento, todos los acercamientos en términos de seguridad, sean cursos de entrenamiento, ejercicios conjuntos, compra de armas o desarrollo científico-tecnológico conjunto, se toman como natural cuando en realidad, en términos de soberanía y atributos de estatidad, no hay nada de obvio ni natural en esto sino que debería tomarse con mucha más seriedad y delicadeza", consideró Romano.
Argumedo, por su parte, considera que las razones de "seguridad y defensa nacional" consisten en mantener oculto a quien se le compran armas: "Aquel país al cual le compras el armamento te hace dependiente de la provisión de repuestos. Tienes que tener una alianza muy importante ya que entras en una relación de subordinación con el país que te vende esas armas".
Por otro lado, la exdiputada considera que el equipamiento en materia armamentística podría estar, en parte, vinculado al creciente descontento y movilización social de los sectores populares y las clases medias debido a las distintas reformas económicas planteadas desde el macrismo, lo que genera una seria preocupación desde el Gobierno.
"Esto es altamente riesgoso. La lucha contra el terrorismo te permite manejar ciertas formas de represión social suponiendo que hay infiltración terrorista en esos sectores. Es muy fácil meter provocadores que te distorsionen el carácter pacífico de las protestas. La verdad que hay que estar muy atentos a eso", advirtió la diputada y agregó: "Yo espero que la resistencia sea pacífica porque sabemos quien paga los costos cuando se producen estos desbordes".
Conflictos importados
Como ya ha quedado demostrado en otras ocasiones de la historia reciente del continente, el alineamiento a la agenda de seguridad norteamericana trae consigo la importación de sus doctrinas y conflictos."Esta importación de hipótesis de conflicto y sobre todo de doctrinas para luchar, por ejemplo contra las drogas o el terrorismo, retomando los lineamientos estadounidenses, es preocupante porque reproduce experimentos fallidos, advertidos como tales no solamente desde América Latina sino por 'think tanks' estadounidenses y por discusiones en el mismo Congreso de EE.UU.", advirtió Romano.
La especialista del CELAG recuerda el caso del Plan Colombia, un acuerdo bilateral firmado entre los Gobiernos de EE.UU. y Colombia en 1998 que buscaba, principalmente, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia antinarcóticos. Según afirmó, del total de 8.000.000 de muertos debido al conflicto interno, el pico de víctimas se registró en 2002, durante la ejecución del Plan Colombia, con casi 750.000 muertos.
"Un quiebre del tejido social, una sociedad devastada, ciertamente. En México la guerra contra las drogas que se viene librando desde el sexenio de Calderón ya se cobró 200.000 víctimas, y entre el 2007 y el 2016 se encontraron 1.075 fosas comunes con 2024 muertos. Esto es un escenario de guerra. ¿Esto es lo que necesita el resto de América Latina? La importación de estas doctrinas no augura nada bueno para Argentina", sentenció la especialista.
Ignacio Fernández Albano
Torturas a soldados argentinos en la Guerra de Malvinas: Una historia negada
Publicado: 18 may 2018 17:10 GMT - RT
A 11 años de iniciada la causa judicial,
recién esta semana se solicitó el arresto de 26 oficiales acusados de
provocar tormentos a conscriptos bajo su mando durante el conflicto
bélico de 1982.
Esta
semana el fiscal federal de la ciudad argentina de Río Grande, Marcelo
Rapoport, pidió la detención y declaración indagatoria de 26 militares
acusados de presuntas torturas durante la Guerra de las Islas Malvinas (1982). De acuerdo al diario Página/12,
se investigan 22 hechos ocurridos en la isla Gran Malvina donde se
asentaban las Fuerzas de Tareas Yapeyú, el Regimiento de Infantería Nº
5, que dependía a su vez de la III Brigada de Infantería a la que
estaban subordinadas cinco compañías militares.
Entre las torturas denunciadas aparecen estaqueos, golpizas y congelamientos, entre otras. En su escrito, el fiscal planteó que "los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional ('ius cogens') que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos".
La causa judicial tiene ya 11 años y en este tiempo ha habido pocos avances. Cuando se presentó por primera vez recogió 23 testimonios de excombatientes del conflicto bélico que enfrentó a Gran Bretaña y Argentina. A lo largo de estos años se sumaron otros 120 que fueron añadidos a la causa original.
Asimismo, en 2015 también se incorporaron como prueba documentos oficiales, a partir del decreto 503/2015 que permitió desclasificar informes militares y fue sancionado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.
"Tomando contacto con los excombatientes muchos me hablaban de las torturas que habían sufrido y yo las empecé a recopilar", dijo Vassel en entrevista a este medio. En ese proceso supo también de un soldado que había resultado muerto por un cabo en una pelea o de dos soldados correntinos que murieron de hambre.
Corrientes es una provincia que envió "más de 1.800 soldados" a la guerra con lo cual "en proporción al número de habitantes es una de las que más dio", explicó Vassel. No obstante, relató que decidió ir al Juzgado de la ciudad de Río Grande, al sur del país, "porque las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego". "Me parecía un acto de reivindicación de la soberanía que un juez argentino aplique el ordenamiento legal argentino en territorio argentino de las Malvinas por crímenes cometidos contra argentinos", enfatizó.
Sin embargo, a pesar de la iniciativa, la investigación avanzó muy poco en todo este tiempo. De hecho, a comienzos de mayo de 2018 un grupo de exsoldados del conflicto bélico se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una denuncia por falta de Justicia contra el Estado argentino.
Allí, tal como reseña el diario Perfil, se acordaron 12 puntos, entre los que se destacan un pedido de "disculpas públicas" por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la guerra; el apoyo económico a la querella mientras dure el proceso judicial; acceso de exsoldados a las indemnizaciones para víctimas de terrorismo de Estado; y desclasificación total de los archivos militares sobre la guerra de Malvinas.
"La causa tuvo muchas dificultades", recordó Vassel, y subrayó que el hecho de haber sido el único que denunció estos hechos "demuestra que no había una mirada que uniera Malvinas con derechos humanos". También detalló que hubo "parátes judiciales por recursos diversos", pero ahora "realmente se pudo investigar" a partir de que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal "tomara el tema y profundizara la investigación".
"Las Fuerzas Armadas que secuestraban y torturaban antes de la Guerra de Malvinas, y que secuestraron y desaparecieron a 218 colimbas [conscriptos], son las mismas que después fueron a Malvinas", analizó el periodista Ricardo Righi en conversación telefónica. El conductor del programa radial 'La voz de los colimbas' apuntó que no se podía esperar que hicieran "cosas contrarias a las que venían haciendo". "Para ellos era normal torturar", sentenció.
Vassel coincidió y explicó que "la matriz de los oficiales y suboficiales es la que toma la experiencia francesa en Indochina y Argelia, cruzada por la formación anticomunista de la Escuela de las Américas". Esto convierte a "todos los habitantes en posibles y potenciales enemigos". Fue eso lo que llevó a que el gobierno dictatorial tomara como enemigos a "dirigentes gremiales, políticos, periodistas, sacerdotes, religiosos, abogados, grupos de derechos humanos y a quien se opusiera a sus designios".
En ese aspecto, el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes aclaró que las torturas aplicadas a los soldados en las islas "fueron cuestiones disciplinarias". La mayoría provocadas por "la desesperación por el hambre" que los llevaba a matar ovejas o robar comida de los almacenes.
"Cumplí una misión que tiene todo funcionario público que es que en conocimiento de un hecho delictivo tiene que denunciarlo", argumentó y recordó que el padre de la independencia argentina, José de San Martín, decía que "cuando uno está en la función pública no tiene que hacer lo que quiere, ni lo que se puede, sino lo que se debe". "En mi caso a estos ejes de Memoria, Verdad y Justicia le agregué el de Soberanía", concluyó.
Santiago Mayor
Entre las torturas denunciadas aparecen estaqueos, golpizas y congelamientos, entre otras. En su escrito, el fiscal planteó que "los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional ('ius cogens') que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos".
La causa judicial tiene ya 11 años y en este tiempo ha habido pocos avances. Cuando se presentó por primera vez recogió 23 testimonios de excombatientes del conflicto bélico que enfrentó a Gran Bretaña y Argentina. A lo largo de estos años se sumaron otros 120 que fueron añadidos a la causa original.
Asimismo, en 2015 también se incorporaron como prueba documentos oficiales, a partir del decreto 503/2015 que permitió desclasificar informes militares y fue sancionado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Desde Corrientes a Tierra del Fuego
En abril de 2007, cuando se presentó la denuncia por torturas a excombatientes de la Guerra de Malvinas, el abogado Pablo Vassel era secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, al noreste de Argentina. Decidió iniciar la causa "luego de dos años de investigación de campo"."Tomando contacto con los excombatientes muchos me hablaban de las torturas que habían sufrido y yo las empecé a recopilar", dijo Vassel en entrevista a este medio. En ese proceso supo también de un soldado que había resultado muerto por un cabo en una pelea o de dos soldados correntinos que murieron de hambre.
Corrientes es una provincia que envió "más de 1.800 soldados" a la guerra con lo cual "en proporción al número de habitantes es una de las que más dio", explicó Vassel. No obstante, relató que decidió ir al Juzgado de la ciudad de Río Grande, al sur del país, "porque las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego". "Me parecía un acto de reivindicación de la soberanía que un juez argentino aplique el ordenamiento legal argentino en territorio argentino de las Malvinas por crímenes cometidos contra argentinos", enfatizó.
Sin embargo, a pesar de la iniciativa, la investigación avanzó muy poco en todo este tiempo. De hecho, a comienzos de mayo de 2018 un grupo de exsoldados del conflicto bélico se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una denuncia por falta de Justicia contra el Estado argentino.
Allí, tal como reseña el diario Perfil, se acordaron 12 puntos, entre los que se destacan un pedido de "disculpas públicas" por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la guerra; el apoyo económico a la querella mientras dure el proceso judicial; acceso de exsoldados a las indemnizaciones para víctimas de terrorismo de Estado; y desclasificación total de los archivos militares sobre la guerra de Malvinas.
"La causa tuvo muchas dificultades", recordó Vassel, y subrayó que el hecho de haber sido el único que denunció estos hechos "demuestra que no había una mirada que uniera Malvinas con derechos humanos". También detalló que hubo "parátes judiciales por recursos diversos", pero ahora "realmente se pudo investigar" a partir de que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal "tomara el tema y profundizara la investigación".
Los torturadores del continente viajaron a las islas
Si bien Argentina vivía por aquellos años una dictadura cívico-militar que secuestró, torturó y desapareció a miles de personas, no deja de ser llamativo que en el marco de una guerra los oficiales aplicaran tormentos a sus propios compañeros de armas."Las Fuerzas Armadas que secuestraban y torturaban antes de la Guerra de Malvinas, y que secuestraron y desaparecieron a 218 colimbas [conscriptos], son las mismas que después fueron a Malvinas", analizó el periodista Ricardo Righi en conversación telefónica. El conductor del programa radial 'La voz de los colimbas' apuntó que no se podía esperar que hicieran "cosas contrarias a las que venían haciendo". "Para ellos era normal torturar", sentenció.
Vassel coincidió y explicó que "la matriz de los oficiales y suboficiales es la que toma la experiencia francesa en Indochina y Argelia, cruzada por la formación anticomunista de la Escuela de las Américas". Esto convierte a "todos los habitantes en posibles y potenciales enemigos". Fue eso lo que llevó a que el gobierno dictatorial tomara como enemigos a "dirigentes gremiales, políticos, periodistas, sacerdotes, religiosos, abogados, grupos de derechos humanos y a quien se opusiera a sus designios".
En ese aspecto, el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes aclaró que las torturas aplicadas a los soldados en las islas "fueron cuestiones disciplinarias". La mayoría provocadas por "la desesperación por el hambre" que los llevaba a matar ovejas o robar comida de los almacenes.
Memoria, verdad, justicia y soberanía
Finalmente Vassel historizó que en el momento que presentó la denuncia en 2007 la Argentina "estaba viviendo el inicio del proceso de Memoria, Verdad y Justicia". Desde su punto de vista, los excombatientes de Malvinas "no podían quedar al margen de esta gran iniciativa nacional que puso a nuestro país como modelo en el mundo en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad"."Cumplí una misión que tiene todo funcionario público que es que en conocimiento de un hecho delictivo tiene que denunciarlo", argumentó y recordó que el padre de la independencia argentina, José de San Martín, decía que "cuando uno está en la función pública no tiene que hacer lo que quiere, ni lo que se puede, sino lo que se debe". "En mi caso a estos ejes de Memoria, Verdad y Justicia le agregué el de Soberanía", concluyó.
Santiago Mayor
URUGUAY
"Hay que levantar una gran bandera de la “desmercantilización” de los derechos sociales elementales
de nuestro pueblo". Con Gonzalo Castelgrande*, Vicepresidente de AUTE
13 Apr 2018
Por: Hemisferio Izquierdo
Hemisferio
Izquierdo (HI): ¿Cómo describiría la situación en Uruguay de la clase
trabajadora en general y del movimiento sindical en particular en la
actualidad?
Gonzalo Castelgrande (GC):
En primer lugar, agradezco la invitación a Hemisferio Izquierdo de
poder ser parte de un debate de suma relevancia para los trabajadores y
el conjunto del pueblo, más particularmente en el contexto del 13avo
Congreso del Pit-Cnt donde la democracia obrera se pone en tensión y
debemos dejar lo mejor de nosotros para que se logren las mejores
síntesis posibles.
En
cuanto a la pregunta en concreto, para abordar la condición de clase
trabajadora en Uruguay, hay algunos indicadores que -si bien no son toda
la verdad- ilustran algunos elementos que son de enorme relevancia.
Primero, vale decir que desde la llegada del Frente Amplio al gobierno
en el 2005 se abre un nuevo proceso histórico en nuestro país. Había
depositadas en aquel entonces un montón de expectativas considerando que
el FA sintetizaba muchas de las demandas populares, a la vez que
significó la derrota -después de más de 150 años- de los partidos de
derecha tradicionales. Por tanto, debe tomarse este punto como el
comienzo de un nuevo mojón para el análisis de la lucha de clases. Se
abre desde allí, un conjunto de políticas sociales con cierto énfasis
redistributivo y también se avanzó en la regulación laboral, permitiendo
avances indiscutibles tanto en lo económico como en facilitar aspectos
organizativos a la clase obrera.
Pero
esto no debe llevarnos a negar todo otro conjunto de elementos
coincidentes con el arribo del FA al gobierno. Los aumentos de salario
real, que existieron y han permitido recuperar y superar el mojón de los
noventa, todavía estamos un 30% debajo de los niveles salariales
pre-dictadura, y todavía tenemos cerca de 400 mil trabajadores por
debajo de 16 mil pesos a la vez que hay sectores económicos que han
tenido unos niveles de acumulación enormes. De hecho, a nivel de quiénes
y cuánto se apropian de la riqueza se ha variado muy poco y el 1% de
mayores ingresos del Uruguay acapara -según investigaciones recientes-
un 14% de los ingresos. Probablemente, esto obedezca a contradicciones
de clase del propio gobierno pero lo cierto es que tras muchos años de
una brutal ofensiva del capital contra la clase trabajadora, los
gobiernos progresistas tuvieron como estrategia no entrar en disputa
contra los grupos de poder económicos dominantes de nuestro país.
También
sucede que la clase obrera en nuestro país vive un proceso de
fragmentación, de cierta atomización ideológica, adoptando un cultura de
consumo y endeudamiento. Por tanto, es necesario poner sobre la mesa la
necesidad de generar una contrahegemonía ideológica y cultural en la
clase obrera. Sino, vamos camino a mayores derrotas como pueblo. La
clase obrera organizada es la principal organización histórica del campo
popular y tiene una responsabilidad sobre el devenir fundamental.
Hoy,
se tiene un nivel de afiliación como nunca antes, pero sacar a relucir
estos datos -importantes- esconde dos problemas. En primer lugar,
seguimos con déficits organizativos muy importantes en sectores
altamente precarizados, informales, etc. Y, en segundo lugar, porque la
legitimidad del movimiento sindical ante el conjunto del pueblo, no se
desprende linealmente del número de afiliados. La legitimidad la ganás
con el método, la forma de construcción sindical, y en ese sentido, hay
elementos de la conducción actual que deben revisarse para volver a
estar a la altura de las herencias que nos legaron de la vieja CNT, no
sin aggiornarnos a los problemas actuales.
HI:
Pensando en el horizonte de organizar a la clase en su conjunto, ¿cuál
son los principales desafíos que tiene por delante el PIC-CNT para
crecer cuanti y cualitativamente? ¿cuáles son las principales
dificultades para esto?
GC:
Sin dudas que como Pit-Cnt tenemos por delante un conjunto de desafíos.
Actualmente, estamos a las puertas de un Congreso y eso, es muchísimo
más que decidir quién va a estar en la “conducción” sino que, de lo que
verdaderamente se trata, es de definir la construcción sindical, cómo
democratizamos, cómo nos dotamos de legitimidad. Es fundamental que
quienes hoy no se sienten identificados con el sindicalismo puedan hacer
un proceso de acercamiento. Y para ello, garantizar mecanismos que
amplifiquen la democracia sindical, donde hacer valer la opinión de
todas y todos sea importante.
En
cuanto a las tareas más concretas, hay un sin fin. Sólo por
jerarquizar, tenemos un número significativo de trabajadores que,
teniendo laburo, están por debajo de la línea de pobreza.
Un
elemento central para el crecimiento, en cantidad y calidad, debe ser
un mayor desarrollo de la solidaridad. No sólo con los trabajadores
sindicalizados, sino también con los que no están sindicalizados. Y esa
solidaridad, que es de carácter estratégico, debe trascender a la clase
trabajadora y amplificarse con otros movimientos del campo popular. Hoy,
por suerte, hay varias brigadas solidarias, comisiones de apoyo de
conflictos, que más allá de orientaciones sindicales, están
desarrollándose. Y es así cómo se construye, en la calle, en el
encuentro, en el apoyo de conflictos una unidad verdadera. Cuando te una
la acción, las discrepancias en posicionamientos son secundarias.
Un
segundo elemento para el desarrollo sindical, es fortalecer y dejar
claro -en posicionamiento y en práctica- la independencia de clase. Y
con esto no me refiero a la “independencia de los partidos políticos”,
sino a como se pensó en términos integrales con la creación de la CNT.
Esto es pensar con autonomía, con total independencia de gobiernos,
patronales y partidos, y para ello, es fundamental dar señales. Esas
señales implican cuestiones de contenido -y no sólo de forma- y por
ello, es fundamental levantar un programa propio de la clase obrera. Que
podrá coincidir en tal o cual punto con tal o cual partido político o
medida gubernamental, pero que no va a la saga de nadie. El Pit-Cnt
tiene sus estatutos, tiene su plataformas y debe elaborar caminos
propios. Con esto sobre la mesa, podrá construir alianzas con partidos,
con gobiernos o lo que fuera. El marco de alianzas tiene que ser amplio y
no sectario. Pero a veces, esto parecería que opera al revés, se espera
a que haya una propuesta o programa gubernamental para posteriormente
acompañarlo. Por eso, este cambio metodológico entiendo que es
fundamental para dar señales claras al pueblo de nuestra independencia
como clase.
Esto
nos abre un montón de dificultades. Estamos viviendo un momento de
inflexión en la región. El Uruguay no es ajeno a ese proceso, acá ya se
está llevando un proceso de ajuste sobre los servicios públicos. Estamos
convencidos de que en escenarios en que se tensa la lucha de clases,
los ajustes se nos vienen encima y más allá del gobierno de turno, vamos
a tener que discutir en profundidad el rol de los trabajadores
sindicalizados. Hay una serie de clichés que se utilizan permanentemente
como que “somos todos parte de un bloque social y político de los
cambios”, o que acá hay “dos proyectos de país”. Y así, le hacemos un
flaco favor a la clase dominante. A mi entender, de lo que se trata es
de tomar conciencia de la necesidad de enfrentar como clase los ajustes y
el recorte de derechos, y cuál va a ser el rol del Pit-Cnt para
acometer dichas tareas.
HI:
Desde 2015 la economía uruguaya ingresó en una fase de enlentecimiento,
lo cual tuvo impactos en el mercado laboral con la pérdida de 30.000
puestos de trabajo y el cierre de numerosas empresas, a lo que se suma
una ofensiva patronal tendiente a flexibilizar el mercado laboral y la
amenaza de desplazamiento de fuerza de trabajo por avances tecnológicos.
En este escenario ¿qué desafíos tiene la clase trabajadora en su
conjunto? ¿Qué agenda programática y qué estrategia general se debería
impulsar?
GC:
Es evidente que toda esta nueva situación que se nos abre a partir del
2005 tiene un quiebre en el 2015: la política económica que toma como
centro el déficit fiscal, que parte de un enlentecimiento económico,
baja de los commodities. Se empieza una política de recortes y ajustes,
moderados, pero ajustes. Actualmente estamos con un nivel de desempleo
que ronda el 9%, con cierres de empresas -principalmente a nivel
industrial-. Todo esto viene de la mano con una ofensiva del capital
contra el trabajo no solo a nivel nacional sino a nivel regional y
global. En Argentina hay tarifazos, ajustes, represión constante a la
movilización popular. En Brasil, estamos con un golpe de Estado que se
le dió a Dilma Roussef y, tras una serie de varias reformas
antipopulares (reformas laborales, presupuestales, tributarias) y que se
corona con el encarcelamiento a Lula.
La
derecha no tiene como único objetivo la recuperación de la
administración del aparato de Estado sino que, y principalmente, viene a
ajustar con fuerza a la clase trabajadora. En Uruguay, se da la
peculiaridad que no es tras el advenimiento de la derecha tradicional al
gobierno en que se procesa el ajuste sino que lo llevan gobiernos del
FA. Se expresa con recortes de inversión y funcionamiento en Empresas
Públicas, se expresa con políticas de privatización en sectores públicos
estratégicos, se expresa en un agotamiento más general de las políticas
más redistributivas. No obstante, tal vez la expresión más clara de ese
agotamiento progresista es ideológica, en la que ante una disyuntiva de
tensión ha optado por el capital en contra del trabajo. Esto pone al
Pit-Cnt en una situación sumamente compleja: una derecha que se viene
con todo, gobiernos del FA que ceden al capital y un pueblo que está
empezando a ser avasallado en derechos.
Es
ahí, en ese escenario de recrudecimiento de la lucha de clases que
tenemos que evitar la lectura de que hay “dos modelos de país”. Esa
discusión sobre caracterización de etapa nos pauta el escenario próximo.
En lo personal, creo que nos hace mucho daño como movimiento sindical
enroscarnos en que hay un “bloque social y político” donde el Pit-Cnt es
una parte constitutiva junto con el gobierno. De lo que sí se trata, es
de que hay dos proyectos de sociedad: el capitalismo y una sociedad
futura, sin explotados ni explotadores. Por esa segunda sociedad, es por
la que debemos pelear como trabajadoras y trabajadores. Esto no quiere
decir que se deba ser indistinto a los gobiernos de turno, pero la
independencia de clase y el objetivo por transformar la sociedad tiene
que ser nuestra orientación estratégica, no subordinada a ningún
gobierno ni partido. Claro que habrá gobiernos más cercanos y más
lejanos, pero los “modelos de país” que se nos plantean, sea el
oligárquico tradicional o el de los gobiernos del FA tienen como
presupuesto perpetuar el modo de producción capitalista. Como Pit-Cnt,
deberíamos afirmar una estrategia propia de superación del capitalismo
y, con ese proyecto de sociedad en mente, pensar posibles alianzas. Lo
otro nos toma de rehenes en cada instancia electoral y nos hace perder
la razón de ser como clase trabajadora.
Después,
hay todo un eje de debates que son más de funcionamiento interno del
movimiento sindical. Todo el debate de autoconstrucción es sustantivo.
Necesitamos llegar al conjunto de la clase trabajadora y no solo al
núcleo militante o a quienes están afiliados a un gremio.
Y por
último, está el eje programático. Tomando como base la necesidad de
modificar radicalmente las relaciones sociales de producción, se abren
toda una serie de desafíos que tienen que ver con combatir la
desigualdad y la dependencia y transitar hacia una economía más
autogestionaria, asociativa y con un Estado jugando un rol
sustantivamente diferente al actual. Asimismo, hay todo un avance
científico-técnico que trae algunas buenas noticias pero toda una serie
de problemas que están reeditando el viejo debate del “fin del trabajo”.
Tener posicionamientos claros en ese sentido y propuestas alternativas,
que permitan que el desarrollo científico sea en pos de las mayorías,
nos es vital como clase. Nosotros somos contrarios a la postura
“adaptacionista” respecto a las nuevas tecnologías, que la única
alternativa que nos deja es hacer cursos de capacitación laboral para
“reconvertirnos” como trabajadores. El capital históricamente ha jugado
con eso y tenemos que saber cómo lidiar y apropiarnos del cambio
tecnológico. Hay que generar una política que permita discutir cuáles
son los trabajos necesarios socialmente y cómo generamos mejores
condiciones para todas y todos con la aplicación tecnológica. Desarrollo
científico y pleno empleo, solo son contradictorios en el capitalismo.
Otro
eje programático tiene que ver con toda una redefinición de las
Empresas Públicas. Los gobiernos del FA se han centrado en el aspecto
recaudador de las empresas pero para nosotros tienen que jugar otro rol.
En primer lugar, ser garantes de derechos y generar el cumplimiento de
los derechos humanos más esenciales (como el acceso al agua potable, el
acceso a la energía eléctrica, etc). En segundo lugar, deben ser parte
de una estrategia soberanista, desarrollando inversiones, tecnología y
conocimiento para el conjunto del pueblo. Esto implica desandar toda una
serie de limitaciones actualmente existentes como los Manuales de
Cuentas Públicas que limitan la inversión de nuestras empresas, toda una
serie de normativas vigentes y la discusión actual de la “gobernanza”,
que fortalece al poder central y excluye a los trabajadores y a los
usuarios de la toma de decisiones en torno al funcionamiento de nuestras
empresas.
Siguiendo
en este eje, toda la defensa de los bienes comunes y el patrimonio
público es fundamental: la tierra, el agua, la energía. Son estratégicas
y tienen que estar en manos del Estado. Sobre la renta de la tierra, la
concentración y la extranjerización hay ríos de tinta escritos y son
todos elocuentes. Es hora de ponerle el cascabel al gato. Es imposible
cambiar las relaciones sociales de producción sin tener la conducción
del agua, la energía, la tierra y la alimentación. En ese marco, hay que
levantar una gran bandera de la “desmercantilización” de los derechos
sociales elementales de nuestro pueblo: educación, salud, vivienda,
entre otras. El capital ha avanzado mucho en estos ámbitos de la vida y
como movimiento sindical debemos militar a brazo partido por arrebatarle
al capital la injerencia sobre esos derechos.
En
otro orden de cosas, se hace necesaria una política salarial integral.
Como movimiento obrero se ha estado a la saga en cada Ronda de Consejos
de Salario, en cada Rendición de Cuentas. No se puede esperar a que el
Ejecutivo tire las pautas para que los trabajadores empecemos a discutir
si aceptamos o no. Y en ese marco, rediscutir la Seguridad Social tiene
que jerarquizarse. Hablar de AFAPs es hablar de mercantilización de los
derechos jubilatorios, y con tres gobiernos del FA con mayorías
parlamentarias, el régimen sigue sin derogarse.
Otro
de los grandes pendientes, que si bien forma parte de las mejores
tradiciones del movimiento obrero pero que necesita un nuevo abordaje,
consiste en pelear por el acceso universal al acervo cultural y
científico de la humanidad. Hay una suerte de empobrecimiento cultural y
como clase nos debemos volver a levantar banderas de autoformación y
jerarquizar la importancia de la cultura.
Por
último, dos puntos que creo que son de principios. Primero, el combate a
todo tipo de violencia y, en particular, a la violencia de género.
Ahora es más que evidente que este es un flagelo en nuestro país con
decenas y decenas de mujeres asesinadas por hombres que se sienten que
son sus propietarios y se arrogan el derecho de disponer de sus vidas.
Por eso es fundamental plantearse una defensa acérrima de la mujer
trabajadora y la pelea contra las desigualdades de género. Y segundo,
cuando hablamos de lucha contra la violencia debemos seguir peleando por
verdad y justicia, contra la impunidad, porque seguimos conviviendo con
torturadores, con delitos económicos de la dictadura no resueltos,
propiedades que siguen confiscadas y como trabajadores debemos seguir
reclamando contra todos esos vejámenes.
* Militante de Aute.
LAS “TABLITAS” HACEN AGUA EN EL RIO DE LA PLATA
Segunda quincena mayo 2018.
LAS “TABLITAS”i HACEN AGUA EN EL RIO DE LA PLATA
Las limitacionesii
de la utilización del dólar como ancla para la evolución del IPC, en un
contexto de liberalismo económico, se reiteran en el Río de la Plata.
Más allá de los
factores puntuales que puedan quebrar “el ancla”, la historia demuestra
que las contradicciones que generan estas políticasiii
conducen más temprano o más tarde a crisis productivas y financieras
que implican generalmente fuertes incrementos de la cotización del
dólar.
En líneas
generales, se reiteran ciclos. En una primera fase el retraso del tipo
de cambio frente a los demás precios con la consiguiente inflación en
dólares subsidia de hecho importaciones incentivando crédito y consumo
que encubren debilidades del modelo.
El funcionamiento
asume apariencia positiva durante un cierto período de tiempo sobre la
base del crecimiento comercial y financiero, En el caso uruguayo desde
mediados de 2017 políticas similares en la región colaboraron en su
vigencia sumando el turismo como motor.
Sin embargo las
contradicciones son más fuertes y tienden a revertir el ciclo.
Destrucción de aparato productivo, deudas públicas y privadas y un nuevo
panorama mundial y regional jaquean la “tablita disfrazada” y exhiben
sus limitaciones.
Los precios de los
productos primos exportados por Uruguay fueron perdiendo el vigor
excepcional de unos años atrás. Las cadenas exportadoras pierden
capacidad de competencia en mercados internacionales y se reducen sus
ingresos en moneda nacional por el retraso del tipo de cambio. Su
presión se acentúa en un marco de contradicciones sociales y políticas
que llegan incluso al interior de los grupos dominantes.
Paralelamente la
apertura indiscriminada de la economía, promueve el ingreso masivo de
mercancías desde el exterior afectando negativamente la producción para
el mercado local en momentos que el dinamismo comercial interno pierde
vigor a la par que crecen las deudas de los consumidores.
La recaudación
fiscal tiende a estancarse y aún retroceder. La emisión constante de
deuda pública atrayendo dólares para sostener el “ancla” significa pagos
de intereses con un enorme “costo país” que golpea las cuentas del
Estado iv.
Los recientes
aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos fortalecieron el
dólar tornando insostenible el atraso del tipo de cambio en la región.
El alza gradual del dólar en Brasil y el quiebre rotundo de la política
cambiaria en Argentina con fuerte salto de la cotización del dólar desde
un entorno de $ 19 a $ 24 son síntomas de los riesgos de un
funcionamiento económico al servicio de la especulación financiera y
grandes importadores.
La suba gradual del
dólar en Uruguay por el momento acompaña el rumbo con un ritmo más
lento, que al “abaratar” el real y el peso argentino, dificultará
especialmente exportaciones agrícolas a Brasil, turismo receptivo de la
región, industrias locales que forman parte de encadenamientos ligados
al mercado argentinov. El posible ingreso masivo de productos regionales afectará actividades productivas volcados al mercado interno.
Las expectativas de
los especuladores financieros que apuestan a comprar deuda público en
pesos pueden variar de signo acentuando los riesgos en un mercado que
por sus dimensiones y por la magnitud de la deuda es muy vulnerable.
Reiteramos conceptos del artículo de la primera quincena de febrero “La cotización del dólar en Uruguay camina por la cornisa (…) el contexto regional puede determinar si se dará un salto o una evolución gradual. (…) La
continuidad de la “tablita travestida” significará mayor desocupación e
incluso recesión. Su ruptura significaría mayor capacidad de
competencia frente al exterior pero desataría aumentos de precios en
pesos de bienes de consumo. El neoliberalismo en todas sus variantes es
negativo para los pueblos”.
Estas películas ya
las vimos con diferentes actores y consecuencias similares. En este
marco de política económica, el festín consumista de los poderosos lo
paga el pueblo.
GOTITAS DE ECONOMÍA
-
La tasa de empleo en Uruguay según el INE, fue de 57.1% para el primer trimestre de 2018. En 2017 era de 58.1% y en el mismo lapso de 2016 fue de 58.9 %. La crisis productiva golpea la demanda de fuerza de trabajo.
-
El índice de volumen físico de la industria manufacturera que registra el INE, señala un crecimiento del 6.6% en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo período del año anterior. Si no se considera la refinería de la Teja, que estaba parada en 2017, el registro marca un descenso del 4.4%. Las horas trabajadas descendieron en ambas mediciones 5.5%.
-
El Banco Central de Argentina elevó la tasa de interés de referencia desde 30 a 33.25 % y luego a 40% con la intención de frenar la escalada del dólar. Cada vez paga más intereses por sus deudas, para evitar que los dineros especulativos fluyan hacia la compra de dólares. Entre otras consecuencias se desestimula la actividad productiva.
-
Los exportadores de soja, argentinos pese a haber sido “bendecidos” mediante reducción de tributos tardaron en liquidar divisas. El gobierno sufre escasez de dólares y menores ingresos fiscales. La cotización del dólar tiende a subir y la conducción económica duda entre ¿más deudas públicas? ¿más venta de reservas? ¿más devaluación y ruptura de los pronósticos sobre subas de precios? Tristes dilemas del neoliberalismo.
-
Argentina el martes 15 de mayo tienen vencimientos de deuda por un monto superior a 28.000 millones de dólares. La magnitud determina que sea un día clave para la evolución de la cotización del billete verde. Paralelamente recurre a la asistencia del FMI frente a sus dificultades financieras. Las recetas se harán más duras todavía para el pueblo.
-
El precio internacional del petróleo tiende al alza, llegando a un entorno cercano a los 80 dólares el barril. En pocos años, de más de cien a menos de cincuenta y ahora a ochenta. La especulación y el poder de grandes grupos económicos determinan subas y bajas en los precios de las materias primas
i
Nombre con que se conoció en Uruguay a la primera gran experiencia de
utilización del tipo de cambio como herramienta esencial de la
contención de la suba de precios durante la década de los setenta. El
nombre deriva de que se programaban los valores futuros del dólar con un
trimestre o semestre de anticipación mediante comunicados de prensa.
Culminó con una gran crisis y devaluación del peso en los ochenta..
ii El tema es tomado también en el artículo de la segunda primera de febrero 2018.
iii
Apoyado en las fantasías teóricas de la denominada Escuela de Chicago
que consideraba a la inflación como fenómeno casi exclusivamente
monetario y por lo tanto a combatir con reducción de emisión, equilibrio
fiscal y manejos cambiarios. ¿los efectos sobre la producción? Bien
gracias. En el sur puso de moda el endeudamiento externo, el uso del
dólar como ancla para los demás precios y la idea que sobre esa base los
mercados conducirían la economía al crecimiento que derramaría ingresos
para todos..
iv El artículo de la segunda quincena de abril Especulación financiera en dos orillas toma este aspecto del tema.
v Autopartes, productos farmacéuticos, plásticos,